Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul
ASISTENCIA
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Proceda la
Secretaría a pasar lista de asistencia.
La Secretaria diputada Olga
Margarita Uriarte Rico:
Se va a proceder
a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.
Hay una
asistencia de 29 legisladores. Hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul
(a las 11:22 horas):
Se abre la
sesión.
ORDEN DEL
DIA
La Secretaria diputada Olga
Margarita Uriarte Rico:
Se va a dar
lectura al orden del día.
«Comisión
Permanente.— Primer Receso.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 8 de
enero de 2003.
Lectura del acta
de la sesión anterior.
Comunicaciones
De
legisladores.
De la Mesa
Directiva.
De los congresos
de los estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua y Tamaulipas.
Iniciativa del Congreso del estado de Puebla
Que reforma y
adiciona la Ley General de Protección Civil. (Turno a comisión.)
Iniciativa del Congreso del estado de Durango
Que adiciona el
artículo 73 fracción XXIX numeral 5 inciso a), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)
Iniciativas de legisladores
De reformas a la
fracción XXVIII del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el
diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma el
artículo 194 del Código de Procedimientos Penales, con la finalidad de que se consideren
delitos graves los previstos por los artículos 85, 85-Bis, 86, fracción II, y 87 de la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del senador Fidel Herrera Beltrán,
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
De Ley de
Remuneraciones de los Servidores Públicos, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a comisión.)
De reformas a la
Constitución en materia de remuneraciones de los servidores públicos, suscrita por los
diputados Martí Batres Guadarrama y Ramón León Morales, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se
solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano licenciado Vicente Fox
Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la
condecoración de la Gran Cruz, Clase Especial, de la Orden del Mérito de la República
Federal de Alemania. (Turno a comisión.)
Por el que se
solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana señora Martha María
Sahagún Jiménez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz, Primera Clase,
de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania. (Turno a comisión.)
Con el que
remite oficio del administrador central de Contabilidad y Glosa del Servicio de
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación
al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, sobre la problemática derivada
de la diferencia de precios de las gasolinas y el diesel mexicanos, con las que se expiden
en Estados Unidos de América.
Con el que
remite oficio del director general del Programa y Presupuesto “B” de la
subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación
al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, sobre la información relativa a
la aplicación de recursos para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.
Dieciocho, por
los que se solicita el permiso constitucional necesario para que varios ciudadanos
mexicanos puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
(Turno a comisión.)
Con los que se
remiten 10 hojas de servicio de miembros del Ejército mexicano, para los efectos de la
fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. (Turno a comisión.)
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Con el que
remite los informes relativos a la evolución de la recaudación, los montos de
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario
Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las
emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de noviembre de 2002. (Turno
a comisión.)
Dictamen de primera lectura
De la Segunda
Comisión, con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox
Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio
nacional del 23 al 31 de enero de 2003, a efecto de que realice una gira de trabajo por
Europa que comprende la participación en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, una
visita oficial al Reino de los Países Bajos, así como una visita de Estado a la
República Federal de Alemania.
Excitativa
A la Comisión
de Puntos Constitucionales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Proposiciones
Con punto de
acuerdo, para que la Comisión Permanente exprese su repudio y exija el esclarecimiento de
los hechos en torno del asesinato del diputado José María Guillén Torres, a cargo del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)
Con punto de
acuerdo, para solicitar al Gobierno del Distrito Federal que retire a los ambulantes que
impiden al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionar en su edificio
sede, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo, para que la Comisión Permanente convoque al Congreso de la Unión a un periodo
extraordinario de sesiones, a cargo del senador Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo, para contrarrestar los efectos del Tratado de Libre Comercio en el campo
mexicano, a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo, para que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo a renegociar el Capítulo
VII “Sector Agropecuario” del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y
Canadá, a cargo del diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo, para solicitar a la Comisión Nacional del Agua que incluya dentro de los
recursos ampliados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2003 la revisión técnica del puente José López Portillo y la reconstrucción y
reparación del muro de contención del río Pantepec, dañado por la inundación de 1999,
en la ciudad de Alamo, Veracruz, a cargo del senador Fidel Herrera Beltrán, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)
Con punto de
acuerdo, en relación a la ilegal expropiación de tierras, derivada de la construcción
de una autopista del Plan Puebla-Panamá en la localidad de Tecpatán, Chiapas, suscrita
por los diputados Martí Batres Guadarrama y Ramón León Morales, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo, sobre el asesinato del diputado Pánfilo Novelo Martín, acaecido hace un año, a
cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente
resolución.)
Con punto de
acuerdo, sobre el horario estacional para el estado de Durango, de la Ley del Sistema
Horario, a cargo del senador Adrián Alanís Quiñones, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Agenda política
Comentarios
sobre la problemática del campo mexicano, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.»
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
La Secretaria senadora Yolanda
González Hernández:
Se va a dar
lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el viernes
veintisiete de diciembre de dos mil dos, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año
de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia del diputado Eric Eber
Villanueva Mukul
En el salón
Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y un legisladores, a
las once horas con veinte minutos del viernes veintisiete de diciembre de dos mil dos, el
Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría
da lectura al orden del día.
La Asamblea
aprueba el acta de la sesión de instalación en votación económica, con las
observaciones hechas previamente desde su curul por el diputado Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa.
Comunicación de
la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, con la que invita a la ceremonia cívica
conmemorativa del octogésimo octavo aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria del
seis de enero de mil novecientos quince. Se designa comisión para representar a la
Comisión Permanente.
Comunicación
del diputado Víctor Hugo Sondón Saavedra, con la que solicita licencia para separarse
del cargo de diputado federal electo en la quinta circunscripción plurinominal, del seis
de enero al diez de marzo de dos mil tres. La Asamblea aprueba el punto de acuerdo
respectivo en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Comunicación
del diputado Lucio Fernández González, con la que solicita licencia temporal para
separarse del cargo de diputado federal electo en la quinta circunscripción plurinominal.
La Asamblea aprueba el punto de acuerdo correspondiente en votación económica.
Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Comunicación
del diputado Héctor Taboada Contreras, con la que solicita licencia por tiempo indefinido
para separarse del cargo de diputado federal electo en el décimo distrito del estado de
México. La Asamblea aprueba el punto de acuerdo respectivo en votación económica.
Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Comunicación
del Congreso del estado de Querétaro, con la que informa de actividades propias de su
legislatura. De enterado.
La Secretaría
da lectura a la propuesta de la Mesa Directiva para la integración de las comisiones de
Trabajo de la Comisión Permanente. Se aprueba en votación económica.
La Presidencia
informa de la recepción de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso
i) de la fracción primera del artículo dos-A y la fracción tercera del artículo nueve
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por el diputado Uuc-kib Espadas Ancona,
del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público de la Cámara de Diputados.
Cuatro oficios
de la Secretaría de Gobernación, con los que remite:
• Solicitud
de autorización para que el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional del veintitrés al treinta y
uno de enero de dos mil tres, a efecto de que realice una gira por Europa que comprende la
participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza; una visita oficial al Reino
de los Países Bajos; así como una visita de Estado a la República Federal de Alemania.
Se turna a la Segunda Comisión.
• Copia del
oficio del Secretario General de Gobierno del estado de Sinaloa, en relación con el punto
de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a la actualización de la
legislación en materia de adopción de menores de acuerdo a los convenios y acuerdos
internacionales firmados por México. Remítase copia a la Cámara de Senadores y al
promovente, para su conocimiento.
• Copia del
oficio del Director General de Petróleos Mexicanos-Refinación, en relación con el punto
de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la sustitución del uso del
éter metil terbutílico por etanol, u otras sustancias viables, en las gasolinas magna y
premium. Remítase copia al promovente, para su conocimiento.
• Copia del
oficio de la Secretaría de Salud, en relación con el punto de acuerdo aprobado por la
Cámara de Diputados, relativo a la necesidad de la expedición de una Norma Oficial
Mexicana que regule la producción y comercialización de los productos cárnicos curados
y cocidos, promovido por el Congreso del estado de Jalisco. Remítase copia al promovente,
para su conocimiento.
Agotados los
asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y
la Presidencia clausura la de hoy a las once horas con cincuenta y tres minutos, citando
para la que tendrá lugar el miércoles ocho de enero de dos mil tres, a las once horas.»
Está a
discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se
pregunta si se aprueba.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada.
DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA
La Secretaria senadora Micaela
Aguilar González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Diputado Eric
Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión.— Presente.
Por este
conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted a fin de
que tenga a bien realizar los trámites necesarios para que se me otorgue licencia
temporal para separarme del cargo de diputado federal de la LVIII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión a partir de esta fecha.
Cordialmente.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 30 de diciembre de 2002.— Diputado Mario Sandoval Silvera.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De conformidad
con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria senadora Micaela
Aguilar González:
Está a
discusión el siguiente punto de acuerdo...
Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido
al diputado Mario Sandoval Silvera, para separarse del sus funciones como diputado federal
electo en la quinta circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pegunta si se aprueba.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobado. Comuníquese a la Cámara
de Diputados.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano Pardinas:
«Diputado Eric
Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.—
Presente.
Sirva la
presente para enviarle un cordial saludo, así como una felicitación por su nuevo cargo
como Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados.
A la vez, me
permito solicitar a usted se otorgue a un servidor una licencia temporal para apartarme de
mi cargo como diputado federal a partir del 5 de enero de 2003.
Sin más por el
momento que agradecer la atención que se sirva dar a mi petición, le reitero mis más
distinguidas consideraciones y respeto.
Atentamente.
Palacio
Legislativo, a 27 de diciembre de 2002.— Diputado Moisés Alcalde Virgen.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De conformidad
con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
El Secretario diputado José
Tomás Lozano y Pardinas:
Está a
discusión el siguiente punto de acuerdo...
Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido
al diputado Moisés Alcalde Virgen, para separarse de sus funciones como diputado federal
electo en el XXI distrito del estado de México, a partir de esta fecha.
No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pegunta si se aprueba.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Diputado Eric
Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presente.
El suscrito, en
mi carácter de diputado federal a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión y con fundamento en la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 23, inciso f), de
la Ley Orgánica del Congreso General y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General, me permito solicitar muy atentamente a la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión me conceda licencia temporal al cargo de diputado federal
a partir del día 6 de enero y hasta el 14 de marzo del año en curso.
Al rogarle que a
esta solicitud se otorgue el trámite de urgente resolución, hago propicia la oportunidad
para reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Palacio
Legislativo.—San Lázaro, a 2 de enero de 2003.— Diputado Salvador Castañeda Salcedo.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De conformidad
con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Olga
Margarita Uriarte Rico:
Está a
discusión el siguiente punto de acuerdo...
Unico. Se concede licencia al diputado
Salvador Castañeda Salcedo para separarse de sus funciones como diputado federal electo
en el XXXII distrito del estado de México, a partir de esta fecha hasta el 14 de marzo de
2003.
No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobado. Comuníquese a la Cámara
de Diputados.
La Secretaria senadora Yolanda
Eugenia González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Diputado Eric
Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presente.
El suscrito, en
mi carácter de diputado federal a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión y con fundamento en la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 23, inciso f), de
la Ley Orgánica del Congreso General y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General, me permito solicitar muy atentamente a la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión me conceda licencia temporal al cargo de diputado federal
a partir del 6 de enero y hasta el 14 de marzo del año en curso.
Al rogarle que a
esta solicitud se otorgue el trámite de urgente resolución, hago propicia la oportunidad
para reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 2 de enero de 2003.— Diputado Juan Manuel Martínez Nava.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De conformidad
con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria senadora Yolanda
Eugenia González Hernández:
Se da a conocer
el punto único del acuerdo...
Unico. Se concede licencia al diputado Juan Manuel
Martínez Nava para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el III
distrito del estado de México, a partir de esta fecha hasta el 14 de marzo del 2003.
Se consulta a
los señores legisladores, en votación económica, si es que se aprueba.
Los señores
legisladores que estén por la afirmativa, se ruega manifestarlo...
Los señores
legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobado. Comuníquese a la Cámara
de Diputados.
La Secretaria senadora Micaela
Aguilar González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Diputado Eric
Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presente.
El suscrito, en
mi carácter de diputado federal a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión y con fundamento en la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 23, inciso f), de
la Ley Orgánica del Congreso General y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General, me permito solicitar muy atentamente a la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión me conceda licencia temporal al cargo de diputado federal
a partir del 6 de enero y hasta el 14 de marzo del año en curso.
Al rogarle que a
esta solicitud se otorgue el trámite de urgente resolución, hago propicia la oportunidad
para reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 2 de enero de 2003.— Diputado Gustavo Alonso Donis García.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De conformidad
con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria senadora Micaela
Aguilar González:
Está a
discusión el siguiente punto de acuerdo...
Unico. Se concede licencia al diputado Gustavo
Alonso Donis García para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el II
distrito del estado de México, a partir de esta fecha hasta el 14 de marzo del 2003.
No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobado. Comuníquese a la Cámara
de Diputados.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Diputado Eric
Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted para que se me conceda licencia
por tiempo determinado al cargo de diputado federal a la LVIII Legislatura a partir de
hoy, lunes 6 de enero de 2003, hasta el 10 de marzo del mismo año, reincorporándome a
mis funciones ese día.
Sin otro
particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente.
Palacio
Legislativo, a 6 de enero de 2003.— Diputado Emilio
Ulloa Pérez.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De conformidad
con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
Está a
discusión el siguiente punto de acuerdo...
Unico. Se concede licencia al diputado Emilio
Ulloa Pérez, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la quinta
circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha hasta el 10 de marzo del año 2003.
No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobado. Comuníquese a la Cámara
de Diputados.
La Secretaria diputada Olga
Margarita Uriarte Rico:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Diputado Eric
Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presente.
La suscrita,
diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 y 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, le manifiesto respetuosamente lo siguiente:
Primero. Se me conceda licencia a partir del día de la
aprobación de la misma para ausentarme del cargo de diputada federal de manera
indefinida.
Segundo. Se
sirva realizar los trámites necesarios para aprobar lo solicitado.
Sin otro
particular, agradezco la atención y quedo a sus órdenes.
Atentamente.
México, DF, a
23 de diciembre de 2002. — Diputada Elena
Chávez Palacios.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De conformidad
con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Olga
Margarita Uriarte Rico:
Está a
discusión el siguiente punto de acuerdo...
Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido a
la diputada María Elena Chávez Palacios, para separarse de sus funciones como diputada
federal, electa en el XXVI distrito del estado de México, a partir de esta fecha.
No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobado. Comuníquese a la Cámara
de Diputados.
La Secretaria senadora Yolanda
González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Diputado Eric
Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión.— Presente.
Por este
conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 47 y 48 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a
usted a fin de que tenga a bien realizar los trámites necesarios para que se me otorgue
licencia temporal para separarme del cargo de diputado federal de la LVIII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión a partir de esta fecha.
Atentamente.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 3 de enero de 2003. — Diputado Rafael Barrón Romero.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De conformidad
con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria senadora Yolanda
González Hernández:
En atención a
las instrucciones del señor Presidente, se da a conocer el punto de acuerdo.
Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido
al diputado Rafael Barrón Romero, para separarse de sus funciones como diputado federal,
electo en el IV distrito del estado de México, a partir de esta fecha.
Se consulta a
los señores legisladores si se aprueba el punto único que se ha dado a conocer.
Quienes estén
por la afirmativa, les rogamos manifestarlo por favor...
Gracias.
Quienes estén
por la negativa...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobado. Comuníquese a la Cámara
de Diputados.
La Secretaria senadora Micaela
Aguilar González:
«Diputado Eric
Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Por este
conducto y con fundamento en el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito licencia para separarme del encargo de
diputada federal por el XIII distrito electoral en el estado de México, con cabecera en
Ecatepec de Morelos, a la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión por el periodo que incluye los días 6 de enero a 15 de marzo del
año en curso.
Sin otro
particular, agradezco de antemano la atención que se sirva brindar al presente.
Atentamente.
Palacio
Legislativo, a 6 de enero de 2003.— Diputada María
Cristina Moctezuma Lule.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De conformidad
con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria senadora Micaela
Aguilar González:
Está a
discusión el siguiente punto de acuerdo...
Unico. Se concede licencia a la diputada María
Cristina Moctezuma Lule, para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en
el XIII distrito del estado de México, a partir de esta fecha y hasta el 14 de marzo de
2003.
No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobado. Comuníquese a la Cámara
de Diputados.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Diputado Eric
Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
El suscrito
diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 79 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted de manera respetuosa para
manifestar lo siguiente:
Que por haber
recibido del Comité Ejecutivo Nacional del PAN la designación como candidato a la
presidencia municipal de Toluca, estado de México, me veo en la necesidad de solicitar a
esta soberanía los siguientes puntos:
Primero. Se me
conceda licencia para ausentarme del cargo de diputado federal de la LVIII Legislatura a
partir de 6 de enero hasta el 14 de marzo de 2003.
Segundo. Se
sirva realizar los trámites necesarios para aprobar lo solicitado.
Sin más por el
momento, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio
Legislativo, a 6 de enero de 2003. — Diputado Armando
Enríquez Flores.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De conformidad
con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
El Secretario diputado José
Tomás Lozano y Pardinas:
Como lo ordena
el señor Presidente, está a discusión el siguiente punto de acuerdo...
Unico. Se concede licencia al diputado Armando
Enrique Flores para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el XXXIV
distrito del estado de México, a partir de esta fecha hasta el 14 de marzo del año 2003.
No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobado. Comuníquese a la Cámara
de Diputados.
La Secretaria diputada Olga
Margarita Uriarte Rico:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Diputado Eric
Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presente.
El suscrito
diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 79 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted de manera respetuosa para
manifestar lo siguiente:
Que por haber
recibido del Comité Ejecutivo Nacional del PAN la designación como candidato a la
presidencia municipal de Nezahualcóyotl, estado de México, me veo en la necesidad de
solicitar a esta soberanía los siguientes puntos:
Primero. Se me
conceda licencia para ausentarme del cargo de diputado federal de la LVIII Legislatura a
partir del 6 de enero hasta el 14 de marzo de 2003.
Segundo. Se
sirva realizar los trámites necesarios para aprobar lo solicitado.
Sin más por el
momento, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio
Legislativo, a 6 de enero de 2003.— Diputado Lionel
Funes Díaz.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De conformidad
con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Olga
Margarita Uriarte Rico:
Está a
discusión el siguiente punto de acuerdo...
Unico. Se concede licencia al diputado Lionel
Funes Díaz para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el XX
distrito del estado de México a partir de esta fecha, hasta el 14 de marzo de 2003.
No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobado. Comuníquese a la Cámara
de Diputados.
JOSE
MARIA GUILLEN TORRES
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Esta Presidencia
tiene la pena de participar a la Asamblea el lamentable fallecimiento el día de ayer,
martes 7 de enero, del diputado José María Guillén Torres, integrante de la LVIII
Legislatura de la Cámara de Diputados; originario del estado de Veracruz y miembro del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Rogamos a todos
los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.
(Un minuto de
silencio.)
Muchas gracias.
COMISION
PERMANENTE
La Secretaria senadora Yolanda
Eugenia González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Acuerdo
parlamentario relativo a las sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de
la Unión.
Los legisladores
integrantes de la Comisión Permanente del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional de la LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
relativos del Título Cuarto de la Ley Orgánica del Congreso General y
CONSIDERANDO
Que el artículo
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que durante los
recesos del Congreso de la Unión haya una Comisión Permanente integrada por legisladores
nombrados por sus respectivas cámaras;
Que los trabajos
de la Comisión Permanente son de la más alta importancia como único órgano
parlamentario durante los recesos del Congreso de la Unión, y por tanto merecen ser
atendidos con el mayor interés y
Que la
suscripción de acuerdos parlamentarios tiene el propósito de complementar la
normatividad del Congreso de la Unión, a fin de contribuir al mejor desarrollo de los
trabajos, someten a la consideración de la Asamblea el siguiente
ACUERDO
Primero. El presente acuerdo parlamentario
establece criterios generales para la conformación del orden del día, orden de las
sesiones y los debates sobre asuntos de interés nacional en las sesiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión del Primer Receso del Tercer Año de
Ejercicio de la LVIII Legislatura.
De las sesiones
Segundo. La Comisión Permanente celebrará sus
sesiones, preferentemente los días miércoles de cada semana durante el Primer Receso del
Tercer Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura.
La Presidencia
de la Mesa Directiva, previo acuerdo de los representantes de los grupos parlamentarios,
podrá convocar a sesiones en días diferentes al señalado.
Tercero. Para la participación de los
legisladores en las sesiones, se permitirá la sustitución indistinta de diputados o
senadores, respectivamente, para los efectos del pase de lista. La Secretaría General, a
través de la Secretaría de Servicios Parlamentarios será la encargada de recibir las
notificaciones que hagan los grupos parlamentarios sobre las sustituciones, a efecto de
elaborar la lista de asistencia correspondiente.
A fin de dar
cumplimiento a lo que dispone el segundo párrafo del artículo 45 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General, una vez declarada abierta la sesión, el
legislador que haya pasado lista de asistencia no podrá ser sustituido, por lo que, en
caso de retirarse de la sesión, nos se permitirá que otro legislador cubra su ausencia
para efectos de votaciones o participación en los debates.
Cuarto. Las sesiones darán inicio a las 11:00
horas y tendrán una duración de hasta cuatro horas. Esta duración podrá ser ampliada
por acuerdo del pleno, a propuesta de la Presidencia de la Comisión Permanente, a fin de
permitir el despacho de todos los asuntos agendados.
Del orden del día
Quinto. La Mesa Directiva y los representantes de
los grupos parlamentarios se reunirán el día anterior a la sesión o en la mañana del
mismo día, con objeto de integrar y dar a conocer el orden del día de la sesión que
corresponda.
Sexto. Para la integración del orden del día se
listarán, en primer término, los asuntos que las disposiciones legales establezcan como
materia de la Comisión Permanente, pudiendo incluirse otros, siempre y cuando en su
registro se observen las disposiciones contenidas en este acuerdo.
Séptimo. En el orden del día de la sesión, los
asuntos deberán agruparse conforme a los conceptos que correspondan, con base a lo
dispuesto por el artículo 30 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General.
Octavo. Con la finalidad de ordenar el debate, los
representantes de los grupos parlamentarios enviarán, a la Presidencia de la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente, las solicitudes de asuntos para incluir en el orden
del día. Estas solicitudes se recibirán hasta las 15:00 horas del día anterior a la
sesión en que se pretendan registrar, para efecto de que se integre el orden del día en
la reunión a que se refiere el numeral 5 del presente acuerdo.
Noveno. El orden del día se integrará con los
asuntos a que se refiere el artículo 30 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General; con las solicitudes y documentos remitidos por las comisiones, y con los
asuntos complementarios solicitados en tiempo y forma por los grupos parlamentarios,
relativos a temas de interés general.
Décimo. Los asuntos complementarios a debate que
de-seen incluir los grupos parlamentarios, constituirán la agenda política.
Undécimo. Previo acuerdo de los grupos
parlamentarios, la Mesa Directiva podrá registrar asuntos el mismo día de la sesión de
la Comisión Permanente, antes de su inicio. Una vez iniciada la sesión, no podrán
incluirse asuntos en el orden del día.
De las deliberaciones
Duodécimo. Las deliberaciones sobre los asuntos
contenidos en la agenda política las deberá iniciar el grupo parlamentario que haya
solicitado su registro, pudiendo registrarse hasta una ronda de oradores para que cada
grupo parlamentario, en orden creciente, fije su posición al respecto. Estas
intervenciones no podrán tener una duración mayor de 10 minutos y sobre la discusión
podrán inscribirse otros oradores, quienes hablarán conforme lo establece el Reglamento
para el Gobierno Interior, y por un tiempo máximo de cinco minutos.
