Presidencia
de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
ASISTENCIA
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría, haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Se informa a la Presidencia que existen
registrados previamente 335 diputados; por lo tanto, hay quorum.
La Presidenta (a las 12:31 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL
DIA
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Segundo Periodo de Sesiones
Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Lunes 29 de abril de 2002.
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De la Junta de Coordinación Política.
De la Comisión de Investigación de la
Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz.
De la Cámara de Senadores.
Oficio del Gobernador del Banco de
México
Con el que remite el informe sobre
la ejecución de la política monetaria durante el segundo semestre de 2001, la
exposición sobre la política monetaria y en general, sobre las actividades del banco en
dicho ejercicio, en cumplimiento al artículo 51 fracción I de la Ley del Banco de
México. (Turno a comisión.)
Minuta
Proyecto de decreto por el que se crea la
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. (Turno a comisión.)
Iniciativas de diputados
Para que se inscriba en letras de oro en el
muro de honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo en San Lázaro, el nombre de
"Nezahualcóyotl", a cargo del diputado Enrique Martínez Orta, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Oscar Ochoa Patrón,
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Que reforma diversos artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eric Eber
Villanueva Mukul, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Que reforma diversas disposiciones de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta (certidumbre jurídica), a cargo del grupo parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
De reformas a los párrafos tercero y
cuarto del artículo 26 y el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 74 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César
Augusto Santiago Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Tarcisio
Navarrete Montes de Oca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
De reformas a diversas disposiciones de la
Ley de Planeación, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De reformas a diversas disposiciones de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley Federal del Trabajo (trabajo para jóvenes), a
cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a
comisión.)
De Ley Federal para la Regulación de la
Actividad Profesional del Cabildeo y la Promoción de Causas, a cargo del diputado Efrén
Leyva Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
De reformas a los artículos 33, 146 y 153,
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno
a comisión.)
Que reforma los artículos 85 del Código
Penal Federal y 8o. y 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación
Social de sentenciados, a cargo del diputado César Duarte Jáquez, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que adiciona un último párrafo a los
artículos 45 y 49 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (protección de los elementos biótico y abiótico de las áreas naturales
protegidas), a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
(Turno a comisión.)
Que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a cargo del diputado
Jorge A. Chávez Presa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a comisión.)
De reformas a diversas disposiciones de la
Ley Federal de Radio y Televisión (regular y adecuar en el marco normativo los avances
tecnológicos), a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
(Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Mexicanos (acción de inconstitucionalidad), a
cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a
comisión.)
De reformas al Código Penal Federal y al
Código Federal de Procedimientos Penales en materia de pederastia, a cargo del diputado
José Elías Romero Apis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
De Ley General de Lenguas Indígenas, a
cargo del diputado Gumercindo Alvarez Sotelo, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a comisión.)
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento de la
Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", que otorga la
Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Relaciones Exteriores y
de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona
la Ley del Servicio Exterior Mexicano y la Ley Federal de Derechos.
De la Comisión de Relaciones Exteriores
con proyecto de decreto por el que se autoriza al Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 8 al 9 de mayo
de 2002, a fin de que participe en el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas para el Seguimiento de la Cumbre
Mundial a favor de la Infancia y realizar una visita de trabajo a la ciudad de Nueva York,
en Estados Unidos de América.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales con punto de acuerdo relativo a la veda del borrego Cimarrón en el
Estado de Baja California.
De la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales con punto de acuerdo relativo al proyecto denominado Escalera Náutica
del Mar de Cortés.
De la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales con punto de acuerdo en relación a que se fomente la cultura de
conservación de los recursos naturales en la región lzta-Popo que abarca los estados de
Puebla, México y Morelos:
De las comisiones de Salud y de Medio
Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo en relación al problema que genera la
empresa Met-Méx-Peñoles.
De la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales con punto de acuerdo en relación para establecer medidas de
protección coordinada con los gobiernos de los estados de México y Michoacán, para
salvaguardar la integridad de la mariposa Monarca.
De la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales con punto de acuerdo en relación al impacto ambiental generado por la
extracción de materiales pétreos de los causes de los arroyos en el municipio de
Ensenada, Baja California.
De la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales con punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal decrete un programa
integral de recuperación y conservación de la cuenca hidrológica Lerma-Chapala.
De la Comisión de Relaciones Exteriores
con punto de acuerdo en relación al pronunciamiento similar de condena de la resolución
de la Suprema Corte de Estados Unidos de América, con respecto a los trabajadores
mexicanos en situación migratoria irregular.
De la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial con punto de acuerdo en relación a la importación de cualquier autómovil que
por sus características especiales permitan a los discapacitados conducir con mayor
seguridad.
De las comisiones unidas de Comunicaciones
y de Transportes con punto de acuerdo en relación a la información, concesión y
operación de los grupos aeroportuarios en el país.
De las comisiones unidas de Comunicaciones
y de Transportes con punto de acuerdo para solicitar información del Tratado del Libre
Comercio con América del Norte.
Nueve dictámenes negativos sobre
iniciativas de la LVIII Legislatura
De la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial en relación a la iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley para la
Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera.
De la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública en relación a la iniciativa de adición al artículo 4o. de la Ley de la
Policía Federal Preventiva.
De la Comisión de Salud en relación a la
iniciativa que adiciona el artículo 20 de la Ley General de Salud, presentada por el
Congreso del Estado de Baja California.
De la Comisión de Salud en relación a la
iniciativa que reforma la Ley General de Salud, presentada por el Congreso del Estado de
Tlaxcala.
De la Comisión de Seguridad Social en
relación a la iniciativa que adiciona los artículos 164-A, C, D, E y F, de la Ley del
Seguro Social, presentada por el Congreso del Estado de Baja California.
De la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública en relación a la iniciativa que deroga la fracción X-bis del artículo 34 para
pasar a ser fracción VIII actualmente derogada del artículo 32 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
De la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial en relación a la iniciativa de reformas al artículo 226 de la Ley de
Propiedad Industrial.
De la Comisión de Juventud y Deporte en
relación a la iniciativa de Ley Federal de la Juventud.
De la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos en relación a la iniciativa de reformas a los artículos 323-bis y 323-ter y
adiciona los artículos 323-quáter y 323-quinquies al Código Civil para el Distrito
Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Excitativas
A la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, a cargo del diputado Ildefonso Zorrilla Cuevas, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Puntos Constitucionales,
a cargo del diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
A la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las comisiones de Puntos Constitucionales
y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a cargo del diputado Alberto Amador Leal,
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, a cargo de la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
2967,2968,2969
A la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, a cargo del diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos, a cargo del diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, a cargo del diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Puntos Constitucionales,
a cargo del diputado Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
A la Comisión de Energía, a cargo del
diputado Jaime Martínez Veloz.
A la Junta de Coordinación Política, a
cargo del diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a cargo del diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos, a cargo del diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
Proposiciones
Con punto de acuerdo para establecer
anualmente la realización del Parlamento de las Niñas y Niños de México, a cargo de la
diputada Laura Pavón Jaramillo, a nombre de las comisiones de Atención a Grupos
Vulnerables y de Participación Ciudadana. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo para solicitar a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, presente
a la brevedad posible, ante esta soberanía, la normatividad operativa de la Ley de
Capitalización del Procampo, a fin de que los productores puedan acceder a dichos
recursos, a cargo del diputado Carlos Pallares Bueno, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la política y
asignación del financiamiento para la educación superior, a cargo del diputado José
Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre política
ambiental, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno
a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la
declaración del presidente Vicente Fox Quesada, del 9 de abril de 2002, a cargo del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la
participación de los adultos mayores en actividades culturales, a cargo del diputado
Jorge Luis García Vera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para dejar libre de
invasiones, las zonas reservadas de la delegación Iztapalapa, a cargo del diputado Raúl
García Velázquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la
tenencia y portación de armas de fuego por parte de la población civil, a cargo del
diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, sobre deudores de
Banrural, a cargo del diputado Francisco Esparza Hernández, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a los
ingresos extraordinarios de Pemex, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta
al Ejecutivo Federal, para que regule el cobro de comisiones y gastos de envío de remesas
de dinero, de mexicanos en el exterior, a cargo del diputado Francisco Guadarrama López,
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la situación de
los conflictos indígenas en Coyutla, Sochiapa, Ixhuatlán de Madero y Zocohuite del
Estado de Veracruz, a cargo de la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para autorizar el
descarte del material de desecho de las bibliotecas de la Cámara de Diputados, a cargo
del diputado Juan Alcocer Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar a los
gobiernos de Puebla y Tlaxcala, firmen los convenio de conurbación y ratificación de sus
límites territoriales, para conformar la cuarta zona metropolitana del país, a cargo del
diputado Alberto Cano Cortezano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que se consideren
dentro de la franja fronteriza, a cinco municipios del norte del Estado de Coahuila:
Allende, Villa Unión, Morelos, Zaragoza y Nava, a cargo del diputado Claudio M. Bres
Garza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno
a comisión.)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta
al titular del Poder Ejecutivo Federal, hacer propios los objetivos del Plan de Educación
para el Desarrollo y la Integración de América Latina, promovido por el Parlamento
Latinoamericano y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) e implementar las acciones necesarias para su ejecución y seguimiento
en nuestro país, a cargo del diputado Eduardo Rivera Pérez, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a los
vehículos de procedencia extranjera, a cargo del diputado Mario Cruz Andrade, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la Semarnat
entregue a esta soberanía los estudios y resultados realizados en el municipio de Mina,
en el Estado de Nuevo León, a la empresa Rimsa, así como las acciones emprendidas para
revertir la contaminación generada en la zona, a cargo del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la
situación política de Venezuela, a cargo del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la venta de
acciones de Bancomer, anunciada por el Gobierno mexicano, a cargo del diputado José
Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la
fiscalización a los partidos políticos en México anunciada por el IFE, a cargo del
diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar la
realización de una auditoría, por la Auditoría Superior de la Federación, a la tercera
etapa del río Tijuana, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a los
incendios forestales en el Estado de Oaxaca, a cargo del diputado Bulmaro Rito Salinas,
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo para que la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos intervenga en el asunto relacionado con los actos
violatorios de los derechos humanos cometidos contra los señores Víctor Javier García
Uribe y Gustavo González Meza, a cargo del diputado David Rodríguez Torres, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al pago
anticipado de deuda que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de la
diputada Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar el
cambio de las tarifas eléctricas de verano para los municipios de Acuña, Allende,
Múzquiz y Villa Unión, del Estado de Coahuila, a cargo del diputado Claudio M. Bres
Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la
contaminación generada por Pemex en el Estado de Tabasco, a cargo de la diputada Adela
del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a las
tarifas eléctricas, a cargo del diputado Marco Antonio Dávila Montesinos, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo en relación a la
cultura laboral, a cargo del diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza
Social. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a las
medidas que se deben instituir para frenar el contrabando de plátano procedente de
Centroamérica, a cargo del diputado Feliciano Calzada Padrón, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para exhortar al
Ejecutivo Federal a publicar en el Diario Oficial y, a los ejecutivos de las
entidades federativas, a informar y publicar en sus diarios o periódicos oficiales de
manera mensual, el monto y la evolución de los recursos transferidos a estados y
municipios; así como la metodología utilizada para su cálculo, a cargo del diputado
Julián Hernández Santillán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la Auditoría
Superior de la Federación, vigile los recursos del Gobierno Federal ante la campaña
mediática del PAN, encabezada, por el presidente Vicente Fox para 2003, a cargo del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación con la
promoción de la actividad citrícola, a cargo del diputado Pedro Manterola Sáinz, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la restitución de los fondos destinados al
programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en caso de
existir ingresos adicionales a los presupuestados, a cargo del diputado Julián Hernández
Santillán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a los
trabajadores de Pemex, a cargo del diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar al
Ejecutivo Federal, la conclusión del tramo carretero Las Choapas, Raudales, Ocozocoautla,
así como la aplicación de un programa carretero emergente para el Estado de Chiapas, a
cargo del diputado Andrés Carballo Bustamante, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público incorpore en la tarifa 9 ó 9M, la energía
eléctrica utilizada en procesos de filtrado de agua mediante ósmosis inversa para uso
agrícola, a cargo del diputado Hugo Zepeda Berrelleza, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a los
créditos que otorga el Fovissste conjuntamente con la banca privada, a cargo del diputado
Mario Cruz Andrade, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar al
Instituto Federal Electoral, instrumente diversas campañas en torno a la necesidad de que
el ciudadano participe en la vida política del país, a cargo del diputado Luis Villegas
Montes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a las
telesecundarias del Sistema Educativo Nacional, a cargo del diputado Miguel Bortolini
Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar a las
autoridades, se intensifique la coordinación institucional en el combate al narcotráfico
y la drogadicción en el país, a cargo del diputado Humberto Muñoz Vargas, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la
recuperación de créditos del IPAB, a cargo del diputado Alfredo Hernández Raigosa, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la
situación de inseguridad pública que prevalece en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la
tenencia de armas de fuego, de la población civil, para su seguridad y legítima defensa,
a cargo de la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo relativo a la
administración de la justicia en México, a cargo del diputado José Manuel del Río
Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional. (Turno a comisión.)
2970,2971,2972
Con punto de acuerdo relativo a los
trabajos de este Congreso, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, de
Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la
región sur-sureste, a cargo del diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la situación de
los campesinos presos en Chiapas, de la Organización Mocri-CNPA, a cargo del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Instituto Mexicano del
Seguro Social, interpreten adecuadamente lo establecido en el artículo 30 de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y le den debido
cumplimiento, a cargo del diputado Francisco Javier López González, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la
reproducción y distribución ilícita de fonogramas, a cargo del diputado Roberto Eugenio
Bueno Campos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo por el que se
recomienda que se forme una mesa de trabajo entre el Ejecutivo Federal y el gobierno del
Estado de Chiapas, para dar seguimiento al conflicto entre la Comisión Federal de
Electricidad y los usuarios de Puerto Madero, Chiapas, a cargo de integrantes de la
diputación por el Estado de Chiapas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar al
Poder Ejecutivo Federal, incorpore el término de región fronteriza en el decreto por el
que se exime del pago de los impuestos que se indican y se amplía el estímulo fiscal que
se menciona, publicado el pasado 5 de marzo del año en curso, a cargo del diputado
Ernesto Rodríguez Escalona, a nombre de diputados integrantes de la Comisión de Turismo.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al pago
complementario de 30 millones de pesos de Pemex a los damnificados de las explosiones del
22 de abril en Guadalajara, a cargo del diputado Jorge Urdapilleta Núñez, a nombre de
diputados federales del Estado de Jalisco. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al
Banrural, a cargo de la diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la
Procuraduría General de la República realice una valoración puntual de todas las
pruebas existentes en el expediente del homicidio del cardenal Posadas Ocampo, a cargo del
diputado Tomás Coronado Olmos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a comisión.)
Agenda política
Pronunciamiento acerca del Convenio 159 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por su entrada en vigor el 5 de abril, a
cargo del diputado Enrique Villa Preciado, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Efemérides
Sobre el Día Mundial de la Salud, a cargo
de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.
Sobre el aniversario luctuoso del general
Francisco J. Múgica, a cargo del diputado Jaime Rodríguez López, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el aniversario luctuoso de don
Francisco González Bocanegra, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México.
Sobre el aniversario luctuoso de sor Juana
Inés de la Cruz, a cargo de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.
Sobre el Día Mundial de la Lucha
Campesina, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Sobre el Día del Indio Americano, a cargo
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Sobre el Día Mundial del Libro, a cargo
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Sobre el natalicio de don Miguel Hidalgo y
Costilla, a cargo del diputado Martín Gerardo Morales Barragán, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional.»
La Presidenta:
Está a su consideración el orden del
día... No hay observaciones.
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
La Presidenta:
Le ruego a la Secretaría proceda a poner a
discusión y votación de inmediato, el acta de la sesión anterior.
La secretaria Silvia Martha Sánchez
González:
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veinticinco de abril de dos mil
dos, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de
Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
En el Palacio Legislativo en San
Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos veinticinco diputados, a las once
horas con cuarenta y ocho minutos del jueves veinticinco de abril de dos mil dos, la
Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del
día.
La Asamblea aprueba el acta de la sesión
anterior en votación económica.
Comunicación de la Junta de Coordinación
Política, con la que informa de cambios en la integración de la Comisión Especial para
dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los homicidios de las mujeres,
perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos desde mil novecientos noventa y tres
hasta la fecha. De enterado.
Comunicación de la Comisión Especial para
dar seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, con la que
remite su informe preliminar de trabajos realizados y la Presidencia concede la palabra al
diputado Sergio Acosta Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para dar
lectura a una síntesis del informe de referencia. Se turna a la Junta de Coordinación
Política, a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y a la Cámara de
Senadores, para su conocimiento y en el caso de la Junta, para que analice la pertinencia
de prolongar la vigencia de la Comisión Especial.
La Cámara de Senadores remite minuta con
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Administración y
Enajenación de Bienes del Sector Público y se adiciona el Código Federal de
Procedimientos Penales. Se turna a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de
Hacienda y Crédito Público.
Presentan iniciativas con proyecto de ley o
decreto, los diputados:
Efrén Nicolás Leyva Acevedo, del Partido
Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Manuel de Jesús Espino Barrientos, del
Partido Acción Nacional, que reforma la fracción decimasexta y que adiciona la fracción
trigesima-séptima del numeral dos del artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias.
Donaldo Ortiz Colín, del Partido de la
Revolución Democrática, que adiciona un párrafo al inciso a del artículo
dieciocho de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
José Manuel Minjarez Jiménez, del Partido
Acción Nacional, que reforma los artículos ciento diecinueve y ciento treinta y cuatro
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el artículo tercero transitorio del decreto que
crea la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
María Miroslava García Suárez, del
Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo veintiocho de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
Salvador Cosío Gaona, del Partido
Revolucionario Institucional, que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Radio y
Televisión.
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
Se turna a la Comisión de Radio,
Televisión y Cinematografía.
Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca,
del Partido Acción Nacional, que adiciona una Sección Quinta al Capítulo Sexto del
Título Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de
la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código
Civil Federal, de la Ley General de Población, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano,
de la Ley General de Salud, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del
Código Penal Federal, en materia de robo de infantes. Se turna a la Comisión de Justicia
y Derechos Humanos.
Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, del
Partido Revolucionario Institucional, de Ley de Investigación, Desarrollo Biotecnológico
y Bioseguridad. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural.
Rigoberto Romero Aceves, del Partido
Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de
Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido
Revolucionario Institucional, que reforma el artículo sesenta y nueve de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales y a la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido
Revolucionario Institucional, que reforma el artículo siete de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias.
Gustavo Buenrostro Díaz, del Partido
Acción Nacional, de Ley General para la Atención y Protección a las Víctimas y
Ofendidos del Delito. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Petra Santos Ortiz, del Partido de la
Revolución Democrática, que reforma los artículos cinco, diez, once y veintiuno de la
Ley de Capitalización del Procampo. Se turna a las comisiones de Agricultura y Ganadería
y de Desarrollo Rural.
A las catorce horas con diez minutos, la
Secretaría informa del registro de cuatrocientos cincuenta y cuatro diputados y ordena el
cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.
Juvenal Vidrio Rodríguez, del Partido
Acción Nacional, que reforma el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de
Derechos con objeto de estimular el ingreso de visitantes extranjeros a las zonas
turísticas prioritarias del país. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
José Marcos Aguilar Moreno, del Partido
Acción Nacional, que reforma y adiciona el artículo siete-bis de la Ley de la Propiedad
Industrial. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Bertha Alicia Simental García, del Partido
de la Sociedad Nacionalista, que reforma el artículo octavo de la Ley de Vías Generales
de Comunicación; el artículo diez de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal; la fracción octava del artículo once de la Ley de Aeropuertos; el artículo
diecisiete de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y el artículo veintinueve de
la Ley de Puertos.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
Se turna a las comisiones de
Comunicaciones y de Transportes.
José Manuel del Río Virgen, de
Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, que reforma y adiciona los
artículos tercero, ciento dos apartado B y ciento quince de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Narcizo Alberto Amador Leal, del Partido
Revolucionario Institucional, que adiciona los artículos setenta y tres, setenta y seis y
ciento diecinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna
a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Dictamen de la Comisión de Agricultura y
Ganadería con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
de la Ley de Sanidad Animal. Es de primera lectura.
2973,2974,2975
La Asamblea, en votación económica,
dispensa la segunda lectura al dictamen.
A nombre de la comisión, fundamenta el
dictamen el diputado Jaime Tomás Ríos Bernal, del Partido Acción Nacional.
A discusión en lo general y en lo
particular, fijan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios los diputados:
Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo; José Rodolfo Escudero Barrera, del
Partido Verde Ecologista de México;
Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia
Mario Cruz Andrade, del Partido de la
Revolución Democrática; Juan Mandujano Ramírez, del Partido Acción Nacional, y Arturo
Bonifacio de la Garza Tijerina, del Partido Revolucionario Institucional.
Sin nadie más que solicite hacer uso de la
palabra, la Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en votación
económica.
La Secretaría recoge la votación nominal
respectiva, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por trescientos
ochenta y cuatro votos en pro, ninguno en contra y una abstención. Pasa al Senado para
los efectos constitucionales.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley
Federal de Entidades Paraestatales. Es de primera lectura.
La Asamblea dispensa la segunda lectura al
dictamen en votación económica.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
Sin nadie que haga uso de la palabra,
la Secretaría recoge la votación nominal correspondiente, misma que resulta aprobatoria
en lo general y en lo particular por trescientos setenta y seis votos en pro, ninguno en
contra y una abstención. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Es de primera lectura.
La Asamblea, en votación económica,
dispensa la segunda lectura al dictamen.
Para fundamentar el dictamen y presentar
una fe de erratas a nombre de la comisión, se concede la palabra al diputado Jesús de la
Rosa Godoy, del Partido Revolucionario Institucional.
La Presidencia informa que se reservan para
su discusión en lo particular los artículos sesenta y seis y setenta y cuatro fracción
cuarta, del proyecto de ley.
Sin nadie más que solicite la palabra, la
Secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos
no reservados, misma que resulta aprobatoria por trescientos ochenta y un votos en pro,
ninguno en contra y una abstención.
Para referirse a los artículos reservados,
se concede la palabra al diputado José Manuel Medellín Milán, del Partido
Revolucionario Institucional, quien retira la reserva del artículo sesenta y seis y
propone una adición a la fracción cuarta del artículo setenta y cuatro, que la Asamblea
admite a discusión en votación económica y de la misma manera considera de urgente
resolución.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
la Secretaría da lectura a la adición propuesta por el diputado Medellín Milán y
recoge la votación nominal del artículo sesenta y seis, en los términos del dictamen y
del artículo setenta y cuatro, fracción cuarta, con la adición aceptada, misma que
resulta aprobatoria por trescientos sesenta y cinco votos en pro, dos en contra y una
abstención.
Aprobado en lo general y en lo particular
el proyecto de Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Pasa
al Senado para los efectos constitucionales.
La Presidencia expresa la solidaridad y
respeto al diputado Gregorio Arturo Meza de la Rosa, por la trágica pérdida de su madre,
la señora Petra Rosa viuda de De la Rosa y las condolencias a los diputados: Neftalí
Escobedo Zoletto, por el fallecimiento de su madre, la señora Gloria Zoletto Merlo;
Ricardo Torres Origel, por el fallecimiento de su madre, la señora Celia Origel de Torres
y Felipe Velasco Monroy, por la pérdida de su madre, la señora Leonor Monroy. La
Asamblea guarda un respetuoso minuto de silencio en su memoria.
Dictamen de la Comisión de Ciencia y
Tecnología, con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Ciencia y Tecnología
y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es de primera lectura.
En votación económica la Asamblea
dispensa la segunda lectura al dictamen.
Fundamenta el dictamen y presenta una fe de
erratas a nombre de la comisión, la diputada Silvia Alvarez Bruneliere, del Partido
Acción Nacional.
Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul
La Presidencia solicita a la
Secretaría tomar nota de la fe de erratas.
A discusión en lo general, fijan la
posición de sus respectivos grupos parlamentarios los diputados: Sara Guadalupe Figueroa
Canedo, del Partido Verde Ecologista de México; Francisco Patiño Cardona, del Partido de
la Revolución Democrática; Luis Artemio Aldana Burgos, del Partido Acción Nacional, y
Heriberto Huicochea Vázquez, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
Habla en pro el diputado Ramón León
Morales, del Partido de la Revolución Democrática.
Sin nadie más que solicite el uso de la
palabra para la discusión en lo general, la Presidencia informa que se reservan para su
discusión en lo particular los artículos quinto y treinta y seis fracción quinta, de la
Ley de Ciencia y Tecnología.
La Secretaría recoge la votación nominal
del proyecto de decreto en lo general y en lo particular de los artículos no reservados,
misma que resulta aprobatoria por trescientos setenta y un votos en pro, ninguno en contra
y una abstención.
Para referirse a los artículos quinto y
treinta y seis fracción quinta, reservados, se concede la palabra al diputado Gerardo
Sosa Castelán, del Partido Revolucionario Institucional y a nombre de la comisión
propone modificaciones que la Asamblea admite a discusión en votación económica y de la
misma forma considera de urgente resolución.
Sin nadie que solicite el uso de la
palabra, la Secretaría recoge la votación nominal de los artículos quinto y treinta y
seis fracción quinta, con las modificaciones aceptadas, misma que resulta aprobatoria por
trescientos cuarenta y dos votos en pro y ninguno en contra.
Aprobado en lo general y en lo particular
el proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley
Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pasa al Senado para los efectos
constitucionales.
La Cámara de Senadores remite minuta con
proyecto de decreto, por el que se concede permiso al Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional los días ocho y
nueve de mayo de dos mil dos, a fin de que participe en el periodo de sesiones
extraordinarias de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para el
Seguimiento de la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia y realizar una visita de trabajo a
la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de
Relaciones Exteriores.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de las leyes orgánicas de:
Nacional Financiera; Banco de Comercio Exterior; Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos; Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; Banco del Ahorro Nacional
y Servicios Financieros, y de Sociedad Hipotecaria Federal. Es de segunda lectura.
Fundamenta el dictamen a nombre de la
comisión el diputado Enrique Octavio de la Madrid Cordero, del Partido Revolucionario
Institucional.
Fijan la posición de sus respectivos
grupos parlamentarios, los diputados: Víctor Antonio García Dávila, del Partido del
Trabajo;
Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul
Rosalinda López Hernández, del
Partido de la Revolución Democrática; Jaime Salazar Silva, del Partido Acción Nacional,
y Jorge Alejandro Chávez Presa, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
Sin nadie más que solicite hacer uso
de la palabra, la Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general
en votación económica.
La Presidencia informa que se reservan para
su discusión en lo particular los artículos cuarenta y dos fracción tercera y último
párrafo, y cuarenta y siete de la Ley de Instituciones de Crédito; sexto, fracción
cuarta, de la Ley Orgánica del Banco de Comercio Exterior; tercero y diecisiete fracción
segunda, de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, y la
adición de un artículo noveno transitorio al proyecto de decreto.
La Presidencia informa de la recepción de
una fe de erratas remitida por la comisión dictaminadora.
La Secretaría recoge la votación nominal
del proyecto de decreto en lo general y en lo particular de los artículos no reservados,
con la fe de erratas, misma que resulta aprobatoria por trescientos treinta y seis votos
en pro, ninguno en contra y dos abstenciones.
Se refiere a los artículos reservados el
diputado Enrique Octavio de la Madrid Cordero, del Partido Revolucionario Institucional,
quien a nombre de la comisión propone modificaciones y adiciones que la Asamblea admite a
discusión en votación económica y, de la misma manera, las considera de urgente
resolución.
Sin nadie que haga uso de la palabra, la
Secretaría recoge la votación nominal de los artículos cuarenta y dos fracción tercera
y último párrafo, y cuarenta y siete de la Ley de Instituciones de Crédito; sexto,
fracción cuarta, de la Ley Orgánica del Banco de Comercio Exterior; tercero y diecisiete
fracción segunda, de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
con las modificaciones aceptadas, y de la adición de un artículo noveno transitorio al
proyecto de decreto admitida, misma que resulta aprobatoria por trescientos quince votos
en pro, ninguno en contra y una abstención.
Aprobado en lo general y en lo particular
el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de
Instituciones de Crédito y de las leyes orgánicas de: Nacional Financiera; Banco de
Comercio Exterior; Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; Banco Nacional del
Ejército, Fuerza Aérea y Armada; Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, y de
Sociedad Hipotecaria Federal. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
La Presidencia informa de la recepción de
una solicitud suscrita por representantes de los grupos parlamentarios de los partidos
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, para
modificar el orden del día de la presente sesión, a fin de que pueda presentarse de
inmediato una proposición con punto de acuerdo en relación con los trabajadores braceros
mexicanos.
La Asamblea aprueba, en votación
económica, modificar el orden del día y, en consecuencia, la Presidenta concede la
palabra al diputado Eddie James Varón Levy, del Partido Revolucionario Institucional,
para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la problemática que viven los
trabajadores mexicanos braceros y solicita trámite de urgente resolución.
Fijan la posición de sus grupos
parlamentarios los diputados: Sergio Acosta Salazar, del Partido de la Revolución
Democrática, y Jorge Urdapilleta Núñez, del Partido Acción Nacional.
La Asamblea considera el asunto de urgente
resolución en votación económica y de la misma manera aprueba el punto de acuerdo.
Comunicaciones de la Junta de Coordinación
Política, con las que informa de cambios en la integración de las comisiones de Equidad
y Género, de Comunicaciones, de Transportes, de Energía, de Ciencia y Tecnología y de
Seguridad Social. De enterado.
La Secretaría da lectura al orden del día
de la próxima sesión y la Presidencia clausura la de hoy a las diecinueve horas con
cincuenta y cuatro minutos, citando para la que tendrá lugar el lunes veintinueve de
abril de dos mil dos, a las doce horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
2976,2977,2978
CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS
FINANZAS PUBLICAS
La Presidenta:
Pasamos al capítulo de comunicaciones.
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Por este conducto y con fundamento en el
artículo 34 párrafo primero inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, envío el "Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política, relativo al funcionamiento del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas".
Lo anterior, para los efectos a que haya
lugar.
Sin más por el momento, quedo de usted.
Atentamente.
México, D.F., a 26 de abril de 2002.—
Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Acuerdo relativo al Funcionamiento del
Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
La Junta de Coordinación Política, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 numeral 1 inciso b de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
CONSIDERANDOS
1. Que con fecha 8 de noviembre de 2000, el
pleno de la Cámara de Diputados acordó la creación del Comité del Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas.
2. Que en términos del resolutivo cuarto
del citado acuerdo de creación, dicho comité representa el órgano de gobierno del
Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas.
3. Que con fecha 20 de marzo de 2002, el
diputado Moisés Alcalde Virgen, presidente del Comité del Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas, presentó ante la Junta de Coordinación Política, para su análisis,
un punto de acuerdo aprobado por dicho comité, a efecto de que se permita que la
información que produzca el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, sea dada a
conocer a la opinión pública de manera institucional a través de su comité, así como
para que el comité, previo acuerdo delegatorio de la Mesa Directiva de esta Cámara,
tenga la facultad de celebrar convenios de colaboración entre instituciones públicas y
privadas del ámbito nacional e internacional y el citado centro.
4. Que la Junta de Coordinación Política
ha considerado pertinente que el Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas,
como órgano de gobierno del centro de estudios, pueda dar a conocer a la opinión
pública de manera institucional la información que produzca dicho centro.
5. Que de conformidad con el artículo 23,
numeral 1, inciso 1 de la Ley Orgánica, la representación legal de la Cámara y su
delegación en la persona o personas que resulte necesario, recae en la Presidencia de la
Mesa Directiva.
Expuestos los considerandos anteriores, se
adopta el siguiente
ACUERDO
Primero. El Comité del Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas, como órgano de Gobierno del Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas, elaborará e instrumentará la política de difusión de la
información que produzca el comité y el citado centro.
Segundo. Se sugiere a la Presidencia
de la Mesa Directiva, analice la propuesta del Comité del Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas, a efecto de que se le delegue la facultad de celebrar convenios de
colaboración con instituciones afines en el ámbito internacional y nacional.
Tercero. Comuníquese a la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos conducentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de
abril de 2002.— Diputados: Felipe Calderón Hinojosa, coordinador del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Martí Batres
Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»
La Presidenta:
Túrnese a la Mesa Directiva.
LAGUNA VERDE
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Por este conducto y en atención al
resolutivo cuarto del acuerdo de creación de la Comisión de Investigación de la Planta
Nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz, mismo que fue aprobado por el pleno el 19 de
septiembre de 2001, mucho agradeceré se incluya en la sesión del próximo lunes 29 de
abril el informe de avance de los trabajos de dicha comisión (anexo).
Lo anterior, para los efectos conducentes.
Sin más por el momento, quedo de usted.
Atentamente.
México, D.F., a 26 de abril de 2002.—
Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de
Investigación de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz.
Diputado Felipe Calderón Hinojosa,
presidente de la Junta de Coordinación Política.— Presente.
En anexo estamos enviando a usted el
informe de avance de trabajos que esta comisión debe presentar a esa junta el próximo 30
de abril, tal como lo establece el acuerdo de creación de la misma, expedido y aprobado
por el pleno de esta Cámara el día 19 de septiembre de 2002.
El documento que ponemos a su amable
consideración, da cuenta de las actividades que hemos realizado y ofrece de manera
preliminar, nuestra opinión sobre la situación de la Central Laguna Verde en materia de
seguridad, señalando lo que debe atenderse y explicando la importancia de que esta
comisión continúe trabajando durante los próximos cuatro meses para rendir un informe
completo.
Atentamente.
México, D.F., a 25 de abril de 2002.—
Diputados: Héctor González Reza, presidente; Marco Antonio Dávila Montesinos,
Francisco Patiño Cardona y Sara G. Figueroa Canedo, secretarios.»
La Presidenta:
De enterada.
LEY
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.— Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en
sesión ordinaria celebrada en esta fecha, el senador Francisco Fernández de Cevallos y
Urueta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se refirió a la iniciativa
de reformas al artículo 109 fracción XI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 30 de enero pasado
y turnada a la Cámara de Diputados.
La Presidencia dispuso que la intervención
del senador Fernández de Cevallos y Urueta, se hiciera llegar a la Cámara de Diputados,
misma que se anexa.
Reitero a ustedes las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 18 de abril de 2002.—
Senador César Jáuregui Robles, vicepresidente.»
«Intervención en el Senado.
El senador Francisco Fernández de Cevallos
y Urueta:
Gracias, señor Presidente; compañeros
senadores:
El pasado periodo de sesiones, ambas
cámaras aprobamos una nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, que está en vigor.
Pero hay un artículo, que es el 109
fracción XI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en donde una compañera nuestra en la
Cámara de Diputados, presentó que éste se reformara, en virtud de que dicho artículo
da preferencias a los empleados de la Federación y de los gobiernos de los estados.
En el sentido de que entre otras
prestaciones en aguinaldo, no queda gravado y aquí estamos violando la falta de equidad
que nos manda preservar el artículo 31 de la Constitución.
Mi participación, desde esta tribuna, es
para hacer una excitativa a la Cámara de Diputados, a nuestra colegisladora, para que en
la Comisión de Hacienda se ventile de manera definitiva la reforma a este artículo 109.
Durante el mes de enero del presente año
organicé un foro en Querétaro, en el que participaron importante funcionarios del
Gobierno Federal y nos hizo favor de acompañarnos también el presidente de la Comisión
de Hacienda del Senado de la República, nuestro compañero senador Fauzi Hamdan.
Y fuimos testigos de una expresión
unánime, plural, en cuanto a los componentes de los más de 600 participantes en este
foro, en donde nos pidieron que como representantes en la Cámara de Senadores,
propusiéramos esta modificación. Dada que esta iniciativa se metió en el receso,
solamente mi participación es en doble sentido; absolutamente convencido de guardar la
equidad en cuanto al pago de los impuestos, todos somos mexicanos, todos tenemos los
mismos derechos, pero todos también tenemos las mismas obligaciones, independientemente
de donde estemos trabajando.
Y la segunda y más importante para mí,
venir con la representación legítima de nuestros electores, para manifestar aquí en el
Senado de la República, que daremos seguimiento puntual hasta no concluir con esta
reforma, de la que seguramente todos ustedes están convencidos.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, senador.
Esta Presidencia carece de facultades para
excitar a la colegisladora en los términos planteados.
Sin embargo, en los términos de las
facultades que tiene consagrada la Mesa Directiva para conducir las relaciones con la otra
Cámara, se hará llegar su intervención a la Cámara de los Diputados.»
La Presidenta:
Remítase a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
BANCO DE
MEXICO
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Banco de México.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 51 fracción III de la Ley del Banco de México, envío a esa Cámara el informe
sobre la ejecución de la política monetaria durante el segundo semestre de 2001 y en
general, sobre las actividades del banco en dicho ejercicio.*
Ruego a ustedes dar el trámite que
corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.
Atentamente.
México, D.F., a 25 de abril de 2002.—
Guillermo Ortiz, gobernador.»
La Presidenta:
Túrnese a las comisiones de Hacienda y
Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
* El Informe se encuentra al final de esta
edición como apéndice en el Volumen III, página 3271.
2979,2980,2981
Ley de los Derechos de
las
Personas Adultas Mayores
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.— Presidencia de la
Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales correspondientes,
me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el
que se crea la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Reitero a ustedes las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 25 de abril de 2002.—
Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se crea la Ley de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores.
Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores
TITULO PRIMERO
CAPITULO UNICO
Disposiciones generales
Artículo 1o. La presente ley es de orden
público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.
Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores,
así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la
regulación de:
I. La política pública nacional para la
observancia de los derechos de las personas adultas mayores.
II. Los principios, objetivos, programas,
responsabilidades e instrumentos que la Administración Pública Federal, las entidades
federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la
política pública nacional.
III. El Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores.
Artículo 2o. La aplicación y seguimiento
de esta ley, corresponde a:
I. El Ejecutivo Federal, a través de las
secretarías de Estado y demás dependencias que integran la Administración Pública,
así como las entidades federativas, los municipios, los organos desconcentrados y
paraestatales, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción;
II. La familia de las personas adultas
mayores vinculada por el parentesco, de conformidad con lo dispuesto por los ordenamientos
jurídicos aplicables;
III. Los ciudadanos y la sociedad civil
organizada y
IV. El Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores.
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley,
se entenderá por:
I. Personas adultas mayores. Aquéllas que
cuenten con 60 años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el
territorio nacional.
II. Asistencia social. Conjunto de acciones
tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al
individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de
personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta
lograr su incorporación a una vida plena y productiva.
III. Entidades federativas. Los estados y
el Distrito Federal que integran los Estados Unidos Mexicanos.
IV. Ley. La presente Ley de los Derechos de
las Personas Adultas Mayores.
V. Género. Conjunto de papeles,
atribuciones y representaciones de mujeres y hombres en nuestra cultura que toman como
base la diferencia sexual.
VI. Geriatría. Es la especialidad médica
dedicada al estudio de las enfermedades propias de las personas adultas mayores.
VII. Gerontología. Estudio científico
sobre la vejez y de las cualidades y fenómenos propios de la misma.
VIII. Integración social. Es el resultado
de las acciones que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, estatal y municipal, las familias y la sociedad organizada, orientadas a
modificar y superar las condiciones que impidan a las personas adultas mayores su
desarrollo integral.
IX. Atención integral. Satisfacción de
las necesidades físicas, materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales,
culturales, recreativas, productivas y espirituales de las personas adultas mayores. Para
facilitarles una vejez plena y sana se considerarán sus hábitos, capacidades
funcionales, usos y costumbres y preferencias.
X. Calidad del servicio. Conjunto de
características que confieren al servicio la capacidad de satisfacer tanto las
necesidades como las demandas actuales y potenciales.
XI. Instituto Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores.
TITULO SEGUNDO
De los principios y los derechos
CAPITULO I
De los principios
Artículo 4o. Son principios rectores en la
observación y aplicación de esta ley:
I. Autonomía y autorrealización. Todas
las acciones que se realicen en beneficio de las personas adultas mayores orientadas a
fortalecer su independencia, su capacidad de decisión y su desarrollo personal y
comunitario.
II. Participación. La inserción de los
adultos mayores en todos los órdenes de la vida pública. En los ámbitos de su interés
serán consultados y tomados en cuenta; asimismo se promoverá su presencia e
intervención.
III. Equidad. Es el trato justo y
proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para
el bienestar de las personas adultas mayores, sin distinción por sexo, situación
económica, identidad étnica, fenotipo, credo, religión o cualquier otra circunstancia.
IV. Corresponsabilidad. La concurrencia y
responsabilidad compartida de los sectores público y social, en especial de las
comunidades y familias, para la consecución del objeto de esta ley.
V. Atención preferente. Es aquélla que
obliga a las instituciones federales, estatales y municipales de Gobierno, así como a los
sectores social y privado a implementar programas acordes a las diferentes etapas,
características y circunstancias de las personas adultas mayores.
CAPITULO II
De los derechos
Artículo 5o. De manera enunciativa y no
limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los
siguientes derechos:
I. De la integridad, dignidad y
preferencia:
a) A una vida con calidad. Es obligación
de las instituciones públicas, de la comunidad, de la familia y la sociedad,
garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de
este derecho;
b) Al disfrute pleno, sin discriminación
ni distinción alguna, de los derechos que ésta y otras leyes consagran;
c) A una vida libre sin violencia;
d) Al respeto a su integridad física,
sicoemocional y sexual;
e) A la protección contra toda forma de
explotación;
f) A recibir protección por parte de la
comunidad, la familia y la sociedad, así como de las instituciones federales, estatales y
municipales;
g) A vivir en entornos seguros, dignos y
decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente
sus derechos.
II. De la certeza jurídica:
a) A recibir un trato digno y apropiado en
cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados,
indiciados o sentenciados.
b) A recibir el apoyo de las instituciones
federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos.
c) A recibir asesoría jurídica en forma
gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con
un representante legal cuando lo considere necesario.
d) En los procedimientos que señala el
párrafo anterior, se deberá tener atención preferente en la protección de su
patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia.
III. De la salud, la alimentación y la
familia:
a) A tener acceso a los satisfactores
necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales
para su atención integral.
b) A tener acceso preferente a los
servicios de salud, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4o.
constitucional y en los términos que señala el artículo 21 de esta ley, con objeto de
que gocen cabalmente del derecho a su sexualidad, bienestar físico, mental y
sicoemocional.
c) A recibir orientación y capacitación
en materia de salud, nutrición e higiene, así como a todo aquello que favorezca su
cuidado personal.
Las familias tendrán derecho a recibir el
apoyo subsidiario de las instituciones públicas para el cuidado y atención de las
personas adultas mayores.
IV. De la educación:
a) A recibir de manera preferente el
derecho a la educación que señala el artículo 3o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el artículo 20 de esta ley;
b) Las instituciones educativas, públicas
y privadas, deberán incluir en sus planes y programas los conocimientos relacionados con
las personas adultas mayores, asimismo los libros de texto gratuitos y todo material
educativo autorizado y supervisado por la Secretaría de Educación Pública,
incorporarán información actualizada sobre el tema del envejecimiento y los adultos
mayores.
V. Del trabajo:
A gozar de igualdad de oportunidades en el
acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse
en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral.
VI. De la asistencia social:
a) A ser sujetos de programas de asistencia
social en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia.
b) A ser sujetos de programas para contar
con una vivienda digna y adaptada a sus necesidades.
c) A ser sujetos de programas para tener
acceso a una casa hogar o albergue u otras alternativas de atención integral, si se
encuentra en situación de riesgo o desamparo.
VII. De la participación:
a) A participar en la planeación integral
del desarrollo social, a través de la formulación y aplicación de las decisiones que
afecten directamente a su bienestar, barrio, calle, colonia, delegación o municipio.
b) De asociarse y conformar organizaciones
de personas adultas mayores para promover su desarrollo e incidir en las acciones
dirigidas a este sector.
c) A participar en los procesos
productivos, de educación y capacitación de su comunidad.
d) A participar en la vida cultural,
deportiva y recreativa de su comunidad.
e) A formar parte de los diversos órganos
de representación y consulta ciudadana.
VIII. De la denuncia popular:
Toda persona, grupo social, organizaciones
no gubernamentales, asociaciones o sociedades, podrán denunciar ante los órganos
competentes, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daño o afectación
a los derechos y garantías que establece la presente ley o que contravenga cualquier otra
de sus disposiciones o de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con
las personas adultas mayores.
2982,2983,2984
TITULO TERCERO
De los deberes del Estado, la sociedad
y la familia
CAPITULO UNICO
Artículo 6o. El Estado garantizará las
condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y
seguridad social a las personas adultas mayores. Asimismo, deberá establecer programas
para asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro.
Igualmente proporcionará:
I. Atención preferencial: toda
institución pública o privada que brinde servicios a las personas adultas mayores
deberá contar con la infraestructura, mobiliario y equipo adecuado, así como con los
recursos humanos necesarios para que se realicen procedimientos alternativos en los
trámites administrativos, cuando tengan alguna discapacidad.
El Estado promoverá la existencia de
condiciones adecuadas para los adultos mayores, tanto en el transporte público como en
los espacios arquitectónicos.
II. Información: las instituciones,
públicas y privadas, a cargo de programas sociales, deberán proporcionarles información
y asesoría tanto sobre las garantías consagradas en esta ley como sobre los derechos
establecidos en otras disposiciones a favor de las personas adultas mayores.
III. Registro: el Estado, a través del
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, recabará la información necesaria
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para determinar la
cobertura y características de los programas y beneficios dirigidos a los adultos
mayores.
Artículo 7o. El Estado promoverá la
publicación y difusión de esta ley para que la sociedad y las familias respeten a las
personas adultas mayores e invariablemente otorguen el reconocimiento a su dignidad.
Artículo 8o. Ninguna persona adulta mayor
podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por
razón de su edad, género, estado físico, creencia religiosa o condición social.
Artículo 9o. La familia de la persona
adulta mayor deberá cumplir su función social; por tanto, de manera constante y
permanente deberá velar por cada una de las personas adultas mayores que formen parte de
ella, siendo responsable de proporcionar los satisfactores necesarios para su atención y
desarrollo integral y tendrá las siguientes obligaciones para con ellos:
I. Otorgar alimentos de conformidad con lo
establecido en el Código Civil;
II. Fomentar la convivencia familiar
cotidiana, donde la persona adulta mayor participe activamente y promover al mismo tiempo
los valores que incidan en sus necesidades efectivas, de protección y de apoyo;
III. Evitar que alguno de sus integrantes
cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia y
actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos.
TITULO CUARTO
De la política pública nacional de las
personas adultas mayores
CAPITULO I
De los objetivos
Artículo 10. Son objetivos de la política
pública nacional sobre adultos mayores los siguientes:
I. Propiciar las condiciones para un mayor
bienestar físico y mental a fin de que puedan ejercer plenamente sus capacidades en el
seno de la familia y de la sociedad, incrementando su autoestima y preservando su dignidad
como ser humano;
II. Garantizar a las personas adultas
mayores el pleno ejercicio de sus derechos, sean residentes o estén de paso en el
territorio nacional;
III. Garantizar igualdad de oportunidades y
una vida digna, promoviendo la defensa y representación de sus intereses;
IV. Establecer las bases para la
planeación y concertación de acciones entre las instituciones públicas y privadas, para
lograr un funcionamiento coordinado en los programas y servicios que presten a este sector
de la población, a fin de que cumplan con las necesidades y características específicas
que se requieren;
V. Impulsar la atención integral e
interinstitucional de los sectores público y privado de conformidad a los ordenamientos
de regulación y vigilar el funcionamiento de los programas y servicios de acuerdo con las
características de este grupo social;
VI. Promover la solidaridad y la
participación ciudadana para consensar programas y acciones que permitan su
incorporación social y alcanzar un desarrollo justo y equitativo.
Fomentar en la familia, el Estado y la
sociedad, una cultura de aprecio a la vejez para lograr un trato digno, favorecer su
revalorización y su plena integración social, así como procurar una mayor sensibilidad,
conciencia social, respeto, solidaridad y convivencia entre las generaciones con el fin de
evitar toda forma de discriminación y olvido por motivo de su edad, género, estado
físico o condición social;
VII. Promover la participación activa de
las personas adultas mayores en la formulación y ejecución de las políticas públicas
que les afecten;
VIII. Impulsar el desarrollo humano
integral de las personas adultas mayores observando el principio de equidad de género,
por medio de políticas públicas, programas y acciones a fin de garantizar la igualdad de
derechos, oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres, así como la
revalorización del papel de la mujer y del hombre en la vida social, económica,
política, cultural y familiar, así como la no discriminación individual y colectiva
hacia la mujer;
IX. Fomentar la permanencia, cuando así lo
deseen, de las personas adultas mayores en su núcleo familiar y comunitario;
X. Propiciar formas de organización y
participación de las personas adultas mayores, que permitan al país aprovechar su
experiencia y conocimiento;
XI. Impulsar el fortalecimiento de redes
familiares, sociales e institucionales de apoyo a las personas adultas mayores y
garantizar la asistencia social para todas aquellas que por sus circunstancias requieran
de protección especial por parte de las instituciones públicas y privadas;
XII. Establecer las bases para la
asignación de beneficios sociales, descuentos y exenciones para ese sector de la
población, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
XIII. Propiciar su incorporación a los
procesos productivos emprendidos por los sectores público y privado, de acuerdo a sus
capacidades y aptitudes;
XIV. Propiciar y fomentar programas
especiales de educación y becas de capacitación para el trabajo, mediante los cuales se
logre su reincorporación a la planta productiva del país y, en su caso, a su desarrollo
profesional;
XV. Fomentar que las instituciones
educativas y de seguridad social establezcan las disciplinas para la formación de
especialistas en geriatría y gerontología, con el fin de garantizar la cobertura de los
servicios de salud requeridos por la población adulta mayor;
XVI. Fomentar la realización de estudios e
investigaciones sociales de la problemática inherente al envejecimiento que sirvan como
herramientas de trabajo a las instituciones del sector público y privado para desarrollar
programas en beneficio de la población adulta mayor;
XVII. Promover la difusión de los derechos
y valores en beneficio de las personas adultas mayores con el propósito de sensibilizar a
las familias y a la sociedad en general respecto a la problemática de este sector;
XVIII. Llevar a cabo programas
compensatorios orientados a beneficiar a las personas adultas mayores en situación de
rezago y poner a su alcance los servicios sociales y asistenciales, así como la
información sobre los mismos y
XIX. Fomentar la creación de espacios de
expresión para el adulto mayor.
CAPITULO II
De la concurrencia entre la Federación,
las entidades federativas
y los municipios
Artículo 11. La Federación, las entidades
federativas y los municipios ejercerán sus atribuciones en la formulación y ejecución
de las políticas públicas para las personas adultas mayores, de conformidad con la
concurrencia prevista en esta ley y en otros ordenamientos legales.
Artículo 12. Cuando las disposiciones de
esta ley comprendan materias y acciones que incidan en diversos ámbitos de competencia de
la Federación, las entidades federativas y los municipios, se aplicarán y ejecutarán
mediante convenios generales y específicos entre cualesquiera de los tres niveles de
gobierno que lo suscriban.
Artículo 13. La Federación, las entidades
federativas y los municipios integrarán los instrumentos de información para cuyo efecto
el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores establecerá los lineamientos y
criterios generales de las bases de datos.
Artículo 14. Las autoridades competentes
de la Federación, las entidades federativas y los municipios, concurrirán para:
I. Determinar las políticas hacia las
personas adultas mayores, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus programas y
acciones, de acuerdo con lo previsto en esta ley.
II. Desarrollar los lineamientos,
mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento de las instituciones de
atención a las personas adultas mayores.
CAPITULO III
De los programas y las obligaciones
de las instituciones públicas
Artículo 15. En su formulación y
ejecución, el Plan Nacional de Desarrollo, particularmente de su capítulo de desarrollo
social, deberá ser congruente con los principios, objetivos e instrumentos de los
programas de atención a los adultos mayores, integrados en la política nacional
respectiva.
Artículo 16. Corresponde a la Secretaría
de Desarrollo Social:
I. Fomentar la participación de los
sectores social y privado en la promoción, seguimiento y financiamiento de los programas
de atención a los adultos mayores.
II. Promover, en coadyuvancia con la
Secretaría de Relaciones Exteriores, la suscripción de convenios internacionales en
materia de atención a los adultos mayores.
III. Establecer convenios de colaboración
con instituciones y organismos públicos, sociales y privados para acciones de atención
dirigidas a las personas adultas mayores.
Artículo 17. Corresponde a la Secretaría
de Educación Pública, garantizar a los adultos mayores:
I. El acceso a la educación pública en
todos sus niveles y modalidades y a cualquier otra actividad que contribuya a su
desarrollo intelectual y que le permita conservar una actitud de aprendizaje constante y
aprovechar toda oportunidad de educación y capacitación que tienda a su realización
personal, facilitando los trámites administrativos y difundiendo la oferta general
educativa.
II. La formulación de programas educativos
de licenciatura y posgrado en geriatría y gerontología, en todos los niveles de
atención en salud, así como de atención integral a las personas adultas mayores
dirigidos a personal técnico profesional. También velará porque las instituciones de
educación superior e investigación científica incluyan la geriatría en sus curricula
de medicina y la gerontología en las demás carreras pertenecientes a las áreas de salud
y ciencias sociales.
III. En los planes y programas de estudio
de todos los niveles educativos, la incorporación de contenidos sobre el proceso de
envejecimiento.
IV. Facilitar el acceso a la cultura
promoviendo su expresión a través de talleres, exposiciones, concursos y eventos
comunitarios, nacionales e internacionales.
V. El acceso gratuito o con descuentos
especiales a eventos culturales que promuevan las instituciones públicas y privadas,
previa acreditación de edad, a través de una identificación personal.
VI. Programas culturales y concursos en los
que participen exclusivamente personas adultas mayores, otorgando a los ganadores los
reconocimientos y premios correspondientes.
VII. El derecho de hacer uso de las
bibliotecas públicas que facilitarán el préstamo a domicilio del material de las
mismas, con la presentación de su identificación personal, credencial de jubilado o
pensionado y/o credencial de adulto mayor.
VIII. Fomentar entre toda la población una
cultura de la vejez, de respeto, aprecio y reconocimiento a la capacidad de aportación de
las personas adultas mayores.
Artículo 18. Corresponde a las
instituciones públicas del sector salud, garantizar a los adultos mayores:
2985,2986,2987
I. El derecho a la prestación de servicios
públicos de salud integrales y de calidad, en todas las actividades de atención médica,
de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley General de Salud;
II. Especial atención deberán recibir los
programas de detección oportuna y tratamiento temprano de enfermedades crónicas y
neoplasias entre las personas adultas mayores, así como de atención y asistencia a
quienes sufren de discapacidades funcionales. Asimismo, los programas de salud dirigidos a
atender las necesidades de las personas en las diferentes etapas del ciclo de vida
incorporarán medidas de prevención y promoción de la salud a fin de contribuir a
prevenir discapacidades y favorecer un envejecimiento saludable;
III. El acceso a la atención médica a las
personas adultas mayores en las clínicas y hospitales, con el establecimiento de áreas
geriátricas en las unidades médicas de segundo y tercer nivel públicas y privadas. Las
especialidades médicas encargadas de la atención de la salud de las personas adultas
mayores, son la geriatría y la gerontología;
IV. Una cartilla médica de salud y
autocuidado, misma que será utilizada indistintamente en las instituciones públicas y
privadas; en la cual se especificará el estado general de salud, enfermedades crónicas,
tipo de sangre, medicamentos y dosis administradas, reacciones e implementos para
ingerirlos, alimentación o tipo de dieta suministrada, consultas médicas y asistencias a
grupos de autocuidado;
V. Mecanismos de coordinación
interinstitucional para proporcionar medicamentos, previo estudio socioeconómico para su
distribución sin costo alguno;
VI. Cursos de capacitación orientados a
promover el autocuidado de la salud para que las personas adultas mayores sean más
independientes;
VII. El apoyo a las unidades médicas y
organizaciones civiles dedicadas a la atención de la salud física y/o mental de la
población senecta;
VIII. Convenios con universidades públicas
y privadas para recibir prestadores de servicio social en las áreas de trabajo social,
sicología, medicina, odontología y enfermería para que apoyen las acciones
institucionales en la atención de las personas adultas mayores en las unidades
geriátricas y/o domicilio;
IX. Gestiones para apoyar y proteger a los
grupos de adultos mayores en situación de vulnerabilidad social o familiar y
X. Los cuidados proporcionados a las
personas adultas mayores por la familia, por los responsables de su atención y cuidado o,
en su caso, por las instituciones públicas o privadas que tengan a su cargo a estas
personas, comprenderán los siguientes aspectos:
a. Las personas adultas mayores tendrán el
derecho de ser examinados cuando menos una vez al año, para el mantenimiento de su salud
y recibir los tratamientos que requieran en caso de enfermedad;
b. Serán sujetos de la confidencialidad y
participarán en las decisiones que sobre su estado de salud se generen.
c. Tendrán derecho a una nutrición
adecuada y apropiada.
Artículo 19. Corresponde a la Secretaría
de Trabajo y Previsión Social, garantizar en beneficio de los adultos mayores:
I. La implementación de los programas
necesarios a efecto de promover empleos y trabajos remuneradores, así como actividades
lucrativas o voluntarias, conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin más
restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o
legal competente;
II. El fomento a la creación de
organizaciones productivas de personas adultas mayores en grupos productivos de diferente
orden;
III. Impulso al desarrollo de programas de
capacitación para que las personas adultas mayores adquieran conocimientos y destrezas en
el campo de formulación y ejecución de proyectos productivos;
IV. La organización de una bolsa de
trabajo mediante la cual se identifiquen actividades laborales que puedan ser
desempeñadas por las personas adultas mayores y orientarlas para que presenten ofertas de
trabajo;
V. Asistencia jurídica a las personas
adultas mayores que decidan retirarse de sus actividades laborales;
VI. La capacitación y financiamiento para
autoempleo, a través de becas, talleres familiares, bolsas de trabajo oficiales y
particulares y
VII. La creación y difusión de programas
de orientación dirigido a personas adultas mayores cuando deseen retirarse de los centros
de trabajo públicos y privados.
Artículo 20. Corresponde a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, garantizar:
I. El derecho de las personas adultas
mayores para acceder con facilidad y seguridad a los servicios y programas que en esta
materia ejecuten los gobiernos Federal, estatal y municipal;
II. Los convenios que se establezcan con
aerolíneas y empresas de transporte terrestre y marítimo, nacional e internacional, para
que otorguen tarifas preferenciales a las personas de la tercera edad;
III. Que los concesionarios y
permisionarios de servicios públicos de transporte, cuenten en sus unidades con el
equipamiento adecuado para que las personas adultas mayores hagan uso del servicio con
seguridad y comodidad;
IV. El derecho permanente y en todo tiempo,
a obtener descuentos o exenciones de pago al hacer uso del servicio de transporte de
servicio público, previa acreditación de la edad, mediante identificación oficial,
credencial de jubilado o pensionado o credencial que lo acredite como persona adulta mayor
y
V. El establecimiento de convenios de
colaboración con las instituciones públicas y privadas dedicadas a la comunicación
masiva, para la difusión de una cultura de aprecio y respeto hacia las personas adultas
mayores.
Artículo 21. Corresponde a las
instituciones públicas de vivienda de interés social, garantizar:
I. Las acciones necesarias a fin de
concretar programas de vivienda que permitan a las personas adultas mayores la obtención
de créditos accesibles para adquirir una vivienda propia o remodelarla en caso de ya
contar con ella y
II. El acceso a proyectos de vivienda de
interés social que ofrezcan igual oportunidad a las parejas compuestas por personas
adultas mayores, solas o jefes de familia.
Artículo 22. Corresponde al Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia, garantizar a las personas adultas mayores:
I. Los servicios de asistencia y
orientación jurídica en forma gratuita, en especial aquellos que se refieren a la
seguridad de su patrimonio, en materia de alimentos y testamentaria;
II. Los programas de prevención y
protección para las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo, para
incorporarlos al núcleo familiar o albergarlos en instituciones adecuadas;
III. Coadyuvar con la Procuraduría General
de la República y las de las entidades federativas, en la atención y protección
jurídica de las personas adultas mayores víctimas de cualquier delito;
IV. La promoción, mediante la vía
conciliatoria, de la solución a la problemática familiar, cuando no se trate de delitos
tipificados por el Código Penal o infracciones previstas en la Ley de Asistencia y
Prevención de la Violencia intrafamiliar;
V. La atención y seguimiento de quejas,
denuncias e informes, sobre la violación de los derechos de las personas adultas mayores,
haciéndolos del conocimiento de las autoridades competentes y de ser procedente ejercitar
las acciones legales correspondientes;
VI. La denuncia ante las autoridades
competentes, cuando sea procedente, de cualquier caso de maltrato, lesiones, abuso físico
o síquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación y, en general,
cualquier acto que perjudique a las personas adultas mayores;
VII. El establecimiento de los programas
asistenciales de apoyo a las familias para que la falta de recursos no sea causa de
separación de las personas adultas mayores y
VIII. Las demás que le confieran otros
ordenamientos jurídicos.
Artículo 23. Corresponde a la Secretaría
de Turismo:
I. Impulsar la participación de las
personas adultas mayores en actividades de atención al turismo, particularmente las que
se refieren al rescate y transmisión de la cultura y de la historia;
II. Promover actividades de recreación
turística con tarifas preferentes, diseñadas para personas adultas mayores;
III. En coordinación con la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Educación Pública, el establecimiento
de convenios con las empresas del ramo para ofrecer tarifas especiales y/o gratuitas en
los centros públicos o privados de entretenimiento, recreación, cultura y deporte,
hospedajes en hoteles y centros turísticos.
TITULO QUINTO
Del Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores
CAPITULO I
De su naturaleza, objeto y atribuciones
Artículo 24. Se crea el Instituto Nacional
de las Personas Adultas Mayores como un organismo público descentralizado de la
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y
autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y
fines.
Artículo 25. Este organismo público es
rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, teniendo por
objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones
públicas, estrategias y programas que se deriven de ella, de conformidad con los
principios, objetivos y disposiciones contenidas en la presente ley.
El instituto procurará el desarrollo
humano integral de las personas adultas mayores, entendiéndose por éste, el proceso
tendiente a brindar a este sector de la población, empleo u ocupación, retribuciones
justas, asistencia y a las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y
alta calidad de vida, orientado a reducir las desigualdades extremas y las inequidades de
género, que aseguren sus necesidades básicas y desarrollen su capacidad e iniciativas en
un entorno social incluyente.
Artículo 26. El instituto tendrá su
domicilio legal en la Ciudad de México, Distrito Federal y ejercerá sus funciones en
todo el territorio nacional.
Artículo 27. En el ejercicio de sus
atribuciones, el instituto deberá atender a los siguientes criterios:
I. Transversalidad en las políticas
públicas a cargo de las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas;
II. Federalismo, por lo que hace al
desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las
dependencias responsables de la aplicación de las disposiciones jurídicas que regulen la
materia en las entidades federativas y los municipios y
III. Coadyuvar en el fortalecimiento de
vínculos con los poderes Legislativo y Judicial en los ámbitos federal y estatal, con el
fin de cumplir con los objetivos de esta ley.
Artículo 28. Para el cumplimiento de su
objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Impulsar las acciones de Estado y la
sociedad, para promover el desarrollo humano integral de los adultos mayores, coadyuvando
para que sus distintas capacidades sean valoradas y aprovechadas en el desarrollo
comunitario, económico, social y nacional;
II. Proteger, asesorar, atender y orientar
a las personas adultas mayores y presentar denuncias ante la autoridad competente;
III. Ser el organismo de consulta y
asesoría obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal y en su caso, voluntaria para las instituciones de los sectores social y privado,
que realicen acciones o programas relacionados con los adultos mayores;
IV. Coadyuvar en la prestación de
servicios de asesoría y orientación jurídica con las instituciones correspondientes;
V. Establecer principios, criterios,
indicadores y normas para el análisis y evaluación de las políticas dirigidas a las
personas adultas mayores, así como para jerarquizar y orientar sobre las prioridades,
objetivos y metas en la materia, a efecto de atenderlas mediante los programas impulsados
por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por los estados y
municipios y por los sectores privado y social, de conformidad con sus respectivas
atribuciones y ámbitos de competencia;
VI. Convocar a las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, estatales y municipales a las organizaciones
civiles dedicadas a la atención de los adultos mayores, así como a las instituciones de
educación, investigación superior, académicos, especialistas y cualquier persona
interesada en la vejez, a efecto de que formulen propuestas y opiniones respecto de las
políticas, programas y acciones de atención para ser consideradas en la formulación de
la política social del país en la materia y en el programa del trabajo del instituto;
2988,2989,2990
VII. Diseñar, establecer, verificar y
evaluar directrices, estrategias, programas, proyectos y acciones en beneficio de las
personas adultas mayores;
VIII. Proponer criterios y formulaciones
para la asignación de fondos de aportaciones federales para el cumplimiento de la
política sobre las personas adultas mayores;
IX. Elaborar y difundir campañas de
comunicación para contribuir al fortalecimiento de los valores referidos a la solidaridad
intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez; revalorizar los aportes de los adultos
mayores en los ámbitos social, económico, laboral y familiar, así como promover la
protección de los derechos de los adultos mayores y el reconocimiento a su experiencia y
capacidades;
X. Fomentar las investigaciones y
publicaciones gerontológicas;
XI. Promover en coordinación con las
autoridades competentes y en los términos de la legislación aplicable, que la
prestación de los servicios y atención que se brinde a los adultos mayores, en las
instituciones, casas-hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de
atención, se realice con calidad y cumplan con sus programas, objetivos y metas para su
desarrollo humano integral;
XII. Brindar asesoría y orientación en la
realización de sus programas y la capacitación que requiere el personal de las
instituciones, casas-hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro que
brinden servicios y atención a los adultos mayores;
XIII. Realizar visitas de inspección y
vigilancia a instituciones públicas y privadas, casas-hogar, albergues, residencias de
día o cualquier otro centro de atención a los adultos mayores, para verificar las
condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y
condiciones de la calidad de vida;
XIV. Hacer del conocimiento de las
autoridades competentes, de las anomalías que se detecten durante las visitas realizadas
a los lugares que se mencionan en la fracción anterior; podrá también hacer del
conocimiento público dichas anomalías;
XV. Establecer principios, criterios y
normas para la elaboración de la información y la estadística, así como metodologías
y formulaciones relativas a la investigación y el estudio de la problemática de los
adultos mayores;
XVI. Analizar, organizar, actualizar,
evaluar y difundir la información sobre los adultos mayores, relativa a los
diagnósticos, programas, instrumentos, mecanismos y presupuestos, que estarán para su
consulta y que se coordinarán con el INEGI y el Conapo;
XVII. Elaborar y mantener actualizado el
diagnóstico, así como promover estudios e investigaciones especializadas sobre la
problemática de los adultos mayores, para su publicación y difusión;
XVIII. Celebrar convenios con los gremios
de comerciantes, industriales o prestadores de servicios profesionales independientes,
para obtener descuentos en los precios de los bienes y servicios que presten a la
comunidad a favor de las personas adultos mayores;
XIX. Expedir credenciales de afiliación a
las personas adultas mayores con el fin de que gocen de beneficios que resulten de las
disposiciones de la presente ley y de otros ordenamientos jurídicos aplicables;
XX. Promover la inclusión de
consideraciones, criterios y previsiones sobre las demandas y necesidades de la población
de adultos mayores en los planes y programas de desarrollo económico y social de los tres
órdenes de gobierno;
XXI. Establecer convenios de coordinación
con los gobiernos estatales, con la participación de sus municipios, para proporcionar
asesoría y orientación para el diseño, establecimiento y evaluación de modelos de
atención, así como de las políticas públicas a implementar;
XXII. Celebrar convenios, acuerdos y todo
tipo de actos jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto;
XXIII. Promover la coordinación de
acciones y programas que realicen otras dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, de los gobiernos estatales y municipales y del Distrito Federal, que
tengan como destinatarios a los adultos mayores, buscando con ello optimizar la
utilización de los recursos materiales y humanos y evitar la duplicidad de acciones;
XXIV. Establecer reuniones con
instituciones afines, nacionales e internacionales, para intercambiar experiencias que
permitan orientar las acciones y programas en busca de nuevas alternativas de atención;
XXV. Promover y difundir las acciones y
programas de atención integral a favor de los adultos mayores, así como los resultados
de las investigaciones sobre la vejez y su participación social, política y económica;
XXVI. Promover la participación de los
adultos mayores en todas las áreas de la vida pública, a fin de que sean copartícipes y
protagonistas de su propio cambio;
XXVII. Promover, fomentar y difundir en las
actuales y nuevas generaciones, una cultura de protección, comprensión, cariño y
respeto a los adultos mayores en un clima de interrelación generacional, a través de los
medios masivos de comunicación;
XXVIII. Elaborar y proponer al titular del
Poder Ejecutivo Federal los proyectos legislativos en materia de adultos mayores, que
contribuyan a su desarrollo humano integral y
XXIX. Expedir su estatuto orgánico.
CAPITULO II
De su gobierno, administración y vigilancia
Artículo 29. Para el estudio, planeación
y despacho de los asuntos que le competen, el instituto contará con un consejo directivo
y una dirección general y las estructuras administrativas que establezca el estatuto
orgánico.
Artículo 30. El consejo directivo es el
órgano de gobierno del instituto y responsable de la planeación y el diseño específico
de las políticas públicas anuales que permitan la ejecución transversal a favor de las
personas adultas mayores. Estará integrado por los titulares de las siguientes
dependencias:
a. Secretaría de Desarrollo Social, quien
fungirá como presidente;
b. Secretaría de Gobernación;
c. Secretaría de Hacienda y Crédito
Público;
d. Secretaría de Educación Pública;
e. Secretaría de Salud;
f. Secretaría del Trabajo y Previsión
Social;
g. Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia;
h. Instituto Mexicano del Seguro Social;
i. Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.
Los representantes propietarios designarán
a sus suplentes, quienes deberán tener un nivel mínimo de director general.
Artículo 31. Se invitará como miembros
del órgano de gobierno hasta cinco representantes de los sectores social o privado que
sean adultos mayores y que por su experiencia en la materia, puedan contribuir con el
objeto del instituto. Dichos representantes tendrán derecho a voz y voto. La convocatoria
será formulada por el director general del instituto.
Se podrá invitar también, con la
aprobación de la mayoría de sus asistentes, a los representantes de otras dependencias e
instituciones públicas federales, estatales o municipales, los que tendrán derecho a voz
y no a voto en la sesión o sesiones correspondientes.
Artículo 32. El consejo directivo se
reunirá con la periodicidad que señale el estatuto orgánico, sin que pueda ser menos de
cuatro veces al año, de acuerdo con el calendario que será aprobado en la primera
sesión ordinaria de su ejercicio, pudiendo celebrar las reuniones extraordinarias que se
requieran.
Artículo 33. Para la celebración de las
reuniones, la convocatoria deberá ir acompañada del orden del día y de la
documentación correspondiente, los cuales deberán ser enviados por el director general
del instituto o secretario técnico, en su caso y recibidos por los miembros del consejo
directivo y comisario público, con una anticipación no menor de cinco días hábiles.
Para la validez de las reuniones del
consejo directivo se requerirá de la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus
miembros, siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la
Administración Pública Federal. En caso de que la reunión convocada no pudiera llevarse
a cabo por falta de quorum, deberá celebrarse ésta, en segunda convocatoria,
entre los cinco y 15 días hábiles siguientes.
Artículo 34. Las resoluciones o acuerdos
del consejo directivo se tomarán por mayoría de los miembros presentes, teniendo el
presidente del consejo voto de calidad en caso de empate.
El director general del instituto asistirá
a las sesiones del consejo directivo con voz, pero sin voto.
Artículo 35. El consejo directivo tendrá
además de las atribuciones a que se refiere el artículo 58 de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, las siguientes:
I. Tomar las decisiones que considere
necesarias para el buen despacho de los asuntos y las demás que con carácter indelegable
establezca la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
II. Autorizar la creación de los comités
de apoyo que se requieran para cumplir con el objeto del instituto.
III. Verificar el ejercicio de los
presupuestos.
Artículo 36. El Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores tendrá un director general y los servidores públicos
administrativos, operativos y técnicos que requiera para el cumplimiento de su objeto.
El director general será nombrado por el
Presidente de la República y deberá cumplir con los requisitos señalados en el
artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
El director general tendrá la
representación legal del organismo, con todas las facultades de un apoderado general, sin
más limitaciones que las establecidas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y
estará facultado para otorgar y revocar poderes generales y especiales en términos de la
legislación aplicable.
Artículo 37. El director general tendrá
las atribuciones a que se refieren los artículos 22 y 59 de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales.
CAPITULO III
Del consejo ciudadano de adultos mayores
Artículo 38. El instituto contará con un
consejo ciudadano de adultos mayores, que tendrá por objeto conocer el seguimiento dado a
los programas, opinar sobre los mismos, recabar las propuestas de la ciudadanía con
relación a las personas adultas mayores y presentarlas al consejo directivo.
Este consejo se integrará con 10 adultos
mayores de sobresaliente trayectoria en el área en que se desempeñe, de manera
equitativa en cuanto a género, los cuales serán seleccionados por el consejo directivo a
convocatoria formulada a las instituciones públicas o privadas.
El cargo de consejero será de carácter
honorario. Los requisitos, atribuciones y funcionamiento del consejo se establecerán en
las disposiciones orgánicas del instituto.
CAPITULO IV
Del patrimonio del instituto
Artículo 39. El patrimonio del instituto
se integrará con:
I. Los bienes muebles e inmuebles que
adquiera por cualquier título;
II. Los recursos que le sean asignados de
acuerdo al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social conforme al Presupuesto de
Egresos de la Federación;
III. Las aportaciones voluntarias,
donaciones, herencias o legados que reciba de personas físicas o morales, nacionales o
extranjeras;
IV. Los ingresos que obtenga por las
actividades que realice, conforme a las disposiciones legales aplicables;
V. Las aportaciones de los gobiernos de las
entidades federativas y ayuntamientos, así como del Distrito Federal, por la prestación
de los servicios a su cargo y
VI. Los demás bienes, recursos y derechos
que adquiera por cualquier título, de conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables.
CAPITULO V
De la contraloría interna
Artículo 40. El Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores contará con una contraloría interna, órgano interno de
control, al frente del cual su titular designado en los términos del artículo 37
fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio
de sus facultades, se auxiliará por los titulares de las áreas de responsabilidades,
auditoría y quejas, designados en los mismos términos.
2991,2992,2993
Los servidores públicos a que se refiere
el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercen las
facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley
Federal de Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos y en los demás ordenamientos legales y administrativos
aplicables, conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la Secretaría de
Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Las ausencias del contralor interno, así
como las de los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas, serán
suplidas conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la Secretaría de
Contraloría y Desarrollo Administrativo.
El instituto proporcionará al titular del
órgano interno de control, los recursos humanos y materiales que requiera para la
atención de los asuntos a su cargo. Asimismo, los servidores públicos del instituto
estarán obligados a proporcionar el auxilio que requiera el titular de dicho órgano para
el desempeño de sus funciones.
CAPITULO VI
Régimen laboral
Artículo 41. Las relaciones de trabajo
entre el instituto y sus trabajadores, se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 42. El personal del instituto
queda incorporado al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado.
TITULO SEXTO
De las responsabilidades y sanciones
CAPITULO I
De la denuncia popular
Artículo 43. La denuncia que se refiere la
fracción VIII del artículo 5o. de este ordenamiento, podrá ejercitarse por cualquier
persona, bastando que se presente por escrito y contenga:
I. El nombre o razón social, domicilio,
teléfono si lo tiene, del denunciante y en su caso, de su representante legal;
II. Los actos, hechos u omisiones
denunciados;
III. Los datos que permitan identificar a
la presunta autoridad infractora y
IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el
denunciante.
Artículo 44. La queja que será presentada
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si se tramita en contra de una autoridad
federal o ante las comisiones estatales de derechos humanos en el caso de autoridades del
orden estatal o municipal.
Artículo 45. Las formalidades del
procedimiento se regirán de acuerdo con lo que establece la ley y el reglamento del
organismo de protección de los derechos humanos que conozca del asunto.
Artículo 46. Los procedimientos se
regirán conforme a los principios de inmediatez, concentración y rapidez y se
procurará, en la medida de lo posible, el contacto directo con quejosos, denunciantes y
autoridades para evitar la dilación de las comunicaciones escritas.
Artículo 47. Si la queja o denuncia
presentada fuera competencia de otra autoridad, la autoridad ante la cual se presente
acusará de recibo al denunciante, pero no admitirá la instancia y la turnará a la
autoridad competente para su trámite y resolución, notificándole de tal hecho al
denunciante, mediante acuerdo fundado y motivado.
CAPITULO II
De las responsabilidades y sanciones
Artículo 48. Las instituciones públicas y
privadas, casas-hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención
a los adultos mayores, deberán ajustar su funcionamiento a lo dispuesto por las normas
oficiales mexicanas, normas mexicanas, normas técnicas y los reglamentos que se expidan
para ese efecto.
Artículo 49. El incumplimiento a la
disposición contenida en el artículo anterior será sancionado administrativamente por
la Secretaría de Salud y por el instituto, conforme a sus atribuciones, de conformidad
con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y por las autoridades locales, según
lo previsto en las leyes estatales correspondientes.
Artículo 50. Cualquier persona que tenga
conocimiento de maltrato o violencia contra las personas adultas mayores, deberá
denunciarlo ante las autoridades competentes.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Esta ley entrará en vigor a los
30 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El patrimonio y los bienes del
actual Instituto Nacional de Adultos en Plenitud, pasarán a formar parte del patrimonio
del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Asimismo, sus trabajadores
seguirán siéndolo de este último, sin afectación alguna de sus derechos laborales.
Tercero. Se abroga el decreto del Ejecutivo
Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de agosto de
1979, por el que se crea el Instituto Nacional de la Senectud.
Cuarto. Se abroga el decreto del Ejecutivo
Federal de fecha 17 de enero de 2002 por el que se regula el organismo descentralizado
Instituto Nacional de Adultos en Plenitud.
Quinto. La expedición del estatuto
orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se dará dentro de los
120 días posteriores a la entrada en vigor de la presente ley.
Sexto. Cualquier referencia al Instituto
Nacional de Adultos en Plenitud o al Instituto Nacional de la Senectud, en otras
disposiciones jurídicas, se entenderá hecha al Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores
México, D.F., a 25 de abril de 2002.—
Senadores: Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente; Yolanda González
Hernández, secretaria.
Se remite a la Cámara de Diputados para
los efectos constitucionales.— Arturo Garita, secretario general de Servicios
Parlamentarios.»
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables.
NEZAHUALCOYOTL
La Presidenta:
Pasamos al capítulo de iniciativas de
diputados.
Tiene la palabra el diputado Enrique
Martínez Orta.
El diputado Enrique Martínez Orta Flores:
Con la venia de la Presidencia; compañeras
y compañeros legisladores:
«Los suscritos, diputados integrantes del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y diputado de Convergencia
por la Democracia por el Estado de México a la LVIII Legislatura del honorable Congreso
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II; 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 62 y demás relativos del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de
decreto para que se inscriba con letras de oro, en el muro de honor del salón de sesiones
del Palacio Legislativo, el nombre de Nezahualcóyotl, con base en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Nezahualcóyotl fue un guerrero victorioso,
estadista, legislador, urbanista, educador e impulsor de la alta cultura. Mexicano ilustre
de la época prehispánica, quien naciera un 28 de abril de 1402 en la ciudad de Texcoco
como príncipe heredero del señorío de Acolhuacan, teniendo como nombre de origen
Acolmiztli, habitualmente traducido como fuerza o brazo de león, hijo del sexto señor de
los chichimecas, Ixtlixóchitl, y de la princesa Matlatzíhuatl.
Debido a su alto rango, desde su niñez
recibió esmerada educación, primero en el palacio de su padre y después en el Calmecac
de su ciudad natal, en donde aprendió ritos ceremoniales, culto a los dioses de sus
antepasados, la lectura e interpretación de los códices, la cosmovisión del mundo
náhuatl, antecedente sobre la tradición del arte y sabiduría de la cultura tolteca.
Practicó el ayuno, la penitencia y la
meditación. Asimiló un gran refinamiento y una profunda espiritualidad que más tarde
habrían de plasmarse en su poesía. Desde muy joven se convirtió en un hombre sabio.
En septiembre de 1419, Tezozómoc, señor
de Atzcapotzalco, conquistó el reino de Acolhuacan, sus guerreros asesinaron al padre de
Nezahualcóyotl quien, de manera oculta, vio cómo lo mataron. Juró tomar venganza y
recobrar el trono que por derecho le pertenecía, motivo por el cual comenzó a realizar
alianzas.
A principios de 1427 falleció Tezozómoc,
después de reinar durante 60 años, y a sus funerales se presentó Nezahualcóyotl, a
quien pretendieron darle muerte sin que pudieran lograrlo. Posteriormente, Maxtla, hijo de
Tezozómoc, se apoderó del trono.
Cuentan los historiadores diferentes
hazañas en las que Nezahualcóyotl evadió la muerte. La gran habilidad diplomática le
permitió atraerse los favores de otras ciudades descontentas con la tiranía de Maxtla y
la forma en que organizó un frente común, cuyo peso principal recayó en los
tlaxcaltecas y los huejotzincas.
Conformó un formidable ejército aliado de
más de 100 mil hombres, con el que logró la conquista de Otumba, Acolman y Texcoco. No
obstante el sitio de México y Tlaltelolco por los tepanecas, liberó ambas ciudades. En
cruenta batalla destruyó Atzcapotzalco después de un sitio de 114 días.
Maxtla murió en manos de Nezahualcóyotl,
quien dispuesto a inaugurar una época de esplendor en el valle de México, consiguió
sellar un pacto con Izcóatl de Tenochtitlan, y Totoquillahuatzin, señor de Tacuba. Así
se consolidó la célebre triple alianza que habría de perdurar durante 90 años, hasta
la caída del triple imperio en manos de los conquistadores españoles.
Nezahualcóyotl eligió Chapultepec para
vivir y lo convirtió en un bosque hermoso. Diseñó un acueducto que resolvió el
problema de escasez de agua que privaba en Tenochtitlan, como recompensa a la hospitalidad
y al afecto que la Ciudad de México le había brindado y, posteriormente, a la edad de 29
años, convertido para siempre en héroe, regresó a Texcoco, en donde inició su glorioso
reinado.
Lo primero que hizo fue restablecer los
señoríos que anteriormente existían y que habían desaparecido bajo la tiranía de los
tepanecas y restituir en la mayoría de ellos a sus antiguos gobernantes. Demostrando que
no intentaba ejercer una monarquía absolutista, sino una federación de territorios
unidos y hermanados bajo un mando mayor común.
Para evitar la posibilidad de nuevas
rebeliones, entre las 80 leyes que dictó estableció la pena de muerte a todo gobernante,
hombre noble o plebeyo, que intentara traicionar la ley. Lo cual habría de ocasionarle
una de sus mayores amarguras, cuando a su hijo predilecto y su primer presunto heredero se
la aplicó inexorablemente esta ley.
Diseñó un sistema jurídico que
prevaleció durante el Siglo XV y las primeras décadas del Siglo XVI, hasta la llegada de
los conquistadores españoles. Con lo que se demostró la autoridad moral tan grande que
ejerció en vida.
Para la administración de justicia
conformó una organización muy avanzada, con juzgados de primera instancia y tribunales
de apelación, aplicando un criterio muy riguroso para seleccionar entre los ciudadanos
más preparados y honorables a los jueces, quienes debían reunirse cada 80 días con el
rey para solucionar, en forma conjunta, los casos que ofrecían mayor dificultad.
Creó un esquema de propiedad y tenencia de
la tierra en el que se contemplaban las de propiedad común de cada calpulli o
barrio. Tierras comunales de propiedad privada llamada pilalli y las tierras de
propiedad pública.
Realizó grandes obras materiales, tanto de
ornato como de servicios públicos, que beneficiaban a toda la comunidad, que convirtieron
a Texcoco en la ciudad más hermosa y funcional del Valle de Anáhuac, por lo que sus
pobladores consideraron a su rey como el ingeniero y el arquitecto más notable de su
tiempo. Entre las obras de servicio público dio prioridad a la introducción de agua
dulce para la ciudad de Texcoco, construyendo acequias o acueductos de amplias
dimensiones. Diseñó hermosos jardines, entre ellos el primer jardín botánico del nuevo
mundo.
Igualmente se ocupó en alto grado de la
ecología, particularmente en la conservación de los bosques. De igual manera creó el
primer parque zoológico que se conoció en esta parte del mundo y un enorme dique de
varios kilómetros de largo que separaba las aguas dulces de las saladas y que evitó las
inundaciones que con frecuencia se daban en Tenochtitlan.
En este muro de honor se encuentran
inscritos en letras de oro los nombres y las frases de aquellos que nos dieron patria y
que fueron próceres de nuestra vida independiente, pero también están los nombres de
Cuauhtémoc y sor Juana Inés de la Cruz, quienes vivieron antes de que nuestra nación
adoptara su perfil republicano. Uno, de la época de la Conquista y otro de la Colonia.
Pero no aparece el nombre de ninguno de aquellos grandes hombres que en la época
prehispánica dieron identidad a nuestra mexicaneidad.
2994,2995,2996
Sin duda Nezahualcóyotl, conocido como el
"rey poeta", es uno de los pocos personajes prehispánicos de quien quedan
algunos testimonios. Seguramente por la multiplicidad de sus facetas, los episodios
peculiares de su vida y la importancia de sus obras. La trascendencia de su figura resalta
sobre todo en sus cantos y poemas conservados, a pesar del tiempo, en los cuales expresa
la profunda espiritualidad del mundo náhuatl.
A Nezahualcóyotl, Manuel Orozco y Barrera
lo llamó en su obra Historia Antigua y de la Conquista de México la figura más
grande y amorosa de nuestra historia antigua y su biografía es la primera que aparece en
la serie de hombres ilustres mexicanos que publicó José María Vigil, basándose en
Torquemada y Alba Ixtlixóchitl. Obra en donde Vigil decidió acertadamente que el gran
rey de Texcoco, que durante su vida llenó el mundo de Anáhuac con su fama encabezara
esta galería de los hombres más relevantes que han nacido en suelo mexicano.
Los sucesos extraordinarios de que estuvo
rodeada la existencia de Nezahualcóyotl, su gran perspicacia como político, su valor
indomable como guerrero, sus altas miras como legislador, sus opiniones trascendentales
como filósofo y su inspiración verdaderamente sublime como poeta, presentan al emperador
chichimeca en un lugar prominente.
Y si no tuviéramos el testimonio unánime
de los historiadores, fundados en documentos irreprochables, lugar habría a dudar de las
narraciones casi maravillosas que nos han llegado. Miguel León Portilla dice: pensar en
Nezahualcóyotl significa reafirmar el valor de la cultura espiritual prehispánica.
Por lo antes expuesto y fundado y toda vez
que el día de ayer, 28 de abril, se cumplieron seis siglos del natalicio de
Nezahualcóyotl, consideramos que es necesario celebrar y reconocer la vida y obra de
quien nos legó el más elevado ejemplo de valor y sabiduría que el México prehispánico
ofrece a las generaciones actuales y futuras, motivo por el cual venimos ante esta
soberanía a solicitar se inscriba en letras de oro en el muro de honor de este salón de
sesiones del Palacio Legislativo, su nombre, como un reconocido homenaje al "rey
poeta", por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la
siguiente
INICIATIVA COMO PROYECTO
DE DECRETO
Artículo único.
Inscríbase en letras de oro en el muro de honor del salón de sesiones del Palacio
Legislativo, el nombre de Nezahualcóyotl.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Facúltese a la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para determinar la fecha y hora de
la ceremonia alusiva.
Segundo. El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Suscriben la presente iniciativa de
decreto, los siguientes diputados: Hermilo Monroy Pérez, Gustavo Alonso Donis García,
Juan Manuel Martínez Nava, Ismael Estrada Colín, Beatriz Cervantes Mandujano, José
Jaimes García, María Teodora Elba Arrieta Pérez, Salvador Castañeda Salcedo, José
Gerardo de la Riva Pinal, Jaime Vázquez Castillo, Laura Pavón Jaramillo, Reyes Antonio
Silva Beltrán, Esther López Cruz, Maricruz Cruz Morales, Roberto Ruiz Angeles, José
Elías Romero Apis, Rodolfo Gerardo González Guzmán y José Manuel del Río Virgen.»
Es cuanto, señora Presidenta.
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Los suscritos, diputados integrantes del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el Estado de México a la
LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 71 fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable
Asamblea la siguiente iniciativa de decreto para que se inscriba con letras de oro, en el
muro de honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo, el nombre de
Nezahualcóyotl, con base en la siguiente
2994,2995,2996
EXPOSICION DE MOTIVOS
Nezahualcóyotl fue un guerrero victorioso,
estadista, legislador, urbanista, educador e impulsador de la alta cultura, mexicano
ilustre de la época prehispánica, quien naciera un 28 de abril de 1402, en la ciudad de
Texcoco, como príncipe heredero del señorío de Acolhuacán, teniendo como nombre de
origen Acolmiztli, habitualmente traducido como "fuerza o brazo de león", hijo
del sexto señor de los chichimecas, Ixtlilxóchitl y de la princesa Matlatzíhuatl.
Debido a su alto rango desde su niñez,
recibió esmerada educación, primero en el palacio de su padre y después en el Calmecac
de su ciudad natal, en donde aprendió ritos ceremoniales; culto a los dioses de sus
antepasados; la lectura e interpretación de los códices; la cosmovisión del mundo
náhuatl; antecedentes sobre la tradición del arte y sabiduría de la cultura tolteca;
practicó el ayuno, la penitencia y la meditación; asimiló un gran refinamiento y una
profunda espiritualidad, que más tarde habrían de plasmarse en su poesía. Desde muy
joven se convirtió en un hombre sabio.
En septiembre de 1418, Tezozómoc, señor
de Atzcapotzalco, conquistó el reino de Acolhuacan, sus guerreros asesinaron al padre de
Nezahualcóyotl, quien de manera oculta vio cómo lo mataron, juró tomar venganza y
recobrar el trono que por derecho le pertenecía, motivo por el cual comenzó a realizar
alianzas. A principios de 1427 falleció Tezozómoc después de reinar durante 60 años y
a sus funerales se presentó Nezahualcóyotl, a quien pretendieron darle muerte, sin que
pudieran lograrlo. Posteriormente Maxtla, hijo de Tezozómoc, se apoderó del trono.
Cuentan los historiadores, diferentes
hazañas en las que Nezahualcóyotl evadió la muerte; la gran habilidad diplomática, le
permitió atraerse los favores de otras ciudades descontentas con la tiranía de Maxtla y
la forma en que organizó un frente común cuyo peso principal recayó en los tlaxcaltecas
y los huejotzincas. Conformó un formidable ejército aliado de más de 100 mil hombres,
con el que logró la conquista de Otumba, Acolman y Texcoco, no obstante el sitio de
México y Tlaltelolco por los tepanecas, liberó ambas ciudades. En cruenta batalla
destruyó Atzcapotzalco después de un sitio de 114 días. Maxtla murió en manos de
Nezahualcóyotl, quien, dispuesto a inaugurar una época de esplendor en el valle de
México, consiguió sellar un pacto con Itzcóatl de Tenochtitlan y Totoquiyauhtzin,
señor de Tacuba. Así se consolidó la célebre triple Alianza, que habría de perdurar
durante 90 años, hasta la caída del triple imperio en manos de los conquistadores
españoles.
Nezahualcóyotl eligió Chapultepec para
vivir y lo convirtió en un bosque hermoso, diseñó un acueducto que resolvió el
problema de escasez de agua, que privaba en Tenochtitlan, como recompensa a la
hospitalidad y al afecto que la Ciudad de México le había brindado y posteriormente a la
edad de 29 años, convertido para siempre en héroe regresó a Texcoco, en donde inició
su glorioso reinado.
Lo primero que hizo, fue restablecer los
señoríos que anteriormente existían y que habían desaparecido bajo la tiranía de los
tepanecas y restituir en la mayoría de ellos a sus antiguos gobernantes, demostrando que
no intentaba ejercer una monarquía absolutista, sino una federación de territorios
unidos y hermanados bajo un mando mayor común. Para evitar la posibilidad de nuevas
rebeliones, entre las 80 leyes que dictó, estableció la pena de muerte a todo
gobernante, hombre noble o plebeyo que intentara traicionar al rey, lo cual habría de
ocasionarle una de sus mayores amarguras, cuando a su hijo predilecto y su primer presunto
heredero se le aplicó inexoradamente esta ley.
Diseñó un sistema jurídico, que
prevaleció durante el Siglo XV y las primeras décadas del Siglo XVI, hasta la llegada de
los conquistadores españoles, con lo que se demostró la autoridad moral tan grande que
ejerció en vida. Para la administración de justicia conformó una organización muy
avanzada, con juzgados de primera instancia y tribunales de apelación, aplicando un
criterio muy riguroso para seleccionar entre los ciudadanos más preparados y honorables,
a los jueces, quienes debían reunirse cada 80 días con el rey para solucionar en forma
conjunta los casos que ofrecían mayor dificultad. Es importante señalar que ningún
juicio podría demorar más de 80 días en trámite.
Creó un esquema de propiedad y tenencia de
la tierra en el que se contemplaban: las de propiedad común de cada calpulli o
barrio; tierras comunales; de propiedad privada llamadas pilalli y las tierras de
propiedad pública. Realizó grandes obras materiales tanto de ornato, como de servicios
públicos que beneficiaban a toda la comunidad, que convirtieron a Texcoco en la ciudad
más hermosa y funcional de todo el valle de Anáhuac, por lo que sus pobladores
consideraron a su rey, como el ingeniero y arquitecto más notable de su tiempo.
Entre las obras de servicio público, dio
prioridad a la introducción de agua dulce para la ciudad de Texcoco, construyendo
acequias o acueductos de amplias dimensiones, diseñó hermosos jardines, entre ellos, el
primer jardín botánico del nuevo mundo. Igualmente se ocupó en alto grado de la
ecología particularmente en la conservación de los bosques; de igual manera creó el
primer parque zoológico que se conoció en esta parte del mundo y un enorme dique de
varios kilómetros de largo que separaba las aguas dulces de las saladas y que evitó las
inundaciones que con frecuencia se daban en Tenochtitlan. Vida asombrosa en verdad la
suya, el más elevado ejemplo de valor y sabiduría que el México prehispánico ofrece a
las generaciones actuales y futuras.
En este muro de honor, se encuentran
inscritos en letras de oro los nombres y las frases de aquellos que nos dieron patria y
que fueron próceres de nuestra vida independiente, pero también están los nombres de
Cuauhtémoc y sor Juana Inés de la Cruz, quienes vivieron antes de que nuestra nación
adoptara su perfil republicano, uno de la época de la conquista y otra de la colonia,
pero no aparece el nombre de ninguno de aquellos grandes hombres que en la época
prehispánica dieron identidad a nuestra mexicaneidad.
Sin duda Nezahualcóyotl, conocido como
"el rey poeta", es uno de los pocos personajes prehispánicos de quien quedan
algunos testimonios, seguramente por la multiplicidad de sus facetas, los episodios
peculiares de su vida y la importancia de sus obras. La trascendencia de su figura resalta
sobre todo en sus cantos y poemas conservados, a pesar del tiempo, en los cuales expresa
la profunda espiritualidad del mundo náhuatl.
A Nezahualcóyotl, Manuel Orozco y Barrera,
lo llamó en su obra "Historia Antigua" y de la Conquista de México
"la figura más grande y amorosa de nuestra historia antigua" y su biografía es
la primera que aparece en la serie de Hombres Ilustres Mexicanos, que publicó José
María Vigil, basándose en Torquemada y Alva Ixtlixóchitl, obra en donde Vigil decidió
acertadamente que el gran rey de Texcoco, que durante su vida "llenó el mundo de
Anáhuac con su fama", encabezará esta galería de los hombres más relevantes que
han nacido en suelo mexicano.
Los sucesos extraordinarios de que estuvo
rodeada la existencia de Nezahualcóyotl, su gran perspicacia como político, su valor
indomable como guerrero, sus altas miras como legislador, sus opiniones trascendentales
como filósofo y su inspiración verdaderamente sublime como poeta, presentan al emperador
chichimeca en un lugar prominente ... y si no tuviéramos el testimonio unánime de los
historiadores, fundados en documentos irreprochables, lugar habría a dudar de las
narraciones casi maravillosas que nos han llegado. Miguel León Portilla dice:
"pensar en Nezahualcóyotl significa reafirmar el valor de la cultura espiritual
prehispánica".
Por lo antes expuesto y fundado y toda vez
que, el día de ayer, 28 de abril, se cumplieron seis siglos del natalicio de
Nezahualcóyotl, consideramos que es necesario celebrar y reconocer la vida y obra de
quien nos legó el más elevado ejemplo de valor y sabiduría, que el México
prehispánico ofrece a las generaciones actuales y futuras, motivo por el cual venimos,
ante esta soberanía a solicitar, se inscriba en letras de oro, en el muro de honor de
este salón de sesiones del Palacio Legislativo, su nombre, como un reconocido homenaje al
"rey poeta", por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta
soberanía, la siguiente
INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Inscríbase en letras de
oro, en el muro de honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo, el nombre de
Nezahualcóyotl.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Facúltese a la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para determinar la fecha y hora de la ceremonia
alusiva.
Segundo. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 29 de abril de
2002.— Diputados: Enrique Martínez Orta Flores, Hermilo Monroy Pérez, Gustavo
Alonso Donis García, Juan Manuel Martínez Nava, Ismael Estrada Colín, Beatriz Cervantes
Mandujano, José Jaimes García, María Teodora Elba Arrieta Pérez, Salvador Castañeda
Salcedo, José Gerardo de la Riva Pinal, Jaime Vázquez Castillo, Laura Pavón Jaramillo,
Reyes Antonio Silva Beltrán, Esther López Cruz, Maricruz Cruz Morales, Roberto Ruiz
Angeles, José Elías Romero Apis, Rodolfo Gerardo González Guzmán y José Manuel
del Río Virgen.»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
2997,2998,2999
Antes de dar turno, le rogaría admitiera
se incluya mi firma en la propuesta de iniciativa.
El diputado Enrique Martínez Orta Flores:
Así será, señora Presidenta.
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias.
LEY
GENERAL DE EDUCACION
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la
presentación de una iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley
General de Educación.
Tiene la palabra el diputado Oscar Ochoa
Patrón, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Oscar Ochoa Patrón:
«Iniciativa de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
Ciudadana Presidenta y secretarios de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; señoras diputadas; señores diputados; amigos
todos:
Con el propósito de agilizar la
presentación de esta iniciativa, solicito a la mesa se sirva insertar el texto íntegro
de la misma en los medios de publicación oficiales de esta Cámara, toda vez que
procuraré referirme únicamente a los aspectos más importantes.
El suscrito, diputado Oscar Ochoa Patrón y
diputados federales del Partido Acción Nacional, pertenecientes a la LVIII Legislatura de
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en las
normas vigentes, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación,
bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
En nuestro país la situación actual de la
administración pública y la demanda de una sociedad cada vez más participativa,
muestran la necesidad de contar con mejores sistemas de organización gubernamental que
brinden resultados de máxima eficiencia en la presentación de los servicios y la
atención al público
Uno de los avances más importantes en los
gobiernos de los últimos tiempos, en naciones vanguardistas, en la administración de
personal, es el de contar con un Servicio Civil de Carrera definido por la Organización
de las Naciones Unidas como el cuerpo apolítico, permanente, de funcionarios que forman
la espina dorsal de una administración dada.
Señalan los especialistas que la principal
utilidad de este sistema radica en permitir la cohesión interna del Estado suficiente
para garantizar el progreso y para que el grupo que ascienda al poder ubique en los
puestos públicos a quienes cumplen con las calificaciones suficientes para ocuparlo,
propiciando en los trabajadores la realización de una auténtica carrera como servidores
públicos.
Es por eso que en el tema de Servicio Civil
de Carrera se presenta como uno de los factores torales de la Reforma del Estado y es tan
urgente como inaplazable tomar decisiones respecto de las implicaciones que tienen para
los gobiernos la experiencia, la aportación, profesionalización, estabilidad y
permanencia de los servidores públicos.
Entre estas experiencias sobresale la
carrera administrativa del Servicio Exterior Mexicano como una de las acciones en la
materia con mayor desarrollo y consolidación.
Por otro lado, el servicio profesional
electoral se caracteriza por representar sin duda un avance no sólo en la consolidación
institucional del IFE, sino en una clara garantía de la imparcialidad y el
profesionalismo con que se llevan a cabo las elecciones en México.
En la actualidad la operación de Servicio
Civil de Carrera en el sistema educativo nacional es una de las asignaturas pendientes y
en el proceso de modernización de la educación mexicana. En un contexto de escasos
recursos económicos y de demandas sociales crecientes, el reto es conformar un cuerpo de
funcionarios administrativos y docentes que doten a la ciudadanía de una educación
eficiente y de calidad.
Con este objeto se propone la adición de
la fracción VI del artículo 12, otorgándole a la autoridad educativa federal, además
de las atribuciones que ya están establecidas en dicha fracción, la facultad de
impulsar, organizar, integrar, dirigir y evaluar un Sistema Nacional de Servicio Civil de
Carrera.
Para este efecto, será responsabilidad de
la Secretaría de Educación Pública la búsqueda de los elementos reglamentarios que
procuren el equilibrio entre la actual carrera magisterial y la propuesta del Sistema
Nacional de Servicio Civil de Carrera, propugnando porque se rescate lo más valioso y
desechando paulatinamente los lastres de control político que tan lamentablemente se han
visto reflejado en los resultados de nuestros alumnos.
No podemos permitir que se siga
considerando como punto en el ascenso de escalafón al asistir a marchas o plantones o que
se apoyen a candidatos de la índole que sea para mejorar el status de percepciones
económicas. Estas prácticas tienen que ser parte del pasado.
El hecho de adicionar el artículo 12 en la
fracción VI, implica necesariamente modificaciones en otros artículos de la ley que
permitan dar congruencia a este objetivo. En el marco de la federación educativa, es por
eso que se propone reformar la fracción IV del artículo 13 para que las autoridades
educativas locales en sus respectivas competencias presten, en coordinación con la
Secretaría de Educación Pública y el Sistema Nacional de Servicio Civil de Carrera, los
servicios de formación, actualización, capacitación y profesionalización de los
maestros de educación básica.
Para consolidar el federalismo educativo en
esta materia, se propone adicionar una fracción V al artículo 20 procurando que la
formación, capacitación y profesionalización de los funcionarios administrativos y
docentes no sea responsabilidad de una sola autoridad educativa y tampoco implementada en
una sola entidad federativa, estableciendo el Servicio Civil de Carrera como una función
en la que participen la Federación, el Distrito Federal y la entidades federativas.
Por otro lado y con el afán de lograr los
objetivos de encontrar resultados de mayor eficacia en el sistema educativo, esta
iniciativa sugiere adicionar un capítulo a la Ley General de Educación que fundamente
jurídicamente los principios generales del Sistema Nacional de Servicio Civil de Carrera
como los objetivos, los principales conceptos y los procesos, correspondiendo a la
Secretaría de Educación Pública elaborar el proyecto de estatutos que regule el
Servicio Civil de Carrera en el sistema educativo nacional con la participación de las
autoridades educativas locales y la opinión de las comisiones de educación del Congreso
de la Unión y de los congresos locales.
A manera de conclusión, cabe señalar que
desde el inicio de esta aventura parlamentaria los legisladores de Acción Nacional hemos
estado bien claros de la magnitud del desafío.
Heredamos una serie de retos y problemas en
el sector educativo que durante décadas no fueron atacados de raíz. Sabemos de las
dificultades que habremos de enfrentar para que esta propuesta inicie su funcionamiento;
sin embargo, asumimos nuestra responsabilidad histórica de construir con bases sólidas
el futuro de México por lo que sometemos a consideración de esta soberanía, el
siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
General de Educación.
Destaca, entre los transitorios, el
artículo 2o. que hace referencia a que la Secretaría de Educación Pública elaborará y
publicará el estatuto del Sistema Nacional del Servicio Civil de Carrera en el Diario
Oficial de la Federación a más tardar a los 60 días hábiles siguientes a la fecha
de entrada en vigor de este decreto, considerando para este efecto la opinión de las
comisiones ordinarias de Educación y del Congreso de la Unión.
Muchas gracias, señora Presidenta.
«Iniciativa con proyecto decreto que
reforma y adiciona diversas dispones de la Ley General de Educación.
Ciudadanos Presidente y secretarios de la
Mesa Directiva de la Camara de Diputados.
Señoras diputadas; señores diputados:
El suscrito diputado Oscar Ochoa Patrón y
diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, pertenecientes a
la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 3o. fracción VIII, 71 fracción II y 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II y demás
relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación,
bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
En nuestro país, la situación actual de
la administración pública y las demandas de una sociedad cada vez más participativa,
muestran la necesidad de contar con mejores sistemas de organización gubernamental, que
brinden resultados de máxima eficiencia en la prestación de los servicios y la atención
al público.
Uno de los avances más importantes en los
gobiernos de los últimos tiempos, en naciones vanguardistas en la de administración de
personal, es el de contar con un Servicio Civil de Carrera, definido por la Organización
de las Naciones Unidas como "...el cuerpo apolítico, permanente de funcionarios que
forman la espina dorsal de una administración dada...". Señalan los especialistas
que la principal utilidad de estos sistemas radica en "...Permitir la cohesión
interna del Estado, suficiente para garantizar el progreso y para que el grupo que
asciende al poder, ubique en los puestos públicos a quienes cumplen con la calificación
suficiente para ocuparlos, propiciando en los trabajadores la realización de una
auténtica carrera como servidores públicos...".
Los antecedentes nacionales más destacados
en el rubro que nos ocupa, nos llevan al Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 que
establece "que en los recursos humanos con los que cuenta el Gobierno reside el mayor
potencial para promover el cambio estructural y orientar eficazmente su sentido".
Por otro lado, el Programa de
Modernización de la Administración Pública 1995-2000, señala que "es necesario
impulsar una cultura de servicio que tenga como principio la superación y el
reconocimiento del individuo, a partir de la cual el servidor público encuentre en su
capacidad, honestidad, dedicación y eficiencia, alcanzando su propia realización",
teniendo ello como objetivo establecer un proceso de mejoramiento administrativo.
Más recientemente, el Poder Ejecutivo, ha
hecho énfasis en diversos foros del país, "...de que uno de sus objetivos para
incrementar la efectividad de los procesos y proyectos que lleve a cabo la Administración
Pública Federal, es establecer modelos de planeación, que incluirán desde luego al
capital humano, revisando a detalle lo que se hace y lo que se debe hacer, así como
desarrollar herramientas al interior de las entidades que provoquen un cambio efectivo y
rápido..." En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se establece que: "la
situación actual en materia educativa y las condiciones demográficas, políticas y
económicas de México, demandan un gran proyecto nacional a favor en de la educación...
Este proyecto supone una revisión amplia e integral de los objetivos, procesos,
instrumentos, estructura y organización de la educación en México, a fin de contar con
una educación acorde con las nuevas condiciones y aspiraciones nacionales y que
privilegie el aprendizaje y el conocimiento...".
En este escenario, se requiere en México,
de una administración pública abierta, flexible, profesional, preparada, capacitada y
con vocación de servicio. Dicho proceso de cambio e innovación en la estructura de la
gestión pública en los diversos órdenes de gobierno, no será posible sin la
participación activa y responsable de los servidores públicos, pues son ellos quienes
finalmente protagonizarán el avance más palpable en el desempeño del Gobierno. Hoy como
nunca, la profesionalización de la función pública y un, gobierno moderno son un
imperativo del Estado para responder a los requerimientos actuales que exige una sociedad
en constante evolución.
Es por eso que el tema del Servicio Civil
de Carrera, se presenta como uno de los factores torales de la Reforma del Estado y es tan
urgente como inaplazable tomar decisiones respecto de las implicaciones que tiene para los
gobiernos, la experiencia, formación, profesionalización, estabilidad y permanencia de
los servidores públicos.
Con la implementación del Servicio Civil
de Carrera se busca trascender de la tradicional conceptualización de una administración
de personal deficiente, pasiva, ineficaz, a una visión de administración con una nueva
cultura del servicio, proactiva, de calidad, capaz, profesional y estratégica en materia
de capital humano.
Debemos reconocer que cuando se administra
lo público, es necesario asumir que se está prestando esencialmente un servicio que
implica adoptar una actitud de responsabilidad y eficacia, que se requiere una vocación
pero también de capacitación, adiestramiento, formación profesional, incentivos
suficientes y sobre todo evaluación del desempeño. El servidor público debe ser capaz
de superar intereses personales o de grupo, de filiación política, pero sobre todo
actuar con apego a la ley e intereses de la sociedad y de la nación.
3000,3001,3002
Si se logra lo anterior, el ciudadano
percibe la utilidad de pagar impuestos y revalora la función del empleado público,
dejando de considerarlo como un mal necesario, para convertirlo en un verdadero prestador
de servicios; la relación social que se desprende de un Servicio Civil de Carrera con
calidad, es una relación basada en la dignidad, el respeto y, sobre todo, en la
satisfacción del usuario. Todo ello es muy importante para cambiar la imagen y
credibilidad del Gobierno y de sus servidores públicos ante los ciudadanos.
El cambio de percepción, se consolidará,
en tanto los mismos servidores se asuman como tales, con actitud y características de
servicio a la comunidad, que finalmente es el objetivo al que deben enfocar sus esfuerzos
y satisfacer la demanda de honestidad y trasparencia en la prestación de servicios
públicos. No hay que olvidar que en las sociedades que se encuentran en permanente
cambio, como la nuestra, los ciudadanos exigen cada vez más eficiencia, profesionalismo,
ética e integridad por parte de los funcionarios públicos.
En aquellos países que han reformado a sus
gobiernos y cuyos servicios civiles son los encargados de operar la trasformación, los
servidores públicos han encontrado en los nuevos métodos de trabajo una motivación para
responsabilizarse por elevar la calidad del servicio que prestan y por orientar su
actuación al ciudadano.
Tales preocupaciones y necesidades se han
reflejado en la experiencia de México, las cuales nos muestran los primeros intentos de
profesionalización del servicio público, como en el sector agrario; el Sistema de
Administración Tributaria; el Poder Judicial; el Servicio Exterior Mexicano; del
Ministerio Público de la Federación; el servicio profesional del INEGI; del Instituto
Federal Electoral, del Gobierno del Distrito Federal, entre otros.
Entre estas experiencias sobresale la
carrera administrativa del Servicio Exterior Mexicano como una de las acciones en la
materia con mayor desarrollo y consolidación. Por otro lado, el servicio profesional
electoral se caracteriza por representar, sin duda, un avance no sólo en la
consolidación institucional del IFE, sino una clara garantía de la imparcialidad y el
profesionalismo con que se llevan a cabo las elecciones en México.
En cuanto al sistema integral de
profesionalización del INEGI, su propósito es el establecimiento de la normatividad que
regula todos los procedimientos relacionados con la administración del personal del
Instituto, coordinado a través de una comisión integrada por diversos representantes del
propio Instituto y es considerado como el órgano máximo de decisión del sistema.
Estos casos nos permiten aprender de su
desarrollo, éxito y desaciertos, así como contar con los elementos necesarios para
desarrollar un modelo útil y adecuado a la complejidad de la educación. Asimismo,
refuerzan la urgente e impostergable necesidad de encontrar certidumbre, seguridad y
objetividad para todos aquellos que quieran hacer de su paso por el Gobierno una carrera
al servicio de la sociedad y no un botín al servicio de intereses facciosos, particulares
o de grupo. Lo que se pretende con esta propuesta es que el sistema educativo nacional no
quede al margen de esas experiencias que están marcando la pauta a seguir.
En la actualidad, la operación del
Servicio Civil de Carrera en el sistema educativo nacional, es una de las asignaturas
pendientes, en el proceso de modernización de la educación mexicana. En un contexto de
escasos recursos económicos y de demandas sociales crecientes, el reto es conformar un
cuerpo de funcionarios administrativos y docentes que doten a la ciudadanía de una
educación eficiente y de calidad.
Con la implementación de este Sistema
Nacional de Servicio de Carrera, se busca incidir directamente en la dignificación de los
trabajadores administrativos y docentes, para proporcionarles estabilidad en el empleo
como resultado de la evaluación de su desempeño. Incorporando nuevas técnicas, que han
contribuido a profesionalizar a los funcionarios y docentes de varios países como
Francia, donde se pretende buscar el mejor elemento para un puesto, de forma bien definida
y regulada; de tal manera que se convierta en un círculo virtuoso que además de
garantizar a los trabajadores del sistema educativo su permanencia, les obligue a revisar
continuamente sus estándares de calidad, su trato a los educandos y padres de familia y
los tiempos de respuesta a las inquietudes de éstos.
Con este objetivo, se propone la adición
de la fracción VI del artículo 12, otorgándole a la autoridad educativa federal,
además de la atribución ya establecida en dicha fracción, la facultad de impulsar,
organizar, integrar, dirigir y evaluar un Sistema Nacional de Servicio Civil de Carrera.
Para este efecto, será responsabilidad de
la Secretaría de Educación Pública la búsqueda de elementos reglamentarios que
procuren el equilibrio entre la actual carrera magisterial y la propuesta del Sistema
Nacional de Servicio Civil de Carrera, propugnando porque se rescate lo más valioso y
desechando paulatinamente los lastres de control político que tan lamentablemente se han
visto reflejados en los resultados de nuestros alumnos.
No podemos permitir que se sigan
considerando como puntos en el ascenso de escalafón el asistir a marchas o plantones o
que se apoye a candidatos de la índole que sea para mejorar el status de
percepciones económicas. Estas prácticas tienen que ser parte del pasado.
El hecho de adicionar el artículo 12 en su
fracción VI, implica necesariamente modificaciones en otros artículos de la ley que
permitan dar congruencia a este objetivo, en el marco del federalismo educativo. Es por
eso que se propone reformar la fracción IV del artículo 13, para que las autoridades
educativas locales, en sus respectivas competencias, presten, en coordinación con la
Secretaría de Educación Pública y el Sistema Nacional de Servicio Civil de Carrera; los
servicios de formación actualización, capacitación y profesionalización de los
maestros de educación básica.
Para consolidar el federalismo educativo en
esta materia, se propone adicionar una fracción V al artículo 20, procurando que la
formación, capacitación y profesionalización de los funcionarios administrativos y
docentes no sea responsabilidad de una sola autoridad educativa y tampoco implementada en
una sola entidad federativa, estableciendo el Servicio Civil de Carrera como una función
en la que participen la Federación, el Distrito Federal y las entidades federativas.
Por otro lado y con el afán de lograr los
objetivos de encontrar resultados de mayor eficiencia en el sistema educativo, esta
iniciativa sugiere adicionar un capítulo a la Ley General de Educación, que fundamente
jurídicamente los principios generales del Sistema Nacional de Servicio Civil de Carrera,
como los objetivos, los principales conceptos y los procesos, correspondiendo a la
Secretaría de Educación Pública, elaborar el proyecto de estatuto que regule el
Servicio Civil de Carrera en el sistema educativo nacional, con la participación de las
autoridades educativas locales y la opinión de las comisiones de Educación del Congreso
de la Unión.
Estamos convencidos que es necesario abrir
a la sociedad los resultados de la operación del Servicio Civil de Carrera, ya que
finalmente es ella quien apreciará los cambios en la calidad de los servicios prestados
en el sector educativo, al mismo tiempo que su participación dará mayor legitimidad y
transparencia en la selección y permanencia de los trabajadores docentes del sistema
educativo nacional. Por ello, creemos que la opinión pública y de las autoridades
relacionadas con la materia, es muy importante para la valorización del proceso de
profesionalización de los educadores, ya que es un factor que repercute directamente en
la educación que reciben los educandos del país.
A manera de conclusión, cabe señalar, que
desde el inicio de esta aventura parlamentaria, los legisladores de Acción Nacional hemos
estado bien claros de la magnitud del desafío. Heredamos una serie de retos y problemas
en el sector educativo que durante décadas no fueron atacados de raíz. Sabemos de las
dificultades que habremos de enfrentar para que esta propuesta inicie su funcionamiento.
Sin embargo, asumimos nuestra responsabilidad histórica de construir con bases sólidas
el futuro de México, por lo que sometemos a consideración de esta soberanía el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Qe reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General de Educación.
Artículo primero. Se reforma el artículo
13 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
"DECRETO
Artículo 13. Corresponden de manera
exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las
atribuciones siguientes:
I a la III...
IV. Prestar los servicios de formación,
actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación
básica, de conformidad con las disposiciones que el estatuto del Sistema Nacional de
Servicio Civil de Carrera determine.
Artículo segundo. Se adicionan los
artículos 12, 20 y un Capítulo IX de la Ley General de Educación, para quedar como
sigue:
Artículo 12. Corresponden de manera
exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:
I a la V...
VI. Regular un Sistema Nacional de
formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de
educación básica e impulsar, organizar, integrar, dirigir y evaluar un Sistema Nacional
de Servicio Civil de Carrera, que incluya voluntariamente al personal administrativo y
docente del sistema educativo nacional, de acuerdo con el Capítulo IX de esta misma ley y
el estatuto que lo regule.
VII a la XIII...
Artículo 20. Las autoridades educativas,
en sus respectivos ámbitos de competencia, constituirán el Sistema Nacional de
formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros que
tendrá las finalidades siguientes:
I a la IV...
V. Asimismo, constituirán el Sistema
Nacional de Servicio Civil de Carrera:
Adición del Capítulo IX a la Ley General
de Educación, denominado "El Sistema Nacional de Servicio Civil de Carrera".
"CAPITULO IX
Del Sistema Nacional de Servicio
Civil de Carrera
SECCION PRIMERA.
Del objeto, fines, pertenencia
Artículo 86. El servicio civil es un
sistema compuesto por los procesos de ingreso, formación y desarrollo profesional,
evaluación, promoción y sanción. Tiene como objeto coadyuvar al cumplimiento de los
fines del sistema educativo nacional, brindando la opción de profesionalización,
elevando la eficiencia y productividad de los trabajadores administrativos y docentes de
la educación.
Artículo 87. El Servicio Civil de Carrera
estará orientado a fortalecer los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad, dignidad y equidad en el trabajo; para ello se vale entre otros medios del
mejoramiento de las condiciones laborales, la capacitación, el reconocimiento de sus
aptitudes, proporcionando estabilidad y permanencia a sus miembros.
Artículo 88. La organización del Servicio
Civil de Carrera será regulada por las normas establecidas en esta ley y por las de su
estatuto.
Podrán pertenecer al mismo, los
funcionarios públicos y docentes que estén incorporados al sistema educativo nacional,
en razón de una relación jurídica y los ciudadanos que acrediten en su oportunidad, los
requisitos necesarios y los conocimientos amplios y suficientes para ser integrados.
SECCION SEGUNDA
Los procesos
Artículo 89. El estatuto que al efecto se
expida, deberá sujetarse a las bases normativas siguientes:
I. Proceso de reclutamiento, selección e
ingreso de los aspirantes:
a) En una primera etapa, se procederá a
convocar a los trabajadores administrativos y docentes que ya colaboran dentro del sistema
educativo nacional, que deseen integrarse al Sistema Nacional de Servicio Civil de Carrera
y que cumplan con los requisitos que se establezcan en el estatuto.
b) En una segunda etapa, mediante la
convocatoria respectiva, a los ciudadanos mexicanos que deseen participar en un proceso de
selección, que incluirá un examen general de conocimientos, un examen sicométrico, un
examen de conocimientos técnicos y los demás que se determinen en el estatuto.
Los aspirantes que hayan obtenido los
puntajes más altos en los exámenes, demostrando su mayor capacidad y que cumplan con los
requisitos, serán seleccionados para pertenecer al Sistema Nacional de Servicio Civil de
Carrera.
c) Una vez que hayan sido aceptados los
participantes, se someterán a concurso los puestos que para este fin se determine. En los
casos que los concursantes se encuentren en igualdad de condiciones en cuanto al
cumplimiento de los requisitos y evaluaciones, se elegirá a la persona que demuestre
mayor antigüedad.
II. Definir la estructura de niveles o
rangos y los cargos y puestos a los que dan acceso, precisando en cada caso sus
respectivas reglas a cumplir por parte de los trabajadores administrativos y docentes.
3003,3004,3005
a) Formar el catálogo General de Cargos y
Puestos del Sistema Educativo y
b) Otorgar la titularidad en un nivel o
rango y el nombramiento en un cargo o puesto.
III. La formación y desarrollo
profesional. Deberá sustentarse en un programa de capacitación, que incluya la
formación, la actualización y la especialización, tendrá por objeto asegurar el
desempeño profesional de los trabajadores administrativos y docentes, promoviendo para
ello que éstos posean los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias.
IV. Las evaluaciones: serán anuales y
serán determinadas por el órgano de evaluación que determine la Secretaría de
Educación Pública y estarán directamente relacionadas con las características del
puesto y nivel de servicio en que queden ubicados los trabajadores administrativos y
docentes, considerando a ésta como el sistema de medición del aprovechamiento, así como
el desempeño en su puesto.
V. Los sistemas de promoción se otorgarán
sobre las bases de concurso abierto de oposición y evaluación del desempeño, que para
el efecto se establezcan en el estatuto.
VI. Sanciones o remociones.
El Estatuto del Sistema Nacional del
Servicio Civil de Carrera deberá contemplar los criterios claros y procedimientos justos
para imponer las sanciones cuando resulte necesario, asegurándose que se otorgará la
certeza jurídica y las garantías de audiencia y legalidad a los trabajadores
administrativos y docentes.
VII. Las demás necesarias para la
organización y buen funcionamientos del sistema educativo nacional.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Artículo segundo. La Secretaría de
Educación Pública elaborará y publicará el Estatuto del Sistema Nacional del Servicio
Civil de Carrera, en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar a los 60
días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigor de este decreto, considerando
para este efecto la opinión de las comisiones ordinarias de Educación del Congreso de la
Unión.
Artículo tercero. El presente decreto,
deroga todas las disposiciones jurídicas que se opongan al mismo.
México, D.F., a 29 de abril de 2002.—
Diputados: Oscar Ochoa Patrón, Isabel Velasco Ramos, José de Jesús López Sandoval,
José Guillermo Anaya Llamas, Eduardo Rivera, Miguel Mantilla Martínez, José
María Tejeda Vázquez, Tereso Martínez Aldana, Héctor Méndez Alarcón, Neftalí
Salvador Escobedo Zoletto, María Teresa Gómez Mont, Jorge Alberto Lara, Samuel
Yoselevitz, Lionel Funes Díaz, Néstor Villarreal Castro, Rafael Orozco Martínez, David
Rodríguez Torres, Esteban Sotelo Salgado y Vicente Pacheco Castañeda.»
La Presidenta:
Muchas gracias.
Atendiendo la solicitud del diputado Oscar
Ochoa Patrón, publíquense íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario
de los Debates el texto completo de su intervención y túrnese a la Comisión de
Educación Pública y Servicios Educativos.
El diputado Eric Eber Villanueva Mukul nos
ha solicitado presentar su iniciativa al término de la relación de iniciativas. Esta
Presidencia obsequia esa petición.
El grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, nos informa que las reformas a diversas disposiciones de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta que iba a proponer, se pospone para la próxima sesión.
MATERIA
ECONOMICA
La Presidenta:
En consecuencia, se concede el uso de la
palabra al diputado César Augusto Santiago Ramírez, para presentar una iniciativa de
reformas a los párrafos tercero y cuarto del artículo 26 y al párrafo cuarto de la
fracción IV del artículo 74 de la Constitución.
El diputado César Augusto Santiago
Ramírez:
Gracias, señora Presidenta; compañeras y
compañeros diputados:
Si me autoriza la Presidencia a que se
inserte mi iniciativa en la agenda, simplemente haría un comentario en torno a las
razones de este proyecto.
En la época del presidente Miguel de la
Madrid, se reformó el artículo 25 y 26 de la Constitución para crear ahí lo que muchos
políticos mexicanos habíamos aspirado durante muchos años, que era que nuestra
Constitución tuviera un capítulo de carácter económico.
Garantizar que la Constitución contenga
una serie de principios y normas que le den congruencia a la propuesta nacional en materia
económica, haciendo una aspiración muy larga en nuestro país, uno de sus principales
promotores fue el maestro Vicente Lombardo Toledano, a quien hoy aquí rindo un homenaje.
Lombardo Toledano pensaba en su época que
era indispensable que la rectoría de la economía nacional tuviera una pauta
constitucional para garantizar, lo dijo, desde entonces, lo que ahora cada que la
economía entra en problemas se recuerda coyunturalmente y se dice: "es necesario que
se cree una política de Estado en materia económica".
Pues bien, amigas y amigos, en los años
ochenta esta iniciativa prosperó en la Cámara y se reformó el artículo 25 y 26 de la
Constitución, para crear este capítulo de naturaleza económica, que creo, salvo algunas
circunstancias muy específicas, desde entonces, ha dormido el sueño de los justos.
El artículo 25 es de una espléndida
rendición constitucional, establece un modelo mexicano de economía mixta y por primera
vez en la historia legislativa del país reconoce a los sectores que deben de participar
de los procesos económicos del país, el sector público, el sector social y el sector
privado en ese orden, obliga a que se establezca un sistema de la planeación nacional y
que se establezca como consecuencia el Plan Nacional de Desarrollo, que debe de tener
desde luego esas características de ser un mecanismo incluyente donde se reconozcan los
tres sectores de la economía del país, pero que además tenga cuestiones específicas
muy características.
En primer lugar —dice el
artículo—, debe promover el empleo sobre la base del crecimiento económico y más
aún, dice el mismo artículo, debe garantizar una justa distribución del ingreso
público y de la riqueza, eso es lo que dice la ley, eso es lo que debiera decir el Plan
Nacional de Desarrollo, eso es lo que debería reportar este libro voluminoso que nos ha
sido circulado recientemente y en donde supuestamente se contienen los informes del Plan
Nacional de Desarrollo. Pero es obvio, señoras y señores diputados, que si en el plan no
está impresa esta denominación explícita de la rectoría del Estado en el desarrollo
nacional, pues el informe consecuente también será omiso y no hay la garantía para
nadie, de que en efecto el Presidente de la República, el titular del Poder Ejecutivo
cumpla explícita y expresamente con este mandamiento constitucional de larga trayectoria
en la vida política de nuestro país.
Por eso creo que es el momento apropiado
para tratar de rescatar esa discusión que no se da y como coincidencia debo de decirles
que pienso que éste es el momento adecuado, por una coincidencia les digo esto.
Anoche en su comparecencia pública el
Secretario de Relaciones Exteriores ante los medios masivos de comunicación dio su
peculiar visión de la economía mexicana y dijo en algunos de sus frecuentes deslices,
que después de la caída del Muro de Berlín, quedaba claro que ya no había bipolaridad
en términos económicos, que nada más había una gran potencia y que nosotros o nos
alineábamos o nos alineábamos. ¿Qué quiere decir amigos? Al buen entendedor y al mal
entendedor también, está muy claro o nos alineamos o nos alineamos.
Yo prefiero la vía mexicana, desde luego,
no solamente en la política exterior, sino también en materia económica, prefiero
aquella vía que no confunde la política y el gobierno con el gobierno de los
empresarios, prefiero la vía económica que distingue entre resolver las grandes
carencias de la sociedad o resolver las crecientes e insaciables carencias de los
empresarios y ahí están las razones de este debate.
Creo pues que mi iniciativa pretende
simplemente dejar claro que en Plan Nacional de Desarrollo se debe cumplir con lo que
explícitamente establece el artículo 25 y el 26 de la Constitución.
Propongo también que sea el Congreso el
que vigile que en efecto ese cumplimiento se dé, porque no basta con decir: "estoy
cumpliendo", si en efecto no hay esta transparencia en los informes del Ejecutivo.
Y finalmente propongo, por eso establezco
la posibilidad de modificar el artículo 74, que al rendir los informes correspondientes a
la Cuenta Pública y al ejercer nosotros nuestra facultad de revisión de esta Cuenta
Pública, tengamos de manera especial, tengamos de manera preponderante, tengamos el
cuidado de exigir que el plan y la cuenta cumplan con lo que el artículo 25 de la
Constitución sabiamente establece. El Estado es el responsable de regir el desarrollo
económico del país —dice el artículo—, para fomentar el crecimiento
económico y producir empleos. Debe desarrollarse un sistema de la planeación nacional
para esos propósitos, en donde de manera democrática participen el sector público, el
sector social y el sector privado, en ese orden.
Es nuestra obligación constitucional ver
que el titular del Ejecutivo cumpla con su única responsabilidad explícita con nosotros:
cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Eso es todo, señora Presidenta. Muchas
gracias.
«Escudo.— Cámara de Diputados.—
LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—Presentes.
El que suscribe, diputado federal de la
LVIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga la
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y con fundamento en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General, presento a la consideración de esa soberanía, la presente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos tercero y cuarto
del artículo 26 y el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 74 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César
Augusto Santiago Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Sin otro particular, les reitero las
seguridades de mi consideración más distinguida.
Atentamente.
México, D.F., a 29 de abril de 2002.—
César Augusto Santiago.»
«Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman los párrafos tercero y cuarto del artículo 26 y el párrafo cuarto de la
fracción iv del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Durante el gobierno del presidente Miguel
de la Madrid, se discutió y aprobó en el Congreso Federal de la Unión, las reformas a
los artículos 25 y 26 de la Constitución para dejar, de una vez por todas, un capítulo
de garantías económicas para el desarrollo y el bienestar de la sociedad mexicana.
Construir en la Constitución un capítulo
de naturaleza económica, era, hasta entonces, una vieja aspiración de sectores
importantes progresistas del PRI y de la izquierda mexicana y constituía una necesidad
para quiénes pensaban que el Estado debía tener una capacidad de rectoría plena en los
procesos económicos del país.
La idea de instaurar en la Constitución un
capítulo de naturaleza económica, había sido motivo de grandes debates parlamentarios
dentro de los que no es posible ni justo ni sensato, olvidar la brillante presencia
parlamentaria de don Vicente Lombardo Toledano, quien quizá fue quién con mayor claridad
y elocuencia propuso la construcción constitucional de ese capítulo indispensable en un
documento fundacional como es nuestra Constitución.
El debate, sin embargo, no dejaba de ser
una expresión de la necesidad de analizar el tema y de mantenerlo en la agenda, aun
cuando en la política internacional o en la política de la época y el estado de las
relaciones políticas en esos momentos, frecuentemente se confundía el debate económico
dentro de la Constitución con el exceso de establecer un sistema de economía central
planificada.
Por eso la cuestión de poner un capítulo
económico en la Constitución y el tema de planificación del desarrollo y de la
rectoría económica del Estado, fueron temas que no alcanzaron a impactar el texto de la
Constitución, sino hasta las reformas del presidente De La Madrid.
Con las reformas a los artículos 25 y 26
de la Constitución se reconoció de manera explícita la naturaleza peculiar, muy
mexicana, de nuestra Constitución y del sistema político mexicano. Se estableció en
esos artículos y justamente en el capítulo de las garantías individuales, para dejar
claro que el desarrollo nacional y la economía son un asunto donde el Estado debe tener
una clara rectoría.
3006,3007,3008
Es el Estado el que debe garantizar que
esta garantía económica del individuo, tenga plena vigencia al obligar que todas las
acciones de la materia se orienten a buscar y lograr una mejor distribución del ingreso y
la riqueza como expresamente lo establece la Constitución.
El artículo 25 de la Constitución
establece de manera clara la rectoría del Estado en la economía para lograr el
desarrollo nacional, pero esta garantía expresamente establecida en ese artículo es para
motivar el crecimiento económico y el empleo. Así lo dice la Constitución, ésos son
sus objetivos.
Garantizar el crecimiento económico y el
empleo en un marco de constitucionalidad democrática, que principia y ordena el mismo
principio por garantizar la soberanía de la nación, la libertad y la independencia.
Y todo esto debe orientarse a dar a los
individuos la seguridad de que por la intervención del Estado en los procesos del
desarrollo nacional, los individuos y los grupos sociales tendrán un reconocimiento
constitucional y esto es muy importante.
Es muy importante porque la Constitución
expresamente exige el reconocimiento al individuo, pero también a los grupos, también a
la colectividad, esto es una explícita decisión constitucional para proteger al concepto
comunidad frente al individuo que con la patraña del llamado "desarrollo
humano", se pretende ahora sustituya el concepto de la comunidad y la necesidad de su
reconocimiento.
En el artículo 25, está pues debidamente
explicitado un modelo normativo del desarrollo económico de la nación mexicana, con
objetivos, instituciones y grandes principios que tienen que ser observados mientras la
norma siga vigente.
El artículo 26, es la necesaria e
indispensable consecuencia del sustantivo establecido en el artículo 25, aunque debe
reconocerse que también contiene principios que vale la pena considerar: en el artículo
26 se establece un Sistema Nacional de planeación del desarrollo nacional, un sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional para imprimir solidez y asimismo,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía.
El propio artículo señala que los fines
de proyecto nacional determinados por esta Constitución, es decir, los elementos del
artículo 25 entre otros, determinarán los contenidos del plan y promoverán la
concreción de un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán los programas de la
Administración Pública Federal.
Aquí conviene regresar al artículo 25,
para recordar que en este precepto se dio reconocimiento expreso a los sectores que
concurrirán con responsabilidad social al proceso del desarrollo nacional, haciendo
mención explícita del sector público, el sector social y el sector privado, en ese
orden.
En una apreciación que no requiere de
mayores interpretaciones, más allá de la simple lectura de los preceptos
constitucionales, debiera quedar claro que el Plan Nacional de Desarrollo debiera hacer
explícitos los enunciados constitucionales que le dan vida. Debe entenderse que el plan
es el elemento constitucional por el cual el Estado va a establecer responsabilidad
rectora que la Constitución le confiere. De esta manera, el plan debería expresar con
claridad y apoyándose en el texto constitucional la forma como se orienta garantizar la
soberanía de la nación, la independencia y la vigencia de los procesos democráticos,
promoviendo el empleo y el crecimiento económico.
El plan debería decir cuál es la
participación que le toca a los sectores reconocidos constitucionalmente y cuáles son
las acciones para establecer que el plan garantice que todo es para lograr una mejor
distribución del ingreso y de la riqueza a la población. ¿Cómo se da satisfacción a
estos principios? ¿Cómo se da la participación a los sectores reconocidos
constitucionalmente?
Lamentablemente en los últimos años, la
influencia obsesiva de un modelo capitalista a ultranza, ha ido aplastando los esfuerzos
nacionales por diseñar esquemas que siendo capitalistas reconozcan las peculiaridades
propias de cada nación y se orienten a satisfacer las demandas de los más necesitados,
que es justamente, motivo de la exigencia del artículo constitucional que analizamos.
Los gobiernos no han atendido esta
exigencia constitucional en los últimos años y sustentados en la patraña de la
globalización que se compara con el pensamiento único y del individualismo egoísta que
quiere aplastar los sentimientos de la comunidad, se ha llegado al exceso de cambiar los
principios por "misiones" y equiparar los valores del proyecto a los esquemas
publicitarios de los slogans de la mercadotecnia.
En esa línea de pensamiento, se explica
por qué la política social reconocida en la Constitución se confunde con un
filantropismo de frases comerciales y por qué la soberanía y la independencia de la
nación resultan tan sólo objetos del cabildeo y de la negociación internacional.
El año pasado, en los términos formales
recibimos el Plan Nacional de Desarrollo, que desde luego, corresponde a esta intención
de cumplir en la forma para disimular la falta de cumplimiento en el fondo y hace unos
días recibimos el informe del cumplimiento del plan que es una segunda versión del plan
de la falta de cumplimiento del fondo del plan en el informe.
Cuando se discutió el plan de desarrollo
ya estaba presentada primero, una iniciativa ante los banqueros, para construir una nueva
hacienda distributiva que apartándose de su enunciado nada tienen que ver con la
distribución de la riqueza pública y cuando se presenta el presupuesto de egresos del
año pasado, se muestra claramente la lejanía de los principios constitucionales,
lejanía que se agudiza más en cada recorte o en cada amenaza nueva, que el Ejecutivo
produce.
El artículo constitucional dice que la ley
debe dar al Congreso la participación que corresponda en el construcción del plan y en
la observancia de su cumplimiento y en la Ley de Planeación correspondiente se
estableció una congruente y mesurada participación del Congreso, que vemos ahora ha
impedido la eficacia de la participación del Legislativo en este proceso vital para la
salud de la República; tiene que haber congruencia.
Entre lo que dice la Constitución y el
plan de desarrollo tiene que haber congruencia, entre el plan de desarrollo y el
Presupuesto de Egresos de la Federación tiene que haber congruencia para que el informe
de los resultados del plan pueda ser consecuente.
Pero es obvio que las previsiones de la Ley
de Planeación no han sido suficiente para garantizar que este proceso se dé con la
caridad constitucional que es obligatoria. Pareciera más bien, que es un ejercicio
formal, en que cada parte dice lo que quiere y contesta lo que le conviene.
Por eso propongo en esta iniciativa, que
avancemos un paso más en la misma línea que las reformas al 25 y al 26 constitucionales
y que demos al Congreso una facultad, no sólo para garantizar que el plan cumpla con la
exigencia constitucional, sino que este plan tenga una expresión en el Presupuesto de
Egresos de la Federación y también en los informes de la Cuenta Pública.
El informe presidencial tendría que
principiar por informar como cumplió con estos preceptos constitucionales que comentamos,
para que el Legislativo emitiera su juicio y con justicia poder establecer: ¿cumplió o
no con lo que prometió al protestar cumplir y hacer cumplir la Constitución?
Este es el motivo de mi iniciativa de
reformas.
Por lo anteriormente expuesto y con base en
la facultad que me concede el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y el 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su
conducto, a la consideración de esa soberanía, para su discusión y aprobación en su
caso, la siguiente
INICIATIVA
Con proyecto de decreto por el que se
reforman los párrafos tercero y cuarto del artículo 26 y el párrafo cuarto de la
fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
Artículo único. Se reforman los párrafos
tercero y cuarto del artículo 26 y el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 74
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 26. . .
. . .
La ley establecerá los procedimientos de
participación y consulta popular en el Sistema Nacional de planeación democrática y los
criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los
programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de
planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los
gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las
acciones a realizar para su elaboración y ejecución.
El plan y los programas de desarrollo se
sujetarán a la aprobación y vigilancia del Congreso. El Ejecutivo Federal informará al
Congreso, en los términos que disponga la ley, de las acciones y resultados de su
ejecución."
"Artículo 74 . . .
I a la IV. . .
. . .
. . .
La revisión de la Cuenta Pública tendrá
por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a
los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos
en los programas y en el Plan Nacional de Desarrollo.
. . .
. . .
. . .
V. . .
. . .
VI a la VIII. . . "
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones
legales, reglamentarias y acuerdos y de cualquier otro tipo, que se opongan a lo señalado
en el presente decreto.
México, D.F., a 29 de abril de 2002.—
César Augusto Santiago.»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Publíquese de manera íntegra en la Gaceta
y en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
LEY DE
PLANEACION
La Presidenta:
Para presentar iniciativa de reformas a
diversas disposiciones de la Ley de Planeación, dado que la iniciativa de reformas al
artículo 89 de la Constitución Política se va a posponer a petición del grupo
parlamentario del PAN, para la próxima sesión, le ofrezco el uso de la palabra al
diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Tomás Torres Mercado:
Con su permiso, señora Presidenta:
Atendiendo a la dinámica de la sesión le
voy a rogar que el texto de la iniciativa que se ha relacionado, sea incorporada
íntegramente al Diario de los Debates y que lo mismo, señora Presidenta, sea
publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Haré en ese sentido un esfuerzo solamente
para reseñar el aspecto sustancial de la iniciativa.
La iniciativa que estoy formulando es a la
Ley de Planeación, para sentar bases para abatir la desigualdad en el desarrollo regional
y que los estados tengan una mayor participación en la planeación nacional y regional.
En este momento uno de los temas de la
agenda económica de este país ha tenido qué ver con temas presupuestales, uno de ellos
de modo central, planteado por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional,
aborda el relativo a la reconducción presupuestal. Es decir que cuando la Cámara de
Diputados no apruebe dentro del plazo que la ley señala, la iniciativa o el proyecto de
decreto de presupuesto, entonces que para el ejercicio fiscal inmediato posterior rija el
del año vigente. Es decir, para el caso de que se estuviera analizando el presupuesto
para el 2003 y éste no fuera aprobado por los diputados, se tuviera como vigente en el
año 2002.
El Partido de la Revolución Democrática
ha postulado y seguramente coincide con otras expresiones y con otras fracciones
parlamentarias, de hecho han anticipado su simpatía al contenido de esta iniciativa, de
que es necesario mayor transparencia y no sólo mayor transparencia al gasto, sino que los
esfuerzos de planeación se incluya en ese imperativo que la Constitución Federal
señala: de que el Sistema Nacional de Planeación Democrática se establezca una
coordinación con las entidades federativas con el propósito de hacer compatibles las
actividades de planeación que se efectúan en cada ámbito de gobierno, así como la
definición de mecanismos institucionales operativos que permitan dicha coordinación,
nosotros vamos más allá: que los estados tengan una mayor injerencia y que esto
centralmente aborde dos temas que tienen qué ver con el desarrollo nacional.
3009,3010,3011
Si bien la planeación no resuelve de fondo
las espontaneidades económicas, sí seguro puede influir para hacer previsibles y
probable sus efectos en el país.
Hoy tenemos marcados desequilibrios en las
regiones, en la microrregiones y sentimos que para abordar temas como el que decíamos, el
de la reconducción, es necesario establecer bases para ir superando estas desigualdades y
más aún para el caso en que existen algunas entidades que plantean que a la medida que
se genere riqueza, en esa misma proporción deben hacerse las asignaciones a las diversas
entidades.
El contenido, señalaba, le ruego a la
Presidencia sea reproducido íntegramente; consideramos que la Ley de Planeación de suyo
no resuelve la problemática de estos disímbolos desarrollos regionales. Sin embargo,
correlacionado con otros ordenamientos, seguramente incidirá al tema que nos ocupa.
Es decir, por otra parte el decreto de
presupuesto que tiene sólo una vigencia anual, pudiera bien correlacionarse con la Ley de
Planeación y seguramente con la Ley de Coordinación Fiscal.
Sería cuanto, señora Presidenta,
rogándole el curso que le he solicitado al principio de mi intervención.
Muchas gracias.
«Iniciativa de decreto que reforma los
artículos 2o. inciso II, 20, 21, 25 y 26; adiciona un segundo párrafo al 27, adiciona un
segundo párrafo al 33, 34, 35 y 44 de la Ley de Planeación, para sentar las bases para
abatir la desigualdad en el desarrollo regional y que los estados tengan una mayor
participación en la planeación nacional y regional.
El suscrito, diputado Tomás Torres
Mercado, diputado de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta
soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma los artículos 2o. inciso II,
20, 21, 25, 26, adiciona un párrafo segundo al 27, adiciona un párrafo segundo al 33,
34, 35 y 44 de la Ley de Planeación.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La planeación debe apoyarse en las
estructuras y las instituciones que le permiten llevar a cabo la práctica de tareas
relacionadas con la misma. Uno de los problemas que dificultan la ejecución de los planes
de desarrollo es la falta de mecanismos administrativos adecuados. En la elaboración del
plan nacional se carece de una adecuada integración, con pleno poder de decisión, entre
los estados y la Federación.
Reconocemos que el Estado es el organismo
central de la planeación, por ello debe ocupar un lugar primordial en la estructura
jerárquica para la preparación del plan nacional, además de que debe contar con los
sistemas necesarios de información, fijar procedimientos de vigilancia y supervisión y
contar con sistemas de coordinación entre las diferentes esferas del sector público; es
aquí donde la participación de los estados debe tomar parte fundamental.
La planificación recoge la
racionalización de la actividad económica, social y política de la sociedad, midiendo
los resultados del plan con indicadores que las dependencias del sector público y la
estructura administrativa elaboren para la consecución de sus objetivos. Esta idea es
también extensiva para las entidades federativas.
Para la ejecución del plan estatal y los
programas sectoriales, institucionales, municipales y especiales, sabemos que las
dependencias y órganos auxiliares de la administración pública estatal y municipal
elaborarán programas operativos anuales que incluirán los aspectos administrativos y de
política económica y social, correspondientes entre sí y que se regirán, durante el
año que se trate, además regularán las actividades de la administración pública
estatal y municipal y servirán de base para la integración de los presupuestos anuales.
Lo importante es que las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de
planeación con las entidades federativas deberán establecerse claramente en la
legislación.
La planeación se aplica como un
instrumento capaz de modificar las tendencias espontáneas del sistema económico. Sin
embargo, hay que reconocer que no modifica radicalmente los acontecimientos económicos,
aunque da mayor claridad sobre las situaciones y así logra lenta y progresivamente, un
mayor dominio del proceso social.
El Sistema Nacional de Planeación
Democrática, cuyo fundamento lo encontramos en la Constitución, es el conjunto de
relaciones funcionales que se establecen entre las dependencias y entidades del Gobierno
Federal, las autoridades estatales y municipales y las organizaciones de los diversos
grupos de los sectores social y privado de la población.
En el Sistema Nacional de Planeación
Democrática se establece que habrá coordinación con las entidades federativas con el
propósito de hacer compatibles las actividades de planeación que se efectúan en cada
ámbito de gobierno, así como la definición de mecanismos institucionales operativos que
permitan dicha coordinación. Sin embargo nosotros vamos más allá, proponemos que dichas
entidades federativas tengan una mayor injerencia en la elaboración del plan nacional.
Los planes estatales de desarrollo deben
contener los objetivos, estrategias, prioridades y líneas de acción del desarrollo de
las entidades, las previsiones sobre los recursos a utilizar, la definición de
instrumentos, los responsables de su ejecución y los lineamientos de política general,
sectorial y regional.
En este sentido, las entidades reforzarán
la organización de los sistemas estatales de planeación democrática, a través de la
articulación de sus políticas de desarrollo, con las prioridades y objetivos nacionales,
influirán y determinarán los criterios con los que se asignará el gasto.
El federalismo y la planeación son
complementos para mitigar los efectos devastadores de la economía de mercado; aunque con
la planeación se tiene un cierto control social, éste siempre será limitado.
La estrategia de desarrollo regional debe
hacer frente a un doble reto: las marcadas y graves desigualdades en las macrorregiones
del norte, centro, sur, las costas del golfo y las del Pacífico; además de las
asimetrías entre las microrregiones que en cada una de las entidades federativas muestran
condiciones de desventaja económica y social.
El desarrollo de una región dentro de un
estado requerirá que se realicen acciones de integración programática y presupuestal de
los municipios y los estados entre sí; esta integración y ejecución se podrá efectuar
a través de los órganos estatales de planeación.
Los desequilibrios regionales en el país
han mostrado que tenemos dos méxicos, no se han podido superar los desequilibrios
regionales a pesar de todos los programas destinados a la superación de la pobreza.
La planeación instituida en México desde
la década de los treinta del Siglo XX inauguró una forma de concebir el desarrollo en
México, en donde la concepción del estado interventor era la premisa fundamental; ahora,
en cambio, prevalece la idea de la planificación indicativa; bajo esta noción el estado
solamente indicará qué camino seguirá el desarrollo es decir, básicamente orientará a
los sectores productivos de la sociedad.
Con la mayor participación de los estados
en la elaboración y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo se busca que los
desequilibrios regionales sean superados, ello por el conocimiento puntual de la
problemática que tienen las autoridades estatales. La superación de los rezagos
económicos y sociales solamente la comprenden a cabalidad los que ven diariamente los
problemas de su región. Por ello para superar los mismos las autoridades respectivas de
los estados deberán marcar los lineamientos y medidas para ejecutar el plan que ellos
hayan elaborado.
La superación de los rezagos en las
regiones más necesitadas es prioritario, la equidad debe ser el principio sobre el cual
se base el desarrollo de dichas regiones, se necesita impulsar una mayor inversión de
capital y en infraestructura, que generé, con el tiempo, condiciones de avance productivo
en aquellas regiones que han mostrado un mayor dinamismo en la actividad económica.
Si compartimos las responsabilidades en la
planeación podremos aspirar a darle a todos los mexicanos mejores perspectivas de
desarrollo colectivo y personal.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II y 56 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, pone a consideración de este
honorable Congreso de la Unión, la siguiente
INICIATIVA
De decreto que reforma los artículos 2o.
inciso II, 20, 21, 25 y 26, adiciona un párrafo segundo al 27, adiciona un párrafo
segundo al 33, 34, 35 y 44 de la Ley de Planeación.
Artículo único. Se reforman los
artículos 2o. inciso II, 20, 21, 25 y 26, adiciona un párrafo segundo al 27, adiciona un
párrafo segundo al 33, 34, 35 y 44 de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:
"Artículo2o...
...
...
II. La preservación y el perfeccionamiento
del régimen democrático, republicano, federal y representativo que la Constitución
establece; y la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su
participación activa en la planeación y ejecución de las actividades en los tres
órdenes de gobierno Federal, estatal y municipal;
...
Artículo 20. En el ámbito del Sistema
Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los
diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones
para la elaboración, actualización y ejecución del plan y los programas a que se
refiere esta ley. Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos y grupos
populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación; de los
organismos empresariales y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de
consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su
actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Asimismo,
participarán en los mismos foros los diputados y senadores al Congreso de la Unión, así
como los gobiernos de los estados. Para tal efecto, y conforme a la legislación
aplicable, en el sistema deberán preverse la organización y funcionamiento, las
formalidades, periodicidad y términos a que se sujetarán la participación y consulta
para la planeación nacional del desarrollo.