Del control de acceso al salón de
sesiones y del orden en las sesiones
Decimotercero. A fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 212 del Reglamento para el Gobierno Interior, sólo con permiso
del Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, podrán entrar al salón
de sesiones personas que no sean diputados o senadores. Para tal efecto, los interesados
deberán identificarse previamente y no portar pancartas u objetos que perturben el orden
u obstruyan la visibilidad a los legisladores; igualmente, se deberán comprometer a
observar lo dispuesto por los artículos 205, 207 y 209 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Decimocuarto. Para apoyar el trabajo de los
legisladores en el interior del recinto, cada grupo parlamentario podrá contar con el
número de auxiliares que por consenso acuerden sus representantes.
Decimoquinto. El personal que auxilia a los
legisladores durante toda la sesión deberá estar debidamente acreditado por la
Secretaría General y se ubicará en las áreas que no obstruyan la visibilidad de la
sesión ni perturbarán el orden.
Decimosexto. En los días en que se realice
sesión pública, la Secretaría de Servicios Administrativos dispondrá lo necesario para
que en el exterior del recinto se coloquen monitores de televisión y sistemas de sonido
que permitan a los visitantes y al público en general seguir el desarrollo de los
trabajos en el pleno.
De la Gaceta
Parlamentaria
Decimoséptimo. En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de
Diputados se difundirá lo referente a la Comisión Permanente, y entre otros aspectos los
siguientes:
1.El orden del
día de las sesiones plenarias de la Comisión Permanente.
2. Los acuerdos
que adopte la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3. Las
convocatorias y el orden del día de las reuniones de las comisiones de la Comisión
Permanente cuando éstas así lo soliciten.
4. Las actas de
las sesiones públicas y los acuerdos del pleno y de las comisiones, en su caso.
5. Los proyectos
de puntos de acuerdo y el contenido de los demás asuntos que se tratarán en el pleno.
6. Las
iniciativas de ley o decreto que se presenten en la Comisión Permanente.
7. Los
dictámenes legislativos de las comisiones permanentes y los votos particulares que sobre
los mismos se presenten.
8. Las
comunicaciones oficiales dirigidas a la Comisión Permanente.
9. Las
proposiciones y acuerdos de la Mesa Directiva.
10. Las
proposiciones y acuerdos de los coordinadores de los grupos parlamentarios.
11. Las
comunicaciones y resoluciones que envíen ambas cámaras del Poder Legislativo del
Congreso de la Unión.
12. Una
síntesis de las comunicaciones de particulares que tengan como destinataria a la
Comisión Permanente, en los términos del artículo 61 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General.
13. Las
comunicaciones de los legisladores que en representación de las cámaras del Congreso de
la Unión, asistan a reuniones diplomáticas parlamentarias, y 14. Los documentos que
dispongan la Mesa Directiva y aquellos cuya publicación soliciten a ésta, los
representantes de los grupos parlamentarios.
Decimoctavo. La Gaceta Parlamentaria se publicará todos los
días en que sesione la Comisión Permanente y en los que así lo acuerde la Mesa
Directiva.
Decimonoveno. La Secretaría General, a través de
la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados será responsable de
entregar los ejemplares en las oficinas de los grupos parlamentarios y garantizará que
existan copias disponibles en el salón de sesiones, cuando se realicen sesiones
plenarias.
Vigésimo. El contenido de la Gaceta Parlamentaria se difundirá a través de los
servicios electrónicos de información de la Cámara de Diputados. (Sus versiones
definitivas se entregarán íntegramente a las bibliotecas de ambas cámaras).
Vigésimoprimero. Independientemente de la
publicación de la Gaceta Parlamentaria, la Mesa
Directiva podrá acordar la incorporación de puntos adicionales o el retiro o
modificación de alguno de los publicados, en lo que se refiera al orden del día, a
petición de los representantes de los grupos parlamentarios, las comisiones, las
legisladoras o legisladores, de manera individual.
Vigésimosegundo. Los criterios para la
publicación de documentos en la Gaceta
Parlamentaria, son los siguientes:
1. Todos los
documentos que se envíen para su publicación en la Gaceta
Parlamentaria se entregarán a la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la
Cámara de Diputados y deberán entregarse en formato digital compatible con el sistema de
dicha Secretaría.
2. Las
convocatorias y orden del día de las reuniones de comisiones, deberán enviarse al menos
dos días antes de su reunión y al menos dos días antes de su publicación en la Gaceta.
3. Las actas y
acuerdos de las comisiones, deberán enviarse al menos dos días antes de la fecha de su
publicación en la Gaceta Parlamentaria.
4. Los puntos de
acuerdo y propuestas que pretendan presentarse en la sesión que corresponda, deberán
enviarse al menos dos días antes de esa sesión (deberá remitirse también una copia
impresa con firma autógrafa).
5. Las
iniciativas de ley o decreto que presenten los legisladores deberán enviarse al menos dos
días antes de la sesión plenaria correspondiente, remitiéndose también una copia
impresa con firma autógrafa.
6. Los
dictámenes de comisiones deberán enviarse al menos dos días antes de la sesión
plenaria en que se incluyan para su primera lectura. Deberá remitirse también una copia
impresa firmada por la mayoría de los integrantes de las comisiones.
7. Los
dictámenes de comisiones que no requieran de dos lecturas consecutivas deberán enviarse
al menos dos días antes de la sesión en que se discutirán.
8. Las
proposiciones y acuerdos de los grupos parlamentarios deberán enviarse al menos dos días
antes de su publicación en la Gaceta Parlamentaria;
debiéndose remitir también una copia impresa con firma autógrafa.
9. Las
comunicaciones de legisladores deberán enviarse al menos dos días antes de su
presentación ante el pleno, debiéndose remitir también una copia impresa con firma
autógrafa.
10. El contenido
de la versión definitiva de la Gaceta Parlamentaria
se entregará íntegramente a las bibliotecas de ambas cámaras.
Vigésimotercero. La publicación impresa de la Gaceta Parlamentaria y la que aparezca en medios
electrónicos sólo tiene propósitos informativos, por lo que su contenido carecerá de
valor probatorio y no genera consecuencias jurídicas, quedando exenta la Comisión
Permanente de toda responsabilidad que de ello derive.
Salón
Legisladores de la República, a 7 de enero del año 2003.— Legisladores:
Eric Eber Villanueva Mukul, Presidente
de la Comisión Permanente; Carlos Aceves y del
Olmo, Bernardo Borbón Vilches, vicepresidentes; Olga Margarita Uriarte Rico, José Tomás Lozano
Pardinas, Yolanda E. González Hernández, Micaela Aguilar González, secretarios.»
Está a
consideración del pleno, de los señores legisladores y se consulta si no habrá
alguna intervención al respecto. Si es de aprobarse la propuesta que la Mesa Directiva
hace al pleno de esta Comisión Permanente.
Quienes estén
por la afirmativa, les rogamos manifestarlo...
Quienes estén
por la negativa... Aprobado, señor Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobado.
ESTADO
DE AGUASCALIENTES
La Secretaria senadora Micaela
Aguilar González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes.— Poder Legislativo.— LVIII Legislatura.
Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, DF.
La LVIII
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en sesión solemne celebrada el
22 de octubre del año en curso, llevó a cabo la apertura y clausura del tercer periodo
extraordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional,
habiéndose integrado la mesa directiva que coordinó los trabajos del mismo, en la forma
siguiente:
Diputados:
Miguel Bess Oberto Díaz, presidente; Luis Santana Valdés, vicepresidente; Juan Antonio
Martín del Campo Martín del Campo, primer secretario; Rafael Galván Nava, segundo
secretario y José de Jesús Martínez González , prosecretario.
Al informar a
ustedes lo anterior, nos es grato renovarles las seguridades de nuestra alta
consideración.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
“Año José
Guadalupe Posada Aguilar”
México, DF, a
23 de octubre de 2002.— Diputados: Miguel Bess
Oberto Díaz, presidente y Juan Antonio
Martín del Campo Martín del Campo, primer secretario; Rafael Galván Nava, segundo secretario.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De enterado.
ESTADO
DE CHIAPAS
El Secretario diputado José
Tomás Lozano y Pardinas:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Estado Libre y Soberano de Chiapas.—
Honorable Congreso.
Ciudadano Rafael
Macedo de la Concha, Procurador General de la República.— Presente.
El 25 de
noviembre fue declarado el Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres en el
Primer Encuentro Feminista para América Latina y el Caribe, celebrado en Bogotá,
Colombia, en 1981. En el encuentro las mujeres denunciaron sistemáticamente la violencia
de género, desde agresiones domésticas a violaciones y tortura sexual o violencia de
Estado. La propuesta hecha por este encuentro fue reconocida oficialmente en 1999 por las
Naciones Unidas como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las
Mujeres.
La violencia de
género constituye una violación de los derechos humanos, intolerable en cualquier
sociedad, y que exige que todos y todas trabajemos juntos por un mundo más justo que
garantice la integridad y la dignidad de las mujeres; por todo ello los invito,
compañeros legisladores, a apoyar a las mujeres víctimas de esta violencia, a colaborar
para poner fin a todos los abusos, agresiones y asesinatos que impiden una convivencia
pacífica y en igualdad, y a exigir que estas conductas agresivas sean perseguidas con
todos los medios que una sociedad democrática posee.
En México, el
problema más tangible en materia de violencia a la mujer, es lo que ocurre en Ciudad
Juárez, Chihuahua, en donde desde el 6 de mayo de 1993, cuando se descubrieron los restos
de una mujer de 35 años, quien, con un embarazo de cinco meses fue estrangulada después
de un ataque sexual, y de quien a la fecha se sigue ignorando su identidad, así como la
de su agresor; abriéndose con ella el más vergonzoso de los episodios criminales del
país.
El 8 de abril
pasado, en Ginebra, Suiza, durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas, el relator especial rindió un Informe sobre el
Poder Judicial, la administración de justicia y la impunidad en México, el cual incluye
un apartado sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. Dentro de dicho informe se
asentó la absoluta ineficacia, incompetencia, indiferencia, insensibilidad y negligencia
de la policía que había llevado hasta entonces las indagaciones; por lo tanto, se
formuló la siguiente recomendación al Gobierno mexicano:
“Deben
investigarse a fondo los casos aún no esclarecidos en relación con los más de 189
asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez y procesarse a sus autores. Los
tribunales deben acelerar la resolución de los juicios pendientes.”
En ese sentido,
por acuerdo de la LXI Legislatura del honorable Congreso del estado de Chiapas, tomado en
sesión ordinaria de esta propia fecha, por este medio se envía una excitativa al
Gobierno Federal a través de usted, para que en su ámbito de competencia, se aboque al
esclarecimiento de los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sin otro
particular, habilitamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, noviembre 26 de 2002.— Por el honorable Congreso del
Estado.— Diputados: Carlos Alberto Palomeque
Archilla, presidente y Rodolfo Martínez
Morales, secretario.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión Especial
para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con los homicidios
de las mujeres perpetradas en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos desde 1993, de la
Cámara de Diputados y a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores.
ESTADO
DE CHIHUAHUA
La Secretaria diputada Olga
Margarita Uriarte Rico:
«Escudo.—
Congreso del Estado de Chihuahua.— LXI Legislatura.
Ciudadana
diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Anexo le remito
acuerdo número 416/02 I P.O., así como copia de la iniciativa que le dio origen,
aprobado por el honorable Congreso del estado, en fecha 8 de noviembre del año en curso,
mediante el cual esta legislatura expresa su apoyo a la iniciativa formulada ante la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión mediante la cual se pretende
crear la Ley de Zonas de Libre Comercio, en virtud de la importancia y beneficio que
implícitamente conlleva para el desarrollo económico de nuestra nación; asimismo se
solicita se inicien los trabajos respectivos para que se incluyan de manera específica en
la citada iniciativa las siguientes fronteras de nuestro estado: Jerónimo, Ojinaga,
Zaragoza, Guadalupe, Palomas, Berrendo y Juárez.
Sin otro
particular de momento, le reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Chihuahua,
Chihuahua, a 8 de noviembre del 2002. — Diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Presidente
del honorable Congreso del Estado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del estado de Chihuahua.
Acuerdo número
416/02 I P.O.
La LX
Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su Primer Periodo
Ordinario de Sesiones, dentro de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional
ACUERDA
Primero. La LX Legislatura del honorable Congreso
del estado, expresa su apoyo a la iniciativa formulada ante la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión mediante la cual se pretende crear la Ley de Zonas de
Libre Comercio, en virtud de la importancia y beneficio que implícitamente conlleva para
el desarrollo económico de nuestra nación; asimismo solicita, se inicien los trabajos
respectivos para que se incluyan de manera específica en la citada iniciativa las
siguientes fronteras de nuestro estado: Jerónimo, Ojinaga, Zaragoza, Guadalupe, Palomas,
Berrendo y Juárez.
Segundo. Se recomienda a la Comisión de Comercio
del honorable Congreso de la Unión, la modificación de la nomenclatura de la iniciativa
en mención para denominarse “Ley de Zonas Económicas Estratégicas”.
Tercero. Remítase copia del presente acuerdo y de
la iniciativa que le dio origen a las cámaras de Diputados y Senadores del honorable
Congreso de la Unión.
Dado en el
salón de sesiones del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, noviembre
de 2002.— Diputados: Manuel Guillermo
Márquez Lizalde, presidente; Jesús R.
Corral Ordóñez y Pedro Martínez
Cháirez, secretarios.»
«Escudo.—
Congreso del Estado de Chihuahua.— LXI Legislatura.— Comisión de Desarrollo
Económico.
Honorable
Congreso de Estado.— Presente.
A los
integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, nos fue turnada para su estudio y
dictamen, iniciativa con carácter de punto de acuerdo formulada por el diputado Guillermo
Alberto Luján Peña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
mediante la cual propone que esta representación popular brinde el apoyo a la iniciativa
presentada en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, misma que
pretende crear la Ley de Zonas de Libre Comercio.
Los suscritos al
entrar en análisis de la presente iniciativa nos basamos para emitir el presente dictamen
en los siguientes:
ANTECEDENTES
I. El diputado de referencia, en uso de la facultad que le confiere la
fracción I del artículo 68 de la Constitución Política local, y los ordinales 21 y 22
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentó la iniciativa que hoy se dictamina.
II. Con fecha 24
de junio del año en curso, el ciudadano Presidente de este honorable Congreso tuvo a
bien, en uso de las facultades que le confiere el artículo 53 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, turnarnos el presente asunto, a efecto de que se llevara a cabo el
estudio correspondiente.
III. Señala el
iniciador que con fecha 14 de diciembre del año próximo pasado, fue presentada ante la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, iniciativa de decreto para crear
la Ley de Zonas de Libre Comercio, siendo formalmente turnada a la Comisión de Comercio
de dicha Cámara para su análisis y posterior dictamen.
El propósito de
dicha iniciativa, es establecer las bases para la creación y funcionamiento de zonas de
libre comercio y crear la Comisión de Libre Comercio con objeto de promover la inversión
extranjera, impulsar la exportación de bienes nacionales, incentivar la creación de
empleos y participar activamente en la integración económica internacional, fomentando
el desarrollo sustentable en las diversas regiones de México.
Al respecto, nos
permitimos realizar las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Hoy en día
las zonas francas comprenden no sólo actividades comerciales o industriales, sino
también de servicios, principalmente financieros, de turismo y telecomunicaciones ya que
se han convertido en un elemento captador de inversión extranjera, medio de transferencia
tecnológica, creación de fuentes de trabajo y modernización de la estructura
productiva.
Por otra parte,
constituyen un elemento de progreso y países de todos los continentes del mundo están
estableciendo este tipo de zonas no sólo para acelerar el desarrollo regional, sino para
el desarrollo económico general.
II. Las zonas
libres que pretende regular la iniciativa de ley que se propone, se deben ver
primordialmente como un instrumento de impulso al desarrollo de las diferentes regiones
del país y con ello a un sano y equilibrado crecimiento de México que se traduzca en
beneficios directos a la población a través de la generación de empleos, captación y
generación de impuestos locales, ubicando puntos de fácil acceso a los mercados como
puertos, zonas cercanas a la frontera o puntos que faciliten la distribución de los
productos.
III. Con el fin
de mejorar las condiciones de competitividad, promover el desarrollo, incentivar la
inversión tanto nacional como extranjera, retener la industria maquiladora y fomentar el
crecimiento de algunas zonas que se hallan rezagadas, consideramos de vital importancia la
intervención de esta soberanía, ante el Congreso de la Unión, para apoyar la creación
de la ley que promueve el establecimiento, uso, aprovechamiento y explotación de zonas de
libre comercio, solicitando además que se incluya específicamente el desarrollo de las
siguientes fronteras de nuestro estado:
•
Jerónimo;
• Ojinaga;
• Zaragoza;
•
Guadalupe;
• Palomas;
• Berrendo
y
• Juárez.
Asimismo,
consideramos que, de aprobarse la citada ley, se lograría promover el establecimiento de
recintos fiscalizados con el propósito de importar las mercancías para su
transformación sin necesidad de pasar por aduana ni recurrir a su transbordo, almacenaje
o custodia, evitando los costos que esto implica y que usualmente se realizan en el lado
americano.
IV. De la
iniciativa en análisis se desprende que poseer, los mexicanos, una ley de esta
naturaleza, nos reportaría múltiples ventajas, toda vez que una legislación como la que
es motivo de comentarios llenaría un vacío que existe en la actualidad sobre la materia
y vendría a darnos el apoyo jurídico que complementado con la reglamentación
correspondiente, constituiría un valioso instrumento de ayuda para nuestro país en el
cada vez más complejo campo del comercio internacional; cabe destacar entre otros
conceptos, los siguientes:
•
Reforzamiento de nuestra competitividad internacional en esta materia, ayudándonos a
revertir la situación desfavorable existente para nuestro país cuando menos en su
frontera norte y sur;
•
Estimularía la actividad exportadora para el equilibrio de nuestra balanza comercial;
• La
creación de nuevas zonas libres; e
•
Impulsaría nuevos polos de desarrollo.
V. Por otra
parte la desregulazación y simplificación administrativa en la materia sería un medio
importante de estímulo en la captación de la inversión productiva nacional y extranjera
y si bien en estas zonas no se pagarían impuestos al comercio exterior, la misma
actividad económica que su operación conlleva, generaría otros impuestos, ahorros
considerables en los costos derivados del proceso de tramitación en la actividad del
comercio exterior y, por supuesto, nuevos y mejor remunerados empleos, con óptimas
condiciones de vida para sus habitantes, convirtiéndose estas zonas en verdaderas áreas
de transición hacia el futuro, laboratorios para las nuevas ciudades, captando lo más
avanzado de la tecnología para el mundo.
Como
representantes populares que somos, es nuestra obligación no solamente el irrestricto
cumplimiento de nuestras facultades expresas, sino que nuestra actuación en múltiples
ocasiones debe ir más allá buscando alternativas de solución que permitan encontrar un
desarrollo económico integral, para los pueblos que representamos.
Bajo esa
tesitura, consideramos viable el planteamiento del iniciador y con fundamento en lo que
disponen los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos
someter a consideración de la Asamblea el siguiente
punto de ACUERDO
Primero. La LX Legislatura del honorable Congreso
del estado, expresa su apoyo a la iniciativa formulada ante la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión mediante la cual se pretende crear la Ley de Zonas de
Libre Comercio, en virtud de la importancia y beneficio que implícitamente conlleva para
el desarrollo económico de nuestra nación; asimismo, solicita se inicien los trabajos
respectivos para que se incluyan de manera específica en la citada iniciativa las
siguientes fronteras de nuestro estado: Jerónimo, Ojinaga, Zaragoza, Guadalupe, Palomas,
Berrendo y Juárez.
Segundo. Se recomienda a la Comisión de Comercio
del honorable Congreso de la Unión, la modificación de la nomenclatura de la iniciativa
en mención para denominarse “Ley de Zonas Económicas Estratégicas”.
Tercero. Remítase copia del presente acuerdo y de
la iniciativa que le dio origen a la Cámara de Diputados y a la de Senadores del
honorable Congreso de la Unión.
Económico.
Aprobado que sea remítase a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los
términos conducentes.
Dado en el
recinto oficial del Poder Legislativo, a 8 de noviembre 2002.— Por la Comisión de
Desarrollo Económico.— Diputados: Guillermo
Alberto Luján Peña, presidente, Héctor
Elías Barraza Chávez, secretario y José
Mario Wong Pérez, vocal.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Comercio
y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados.
ESTADO
DE TAMAULIPAS
La Secretaria senadora Yolanda
Eugenia González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Tamaulipas.— Poder
Legislativo.
Licenciada
Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
En sesión
pública ordinaria celebrada por el Congreso del estado en esta fecha se aprobó un punto
de acuerdo mediante el cual se hace un pronunciamiento con relación a los hechos
violentos suscitados el día de ayer en el Palacio Legislativo en San Lázaro.
En dicho punto
de acuerdo se estableció lo siguiente:
“Primero.
Ante la irrupción violenta de diversos grupos de personas en el Palacio Legislativo en
San Lázaro ocurrida el día de ayer, el Congreso del estado de Tamaulipas emite el
siguiente
PRONUNCIAMIENTO
- Rechazamos y
condenemos enérgicamente el ejercicio de cualquier forma de violencia que pretenda
intimidar a la Cámara de Diputados en el ejercicio de sus funciones o alterar el
desarrollo de las tareas que le corresponden para ello.
- Afirmamos que
la libertad de reunión y la libertad de manifestación encuentran como límite el respeto
a los derechos de terceros y a las disposiciones legales que señalan el cauce para su
ejercicio. No hay derecho contra el derecho, ello entraña una pretensión que atenta
contra el principio elemental de sujetar la vida en comunidad a lo dispuesto por el orden
jurídico.
- Reflexionamos
sobre el hecho de que las sedes del Poder Legislativo y sus recintos parlamentarios,
habida cuenta la naturaleza de sus funciones en nuestro régimen constitucional, no
disponen ni deben disponer de fuerzas de seguridad a cargo de la salvaguarda de sus
instalaciones ante la eventualidad de una agresión externa. Los poderes legislativos son
ámbitos para la expresión del pueblo a través de sus representantes y para el diálogo
de éstos con toda organización, corriente o expresión social, sobre la base del
respeto, la tolerancia y la convicción democrática.
- Aseveramos que
nuestra Cámara de Diputados es un órgano plural emanado de la voluntad soberana del
pueblo expresada en las urnas y merece el más puntual respeto a su representatividad.
Ningún grupo puede arrogarse la pretensión de representatividad mayor que la depositada
en el Congreso de la Unión.
- Formulamos un
llamado urgente a que cesen los amagos que ponen en riesgo el cumplimiento de las
funciones constitucionales de la Cámara de Diputados, se garantice la seguridad personal
de nuestros representantes populares y se asegure el respeto irrestricto al Palacio
Legislativo en San Lázaro y a su salón de sesiones.
- Exhortamos
respetuosamente al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión para que en el ámbito de
sus respectivas competencias abran espacios que permitan el diálogo y la concertación
necesarios para dar solución a las demandas de las organizaciones sociales, a fin de
evitar que en estas últimas prive la desesperación y la protesta violenta ante la falta
de respuesta de la autoridad pública a tales demandas.
Segundo.
Comuníquese el presente punto de acuerdo a la Cámara de Diputados, al Senado de la
República, al Ejecutivo Federal, a las legislaturas de los estados y a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.”
En relación con
lo anterior, tenemos a bien hacerlos llegar acompañando al presente, un ejemplar de la
iniciativa de punto de acuerdo correspondiente.
Sin otro
particular, les renovamos las seguridades de nuestra consideración más distinguida.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Ciudad Victoria,
Tamaulipas, a 11 de diciembre de 2002.— Los secretarios de la Mesa Directiva.—
Diputados: Jesús de la Garza Díaz del Guante y
Andrés Alberto Compeán Ramírez.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Tamaulipas.— Poder
Legislativo.