Artículo 21. El Plan Nacional de
Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses
contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República y su
vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda, aunque podrá
contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo. El Plan Nacional de
Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo
integral del país contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales
fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los
lineamientos de política de carácter global, sectorial, regional y por entidad
federativa; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social
y regirá el contenido de los programas que se generen en el Sistema Nacional de
planeación democrática. La categoría de plan queda reservada al Plan Nacional de
Desarrollo.
...
Artículo 25. Los programas regionales se
referirán a las regiones que se consideren distinguiendo aquellas que requieran un
impulso al desarrollo de las áreas prioritarias o estratégicas, en función de los
objetivos nacionales fijados en el plan y cuya extensión territorial rebase el ámbito
jurisdiccional de una entidad federativa.
Artículo 26. Los programas especiales se
referirán a las prioridades del desarrollo integral, tanto estatal como federal, del
país, fijados en el plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias
coordinadoras de sector.
Artículo 27. Para la ejecución del plan y
los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y
entidades elaborarán programas anuales, que incluirán los aspectos administrativos y de
política económica y social correspondientes. Estos programas anuales, que deberán ser
congruentes entre sí, regirán, durante el año de que se trate, las actividades de la
Administración Pública Federal en su conjunto y servirán de base para la integración
de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades
deberán elaborar conforme a la legislación aplicable.
Asimismo el Gobierno Federal deberá
contemplar en el plan nacional la participación de recursos hacia áreas de salud,
infraestructura hidráulica, educación y desarrollo forestal para las entidades
federativas que históricamente tienen rezagos; estos recursos se distribuirán hasta que
las regiones atrasadas en México alcancen los niveles prevalecientes en las regiones
avanzadas del país.
...
Artículo 33. El Ejecutivo Federal podrá
convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades
que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos
gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito
de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación
nacional y para que las acciones a realizarse por la Federación y los estados se planeen
de manera conjunta.
3012,3013,3014
En todos los casos se deberá considerar la
participación que corresponda a los municipios de conformidad con las atribuciones
constitucionales y las leyes de la materia.
Artículo 34. Para los efectos del
artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las
entidades federativas:
I. Su participación en la planeación
nacional a través de la presentación de las propuestas que sean necesarias para el
desarrollo de la entidad federativa;
II. Los procedimientos de coordinación
entre las autoridades federales, estatales y municipales para propiciar la planeación del
desarrollo integral de cada entidad federativa y de los municipios y su congruencia con la
planeación nacional, así como para promover la participación de los diversos sectores
de la sociedad en las actividades de planeación, dejando para ello que los estados tengan
una mayor participación en la planeación;
III. Los lineamientos metodológicos para
la realización de las actividades de planeación, en el ámbito de su jurisdicción;
IV. La elaboración de los programas
regionales que contará con la participación y responsabilidad de las entidades
federativas, a que se refiere la fracción III del artículo 14 de este ordenamiento y
V. La ejecución de las acciones que deban
realizarse en cada entidad federativa y que competen a ambos órdenes de gobierno,
considerando la participación que corresponda a los municipios interesados y a los
sectores de la sociedad. Para este efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
con la participación de las entidades federativas propondrá los procedimientos conforme
a los cuales se convendrá la ejecución de estas acciones, tomando en consideración los
criterios que señalen las dependencias coordinadoras de sector, conforme a sus
atribuciones.
Artículo 35. En la celebración de los
convenios a que se refiere este capítulo, el Ejecutivo Federal junto con los gobiernos de
los estados definirá la participación de los órganos de la Administración Pública
centralizada que actúen en las entidades federativas, en las actividades de planeación
que realicen los respectivos gobiernos de las entidades.
...
Artículo 44. El Ejecutivo Federal, en los
convenios de coordinación que suscriba con los gobiernos de las entidades federativas,
propondrá la inclusión de una cláusula en la que se prevean medidas que sancionen el
incumplimiento del propio convenio por cualquiera de las partes y de los acuerdos que del
mismo se deriven. De las controversias que surjan con motivo de los mencionados convenios,
conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos del artículo 105
de la Constitución General de la República.
..."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.»
México, D.F., a 29 de abril de 2002.—
Diputado, Tomás Torres Mercado.»
La Presidenta:
Con todo gusto, señor diputado.
Publíquese de manera íntegra tanto en la Gaceta
Parlamentaria como en el Diario de los Debates, la iniciativa presentada por el
diputado Tomás Torres Mercado y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
LEY
FEDERAL PARA REGULAR
LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE
CABILDEO Y LA PROMOCION DE CAUSAS.
La Presidenta:
Para presentar una iniciativa de Ley
Federal para la Regulación de la Actividad Profesional del Cabildeo y la Promoción de
Causas, se ofrece el uso de la palabra al diputado Efrén Leyva Acevedo, habida cuenta que
el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista solicitó se pospusiera para la
próxima sesión, la presentación de la iniciativa de reformas a diversas disposiciones
de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Efrén Nicolás Leyva
Acevedo:
Con su permiso, compañera Presidenta;
compañeras diputadas y compañeros diputados:
El día de hoy vengo a esta tribuna para
presentar una iniciativa de Ley Federal para Regular la Actividad Profesional del Cabildeo
y la Promoción de Causas, en base a lo que estipula nuestra reglamentación del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.
Me permito someter a consideración de esta
soberanía la presente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos, rogando
a la Presidencia pueda ordenar su publicación íntegra en la Gaceta Parlamentaria,
a efecto de que pueda hacer solamente algunos comentarios en términos generales y pueda
ser de utilidad para todas las compañeras y compañeros de esta Cámara de Diputados,
motivo de atención y de revisión exhaustiva la presente iniciativa de ley.
En el contexto de la modernización del
régimen político mexicano, significada principalmente por la alternancia en el poder
político en los distintos órdenes de gobierno y por la integración plural de los
órganos de representación popular, además de un revitalizado equilibrio de poderes y
una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, se ha venido observando el
surgimiento de organizaciones e individuos dedicados específicamente a labores de
cabildeo como una actividad de carácter profesional, cuyo objetivo principal es promover
los legítimos intereses, propuestas o puntos de vista de personas, grupos u
organizaciones de los sectores social y privado, a fin de armonizarlos con los programas y
objetivos de los órganos de representación popular, especialmente en los de carácter
legislativo en el marco de las competencias que constitucional y legalmente corresponden a
los poderes Ejecutivo y Legislativo.
De tal forma, el ejercicio profesional del
cabildeo o la promoción de causas realizada por individuos o agrupaciones constituidas
para el efecto, ha venido cobrando importancia social, política y económica en nuestro
país, de lo cual deviene la necesidad objetiva de producir con toda oportunidad un marco
regulatorio básico que permita ordenar dichas actividades y darles transparencia y un
sentido específico, a la vez que tipificar, prevenir y sancionar, en su caso, las
conductas eventualmente irregulares que pueden cometerse en ejercicio de dichas tareas.
Resulta también importante analizar y
reconocer la forma en que los grupos de cabildeo o de promoción de causas contribuyen o
pueden aportar en nuestro país a las decisiones sobre legislación y políticas
públicas.
La información que los grupos de interés
aportan al proceso político y la que recogen de los que formulan la política y luego
transmiten a los grupos, eso les da al cabildeo un papel en el proceso político que
resulta necesario regular adecuadamente en un contexto de interés público.
Según el Diccionario Universal de
Términos Parlamentarios, por "cabildear" se entiende: verbo que deriva del
sustantivo cabildo y éste a su vez del latín "capitulum comunidad", es
sinónimo de intrigar y equivale a "cabalar" en portugués; "to
lobby" en inglés; "briyan" en francés; "intriguiere"
en alemán y "brigare" en italiano.
Por cabildear se entiende la actividad y
maña que se realiza para ganarse voluntades en un cuerpo colegiado u corporación; el uso
de intermediarios o promotores para inclinar hacia una cierta tendencia que favorezca a
intereses personales o de grupo, es tan antiguo como la existencia misma del Estado.
Podemos encontrar sus rastros en las prácticas legislativas en Roma, Grecia o
cualesquiera de los países que han adoptado una estructura formal con un cuerpo
legislativo creador de leyes con nombres diferentes en cada época y lugar. Este tipo de
intercesores han utilizado su influencia o conocimientos al servicio de quienes puedan
pagar por ello.
En la práctica parlamentaria, el término
se refiere a la acción de negociar o gestionar con habilidad y astucia para presionar a
los legisladores, a fin de inclinar a favor de algún grupo de interés específico, la
decisión en la discusión de las leyes. La actividad se desarrolla en casi todos los
países donde existe un congreso y es ejercida en forma abierta o encubierta.
En Estados Unidos, el cabildeo es una
actividad protegida por la ley con base en lo establecido por la primera enmienda
constitucional, prohibiendo al Congreso dictar leyes que limiten la libertad de expresión
o prensa o el derecho de petición del pueblo para la atención de sus quejas. Como
resultado, la actividad de los cabilderos se presta para que haya un clima de corrupción
y conflicto de intereses. Las empresas, los sindicatos, los grupos de población o
gobiernos de otros países, contratan a los cabilderos para defender sus intereses
particulares, lo que no siempre resulta favorable a la sociedad ni cae dentro de la
legalidad.
El cabildeo ejerce presión mediante
diversos mecanismos: alianzas dentro de diferentes grupos de cabilderos, presiones
directas sobre los legisladores; sobornos; manipulación de los electores para lograr
presiones directas, indirectas; apoyo electoral tanto económico como organizativo para
lograr la elección o la permanencia de los legisladores en su cargo. Los instrumentos del
cabildero son el acceso o tráfico de influencias. Pero también es importante el
conocimiento y la técnica.
Se han realizado investigaciones por parte
del comité de ética sin que se hayan logrado resultados para someter a la ley ni a los
cabilderos ni a los representantes que reciben obsequios o favores de éstos. Los
cabilderos pueden ser consultores, políticos, abogados, representantes extranjeros,
especialistas legislativos, defensores del consumidor, representantes sociales gremiales o
especialistas en asuntos gubernamentales.
En el ambiente parlamentario mexicano la
actividad del cabildeo no se reconoce oficialmente, lo que no significa que no exista. La
forma más conocida en que se lleva a cabo esta actividad es que los grupos empresariales,
sindicatos o asociaciones de todo tipo, organicen reuniones de trabajo con los
legisladores para darles a conocer sus puntos de vista sobre diferentes aspectos que
éstos discuten para su inserción o modificación a la ley.
La actividad encubierta de cabildeo que se
realiza en forma permanente en las cámaras, no se menciona públicamente. En la práctica
parlamentaria este cabildeo puede tener lugar entre los diputados, senadores o
asambleístas y/o entre las fracciones o grupos parlamentarios.
Se estima importante la definición antes
descrita como punto de referencia independientemente de sus evidentes limitaciones y
desactualizaciones, en razón de que es parte de una obra patrocinada por el Congreso de
la Unión e instrumento obligado e indispensable de consulta en el trabajo legislativo y
parlamentario.
Otra importante precisión para efectos de
las decisiones legislativas, que en su momento se adopten, será la de establecer los
elementos sustantivos y diferenciales del término cabildeo, respecto de figuras similares
como las de promoción de causas, gestión social o grupos de interés público. Figuras
todas éstas, entendidas como formas organizadas de acción ciudadana, comúnmente
utilizadas para promover frente a las autoridades de Gobierno y los representantes
populares, una causa o un interés específico en particular sin el apoyo de servicios
profesionales remunerados.
Para diversos analistas, por ejemplo, la
promoción de causa es un término de significado más limitado que el de cabildeo mismo
que se usa más ampliamente para incluir todos los intereses tanto públicos como privados
que tratan de influir en él, en la habilitación o en la representación popular. En
otras palabras, el término cabildeo describe por lo general, actividades profesiones de
apoyo a diversas organizaciones y grupos de los sectores público, social o privado, en
defensa de intereses específicos y claramente identificados.
De su parte, la promoción de causas no
tendría un sentido de prestación de servicios profesionales remunerados, sino más bien
el apoyo organizado u objetivos sociales o políticos de carácter general.
Las normas que se plantean para la
regulación de las actividades profesionales de cabildeo, promoción de causas, deben
mínimamente obedecer a los siguientes criterios generales: definir con toda claridad la
naturaleza y alcances de la actividad profesional de cabildeo y promoción de causa,
precisar con toda certeza los sujetos activos y pasivos en la actividad de referencia,
establecer el carácter comercial de prestación de servicios profesionales para la
actividad de cabildeo, producir un código de conducta de la actividad en cuestión,
establecer la obligatoriedad de un registro público de las personas dedicadas
profesionalmente al cabildeo, definir las obligaciones y responsabilidad de las
dependencias y servidores públicos tanto del Ejecutivo Federal como del Legislativo y
entidades autónomas respecto de las sociedades de cabildeo, establecer las bases para la
realización de actividades de cabildeo por parte de dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, frente a gobiernos, organizaciones o entidades del
extranjero o multinacionales. Establecer un régimen de responsabilidad y sanciones para
los cabildeos.
Por lo anteriormente expuesto, compañera
presidenta, compañeros diputadas y diputados, me permito entregar a la Secretaría
íntegra la propuesta de iniciativa de Ley Federal para Regular la Sociedad de Producción
de Cabildeo y la promoción de causas, rogando se le pueda dar el curso a la Comisión de
Gobernación para su análisis y dictaminación posterior.
Muchas gracias.
«Iniciativa de Ley Federal para Regular la
Actividad Profesional de Cabildeo y la Promoción de Causas
El suscrito, Efrén Leyva Acevedo, diputado
federal integrante de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en
ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 71 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter
a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de Ley Federal para Regular
la Actividad Profesional de Cabildeo y la Promoción de Causas, al tenor de la siguiente
3015,3016,3017
EXPOSICION DE MOTIVOS
En el contexto de la modernización del
régimen político mexicano, significada principalmente por la alternancia en el poder
público en los distintos órdenes de gobierno y por la integración plural de los
órganos de representación popular, además de un revitalizado equilibrio de poderes y
una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, se ha venido observando el
surgimiento de organizaciones e individuos dedicados específicamente a labores de
cabildeo, como una actividad de carácter profesional cuyo objetivo principal es promover
los legítimos intereses, propuestas o puntos de vista de personas, grupos u
organizaciones de los sectores social y privado, a fin de armonizarlos con los programas y
objetivos de los órganos de representación popular, especialmente los de carácter
legislativo, en el marco de las competencias que constitucional y legalmente corresponden
a los poderes Ejecutivo y Legislativo.
De tal forma, el ejercicio profesional del
cabildeo o la promoción de causas, realizada por individuos o agrupaciones constituidas
para tal efecto ha venido cobrando importancia social, política y económica en nuestro
país, de lo cual deviene la necesidad objetiva de producir, con toda oportunidad, un
marco regulatorio básico que permita ordenar dichas actividades y darles transparencia y
un sentido específico, a la vez que tipificar, prevenir y sancionar, en su caso, las
conductas eventualmente irregulares que puedan cometerse en el ejercicio de dichas tareas.
Resulta también importante analizar y
reconocer la forma en que los grupos de cabildeo o de promoción de causas contribuyen o
pueden aportar en nuestro país a las decisiones sobre legislación y políticas publicas:
la información que los grupos de intereses aportan al proceso político y la que recogen
de los que formulan la política y luego transmiten a los grupos. Esto le da al cabildeo
un papel en el proceso político que resulta necesario regular adecuadamente en un
contexto de interés público.
Según el Diccionario Universal de
Términos Parlamentarios1, por "cabildear" se entiende:
"I. Verbo que deriva del sustantivo
cabildo y éste a su vez del latín capitulum, comunidad. Es sinónimo de intrigar
y equivale a cabalar en portugués; to lobby, en inglés; briguer, en
francés; intrigieren, en alemán y brigare, en italiano. Por cabildear se
entiende la actividad y maña que se realiza para ganarse voluntades en un cuerpo
colegiado o corporación (DRAE, 19a. ed.). El uso de intermediarios o promotores para
inclinar hacia una cierta tendencia que favorezca intereses personales o de grupo es tan
antiguo como la existencia misma del Estado. Podemos encontrar sus rastros en las
prácticas legislativas en Roma, Grecia o cualquiera de los países que han adoptado una
estructura formal con un cuerpo legislativo creador de leyes. Con nombres diferentes en
cada época y lugar, este tipo de intercesores han utilizado su influencia o conocimientos
al servicio de quienes puedan pagar por ello."
"ll. En la práctica parlamentaria el
término se refiere a la acción de negociar o gestionar con habilidad y astucia para
presionar a los legisladores a fin de inclinar a favor de algún grupo de interés
específico la decisión en la discusión de las leyes. La actividad se desarrolla en casi
todos los países donde existe un Congreso y es ejercida en forma abierta o encubierta.
En Estados Unidos, el cabildeo es una
actividad protegida por la ley, con base en lo establecido por la primera enmienda
constitucional, prohibiendo al Congreso dictar leyes que limiten la libertad de expresión
o prensa o el derecho de petición del pueblo para la atención de sus quejas. Como
resultado, la actividad de los cabilderos se presta para crear un clima de corrupción y
conflicto de intereses. Las empresas, los sindicatos, los grupos de población o gobiernos
de otros países contratan a los cabilderos para defender sus intereses particulares, lo
que no siempre resulta favorable a la sociedad ni cae dentro de la legalidad.
El cabildeo ejerce presión mediante
diversos mecanismos: alianzas entre los diferentes grupos de cabilderos, presiones
directas sobre los legisladores, sobornos, manipulación de los electores para lograr
presiones indirectas, apoyo electoral tanto económico como organizativo, para lograr la
elección o la permanencia de los legisladores en su cargo (vid. supra, acuerdo).
1. 1998, Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión. Comité del Instituto de Investigaciones Legislativas, LVII
Legislatura. Miguel Angel Porrúa, libreroeditor. México.
Los instrumentos del cabildero son el
acceso o tráfico de influencia, pero también es importante el conocimiento y la
técnica. Se han realizado investigaciones por parte de comités de ética, sin que se
hayan logrado resultados para someter a la ley ni a los cabilderos ni a los representantes
que reciben obsequios o favores de éstos. Los cabilderos pueden ser consultores
políticos, abogados, representantes extranjeros, especialistas legislatívos, defensores
del consumidor, representantes de asociaciones gremiales o especialistas en asuntos
gubernamentales."
"III.. En el ambiente parlamentario
mexicano, la actividad de cabildeo no se reconoce oficialmente, lo que no significa que no
exista. La forma más conocida en que se lleva a cabo esta actividad es que los grupos
empresariales, sindicatos o asociaciones de todo tipo organicen reuniones de trabajo con
los legisladores para darles a conocer sus puntos de vista sobre diferentes aspectos que
éstos discuten para su inserción o modificación a la ley. La actividad encubierta de
cabildeo que se realiza en forma permanente en las cámaras no se menciona públicamente.
En la práctica parlamentaria, este cabildeo puede tener lugar entre los diputados,
senadores o asambleístas y/o entre las fracciones o grupos parlamentarios (David Vega
Vera.)"
Se estima importante la definición antes
transcrita como punto de referencia, independientemente de sus evidentes limitaciones y
desactualización, en razón de que es parte de una obra patrocinada por el Congreso de la
Unión e instrumento obligado e indispensable de consulta en el trabajo legislativo y
parlamentario.
Otra importante precisión, para efectos de
las decisiones legislativas que, en su momento, se adopten, será la de establecer los
elementos sustantivos y diferenciales del término "cabildeo" respecto de
figuras similares como los de: "promoción de causas", "gestión
social" o "grupos de interés público". Figuras todas éstas entendidas
como formas organizadas de acción ciudadana comúnmente utilizadas para promover frente a
las autoridades de gobierno y los representantes populares una causa o un interés
específico en particular, sin el apoyo de servicios profesionales remunerados.
Para diversos analistas, por ejemplo, la
promoción de causas es un término de significado más limitado que el de cabildeo, mismo
que se usa más ampliamente para incluir todos los intereses, tanto públicos como
privados, que tratan de influir en la administración o en la representación popular. En
otras palabras, el término "cabildeo" describe por lo general actividades
profesionales de apoyo a diversas organizaciones y grupos de los sectores publico, social
o privado, en defensa de intereses específicos y claramente identificados. De su parte,
la promoción de causas no tendría un sentido de prestación de servicios profesionales
remunerados, sino más bien el apoyo organizado a objetivos sociales o políticos de
carácter general.
En todo caso, el cabildeo constituye una
actividad jurídica legítima, protegida y garantizada a nivel constitucional bajo las
garantías de libre asociación, la libertad de trabajo y el derecho de petición, que
requiere, sin embargo de una regulación puntual en tanto involucra la interpretación,
representación, transmisión o gestión de intereses privados frente a las instituciones
públicas.
De otra parte, la regulación del cabildeo
cobra mayor importancia por su interrelación con las actividades políticas organizadas
de partidos, grupos parlamentarios y legisladores, en el caso del cabildeo legislativo y
de instituciones, autoridades y servidores públicos, en el caso del cabildeo
administrativo en tanto a través de éstas se orientan, en gran medida las decisiones
administrativas.
La regulación de las actividades
profesionales del cabildeo necesariamente tendrá que darse en el orden federal, en tanto
que la normatividad que en su caso se expediría tendría que ver exclusivamente con los
procedimientos y mecanismos administrativos, en el caso del Poder Ejecutivo Federal y las
entidades paraestatales y con el proceso legislativo y los procedimientos parlamentarios,
en el caso del Congreso de la Unión.
De igual manera, al constituirse el
cabildeo en una práctica particular equiparada con la figura civil de la gestión de
negocios, su regulación frente al poder público corresponderá a cada orden de gobierno,
Federal o estatal, según sea el caso, precisamente por la orientación de las actividades
negociables de que se trata. En todo caso, pueden preverse a nivel federal disposiciones
que permitan el establecimiento de bases de colaboración entre los poderes de la
Federación y las entidades federativas para la vigilancia y adecuado control de dichas
actividades y de los sujetos que las realicen.
Las normas que se plantean para la
regulación de la actividad profesional de cabildeo o promoción de causas, deben
mínimamente obedecer a los siguientes criterios generales:
• Definir con toda claridad la
naturaleza y alcances de la actividad profesional de cabildeo y promoción de causas.
• Precisar con toda certeza los
sujetos activos y pasivos en la actividad de referencia.
• Establecer el carácter comercial de
prestación de servicios profesionales, para la actividad de cabildeo.
• Producir un código de conducta de
la actividad en cuestión.
• Establecer la obligatoriedad de un
registro público de las personas dedicadas profesionalmente al cabildeo.
• Definir las obligaciones y
responsabilidades de las dependencias y servidores públicos, tanto del Ejecutivo Federal
como del Legislativo y entidades autónomas, respecto de las actividades de cabildeo.
• Establecer las bases para la
realización de actividades de cabildeo por parte de dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal frente a gobiernos, organizaciones o entidades del
extranjero o multinacionales.
• Regular las actividades de cabildeo
en México de los nacionales y de los extranjeros.
• Establecer un régimen de
responsabilidades y sanciones para los cabilderos.
Por las anteriores consideraciones, se
somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por conducto de esta
Cámara de Diputados la siguiente
INICIATIVA
De Ley Federal para Regular la Actividad
Profesional de Cabildeo y la Promoción de Causas.
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
CAPITULO UNICO
Artículo 1o. La presente
ley tiene como finalidad la regulación y control de las actividades profesionales de
cabildeo legislativo y promoción de causas en las cámaras del Congreso de la Unión.
Artículo 2o. Para los
efectos de esta ley se entenderá por:
I, Cabildeo: la actividad profesional
remunerada desarrollada por personas físicas o morales en representación de terceros,
que tenga por objeto la promoción de intereses y objetivos legítimos de entidades u
organizaciones privadas o públicas frente a los órganos del Congreso de la Unión, que
se traducen en productos legislativos conforme a las leyes, los reglamentos y la práctica
parlamentaria.
II. Promoción de causas: son procesos de
movilización y participación activa, organizada y planificada de grupos o sectores
determinados la sociedad civil, por los cuales se busca incidir en el ámbito de los
poderes públicos, en el pleno uso de sus derechos humanos y políticos, con objeto de
lograr el cumplimiento de objetivos concretos en función de sus planteamientos y
propuestas.
III. Dependencias y entidades: las
señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, incluidas la
Presidencia de la República, los órganos administrativos desconcentrados y la
Procuraduría General de la República.
IV. Organos legislativos: los señalados en
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los reglamentos
y acuerdos parlamentarios de las cámaras que lo integran, incluidas las comisiones,
grupos del trabajo, comités y los órganos políticos y de dirección legislativa.
V. Registro de cabilderos : el registro
público, integrado con la información de las personas físicas y morales, nacionales o
extranjeras, que realizan actividades profesionales de cabildeo.
VI. Ley: la Ley Federal para Regular la
Actividad Profesional de Cabildeo y la Promoción de Causas y
VII. Servidores públicos: los mencionados
en el párrafo primero del artículo 108 constitucional y todas aquellas personas que
manejen o apliquen recursos públicos federales.
Artículo 3o. Mediante los
servicios profesionales de cabildeo o las acciones de promoción de causas, pueden
buscarse los siguientes objetivos:
I. La promoción, iniciación, reformas,
derogación, ratificación o abrogación de leyes o decretos, acuerdos o reglamentos, de
la competencia del Congreso de la Unión, las cámaras de Senadores o Diputados y los
correspondientes órganos legislativos técnicos, políticos y de dirección;
3018,3019,3020
II. La reforma, derogación, ratificación
o abrogación de reglamentos expedidos por el Ejecutivo Federal en ejercicio de sus
facultades y competencia;
III. La adopción de decisiones o
ejecución de acciones administrativas, programáticas o de gobierno que tengan qué ver
con políticas públicas y las facultades asignadas constitucional y legalmente al
Ejecutivo Federal y sus dependencias y a las entidades paraestatales y
IV. Todos aquellos otros de similar
naturaleza que guarden relación con los anteriores.
Artículo 4o. Para los efectos de la
presente ley, se definen como cabilderos o gestores de promoción de causas, a las
personas físicas o jurídicas, nacionales y extranjeras, que desarrollan, previa su
inscripción en el registro respectivo, en forma profesional, todo tipo de actividad en
defensa de intereses particulares, sectoriales o institucionales, en relación con las
legislaciones y decisiones emitidas o por emitir de los poderes Legislativo y Ejecutivo o
de carácter administrativo, conforme a las condiciones y modalidades determinadas.
En todo caso, debe entenderse a las
acciones de cabildeo o de promoción de causas, como gestiones de particulares o de grupos
de interés que se ejercen en legítimo uso de los derechos de libre asociación, de
petición y la libertad de trabajo y que de ningún modo establecen obligaciones a cargo
de los órganos y autoridades de orden público a las que se dirijan, fuera de las
constitucional y legalmente establecidas para garantizar el disfrute y ejercicio de tales
garantías.
Artículo 5o. Los materiales, datos o
información que los despachos de cabilderos o los grupos de promoción de causas aporten
a los órganos legislativos o administrativos frente a los cuales desempeñen sus
actividades profesionales respecto de los temas o asuntos que patrocinen o promuevan,
deberán ser claramente identificables en cuanto su origen y autoría.
TITULO SEGUNDO
De los servicios profesionales
de cabildeo
CAPITULO I
Del cabildeo legislativo
Artículo 6o. El cabildeo
legislativo es el conjunto de acciones dirigidas específicamente a los integrantes de las
cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión en lo individual o a las
comisiones ordinarias, especiales o de investigación, así como a los comités y grupos
de trabajo integrados conforme a la normatividad legislativa y parlamentaria, que tiene
por objeto influir de manera informada, propositiva y constructiva, en la elaboración,
reforma o modificación de los diversos productos legislativos y parlamentarios.
Al constituir el proceso legislativo un
conjunto de actos secuenciales a cargo de diversas instancias de los poderes Ejecutivo y
Legislativo, en el que deben tenerse en cuenta circunstancias de diverso orden y
naturaleza, además de otras variables de coyuntura y de oportunidad, resulta conveniente,
por razones de certeza y economía, prestar apoyos de orden técnico o aportar a los
órganos del Legislativo información especializada de diversa índole y origen, para
propiciar en la medida de lo posible y dentro de la ley, las condiciones necesarias para
que los productos legislativos de que se trate puedan tener la mayor calidad y eficacia
posibles.
Artículo 7o. En ejercicio
de las libertades inherentes a los derechos de trabajo, asociación y petición, las
personas, organizaciones sociales, grupos y demás entidades que realicen acciones de
cabildeo legislativo o de promoción de causas, deberán ser reconocidas por los órganos
e instancias de trabajo legislativo y parlamentario correspondientes, en términos de los
acuerdos que al efecto expidan los órganos competentes.
Artículo 8o. En todo
caso, las personas, organizaciones o grupos que realicen acciones de cabildeo frente a los
órganos del Congreso de la Unión, sea cual fuere su naturaleza, deberán en todo momento
abstenerse de realizar a los legisladores o el personal a su servicio, pagos en dinero, en
especie o en servicios de cualesquier naturaleza o entregarlos en su nombre y
representación a terceros, bajo pena de hacerse acreedores de las sanciones que más
adelante se indican, independientemente de las faltas o delitos que con tales conductas se
llegaren a cometer.
CAPITULO II
Del cabildeo en el ámbito del Poder
Ejecutivo
Artículo 9o. El cabildeo
frente al Poder Ejecutivo lo constituyen las acciones de promoción que se realizan en el
ámbito de la Presidencia de la República, sus dependencias y organismos
descentralizados, que tienen por objeto la búsqueda y legítima promoción de intereses
públicos y privados que tienen qué ver con la planeación, ejecución y desarrollo de
las acciones administrativas y programáticas que a cada entidad, dependencia u organismo
asignan las leyes respectivas.
Artículo 10. Independientemente
de su carácter de objeto de acciones de cabildeo, el Ejecutivo Federal, sus dependencias
y los organismos descentralizados, tienen la facultad de realizar las acciones de cabildeo
necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines, ya sea por conducto de las unidades y
los servidores públicos asignados específicamente como enlaces ante los órganos
legislativos o bien mediante la contratación de los servicios profesionales del caso a
cargo de particulares, cuando la materia o la complejidad técnica de los asuntos
correspondientes, así lo hagan recomendable.
Artículo 11. La
contratación de servicios profesionales de cabildeo, cualquiera que sea la naturaleza,
ubicación o situación de los sujetos o la materia de las acciones correspondientes,
deberá sujetarse a la legislación en materia de contratación de bienes y servicios de
la Administración Pública Federal y demás normatividad aplicable.
TITULO TERCERO
Del registro público nacional de
prestadores de servicios profesionales
de cabildeo
CAPITULO UNICO
Artículo 12. El Ejecutivo
Federal, por conducto de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo,
con la participación que corresponda a la Secretaría de Gobernación, llevarán y
administrarán el registro público nacional de prestadores de servicios profesionales de
cabildeo.
Artículo 13. La
Presidencia del Congreso de la Unión tendrá bajo su responsabilidad la integración y
actualización de la sección legislativa del registro público de prestadores de
servicios profesionales de cabildeo, en coordinación con las dependencias del Ejecutivo
Federal citadas en el artículo anterior.
La Presidencia de cada Cámara del Congreso
de la Unión será responsable, conforme a los acuerdos relativos, de aportar al registro
mencionado en el párrafo precedente, la información y datos necesarios de las personas
que realicen actividades de cabildeo o promoción de causas en cada órgano legislativo.
Artículo 14. Ninguna
persona podrá ser contratada ni prestar servicios profesionales de cabildeo en el ámbito
de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, si previamente no ha solicitado y
obtenido el registro correspondiente en el registro a que se refieren los artículos 12 y
13 de esta ley.
Artículo 15. Para ejercer
la actividad en forma profesional, la autoridad competente dotará al cabildero de una
cédula de registro, la cual deberá ser renovada cada tres años.
La información que cada persona presente
para su registro, conforme lo determine el reglamento correspondiente, será de acceso
público y será de la estricta responsabilidad de cada solicitante de registro.
Artículo 16. La autoridad
responsable del registro público nacional de prestadores de servicios profesionales de
cabildeo tendrá las siguientes funciones, deberes y atribuciones:
a) Dirigir el registro conforme a los
deberes de honestidad, transparencia y rectitud que orientan el servicio público;
b) Vigilar el adecuado cumplimiento de esta
ley y su reglamento;
c) Dictar normas de ética conforme a las
disposiciones y objetivos de la presente ley;
d) Colaborar con todas aquellas personas o
instituciones que requieran de información u orientación sobre el ejercicio de la
profesión de cabildeo o promoción de causas y los contenidos y alcances de esta ley y su
reglamento;
e) Combatir el ejercicio ilegal de la
profesión y vigilar la observancia de las normas éticas profesionales;
f) Desarrollar vinculaciones con organismos
afines en el país y del extranjero;
g) Combatir los actos de corrupción y de
tráfico de influencias de los grupos que no estén debidamente inscritos para desarrollar
el cabildeo y
h) Mantener los archivos de los informes y
declaraciones notariales exigidos por esta ley y su reglamento.
TITULO CUARTO
Responsabilidades y sanciones
CAPITULO UNICO
Artículo 17. Serán
causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos en los poderes
Ejecutivo y Legislativo de la Unión por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en esta ley, las siguientes:
I. Solicitar o recibir, para sí o para
terceros, el pago o dádiva de bienes en dinero o especie o servicios de cualesquier
índole, de personas, organizaciones o grupos que se dediquen profesionalmente a la
prestación de servicios de cabildeo o promoción de causas.
II. Condicionar la realización de los
trabajos y tareas o la prestación de los servicios que constitucional o legalmente les
correspondan en función de su cargo o representación, a la intervención de personas,
grupos u organizaciones dedicados profesionalmente al cabildeo o a la promoción de
causas.
III. Ocultar, sustraer, destruir,
inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida información o
datos que les sean proporcionados por las personas que presten servicios profesionales de
cabildeo, que les sean proporcionados en función de tales actividades.
IV. Actuar con negligencia, dolo o mala fe
en la atención de las solicitudes que conforme a derecho se les encarga, en el contexto
de las tareas y promociones que realicen los prestadores de los servicios a que se refiere
la presente ley.
Artículo 18. Estarán
impedidos para registrarse y actuar profesionalmente como cabilderos:
a) Quienes se encuentren caracterizados por
alguna de las incompatibilidades establecidas en la presente ley;
b) Los condenados judicialmente por
comisión de delitos dolosos de acción pública, a pena privativa de libertad o a
inhabilitación profesional y
c) Los inhabilitados para ejercer cargos
públicos.
Artículo 19. La
responsabilidad a que se refiere el artículo precedente o cualquierá otra derivada del
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, será sancionada en los
términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos.
Artículo 20. Las
violaciones a la presente ley, en que incurran los prestadores de servicios profesionales
de cabildeo, serán castigadas con la pérdida de su registro y la inhabilitación para
realizar acciones de cabildeo frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.
Lo anterior, independientemente de las responsabilidades penales o administrativas en que
puedan incurrir conforme a la legislación federal aplicable.
En el supuesto anterior, la autoridad
responsable de la integración y actualización del registro público nacional de
prestadores de servicios profesionales de cabíldeo deberá boletinar a los gobiernos de
las entidades federativas y a los congresos locales, los casos de pérdida de registro,
para los efectos correspondientes. En su caso, la misma autoridad deberá tomar nota de
las comunicaciones que en el mismo sentido pueda recibir de las autoridades de las
entidades federativas.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. La presente ley
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación, con las modalidades que establecen los artículos siguientes.
Segundo. La Secretaría de
la Contraloría y Desarrollo Administrativo con la participación de la Secretaría
Gobernación y las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, deberán,
en un plazo no mayor a 90 días a partir de la entrada en vigor de la presente ley,
organizar y poner en funcionamiento el registro público a que se hace referencia en el
cuerpo de la misma.
México, D.F., a 29 de abril de 2002.—
Diputado, Efrén Leyva Acevedo.»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Diputado, esta Presidencia pensaría que es
a Gobernación y a Régimen y Prácticas Parlamentarias, por tratarse de temas que inciden
hacia el interior de la Cámara.
Publíquese íntegramente en la Gaceta
y en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
3021,3022,3023
ASISTENCIA
(II)
La Presidenta:
Se pide a la Secretaría dar cuenta del
registro electrónico de asistencia e instruir su cierre.
El secretario Adrián Rivera
Pérez:
Se informa a la Presidencia que hasta el
momento el sistema registra una asistencia de 435 diputados. Ciérrese el sistema
electrónico.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Bernardo de la
Garza Herrera, para presentar una iniciativa vinculada con el Reglamento del Congreso.
Diputado, la pospongo para el final de las
iniciativas.
LIBERTAD
PREPARATORIA
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado César Duarte
Jáquez, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 85 del Código Penal
Federal y el 8o. y 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación
Social de Sentenciados.
El diputado César Horacio Duarte
Jáquez:
Gracias, compañera Presidenta:
Con el fin de actualizar la problemática
que existe en los ceresos del país y en especial los del Estado de Chihuahua, esta
representación social pone a consideración de esta soberanía el sentir de ciudadanos
que por algún motivo se encuentran privados de su libertad en los centros penitenciarios
del país.
Con las facultades que como legislador
federal me confiere la ley, propongo a esta soberanía las modificaciones y adiciones al
artículo 85 del Código Penal Federal y 8o. y 16 de la Ley que Establece las Normas
Mínimas Sobre Readaptación Social para Sentenciados Federales.
Cabe destacar que los legisladores, en el
momento de modificar el articulado ya mencionado, tenían una finalidad loable, pero
queriéndola llegar más allá de lo usual, equivocaron su rumbo. Intentando disuadir al
infractor de no delinquir de nuevo, establecieron una penalidad muy alta para ciertos
delitos donde, por su naturaleza, se les negaba el derecho a la libertad preparatoria y
aún más, a la remisión de la pena, olvidando en ese momento el propósito o el motivo
de por qué la ley venía otorgando dichos beneficios.
Para mejor entendimiento, el beneficio de
la libertad preparatoria consiste que una vez cumplidas las tres quintas partes de la
sentencia, se le dé la oportunidad de adquirir su libertad y si bien hablamos del
beneficio de la remisión de la pena, éste se lo gana el sentenciado con su propio
esfuerzo, pero siempre pensando en que con ello obtendrá su libertad porque en el
transcurso de su condena realiza funciones que al mismo tiempo benefician a la
institución en que se encuentran recluidos, puesto que la ley establece, en el artículo
84 del Código Penal Federal, que por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno
de prisión.
Por lo tanto, se considera que este
beneficio no debe de ser restringido a ciertas conductas delictivas, puesto que el fin de
la reclusión es precisamente que las personas que sufren sean verdaderamente readaptadas
y como consecuencia, puedan reintegrarse a la sociedad.
En el Estado de Chihuahua, por citar un
ejemplo, se tiene en el Cereso de Ciudad Juárez una población de 3 mil 372 reos, muy
sobrepoblada, de los cuales 51% son del fuero federal y sólo el 49% del fuero común.
Como se puede notar, este dato es la
estadística actual del Cereso en cita y en los últimos 12 meses se han obtenido 227
libertades concedidas, tres libertades más en trámite de elaboración, 117 internos
trasladados de Estados Unidos fueron enviados a las autoridades correspondientes para su
opinión, 29 cartas de ofrecimiento de trabajo y de fiador, de aval moral para los
traslados de Estados Unidos que lamentablemente se encuentran imposibilitados de obtener
algún beneficio de la libertad anticipada. El resto de ellos, como la prohibición legal
lo establece, aún no están a tiempo de obtener su libertad preparatoria, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 84 del Código Penal Federal.
Por lo que sí, de acuerdo a los estudios
que el numeral en mención establece, para obtener una libertad anticipada debe otorgarse
a todas y a todos los reos que se encuentran preparados y en condición de integrarse a la
sociedad. Entendiendo con ello que los reclusos que cumplan con todos y cada uno de los
programas y/o mecanismos que implemente el Ejecutivo y que de manera permanente a partir
de la creación de los mismos los reclusos trabajen, estudien formalmente, se capaciten y
así se encuentren en óptimas condiciones para reincorporarse a la sociedad.
Con dichas condiciones el beneficio que se
generará de manera directa es que el recluso adquiera una verdadera readaptación social,
la manera de participar de manera decisiva y por iniciativa personal, ya que los
conocimientos científicos y empíricos que adquiera a través de los programas o
mecanismos que se implanten para su readaptación sirvan para el fin y una vez reintegrado
a la sociedad los aplique.
Los hombres de buenas costumbres
reconocemos que toda persona es capaz de equivocarse y cometer los más graves y terribles
errores en el tránsito de su vida, pero así también ciertos estamos que todos somos
capaces de reivindicar nuestros errores, una vez cumplido el señalamiento de la sociedad
aprensiva y el castigo de una autoridad que aplique el estricto sentido de la ley.
En tal inteligencia, el artículo 85 del
Código Penal Federal y los artículos 8o. y 16 de la Ley que Establece las Normas
Mínimas Sobre Readaptación Social del Sentenciado Federal, deben ser observados, dado
que el artículo 18 constitucional hace énfasis en la base del trabajo, la capacitación
y la educación son medios para la readaptación social del delincuente. No obstante, se
manifiesta una flagrante violación de carácter constitucional, ya que la esencia de su
aplicación parece ser asunto de criterio mas no de derecho y mucho menos de justicia.
3024,3025,3026
Carece de reglas claras y mecanismos bien
definidos, en donde, vía un esfuerzo extraordinario por parte del recluso, contemplen las
actividades de estudio, jornadas de trabajo, entre otras, para que quienes tienen
responsabilidad de llevar a ejercicio el articulado en cita consideren que los centros
penitenciarios deben ser verdaderos centros de readaptación y dejar de ser universidades
del crimen. Lamentable característica de estos centros hoy día.
Por otra parte, orientado a la disminución
de problemas colaterales, como es el caso de la entrega de presupuestos a los reclusorios,
no obstante es muy gravoso para las arcas municipales y estatales la manutención de estos
reos, pues la gran cantidad de ellos son federales en reclusorios municipales y estatales.
Muchos municipios y estados, pese a su crítica situación financiera aún tienen que
hacer frente a un problema económico, que a decir verdad no les corresponde, así como
disminuir problemas de abuso sexual, promiscuidad, de que son objeto los mismos reos entre
la sociedad que compurgan esa pena, siempre alejándose de lo que debiera ser una
verdadera readaptación social, pues el hacinamiento de muchos que están y no deberían
de estar agrava el problema.
El Poder Ejecutivo Federal, a través de la
Secretaría de Seguridad Pública, debe instrumentar programas de información para el
recluso, que en muchos de los casos conoce de las bondades que pese a su rigor la ley le
provee mecanismos para alcanzar el beneficio con su espíritu de conciencia, buena
conducta y actividades de cooperatividad, se adicionen como medios para la disminución de
esta pena.
Solicito respetuosamente a esta Presidencia
la publicación en la Gaceta Parlamentaria de las modificaciones y adiciones al
artículo 85 del Código Penal Federal, a los artículos 8o. y 16 de la Ley que Establece
las Normas Mínimas de la Readaptación Social del Sentenciado Federal, que en este
momento entrego a la Secretaría.
Por lo anteriormente expuesto, se propone
que con las modificaciones y adiciones del articulado en mención, el recluso tenga la
oportunidad de participar por iniciativa personal en los programas y mecanismos que
implementa el Ejecutivo y que por única ocasión pueda gozar del beneficio de libertad
preparatoria, siempre y cuando base en los principios rectores del trabajo, estudio
formal, la capacitación, la calificación y el esfuerzo propio, de acuerdo a la
aplicación estricta del espíritu de la ley, dejando de ser esto cuestión de criterio y
siempre buscando justicia, logrando con ello la integración a la sociedad,
reivindicándose ante la misma a partir de las garantías individuales a las que también
estos mexicanos tienen derecho.
Cambiemos el concepto integral de la
readaptación social en México hasta hoy conocido, ya que carece de todo efecto positivo
para nuestra sociedad.
Muchas gracias.
«Modificaciones y adiciones a los
artículos 85 del Código Penal Federal y 8o. y 16 de la Ley que Establece las Normas
Mínimas Sobre Readaptación Social del Sentenciado Federal.
Con el fin de actualizar la problemática
existente en los ceresos del país y en especial los del Estado de Chihuahua, esta
representación social pone a consideración de esta soberanía el sentir de ciudadanos
que por algún motivo se encuentran privados de su libertad en los centros penitenciarios
del país, que con las facultades que como legislador federal me confiere la ley, propongo
a esta soberanía, las modificaciones y adiciones al artículo 85 del Código Penal
Federal y el 8o. y el 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación
Social para Sentenciados Federales.
Cabe destacar que los legisladores en el
momento de modificar el articulado ya mencionado, tenían una finalidad loable pero,
queriéndola llegar más allá de lo usual, equivocaron su rumbo, intentando disuadir al
infractor de no delinquir de nuevo, establecieron una penalidad muy alta para ciertos
delitos, donde por su naturaleza se les negaba el derecho a la libertad preparatoria y
aún más a la remisión de la pena, olvidando en ese momento el propósito o el motivo,
el porqué en la ley venían otorgándose dichos beneficios.
Para mejor entendimiento; el beneficio de
la libertad preparatoria consiste, que una vez cumplidas las tres quintas partes de su
sentencia se le dé la oportunidad de adquirir su libertad y si hablamos del beneficio de
la remisión de la pena, éste se lo gana el sentenciado con su propio esfuerzo, pero
siempre pensando en que con ello obtendrá su libertad, porque en el transcurso de su
condena, realiza funciones que al mismo tiempo benefician a la institución en que se
encuentran recluidos, puesto que la ley lo establece en el artículo 84 del Código Penal
Federal, que por cada dos días de trabajo se hará remisión de un día de prisión.
Por lo tanto, se considera que este
beneficio no debe ser restringido a ciertas conductas delictivas, puesto que el fin de la
reclusión es precisamente que las personas que la sufren sean verdaderamente readaptadas
y como consecuencia puedan reintegrarse a la sociedad.
En el Estado de Chihuahua, por citar un
ejemplo, se tiene en el Cereso de Ciudad Juárez una población de 3 mil 372 reos, de los
cuales el 51%, son del fuero federal y el 49% son del fuero común, como se puede notar,
más de la mitad, este dato es la estadística actual en el Cereso en cita y en los
últimos 12 meses se han obtenido 227 libertades concedidas, tres libertades más en
trámite de elaboración, 117 internos trasladados de Estados Unidos, fueron enviados a
las autoridades correspondientes para su opinión, 29 cartas de ofrecimiento de trabajo y
de fiador de aval moral, de los trasladados de Estados Unidos, lamentablemente se
encuentran imposibilitados para obtener algún beneficio de libertad anticipada. El resto
de ellos, como la prohibición legal lo establece, aún no están a tiempo de obtener su
libertad preparatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 84 del Código Penal
Federal.
Por lo que sí, de acuerdo a los estudios
que el numeral en mención establece, para obtener una libertad anticipada, debe de
otorgarse a todas y todos los reos que se encuentran preparados y en condiciones de
integrarse a la sociedad, entendiendo con ello que los reclusos cumplan con todos y cada
uno de los programas y/o mecanismos que implemente el Ejecutivo y que de manera
permanente, a partir de la creación de los mismos, los reclusos trabajen, estudien
formalmente, se capaciten y así se encuentre en óptimas condiciones para reincorporarse
a la sociedad.
Con dichas condicionantes, el beneficio que
se generará de manera directa, es que el recluso adquiera una verdadera readaptación
social, la necesidad de participar de manera decisiva y por iniciativa personal, ya que
los conocimientos científicos y/o empíricos que adquiera a través de los programas y/o
mecanismos que se implementen para la readaptación, sirvan para el fin y una vez
reintegrado a la sociedad, los aplique.
"Los hombres de buenas costumbres
reconocemos que toda persona es capaz de equivocarse y cometer los más graves y terribles
errores en el tránsito de su vida, pero así también, ciertos estamos que todos somos
capaces de reivindicar nuestros errores, una vez cumplido el señalamiento de una sociedad
aprehensiva y el castigo de una autoridad que aplica el estricto sentido de la ley."
En tal inteligencia, el artículo 85 de
Código Penal Federal y los artículos 8o. y 16 de la Ley que Establece las Normas
Mínimas Sobre Readaptación Social del Sentenciado Federal, deben de ser observados, dado
que el artículo 18 constitucional hace énfasis que la base del trabajo, la capacitación
y la educación son medios para la readaptación social del delincuente, no obstante se
manifiesta una flagrante violación de carácter constitucional, ya que la escencia de su
aplicación parece ser asunto de criterio, mas no de derecho, mucho menos de justicia y
carecen de reglas claras y mecanismos bien definidos, en donde vía un esfuerzo
extraordinario por parte del recluso, contemplen las actividades de estudio, jornadas de
trabajo, entre otras, para que quienes tienen la responsabilidad de llevar a ejercicio, el
articulado en cita, consideren que los centros penitenciarios deben ser verdaderos centros
de readaptación y dejar de ser universidades del crimen, lamentable característica de
estos centros.
Por otra parte, orientando a la
disminución de problemas colaterales como es el caso de la entrega del presupuesto a los
reclusorios; no obstante, el gasto es gravoso para las arcas municipales y estatales, la
manutención de estos reos, pues gran cantidad de ellos son federales en reclusorios
municipales y estatales. Muchos municipios y estados, pese a su crítica situación
financiera aún tienen que hacer frente a un problema económico, que a decir verdad no le
corresponde. Así como disminuir problemas de abuso sexual y promiscuidad de que son
objeto los mismos reclusos entre la sociedad en que compurgan su pena, siempre alejándose
de lo que debiera ser una readaptación social, pues el hacinamiento de muchos que están
y no deberían de estar agrava el problema.
El Poder Ejecutivo a través de la
Secretaría de Seguridad Pública deba instrumentar programas de información para el
recluso, que en muchos de los casos desconoce de las bondades, que pese a su rigor, la
misma ley le provee de mecanismos para alcanzar el beneficio que con su espíritu de
conciencia, buena conducta y actividades de cooperatividad, se adicionen como medios para
la disminución de su pena.
"Código Penal Federal
Artículo 85.
No se concederá la libertad preparatoria
a:
I. Los sentenciados por alguno de los
delitos previstos en este código que a continuación se señalan:
a) Uso ilícito de instalaciones destinadas
al tránsito aéreo, previsto en el artículo 172-bis, párrafo tercero;
b) Contra la salud, previsto en el
artículo 194, salvo que se trate de individuos en los que concurran evidente atraso
cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica;
c) Corrupción de menores o incapaces,
previsto en el artículo 201;
d) Violación, previsto en los artículos
265, 266 y 266-bis;
e) Homicidio, previsto en los artículos
315, 315-bis y 320;
f) Secuestro, previsto en el artículo 366,
salvo los dos párrafos últimos y tráfico de menores, previsto en el artículo 366-ter;
g) Comercialización de objetos robados,
previsto en el artículo 368-ter;
h) Robo de vehículo, previsto en el
artículo 376-bis;
i) Robo, previsto en los artículos 371
último párrafo; 372; 381 fracciones VII, VIII, IX, X, XI y XV; 381-bis;
j) Operaciones con recursos de procedencia
ilícita, previsto en el artículo 400-bis.
II. Los que incurran en segunda
reincidencia de delito doloso o sean considerados delincuentes habituales.
Tratándose de los delitos comprendidos en
el Título Décimo de este código, la libertad preparatoria sólo se concederá cuando se
satisfaga la reparación del daño a que se refiere la fracción III del artículo 30 o se
otorgue caución que la garantice".
"Se propone
Artículo 85. . .
Los reclusos que hayan cometido alguno de
os delitos a que se refiere este artículo, gozarán del beneficio de la libertad
preparatoria, siempre y cuando participen de manera permanente en programas y/o mecanismos
implentados por el Ejecutivo, que atiendan a jornadas laborales normales, capacitación y
de educación formal, mismos que coadyuven a dar una evaluación científica y de éstos
se desprenda que han aIcanzado el grado de readaptación y que se encuentren en
posibilidades de reintegrarse a la sociedad, observando lo que al efecto establece el
artículo que precede, bajo estrecha supervisión de la Secretaría de Seguridad Pública,
una vez que hayan alcanzado el beneficio de la libertad.
Para la aplicación de esta disposición a
los reclusos que aún estén compurgando su pena, se llevará a cabo la revaloración de
su participación en programas ya existentes en cada centro de readaptación penitenciario
y siempre que haya cumplido cuatro de las quintas partes de su condena, in perjuicio de lo
establecido en las fracciones I, II y III del artículo 84 del presente código."
Ley que Establece las Normas
Mínimas Sobre Readaptación Social del Sentenciado Federal
Artículo 8o.
El tratamiento preliberacional podrá
comprender:
I. Información y orientación especiales y
discusión con el interno y sus familiares de los aspectos personales y prácticos de su
vida en libertad;
II. Métodos colectivos;
III. Concesión de mayor libertad dentro
del establecimiento;
IV. Traslado a la institución abierta y
V. Permisos de salida de fin de semana o
diaria con reclusión nocturna o bien de salida en días hábiles con reclusión de fin de
semana.
Al aplicar las medidas de tratamiento
establecidas en las fracciones IV y V, la autoridad condicionará su otorgamiento, al
cumplimiento de lo previsto en la fracción III y en los incisos a al d del
artículo 84 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para
toda la República en Materia de Fuero Federal. No se concederán dichas medidas cuando el
sentenciado se encuentre en cualquiera de los casos a que se refiere el artículo 85 del
mencionado Código Penal. La autoridad podrá revocar dichas medidas, conforme a lo
establecido en el artículo 86 del citado Código Penal.
Artículo 16.
Por cada dos días de trabajo se hará
remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe
regularmente en las actividades educativas que se organicen en el establecimiento y revele
por otros datos efectiva readaptación social. Esta última será, en todo caso, el factor
determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que no
podrá fundarse exclusivamente en los días de trabajo, en la participación en
actividades educativas y en el buen comportamiento del sentenciado.
La remisión funcionará independientemente
de la libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el orden
que beneficie al reo. El Ejecutivo regulará el sistema de cómputos para la aplicación
de este precepto, que en ningún caso quedará sujeto a normas reglamentarias de los
establecimientos de reclusión o a disposiciones de las autoridades encargadas de la
custodia y de la readaptación social.
La autoridad al conceder la remisión
parcial de la pena, establecerá las condiciones que deba cumplir el sentenciado, conforme
a lo establecido en la fracción III y los incisos a al d del artículo 84
del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la
República en Materia de Fuero Federal. La remisión parcial de la pena no se concederá a
los sentenciados que se encuentren en cualquiera de los casos a que se refiere el
artículo 85 del citado Código Penal.
La autoridad podrá revocar la remisión
parcial de la pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 86 del Código Penal para el
Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero
Federal.
Se propone
"Artículo 8o.
...Código Penal, salvo que cumpla con lo
establecido en sus dos últimos párrafos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 84
del mismo ordenamiento penal. La autoridad...
Artículo 16.
Por cada dos días se hará remisión de un
día de prisión, atendiendo lo establecido en el artículo 84 y 85 del Código Penal
Federal, requisitos que serán el factor determinante...
(Quitamos el resto de este párrafo)
...Salvo que cumplan con lo dispuesto en
los dos últimos párrafos del citado precepto legal.
...Y para el caso de los reclusos que hayan
cometido alguno de los delitos de los previstos en el artículo 85 del Código Penal en
cita, no cumpla con los requisitos establecidos en sus dos últimos párrafos."
Por lo anteriormente expuesto, se propone
que con las modificaciones y adiciones del articulado en mención, el recluso tenga la
oportunidad de participar por iniciativa personal en los programas y/o mecanismos que
implemente el Ejecutivo y que por única ocasión pueda gozar del beneficio de libertad
preparatoria, siempre y cuando se base en los principios rectores del trabajo, estudio
formal, la capacitación, la calificación y el esfuerzo propio, de acuerdo a la
aplicación estricta del espíritu de la ley, dejando de ser cuestión de criterio y
siempre buscando justicia, logrando con ello la reintegración a la sociedad y
reivindicación ante la misma, a partir de las garantías individuales, a las que estos
mexicanos, también tienen derecho.
Cambiemos el concepto integral de la
readaptación social en México, hasta hoy conocido, ya que carece de todo efecto positivo
para nuestra sociedad.
Muchas gracias.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a
29 de abril de 2002.— Diputado César Horacio Duarte Jáquez»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a las comisiones de Justicia y
Derechos Humanos y de Gobernación y Seguridad Pública e insértese de manera íntegra en
la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
LEY
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO
Y LA PROTECCION AL AMBIENTE
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Concepción
Salazar González, para presentar una iniciativa de reformas que adicionan un último
párrafo a los artículos 45 y 49 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente. El es del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.
El diputado Concepción Salazar
González:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
En la época prehispánica existía un
íntimo vínculo en el desarrollo económico y cultural, en donde las áreas boscosas
protegidas respondían a varios objetivos: el mantener los recursos energéticos,
materiales para construcción, cacería de supervivencia, recreo, auspiciar a las especies
cultivadas para alimentos, usos textiles, medicinas, ornatos y otros.
Con el paso del tiempo se modificaron
sustancialmente el manejo y cuidado de los recursos naturales y la relación del hombre
con su entorno. Sin embargo, a la llegada del llamado México moderno, surgen nuevamente
los primeros intentos formales encaminados a regular el aprovechamiento de los recursos
naturales y las áreas protegidas.
Así, en la Convención para la Protección
de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas de los países de América,
celebrados en Washington en 1940 y firmados por México en noviembre del mismo año, se
empleó la expresión parque nacional, para designar las regiones establecidas para la
protección y conservación de bellezas escénicas naturales.
Sin embargo, esos primeros decretos no se
sustentaban en estudios profundos y completos de la zona, sino más en la belleza de las
áreas, es así como la mayoría de los parques nacionales decretados oficialmente no
cumplían con esta definición internacional.
Por citar un ejemplo, las áreas de
protección ecológica del Distrito Federal han sufrido un deterioro debido al crecimiento
de la mancha urbana. El Parque Nacional del Tepeyac disminuyó en 1 mil 198 hectáreas de
superficie inicial, el Molino de Belén en 83 hectáreas, Fuentes Brotantes en 109
hectáreas, Cerro de la Estrella en 1 mil 20 hectáreas, el Parque del Desierto de los
Leones ha perdido 337 hectáreas, el Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla 76 hectáreas,
las Cumbres del Ajusto 193 hectáreas y Lomas de Padierna 584 hectáreas.
Lo preocupante no es que no se decreten
áreas naturales, sino la marcada tendencia cuantitativa más que cualitativa para
decretarla, lo que ha provocado una serie de problemas aún en procesos de solución,
entre los que destacan: tenencia de la tierra en áreas protegidas y escasos estudios
integrales de elementos bióticos y abióticos de dichas áreas, falta de integración y
vinculación de las comunidades asentadas en esta zona, falta de los recursos económicos
mínimos indispensables para su protección y mantenimiento principalmente.
Todo lo anterior ha generado que se
presenten actividades que deterioran los recursos naturales, tales como la tala ilegal de
recursos forestales, explotación de la masa forestal, desmonte de tierra, cambio de uso
de suelo hacia actividades productivas con ingresos a corto plazo, apropiación de
recursos silvestres, contaminación de suelos y cuerpos de agua, invasión de áreas para
desarrollo urbano o para clientelismo político, pérdida de una gran cantidad de flora y
fauna, muchas de ellas endémicas de la zona, entre otras.
3027,3028,3029
Un claro ejemplo y uno de los principales
problemas que se enfrenta el área neutral del Ajusco es la explotación de tierra de
monte, situación que no es característica únicamente de esta zona, sino que por el
contrario, muchas áreas naturales protegidas presentan este mismo suceso, situación que
pone en riesgo la estabilidad de la zona; que por ejemplo la hojarasca que se acumula en
el suelo del bosque absorbe el impacto físico de las lluvias torrenciales y la descarga
suavemente al suelo. Este efecto amortigua e impide por lo general que el agua se llene de
partículas de tierras suspendidas.
Otro de los elementos más importantes de
los bosques es la tierra de monte y la cobertura vegetal, la cual está siendo saqueada de
manera indiscriminada, situación que pone en grave riesgo la continuidad de las especies
de flora y de fauna de las áreas naturales protegidas.
Es necesario hacer una reestructuración
del marco jurídico vigente que nos permita garantizar la conservación de las áreas
naturales protegidas y cumplir con la finalidad para la cual fueron establecidas, por lo
que es necesario asegurar la integridad de la zona a través de la conservación de sus
elementos abióticos y bióticos que conforman el entorno ambiental de las áreas
naturales protegidas, por lo que es necesario expedir criterios o principios rectores que
garanticen la conservación del área.
Por lo anterior expuesto sometemos a esta
Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto mediante la cual se adiciona un
último párrafo a los artículos 45 y al 49 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente.
Por situaciones de tiempo hago entrega a la
Secretaría de la presente iniciativa y solicito se publique de manera íntegra tanto en
el Diario de los Debates así como en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto.
«Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, LVIII Legislatura.— Presente.
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco
Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa
Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y
Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García
Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta
Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados
de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71
fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56,
60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados
de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Nuestra nación tenía profundas raíces en
la práctica de mantener áreas destinadas a la conservación de su flora y su fauna, por
su importancia ecológica. Como ejemplos claros de esto tenemos los jardines botánicos de
Texcoco, Oaxtepec y Chapultepec; las renombradas casas de aves y fieras, próximas a los
palacios de Moctezuma, así como la gran cantidad de zonas que Nezahualcóyotl y Moctezuma
protegieron y embellecieron.
En la época prehispánica existía un
íntimo vínculo en el desarrollo económico y cultural, en donde las áreas boscosas
protegidas respondían a varios objetivos: el mantener los recursos energéticos,
materiales para construcción, cacería de supervivencia, recreo, auspiciar a las especies
cultivadas para alimentos, usos textiles, medicinas, ornatos y otros.
Desgraciadamente la llegada de los
españoles y el choque cultural resultante, modificaron sustancialmente el manejo y
cuidado de los recursos naturales y la relación del hombre con su entorno. Sin embargo, a
la llegada del llamado México moderno surgen nuevamente los primeros intentos formales
encaminados a regular el aprovechamiento de los recursos naturales y las áreas
protegidas.
Así, en la Convención para la Protección
de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas de los Países de América,
celebrada en Washington en 1940, y firmada por México en noviembre del mismo año, se
empleó la expresión "parque nacional" para designar las regiones establecidas
para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales.
Sin embargo, estos primeros decretos no se
sustentaban en estudios profundos y completos de las zonas, sino más bien en la belleza
escénica de las áreas. Es así como la mayoría de los parques nacionales decretados
oficialmente, no cumplían con esta definición internacional.
Por citar un ejemplo, las áreas de
protección ecológica del Distrito Federal, han sufrido un deterioro debido al
crecimiento de la mancha urbana. El Parque Nacional del Tepeyac (en la delegación Gustavo
A. Madero) disminuyó en 1198 hectáreas (79.8% de su superficie inicial); el Molino de
Belén (Miguel Hidalgo) en 83 hectáreas (83%); Fuentes Brotantes (Tlalpan) en 109
hectáreas (84.4%); Cerro de la Estrella (Iztapalapa) en 1 mil 20 hectáreas (92%); el
parque del Desierto de los Leones (Cuajimalpa) ha perdido 337 hectáreas; el Insurgente
Miguel Hidalgo y Costilla 76 hectáreas; las Cumbres del Ajusco (Tlalpan) 193 hectáreas y
Lomas de Padierna (Contreras) 584 hectáreas.
Pero lo preocupante no es que no se
decreten áreas naturales, sino más bien, la marcada tendencia cuantitativa más que
cualitativa para decretar áreas, lo que ha provocado una serie de problemas aún en
proceso de solución, entre los que destacan: tenencia de la tierra en áreas protegidas y
escasos estudios integrales de elementos bióticos y abióticos de dichas áreas, falta de
integración y vinculación de las comunidades asentadas en estas zonas, falta de los
recursos económicos mínimos indispensables para su protección y mantenimiento,
principalmente.
Todo lo anterior, ha generado que se
presenten actividades que deterioran los recursos naturales tales como la tala ilegal de
recursos forestales, explotación de la masa forestal, desmonte de tierra, cambios de uso
de suelo hacia actividades productivas con ingresos a corto plazo (agricultura,
ganadería), apropiación de recursos silvestres (cacería, captura), contaminación de
suelos y cuerpos de agua, invasión de áreas para desarrollo urbano o para clientelismo
político, pérdida de una gran cantidad de flora y fauna, muchas de ellas endémicas de
la zona, entre otras.
Es indiscutible que el valor de cualquier
país o ciudad está en función de sus recursos naturales, pero esto sólo se puede
lograr cuando se conoce el manejo adecuado de los mismos; de lo contrario, se seguirán
dando casos como el de nuestra ciudad, donde se decretan áreas naturales que lejos de
representar un patrimonio para nuestros pueblos, representan una carga por el grado de
abandono al que están sometidos. También es evidente que existen excelentes planes de
desarrollo y conservación de estas zonas, tanto a nivel local como federal, pero todos en
papel; claro ejemplo es el abandono en el que se encuentran actualmente varias áreas
naturales protegidas.
El 3% de la biodiversidad del mundo. Así
como 60 especies de mamíferos, alrededor de 200 aves, 70 reptiles y anfibios y más de
200 de árboles y plantas con flores, como el palo loco, oyamel, el encino, pino, agave
etcétera zona que se encuentra actualmente altamente devastada por taladores, saqueadores
de tierra, grupos de invasores y cazadores furtivos.
Es importante aclarar que uno de los
principales problemas a los que se enfrenta el área natural del Ajusco es la explotación
de la tierra de monte, situación que no es característica únicamente de esta zona,
sino, por el contrario, muchas áreas naturales protegidas presentan este mismo suceso.
Situación que pone en riesgo la
estabilidad de la zona, ya que por ejemplo la hojarasca que se acumula en el suelo del
bosque absorbe el impacto físico de las lluvias torrenciales y la descarga suavemente al
suelo. Este efecto amortiguador impide por lo general, que el agua se llene de partículas
de tierra suspendidas que obstruyen los poros del suelo. Además la hojarasca en
descomposición enriquece el agua que penetra el suelo y trasporta organismos que producen
las capas superiores del suelo. Estos procesos son la contribución más evidente de los
bosques al suministro de agua.
Por otro lado la relación entre los
bosques y los suelos, se deriva de la relación entre el bosque y el agua. Los ácidos del
humus que el agua de lluvia recoge del ambiente genera elementos necesarios para la
producción forestal.
Asimismo el suelo del bosque (al absorber
el choque producido por el golpeteo de la lluvia intensa) y el sistema radicular denso y
profundo de los árboles reducen los deslizamientos de tierra. La efectividad de los
bosques para controlar la erosión varía con el clima, el declive, la condición del
suelo y el carácter del bosque. Los bosques más densos, cuyo suelo superficial permite
el crecimiento de muy pocas plantas, quizá sean menos protectores que los bosques más
abiertos, donde hay yerbas y pastos o árboles pequeños que mantienen la hojarasca en su
lugar en las laderas o en sitios donde puede darse lavado por inundaciones.
Los árboles de forma escurrente, las
palmas en particular, tienden a concentrar la precipitación haciendo que se escurra a lo
largo de su tallo. En los bosques pluviales, casi el 10% de la lluvia llega al suelo de
esta manera; este flujo de agua se enriquece con las partículas de corteza que arranca la
lluvia y se depositan como nutrimentos a la base del árbol.
De acuerdo a lo anterior se puede deducir
lo siguiente:
Uno de los elementos más importantes de
los bosques es la tierra de monte y la cobertura vegetal, la cual está siendo saqueada de
manera indiscriminada, situación que pone en grave riesgo la continuidad de las especies
de flora y fauna de las áreas naturales protegidas.
Es necesario hacer una reestructuración
del marco jurídico vigente que nos permita garantizar la conservación de las áreas
naturales protegidas y cumplir con la finalidad para la que fueron establecidas, por lo
que es necesario asegurar la integridad de la zona, a través de la conservación de sus
elementos abióticos y bióticos que conforman el entorno ambiental de las áreas
naturales protegidas.
Por lo que es necesario expedir criterios o
principios rectores que garanticen la conservación del área.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos, a
esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión la
presente
INICIATIVA
De decreto mediante el cual se adiciona un
ultimo párrafo a los artículos 45 y al 49 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente.
Artículo único. Se adiciona un ultimo
párrafo a los articulos 45 y al 49 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
"Artículo 45. . .
Salvaguardar los elementos abióticos y
bióticos que hacen posible la continuidad de las especies que habitan las áreas
naturales protegidas.
Artículo 49. . .
Realizar actividades que pongan en riesgo
el aprovechamiento sustentable de la tierra de monte, así como la cubierta vegetal."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. Este decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Dado en el Palacio Legislativo.— San
Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos, a los 29 días del mes de abril del 2002.— Diputados: Bernardo de la
Garza Herrera, coordindor; Francisco Agundis Arias, vicepresidente; José
Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez,
Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo
Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro
Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken,
Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado.»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y publíquese de manera integra en la Gaceta y en el Diario
de los Debates.
LEY DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Jorge Chávez
Presa, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.
El diputado Jorge Alejandro Chávez
Presa:
Con la venia de la Presidencia; compañeras
y compañeros diputados:
3030,3031,3032
Los legisladores del Partido Revolucionario
Institucional estamos convencidos de que es necesaria una auténtica reforma que sea
integral de las finanzas públicas y de la hacienda pública de los tres órdenes de
Gobierno para fortalecer la capacidad del Estado, a tener recursos y con ellos atender las
responsabilidades constitucionales.
Pero para ello es fundamental atacar de
frente uno de los problemas más severos que tiene nuestro sistema tributario, la evasión
fiscal. En términos de su cuantificación, estudios de las instituciones académicas más
serias de este país indica que la evasión tan sólo en el impuesto al valor agregado que
se puede cobrar es equivalente al 40%, es decir, estamos hablando de 12 puntos
porcentuales del Producto Interno Bruto que aprecios actuales significarían 72 mil
millones de pesos y si consideramos el resto de los impuestos federales la evasión fiscal
podría ascender a cinco puntos del Producto Interno Bruto es decir, 300 mil millones de
pesos.
Por ello, lo primero que tendremos que
abordar es cómo hacemos más eficiente la administración tributaria. Eficiencia de la
administración tributaria significa no sólo cobrar mejor los impuestos que ya hay, sino
también cómo hacerle para que el contribuyente no sea quien tenga que pagar los costos
administrativos y de trámites que exige nuestra legislación.
Por ello estamos haciendo propuestas para
reformar la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Con ello estamos buscando
tener un diseño institucional que facilite e incentive, entre otros aspectos, la
rendición de cuentas y los buenos resultados de la administración tributaria.
Nuestra propuesta parte de un principio de
política fiscal diferente al que tiene el Ejecutivo Federal. Para nosotros es fundamental
que la política de administración tributaria la haga el Sistema de Administración
Tributaria. Al Sistema de Administración Tributaria no le corresponde hacer la política
tributaria, ésa es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda; el principio del que
partimos es cómo tenemos un órgano que sabe cobrar bien a favor del fisco y al menor
costo de los contribuyentes las obligaciones fiscales existentes.
En su programa de acción, mi partido
propone que el Sistema de Administración Tributaria opere de manera eficiente, abata la
gran evasión fiscal y que cumpla con los objetivos de seguridad jurídica del
contribuyente y de la recaudación, simplificación administrativa para el fácil
cumplimiento de las obligaciones fiscales y reducción del costo de la propia
recaudación.
Por ello estamos proponiendo hacer las
siguientes modificaciones: los elementos del objeto del Servicio de Administración
Tributaria, deben ser los siguientes: un mandato claro de aplicar la legislación fiscal y
aduanera para que las personas contribuyan al gasto público; fiscalizar a los
contribuyentes e incentivar y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
generar y proporcionar información necesaria para el diseño y evaluación de la
política tributaria que le corresponde a la Secretaría de Hacienda, para construir una
organización que se especialice en cobrar adecuadamente los impuestos, amplíe la base de
contribuyentes y defienda adecuadamente la base gravable, ésta debe enfocarse en contar
con autonomía técnica.
Sería inapropiado desvirtuar el mandato
del Servicio de Administración Tributaria al sugerir responsabilizarlo del diseño de la
política tributaria. No hay que confundir la política tributaria con la política de
administración tributaria. Es conveniente que el SAT cuente con las atribuciones para
proponer, para aprobación superior, la política de administración tributaria y aduanera
entendiendo a ésta como el conjunto de acciones dirigidas a recaudar eficientemente las
contribuciones federales que la legislación tributaria establece.
Otro aspecto fundamental es que tenga la
claridad de combatir la evasión y elusiones fiscales, ampliar la base de contribuyentes,
defender la base gravable y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones.
En cuanto a los órganos del Servicio de
Administración Tributaria, entre los que se encuentran la Junta de Gobierno y el
presidente del Servicio de Administración Tributaria y sus unidades administrativas,
consideramos inadecuada la denominación de presidente del Servicio de Administración
Tributaria, ya que desvía su carácter eminentemente técnico y operativo, por ello
proponemos una denominación que se ajuste a su responsabilidad.
La Junta de Gobierno del Servicio de
Administración Tributaria está integrada actualmente sólo con funcionarios de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del mismo Servicio de Administración
Tributaria; es decir, la rendición de cuentas es a ellos mismos; esto no genera
incentivos a mayor transparencia y por lo tanto no genera incentivos a mayor transparencia
y por lo tanto no genera incentivos para facilitar trámites, si ellos sólos se conocen y
creen que la verdad la tienen ellos, no va a poder haber mejores procesos para el cobro de
los impuestos.
Tenemos que terminar con un Servicio de
Administración Tributaria donde son juez y Parte tanto en el seguimiento, evaluación y
aprobación del trabajo.
Proponemos que los funcionarios del
Servicio de Administración Tributaria no formen parte de la junta y especificamos como
miembro de la misma al subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Publico, mientras que el Secretario de Hacienda seguirá formando parte de la junta.
Proponemos también incluir la figura de
consejero independiente que tanto hemos venido introduciendo en la legislación, con lo
que se va a apoyar la autonomía del Servicio de Administración Tributaria y para hacer
congruente la recaudación con nuestro sistema de participaciones, proponemos que dos
representantes de los secretarios de finanzas estatales o su equivalente, formen parte de
esta Junta de Gobierno, es decir, con ello se le dará el trato de socios a los gobiernos
estatales de los impuestos federales, en lugar de considerarlos como simples subordinados.
Para avanzar en la eficiencia de la
administración tributaria se necesita un programa de mejora continua y establecerlo en
ley para que tengan el conocimiento de que de manera regular lo tendrán que presentar a
este Congreso.
Del mismo modo es importante establecer
mecanismos de comunicación entre las áreas operativas del Servicio de Administración
Tributaria y su Junta de Gobierno para elaborar y estudiar propuestas que impulsen la
mejora en la recaudación.