Honorable
Asamblea: a través de los medios de comunicación hemos tomado conocimiento de una serie
de hechos que se produjeron ayer en el Palacio Legislativo en San Lázaro, cuando la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión desarrollaba su sesión plenaria convocada
previamente.
Con toda firmeza
consideramos que la libertad de reunión y la libertad de manifestación que se encuentran
establecidas en la Constitución General de la República son derechos fundamentales de
los habitantes del país y, desde luego, de sus ciudadanos, pero también precisamos que
el ejercicio de esas libertades entraña el deber de respeto a las sedes del Poder
Legislativo y, en particular, a los recintos en los que se realizan sus sesiones. La
previsión legal de que esas sedes y esos recintos son inviolables no constituye una mera
declaración, sino una norma jurídica que debe ser respetada por toda persona.
Para deliberar y
decidir libremente sobre los asuntos que la Constitución atribuye al Poder Legislativo,
es esencial el disfrute de condiciones de seguridad y tranquilidad. Nuestras instituciones
parlamentarias no pueden adoptar criterios o decisiones basadas en cualquier amago de
intimidación.
Por otro lado,
la naturaleza de las responsabilidades constitucionales que ha de ejercer el Congreso y el
término legal que se le señala para dar cumplimiento a algunas de ellas, implica el
riesgo de que hechos como los ocurridos afecten sus tareas por el solo retraso en la
posibilidad de llevarlas a cabo.
En virtud de lo
expuesto y con fundamento en lo previsto por el artículo 64 fracción I de la
Constitución Política de Tamaulipas, por los artículos 59 fracción I y 60 fracción
III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por los artículos 84, fracción I y 85
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado solicitando se otorgue la
dispensa del turno a comisiones por estimar que se trata de un asunto de urgente
resolución en términos de lo dispuesto por el artículo 98 del Reglamento invocado, nos
permitimos proponer a usted la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Ante la irrupción violenta de diversos
grupos de personas en el Palacio Legislativo de San Lázaro ocurrida el día de ayer, el
Congreso del Estado de Tamaulipas emite el siguiente
PRONUNCIAMIENTO
- Rechazamos y
condenamos enérgicamente el ejercicio de cualquier forma de violencia que pretenda
intimidar a la Cámara de Diputados en el ejercicio de sus funciones o alterar el
desarrollo de las tareas que le corresponden para ello.
- Afirmamos que
la libertad de reunión y la libertad de manifestación encuentran como límite el respeto
a los derechos de terceros y a las disposiciones legales que señalan el cauce para su
ejercicio. No hay derecho contra el derecho, ello entraña una pretensión que atenta
contra el principio elemental de sujetar la vida en comunidad a lo dispuesto por el orden
jurídico.
- Reflexionamos
sobre el hecho de que las sedes del Poder Legislativo y sus recintos parlamentarios,
habida cuenta la naturaleza de sus funciones en nuestro régimen constitucional, no
disponen ni deben disponer de fuerzas de seguridad a cargo de la salvaguarda de sus
instalaciones ante la eventualidad de una agresión externa. Los poderes legislativos son
ámbitos para la expresión del pueblo a través de sus representantes y para el diálogo
de éstos con toda organización, corriente o expresión social, sobre la base del
respeto, la tolerancia y la convicción democrática.
- Aseveramos que
nuestra Cámara de Diputados es un órgano plural emanado de la voluntad soberana del
pueblo expresada en las urnas y merece el más puntual respeto a su representatividad.
Ningún grupo puede arrogarse la pretensión de representatividad mayor que la depositada
en el Congreso de la Unión.
- Formulamos un
llamado urgente a que cesen los amagos que ponen en riesgo el cumplimiento de las
funciones constitucionales de la Cámara de Diputados, se garantice la seguridad personal
de nuestros representantes populares y se asegure el respeto irrestricto al Palacio
Legislativo de San Lázaro y a su salón de sesiones.
- Exhortamos
respetuosamente al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión para que en el ámbito de
sus respectivas competencias abran espacios que permitan el diálogo y la concertación
necesarios para dar solución a las demandas de las organizaciones sociales, a fin de
evitar que en estas últimas prive la desesperación y la protesta violenta ante la falta
de respuesta de la autoridad pública a tales demandas.
Segundo. Comuníquese el presente punto de acuerdo
a la Cámara de Diputados, al Senado de la República, al Ejecutivo Federal, a las
legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Dado en el
salón de sesiones del Congreso del Estado.— Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 11 de
diciembre de 2002.— Diputados: Enrique
Cárdenas del Avellano, coordinador del grupo parlamentario del PRI; Juan Angel Ibarra Tamez, coordinador del grupo
parlamentario del PAN; Pedro Alonso Pérez,
coordinador del grupo parlamentario del PRD; Elías
Orozco Salazar, coordinador del grupo parlamentario del PT; María Lucía Ivette Alzaga Madaria, Ricardo Manzur
Oudie, Javier Villarreal Terán, Héctor Aurelio Castillo Tovar, Alvaro Villanueva
Perales, Gabriel de la Garza Garza, Jorge Vega Sánchez, José Raúl Bocanegra Alonso,
Humberto Valdez Richaud, Lorenzo Ramírez Díaz, Horacio Garza Garza, José Guillermo
Dávila Mora, Roberto Rodríguez Cavazos, Felipe Garza Narváez, Luis Alonso Mejía
García, Manuel Canales Escamilla, María Leticia Terán Rodríguez, Jesús Juan de la
Garza Díaz del Guante, José Luis Castellanos González, Rodolfo Eduardo Santos Dávila,
Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Andrés Alberto Compeán Ramírez, René Martín Cantú
Cárdenas, Eliseo Castillo Tejeda, Jesús Olvera Méndez, Claudio Alberto de Leija
Hinojosa, María del Carmen Hernández Paz y Armando
Vera García.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados.
Iniciativa del
Congreso del Estado de Puebla.
LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL
La Secretaria senadora Micaela
Aguilar González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Puebla.
Diputada Beatriz
Paredes Rangel, Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión.— Presente.
Anexo al
presente encontrará el punto de acuerdo emitido en sesión pública ordinaria de este
mismo día, por el pleno de la LV Legislatura del honorable Congreso del estado de Puebla.
Lo anterior,
para los efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Heroica Puebla
de Zarogoza, a 5 de diciembre de 2002.— Mesa Directiva.— Diputados: Adrián Víctor Hugo Islas Hernández,
presidente; Juan Ramírez Ramírez,
vicepresidente; José Gerardo Hilario Garcilazo
Martínez, María Sara Camelia Chilaca Martínez, secretarios.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Puebla.
Honorable LV
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla.
CONSIDERANDO
Que la Comisión
de Seguridad Pública y Protección Civil presidida por el diputado Humberto Vázquez
Arroyo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
solicitó al pleno del Congreso del estado acuerdo para enviar al honorable Congreso de la
Unión y a los 31 órganos legislativos locales, la propuesta de reformar la Ley General
de Protección Civil.
Que en el marco
del federalismo establecido por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es fundamental el que las entidades federativas que conforman la República,
tomen parte de las decisiones y administración en todos aquellos asuntos que involucren
la seguridad de todos habitantes de esta nación.
Que la
prevención de emergencias y desastres es parte medular en materia de Protección Civil y
por lo mismo, el flujo de los recursos para su atención debe ser proporcionado de manera
pronta y expedita, en el marco de una transparencia gubernamental que involucre la
participación de todas las entidades federativas.
Que atendiendo a
la necesidad de prevenir adecuadamente los posibles estragos que pudieran afectar a la
población y ante cualquier contingencia, resulta prioritario para el estado dar una
solución pronta y eficaz, en la que se destinen los recursos financieros previstos.
De la necesidad
de protección de la población respecto de las emergencias y desastres, surge el conjunto
de acciones englobadas en la noción de protección civil, la cual constituye la respuesta
a un conjunto de demandas estrechamente ligadas a las condiciones de vida de nuestra
sociedad y responde a necesidades de seguridad frente a los azares de la vida y a los
riesgos en tanto de la vida misma como de los bienes materiales y del entorno natural.
La protección
civil es un elemento importante de nuestro modo de organización social y de congruencia
de nuestra sociedad y constituye una tarea indispensable, consciente, deliberada, global y
planificada para proteger, así como conservar al individuo y a la sociedad.
Los factores de
riesgo en los que constantemente se ve envuelta nuestra sociedad, son una persistente
preocupación que no debemos dejar a un lado, siendo esencial la realización de acciones
preventivas dirigidas directamente a la permanencia de la seguridad colectiva. Siendo
necesario para lograr el mencionado propósito, la utilización conjunta por los estados,
el Distrito Federal y la Federación, de los recursos financieros destinados a preservar
el normal desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana.
El fideicomiso
preventivo, es reservado de los recursos destinados al Fondo Nacional de Desastres
(Fonden), para la realización de acciones preventivas, en la que tiene verificativo la
Secretaría de Gobernación como órgano rector y administrador de dicho fideicomiso.
Actualmente, la
Ley General de Protección Civil establece lo siguiente:
Artículo 31. La coordinación de acciones en
materia de atención de desastres se apoyará en los convenios que al efecto celebre la
Federación, a través de la Secretaría de Gobernación con cada una de las entidades
federativas.
En los mismos
términos del párrafo anterior, se suscribirán convenios con la finalidad de obtener
recursos para acciones preventivas, y establecer las bases y compromisos de su adecuada
utilización.
“Artículo 32. Esta ley, el Presupuesto de
Egresos de la Federación, así como las disposiciones administrativas en la materia
regularán los medios, formalidades y demás requisitos para acceder y hacer uso de los
recursos financieros tendientes a la prevención y atención de desastres.
Los recursos
financieros que se destinen para acciones preventivas a que hace referencia la fracción
III del artículo 30 del presente ordenamiento, serán tomados en un 20% del remanente no
ejercido del año anterior destinados a la atención de desastres.
Si el año del
ejercicio respectivo no quedara remanente alguno, se podrá utilizar hasta un 20% de la
cantidad que del fideicomiso correspondiente, a juicio de la instancia facultada para
utilizarlo, se determine para acciones preventivas.
Los recursos
para prevención a que alude este artículo, serán administrados en un fideicomiso
preventivo a cargo de la Secretaría de Gobernación.
Para efectos de
la autorización de recursos a entidades federativas, destinadas a la realización de
acciones preventivas, la instancia facultada verificará el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) La
notificación técnica, de la autoridad federal respectiva, que sustente la necesidad y
urgencia, de la acción o acciones a realizar; y
b) Que las
condiciones que originen la asignación de recursos, no se hayan incorporado a los
programas y acciones de prevención, con cargo al presupuesto de las propias entidades
federativas...”
Las reformas y
adiciones a la Ley General de Protección Civil, tienen como objetivo fundamental que la
administración del aludido fideicomiso preventivo, sea llevado a cabo conjunta y
participativamente por las entidades federativas y la Federación, creándose para tal
propósito la Comisión Nacional para la Prevención de Desastres.
La Comisión
Nacional para la Prevención de Desastres, estará integrada por los gobiernos de los
estados así como el del Distrito Federal y presidida por la Secretaría de Gobernación,
teniendo como función primordial la obtención y administración de los recursos del
fideicomiso preventivo, así como la autorización de éstos a las entidades federativas,
mediante previo cumplimiento de los requisitos establecidos.
En mérito de lo
expuesto y en ejercicio de las atribuciones que nos confiere el artículo 17, fracción
XI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción III de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 57 fracción II y 63 fracción II, de la
Constitución Política local y demás relativos, nos permitimos someter a consideración
de vuestra soberanía el siguiente
ACUERDO
Unico. Turnar al honorable Congreso de la Unión y
a las legislaturas de los estados, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, la propuesta emitida por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil
de esta LV Legislatura, para reformar y adicionar la Ley General de Protección Civil, lo
anterior en nuestro carácter de Constituyente Permanente en los siguientes términos:
“Artículo 3o...
XXIII.
Comisión: a la Comisión Nacional Para la Prevención de Desastres.
Artículo 31...
Se integrará un
cuerpo colegiado denominado Comisión Nacional para la Prevención de Desastres, por los
31 estados de la Federación y el Gobierno del Distrito Federal, presidido por la
Secretaría de Gobernación con la finalidad de obtener y administrar los recursos del
fideicomiso preventivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.
Artículo 32...
Si el año del
ejercicio respectivo, no quedara remanente alguno se podrá utilizar hasta un 20% de la
cantidad que del fideicomiso correspondiente, a juicio de la comisión, se determine para
acciones preventivas.
Los recursos
para prevención a que alude este artículo serán administrados en un fideicomiso
preventivo a cargo de la Comisión Nacional para la Prevención de Desastres.
Para efectos de
la autorización de recursos a entidades federativas, destinadas a la realización de
acciones preventivas, la comisión verificará el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
c) La
notificación técnica, de la autoridad federal respectiva, que sustente la necesidad y
urgencia, de la acción o acciones a realizar y
d) Que las
condiciones que originen la asignación de recursos, no se hayan incorporado a los
programas y acciones de prevención, con cargo al presupuesto de las propias entidades
federativas.”
Atentamente.
Heroica Puebla
de Zarogoza, a 5 de diciembre de 2002.— Mesa Directiva.— Diputados: Adrián Víctor Hugo Islas Hernández,
presidente; Juan Ramírez Ramírez,
vicepresidente; José Gerardo Hilario Garcilazo
Martínez, María Sara Camelia Chilaca Martínez, secretarios.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública, con opinión de la Comisión Especial de Seguridad
Pública, de la Cámara de Diputados.
ARTICULO
73 CONSTITUCIONAL
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del estado de Durango.— LXII
Legislatura.
Ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
Presentes.
Los suscritos
diputados, Juan Manuel Félix León, Yolanda de la Torre Valdez y Laura Elena Estrada
Rodríguez, Presidente y secretarias, respectivamente, de la LXII Legislatura del H.
Congreso del estado de Durango, con fundamento en el artículo 71 fracción III de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la
consideración de la más alta tribuna de la nación iniciativa con proyecto de decreto
que contiene reformas y adiciones al artículo 73 fracción XXIX numeral 5 inciso a) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
De conformidad
con el artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los municipios tienen a su cargo las funciones y servicios públicos que se
proporcionan a la ciudadanía, entre los que destaca el alumbrado público, siendo éste
uno de los servicios más importantes que coadyuva a preservar la integridad de las
personas y su patrimonio. Ello se traduce en paz social y convivencia armónica.
La
infraestructura urbana, el desarrollo comunitario y la seguridad pública son, entre otros
aspectos, rubros fundamentales para el bienestar de la población al originarse como un
servicio público básico que las administraciones municipales atienden en la medida de
sus posibilidades.
El servicio de
alumbrado público, prestado actualmente por las administraciones municipales, origina no
sólo gasto por su prestación sino por el establecimiento, mantenimiento y reparación de
la infraestructura necesaria para brindar mejor servicio y mayor cobertura, por lo que se
requiere contar con los recursos financieros suficientes para prestar tal servicio, por
tanto, se establece el cobro del servicio en la correspondiente Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado y en las distintas leyes de ingresos que anualmente debe decretar el
Congreso para los ayuntamientos.
Los integrantes
de la H. LXII Legislatura del Congreso del estado de Durango, con la finalidad de atender
la problemática relacionada con el cobro del derecho del servicio municipal de alumbrado
público, ya que éste se calcula considerando como base el consumo de energía
eléctrica, han considerado necesario promover la reforma constitucional necesaria a
efecto de posibilitar la competencia legal para que los ayuntamientos, en estricto
cumplimiento de su obligación de prestar el servicio de alumbrado público, conforme lo
dispone la propia Carta Fundamental, estén en posibilidad de hacer el cobro de dicho
servicio con una base gravable constitucionalmente legitimada.
Es menester
acotar que, conforme a la doctrina constitucional mexicana, la funcionalidad de los
dispositivos constitucionales debe permitir congruencia entre el hacer y el deber ser como
acto de autoridad y al establecerse la premisa de la obligación de prestar los servicios
públicos y que todos los ciudadanos están obligados a contribuir en forma proporcional a
los gastos de la administración pública, por lo que debe reafirmarse la competencia de
los ayuntamientos para cobrar el alumbrado público, a efecto de posibilitar el ingreso en
las arcas municipales por concepto de la prestación de dicho servicio.
Aun cuando los
principios para fijar y cobrar los derechos son la proporcionalidad y equidad, éstos se
rigen por un sistema distinto del de los impuestos. Así, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación ha dispuesto que las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas
tributarias establecidas en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y que el legislador debe satisfacer, y tratándose de
derechos, éstos se establecen a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos
parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado,
traduciéndose en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en
manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad del
cobro de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por
tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la
doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos se entienden
“las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado como precio
de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus
dependencias a personas determinadas que los soliciten”, De esa manera, para
determinar las cuotas correspondientes por dicho concepto, ha de tenerse en cuenta el
costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y las cuotas de referencia sean
fijas e iguales para todos lo que reciban servicios análogos.
Si bien la
administración municipal requiere recursos económicos que le permitan sufragar los
gastos que implica la prestación de los servicios públicos municipales y la creación y
mantenimiento de la infraestructura correspondiente, también resulta indispensable dar
seguridad jurídica a los sujetos pasivos del derecho de alumbrado público y que la
autoridad actúe con estricto apego a las normas legales aplicables, resultando en tal
sentido necesario adicionar al artículo 73, fracción XXIX, numeral 5 inciso a), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que quede
establecido que no se trata de una contribución al consumo de energía eléctrica el
hecho de que los municipios la consideren base para determinar el pago del derecho por el
servicio municipal de alumbrado público.
La H. LXII
Legislatura del estado de Durango, en sesión ordinaria del día 11 de diciembre del año
en curso, mediante decreto número 169, acordó enviar la iniciativa a que se alude en el
proemio del presente documento al honorable Congreso de la Unión para el trámite
parlamentario correspondiente.
Por lo
anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esa Cámara el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se adiciona el artículo 73
fracción XXIX numeral 5o. inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 73...
I a la VIII...
XXIX-A...
1o. a 4o...
5o...
a) Energía
eléctrica: no se considera una contribución al consumo de energía eléctrica cuando los
municipios la tomen como base para determinar el pago del derecho por el servicio
municipal de alumbrado público.
b) al g)…
...
XXIX-B a XXX...
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Reiteramos a
usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Victoria de
Durango, Durango, a 11 de diciembre de 2002.— Diputados: Juan Manuel Félix León, presidente; Yolanda de la Torre Valdez, y Laura Elena Estrada
Rodríguez, secretarias.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Esta Presidencia
recibió una iniciativa suscrita por el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de reformas a la fracción
XXVIII, del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
«Iniciativa con
decreto que reforma la fracción XXVIII del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, presentada por Uuc-kib Espadas Ancona, diputado del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
El suscrito,
Uuc-kib Espadas Ancona, diputado a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a
consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que
reforma la fracción XXVIII del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En los últimos
años y hasta el 2001, en México había una conciencia colectiva de fomento y protección
a la creación artística de los autores nacionales ante la imperiosa evidencia de la
necesidad urgente para promover la educación y la cultura en un país con nuestras
características. Me refiero, por un lado, a la pobreza material de una nación de 100
millones de habitantes, sumida en el escaso desarrollo, con más de la mitad de la
población en pobreza, con cifras promedio entre varios autores que apuntan hacia los 60
millones de personas, y con cifras cada vez más alarmantes de extrema pobreza, que van
desde los 20 hasta los 45 millones de personas, dependiendo del autor, pero que
inequívocamente esta pobreza extrema se concentra en un 60% en zonas urbanas; me refiero
a nuestro pueblo con baja escolaridad, con altos índices de deserción escolar, sin
suficiente infraestructura educativa, con un índice inaceptable de analfabetismo que se
estanca en el 9%, es decir, 9 millones de personas que no saben leer ni escribir y con la
pérdida sistemática de las lenguas y la cultura indígenas.
Pero también me
refiero, por el otro lado, a México como un país que atesora riquezas incalculables en
su tradición histórica y cultural que datan de hace más de dos mil años. Dicho así,
queda claro que la apuesta por el arte y la cultura es prioritaria como un recurso
nacional estratégico que es, ni más ni menos que la creación artística, ahora
amenazada por la constante fuga de cerebros y talentos de los países pobres como el
nuestro a los países desarrollados que valoran este potencial humano como un bien
insustituible.
Los autores
mexicanos, hasta el año 2001 se encontraban exentos del pago del Impuesto Sobre la Renta
por aquellos ingresos que provinieran del cobro realizado a terceros por la reproducción
de obras de su creación. Esta exención incluía, por ejemplo, los derechos que un
escritor cobrara a una editorial por la publicación de un libro de su autoría, o los que
un compositor cobrara a una compañía discográfica por la edición de los discos que
reprodujeran su obra. La exención, bajo ninguna condición, incluía los ingresos
obtenidos por las editoriales o discográficas de la venta de dichos materiales, los
honorarios cobrados por, en su caso, los intérpretes de las obras, ni tampoco los
obtenidos por los autores por la venta de obras por sí mismas, por ejemplo, los derivados
directamente de la venta de una pintura.
De esta forma,
la ley proporcionaba una mínima protección a aquel trabajo puramente intelectual que, en
México, se realiza en las más difíciles condiciones económicas y sociales, y que por
su característica central —la explotación por parte de terceros, generalmente
empresas medianas o grandes— se desarrolla invariablemente en condiciones de
dependencia.
El 30 de
diciembre de 2001, este Congreso, al reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, eliminó
la citada norma, concediendo a los autores un estrechísimo margen de exención de dos
salarios mínimos mensuales, monto a todas luces insuficiente para proteger el trabajo de
los intelectuales mexicanos.
Un año
después, en el paquete presupuestario de 2002, y reconociendo como error el haber
eliminado la exención del impuesto en comento, el Congreso de la Unión rectificó
parcialmente y aprobó una exención a los creadores que obtuvieran un ingreso inferior a
los 25 salarios mínimos.
No obstante este
logro parcial, pensamos hoy en el PRD que es un magro avance que carece de la convicción
de la defensa de la actividad creativa, patrimonio cultural de nuestro pueblo. Por lo que
reitero, a través de esta iniciativa nuestros argumentos y nuestro reclamo para que la
exención de este impuesto vuelva a ser de carácter general.
En mi partido,
tenemos muy claro que el trabajo de creación intelectual, en sus diversas expresiones,
lejos de ser el resultado del esfuerzo e interés individual de unos cuantos, es parte
sustancial del desarrollo cultural de una nación. Tanto en sus expresiones artísticas
como profesionales, en este trabajo intelectual se sintetizan, en gran medida, tanto la
historia como las aspiraciones y contradicciones de la sociedad. La creación intelectual
es, en más de una forma, la agricultura del espíritu, y tan importante para el
desarrollo cultural de la nación como aquélla para su desarrollo económico.
Sin embargo, en
México, la creación intelectual carece de condiciones de ejercicio que se correspondan
con su función social. A diferencia del comercio, la inversión, el trabajo profesional
e, incluso, el trabajo asalariado, la creación intelectual no sólo no cuenta con normas
y políticas de gobierno que proporcionen los mínimos elementos indispensables para
garantizar su desarrollo y supervivencia, sino que, día a día, como es el caso que
discutimos, tiene que afrontar restricciones e impedimentos crecientes.
Asimilar los
creadores a los comerciantes o a los profesionales independientes para efectos de su
régimen fiscal, no sólo falla al desestimular las prácticas creadoras en un país
urgido de ellas, sino que ignora cruciales diferencias en su ejercicio, importando una
gran iniquidad.