Proponemos modificaciones a la Junta de
Gobierno, que indiquen la facultad de aprobar el programa anual de recaudación, así como
las metas de eficiencia y mejora en la calidad del servicio al contribuyente, así como
para recabar y estudiar las observaciones de las unidades administrativas del Servicio de
Administración Tributaria.
En cuanto al nombramiento del encargado y
responsable del Servicio de Administración Tributaria que debe ser diferente al
subsecretario de Ingresos, como lo tenemos actualmente de facto, más no de jure,
se propone un procedimiento más transparente y con la intervención del Congreso,
estableciendo también una duración fija para el cargo. Estas medidas buscan avanzar en
la autonomía y rendición de cuentas del Servicio de Administración Tributaria.
En este mismo sentido se considera
importante establecer los casos en los que la Junta de Gobierno podrá relevarlo también
de su cargo.
Se proponen una serie de disposiciones que
promuevan la transparencia en la información tributaria y aduanera y la eficiencia en la
recaudación y la fiscalización. La información que se genera a partir del cumplimiento
de estas disposiciones legales, serán de utilidad tanto para el propio Ejecutivo Federal,
como para el diseño y evaluación de la política tributaria.
Se propone agregar a la ley del SAT un
Título Quinto, denominado "De la información, la transparencia y la evaluación de
la eficiencia recaudatoria de fiscalización".
Se establece la obligación, donde se
establece la obligación de presentar el programa.
Se incluye también la información sobre
resultados de las acciones de recaudación y fiscalización que el SAT debe proporcionar a
la Secretaría de Hacienda.
En cuanto a la evaluación de la eficiencia
recaudatoria y de fiscalización, se establece la obligación de presentar la información
necesaria para tal efecto a la Secretaría de Hacienda, así como a la Secretaría de la
Contraloría y Desarrollo Administrativo y a la Auditoría Superior de Fiscalización.
También deben elaborarse diversas
metodologías de cálculo que permitan aplicar y estudiar el comportamiento de distintas
variables importantes.
La iniciativa que proponemos y que ponemos
a su consideración, busca avanzar en el diseño del órgano primordialmente técnico,
encargado de una actividad fundamentalmente del Estado, que es la recaudación de las
contribuciones de los mexicanos para financiar el gasto público.
Buscamos combatir la corrupción y
desalentar la evasión fiscal. Se pretende avanzar en el federalismo fiscal
transparentando la información regional e incluyendo a las entidades federativas en la
toma de decisiones.
Con estas modificaciones que proponemos,
consideramos que se logrará el objetivo de autonomía del Servicio de Administración
Tributaria.
Le solicito a la Presidencia de esta Mesa
Directiva, pueda integrarse al Diario de los Debates la iniciativa en su totalidad.
Muchas gracias.
«Proyecto de iniciativa de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio de
Administración Tributaria.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En abril del año pasado, el Ejecutivo
Federal envió a esta soberanía una serie de propuestas de reforma a diversas
disposiciones tributarias. Entre éstas se encuentra la Ley del Servicio de
Administración Tributaria. Sin embargo, la mayoría de las propuestas del Ejecutivo al
respecto se reducen a medidas coyunturales que no son las adecuadas para generar una
administración tributaria más eficiente y con una mayor transparencia y rendición de
cuentas. Responsabilizar al SAT de la política de administración tributaria y establecer
un sistema de incentivos perversos y mal diseñado para premiar la supuesta productividad
de sus servidores públicos no significan un progreso para la administración tributaria
en el país.
Construir una administración tributaria
eficiente y transparente es fundamental para las finanzas públicas. No se logrará
diseñar una auténtica reforma integral a las finanzas públicas sin pasar por la
modernización de la administración tributaria, enfocándola a recaudar bien los recursos
necesarios para que el Estado cumpla con sus obligaciones primordiales a facilitar a los
contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a hacer cumplir las leyes
fiscales, a informar y rendir cuentas, a combatir la corrupción y desalentar la elusión
y la evasión fiscales.
Objeto del Servicio de
Administración Tributaria
En primer lugar, es necesario modificar el
objeto del Servicio de Administración Tributaria (artículo 2o.). Para avanzar en la
modernización de la administración tributaria, se requiere institucionalizar formalmente
en la ley la misión de la agencia encargada de dicha administración, estableciendo
claramente su mandato y los aspectos centrales de su responsabilidad. Con la reforma que
aquí se propone, los elementos centrales del nuevo objeto del SAT serían: el mandato de
aplicar la legislación fiscal y aduanera para que las personas contribuyan al gasto
público; de fiscalizar a los contribuyentes e incentivar y facilitar el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y de generar y proporcionar la información necesaria para el
diseño y evaluación de la política tributaria.
Política de administración
tributaria y aduanera
La recaudación es un tema de Estado, por
lo que la legislación en la materia debe buscar el diseño institucional adecuado para
contar con una administración tributaria moderna y eficiente.
Para construir una institución que se
especialice en cobrar adecuadamente los impuestos, amplíe la base de contribuyentes y
defienda la base gravable, ésta debe enfocarse en contar con autonomía técnica.
Es inapropiado desvirtuar el mandato del
SAT al sugerir responsabilizarlo del diseño de la política tributaria. Sin embargo, es
conveniente que el SAT pueda tener la atribución de proponer, para aprobación superior,
la política de administración tributaria y aduanera, entendida ésta como el conjunto de
acciones dirigidas a recaudar eficientemente las contribuciones federales que la
legislación tributaria establece, así como combatir la evasión y elusión fiscales,
ampliar la base de contribuyentes, defender la base gravable y facilitar el cumplimiento
voluntario de las obligaciones de los contribuyentes. (Artículo 7o.)
Sistema de información fiscal y
aduanera
Los datos estadísticos sobre el
comportamiento y la evolución de las distintas variables de recaudación y fiscalización
son fundamentales para contar con un sistema de información veraz y oportuna, el cual a
su vez es necesario para un adecuado diseño y evaluación de la política tributaria. Se
requiere establecer en la ley que el Servicio de Administración Tributaria sea el órgano
responsable de generar y suministrar los datos que alimenten el sistema. De este modo, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público contaría con los datos que requiere para
diseñar y evaluar la política tributaria y para elaborar los informes que sobre la
recaudación federal debe rendir al honorable Congreso de la Unión, en forma oportuna y
completa.
Al ser aprobada esta reforma, se podrán
incluir en la Ley del SAT también los requerimientos de información mínimos que se
deberán proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con objeto de que
pueda informar de manera mensual y trimestral sobre las tareas de recaudación y
fiscalización, brindando mayor transparencia a los resultados de estas actividades.
(Artículo 7o.)
3033,3034,3035
Del director general del SAT
En el artículo 8o. de la ley vigente se
establecen los órganos del SAT, en donde se encuentran la Junta de Gobierno, el
presidente del SAT y sus unidades administrativas. Como el SAT es un órgano eminentemente
técnico y operativo, consideramos inadecuada la denominación de "presidente del
SAT", por lo que se propone modificar la fracción II del mencionado artículo para
cambiar dicha denominación por la de "jefe del SAT". Se complementa esta
propuesta con la de un artículo transitorio que indicará que donde la ley haga
referencia al "presidente del SAT", deberá entenderse como el "jefe del
SAT".
De la estructura y atribuciones
de la Junta de Gobierno
Actualmente, todos los miembros de la Junta
de Gobierno del SAT son funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o
del mismo SAT. Esta situación impide una auténtica rendición de cuentas que genere los
incentivos adecuados para promover mayor eficiencia en la recaudación y la
fiscalización. Los mismos funcionarios del SAT son juez y parte en cuanto al seguimiento,
evaluación y aprobación de su trabajo y programas.
Se propone reformar el artículo 9o. en sus
fracciones II, III y IV con objeto de que la junta no esté integrada por funcionarios del
SAT, de especificar como miembro de la junta al subsecretario de Ingresos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluir la figura de consejero independiente
y a dos representantes de los secretarios de finanzas estatales o su equivalente. La
razón de incluir a estos representantes de las entidades federativas es que éstas
participan como socios de la recaudación. Con estas modificaciones, se daría mayor
autonomía al SAT, al mismo tiempo que se establecen mecanismos para promover la
vigilancia de sus actividades desde el Congreso y desde los gobiernos estatales.
Para avanzar en la eficiencia de la
administración tributaria, es necesario contar con un programa de mejora continua e
institucionalizarlo desde la ley incentivaría su cumplimiento. Del mismo modo, es
importante establecer mecanismos de comunicación entre las áreas operativas del SAT y su
Junta de Gobierno para elaborar y estudiar propuestas que impulsen la mejora continua en
el SAT. Asimismo, la junta podría proponer a la SHCP los cambios a la legislación
tributaria que considere pertinentes. Por tanto, se propone adicionar al artículo 10, que
habla de las atribuciones de la junta, las fracciones VII, VIII y IX que indiquen la
facultad de aprobar el programa anual de mejora continua, así como las metas de
eficiencia y mejora en la calidad del servicio al contribuyente, y recabar y estudiar las
observaciones de las unidades administrativas del SAT para formular las propuestas
respectivas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La actual fracción VII
sería la fracción X.
En el artículo 11 de la ley en comento se
establece que "la Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos
cuatro veces al año...". Sin embargo, es conveniente especificar que estas sesiones
se celebrarán al menos una vez cada tres meses. En este mismo párrafo se aprovechará
para cambiar la referencia al presidente del SAT, por el de jefe del SAT. También se
propone eliminar el requisito de que entre los asistentes estén los mencionados en las
fracciones I y II del artículo 9o. Esto debido a que no se considera adecuado condicionar
la celebración de las sesiones a la presencia de ningún miembro de la junta,
principalmente porque ahora la junta es más plural.
Del nombramiento y remoción del
jefe del SAT
En el artículo 13 de la ley vigente, se
establece que el presidente del SAT, que aquí se propone cambie su denominación por el
de jefe del SAT, será nombrado y removido por el Presidente de la República. Para
avanzar en una mayor eficiencia y rendición de cuentas es adecuado modificar dicho
método de designación, con el fin de integrar al Congreso en el proceso y establecer una
duración fija para el cargo. De este modo, se considera que se le dará una mayor
autonomía de decisión que redunde en acciones de recaudación y de fiscalización más
eficientes. También se considera adecuado que el nombramiento se haga de una terna
propuesta por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, ya que así podrán
prevalecer los criterios técnicos y profesionales sobre los criterios políticos.
Uno de los objetivos a impulsar con las
reformas que se sugieren a la Ley del Servicio de Administración Tributaria es el de
avanzar en la rendición de cuentas para establecer los incentivos necesarios que generen
una mayor eficiencia y efectividad en la administración tributaria. Por tanto, la que
dictamina considera importante establecer los casos en los que la Junta de Gobierno podrá
relevar de su cargo al jefe del SAT. De este modo, se propone incluir un artículo 13-bis.
Medidas de apertura de
información y de eficiencia
En la Ley de Ingresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2001, aprobada por unanimidad por esta Cámara, se presentó
un ejercicio de análisis y de discusión inédito que llevó a diversas modificaciones
relevantes a la iniciativa presentada. Entre las de mayor importancia, destacó la
división de la ley en capítulos, para un mejor orden y comprensión de la misma, así
como la inclusión de un capítulo denominado "de la Información, la Transparencia y
la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria, la Fiscalización y el Endeudamiento",
en el cual se conmina al Ejecutivo a presentar información trimestral precisa, clara y
suficiente respecto a estas tareas, con el fin de facilitar su evaluación. En el mismo
sentido, con un mayor avance, se propusieron y aprobaron en el Congreso medidas
importantes en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.
La iniciativa de Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, el Ejecutivo omitió diversas medidas
aprobadas un año antes. Por la importancia de estas medidas es adecuado integras en la
Ley del Servicio de Administración Tributraria, que no está sujeta a aprobación anual,
las obligaciones relativas a la transparencia y la evaluación de las tareas de
recaudación y de fiscalización llevadas a cabo por el Ejecutivo Federal. Por tanto, se
proponen en la presente iniciativa una serie de disposiciones que promuevan la
transparencia en la información tributaria y aduanera y la eficiencia en la recaudación
y la fiscalización. La información que se genere a partir del cumplimiento de estos
artículos, serán de utilidad tanto para el propio Ejecutivo Federal, para el diseño y
la evaluación de su política tributaria, como para el Congreso de la Unión, para sus
tareas legislativas en la materia y para la sociedad, que contará con un sistema fiscal
más transparente y confiable.
De este modo, se establecería la
información que el SAT deberá proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para que ésta informe al Congreso sobre la recaudación y la fiscalización.
Dicha información será también de gran utilidad para el diseño y la evaluación de la
política tributaria. Se propone agregar a la Ley del SAT un Título Quinto denominado
"De la Información, la Transparencia y la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria
y de Fiscalización". Este Título Quinto estaría formado por dos capítulos:
"De la información y la transparencia" y "De la evaluación de la
eficiencia recaudatoria y de fiscalización".
En primer lugar, se establece la
obligación de presentar un programa de mejora continua para el Servicio de
Administración Tributaria, cuyas metas servirán para la evaluación de las acciones de
recaudación y de fiscalización y cuyo cumplimiento tendrá amplios beneficios tanto para
la recaudación como para el contribuyente. (Artículo 21.)
Se establece también la información sobre
resultados de las acciones de recaudación y fiscalización que el SAT deberá
proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con objeto de que ésta a su
vez informe mensual y trimestralmente al Congreso de la Unión. Se incluyen aspectos
relativos al nivel de recaudación por impuesto con una desagregación mayor a la
tradicional, información regional, atención a los contribuyentes, costos de la
recaudación, acciones de auditoría, estímulos fiscales y el desempeño en diversos
rubros de la administración tributaria. (Artículos 22-27.)
En cuanto a la evaluación de la eficiencia
recaudatoria y de fiscalización, se establece la obligación de presentar la información
necesaria para tal efecto tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como a la
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y a la Entidad Superior de
Fiscalización. (Artículo 28.) También deberán elaborarse diversas metodologías de
cálculo, las cuales se aplicarán para estudiar el comportamiento de distintas variables
importantes, tales como la evasión fiscal, el costo-beneficio de las acciones relativas a
la recaudación y fiscalización de cada impuesto federal y el monto de las contribuciones
que hace cada sector de ingresos de la población, así como de los bienes y servicios que
reciben de los tres órdenes de gobierno.(Artículos 29-31.)
Se establecen también disposiciones
relativas a la labor de evaluación del desempeño de las principales tareas de
administración tributaria por parte de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo, a partir fundamentalmente del sistema de evaluación del desempeño
recaudatorio y de fiscalización y de las metas establecidas en el programa de mejora
continua. (Artículos 32-33.)
Disposiciones transitorias
Un adecuado sistema de incentivos a la
productividad dirigido a los servidores públicos responsables de la administración
tributaria tiene el objetivo de aumentar la recaudación y hacer más eficientes las
tareas de fiscalización, a partir de premios por el logro de resultados en este sentido.
Por tanto, en la presente iniciativa se incluye un artículo transitorio que obliga al SAT
a diseñar un sistema de incentivos a la productividad con base en un sistema de
evaluación del desempeño recaudatorio y de fiscalización y del cumplimiento de las
metas establecidas en el programa de mejora continua que se propone en esta iniciativa.
Del mismo modo, se incluye un artículo transitorio que deroga el artículo 37 de la Ley
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, el cual establece un sistema
de incentivos inadecuado.
Honorable Asamblea: por las razones
anteriores y en el ejercicio de las facultades que como diputado federal me confiere el
artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
pongo a consideración del honorable Congreso de la Unión, a través de esta Cámara de
Diputados, la presente
INICIATIVA
De decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones contenidas en la Ley del Servicio de Administración
Tributaria.
Unico. Se adicionan los
artículos 7o. con una fracción XII, una fracción XIII y una fracción XIV, pasando las
actuales fracciones XII y XIII a ser XV y XVI, respectivamente; 10 con una fracción VII,
una fracción Vlll y una IX, pasando la actual fracción VII a ser la fracción X; 13A; un
Título Quinto denominado "de la Información, la Transparencia y la Evaluación de
la Eficiencia Recaudatoria y de Fiscalización", con un Capítulo I, "de la
información y la Transparencia" y los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27; y con
un Capítulo II, "de la evaluación de la eficiencia recaudatoria y de
fiscalización" y los artículos 28, 29, 30, 31, 32 y 33; se reforman los artículos
2o.; 8o. fracción II; 9o. fracciones II, III y IV; 11 primer párrafo y 13 primer
párrafo de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para quedar como sigue:
"Artículo 2o. EL
Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legislación
tributaria y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan
proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para
que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el
cumplimiento voluntario de dichas disposiciones y de generar y proporcionar la
información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria.
Artículo 7o. . .
XII. Proponer, para aprobación superior,
la política de administración tributaria y aduanera y ejecutar las acciones para su
aplicación. Se entenderá como política de administración tributaria y aduanera el
conjunto de acciones dirigidas a recaudar eficientemente las contribuciones federales que
la legislación tributaria establece, así como combatir la evasión y elusión fiscales,
ampliar la base de contribuyentes, defender la base gravable y facilitar el cumplimiento
voluntario de las obligaciones de los contribuyentes.
XIII. Diseñar, administrar y operar la
base de datos para el sistema de información fiscal y aduanera, proporcionando a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos estadísticos suficientes que
permitan elaborar de manera completa los informes que en materia de recaudación federal y
fiscalización debe rendir el Ejecutivo Federal al honorable Congreso de la Unión.
XIV. Contribuir con datos oportunos,
ciertos y verificables al diseño de la política tributaria.
XV. Emitir las disposiciones de carácter
general necesarias para el ejercicio eficaz de sus facultades, así como para la
aplicación de las leyes, tratados y disposiciones que con base en ellas se expidan.
XVI. Las demás que sean necesarias para
llevar a cabo las previstas en esta ley, su reglamento interior y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Artículo 8o. . .
II. Jefe.
...
Artículo 9o. . .
II. El subsecretario de ingresos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
III. Un consejero independiente, designado
por el Senado de la República con base en una terna propuesta por el Ejecutivo Federal.
Este nombramiento deberá recaer en personas que por sus conocimientos, honorabilidad,
prestigio profesional y experiencia sean ampliamente reconocidos y puedan contribuir a
mejorar la eficiencia de la administración tributaria y la atención al contribuyente.
3036,3037,3038
Este consejero independiente deberá
asistir cuando menos al 70% de las sesiones que se hayan convocado en un ejercicio y, en
caso contrario, podrá ser designado otro con las mismas características en su lugar y
IV. Dos consejeros que se desempeñen como
secretarios de finanzas o su equivalente, de las entidades federativas, que sean
integrantes de la comisión permanente de funcionarios fiscales a que hace referencia la
Ley de Coordinación Fiscal. Estos consejeros serán designados por acuerdo de la misma
comisión, incluido el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 10. . .
I a la VI...
VII. Aprobar el programa anual de mejora
continua y establecer y dar seguimiento a las metas relativas a aumentar la eficiencia en
la administración tributaria y mejorar la calidad del servicio a los contribuyentes.
VIII. Analizar las propuestas sobre mejora
continua que incluyan los aspectos relacionados con la disminución de los costos de
recaudación, la lucha contra la evasión, la elusión, el contrabando y la corrupción;
la mejor atención al contribuyente, la seguridad jurídica de la recaudación y del
contribuyente, la rentabilidad de la fiscalización y la simplificación administrativa y
reducción de los costos de cumplimiento, que sean elaboradas por las unidades
administrativas del Servicio de Administración Tributaria.
IX. Proponer a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, como responsable de la política de ingresos, los cambios a la
legislación pertinentes para la mejora continua de la administración tributaria.
X. Las demás que sean necesarias para
llevar a cabo las previstas en esta ley, su reglamento interior y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Artículo 11. La Junta de
Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos una vez cada tres meses y
extraordinarias cuando así lo proponga el Secretario de Hacienda y Crédito Público o el
jefe del Servicio de Administración Tributaria. Para que la Junta de Gobierno sesione
válidamente, se requerirá la asistencia de más de la mitad de sus integrantes.
...
Artículo 13. El jefe del
Servicio de Administración Tributaria será nombrado por el Presidente de la República,
de una terna propuesta por el Secretario de Hacienda y Crédito Público. Este
nombramiento estará sujeto a la ratificación del Senado de la República, será por un
periodo de ocho años, con derecho a repetir en el cargo por un período adicional de
cuatro años y deberá reunir los requisitos siguientes:
...
Artículo 13-bis. Son
causas de remoción del jefe del Servicio de Administración Tributaria, por parte de la
Junta de Gobierno:
I. La incapacidad mental, así como la
incapacidad física que impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis
meses;
II. Dejar de reunir alguno de los
requisitos señalados en el artículo 13.
III. No cumplir los acuerdos de la Junta de
Gobierno o actuar deliberadamente en exceso o defecto de sus atribuciones;
IV. Utilizar, en beneficio propio o de
terceros, la información confidencial de que disponga en razón de su cargo, así como
divulgar la mencionada información sin la autorización de la Junta de Gobierno;
V. Someter a sabiendas, a la consideración
de la Junta de Gobierno, información falsa y
VI. Ausentarse de sus labores sin
autorización de la Junta de Gobierno o sin mediar causa de fuerza mayor o motivo
justificado. La Junta de Gobierno no podrá autorizar ausencias por más de seis meses.
...
TITULO QUINTO
De la información, la transparencia
y la evaluación de la eficiencia recaudatoria y de fiscalización
CAPITULO I
De la información y la transparencia
Artículo 21. Anualmente,
el Servicio de Administración Tributaria deberá elaborar y hacer público un programa de
mejora continua que establezca metas específicas sobre los siguientes aspectos:
I. Combate a la evasión y elusión
fiscales;
II. Aumento esperado de la recaudación por
menor evasión y elusión fiscales;
III. Combate a la corrupción;
IV. Disminución en los costos de
recaudación;
V. Aumento en la recaudación por la
realización de auditorías, con criterios de mayor rentabilidad de las mismas;
VI. Aumento estimado del número de
contribuyentes en el Registro Federal de Contribuyentes y aumento esperado en la
recaudación por este concepto;
VII. Mejores estándares de calidad en
atención al público y reducción en los tiempos de espera;
VIII. Simplificación administrativa y
reducción de los costos de cumplimiento al contribuyente y el aumento en la recaudación
esperada por este concepto;
IX. Indicadores de eficacia en la defensa
jurídica del fisco ante tribunales;
X. Indicadores de productividad de los
servidores públicos y del desarrollo del personal del SAT y
XI. Mejorar la promoción de los servicios
e información que el público puede hacer a través de la red computacional y
telefónica.
Artículo 22. EL Servicio
de Administración Tributaria estará obligado a proporcionar los datos estadísticos
necesarios para que el Ejecutivo Federal proporcione la información siguiente al
honorable Congreso de la Unión:
I. Informes mensuales sobre la evolución
de la recaudación. Dichos informes deberán presentarse a las comisiones de Hacienda y
Crédito Público de las cámaras de Diputados y de Senadores a más tardar 35 días
después de terminado el mes de que se trate y
II. Informes trimestrales sobre la
evolución de la recaudación, dentro de los informes sobre la situación económica, las
finanzas públicas y la deuda pública. Dichos informes deberán presentarse a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público a más tardar 35 días después de terminado el
trimestre de que se trate.
La información que el Servicio de
Administración Tributaria proporcione en los términos de este artículo deberá ser
completa y oportuna. En caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones aplicables.
Artículo 23. Para la
elaboración de los informes trimestrales a que se refiere el artículo 22 de esta ley, el
Servicio de Administración Tributaria proporcionará la información necesaria para que
el Ejecutivo Federal señale los avances de los programas de recaudación, así como las
principales variaciones en los objetivos y en las metas de los mismos. Dichos informes
contendrán lo siguiente:
I. La recaudación federal con la
desagregación correspondiente establecida en la Ley de Ingresos de la Federación;
II. Los ingresos recabados u obtenidos por
el Gobierno Federal, atendiendo al origen petrolero y no petrolero de los recursos,
especificando los montos que corresponden a impuestos, derechos, aprovechamientos e
ingresos propios de Pemex;
III. Los ingresos recabados u obtenidos
conforme a la clasificación institucional de los recursos;
IV. Los ingresos excedentes;
V. Un presupuesto de gastos fiscales al
trimestre que se informa, entendido como el monto que el Gobierno Federal deja de recaudar
por concepto de tasas diferenciadas y tratamientos y regímenes especiales establecidos en
las leyes tributarias. Dicha información será presentada por impuesto y por rubro
específico;
VI. Dentro del informe trimestral, un
comparativo que presente las variaciones de los ingresos obtenidos al trimestre por cada
concepto indicado en la fracción I del presente artículo respecto a las estimaciones de
ingresos publicadas en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio fiscal
que corresponda, así como las razones que expliquen estas variaciones;
VII. Los avances en el cumplimiento de las
metas respectivas establecidas en el programa a que hace referencia el artículo 22 de
esta ley, así como un análisis de costo efectividad de las acciones llevadas a cabo para
el cumplimiento de los objetivos y metas.
Los informes a que se refiere este
artículo deberán integrarse bajo una metodología que permita hacer comparaciones
consistentes a lo largo del ejercicio fiscal.
Artículo 24. EL Servicio
de Administración Tributaria proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público los datos estadísticos necesarios para que el Ejecutivo Federal informe
trimestralmente en una sección específica lo relativo a:
I. Recaudación, saldos de los créditos
fiscales, número de contribuyentes, por sector de actividad y por tamaño de
contribuyente, de acuerdo a la clasificación siguiente:
A. Personas físicas;
B. Personas físicas con actividades
empresariales y
C. Personas morales;
Il. Recaudación por regiones, por
actividad económica y por impuesto;
III. Recaudación del Impuesto Sobre la
Renta de personas morales; personas físicas; residentes en el extranjero y otros
regímenes fiscales que establece la ley de la materia; asimismo, presentar datos sobre el
número de contribuyentes por régimen fiscal y recaudación por sector de actividad y por
tamaño de contribuyente;
IV. Recaudación del Impuesto al Valor
Agregado de personas físicas y morales; por sector de actividad económica; por tamaño
de contribuyente; por régimen fiscal que establece la ley de la materia y por su origen
petrolero y no petrolero, desagregando cada uno de Ios rubros tributarios asociados al
sector, los derechos, aprovechamientos e ingresos propios de Pemex;
V. Recaudación del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios de cerveza y bebidas refrescantes; bebidas alcohólicas; tabacos
labrados y gas, gasolinas y diesel;
VI. Monto de la Recaudación Federal
Participable e integración de los fondos que se distribuirán a las entidades federativas
y municipios vía participaciones federales;
VII. Ingresos derivados de auditoría y de
las acciones de fiscalización, así como los gastos efectuados con motivo de estas
tareas;
VIII. Aplicación de multas especificando
el rubro por el que fueron aplicadas, así como su distribución regional;
IX. Los montos que representan para el
erario federal los estímulos fiscales a que se refiere esta ley, así como los sectores
de la actividad económica que reciben los beneficios;
X. Datos sobre los juicios ganados y
perdidos por el Servicio de Administración Tributaria ante tribunales;
XI. Información detallada sobre los
sectores de la actividad económica beneficiados por los estímulos fiscales, así como el
monto de los costos para la recaudación por este concepto;
XII. Cartera de créditos fiscales en
cantidad e importe, así como el saldo de los créditos fiscales en sus distintas claves
de tramitación de cobro y el importe mensual recuperado;
XIII. Universo de contribuyentes por sector
de actividad económica, por tamaño de contribuyente y por personas físicas y morales;
XIV. Saldos sobre las devoluciones de cada
uno de los impuestos. Esto se refiere al saldo resultante de la compensación de los pagos
provisionales al entero de los diversos impuestos, en que dicho saldo puede ser a favor o
a cargo del contribuyente;
XV. Número de funcionarios a quienes se
comprobó actos de corrupción, así como las sanciones respectivas, las áreas donde se
detectaron los ilícitos y su distribución regional;
XVI. Indicadores de la calidad del servicio
al contribuyente, que incluyan al menos:
A. Calidad de la atención personal de los
funcionarios;
B. Calidad del lugar;
C. Información recibida de acuerdo a las
necesidades del contribuyente;
D. Tiempo del trámite y
E. Costos de cumplimiento.
XVII. Datos estadísticos sobre el uso de
los recursos informáticos del Servicio de Administración Tributaria por los
contribuyentes.
3039,3040,3041
XVIII. La información completa sobre el
número de empleados del SAT, así como su costo, por cada uno de los niveles y áreas
establecidos en esta ley y su reglamento.
Para la presentación de esta información
las comisiones de Hacienda y Crédito Público definirán el contenido de los cuadros
estadísticos requeridos.
Artículo 25. En caso de
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no proporcione información solicitada
por los diputados y senadores del Congreso de la Unión referente a las tareas de
recaudación y fiscalización, éstos podrán solicitar directamente al Servicio de
Administración Tributaria, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito Público
respectivas, los datos estadísticos y la información que tenga disponibles. Dicha
información deberá entregarse en forma impresa y en medios magnéticos en los términos
que estas comisiones determinen. Dicha información deberá ser entregada por el Servicio
de Administración Tributaria a la comisión que la solicite en un plazo no mayor de 10
días naturales, contados a partir de la solicitud que se haga.
Artículo 26. Con el
propósito de transparentar la relación fiscal entre la Federación y sus miembros y de
garantizar el estricto cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, el Servicio de
Administración Tributaria proporcionará la información necesaria para que el Ejecutivo
Federal publique mensualmente la información relativa a la recaudación federal por
Estado y del Distrito Federal.
Artículo 27. La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria
difundirán entre la población en general, a través de las páginas electrónicas que
tengan establecidas en el sistema "Internet"; la información relativa a la
legislación, reglamentos y disposiciones de carácter general, así como las tablas para
el pago de impuestos. Para tal efecto, deberán incluir la información en sus páginas
electrónicas a más tardar 24 horas posteriores a la hora que se haya generado dicha
información o disposición.
CAPITULO II
De la evaluación de la eficiencia
recaudatoria
y de fiscalización
Artículo 28. En las
tareas de recaudación y de fiscalización del Gobierno Federal, el Servicio de
Administración Tributaria estará obligado a proporcionar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y a la
Entidad Superior de Fiscalización, en el ámbito de sus respectivas competencias y en
términos de las disposiciones que apliquen, la información en materia de recaudación y
fiscalización que éstas requieran. En el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, dicha información deberá ser entregada en un plazo no mayor a 48 horas.
El incumplimiento a lo dispuesto en este
artículo será sancionado en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y las demás disposiciones aplicables.
Artículo 29. Con el
propósito de conocer con mayor detalle los niveles de evasión fiscal en el país, el
Servicio de Administración Tributaria deberá hacer público anualmente un cálculo de la
evasión estimada en el ejercicio de que se trate. Dicho cálculo y su metodología se
presentarán a más tardar 35 días después de terminado el ejercicio y deberán contar
con el respaldo de al menos dos instituciones académicas de prestigio en el país.
Artículo 30. Con objeto
de facilitar la evaluación de la eficiencia recaudatoria, el Servicio de Administración
Tributaria deberá elaborar y entregar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de
ambas cámaras del Congreso de la Unión, una metodología para determinar el
costo-beneficio de la recaudación y la fiscalización por cada impuesto contemplado en la
legislación tributaria federal. Los resultados de aplicar dicha metodología para los
distintos impuestos federales deberán incluirse en los informes trimestrales a los que se
refiere el artículo 22 de esta ley.
Artículo 31. Con el
propósito de coadyuvar a mejorar la evaluación de la eficiencia recaudatoria y sus
efectos en el ingreso de los distintos grupos de la población, el Servicio de
Administración Tributaria deberá realizar anualmente un estudio de ingreso-gasto, que
muestre por decil de ingreso de las familias su contribución en los distintos impuestos y
derechos que aporte, así como los bienes y servicios públicos que reciben con recursos
federales, estatales y municipales.
Artículo 32. La
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo realizará cuando menos
trimestralmente la evaluación de la recaudación y de las tareas de fiscalización, con
base en el Sistema de Evaluación del Desempeño Recaudatorio y de Fiscalización y
tomando como referencia los calendarios de metas establecidas al Servicio de
Administración Tributaria. Dicho sistema incluirá los indicadores que el Servicio de
Administración Tributaria considere necesarios para medir eficazmente la eficiencia en el
desempeño de dichas tareas con base en los resultados obtenidos. Al menos deberán
incluirse indicadores que midan la eficiencia en el cumplimiento de las metas establecidas
en el programa a que hace referencia el artículo 21 de esta ley, así como la evolución
de los aspectos contenidos en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 22
de la misma ley.
Artículo 33. La
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de su
competencia, verificará periódicamente los resultados de la ejecución de los programas
de recaudación y fiscalización. Para tal efecto, dispondrá lo conducente para que se
lleven a cabo las inspecciones de las auditorías que se requieran, así como para que se
finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan conforme a las
disposiciones aplicables, sin perjuicio de las sanciones penales que determinen las
autoridades competentes."
Tratándose de las dependencias y
entidades, la contraloría pondrá en conocimiento de tales hechos a la Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación, en los términos que establecen las
disposiciones aplicables.
Disposiciones transitorias de la
Ley del Servicio de Administración Tributaria (2002)
Artículo primero. La
presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Artículo segundo. En las
disposiciones donde se refiera al presidente del SAT se entenderá como jefe del SAT.
Artículo tercero. En el
marco del proceso de modernización del Servicio de Administración Tributaria, este
organismo deberá diseñar un sistema de incentivos a la productividad, con base en el
Sistema de Evaluación del Desempeño Recaudatorio y de Fiscalización y en el
cumplimiento de las metas establecidas en el programa a que hace referencia el artículo
22 de esta ley. Dicho sistema de incentivos deberá proponerse a la Junta de Gobierno, a
más tardar el 30 de junio de 2002 y deberá contar con la opinión favorable de al menos
dos instituciones de educación superior.
Artículo cuarto. Se deroga el artículo 37
de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.
México, D.F., a 29 de abril de 2002.—
Diputado Jorge A. Chávez Presa, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Intégrese de manera total al Diario
de los Debates y a la Gaceta Parlamentaria la iniciativa de referencia y
túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada María
Cristina Moctezuma Lule, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
para presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de
Radio y Televisión.
La diputada María Cristina
Moctezuma Lule:
Con su venia, señora Presidenta;
compañeras y compañeros legisladores:
En base a la fundamentación legal que rige
el honorable Congreso General, me permito someter la presente iniciativa con la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
En la actualidad vivimos dentro de una
sociedad de cambios continuos, en donde la ciencia y la tecnología hacen esfuerzos para
que los seres humanos tengamos una calidad de vida cada día mejor, sin embargo,
continuamos sin poder evitar que nuestro comportamiento aún nos lleve contra la vida
misma. De esta forma nos encontramos ante un entorno, en donde todos los conocimientos
pasan prácticamente por sistemas de comunicación que se convierten cada vez más en los
custodios de la información.
Así, los medios de comunicación aparecen
como el principal factor de sensibilización en la sociedad moderna, ya que son ellos
quienes deciden cuáles son los temas que merecen la atención del público y la forma en
que deberá tratarse esta información. De igual forma, los medios de comunicación se han
convertido en nuestros nexos con la realidad no inmediata, pero también nos han llevado a
que paulatinamente vayamos perdiendo la capacidad para comunicarnos, pues constantemente
nos encontramos ante una serie de intermediarios y sofisticaciones tecnológicas que nos
hacen difícil mantener un vínculo humano. Por tanto, estos instrumentos de comunicación
deben ser vehículos propulsores de la convivencia, del respeto al hombre, del diálogo,
de la comprensión y de la participación.
Sería contradictorio que el progreso
técnico en lugar de promover la comunicación, la destruyera al favorecer la
comunicación unilateral y la reducción de los hombres a invitados de piedra y receptores
acríticos.
Los medios en general han mostrado y están
mostrando naturalmente las diferentes formas de matar, robar, violar y engañar ante
nuestros ojos y de los niños, especialmente en horas de la programación infantil. De
esta forma nos enfrentamos ante un funcionamiento de los medios de comunicación
caracterizados por una dualidad de su naturaleza: por un lado son empresas lucrativas que
buscan ser competitivas en el mercado y por otro, son entidades que brindan un servicio
público y por ende tienen una enorme responsabilidad social que cumplir.
No podemos negar que el avance de los
medios de comunicación es enorme y por lo tanto también lo es influencia en la sociedad,
sobre todo en los niños y jóvenes. Son muchas las horas que el mexicano dedica a recibir
mensajes de los medios de comunicación y no poca la fuerza de éstos para condicionar o
incluso modelar su cultura, personalidad y su actuar.
Si bien la intensidad de la exposición de
los niños en los medios y a la influencia que éstos ejercen sobre ellos, puede ser muy
viable. Muy pocos permanecen insensibles a su atractivo.
Un ejemplo del impacto de los medios de
comunicación en la sociedad es la televisión. Esta ocupa la mayoría de los momentos de
ocio de los ciudadanos y reduce el tiempo dedicado al sueño, a las relaciones sociales
fuera del hogar, a la lectura, a la conversación, a las actividades familiares etcétera.
Hoy día, los niños están sumergidos en
la cultura de los medios de comunicación, a través de la televisión, de los videos, los
juegos por computadoras y el Internet. Pasar algún tiempo frente a una pantalla se ha
convertido en parte de la vida diaria de la mayoría de las familias.
En promedio los niños pasan de 1 mil 400 a
1 mil 800 horas anuales frente a la pantalla. Esta exposición a los medios puede crear
necesidades especiales que implican una modificación en la forma de educación de la
población en general. En todo el país se escucha la inquietud de la manera en que los
medios de comunicación, los juguetes asociados con ellas y otros productos influyen en el
comportamiento de los niños en la escuela.
Por otro lado, la cultura de la velocidad
tiene consecuencias importantes en la educación, habituando a la inmediatez los chicos y
los no tan chicos, no pueden resistirse a aceptar los tiempos que requieren los procesos
de aprendizaje, de tal manera que pretenden adquirirlo en plazos cortos, confundiendo el
conocimiento con el acceso acumulación de volúmenes de datos.
A pesar de todo ello, los medios de
comunicación cuentan con tal potencial para transmitir verdad y belleza a nuestra vida,
que debemos animarlos en este cometido y desalentarlos a presentar material dañino.
La información existe, ¿qué tanto llega
a la población? Es una responsabilidad compartida entre los organismos que la generan y
los medios de comunicación, cuya función es distribuirla.
Sin embargo, no hay que dejar de lado la
capacidad de autogestión por parte de las comunidades organizadas.
No se trata simplemente de sentarse en el
banquillo de los acusados a los responsables de los medios de comunicación y descargar
las acusaciones sobre ellos, se trata de invitarlos a un diálogo, a una reflexión sobre
el uso de instrumentos que pueden causar grandes beneficios o severos perjuicios.
De esta forma es evidente que la Ley
Federal de Radio y Televisión expedida hace ya más de cuatro décadas, ha sido rebasada
por los cambios que ha experimentado el país y por la revolución tecnológica de los
últimos años, por lo tanto su revisión y actualización son inminentes.
Consideramos que es necesario aumentar a
una hora el tiempo gratuito diario dedicado a difundir temas educativos, culturales y
orientación social con el fin de fomentar la producción de mejores contenidos en los
medios de comunicación, ya que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México considera que los medios de comunicación utilizados como vehículos educativos,
se pueden transformar en elementos claves para el desarrollo de nuestro país.
3042,3043,3044
Los medios cuya razón de ser es la
comunicación humana, deben estar al servicio de la educación, de la elevación del
hombre mediante la creación de un ambiente propicio a la formación y consolidación de
valores y fomentar el diálogo, de tal manera que exista participación positiva de todos
en el proceso cultural.
Por otro lado es ineludible reclasificar y
aumentar las sanciones a las infracciones hechas a la ley en comento, ya que es importante
que los medios masivos, especialmente la radio y la televisión, que permanentemente
emiten programas de gran penetración social, eviten en sus contenidos la generación de
influencias que tiendan a perturbar el desarrollo armónico de la niñez y de la juventud,
además de que no atenten contra la dignidad de la persona o se vulneren los valores y
derechos reconocidos en la Constitución.
Los legisladores del Partido Verde
Ecologista de México, consideramos que estas reformas deben repercutir en la sociedad en
general, de modo que se desataquen los valores de la familia, la sexualidad como
dimensión fundamental y valiosa del ser humano y se radique la promoción de la violencia
irracional y el mal uso de lenguaje como solución a los conflictos humanos.
Reducir el concepto de responsabilidad
social sólo a la reparación de las infracciones, nos llevaría por ejemplo a considerar
a un medio tanto más responsable cuanto más rectificaciones haya tenido o más multada
haya tenido que pagar, lo cual sería un contrasentido.
Sin embargo, las sanciones que actualmente
contempla la Ley Federal de Radio y Televisión son realmente obsoletas, por lo que
consideramos que realizar su modificación, pero sin olvidar que hay que entender a la
responsabilidad social como una condición de libertad de expresión, por ello debemos
impugnar para que se reconozca y se cumplan las leyes vigentes sobre los medios de
comunicación, que expresa claramente que su actividad es el desde el interés público y
que exija el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana, así como
contribución a elevar el nivel cultural del pueblo.
Por todo lo anterior, sometemos a esta
Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión la
presente iniciativa de decreto, mediante el cual se reforma el artículo 59 la fracción
XV y se adiciona la fracción XXV al artículo 101; se reforma y se adiciona un segundo
párrafo al artículo 103, se reforma el artículo 104 y se reforma y se derogan los
párrafos primero y segundo del artículo 106, todos ellos de la Ley Federal de Radio y
Televisión.
Por economía de tiempo, solicito a la Mesa
Directiva publique de manera íntegra el articulado de la presente iniciativa en la Gaceta
Parlamentaria, así como en el Diario de los Debates.
Muchas gracias.
«Cámara de Diputados de la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco
Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa
Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y
Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García
Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta
Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados
de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71
fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56,
60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Radio, Televisión y
Cinematografía, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de
Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente
iniciativa de ley
EXPOSICION DE MOTIVOS
En la actualidad vivimos dentro de una
sociedad de cambios continuos, en donde la ciencia y la tecnología hacen esfuerzos para
que los seres humanos tengamos una calidad de vida cada día mejor, pero sin embargo,
continuamos sin poder evitar que nuestro comportamiento aún nos lleve contra la vida
misma.
De esta forma, nos encontramos ante un
entorno en donde todos los conocimientos pasan prácticamente por sistemas de
comunicación que se convierten, cada vez más, en los custodios de la información.
Así, los medios de comunicación aparecen
como el principal factor de sensibilización en la sociedad moderna, ya que son ellos
quienes deciden cuáles son los temas que merecen la atención del público y la forma en
que deberá tratarse esa información.
De igual forma, los medios de comunicación
se han convertido en nuestros nexos con la realidad no inmediata, pero también nos han
llevado, a que paulatinamente, vayamos perdiendo la capacidad para comunicarnos, pues
constantemente nos encontramos ante una serie de intermediarios y sofisticaciones
tecnológicas que nos hacen difícil mantener el vínculo humano.
Por tanto, estos instrumentos de
comunicación deben ser vehículos propulsores de la convivencia, del respeto al hombre,
del diálogo, de la comprensión y de la participación. Sería contradictorio que el
progreso técnico, en lugar de promover la comunicación, la destruyese al favorecer la
comunicación unilateral y la reducción de los hombres a invitados de piedra y receptores
acríticos.
Es inaceptable que importantes medios de
comunicación estén polarizados en proyectos mercantilistas y no en la tarea de hacer al
hombre más humano, enriqueciéndolo con estímulos y para la marcha hacia el bien. En
lugar de proporcionar elementos constructivos, excitan a las personas y grupos en forma
negativa, bajo el argumento de atender y complacer el supuesto "gusto popular".
Los medios en general han mostrado y están
mostrando naturalmente, las diferentes formas de matar, robar, violar y engañar, ante
nuestro ojos y los de los niños, especialmente en horas de programación infantil.
De esta forma, nos enfrentamos ante un
funcionamiento de los medios de comunicación caracterizado por una dualidad en su
naturaleza: por un lado son empresas lucrativas, que buscan ser competitivas en el mercado
y por otro, son entidades que brindan un servicio público y por ende, tienen una enorme
responsabilidad social que cumplir.
Por ello, es difícil encontrar en los
medios informativos un decidido interés en tratar de mantener un inquebrantable nivel de
profesionalismo y apego a la ética, pues su papel en la comunicación, muchas veces se
distorsiona por la interferencia de otros intereses. Los medios de comunicación están
obligados a desenredarse del injustificable desequilibrio que se genera bajo la premisa de
"información veraz al servicio de los ciudadanos".
Sin embargo, no podemos negar que el avance
de los medios de comunicación es enorme y por lo tanto, también lo es su influencia en
la sociedad, sobre todo en los niños y jóvenes. Son muchas las horas que el mexicano
dedica a recibir mensajes de los medios de comunicación y no poca la fuerza de éstos
para condicionar o incluso modelar su cultura, personalidad y su actuar.
Si bien, la intensidad de la exposición de
los niños a los medios y a la influencia que éstos ejercen sobre ellos puede ser muy
variable, muy pocos permanecen insensibles a su atractivo. Un ejemplo del impacto de los
medios de comunicación en la sociedad, es la televisión, ésta ocupa la mayoría de los
momentos de ocio de los ciudadanos y reduce el tiempo dedicado al sueño, a las relaciones
sociales fuera del hogar, a la lectura, a la conversación, a las actividades familiares
etcétera.
Hoy en día, los niños están sumergidos
en la cultura de los medios de comunicación a través de la televisión, los videos, los
juegos por computadoras y el Internet. Pasar algún tiempo frente a una pantalla se ha
convertido en parte de la vida diaria de la mayoría de las familias. En promedio, los
niños pasan de 1 mil 400 a 1 mil 800 horas anuales frente a la pantalla.
Esta exposición a los medios puede crear
necesidades especiales que implican una modificación en la forma de educación de la
población en general.
En todo el país se escucha la inquietud de
la manera en que los medios de comunicación, los juguetes asociados con ellos y otros
productos influyen en el comportamiento de los niños en la escuela.
Por otro lado, la cultura de la velocidad
tiene consecuencias importantes en la educación. Habituados a la inmediatez, los chicos y
los no tan chicos, no pueden resistirse a aceptar los tiempos que requieren los procesos
de aprendizaje, de tal manera que pretenden adquirirlo en plazos cortos, confundiendo el
conocimiento con el acceso y acumulación de volúmenes de datos.
A pesar de todo ello, los medios de
comunicación cuentan con tal potencial para transmitir verdad y belleza a nuestra vida
que debemos animarlos en ese cometido y desalentarlos en presentar material dañino.
La información existe, qué tanto llega a
la población, es una responsabilidad compartida entre los organismos que la generan y los
medios de comunicación cuya función es distribuirla, sin dejar de lado la capacidad de
autogestión por parte de las comunidades organizadas.
No se trata simplemente de sentar en el
banquillo de los acusados a los responsables de los medios de comunicación y descargar
las acusaciones sobre ellos, se trata de invitarlos a un diálogo, a una reflexión sobre
el uso de instrumentos que pueden causar grandes beneficios o severos perjuicios.
De esta forma, es evidente que la Ley
Federal de Radio y Televisión, expedida hace ya más de cuatro décadas, ha sido rebasada
por lo cambios que ha experimentado el país y por la revolución tecnológica de los
últimos años, por lo tanto su revisión y actualización son inminentes.
Consideramos que es necesario aumentar a
una hora el tiempo gratuito diario dedicado a difundir temas educativos, culturales y de
orientación social, con el fin de fomentar la producción de mejores contenidos en los
medios de comunicación, ya que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, considera que los medios de comunicación utilizados como vehículos educativos,
se pueden transformar en elementos claves para el desarrollo de nuestro país.
Los medios, cuya razón de ser es la
comunicación humana, deben estar al servicio de la educación, de la elevación del
hombre, mediante la creación de un ambiente propicio a la formación y consolidación de
valores y fomentar el diálogo, de tal manera que exista participación positiva de todos,
en el proceso cultural.
Por otro lado, es ineludible reclasificar y
aumentar las sanciones a las infracciones hechas a la ley en comento, ya que es importante
que los medios masivos, especialmente la radio y la televisión, que permanentemente
emiten programas de gran penetración social, eviten en sus contenidos la generación de
influencias que tiendan a perturbar el desarrollo armónico de la niñez y de la juventud,
además de que no atenten contra la dignidad de la persona o se vulneren los valores y
derechos reconocidos en la Constitución.
Los legisladores del grupo parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, consideramos que estas reformas deben repercutir
en la sociedad en general, de modo que se destaquen los valores de la familia, la
sexualidad como dimensión fundamental y valiosa del ser humano y se erradique la
promoción de la violencia irracional y el mal uso del lenguaje como solución a los
conflictos humanos.
Reducir el concepto de responsabilidad
social sólo a la reparación de las infracciones nos llevaría, por ejemplo, a considerar
a un medio tanto más responsable cuantas más rectificaciones haya tenido o más multas
haya tenido que pagar, lo cual sería un contrasentido.
Sin embargo, las sanciones que actualmente
contempla la Ley Federal de Radio y Televisión son realmente obsoletas, por lo que
consideramos realizar su modificación, pero sin olvidar que hay que entender a la
responsabilidad social como una condición de la libertad de expresión.
Por ello, debemos pugnar por que se
reconozcan y se cumplan las leyes vigentes sobre los medios de comunicación, que exprese
claramente que su actividad es del interés público y que exijan el respeto a los
principios de la moral social, la dignidad humana, así como contribución a elevar el
nivel cultural del pueblo.
Por todo lo anterior, sometemos a esta
Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la
presente
INICIATIVA
De decreto mediante el cual se reforma el
artículo 59; se reforma la fracción XV y se adiciona la fracción XXV al artículo 101;
se reforma y se adiciona un segundo párrafo al artículo 103; se reforma el artículo
104; y se reforma y se derogan los párrafos primero y segundo del artículo 106, todos de
la Ley Federal de Radio y Televisión.
Artículo único. Se
reforma el artículo 59; se reforma la fracción XV y se adiciona la fracción XXV al
artículo 101; se reforma y se adiciona un segundo párrafo al artículo 103; se reforma
el artículo 104; se reforma y se deroga los párrafos primero y segundo del artículo
106, todos de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:
3045,3046,3047
"Artículo 59. Las
estaciones de radio y televisión deberán de efectuar transmisiones gratuitas diarias,
con duración hasta de una hora continua o discontinua, dedicados a difundir temas
educativos, culturales y de orientación social. El Ejecutivo Federal señalará la
dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones
serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.
Artículo 101. Constituyen
infracciones a la presente ley:
I a la XIV. . .
XV. Contravenir lo dispuesto en el
artículo 67 de esta ley;
XVI a la XXIV. . .
XXV. La violación e incumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 59-bis.
Artículo 103. Se
impondrá multa de 1 mil 800 a 15 mil días de salario mínimo general vigente en el
Distrito Federal y área metropolitana en los casos de las fracciones I, II, III, VIII,
XIII, XV, XVI, XX, XXI, XXII, XXIII y XXV del artículo 101 de esta ley.
En el caso de la fracción XIII generará
una sanción cada día de transmisión que viole lo dispuesto en el artículo 63 de esta
ley, independientemente que pertenezcan a un mismo programa.
Artículo 104. Se
impondrá multa de 100 a 1 mil 500 días de salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal y área metropolitana en los casos de las fracciones IV, V, VI, VII, IX, X, XI,
XIl, XIV, XVII, XVIII, XIX y XXIV del mismo artículo 101.
Artículo 106. La sanción
se aplicará en consideración a la gravedad de la falta, reincidencia y capacidad
económica del infractor.
Se deroga.
Para la fijación del monto de las
sanciones pecuniarias que resulten aplicables según el Título Sexto de esta ley, los
importes mínimo y máximo establecidos se convertirán a día o días de salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal y area metropolitana, a razón de un día por cada
10 pesos, teniendo en cuenta la fecha en que se cometió la infracción.
En las infracciones a que se refiere el
artículo 104, la multa mínima será de 20 días de salario mínimo."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo deberá publicar las
modificaciones correspondientes en el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, en un
plazo no mayor a 90 días naturales, después de la publicación del presente decreto en
el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a
29 de abril de 2002.— Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco
Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo
Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo
Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa
Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina
Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika
Elizabeth Spezia Maldonado.»
La Presidenta:
Gracias, diputada, muy amable.
Túrnese a la Comisión de Radio,
Televisión y Cinematografía.
Publíquese de manera íntegra en
la Gaceta y en el Diario de los Debates.
La reforma al artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista ha solicitado se posponga para otra sesión.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (II)
La Presidenta:
Tiene la palabra para presentar una
iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el diputado Uuc-kib Espadas
Ancona.
El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:
Diputada Presidenta; diputados:
El pasado 29 de diciembre, este Congreso
aprobó una modificación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a través de la cual, una
vez más, se gravó el derecho de autor obtenido por los creadores en la publicación y
emisión por terceros de sus obras. Este impuesto, que en su análisis posterior se
demostró evidentemente inequitativo, ha recibido fuertes críticas por parte de la
comunidad creadora mexicana. Durante este mismo mes, el Partido de la Revolución
Democrática presentó dos excitativas, solicitando el dictamen de la Comisión de
Hacienda sobre esta iniciativa de ley; sin embargo, hasta el día de hoy, esas excitativas
no han sido respondidas, colocándonos en una situación en la que, con toda probabilidad,
cerraríamos las sesiones el día de mañana, sin que esta iniciativa hubiera recibido
dictamen alguno y consecuentemente, manteniendo la injusta obligación de los autores, de
pagar impuestos por este concepto.
Existen una serie de confusiones sobre los
alcances de esta iniciativa y sobre lo que en particular estamos solicitando a través de
ella. No se trata de ninguna manera de proteger del pago del impuesto sobre la renta a las
industrias culturales, no se pretende que compañías discográficas o editoriales puedan
obtener ningún tipo de beneficio fiscal de la exención que aquí estamos proponiendo; se
trata simplemente de que aquella parte de las obras, que es la que se paga como derecho
por un tercero por su difusión, no cargue un impuesto a quien vive exclusivamente de la
obtención de un rédito por trabajo puramente intelectual.
Las condiciones de gravamen a los derechos
de autor, hacen que éstos sean inequitativos por diversas razones.
En primera instancia, existen condiciones
de producción intelectual que impedirían de manera prácticamente absoluta, que aquellos
gastos realizados de manera directa en la producción de la obra pudieran ser deducidos de
impuestos, en virtud particularmente de que en general las obras por las que se cobran
derechos de autor son publicadas y proporcionan estos beneficios a sus creadores, años
después de su producción.
No existe, pues, en el esquema contable
actual, en el sistema fiscal actual, elemento alguno que pudiera permitir que estos gastos
pudieran ser deducidos. Pensemos en cualquier gran obra producida por los autores
mexicanos, en cualquier gran novela y podremos observar en su historia, que el trabajo de
producción de esta novela requirió de grandes esfuerzos, de gastos de la mayor
diversidad y que en general el cobro de las regalías por la publicación de estos libros,
no se puede realizar sino en ejercicios fiscales muy posteriores a aquéllos en los que se
realizaron los gastos.
Pero eso no es todo, lo cierto es que en
nuestra sociedad los creadores intelectuales tienen condiciones de producción diferentes
a las de las profesiones independientes o a las de los comerciantes, que es en la
categoría fiscal en las que se les ha venido a ubicar.
Esto genera no solamente, como ya han dicho
hasta la saciedad los autores, el que a diferencia de otros, los autores paguen después
de muertos un impuesto al pasar su obra al dominio público, sino que en realidad los
autores vienen pagando un impuesto sordo y callado, para con su esfuerzo propio mantener
durante años un esfuerzo creador que no tiene remuneración alguna y sólo después de
trayectorias generalmente largas, es cuando pueden comenzar a aspirar al cobro de
regalías por su obra, sin que en ese momento nadie pueda compensar el pago que por
diversas vías se hace en carreras, en oficios que no están debidamente reconocidos ni
social ni estatalmente en nuestro país.
Se ha mencionado como posible solución a
este gravamen, el establecer hechos que significaran exenciones parciales contabilizados
en salarios mínimos. Algo por el estilo intentamos el propio 29 de diciembre al
establecer una franja de dos salarios mínimos libres de impuestos. El monto que esto
representa es absolutamente insustancial para efectos del estímulo que la creación
necesita en este país.
Pero adicionalmente existe un gravamen que
esta Cámara impuso sin siquiera percatarse de ello, que consiste en el impuesto al valor
agregado sobre los derechos de autor.
En efecto, la Ley del IVA establecía hasta
diciembre del año pasado una exención del impuesto al valor agregado a los derechos de
autor, al referirse expresamente al artículo 77 de la entonces ley, que establecía las
exenciones.
Al grava con impuesto sobre la renta los
derechos de autor, independientemente de cualquier franja de exención que se quiera
establecer, se está gravando el derecho de autor con el impuesto al valor agregado, sin
franja de exención aplicable alguna. Esto quiere decir, que el día de hoy en este país
cualquier autor que esté cobrando por el ejercicio de sus derechos cualquier cantidad de
un peso para arriba, se está viendo obligado a transferir el IVA, cosa que resulta de
extraordinaria dificultad, particularmente cuando, como en este caso, se trata de un
derecho que se cobra en mercados sumamente cerrados y controlados por un escasísimo
número de consumidores.
En ese sentido y con apoyo en los
artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente
INICIATIVA
Con proyecto de decreto que reforma la
fracción XVIII del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Unico. Se reforma la
fracción XXVIII del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como
sigue:
"Artículo 109.
I a la XXVII, quedan como está.
XXVIII. Los que se obtengan por permitir a
terceros la publicación de obras escritas de su creación, en libros, periódicos o
revistas o bien la reproducción en serie de grabaciones de obras musicales de su
creación, siempre que los libros y grabaciones se destinen para su enajenación al
público por la persona que efectúa los pagos por esos conceptos y siempre que el creador
de la obra expida por dichos ingresos el comprobante respectivo que contenga la leyenda:
ingreso percibido en los términos de la fracción XXVIII del artículo 109 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta.
La exención a la que se refiere esta
fracción no se aplicará en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando quien perciba estos ingresos
obtenga también de la persona que los paga ingresos de los señalados en el capítulo
primero de este título.
b) Cuando quien perciba estos ingresos sea
socio o accionista en más del 10% del capital social de la persona moral que efectúa los
pagos.
c) Cuando se trate de ingresos que deriven
de ideas o frases publicitarias, logotipos, emblemas, sellos, distintivos, diseños o
modelos industriales, manuales, operativos u obras de arte aplicados.
No es aplicable lo dispuesto en esta
fracción, cuando los ingresos se deriven de la explotación de obras escritas o musicales
de su creación en actividades empresariales distintas a la enajenación al público de
sus obras o en la prestación de servicios."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación."
Por lo antes expuesto y con fundamento en
el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos, diputada Presidenta, solicito se dé a esta iniciativa el trámite de
urgente y obvia resolución.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Diputado Uuc-kib, en el registro planteado
por la Junta de Coordinación Política, no estaba propuesta como de urgente y obvia
resolución, usted tiene todo el derecho de incorporarlo. Simplemente le digo que no
estaba remitido así por la Junta.
El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:
Ofrecemos una disculpa, señora diputada.
Sin embargo, dada la urgencia pública de
este evento y que el día de mañana concluiremos el periodo de sesiones sin que la
Comisión de Hacienda haya respondido a las excitativas que esta misma Presidencia hizo en
dos ocasiones sobre este dictamen, nosotros insistiríamos de la manera más atenta en que
se realizara dicho trámite.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Le ruego a la Secretaría dar cuenta de los
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior.
La secretaria Martha Silvia
Sánchez
González:
Del Reglamento para el Gobierno Interior:
3048,3049,3050
"Artículo 58. Las proposiciones que
no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar
los que las suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites
siguientes."
La Presidenta:
Esta es una iniciativa de ley. Cabe el
artículo 59 y el 60.
La secretaria Martha Silvia
Sánchez
González:
"Artículo 59. En los casos de
urgencia y obvia resolución calificados por el voto de las dos terceras partes de los
individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus
miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y
ponerlos a discusión inmediatamente después de su lectura."
"Artículo 60. Ninguna proposición o
proyecto podrá discutirse sin que primero pase a la comisión o comisiones
correspondientes y éstas hayan dictaminado. Sólo podrá dispensarse este requisito en
los asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara se calificaren de urgente o de obvia
resolución."
La Presidenta:
Hasta ahí.
En votación económica, consulte la
Secretaría...
Sí, diputado Barbosa.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta (desde su curul):
Sí, señora Presidenta.
Con fundamento en el artículo 148 del
Reglamento para el Gobierno Interior, estamos solicitando su servidor y cinco diputados,
entre los que señalo a Rafael Servín, a Víctor Manuel Camposeco, a Jesús Garibay, a
Enrique Herrera y a Uuc-kib Espadas, para que la votación sea tomada en el tablero.
Le ruego a la Secretaría dar lectura al
artículo 148 para ilustrar a la Asamblea.
La secretaria Martha Silvia
Sánchez
González:
Artículo 148. Las votaciones serán
precisamente nominales, primero, cuando se pregunte si ha o no lugar a aprobar algún
proyecto de ley en lo general; segundo, cuando se pregunte si se aprueba o no cada
artículo de los que compongan el indicado proyecto o cada proposición de las que formen
el artículo y tercero, cuando lo pida un individuo de la propia Cámara y sea apoyado por
otros cinco. También serán nominales en el caso del artículo 152."
La Presidenta:
Esta Presidencia le solicita a la
Secretaría esté atenta a recibir por escrito la solicitud. Diputado Zapata.
El diputado José Alejandro Zapata
Perogordo
(desde su curul):
Señora Presidenta.
Yo nomás quería conocer la
interpretación de la Mesa Directiva, en relación con el artículo 159 que acaban de
leer, toda vez que se requiere, para un asunto de esta naturaleza, que sea el voto
afirmativo de las dos terceras partes. Es decir, está estableciendo aquí que de los
presentes tienen que votar a favor para aceptar como de urgente y obvia, de manera
positiva, las dos terceras partes. De no ser así no podrá aceptarse entonces en
consecuencia la proposición como de urgente y obvia.
La Presidenta:
Diputado Zapata, no entiendo el sentido de
la pregunta. Son dos terceras partes de los presentes, si es el sentido de la pregunta.
El diputado José Alejandro Zapata
Perogordo
(desde su curul):
Sí, por esta razón.
En algunas ocasiones han señalado que
todavía no se tiene en este punto, porque adicionalmente se había estado discutiendo y
es un punto que nos agarra ahorita de improviso y de sorpresa y por lo tanto hay algunos
que están pensando en la abstención. Siendo abstención no puede considerarse a favor y
en consecuencia para la contabilidad tendrá que, en consecuencia, verificarse que de los
miembros presentes pueda, para aceptarse tener las dos terceras partes de manera
afirmativa.
La Presidenta:
La abstención en este caso contaría como
presencia en la Cámara queda claro. La proporción de las dos terceras partes se da la
abstención en este caso se incorpora al recuento total de los asistentes y las dos
terceras partes son las que se califican.
El diputado Martí Batres
Guadarrama
(desde su curul):
¡Señora Presidenta!
La Presidenta:
Sí, diputado Martí Batres.
El diputado Martí Batres
Guadarrama
(desde su curul):
Solamente para comentar que, en efecto,
para la votación que tendremos da lo mismo votar en contra que abstenerse. Porque si
alguien no quiere cargar con el costo de votar en contra, la abstención para efectos de
esta votación es el mismo obstáculo para tomar una decisión y poder definirse en torno
al asunto. Es decir, votar en contra o abstenerse, para los efectos de esta votación, da
lo mismo. Es votar en contra en los hechos de que se tome la decisión correspondiente.
La Presidenta:
Gracias, diputado Batres.
Yo respeto las interpretaciones de los
diputados que me han antecedido en el uso de la palabra. Simplemente señalo: para el
cómputo total de los asistentes la abstención cuenta como presencia y las dos terceras
partes se tienen que computar en relación al monto total de los asistentes.
Entonces puede que la abstención no tenga
importancia según su interpretación en cuanto al sentido del voto, pero cuenta para la
conformación del número total del cual se calculan las dos terceras partes.
¿Ya tienen la solicitud por escrito?
(Dirigiéndose a la fracción parlamentaria perredista).
Esta Presidencia desea recordar a este
honorable pleno, que independientemente del sentido de la votación que esta soberanía
determine, hay una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y se lo
recuerda especialmente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que haya
dictamen sobre esta materia a más tardar el día 30 de abril.
Le ruego dar lectura, nuevamente, al
artículo 59.
La secretaria Martha Silvia
Sánchez
González:
Del Reglamento para el Gobierno Interior.
"Artículo 59. En los casos de
urgencia y obvia resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los
individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus
miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y
ponerlos a discusión inmediatamente después de su lectura."
La Presidenta:
El artículo 60.
La secretaria Martha Silvia
Sánchez
González:
"Artículo 60. Ninguna proposición o
proyecto podrá discutirse sin que primero pase a la comisión o comisiones
correspondientes y éstas hayan dictaminado. Sólo podrá dispensarse este requisito en
los asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara se calificaren de urgente o de obvia
resolución."
La Presidenta:
Atendiendo la solicitud del diputado
Uuc-kib Espadas Ancona y del diputado Barbosa, que fue sustentada por escrito y con la
firma de cinco proponentes, proceda la Secretaría a instruir la apertura del sistema
electrónico de votación, a efecto de proceder a recoger la votación.
El sentido de la votación será el
siguiente. Por la afirmativa, es que se acepta que el asunto planteado por el diputado
Uuc-kib sea de urgente y obvia resolución y por la negativa, es que se rechaza que el
asunto planteado por el diputado Uuc-kib sea de urgente y obvia resolución. Hasta por 10
minutos.
La secretaria Martha Silvia
Sánchez
González:
Por instrucciones de la Presidencia y
conforme a lo que ha señalado, se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo
161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico, por 10
minutos, para proceder a recoger la votación que se ha planteado.
(Votación.)
Se emitieron 89 votos en pro, 309 en contra
y 16 abstenciones.
La Presidenta:
No se considera de urgente y obvia
resolución.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
Diputado Correa Ceseña. ¿Sí, diputado?
El diputado José Manuel Correa
Ceseña
(desde su curul):
Deseo hacer uso de la palabra, señora
Presidenta.
La Presidenta:
¿Con qué objeto, diputado?
El diputado José Manuel Correa
Ceseña
(desde su curul):
Con objeto de puntualizar la posición de
mi fracción, en relación con esta votación y con su procedimiento.
La Presidenta:
Ya está votada. ¿Quiere usted hacer
alguna aclaración desde su curul, diputado?
El diputado José Manuel Correa
Ceseña
(desde su curul):
Desde mi curul, por supuesto.
La Presidenta:
Adelante, señor diputado.
El diputado José Manuel Correa
Ceseña
(desde su curul):
Gracias. Bueno, miren ustedes, señoras y
señores diputados, quiero hacer un par de precisiones en relación con el evento que
acabamos de hacer.
Primero, el de la voz votó a favor de que
se resolviera este asunto de manera urgente y obvia. Quiero decir que el de la voz preside
la Comisión de Cultura y la Comisión de Cultura dictaminó favorable a la exención
impositiva a los derechos de autor, con el propósito de que se vuelva al estado anterior.
Una vez hechas estas aclaraciones, quiero
puntualizar la posición de mi fracción.
La fracción votó mayoritariamente en
contra del procedimiento, exclusiva y específicamente del procedimiento. Quiero ser muy
enfático en esto, en vista de que una vez que este tema se ha tratado en lo sustancial,
en lo central, mi fracción seguramente votará a favor de los derechos de autor.
La Presidenta:
Diputado Alejandro Zapata. Ha declinado el
diputado Alejandro Zapata.
Diputado Uuc-kib, desde su curul.
El diputado Uuc-kib Espadas Ancona
(desde su curul):
Sí, con el mismo objeto, señora
Presidenta, de aclarar la posición de nuestro partido en esta votación.
Nosotros hemos planteado desde el principio
que éste es un impuesto injusto que debe ser derogado. Nos parece que hubo tiempo
suficiente para que las diversas fracciones actúen dentro de las comisiones para impulsar
las posiciones que ahí consideren pertinente.
3051,3052,3053
Lo cierto del caso es que quienes detentan
la mayoría en la Comisión de Hacienda han tenido un acuerdo de facto en no
dictaminar sobre esta propuesta. Por lo tanto, aceptando sin discusión la buena fe del
diputado Correa Ceseña y aceptando que muchos diputados del PRI han manifestado
abiertamente su compromiso con los autores, nosotros queremos expresar que no aceptamos
esto como una expresión de partido plena, puesto que el PRI al interior de la propia
Comisión de Hacienda no ha hecho esfuerzo alguno por dictaminar sobre esta materia.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Continuamos con el desahogo del orden del
día y reitero que el trámite de la iniciativa presentada por el diputado Uuc-kib fue a
la Comisión de Hacienda.
Diputado Levín, para contestar alusiones
personales, por la Comisión de Hacienda. Hasta por cinco minutos para contestar
alusiones.
El
diputado Oscar Guillermo Levín Coppel:
Señora Presidenta; señoras y señores
diputados:
De manera muy breve y muy sencilla
simplemente informar que la Comisión de Hacienda en éste como en otros campos, ha hecho
un enorme esfuerzo por intentar el consenso
Para todos los miembros de la comisión, no
necesariamente los de ningún partido político hemos encontrado una razón fundamental en
los principios que hoy enarbolan los intelectuales de México. Tanto en el PRI como en el
PAN, como en el PRD como en el resto de los partidos existe conciencia de que hay que
encontrarle una solución adecuada a este problema.
Nos hemos entrevistado en muy diversas
ocasiones con los intelectuales y sus organismos gremiales para encontrar esa solución,
hasta hoy, por lo menos en la Comisión de Hacienda no hemos encontrado el mecanismo para
ponernos de acuerdo fundamentalmente todos los partidos y encontrarle una solución clara
al tema, que los intelectuales no sean agraviados en su proceder fundamentalmente
artístico y que por otro lado no se hagan boquetes fundamentales a las leyes fiscales.
Hoy el PRI, eso también quiero explicarlo,
no votó en contra de las exenciones a los intelectuales, lo que no estuvo de acuerdo es
en el mecanismo en el que hoy se intentó darle por obvia y urgente resolución a este
asunto.
Yo invito a los compañeros de todas las
bancadas a mantener el esfuerzo, a buscar una salida adecuada, importante, reflexiva de
parte de todos, hay en todos los partidos gente que le ha dedicado un enorme esfuerzo a
encontrarle una salida a este problema y, sobre todo, mi reconocimiento a los compañeros
de la Comisión de Cultura que han encontrado inclusive formas de advenimiento muy claras.
Yo quiero hacerme responsable aquí de que
la Comisión de Hacienda va a encontrarle, junto con la Comisión de Cultura, una salida
importante a este tema, es un tema central para los intelectuales de este país.
Muchas gracias, señores diputados.
La Presidenta:
Yo quisiera recordarle al pleno y le
solicitaría respetuosamente al diputado Uuc-kib, quisiera recordarle al pleno que esta
Presidencia estableció que debe haber dictamen sobre este tema a más tardar el 30 de
abril.
Entonces quiero señalarlo, quiero
subrayarlo, quiero recalcarlo para que no sometamos al pleno a un debate amplio, que nos
impida continuar con el desarrollo del orden del día, sin menoscabo de darle la palabra a
quien desea hacer uso de ella en el ejercicio de su facultad como legislador
Diputado Uuc-kib, no hay hechos en el
capítulo en el que estamos involucrados diputado.
Activen el sonido de la curul del diputado
Uuc-kib.
El diputado Uuc-kib Espadas Ancona
(desde su curul):
Sí diputada, entiendo que no hay
intervenciones por rectificar hechos, tampoco hay intervenciones por contestar alusiones
personales ni corporativas en el punto del orden del día que estábamos.
Sin embargo, las expresiones que hace el
diputado Oscar merecen algún mínimo comentario por parte nuestra y en honor a la equidad
parlamentaria yo insistiría en pedirle la oportunidad de expresar nuestro punto de vista.
La Presidenta:
Con gusto diputado Zapata.
El diputado José Alejandro Zapata
Perogordo (desde su curul)
Gracias, señora Presidenta:
Este punto, en cuanto a su cuestión
procedimental ya fue discutido en tanto que no se admitió que fuera de urgente y obvia y
sin embargo, se está entrando a la discusión. Yo mucho agradecería a la Mesa Directiva
que, con la prudencia que siempre ha demostrado, pueda solicitar el respeto a la Asamblea
para los efectos de que en su oportunidad pueda tratarse la discusión respectiva pero no
en este momento, toda vez que ya ha sido votado que no es el procesal oportuno para dar el
debate en ese sentido.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Diputado Zapata.
Yo le rogaría a esta Asamblea la
comprensión a todos ustedes para que esta Presidencia pueda otorgar el uso de la palabra
para rectificar hechos, por una sola ocasión o me atengo, con criterio rígido al
Reglamento y en ese sentido no hay capitulado de rectificación de hechos.
Entonces, diputado Uuc-kib Espadas, para
cerrar con el sentido de la equidad parlamentaria y en el caso de que algún diputado del
PAN quisiera hacerlo y se cierra la discusión.
El diputado Uuc-kib Espadas
Ancona:
Señora Presidenta; señores diputados:
Me parece muy importante dejar
perfectamente claro que la fracción del Partido de la Revolución Democrática no ha
pretendido otra cosa que expresar algo que es urgente para la comunidad intelectual de
este país. Nosotros no hemos pretendido darle ningún tipo de albazo a la Comisión de
Hacienda, hemos… no sólo presentamos nuestra iniciativa en tiempo y el plazo
reglamentario para que la Comisión de Hacienda venció no una, no cinco, no 10, 22 veces,
pasaron 110 días sin dictamen, 22 veces el plazo reglamentario.
Nosotros entendemos que hay temas en los
que es difícil alcanzar consensos; éste es un tema en el que es difícil alcanzar
consensos, pero me parece que la imposibilidad de alcanzar consensos no justifica la
indefinición. Este es un asunto de importancia nacional, es un asunto que afecta a los
creadores intelectuales del país y merece que la Cámara de Diputados diga cuál es su
opinión sobre un asunto sobre el que constitucionalmente debe resolver.
Me parece que en ese sentido si la
Comisión de Hacienda no puede alcanzar un consenso, será necesario que dictamine en el
sentido que vaya a dictaminar, en el sentido que los grupos parlamentarios decidan pesar
al interior de la propia comisión y esto quiere decir también en el sentido en el que el
PRI decida pesar al interior de la comisión para obtener un dictamen que aunque no
lograra el consenso, sí pudiera lograr la mayoría y atender la posición de los autores
en esta perspectiva.