Sin tomar en
cuenta las extendidísimas prácticas de evasión fiscal tradicionales en el ejercicio de
aquéllas, y que son por definición imposibles para quienes obtienen usufructo de los
derechos de autor, es necesario puntualizar el absurdo de encajonar en los esquemas de
ingresos, egresos y beneficios el contablemente imposible de sintetizar proceso de
creación intelectual.
Si a esto se
agrega que, a diferencia de las profesiones de ejercicio independiente y del comercio, los
autores no se encuentran ante un extenso mercado de consumidores a los cuales ofrecer más
o menos libremente su producto, sino que un muy extenso número de creadores compiten por
hacerse paso a través de un estrechísimo número de consumidores casi siempre
corporativos y generalmente empresariales que pueden imponer prácticamente cualquier
condición para la contratación y pago de los derechos de autor, tendremos una idea del
efecto demoledor que los nuevos gravámenes pueden significar tanto para los creadores
como para el desarrollo cultural de la nación.
Por lo antes
expuesto, presento la siguiente
INICIATIVA
Con proyecto de
decreto que reforma la fracción XXVIII del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta.
Unico. Se reforma la fracción XXVIII del
artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:
Artículo 109...
I...
...
XXVII...
XXVIII. Los que
se obtengan por permitir a terceros la publicación de obras escritas de su creación en
libros, periódicos o revistas o bien, la reproducción en serie de grabaciones de obras
musicales de su creación siempre que los libros, periódicos o revistas, así como los
bienes en los que se contengan las grabaciones se destinen para su enajenación al
público por la persona que efectúa los pagos por estos conceptos y siempre que el
creador de la obra expida por dichos ingresos el comprobante respectivo que contenga la
leyenda (ingreso percibido en los términos de la fracción XXVIII del artículo 109 de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta).
La exención a
que se refiere esta fracción no se aplicará en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando quien
perciba estos ingresos obtenga también de la persona que los paga ingresos de los
señalados en el Capítulo Primero de este Título.
b) Cuando quien
perciba estos ingresos sea socio o accionista en más del 10% del capital social de la
persona moral que efectúa los pagos.
c) Cuando se
trate de ingresos que deriven de ideas o frases publicitarias, logotipos, emblemas,
sellos, distintivos, diseños o modelos industriales, manuales operativos u obras de arte
aplicados.
No será
aplicable lo dispuesto en esta fracción cuando los ingresos se deriven de la explotación
de las obras escritas o musicales de su creación en actividades empresariales distintas a
la enajenación al público de sus obras o en la prestación de servicios.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio
Legislativo, a 7 de enero de 2003.— Diputado Uuc-kib
Espadas Ancona (rúbrica).»
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, de la Cámara de Diputados.
INDUSTRIA
DE LA PIROTECNIA
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene el uso de
la palabra el senador Fidel Herrera Beltrán, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 194
del Código de Procedimientos Penales, con la finalidad de que se consideren delitos
graves los previstos por los artículos 85, 85-Bis, 86 fracción II y 87 de la Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos.
El senador Fidel Herrera Beltrán:
Ciudadano
Presidente; Comisión Permanente.
En uso de las
atribuciones que confiere a senadores y diputados el artículo 71 fracción II y 78
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre
propio y del senador de la República Antonio García Torres del estado de Michoacán, me
permito presentar a esta soberanía, una iniciativa con proyecto de decreto que
reformaría el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y adicionaría
un artículo 87-bis, a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de conformidad con
la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El lamentable
siniestro ocurrido el pasado 31 de diciembre del 2002, en la ciudad y puerto de Veracruz,
en el que por un cúmulo de descuidos, falta de prevención, incorrectos manejos y sobre
todo comisión de delitos, fallecieron 28 personas entre niños, mujeres y gente inocente,
además de que provocaron decenas de lesionados, desaparecidos y cuantiosos daños, es que
presentamos esta iniciativa que persigue un objetivo central; evitar que por omisión
legal prevalezca la impunidad y que en lo futuro todas aquellas personas que debido a sus
conductas ilícitas provoquen este tipo de delitos, sufran el castigo que merecen y la
procuración e impartición de justicia puedan realizarse en proporción con la gravedad
del hecho.
La búsqueda de
responsables en la tragedia sucedida en el mercado municipal “Hidalgo” del
Puerto de Veracruz, no devolverá ciertamente la vida a las víctimas ni servirá de
consuelo a sus familiares, pero hechos como éstos, nos obligan a reflexionar sobre el
alcance de las medidas que debemos adoptar para prevenir este tipo de tragedias.
No obstante que
las causas que motivan accidentes de esta naturaleza son múltiples, los delitos que se
provocan, mismos que van desde el contrabando, la fabricación, adquisición y
almacenamiento ilícito, la comercialización indebida e irregularidad en la expedición
de permisos municipales, son conductas que por su naturaleza impiden la debida regulación
y vigilancia de la industria pirotécnica y lo que a la postre genera los siniestros y
muertes que tanto sentimos y lamentamos.
No es posible
que los delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos en los que se
tipifican estos ilícitos, no sean considerados como graves para efectos penales. La no
gravedad de estos delitos y por ello la levedad de su tratamiento, propicia que los
responsables directos no asuman plena responsabilidad y que puedan obtener libertad bajo
caución con fianzas muy bajas de sólo 20 mil pesos como máximo.
Existe una
legítima indignación entre la sociedad, la que espera respuestas a su reclamos. Ya las
cámaras de Comercio, de Servicios, de Industria, el Centro Empresarial, los Colegios
Profesionales y todos los sectores sociales de Veracruz se han pronunciado y han hecho
pública su posición a través de todos los medios de comunicación.
Nosotros sabemos
que la industria de la pirotecnia en México genera un enorme número de empleos, que es
parte de nuestra cultura, en nuestras fiestas patrias, religiosas y de fin de año y a las
que por muchísimos años se han dedicado familias y aun pueblos enteros constituyen un
ingreso de una parte importante de nuestra población económicamente activa.
Sin embargo la
costumbre debe supeditarse al estado de derecho y las medidas de seguridad y prevención
que regulan la materia deben de ser de tal manera amplias y estrictas para evitar hechos
como el que refería del pasado 31 de diciembre y que es uno más de las catástrofes que
han provocado el uso indebido y la comercialización sin las condiciones estrictas de
protección y manejo cuidadoso de cohetes, pólvoras y demás juegos pirotécnicos.
Ya desde 1956
estalló un depósito en la Ciudad de México que dejó 200 muertos; en 1988, una bodega
de cohetes en el Mercado de la Merced en el Distrito Federal causó la muerte de numerosas
personas; en 1998, en el municipio de Tultepec, Estado de México, conocido como la cuna
de la pirotecnia nacional ocurrió otra explosión con grandes pérdidas humanas; el 26 de
septiembre de 1999, en Celaya, Guanajuato, un estallido en una bodega clandestina de
cohetes desencadenó cuatro detonaciones en la central de abasto que dejó alrededor de 70
muertos. Ese mismo año en Nuevo Laredo, Tamaulipas, explotó otra bodega; en el 2000 se
registraron las explosiones de la capilla de Santana Xilotzingo y Otzolotepec; en Umarán,
Michoacán hubo otros accidentes graves.
En noviembre del
2001, la explosión de un depósito y fábrica clandestina de cohetes en Tlanepantla dejó
una infinidad de lesionados y apenas el año pasado, además de lo que nos ocurrió en
Veracruz, se registraron explosiones en San Mateo Tlachilapan, Estado de México; en dos
ocasiones más en Tultepec y todavía el 17 de diciembre ocurrió lo mismo en una
cohetería en el municipio de San Francisco Tutla, a orilla de la capital oaxaqueña y en
Guanajuato el pasado 6 de enero también ocurrieron tragedias en Silao.
Sabemos que la
ley tiene que prever y corregir para prevenir. Rousseau mismo escribió que el legislador
no legisla sobre lo que ve exclusivamente, sino también sobre lo que debe prever. La
industria pirotécnica nacional, cuando actúa clandestinamente y sin la debida
regulación, ha cobrado ya numerosas víctimas y no podemos esperar a nuevas tragedias,
para tomar decisiones de ley que contribuyan a que en el ámbito de la ley, se prevea lo
que por otro lado en la esfera administrativa tiene la obligación de observar y de
aplicar el Poder Ejecutivo.
El riesgo social
es pues latente, en cada fábrica, transporte, almacén o comercio, en los que no existe
el cabal control y estricta vigilancia de las autoridades competentes, en los que
furtivamente se lucre con artificios, pólvoras y explosivos, aun cuando no tengan otro
fin que el provecho económico, existe una bomba que desde ahora podemos y debemos
desactivar.
Por ello, que
con la presente iniciativa que no tiene otro propósito que el de considerar como delitos
graves, conforme al Código Federal de Procedimientos Penales a los ilícitos tipificados
en el artículo 85, 85-bis fracción I, 86 fracción II y 87 de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, cuyos delitos con el contrabando de explosivos, su fabricación,
enajenación, transporte, reparación transportación y el almacenamiento, sin el
respectivo permiso. El manejo de fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes y
demás establecimientos, sin sujetarse a las condiciones de seguridad a que están
obligados remitir y transportar indebidamente los objetos que regula la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos, así como la enajenación de explosivos, artificios y
sustancias químicas relacionadas con explosivos, a negociaciones o empresas que no tengan
el permiso correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Igualmente para
concordancia de los suscritos, proponemos modificar también la Ley Federal de Armas de
Fuegos y Explosivos reglamentaria del artículo 10 de la Constitución Federal, para
adicionar un artículo 87-Bis, en el que se precise que: “cuando con motivo de la
comisión de los ilícitos previstos en los artículos 85, 85-Bis, 86 fracción II y 87 de
dicha ley se ocasionen accidentes que provoquen homicidios y lesiones, de las que ponen en
peligro la vida, se sigan las reglas de concurso de delitos, para que así los culpables
enfrenten una responsabilidad penal plena”.
Los hechos
ocurridos en el mercado municipal Hidalgo, así como los otros accidentes de los que he
dado cuenta en muchas partes del país, pueden prevenirse en gran medida con el
instrumento de la ley penal. La severidad de las penas, no será el único remedio para
evitar futuras catástrofes, pero de ninguna manera podemos permanecer pasivos ante la
levedad del tratamiento penal hacia este tipo de conductas.
Existen ya
iniciativas en la Cámara de Diputados, que proponen leyes para regular la pirotecnia,
mismas que de llegar a aprobarse por esa soberanía, otorgarán junto con las reformas
penales que proponemos, el marco jurídico regulatorio de esta importante, pero muy
peligrosa actividad.
Si queremos que
nuestras tradiciones perduren por muchos años más, será necesario adecuar nuestra
legislación a un equilibrio de seguridad, control y prevención, donde el que
indebidamente ponga en riesgo la vida y tranquilidad de nuestras familias, conozca de
antemano la gravedad de su acción y las consecuencias de su realización.
Por lo expuesto
proponemos:
Artículo primero. Se reforma el artículo 194 del
Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue.
Artículos 194. Se califican como delitos graves
para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de
la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:
I y II, igual.
III. De la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los delitos siguientes:
1) al 5), igual.
6) Los previstos
en los artículos 85, 85-bis, 86 fracción II y 87.
IV a XVI, igual;
y
Artículo segundo. Se adiciona un artículo 87-bis
a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para que dar como sigue:
Artículo 87-bis. Cuando como consecuencia de la
comisión de algunos de los delitos previstos en los artículos 85, 85-bis fracción I, 86
fracción II u 87 de esta ley se produzcan accidentes tales como explosiones, estallidos o
incendios que causen homicidios o lesiones de las previstas en el artículo 293 del
Código Penal Federal, se aplicarán las reglas de concursos de delitos para la
determinación de la pena.
Es cuanto,
señor Presidente, con la súplica de que sea turnada nuestra iniciativa a la Comisión de
Justicia de la Cámara de Senadores.
«Honorable
Asamblea: los suscritos, Fidel Herrera Beltrán, senador de la República por el estado de
Veracruz a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 71 fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 194 del Código Federal de
Procedimientos Penales y adiciona un artículo 87-bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos, de conformidad con la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Ante el
lamentable siniestro ocurrido el pasado 31 de diciembre de 2002 en la ciudad de Veracruz,
en el que por un cúmulo de descuidos, falta de prevención, malos manejos y sobre todo,
comisión de delitos, fallecieron alrededor de 28 personas entre niños, mujeres y gente
inocente, además de que provocaron decenas de lesionados, desaparecidos y cuantiosos
daños, acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa de reformas que persigue un
objetivo central: evitar que por omisión legal prevalezca la impunidad y que en lo
futuro, todas aquellas personas que debido a sus conductas ilícitas provoquen este tipo
de delitos, sufran el castigo que merecen y la procuración e impartición de justicia
puedan realizarse en proporción con la gravedad del hecho.
La búsqueda de
responsables de la tragedia sucedida en el mercado municipal “Hidalgo”, del
puerto de Veracruz, no devolverá la vida a las víctimas ni servirá de consuelo a sus
familias, pero hechos como éstos nos obligan a reflexionar sobre el alcance de las
medidas que debemos adoptar para prevenir que en el futuro se repitan este tipo de
tragedias.
No obstante que
las causas que motivan este tipo de accidentes son múltiples, los delitos que los
provocan, mismos que van desde el contrabando, la fabricación, adquisición y
almacenamiento ilícitos, la comercialización indebida e irregularidad en la expedición
de permisos municipales, son conductas que por su clandestinidad impiden la debida
regulación y vigilancia de la industria pirotécnica y lo que a la postre, genera los
siniestros y muertes que tanto sentimos. No es posible que los delitos previstos en la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en los que se tipifican estos ilícitos, no sean
considerados como graves para efectos penales. La no gravedad de estos delitos y por ello
la levedad de su tratamiento, conlleva a que los culpables directos no asuman su plena
responsabilidad y que puedan obtener su libertad bajo caución con fianzas irrisorias de
sólo 25 mil pesos.
Existe una
legítima indignación entre la sociedad, misma que espera respuestas satisfactorias a sus
reclamos. Las cámaras de Comercio del Estado de Veracruz, de Industria y Servicios, El
Centro Empresarial y los colegios profesionales, ya se han pronunciado al respecto y así
lo han hecho prácticamente todos los sectores.
Estamos
conscientes que la industria de la pirotécnia en México, es parte de nuestra cultura, de
nuestras fiestas patrias, religiosas y de fin de año, y a la que por muchísimos años se
han dedicado no sólo familias, sino pueblos enteros. Mas esa costumbre por tradicional
que sea, debe supeditarse al estado de derecho y a las medidas de seguridad y prevención
que la regulan, ya que de lo contrario, seguirán sucediendo hechos como los del pasado 31
de diciembre, que por otra parte, no son sino una de tantas catástrofes que han
ocasionado el mal uso y comercialización de cohetes, pólvora y demás juegos
pirotécnicos.
En efecto, en
1956 estalló un depósito de explosivos en la Ciudad de México que dejó 200 víctimas.
En 1988 una bodega de cohetes en el mercado la Merced en el Distrito Federal causó la
muerte de numerosas personas. En 1998, en el municipio de Tultepec, estado de México,
conocido como la cuna de la pirotécnia nacional, ocurrió otra explosión con grandes
pérdidas humanas. Apenas el pasado 26 de septiembre de 1999, en Celaya, Guanajuato, un
estallido en una bodega clandestina de cohetes desencadena cuatro detonaciones en la
central de abasto, que deja alrededor de 70 muertos. Ese mismo año, en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, explota otra bodega.
En noviembre de
2001 la explosión de un depósito y fábrica clandestina de cohetes en Tlalnepantla deja
infinidad de lesionados. Y apenas el año pasado, además de lo ocurrido en Veracruz, se
registraron explosiones en San Mateo Tlalchilpan, estado de México, en dos ocasiones en
Tultepec y todavía el 17 de diciembre, ocurrió lo mismo en una cohetería en el
municipio de San Francisco Tutla, a orillas de la capital Oaxaqueña y en Guanajuato el 6
de enero de este mismo año.
Uno de los
grandes filósofos de la humanidad, Juan Jacobo Rosseau, decía que el legislador no
legisla sobre lo que ve, sino sobre lo que prevé. La industria pirotécnica nacional,
cuando actúa clandestinamente y sin la debida regulación, ya ha cobrado numerosas
víctimas, ¿cuántas más se requieren para que nos decidamos a combatir con todo rigor
los delitos que las producen?
El riesgo social
es latente. En cada fábrica, transporte, almacén o comercio en los que no exista el
cabal control y estricta vigilancia de las autoridades competentes, en los que
furtivamente se lucre con artificios, pólvoras y explosivos, aun cuando no tengan otro
fin que el provecho económico, existe una bomba que desde ahora podemos desactivar.
Es por ello que
la presente iniciativa no tiene otro propósito que el de considerar como delitos graves,
conforme al Código Federal de Procedimientos Penales, a los ilícitos tipificados en los
artículos 85, 85-bis fracción I; 86 fracción II y 87 de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, cuyos delitos son: el contrabando de explosivos; su fabricación,
enajenación, transporte, reparación, transformación y almacenamiento sin el respectivo
permiso; el manejo de fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes y demás
establecimientos, sin sujetarse a las condiciones de seguridad a que están obligados;
remitir y transportar indebidamente los objetos que regula la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, así como la enajenación de explosivos, artificios y sustancias
químicas relacionadas con explosivos, a negociaciones o empresas que no tengan el permiso
correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Igualmente para
concordancia, es preciso modificar también la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,
reglamentaria del artículo 10 de la Constitución Federal, para adicionar un artículo
87-bis en el que se precise que cuando con motivo de la comisión de los ilícitos
previstos en los referidos artículos 85, 85-bis, 86 fracción II y 87 de dicha ley, se
ocasionen accidentes que provoquen homicidios y lesiones de las que ponen en peligro la
vida, se sigan las reglas de la acumulación de delitos, para que así, los culpables
enfrenten una responsabilidad penal plena.
Los hechos
ocurridos el fin de año en el mercado municipal “Hidalgo”, así como los otros
accidentes que se han suscitado en muchas partes del país, pueden prevenirse en gran
medida con el instrumento de la ley penal. La severidad de las penas no será el único
remedio para evitar futuras catástrofes, pero de ninguna manera podemos permanecer
pasivos ante la levedad del tratamiento penal hacia este tipo de conductas. Existen
iniciativas en la Cámara de Diputados que proponen leyes para regular la pirotecnia,
mismas que de llegar a aprobarse, otorgarán junto con las reformas penales que
proponemos, el marco jurídico regulatorio de esta importante pero peligrosa actividad. Si
queremos que nuestras tradiciones perduren por muchos años más, será necesario adecuar
nuestra legislación a un equilibrio de seguridad, control y prevención, donde el que
indebidamente ponga en riesgo la vida y tranquilidad de nuestras familias, conozca de
antemano la gravedad de su acción y las consecuencias de su realización.
Por lo
anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa que reforma el
artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y adiciona un artículo 87-Bis
a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al tenor del siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se reforma el artículo 194 del
Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 194.- Se califican como delitos graves,
para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de
la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:
I y II...
III. De la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los delitos siguientes:
1) a 5)...
6) Los previstos
en los artículos 85, 85-bis, 86 fracción II y 87.
IV a XIV...
Artículo segundo. Se adiciona un artículo 87-bis
a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:
Artículo 87-bis. Cuando como consecuencia de la
comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos 85, 85-Bis fracción I; 86,
fracción II y 87 de esta ley, se produzcan accidentes tales como explosiones, estallidos
o incendios que causen homicidio o lesiones de las previstas en el artículo 293 del
Código Penal Federal, se aplicarán las reglas de la acumulación para la determinación
de la pena.
Dada en la
Ciudad de México, DF, a 8 de enero de 2003.— Senadores Fidel Herrera Beltrán y Antonio García Torres.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Muchas gracias,
señor senador.
Túrnese a la Comisión de Justicia de
la Cámara de Senadores.
LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene el uso de
la palabra el diputado Felipe Calderón Hinojosa del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, para presentar una iniciativa de Ley Sobre Remuneraciones de los
Servidores Públicos.
El diputado Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa:
Gracias, señor
Presidente; señoras y señores legisladores:
El Congreso de
la Unión debe establecer mecanismos legales que permitan a los ciudadanos conocer de
manera certera y oportuna, información sobre la gestión gubernamental en todos los
ámbitos, incluido el del manejo y destino de los recursos fiscales y en particular de los
recursos que se destinan al pago de los servidores públicos.
La transparencia
en el ejercicio del poder supone rendición de cuentas y por tanto, aumenta la eficacia y
eficiencia de la acción gubernamental; garantizar dicha transparencia, conlleva además,
a actuar de manera definitiva e irreversible en contra de la corrupción.
Es por ello que,
comprometidos con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, equidad y
eficiencia, Acción Nacional propone la aprobación de una Ley de Remuneraciones de los
Servidores Públicos que al reglamentar el artículo 127 de la Constitución, evite los
vacíos legales que existen actualmente y que al implicar el establecimiento de un marco
jurídico, otorgue certidumbre tanto a los servidores mismos como a los ciudadanos acerca
del uso de los recursos que se destinan a remunerar el trabajo que se realiza en la
administración pública.
La iniciativa
que presentamos es consecuencia de la reforma constitucional que ya hemos propuesto en la
materia y reglamentaría en Ley Ordinaria la nueva redacción que propusimos a diversos
artículos constitucionales.
Como se sabe,
Acción Nacional presentó el 20 de febrero del año pasado, una iniciativa de reforma
constitucional a los artículos 73 fracción XI; 75, 115 fracción IV; 127 y una adición,
una fracción VIII al artículo 116, a fin de establecer en la Carta Magna los criterios
mínimos necesarios a los que deberá someterse las percepciones de los servidores
públicos en los distintos niveles de gobiernos: federal, estatal y municipal.
Debemos
fortalecer el marco jurídico a fin de contar con servidores públicos competentes,
profesionales y honestos; por ello deben mantenerse los criterios que permitan otorgar una
remuneración económica que retribuya con justicia el trabajo que se realiza y que,
simultáneamente, sea establecida en coherencia con las posibilidades presupuestarias,
así como con base en la realidad económica nacional y local que existe en los diferentes
ámbitos de la administración.
Todo individuo
tiene derecho a un salario digno, pero nadie tiene derecho a enriquecerse arbitraria o
discrecionalmente a costa del erario. Los casos de políticos que a su paso por el
gobierno amasaban fortunas inmensas deben quedar atrás en el triste anecdotario del
pasado político nacional.
Dadas las
condiciones de pobreza que se padecen en México por millones de compatriotas y el
esfuerzo que significa a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones fiscales,
debemos asumir una actitud responsable en el manejo de las finanzas públicas, dentro de
las cuales las remuneraciones constituyen un elemento fundamental.
La iniciativa
que presentamos permitirá la revisión de cuentas y podrá evitar los casos de abuso
puesto que sugiere los criterios bajo los cuales deben regirse los sistemas de
remuneración y las sanciones que en su caso se apliquen por incumplimiento.
En el Título
Primero de la iniciativa se definen los ámbitos personal y material de validez de la ley.
En lo referente al ámbito personal de validez se reputan como servidores públicos las
personas enunciadas en los párrafos primeros del artículo 108 y en la fracción I del
artículo 115 constitucionales, así como aquellas que presten servicios en los órganos
autónomos regulados por dicha Constitución, las constitucionales estatales o el Estatuto
de Gobierno del Distrito Federal y en general cualquier persona que preste servicios
subordinados de los órganos de autoridad, independientemente de la fuente de su
remuneración o de la denominación que se atribuya a ésta.
En lo que atañe
al ámbito material, se define la remuneración como la suma del sueldo, las prestaciones
en efectivo, en crédito, en especie y en servicios fijas o variables y en general de toda
percepción a que tenga derecho en forma individual al servidor público en virtud del
puesto, empleo, cargo o comisión que desempeña, excluidos los bienes y recursos
necesarios para el cumplimiento de la función pública que tenga encomendada.