Presentamos ya dos excitativas: una el día
2 de abril, otra el día 9 de abril.
No estamos de ninguna manera tratando de
causar sorpresas ni de lograr resoluciones que no tengan lugar; precisamente lo que
estamos tratando de evitar es que a base de pausas se mantenga un asunto congelado de modo
tal que en la práctica no pueda ser resuelto en este periodo de sesiones, sino que
artificialmente se lleve al siguiente periodo de sesiones ordinarias en donde de manera
natural se empataría con la discusión fiscal del próximo año.
No, señores diputados, no es el PRD el que
está faltando a compromisos parlamentarios de ninguna naturaleza. Esta Cámara tiene
obligaciones.
Nosotros como diputación perredista
tenemos compromisos públicos y abiertos con algunos de los intereses nacionales. Este es
uno de ellos, lo estamos trabajando, vamos a seguir peleando por derogar un impuesto
injusto, estamos dentro del margen de la normatividad.
El trámite que nosotros pedimos es un
trámite establecido reglamentariamente, fue votado y acataremos el resultado de la
votación.
La dilación en la Comisión de Hacienda no
es legal.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias.
Aprecio especialmente la comprensión del
grupo parlamentario del PAN, en cuanto al manejo de este punto.
PEDOFILIA
La Presidenta:
Continuando con el orden del día, tiene la
palabra el diputado José Elías Romero Apis, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas al Código Penal
Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales en materia de pederastia.
El diputado José Elías Romero
Apis:
Con su venia, señora Presidenta; honorable
Asamblea:
Me permito someter a la consideración de
esta soberanía nacional una iniciativa de reformas a diversos ordenamientos en materia de
pederastia y de pedefilia.
Tratar el tema de la pederastia y de la
pedefilia es abordar un tema fuerte, es recurrir a un tema que cala, que alarma, que duele
y que indigna. Toda acción de arrebato sobre un niño nos mueve a furia, así se trate
tan sólo de despojarlo de un juguete, que no resulta cuando se trata del pederasta y del
pedéfilo, que le arrebatan al niño mucho más que eso, en ocasiones que le arrebatan
todo.
El mundo de la agresión sexual al niño es
un mundo muy complejo y hasta ahora muy desatendido, se mueve en el espacio generado por
tres vicios que anidan en el alma y en la conducta de los humanos, la perversión, la
indolencia y el abuso de la confianza, es un fenómeno que se genera desde luego a partir
de las desviaciones que orillan a algunos, a las prácticas sexuales
semiautocomplacientes, pero a esto hay que agregar un ingrediente distintivo de alta
complejidad para la ley, se trata de una agresión casi siempre abusiva de las confianzas
depositadas o supuestas.
La gran mayoría de los delitos violentos
se producen entre desconocidos, la víctima del asalto, del robo de vehículos, del
secuestro en todas sus formas y de muchos más casi nunca conocía a su agresor, a
diferencia de ello, el agresor sexual de niños casi siempre es conocido por el infante,
salvo contadas excepciones, el escenario habitual de estos crímenes está constituido por
el centro recreativo, por el centro escolar y por el seno familiar.
La depravada fauna de aficionados al sexo
con menores no sólo abarca entrenadores, guardianes, profesores, prefectos y conserjes,
sino que alcanza y en proporciones alarmantes y quizá mayoritarias a padres, a tíos, a
padrastros y a otros familiares adultos que mal usan de su relación de convivencia para
poder actuar y que en ella se cobijan para sortear la eventualidad del castigo. Todo esto
desde luego junto con una indolencia oficial que ha logrado la virtual inexistencia de
programas de apoyo a los menores y de concientización a una sociedad civil que carece no
sólo de una cultura de prevención y de precaución, sino también es cruel, pero cierto,
de credulidad hacia los menores y de confianza frente a sus incipientes solicitudes de
auxilio.
Por otra parte, en el terreno de lo
jurídico el asunto no podría estar más enrarecido, aquí hay muchos diputados que han
sido procuradores o subprocuradores de sus estados o de la Federación, con quienes he
compartido la tarea del Ministerio Público.
Quienes hemos tenido la obligación
profesional de atender estos asuntos, sabemos que es en la pederastia y en la pedefilia
donde se llega a la cumbre de la repugnancia y de la indignación.
Desde el primer interrogatorio los
comportamientos contraponen nuestra naturaleza; el pederasta normalmente instalado en el
cinismo; el niño habitualmente sumergido en el terror.
No he conocido criminales más descarados
que el agresor de niños ni víctima más asustada que el menor agredido. Frente a
los primeros tiene uno que hacer acopio de prudencia para no violentar los límites de la
ley; frente al niño, tiene uno que escuchar la narración de los detalles de relación
sexual, de los engaños y de las amenazas, además de formular las preguntas y buscar los
datos, que debo decirlo, constituyen experiencias profesionales difíciles de comentar.
Dirigencias en las que uno desea como fiscal que el niño recuerde todo y al mismo tiempo
deseando como ser humano que pudiera olvidarse de todo. Pero ahí no acaba la
averiguación previa, ahí apenas comienza, hay que proseguir con otros participantes,
algunos encubridores, otros incluso cómplices, hay directores de escuela que defienden a
su prefecto; hay juntas de condóminos que protegen a su conserje, pero no sólo eso, hay
también madres de niños agredidos que se ponen de lado del padrastro agresor; tías
carnales que protegen a sus maridos, tíos políticos y primos mayores que se cubren entre
todos ellos.
3054,3055,3056
Luego vienen momentos más difíciles: el
reporte y la narración de los médicos, las lesiones, los destrozos, los residuos, los
vestigios de la presión, de los amarres, de las sogas, de los golpes y los de una
relación practicada sin ningún comedimiento y sin ninguna defensa. Luego prosiguen las
pláticas con los sicólogos, establecer el perfil de veracidad de un niño o también la
entidad de los daños síquicos que lo llevan a una confusión entre la verdad y la
mentira, entre su aceptación y su rechazo y que pueden exponer todo el éxito jurídico
del caso.
Tanto en la averiguación previa como en el
proceso, viene otro drama: el tratar de sostener con éxito la acción penal. La fiscalía
cuenta básicamente con un niño que no sólo es niño, sino que está confundido,
asustado y debilitado. Frente a ello, un abogado defensor de cuarta categoría puede con
mínima habilidad imponerse a un fiscal estrella.
Entre las primeras reglas de la técnica de
defensa está la de agredir y confundir a la víctima, en este caso a un niño, pero esto
no es tampoco el final del drama. En ocasiones la fiscalía no cuenta ni siquiera con el
niño confundido; junto con el maltrato de menores, la pederastia se constituye en los dos
principales orígenes del homicidio de niños: en el maltrato, porque a los criminales se
les pasó la mano en la pederastia para que a las víctimas no se les pase la lengua.
Entonces los fiscales o quienes lo fuimos, ya no tenemos que trabajar sobre las
declaraciones de los niños; tenemos que inspeccionar sus cadáveres y estudiar durante
muchos días lo que llamamos el dictamen de autopsia y el protocolo de necropsia, con las
100 ó 200 fotografías forenses externas de que vienen acompañadas.
Créanme que no hay necropsias que infundan
más dolor. Por eso dije al principio de hablar de ello; es abordar un tema fuerte. Es por
todo ello, sin ánimo de abundar en mayor extensión, que he tomado la decisión de
presentar a la consideración de esta soberanía nacional reformas a diversas leyes que
nos pudieran permitir lo siguiente:
Primero. Elevar la pena de prisión para
los pederastas y pedéfilos.
Debo mencionar que no soy de los que creo
necesariamente en la elevación de penas como instrumento disuasivo automático, pero sí
en su eficacia como representación de los valores tutelados por la ley. No me parece
consecuente que una agresión sexual sobre menores sea normalmente distinta que una sobre
adultos; hay quienes dicen que sí y quienes dicen que no, pero lo cierto es que si frente
al delito ambas víctimas son moralmente iguales, frente al proceso el menor es
infinitamente más débil e indefenso. Por ello se propone una necesaria reclasificación
de penas que hoy van de ocho a 14 años en su modalidad ordinaria y de 12 a 21 en su
modalidad calificada, para convertirse en una de 12 a 21 en su modalidad ordinaria y hasta
de una de 28 años en su modalidad calificada, para los casos de pederastia.
En los casos de pedefilia, también se
propone un aumento sobre las penas actuales y se propone la inhabilitación para el
desempeño de la profesión, cargo o empleo en el que hubiere delinquido el agente, hasta
por un tiempo igual al de la prisión.
Es necesario además precisar las
circunstancias en las que la Constitución impide el careo con el delincuente, mandato
constitucional del que debemos reconocer este Congreso ha sido omiso, no obstante el
mandato constitucional de hace un año.
Hay que propiciar la investigación
ministerial especializada para impedir a la víctima un doble impacto emocional;
establecer los centros de atención a víctimas de pederastia y pedefilia; impulsar
programas que estimulen la confianza del niño para solicitar auxilio y denunciar el
abuso; formular programas de prevención en el Gobierno y en la sociedad civil; instalar
programas educativos tendientes a lo anterior y por ello me permito presentar esta
iniciativa de reformas al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos
Penales, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley General de
Educación.
Honorable Asamblea: los tiempos futuros y
las generaciones venideras habrán de determinar si lo más oprobioso y lo más reprobable
de nuestro tiempo y de nuestra generación fue la impetuosa estridencia de los malos y de
los culpables o si fue el vergonzoso silencio de los buenos y de los inocentes; si lo peor
es lo que nos hicieron o fue peor que frente a ello nos quedamos callados.
Es cuanto, señora Presidenta, con mi
solicitud de turnar esta iniciativa para su procesamiento congresional, a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos con opinión, en lo que concierne a las reformas a la Ley
Orgánica de la Administración Pública, a la muy respetable Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública y en lo que concierne a la Ley General de Educación, a la muy
respetable Comisión de Educación y Servicios Educativos.
Muchas gracias, honorable Asamblea. Es
cuanto, señora Presidenta.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— Honorable Congreso de la Unión.— LVIII
Legislatura.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados.— Presente.
José Elías Romero Apis, diputado federal
a la LVIII Legislatura de la honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito
presentar la siguiente
Iniciativa de reformas al Código Penal
Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, a la Ley Orgánica de la
Administración Publica Federal y a la Ley General de Educación, todas ellas en materia
de pederastia y pedefilia.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Tratar el tema de la pedestia y de la
pedefilia es abordar un tema fuerte. Es recurrir a un tema que cala, que alarma, que duele
y que indigna. Toda acción de arrebato sobre un niño nos mueve a furia, así se trate
tan sólo de despojarlo de un juguete. Que no resulta cuando se trata del pederasta y del
pedéfilo, que le arrebatan al niño mucho más que eso. En ocasiones, que le arrebatan
todo.
El mundo de la agresión sexual al niño es
un mundo muy complejo y hasta hoy, muy desatendido. Se mueve en el espacio generado por
tres vicios que anidan en el alma y en la conducta de los humanos: la perversión, la
indolencia y el abuso de la confianza.
Es un fenómeno que se genera, desde luego,
a partir de las desviaciones que orillan, a algunos, a las prácticas sexuales
semiauto-complacientes. Pero a esto hay que agregar un ingrediente distintivo de alta
complejidad para la ley. Se trata de una agresión casi siempre abusiva de las confianzas
depositadas o supuestas.
La gran mayoría de los delitos violentos
se producen entre desconocidos. La víctima del asalto, del robo de vehículo, del
secuestro en todas sus formas y de muchos más, casi nunca conocía a su agresor. A
diferencia de ello, el agresor sexual de niños casi siempre es conocido por el infante.
Salvo contadas excepciones, el escenario habitual de estos crímenes está constituido por
el centro recreativo, por el centro escolar y por el seno familiar. La depravada fauna de
aficionados al sexo con menores no sólo abarca a entrenadores, guardianes, profesores,
prefectos y conserjes, sino que alcanza —y en proporciones alarmantes, y quizá,
mayoritarias— a padres, a tíos, a padrastros y a otros familiares adultos que mal
usan de su relación de convivencia para poder actuar y que en ella se cobijan para
sortear la eventualidad del castigo.
Todo esto, desde luego, junto con una
indolencia oficial que ha logrado la virtual inexistencia de programas de apoyo a los
menores y de concientización a una sociedad civil que carece, no sólo de una cultura de
prevención y de precaución, sino también —es cruel pero cierto —de credulidad
hacia los menores y de confianza frente a sus incipientes solicitudes de auxilio.
Por otra parte, en el terreno de lo
jurídico el asunto no podría estar más enrarecido. Aquí hay muchos diputados que han
sido procuradores o subprocuradores de sus estados o de la Federación con quienes he
compartido la tarea del Ministerio Público. Quienes hemos tenido la obligación
profesional de atender estos asuntos sabemos que es en la pederastia y en la pedofilia
donde se llega a la cumbre de la repugnancia y de la indignación.
Desde el primer interrogatorio los
comportamientos contraponen nuestra naturaleza. El pederasta, normalmente instalado en el
crimen. El niño, habitualmente sumergido en el terror. No he conocido criminales más
descarados que el agresor de niños ni víctima más asustada que el menor agredido.
Frente a los primeros tiene uno que hacer
acopio de prudencia para no violentar los límites de la ley. Frente al niño tiene uno
que escuchar la narración de los detalles de relación sexual, de los engaños y de las
amenazas, además de formular las preguntas y buscar los datos que —debo
decirlo— constituyen experiencias profesionales que no nos atrevemos a narrar ni en
lo social ni en lo familiar. Diligencias en las que uno desea, como fiscal, que el niño
recuerde todo y, al mismo tiempo, deseando como ser humano, que pudiera olvidarse de todo.
Pero ahí no acaba la averiguación previa.
Allí apenas comienza. Hay que proseguir con otros participantes. Algunos, encubridores.
Otros, incluso, cómplices. Hay directores de escuela que defienden a su prefecto. Hay
juntas de condóminos que protegen a su conserje. Pero no sólo eso. Hay, también, madres
de niños agredidos que se ponen del lado del padrastro agresor. Tías carnales que
protegen a sus maridos, tíos políticos y primos mayores que se cubren entre todos ellos.
Luego, vienen momentos más difíciles. El
reporte y la narración de los médicos. Las lesiones, los destrozos, los residuos. Los
vestigios de la presión, de los amarres, de las sogas, de los golpes y los de una
relación sexual practicada sin ningún comedimiento y sin ninguna defensa. Luego
prosiguen las pláticas con los sicólogos. Establecer el perfil de veracidad de un niño.
O, también, la entidad de los daños síquicos que lo llevan a una confusión entre la
verdad y la mentira, entre su aceptación y su rechazo y que pueden exponer todo el éxito
jurídico del caso.
Tanto en la averiguación previa como en el
proceso viene otro drama. El tratar de sostener, con éxito, la acción penal. La
fiscalía cuenta, básicamente, con un niño que no sólo es niño, sino que está
confundido, asustado, en mucho abandonado, lastimado, agredido y debilitado. Frente a
ello, un abogado defensor de cuarta categoría puede, con mínima habilidad, imponerse a
un fiscal estrella. Entre las primeras reglas de la técnica de defensa está la de
agredir y de confundir a la víctima. En este caso, a un niño.
Pero esto no es tampoco, el final del
drama. En ocasiones la fiscalía no cuenta ni siquiera, con el niño confundido. Junto con
el maltrato de menores, la pederastia se constituye en los dos principales orígenes del
homicidio de niños. En el maltrato, porque a los criminales "se les pasó la
mano". En la pederastia, para que a las víctimas no "se les pase la
lengua".
Entonces los fiscales o quienes lo fuimos
ya no tenemos que trabajar sobre las declaraciones de los niños. Tenemos que inspeccionar
sus cadáveres y estudiar, durante muchos días, lo que llamamos el dictamen de autopsia y
el protocolo de necropsia, con las 100 ó 200 fotografías forenses externas e internas de
que vienen acompañadas. Créanme que no hay necropsias que infundan más dolor.
Quienes hemos tomado el camino profesional
que tiene qué ver con las agencias investigadoras, con las morgues, con los tribunales
penales y con las prisiones solemos ser gente muy recia. Endurecidos por instinto y por
necesidad de sobrevivencia síquica y anímica. O nos volvemos recios o nos volvemos
locos. Pero los asuntos de la pederastia y de la pedefilia son los que someten a la más
dura prueba la resistencia humana, por repugnantes y por indignantes. Por eso dije al
principio, que hablar de ello es abordar un tema fuerte.
Es por todo ello —sin ánimo de
abundar en mayor extensión— que he tomado la decisión de presentar a la
consideración de esta soberanía nacional reformas a diversas leyes que nos pudieran
permitir lo siguiente:
1. Elevar la pena de prisión para los
pederastas y pedéfilos. Debo mencionar que no soy de los que creo, necesariamente, en la
elevación de penas como instrumento disuasivo automático, pero sí en su eficacia como
representación de los valores tutelados por la ley. No me parece consecuente que una
agresión sexual sobre menores sea normalmente distinta que una sobre adultos. Hay quienes
dicen que sí y quienes dicen que no. Pero lo cierto es que si frente al delito ambas
víctimas son moralmente iguales, frente al proceso el menor es infinitamente más débil
e indefenso. Por ello se propone una necesaria reclasificación de penas que hoy van de
ocho a 14 años en su modalidad ordinaria y de 12 a 21 en su modalidad calificada, para
convertirse en una de 12 a 21 años en su modalidad ordinaria y de hasta 28 años en su
modalidad de calificada, para los casos de pederastia.
Para el caso de pedefilia se propone que la
actual de dos a cinco años para su modalidad ordinaria y de 3 a 7.5 años para su
modalidad calificada se convierta en una de 3 a 7 años para su modalidad ordinaria y de
4.5 a 10.5 años para su modalidad calificada.
2. Inhabilitación para el desempeño de la
profesión, cargo o empleo en el que se hubiese delinquido. Como muchos pederastas y
pedéfilos cometen sus crímenes aprovechando las circunstancias en las que los coloca su
empleo, cargo o profesión, sean estas públicas o privadas y como se trata de un abuso de
la confianza que le permitían dichas circunstancias, se propone que la inhabilitación no
sea de tan sólo cinco años, como actualmente se dispone, sino de los mismo años que la
pena de prisión impuesta, computada —desde luego— a partir de que se recupere
la libertad.
3057,3058,3059
3. Precisar en la ley las circunstancias en
que la Constitución impide el careo con el delincuente. Lo dispuesto por el nuevo
artículo 20 constitucional, en vigor desde el 22 de marzo del año 2001, obliga a una
precisión establecida en la ley, mandato del que este Congreso ha hecho omisión y ahora
pretende que se cumpla.
4. Propiciar la investigación ministerial
especializada, para impedir a la víctima un doble impacto emocional. Con esto se pretende
que estos casos que requieren un tratamiento victimológico sui generis, no caigan
en manos que podrían hacer tanto daño como el producido por el agresor no sólo en
cuanto a la interrelación fiscal-víctima sino en cuanto a su aplicación para el éxito
del proceso.
5. Establecer los centros de atención a
víctimas de pederastia y pedefilia. Esto es, también, con el objeto de dar cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 20, apartado B constitucional, en cuanto a atención
médica y sicológica, a asesoría jurídica, a información procedimental, a coadyuvancia
ministerial, a entroncamiento procesal, a reparación del daño y a seguridad personal.
6. Impulsar programas que estimulen la
confianza del niño para solicitar auxilio y denunciar el abuso. Esto con el objeto de
difundir, sobre todo hacia la población infantil, que no están solos, que deben buscar
auxilio y que deben ubicar a la persona de más confianza.
7. Formular programas de prevención en el
gobierno y en la sociedad civil. Establecer que este es un asunto al que la autoridad
preventiva debe aplicarse desde muchos frentes sin dilación de tiempo.
8. Instalar programas educativos tendientes
a lo anterior. Esto para asumir que debe ser una responsabilidad de la escuela, sobre todo
pública, participar en el establecimiento de una cultura de prevención, de precaución y
de seguridad.
9. Formular, con el ejemplo, una atenta
invitación a las potestades locales para logros similares.
Los tiempos futuros y las generaciones
venideras habrán de determinar si lo más oprobioso y lo más reprobable de nuestro
tiempo y de nuestra generación fue la impetuosa estridencia de los malos y de los
culpables o si fue el vergonzoso silencio de los buenos y de los inocentes.
Si lo peor es lo que nos hicieron o fue
peor que nos quedamos callados.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en los dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a la consideración de esta
Cámara de Diputados, la siguiente
INICIATIVA
De reformas al Código Penal Federal, al
Código Federal de Procedimientos Penales, a la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y de la Ley General de Educación.
Artículo primero. Se
reforman los artículos 261, 266 y 266-bis del Código Penal Federal, para quedar como
sigue:
"Artículo 261. Al
que sin el propósito de llegar a la cópula, ejercite un acto sexual en una persona menor
de 12 años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del
hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo se le
aplicará una pena de tres a siete años de prisión..."
"Artículo 266. Se
impondrá prisión de 12 a 21 años:
I a la III...
Si se ejerciera violencia física o moral
se aplicará prisión hasta de 28 años.
Artículo 266-bis...
I...
II...
III. El delito fuere cometido por quien
desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión o empleo, utilizando o
valiéndose para ello de los medios o circunstancias que ellos le proporcionen. Además de
la pena de prisión el condenado será destituido de su cargo o empleo si éste fuera
público o suspendido e inhabilitado para el desempeño de su profesión o tipo de empleo
en el que delinquió o cargo o empleo público por un tiempo igual a la prisión impuesta,
computándose a partir de que fuera puesto en libertad.
IV..."
Artículo segundo. Se reformarán los
artículos 2o. y se crea un artículo 268-bis del Código Federal de Procedimientos
Penales, para quedar como sigue:
"Artículo 2o...
I a la X...
XI. Proveer al personal ministerial,
pericial y auxiliar y para la investigación de casos de pederastia y pedefilia.
XII. Desarrollar acciones generales para
instalar una cultura de confianza que facilite la denuncia de parte de las víctimas de
pederastia, pedofilia, violación y secuestro.
XIII. Los demás que señalen las
leyes."
"Artículo 268-bis.
En los términos de lo dispuesto por la fracción V del apartado B del artículo 20
constitucional, los careos donde participen las víctimas de pederasta, pedefilia,
violación y secuestro se practicarían de manera diferida con la intermediación del
agente del Ministerio Público o del tribunal.
La confrontación y la reconstrucción de
hechos en los delitos mencionados en el párrafo anterior se realizarán sin que el
indiciado coincida personalmente con la víctima. En todo caso, el representante de ésta
podrá participar en la diligencia."
Artículo tercero. Se reforma el artículo
30-bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 30 bis...
I a la V. ..
VI. Proponer en el seno del Consejo
Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación en
materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional,
haciendo énfasis en lo que concierne a delitos contra menores de edad;
VII a la XV...
XVI. Organizar, dirigir y administrar un
servicio para la atención a las víctimas del delito y celebrar acuerdos de colaboración
con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta
atribución, sobre todo en lo que concierne a menores de edad;
XVII a la XXVI..."
Artículo cuarto. Se
incorpora una fracción XVI en el artículo 33 de la Ley General de Educación, para
quedar como sigue:
"Artículo 33...
I a la XIII...
XIV. Fomentarán una información que
permita a los menores de edad desarrollar su confianza para solicitar auxilio cuando es
víctima de abusos o delitos.
..."
Por todo lo anterior, a usted señora
Presidenta de la Cámara de Diputados, me permito solicitar:
I. Tener por presentada la presente
iniciativa para todos sus efectos constitucionales.
II. Dar el curso parlamentario que
establece el Título Tercero Capítulo II Sección Segunda de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
III. Acordar su turno, para estudio y
dictaminación, a la muy respetable Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara
de Diputados, con opinión de la muy respetable Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública por lo que corresponde a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
y a la muy respetable Comisión de Educación y Servicios Educativos por que corresponde a
la Ley General de Educación.
Es cuanto.
México, D.F., a 29 de abril de 2002.—
Diputado José Elías Romero Apis.»
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnese la iniciativa a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos, con opinión de las comisiones de Gobernación y Seguridad
Pública y de Educación y Servicios Educativos y publíquese íntegro en el Diario de
los Debates y la Gaceta.
Ley General de Lenguas IndIgenas
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Gumercindo
Alvarez Sotelo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una
iniciativa de Ley General de Lenguas Indígenas.
El diputado Gumercindo Alvarez
Sotelo:
Con el permiso de la Presidencia; estimadas
compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por mi
conducto, presenta a consideración de esta soberanía la iniciativa de Ley General de
Lenguas Indígenas al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Toda lengua indígena como fenómeno social
y humano, es un sistema primario de signos, instrumento del pensamiento y de la acción y
el medio más importante de comunicación.
Con respecto a la cultura, la lengua forma
parte de ella y al mismo tiempo es su medio de expresión y entendimiento más notorio. Al
estar tan estrechamente vinculada a la cultura, la lengua figura también entre los rasgos
constituyentes de la identidad cultural de un pueblo, la composición pluricultural de la
nación mexicana, que es una de las riquezas que los mexicanos ostentamos a los ojos del
mundo.
La lengua es el principal vínculo de
comunicación entre los miembros de la comunidad y entre otras comunidades como lo
menciona Stephen A. Wurm: toda lengua refleja una cultura exclusiva y compleja que se
manifiestan en cómo un grupo de hablantes ha resuelto sus problemas y cómo ha formulado
su pensamiento y su sistema filosófico de comprensión del mundo.
Con la muerte de la lengua o su seudomuerte
se pierde para siempre una unidad irremplazable de conocimiento y comprensión del
pensamiento humano, así como su cosmovisión y cultura general.
Diversos estudios demuestran que la
extinción de las lenguas es un proceso que tiene lugar en casi todo el planeta. De
acuerdo con el Instituto Lingüístico de Verano, de los más de 6 mil 800 idiomas en el
mundo, la mitad podrían estar en peligro de desaparecer en las próximas décadas.
Otras fuentes como el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, alertan que más de 2 mil 500 lenguas indígenas
corren peligro de extinción inmediata, siendo las más amenazadas aquellas con menos de 1
mil hablantes; más de 1 mil idiomas son hablados por 101 o mil personas y otros 553 por
apenas 100 o menos, según este programa 234 lenguas ya murieron.
Otros investigadores calculan que en los
próximos 100 años, 90% de los idiomas del mundo se habrán extinguido o estarán por
extinguirse. La pérdida de una lengua en su contexto cultural representa la quema de un
libro de consulta único del mundo natural, los secreto de la naturaleza guardados en las
canciones, las historias, el arte y las artesanías de los pueblos indígenas podrían
perderse para siempre.
En el caso de México, como ya se dijo,
organismos internacionales reportan la existencia de más de 200 lenguas indígenas,
mientras que el Censo General de Población y Vivienda de 2000, reporta por lo menos 62 y
un total de 6 millones 44 mil 547 hablantes de cinco años o más.
Esta disparidad en las estimaciones
indican, por una parte, que las lenguas indígenas del país no han sido objeto de un
estudio profundo y sistemático que determine de manera más exacta su número y las
diversas variantes de cada una de ellas. Esto mismo arroja apreciaciones inexactas del
número de lenguas en peligro de desaparición y aunque para algunos investigadores son
alrededor de 19, podrían ser muchas más por el desconocimiento del total y su
considerable fragmentación. El conocimiento de la diversidad lingüística del país y su
posterior estandarización, deben ser dos de los primeros pasos a realizar.
Siguiendo con las cifras del censo,
mientras que una sola lengua, el náhuatl, tiene cerca de 1 millón y medio de hablantes,
24% del total de hablantes de lengua indígena, otras como el Lacandón, el Kiliwa, el
Ixil, el Cochimí, el Kikapú, el Kumiai, el Cucupá, el Motozintleco, el Paipai, el
Pápago, el Quiché, tienen menos de 300 hablantes y en el caso del lacandón, con tan
sólo 40.
El futuro de estas lenguas es incierto, son
altamente vulnerables por su limitado intercambio lingüístico; asimismo, como bien lo
expresa el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, estas lenguas
no han sido objeto de sistematizaciones con fines de lecto-escrituras ni se expresan en
los medios de comunicación y los materiales escolares son escasos o inexistentes. En
consecuencia, sus hablantes compiten en una situación de clara desventaja frente al
español, incluso frente a otras lenguas indomexicanas, por lo que corren el riesgo de
desaparecer en un futuro no muy lejano.
3060,3061,3062
Es lamentable la falta de continuidad y
homogeneidad de la política lingüística y educativa del Estado mexicano durante los
últimos 75 años, por lo cual no ha permitido sentar las bases de una política de Estado
en esas materias, pese a que el fortalecimiento de los sistemas propios de comunicación
de los pueblos indígenas, constituye un factor clave para el acceso a la educación
formal básica, media y superior.
Para el cambio social y cultural y para los
proyectos de desarrollo productivo, la negación de sus lenguas ha conducido al
ocultamiento del ser indígena, integrándose a medias al idioma nacional y profundizando
las condiciones de marginación y pobreza.
En este contexto, la iniciativa que hoy
presentamos nace de un compromiso real de aquéllos que no queremos que derechos
constitucionales de gran envergadura, como son la preservación y el enriquecimiento de
las lenguas indígenas, queden tan sólo plasmadas en papel. Lo que menos necesitan los
pueblos indígenas son propuestas utópicas, irrealizables basadas en el populismo y la
demagogia; no queremos que la responsabilidad del Estado se convierta en letra muerta, por
el contrario, asumimos compromisos tangibles, observables y si bien graduales en relación
con esta problemática, pero con paso firme hacia una nueva relación entre el Estado y
los pueblos indígenas.
Todas las lenguas indígenas, cualquiera
que sea su situación y el contexto en que se hablen, son mexicanas y patrimonio cultural
y lingüístico de la nación y de la humanidad. El español, por su parte, es la lengua
nacional oficial y medio de comunicación de todos los mexicanos.
Para incentivar el uso de las lenguas
indígenas, esta iniciativa establece que en los municipios mayoritariamente indígenas,
la principal lengua indígena será considerada válida al igual que el español para
cualquier asunto o trámite de carácter público o privado.
Asimismo, dispone que el Estado garantice
el acceso a la información pública y cualquiera otra que se considere de interés
público en dichas lenguas.
Considerando las restricciones
presupuestarias y la escasez de recursos, entre ellos los humanos para llevar a cabo la
tarea de ampliar la cobertura de la educación primaria bilingüe, establece este derecho
en aquellos municipios mayoritariamente indígenas y su efectivo cumplimiento para el año
2006.
Pretender que este beneficio vaya más
allá de la primaria y atienda a toda la población indígena, sería sólo un buen
propósito en el corto plazo. Los estudiosos de este tema reconocen que actualmente no se
cuenta con suficientes profesores lingüistas y traductores para proponerse metas más
ambiciosas en la cobertura educativa y bilingüe, por lo que se vuelve más complejo si
consideramos que la fragmentación de las lenguas, como hemos mencionado anteriormente en
el ámbito internacional, los programas bilingües que se practican hoy en día son de
transición, inclusive en los países desarrollados, los cuales tienen menos restricciones
presupuestarias que el nuestro.
Dentro de los compromisos internacionales,
el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales ratificado por México el 5
de septiembre de 1990, en su artículo 28 dicta que siempre que sea viable, deberá
enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y escribir en su propia lengua
indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo al que pertenezcan;
cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con
esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.
Asimismo, dispone que deberán tomarse
medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar
la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país, que deberán adoptarse
disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover
el desarrollo y las prácticas de las mismas.
Señora Presidenta, esta iniciativa que hoy
presentamos, tiene una amplia exposición de motivos que creo que aún así son
insuficientes, por lo cual yo le solicito atentamente publique íntegramente el texto de
esta propuesta en el Diario de los Debates, así como en la Gaceta Parlamentaria
y esta iniciativa sea turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas y a la Comisión de
Educación y Servicios Educativos, para que se pueda dictaminar favorablemente.
Y pido el apoyo de todos ustedes
compañeras y compañeros diputados, para que esto se haga realidad.
Muchísimas gracias.
«Con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por mi
conducto presenta a consideración de esta soberanía la iniciativa de Ley General de
Lenguas Indígenas, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Toda lengua, como fenómeno social y
humano, es un sistema primario de signos, instrumento del pensamiento y de la acción y el
medio más importante de comunicación. Con respecto a la cultura, la lengua forma parte
de ella y al mismo tiempo es su medio de expresión y entendimiento más notorio. Al estar
tan estrechamente vinculada a la cultura, la lengua figura también entre los rasgos
constituyentes de la identidad cultural de un pueblo. La composición pluricultural de la
nación mexicana es una más de las riquezas que los mexicanos ostentamos a los ojos del
mundo.
La lengua es el principal vehículo de
comunicación entre los miembros de la comunidad y con las otras comunidades. Como lo
menciona Stephen A. Wurm, toda lengua refleja una cultura exclusiva y compleja que se
manifiestan en cómo un grupo de hablantes ha resuelto sus problemas y cómo ha formulado
su pensamiento y su sistema filosófico de comprensión del mundo. Con la muerte de la
lengua o su seudomuerte se pierde para siempre una unidad irremplazable de conocimiento y
comprensión del pensamiento humano, así como su cosmovisión y cultura en general.
Según Darrell Addison Posey, profesor de
la Universidad de Oxford, de las casi 7 mil lenguas que existen en el planeta, entre 4 mil
y 5 mil están clasificadas como indígenas. El mayor número de idiomas se habla en
Papua, Nueva Guinea, donde se distinguen 847 lenguas diferentes. Le siguen Indonesia con
655, Nigeria con 376, India con 309, Australia con 261, México con 230, Camerún con 201,
Brasil con 185 y Zaire con 158.
Diversos estudios demuestran que la
extinción de las lenguas es un proceso que tiene lugar en casi todo el planeta. De
acuerdo con el Instituto Lingüístico de Verano, de los más de 6 mil 800 idiomas en el
mundo, la mitad podrían estar en peligro de desaparecer en las próximas décadas. Otras
fuentes, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, alertan que más
de 2 mil 500 lenguas indígenas corren peligro de extinción inmediata, siendo las más
amenazadas aquéllas con menos de 1 mil hablantes. Más de 1 mil idiomas son hablados por
101 mil personas, otros 553 por apenas 100 o menos. Según este programa, 234 lenguas ya
murieron.
Otros investigadores calculan que en los
próximos 100 años, el 90% de los idiomas del mundo se habrán extinguido o estarán por
extinguirse.
La pérdida de una lengua y de su contexto
cultural representa la quema de un libro de consulta único del mundo natural. Los
secretos de la naturaleza, guardados en las canciones, las historias, el arte y las
artesanías de los pueblos indígenas, podrían perderse para siempre.
En el caso de México, como ya se dijo,
organismos internacionales reportan la existencia de más de 200 lenguas indígenas,
mientras que el Censo General de Población y Vivienda de 2000, reporta por lo menos 62 y
un total de 6 millones 044 mil 547 hablantes de 5 años y más. Esta disparidad en las
estimaciones indican, por una parte, que las lenguas indígenas del país no han sido
objeto de un estudio profundo y sistemático que determine de manera más exacta su
número y las diversas variantes de cada una de ellas. Esto mismo, arroja apreciaciones
inexactas del número de lenguas en peligro de desaparición y aunque para algunos
investigadores son alrededor de 19, podrían ser muchas más por el desconocimiento del
total y su considerable fragmentación. El conocimiento de la diversidad lingüística del
país y su posterior estandarización deben ser dos de los primeros pasos a realizar.
Siguiendo con las cifras del censo,
mientras que una sola lengua, el náhuatl, tiene cerca de millón y medio de hablantes
(24% del total de hablantes de lengua indígena), otras como el lacandón, el kiliwua, el
ixil, el cochimi, el kikapú, el kumiai, el cucapá, el cakchiquel, el motozintleco, el
paipai, el pápago y el quiché, tienen menos de 300 hablantes y en el caso del lacandón
son tan sólo 40. El futuro de estas lenguas es incierto. Son altamente vulnerables por su
limitado intercambio lingüístico. Asimismo, como bien lo expresa el Programa Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, estas lenguas no han sido objeto de
sistematizaciones con fines de lecto-escritura ni se expresan en los medios de
comunicación y los materiales escolares son escasos o inexistentes. En consecuencia sus
hablantes compiten en una situación de clara desventaja frente al español e incluso,
frente a otras lenguas indomexicanas por lo que corren el riesgo de desaparecer en un
futuro no muy lejano.
Es lamentable la falta de continuidad y
homogeneidad de la política lingüística y educativa del Estado mexicano durante los
últimos 75 años, lo cual no ha permitido sentar las bases de una política de Estado en
estas materias, pese a que el fortalecimiento de los sistemas propios de comunicación de
los pueblos indígenas constituye un factor clave para el acceso a la educación formal,
básica, media y superior, para el cambio social y cultural y para los proyectos de
desarrollo productivo. La negación de sus lenguas ha conducido al ocultamiento del ser
indígena, integrándose a medias al idioma nacional y profundizando las condiciones de
marginación y pobreza.
En este contexto, la iniciativa que hoy
presentamos nace de un compromiso real de aquellos que no queremos que derechos
constitucionales, de gran envergadura como son la preservación y el enriquecimiento de
las lenguas indígenas, queden tan sólo plasmados en papel.
Lo que menos necesitan los pueblos
indígenas son propuestas utópicas, irrealizables, basadas en el populismo y en la
demagogia. No queremos que la responsabilidad del Estado se convierta en letra muerta, por
el contrario, asumimos compromisos tangibles, observables, si bien graduales en relación
con esta problemática, pero con paso firme hacia una nueva relación entre el Estado y
los pueblos indígenas.
Todas las lenguas indígenas, cualquiera
que sea su situación y el contexto en que se hablen, son mexicanas y patrimonio cultural
y lingüístico de la nación y de la humanidad. El español, por su parte, es la lengua
nacional oficial y medio de comunicación de todos los mexicanos.
Para incentivar el uso de las lenguas
indígenas esta iniciativa establece que en los municipios mayoritariamente indígenas, la
principal lengua indígena será considerada válida, al igual que el español, para
cualquier asunto o trámite de carácter público o privado. Asimismo, dispone que el
Estado garantice el acceso a la información pública y cualquier otra que se considere de
interés público en dichas lenguas.
Por otra parte, considerando las
restricciones presupuestarias y la escasez de recursos, entre ellos los humanos, para
llevar a cabo la tarea de ampliar la cobertura de la educación primaria bilingüe,
establece este derecho en aquellos municipios mayoritariamente indígenas y su efectivo
cumplimiento para el año 2006.
Pretender que este beneficio vaya más
allá de la primaria y atienda a toda la población indígena, sería sólo un buen
propósito en el corto plazo. Los estudiosos de este tema reconocen que actualmente no se
cuenta con suficientes profesores, lingüistas y traductores para proponerse metas más
ambiciosas en la cobertura educativa bilingüe; lo que se vuelve más complejo si
consideramos la fragmentación de las lenguas, como hemos mencionado anteriormente. En el
ámbito internacional, los programas bilingües que se practican hoy en día son de
transición, inclusive en los países desarrollados, los cuales tienen menores
restricciones presupuestarias que el nuestro.
Dentro de los compromisos internacionales,
el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del
Trabajo, ratificado por México el 5 de septiembre de 1990, en su artículo 28 dicta que:
"siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a
leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se
hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades
competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de
medidas que permitan alcanzar este objetivo". Asimismo dispone que: "deberán
tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a
dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país" y que
"deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los
pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas".
Nuestra Carta Magna, por su parte, gracias
a la reciente reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena, reconoce
y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre
determinación y en consecuencia, a la autonomía para "preservar y enriquecer sus
lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad".
Asimismo, para garantizar el acceso pleno a la jurisdicción del Estado, en todos los
juicios y procedimientos, la Constitución mandata que se deberán tomar en cuenta sus
costumbres y especificidades culturales. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a
ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y
cultura.
3063,3064,3065
También la Constitución establece que
para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, la
Federación, los estados y los municipios tienen la obligación de "garantizar e
incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e
intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la
capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema
de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar
programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus
pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades
indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la
nación".
Acción Nacional no es ajeno a la
problemática social y económica de los más pobres y marginados del país y consciente
de las implicaciones que tiene la lengua como elemento fundamental de convivencia e
interacción, presenta esta iniciativa de Ley General de Lenguas Indígenas compuesta por
18 artículos distribuidos en tres capítulos. El primero de ellos habla de las
disposiciones generales, donde se establece el objeto de la ley, la definición de cuales
son consideradas lenguas indígenas, el principio de no-discriminación y la concurrencia
de la Federación, estados y municipios para proteger, promover y preservar las lenguas
indígenas.
El Capítulo II establece los derechos de
los hablantes de lenguas indígenas para comunicarse en su lengua; ser escuchado y
asistido en su lengua en los tribunales, garantizando el acceso a la jurisdicción del
Estado; a recibir educación primaria de acuerdo a sus propias características
lingüísticas y culturales; a participar en el diseño de las políticas lingüísticas
del Estado, así como a crear la infraestructura y equipamiento necesario para comunicarse
y preservar sus lenguas.
El capítulo III trata de la distribución
de competencias entre Federación, estados y municipios, lo que sin duda es un reflejo de
la concurrencia y exclusividad de acciones entre los tres ámbitos de gobierno a fin de
garantizar los derechos de los hablantes de lenguas indígenas.
Asimismo, se ordena en este capítulo el
levantamiento de un primer censo sociolingüístico para conocer el número y
características propias de los diversos grupos lingüísticos, así como de sus lenguas y
variantes, con el objetivo de armonizar las políticas públicas con la realidad
multilingüe del país. También se mandata establecer una partida específica para
proteger, promover y preservar las lenguas indígenas en los presupuestos de egresos
anuales que determinen la Cámara de Diputados, las legislaturas locales y los municipios,
de acuerdos a sus propias competencias.
Con la aplicación de esta propuesta se
protegerán, promoverán, preservarán, enriquecerán y desarrollarán las lenguas
indígenas del país, al enmarcar en el orden jurídico mexicano el compromiso
constitucional del Estado con los pueblos indígenas.
Otra de las bondades de esta iniciativa es
que con ella se estaría estableciendo una política de Estado en materia lingüística,
sostenible y permanente, en contraposición a los vaivenes que ha tenido a partir de la
segunda mitad del siglo pasado. En este sentido, se establecen de manera clara, los
compromisos que los distintos órdenes de gobierno, Federación, estados y municipios,
deben instituir en sus respectivas agendas.
El censo permitiría a su vez un mayor
conocimiento de la riqueza lingüística del país y sería un elemento importante para
definir las acciones encaminadas a su preservación, difusión, desarrollo y uso.
Compañeras y compañeros legisladores,
éstos son algunos de los beneficios que trae consigo esta iniciativa de ley, por lo que
esperamos su confianza y apoyo.
LEY GENERAL DE LENGUAS INDIGENAS
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. La presente
ley es de orden público e interés social, es de observancia general en los Estados
Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la protección, promoción, desarrollo,
enriquecimiento, preservación y uso de las lenguas indígenas.
Artículo 2o. La
Federación, entidades federativas y municipios protegerán, preservarán y promoverán,
el desarrollo y uso de las lenguas indígenas.
Artículo 3o. Las lenguas
indígenas son aquellas que preceden de los pueblos indios establecidos en el territorio
mexicano antes de iniciarse la colonización y que se reconocen por conservar un conjunto
ordenado y sistemático de formas orales, escritas y otras formas simbólicas de
comunicación entre sí.
Artículo 4o. Todas las
lenguas indígenas, cualquiera que sea su situación y el contexto en que se hablen, son
mexicanas y patrimonio cultural y lingüístico de la nación y de la humanidad. El
español es la lengua nacional oficial y medio de comunicación de todos los mexicanos.
Artículo 5o. Ninguna
persona será discriminada por usar su lengua indígena en el ámbito familiar,
comunitario, estatal y nacional, ya sea en forma oral o escrita y será beneficiaria de
los derechos establecidos en la presente ley.
Artículo 6o. En los
municipios mayoritariamente indígenas, la principal lengua indígena, determinada por el
número de hablantes mayores de cinco años, de acuerdo con los datos oficiales, será
válida, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público
o privado. El Estado garantizará el acceso a la información pública y cualquier otra
que se considere de interés público en dicha lengua.
CAPITULO II
De los derechos de los hablantes
de lenguas indígenas
Artículo 7o. Es derecho
de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en
forma pública y privada, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas,
culturales, religiosas y cualesquiera otras.
Artículo 8o. Cualquier
lengua indígena es válida ante los tribunales. El Estado tiene la obligación de
respetar y garantizar el ejercicio de ese derecho, instrumentando acciones para que las
instancias de procuración, impartición y administración de la justicia realicen los
juicios asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan
conocimiento de su lengua indígena y cultura.
Artículo 9o. Todo
mexicano tiene derecho a recibir educación. Los indígenas recibirán educación primaria
en lengua indígena materna y en español de acuerdo a sus propias características
lingüísticas y culturales.
Artículo 10. Los pueblos
y comunidades indígenas tienen derecho a participar en el diseño, ejecución,
evaluación y seguimiento de las acciones que promueva el Estado en favor del desarrollo y
enriquecimiento de sus lenguas; a transmitir, difundir, publicar y usar su propia lengua y
a crear bibliotecas, hemerotecas, centros culturales y cualesquiera otras instituciones
depositarias que conserven materiales lingüísticos.
Artículo 11. La cultura
de rescate, promoción y uso de las lenguas indígenas garantizará el derecho que los
pueblos y comunidades indígenas tienen para preservar, promover, difundir y desarrollar
sus lenguas y culturas en los diferentes medios masivos de comunicación nacional y
locales, con apego a la ley en la materia. Igualmente de promover una política cultural
que garantice la presencia equitativa de las lenguas y culturas indígenas en los medios
impresos y electrónicos de comunicación públicos y privados, así como elaborar
programas de difusión e impresión de la literatura multilingüe ya existente.
Artículo 12. Los
habitantes de los pueblos y las comunidades indígenas deberán ser parte activa en el uso
y enseñanza de las lenguas en el ámbito familiar, comunitario y regional para la
rehabilitación lingüística y tendrán la obligación de hacer que sus hijos o pupilos
concurran a recibir educación primaria.
CAPITULO III
De la distribución y concurrencia
de competencias
Artículo 13. Corresponde
de manera exclusiva al Ejecutivo Federal, a través de los titulares de sus diversas
secretarías y dependencias, en sus respectivas competencias:
I. Dar a conocer en la lengua de los
beneficiarios, los programas, obras y servicios dirigidos a los pueblos y comunidades
indígenas;
II. Incluir dentro de su programa nacional
de cultura y de educación la protección, promoción, desarrollo y enriquecimiento de las
diversas lenguas indígenas con acciones específicas en coordinación con estados y
municipios;
III. Promover la estandarización de las
lenguas indígenas;
IV. Promover la coordinación y
conformación de institutos estatales de lenguas indígenas, en las entidades federativas
con población mayoritariamente indígena;
V. Realizar campañas de difusión sobre la
diversidad lingüística y cultural que caracteriza a la nación en los diferentes medios
de comunicación;
VI. Asegurar el conocimiento y valoración
justa de las aportaciones de las lenguas indígenas a la cultura nacional en los planes y
programas de estudio para la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para
la formación de maestros de educación básica;
VII. Promover que la educación pública en
todos los niveles fomente la interculturalidad, el multilingüísmo y el respeto a la
diversidad lingüística para contribuir a la preservación, fomento, estudio y desarrollo
de las lenguas indígenas;
VIII. Aplicar las disposiciones
constitucionales y tratados internacionales en la materia reconocidos por la legislación
vigente y
IX. Apoyar a las organizaciones de la
sociedad civil legalmente constituidas que realicen investigación etnolingüística, para
el cumplimiento de objetivos tendientes a la preservación, protección, promoción y
enriquecimiento de las lenguas indígenas.
Artículo 14. Corresponde
de manera exclusiva a los gobiernos estatales con hablantes de lengua indígena, a través
de los titulares de sus diversas secretarías y dependencias, en sus respectivas
competencias:
I. Propiciar la formación y acreditación
profesional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas y español;
II. Realizar y difundir investigaciones
lingüísticas y literarias;
III. Incidir en que los profesores de
educación básica pertenezcan al mismo grupo étnico y lingüístico;
IV. Establecer en la biblioteca estatal un
lugar reservado para la información y documentación más representativa sobre las
lenguas y literatura indígenas;
V. Proponer a la autoridad educativa
federal los contenidos regionales que mejor aseguren el conocimiento y valoración justa
de las aportaciones de las lenguas indígenas a la cultura nacional en los planes y
programas de estudio para la educación primaria, la secundaria, la normal y demás, para
la formación de maestros de educación básica;
VI. Asegurar que la población escolar en
los municipios mayoritariamente indígenas reciba la enseñanza primaria a través de
modelos de educación intercultural bilingüe y garantizar que el proceso educativo sea en
absoluto respeto a la lengua en que se expresan los estudiantes;
VII. Crear institutos de lenguas indígenas
en las entidades federativas con población mayoritariamente indígena, preferentemente
para la estandarización de las diversas lenguas, así como para la formación de
intérpretes, traductores, investigadores lingüísticos y literarios;
VIII. Garantizar que las instituciones
públicas cuenten con personal capacitado que hable las principales lenguas indígenas en
aquellos municipios mayoritariamente indígenas y
IX. Establecer en los diferentes medios de
comunicación de la entidad, campañas sobre la protección, desarrollo, enriquecimiento y
uso de las lenguas indígenas de sus pobladores.
Artículo 15. Corresponde
de manera exclusiva a los gobiernos municipales con hablantes de lengua indígena:
I. Ser agentes directos de la protección,
promoción y preservación, enriquecimiento y uso de las lenguas indígenas en su
jurisdicción;
II. Coadyuvar en el derecho de los pueblos
y comunidades indígenas a usar sus lenguas en cualquier celebración de convenios y
contratos comerciales, laborales y de cualquier otra índole; al igual que reivindicar sus
lenguas y culturas dentro de sus municipios en actividades socioeconómicas, políticas,
religiosas y culturales;
III. Garantizar la participación de los
hablantes de lengua indígena en la transmisión, conservación y desarrollo de la
historia y cultura de su pueblo o comunidad indígena que se verá reflejada integralmente
en su respectiva crónica municipal;
3066,3067,3068
IV. Promover y difundir en sus respectivas
casas de cultura los documentos más representativos sobre sus lenguas y literatura
indígenas;
V. Registrar y actualizar las toponimias
del municipio, aldeas, caseríos, cantones, zonas, colonias, lotificaciones, fincas y
parcelamientos, así como señalización en las áreas públicas de acuerdo a las normas
ortográficas de la lengua indígena de los habitantes de dichos espacios territoriales y
VI. Registrar en cualquier acta de
carácter civil el nombre de la persona de acuerdo a las normas ortográficas de su lengua
indígena.
Artículo 16. Corresponde
al Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales, a través de los responsables de la
procuración y administración de justicia, así como las agrarias y de trabajo, contar
con el personal capacitado para garantizar el acceso a la justicia a los hablantes de las
diversas lenguas indígenas.
Artículo 17. Corresponde
a las autoridades federales, estatales y municipales colaborar para el levantamiento del
censo sociolingüístico. El objetivo de éste será conocer de manera precisa el número
de lenguas indígenas y sus variantes, así como las características propias de los
diversos grupos lingüísticos, con la finalidad de armonizar las políticas públicas con
la realidad multilingüe del país. Dicho censo será coordinado por el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática. Los censos sociolingüísticos serán
levantados junto con el Censo General de Población y Vivienda.
Artículo 18. Corresponde
a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecer
en el presupuesto de egresos que aprueben una partida específica para proteger, promover
y preservar enriquecer y usar las lenguas indígenas.
ARTICULO TRANSITORIO
Primero. Debido al alcance
y la complejidad que representará para los tres órdenes de gobierno la instrumentación
de lo que ordena este decreto, a partir de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación, las instituciones gubernamentales involucradas rendirán informes anuales
a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para dar cuenta del avance
de los compromisos establecidos.
Segundo. El primer censo
sociolingüístico deberá estar levantado a más tardar dos años después de la entrada
en vigor de este decreto, los subsecuentes se levantarán junto con el Censo General de
Población y Vivienda.
Tercero. Los congresos
estatales analizarán, de acuerdo a sus especificidades etnolingüísticas, la debida
adecuación de las leyes correspondientes de conformidad con lo establecido en esta ley.
Cuarto. Se derogan todas
las disposiciones que contravengan al presente decreto.
México, D.F., a 29 de abril de 2002.
Atentamente.
Gumercindo Alvarez Sotelo, Pablo Arnaud
C., Alfonso Vicente Díaz, Silvia Alvarez Bustamante, Adrián Rivera Pérez, Alejandro
Zapata P., Samuel Yoselevitz E., María Luisa G., Francisco E. Jurado C., Tarcisio
Navarrete M., Carmela Cuevas, Fanny Arellanes, Celita Alamilla, Eduardo Rivera Pérez,
Manuel O., María Elena Chávez Palacios, Ricardo Francisco García Cervantes, Nelly
Campos Quiroz, Griselda Ramírez Guzmán, Oscar R. Maldonado, Miguel A. Mantilla, Luis
Aldana Burgos, Oscar Ochoa Patrón, Manuel Castro y del Valle, María Isabel Velasco
Ramos, José Francisco Blake, Beatriz Grande y María Teresa Gómez Mont.»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Publíquese íntegro en el Diario
de los Debates el texto de la iniciativa y en la Gaceta y túrnese, según lo
pide el proponente, a la Comisión de Asuntos Indígenas y de Educación y Servicios
Educativos.
PARLAMENTO
CENTROAMERICANO
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Eric
Villanueva Mukul, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Eric Eber Villanueva
Mukul:
Con su permiso, señora Presidenta:
Voy a hacer una síntesis de esta
iniciativa de reformas constitucionales en materia de elección de diputados
internacionales al Parlamento Centroamericano.
Quiero de antemano solicitarle señora
Presidenta, esta iniciativa se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales, asimismo a
la de Gobernación y que se inserte íntegramente en la Gaceta Parlamentaria
y obviamente en el Diario de los Debates.
América Central es geográficamente una
región que se inicia en el istmo de Tehuantepec en nuestro país y termina en el valle de
río Atrato en Colombia.
Esta región fue el centro de la población
precolombina, donde destacó la civilización maya, la antigua América Central fue un
puente comercial entre la América del Norte y la del Sur, convirtiéndose en la
actualidad en un puente arqueológico entre las américas, por algo incluye
Centroamérica, la denominación antropológica del espacio que ocupó Mesoamérica.
En 1525 en la Epoca Colonial, Pedro de
Alvarado fundó la capitanía general de Guatemala, dependiendo del virreinato de México.
En dicha capitanía se encontraban los países que hoy conocemos como centroamericanos: El
Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá.
Centroamérica se independizó de España
al mismo tiempo que México, en 1821. Pero siguió formando parte del imperio mexicano
hasta 1823, en que se organiza como Federación.
Esta es la historia que nos une, nuestra
cultura, los pueblos indígenas, la conquista española, la geografía, el idioma y la
disyuntiva de impulsar un verdadero desarrollo que incida de manera eficaz en elevar los
niveles de vida de nuestros pueblos. De ahí la importancia de revalorar nuestro liderazgo
en la región centroamericana.
La integración centroamericana es un
proceso que fue iniciado desde el Siglo XIX basado en diversas acciones. Hoy día en que
los países se fortalecen en un ámbito de cooperación, la integración es una realidad
irreversible.
En este proceso centroamericano México ha
sido un actor destacado en la zona; sobre todo durante el periodo de la Guerra Fría, en
la que Centroamérica se vio inmersa en diversos conflictos armados, México a partir de
su participación en el Grupo Contadora, ha sido muy activo en cuanto a la pacificación y
a la consolidación de la democracia en esa región, fortaleciendo sus relaciones
regionales en mecanismos de consulta y concertación política en el terreno de la
diplomacia como el Grupo de Río, el Grupo de los Tres, el Diálogo de San José, los
acuerdos de Tuxtla, I, II, III y IV, la Cumbre de las Américas y la Conferencia
Iberoamericana.
Nuestras relaciones comerciales son cada
vez más fuertes, lo que se refleja en la firma de varios tratados de libre comercio,
entre los que destacan el de Costa Rica, el 1o. de enero de 1995, el de Nicaragua en 1998,
con el cual las ventas de productos mexicanos aumentaron un 83% en los dos primeros años;
el más reciente, el Tratado de Libre Comercio con el Triángulo del Norte con Guatemala,
Honduras y El Salvador y desde luego, el proceso de negociación que se sigue en Panamá
actualmente.
Esos acuerdos han hecho que Centroamérica
represente el 25% del comercio internacional que México realiza con América del Sur.
Entre 1994 y 1999 el intercambio comercial
entre México y los países de América Latina y el Caribe aumentó un 45%, al pasar de
más de 5 mil millones de dólares en 1994 a más de 8 mil millones, alcanzando casi los 9
mil millones en 1999, con saldos favorables para México en la balanza comercial.
En el año de 2001, según la Secretaría
de Economía, el superávit comercial sólo con los países de Centroamérica ascendió a
más de 1 mil 200 millones de dólares, favorables a México.
Cada vez más son los mexicanos que
invierten en Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Costa Rica y Panamá, países a los
que proporcionamos servicios como la telefonía, exportamos productos agropecuarios,
alimentos, bebidas, cuero, calzado, aparatos eléctricos, automóviles, partes
automotrices, materiales de construcción, ferretería y muebles, entre otros productos.
La integración centroamericana ha tenido
diversos caminos y uno de ellos fue la fundación del Parlamento Centroamericano, en 1986;
sin embargo, es hasta 1991 cuando los países centroamericanos acuerdan elegir diputados
directos a este organismo supranacional.
El Parlacen, en su tratado constitutivo,
firmado en 1991, declara que es un órgano de planteamiento análisis y recomendación
sobre asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de interés común, con el
fin de lograr una convivencia pacífica dentro de un marco de seguridad y bienestar social
que se fundamente en la democracia representativa y participativa, en el pluralismo y en
el respeto a las legislaciones y al derecho internacional.
Como ustedes saben, esta Cámara de
Diputados inició, desde la LVII Legislatura, un proceso de negociación para incorporar
diputados observadores permanentes a dicho organismo.
Es un proceso que ha ido avanzando y ha ido
recorriendo todas las instancias. Fue aprobada en la ciudad de Guatemala, sede del
Parlamento Centroamericano, la incorporación de los diputados en 1999. En el 2001 esta
Asamblea recomendó la incorporación de los diputados y el 29 de enero de este año
finalmente ocho diputados mexicanos, miembros de esta LVIII Legislatura, tomamos protesta
ante el Parlamento Centroamericano.
Sin embargo, nos hemos dado cuenta, por los
trabajos ahí realizados, que no es suficiente estar simplemente como observadores
permanentes, dado que si bien es cierto que tenemos voz como observadores, no contamos con
el derecho a voto y quiero comentarles que cada día más asuntos son tratados en ese
Parlamento, que incluyen los intereses de México, en materia de inmigración, en materia
de comercio, en materia aduanera, en materia de derechos humanos y, hay que decirlo
también, en materia de contrabando y de narcotráfico.
Centroamérica es pues una zona
estratégica de seguridad nacional para el país.
Compañeras y compañeros: la integración
es un proceso irreversible; impulsarla y consolidarla es la misión, visión y compromiso
del Parlamento Centroamericano y debe de ser también un compromiso impostergable para
México. Los países miembros del Parlacen han insistido en la necesidad de que México se
sume a dicho órgano legislativo, tanto por su prestigio internacional como por su calidad
de líder indiscutible de la región. Saben que México siempre está a la vanguardia de
los cambios mundiales y atentos a la solidaridad y cooperación de los pueblos. Estos
países, nuestros hermanos ancestrales, están seguros de que México dará un nuevo
impulso a la integración latinoamericana y será una voz más fuerte y decidida.
Nosotros sabemos de nuestro compromiso con
México y con la región centroamericana, sabemos de la importancia de convertir al
Parlacen en un organismo donde se tomen decisiones que influyan en el desarrollo de
nuestros países, también que México se fortalece en la medida en que se relacione y se
asuma como líder de esta región.
Estamos ciertos de la relevancia de la
decisión de integrarnos al Parlacen como diputados electos democráticamente. Esta es una
cuestión histórica e inaplazable. No debemos rehusar nuestro compromiso con la
consolidación económica y democrática de Centroamérica con el futuro de la región y
el de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, los
diputados abajo firmantes proponemos reformas y adiciones a los artículos 52, 53 y 127 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para elegir, por voto
universal, directo y secreto, a diputados internacionales al Parlamento Centroamericano.
Firman esta iniciativa los diputados: Julieta
Prieto Fuhrken, del Partido Verde Ecologista de México; Alejandro Gutiérrez
Gutiérrez, del Partido Acción Nacional; Oscar Alvarado Cook, del Partido
Revolucionario Institucional; Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del Partido de la
Revolución Democrática y Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo.
Muchas gracias.
«Iniciativa de decreto de reformas
constitucionales en materia de la elección de diputados al Parlamento Centroamericano.
El suscrito diputado, a la LVII Legislatura
del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los
artículos 55 fracción II 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la
Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que adiciona v reforma los
artículos 52, 53 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para elegir diputados al Parlamento Centroamericano bajo la siguiente
3069,3070,3071
EXPOSICION DE MOTIVOS
Compañeras y compañeros diputados:
América Central en términos estrictos,
geográficamente es una región que inicia en el istmo de Tehuantepec, en nuestro país y
termina en el valle del río Atrato, en Colombia. Esta región fue el centro de la
población precolombina, donde destacó la civilización maya. La antigua América Central
fue un puente comercial entre la América del Norte y la del Sur, convirtiéndose en la
actualidad en un puente arqueológico entre las Américas.
En 1525 Pedro de Alvarado fundó la
capitanía general de Guatemala, dependiente del virreinato de México. En dicha
capitanía se encontraban los países que hoy conocemos como centroamericanos: El
Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá. Centroamérica también se
independizó de España en 1821, pero siguió formando parte del imperio mexicano hasta
1823, en que se organiza como Federación; sin embargo, en 1838 la Federación comenzó a
desintegrarse y los países mencionados emergieron como repúblicas independientes.
Esta es la historia que nos une: nuestra
cultura, los pueblos indígenas, la conquista española, la geografía, el idioma y la
disyuntiva de impulsar un verdadero desarrollo que incida de manera eficaz en elevar los
niveles de vida de nuestros pueblos. De ahí la importancia de revalorar nuestro liderazgo
en la región centroamericana.
La integración centroamericana es un
proceso que fue iniciado desde el siglo pasado con diversas acciones. Hoy en día en que
los países se fortalecen en un ámbito de cooperación, la integración es una realidad
irreversible. En este proceso centroamericano México ha sido un actor destacado en la
zona, sobre todo durante el periodo de la Guerra Fría en la que Centroamérica se vio
inmersa en diversos conflictos armados. México, a partir de su participación en el Grupo
Contadora, ha sido muy activo en cuanto a la pacificación y democratización de
Centroamérica; fortaleciendo sus relaciones regionales en mecanismos de consulta y
concertación política como: el Grupo de Río; el Grupo de los Tres; el Dialogo de San
José; los acuerdos de Tuxtla I, II, III y IV; la Cumbre de las Américas y la Conferencia
Iberoamericana, los cuales se han constituido en importantes esquemas de cooperación
internacional iberoamericana que ayudan al impulso y coordinación para el desarrollo
regional.
El proceso de integración, el desarropo
económico y el fortalecimiento democrático de Centroamérica y el Caribe es un asunto
que nos debe interesar de manera directa, no sólo por los millones de dólares que muchos
de nuestros connnacionales han invertido en estos países, sino también por el liderazgo
natural que tiene México en el área. Aunado a esto, no hay que olvidar que al existir
una franja fronteriza, se generan diversas problemáticas que se van acentuando con los
años, tales como el flujo de inmigrantes legales e ilegales (los cuales fluctúan
alrededor de 300 mil al año), el narcotráfico y el comercio ilegal, entre otras.
La integración económica en América
Latina y el Caribe ha adquirido un lugar preponderante en la agenda regional mexicana.
Actualmente los países centroamericanos ocupan el segundo bloque comercial más
importante para México. Como nunca, a la integración con Centroamérica se le reconoce
como un proceso que acelera el cambio y moderniza nuestras economías, así como es factor
indispensable para lograr una participación más eficiente y benéfica en la economía
mundial.
Nuestras relaciones comerciales son cada
vez más fuertes, lo que se refleja en la firma de varios tratados de libre comercio,
entre los que destacan el de Costa Rica del 1o. de enero de 1995, el de Nicaragua que
entró en vigor en junio de 1998, con el cual las ventas de productos mexicanos aumentaron
83% en los dos primeros años del tratado; el más reciente es el llamado Tratado de Libre
Comercio del Triángulo del Norte, firmado con Guatemala, Honduras y El Salvador; dicho
tratado entró en vigor en enero del año 2001. Es indispensable mencionar que las
exportaciones mexicanas a estos tres países representan el 25% del total de nuestras
ventas a Latinoamérica. Actualmente el Gobierno mexicano está negociando un Tratado de
Libre Comercio con Panamá.
Entre 1994 y 1999, el intercambio comercial
entre México y los países de América Latina y el Caribe aumentó 45.1%, al pasar de 5
mil 928 millones 500 mil dólares en 1994 a 8 mil 603 millones en 1999, con saldos
favorables para México en la balanza comercial. En el año 2001, según la Secretaría de
Economía, el superávit comercial sólo con los países de Centroamérica ascendió a 1
mil 120 millones 700 mil dólares.
Cada vez son más los mexicanos que
invierten en Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Costa Rica y Panamá, países a los
que proporcionamos servicios como la telefonía y exportamos productos agropecuarios,
alimentos, bebidas, cuero, calzado, aparatos eléctricos, automóviles y partes
automotrices, materiales de construcción, ferretería y muebles, entre otros productos.
Lo anterior nos da una idea de la
relevancia económica que tiene para México la región centroamericana, hay que enfatizar
que nuestros lazos ancestrales de geografía, historia, cultura y lenguaje común han
contribuido para que a través de los años sigamos fortaleciendo nuestros vínculos de
amistad y el espíritu de cooperación existente entre nuestros pueblos.
Ha sido muy importante para México, como
se especifica en los tratados comerciales que se han firmado con Centroamérica y el
Caribe: acelerar e impulsar la revitalización de los esquemas de integración americanos;
alcanzar un mejor equilibrio en sus relaciones comerciales, contribuir al desarrollo
armónico; a la expansión del comercio mundial y a la ampliación de la cooperación
internacional; propiciar un mercado más extenso y seguro para los bienes producidos y el
intercambio recíproco de servicios en sus territorios; establecer un marco jurídico de
reglas claras y de beneficio mutuo para la promoción y protección de las inversiones,
así como para facilitar el intercambio comercial de sus bienes y servicios; asegurar un
marco comercial previsible para la planificación de las actividades productivas y la
inversión; promover el desarrollo económico de manera congruente con la protección y
conservación del ambiente, así como el desarrollo sostenible.
Los puntos antes mencionados han dado pie a
una integración económica con Centroamérica; sin embargo, es impostergable pensar en
avanzar en una integración política parcial que nos permita influir de manera directa en
las políticas públicas de desarrollo de la región, de tal manera que dichas políticas
contribuyan a elevar los niveles de vida de quienes habitan en Centroamérica. En este
punto no debemos olvidar que cuando hablamos de Centroamérica estamos hablando, de alguna
forma, también de los estados del sureste de nuestro país y es nuestra obligación velar
por los intereses de estos nuestros connacionales.
Por lo analizado hasta ahora, podemos
afirmar que el proceso de integración de Centroamérica y nuestra participación activa
en dicho proceso, debe ser de interés para México. Por un lado, porque es una manera de
fortalecer nuestro liderazgo político en la zona y, por otro, porque es indispensable
darle un cauce más eficiente a las problemáticas comunes (narcotráfico, inmigración,
pobreza y subdesarrollo); es impostergable también el fortalecimiento de las relaciones
comerciales, incluyendo la expansión de nuestro mercado. Todo esto en el afán de
contribuir verdaderamente en el desarrollo de la región y en su consolidación
democrática.
La integración centroamericana ha tenido
diversos caminos y uno de ellos es la fundación del Parlamento Centroamericano
(Parlacen), en 1986, con el Tratado de Esquipulas II, sin embargo, fue hasta 1991 que el
Parlacen entró plenamente en funciones, compuesto en sus orígenes por diputados de El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
El Parlamento Centroamericano es uno de los
más importantes organismos de integración político-regional en la zona; éste y el
Parlamento Europeo son las únicas instituciones integracionistas del mundo, conformadas
por diputados popular y democráticamente electos.
El Parlacen, según su tratado constitutivo
firmado en 1991, "es un órgano de planteamiento, análisis y recomendación sobre
asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de interés común, con el fin de
lograr una convivencia pacífica dentro de un marco de seguridad y bienestar social, que
se fundamente en la democracia representativa y participativa, en el pluralismo y en el
respeto a las legislaciones y al derecho internacional".
En la pasada LVII Legislatura esta Cámara
de Diputados recibió la invitación para integrar legisladores mexicanos como
observadores al Parlamento Centroamericano, en donde también se encuentran observadores
de Puerto Rico y de países tan lejanos como Taiwan, motivados por sus intereses
económicos en la zona:
El recuento histórico de nuestra
integración como observadores al Parlacen puede resumirse de la siguiente manera:
1. En 1998, los mandatarios de los países
integrantes del mecanismo de diálogo y concertación de Tuxtla que se dieron cita en San
Salvador, El Salvador, manifestaron la importancia de gestionar la incorporación de
miembros del Congreso Mexicano en calidad de observadores al Parlamento Centroamericano.
2. El 1o. de julio de 1999, en la ciudad de
Guatemala, Guatemala, se otorgó a la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos
(por resolución número 4-CII-99 del Parlamento Centroamericano), la calidad de
observadores permanentes al Parlacen.
3. En 2001, la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Diputados de México, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y los artículos 56, 57, 59, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emitió una opinión
favorable respecto a la designación de los legisladores mexicanos como observadores
permanentes al Parlacen.
4. El 10 de enero de 2002, a través de un
punto de acuerdo, esta Cámara de Diputados designa a ocho legisladores como observadores
al Parlacen.
5. El 29 de enero de 2002, en la sede del
Parlamento Centroamericano, en la ciudad de Guatemala, Guatemala, se les tomó protesta a
los ocho diputados mexicanos, como observadores permanentes, con derecho a voz, pero sin
voto, en el Parlacen y se firmó el proyecto de acuerdo del marco de cooperación entre
ambos órganos legislativos. Hasta este momento se ha acudido a cuatro sesiones en el
pleno del Parlacen, en donde uno de los puntos más destacados ha sido la discusión y
análisis sobre el Plan Puebla-Panamá, en donde por petición de los países miembros y
la gestión de los diputados mexicanos, acudió a comparecer al pleno del Parlacen
Florencio Salazar Adame, encargado de dicho proyecto regional.
Nos hemos dado cuenta que nuestra
participación sólo como observadores en dicho órgano legislativo regional, no es
suficiente para influir de forma determinante en las políticas de desarrollo de la zona,
dado que solamente tenemos voz, pero no voto, lo que resta peso a nuestras opiniones. Por
tanto, la voz de México representada en nuestros legisladores se escucha, pero no se
atiende de la misma forma que si fuésemos miembros con derechos plenos; es decir, que
dejásemos de ser observadores permanentes y nos convirtiéramos en diputados electos al
Parlacen.
Nuestra responsabilidad con los mexicanos,
especialmente con los que habitan el sureste de nuestro país y con los que cuentan con
inversiones en Centroamérica y el Caribe, nuestra solidaridad con Centroamérica, el
desarrollo de la región y la consolidación democrática, nos llevan a reflexionar sobre
la necesidad de iniciar otro proceso, no sólo económico, sino del ámbito político: el
de integrar a diputados mexicanos al Parlacen, con plenos derechos y con la posibilidad de
influir plenamente en las decisiones adoptadas por dicho órgano legislativo.
Debemos estar claros que integrarnos al
Parlamento Centroamericano es una situación también de seguridad y desarrollo nacional
no solamente porque compartimos fronteras con algunos países miembros, sino porque cada
vez son mayores nuestras relaciones comerciales y desde luego los intercambios culturales,
políticos, económicos y migratorios.
Compañeras y compañeros: la integración
es un proceso irreversible; impulsarla y consolidarla es la misión, visión y compromiso
del Parlamento Centroamericano y debe ser también un compromiso impostergable para
México.
Los países miembros del Parlacen han
insistido en la necesidad de que México se sume a dicho órgano legislativo, tanto por su
prestigio internacional como por su calidad de líder indiscutible de la región; saben
que México siempre está a la vanguardia de los cambios mundiales y atento a la
solidaridad y cooperación de los pueblos. Estos países, nuestros hermanos ancestrales,
están seguros de que México dará un nuevo impulso a la integración de Latinoamérica y
una voz más fuerte y decidida.
Nosotros sabemos de nuestro compromiso con
México y con la región centroamericana, sabemos de la importancia de convertir al
Parlacen en un organismo donde se tomen decisiones que influyan en el desarrollo de
nuestros países, sabemos también que México se fortalece en la medida que se relaciona
y se asume como líder en el exterior.
Estamos ciertos de la relevancia de la
decisión de integrarnos al Parlacen con diputados electos democráticamente. Esta es una
cuestión histórica e inaplazable, no debemos rehusar a nuestro compromiso con la
consolidación económica y democrática de Centroamérica, con el futuro de la región y
el de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto proponemos
reformas y adiciones a los artículos 52, 53 y 127 de la Constitución Política de tos
Estados Unidos Mexicanos, para elegir por voto universal, directo y secreto, a diputados
al Parlamento Centroamericano.
Artículo único. Se
adiciona un segundo párrafo al artículos 52; se adiciona un tercer párrafo al artículo
53 y se modifica el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
3072,3073,3074
"Artículo 52...
Así también se elegirán 20 diputados al
Parlamento Centroamericano por el principio de representación proporcional, mediante el
sistema de listas votadas en una sola circunscripción nacional. Los diputados al
Parlamento Centroamericano no tendrán atribuciones legislativas en nuestro país, pero
tendrán los mismos derechos y obligaciones que los demás legisladores de la Cámara de
Diputados.
Artículo 53...
...
Para la elección de los 20 diputados al
Parlamento Centroamericano, según el principio de representación proporcional, mediante
el sistema de listas votadas en una sola circunscripción nacional, las cuales incluirán
por los menos el 40% de candidatos originarios de los estados Veracruz, Oaxaca, Tabasco,
Chiapas, Quintana Roo y Yucatán; la ley correspondiente establecerá las normas y formas
para estos efectos.
Artículo 127. El Presidente de la
República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados y
senadores al Congreso de la Unión, los diputados al Parlamento Centroamericano, los
representantes a la Asamblea del Distrito Federal y los demás servidores públicos
recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función,
empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en los
presupuestos de Egresos de la Federación y del Distrito Federal o en los presupuestos de
las entidades paraestatales, según corresponda."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente
decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo La comisión
conformada por los diputados electos al Parlamento Centroamericano, contará con
autonomía y patrimonio propio, para lo cual las dependencias involucradas aportarán los
recursos humanos, económicos y materiales de sus presupuestos asignados anualmente.
Tercero. Los diputados al
Parlamento Centroamericano deberán cubrir los mismos requisitos que los diputados
federales para ser electos, asimismo gozarán de las mismas prerrogativas
constitucionales.
Cuarto. Los diputados
electos al Parlamento Centroamericano, sesionarán de acuerdo al reglamento del Parlamento
Centroamericano y en la sede del mismo.
Quinto. Los diputados
electos al Parlamento Centroamericano, fungirán como un órgano consultivo de esta
Cámara de Diputados en cuanto a temas referentes al Parlamento Centroamericano y
servirán de enlace entre nuestro país y dicho órgano legislativo.
Sexto. De aprobarse las
reformas constitucionales propuestas, deberán hacerse las adecuaciones pertinentes a las
leyes y reglamentos correspondientes.
Séptimo. Se abrogan todas
aquellas disposiciones contrarias al presente decreto.
México, D.F., a 29 de abril de 2002.—
Diputados: Eric Eber Villanueva Mukul, Julieta Prieto Fuhrken, Alejandro E. Gutiérrez
Gutiérrez, Pedro Miguel Rosaldo y Juan Carlos Regis Adame.»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Insértese el texto de la iniciativa
íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta y túrnese a las
comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación.
La iniciativa que se había reservado al
final, agendada por el Partido Verde Ecologista de México y que presentaría el diputado
Bernardo de la Garza, se pospone para otra sesión.
Se ruega a la Secretaría dar cuenta de una
comunicación que se acaba de recibir de la Junta de Coordinación Política.
COMISIONES
LEGISLATIVAS
El secretario Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numeral 1
inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones
internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a
usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:
Que el diputado Humberto Muñoz Vargas,
entre a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en
sustitución del diputado Hugo Camacho Galván.
Lo anterior, para los efectos a que haya
lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 29 de
abril de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.»
EDUARDO
NERI
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la
primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento de
la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, que otorga la Cámara de
Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en la Gaceta
Parlamentaria.
El secretario Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Decreto por el que se expide el Reglamento
de la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", que
otorga la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Honorable Asamblea: con fundamento en el
artículo 40 numeral 2 inciso a de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y el decreto del 2 de mayo de 2001 de la Cámara de Diputados por
el que se crea la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de
1913", esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presenta a la
consideración del pleno el siguiente proyecto de decreto que expide el Reglamento de la
Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913".
ANTECEDENTES
Durante la presente legislatura, la Cámara
de Diputados aprobó el 25 de abril de 2001 el decreto que crea la Medalla al Mérito
Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913". Tal decreto fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el 2 de mayo de 2001.
Esta disposición establece que la Cámara
de Diputados debe entregar cada legislatura un reconocimiento a aquel ciudadano o
ciudadana, que a criterio de la propia Cámara, por sus actos cívicos o políticos se
haya distinguido en servicio a la colectividad nacional y a la República.
La entrega de este reconocimiento se debe
hacer en el mes de octubre, durante el tercer año de ejercicio de cada legislatura, por
ello a convocatoria para recibir propuestas de candidatos a la medalla debe publicarse a
más tardar el 30 de abril del mismo año.
El decreto de la medalla dice a la letra:
DECRETO
Que crea la Medalla al Mérito Cívico
"Eduardo Neri, Legisladores de 1913".
Artículo 1o. Se crea la
Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913"; con la cual la
Cámara de Diputados reconocerá cada legislatura, durante el último año de ejercicio el
día 9 de octubre en sesión solemne a aquel ciudadano o ciudadana que se haya distinguido
relevantemente, sirviendo a la colectividad nacional y a la República, destacando por sus
hechos cívicos o políticos.
Artículo 2o. Se
entregará una medalla de oro pendiente de un listón con los colores patrios, en una de
sus caras estará la efigie de Eduardo Neri Reynoso con la leyenda: "AI mérito
cívico y defensa de la dignidad del Poder Legislativo (número de la legislatura que
entrega)" y en la otra el Escudo Nacional; así como un pergamino con el dictamen de
la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se decide quién es la
persona galardonada.
Artículo 3o. La Cámara
de Diputados entregará al galardonado una suma de dinero junto con la medalla, que será
equivalente a dos veces la dieta mensual de un ciudadano diputado.
Por lo anteriormente expuesto, la comisión
encargada de recibir y dictaminar las candidaturas a la Medalla al Mérito Cívico propone
a la consideración de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de decreto por el
que se expide el
Reglamento
De la Medalla al Mérito Cívico
"Eduardo Neri, Legisladores de 1913" de la Cámara de Diputados.
Artículo primero. La
Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913" de la Cámara de
Diputados tiene un solo grado y se otorgará, de acuerdo con el decreto de su creación,
en sesión solemne de la Cámara el día 9 de octubre del último año de ejercicio de
cada legislatura.
La Cámara podrá acordar que la sesión
solemne para entregar la medalla se celebre en día distinto, pero siempre deberá ser en
el mes de octubre del año señalado en el párrafo anterior.
Artículo segundo. La
Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", se otorgará a
aquel ciudadano o ciudadana que se haya distinguido relevantemente, sirviendo a la
colectividad nacional y a la República, destacando por sus hechos cívicos o políticos.
La comisión encargada de las prácticas
parlamentarias será la que elabore el dictamen por el que la Cámara de Diputados
premiará a aquel ciudadano o ciudadana mexicana que por sus méritos se haga acreedor a
la medalla.
Esta comisión en sus decisiones se guiará
por los más altos criterios para evaluar los rasgos y hechos éticos, políticos y de
valor cívico, de aquellos mexicanos y mexicanas que puedan ser distinguidos por la
Cámara de Diputados.
Artículo tercero. La
Cámara de Diputados convocará, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del
segundo año de ejercicio de cada legislatura a la Cámara de Senadores, a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, a la Presidencia de la República y las secretarías de
Estado, a los gobiernos de las entidades federativas, a las universidades nacionales
públicas y privadas, a las asociaciones técnicas, científicas y culturales y demás
instituciones representativas de la sociedad para que propongan candidatos con mérito
para recibir la presea.
Las propuestas deberán ser dirigidas a los
secretarios de la Cámara de Diputados y habrán de contener los siguientes datos:
I. Nombre de la institución u
organización promovente;
II. Datos generales del candidato;
III. Motivos por los que se promueve la
candidatura y
IV. Acta de nacimiento y documentos o
pruebas fehacientes que avalen los motivos de la candidatura.
Artículo cuarto. La
recepción de candidaturas estará comprendida entre el último día del segundo periodo
de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la legislatura y el último día
del segundo año de ejercicio de la legislatura, aproximadamente entre los días 30 de
abril y 31 de agosto del año en que deba entregarse la medalla.
La Secretaría hará el registro
correspondiente, dará cuenta a la Presidencia de las propuestas e inmediatamente las
remitirá a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su clasificación
y examen correspondiente.
Artículo quinto. La
Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913" de la Cámara de
Diputados se otorgará por acuerdo tomado en sesión pública, durante el primier periodo
de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la legislatura, en atención al
dictamen que presente la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Artículo sexto. Cada
legislatura, la Cámara de Diputados encargará a la Casa de Moneda de la Nación la
elaboración de dos ejemplares de la medalla que vaya a entregarse. Uno de los ejemplares
será el que se entregue al homenajeado y el otro será para el acervo histórico de la
propia Cámara.
El diseño de la medalla que se encargue a
la Casa de Moneda tendrá las características que aquí se describen:
I. Medalla de oro de 5.5 centímetros de
diámetro;
II. En el anverso y reverso de la medalla
estarán los grabados que establece el artículo 2o. del decreto de su creación y
3075,3076,3077
III. El listón del que penda la medalla
será de seda y con los colores patrios.
El pergamino con el dictamen de la
comisión será hecho en piel y grabado en tinta. Las dimensiones de cada foja no podrán
ser menores de 40 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho.
Artículo séptimo. El
decreto que acredita el otorgamiento de la medalla estará autorizado con las firmas del
Presidente y los secretarios de la Cámara de Diputados.
Artículo octavo. La
Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913" de la Cámara de
Diputados, el pergamino con el dictamen, un ejemplar original del decreto de la Cámara y
la suma de dinero respectivos, serán entregados en sesión solemne que celebre la Cámara
de Diputados para tal efecto en la fecha prevista por el decreto de creación de la
medalla.
En la sesión podrán hacer uso de la
palabra un diputado miembro de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la
persona homenajeada y el Presidente de la Mesa Directiva.
La Junta de Coordinación Política
acordará los tiempos que durarán las intervenciones, así como el orden en que
intervendrán los oradores.
Artículo noveno. El
decreto de la Cámara de Diputados por el que se otorga la Medalla al Mérito Cívico
"Eduardo Neri, Legisladores de 1913" de la Cámara de Diputados, será publicado
en el Diario Oficial de la Federación, así como en, al menos, tres diarios de
circulación nacional.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente
reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. La convocatoria y
registro de postulaciones correspondientes a la LVIII Legislatura se realizarán a partir
del día 1o. de junio de 2002.
México, D.F., a 29 de abril de 2002.—
Diputados: Augusto Gómez Villanueva, presidente; Manuel Medellín Milán,
Sergio R. Vaca Betancourt Bretón, Miguel Angel Martínez Cruz y Cristina Moctezuma
Lule, secretarios; José de Jesús López Sandoval, Ricardo Francisco García
Cervantes, Eduardo Andrade Sánchez, Manuel Garza González, Gustavo Nabor Ojeda Delgado,
Juan Manuel Martínez Nava, Rafael Rodríguez Barrera, Jesús Ali de la Torre, Francisco
Javier Chico Goerne Cobián, Fanny Arellanes Cervantes, Luis Villegas Montes y José
de Jesús Hurtado Torres.»
Es de primera lectura.
La Presidenta:
En virtud de que el dictamen se encuentra
publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se
le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El secretario Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Por instrucciones de la Presidencia, con
fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la
segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y a votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la segunda lectura.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Augusto Gómez
Villanueva, por la comisión, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el
artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, hasta por 10 minutos.
El diputado
Augusto Gómez Villanueva:
Muchas gracias. Con su permiso, señora
Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Presentamos a ustedes el reglamento que
nuestra comisión aprobó, con el propósito de iniciar una tarea conjunta en la que la
Cámara de Diputados como institución fundamental del país, distinguirá los elevados
méritos y virtudes ciudadanas y una vida ejemplar al servicio del pueblo y en honor de
México.
Con la aprobación de este reglamento, la
Cámara iniciará una jornada cívica en un momento en que es necesario resaltar los
valores éticos y las cumbres que produce nuestro pueblo.
Esta presea, la distinción a la que da
origen y el reconocimiento a la virtud y a las acciones positivas, elevarán sin duda la
mirada de nuestra sociedad lejos de los pantanos informativos y de las contradicciones de
intereses inmediatos en que se mueven quienes carecen de perspectiva de la historia.
No es el caso de nuestra Cámara. Para
nosotros el valor de la historia es brújula de las luchas libertarias del pueblo de
México. La nación asocia raíces étnicas, cultura y geografía como parte y todo en el
quehacer del pueblo, que logra que la fina amalgama de la cohesión de la sociedad
mexicana tenga su dureza en las gestas heroicas que tuvo que librar en las luchas de
Independencia, Reforma y Revolución de 1910.
En el muro de la patria tiene en la parte
superior la bella frase de Benito Juárez, pronunciada después de que los fusiles y los
cañones del pueblo rescataron la independencia frente al invasor y sus apetitos
imperiales. El significado de este muro es el compromiso del Congreso ante la nación de
defender los valores supremos de la autodeterminación, la soberanía, la libertad y la
democracia.
Al rendir homenaje a la virtud ciudadana,
lo haremos recordando la limpieza y lealtades de quienes frente a la ominosa traición,
consumadas por el hombre que las resume en sus actos y perverso pensamiento en 1913,
sirvió de instrumento en contra de la suprema voluntad del pueblo que había hecho la
revolución a favor de la democracia.
Victoriano Huerta, nefasto para la patria
cuando la intervención extranjera desde la Embajada norteamericana propició el asesinato
de Francisco I. Madero, pretendiendo con ello asesinar a nuestra democracia. Al recordar a
Eduardo Neri y a su legislatura, estamos rindiendo homenaje a su hazaña de hablar con
valor y coraje cuando muchos callaron.
En estos muros están los nombres de
aquellos con quienes medimos nuestras tareas, son un recordatorio permanente primero para
los legisladores y luego para todo el pueblo de lo que ha costado construir esta nación y
de lo que seguirá costando, es un recordatorio de que muchos de ellos estuvieron en el
lugar que hoy ocupamos y de que la democracia, la libertad y la justicia no se ganan de
una sola vez sino que tienen que defenderse por nosotros todos los días.
Con Belisario Domínguez en el Senado y con
Eduardo Neri en la Cámara de Diputados, recordaremos siempre por qué está escrito en
nuestra Constitución el compromiso del Gobierno y de los representantes populares de
defender el principio de no intervención y la obligación del Ejecutivo de cuidar con
celo la dignidad de la nación.
El Reglamento de la Medalla al Mérito
Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", instituido por esta Cámara,
permitirá iniciar esta jornada cívica.
La Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias hace desde ahora una atenta y respetuosa invitación a nuestros
legisladores para contribuir con sus aportaciones y sugerencias y para señalar a muchas
de las cumbres humanas con que cuenta nuestra nación.
El voto aprobatorio de ustedes, señores
diputados, permitirá que se cumpla el decreto que instituye la presea y por lo tanto
solicitamos a esta Asamblea su voto aprobatorio al presente proyecto de reglamento.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Está a discusión en lo general y en lo
particular el proyecto de decreto...
En virtud de que no se han registrado
oradores para la discusión ni en lo general ni en lo particular, consulte la Secretaría
a la Asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo
general y en lo particular.
El secretario Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Por instrucciones de la Presidencia, en
votación económica se consulta a la Asamblea si el proyecto de dictamen se considera
suficientemente discutido.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
La Presidenta:
Se pide a la Secretaría se abra el sistema
electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.
El secretario Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Se pide se hagan los avisos a que se
refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por 10
minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.
(Votación.)
Se emitieron 395 votos en pro, uno en
contra y una abstención.
La
Presidenta:
Aprobado en lo general y en lo particular
el proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico
"Eduardo Neri, Legisladores de 1913", que otorga la Cámara de Diputados del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Publíquese en el Diario Oficial de
la Federación.
LEY
FEDERAL DE DERECHOS
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la
primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la
Ley del Servicio Exterior Mexicano y la Ley Federal de Derecho, que se está distribuyendo
entre los diputados.
La secretaria Martha Silvia
Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de
Relaciones Exteriores.
Honorable Asamblea: con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, la diputada federal Heidi Storsberg Montes, en
representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, así como el
diputado federal Eddie Varón Levy, en representación del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional y con el apoyo de varios legisladores de otros grupos
parlamentarios, sometieron el pasado 25 de octubre del año en curso a la consideración
de esta Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de "decreto que adiciona una
fracción X al artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano", misma que fue
turnada a las comisiones de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público y de
Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictamen. Trámite del cual se excusó
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
En cumplimiento de esta responsabilidad, se
procedió al dictamen de la iniciativa en comento, realizando para ello diversas consultas
con representantes de las secretarías competentes en la materia, con base en las cuales
los miembros de estas comisiones unidas elaboraron y presentaron a esta honorable Asamblea
el dictamen del caso, mismo que fue aprobado el 14 de diciembre de los corrientes y
remitido al Senado de la República para el dictamen correspondiente.
De manera coincidente en el tiempo, el
Senado de la República aprobó modificaciones mayores a la Ley del Servicio Exterior, a
partir de la iniciativa que el titular del Ejecutivo envió a esa Cámara, con fecha 29 de
noviembre. Entre ellas, el Senado aprobó una modificación a la misma fracción X de su
artículo 2o., con lo cual se provocó que el mencionado artículo creciera de 10 a 12
fracciones.
Siendo las nuevas fracciones
complementarias y materia del mismo dictamen, el Senado de la República remitió a la
Cámara de Diputados el oficio número I-829 que contiene minuta proyecto de decreto por
el que se reforma y adiciona la Ley del Servicio Exterior Mexicano y la Ley Federal de
Derechos, para los efectos de lo dispuesto por el inciso e del artículo 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidencia de esta Cámara presentó al
pleno y aprobó la Ley del Servicio Exterior Mexicano con sus respectivas modificaciones;
sin embargo, la Ley Federal de Derechos respectiva no fue incluida.
Consideraciones de las
comisiones unidas
De acuerdo a lo anterior, las que
dictaminan reiteran que están conformes con el cambio correlativo de referencia en los
artículos 20, 22 y 23 de la Ley Federal de Derechos y solicitan sea incluida en el
próximo periodo de sesiones ordinarias.
En tal virtud, las que dictaminan se
permiten someter a la consideración de esta Cámara de Diputados la aprobación del
siguiente
3078,3079,3080
DECRETO
Por el que se reforma la Ley Federal de
Derechos.
Artículo único. Se
adiciona último párrafo al artículo 20; último párrafo al artículo 22 y último
párrafo al artículo 23 de la Ley Federal de Derechos, para quedar de la siguiente forma:
"Artículo 20. . .
I a la VIII. . .
Los derechos que se obtengan por concepto
de las fracciones anteriores se destinarán a la integración del fondo a que se refiere
la fracción XI del artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Artículo 22. . .
I a la IV. . .
Los derechos que se obtengan por concepto
de las fracciones anteriores se destinarán a la integración del fondo a que se refiere
la fracción XI del artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con excepción
de los que sean prestados en territorio nacional.
Artículo 23...
I a la VIII. . .
...
Los derechos que se obtengan por concepto
de las fracciones anteriores se destinarán a la integración del fondo a que se refiere
la fracción XI del artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor a partir del 1o. de enero de 2002, debiéndose fijar las reglas de operación por
parte de las dependencias competentes del Ejecutivo Federal.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Diputados: Gustavo Carvajal Moreno,
presidente; Francisco Javier Sánchez Campuzano, Tarcisio Navarrete Montes de Oca,
Jorge Carlos Borunda Zaragoza, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, secretarios; Sergio
Acosta Salazar, Samuel Aguilar Solís, Alberto Anaya Gutiérrez, Hilda Josefina Amalia
Anderson Nevárez, Eduardo Arnal Palomera, Edilberto J. Buenfil Montalvo, Raúl
Covarrubias Zavala, María Elena Chávez Palacios, Jorge Alejandro Chávez Presa, Víctor
Emanuel Díaz Palacios, Lucio Fernández González, Adrián Salvador Galarza González,
Augusto Gómez Villanueva, Raúl Gracia Guzmán, Efrén Leyva Acevedo, José Ramón
Mantilla y González de la Llave, Miguel Angel Moreno Tello, José Luis Novales Arellano,
Bernardo Pastrana Gómez, María de los Angeles Sánchez Lira, Heidi Gertud Storsberg
Montes, Emilio Ulloa Pérez, Eddie Varón Levy, José Socorro Velázquez Hernández, Alma
Carolina Viggiano Austria y Gustavo Riojas Santana.
Comisión de Hacienda y Crédito
Público.— Diputados: Enrique Alonso Aguilar Borrego, Francisco Agundis Arias,
Manuel Añorve Baños, Enoch Araujo Sánchez, Miguel Arizpe Jiménez, Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa, Florentino Castro López, Jorge A. Chávez Presa, Enrique Octavio de
la Madrid Cordero, Francisco de Jesús de Silva Ruiz, Roberto Javier Fuentes Domínguez,
Julián Hernández Santillán, Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, Guillermo Hopkins
Gámez, Oscar Guillermo Levín Coppel, Rosalinda López Hernández, José Antonio
Magallanes Rodríguez, José Manuel Minjarez Jiménez, César Alejandro Monraz Sustaita,
José Narro Céspedes, Luis Alberto Pazos de la Torre, Francisco Raúl Ramírez Avila,
Gustavo Riojas Santana, Salvador Rocha Díaz, Arturo San Miguel Cantú, Reyes Antonio
Silva Beltrán, Yadira Ivette Tamayo Herrera, José Luis Ugalde Montes, Emilio Ulloa
Pérez, José Francisco Yunes Zorrilla y Hugo Adriel Zepeda Berrelleza.»
Es de primera lectura.
La Presidenta:
En virtud de que el dictamen se encuentra
en poder de los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la
segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
La secretaria Martha Silvia
Sánchez
González:
Por instrucciones de la Presidencia con
fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la
segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la segunda lectura.
La Presidenta:
Y para fundamentar el dictamen tiene la
palabra el diputado Eddie Varón Levy, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Eddie James
Varón Levy:
Gracias, señora Presidenta:
En virtud de que este dictamen de
comisiones unidas de Hacienda y Relaciones Exteriores ya había sido votado y aprobado por
esta Asamblea, tal y cual lo dice la misma fundamentación en su articulado, que
únicamente me concretaré a exponer tres motivos fundamentales.
La Ley de Servicio Exterior en el dictamen
que venía conjuntamente con la Ley de Derechos fue aprobada por esta soberanía en el
pasado periodo de sesiones, la Ley de Derechos no había sido votada, había sido votada
en primera instancia, pero cuando vino del Senado con los cambios que únicamente ajustaba
e incluía estos dictámenes, no se hizo en la segunda Ley de Derechos.
La Ley de Derechos del dictamen que estamos
votando, única y explícitamente y es muy claro, recorre el numeral en la cual ahora
habla del numeral 12 en vez del numeral 10.
En virtud de que ya se había fundamentado
su tiempo correcto y para ahorrarle el tiempo a esta Asamblea, es cuanto señora
Presidenta y le solicito que se vote hoy mismo, en este momento, hay concordancia de todas
las fracciones parlamentarias en esto.
Gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
La Secretaría va a dar lectura a unas
modificaciones que la comisión le hizo al dictamen.
La
secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Hay una fe de erratas que dice:
"Unico. El presente decreto entrará
en vigor el 1o. de enero de 2002, debiéndose fijar las reglas de operación por parte de
las dependencias competentes del Ejecutivo Federal."
Debe decir:
"Unico. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, debiéndose fijar las reglas de operación por parte de las dependencias
competentes del Ejecutivo Federal. Firma el Presidente de la comisión."
La Presidenta:
Gracias.
Está a discusión en lo general y en lo
particular el artículo único del proyecto de decreto con la fe de erratas leída por la
Secretaría.
En virtud de que no se han registrado
oradores ni en pro ni en contra, consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo
único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en
lo particular.
La secretaria Martha Silvia
Sánchez
González:
Se consulta a la Asamblea si el punto
señalado se encuentra suficientemente discutido.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
La Presidenta:
Se pide a la Secretaría se abra el sistema
electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.
La secretaria Martha Silvia
Sánchez
González:
Se pide se hagan los avisos a que se
refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10
minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.
(Votación.)
La votación, son 386 votos en pro; cero en
contra y dos abstenciones.
La
Presidenta:
Aprobado el proyecto de decreto por 386
votos.
Aprobado en lo general y en lo particular
el proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 20, 22 y 23 de la Ley
Federal de Derechos.
Remítase a la Cámara de Senadores.
Continúe la Secretaría.
PERMISO
AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE
DEL TERRITORIO NACIONAL
El secretario Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de
Relaciones Exteriores.
Dictamen de la minuta con proyecto de
decreto por el que se le concede autorización al Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 8 al 9 de mayo
de 2002, a fin de que participe en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas para el Seguimiento de la Cumbre
Mundial a Favor de la Infancia y realizar una visita de trabajo a la ciudad de Nueva York,
en Estados Unidos de América.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, le fue turnado para su estudio y
posterior elaboración de dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se
concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada,
para ausentarse del territorio nacional del 8 al 9 de mayo de 2002, a fin de que participe
en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas para el Seguimiento de la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia y realizar
una visita de trabajo a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos de América.
Los diputados federales de la LVIII
Legislatura de la Cámara de Diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General, 88 y 93 del
Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con base en el
análisis de la iniciativa de decreto presentada a esta comisión, sometemos a la
consideración de la Asamblea el siguiente dictamen
ANTECEDENTES
1. En sesión celebrada por esta Cámara de
Diputados el día 25 de abril de 2002, los secretarios de la misma dieron cuenta al pleno
de la iniciativa que se describe en el presente dictamen.
2. La Mesa Directiva acordó dar el
siguiente trámite: "túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara
de Diputados".
3. Los diputados integrantes de la
Comisión de Relaciones Exteriores, emitieron el dictamen:
EXPOSICION DE MOTIVOS
En la iniciativa a estudio se señala que
el presidente Vicente Fox solicita autorización para ausentarse del territorio nacional a
fin de participar en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas para el Seguimiento de la Cumbre Mundial a Favor de
la Infancia, que tendrá lugar en la ciudad de Nueva York los días 8 y 9 de mayo de 2002.
La participación de México en el tema de
la infancia es relevante, pues además de ser uno de los promotores de la convocatoria a
la Cumbre Mundial está de acuerdo en la instrumentación de acciones, no sólo en el
interior de nuestro país, sino también en coordinación con las naciones que conforman
la comunidad internacional.
México fue uno de los seis países
convocantes de esta reunión cumbre y uno de los primeros países en ratificar la
Convención Sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1990 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Además, aprobó en diciembre de 2001 la adhesión de México a los dos
protocolos facultativos a la convención, relativos a la participación de niños en
conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de
niños en la pornografía. Los instrumentos de ratificación de esos instrumentos fueron
depositados ante la Secretaría General de la ONU, en marzo de este año.
3081,3082,3083
El periodo extraordinario de la Asamblea
General de las Naciones Unidas Sobre la Infancia debió haberse celebrado del 19 al 21 de
septiembre de 2001, pero fue pospuesto por decisión de la propia Asamblea General de las
Naciones Unidas, luego de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de ese año.
Este periodo extraordinario tiene como propósito evaluar los logros y los obstáculos que
existen a 10 años de haberse celebrado la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, así
como renovar el compromiso político de la comunidad internacional sobre la materia y
adoptar un plan de acción para los años venideros.
La declaración y el plan de acción
mundial que se adoptarán se orientarán a cuatro aspectos:
I. Creación de un mundo que defienda los
intereses de los niños;
II. Objetivos, estrategias y actividades
(promoción de una vida sana, acceso a una educación de calidad, necesidad de proteger a
los niños de los malos tratos, la explotación y la violencia y lucha contra el
VIH/SIDA);
III. Movilización de recursos y
IV. Actividades complementarias y
seguimiento.
La iniciativa presentada señala que el
Presidente de la República, Vicente Fox Quesada en Nueva York pretende sostener una
reunión con autoridades de la ciudad, en especial con el nuevo alcalde, Michael
Bloomberg, con quien promoverá los intereses de nuestros connacionales en aquella ciudad,
afectados tras los trágicos atentados del 11 de septiembre pasado. También participará
en una cena que ofrece el consejo de las américas, ocasión favorable para propiciar un
nuevo dinamismo a los vínculos de México con esa organización particularmente
influyente en los ámbitos político, económico y académico de Estados Unidos.
Por lo antes expuesto y estimando que la
presencia del Presidente de la República en estos compromisos resulta de importancia,
proponemos a la Asamblea la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se
concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada,
para ausentarse del territorio nacional del 8 al 9 de mayo de 2002, a fin de que participe
en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de la
Naciones Unidas para el Seguimiento de la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia y realizar
una visita de trabajo a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos de América.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto
entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
México, D.F., a 29 de abril de
2002.—Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, presidente; Francisco Javier
Sánchez Campuzano, Tarcisio Navarrete Montes de Oca, José Carlos Borunda Zaragoza y Erika
Elizabeth Spezia Maldonado, secretarios; Sergio Acosta Salazar, Samuel Aguilar
Solís, Alberto Anaya Gutiérrez, Hilda Josefina Amalia Anderson Nevárez, Eduardo Arnal
Palomera, Edilberto J. Buenfil, Montalvo, María Elena Chávez Palacios, Jorge Alejandro
Chávez Presa, Víctor Emanuel Díaz Palacios, Lucio Fernández González, Adrián
Salvador Galarza González, Augusto Gómez Villanueva, Raúl Gracia Guzmán, Efrén Leyva
Acevedo, José Ramón Mantilla y González de la Llave, Miguel Angel Moreno Tello, José
Luis Novales Arellano, Bernardo Pastrana Gómez, María de los Angeles Sánchez Lira,
Heidi Gertud Storsberg Montes, Emilio Ulloa Pérez, Eddie Varón Levy, José Socorro
Velázquez Hernández, Alma Carolina Viggiano Austria y Gustavo Riojas Santana.»
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta:
Es de primera lectura.
En virtud de que el dictamen se está
distribuyendo, quiero verificar si ya está en manos de los diputados el dictamen...
¿Algún diputado no dispone del dictamen?.. El diputado Narro, que se lo hagan llegar al
diputado Narro.
En virtud de que el dictamen ha sido
distribuido entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa
la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El secretario Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Por instrucciones de la Presidencia, con
fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la
segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Se le dispensa la segunda lectura.
En consecuencia, está a discusión en lo
general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Se consulta si alguien va a fundamentar el
dictamen a nombre de la comisión.
Se consulta si hay oradores. Está a
discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
No habiendo quien se registre, le ruego a
la Secretaría consulte si está suficientemente discutido.
El secretario Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Por instrucciones de la Presidencia, en
votación económica se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido
el proyecto de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Suficientemente discutido.
No habiendo quien haga uso a la palabra, se
pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la
votación del proyecto de decreto.
El secretario Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Se pide se hagan los avisos a que se
refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por 10
minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.
(Votación.)
Se emitieron 333 votos en pro; 59 en contra
y 21 abstenciones.
La Presidenta:
Aprobado el proyecto de decreto por 333
votos.
Aprobado en lo general y en lo particular
el proyecto de decreto mediante el cual se concede autorización al Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del
8 al 9 de mayo de 2002, a fin de que participe en el periodo de sesiones extraordinarias
de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para el Seguimiento de
la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia y realice una visita de trabajo a la ciudad de
Nueva York, en los Estados Unidos de América.
Pasa al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
BORREGO
CIMARRON
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es el
relativo a dictámenes a discusión vinculados a puntos de acuerdo turnados a comisiones.
En virtud de que se están distribuyendo
entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza a que solamente
se dé lectura a los resolutivos de los puntos de acuerdo.
La secretaria Martha Silvia
Sánchez
González:
Por instrucciones de la Presidencia, se
consulta a la Asamblea si se autoriza que se dé lectura a los puntos de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se autoriza.
La Presidenta:
Empezamos por el relativo a la veda del
borrego cimarrón, de la Comisión de Medio Ambiente.
La secretaria Martha Silvia
Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para
que el titular del Poder Ejecutivo Federal, instruya a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, establezca la veda del borrego cimarrón, en su subespecie ovis
canadensis cremnobates en el Estado de Baja California, de forma inmediata y por
tiempo indefinido, presentada por el diputado Juvenal Vidrio Rodríguez, a nombre de
integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 20 de marzo del
año 2002.
Esta comisión, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 39, 40, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 60, 93 y demás
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea el presente punto de acuerdo
de conformidad con los siguientes
I. Antecedentes
1. El día 20 de marzo del año 2002, ante
el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado
Juvenal Vidrio Rodríguez presentó la proposición con punto de acuerdo para que el
titular del Poder Ejecutivo Federal, instruya a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, establezca la veda del borrego cimarrón, en su subespecie ovis
canadensis cremnobates en el Estado de Baja California, de forma inmediata y por
tiempo indefinido.
2. En 1986, la Universidad Autónoma de
Baja California (UABC) con base a estudios realizados a las poblaciones de ovis
canadensis cremnobates recomendó el establecimiento de una veda en forma inmediata y
por tiempo indefinido.
3. En 1990, la entonces Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), estableció la veda del aprovechamiento de la
especie del borrego cimarrón en su subespecie cremnobates, para el Estado de Baja
California, vigente para la temporada 1990-1991.
4. En 1992, la Universidad Autónoma de
Baja California (UABC) realizó un estudio poblacional y de hábitat en un área de 900
km2, entre las sierras de Juárez, Tinajas y las Pintas, al norte del Estado. Se contaron
120 individuos de borrego cimarrón con una densidad de ejemplares por kilómetro
cuadrado, de 0.20 y 0.14 en verano y otoño respectivamente, aunque no se estimó el
número de ejemplares para el resto del Estado.
5. De 1990 a 1996, se realizaron otros
cuatro censos. Para 1998 y 1999, la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca (Semarnap) otorgó permisos para cazar borrego cimarrón en la isla
Tiburón.
6. En octubre de 1999, se realizó otro
censo aéreo por iniciativa del Instituto Nacional de Ecología y del Gobierno del Estado,
en éste participaron la Universidad Autónoma de Baja California, el Centro de
Investigaciones Científicas y Estudios Superiores de Ensenada y a los ejidatarios que
tienen UMA registrada. En este censo se revisaron las mismas áreas que habían sido
censadas en años anteriores y se observaron 282 ejemplares.
7. En febrero de 2000, la dirección
general de Vida Silvestre, entonces dependiente del Instituto Nacional de Ecología,
publicó el proyecto para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable del
borrego cimarrón (ovis canadensis) en México.
8. El día 20 de marzo del año 2002,
turnada la proposición con punto de acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo
Federal, instruya a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que
establezca la veda del borrego cimarrón, en su subespecie ovis canadensis cremnobates
en el Estado de Baja California, de forma inmediata y por tiempo indefinido, la Comisión
de Medio Ambiente y Recursos Naturales procedió al análisis e investigación de su
viabilidad técnica y jurídica para una mejor instrumentación de la política de
conservación de la biodiversidad en nuestro país.
A partir de estos antecedentes, los
miembros de la comisión que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes
II. Consideraciones
1. En primer lugar, para comprender el
interés que motivó la propuesta formulada en el punto de acuerdo, es indispensable
exponer las características particulares la especie ovis canadensis cremnobates
(borrego cimarrón).
3084,3085,3086
El borrego del desierto o cimarrón,
pertenece al orden de los artiodáctilos, familia de los bóvidos, (antílopes, bisontes,
gacelas, ovejas, vacunos etcétera) el cual comprende 45 géneros y 124 especies. La
comunidad científica reconoce siete subespecies basándose en la distribución
geográfica y en medidas corporales, de éstas, tres subespecies se corresponden con el
borrego de montaña y cuatro con el de desierto. En México se encuentran tres de las
siete subespecies reconocidas, todas ellas se corresponden con la variedad del desierto.
El borrego cimarrón es un animal de
tamaño relativamente grande (hasta 95 cm de altura a los hombros) y cuyo peso está entre
los 60 y 140 kg en los machos adultos (de 33 a 90 kg en hembras). El color del pelaje del
dorso es pardo (de pardo oscuro o grisáceo a pardo bronceado claro). Característicamente
tienen el rostro de color muy claro, en contraste con la frente que es de color más
oscuro, semejante al de los lados de la cabeza. El vientre es claro, al igual que el área
cercana a la cola. Los cuernos de los machos tienen la base muy ancha y pueden dar una
vuelta completa, pero sus puntas no se dirigen notoriamente hacia afuera. Las hembras
tienen cuernos cortos y delgados.
2. Desde el punto de vista zoogeográfico,
en América se le puede localizar al sur de la Columbia Británica y el suroeste de
Alberta; al sur hasta Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Las poblaciones de
México (que son las protegidas por la Cites) se agrupan en tres subespecies: ovis
canadensis mexicana (oc mexicana) en Sonora; ovis canadensis cremnobates
(o.c cremnobates) en el tercio superior de la península de Baja California y ovis
canadensis weemsi (oc weemsis) en casi toda la mitad sur de la península de
Baja California.
VER IMAGEN EN EL DOC.1
3. Desde 1986, la Universidad Autónoma de
Baja California (UABC) realizó una evaluación en torno a la población existente de
borrego cimarrón en Baja California, resultado de ella el avistamiento de tan sólo 180
ejemplares. Por esta razón, la UABC recomendó desde ese entonces el establecimiento de
una veda inmediata y por tiempo indefinido.
4. Durante el periodo de 1990 a 1996, la
UABC llevó a cabo la inspección de 900 km2 en 1992, encontrando solamente 140 ejemplares
de borrego cimarrón, lo cual significa una densidad poblacional de tan sólo 0.15
borregos por km2, cifra menor a la registrada en 1986 cuando era de 0.50 borregos por km2.
Un último censo, realizado arrojó el resultado de 0.006 borregos en un área de 10 mil
km2 de tal manera que la población de borregos decreció significativamente.
5. En octubre de 1999, se realizó otro
censo aéreo por iniciativa del Instituto Nacional de Ecología y del gobierno del Estado,
que reunió a los actores estatales interesados en la especie, la Universidad Autónoma de
Baja California, el Centro de Investigaciones Científicas y Estudios Superiores de
Ensenada y a los ejidatarios que tienen UMA registrada. En este censo se revisaron las
mismas áreas que habían sido censadas en años anteriores, se emplearon 21.2 horas de
vuelo y se observaron 282 ejemplares, con una densidad de 13.3 individuos por hora. La
estimación a partir de estos datos brinda una población de 705 ejemplares, únicamente
para las sierras y sitios censados. Esta información puede ser verificada en la siguiente
tabla de datos:
VER IMAGEN EN EL DOC.2
6. A lo largo de la historia el
aprovechamiento del borrego cimarrón se llevó acabo con fines alimenticios y religiosos,
pero para finales del Siglo XIX, también comenzó a explotarse de forma creciente como
trofeo de caza, actividad que continúa hasta el presente.
Además de lo mencionado, otras acciones
humanas ponen en riesgo la sobrevivencia de la especie, éstas son la explosión
demográfica y por ende, el incremento de las fronteras agropecuarias y urbanas
fragmentaron y deterioraron progresivamente el hábitat de esta especie; aunado a lo
anterior, la introducción de especies exóticas, también amenaza la conservación de los
hábitat y ecosistemas de esta especie, poniendo en peligro su existencia.
Como ejemplo de lo mencionado está la
evidente fragmentación, aislamiento y apresurada reducción de las poblaciones, en los
estados de Coahuila, Nuevo León y Chihuahua ha desaparecido la subespecie ovis
canadensis mexicana.
Es sabido que la mengua en el número de
especímenes y el aislamiento de las poblaciones provoca consanguinidad y endogamia, que
termina por menoscabar la diversidad genética y poner en riesgo su viabilidad.
7. Salvo la protección en el apéndice II
que la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna
Silvestres (Cites) ofrece a las poblaciones mexicanas de ovis canadensis, la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) no considera que la especie
como tal se halle en peligro inminente.
El considerar a las poblaciones mexicanas
de ovis canadensis dentro del apéndice II de la Cites implica suponer que no
están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo de no
tomar las medidas adecuadas.
8. El magno fundamento legal del presente
punto de acuerdo se ubica en el párrafo tercero del precepto 27 constitucional, pues
éste registra como derecho de la nación, la regulación del aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación y el cuidado de su conservación.
9. También le dan sustento los artículos
15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 5o. de la
Ley General de Vida Silvestre. En el primer caso, es un precepto que se refiere a los
principios generales que deben ser observados para la formulación y conducción de la
política ambiental en nuestro país, en sus fracciones II y VII se precisa que los
ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera sostenible y compatible con
su equilibrio e integridad y que el aprovechamiento de los recursos naturales renovables
debe realizarse asegurando su diversidad y renovabilidad.
El apartado 5o. de la Ley General de Vida
Silvestre es concreto al expresar que "el objetivo de la política nacional en
materia de vida silvestre y su hábitat, es su conservación mediante la protección y la
exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, de modo que simultáneamente
se logre mantener y promover la restauración de su diversidad e integridad, así como
incrementar el bienestar de los habitantes del país". Y en la fracción II, del
mismo artículo, se exige a las autoridades advertir con medidas necesarias el
mantenimiento de las condiciones que propician la evolución, viabilidad y continuidad de
los ecosistemas, hábitat y poblaciones y que bajo ninguna circunstancia la falta de
certeza científica se podrá argumentar como justificación para evitar estas medidas.
10. Con lo relativo a la propuesta de
establecer una veda total e indefinida, el artículo 81 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente reza que las vedas de flora y fauna silvestres
tendrán como "finalidad la preservación, repoblación, propagación, distribución,
aclimatación o refugio de los especímenes, principalmente de aquellas especies
amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial".
En este mismo sentido, en el artículo 71
de la Ley General de Vida Silvestre podemos encontrar que "las vedas podrán
establecerse, modificarse o levantarse a solicitud de las personas físicas o morales
interesadas", esta petición está sujeta a lo establecido por el reglamento de la
ley. Empero, el reglamento aludido no existe a la fecha.
11. Por otra parte, en la Norma Oficial
Mexicana NOM-059-ECOL-2001, que entrará en vigor a partir del 5 de mayo del año en
curso, se considera al borrego cimarrón como una especie sujeta a protección especial.
La protección especial es una categoría
de riesgo, dada por el artículo 58 de la Ley General de Vida Silvestre y se refiere a
"aquellas especies o poblaciones que podrían llegar a encontrarse amenazadas por
factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad
de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de
poblaciones de especies asociadas".
Lo anterior indica que los resultados de la
evaluación de los criterios de la NOM-059-ECOL-2001 referentes a la amplitud de la
distribución del taxón en México, el estado del hábitat con respecto al desarrollo de
este taxón, su vulnerabilidad biológica intrínseca y el impacto de la actividad humana
sobre éste, son tales que hacen necesaria la vigilancia del aprovechamiento y manejo de
la especie y su población, para que se observe lo establecido en el artículo 87 de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en los artículos 85
y 87 y demás aplicables de la Ley General de Vida Silvestre.
12. Aun cuando la cacería deportiva en
nuestro país, se considera un aprovechamiento extractivo sustentable, conforme a lo
establecido en los preceptos 82 y 83 de la Ley General de Vida Silvestre, según la
fracción III del artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, el aprovechamiento sustentable está definido como la
utilización de los recursos naturales considerando su integridad funcional y capacidades
de carga de los ecosistemas que conforman, por periodos indefinidos de tiempo. Ello supone
que la cacería deportiva del borrego cimarrón y de otras especies, no debe nunca de
poner en riesgo la estructura y funcionalidad de las poblaciones y comunidades que
conforman.
13. En el año 2000, el proyecto para la
conservación, manejo y aprovechamiento sustentable del borrego cimarrón, fue
desarrollado por numerosas instituciones gubernamentales, académicas y civiles, que
integrados en el subcomité técnico consultivo para la recuperación del borrego
cimarrón participaron en la elaboración y revisión del mismo. Este documento establece
las estrategias para integrar los mecanismos de financiamiento para la conservación,
manejo y aprovechamiento sustentable de la especie, la regionalización de las provincias
naturales de manejo y su articulación con el Sistema de Unidades para la Conservación,
Manejo y Aprovechamiento Sustentable (Suma), y con el Sistema Nacional de Areas Naturales
Protegidas (Sinap) así como, la creación de santuarios, la reintroducción de la especie
y el manejo en criaderos.
3087,3088,3089
14. En otro sentido, es necesario hacer
saber que derivado de los lineamientos para la caza deportiva en México 2001-2002, el
calendario cinegético establece de noviembre a marzo, como las épocas hábiles
autorizadas para el aprovechamiento cinegético del borrego cimarrón en los estados de
Baja California Sur y Sonora.
Por las consideraciones expuestas, los
integrantes de esta comisión nos permitimos poner a la consideración del pleno de la
Cámara de Diputados, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se exhorta al Ejecutivo Federal,
para que establezca una veda total y por tiempo indefinido para la especie ovis
canadensis cremnobates, hasta que no se tengan censos actualizados y estudios que
demuestren que la especie se ha recuperado y está fuera de riesgo de extinguirse.
Sala de comisiones, México, D.F., a 24 de
abril de 2002.— Diputados: Diego Cobo Terrazas, presidente; Miguel Angel
Gutiérrez Machado, Gustavo Lugo Espinoza, Jesús Garibay García, Jesús de la Rosa
Godoy, secretarios; Ramón Ponce Contreras, José María Tejeda Vázquez, Juan
Carlos Sainz Lozano, Raúl Gracia Guzmán, Francisco Arano Montero, Sergio García
Sepúlveda, Rómulo Garza Martínez, Carlos Pallares Bueno, Rafael Ramírez Agama, Rafael
Ramírez Sánchez, Miguel Angel Torrijos Mendoza, Librado Treviño Gutiérrez, José
María Guillén Torres, Pedro Manterola Sainz, José Jacobo Nazar Morales, José Manuel
Díaz Medina, Héctor Pineda Velázquez, Silvano Aureoles Conejo, Miguel Bortoloni
Castillo, Rosa Delia Cota Montaño, Jaime Rodríguez López, Albino Mendieta Cuapio, Julio
César Vidal Pérez, Vitalico Cándido Coheto Martínez y Raúl Efrén Sicilia
Salgado.»
La Presidenta:
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo registro de oradores, en votación económica pregunte si se aprueba.
La secretaria Martha Silvia
Sánchez
González:
Por instrucciones de la Presidencia, en
votación económica, se consulta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobado, comuníquese al Ejecutivo.
La Presidenta:
Continúe con los puntos de acuerdo.
MAR
DE CORTES
La secretaria Martha Silvia
Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisiones unidas de
Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Honorable Asamblea: a las comisiones de
Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales les fue turnada para su análisis y
dictamen, la proposición con punto de acuerdo para que se realicen los estudios
correspondientes de factibilidad en el proyecto denominado Escalera Náutica del Mar de
Cortés, a fin de evitar con ello un impacto negativo en las zonas proyectadas para los
puertos y en el que se busque la participación de las comunidades interesadas,
organizaciones sociales y diferentes sectores de gobierno local y federal, para concretar
un proyecto apoyado por toda la sociedad mexicana, presentada por el diputado Federal
Diego Cobo Terrazas, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.
Con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 39 párrafo primero; 45 párrafo sexto inciso f, de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los diversos numerales 60,
87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas comisiones de Turismo y de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados emiten el siguiente dictamen, al
tenor de los antecedentes y consideraciones siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 27 de marzo de 2001, el
diputado federal Diego Cobo Terrazas, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, presentó una proposición con punto de acuerdo para que se
realicen los estudios correspondientes de factibilidad en el proyecto denominado Escalera
Náutica del Mar de Cortés, a fin de evitar con ello un impacto negativo en las zonas
proyectadas para los puertos y en el que se busque la participación de las comunidades
interesadas, organizaciones sociales y diferentes sectores de gobierno local y federal,
para concretar un proyecto apoyado por toda la sociedad mexicana
2. Con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 23 fracción f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, en esa misma fecha, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos
ocupa para su análisis y dictamen a las comisiones de Turismo y de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
3. De igual forma y en la fecha señalada
en el antecedente inmediato anterior, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, acordó turnar a estas comisiones de Turismo y de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, la intervención del diputado federal Jesús Garibay
García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativa a
que se cite a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
doctor Víctor Lichtinger Wasman, y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, licenciado
John McCarthy, al seno de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la
Cámara de Diputados, para que amplíen la información sobre el proyecto Escalera
Náutica y los probables daños ambientales a las áreas de reserva que han denunciado
ciudadanos y grupos ambientalistas y para que se acuerde conformar una subcomisión de la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados que se aboque
al estudio de las implicaciones ambientales del citado proyecto y a su vez se acordó
incorporar a la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado federal Diego
Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a fin de
que se dictamine junto con ésta.
4. Con objeto de dar el debido seguimiento
a la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, la Comisión de Turismo de la
Cámara de Diputados solicitó al licenciado John McCarthy, director general del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo, un informe detallado sobre el proyecto Escalera Náutica
del Mar de Cortés, así como de los avances y resultados obtenidos a la fecha; la cual
fue atendida a través del oficio número DG/01-065, fechado el 8 de mayo del año en
curso, suscrito por el propio licenciado McCarthy, director general de dicho fideicomiso,
y en el que nos proporciona un ejemplar del documento correspondiente a la "primera
reunión de seguimiento del proyecto Escalera Náutica del Mar de Cortés", celebrada
el pasado 3 de mayo en Teacapán, Sinaloa, en la cual se contó con la participación de
gobernadores, presidentes municipales, funcionarios de los estados y municipios
participantes en el proyecto, empresarios y representantes del sector académico y social.
5. En términos de lo que disponen los
artículos 39 párrafo primero; 45 párrafo sexto inciso f, de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los diversos numerales 60,
87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a estas comisiones unidas de Turismo y
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados corresponde emitir el
presente dictamen; por lo que con base en lo expuesto en el presente capítulo de
antecedentes, los integrantes de estas comisiones unidas formulamos los siguientes:
CONSIDERANDOS
1. Que, en síntesis, la proposición con
punto de acuerdo señala que el esfuerzo del Gobierno de México para impulsar el
desarrollo portuario del país, no sólo se limita a los puertos comerciales, sino que
también se ha planteado explotar el potencial del turismo náutico que es una ventaja
competitiva en la zona noroeste del país, así como por el enorme potencial turístico
que brinda la región del mar de Cortés; que el proyecto de la Escalera Náutica del Mar
de Cortés tiene como objetivo impulsar el turismo de veleros y yates privados, con la
finalidad de captar divisas, generar empleos y desarrollar regionalmente la zona de la
península de Baja California, Sonora y Sinaloa; proyecto que contempla la construcción
de puertos de abrigo, un "puente terrestre" para el traslado de embarcaciones
del océano Pacífico al mar de Cortés, rutas de internación para embarcaciones
remolcables y aeródromos de apoyo, así como un sistema de abastecimiento de combustibles
a todos los puertos y que dichas obras concluirían en el año 2010, permitiendo la
internación de 143 mil turistas náuticos.
No obstante lo anterior, el diputado
federal Cobo Terrazas señala en la proposición con punto de acuerdo en cuestión, que el
proyecto Escalera Náutica del Mar de Cortés no está diseñado de manera integral, pues
considera que únicamente involucrará el desarrollo de marinas y servicios
complementarios, dejando para un segundo término el desarrollo sustentable de la región,
al no establecerse en el proyecto la realización de estudios de impacto social y
ecológico.
Para ello, considera el diputado federal
Cobo Terrazas, se debe tomar en cuenta la opinión de los pobladores de las regiones donde
se piensa establecer estos puertos y atender la situación de que algunos de los sitios
proyectados se localizan en reservas naturales y de la biosfera, así como también en
parques marinos; asimismo, señala que si bien la oferta de marinas y servicios náuticos
permitirán elevar la captación actual de turistas en ocho veces para el año 2010 y
alcanzar un total de 1 millón de turistas náuticos anuales en ese año, el proyecto
podría convertirse en un "elefante blanco", por la similitud del proyecto que
se desarrolló en el Estado de California de Estados Unidos de América, el cual durante
los años noventa, obtuvo resultados infinitamente inferiores, y que por tanto toda
actividad turística en nuestro país se debe concretar con la participación de todos los
niveles de gobierno, de las comunidades anfitrionas involucradas, en la que se cuide que
los recursos no tengan un deterioro mayor por el desarrollo de dicha actividad, observando
lo que establecen los artículos 28 y 35-bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente, cuando sea el caso, en cuanto al aprovechamiento,
conservación y restauración de los recursos propios de la región.
Por su parte, la intervención del diputado
federal Jesús Garibay García, del grupo parlamentario, del Partido de la Revolución
Democrática, dispone que en ocasión de la firma del Convenio para la Promoción y el
Desarrollo Turístico de 2000, suscrito por la Secretaría de Turismo y el Gobierno del
Estado de Baja California, se señaló que dicha entidad federativa representaba el 51%
del total del turismo fronterizo y que gracias a la inversión de la Secretaría del ramo
y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, se estaba llevando a cabo el proyecto Escalera
Náutica, cuya inversión federal sería de 140 millones de pesos durante el año y con un
financiamiento público a seis años, a partir de 2001, de 2 mil 211 millones de pesos.
Sin embargo, el diputado federal Jesús
Garibay García señala que el desarrollo de este proyecto turístico puede causar daños
ecológicos incalculables, pues, afirma, es conveniente recordar que tal región es un
sitio que concentra el 40% de las áreas protegidas de México; que de acuerdo con el
director de Areas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, se requiere una serie de acciones para atenuar su impacto ecológico en la zona
de la Escalera Náutica del Mar de Cortés, lugar en donde se encuentran las reservas de
las islas del golfo, Nacional Bahía de Loreto, El Vizcaíno y el Alto Golfo, cuya
conservación depende de dicha Secretaría de Estado, misma que también ha sostenido que,
de entrada, se debe prohibir la construcción de infraestructura en las islas del golfo de
California, debido a que son ecosistemas muy frágiles, además que se debe elaborar un
diagnóstico sobre la capacidad de carga del golfo de California, es decir, del número de
embarcaciones que pueden navegar por él sin alterar el entorno y, luego, supeditar el
proyecto a dicho análisis.
De igual forma, el diputado federal Jesús
Garibay García considera que, en términos de lo que señala la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, los desarrolladores de puertos turísticos deberán
garantizar que alrededor de éstos existan áreas de preservación ecológica, a fin de
evitar posibles surgimientos de manchas urbanas sin planeación. De igual forma, estima
que la puesta en marcha de la Escalera Náutica del Mar de Cortés ha provocado ya el
rechazo de diversos grupos ambientalistas, los que han señalado que el mar de Cortés,
"el acuario natural más grande del mundo" (sic) y el hábitat de
ballenas, se verían irremediablemente dañados y que, en suma, de no aclararse y
discutirse los problemas planteados por los funcionarios de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y por los grupos ambientalistas, estaríamos frente a lo que
ya se ha definido como la puesta en marcha de un proyecto "ecocida" en la
península de Baja California.
En consideración de los elementos y
manifestaciones anteriormente señalados, el diputado federal Jesús Garibay García
manifiesta que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se suma
al punto de acuerdo presentado por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, que también ha quedado precisado
2. Que habiendo este órgano legislativo
efectuado un análisis al caso, encontró que, en efecto, el proyecto de la Escalera
Náutica del Mar de Cortés, creado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur),
pretende detonar el crecimiento del turismo náutico como una de las ramas de más rápido
crecimiento con relevancia mundial y, con ello, elevar la afluencia de turistas, la
captación de divisas y la generación de empleos, el cual contribuirá, señala el
proyecto al mejoramiento social, al tiempo que aprovecha en forma racional los recursos
naturales, tomando en cuenta los factores ambientales y contribuye a la conservación de
la naturaleza.
3090,3091,3092
En ese sentido, Fonatur sustenta y avala
que el proyecto de la Escalera Náutica de Mar de Cortés, pretende aprovechar la
infraestructura ya existente para brindar una oferta mundial de servicios de apoyo
náutico, carretero y aéreo, así como facilitar los aspectos administrativos y de
seguridad que permitan la internación de embarcaciones turísticas a la región, abriendo
oportunidad a la inversión y la captación de divisas.
En materia financiera, el proyecto señala
que se iniciará con una inversión de 2 mil 211 millones de pesos para el periodo
2001-2006, tendiente a aprovechar el enorme potencial turístico que la región tiene
respecto del mercado del suroeste de Estados Unidos de América, ya que en estados de la
Unión Americana como California, Oregon, Washington, Arizona, Nuevo México y aún
Colorado, existen aproximadamente unas 52 mil embarcaciones de diversos tipos y tamaños
que están en posibilidad de navegar en aguas mexicanas, pues hoy sólo recibimos 8 mil
embarcaciones, de ellas, 2 mil bajan por vía marítima y 6 mil entran por la frontera en
remolques.
En materia ambientalista, Fonatur señala
que el proyecto en cuestión garantiza la protección de las islas del Golfo y el
Pacífico, las áreas naturales protegidas y la biodiversidad y, en las ciudades, previene
el deterioro urbano, para lo cual expertos del fideicomiso han realizado diversos estudios
al respecto.
Con relación a la operación del
mencionado desarrollo turístico, se destaca que el Fonatur y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) crearán un sistema de franquicias para, primero,
garantizar altos estándares de calidad; segundo, tener un sistema de reservaciones;
tercero, contar con condiciones de seguridad de clase mundial; y, como cuarto punto: hacer
una promoción internacional especializada con el apoyo del Consejo de Promoción
Turística de México. Es decir, que bajo una misma marca, se conservará la naturaleza,
se integrará una amplia cadena de servicios e instalaciones náuticas, aéreas y
turísticas, que permitirá una eficaz promoción internacional y la más alta calidad y
excelencia en los servicios, así como se brindará seguridad al viajero, y se facilitará
su internación al país mediante una sola ventanilla de acceso.
Dentro de este proceso de normatividad, se
asienta que quien tenga la franquicia contará con promoción y publicidad nacional e
internacional; seguro de cobertura total a personas, embarcaciones e instalaciones a un
costo menor; asistencia técnica; manuales de operación e imagen; "marketing" y
comercialización de productos y servicios; acceso a una red de proveedores de insumos,
productos y servicios de auxilio y emergencia; supervisión y capacitación. También, se
prevé que quien use la franquicia podrá organizar mejor su viaje y contará con un
sistema de reservaciones para atraque en paraderos turísticos y marinas; traslado de
embarcaciones a través del "puente terrestre"; reservaciones adicionales como
campos de golf, pesca deportiva, cruceros, tours y otros; gestión migratoria, servicios
de aduana, seguro de cobertura total para turistas, embarcaciones e instalaciones y todo
tipo de información que pueda requerir el turista; permitiéndose, entonces, que el
sistema de franquicias incorpore un amplio número de empresas, inversionistas y
prestadores de servicios turísticos.
En materia de infraestructura, el proyecto
turístico de la Escalera Náutica del Mar de Cortés, consistirá en el encadenamiento de
22 puertos de las costas de Sonora, Sinaloa y los dos estados de la Península de Baja
California. En consecuencia, cada puerto estará distante 120 millas náuticas, en
promedio, uno de otro. En ellos se encontrarán servicios básicos a los navegantes, tales
como atraque, suministro de combustible, avituallamiento, reparaciones menores,
radiocomunicación, entretenimiento, marina seca, auxilio en casos de emergencia y
alojamiento.
En el proyecto materia del presente
dictamen, se integrarán los puertos turísticos de Ensenada, Cabo San Lucas, La Paz,
GuaymasSan Carlos y Mazatlán, con San Carlos (en Baja California Sur), puerto Loreto,
Mulegé, Santa Rosalía, San Felipe, puerto Peñasco, y Topolobampo; y se complementará
con 10 paradores ubicados en Cabo Colonet, puerto Canoas, Santa Rosalillita, Bahía de
Tortugas, Punta Abreojos, San Juanico, Bahía de los Angeles, San Luis Gonzaga, Bahía
Kino y Altata. Asimismo, Santa Rosalillita, en el Pacífico, se unirá a Bahía de los
Angeles, en el Mar de Cortés, mediante un "puente terrestre" para trasladar
embarcaciones del océano al golfo, sin tener que navegar hasta el extremo sur de la
península.
El proyecto destaca que otra importante
obra de infraestructura será la red de 20 aeropuertos y aeródromos, así como un sistema
de distribución de combustibles a lo largo de las costas del Océano Pacífico y del Mar
de Cortés.
En suma, este órgano colegiado encontró
que el proyecto turístico Escalera Náutica del Mar de Cortés, espera captar en los
próximos 14 años 5 millones de turistas náuticos, generar divisas por 1 mil 100
millones de dólares al año en promedio, desarrollar más de 20 mil nuevas posiciones de
atraque en marinas turísticas, construir más de 10 mil cuartos de alojamiento con una
inversión cercana a los 1 mil 700 millones de dólares y crear alrededor de 50 mil
empleos permanentes.
Asimismo y de acuerdo a la información
obtenida, estas comisiones observaron que como resultado de la "primera reunión de
seguimiento del proyecto Escalera Náutica del Mar de Cortés", celebrada el día 3
de mayo del año en curso en Teacapán, Sinaloa, y en la que estuvieron presentes
gobernadores, presidentes municipales y diversos funcionarios de los estados
participantes, se aprecia que los avances y resultados obtenidos a la fecha tendrán como
alcance el aprovechamiento ecológico de los recursos naturales; brindará nuevas
oportunidades para el crecimiento económico, generación de empleos y educación;
mejorará las condiciones de vida de las comunidades turísticas y pesqueras; establecerá
medidas administrativas y fiscales para facilitar la internación de embarcaciones,
equipos y turistas náuticos; brindará mayor seguridad en las vías de acceso marítimo y
terrestre; y estimulará la inversión en marinas, hoteles, campos de golf, muelle de
cruceros y servicios turísticos.
En la citada reunión, se informó que en
lo que respecta a la inversión programada para los años 2001-2006, consistente en 2 mil
211 millones de pesos, se acordó implementar un 38% de dicho presupuesto (851 millones de
pesos) para infraestructura náutica; en los siguientes términos: 50 millones de pesos
para el programa de manejo en islas, protección, vigilancia y aprovechamiento; 30
millones de pesos para estudios y proyectos; para adquisición de reservas territoriales,
235 millones de pesos; 361 millones para construcción de nuevos paradores náuticos; para
complementación de instalaciones náuticas existentes, 82 millones de pesos; para
promoción y publicidad, 80 millones; 10 millones de pesos para instrumentación de
franquicia; y para, gastos de operación y fiduciarios, 3 millones de pesos. El 62% del
presupuesto programado (1 mil 360 millones de pesos), se destinará de la siguiente forma:
1 mil 264 millones para obras carreteras y para mejoramiento de aeródromos, 96 millones
de pesos, previéndose la posibilidad de obtener un crédito del Banco Interamericano de
Desarrollo.
Con relación a lo avances obtenidos, el
titular del Ejecutivo Federal atestiguó la firma del "Convenio Marco" que
suscribieron, el Gobierno Federal, los gobiernos estatales de Baja California, Baja
California Sur, Sonora y Sinaloa, los municipios involucrados y representantes de la
iniciativa privada, para poner en marcha el proyecto turístico que nos ocupa, el cual une
en un mismo objetivo a los gobiernos involucrados y las autoridades de 22 municipios
costeros, con las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Turismo (Sectur),
Comunicaciones y Transportes (SCT), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
Defensa, Marina, y Reforma Agraria, y con dependencias como petróleos Mexicanos, el
propio Fonatur, el Consejo de Promoción Turística de México, el Consejo Nacional
Empresarial Turístico y la Asociación Mexicana de Marinas Náuticas. De igual, forma, se
creó el "Grupo de Trabajo del Proyecto Escalera Náutica"; en la Comisión
Ejecutiva de Turismo; se conformó también, el "Grupo de Trabajo Federal
Semarnat-Sectur-Fonatur" y se suscribió un convenio de coordinación con el Estado
de Sinaloa.
Debe considerarse también que dentro de
los avances presentados, se analizaron esquemas comerciales y financieros, a fin de
incorporar a empresarios privados.
En el caso de las reservas territoriales,
el gobierno del Estado de Baja California recibió en donación cinco hectáreas para el
nuevo puerto de Santa Rosalillita; con la intervención del gobierno del Estado de
Sinaloa, la empresa Desarrollo Nuevo Altata, S.A. de C.V., donó cinco hectáreas a
Fonatur para el nuevo puerto de abrigo; y se recibió una propuesta de asociación con
inversionistas privados para desarrollar los paradores náuticos de Bahía de los Angeles
y San Luis Gonzaga, en Baja California; el gobierno del Estado de Sonora ofreció aportar
un predio de cuatro hectáreas en Bahía Kino; se gestionó con los gobiernos estatales y
la Secretaría de la Reforma Agraria la adquisición (gratuita u onerosa en caso
necesario) de predios en Cabo Colonet y Punta San Carlos, B.C., en Bahía de Tortugas,
Punta Abreojos y San Juanico, Baja California Sur.
En otro sentido, se realizó un estudio de
mercado del turismo náutico en el suroeste de Estados Unidos, tomando en cuenta la
factibilidad para incorporar puertos existentes al proyecto, criterios para el
dimensionamiento de los paradores náuticos y proyecto ejecutivo del nuevo parador
náutico en Santa Rosalillita, B C., estudio para la creación de una franquicia de la
Escalera Náutica del Mar de Cortés.
En cuanto a las obras realizadas y por
realizar, se destacó que en octubre del año 2000 se inició la construcción del
"puente terrestre" entre Santa Rosalillita y Bahía de los Angeles, B.C., para
lo cual Fonatur transfirió recursos a SCT y actualmente se encuentran suspendidos por
falta de presupuesto y sujetas a la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental;
por lo que de contar con los recursos presupuestales y la autorización correspondientes,
SCT estima su terminación en 18 meses.
Con relación a la creación de los grupos
de trabajo, se crearon los de estrategia general del proyecto, y el de seguimiento,
coordinación institucional y ejecución de acciones en cada Estado. Los firmantes del
"Convenio Marco", al cual se ha hecho alusión en este considerando, son los
participantes en el primer grupo de trabajo, y como órgano rector del mismo, tiene como
funciones principales la gestión de recursos presupuestales y crediticios; la
coordinación de acciones de política turística, ambiental y social y la promoción y
difusión nacional e internacional y para tal efecto sostendrán reuniones trimestrales.
En el segundo grupo de trabajo participan el gobierno del Estado involucrado, municipios,
delegaciones federales y Fonatur, teniendo como principales funciones la programación de
acciones e inversiones; la obtención de reservas territoriales; proyectos ejecutivos y
obras y la instrumentación de la política ambiental y social, reuniéndose para tal
efecto de manera bimestral.
Como estrategia ambiental, se realizó un
diagnóstico que tuvo como resultado el cuestionamiento por algunos grupos ambientalistas,
la falta de información suficiente y oportuna sobre la sustentabilidad ambiental, el
desconocimiento en general de los alcances del proyecto por los grupos ambientalistas y la
comunidad y riesgo de politización; para lo cual se han tomado las siguientes medidas
ambientales: se acordó con Semarnat incorporar el proyecto al "Programa de
Desarrollo Sustentable del Mar de Cortés" y cumplir con disposiciones de programas
de manejo Valle de los Cirios, El Vizcaíno, Parque Nacional Bahía de Loreto e islas del
golfo; realizar las manifestaciones de impacto ambiental de instalaciones náuticas e
infraestructura regional; cumplir con las medidas de prevención, mitigación y
compensación de impactos ambientales a través de plantas de tratamientos de aguas,
recolección y disposición de desechos sólidos, plantas desatadoras, monitoreo de !a
calidad de agua, e implementación de programas de atención de contingencias ambientales;
monitoreo de embarcaciones en travesía mediante la franquicia y con tecnología de punta;
regular visitas a las áreas naturales protegidas, en particular en las islas del golfo,
en función de su capacidad de carga; y brindar información a! turista sobre las
disposiciones ambientales aplicables y sanciones.
Se han tomado asimismo como medidas
sociales, la planeación urbana en localidades receptoras del proyecto; mejoramiento de
servicios públicos e imagen de los pobladores; programas de vivienda y equipamiento
básico; mejoramiento de infraestructura regional; generación de empleos y arraigo de
población; capacitación para su incorporación al empleo generado; fomentar la creación
de pequeñas y medianas empresas turísticas, en servicios complementarios; y la
realización de programas de desarrollo comunitario.
Con objeto de que la población en su
conjunto conozca, apoye, participe y difunda los beneficios ambientales y sociales del
proyecto turístico de Escalera Náutica del Mar de Cortés, los desarrolladores
presentaron una propuesta de estrategia de comunicación, teniendo como objetivos el
informar a la población, organizaciones sociales, conservacionistas, gremios, comunidad
académica y medios de comunicación en qué consiste el proyecto; realizar campañas de
promoción nacional e internacional con el apoyo del Consejo de Promoción Turística de
México; informar oportunamente a líderes de opinión y medios de comunicación
nacionales e internacionales; informar sistemáticamente a organizaciones
conservacionistas locales e internacionales; incorporar a universidades e institutos de
investigación locales como órganos de consulta; informar a líderes empresariales y
sindicales; utilizar Internet para difundir y recibir opiniones y recomendaciones;
difundir cápsulas informativas en los medios de comunicación; realizar ruedas de prensa;
publicitar anuncios en radio, periódicos, folletos y vialidades; celebrar concursos
infantiles de carteles; realizar conferencias y documentales en escuelas y centros de
reunión comunitaria; y distribuir recuerdos y motivos alusivos.
3. Que del análisis obtenido, estas
comisiones unidas consideran que si bien el proyecto turístico de la Escalera Náutica
del Mar de Cortés resulta ser un proyecto importante qué tenderá invariablemente a
impulsar una de las ramas turísticas de más dinámico crecimiento, como lo es el turismo
náutico y que el mismo posicionará a México en un lugar preponderante ante la alta
competitividad internacional en este sector, permitiendo con ello elevar la afluencia de
turistas, la captación de divisas y la generación de más y mejores empleos,
contribuyendo también al mejoramiento social; este órgano legislativo que hoy dictamina
coincide con la proposición con punto de cuerdo que nos ocupa, así cómo también con la
intervención relativa, en cuanto a que no se establece en el proyecto turístico, de
manera clara y precisa, la realización de los estudios de impacto ambiental y social
correspondientes, a través de la respectiva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA),
que tenga como objetivo identificar los efectos que pueda causar el proyecto turístico de
la Escalera Náutica del Mar de Cortés sobre el medio ambiente, estimar la magnitud de
tales efectos y prevenir los efectos sobre el medio y evitarlos o atenuarlos en caso que
sea negativo, para así obtener la autorización de la Semarnat.
3093,3094,3095
De lo anterior, se determina que mediante
el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se establezcan las condiciones a las
que se sujetará la realización de las obras y actividades que puedan causar
desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las
disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los
ecosistemas, a fin de evitar al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente, en los
términos que dispone el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA), ya que de no hacerse así, el desarrollo del proyecto
turístico de la Escalera Náutica del Mar de Cortés podría ocasionar problemas de
anarquía urbana y deterioro ambiental en los municipios a los que se pretende incorporar
al mencionado desarrollo turístico y más en las áreas naturales protegidas en el Mar de
Cortés, como lo son las reservas de las islas del golfo, Nacional Bahía de Loreto, El
Vizcaíno y el Alto Golfo y en sí la biodiversidad en su conjunto.
En efecto, este órgano colegiado considera
que para el análisis de la propuesta vertida en el punto de acuerdo materia de presente
dictamen legislativo, y tomando en consideración la magnitud del proyecto propuesto por
el Fonatur, así como las características generales de la región en que pretende
insertarse, es necesario analizar de manera preventiva las posibles implicaciones del
mismo, tomando como base la disposición rectora del desarrollo nacional, contenida en el
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico
en su párrafo tercero, que establece que el Estado debe garantizar que el desarrollo
nacional sea integral y sustentable, de manera que, entre otras cosas, los sectores
público, social y privado concurran con responsabilidad social al desarrollo económico
nacional.
En este sentido, aunque en el precepto
constitucional citado se establece que bajo criterios de equidad social y productividad,
se apoye a las empresas de los sectores social y privado de la economía, el párrafo
sexto del mismo dispone también que los mismos deberán sujetarse a "las modalidades
que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos
productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente".
Con fundamento en lo anterior, para la
realización del proyecto Escalera Náutica del Mar de Cortés, es necesario llevar a
cabo, de manera preventiva, un análisis completo de las implicaciones del mismo para el
desarrollo integral y sustentable de la región del Mar de Cortés, considerando las
características, actividades y expectativas particulares de cada región que puede ser
impactada y atendiendo no únicamente a los aspectos económicos o sociales del proyecto
desde la perspectiva del turismo, sino atendiendo a las actuales estructuras y
organizaciones de trabajo, producción y explotación de los recursos naturales que
tradicionalmente se han llevado a cabo en los diferentes estados sedes del proyecto
turístico mencionado.
De esta forma, para la realización de un
proyecto turístico como el que se propone, debe necesariamente garantizarse la
concurrencia de todos los sectores involucrados. En este punto, vale la pena mencionar que
el mismo artículo 25 constitucional determina en su párrafo séptimo que el sector
social está integrado por "ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas,
comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y en
general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y
consumo de bienes y servicios socialmente necesarios".
Como un ejemplo de la importancia de la
concurrencia de los sectores público, privado y social en el desarrollo de la región del
Mar de Cortés, puede citarse la situación de las diversas cooperativas pesqueras que
tradicionalmente han constituido la principal fuente de sustento de comunidades enteras en
Baja California Sur, que pueden ser directamente afectadas por un proyecto que sea
excluyente o se realice sin considerar las características particulares de la economía y
explotación de recursos naturales en las distintas zonas de los estados que abarca la
Escalera Náutica del Mar de Cortés.
Además, también por determinación del
artículo 25 constitucional, la protección del medio ambiente deberá ser un elemento
fundamental dentro del análisis sobre la factibilidad del proyecto turístico en estudio.
Las implicaciones ecológicas de un proyecto de esta magnitud deben ser determinantes para
resolver sobre su procedencia, ya que se relacionan directamente con la sustentabilidad
del desarrollo de la región del Mar de Cortés y necesariamente se verán reflejadas en
un ámbito de actividades y consecuencias que trascienden el turismo náutico, ya que,
como se señala en el punto de acuerdo que origina este dictamen, el planteamiento del
proyecto únicamente en términos del desarrollo de infraestructura náutica y servicios
complementarios a la misma, no ofrece alternativas para el crecimiento equitativo y
sustentable de la región.
En el ámbito de la legislación secundaria
aplicable a la Escalera Náutica del Mar de Cortés, en materia ambiental corresponde a la
Semarnat determinar la factibilidad del proyecto propuesto por el Fonatur, concretamente
mediante el procedimiento de evaluación del impacto ambiental de la totalidad de las
obras y actividades tendientes al desarrollo del mismo, previstas en diversas fracciones
del artículo 28 de la LGEEPA, como son la fracción I (vías generales de comunicación
como carreteras, aeropuertos y aeródromos), IX (desarrollos inmobiliarios que afecten los
ecosistemas costeros) y X (obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos,
lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales).
Derivado de lo anterior, la Semarnat
deberá analizar la factibilidad del desarrollo progresivo de la Escalera Náutica del Mar
de Cortés con base en la presentación de la MIA, que de acuerdo con el artículo 11 del
reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental deberá
presentarse en modalidad regional y dentro de un procedimiento de evaluación en el que
las autoridades competentes lleven a cabo las gestiones necesarias para asegurar la
presentación de toda la información necesaria para la evaluación integral de las obras
y actividades planteadas, considerando los usos directos (estructurales), indirectos
(funcionales) y futuros (opcionales) de los bienes ambientales involucrados.
En este inciso, es fundamental destacar en
todo momento que el análisis que sobre la procedencia del proyecto Escalera Náutica del
Mar de Cortés se lleve a cabo, debe necesariamente resolver sobre la totalidad de las
obras y actividades relativas a la construcción del mismo en sus diferentes etapas en un
contexto integral, considerándose que, como lo establece el artículo 35 de la LGEEPA,
dentro del procedimiento de la evaluación del impacto ambiental correspondiente se
evalúen "los posibles efectos de dichas obras y actividades en el o los ecosistemas
de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que los conforman y no
únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o
afectación".