El Título
Segundo de la iniciativa detalla el régimen legal de remuneraciones de los servidores. En
obsequio del principio de legalidad, se ordena que:
Uno. Ningún
servidor público como tal, pueda gozar más remuneración que la que sea compensación de
servicios públicos y esté establecido en el respectivo presupuesto y
Dos. La
remuneración de todo servidor público deberá sujetarse a los términos previstos en los
tabuladores de remuneraciones para su nivel, categoría, grupo o puesto.
Asimismo,
conforme al principio de equidad señalado, se propone que ninguna remuneración de los
servidores públicos sea superior al monto máximo autorizado en el presupuesto federal
para la remuneración del Presidente de la República, puesto que ejerce éste la función
de Jefe de Estado, de modo que no se justifica que algún otro funcionario reciba una
remuneración mayor al máximo autorizado para quien representa al Estado mexicano.
Y se establece
también que ningún servidor público podrá percibir una remuneración mayor a la que
corresponde al cargo inmediato superior.
Para efectos del
cómputo de la remuneración de los servidores públicos, se distingue entre una parte
monetaria integrada por el sueldo, las prestaciones en efectivo y en crédito y las demás
percepciones en moneda, así como una porción no monetaria, integrada por las
prestaciones en especie y en servicios.
En el Título
Tercero, se establece una serie de reglas sencillas mediante las cuales esta materia que a
fin de cuentas es un capítulo además del derecho presupuestal, se vincula con los
controles que la normatividad vigente impone en los tres ámbitos de gobierno, al
ejercicio del gasto público. Por ende, se establece que para conocimiento del Poder
Legislativo, en los proyectos de presupuesto anual que elabore cada órgano de autoridad,
deberá incluirse:
Uno. Un
tabulador fijo de remuneraciones para los servidores públicos de base que determinen los
montos brutos de la porción monetaria de la remuneración por nivel, categoría, grupo o
puesto.
Dos. Un
tabulador de remuneraciones para los demás servidores públicos que determine el rango
máximo y mínimo de los montos brutos de esta porción monetaria.
Tres. La partida
que se destinará al pago de honorarios.
Cuatro.
Finalmente, el número de plazas presupuestadas.
También se
señala que la porción no monetaria de la remuneración deberá manifestarse enumerando
las prestaciones que corresponda, de acuerdo al nivel, categoría, grupo o puesto, dada la
dificultad que existe para manifestar dicha porción en numerario.
Con la finalidad
de facilitar la labor de las unidades encargadas de la elaboración de tabuladores de
remuneraciones de los servidores públicos, se proponen sendos modelos generales de
tabulador fijo y tabulador variable.
Para
complementar lo anterior, se introducen: la institución de manuales de remuneraciones de
servidores públicos, con objeto de permitir la transparencia y difusión de información
con respecto a la administración de los recursos destinados a cubrir tales pagos.
Los manuales
deberán establecer las unidades responsables de la administración de las remuneraciones.
Dos. El
tabulador vigente.
Tres. La
estructura de organización.
Cuatro. Los
criterios para definir en los tabuladores variables niveles de remuneración.
Cinco. Las
prácticas y fechas de pago de las remuneraciones.
Seis. Las
políticas de autorización de promociones salariales, y
Siete. Las
políticas para la asignación de percepciones variables, tales como bonos, estímulos y
premios.
Por otra parte,
esta iniciativa limita el número de trabajos remunerados que puede realizar un servidor
público, estableciendo para ello la prohibición de percibir más de una remuneración en
condición de subordinación en cualquier órgano de la autoridad, estableciendo también
las excepciones justificadas de manera clara.
Asimismo propone
que todos los órganos de autoridad informen anualmente ante el órgano auditor
correspondiente del ejercicio de la partida asignada para el pago de las remuneraciones de
los servidores públicos.
Por último, se
señala que en la definición y sanción de las responsabilidades administrativas a que
diere lugar cualquier violación a las normas de la ley propuesta sean aplicables las
previstas en las leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos, federales y
estatales, en sus respectivos ámbitos de competencia.
Con esta
iniciativa ampliamos las aportaciones del Partido Acción Nacional tendientes a promover y
garantizar la transparencia en el ejercicio gubernamental. Al reducir la discrecionalidad
potenciamos la rendición de cuentas: al dar certidumbre sobre el gasto de los recursos
públicos conjuramos la arbitrariedad con que actuaba en la opacidad.
Queda entonces
plasmado nuestro compromiso con la transparencia y con el combate a la corrupción.
Por todo lo
antes expuesto, los suscritos, diputados y senadores de la LVIII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
con fundamento en el artículo 71 fracciones I y II de la Constitución y 55 fracción II
del Reglamento Interior del Congreso General, sometemos a esta soberanía la presente
iniciativa de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del
artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual dejo
en poder de la Secretaría para su inserción íntegra en el Diario de los
Debates y en la Gaceta Parlamentaria y
para el turno constitucional.
Es cuando,
señor Presidente.
«Señoras y
señores legisladores: el Congreso de la Unión debe asumir la responsabilidad de
establecer mecanismos legales que permitan a los ciudadanos conocer, de manera certera,
clara y oportuna, información sobre la gestión gubernamental en todos los ámbitos, como
el manejo y destino de los recursos fiscales y, en particular, de los que se destinan al
pago de los servidores públicos.
La transparencia
en el ejercicio del poder público supone la rendición de cuentas y, por tanto, aumenta
la eficacia y eficiencia de las acciones gubernamentales. Garantizar dicha transparencia
conlleva, además, actuar de manera definitiva e irreversible contra la corrupción.
Por ello,
comprometido con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, equidad y
eficiencia, Acción Nacional propone la creación de una Ley de Remuneraciones de los
Servidores Públicos que, al reglamentar el artículo 127 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, evite los vacíos legales que existen actualmente y que, al
implicar el establecimiento de un marco jurídico, otorgue certidumbre tanto a los
servidores públicos como a los ciudadanos sobre el uso de los recursos que se destinan a
remunerar el trabajo que se realiza en la administración pública.
La iniciativa
que presentamos es consecuencia de la reforma constitucional que ya hemos propuesto en la
materia, y reglamenta en ley ordinaria la nueva redacción que propusimos para diversos
artículos constitucionales. Como se sabe, Acción Nacional presentó en febrero pasado
una iniciativa de reforma constitucional que reforma los artículos 73 fracción XI; 75,
115 fracción IV y 127; y que adiciona una fracción VIII al artículo 116, a fin de
establecer en nuestra Carta Magna los criterios mínimos necesarios a que deberán
someterse las percepciones de los servidores públicos de los distintos niveles de
Gobierno Federal, estatal y municipal.
Es necesario
responder a la exigencia de transparencia y, al mismo tiempo, fortalecer el marco
jurídico que permita contar con servidores públicos competentes, profesionales y
honestos. Por ello, deben mantenerse los criterios que permiten otorgar una remuneración
económica que retribuya con justicia el trabajo que se realiza y que, simultáneamente,
sea establecida en coherencia con las posibilidades presupuestarias, así como con base en
la realidad económica nacional y local que existe en los diferentes niveles y ámbitos de
la administración pública.
Todo individuo
tiene derecho a un salario digno, pero nadie tiene derecho a enriquecerse arbitraria y
discrecionalmente a costa del erario público. Los casos de políticos que a su paso por
el gobierno amasaron fortunas inmensas deben quedar atrás, en el triste anecdotario del
pasado político nacional.
Dadas las
condiciones de pobreza que padecen millones de mexicanos y el esfuerzo que significa para
todo ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debemos asumir una actitud
responsable en el manejo de las finanzas públicas, entre las cuales las remuneraciones de
los servidores públicos constituyen un elemento fundamental. Es imprescindible reducir la
discrecionalidad de que disfrutan algunos servidores públicos para determinar, de manera
autónoma e irresponsable, el monto de sus percepciones.
La iniciativa
que presentamos permitirá la rendición de cuentas y podrá evitar los casos de abuso,
pues sugiere los criterios con que deben regirse los sistemas de remuneración de los
servidores públicos y las sanciones que, en su caso, deben aplicarse por incumplimiento.
En el Título
Primero de la iniciativa se definen los ámbitos personal y material de validez de
aplicación de las normas que la integran. En lo referente al ámbito personal de validez,
se reputan como servidores públicos las personas enunciadas en los tres primeros
párrafos del artículo 108 y en la fracción I del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las que presten servicios en los
órganos autónomos regulados por dicha Constitución, las constituciones estatales o el
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y, en general, cualquier persona que preste
servicios subordinados en los órganos de la autoridad, independientemente de la fuente de
su remuneración o de la denominación que se atribuya a ésta.
En lo que atañe
al ámbito material, se define la remuneración como la suma del sueldo, las prestaciones
en efectivo, en crédito, en especie y en servicios, fijas o variables; y, en general, de
toda percepción a que tenga derecho en forma individual el servidor público en virtud
del puesto, empleo, cargo o comisión que desempeña, excluidos los bienes y recursos
necesarios para el cumplimiento de la función pública que tenga encomendada.
El Título
Segundo de la iniciativa detalla el régimen legal de remuneraciones de los servidores
públicos. En obsequio del principio de legalidad anteriormente enunciado, se ordena que:
(i) Ningún
servidor público, como tal, puede gozar de más remuneración que la que sea
compensación de servicios públicos y esté establecida en el respectivo presupuesto; y
(ii) La
remuneración de todo servidor público deberá sujetarse a los términos previstos en los
tabuladores de remuneraciones para su nivel, categoría, grupo o puesto.
Asimismo,
conforme al principio de equidad señalado, se propone que ninguna remuneración de los
servidores públicos sea superior al monto máximo autorizado en el Presupuesto federal
para la remuneración del Presidente de la República, pues éste ejerce la función de
jefe de Estado, de modo que no se justifica que algún otro funcionario reciba una
remuneración mayor del máximo autorizado para quien representa al Estado mexicano, y que
ningún servidor público podrá percibir una remuneración mayor de la que corresponde al
cargo inmediato superior.
Para efectos del
cómputo de las remuneraciones de los servidores públicos, se distingue entre una parte
monetaria, integrada por el sueldo, las prestaciones en efectivo y en crédito, y las
demás percepciones en moneda, así como entre una porción no monetaria, integrada por
las prestaciones en especie y en servicios.
En el Título
Tercero se establece una serie de sencillas reglas mediante las cuales esta materia -que,
a fin de cuentas, es un capítulo del derecho presupuestal- se vincula con los controles
que la normatividad vigente impone en los tres ámbitos de gobierno al ejercicio del gasto
público. Por ende, se establece que, para conocimiento del Poder Legislativo, en los
proyectos de presupuesto anual que elabore cada órgano de la autoridad pública deberán
incluirse:
(i) Un tabulador
fijo de remuneraciones para los servidores públicos de base que determine los montos
brutos de la porción monetaria de la remuneración de dichos servidores públicos por
nivel, categoría, grupo o puesto;
(ii) Un
tabulador de remuneraciones para los demás servidores públicos que determine los rangos
máximo y mínimo de los montos brutos de la porción monetaria de la remuneración de
dichos servidores públicos por nivel, categoría, grupo o puesto;
(iii) La partida
que se destinará al pago de honorarios; y
(iv) El número
de plazas presupuestadas.
También se
señala que la porción no monetaria de la remuneración deberá manifestarse enumerando
las prestaciones que corresponden de acuerdo con el nivel, categoría, grupo o puesto,
dada la dificultad que, por su propia naturaleza, existe para manifestar dicha porción en
numerario. Con la finalidad de facilitar la labor de las unidades encargadas de elaborar
tabuladores de remuneraciones de los servidores públicos, se proponen sendos modelos
generales de tabulador fijo y variable.
Para
complementar lo anterior, se introduce la institución de los manuales de remuneraciones
de servidores públicos, con objeto de permitir la transparencia y difusión de
información respecto a la administración de los recursos públicos destinados a cubrir
dichas remuneraciones.
Tales manuales
deberán establecer:
(i) Las unidades
responsables de la administración de las remuneraciones;
(ii) El
tabulador vigente para el ejercicio presupuestal respectivo;
(iii) La
estructura de organización;
(iv) Los
criterios para definir, en los tabuladores variables, niveles de remuneración;
(v) Las
prácticas y fechas de pago de las remuneraciones;
(vi) Las
políticas de autorización de promociones salariales; y
(vii) Las
políticas para la asignación de percepciones variables, como los bonos, estímulos y
premios.
Por otra parte,
esta iniciativa limita el número de trabajos remunerados que pueda realizar un servidor
público. Establece para ello la prohibición de percibir más de una remuneración, en
condición de subordinación, en cualquier órgano de la autoridad, fijando las
excepciones de manera clara y justificada.
Asimismo,
propone que todos los órganos de la autoridad informen anualmente, ante el órgano
auditor correspondiente, del ejercicio de la partida asignada para el pago de las
remuneraciones de los servidores públicos.
Por último, se
señala que en la definición y sanción de las responsabilidades administrativas a que
diere lugar cualquier violación de las normas de la ley propuesta, serán aplicables las
previstas en las leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos, federales y
estatales, en sus respectivos ámbitos de competencia, con lo cual sostenemos el principio
federalista de nuestra legislación.
Con esta
iniciativa ampliamos las aportaciones del Partido Acción Nacional tendentes a promover y
garantizar la transparencia en el ejercicio gubernamental: al reducir la discrecionalidad,
potenciamos la rendición de cuentas; al dar certidumbre sobre el gasto de los recursos
públicos, conjuramos la arbitrariedad, que actuaba en la opacidad. Queda entonces
plasmado nuestro compromiso con la transparencia y con el combate de la corrupción.
Por todo lo
expuesto, los suscritos, diputados y senadores a la LVIII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 55, fracción II del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, así como los relativos de la
Ley Orgánica, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente
INICIATIVA
De Ley de
Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria del artículo 127 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo primero. Se expide la siguiente
Ley de
Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 127 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1o. La presente ley es de orden público
y tiene como finalidad regular las remuneraciones de los servidores públicos que presten
servicios en cualquier órgano de la autoridad, en términos de lo dispuesto por el
artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2o. Para efectos de esta ley, se reputan
como servidores públicos las personas enunciadas en los tres primeros párrafos del
artículo 108 y en la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como las que presten servicios en los órganos autónomos
regulados por dicha Constitución, las constituciones estatales o el Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal y en general, cualquier persona que preste servicios subordinados en
los órganos de la autoridad, independientemente de la fuente de su remuneración o de la
denominación que se atribuya a ésta.
Artículo 3o. Sin perjuicio de las disposiciones
legales especiales que los regulen y de las facultades que correspondan a los sindicatos
de servidores públicos en materia de remuneraciones, la presente ley también será
aplicable en lo conducente a los servidores públicos que formen parte del personal
operativo y de base de los órganos de la autoridad; el personal de carrera y asimilado
del Servicio Exterior Mexicano; el personal docente de los modelos de educación básica,
media superior y superior; el personal de las ramas médica, paramédica y grupos afines;
y el personal militar de las Fuerzas Armadas.
Artículo 4o. No están sometidas a la presente
ley las personas que, con carácter eventual o para la prestación de servicios
específicos o especializados, y sin que exista una relación de subordinación, se
vinculen contractualmente con un órgano de la autoridad, siempre que sus derechos y
obligaciones se encuentren regulados en el respectivo contrato.
Artículo 5o. Además de los principios de
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia enunciados en el Título Cuarto
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán aplicables a las
remuneraciones de los servidores públicos los siguientes:
I. Principio de
igualdad: la remuneración de los servidores públicos se determinará sin discriminación
por motivos de género, edad, etnia, discapacidad, condición social, condiciones de
salud, religión, opinión política, preferencia sexual o cualquier otro que atente
contra la dignidad humana.
II. Principio de
equidad: la remuneración de cada función pública deberá ser proporcional a la
responsabilidad que derive del cargo y al presupuesto designado para el órgano de la
autoridad en cuyo tabulador se incluya.
Artículo 6o. Para efectos de la determinación y
publicación de sus remuneraciones, los servidores públicos se clasifican en:
I. Servidores
públicos electos: son las personas cuya función pública se origina en un proceso
electoral previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las
Constituciones estatales o en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;
II. Servidores
públicos designados: son las personas cuya función pública emerge de un nombramiento a
cargo público previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
las constituciones estatales o en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;
III. Servidores
públicos superiores: son los que en cualquier órgano de la autoridad desempeñan cargos
de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la
adopción de políticas públicas, la definición de normas reglamentarias o el manejo de
recursos públicos que implique la facultad legal de disponer de éstos, determinando su
aplicación y destino;
IV. Servidores
públicos judiciales: son las personas clasificadas en las categorías de la carrera
judicial y, en general, las de función legal directamente vinculada con la resolución de
procesos jurisdiccionales o de procedimientos seguidos en forma de juicio;
V. Servidores
públicos de libre nombramiento: son las personas que realizan funciones administrativas
de confianza y de asesoría técnica especializada, con exclusión de las enumeradas en la
fracción III de este artículo, para los servidores públicos electos, designados,
superiores o judiciales;
VI. Servidores
públicos de base: los no incluidos en la enumeración anterior; y
VII. Servidores
públicos interinos: son los que, de manera provisional y por un plazo máximo e
improrrogable de 90 días, ocupan cargos públicos.
Artículo 7o. Para los efectos de esta ley, se
entenderá por:
I.
Remuneración: la suma del sueldo, las prestaciones en efectivo, en crédito, en especie y
en servicios, fijas o variables; y en general de toda percepción a que tenga derecho en
forma individual el servidor público en virtud de su función, empleo, cargo o comisión,
excluidos los bienes y recursos necesarios para el cumplimiento de la función pública
que tenga encomendada;
a) Sueldo: el
pago mensual fijo que reciben los servidores públicos sobre el cual se cubren las cuotas
y aportaciones de seguridad social;
b) Percepción:
toda retribución en efectivo, fija o variable, adicional al sueldo y a las prestaciones
en efectivo;
c) Prestación
en efectivo: toda cantidad distinta del sueldo que el servidor público reciba en moneda
circulante o en divisas, prevista en el nombramiento, en el contrato o en una disposición
legal, como el aguinaldo y la prima vacacional;
d) Prestación
en crédito: todo beneficio que el servidor público reciba mediante préstamos en
efectivo o en valores;
e) Prestación
en especie: todo beneficio que el servidor público reciba en bienes distintos de la
moneda circulante o en divisas;
f) Prestación
en servicios: todo beneficio que el servidor público reciba mediante la actividad
personal de terceros que dependan o se encuentren vinculados al órgano de la autoridad en
que labore;
II. Honorarios:
la retribución que paguen los órganos de la autoridad a cualquier persona en virtud de
la prestación de un servicio personal independiente;
III.
Presupuesto: los presupuestos de Egresos de la Federación, los estados, el Distrito
Federal y los municipios;
IV. Manual de
Administración de Remuneraciones: documento donde se establecen los objetivos, las
políticas y los procedimientos que norman la integración del sueldo y la asignación de
las prestaciones en efectivo, en crédito, en especie y en servicios, así como de otras
percepciones, de los servidores públicos:
V. Tabulador:
instrumento técnico en que se fijan y ordenan, por nivel, categoría, grupo o puesto, las
remuneraciones para los servidores públicos;
VI. Nivel: la
escala de remuneraciones, excluidas las percepciones variables, relativa a los puestos
ordenados en una misma categoría;
VII. Categoría:
el valor que se da a un puesto de acuerdo con las habilidades, la capacidad de solución
de problemas y las responsabilidades requeridas para desarrollar las funciones legales que
le corresponden;
VIII. Grupo: el
conjunto de puestos con la misma jerarquía o categorías similares;
IX. Puesto: la
unidad impersonal que describe funciones, implica deberes específicos, delimita
jerarquías y autoridad;
X. Plaza: la
posición presupuestaria que respalda un puesto, que no puede ser ocupado por más de un
servidor público a la vez y que tiene una adscripción determinada;
XI. Organos de
la autoridad:
1. Federales
a) El Poder
Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, y la
Procuraduría General de la República;
b) El Poder
Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la
Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos;
c) El Poder
Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal;
d) Los órganos
constitucionales autónomos federales;
e) Los
tribunales administrativos federales; y
f) Cualquier
otra entidad federal.
2. Estatales
a) Los poderes
ejecutivos estatales y del Distrito Federal; la administración pública estatal y del
Distrito Federal, centralizada y paraestatal; y las procuradurías de Justicia de los
estados y del Distrito Federal;
b) Los poderes
legislativos estatales y del Distrito Federal;
c) Los
tribunales superiores de Justicia de los estados y del Distrito Federal y los consejos de
la judicatura locales;
d) Los órganos
constitucionales autónomos estatales y del Distrito Federal;
e) Los
tribunales administrativos estatales y del Distrito Federal; y
f) Cualquier
otra entidad estatal o del Distrito Federal.
3. Municipales y
delegacionales
a) Los
ayuntamientos y las delegaciones en el Distrito Federal, incluida la administración
pública municipal o delegacional, centralizada y paramunicipal o paradelegacional; y
b) Cualquier
otra entidad municipal o delegacional.
XII. Organos
constitucionales autónomos: el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, el Banco de México, las universidades y las demás instituciones de
educación superior a que la ley otorgue autonomía y cualquier otro equivalente
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las
constituciones de los estados o en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;
XIII.
Dependencias y entidades: los órganos de la autoridad que formen parte del Poder
Ejecutivo en los tres niveles de gobierno;
XIV. Organo
auditor: los órganos que, conforme a las normas federales, estatales y del Distrito
Federal, sean competentes para la revisión de la Cuenta Pública;
XV. Organo de
planeación presupuestaria: los órganos que, conforme a las normas federales, estatales y
del Distrito Federal, estén facultados para la consolidación y presentación del
proyecto de Presupuesto ante las instancias legales competentes; y
XVI. Ley: la Ley
de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria del Artículo 127 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 8o. La interpretación de esta ley, en
ningún caso, podrá afectar derechos laborales adquiridos por los servidores públicos.
TITULO II
De la Remuneración de los Servidores
Públicos
CAPITULO I
Del Régimen de Remuneración de los Servidores Públicos
Artículo 9o. Ningún servidor público, como tal,
puede recibir más remuneración que la que sea compensación de servicios públicos y
esté fijada en el respectivo presupuesto.
Artículo 10. Todo servidor público deberá ser
remunerado en los términos previstos en los tabuladores de remuneraciones de los
servidores públicos para su nivel, categoría, grupo o puesto.
Artículo 11. Ninguna remuneración será superior
al monto máximo autorizado en el Presupuesto Federal para la remuneración del Presidente
de la República.
Artículo 12. Ningún servidor público podrá
percibir una remuneración mayor de la que corresponda al cargo inmediato superior en
cuanto a nivel de responsabilidad o categoría jerárquica.
Artículo 13. Los servidores públicos tendrán
derecho a percibir por su trabajo el sueldo y demás prestaciones en efectivo, crédito,
especie o servicios que establezcan la ley, el contrato o el nombramiento respectivos, en
forma regular y completa.
Artículo 14. La remuneración de los servidores
públicos, dentro de los límites presupuestales adscritos a cada órgano de la autoridad
y con base en la responsabilidad de sus respectivas funciones, empleos, cargos o
comisiones, deberá ser suficiente para procurarles un nivel de vida digno y estimular y
reconocer su desempeño laboral sobre la base de su capacidad profesional.
Artículo 15. Para efectos del cómputo de la
remuneración de los servidores públicos, en ésta se distinguirá una porción
monetaria, integrada por el sueldo, las prestaciones en efectivo, en crédito y las demás
percepciones en moneda circulante o divisa; y una porción no monetaria, integrada por las
prestaciones en especie y en servicios.