Además de lo anterior, durante la
evaluación del impacto ambiental del plan maestro de la Escalera Náutica del Mar de
Cortés que se presente, así como de cada uno de sus componentes, específicamente debe
atenderse también a la viabilidad del proyectó en relación con otros dos incisos
primordiales:
I. Las posibilidades reales de crecimiento
social y económico para la región del Mar de Cortés y
II. Los mecanismos para garantizar una
inversión extranjera controlada.
Por otra, parte, no debe dejar de
soslayarse que hasta la fecha, la región del Mar de Cortés no cuenta con un programa de
ordenamiento ecológico del territorio, ya que únicamente existe un programa de
ordenamiento ecológico local en el Estado de Baja California, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el 8 de septiembre de 1995.
Tomando en consideración que de acuerdo a
lo que dispone el numeral 3 fracción XXIII de la LGEEPA, el objeto del ordenamiento
ecológico del territorio es el de "regular o inducir el uso del suelo y las
actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la
preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del
análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los
mismos"; por lo que la ausencia de una planeación ambiental del territorio de la
región del Mar de Cortés, pone de manifiesto nuevamente la importancia de una
evaluación preventiva e integral del impacto ambiental que la realización de un proyecto
de la magnitud de la Escalera Náutica del Mar de Cortés puede causar en los ecosistemas
de la zona.
En este sentido, la inducción de los usos
de suelo y la regulación de las actividades productivas permitidas, así como el
diagnóstico de las condiciones ambientales y análisis de las tendencias de deterioro de
los ecosistemas terrestres y marinos de la región del Mar de Cortés, debe considerarse
una cuestión prioritaria frente a la presentación inminente del proyecto Escalera
Náutica del Mar de Cortés. La planeación ambiental del territorio es un instrumento
fundamental para garantizar el crecimiento integral y sustentable de la región, que
permitiría además diseñar, mediante la adecuada regulación de las obras y actividades
permitidas en cada sitio, una estrategia eficaz para garantizar la protección del medio
marino que será permanentemente impactado durante la construcción y operación del
proyecto en sus diferentes etapas.
En virtud de lo anterior, debe considerarse
prioritario impulsar el diseño e implementación de un programa de ordenamiento
ecológico regional en escala 1:100,000 del área de interés del proyecto Escalera
Náutica del Mar de Cortés.
También, dentro del proceso de evaluación
que sobre la viabilidad del proyecto propuesto por el Fonatur se lleve a cabo, la
participación social debe considerarse un elemento fundamental para determinar su
compatibilidad con las necesidades, expectativas y actividades de las diferentes
comunidades que se verán involucradas en el mismo.
En este aspecto, independientemente de las
consultas públicas que eventualmente lleguen a solicitarse por los miembros de las
distintas comunidades establecidas en las zonas de influencia de la Escalera Náutica del
Mar de Cortés, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, fracción III de la
LGEEPA y en coordinación con las autoridades locales, pueden organizarse reuniones
públicas de información en las que los promoventes del proyecto expliquen los aspectos
técnicos ambientales de las obras y/o actividades planeadas, involucrando así realmente
a las comunidades que se verán directamente relacionadas con el desarrollo de las mismas
y a las organizaciones sociales y gobiernos, Federal y locales, sustentando además la
legitimidad de la evaluación que la Semarnat lleve a cabo.
Finalmente, es también necesario señalar
que la evaluación sobre la factibilidad de la Escalera Náutica del Mar de Cortés debe
también determinarse a partir del análisis puntual del marco jurídico integral
aplicable a la misma, dentro del que están, entre otras, las disposiciones contenidas en
la Ley General de Bienes Nacionales; Ley de Aguas Nacionales; Reglamento para el Uso y
Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, playas, zona Federal
Marítimo-Terrestre y Terrenos Ganados al Mar; Ley de Puertos; Norma Oficial Mexicana
NOM-059-ECOL-1994, que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestres
terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a
protección especial y que establece las especificaciones para su protección.
Por consiguiente, estas comisiones unidas
concluyen considerar procedente se exhorte a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y como desarrollador, al Fondo Nacional de Fomento
al Turismo, para que realicen los estudios correspondientes de factibilidad en el proyecto
turístico denominado Escalera Náutica del Mar de Cortés y se evite con ello un impacto
social y ambiental negativo en las zonas proyectadas para los puertos y se busque la
participación de las comunidades interesadas, organizaciones sociales y diferentes
sectores de los gobiernos local y Federal, para sí concretar un proyecto apoyado por
amplios sectores de la sociedad mexicana, pues no obstante que, como se ha señalado en el
considerando inmediato anterior, se han tomado diversas medidas ambientales y sociales,
como lo son las que Semarnat incorpore el proyecto al "Programa de Desarrollo
Sustentable del Mar de Cortés" y cumplir con disposiciones de programas de manejo
del Valle de los Cirios, El Vizcaino, Parque Nacional Bahía de Loreto e islas del Golfo;
realizar las Manifestaciones de Impacto Ambiental de instalaciones náuticas e
infraestructura regional; cumplir con las medidas de prevención, mitigación y
compensación de impactos ambientales, a través de plantas de tratamientos de aguas,
recolección y disposición de desechos sólidos, plantas desaladoras, monitoreo de la
calidad de agua e implementación de programas de atención de contingencias ambientales;
monitoreo de embarcaciones en travesía mediante la franquicia y con tecnología de punta;
regular visitas a las áreas naturales protegidas, en particular en las islas del golfo,
en función de su capacidad de carga; y brindar información al turista sobre las
disposiciones ambientales aplicables y sanciones; planeación urbana en localidades
receptoras del proyecto; mejoramiento de servicios públicos e imagen de los pobladores;
programas de vivienda y equipamiento básico; mejoramiento de infraestructura regional;
generación de empleos y arraigo de población; capacitación para su incorporación al
empleo generado; fomentar la creación de pequeñas y medianas empresas turísticas, en
servicios complementarios y la realización de programas de desarrollo comunitario, estas
comisiones unidas consideran que no se establece en el proyecto turístico, de manera
clara y precisa, la realización de los estudios de impacto ambiental y social
correspondientes, a través de la respectiva MIA, que tenga como objetivo identificar los
efectos que pueda causar el proyecto turístico de la Escalera Náutica del Mar de Cortés
sobre el medio ambiente, estimar la magnitud de tales efectos y prevenir los efectos sobre
el medio y evitarlos o atenuarlos en caso que sea negativo.
3096,3097,3098
Asimismo, estas comisiones dictaminadoras
consideran procedente que en términos de lo que disponen los artículos 93 párrafo
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 párrafo
tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se cite
al director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y al secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que ante el pleno de las comisiones unidas de
Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados, amplíen la
información sobre el proyecto turístico de la Escalera Náutica del Mar de Cortés, las
medidas sociales que se han tomado y los probables daños ambientales que el desarrollo
del proyecto pudiera ocasionar; de igual forma, para que informen sobre cómo se
incorporará el proyecto turístico multicitado al "Programa de Desarrollo
Sustentable del Mar de Cortés" y para que informen los avances realizados en los
grupos de trabajo que para el efecto fueron creados.
Por último, este cuerpo colegiado
considera procedente también instruir a la subcomisión de Contaminación e Impacto
Ambiental, de la Comisión dé Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que realice un
estudio sobre las implicaciones ambientales del proyecto turístico de la Escalera
Náutica del Mar de Cortés, considerándose procedente asimismo instruir a la
subcomisión de Turismo Alternativo, de la Comisión de Turismo, a que dé un puntual
seguimiento a los avances del desarrollo turístico en referencia; las cuales elaborarán
los informes correspondientes a las actividades realizadas, que serán rendidos ante las
comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo, respectivamente, de esta
Cámara de Diputados, de cuyos resultados se tomen las medidas conducentes, siempre dentro
del ámbito de sus competencias y facultades constitucionales.
Por lo anteriormente expuesto, los
integrantes de las comisiones unidas de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
se permiten someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
ACUERDO
Primero. Se exhorta a la Secretaría de
Turismo y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para que realicen los estudios
correspondientes de factibilidad en el proyecto turístico denominado Escalera Náutica
del Mar de Cortés, mismos que deberán abarcar de manera global y específica la zona de
influencia del proyecto dentro de los estados que pretende desarrollarse y se evite con
ello un impacto social y ambiental negativo en las zonas proyectadas para los puertos y se
busque la participación de las comunidades interesadas, organizaciones sociales y
diferentes sectores de los gobiernos local y Federal, para así concretar un proyecto
apoyado por amplios sectores de la sociedad mexicana.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a llevar a cabo un exhaustivo procedimiento de
evaluación de impacto ambiental del mencionado proyecto turístico, solicitando la
información necesaria para realizar una evaluación integral del mismo, a partir del
análisis de los estudios que al efecto se presenten.
Tercero. Cítese a comparecer al secretario
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ante el pleno de las comisiones unidas de Turismo
y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que se sirva informar sobre las medidas
sociales que se han tomado y los probables daños ambientales que el desarrollo del
proyecto turístico de la Escalera Náutica del Mar de Cortés pudiera ocasionar, de igual
forma para que informe sobre cómo se incorporará este proyecto turístico al
"Programa de Desarrollo Sustentable del Mar de Cortés" y para que informe los
avances realizados en los grupos de trabajo que para el efecto fueron creados.
Cuarto. Cítese a comparecer al director
general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a fin de que ante el pleno de las
comisiones unidas de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de
Diputados, amplíe la información sobre el proyecto turístico de la Escalera Náutica
del Mar de Cortés, las medidas sociales que se hayan tomado y los probables daños
ambientales que el desarrollo del proyecto pudiera ocasionar y para que informe los
avances realizados en los grupos de trabajo que para el efecto fueron creados.
Quinto. Se instruye a la subcomisión de
Contaminación e Impacto Ambiental, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a que realice un estudio sobre las implicaciones ambientales del proyecto
turístico de la Escalera Náutica del Mar de Cortés, así como también, se instruye a
la subcomisión de Turismo Alternativo, de la Comisión de Turismo, a que dé un puntual
seguimiento a los avances del desarrollo turístico en referencia.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a
11 de diciembre de 2001.— Diputados por la Comisión de Turismo: Ernesto H.
Rodrigo Escalona, presidente; Jaime Arturo Larrazábal Bretón, Mercedes Hernández
Rojas, Luis Alberto Villarreal García y Rafael Servín Maldonado, secretarios;
Flor Añorve Ocampo, Edilberto Jesús Buenfil Montalvo, Salvador Cosío Gaona, Héctor
Nemecio Esquiliano Solís, Ismael Estrada Colín, Jaime Hernández González, Jaime
Mantecón Rojo, Enrique Martínez Orta Flores, José Manuel Quintanilla Rentería,
Federico Granja Ricalde, Miguel Vega Pérez, Pablo de Jesús Arnaud Carreño, Roberto
Eugenio Bueno Campos, Jesús Mario Garza Guevara, Victoria Ruth Sonia López Macías,
José R. Mantilla y González de la Llave, María Cruz Martínez Colín, Daniel Ramírez
del Valle, Clemente Padilla Silva, Esteban Sotelo Salgado, Fernando Ugalde Cardona,
Víctor Hugo Cirigo Vázquez, Elías Martínez Rufino, Juan Ignacio García Zalvidea,
Norma Patricia Riojas Santana; por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales: Diego Cobo Terrazas, presidente; Jesús de la Rosa Godoy, Gustavo
Lugo Espinoza, Miguel Angel Gurtiérrez Machado, Jesús Garibay García, secretarios; Francisco
Arano Montero, Miguel Bortolini Castillo,Vitalico Cándido Coheto Martínez , Rosa Delia
Cota Montaño, José Manuel Díaz Medina, Sergio García Sepúlveda, Rómulo Garza
Martínez, Raúl Gracia Guzmán, José María Guillén Torres, Pedro Manterola Sainz,
Albino Mendieta Cuapio, José Jacobo Nazar Morales, Juan Carlos Pallares Bueno, Héctor
Pineda Velázquez, Ramón Ponce Contreras, Rafael Ramírez Agama, Rafael Ramírez
Sánchez, Jaime Rodríguez López, Juan Carlos Sainz Lozano, Raúl Efrén Sicilia Salgado,
José María Tejeda Vázquez, Miguel Angel Torrijos Mendoza, Librado Treviño Gutiérrez y
Julio César Vidal Pérez.»
La Presidenta:
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, pasamos a su votación.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en
votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La secretaria Martha Silvia
Sánchez
González:
Por instrucciones de la Presidencia, se
solicita a la Asamblea en votación económica, los que estén por la afirmativa para la
aprobación del punto de acuerdo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese
al Ejecutivo y a las comisiones de la Cámara correspondientes.
Continúe la Secretaría.
IZTACCIHUATL-POPOCATEPETL
El secretario Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para
que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cancele los permisos de corte
de árboles, implemente programas que restablezcan el equilibrio de la flora y fauna y se
fomente la cultura de conservación de los recursos naturales en la región IztaPopo, que
abarca los estados de Puebla, México y Morelos, presentada por el diputado Víctor León
Castañeda, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 30 de octubre
del año 2001.
Esta comisión, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 60, 93 y demás
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente punto
de acuerdo, de conformidad con los siguientes
I. Antecedentes
1. El día 30 de octubre del año 2001,
ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado
Víctor León Castañeda presentó la proposición con punto de acuerdo para que la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cancele los permisos de corte de
árboles, implemente programas que restablezcan el equilibrio de la flora y fauna y se
fomente la cultura de conservación de los recursos naturales en la región Izta-Popo, que
abarca los estados de Puebla, México y Morelos.
2. Esta Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales procedió al análisis de la proposición con punto de acuerdo
señalada y a investigar su viabilidad técnica y jurídica para una mejor
instrumentación de la política ambiental en nuestro país.
A partir de estos antecedentes, los
miembros de la comisión que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes
II. Consideraciones
1. En primer lugar, para comprender el
interés que motivó la propuesta formulada en el punto de acuerdo, es indispensable
exponer las características particulares del Parque Nacional Izta-Popo, ya que a pesar de
su pequeña extensión, es sumamente relevante desde el punto de vista fitogeográfico y
botánico. Ello se debe a su ubicación dentro del eje neovolcánico transversal, que
incluye las montañas más altas de México y el marcado gradiente altitudinal que
presenta. La combinación de estos factores es propicia para el desarrollo de diversos
tipos de vegetación que representan una riqueza florística importante.
En la comparación de las diferentes
comunidades vegetales, los bosques de coníferas y encinos (altamente representados en los
volcanes mencionados), son los biomas que tienen mayor número de especies. Otra comunidad
muy importante por la abundancia de endemismos que se ubica en la zona, es la vegetación
alpina.
Si consideramos el área de influencia del
parque dentro de las cotas de los 2 mil 500 a los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar,
tenemos otra de las comunidades vegetales importantes de nuestro país: el bosque
mesófilo de montaña, que sólo se presenta en manchones discontinuos y en condiciones
ambientales muy especiales. En estas comunidades se localizan tanto especies holárticas
como neotropicales. Resultado de esta diversidad de comunidades, es que en la zona existe
el 44.13% de las 2071 especies reconocidas para el valle de México.
2. Aunado a lo anterior, desde el punto de
vista zoogeográfico, el parque es un punto de contacto y de transición entre faunas
neárticas y neotropicales. La historia evolutiva de la fauna en el valle de México y por
lo tanto de la sierra Nevada donde se localiza el Parque Nacional Izta-Popo, ha tenido una
influencia notable por las características fisiográficas propias. Esto se refleja en una
alta diversidad de especies en la región que representan hasta el 30% del total de
mamíferos existentes en el país.
Con respecto a la situación más
específica de la sierra nevada, ésta contiene en sus ambientes naturales a casi la mitad
de las especies que existen en la parte central del eje neovolcánico transversal.
En cuanto a ornitofauna, la zona destaca
por el alto número de especies residentes (75%) y porque funciona como un punto de
transición de las rutas migratorias del Pacífico y del golfo.
3. En concreto, la importancia de conservar
la zona responde a las siguientes razones:
• Las comunidades vegetales del parque
todavía se encuentran en condiciones aceptables de conservación.
• Estas comunidades son los hábitat
para un gran número de especies animales.
4. Desde el punto de vista ecológico, la
zona representa una importante área de captación de agua, tanto para la cuenca del valle
de México como para la zona este del Estado de Puebla, que incluye la cuenca alta del
Balsas. La vegetación que cubre las laderas de los volcanes aumenta significativamente la
capacidad de retención de agua. Esto sucede, principalmente, porque la cubierta vegetal
presenta obstáculos al escurrimiento superficial, lo cual facilita la penetración del
agua al suelo y subsuelo y evita, al mismo tiempo, la erosión de los suelos.
Como se puede apreciar, la utilidad en
cuanto a los servicios ambientales del Parque Nacional Izta-Popo radica en la riqueza
biológica y ecológica, que sin lugar a dudas debe ser estudiada más profundamente.
También cabe destacar a los beneficios que generan sus procesos biogeoquímicos para el
mantenimiento en el ciclo hidrológico y la absorción de contaminantes.
3099,3100,3101
5. En otro sentido, el potencial recreativo
del parque es muy elevado, como lo demuestra el estudio realizado en 1990 por Elizabeth
Boo para el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF). En dicho estudio la autora destaca
al montañismo y el alpinismo como atractivos importantes que motivan la afluencia de los
visitantes. Asimismo, explica que los visitantes del parque, según su sondeo, lo
encuentran atractivo desde los siguientes puntos de vista:
• La recreación;
• El estudio geológico;
• La observación de la vida silvestre
dentro del parque y otras actividades relacionadas con la naturaleza.
Si bien es ya tradicional el uso recreativo
del parque, su potencial debe ser aprovechado totalmente y por lo tanto deberán
diseñarse propuestas específicas para rescatar este beneficio. Otros elementos
"potenciales" del área natural protegida es el ecoturismo y la educación
ambiental. En ambos casos, se aprovechan las bellezas paisajísticas y la convivencia con
la naturaleza como recurso para lograr importantes beneficios de conservación.
Por otro lado, se hace indispensable
considerar los impactos socioculturales del turismo ecológico hacia las comunidades
cercanas a las áreas protegidas, principalmente por la posibilidad de integrar a las
poblaciones locales a esta actividad. Ello es muy importante debido a la cercanía de la
zona metropolitana de la Ciudad de México. La gran afluencia de visitantes que acuden al
parque con fines recreativos puede representar una importante fuente de ingresos. Para
lograrlo hace falta diseñar las estrategias que canalicen adecuadamente estos ingresos.
A pesar de estos beneficios potenciales,
sin la planeación adecuada resultará desfavorable que el parque se encuentre en una
región forestal tan cercana a la zona metropolitana de la Ciudad de México. En esta
ciudad se concentra la mayor parte de las actividades administrativas gubernamentales y es
una de las zonas industriales más importantes del país.
6. Las principales actividades humanas que
se llevan a cabo dentro de la zona se manifiestan en dos grandes procesos: la expansión
urbana y la explotación agropecuaria y forestal. Cualquier esfuerzo de conservación del
área debe considerar el control del crecimiento de los asentamientos humanos y la
regulación y el reordenamiento de las actividades productivas. Todo lo anterior
conceptualizado dentro de un programa de manejo integral de recursos naturales, que
considere la conservación de los mismos y los valores culturales del parque, así como el
desarrollo social regional.
7. La mancha urbana de la zona
metropolitana de la Ciudad de México se está extendiendo tanto sobre la superficie
forestal como sobre la agrícola, y existe un desplazamiento del área forestal por la
apertura de nuevos terrenos a la agricultura y la tala. En el caso particular del Parque
Nacional Izta-Popo, la superficie agrícola del área de influencia ha aumentado en casi
50% en los últimos 15 años (31 mil 452 hectáreas, estimadas a partir de una imagen de
satélite de 1990). Esto último ha provocado no sólo la disminución de la superficie
forestal sino también su fragmentación. Es decir, la formación de "islas" de
vegetación que afecta negativamente sobre todo a las poblaciones animales por la
reducción de su hábitat real. En este sentido, el poder conservar un área natural
protegida como el Parque Nacional Izta-Popo, permite amortiguar este efecto de
fragmentación de hábitat.
8. Existen otras situaciones que influyen
en la modificación de las condiciones óptimas para el desarrollo de las diferentes
poblaciones vegetales y animales. Nos referimos a la presencia de plagas, los incendios y
el pastoreo, la extracción clandestina de madera, el ocoteo, la extracción de pastos y
suelo y por último la cacería. Hay que considerar que dependiendo de la intensidad de
estas actividades, pueden dar como resultado también la fragmentación del hábitat.
9. Históricamente, el primer esfuerzo por
conservar el área de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl se realizó en 1929 con
la creación de la reserva forestal de los bosques de las haciendas de Zoquiapan en el
Estado de México y la de Ixtlahuacan en Puebla.
10. Sin embargo, el reforzamiento legal
para la protección de la región se da en octubre de 1939 cuando el entonces presidente
Lázaro Cárdenas decretó una expropiación para la creación del Parque Nacional de las
Montañas Iztaccíhuatl y Popocatépetl, que abarcan parte de los estados de México,
Puebla y Morelos, con un límite inferior en la cota de los 3 mil metros sobre el nivel
del mar y una extensión de 59 mil 913 hectáreas.
11. Después, el 11 de febrero de 1948 se
publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación de los linderos
del parque, reduciendo la cota principal de los 3 mil metros sobre el nivel del mar a los
3 mil 600 metros sobre el nivel del mar, dejando sin protección a una superficie
considerable que según algunas estimaciones es de 37 mil 350 hectáreas.
12. La procedencia legal de la proposición
con punto de acuerdo presentada, tiene sus bases en el párrafo tercero del artículo 27
constitucional; en éste se expresa la nación regulará el "aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación", con objeto de hacer una
distribución equitativa..." y "...cuidar su conservación", también
dictará las medidas necesarias para "preservar y restaurar el equilibrio
ecológico".
Además, del artículo 46 de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se desprende el status de
área natural protegida del parque y por lo tanto con base a la fracción II del artículo
3o. del mismo precepto es considerada una "...zona del territorio nacional... en
donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad
del ser humano o requieren ser preservadas y restauradas"...
La trascendencia de lo anterior radica en
que con fundamento en el artículo 45 de la ley en comento, las áreas naturales
protegidas tiene por objeto "preservar los ambientes naturales representativos de las
diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas";
"asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos" y
"generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales
o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad del territorio nacional".
Aunado a lo anterior, en la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente encontramos al artículo 64-bis-1,
éste reza que la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal, en el
ámbito de sus competencias, pueden otorgar "...concesiones, permisos o
autorizaciones para la realización de obras o actividades en las áreas naturales
protegidas...". y la Ley Forestal en sus artículos 11 y 12 sienta las bases para el
aprovechamiento forestal por medio de la autorización de programas de aprovechamiento.
Por ello, con respecto a la petición del
punto de acuerdo para retirar los permisos de tala, es necesario seguir los procedimientos
jurídicos que se marcan en el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales en su artículo 36, referente a las atribuciones de sus delegaciones
federales descritas en la fracción IX inciso d. Para tal efecto es necesario
contar con la información necesaria que funde el procedimiento.
13. Sujetar con éste status de
conservación a los lugares que reúnan las condiciones para ello, tiene implicaciones en
cuanto a las actividades que ahí se pueden realizar ya que el párrafo segundo del
artículo 50 del precepto mencionado deja en claro que "en los parques nacionales
sólo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la protección de
sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y en general, con la
preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación,
recreación, turismo y educación ecológicos". Por ello, después de la
modificación de los linderos del parque por el decreto del 48, se permiten otras
actividades a las mencionadas por debajo de la cota de los 3 mil 600, siendo la franja de
los 3 mil a los 3 mil 600 una zona de amortiguamiento del área natural protegida.
14. La proposición con punto de acuerdo
expresa la necesidad de implementar medidas para conservar integralmente los recursos y
beneficiar a las comunidades.
El artículo 65 establece que en el plazo
de una año a partir de la publicación de la declaratoria en el Diario Oficial de
la Federación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales formulará el
programa de manejo. Además, el mentado artículo reza que para la formulación de dicho
programa debe de darse "...participación a los habitantes, propietarios y poseedores
de los predios..." incluidos en el área natural protegida, así como a "...las
demás dependencias competentes, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito
Federal, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas y demás
partes interesadas...".
Actualmente, la dirección del Area Natural
Protegida está desarrollando el Programa Integral de Manejo de los Recursos Naturales del
Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl y ha manifestado su interés de buscar
consensos con los sectores involucrados para tener a la brevedad posible dicho programa.
Es por ello que el punto de acuerdo está en el animo de contribuir a la mejor
conformación del Programa.
15. Otro aspecto que considera la
proposición con punto de acuerdo es lo relacionado con la educación, capacitación y
fomento de una cultura ambiental y forestal sustentable. Así, la fracción XV del
artículo 5o. de la Ley Forestal reza que es facultad de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales "promover, en coordinación con las autoridades competentes,
programas y proyectos de educación, capacitación, investigación, comunicación y
difusión, orientados a la promoción de la cultura forestal".
Igualmente, en sus artículos 41 y 42 se
determina claramente que es responsabilidad de la Secretaría de Medio Amiente y Recursos
Naturales, así como de la Secretaría de Educación Pública y demás dependencias de la
Administración Pública Federal, coordinarse para llevar las siguientes acciones en
materia de cultura forestal, educación y capacitación:
• Promover, coordinar y realizar
campañas permanentes de difusión y eventos especiales orientados al logro de la
participación de la sociedad en programas inherentes al desarrollo sostenido de la
actividad forestal.
• Promover la actualización de los
programas educativos en materia de conservación, protección, restauración y
aprovechamientos forestales en el sistema educativo nacional, con el fin de que se
fortalezca y fomente la cultura forestal.
• Propiciar la divulgación, el uso y
reconocimiento de métodos y prácticas culturales tradicionales de aprovechamiento
forestal sustentable.
• Promover programas de educación y
capacitación para propietarios, poseedores y pobladores de regiones forestales, en
materia de conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de
recursos forestales, así como de prevención, control y combate de incendios o de plagas
y enfermedades forestales.
16. La misma Ley Forestal en su artículo
28 da el mandato a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para supervisar,
coordinar y ejecutar "...acciones para la prevención, combate y control de los
incendios forestales..." y promover "...la asistencia, para dichos efectos, de
las demás dependencias de la Administración Pública Federal y en su caso, de los
gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios...".
Por las consideraciones expuestas, los
integrantes de esta comisión nos permitimos poner a la consideración del pleno de la
Cámara de Diputados, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se exhorta a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dé celeridad a los trabajos requeridos
para terminar el Programa Integral de Manejo de los Recursos Naturales del Parque Nacional
Iztaccíhuatl-Popocatépetl.
Segundo. Que en la
formulación del Programa Integral de Manejo de los Recursos Naturales del Parque Nacional
Iztaccíhuatl-Popocatépetl se incluya un componente para fomentar una cultura de
conservación de los recursos naturales en los pobladores de la región y se diseñen las
acciones necesarias para fomentar el ecoturismo y planes para prevenir y mitigar incendios
forestales.
Tercero. Se exhorta a los
gobiernos de los estados de Morelos, Puebla y México para que participen de manera activa
en la formulación del Programa Integral de Manejo de los Recursos Naturales del Parque
Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl y que en conjunto con la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, con participación de su órgano desconcentrado Comisión
Nacional Forestal, diseñen un plan de financiamiento para la implantación de dicho
programa.
Cuarto. Se exhorta a la
Secretaría de Educación Pública y a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
coordinen trabajos con la finalidad de promover programas de educación y capacitación a
los pobladores de la región Iztaccíhuatl-Popocatépetl, en materia de conservación,
protección, restauración y aprovechamiento sustentable de recursos forestales, así como
de prevención, control y combate de incendios o de plagas y enfermedades forestales y que
dichos trabajos se integren al Programa de Manejo Integral para que sean de carácter
permanente.
Quinto. Se solicita a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, envíe a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, de esta Cámara, la información de la zona
Iztaccíhuatl-Popocatépetl concerniente a las autorizaciones y los programas de
aprovechamiento forestal autorizados, referidos en los preceptos 11 y 12 de la Ley
Forestal, los datos de los aprovechamientos maderables del área mencionada, la
información de la eficiencia en los mecanismos de auditoria para los programas de
aprovechamiento y los registros de los aserraderos y la industria maderera de la zona.
3102,3103,3104
Sala de comisiones, México, D.F., a 18 de
abril de 2002.— Diputados: Diego Cobo Terrazas, presidente; Miguel Angel
Gutiérrez Machado, Gustavo Lugo Espinoza, Jesús Garibay García, Jesús de la Rosa
Godoy, secretarios; Ramón Ponce Contreras, José María Tejeda Vázquez, Juan
Carlos Sáinz Lozano, Raúl Gracia Guzmán, Francisco Arano Montero, Sergio García
Sepúlveda, Rómulo Garza Martínez, Carlos Pallares Bueno, Rafael Ramírez Agama, Rafael
Ramírez Sánchez, Miguel Angel Torrijos Mendoza, Librado Treviño Gutiérrez, José
María Guillén Torres, Pedro Manterola Sainz, José Jacobo Nazar Morales, José Manuel
Díaz Medina, Héctor Pineda Velázquez, Silvano Aureoles Conejo, Miguel Bortoloni
Castillo, Rosa Delia Cota Montaño, Jaime Rodríguez López, Albino Mendieta Cuapio, Julio
César Vidal Pérez, Vitalico Cándido Coheto Martínez y Raúl Efrén Sicilia
Salgado.»
La Presidenta:
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, le ruego a la Secretaría lo someta a votación
económica.
El secretario Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Por instrucciones de la Presidencia, en
votación económica se consulta a la Asamblea si están de acuerdo con el punto de
acuerdo al que dio lectura la Mesa Directiva.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobado el punto de acuerdo, comuníquese al Ejecutivo.
METMEX
PEÑOLES
La secretaria Martha Silvia
Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Salud.
Honorable Asamblea: a las comisiones de
Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales correspondientes a la LVIII Legislatura de
la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fueron turnados para su
estudio y dictamen dos propuestas de punto de acuerdo, presentadas el 23 de noviembre y el
7 de diciembre del año próximo pasado, por el grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México y el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, respectivamente,
para que las comisiones unidas requieran a la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente y al Secretario de Salud para que informen sobre el problema de la contaminación
que genera la Empresa Met-Mex Peñoles y asimismo que la Semarnap y la Secretaría de
Salud se aboquen a resolver el grave problema de contaminación de plomo y salud pública
en el municipio de Torreón, Coahuila.
Los integrantes de esas comisiones unidas,
con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39 numerales 1 y 3; 43,
44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los
miembros de esta Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES
1. En sesiones ordinarias celebradas el 23
de noviembre y 7 de diciembre del año 2000, integrantes del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, con fundamento en el
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentaron al
pleno de la Cámara de Diputados, el punto de acuerdo, para que las comisiones unidas
gestionen lo propio ante las autoridades competentes para resolver el grave problema de
contaminación de plomo y salud pública en el municipio de Torreón.
2. La Presidencia de este órgano
legislativo, con fundamento en el citado artículo 23 de su Ley Orgánica, turnó dicha
iniciativa a las comisiones unidas, mismas que de manera independiente, analizaron y
estudiaron la iniciativa motivo del presente dictamen, para posteriormente cotejar
resultados, unificar criterios y presentar, con apoyo en los artículos 39 numeral 1 y 40
numeral 1 de dicha Ley Orgánica, el presente documento.
3. La Comisión de Salud y la de Medio
Ambiente y Recursos Naturales en el marco de su Ley orgánica efectuaron diversas
entrevistas y reuniones de trabajo en donde los diputados integrantes de las juntas
directivas de las comisiones de Medio Ambiente, así como de la subcomisión de Medio
Ambiente de la Comisión de Salud, se entrevistaron con ciudadanos afectados por la
contaminación emitida por la metalúrgica Met-Mex Peñoles, así como autoridades
sanitarias y ambientales estatales y federales, académicos y funcionarios involucrados en
la problemática de salud pública y contaminación en el municipio de Torreón, Coahuila,
a efecto de abocarse a la elaboración conjunta de un anteproyecto de dictamen.
Por lo expuesto y fundado, las comisiones
unidas que dictaminan, formulan las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. En primer término las comisiones unidas
vierten las consideraciones que sustentan los puntos de acuerdo del 23 de noviembre de
2000, así como del 7 de diciembre de 2000, consistentes entre otras:
a) Que en México, desde hace muchos
lustros, se ha observado la contaminación ambiental por plomo y sus potenciales efectos
nocivos a la salud.
b) Que la mitad del plomo que se produce se
libera como contaminante.
c) Que la Empresa Met-Mex Peñoles, ubicada
en Torreón, Coahuila, con más de 2 mil 18 empleados, genera con fines comerciales plata,
oro, zinc, cobre, plomo y ácido sulfúrico, entre otros, en cuyo proceso se arrojan al
medio ambiente cientos de toneladas de contaminantes, que afectan a los habitantes de 20
colonias.
d) Que los niveles de contaminación de
plomo en sangre de los habitantes de 20 colonias aledañas a la minera, se encuentran muy
por encima de los valores aceptados.
e) Que los cálculos realizados señalan
que el número de personas que padece este problema es de alrededor de 65 mil, de los que
destaca un grupo de niños menores de 12 años que presentan altos niveles de plomo en la
sangre.
f) Que el plomo tiene efectos tóxicos en
muchos órganos, sistemas y procesos fisiológicos. El aspecto de mayor gravedad es el
desarrollo del sistema nervioso central.
g) Que existen normas oficiales mexicanas
para medir la exposición de metales pesados, como el plomo, pero refieren categorías con
niveles y rangos de permisibilidad mayores a los de la norma internacional y acciones
menos importantes de las que señala ésta.
h) Que es necesario que la empresa, con
vigilancia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, logre abatir las
emisiones de plomo y provea de atención médica a los afectados por la contaminación,
así como que se establezcan instrumentos para medir la calidad del aire, por lo cual
resulta inaplazable la realización de un estudio para saber cuál es la afectación al
ambiente por parte de la empresa; la instrumentación de un plan de contingencia
ambiental, que contemple la reducción paulatina del nivel de operación de los procesos
generadores de bióxido de azufre; la operación intensiva y sistemática de una red de
aspersión de agua a los montículos de concentrados de plomo y un precipitador
electrostático.
i) Que es en extremo cuestionable que la
Empresa Met-Mex Peñoles haya disminuido sus niveles de contaminación, y que las acciones
de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente hayan tenido la eficacia requerida en
esta particularidad; así pues, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México somete a la consideración el siguiente punto de acuerdo.
Derivado de las consideraciones antes
mencionadas, se dictó y se turnó a las comisiones de Salud y de Medio Ambiente y
Recursos Naturales el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se instruye a las comisiones de
Salud y Medio Ambiente y Recursos Naturales, de esta Cámara de Diputados, para que
requieran, por conducto de sus respectivas presidencias, en términos de los que establece
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la información de
los registros de morbilidad general infantil y mortalidad general, infantil, materna
perinatal preescolar y escolar en los trabajadores y sus familias; resultados de la
vigilancia epidemiológica, manifestaciones de impacto ambiental de las recientes
ampliaciones de la planta, el convenio de concertación de acciones que incluyó el plan
de acción a realizar por parte de la empresa compuesto de 117 actividades y cuales ha
cumplido a la Secretaría de Salud y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
respectivamente; y asimismo para que requieran la presencia ante las citadas comisiones de
esta Cámara de Diputados; del ciudadano Antonio Azuela de la Cueva, actual titular de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y del ciudadano José Antonio González
Fernández, secretario de Salud; en términos de lo que establece el artículo 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 45 numeral 4 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 90 de
su Reglamento para el Gobierno Interior.
Por otra parte, respecto al punto de
acuerdo de fecha 7 de diciembre de 2000, estas comisiones analizaron las consideraciones
en que se sustenta, y cita, entre otras, las siguientes reflexiones:
A. Que recientemente se incorporó como
derecho constitucional el de un medio ambiente adecuado y que este derecho subjetivo es
incumplido, muestra de ello es la exacerbada contaminación causada por la Empresa Met-Mex
Peñoles, en el municipio de Torreón, Coahuila, generando de manera irracional elevados
niveles de plomo y cadmio, entre otros contaminante dañinos para la salud de adultos y
menores.
B. Que es necesario referir que la
intoxicación por plomo que se hace patente en el municipio de Torreón, es grave,
provocando daños irreversibles en el sistema nervioso central y periférico, sobre todo
en niños. Este metal se absorbe por ingestión o inhalación y con altos niveles en
sangre, puede provocar encefalopatía aguda e incluso la muerte.
C. Que es de vital importancia la
construcción de una sociedad ecológica con una cultura preventiva en pro del medio
ambiente, que evite la contaminación y el deterioro del ambiente.
D. Que en Torreón los valores aceptables
de plomo en la sangre son elevados y sobrepasan en mucho los valores permisibles en normas
internacionales.
E. Que actualmente no existe una norma
oficial vigente que establezca los criterios para determinar los niveles de concentración
de plomo en la sangre, y que el proyecto de norma oficial, publicada en el Diario
Oficial de la Federación, el pasado 30 de mayo del presente año, no es vigente.
F. Que los desatinos en la implementación
de políticas públicas en las áreas de medio ambiente y salud pública, obstaculizan la
aplicación de sanciones a las fuentes emisoras de contaminantes.
G. Que las intoxicaciones de las que son
víctimas los habitantes de este municipio son provocadas por altas emisiones de plomo y
de otros contaminantes, tales como arsénico o cadmio.
H. Que es prioritario que la problemática
que subsiste en el municipio de Torreón sea resuelta, pues la infancia en esa región es
susceptible de tener daños irreversibles.
Derivado de lo anterior, se turnó a las
comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales el siguiente
PUNTO DE ACUERDO:
Artículo primero. Que las comisiones
ordinarias de Medio Ambiente y la de Salud en ejercicio de su facultad de control
evaluatorio, establecida en el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 93 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se inste a las secretarías de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, así como a la Secretaría de Salud, para que
en conjunto inspeccionen, evalúen y en su caso sancionen a las fuentes generadoras de los
altos índices de contaminación por residuos peligrosos, así como la emisión del plomo,
arsénico y cadmio que provocan daños irreversibles en la salud pública, en el municipio
de Torreón, Coahuila.
Artículo segundo. De igual manera estas
comisiones exhorten a las instancias correspondientes para que se agilice el procedimiento
para la aprobación del proyecto de Norma Oficial Mexicana para establecer los criterios
para determinar los niveles de concentración de plomo en la sangre, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de mayo del presente año. Asimismo, que los
secretarios de la Administración Pública Federal competentes para dar solución al grave
problema de contaminación ambiental y salud pública, comparezcan ante el pleno de las
comisiones unidas referidas, para exponer las medidas que se implementarán, con el fin de
erradicar los altos índices de emisión de contaminantes en Torreón, Coahuila.
II. El artículo 4o. constitucional, en su
párrafo quinto, preceptúa que "toda persona tiene derecho a un medio ambiente
adecuado para su desarrollo y bienestar". Asimismo en el párrafo séptimo del mismo
artículo constitucional se establece que "los niños y las niñas tienen derecho a
la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Finalmente en los artículos 8o. y 9o.
constitucionales se observa que: "(...) El Estado proveerá lo necesario para
propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus
derechos", "el Estado otorgará facilidades a los particulares para que
coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez".
3105,3106,3107
III. Diversos estudios emitidos por las
autoridades de medio ambiente y de procuración de protección al ambiente, así como
autoridades sanitarias del Estado de Coahuila han determinado que entre los principales
impactos ambientales de las instalaciones de la Empresa Siderúrgica Met-Mex Peñoles,
ubicada en la ciudad de Torreón, Coahuila, "están las emisiones de bióxido de
azufre y de partículas suspendidas con alto contenido de plomo, las cuales son las que
han provocado el impacto más importante a la salud pública en las cercanías de la
planta. Durante décadas, la falta de control, fundamentalmente en el manejo de
concentrados de plomo y el proceso de su fundición", *1 dieron como resultado lo
siguiente:
1. Hecho un muestreo por los servicios de
salud del Estado de Coahuila, más de los 10 mil niños menores de 12 años residentes en
los dos kilómetros a la redonda de la Siderúrgica Met-MexPeñoles, en la ciudad de
Torreón, presentan intoxicación crónica y acumulativa en diferentes órganos del cuerpo
humanos.2 Por lo menos por cinco elementos y sustancias químicas que son producidas por
dicha empresa (plomo, cadmio, arsénico, zinc y dióxido de azufre).
2. Entre los elementos y las sustancias
químicas emitidas por la Empresa Met-Mex Peñoles y sus afectaciones en la salud
pública, en especial de la población infantil antes referida, se encuentran los
siguientes:
A. Plomo. Los niveles de plomo en la sangre
de la población infantil antes referida, se elevan a más de 10 microgramos por decilitro
de sangre3, cuando para la Academia Norteamericana de Pediatría los daños en la salud se
presentan desde el momento en que se acumulan más de dos microgramos por decilitro de
sangre.
En cuanto la concentración y los
depósitos en suelo de partículas4 emitidas por la planta con alto contenido de plomo
(medidos en partes por 1 millón (ppm)), así como los niveles aceptados como no dañinos
a la salud en Canadá, encontramos que la Agencia de Protección de Medio Ambiente tiene
establecidos como máximo concentraciones de 500 ppm de plomo en suelo, mientras que en
Estados Unidos la EPA ha determinado concentraciones hasta de 400 ppm de plomo en suelo.
La Academia Norteamericana de Pediatría ha
establecido que las áreas contaminadas donde habiten niños deben ser menores de 200 ppm
de plomo en suelo. En la actualidad en la ciudad de Torreón, Coahuila en un estudio
realizado por la Universidad de Dartmouth (junio, 2000)5 en coordinación con la
Universidad de Barcelona, tomando muestras en puntos específicos en los alrededores de la
planta de Met-Mex Peñoles y utilizando un modelo de información satelital y de
espectrofotometría, reveló que los índices de plomo en suelo en una distancia de dos km
a la redonda de la planta se encuentran entre (+ -) 3,500 ppm. Lo anterior implica, de
acuerdo a la regla de proporción "partes por millón" en suelo, con relación a
niveles de sangre, es que 1000 ppm de plomo en suelo equivalen a 13 mcg/dcl de plomo en la
sangre. Por lo que las concentraciones de plomo en la sangre de los habitantes de dicha
área deben encontrarse en un rango entre 39-52 mcg.6
Lo anterior significa, según la Academia
Norteamericana de Pediatría que "las personas que habitan en esta área están
afectadas en todas las células y órganos corporales, en diferentes grados, en la medida
de su intoxicación, pero que representa en daño neurosicológico una pérdida de
coeficiente intelectual (integración acertada de ideas) de 16.5 a 22 + - seis puntos en
la evaluación de coeficiente intelectual". 7 Cabe señalar que el daño en menores
de 12 años se presenta en la conformación estructural nerviosa y, por lo tanto el daño
es irreversible, ocasionando que los niños por lo regular aunque asistan a escuelas de
educación especial no logren acceder a estudios intermedios y superiores; reduciendo su
capacidad y por lo tanto no rebasarán los conocimientos y el entrenamiento que se
adquieren más allá de la educación media.
B. Arsénico. De 1 mil 500 muestras
realizadas por los servicios de salud del Estado a niños menores de 12 años, residentes
de la zona aledaña a Met-Mex Peñoles y que presentaron niveles elevados de plomo en la
sangre (agosto 2000) del 25% (375 niños) mostraron niveles tóxicos de arsénico, en
estudios realizados en orina de 24 horas con niveles por arriba de 100 mg8 y que se
encuentran fuera de normatividad. Referente a las concentraciones de arsénico en suelos
(ppm) la normatividad vigente recomienda que no deben excederse a más de 200 ppm, ya que
empieza a presentar efectos perjudiciales sobre la salud. Sin embargo en el muestreo
realizado por el Laboratorio Ecología Industrial S.A. de C.V. el día 8 de febrero del
2000, ante notario público, se encontró que la media aritmética resultó en 290 ppm, lo
cual corrobora la existencia de suelos contaminados, con los consecuentes riesgos a la
salud ya referidos
C. Cadmio. Según el muestreo realizado
existe una incidencia en el 25.9% de los niños menores de 12 años que presenta niveles
elevados de este elemento químico, según estudios realizados por el doctor Gonzalo
García Vargas (agosto, 2000).
D. Dióxido de azufre. De acuerdo con los
datos publicados por la Profepa (septiembre, 1999)9 la empresa operaba dentro de los
parámetros aceptados por la normatividad de dióxido de azufre debido a la aplicación de
la Fase I del Plan de Contingencias, ya que antes de su instrumentación "la norma
relativa a bióxido de azufre se violaba con mucha frecuencia y afectaba a la población
de manera ostensible". 10 Sin embargo, para el mes de febrero del 2000 ya se había
levantado la fase I del plan de contingencias. Por otro lado, para noviembre del 2000 no
se habían logrado controlar las emisiones fugitivas, que de acuerdo con la Profepa11
"las emisiones fugitivas son de difícil cuantificación, sin embargo, se sabe que
fueron las principales responsables de los impactos en el ambiente y la salud"
(Profepa: noviembre 2000).12
Cabe resaltar que a la fecha los habitantes
aledaños a la planta siguen percibiendo el olor característico e irritable de la
metalúrgica.
Hasta el 25 de junio de 1999 no existía
una norma que determinara los niveles permisibles no dañinos a la salud de los seres
humanos por concentraciones de plomo en sangre, por lo que dada la urgencia por el
problema de salud pública que se presentaba en la población aledaña a la Empresa
Met-Mex Peñoles en Torreón, se emitió la Norma Oficial Mexicana de Emergencia
(NOM-EM-004-SSA1-1999, salud ambiental. Criterios para la determinación de los niveles de
concentración de plomo en la sangre. Acciones para proteger la salud de la población no
expuesta por su ocupación. Métodos de prueba, Diario Oficial de la Federación,
25 de junio de 1999) la cual estuvo vigente por un periodo de seis meses con la intención
de elaborar y emitir el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-1999-SSA1-2000, salud
ambiental.
Criterios para la determinación de los
niveles de concentración de plomo en la sangre. Acciones para proteger la salud de la
población no expuesta por sus ocupaciones. Métodos de prueba, Diario Oficial de
la Federación, 30 de mayo del 2000.
Es importante resaltar que en dicho
proyecto de norma en la sección segunda correspondiente a acciones básicas de
protección a mayores de 15 años, en el rango de microgramos por decilitro de plomo (de
25 a 44 microgramos) la NOM oficial emergente indicaba que habiendo individuos con niveles
de plomo en la sangre entre 25 y 44 microgramos de plomo, debería eliminarse la fuente de
contaminación (hecho concordante con la Academia Norteamericana de Pediatría y de la
Agencia de Control de Enfermedades de Estados Unidos de América (CPDC 1991), en el nivel
III correspondiente a 20-44 microgramos por decilitro de sangre). Sin embargo, en el
proyecto de Norma Oficial Mexicana (199-SSA1-2000) dicha consideración se sustituye y se
agrega: "la autoridad sanitaria debe identificar la o las fuentes de exposición y
gestionar las medidas para su control y su eliminación". Lo anterior contraviene las
disposiciones médicas clásicas, las cuales estipulan que ante tales concentraciones
tóxicas de plomo en la sangre la fuente contaminante de manera obligada debe eliminarse.
De emitirse el proyecto de norma oficial
(199-SSA1-2000) dicha norma podría poner en riesgo la salud de millones de mexicanos ante
una situación de emergencia epidemiológica potencial, como la que actualmente existe en
Torreón y que ya fue corroborada por las instancias de salud municipal, estatal, federal
y privadas. Estas comisiones dictaminadoras consideran que el mismo proyecto de norma se
contradice debido a que si bien en la categoría I definida en el proyecto,
correspondiente a 10 mcg/dcl, refieren que no se debe establecer acción específica. Sin
embargo en el mismo proyecto, en la parte correspondiente a la introducción, se hace
referencia textual: "que en los estudios realizados en México en 1997 y 1999
respectivamente, existen daños a partir de 5mcg de plomo en la sangre, ocasionando una
baja de peso de los niños al nacer (González y Cossio, 1997) y un aumento en el riesgo
de aborto a partir de cinco mcg/dcl en la sangre, aumentando un 13% por cada mcg/dcl en la
sangre (Borja-Aburto 1999)".
Por lo anterior este proyecto de norma debe
contemplar que el daño a la salud empieza antes de cinco mcg/dcl de plomo en la sangre
(González y Cossio, 1997; Borja-Aburto, 1999), y debajo de dos mcg/dcl de plomo en la
sangre, según la Academia Norteamericana de Pediatría, de tal manera que se prevengan
los daños a la salud.
V. Con el fin de conocer la problemática
actual de contaminación y salud pública, las comisiones unidas, por conducto de la
Comisión de Salud, el 18 de diciembre de 2000, solicitaron a la Secretaría de Salud
información sobre el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones que esa
dependencia instruyó a la Secretaría de Salud de Coahuila, en torno a la problemática
generada por la Empresa Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V., y con fecha 19 de diciembre de
2000, solicitaron al Secretario del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Procurador
Federal de Protección al Ambiente, la información correspondiente a partir del 5 de
julio de 2000 a la fecha, respecto a las medidas que quedaron pendientes en relación con
el reporte denominado "Evolución Reciente de la Contaminación Generada por la
Empresa Met-Mex Peñoles en Torreón", así como de cualquier otra información de
importancia y trascendencia que juzgue pertinente en torno del presente asunto.
Por lo anterior, las comisiones que
dictaminan consideran que la grave problemática de salud pública en Torreón, Coahuila,
es generada por la emisión de contaminantes de la Empresa Met-Mex Peñoles, que requiere
con urgencia de atención médica y de la reubicación de personas afectadas; es un
problema de fondo, motivo por el cual es necesario que los secretarios de Salud, Medio
Ambiente y Recursos Naturales, así como el Procurador Federal de Protección al Ambiente,
comparezcan ante el pleno de las mismas y rindan informe pormenorizado y actualizado del
presente asunto, en el que den a conocer la evaluación de las acciones y/o medidas
instrumentadas hasta el momento en sus respectivos ámbitos de competencia, con objeto de
determinar las soluciones al grave problema que se analiza en el presente documento, para
minimizar y erradicar los altos índices de emisión de contaminantes y por otra parte,
apoyar y brindar atención médica suficiente y oportuna a la población afectada.
Por lo expuesto, y con fundamento en los
artículos 45 numeral 6, incisos e y f de la Ley Orgánica del Congreso de
los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los
Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las comisiones de Salud y Medio Ambiente y
Recursos Naturales emiten los siguientes:
RESOLUTIVOS
Primero. Ténganse por
dictaminados los puntos de acuerdo de referencia, en los términos del presente documento.
Segundo. Se requiere la
comparecencia del Secretario de Salud, del Secretario del Medio Ambiente y Recursos
Naturales y del Procurador Federal de Protección al Ambiente, en los términos
solicitados en los puntos de acuerdo.
Tercero. Se solicita de
los funcionarios antes citados, informen acerca de los daños a la salud y al medio
ambiente que se han provocado, así como las medidas adoptadas para la restauración de la
salud de los ciudadanos y del medio ambiente.
Cuarto. Solicitar a los
funcionarios compromisos a corto plazo, con el fin de solucionar el problema de
contaminación y salud pública generados por la Empresa Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V.
Quinto. Que las
autoridades correspondientes, así como la empresa responsable, proporcionen los recursos
necesarios para resarcir los daños tanto a la salud de los ciudadanos como del medio
ambiente, provocados en la población de Torreón por el cúmulo de contaminantes emitidos
por la Empresa Met-Mex Peñoles. Estas acciones deberán iniciarse a más tardar a los 60
días contados a partir del día que esta soberanía notifique su resolución.
Los resultados y los procesos de dichas
acciones serán vigilados directamente por la Cámara de Diputados con la participación
de académicos e investigadores con amplia experiencia al respecto.
Así lo acordaron y firmaron los diputados
que integran estas comisiones.
Los diputados de la Comisión de Salud: María
Eugenia Galván Antillón, presidenta; Eduardo A. Leines Barrera, Rafael Orozco
Martínez, Adela del C. Graniel Campos y Héctor Esquiliano Solís,
secretarios; Samuel Aguilar Solís; Juan Alcocer Flores, Francisco J. Cantú Torres,
Celia Martínez Bárcenas, María L.A. Domínguez Ramírez, Neftalí S. Escobedo Zoletto,
María de las Nieves García Fernández, Federico Granja Ricalde, Policarpo Infante
Fierro, Arturo León Lerma, Francisco S. López Brito, Santiago López Hernández, Enrique
Meléndez Pérez, Magdalena Núñez Monreal, Felipe Olvera Nieto, Manuel Wistano Orozco
Garza, Julieta Prieto Fuhrken, Víctor Antonio García Dávila, Pedro Miguel Rosaldo
Salazar, Luis Miguel Santibáñez García, Ernesto Saro Boardman, Olga M. Uriarte Rico,
Carlos A. Valenzuela Cabrales, José S. Velázquez Hernández y Juvenal Vidrio
Rodríguez.
Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.— Diputados: Diego Cobo Terrazas, PVEM, presidente; Miguel Angel
Gutiérrez Machado, Gustavo Ligo Espinoza, Jesús Garibay García; Jesús de la Rosa
Godoy, secretarios: Raúl Gracia Guzmán, Ramón Ponce Contreras, Juan Carlos Sainz
Lozano, José María Tejeda Vázquez, Francisco Arano Montero, Sergio García Sepúlveda,
Rómulo Garza Martínez, Juan Carlos Pallares Bueno, Rafael Ramírez Agama, Rafael
Ramírez Sánchez, Miguel Angel Torrijos Mendoza, Librado Treviño Gutiérrez, José
María Guillén Torres, Pedro Manterola Sáinz, José Jacobo Nazar Morales, José Manuel
Díaz Medina, Héctor Pineda Velázquez, Silvano Aureoles Conejo, Miguel Bortolini
Castillo, Rosa Delia Cota Montaño, Jaime Rodríguez López, Albino Mendieta Cuapio, Julio
César Vidal Pérez, Vitalico Cándido Coheto Martínez y Raúl Efrén Sicilia
Salgado.»
3108,3109,3110
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
Estas comisiones citan algunos de los
documentos e informes que sirvieron de apoyo para tener un conocimiento más amplio en
cuanto a la problemática planteada en los puntos de acuerdo que se dictaminan y son los
siguientes:
• Norma Oficial Mexicana de Emergencia
NOM-EM-004-SSA 1-1999, Salud Ambiental.
Criterios para la determinación de los
niveles de concentración de plomo en la sangre.
• Acciones emprendidas por la Profepa
en el caso de la "Empresa Met-Mex Peñoles, en Torreón", presentada por la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (febrero 2000).
• Anotaciones críticas al documento
"Evolución Reciente de la Contaminación Atmosférica generada por la Empresa
Met-Mex Peñoles, en Torreón", suscrita por el doctor Francisco Valdés
Pérez-gasga, en defensa del Ambiente, A.C. Torreón, Coahuila (febrero 2000).
• Solicitud de intervención en el
caso "Contaminación Generada por la Empresa Met-Mex Peñoles" y por la ausencia
de normas mexicanas de emergencia que impactan la Salud Pública, firmada por el doctor
José Manuel Velasco Gutiérrez, pediatra (7 de abril de 2000).
• Información de Semarnap, Profepa,
"Contaminación por plomo en la ciudad de Torreón, Coahuila" (abril de 2000).
• "Revisión del caso de
contaminación por plomo en Torreón" (17 de mayo de 2000), documento de la
Secretaría de Salud.
• "Evaluación de riesgo, niveles
de plomo en la sangre en Niños de la ciudad de Torreón, Coahuila (16 de abril de 1999).
• Documentación proporcionada por el
doctor Víctor Sergio Rodríguez Camacho a estas comisiones.
• Carpeta Negra I. Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, LVIII Legislatura. (Auditoría Ambiental: evolución de la
contaminación atmosférica generada por Met-Mex Peñoles; oficios en general).
• Carpeta Negra II. Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, LVIII Legislatura. (Información en general).
• Semarnap-Profepa, Met-Mex Peñoles y
el plomo en Torreón: Acciones de la Profepa de 1999 a 2000, Profepa, México, D.F., 2000.
• Semarnap-Profepa, Carpeta Blanca
Peñoles: acciones emprendidas por la Profepa en el caso de la Empresa Met-Mex Peñoles en
Torreón, oficios e información en general. 1999-2000.
• Secretaría de Salud, subsecretaría
de Regulación y Fomento Sanitario, Dirección General de Salud Ambiental, Met-Mex
Peñoles, Torreón Coahuila, México 1999 (incluye tarjetas informativas: 23 de junio
1999).
• Estado de Coahuila de Zaragoza, SSA.
Coahuila: exposición crónica al plomo: La experiencia de Coahuila, Saltillo, 2000.
• Instituto de Salud, Ambiente y
Trabajo, situación y manejo del plomo: apuntes adicionales.
• Departamento de salud humana y
servicios de los EUA; servicio de salud pública, agencia para las sustancias tóxicas y
el Registro de Enfermedades (traducción de la M. en C. Ana Rosa Moreno y doctor Fernando
Díaz Barriga), Evaluación de Riesgos en Salud por la Exposición a Residuos Peligrosos,
Atlanta, Georgia, marzo 1992.
• Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V. Una
empresa comprometida con el medio ambiente y la comunidad, (panfleto informativo).
Notas:
1. Semarnap, Profepa, "Met-Mex
Peñoles y el plomo en Torreón, acciones de la Profepa de 1999 a 2000", México,
2000)
2. En cuanto al plomo (Pb) éste se
deposita principalmente en hueso y una vez que el organismo madura el período de
eliminación hacia la sangre es de 33 años, lo que lo hace particularmente dañino, pues
puede depositarse en otras vías de eliminación como son riñón e hígado.
3. Según reportes de la SSA y el gobierno
de Coahuila, (Exposición Crónica al Plomo, "La Experiencia de Coahuila", 1o.
de noviembre de 2000), la zona de impacto por las actividades y emisiones contaminantes de
la empresa Met-Mex Peñoles afecta a 26 colonias, compuesta por 692 manzanas; 12 mil 184
familias y aproximadamente 60 mil habitantes.
4. Las dificultades para llevar a cabo un
diagnóstico clínico por interrogatorio y/o exploración para identificar la posibilidad
de intoxicación por plomo, se encuentran en el hecho de que este metal no es perceptible
ni por el gusto, la vista, el oído, el tacto ni el olfato de ahí que no sea posible
establecer una correlación directa entre signos-síntomas y la intoxicación por plomo.
De lo anterior surge la necesidad de solicitar que niños menores de 12 años y mujeres
embarazadas lleven a cabo estudios de niveles de concentración de plomo en sangre, como
se vienen realizando por ley en los Estados Unidos de América desde 1976.
5. Información proporcionada por el dr.
Francisco Valdez Perezgasga (noviembre, 2000)
6. Según datos proporcionados por el dr.
Gustavo Olaiz Fernández el día 31 de mayo de 1999, en el oficio 5156 de la SSA dirigido
al subprocurador de Verificación Industrial del Profepa Ing. Alfredo Fuad David Gidi.
7. The American Academy of Pediatrics,
"Lead poisoning: From screening to primary prevention", in. Pediatrics (1SSN
00314005), Committee on Environmental Health, 1992-1993, National Institute of
Environmental Health Sciences, 1993.
Hasta la fecha (1o. de diciembre, 2000) no
han recibido respuesta por escrito de las autoridades correspondientes, así como el hecho
de que la norma correspondiente no ha entrado en vigor.
8. Fuente: Toxicólogo dr. Gonzalo García
Vargas.
9. En el reporte "Evolución de la
Contaminación Atmosférica generada por Met-Mex Peñoles"
10. cit, "Met-Mex Peñoles y el Plomo
en Torreón, Acciones de la Profepa de 1999 a 2000", México, 2000.
11. ib dem "Evolución de la
Contaminación (...) Met-Mex Peñoles" p. 5
12. op cit "Met-Mex Peñoles y el
Plomo en Torreón (...)" p. 14
La Presidenta:
Gracias, señora diputada.
Está a discusión el punto de acuerdo...
El diputado Candiani ¿en pro, en contra o
para hacer alguna aclaración?
El diputado Mauricio Enrique
Candiani Galaz (desde su curul):
Para una adición.
La Presidenta:
Para hacer una adición, el diputado
Candiani tiene el uso de la palabra.
Pase a la tribuna.
Diputado Candiani, disculpe ¿es usted
miembro de alguna de las tres comisiones? No. Gracias.
El diputado Mauricio Enrique
Candiani Galaz:
Señora Presidenta, con la intención de
hacer una adición al resolutivo segundo de este dictamen, me permito proponerles a los
integrantes de las comisiones que están dando cuenta de este resolutivo al pleno, que
además de la comparecencia del Secretario de Salud, del Secretario del Medio Ambiente y
del Procurador Federal de Protección al Ambiente, pudiese ser incluida la presencia del
Secretario de Economía o en su defecto del coordinador general de Minerías.
Esto obedece a que estamos hablando de un
asunto desde luego delicado desde el punto de vista de la salud, pero también estamos
hablando de la operación metalúrgica más grande del país y de esa forma este pleno y
los integrantes de la comisión, pudieran tener la doble perspectiva del problema. Es
decir por un lado lo que representa la materia propia del dictamen, para no repetirla y
por otro lado, lo que representa en términos de la economía nacional y en términos del
desarrollo industrial de este país la operación de su instalación.
Esa es la adición que queremos hacer.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Esta Presidencia consulta a las
comisiones...
El diputado Francisco Patiño
Cardona
(desde su curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta:
Diputado Patiño.
Activen el sonido en la curul del diputado.
El diputado Francisco Patiño
Cardona
(desde su curul):
Se trata de una adición.
La Presidenta:
Es una adición.
Diputado Patiño, disculpe, ¿usted es
miembro de alguna de las comisiones?
El diputado Francisco Patiño
Cardona
(desde su curul):
No.
La Presidenta:
¿Me permite entonces terminar la consulta
que estaba yo haciendo?
Ha solicitado hacer uso de la palabra el
diputado Patiño sobre este tema.
Yo quisiera que entretanto, las comisiones
pudieran hacerme llegar alguna opinión sobre la propuesta del diputado Candiani.
Diputado Patiño.
El
diputado Francisco Patiño Cardona:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Efectivamente, la Empresa Met-Mex Peñoles
es una de las compañías más grandes de América Latina, pero que en nuestro país por
muchas razones ha provocado contaminación del medio ambiente vía aire, vía agua, vía
polvos, a través de los depósitos que esta compañía ha venido realizando durante
muchísimas décadas.
Todo mundo sabe en el país y en general
fuera de nuestra nación, que elementos contaminantes como el plomo, el cadmio, el
cobalto, son sumamente negativos para la salud humana y que esto ha provocado problemas
severos, sobre todo en los niños y en general en la población.
Yo creo que con la finalidad de que esta
comisión que aparece en el punto de acuerdo que hace un momento se comentó, sería muy
saludable que la Comisión de Ciencia y Tecnología se pudiera incorporar justamente al
conjunto de estas comisiones, y yo quisiera argumentar por qué razón. Porque se está
instrumentando, se está argumentando de que las operaciones que justamente suceden en esa
compañía, son operaciones metalúrgicas que requiere investigación, que requiere
conocimientos especializados, que requiere profundizar, escudriñar en la estructura de la
materia, en la estructura de los metales, para poder definir justamente cuáles son los
efectos negativos en contra de los habitantes de aquella ciudad.
Por esa razón, con ese argumento, me
gustaría que la Comisión de Ciencia y Tecnología fuera incluida justamente en esa
comisión del punto de acuerdo anteriormente citado.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Diputado Cuauhtémoc Montero ...
El diputado Cuauhtémoc Rafael
Montero
Esquivel (desde su curul):
En el mismo sentido, señora Presidenta.
3111,3112,3113
Para pedir también que como opinión la
Comisión de Seguridad Social, dado que esto conlleva un gasto enorme al Seguro Social
para la atención de esto, pudiéramos opinar en esa materia.
La Presidenta:
Esta Presidencia suspende la votación en
este momento, de este dictamen y le pide a la Comisión de Medio Ambiente, que la podamos
reprogramar en el curso de la sesión dentro de uno o dos dictámenes, para no
interrumpir.
Y le ruego conversen con el diputado
presidente de la Comisión de Seguridad Social, para que quede muy claro el sentido de los
resolutivos de la comisión. Y conversen con el diputado Candiani, a ver si es posible
lleguen a algún acuerdo a efecto de no retrasar el trámite respectivo.
Entre tanto, vamos a continuar. En un
momento recuperamos el dictamen relativo al punto de acuerdo vinculado con Met Mex
Peñoles.
Y pasamos por lo pronto al punto de acuerdo
en relación de establecer medidas de protección coordinada con los gobiernos de los
estados de México y Michoacán para salvaguardar la integridad de la mariposa Monarca.
MARIPOSA
MONARCA
El secretario Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comision de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales correspondiente a la LVIII Legislatura de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su dictaminación, la
proposición con punto de acuerdo relativo a "exhortar a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a establecer medidas de protección coordinada con los
gobiernos de los estados de México y Michoacán, para salvaguardar la integridad de la
mariposa Monarca".
La Presidencia de este órgano legislativo,
con fundamento en el artículo 23 fracción f de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, turnó a esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales dicha proposición, la cual fue analizada y dichos elementos tomados en cuenta
para la elaboración del presente documento.
Con fundamento en los artículos 39 y 45
fracción f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87,
88 y 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, esta comisión se abocó al estudio y análisis de la propuesta con
punto de acuerdo motivo del presente estudio, labor de la que se da cuenta, de acuerdo con
los siguientes
ANTECEDENTES
En sesión celebrada el día 21 de
noviembre de 2001 en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la
diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez a nombre del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo "para
exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer medidas de
protección coordinada con los gobiernos de los estados de México y Michoacán, para
salvaguardar la integridad de la mariposa Monarca".
En el cual se exhorta:
Primero. A la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales del Poder Ejecutivo Federal a establecer medidas de protección
coordinadas con los gobiernos del Estado de México y Michoacán, que permitan
salvaguardar la integridad de la mariposa Monarca en su próximo arribo.
Así como, establezca medidas de
contingencia en los próximos meses en las zonas núcleos de la mariposa Monarca con el
fin de proteger las zonas de hibernación de la mariposa Monarca y declare en esta
próxima temporada zona emergente de amortiguamiento de la mariposa Monarca. Estableciendo
como mínimo un guardabosques por cada 10 visitantes que acudan en esta próxima temporada
de hibernación.
Segundo. Que la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales del Poder Ejecutivo Federal establezca casetas de vigilancia
mucho antes de las zonas de amortiguamiento que permitan orientar a la población sobre el
comportamiento y las medidas que se deberán adoptar en el área.
Asimismo, que la Secretaría asuma su
responsabilidad de proteger el medio ambiente y promueva una mayor vigilancia aérea y
terrestre que permita salvaguardar la integridad de la zona con apoyo de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente o solicite la ayuda a la Secretaría de la Defensa
Nacional.
Por lo expuesto, la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales que dictamina formula las siguientes
CONSIDERACIONES
1. Tomando en cuenta que la reserva de la
biósfera de la mariposa Monarca, cuenta con ecosistemas únicos y teniendo en cuenta lo
establecido en el artículo 48 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente que a la letra dice:
"Las reservas de la biósfera se
constituirán en áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, representativas de
uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que
requieran ser preservados y restaurados, en los cuales habiten especies representativas de
la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en
peligro de extinción.
En tales reservas podrá determinarse la
existencia de la superficie o superficies mejor conservadas o no alteradas, que alojen
ecosistemas o fenómenos naturales de especial importancia o especies de flora y fauna que
requieran protección especial y que serán conceptuadas como zona o zonas núcleo.
En ellas podrá autorizarse la realización
de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación
científica y educación ecológica y limitarse o prohibirse aprovechamientos que alteren
los ecosistemas.
En las propias reservas deberá
determinarse la superficie o superficies que protejan la zona núcleo del impacto
exterior, que serán conceptuadas como zonas de amortiguamiento, en donde sólo podrán
realizarse actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí habiten al
momento de la expedición de la declaratoria respectiva o con su participación, que sean
estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento
sustentable, en los términos del decreto respectivo y del programa de manejo que se
formule y expida, considerando las previsiones de los programas de ordenamiento ecológico
que resulten aplicables.
2. La reserva tiene una superficie de 56
mil 259 hectáreas divididas en tres zonas núcleo, con una superficie total de
13,55.55,20.445 hectáreas y una zona de amortiguamiento, con una superficie total de
42,707.49,86.830 hectáreas.
Es una importante área de captación de
agua de lluvia, que alimenta numerosos cuerpos de agua en los estados de Michoacán y de
México, que abastecen a los centros urbanos y localidades de la región, así como a las
ciudades de México y Toluca.
3. El área referida forma parte de una
zona de enorme biodiversidad. Se tienen registradas 493 especies de plantas vasculares,
así como 49 especies de hongos, entre otras.
Alberga cinco tipos de vegetación: bosques
de oyamel que se caracterizan por la predominancia de abies religiosas y constituye el
hábitat característico de la mariposa Monarca; bosque de pino; bosque de encino y bosque
de cedro.
Cuenta con una gran diversidad de fauna
silvestre representada por 198 especies de vertebrados, de los cuales cuatro son anfibios
y seis reptiles, 132 de aves y 56 de mamíferos, destacando el coyote y el venado.
Además de la mariposa Monarca, la reserva
alberga especies que se encuentran catalogadas bajo diferentes categorías de protección,
como la Amanita muscaria que se encuentra amenazada; la Tilia mexicana que se encuentra en
peligro de extinción; la Acer Negundo var. Mexicanum que es endémica, solo por
mencionar algunas .
4. Y por último es el sitio de
hibernación y reproducción anual de millones de mariposas Monarcas, la cual es una
especie migratoria, de tal manera que los factores que parecen desencadenar el fenómeno
migratorio en la mariposa Monarca son la reducción del fotoperiodo en las latitudes
septentrionales que habita y la progresiva presencia de las masas de aire polar que abaten
drásticamente la temperatura en su rango de distribución al este de las montañas
rocallosas en Canadá y Estados Unidos.
Además, tomando en cuenta que los recursos
alimenticios de la mariposa atraviesan por un periodo de crisis total, ya que, las
diferentes plantas de cuyas flores dependen las monarcas, entran a un periodo de letargo
invernal, por lo que la disponibilidad de néctar se abate durante seis o siete meses,
debido a lo anterior las poblaciones de mariposa monarca empiezan a migrar hacia el sur a
través de tres rutas bien definidas.
Como respuesta al fenómeno migratorio la
mariposa Monarca experimenta una serie de adaptaciones, por ejemplo, incrementa su
resistencia al frío y a la fricción de las ráfagas de viento, establece una diapausa
reproductiva, desarrolla habilidades para el vuelo, la orientación y el planeo lo que le
permite conservar sus recursos energéticos, asimismo desarrolla la capacidad de almacenar
nutrientes en forma de lípidos y modifica su temperatura corporal con el propósito de
incrementar su tiempo de desplazamiento sin disminuir su masa lipídica. Cabe resaltar que
la actitud migratoria de las monarcas es específicamente diurna y también se ha
reportado que la migración puede desarrollarse ante la presencia de llovizna pertinaz.
Existen dos distintas poblaciones
norteamericanas de la Monarca. Una hiberna en California, cerca de Pacific Grove,
extendiéndose en el verano hacia el este, donde se localizan las montañas rocallosas .
La población oriental hiberna en la región central de México y emigra hacia el norte de
Estados Unidos y Canadá en el verano.
El ciclo de vida de la mariposa Monarca
esta dividido en fases o etapas a cada una de las cuales corresponde una forma física
diferente, por esta razón se le considera como un insecto holometábolo. El tiempo que
requiere para madurar durante su desarrollo se correlaciona en forma inversamente
proporcional con el fotoperiodo, duración de horas luz en el día y con la temperatura,
es decir, durante la primavera y el verano cuando las horas del día son más y las
temperaturas mayores el tiempo de vida de las monarcas es menor, mientras que su periodo
vital se alarga en otoño e invierno cuando las horas de luz disminuyen y las temperaturas
descienden, de tal manera que la permanencia de la etapas en cada ciclo de vida varían en
función del clima y de la región en donde se desarrollen los individuos.
El tiempo total para el desarrollo, desde
el huevo hasta la eclosión del adulto, se ha calculado entre cuatro y cinco semanas. El
tiempo de vida de los adultos es aproximadamente igual al que requiere para su desarrollo,
es decir, cuatro a cinco semanas para las generaciones que pasan toda su vida en el norte,
generaciones de primavera y verano. Las generaciones que eclosionan en los meses de
septiembre y principios de octubre dan origen a los adultos de invierno, cuyo periodo de
vida se incrementa hasta de ser de seis a siete meses. Esta marcada diferencia se debe a
dos tipos de respuesta fisiológicamente distinguibles, entre los adultos de primavera y
verano y los adultos de invierno; los primeros maduran sexualmente a partir de que han
transcurrido tres días después de la eclosión de la pulpa, mientras que los últimos,
interrumpen su proceso de madurez sexual durante seis a siete meses aproximadamente hasta
que el fotoperiodo y la temperatura se incrementan.
La Monarca, además de otras 156 especies,
pertenece a un grupo conocido como las mariposas algodoncillenses, que se alimentan de la
planta algodoncillo en el transcurso de la etapa larval. De este conjunto sólo cuatro se
encuentran en Norteamérica, de las cuales la Monarca es la única que emigra. El
algodoncillo no sólo proporciona alimentación a la Monarca durante su etapa larval, sino
que la protege de la depredación avícola durante toda su vida.
El algodoncillo contiene glucósidos
cardiacos, veneno que se almacena en los tejidos de las mariposas y causa molestias en el
aparato digestivo de las aves predadoras.
Dicha reserva se localiza entre los estados
de México y Michoacán; se encuentra comprendida dentro de los municipios mexiquenses de
Temas-calcingo, San Felipe del Progreso, Donato Guerra y Villa Allende y los michoacanos
de Contepec, Senguio, Angangueo, Ocampo, Zitácuaro y Aporo.
5. Los principales problemas que afectan a
la reserva son:
a) Deterioro, pérdida de recursos
naturales, en especial de bosques de oyamel y pino, que son los lugares de hibernación de
la mariposa Monarca.
b) Pocas oportunidades de empleo en la
zona.
c) Incendios forestales causados
principalmente por actividades agropecuarias.
d) Deforestación por cambios de uso de
suelo, como se menciona en el plan de manejo.
e) Tala clandestina de árboles. Dentro de
la reserva existen zonas críticas de ilícitos forestales. En el Estado de Michoacán los
principales ejidos donde se comete este ilícito son: ejido la Rondanilla, municipio de
Agangueo; ejido Emiliano Zapata y Asoleadero, municipio de Ocampo.
Comunidad Cresencio Morales, Lomas de
Aparicio, localidades la Dieta, Macho de Agua y Ejido y Comunidad Nicolás Romero, todos
ellos en el municipio Zitácuaro. Por el Estado de México se encuentran Concepción del
Monte; Rosa de Palo Amarillo, San Felipe de Jesús, municipio San Felipe del Progreso;
Cuesta del Carmen, municipio. Villa de Allende; El Capulín y San Juan Xoconusco,
municipio Donato Guerra.
3114,3115,3116
f) Plagas y enfermedades forestales.
g) Fuerte presión sobre los recursos
naturales debido a la marginalidad, pobreza y una alta densidad de población.
h) Poca participación comunitaria en
actividades de conservación y desarrollo sustentable.
i) Incremento en el número de visitantes y
actividades turísticas en torno a las colonias de mariposas en forma desordenada.
j) Falta de servicios para la población.
k) Cierre de fuentes de empleo y falta de
ordenamiento de las actividades mineras.
l) Necesidad de una mayor coordinación
interinstitucional.
m) Falta de canales adecuados de
comunicación con los diferentes grupos que habitan en la reserva.
6. Debemos tomar en cuenta que aunada a
toda esta problemática se encuentra la de asignación de recursos para vigilancia tanto
de manera material como humana, ya que según el Programa de Inspección en la Reserva de
la Biósfera de la Mariposa Monarca, los recursos se encuentran repartidos de la siguiente
manera:
La reserva cuenta con 23 inspectores para
el cuidado de la misma, estos aportados de la siguiente manera: seis la Profepa Estado de
México; seis la Profepa Michoacán; ocho gobierno del Estado de México; tres gobierno
del Estado de Michoacán; cero la PFP; cero la Sedena; 13 vehículos, seis módulos de
inspección y vigilancia, ocho comités de vigilancia, 35 guardabosques (los cuales son
aportados todos por el Estado de México); seis radios móviles, 11 radios portátiles,
cuatro radios bases, presupuesto 600 mil (los cuales son aportados por la Profepa de
Michoacán).
Tomando en cuenta lo anterior queda muy
claro que hace falta más recursos para la inspección y vigilancia de la reserva, ya que
un solo inspector en este caso, tendría que vigilar 2 mil 446 hectáreas, situación que
resulta ineficiente.
Por otro lado también en cuanto al equipo
material con el que se cuenta es escaso, para la amplia zona que se tiene que vigilar, ya
que se menciona que uno de los problemas más fuertes es la tala ilegal; esto hace que se
agrave el deterioro de pérdida de los recursos, hablando de manera especial de los
bosques de oyamel y pino, que son los lugares de hibernación de la mariposa Monarca.
Aunado a esto los incendios forestales, los
cuales son causados principalmente por actividades agropecuarias y sin dejar de mencionar
la deforestación por cambio de uso de suelo, esto sólo por mencionar algunos argumentos
necesarios para implementar más personal de vigilancia en la zona; así como aumentar
más casetas de vigilancia para que refuercen la actividad conjunta del personal de
inspección.
Por otra parte, la Comisión Nacional
Forestal (Conafor), creada por decreto el día 4 de abril de 2001, plantea en su artículo
3o. lo siguiente: "la comisión tendrá por objeto desarrollar, favorecer e impulsar
las actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, así
como participar en la formulación de planes y programas y en la aplicación de la
política de desarrollo forestal sustentable".
En su artículo 4o. fracción V a la letra
dice: "apoyar la ejecución de programas de bienes y servicios ambientales que
generen los recursos forestales". En el mismo artículo 4o. fracción X comenta lo
siguiente: "participar con las autoridades competentes en la promoción y definición
de acciones y programas de investigación, educación y cultura forestal".
Dentro de la visión de la Comisión
Nacional Forestal encontramos que a la letra dice lo siguiente: "se habrá
contribuido al fortalecimiento de la seguridad nacional, ya que disminuirá la tala
clandestina y otras actividades ilícitas,... Se contará con el ordenamiento territorial
para establecer el uso de suelo de acuerdo a su vocación natural".
Por lo expuesto y fundado en los puntos
anteriores, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que dictamina, somete a la
consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se exhorta a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Nacional Forestal, para que
con base en las argumentaciones anteriores, realice las siguientes acciones: aumente el
número de inspectores, al menos al doble de lo que está estipulado en el programa de
inspección y vigilancia de la Profepa.
Así como aumente el número de casetas de
vigilancia, al menos a 12, de lo que está en el mismo programa de inspección y
vigilancia de la Profepa.
Segundo. Se exhorta al gobierno del Estado
de Michoacán para que iguale en sus zonas boscosas la presencia de guardabosques, que
mantiene el Estado de México, realizando así un trabajo conjunto para salvaguardar el
ecosistema.
Tercero. Que se lleven de manera estricta
las acciones que se proponen en el plan de manejo, en cuanto a regular y ordenar la
actividad turística en los santuarios de la mariposa Monarca a efecto de evitar el
deterioro de los bosques de oyamel.
Cuarto. Que realmente se difunda durante el
año la información y que se establezcan de manera efectiva las señalizaciones
necesarias para orientar y lograr el buen comportamiento de los visitantes de la reserva.
Quinto. Se exhorta a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal, para que en
conjunto con los gobiernos de los estados involucrados realicen un mayor esfuerzo en
materia de restauración y reforestación de los bosques de oyamel y pino, para
conservación del hábitat de la mariposa Monarca.
Sexto. Exhortar a las autoridades
federales, estatales y municipales competentes para que no se permitan más cambios de uso
de suelo.
Palacio Legislativo, a 29 de abril de
2002.— Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Diputados: Diego
Cobo Terrazas, presidente; Miguel Angel Gutiérrez Machado, Gustavo Lugo Espinoza,
Jesús Garibay García y Jesús de la Rosa Godoy, secretarios; Ramón Ponce
Contreras, José María Tejeda Vázquez, Juan Carlos Sainz Lozano, Raúl Gracia Guzmán,
Francisco Arano Montero, Sergio García Sepúlveda, Rómulo Garza Martínez, Carlos
Pallares Bueno, Rafael Ramírez Agama, Rafael Ramírez Sánchez, Miguel Angel Torrijos
Mendoza, Librado Treviño Gutiérrez, José María Guillén Torres, Pedro Manterola Sainz,
José Jacobo Nazar Morales, José Manuel Díaz Medina, Héctor Pineda Velázquez, Silvano
Aureoles Conejo, Miguel Bortolini Castillo, Rosa Delia Cota Montaño, Jaime
Rodríguez López, Albino Mendieta Cuapio, Julio César Vidal Pérez, Vitalico Cándido
Coheto Martínez y Raúl Efrén Sicilia Salgado.»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Está a discusión el punto de acuerdo
vinculado con la mariposa Monarca.
Los diputados que tengan comentarios en pro
o en contra del punto de acuerdo vinculado con la mariposa Monarca...
No habiendo ninguna intervención, en
votación económica pregunte si se aprueba.
El secretario Adrián Rivera Pérez:
En votación económica se pregunta si se
aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobado.
La Presidenta:
Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
MET-MEX
PEÑOLES (II)
La Presidenta:
Antes de recuperar la discusión sobre el
punto de acuerdo vinculado con Met-Méx Peñoles, ¿quisiera la Secretaría vuelva a dar
lectura a los resolutivos del punto de acuerdo?
La secretaria Martha Silvia
Sánchez
González:
Primero. Ténganse por dictaminados los
puntos de acuerdo de referencia en los términos del presente documento.
Segundo. Se requiere la comparecencia del
Secretario de Salud, del Secretario de Medio Ambiente, del Procurador Federal de
Protección al Ambiente, en los términos solicitados en los puntos de acuerdo.
Tercero. Se solicita de los funcionarios
antes citados, informen acerca de los daños a la salud y al medio ambiente, que se han
provocado, así como las medidas adoptadas para la restauración de la salud de los
ciudadanos y del medio ambiente.
Cuarto. Solicitar a los funcionarios
compromisos a corto plazo con el fin de solucionar el problema de contaminación y salud
pública, generados por la Empresa Met-Méx Peñoles, S.A. de C.V.
Quinto. Que las autoridades
correspondientes, así como la empresa responsable, proporcionen los recursos necesarios
para resarcir los daños tanto a la salud de los ciudadanos como al medio ambiente
provocados en la población de Torreón por el cúmulo de contaminantes emitidos por la
Empresa Met-Mex Peñoles. Estas acciones deberán iniciarse a más tardar a los 60 días a
partir del día que esta soberanía notifique su resolución.
Los resultados y los procesos de dichas
acciones serán vigilados directamente por la Cámara de Diputados, con la participación
de académicos e investigadores con amplia experiencia al respecto.
Así lo acordaron y firmaron los diputados
que integran estas comisiones.
La Presidenta:
Gracias, señora diputada.
Por la complejidad de este punto de
acuerdo, voy a proceder a ordenar su discusión en lo general y en lo particular, porque
me da la impresión de que los resolutivos del primero al cuarto no tienen ninguna
problemática y que el resolutivo quinto es al que se refirieron algunos oradores.
Tiene la palabra el diputado Gutiérrez
Machado.
El diputado Miguel Angel
Gutiérrez
Machado (desde su curul):
Señora Presidenta, solamente para señalar
que hemos platicado con el diputado Candiani y los miembros de las comisiones de Salud y
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El está de acuerdo en que el dictamen se acuerde
en los términos originales.
Eso, dejando claro que cualquier opinión
de cualquier diputado en este sentido será bien recibida en el seno de las comisiones.
La Presidenta:
Gracias.
El diputado Cuauhtémoc Montero.
El diputado
Cuauhtémoc Rafael Montero
Esquivel (desde su curul):
Igualmente señora Presidenta, aceptamos el
dictamen que han elaborado las comisiones antes mencionadas para que esto finalmente
salga.
La Presidenta:
Gracias.
Esta Presidencia se someterá al criterio
de la Asamblea, pero tengo por obligación que quede constancia de que personalmente tengo
alguna preocupación jurídica, para el caso de las atribuciones de la Cámara de
Diputados, en el resolutivo quinto y me gustaría dejarlo asentado, siendo respetuosa de
las determinaciones de este pleno, a menos que algún diputado abogado pudiese hacernos
alguna consideración.
El diputado Tomás Torres.
El diputado Tomás Torres Mercado
(desde su curul):
Gracias, señora Presidenta.
El efecto de la contaminación en el medio
ambiente, producto de una unidad económica, de una planta de esta naturaleza,
eventualmente sería de la competencia no de la Secretaría de Economía, sino de la
Secretaría del Trabajo, en lo que toca a seguridad e higiene.
Cuando la contaminación produce alguna
enfermedad de tipo profesional en la plantilla laboral de la empresa, es de la competencia
del Instituto Mexicano del Seguro Social en lo que hace a la enfermedad profesional. Me
parece que la competente sería, en todo caso, la Secretaría del Trabajo y no la
Secretaría de Economía.
La Presidenta:
Para cuidar la juridicidad de nuestros
actos, yo quisiera someter a la consideración de los miembros de las comisiones,
entendiendo que es un procedimiento heterodoxo, este planteamiento.
3117,3118,3119
Quinto. Que de conformidad con la
legislación vigente, en caso de proceder, las autoridades correspondientes etcétera
Consulto con las comisiones. Están de
acuerdo las comisiones. Entonces, para que quede claro, es el texto de los resolutivos tal
y como están en el dictamen que fue distribuido, con una adición, el resolutivo quinto,
que diga "que de conformidad con la legislación vigente, en caso de proceder, las
autoridades correspondientes etcétera", tal y como está el texto.
Consulte la Secretaría, en votación
económica, si es de aprobarse el dictamen con la adición planteada.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Por instrucciones de la Presidencia, se
consulta a la Asamblea si es de aprobarse el dictamen en general, los resolutivos, más la
adición que ha señalado la Presidenta de la Mesa Directiva.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
La Presidenta:
El siguiente punto es el acuerdo en torno a
los cauces de los arroyos en Ensenada, Baja California.
El secretario Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales correspondiente a la LVIII Legislatura de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su dictaminación, la
proposición con punto de acuerdo por el que se propone exhortar a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a
las autoridades del Estado de Baja California para que realicen las diligencias necesarias
a fin de controlar los problemas ambientales generados por la extracción de materiales
pétreos presentada por la diputada Erika Spezia Maldonado, del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México.
ANTECEDENTES
1. En la sesión pública del pleno de la
Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión,
celebrada el día 1o. de agosto de 2001, la diputada Erika Spezia Maldonado, integrante
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó la proposición
con punto de acuerdo por el que se propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a las
autoridades del Estado de Baja California para que realicen las diligencias necesarias a
fin de controlar los problemas ambientales generados por la extracción de materiales
pétreos.
2. La Presidencia de este órgano
legislativo, con fundamento en el artículo 23 fracción f de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turnó a esta Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales dicha proposición, la cual fue analizada y dichos elementos
tomados en cuenta para la elaboración del presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 39 y 45
fracción f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, esta comisión se abocó al estudio y análisis de la propuesta con punto de
acuerdo motivo del presente dictamen, labor de la que se da cuenta, de acuerdo con las
siguientes
CONSIDERACIONES
1. De la cuidadosa lectura y correcta
interpretación del párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se desprende por exclusión que la explotación de bancos de
materiales de construcción, no son de naturaleza distinta de los componentes de la tierra
que los componentes de los terrenos que los contienen, por lo cual no se encuentran
clasificados como del dominio de la Federación.
2. La Ley Minera en su artículo 5o.
fracción IV exceptúa del régimen de aplicación federal a los materiales de
construcción consistentes en rocas o productos de descomposición que sólo se utilicen
para la fabricación de materiales como en piedra, arena, tierra, cantera, cal y
similares.
3. En lo que hace a la legislación
ambiental, es meritorio destacar que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, prevé como "ley marco", un sistema de competencias
afines y diferenciadas para los tres niveles de Gobierno y para la especie se señala:
Artículo 7o. Corresponden a los estados,
de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las
siguientes facultades:
II. La aplicación de los instrumentos de
política ambiental previstos en las leyes locales en la materia.
X. La prevención y el control de la
contaminación generada por el aprovechamiento de las sustancias no reservadas a la
Federación, que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de los
terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse
para la fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obra.
XVI. La evaluación del impacto ambiental
de las obras o actividades que no se encuentren expresamente reservadas a la Federación,
por la presente ley y en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35-bis-2 de la presente ley.
XXI. La atención de los demás asuntos que
en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les
conceda esta ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados
expresamente a la Federación.
A mayor abundamiento, vale explicar que en
materia de aplicación de instrumentos de política ambiental locales, se debe entender
que el Congreso local, vía la expedición de la nueva ley o de alguna reforma a la
existente y por último la fracción XXI del mismo artículo 7o., como "cláusula
residual", otorga la facultad a los estados de legislar cualquier asunto que no se le
haya otorgado a la Federación y que tenga concordancia con el cumplimiento de los
objetivos de la Ley en Materia de Preservación al Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente.
4. No obstante que la materia de la
proposición con punto de acuerdo motivo del presente dictamen es, en apariencia, de
competencia local, es de resaltar y tomar en cuenta la preocupación de los diputados
promoventes, en el sentido de exhortar a las autoridades ambientales federales para que,
en el ejercicio de las facultades que la ley de la materia les confiere, se determine si,
en su caso, la explotación de materiales pétreos que nos ocupa se realiza en
contravención de la legislación federal aplicable y si dicha actividad no está
afectando cuerpos y cursos hidráulicos de competencia federal. Por ello, el exhorto
respectivo se deberá realizar en ese sentido, a fin de no vulnerar las facultades de las
autoridades locales y municipales competentes en lo que se refiere única y exclusivamente
a la actividad misma; más no a los efectos que ésta pueda estar teniendo en el medio
ambiente.
5. Asimismo, es conveniente destacar que,
con independencia de cuestiones competenciales, a toda petición formulada en términos de
artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe recaer
una respuesta por escrito fundada y motivada a sus promoventes, por lo que la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no puede, válidamente abstenerse de
cumplir con dicho mandato constitucional.
Por las consideraciones expuestas, los
integrantes de esta comisión nos permitimos poner a la consideración del pleno de la
Cámara de Diputados, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. En los términos de las
consideraciones vertidas, se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional
del Agua, para que informen a esta soberanía sobre las acciones que se están realizando
en materia ambiental federal, respecto de la denuncia popular presentada ante la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente respecto a la explotación de materiales
pétreos en el municipio de Ensenada, Baja California, así como de las circunstancias
competenciales y ambientales bajo las cuales se otorgó o se otorgaron la o las
concesiones para la explotación de dichos materiales en los cauces de los arroyos en el
municipio de Ensenada.
Dado en el Palacio Legislativo San Lázaro,
a 24 de abril de 2002.— Diputados: Diego Cobo Terrazas, presidente; Jesús
de la Rosa Godoy, Gustavo Lugo Espinoza, Miguel Angel Gutiérrez Machado, Jesús Garibay
García, secretarios; Francisco Arano Montero, Silvano Aureoles Conejo, Miguel
Bortolini Castillo, Vitalico Cándido Coheto Martínez, Rosa Delia Cota Montaño, José
Manuel Díaz Medina, Sergio García Sepúlveda, Rómulo Garza Martínez, Raúl Gracia
Guzmán, José María Guillén Torres, Pedro Manterola Sáinz, Albino Mendieta Cuapio,
José Jacobo Nazar Morales, Juan Carlos Pallares Bueno, Héctor Pineda Velázquez, Ramón
Ponce Contreras, Rafael Ramírez Agama, Rafael Ramírez Sánchez, Jaime Rodríguez López,
Juan Carlos Sáinz Lozano, Raúl Efrén Sicilia Salgado, José María Tejeda Vázquez,
Miguel Angel Torrijos Mendoza, Librado Treviño Gutiérrez y Julio César Vidal
Pérez.»
La Presidenta:
Se pregunta si hay oradores en pro o en
contra.
No habiendo, consulte la Secretaría a la
Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El secretario Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
En votación económica, se pregunta si se
aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
CUENCA HIDROLOGICA LERMA-CHAPALA
La Presidenta:
El siguiente punto de acuerdo, por favor.
La secretaria Martha Silvia
Sánchez
González:
Sobre la recuperación y consevación de la
cuenca hidrológica Lerma-Chapala.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, fue turnada para su estudio y dictamen, las proposiciones con punto de acuerdo
para que se requiera al Ejecutivo Federal decrete un programa integral de recuperación y
conservación de la cuenca hidrológica Lerma-Chapala y del comunicado del Congreso del
Estado de Jalisco con el que se remite acuerdo económico pronunciándose a favor de hacer
una solicitud a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y a la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que intervengan y tomen medidas urgentes y
jurídicas, para salvar el lago de Chapala, así como las pertinentes en la
administración del agua, presentada por la diputada María Cristina Moctezuma Lule del
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y por el Congreso local de
Jalisco los días 7 de febrero de 2001 y el 19 de abril de 2001; las proposiciones con
punto de acuerdo para que se requiera al Ejecutivo Federal decrete un programa integral de
recuperación y conservación de la cuenca hidrológica Lerma-Chapala y del comunicado del
Congreso del Estado de Jalisco con el que se remite acuerdo económico pronunciándose a
favor de hacer una solicitud a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y a la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que intervengan y tomen medidas
urgentes y jurídicas, para salvar el lago de Chapala, así como las pertinentes en la
administración del agua.
Estas comisiones con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 39 y 45 en su numeral 6 incisos e, f y g
y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 60, 87 y 88 y demás relativos
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente punto
de acuerdo de conformidad con los siguientes
ANTECEDENTES
1. Ubicado en la parte sur de la
altiplanicie mexicana, el lago Chapala es el más grande de la República Mexicana y el
tercero en tamaño en América Latina. Abasteciéndose en un 50% de su capacidad por el
desagüe del río Lerma, este lago es el vaso regulador de la cuenca hidrológica formada
por los ríos Lerma, Santiago y Pacífico y abarca aproximadamente 129 mil 263 kilómetros
cuadrados dentro de los estados de Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Michoacán,
Aguascalientes, Jalisco y Nayarit, siendo la fuente principal de suministro de agua para
varios millones de personas, miles de industrias, hectáreas de riego y ciudades enteras
de los estados señalados.
2. El ecosistema existente en la cuenca
hidrológica Lerma-Chapala presenta características físicas y climáticas de gran
importancia para la agricultura, ganadería y pesca, además de ser el hábitat de
numerosas especies de fauna y flora entre las que se encuentran especies en peligro de
extinción, amenazadas o endémicas de cuya subsistencia depende el equilibrio ecológico
de la región entera, tales como la polluela amarilla (cotumicops noveboracensis),
el pachachirri (geothlypis speciosa), el ajolote del Lerma (ambystoma lermaense)
o el pescado blanco (chirostoma rioja); además de 15 especies de plantas
endémicas. También debe destacarse que esta región, por su propia naturaleza es el
hábitat invernal de más de 20 especies de patos y cercetas migratorias, las cuales
conforman una de las mayores concentraciones del altiplano central.
3120,3121,3122
De manera genérica, puede establecerse que
las principales amenazas para este ecosistema actualmente son las siguientes:
• Los altísimos índices de
contaminación del agua y los mantos acuíferos de toda la cuenca hidrológica, derivados
de la excesiva acumulación de nutrientes, químicos persistentes y metales pesados, que
provienen de menor a mayor escala, de los usos domésticos y urbanos de todas las
poblaciones aledañas, de los plaguicidas y fertilizantes utilizados en las actividades
agrícolas y ganaderas de la región y de las descargas descontroladas de aguas residuales
de las múltiples industrias (petroquímicas, textiles, metalúrgicas, curtidoras,
etcétera, que como consecuencia de una deficiente planeación del desarrollo urbano, se
han asentado alrededor de toda la cuenca.
• La deshidratación progresiva y
creciente del lago Chapala, ocasionada en gran medida por los avanzados procesos de
eutroficación, que se dan como consecuencia de la descarga de grandes cantidades de
material orgánico y químico en las aguas de la cuenca, que además favorecen la
aparición de maleza acuática y plagas incontrolables como los lirios, que a su vez
ocasionan diversas enfermedades y la evaporación innecesaria de enormes volúmenes de
agua.
3. Por otra parte, el análisis del caso
que motiva el presente punto de acuerdo, debe situarse dentro del contexto de uno de los
más grandes problemas nacionales, consistente en la escasez de agua en un número cada
vez más creciente de regiones del país, en las que no coincide la disponibilidad del
recurso con la ubicación geográfica de las poblaciones, el crecimiento demográfico y la
satisfacción de necesidades humanas directas, las actividades productivas y el
mantenimiento de los ecosistemas. La disparidad entre la oferta y la demanda de este
recurso indispensable para la vida humana y el desarrollo del país, ha llevado cada vez
más a una sobreexplotación insostenible de los mantos acuíferos, que provoca daños
irreversibles en las cuencas hidrológicas de México, debido a la intrusión salina, la
presencia de arsénico en los suelos, el hundimiento de tierras y costos energéticos y de
extracción inaceptables.
En la región que nos ocupa para el
análisis y atención de la problemática apuntada, existe desde el 28 de enero de 1993 el
Consejo de Cuenca Lerma-Chapala y desde el 2 de septiembre de 1998 la Comisión de la
Cuenca del Lago de Chapala.
4. Finalmente, debe mencionarse que desde
hace muchos años, se han interpuesto varias acciones legales en diversas vías y en
distintos estados de la República, promovidas por diferentes sectores sociales, que
demandan la solución urgente a la problemática de la devastación de la cuenca
Lerma-Chapala. Entre las acciones intentadas por varias comunidades, existen algunas
denuncias penales de grupos campesinos y pescadores ante la Procuraduría General de la
República, denuncias populares ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y
quejas presentadas ante las comisiones nacional y local de Derechos Humanos de los
diferentes estados afectados por la destrucción de este ecosistema.
No obstante lo anterior, frente a la
compleja y creciente problemática de la cuenca hidrológica Lerma-Chapala las medidas que
hasta ahora se han tomado para intentar frenar los procesos de deterioro han sido
parciales e insuficientes: en materia ambiental existe un decreto de área natural
protegida mediante el cual la región conocida como "Ciénegas de Lerma" en el
Estado de México, fue declarada zona de protección de recursos naturales por ser un
ecosistema de una alta diversidad biológica y una gran fragilidad ambiental,
representativo de los últimos humedales del altiplano central. Sin embargo; esta
protección abarca únicamente una parte de la cuenca, cuya conservación debe buscarse de
manera integral.
Cabe destacar que el ejercicio de acciones
para la defensa de los recursos naturales de esta importante cuenca hidrológica, ha
trascendido el ámbito nacional, toda vez que incluso existe una petición suscrita en
1997 por miembros de la comunidad de la rivera del lago de Chapala al secretariado de la
comisión del acuerdo de Cooperación Ambiental de los gobiernos de México, Estados
Unidos y Canadá (ACAAN), reclamando con fundamento en los artículos 14 y 15 de dicho
acuerdo la aplicación efectiva de la legislación ambiental en la región Lerma-Chapala.
A partir de estos antecedentes narrados,
los miembros de las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Pesca
que suscriben el presente punto de acuerdo, exponemos las siguientes
CONSIDERACIONES
1. A efecto de determinar la viabilidad de
la propuesta vertida en el presente punto de acuerdo resulta procedente analizar en primer
término las bases constitucionales y legales en que podría sustentarse el requerimiento
al Ejecutivo Federal de decretar un Programa Integral de Recuperación y Conservación de
la Cuenca Hidrológica Lerma-Chapala.
Con fundamento en el párrafo tercero del
artículo 27 constitucional se establece que deberán dictarse las medidas necesarias para
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de las tierras, aguas y
bosques que constituyen la propiedad originaria de la nación, a efecto de, entre otras
cosas, regular la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población,
así como preservar y restaurar el equilibrio ecológico.
Derivado de lo anterior y con fundamento en
el artículo 7o. fracciones II y IV de la Ley de Aguas Nacionales reglamentaria de dicho
precepto constitucional, se declara de utilidad pública la protección, mejoramiento y
conservación de las cuencas, acuíferos, cauces, vasos y demás depósitos de propiedad
nacional, así como el restablecimiento del equilibrio hidrológico de las aguas
nacionales. También, en el artículo 85 de dicha ley se declara de interés público la
promoción y ejecución de las medidas y acciones necesarias para proteger la calidad del
agua.
Por otra parte, con fundamento en el
artículo 4o. de la Ley de Aguas Nacionales se establece que la autoridad y
administración de las aguas nacionales y sus bienes públicos corresponde al Ejecutivo
Federal; que podrá ejercerla directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua,
órgano que por disposición expresa del artículo 86 fracción II de dicho ordenamiento
tiene a su cargo "formular programas integrales de protección de los recursos
hidráulicos en cuencas hidrológicas y acuíferos, considerando las relaciones existentes
entre los usos de suelo y la cantidad y calidad del agua".
A efecto de garantizar una protección
completa para la cuenca hidrológica Lerma-Chapala resulta viable y procedente requerir a
la autoridad competente para hacerlo, la expedición de un programa integral de
protección de los recursos hidráulicos de dicha cuenca hidrológica, resultando
fundamental para lo anterior, atender en primer lugar a los usos de suelo que actualmente
prevalecen en la región y de los que depende la realización de las diversas actividades
antrópicas, agrícolas, industriales y urbanas, que definen en gran medida la calidad de
agua de toda la zona de influencia de este ecosistema.
2. Además de lo antes expuesto y fundado
existen dentro de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento otras figuras legales que
resultan aplicables a la problemática de la cuenca hidrológica Lerma-Chapala, que deben
considerarse para diseñar una propuesta integral tendiente a frenar y revertir el proceso
de deterioro de dicho ecosistema, como son el establecimiento de zonas reglamentadas, de
veda o reserva, que pueden establecerse con fundamento en el artículo 38 de la ley citada
y 73, 74, 76, 77 y 78 de su reglamento y que pueden decretarse entre otras causas para
prevenir o remediar la sobreexplotación de los acuíferos y para proteger o restaurar un
ecosistema.
Ahora bien, como lo establecen los
preceptos citados de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, la declaración de una
zona reglamentada o de veda dependerá de la realización de estudios técnicos que debe
elaborar y publicar la Comisión Nacional del Agua, mismos que, por disposición expresa
del artículo 73 del reglamento señalado, deberán realizarse con la participación de
los usuarios de los servicios hidráulicos de la región, que deberá darse a través de
los consejos de cuenca.
3. También, para el diseño de una
estrategia integral para la protección, conservación y restauración de la cuenca
hidrológica Lerma-Chapala, deben analizarse las diversas disposiciones aplicables que
existen dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
toda vez que dentro de la misma se prevén diversos mecanismos y figuras legales que
resultan aplicables de manera complementaria a un programa integral para la protección de
las cuencas hidrológicas y a la declaración de una zona reglamentada o de veda para la
protección de los recursos hidráulicos amenazados.
En este sentido, puede requerirse la
declaración de alguna de estas dos figuras legales:
a) Area de protección de recursos
naturales: previstas por el artículo 53 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente. Estas zonas ce protección pueden constituirse en aquellas áreas
destinadas a la preservación de las cuencas hidrográficas. Se consideran dentro de esta
categoría las zonas de protección de ríos, lagos y demás cuerpos de aguas nacionales
destinados a abastecimiento de aguas para el servicio de las poblaciones.
Cabe destacar que el área natural
protegida en las Ciénegas de Lerma que se menciona en el antecedente número cuatro del
presente dictamen es de este tipo. Sin embargo, el decreto al que se ha hecho alusión,
protege únicamente una parte de la cuenca Lerma-Chapala dentro del Estado de México, que
como antes se mencionó abarca otros seis estados de la República por lo que resulta de
gran importancia implementar las medidas necesarias para garantizar la protección,
conservación restauración integral de este ecosistema de forma integral, atendiendo a la
diversidad del mismo, de las actividades productivas, industriales y urbanas que se llevan
a cabó en su zona de influencia y partiendo de un análisis real y completo del estado
actual de cada región de dicha cuenca hidrológica.
b) Zona de restauración ecológica: de
acuerdo con el artículo 78-bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, en los lugares en que existan procesos acelerados de degradación
que impliquen la pérdida de recursos naturales de difícil regeneración o afectaciones
.irreversibles a los ecosistemas y sus elementos, pueden decretarse estas zonas
protegidas. Deberán formularse y ejecutarse programas de restauración que determinen las
acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que
propicien la continuidad y evolución de los procesos naturales que en ellas se
desarrollaban.
De esta manera, resulta también procedente
requerir al Ejecutivo Federal, para complementar la propuesta vertida en el punto de
acuerdo motivo del presente dictamen, que con fundamento en el artículo 5o. fracciones
VIII y XX de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que se
refieren respectivamente a las facultades de la Federación para el establecimiento de las
áreas naturales protegidas de su competencia, así como para la atención de los asuntos
que afecten el equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas, se lleven a cabo
los estudios previstos en los artículos 58 y 78-bis de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente para justificar la declaración de un área
natural protegida, zona de protección de recursos naturales que garantice la protección
integral de las zonas más frágiles y deterioradas de la cuenca hidrológica
Lerma-Santiago, así como para decretar dentro de la misma, las zonas de protección
ecológica que resulten necesarias para su recuperación y conservación.
Debe atenderse con especial cuidado a la
elaboración de los programas de manejo de áreas naturales protegidas que se decreten,
considerando dentro de los mismos la formulación y ejecución de los programas de
restauración ecológica que deban implementarse en las áreas mas afectadas, mismos que
pueden incluirse como subcomponentes de dichos programas de manejo.
4. Finalmente, considerando que además de
la existencia de las diversas acciones legales que a nivel nacional se han interpuesto por
diferentes miembros de las comunidades afectadas, para demandar la atención urgente de
las autoridades competentes para la problemática que atraviesa la cuenca hidrológica
Lerma-Chapala, existe una petición suscrita al secretariado de la Comisión de
Cooperación Ambiental de América del Norte. Debe también analizarse el contenido de
este.
Dentro del acuerdo de cooperación
ambiental de América del Norte existen tres objetivos principales que se refieren a:
I. Derivado de la concepción de un
ecosistema compartido por los tres países parte de este acuerdo, se busca la cooperación
mutua para conservar, proteger y mejorar el medio ambiente incluidas la flora y fauna
silvestres;
II. A la necesidad de evitar distorsiones y
barreras al comercio y
III. A promover la aplicación y
observancia efectiva de la legislación ambiental interna.
En este contexto, considerando que en el
presente caso hay varios antecedentes del ejercicio de diferentes acciones en el ámbito
nacional para demandar la aplicación efectiva de la legislación de protección y
conservación de los recursos naturales, mismas que no han sido resueltas como puede
comprobarse de la situación de grave deterioro de la cuenca hidrológica Lerma-Chapala,
resulta evidente que existe una pauta persistente de omisiones de la legislación
ambiental por parte de nuestro país, que podrían dar origen a la elaboración de un
expediente de hechos previstos por el artículo 15 del acuerdo antes citado o incluso al
procedimiento de solución de controversias del artículo 22 del mismo tratado
internacional, a efecto de buscar una solución eficaz para la atención de la compleja
problemática que ha motivado este dictamen legislativo.
3123,3124,3125
En virtud de lo anterior, se considera
también procedente requerir de las autoridades ambientales competentes, información
sobre las diversas peticiones y acciones ante ellas presentadas para la protección de la
cuenca hidrológica Lerma-Chapala, con la finalidad de estar en posibilidades de analizar
si en el caso concreto se está frente a una pauta persistente de violación de las normas
ambientales aplicables y por lo tanto, como se señala en la propuesta con punto de
acuerdo en que se basa este dictamen, pueden buscarse diversas soluciones para la
problemática de dicha región mediante la cooperación internacional con los países
parte de este importante tratado internacional.
Por las consideraciones expuestas, los
integrantes de esta comisión nos permitimos poner a la consideración del pleno de la
Cámara de Diputados, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se solicita a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, una extensa y completa copia del Programa Integral de
Protección de la cuenca hidrológica Lerma-Chapala.
Segundo. Que en complemento al
requerimiento antes señalado, se requiera al Ejecutivo Federal, mediante la Comisión
Nacional del Agua, la realización de los estudios técnicos necesarios para determinar la
procedencia de decretar en la cuenca hidrológica Lerma-Chapala una zona reglamentada o de
veda.
Tercero. Se determina también procedente
requerir al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales se lleven a cabo los estudios técnicos necesarios para justificar la
emisión de una declaratoria de área de protección de recursos naturales en adición a
la ya existente en la región, así como para evaluar la necesidad de formular y ejecutar
programas de restauración ecológica en las zonas más degradadas de la cuenca
hidrológica Lerma-Chapala, o en aquéllas en riesgo de desequilibrio ecológico.
Cuarto. Se determina también procedente
requerir a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, información sobre la
existencia de un procedimiento relacionado con la omisión de una aplicación efectiva de
la legislación ambiental nacional dentro de la cuenca hidrológica Lerma-Chapala.
México, D.F., a 18 de abril de 2002.—
Diputados: Diego Terrazas Cobo, presidente; Jesús de la Rosa Godoy, Gustavo
Lugo Espinoza, Miguel Angel Gutiérrez Machado y Jesús Garibay García,
secretarios; Francisco Arano Montero, Silvano Aureoles Conejo, Miguel Bortolini
Castillo, Vitalico Cándido Coheto Martínez, Rosa Delia Cota Montaño, José Manuel Díaz
Medina, Sergio García Sepúlveda, Rómulo Garza Martínez, Raúl Gracia Guzmán, José
María Guillén Torres, Pedro Manterola Sainz, Albino Mendieta Cuapio, José Jacobo Nazar
Morales, Juan Carlos Pallares Bueno, Héctor Pineda Velázquez, Ramón Ponce Contreras,
Rafael Ramírez Agama, Rafael Ramírez Sánchez, Jaime Rodríguez López, Juan Carlos
Sainz Lozano, Raúl Efrén Sicilia Salgado, José María Tejeda Vázquez, Miguel Angel
Torrijo Mendoza, Librado Treviño Gutiérrez y Julio César Vidal Pérez.»
La Presidenta:
Se pregunta si hay oradores en pro o en
contra.
No habiendo oradores en pro ni en contra,
consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto
de acuerdo.
La secretaria Martha Silvia
Sánchez
González:
Por instrucciones de la Presidencia, en
votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.
TRABAJADORES MIGRATORIOS
La Presidenta:
El siguiente punto de acuerdo es el
relativo a los trabajadores migratorios mexicanos.
El secretario Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de
Relaciones Exteriores.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados le fue turnado para su estudio y dictamen
el punto de acuerdo remitido por el Congreso de Zacatecas, en el cual solicita se emita un
pronunciamiento similar de condena a la resolución de la Suprema Corte de Estados Unidos
de América, con respecto a los trabajadores mexicanos en situación migratoria irregular.
Los diputados federales de la LVIII
Legislatura de la Cámara de Diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 60, 87 y 88 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la
Asamblea el siguiente dictamen, por las siguientes
CONSIDERACIONES
En fecha 11 de abril de 2002, se turnó a
esta comisión el punto de acuerdo presentado por el Congreso de Zacatecas, en el cual se
solicita se emita un pronunciamiento similar de condena a la resolución de la Suprema
Corte de Estados Unidos de América, con respecto a los trabajadores mexicanos en
situación migratoria irregular.
En razón de que las autoridades laborales
de Estados Unidos de América recientemente han resuelto sobre la inexistencia de derechos
de nuestros connacionales, que por años y aun por generaciones, han construido la
economía estadounidense, ha sentado un precedente negativo y han provocado que se
acentúen las prácticas discriminatorias, en perjuicio de los trabajadores mexicanos.
Estas resoluciones perjudican las
relaciones entre nuestro país y Estados Unidos de América que tienen, en común, no
solamente extensos kilómetros de frontera, sino actividades económicas sometidas a un
tratado internacional que equipara el valor y calidad del trabajador mexicano al de esa
nación.
Esta resolución trae consigo la violación
de los derechos humanos de nuestros connacionales, debido a que se pone a disposición de
cualquier empleador norteamericano, a nuestros compatriotas que fácilmente pueden ser
despedidos o sometidos a jornadas y actividades que lesionan sus derechos humanos, su
integridad física y su seguridad personal y familiar.
Como país, no podemos ni debemos
permanecer pasivos ante la demanda de los migrantes mexicanos, debido a la injusticia y
arbitrariedad a la que se encuentran sujetos. Como diputados, tenemos la obligación de
repudiar enérgicamente estas actitudes y violaciones flagrantes a los derechos del
hombre, para que se ratifique el sentido de esta resolución, en un marco de mutuo respeto
de una relación internacional, que no puede ser socavada por decisiones unilaterales y
violadoras de los legítimos derechos de los mexicanos.
México y Estados Unidos de América,
discuten frecuentemente diversas agendas bilaterales de trabajo con temas económicos,
políticos, sociales y migratorios, por lo que es conveniente que en dichas agendas
bilaterales, se discuta el valor real del trabajo de los mexicanos y que, de ninguna
manera sean los empleadores quienes otorguen un valor económico al producto del trabajo
de nuestros connacionales.
Por lo antes expuesto y fundado sometemos a
la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente
DICTAMEN
Artículo primero. Se aprueba el artículo
segundo del punto de acuerdo en estudio, para quedar como sigue: la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión de la LVIII Legislatura, condena la resolución
unilateral de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América, cuyas
consecuencias sociales tienen, implícitamente, la violación sistemática de los derechos
humanos y laborales de los trabajadores mexicanos en situación migratoria irregular.
Artículo segundo. Se aprueba el artículo
tercero del punto de acuerdo en comento en los términos vertidos, quedando de la
siguiente forma: se exige la suspensión de los efectos de una resolución como la
señalada e instalar a la brevedad posible, a través de organizaciones de mexicanos en el
extranjero, de especialistas en la materia, de académicos, de parlamentarios y
legisladores, amplias mesas de trabajo en las que se discuta y se propongan alternativas
que permitan el reconocimiento legítimo de los derechos de los mexicanos indocumentados,
que salvaguarden con integridad, sus derechos como trabajadores.
Artículo tercero. En razón del artículo
cuarto de este punto de acuerdo, nos damos por enterados.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a
24 de abril de 2002.— Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, presidente; Francisco
Javier Sánchez Campuzano, Tarcisio Navarrete Montes de Oca, José Carlos Borunda Zaragoza
y Erika Elizabeth Spezia Maldonado, secretarios; Sergio Acosta Salazar,
Samuel Aguilar Solís, Alberto Anaya Gutiérrez, Hilda Josefina Amalia Anderson Nevárez,
Eduardo Arnal Palomera, Edilberto J. Buenfil Montalvo, Raúl Covarrubias Zavala, María
Elena Chávez Palacios, Jorge Alejandro Chávez Presa, Víctor Emanuel Díaz Palacios,
Lucio Fernández González, Adrián Salvador Galarza González, Augusto Gómez Villanueva,
Raúl Gracia Guzmán, Efrén Leyva Acevedo, José Ramón Mantilla y González de la Llave,
Miguel Angel Moreno Tello, José Luis Novales Arellano, Bernardo Pastrana Gómez, Gustavo
Riojas Santana, María de los Angeles Sánchez Lira, Heidi Gertud Storsberg Montes, Emilio
Ulloa Pérez, Eddie Varón Levy, José Socorro Velázquez Hernández y Alma
Carolina Viggiano Austria.»
La Presidenta:
Se pregunta si hay oradores en pro o en
contra de este punto de acuerdo.
No habiendo registro del uso de la palabra,
consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo de
referencia.
El secretario Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Por instrucciones de la Presidencia, en
votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobado el punto de acuerdo.
La Presidenta:
Comuníquese al Ejecutivo mexicano.
Remítase copia al Congreso de Estados Unidos y facúltese a la Mesa Directiva para dar
cauce a los resolutivos de la manera pertinente.
DISCAPACITADOS
La Presidenta:
El siguiente punto de acuerdo es el
relativo a la importación de automóviles para discapacitados.
El secretario Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de
Comercio y Fomento Industrial.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados, correspondiente a la LVIII
Legislatura, le fue turnado para su estudio y dictamen, el punto de acuerdo para exhortar
a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para que permita la importación de
cualquier automóvil que por sus características especiales permita a los discapacitados
conducir con mayor seguridad, presentada por la diputada Esveida Bravo Martínez, del
Partido Verde Ecologista de México, que en ejercicio de la fracción II del artículo 71
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la
consideración del honorable Congreso de la Unión.
La Comisión de Comercio y Fomento
Industrial de la LVIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 párrafo
sexto incisos d, e y f, así como en el tercero transitorio fracción
IV inciso a de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del
punto de acuerdo descrito, al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. En sesión celebrada en esta
Cámara de Diputados el día 14 de noviembre de 2000, los secretarios de la misma dieron
cuenta al pleno del punto de acuerdo presentado por la diputada Esveida Bravo Martínez.
3126,3427,3128
Segundo. El Presidente de la Mesa
Directiva, acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial".
Tercero. Mediante oficio número
CCFI/0079/2000, de fecha 15 de diciembre de 2000, se dio cuenta a los integrantes de la
comisión, del contenido de los mencionados puntos de acuerdo.
Cuarto. El punto de acuerdo presentado por
la diputada Esveida Bravo Martínez, se establece que un gran número de mexicanos sufren
de algún tipo de discapacidad física, quienes requieren en muchas ocasiones de equipos e
instalaciones especiales, que muchas veces sólo se encuentran en autos de origen
extranjero.
CONSIDERANDO
Primero. Que en fecha 30 de marzo de 2001,
la Secretaría de Economía, publicó en el Diario Oficial de la Federación el
acuerdo por el que se dan a conocer los criterios para dictaminar y opinar sobre permisos
de importación de vehículos especiales.
Segundo. Que este acuerdo establece los
criterios aplicables a la emisión de permisos de importación de vehículos especiales
nuevos o usados sujetos al requisito de permiso previo por parte de la Secretaría.
Tercero. Que en este acuerdo se establecen
las reglas para permitir la importación de vehículos nuevos o usados con dispositivos
integrados para el transporte o uso de personas discapacitadas que permitan suplir o
disminuir la discapacidad, siempre y cuando, éstos cuenten con alguno de los dispositivos
siguientes: rampa hidráulica o sistema de control manual, mismos que no deberán ser
removidos del vehículo.
Cuarto. Que la Secretaría de Economía,
integró la "subcomisión para la promoción e integración social para personas con
discapacidad", en la cual, se creó la mesa de trabajo de simplificación de
importación de bienes destinados a personas con discapacidad. Dentro de sus objetivos se
encuentran:
• Agilizar y simplificar los trámites
para la importación de sus vehículos adaptados.
• Permitir que terceras personas
importen, mediante exención de los impuestos aplicables, productos para el beneficio de
personas con alguna discapacidad.
Quinto. Los miembros integrantes de la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial que dictaminan, reconocen y coinciden en que
basados en la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo
de 2001, de los criterios para dictaminar y opinar sobre permisos de importación de
vehículos especiales, así como en estas mesas de trabajo que se encuentra realizando la
Secretaría de Economía, ha quedado resuelta la solicitud expresada en el punto de
acuerdo objeto del presente dictamen, sin embargo, se exhorta a la Secretaría de
Economía a tomar en consideración las opiniones vertidas en el cuerpo del punto de
acuerdo motivo del presente dictamen, en el desarrollo de las mismas.
RESULTANDO
Unico. Exhórtese a la Secretaría de
Economía a tomar en consideración las opiniones vertidas en el cuerpo del punto de
acuerdo motivo del presente dictamen, en el desarrollo de la mesa de trabajo de
simplificación de importación de bienes destinados a personas con discapacidad.
Dado en Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 20 de febrero de 2002.— Comisión de Comercio y Fomento Industrial.—
Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, presidente; Jesús Mario Garza
Guevara, Ildefonso Guajardo Villarreal, Reyes Antonio Silva Beltrán y Francisco Agundis
Arias, secretarios; José Bañales Castro, Orlando Alfonso García Flores, Sergio
García Sepúlveda, Moisés Alcalde Virgen, José R. Mantilla y González de la Llave,
Francisco Javier Ortiz Esquivel, María Teresa Tapia Bahena, Jorge Urdapilleta Núñez,
Carlos Nicolás Villegas Flores, Samuel Yoselevitz Fraustro, Miguel Castro Sánchez,
Elías Dip Rame, María Luisa Domínguez Ramírez, Rubén Benjamín Félix Hays, Jaime
Hernández González, Julián Luzanilla Contreras, Hermilo Monroy Pérez, Manuel Payán
Novoa, Roberto Ruiz Angeles, Jorge Schettino Pérez, Adolfo Zamora Cruz, María Miroslava
García Suárez, Rafael Servín Maldonado, Gregorio Urías Germán y Norma Patricia
Riojas Santana.»
La Presidenta:
Se pregunta si hay oradores en pro o en
contra en relación a este punto de acuerdo.
No habiendo registro de oradores, consulte
la Secretaría en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El secretario Adrián Rivera
Pérez:
En votación económica, se pregunta si se
aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.
La Presidenta:
Continúe la Secretaría.
AEROPUERTOS
El secretario Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisiones unidas de
Comunicaciones y Transportes.
Honorable Asamblea: a las comisiones unidas
de Comunicaciones y de Transportes, les fue turnada para su estudio y dictamen la
proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, la información relativa a la concesión y operación de los
grupos aeroportuarios en el país y se convoque, a través de la Comisión de Transportes
de la Cámara de Diputados, a mesas de trabajo en cada una de las regiones concesionadas,
presentada por el diputado Alonso Ulloa Vélez y signada por diputados de las distintas
fracciones parlamentarias.
Revisada, discutida y analizada la
proposición con punto de acuerdo de referencia, las comisiones dictaminadoras en
ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 39, 40, punto dos, inciso b;
45, punto cinco, inciso e y demás concordantes de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 58, 60, 87, 88 y demás
aplicables, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos, emiten el siguiente dictamen al tenor de los siguientes:
I. Antecedentes
1. Con fecha 25 de octubre de 2001, el
diputado federal Alonso Ulloa Vélez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido
Acción Nacional presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la información relativa a la concesión y
operación de los grupos aeroportuarios en el país y se convoque, a través de la
Comisión de Transportes a mesas de trabajo en cada una de las regiones concesionadas.
2. En la misma fecha de su presentación,
la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 fracción f de la Ley Orgánica que
rige el citado Congreso, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo a las
comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes, para su estudio y dictamen.
3. Con el fin de dar cumplimiento al
mandato de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 39 párrafo tercero; 45 párrafo sexto. En los incisos e y f de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los
numerales 60, 85, 87, 88 y demás relativos aplicables del reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, éstas comisiones unidas se
abocaron al análisis detallado de la proposición para emitir el presente dictamen en
atención al siguiente
II. Contenido de la proposición
1. La proposición con punto de acuerdo en
cuestión señala como antecedentes en la exposición de motivos; que desde 1995,
aeropuertos de gran importancia como los de: Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puerto
Vallarta, Cancún, Acapulco y Ciudad de México; observan problemas de saturación en
pistas y en edificios terminales.
2. Que no obstante el nivel de
infraestructura alcanzado, se requería urgentemente un proceso de modernización; desde
entonces se hacía impostergable la generación de inversión en el sector.
3. De igual modo señala que desde ese
año, los problemas, de mayor incidencia han sido la saturación y falta de mantenimiento
en salas y edificios, la carencia de vías de acceso eficientes en los principales
aeropuertos, las deficiencias en la señalización de la información sobre los vuelos, la
falta de capacidad en plataformas, tanto de pasajeros como de carga, falta de servicios
asociados a la operación de los aeropuertos como el suministro de combustible para los
vehículos de tierra, sistemas eficientes de seguridad, servicios adecuados de almacenaje
y manejo de mercancías por lo que en 1995 se promulgó la nueva Ley de Aeropuertos, que
establece las reglas que brindan seguridad jurídica a la inversión privada, en la
construcción, explotación, operación y administración de los aeródromos civiles
siendo de igual modo creado el Comité de Reestructuración del Sistema Aeroportuario
Mexicano, que tenía como facultad definir la estrategia a seguir en las diferentes fases
del proceso de reestructuración, así como informar a la comisión intersecretarial de
desincorporación sobre el avance del proceso.
4. De igual forma, el punto de acuerdo
señala que el proceso de apertura implicó la integración de cuatro grupos regionales en
los que se agruparon 35 terminales que de acuerdo a la nueva Ley de Aeropuertos que fueron
concesionados al sector privado y que sin embargo, a casi siete años del inicio del
proceso de reestructuración y modernización del sistema, la situación sigue siendo la
misma, tal vez incluso peor.
5. En concreto, se propone que se solicite
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes toda la información relativa a la
concesión y operación de los grupos aeroportuarios en el país, en la que incluya, al
menos: a, Los títulos de concesión; b, Las modificaciones a los mismos, si las hubiere;
c, Los anexos relativos a los documentos anteriores; d, Los planes maestros de desarrollo
y demás compromisos que los concesionarios hubieren adquirido y e, Las evaluaciones que
la Secretaría haya realizado sobre el cumplimiento de dichos compromisos.
6. Asimismo, propone se convoque, a través
de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, a mesas de trabajo en cada una
de las regiones concesionadas, en las que se invite a participar a las secretarías de
Comunicaciones y Transportes y de Economía, a los concesionarios, Aeropuertos y Servicios
Auxiliares, a los gobiernos estatales, a los organismos empresariales, a los prestadores
de servicios dentro de los aeropuertos y a las líneas aéreas, con objeto de establecer
compromisos de cada uno de los actores involucrados en la correcta operación de los
aeropuertos como polos de desarrollo regional.
Las comisiones dictaminadoras se abocan al
estudio y dictamen de la presente proposición con punto de acuerdo tomando en cuenta los
siguientes:
III. Considerandos
1. Que se tiene conocimiento que en la
generalidad de nuestro territorio nacional los industriales, prestadores de servicios
turísticos, líneas aéreas así como gobiernos estatales y municipales expresan cada vez
con más frecuencia y preocupación quejas sobre las deficiencias en el servicio del
sistema aeroportuario.
2. Que el objetivo del proceso de
privatizar los aeropuertos consistía en lograr inversiones importantes para crecer
sustancialmente la infraestructura y con ello mejorar el servicio, tanto a los pasajeros,
como a los usuarios de los servicios de carga.
3. Que la participación de la inversión
privada en sectores estratégicos que constituyen, como en este caso, un monopolio
natural, no puede dejarse el libre juego de la competencia ya que es responsabilidad del
Gobierno la vigilancia de la correcta operación de este tipo de concesiones.
4. Que es de gran impacto en el desarrollo
de las regiones del país el eficiente servicio que presten los aeropuertos tanto a la
ciudadanía que busca transportarse como al desarrollo de la industria.
5. Y que es responsabilidad del Poder
Legislativo, evaluar el cumplimiento y avance de los compromisos adquiridos por los
concesionarios y permisionarios en el pasado, presente y futuro de una industria
importante para el desarrollo nacional y al mismo tiempo, ser factor decisivo en la
construcción de los acuerdos que permitan, hacia el futuro, contar con una red
aeroportuaria que sea un factor determinante para el desarrollo económico y social de
todas las regiones de nuestro país.
En atención a todas las consideraciones
que se han expresado en el cuerpo del presente dictamen los suscritos, miembros de las
comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 39, 40 inciso b 45 punto cinco, inciso e y demás
concordantes de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
así como 58, 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la aprobación
de esta alta tribuna se dictamine en el siguiente sentido:
Primero. Con respecto a
que se solicite a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes toda la información
relativa a la concesión y operación de los grupos aeroportuarios en el país, en la que
incluya, al menos, los títulos de concesión, las modificaciones a los mismos, si las
hubiere, los anexos relativos a los documentos anteriores, los planes maestros de
desarrollo y demás compromisos que los concesionarios hubieren adquirido y las
evaluaciones que la Secretaría haya realizado sobre el cumplimiento de dichos
compromisos. Esta comisión dictamina que es procedente esta proposición.
3129,3130,3131
Segundo. Con relación a que se convoque, a
través de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, a mesas de trabajo en
cada una de las regiones concesionadas, en las que se invite a participar a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Economía, a los concesionarios; a
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, a los gobiernos estatales, a los organismos
empresariales, a los prestadores de servicios dentro de los aeropuertos y a las líneas
aéreas, con objeto de establecer compromisos de cada uno de los actores involucrados en
la correcta operación de los aeropuertos como polos de desarrollo regional. Esta
comisión considera que es también procedente realizar las citadas acciones.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 8
de noviembre de 2001.— Por la Comisión de Comunicaciones, diputados: Jesús
Orozco Alfaro, presidente; Bulmaro Rito Salinas, Emilio R. Goicoechea Luna, Alonso
Ulloa Vélez y Alejandro García Sainz Arena, secretarios; Edilberto Jesús
Buenfil Montalvo, Gustavo Carvajal Moreno, José Gerardo de la Riva Pinal, César Horacio
Duarte Jáquez, Omar Fayad Meneses, Javier García González, Jaime Arturo Larrazábal
Betrón, Marcos Paulino López Mora, Roberto Preciado Cuevas, Jorge Carlos Ramírez
Marín, Francisco Javier Sánchez Campuzano, Manuel Castro y del Valle, Tereso Martínez
Aldana, Noé Navarrete González, Orestes Eugenio Pérez Cruz, Francisco Ramírez Cabrera,
José Rivera Carranza, Arturo San Miguel Cantú, Martín Hugo Solís Alatorre, José
Ramón Soto Reséndiz, Felipe Velasco Monroy, Alejandra Barrales Magdaleno, Bonifacio
Castillo Cruz, Enrique Herreta y Bruquetas, Betha Alicia Simental García; diputados
por la Comisión de Transportes: Juan Manuel Duarte Dávila, presidente, Raúl
Cervantes Andrade, Elías Dip Rame, Orestes Eugenio Pérez Cruz, José Rodolfo Escudero
Barrera, secretarios; Salvador Cosío Gaona, Arturo Bonifacio de la Garza Tijerina,
Gustavo Alonso Donis García, Ismael Estrada Colín, Edgar Consejo Flores Galván, Alonso
Ulloa Vélez, Emilio Rafael Goicoechea Luna, Alejandro Enrique Gutiérrez Gutiérrez,
Mercedes Hernández Rojas, José Tomás Lozano Pardinas, Jaime Mantecón Rojo, Noé
Navarrete González, Jesús Orozco Alfaro, Francisco Patiño Cardona, Manuel Payán Novoa,
Francisco Raúl Ramírez Avila, Arturo San Miguel Cantú, Esteban Sotelo Salgado, José
Soto Martínez, José Ramón Soto Reséndiz, Jesús Adelfo Taracena Martínez, Emilio
Pérez Ulloa y Adolfo Zamora Cruz.»
La Presidenta:
Se consulta si hay oradores en pro o en
contra del presente punto de acuerdo.
No habiendo registro de oradores se ruega a
la Secretaría consulte a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El secretario Adrián Rivera
Pérez:
En votación económica, se pregunta si se
aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.
La Presidenta:
Continúe la Secretaría.
TRANSPORTISTAS
La secretaria Martha Silvia
Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisiones unidas de
Comunicaciones y Transportes.
Honorable Asamblea: a las comisiones unidas
de Comunicaciones y de Transportes de la Cámara de Diputados, correspondientes a la LVIII
Legislatura, les fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de
acuerdo, para que las comisiones de Comunicaciones y de Transportes de la Cámara de
Diputados, reciban a los transportistas mexicanos y solicitar a los titulares de las
secretarías de Comunicaciones y Transportes y a la de Comercio y Fomento Industrial,
informes del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, presentada el 26 de octubre
del año 2000, por el diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
Los integrantes de las comisiones
dictaminadoras, con fundamento en los artículos 39, 45 y demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los
artículos 60, 65, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al estudio y
análisis de la proposición descrita, al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
1. En sesión celebrada en fecha 26 de
octubre de 2000, por esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la
Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: "túrnese a las
comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes", la proposición que nos ocupa,
a efecto de que se elabore el dictamen correspondiente.
2. El día 4 de noviembre de 2000, se giró
oficio al arquitecto Pedro Cerisola y Weber, secretario de Comunicaciones y Transportes, a
efecto de que proporcione información a las dictaminadoras, sobre el permiso para operar
dentro del territorio nacional otorgado a la empresa de Autotransportes de Carga EASO,
S.A. de C.V.
3. El día 8 de diciembre de 2000, por
conducto del doctor Aarón Dychter Poltolarek, subsecretario del ramo, se informa a estas
comisiones dictaminadoras, sobre los permisos otorgados a la empresa de Autotransportes
EASO, S.A. de C.V.
4. Los miembros integrantes de las
comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes de la Cámara de Diputados
correspondientes a la LVIII Legislatura, procedieron al estudio de la proposición
aludida, habiendo efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos
contenidos en la proposición que se discute, mismos que se tomaron en consideración para
la elaboración del presente dictamen.
Contenido de la proposición
I. Que el legislador en su exposición de
motivos señala que existen actos arbitrarios, indebidos e ilegales, contrarios al
espíritu del texto de la Ley de Inversión Extranjera, la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal y al Tratado de Libre Comercio para América del Norte, cometidos
por el doctor Herminio Blanco Mendoza, en ese entonces, secretario de Comercio y Fomento
Industrial, al causar daños a los transportistas de carga en cabotaje, producto del
privilegio que a la empresa de carga denominada EASO, S.A. de C.V., le otorga el titular
de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cuando, con inversión extranjera, le
autoriza incremento a su capital. Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
le concede permiso para operar, cubriendo el 85% del movimiento en el mercado doméstico,
en franca violación a las leyes anteriormente mencionadas.
II. Para fundamentar el anterior
razonamiento, el legislador proponente invoca los principios que norman el funcionamiento
del autotransporte de carga. Por una parte, expone que la Ley de Inversión Extranjera, en
la fracción I de su artículo 6o. precisa que "...están reservadas de manera
exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de
extranjeros... El transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga.... (sic)".
A su vez, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en sus artículos 8o.
fracción I y 9o. establece que se requiere permiso de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes para la operación de carga y que estos permisos sólo se otorgarán a
mexicanos o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas. Por su parte, el
Tratado de Libre Comercio para América del Norte, en el anexo I: reservas en relación
con medidas, para el sector transporte, subsector terrestre, en el cuadro de descripción,
señala: "4. Sólo los nacionales mexicanos y las empresas mexicanas con cláusula de
exclusión de extranjeros, utilizando equipo registrado en México, que haya sido
construido en México o legalmente importado y con conductores que sean nacionales
mexicanos, podrán obtener permiso para prestar servicios de camión... para transportar
bienes entre dos puntos en el territorio de México".
III. En este sentido, el legislador
proponente señala que si la ley lo prohíbe. ¿Por qué el titular de Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial, en ese entonces, doctor Herminio Blanco Mendoza, autoriza
que la empresa de Autotransportes EASO, S.A. de C.V., incremente su capital con inversión
extranjera y de sus estatutos modifique la cláusula de extranjería, según aparece en la
inscripción del Registro Público de Comercio del Distrito Federal, de fecha 26 de junio
de1995? Asimismo, señala que existe una situación de favoritismo a la Empresa EASO, S.A.
de C.V., acepta en su carta abierta de fecha 20 de octubre de 2000, justificando en ella
que la inversión extranjera tiene la modalidad de inversión neutra.
IV. Por otra parte, el legislador
proponente destaca que el transporte de carga de cabotaje se constituye en un área
estratégica del Gobierno Federal y que existe un sector de inversionistas que para
manifestar su desacuerdo, están unidos y dispuestos a manifestarse públicamente.
V. Así también, señala la necesidad de
conocer directamente de los funcionarios las razones que justifican estos actos
administrativos que, contrarios a la Ley para el Transporte de Cabotaje, admiten
inversión extranjera y con ello, que en la empresa Autotransportes EASO, S.A. de C.V.,
monopolicen la concentración del 85% de los movimientos de carga en el mercado doméstico
nacional, según informes del director general del Autotransporte Federal, en esa época,
José Aguilar Alserreca. Por otro lado, en el transporte internacional, en el ámbito del
Tratado de Libre Comercio para América del Norte, informen cuál es el estado que a la
fecha que guardan las negociaciones, no obstante que han transcurrido cinco años desde
que se planteó la controversia y cómo se piensa resarcir a los transportistas mexicanos
por sus pérdidas durante todo este tiempo.
VI. En conclusión, el legislador solicita
que las comisiones de Transportes y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, reciban en audiencia a los representantes de la Cámara
Nacional del Autotransporte de Carga y soliciten entrevista con los titulares de las
secretarías de Comunicaciones y Comercio y Fomento Industrial a fin de allegarse de
elementos para el análisis de los hechos expuestos en la presente proposición.
Con base en lo anterior, los miembros de
estas comisiones dictaminadoras exponemos los siguientes
CONSIDERANDOS
Coincidimos con el legislador, en el
sentido de la necesidad de consolidar un régimen de seguridad jurídica en las
inversiones y operaciones del autotransporte de carga de cabotaje para el desarrollo
comercial y el fortalecimiento de las empresas mexicanas.
Estas dictaminadoras han valorado la
información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por
conducto del doctor Aarón Dychter Poltolarek, subsecretario del ramo, respecto a la
legalidad de los permisos otorgados a la empresa Autotransportes EASO, S. A. de C.V.
La Ley de Inversión Extranjera de 1993, es
independiente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero las leyes
anteriores a la puesta en vigor del tratado no pueden disminuir su liberación; solamente
incrementarla.
La figura de inversión neutra es aquella
que no se contabiliza en el capital social de las empresas y que no tiene injerencia en
las decisiones corporativas de las mismas; en consecuencia, no se puede equiparar la
inversión neutra con la inversión extranjera, toda vez que cada una tiene una naturaleza
jurídica diferente. La inversión neutra es indiferente al origen del capital, de manera
que es irrelevante si. los títulos respectivos los detentan nacionales o extranjeros.
Asimismo, las sociedades mexicanas que
cuenten con inversión neutra pueden adoptar la cláusula de admisión de extranjeros, ya
que la Ley de Inversión Extranjera permite la participación de la inversión neutra, que
puede ser detentada por extranjeros o mexicanos en actividades de transporte terrestre
nacional de carga, según lo interpreta la dirección general da Inversión Extranjera de
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi). Sobre estas bases, con la
autorización correspondiente de la Secofi y después de haber cumplido con todos los
requisitos que fija la legislación del autotransporte, la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), otorgó los permisos a la empresa Autotransportes EASO, S.A. de C.V.
La Secofi, ha autorizado hasta la fecha
cuatro inversiones neutras en empresas de autotransporte de carga, una de las cuales es
Autotransportes de Carga EASO, S.A. de C.V.; que fue creada en 1972, obtuvo la
autorización de inversión neutra en 1994 y opera actualmente con vehículos propios y
arrendados.
La SCT ha realizado varias inspecciones
operativas a la empresa Autotransportes EASO, S.A. de C.V., como las que se practican a
cualquier empresa del servicio público federal, la última de las cuales identificó
diferentes anomalías respecto a la legislación del autotransporte, mismas que serán
sancionadas de acuerdo a lo que señala el artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal.
Los integrantes de estas comisiones
dictaminadoras, habiendo efectuado un análisis al espíritu de la proposición, estima
que en el artículo 6o. de la Ley de Inversión Extranjera que invoca el legislador se
precisa claramente en su último párrafo la participación de las sociedades extranjeras
en el transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, pues, al señalar que:
...salvo por lo dispuesto en el Título Quinto de la propia ley, nos remite a la figura de
la inversión neutra, por lo que las actividades económicas y las sociedades a que hace
alusión el artículo no son meramente reservadas ni exclusivas a mexicanos o a sociedades
mexicanas.
3132,3133,3134
En consecuencia, no existe ilegalidad
alguna sobre los permisos para operar dentro del territorio nacional otorgado a la empresa
de Autotransportes de Carga EASO, S.A. de C.V., en razón de que para contar con recursos
del exterior mediante el mecanismo de inversión neutra previsto originalmente en el
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión
Extranjera, se favorezca a las sociedades mexicanas que, debido a sus volúmenes y montos
de operación, no pueden cotizar en el mercado bursátil.
La Ley de Inversión Extranjera prevé que
estas sociedades puedan también hacer uso de la inversión neutra (artículos 18, 19, 20
y 22 de la Ley de Inversión Extranjera). En este orden de ideas, tal como lo señaló la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se autorizó en el marco de la legalidad
cuatro inversiones neutras en empresas de autotransportes de carga, una de las cuales es
Autotransportes de Carga EASO, S.A. de C.V., creada en 1972, obtuvo la autorización de
inversión neutra en 1994 y opera actualmente con vehículos propios y arrendados.
En este sentido, la empresa de
Autotransportes de Carga EASO, S.A. de C.V., tiene el derecho de operar en todo el
territorio nacional, independientemente de que la figura de la inversión neutra se
presuma contrario a derecho.
No obstante lo ya señalado, existe
interés legítimo para que estas comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes,
reciban en audiencia a los representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de
Carga, a fin de allegarse de información y propuestas para dar solución a la posible
desigualdad jurídica que existe en la figura de la inversión neutra.
Por lo anteriormente expuesto y fundado,
los integrantes de las dictaminadoras presentan a consideración de esta honorable
Asamblea se aprueben los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Que la
subcomisión de Infraestructura Carretera y Autotransportes de la Comisión de
Transportes, conjuntamente con la subcomisión de Carreteras de la Comisión de
Comunicaciones de la Cámara de Diputados, reciban en audiencia a los representantes de la
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, a fin de allegarse de información y
propuestas para dar solución a la posible desigualdad jurídica que existe en la figura
de la inversión neutra.
Segundo. Una vez
cumplimentado el punto anterior, se realicen las acciones necesarias en el ámbito
competencial del Poder Legislativo, para dar seguimiento a las demandas de los
transportistas nacionales ante las secretarías e instancias correspondientes del
Ejecutivo Federal.
Tercero. En consecuencia,
se ordene archivar el asunto como totalmente concluido.
México, D.F., a 29 de abril de 2002.—
Diputados por la Comisión de Comunicaciones: Jesús Orozco Alfaro, presidente; Bulmaro
Rito Salinas, Emilio R. Goicoechea Luna, Alonso Ulloa Vélez y Alejandro García
Sainz Arena, secretarios; Edilberto Jesús Buenfil Montalvo, Gustavo Carvajal
Moreno, José Gerardo de la Riva Pinal, César Horacio Duarte Jáquez, Omar Fayad Meneses,
Javier García González, Jaime Arturo Larrazábal Betrón, Marcos Paulino López Mora,
Roberto Preciado Cuevas, Jorge Carlos Ramírez Marín, Francisco Javier Sánchez
Campuzano, Manuel Castro y del Valle, Tereso Martínez Aldana, Noé Navarrete González,
Orestes Eugenio Pérez Cruz, Francisco Ramírez Cabrera, José Rivera Carranza, Arturo San
Miguel Cantú, Martín Hugo Solís Alatorre, José Ramón Soto Reséndiz, Felipe Velasco
Monroy, Víctor Manuel O. Camposeco, Bonifacio Castillo Cruz, Enrique Herrera y
Bruquetas, Bertha Alicia Simental García; diputados por la Comisión de Transportes: Juan
Manuel Duarte Dávila, presidente, Raúl Cervantes Andrade, Elías Dip Rame,
Orestes Eugenio Pérez Cruz, José Rodolfo Escudero Barrera, secretarios; Salvador
Cosío Gaona, Arturo Bonifacio de la Garza Tijerina, Gustavo Alonso Donis García, Ismael
Estrada Colín, Edgar Consejo Flores Galván, Alonso Ulloa Vélez, Emilio Rafael
Goicoechea Luna, Alejandro Enrique Gutiérrez Gutiérrez, Mercedes Hernández Rojas, José
Tomás Lozano Pardinas, Jaime Mantecón Rojo, Noé Navarrete González, Jesús Orozco
Alfaro, Francisco Patiño Cardona, Manuel Payán Novoa, Francisco Raúl Ramírez Avila,
Arturo San Miguel Cantú, Esteban Sotelo Salgado, José Soto Martínez, José Ramón Soto
Reséndiz, Jesús Adelfo Taracena Martínez, Emilio Pérez Ulloa y Adolfo Zamora
Cruz.»
La Presidenta:
Diputada Secretaria, el enunciado de este
punto de acuerdo vinculaba al tema con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte
y los resolutivos no hacen una referencia a ello.
Yo quisiera preguntarle a algún integrante
de las mesas directivas de las comisiones dictaminadoras, ¿hay alguna inconsistencia
entre la exposición de motivos y los resolutivos? o si las comisiones ya no requieren
información sobre el TLCAN en esta materia
No sé si esté alguno de los integrantes
de las comisiones... Sí diputado presidente de la Comisión de Transportes.
El diputado Juan Manuel Duarte
Dávila
(desde su curul):
Diputada Presidenta, de hecho la Comisión
de Transportes va a realizar un seguimiento a través del viaje que se va a realizar por
las comisiones. En ese sentido le estamos dando un seguimiento a esa situación.
La Presidenta:
Bien, diputado. Simplemente señalo que los
resolutivos no tienen una vinculación con el planteamiento inicial en cuanto a la
solicitud de información sobre el TLCAN.
Quizá valga la pena que cuando envíen
ustedes el reporte de sus actividades, puedan informar a la Mesa Directiva sobre y a
través de nosotros al pleno, la información específica sobre el TLCAN en el tema de
transportes.
Activen el sonido en la curul del diputado.
El diputado Juan Manuel Duarte
Dávila
(desde su curul):
Con mucho gusto en ese sentido, diputada.
La Presidenta:
Gracias.
Se consulta si hay oradores en pro o en
contra de este proyecto de dictamen...
No habiendo oradores ni en pro ni en
contra, consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse
La secretaria Martha Silvia
Sánchez
González:
En votación económica, se pregunta si se
aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobado.
La
Presidenta:
Comuníquese a las comisiones respectivas
sobre el punto de acuerdo e infórmese al Ejecutivo.
PERMISO
AL PRESIDENTE PARA
AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL (II)
La Presidenta:
Esta Presidencia acaba de recibir un oficio
de la Cámara de Senadores. Se ruega a la Secretaría dar cuenta con él.
El secretario Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales correspondientes,
me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que
concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada,
para ausentarse del territorio nacional del 13 al 18 de mayo de 2002, a fin de realizar
una visita oficial al Reino de Bélgica, a las sedes del Parlamento Europeo (UE) y del
Consejo de Europa en Estrasburgo, Francia; participar en la II Cumbre América Latina y el
Caribe-Unión Europea, en el I encuentro a nivel presidencial entre México y la Unión
Europea y visitar la ciudad española de Valencia, atendiendo una invitación que le
extendiera el presidente de la Generalitat de esa provincia española.
Reitero a ustedes las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 29 de abril de 2002.—
Senador César Jáuregui Robles.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede autorización
al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del
territorio nacional del 13 al 18 de mayo de 2002, a fin de realizar una visita oficial al
Reino de Bélgica, a las sedes del Parlamento Europeo (UE) y del Consejo de Europa en
Estrasburgo, Francia; participar en la II Cumbre América Latina y el Caribe-Unión
Europea, en el I encuentro a nivel presidencial entre México y la Unión Europea y
visitar la ciudad española de Valencia, atendiendo una invitación que le extendiera el
presidente de la Generalitat de esa provincia española.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 29 de abril de 2002.—
Senadores: César Jáuregui Robles, presidente y María Lucero Saldaña Pérez,
secretaria.
Se remite a la Cámara de Diputados para
los efectos constitucionales.— México, D.F., a 29 de abril de 2002.— Arturo
Garita, secretario general de Servicios Parlamentarios.»
La Presidenta:
Turno a la Comisión de Relaciones
Exteriores.
Compañeras diputadas, compañeros
diputados: hemos consultado con los grupos parlamentarios y para que puedan ustedes
organizar su agenda, les informamos que vamos a abrir un receso de esta sesión y la
sesión del día de hoy continuará mañana a las 11:00 de la mañana y vamos a tener una
nueva sesión mañana por la tarde.
Les ruego que tomen las consideraciones
pertinentes de agenda y si tenemos dictámenes a discusión, los incorporaremos a los
órdenes del día que sea pertinente, sea de esta misma sesión si así el pleno nos lo
autoriza o sea el orden del día de la sesión de mañana por la tarde que organizaremos.
Estaremos atentos a las comisiones que
tengan dictámenes listos.
Se que hay una consulta de algunos
compañeros diputados con las comisiones de Ecología etcétera y yo les rogaría si
tienen alguna consideración nos lo hagan de nuestro conocimiento mañana en el curso de
la mañana para, en su caso, hacer algunas modificaciones.
RECESO
La Presidenta (a las 17:24 horas):
Les agradezco mucho su atención. Se abre
un receso y se cita para la continuación de esta sesión mañana a las 11:00 de la
mañana en punto. Mañana martes 30 de abril.
3135,3136,3137
|