De las
prestaciones en crédito, sólo se sumará a los demás conceptos que integran la porción
monetaria el beneficio financiero que resulte de la diferencia de tasas entre la que
corresponda al crédito que pueda conferirse a un puesto determinado y las que prevalezcan
en el mercado al momento de elaborar el tabulador respectivo.
Artículo 16. La porción monetaria de la
remuneración de los servidores públicos deberá pagarse en moneda de curso legal,
cheques o medios electrónicos de pago.
Artículo 17. La remuneración a que tengan
derecho los servidores públicos será irrenunciable y no podrá ser disminuida en ningún
caso.
El sueldo de los
servidores públicos tampoco podrá ser inferior al salario mínimo para los trabajadores
en general en el área geográfica que corresponda.
Artículo 18. La remuneración de los servidores
públicos sólo podrá referirse a la prestación de servicios que se inscriban en el
ámbito de competencia y en la estructura de organización de cada uno de los órganos de
la autoridad.
En dicha
estructura de organización deberán señalarse los servicios que, sin pertenecer
estrictamente a la competencia de cada órgano de la autoridad, constituyen un apoyo
indispensable para la realización de las atribuciones legales que les corresponden.
Artículo 19. Los órganos de la autoridad podrán
contratar, en términos del artículo 4o., sobre la base de honorarios a profesionales,
técnicos o expertos en determinadas materias cuando deban realizarse labores
accidentales, entendiéndose por tales las que no sean las habituales del órgano y que,
por razones técnicas o necesidades del servicio, no puedan ser suministradas en forma
suficiente, eficaz o adecuada por personas vinculadas al mismo.
Artículo 20. Los órganos de la autoridad
deberán, en términos del artículo 29, incluir en el informe de gestión financiera que
deben rendir anualmente ante los órganos auditores un capítulo detallado sobre los pagos
que hubieren realizado bajo el régimen de honorarios. El capítulo referido será
analizado por separado en la revisión anual de la Cuenta Pública.
Artículo 21. Ningún servidor público podrá
recibir más de una remuneración, salvo lo previsto en el artículo 22 de esta ley.
Para efectos de
la remuneración, todos los servicios que se presten, en condición de subordinación, en
cualquier órgano de la autoridad, serán incompatibles entre sí. Se incluyen en esta
incompatibilidad los servicios prestados por servidores públicos electos.
Cuando un
servidor público sea nombrado para desempeñar otro puesto remunerado con cargo al
Presupuesto, si asumiere el nuevo puesto cesará por ministerio de ley en el cargo
anterior.
Artículo 22. No obstante lo dispuesto en el
artículo anterior, el desempeño de los cargos a que se refiere la presente ley será
compatible:
I. Con los
cargos docentes en las instituciones públicas de educación;
II. Con el
ejercicio de un máximo de dos cargos remunerados como miembro de consejos, juntas
directivas u órganos de vigilancia de las dependencias o entidades;
III. Con el
ejercicio libre de cualquier profesión, industria, comercio u oficio, conciliable con el
desempeño de la función propia del servidor público, siempre que con ello no se
perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de los deberes inherentes a la función pública,
sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones establecidas por la ley; y
IV. Con las
funciones interinas.
Artículo 23. La compatibilidad de remuneraciones
no libera al servidor público de las obligaciones propias de su cargo.
Tratándose del
desempeño de una función interina, el servidor público, al asumir el cargo, deberá
optar entre las remuneraciones propias de ésta y las del empleo original que conserva.
CAPITULO II
De los Tabuladores y los Manuales de Administración de Remuneraciones
Artículo 24. En los proyectos de presupuesto
anual que elabore cada órgano de la autoridad deberán incluirse:
I. Un tabulador
fijo de remuneraciones para los servidores públicos de base que determine los montos
brutos de la porción monetaria de la remuneración de dichos servidores públicos por
nivel, categoría, grupo o puesto;
II. Un tabulador
de remuneraciones para los demás servidores públicos que determine los rangos máximo y
mínimo de los montos brutos de la porción monetaria de la remuneración de dichos
servidores públicos por nivel, categoría, grupo o puesto;
III. La partida
que se destinará al pago de honorarios; y
IV. El número
de plazas presupuestadas, por nivel, categoría, grupo o puesto.
La porción no
monetaria de la remuneración deberá manifestarse mediante el señalamiento de las
prestaciones que la componen por nivel, categoría, grupo o puesto.
Los tabuladores
de remuneraciones para cada nivel, categoría, grupo o puesto de los servidores públicos
deberán elaborarse conforme a los siguientes:
Modelos
1. Tabulador
fijo (servidores públicos de base)
Porción
monetaria: sueldo, prestaciones en efectivo, prestaciones en crédito, percepciones
Porción no
monetaria: prestaciones en especie, prestaciones en servicios
2. Tabulador
variable
Porción
monetaria: sueldo (mínimo, máximo); prestaciones en efectivo máximas; prestaciones en
crédito máximas; percepciones máximas
Porción no
monetaria: prestaciones en especie, prestaciones en servicios
Artículo 25. La elaboración del tabulador fijo
para el personal de base a que alude el artículo anterior corresponderá a los titulares
de los órganos de la autoridad o sus representantes, con la participación de los
sindicatos respectivos, en términos de las disposiciones legales aplicables en materia de
contratos colectivos o condiciones generales de trabajo, según sea el caso.
Los tabuladores
variables serán elaborados por los titulares de los órganos de la autoridad o las
unidades administrativas en que deleguen esta función.
Artículo 26. El tabulador elaborado por cada
órgano de la autoridad será enviado oportunamente al órgano de planea-ción
presupuestaria, a efecto de que éstos se incluyan en el proyecto de presupuesto.
Artículo 27. Una vez aprobado por la instancia
competente el presupuesto, los tabuladores se publicarán en anexos a éste.
Artículo 28. Dentro de los tres meses siguientes
a la publicación del presupuesto, cada órgano de la autoridad publicará por separado,
en el órgano oficial de información o difusión que corresponda en función de su nivel
de gobierno, un Manual de Administración de Remuneraciones, donde se establecerán:
I. Las unidades
responsables de la administración de las remuneraciones;
II. El tabulador
vigente para el ejercicio presupuestal respectivo;
III. La
estructura de organización;
IV. Los
criterios para definir, en los tabuladores variables, niveles de remuneración;
V. Las
prácticas y fechas de pago de las remuneraciones;
VI. Las
políticas de autorización de promociones salariales; y
VII. Las
políticas para la asignación de percepciones variables, como los bonos, estímulos y
premios.
Artículo 29. Los órganos de la autoridad
deberán incluir, en el informe de gestión financiera que deben rendir ante el órgano
auditor anualmente, un capítulo donde se exprese en forma detallada el destino de la
partida asignada originalmente para el pago de las remuneraciones de los servidores
públicos. A este capítulo, en su caso, deberá sumarse la información señalada en el
artículo 20, y será analizado por separado en la revisión anual de la Cuenta Pública.
TITULO III
De las Responsabilidades
Artículo 30. Para efectos de la definición y
sanción de las responsabilidades administrativas a que diere lugar cualquier violación
de las normas de esta ley, serán aplicables las previstas en las leyes de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, federales, estatales y municipales, en sus
respectivos ámbitos de competencia.
Artículo segundo: disposiciones transitorias
Primero. La presente ley entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, con las modalidades que establecen los artículos
siguientes.
Segundo. La presentación de la información a que
alude el artículo 24 de la ley deberá completarse, a más tardar, para el ejercicio
presupuestal subsiguiente a la entrada en vigor de la misma.
Tercero. Las instancias competentes de los
órganos de la autoridad deberán designar las unidades encargadas de la elaboración de
los tabuladores y del Manual de Administración de Remuneraciones a más tardar un mes
después de la entrada en vigor de la ley; y, en el mismo plazo, deberán iniciar
funciones. Asimismo, deberán publicar la lista de unidades en el órgano oficial de
información o difusión que corresponda en función de su nivel de gobierno. La
formación de las estructuras a que se refiere esta disposición deberá hacerse con los
recursos humanos, materiales y presupuestarios asignados, por lo que no deberán implicar
erogaciones adicionales.
Cuarto. A partir de la entrada en vigor de la ley,
el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal y sus análogos en el ámbito
estatal, del Distrito Federal y municipal deberán elaborarse anualmente tomando en
consideración los tabuladores de remuneraciones de servidores públicos y los manuales de
Administración de Remuneraciones respectivos.
Quinto. Todas las disposiciones legales que aludan
a los emolumentos, salarios, sueldos, percepciones o cualquier expresión similar alusiva
a la remuneración de los servidores públicos deberán entenderse en los términos de
esta ley.
Salón de
sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 8 de enero del año
2003.— Senador Jorge Zermeño Infante,
diputados: Felipe Calderón Hinojosa, Alejandro
Zapata Perogordo, Raúl Martínez González y
José Tomás Lozano Pardinas.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
diputado.
Insértese íntegra la presente
iniciativa en el Diario de los Debates y
publíquese en la Gaceta Parlamentaria y
túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
REMUNERACIONES DE SERVIDORES PUBLICOS
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Para presentar
una iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
materia de remuneración de los servidores públicos, suscrita por los diputados Martí
Batres Guadarrama y Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, tiene el uso de la tribuna el diputado Ramón León Morales.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor
Presidente, compañeras y compañeros legisladores:
En los términos
del artículo 71 constitucional, los suscritos, diputados Martí Batres Guadarrama y un
servidor, del Partido de la Revolución Democrática, presentamos ante esta soberanía la
presente iniciativa de reformas y adiciones a diferentes artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes.
EXPOSICION DE MOTIVOS
México no es un
país pobre: sus riquezas naturales y su producción de bienes y el potencial de sus
activos humanos son suficientes para satisfacer las necesidades de su población.
El problema de
México es la desigual distribución del ingreso. Por eso el fruto del crecimiento
económico lo disfruta una minoría, mientras la pobreza se mantiene extendida para la
mayoría.
La enorme
desigualdad social tiene diversas fuentes y bases, tales como la expropiación, la
explotación, los cacicazgos, la corrupción, el saqueo, los rescates bancarios, el
despojo, entre otros.
Una de las bases
de esa desigualdad se encuentra en la estructura salarial de nuestro país, totalmente
injusta, con escala de diferenciación que llega a ser de 80 a uno entre el nivel salarial
más alto y el más bajo. Esto sucede tanto en el sector público como en el privado, en
tanto que en países desarrollados, como Alemania, esta relación no llega a una escala de
30 a 1.
Ejecutivos de
alto nivel de la iniciativa privada llegan a cobrar sueldos de 200 mil, 300 mil o 400 mil
pesos al mes o más, sin contar bonos, regalías, dividendos, rentas y otro tipo de
ingreso. Mientras los trabajadores de base de dichas empresas cobran apenas salarios de
mil 200 pesos al mes.
Esa gran
injusticia del mundo salarial privado, se ha ido convirtiendo en una especie de ideología
oficial.
Si bien desde la
vieja época del régimen priísta tal diferenciación ya se daba y eran frecuentes los
ingresos adicionales ilícitos de los altos servidores públicos, con la llegada del
panismo gobernante dicha desigualdad salarial se ha acentuado y ha sido alentada en todas
las esferas como una especie de “lineamiento”.
De hecho, desde
la Presidencia de la República se estimuló el aumento salarial de los altos mandos. Así
se inauguró este gobierno, acentuando la desigualdad. Así el salario del Presidente
llegó hasta 230 mil pesos nominales mensuales, y así en cascada funcionarios de diversos
niveles hicieron lo propio: el gobernador de Querétaro se aumentó el sueldo y pretendió
incluso cobrar 300 mil pesos al mes, con el argumento de tener salarios
“competitivos”.
El caso más
vergonzoso fue el del también panista alcalde de Ecatepec, quien llegó a cobrar 420 mil
pesos al mes, pero también se inscriben en este listado los sueldos de los diputados
locales del congreso de Baja California, de mayoría panista, con 108 mil pesos al mes,
superior a los diputados federales de México, incluso a los legisladores de California,
en los Estados Unidos.
Otro caso
conocido es el del edil panista de Tultitlán con un ingreso anual de 213 mil 576 dólares
al año, 46 mil 579 dólares más que el primer ministro Inglés Tony Blair. Dicho alcalde
cobra 183 mil 500 pesos al mes.
Otros sueldos de
alcaldes panistas que sirven de ejemplo a lo que estamos diciendo, son: Fernando
Covarrubias Zavala, de Izcalli, con 179 mil pesos al mes; Juan Antonio Domínguez
Zambrano, presidente municipal de Atizapán, con 145 mil pesos, Guillermo Espinosa Cruz,
de Huixquilucan, con 141 mil 695 pesos al mes; el alcalde de Metepec, 141 mil pesos;
también el gobernador panista de Morelos y ayuntamientos panistas de Nuevo León, el
gobernador de Jalisco y de diversas regiones del país aplican esta política.
Así también ha
sido por ejemplo en Pemex donde los altos mandos de la administración llegan a tener
aumentos hasta de un 50%.
Esto quiere
decir que funcionarios panistas de nivel federal, estatal y municipal tienen ingresos
superiores a Tony Blair, primer ministro de Gran Bretaña, quien gana 167 mil dólares al
año, Luis Ignacio Lula Da Silva, Presidente de Brasil, 41 mil dólares; Ricardo Lagos,
Presidente de Chile, 29 mil dólares al año, José María Aznar, Presidente de España,
77 mil dólares al año y Eduardo Dualde, 36 mil dólares al año.
El argumento en
México es que esos ingresos tan altos para los funcionarios son un instrumento para
combatir la corrupción. Sin embargo, investigadores como Laura Carrillo y Juan Pablo
Guerrero, académicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, afirman que esa
estrategia no contribuye a combatir la corrupción, sino que por el contrario encarecen el
costo de prácticas ilícitas.
Ellos consideran
que en México se premia bien a funcionarios públicos que forman parte de un sistema con
problemas de alta corrupción, opacidad y controles ineficaces, mientras en Chile, por
ejemplo, premia poco a su alta esfera política en un entorno de gobierno honesto y
transparente.
Hasta ahora los
esfuerzos para promover una política salarial más justa se han centrado sobre todo en la
capital del país donde se aumenta el salario de los trabajadores de base por encima de la
inflación o del tope salarial, mientras se ha controlado o congelado el crecimiento de
los salarios de funcionarios de alto nivel bajo en lineamiento y austeridad republicana.
No obstante ante
esta política también legisladores de la Asamblea del PAN pretenden un salario mucho
más alto de lo que la inflación nos dice.
Falta mucho sin
embargo, para alcanzar una política general en el país, parecida a la que se aplica en
el Distrito Federal.
Si se llega a
realizar una política de austeridad en este tipo en los tres poderes del Estado:
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; en los tres niveles de Gobierno: municipal, estatal y
federal y en órganos autónomos, podría llegarse a ahorrar alrededor de cinco mil
millones de pesos anuales, que podrían destinarse a necesidades sociales o productivas
del país o bien a una política para compensar los salarios más bajos.
Por esas
razones, para lograr grados mucho más racionales en las remuneraciones de los servidores
públicos requerimos no sólo de voluntad y discurso, ¡necesitamos y requerimos reformas
constitucionales y voluntad política para que éstas se lleven a cabo! ¡No se vale el
doble lenguaje, no se vale estar planteando una cosa y en los hechos estar practicando
otra! ¡No han servido los llamados a la cordura, ni la existencia que algunos dicen tener
y que no observan de principios de ética que exigen que la retribución sea justa y
equitativa y no exorbitante! ¡Dado que la exigencia del más mínimo decoro no ha sido
suficiente para no lucrar con las percepciones que algunos servidores públicos se han
señalado, es necesario establecer en la ley la exigencia de que las percepciones no sean
arbitrarias ni abusivas!
El Congreso de
la Unión ha realizado una extraordinaria labor para que los estados cuenten con el
presupuesto de egresos con más recursos, pero debe evitarse que esos recursos no sean
destinados al fin que se persigue: la creación de infraestructura y obra social, que es a
donde deben llegar estos recursos.
En el ámbito
internacional encontramos que la Constitución de Ecuador señala que las remuneraciones
que persiguen los servidores públicos serán proporcionales a sus funciones, eficiencia y
responsabilidad. En la de Venezuela se habla de que las escalas de salarios en la
administración pública se establecerán regularmente conforme a la ley, así como que la
ley orgánica podrá establecer límites razonables a los emolumentos que devenguen los
funcionarios públicos municipales, estatales y nacionales.
Con el ánimo de
establecer un parámetro se sugiere señalar que ningún servidor público, de cualquier
nivel de gobierno, sea superior al que el Congreso de la Unión fije al Titular del Poder
Ejecutivo Federal y a partir de ahí deberá determinarse el monto de la remuneración, de
conformidad con el nivel de responsabilidad y las circunstancias que informan su entorno
económico y social. En todo caso los aumentos deberán ser anuales, tomando como base el
señalado a los salarios mínimos o al monto de la inflación.
Por todo lo
expuesto, los suscritos, diputados de la LVIII de este honorable Congreso de la Unión,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II del
Reglamento Interior del Congreso General y los relativos de la Ley Orgánica, sometemos a
la consideración del Constituyente Permanente la presente iniciativa de reformas
constitucionales en materia de remuneraciones de los servidores públicos de los tres
poderes y de los tres niveles de Gobierno, el siguiente proyecto de decreto que reforma
los artículos 73 fracción XI, 115 fracción IV, 127 y que adiciona una fracción VIII al
artículo 116 de la Constitución y un transitorio los cuales por obvio del tiempo no leo
en este momento, pero solicito a la Presidencia que sea publicado íntegramente el
documento en el Diario de los Debates de esta Comisión
Permanente.
Por último,
hacer un llamado, hacer un llamado a todas las fuerzas políticas a que actuemos, a que
actuemos con coherencia, a que actuemos con consecuencia. Si hay voluntad política,
¿si?, vayamos más allá de los discursos y vayamos a reformar precisamente la
Constitución para que no se sigan dando estos casos tan bochornosos que en la
administración panista se están exhibiendo.
Gracias.
«Iniciativa de
reformas constitucionales en materia de remuneraciones de los servidores públicos.
Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73 fracción XI, 75; 115
fracción IV y 127 y que adiciona una fracción VIII del artículo 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos relativas a las remuneraciones de los servidores
públicos de los tres niveles de Gobierno, presentada por los diputados Martí Batres
Guadarrama y Ramón León del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
En los términos
del artículo 71 constitucional, los suscritos diputados, del Partido de la Revolución
Democrática, presentamos ante esta soberanía la presente iniciativa de reformas y
adiciones a diferentes artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los términos siguientes:
Exposición de Motivos
México no es un
país pobre. Sus riquezas naturales y su producción de bienes y el potencial de sus
activos humanos son suficientes para satisfacer las necesidades de su población.
El problema de
México es la desigual distribución del ingreso. Por eso, el fruto del crecimiento
económico lo disfruta una minoría, mientras la pobreza se mantiene extendida para la
mayoría.
La enorme
desigualdad social tiene diversas fuentes y bases, tales como la explotación, los
cacicazgos, la corrupción, el saqueo, los rescates bancarios y el despojo, entre otros.
Una de las bases
de esa desigualdad se encuentra en la estructura salarial de nuestro país, totalmente
injusta, con escala de diferenciación que llega a ser de 80 a uno entre el nivel salarial
más alto y el más bajo. Esto sucede tanto en el sector público como en el privado. En
tanto, en países desarrollados, como Alemania, esta relación no llega a una escala de 30
a uno.
Ejecutivos de
alto nivel de la iniciativa privada llegan a cobrar sueldos de 200 mil, 300 mil o 400 mil
pesos o más al mes, sin contar bonos, regalías, dividendos, rentas y otro tipo de
ingresos, mientras los trabajadores de base de dichas empresas apenas si cobran salarios
de mil 200 pesos al mes. Esta gran injusticia del mundo salarial privado se ha ido
convirtiendo en una especie de ideología oficial. Si bien desde la vieja época del
régimen priísta tal diferenciación ya se daba y eran frecuentes los ingresos
adicionales ilícitos de los altos servidores públicos, con la llegada del panismo
gobernante dicha desigualdad salarial se ha acentuado y ha sido alentada en todas las
esferas como una especie de lineamiento.
De hecho, desde
la Presidencia de la República se estimuló el aumento salarial de los altos mandos. Así
se inauguró este gobierno: acentuando la desigualdad. Así, el salario del Presidente
llegó hasta 230 mil pesos nominales mensuales y, en cascada, funcionarios de diversos
niveles hicieron lo propio. El gobernador de Querétaro se aumentó el sueldo y pretendió
incluso cobrar 300 mil pesos al mes, con el argumento de tener “salarios
competitivos”. El caso más vergonzoso fue el del también panista alcalde de
Ecatepec, quien llegó a cobrar 420 mil pesos al mes. Pero también se inscriben en esa
lista los sueldos de los diputados locales del Congreso de Baja California, de mayoría
panista, con 108 mil pesos al mes, superiores a los de los diputados federales de México
e incluso de los legisladores de California, Estados Unidos.
Otro caso
conocido es el del edil panista de Tultitlán, con un ingreso anual de 213 mil 576
dólares, 46 mil 579 dólares más que el primer ministro inglés, Tony Blair. Dicho
alcalde cobra 183 mil 500 pesos al mes.
Otros sueldos de
alcaldes panistas que sirven de “ejemplo” son los de Fernando Covarrubias
Zavala, de Izcalli, con 179 mil pesos al mes; de Juan Antonio Domínguez Zambrano, ex
presidente municipal de Atizapán, con 145 mil pesos; de Guillermo Espinoza Cruz, de
Huixquilucan, con 141 mil 695 pesos al mes; y de Metepec, de 141 mil pesos. También el
gobernador panista de Morelos y ayuntamientos panistas de Nuevo León, el gobernador de
Jalisco y los de diversas regiones del país aplican esta política.
Así también ha
sido, por ejemplo, en PEMEX, donde los altos mandos de la administración llegan a tener
aumentos hasta del 50 por ciento.
Esto quiere
decir que funcionarios panistas de niveles federal, estatal y municipal tienen ingresos
superiores a los de Tony Blair, primer ministro de Gran Bretaña (167 mil dólares al
año); Luis Ignacio Lula da Silva, Presidente de Brasil (41 mil dólares); Ricardo Lagos,
Presidente de Chile (29 mil dólares al año); José María Aznar, Presidente de España
(77 mil dólares al año); y Eduardo Duhalde (36 mil dólares al año).
El argumento en
México es que esos ingresos tan altos para los funcionarios son un instrumento para
combatir la corrupción.
Sin embargo,
investigadores como Laura Carrillo y Juan Pablo Guerrero, académicos del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirman que esa estrategia no contribuye a
combatir la corrupción sino que, por el contrario, encarece el costo de prácticas
ilícitas. Consideran que en México se premia bien a funcionarios públicos que forman
parte de un sistema con problemas de alta corrupción, opacidad y controles ineficaces,
mientras que Chile premia poco a su alta esfera política en un entorno de gobierno
honesto y transparente.
Hasta ahora, los
esfuerzos por promover una política salarial más justa se han centrado sobre todo en la
capital del país, donde se aumenta el salario de los trabajadores de base por encima de
la inflación o del tope salarial, mientras que se ha controlado o congelado el
crecimiento de los salarios de los funcionarios de alto nivel, bajo un lineamiento de
austeridad republicana.
Falta mucho, sin
embargo, para alcanzar una política general en el país parecida a la que se aplica en el
Distrito Federal. Si se llega a realizar una política de austeridad de este tipo en los
tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; en los tres niveles de
gobierno, municipal, estatal y federal; y en los órganos autónomos, podrían llegar a
ahorrarse alrededor de 5 mil millones de pesos anuales, que podrían destinarse a
satisfacer necesidades sociales o productivas del país, o bien a conducir una política
para compensar los salarios más bajos.
Por esas
razones, para lograr grados mucho más racionales en las remuneraciones de los servidores
públicos, requerimos no sólo voluntad y discursos sino reformas constitucionales.
No han servido
los llamados a la cordura ni la existencia, que algunos dicen tener y que no observan, de
principios de ética que exigen que la retribución sea justa y equitativa y no
exorbitante.
Dado que la
exigencia del más mínimo decoro no ha sido suficiente para no lucrar con las
percepciones que algunos servidores se han señalado, es necesario establecer en la ley la
exigencia de que las percepciones no sean arbitrarias ni abusivas.
El Congreso de
la Unión ha realizado una extraordinaria labor para que los estados cuenten en el
Presupuesto de Egresos con más recursos, pero debe evitarse que esos recursos no sean
destinados al fin que se persigue: la creación de infraestructura y obra social.
En el ámbito
internacional, encontramos que la Constitución de Ecuador señala: “Las
remuneraciones que perciban los servidores públicos serán proporcionadas a sus
funciones, eficiencia y responsabilidad”. Y la de Venezuela: “Las escalas de
salarios en la administración pública se establecerán reglamentariamente conforme a la
ley”, así como que “la Ley Orgánica podrá establecer límites razonables a
los emolumentos que devenguen los funcionarios públicos municipales, estatales y
nacionales”.
Con el ánimo de
establecer un parámetro, se sugiere señalar que ningún servidor público de cualquier
nivel de gobierno sea superior al que el Congreso de la Unión fije al titular del Poder
Ejecutivo Federal y a partir de ahí deberá determinarse el monto de la remuneración, de
conformidad con el nivel de responsabilidad y las circunstancias que forman su entorno
económico y social.
En todo caso,
los aumentos deberán ser anuales, tomando como base el señalado a los salarios mínimos
o al monto de la inflación.
Para que el
Congreso de la Unión pueda elaborar una ley que regule el monto de las percepciones de
los servidores públicos de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, es
indispensable que dicha disposición esté señalada en la Norma Fundamental, motivo por
el que deberá dársele dicha atribución, que puede incluirse en el artículo 73,
fracción XI.
Asimismo, puede
adicionarse el artículo 75 con la indicación de que la retribución que contenga el
Presupuesto de Egresos deberá hacerse en los términos que señale el artículo 127 de la
ley de la materia.
A efecto de que
los lineamientos que fije el Congreso General sean aplicables en el nivel municipal, es
indispensable establecerlo en el artículo 115 para que, cuando los ayuntamientos aprueben
su presupuesto de egresos, lo hagan además en los términos del artículo 127 y de la ley
de la materia.
Igual situación
debe señalarse en el artículo 116, que se refiere al nivel estatal de gobierno,
agregando una fracción que establezca la obligación de los legisladores locales de que,
al aprobar su presupuesto de egresos, se observen las disposiciones del artículo 127 y
las de la ley de la materia.
Respecto a la
Asamblea Legislativa, también se observarán las disposiciones del artículo 127 y de la
ley de la materia, por el reenvío que hace el artículo 142, base primera, fracción V,
inciso b).
También, por lo
antes dicho, al artículo 127 deben agregarse los lineamientos que sirven de base a la ley
respectiva, señalando que no podrá haber remuneración superior a la del titular del
Poder Ejecutivo, así como que las remuneraciones de los integrantes de los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los tres niveles de gobierno serán establecidas en
los respectivos presupuestos de egresos, de conformidad con lo señalado en la
Constitución y en la ley que sobre la materia expida el Congreso de la Unión.
Por todo lo
expuesto anteriormente, los suscritos diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de
la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y los relativos de la Ley
Orgánica, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente la presente
iniciativa de reformas constitucionales en materia de remuneraciones de los servidores
públicos de los tres poderes y de los tres niveles de Gobierno, el siguiente proyecto de
decreto que reforma los artículos 73, fracción XI, 75, 115, fracción IV, y 127 y que
adiciona una fracción VIII al artículo 116 de la Constitución.
Artículo Primero.- Se adiciona la fracción XI
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
I a X...
XI.- Para crear
y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus
dotaciones, así como para establecer las disposiciones para fijar sus montos en los
ámbitos federal, estatal, municipal y del Distrito Federal.
XII a XXX...
Artículo Segundo.- Se modifica el artículo 75 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes
términos:
Artículo 75.- La Cámara de Diputados, al aprobar
el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a
un empleo que esté establecido por la ley y, en caso de que por cualquier circunstancia
se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere fijado en
el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo, en los términos del
artículo 127 de esta Constitución y en la ley que expida el Congreso sobre la materia.
Artículo Tercero.- Se modifica el penúltimo
párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 115.
I a III...
IV...
a)...
b)...
c)...
...
...
Las Legislaturas
de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, y revisarán y
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y, en relación con la remuneración de
los servidores públicos municipales, lo harán de conformidad con lo señalado en el
artículo 127 de esta Constitución y en la ley de la materia.
...
V a X...
Artículo Cuarto.- Se adiciona una fracción VIII
al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar en los siguientes términos:
Artículo 116...
I a VII...
VIII. El
Presupuesto de Egresos anualmente aprobado por las Legislaturas locales establecerá las
remuneraciones de los servidores públicos de los estados, observando las disposiciones
del artículo 127 de esta Constitución y de la ley de la materia.
Artículo Quinto.- Se adiciona el artículo 127 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 127...
...
Los gobernadores
de los estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los magistrados de los
Tribunales Superiores de Justicia, los diputados locales y los demás servidores públicos
de elección popular municipal o delegacional recibirán una remuneración adecuada e
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será
determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes.
La remuneración
a que se refieren los párrafos anteriores no podrá ser superior a la señalada al
titular del Poder Ejecutivo federal ni a su superior jerárquico, deberá estar acorde con
el nivel de responsabilidad y las circunstancias que formen su entorno económico y
social; y los aumentos, que deberán ser anuales, no podrán exceder al señalado a los
salarios mínimos o al monto de la inflación; todo ello, en los términos y condiciones
que señale la ley que regule las remuneraciones de los servidores públicos.
Artículo Transitorio
Unico.- Las presentes reformas y adiciones
iniciarán su vigencia al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 6 de enero de 2003.— Dip. Martí Batres Guadarrama.»
Presidencia del diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Señor diputado,
señor diputado que acaba de presentar el documento: el diputado César Augusto Santiago
desea...
El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde
su curul):
Con todo respeto
le pediría, señor diputado, si acepta y me permite el honor de firmar su iniciativa con
usted.
El diputado Ramón León Morales:
Sí, como no.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez
(desde su curul):
Eso es todo
señor.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados e intégrese totalmente en la Gaceta Parlamentaria.
Oficios de la
Secretaría de Gobernación.
ALEMANIA
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.—
Subsecretaría de Enlace Legislativo.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante
el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C) del
artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C.
Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar
la condecoración de la Gran Cruz, Clase Especial, de la Orden del Mérito de la
República Federal de Alemania.
Dicha
condecoración será impuesta al Lic. Vicente Fox el 29 de enero próximo, por lo que me
permito anexar, para que se integren en su expediente, copia certificada de su acta de
nacimiento y copia simple de la comunicación oficial que expresa el deseo de conferir la
condecoración de referencia.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 7
de enero de 2003.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
Presidencia del diputado Eric Eber
Villanueva Mukul
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Primera Comisión.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante
el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C),
del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, para que
la C. Sra. Martha Ma. Sahagún Jiménez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran
Cruz, Primera Clase, de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania.
Dicha
condecoración será impuesta a la Sra. Martha Sahagún el 29 de enero próximo, por lo
que me permito anexar, para que se integren en su expediente, copia certificada de su acta
de nacimiento y copia simple de la comunicación oficial que expresa el deseo de conferir
la condecoración de referencia.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 7
de enero de 2003.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Primera Comisión.
GASOLINAS
La Secretaria diputada Olga Margarita
Uriarte Rico:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al
oficio número III-628, de fecha 17 de octubre próximo pasado, suscrito por el C. Sen.
Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores,
con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar
número 326-SAT-IV-1-25266, signado por el C. Lic. José Alfonso Torres Cabello,
Administrador Central de Contabilidad y Glosa del Servicio de Administración Tributaria
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que da contestación al punto de
acuerdo sobre la problemática derivada de la diferencia de precios de las gasolinas y el
diesel mexicanos con las que se expenden en Estados Unidos de América, propuesto por el
Congreso del Estado de Tamaulipas.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, 16
de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo.—
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ciudadano
licenciado M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la
Secretaría de Gobernación.— México, DF.
Me refiero a su
oficio número SEL/300/969/02 del 21 de octubre de 2002, a través del cual comunica al
titular de esta Secretaría de Hacienda, los puntos de acuerdo aprobados en sesión de esa
fecha, entre los que se encuentra un exhorto a esta Secretaría para reforzar sus sistemas
de vigilancia en las aduanas establecidas en la frontera norte de México, con el
propósito de denunciar ante el Ministerio Público Federal el delito de contrabando de
gasolina y diesel.
Al respecto me
permito informarle que a la fecha se han implementado diversas medidas encaminadas a
combatir el contrabando de gasolina y diesel, como son la modificación al anexo 10 de las
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para el 2002, en la cual se
incluye al sector Aceites de Petróleo y Minerales Bitumi- nosos, mismo que contempla las
fracciones arancelarias 2710.11.01, 2710.11.06, 2710.11.99, 2710.19.01, 2710.19.04,
2710.19.05, 2710.19.07, 2710.19.08 y 2710.19.99, por lo que los importadores interesados
en llevar a cabo operaciones por dichas fracciones, deberán solicitar su inscripción al
padrón señalado, siendo necesario para proceder a su inscripción el contar con la
opinión previa del representante de Pemex.
Por otra parte,
se llevó a cabo la modificación al anexo 21 de las Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior para el 2002, relativo a las aduanas autorizadas para
tramitar el despacho aduanero de determinado tipo de mercancías incluyéndose la
fracción XVII, correspondiente a aceites de petróleo y minerales bituminosos, con lo
cual se tiene un mayor control en las importaciones de estos productos ya que sólo podrá
importarse por las aduanas de Ciudad Reynosa, Colombia, Matamoros, Tijuana y Nuevo Laredo
(esta última únicamente para las importaciones que se lleven a cabo por ferrocarril).
Cabe destacar
que también esta mercancía está sujeta al requisito de permiso previo de importación y
exportación por parte de la Secretaría de Economía, para las fracciones arancelarias
2710.11.01, 2710.11.06, 2710.11.10, 2710.11.99, 2710.19.01, 2710.19.07, 2710.19.99 y
2710.99.99, por lo que para poder llevar a cabo operaciones de importación y exportación
deberán cumplir con este requisito.
Sin otro
particular le envío un cordial saludo.
Atentamente.
México, DF, a
29 de noviembre de 2002.— El administrador central, José Alfonso Torres Cabello.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Remítase a la Cámara de Senadores.
COMUNIDADES
INDIGENAS
La Secretaria senadora Yolanda
González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.—
Subsecretaría de Enlace Legislativo.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al
oficio número II-679, de fecha 7 de noviembre próximo pasado, suscrito por el C. Sen.
Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con
el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar
número 312.-A.-001004, signado por el C. Pablo S. Reyes Pruneda, director general de
Programación y Presupuesto “B” de la Subsecretaría de Egresos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que envía información relativa al
punto de acuerdo promovido por el Sen. Héctor Astudillo Flores, relativo a la aplicación
de recursos para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Lic. M. Humberto
Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de
Gobernación.— Presente.
Se hace
referencia a su oficio No. SEL/300/1315/02, mediante el cual informa sobre los puntos de
acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores en sesión del 7 de noviembre de 2002, y que
fueron comunicados al titular de esa dependencia de acuerdo a lo que a continuación se
señala:
Primero.
Solicitamos a la Cámara de Diputados que disponga incrementar la partida presupuestal
específica que incluya recursos suficientes para avanzar en el desarrollo de los pueblos
y comunidades indígenas en un 100%, esto es, que en el año 2003 el Presupuesto de
Egresos contemple 2 mil millones de pesos para el Fondo Indígena.
Segundo.
Exhortamos al Gobierno Federal para que en términos de la reforma constitucional en
materia de derecho y cultura indígena, aplique los recursos de este fondo indígena en
los propósitos establecidos en el apartado B del artículo 2 constitucional
específicamente en todo lo que se refiere al mejoramiento de las condiciones de vida de
los Grupos Indígenas del País. Asimismo, que las instituciones federales
correspondientes encargadas de operar los recursos de este fondo, presenten un programa
que se publique a más tardar el 31 de marzo de 2003, en el que se especifique las
acciones federales, estatales, municipales, así como de los pueblos indígenas
beneficiados.
Al respecto, me
permito informar a usted que dentro del presupuesto para 2003, la Sedesol consideró
1,500.0 millones de pesos (mp) para el Programa para el Desarrollo de los Pueblos y las
Comunidades Indígenas, lo que representa un incremento real del 44.8%, recursos que se
complementan con 910 mp para los programas y acciones que realiza el Instituto Nacional
Indigenista. No omito señalar que el proyecto de PEF 2003 fue entregado al H. Congreso de
la Unión el 5 de noviembre del 2002, por lo que en el caso de darse ampliaciones, estas
tendrán que ser propuestas y autorizadas en el marco de la discusión y aprobación del
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2003.
Con relación a
la publicación de las acciones a realizar en el citado programa, le informo que el
proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos 2003 contempla un apartado específico que
establece los tiempos y las fechas de publicación de las Reglas de Operación de los
Programas de Beneficio Social. La fecha del 31 de marzo es compatible con la prevista en
el proyecto de decreto 2003, el cual señala que las Dependencias y/o Entidades deberán
presentar sus proyectos de reglas de operación a esta Secretaría a más tardar el 10 de
enero, para la autorización y dictamen correspondiente, y que contarán con 25 días
hábiles para su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Sin otro
particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Ciudad de
México, 3 de diciembre de 2002.— El Director General, Pablo S. Reyes Pruneda.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Remítase a la Cámara de Senadores.
REINO
DE ESPAÑA
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante
el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C),
del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
el C. Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, pueda aceptar y usar la Condecoración de la
Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino
de España.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del
interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia
certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la
notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que
se trata.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, 16
de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante
el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C),
del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
el C. Coronel de Caballería Marco Antonio de León Adams, pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le
confiere el Gobierno del Reino de España.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del
interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo;
copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la
notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que
se trata.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, 16
de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante
el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C),
del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
el C. Dr. Alejandro Francisco Rossi Guerrero, pueda aceptar y usar la Condecoración de la
Orden de Isabel la Católica en grado de Encomienda de Número, que le confiere el
Gobierno del Reino de España.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del
interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia
certificada de la carta de nacionalidad mexicana por naturalización y copias simples de
su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de
otorgarle la condecoración de que se trata.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, 16
de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante
el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C),
del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
el C. Arq. Jorge Lomónaco Tonda, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de
Isabel la Católica, en grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno del
Reino de España.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del
interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia
certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la
notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que
se trata.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, 16
de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante
el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C),
del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
el C. Emb. Enrique Berruga Filloy, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del
Mérito Civil, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del
interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia
certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la
notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que
se trata.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante
el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C),
del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
el C. Ing. José Refugio Peñaloza Herrera, pueda aceptar y usar la Condecoración de la
Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata, que le confiere el Gobierno del Reino
de España.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del
interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia
certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la
notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que
se trata.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante
el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C),
del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
el C. Lic. Arturo Sarukhan Casamitjana, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden
del Mérito Civil, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino de
España.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del
interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia
certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la
notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que
se trata.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante
el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C),
del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
el C. Lic. Germán Gonzalo Alarcón Osorio, pueda aceptar y usar la Condecoración de la
Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de
España.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del
interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia
certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la
notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que
se trata.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante
el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C),
del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
el C. Lic. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, pueda aceptar y usar la Condecoración de la
Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno
del Reino de España.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del
interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia
certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la
notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que
se trata.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
17 de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante
el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C),
del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
el C. Lic. Francisco Alfonso Durazo Montaño, pueda aceptar y usar la Condecoración de la
Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno
del Reino de España.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del
interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia
certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la
notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que
se trata.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante
el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C),
del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
el C. Coronel de Infantería DEM Roberto Francisco Miranda Moreno, pueda aceptar y usar la
Condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda de Número, que le
confiere el Gobierno del Reino de España.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del
interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia
certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la
notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que
se trata.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante
el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C),
del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
el C. Lic. Gustavo Mohar Betancourt, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden
del Mérito Civil, en grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno del
Reino de España.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del
interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia
certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la
notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que
se trata.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnense a la Primera Comisión.
REPUBLICA
DE CUBA
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante
el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C),
del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
el C. General Brigadier DEM Uribe Toledo Sibaja, pueda aceptar y usar la Medalla
“Fraternidad Combativa”, que le confiere el Gobierno de la República de Cuba.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del
interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia
certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la
notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que
se trata.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Primera Comisión.
FRANCIA
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante
el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C),
del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
el C. Vicealmirante CG DEM Néstor Evencio Yee Amador, pueda aceptar y usar la Medalla de
Oro de la Defensa Nacional, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del
interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia
certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la
notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que
se trata.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Primera Comisión.
ITALIA
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante
el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C),
del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
el C. Dip. Fed. Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, pueda aceptar y usar la
Condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Caballero,
que le confiere el Gobierno de dicho país.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del
interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia
certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la
notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que
se trata.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002. — El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Primera Comisión.
RUMANIA
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante
el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C, del
Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C.
Ing. José Refugio Peñaloza Herrera, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden
de la Estrella de Rumania, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del
interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia
certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la
notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que
se trata.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
17 de diciembre de 2002.— El Subsecretario deEnlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Primera Comisión.
REINO
DE SUECIA
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante
el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C),
del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
el C. Lic. Víctor Lichtinger Waisman, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar, en grado de
Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del
interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia
certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la
notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que
se trata.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
17 de diciembre de 2002.— El Subsecretario deEnlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante
el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C),
del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el
C. Emb. Enrique Berruga Filloy, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Real de
la Estrella Polar, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del
interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia
certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae y de la
notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que
se trata.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnense a la Primera Comisión.
GRADOS
MILITARES
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la Hoja de
Servicios del C. General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Miguel
Enrique Vallín Osuna (7887053), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto
en la fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la Hoja de Servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la Hoja de
Servicios del C. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor José Luis Sánchez León
(8208404), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII
del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la Hoja de Servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la Hoja de
Servicios del C. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Juan Antonio Sánchez Ruiz
(8208448), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII
del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la Hoja de Servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la Hoja de
Servicios del C. Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo
Román Carmona Landa (B-224806), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto
en la fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la Hoja de Servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la Hoja de
servicios del C. Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo
Lorenzo Escobar Pastor (9565219), la que me permito enviar para los efectos de lo
dispuesto en la fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la Hoja de Servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la Hoja de
Servicios del C. Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Andrés Fernando Aguirre
Osunza (2281675), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la
fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la Hoja de Servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la Hoja de
Servicios del C. Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Ricardo Flores González
(B-424065), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII
del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la Hoja de Servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la Hoja de
Servicios del C. Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Maximiliano Cruz Ramos
(B-546147), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII
del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la Hoja de Servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la Hoja de
Servicios del C. Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Omar García Vázquez
(10561966), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII
del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la Hoja de Servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la Hoja de
Servicios del C. Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Eufemio Alberto Ibarra
Flores (10528486), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la
fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la Hoja de Servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002.— El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Recibo y túrnense a la Segunda
Comisión oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
DEUDA
La Secretaria diputada Olga Margarita
Uriarte Rico:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
C. Diputado Eric
Villanueva Mukul, Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión.— Presente.
Con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 23, fracciones I y III, de la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, me permito enviar la información relativa a
la evolución de la recaudación, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o
refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de
Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa
correspondientes al mes de noviembre de 2002.
Sin otro
particular, reciba un cordial saludo.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
México, DF, a
30 de diciembre de 2002.— El Secretario, Lic. José
Francisco Gil Díaz.»
«Información
de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-noviembre de 2002.
FINANZAS
PÚBLICAS
I.1 Balance del
Sector Público
I.2 Situación
Financiera del Sector Público
I.3 Gasto
Programable Pagado del Sector Público
I.4 Situación
Financiera del Gobierno Federal
I.5 Situación
Financiera de Entidades Bajo Control Presupuestario Directo
I.6 Situación
Financiera del Gobierno Federal y Seguridad Social
I.7 Recaudación
Federal Participable
I.8
Participaciones Pagadas a las Entidades Federativas, Enero-Noviembre de 2002
I.9
Participaciones Pagadas a las Entidades Federativas, Enero-Noviembre de 2001
DEUDA PUBLICA
II.1 Evolución
de los Saldos de la Deuda Pública Externa, Noviembre de 2002
II.2 Evolución
de los Saldos de la Deuda Pública Externa, Enero-Noviembre de 2002
II.3 Evolución
de los Saldos de la Deuda Interna del Gobierno Federal, Noviembre de 2002
II.4 Evolución
de los Saldos de la Deuda Interna del Gobierno Federal, Enero-Noviembre de 2002
II.5 Colocaciones
del Sector Público, Enero-Noviembre de 2002
II.6 Colocaciones
de Valores Gubernamentales, Noviembre de 2002
II.7 Tasas de
Valores Gubernamentales, Noviembre de 2002
II.8 Costo de la
Deuda Pública Externa, Noviembre de 2002
II.9 Costo de la
Deuda Pública Externa, Enero-Noviembre de 2002
II.10 Costo de la
Deuda Interna del Gobierno Federal, Noviembre de 2002
II.11 Costo de la
Deuda Interna del Gobierno Federal, Enero-Noviembre de 2002
II.12 Deuda
Externa del Sector Público, Financiamientos durante Noviembre y Acumulado de 2002
II.13 Deuda
Interna del Gobierno Federal, Financiamientos durante Noviembre y Acumulado de 2002
PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
La Secretaria diputada Yolanda
González Hernández:
Se dará lectura
al dictamen de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación
Pública de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Señora
Secretaria, dado que el dictamen ha sido repartido, consulte a la Asamblea si podemos
omitir su lectura dado que es un poco voluminoso.
La Secretaria diputada Yolanda
González Hernández:
Con mucho gusto,
señor Presidente.
Se consulta a
las señoras y señores legisladores que en virtud de que el dictamen lo tiene cada uno de
ustedes, si es de omitirse la lectura del dictamen, es de primera lectura.
Quienes estén
por la afirmativa, les rogamos manifestarlo levantando la mano... Gracias.
Quienes estén
por la negativa... Aprueba el pleno señor
Presidente, la omisión de la lectura.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación
Pública.
HONORABLE
ASAMBLEA:
A la Comisión
que suscribe, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de
Decreto por la que se solicita autorización para que el C. Vicente Fox Quesada,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional del
23 al 31 de enero de 2003 a efecto de que realice una gira de trabajo por Europa que
comprende la participación en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, una visita
oficial al Reino de los Países Bajos, así como una visita de Estado a la República
Federal de Alemania, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción I,
78 y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 127
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En el texto de
la Iniciativa se argumenta que el viaje al exterior se inscribe en la necesidad de
continuar fortaleciendo la presencia de México en el mundo, difundir una imagen de
nación renovada, aprovechar las oportunidades que plantea la globalización y jugar un
papel activo y central en la configuración de una nueva arquitectura internacional. Busca
además, fortalecer las relaciones bilaterales con naciones de importancia estratégica e
intensificar su participación e influencia en aquellos foros multilaterales donde se
reúnen líderes de opinión y cuya importancia es clave para la conformación del nuevo
orden económico internacional.
La realidad
actual caracterizada por signos de recesión económica y de conjeturas sobre el futuro de
la paz y la seguridad internacionales, requiere de nuestro país respuestas y acciones
inequívocas que contribuyan junto con el resto de la comunidad internacional, a dar rumbo
y definición a un proceso supranacional que afecta nuestros intereses y posición en el
mundo. En esta crucial coyuntura, el no actuar en el exterior conforme a sus principios
colocaría a México en la inaceptable situación de asumir una realidad compleja e
incierta, ausentándose de los esfuerzos por encauzarla para el provecho colectivo.
México comparte las grandes aspiraciones de la comunidad internacional a favor de un
desarrollo sustentable y una paz basada en el derecho internacional.
CONSIDERACIONES
La exposición
de motivos que acompaña la solicitud de referencia, explica que el Gobierno de México se
ha propuesto promover las convergencias políticas con la Unión Europea, mediante el
fortalecimiento de las relaciones bilaterales con los países que la conforman, así como
una activa participación en los principales foros de diálogo y concertación.
Los miembros de
esta Segunda Comisión coincidimos que el viaje por tres naciones del continente europeo
tiene un significado de diversificación y consolidación de una relación con el bloque
regional que ha logrado el cumplimiento de sus metas de unificación no sólo
económico-comercial sino política y monetaria de mayor envergadura en la historia de la
humanidad.
Europa en su
conjunto es una de las alternativas más viables para ampliar el espectro de acción de
nuestra política exterior. Representa una fuente importante de recursos financieros y un
mercado en expansión para las exportaciones mexicanas. Esta gira de trabajo busca
complementar la efectuada en noviembre del presente año al Reino Unido, Irlanda y
Francia, que tuvo como objetivo el fortalecer el diálogo político e impulsar las
relaciones económico-comerciales sobre la base del Tratado de Libre Comercio entre
México y la Unión Europea, así como promover intercambios educativos y culturales,
buscar puntos de acuerdo sobre temas internacionales de interés común, así como el
dialogo en cuestiones económicas y comerciales entre estos países.
Un asunto que
refuerza la importancia de la presencia del Titular del Poder Ejecutivo en ese Continente
es que México será sede de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América
Latina y el Caribe-Unión Europea en el año de 2004, por lo que uno de los propósitos de
la visita a los Países Bajos y Alemania es intercambiar puntos de vista con las
autoridades de esos países sobre cómo potenciar la relación entre ambas regiones, a fin
de concretar la “asociación estratégica birregional” y dar seguimiento a los
compromisos establecidos en la Declaración Política de la Cumbre de Madrid, que se
llevó a cabo en Madrid en mayo próximo pasado.
En lo
multilateral, la Unión Europea y sus Estados miembros desempeñan un papel de primer
nivel en la creación de un nuevo sistema internacional basado en reglas, normas y
principios, que contribuyen a generar condiciones de equidad entre las naciones. Los
valores que unen a México con los países de la Unión Europea representan una base en la
aspiración común de lograr ese nuevo orden.
Finalmente,
respecto a la presencia del Presidente de la República Vicente Fox, en el Foro Mundial de
Davos, al que asistió en enero de 2000, nos parece importante destacar lo siguiente:
Participación
en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza
La
participación del Presidente Vicente Fox en la XXXI Reunión Anual del Foro Económico
Mundial tuvo como principal objetivo: Promover la inversión extranjera en el país, así
como las exportaciones nacionales para crear empleos bien remunerados. Las condiciones y
los retos que enfrentan la economía internacional y la mexicana en particular, han
cambiado desde esa fecha
Este año, el
Foro tendrá como tema principal “El Fortalecimiento de la Confianza”,
seleccionado de manera acertada ya que la confianza representa la piedra angular para el
desarrollo y crecimiento sostenible para el mundo globalizado.
El Foro Mundial
Económico en Davos constituye uno de los espacios más importantes y reconocidos para el
debate y la reflexión de las tendencias económicas a nivel mundial. Se reunirán
aproximadamente 150 líderes políticos, destacando Jefes de Estado y de Gobierno,
directivos de las instituciones financieras internacionales, personalidades políticas de
diversos ámbitos y tendencias, así como los más importantes representantes de los
sectores empresarial, financiero y académico.
Los integrantes
de esta Segunda Comisión creemos que la participación de México en este Foro constituye
una oportunidad para afianzar los vínculos con los principales actores de la economía,
la política, las finanzas y representantes de centros de excelencia académica mundiales,
y es una oportunidad idónea para transmitirles una visión objetiva y actualizada de la
realidad mexicana, que contribuya a fortalecer la confianza de la comunidad internacional
en nuestro país.
Visita Oficial
al Reino de los Países Bajos
Las relaciones
de México con los Países Bajos se iniciaron mediante la firma del Tratado de Amistad
Duradera de 1827 suscrito en Londres y ratificado en 1828. A partir de 1954 las relaciones
bilaterales han sido solo a nivel de embajador, y en las últimas décadas los contactos
políticos han sido escasos. La Reina Juliana, madre de la actual Reina de Países Bajos,
visitó México en 1964. Por parte de México se registran dos visitas presidenciales: la
primera de ellas la realizó Adolfo López Mateos en 1963 y la segunda, por Carlos Salinas
de Gortari en septiembre de 1993.
La visita
oficial a Países Bajos, sería por lo tanto la primera de un Jefe de Estado mexicano en
10 años, y corresponde a una invitación hecha por la Reina Beatriz. En el marco de esta
visita y durante ella, se tienen contempladas una serie de actividades protocolarias,
políticas, económicas, comerciales, académicas y culturales, con miras a estrechar los
lazos de amistad y respeto que unen a los Países Bajos y México.
Holanda fue uno
de los fundadores e impulsores de la Comunidad Europea (la actual UE). Por el mero hecho
de ser un país relativamente pequeño, con una economía fuertemente internacional,
Holanda confiere mucha importancia a un entorno internacional ordenado. Países Bajos
ocupa la primera posición entre los países de la Unión Europea que materializaron
inversiones en México entre 1994 y septiembre de 2002. En ese periodo, las empresas con
capital holandés en México realizaron inversiones por 9.7 miles de millones de dólares
(MMD), monto que equivale al 9% de la inversión extranjera directa materializada en ese
lapso (107.8 MMD), y al 46% de la inversión aportada por los países de la Unión Europea
(21.1 MMD). En la iniciativa enviada por el Ejecutivo se afirma que uno de los objetivos
principales de esta visita es consolidar esta fructífera relación y promover los
intercambios comerciales entre ambos países a fin de explotar el potencial existente.
La política de
cooperación constituye un elemento importante e integrante de la política exterior.
Holanda aspira a lograr un desarrollo mundial y sostenible, basado en el crecimiento
económico y en la lucha contra la pobreza. Para combatir este lacerante fenómeno,
Holanda concentra sus políticas públicas en el marco del fortalecimiento de la libertad
social, económica y política de las personas. Para alcanzar este objetivo, diversos
ministerios trabajan coordinadamente. Holanda dedica el 0,8% del producto nacional bruto
exclusivamente a la cooperación al desarrollo. Países Bajos se ha constituido en el
principal reexportador de mercancías del continente europeo. El puerto de Rotterdam es
hoy por hoy una puerta de entrada privilegiada para los productos mexicanos a Europa. De
igual modo, el aeropuerto de Schiphol constituye una de las principales entradas directas
de nuestras exportaciones hacia ese continente y una vía importante de acceso para el
turismo holandés que llega a nuestro país. Sin embargo, este canal directo de
comunicación entre México y Países Bajos aún no ha sido explotado en su cabal
potencialidad.
Uno de los
objetivos de la visita debe ser el de impulsar nuevas oportunidades de ingreso y de
distribución continental de nuestros productos desde ese puerto de Rotterdam hacia todo
el continente europeo y ver las posibilidades de asistencia técnica portuaria holandesa a
México.
La Haya es la
sede de los principales órganos judiciales creados por la comunidad internacional: la
Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional y es también sede de la
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.
Esta visita
representa una oportunidad para refrendar el compromiso de México con la paz y la
seguridad internacionales, y con el respeto irrestricto a los principios básicos del
Derecho Internacional. Con ese objetivo, visitaría el Palacio de la Paz y dirigiría un
mensaje a la Corte Internacional de Justicia.
En esta gira de
trabajo, el Presidente Vicente Fox sostendrá un encuentro con la Jefa del Estado, la
Reina Beatriz; con el Primer Ministro Peter Balkenende, y con el Presidente del Senado,
Gerrid Braks.
El programa que
analizamos contempla la participación del presidente Fox en un seminario empresarial en
La Haya, así como una serie de entrevistas con empresarios del sector agrícola, naval y
energético de alta tecnología.
Visita de Estado
a la República Federal de Alemania
Esta visita
responde a una invitación del Presidente de la República Federal de Alemania, Johannes
Rau y pretende dar continuidad a los vínculos estratégicos identificados por ambos
países durante la visita que en el mes de febrero realizó a México el Canciller Federal
Gerhard Schröder, cuyos principales resultados se han visto reflejados en un intenso
diálogo político y en el impulso de las relaciones económicas y de cooperación, en el
marco del pleno aprovechamiento del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea.
Asimismo, constituiría una gran oportunidad para refrendar la cercanía del Gobierno
mexicano, con el gobierno del reelecto Canciller Schröder, iniciado en octubre de 2002.
La historia de
las relaciones económicas México-Alemania comprende una larga y benéfica tradición
para ambas partes. Hoy Alemania es el primer socio comercial de México entre los países
de la Unión Europea. Entre enero y septiembre de 2002, el comercio bilateral alcanzó los
5.4 miles de millones de dólares (MMD). Además, es nuestro tercer socio inversionista
entre los países comunitarios, con una inversión acumulada entre 1994 y junio de 2002 de
2.9 MMD. Se tienen registradas a 776 empresas con inversión alemana, esto es, el 3% del
total de sociedades con inversión extranjera directa (IED) establecidas en México
(25,063), que contribuyen a la generación de empleo y transferencia de tecnología.
Alemania es considerado el núcleo económico de la Unión Europea, ya que cuenta con un
Producto Interno Bruto de 2 mil millones de euros, que representa el 23.47% del PIB
comunitario, siendo así un país que ofrece grandes oportunidades de cooperación
económica a nuestro país.
El excelente
estado de la cooperación en el ámbito político entre México y Alemania se ve reflejado
en las numerosas visitas de parlamentarios y personalidades del sector público, las
cuales demuestran la profundidad y cordialidad de las relaciones entre los dos países, y
que quedaron demostradas de una manera especial durante la visita de estado del Presidente
Zedillo en Alemania en octubre de 1997; la del entonces Presidente Federal, Román Herzog
a México en Marzo de 1999; y durante la visita del Presidente electo Vicente Fox Quesada
a Berlín en Octubre del 2000. El 29 de enero de 2001 el presidente Fox realizo una Visita
de Trabajo con la finalidad de refrendar las ventajas del Acuerdo Comercial de la
Comunidad Económica Europea con México, y celebrar acuerdos de asociaciones
estratégicas entre pequeñas y medianas empresas alemanas y mexicanas; y el 12 de octubre
del 2001, una Visita Oficial de Trabajo para Promover el Acuerdo de Libre Comercio entre
México y la Unión Europea y presentar las ventajas que ofrece México a los
inversionistas europeos, sobre todo, tomando en cuenta nuestra posición privilegiada
frente a Estados Unidos, Canadá y América Latina. Asimismo esta Soberanía ratificó el
año pasado por unanimidad el acuerdo tomado en sus Comisiones Unidas de Relaciones
Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa y Africa al Embajador Jorge Eduardo
Navarrete, diplomático de carrera con una gran trayectoria en el Servicio Exterior
Mexicano
Con el fin de
dar continuidad y de explotar aún más esa excelente relación, se ha convenido para esta
Visita de Estado, un programa que incluye una agenda de promoción económico-comercial,
destinada a reforzar nuestros vínculos económicos; a promover la inversión extranjera
directa en nuestro país, identificando a sectores y empresas con alta capacidad
productiva que representen áreas no exploradas en la vinculación económica entre ambos
países; y, a fomentar las coinversiones, las estrategias encaminadas a la transferencia
de tecnología y el incremento de oportunidades de negocios y colaboración con los
diversos agentes económicos de ambos países.
Quienes
participamos en la discusión del permiso constitucional de referencia tomamos nota del
argumento presidencial de aprovechar la visita para buscar el apoyo alemán al Plan
Puebla-Panamá. La estrategia gubernamental se sustenta en que el gobierno alemán
considera que dicho Plan coincide plenamente con sus objetivos de cooperación hacia los
países de América Central. De esta manera, esta visita contribuiría a alentar la
participación del gobierno y del empresariado alemanes en la instrumentación del mismo.
El Presidente
Vicente Fox sostendrá encuentros con el Presidente Federal Johannes Rau, con el Canciller
Federal Schröder, con el Presidente del Parlamento Federal, Wolfgang Thierse, con los
líderes de las distintas fracciones parlamentarias y de las fundaciones de los
principales partidos políticos, así como con el Alcalde de Berlín, Klaus Wowereit.
Asimismo realizará una visita a Baviera en donde se entrevistará con el
Ministro-Presidente de esa entidad, Edmund Stoiber.
Durante la
Visita de Estado sostendrá encuentros con representantes de la comunidad mexicana en
Alemania, de organizaciones de la sociedad civil de ese país, de la Confederación de la
Industria Alemana y del empresariado de los estados federados de Baviera y
Baden-Württemberg.
Esta visita
permitiría avanzar en la búsqueda de mecanismos de acción conjunta en los respectivos
foros multilaterales, aprovechando, en particular, la presencia de México y Alemania como
miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2003.
Los lazos
culturales entre Alemania y México tienen una larga tradición y juegan, desde la
histórica estancia de Alexander von Humboldt en México en los años 1803 y 1804, un
papel importante en las relaciones entre ambos países. El Convenio Básico sobre
Cooperación Científica y Tecnológica del año 1974 y el Convenio Cultural
Mexicano-Alemán del año 1978 ofrecen un marco legal para muchos aspectos de las
relaciones culturales actuales. La vista puede ser aprovechada para fortalecerlas con
acciones que sigan siendo de beneficio para impulsar el desarrollo integral de México
vía la cooperación internacional.
Los miembros de
las Comisiones que suscriben, coincidimos en que la presencia del Titular del Poder
Ejecutivo en esta gira es congruente con la posición de México de reforzar la diplomacia
multilateral; ser un actor más activo en el debate sobre la recomposición de la
economía internacional, reafirmar el interés prioritario por las relaciones con los
países miembros de la Comunidad Europea; reconocer el papel que los Países Bajos y
Alemania representan en el intercambio de puntos de vista con las autoridades de esos
países sobre cómo potenciar la relación entre ambas regiones para la III Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe-Unión Europea que se
realizará en México en el año de 2004 y, en general, reiterar los beneficios que trae
aparejados una política exterior más activa y diversificada.
Los Senadores
integrantes de las Comisiones dictaminadoras acordamos recomendar al Pleno de la H.
Comisión Permanente que, conforme a la práctica ya establecida, solicite al Ejecutivo,
una vez concluidos los viajes autorizados por el Congreso de la Unión, informe a este
órgano legislativo el resultado de los mismos.
Por lo
anteriormente expuesto, se propone a la Asamblea la aprobación del siguiente proyecto de
DECRETO
ARTICULO UNICO. Se concede autorización al
ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
para ausentarse del territorio nacional del 23 al 31 de enero de 2003 a efecto de que
realice una gira de trabajo por Europa que comprende la participación en el Foro
Económico Mundial, en Davos, Suiza, una visita oficial al Reino de los Países Bajos,
así como una visita de Estado a la República Federal de Alemania.
TRANSITORIO
UNICO. El presente decreto entrará en vigor el
día de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Sala de
Comisiones de la Honorable Comisión Permanente, a 8 de enero de 2003.
Segunda
Comisión (de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública).
Sen. Fidel
Herrera Beltrán, Presidente (rúbrica); Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez,
secretario (rúbrica); Dip. Alfredo Ochoa Toledo, secretario (rúbrica); Sen. Ernesto Gil
Elorduy (rúbrica); Sen. Adrián Alanís Quiñónez (rúbrica); Dip. Jorge Carlos Ramírez
Marín; Dip. Jesús Burgos Pinto; Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica); Sen. Héctor
Larios Córdova (rúbrica); Dip. José Tomás Lozano Pardinas (rúbrica); Dip. Manuel
Wistano Orozco Garza; Dip. Raúl Martínez González (rúbrica); Sen. Raymundo Cárdenas
Hernández (rúbrica); Dip. Ramón León Morales (rúbrica); Sen. Sara Isabel Castellanos
Cortés (rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Es de primera lectura.
REMUNERACIONES DE SERVIDORES PUBLICOS
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra
hasta por 10 minutos el diputado Julio Castellanos Ramírez, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
El diputado Julio Castellanos
Ramírez:
Muchas gracias,
señor Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión;
compañeras y compañeros legisladores.
El que suscribe,
diputado federal a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 87, 21 fracción XVI y demás relativos del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito
respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de
Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a efecto de que se dictamine a la
brevedad para su presentación ante el pleno de este órgano legislativo, la iniciativa
que reforma los artículos 73 fracción XI, 75, 115 fracción IV y 127 y una adición a la
fracción VIII al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de remuneraciones de los servidores públicos.
ANTECEDENTES
Con fecha 20 de
febrero de 2002, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados en voz de su
coordinador, diputado Felipe Calderón Hinojosa, presentó ante la Comisión Permanente de
este honorable Congreso la iniciativa de reformas a los artículos mencionados en materia
de remuneraciones de los servidores públicos, siendo turnada a la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Los diputados
integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional insistimos en que la
democracia se sustenta en el principio de representación cuya expresión más simple es
la que define al servidor público como mandatario y a los ciudadanos como mandantes; en
esa virtud, todo servidor público sea por elección o designación, tiene la obligación
de vincular sus decisiones al marco constitucional y legal que rige el ejercicio de la
función que le ha sido confiada, amén de la responsabilidad de actuar con apego a la ley
y con sensibilidad y prudencia para que se aprovechen de manera eficiente los recursos de
un país con rezagos como el nuestro.
Acción Nacional
ha defendido históricamente el principio de transparencia en el ejercicio de la función
pública como una piedra angular de la democracia; por consiguiente, sostenemos que el
gobierno democrático se sustenta en la existencia de diversos controles sobre los
gobernantes de tal forma que se evite la arbitrariedad en el ejercicio del poder y que
resulten efectivamente sancionados los servidores públicos que se extralimiten en el
ejercicio de tales funciones.
La reforma que
solicitamos que se dictamine, busca contar con tabulaciones generales, profesionalmente
diseñadas, que permitan homologar las bases de ingreso a quien presta un servicio
público determinado del establecimiento de los criterios que definan los rangos sobre los
cuales debe determinarse la remuneración, es un paso de innegable importancia en el
proceso de transparencia en el ejercicio de poder. Dichas regulaciones permitirán a los
órganos encargados de fiscalizar el gasto y a los ciudadanos en general, tener
conocimiento de los parámetros dentro de los cuales oscilan los ingresos de sus
servidores.
CONSIDERACIONES
Los proponentes
estamos conscientes de que una reforma de este tipo debe realizarse con apego a los
principios federales que rigen nuestra Constitución y al propio tiempo debe ser
respetuosa de la autonomía de los Estados; para ello se propuso en la iniciativa que sean
las legislaturas de los Estados y los cabildos los que al momento de aprobar sus
respectivos presupuestos vigilen el debido cumplimiento de los principios de legalidad,
justicia y proporcionalidad en la remuneración de sus funcionarios.
Sin menoscabo de
lo anterior, es pertinente que la Constitución faculte al Congreso para establecer por
medio de ley los lineamientos generales a los cuales debe sujetarse toda percepción
pública. La ausencia de esta facultad afecta a funcionarios públicos emanados de todos
los partidos políticos, de los tres órdenes de gobierno y de los tres Poderes de la
Unión, baste señalar el penoso intento encabezado por la diputada Petra Santos del PRD
para obtener el pago de un bono de marcha por 1 millón, 250 mil pesos a diputados de esta
Legislatura.
Para llevar
adelante la iniciativa que se propuso se hace necesario, en primer lugar, conferir al
Congreso de la Unión en términos del artículo 73 constitucional, la facultad para
expedir la legislación reglamentaria en la materia. Dicha legislación, en la medida en
que definiría directamente el sentido y alcance de una disposición constitucional,
vincularía por igual a la Federación, a los estados y a los municipios.
Por otra parte,
propuso también la necesidad de fijar en el artículo 75 constitucional, la obligación
de la Cámara de Diputados de ceñirse, para efectos de la determinación de las
remuneraciones de los servidores públicos federales, en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, a los lineamientos constitucionales que por ley se establezcan.
En el mismo
sentido, propuso modificar el artículo 127 de la Constitución en virtud de que en éste
únicamente se establecen hoy en día las características de las remuneraciones que
deberá recibir el Presidente de la República, los ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, los diputados y senadores del Congreso de la Unión y en forma
genérica, los demás servidores públicos.
En consecuencia,
fue menester precisar los lineamientos constitucionales y legales para el establecimiento
de controles y criterios sobre la remuneración de todos los servidores públicos.
Con el fin de
dotar de congruencia a la reforma planteada el 20 de febrero de 2002, se propuso también
modificar los artículos 115 y 116 constitucionales, de modo que se establezca el deber
constitucional para las legislaturas locales y para los municipios, de sujetarse a los
aludidos lineamientos en la expedición de los respectivos decretos presupuestales.
El proyecto de
reformas constitucionales, el cual se solicita que se dictamine, desde la perspectiva de
Acción Nacional es necesario ya que con ello se transparenta no sólo el uso de los
recursos públicos, sino de manera particular las percepciones a las que todo funcionario
tiene derecho, con objeto de reducir la arbitrariedad y el abuso en la determinación de
los ingresos de dichos servidores.
Si semejante
medida además se eleva al ámbito constitucional, puede adicionalmente contribuir a
delinear un programa legislativo de largo alcance, que reduzca sin lugar a dudas aquellos
espacios normativos que puedan dar origen a prácticas corruptas en el ejercicio de la
función pública. Por tanto proponemos una vía de solución que es la de otorgar
facultades al Congreso para establecer las bases que determinen el sueldo de los
servidores públicos en todos los niveles de gobierno.
Por lo anterior
expreso las siguientes consideraciones de derecho:
Primero. Desde
el día 20 de febrero de 2002 a la fecha, ha transcurrido más del tiempo que se concede
en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, para que las comisiones de la Cámara competentes presenten el
dictamen correspondiente a la iniciativa descrita.
Segundo. En tal
virtud, es procedente que el Presidente de la Comisión Permanente de este Honorable
Congreso de la Unión, en cumplimiento con lo dispuesto en el primer párrafo del
artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
en la fracción XVI del artículo 21 de su Reglamento, excite a la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados, a fin de emitir el dictamen correspondiente.
Por lo
anteriormente expuesto y fundado, a usted ciudadano Presidente de la Comisión Permanente
de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:
Unico. En los términos de lo dispuesto por los
artículos 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envié el presente documento a la Comisión de
Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para que presenten el dictamen
respectivo a la iniciativa de reformas constitucionales en materia de Remuneraciones de
los Servidores Públicos, presentada por el diputado Felipe Calderón Hinojosa, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión del martes 20 de febrero de
2002.
Gracias, señor
Presidente, es cuanto.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De conformidad con lo que establece el
artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados para que emita el dictamen correspondiente.
JOSE MARIA GUILLEN TORRES
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra
el diputado Carlos Aceves y del Olmo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Comisión
Permanente exprese su repudio y exija el esclarecimiento de los hechos en torno del
asesinato del diputado José María Guillén Torres.
El diputado Carlos Humberto Aceves y
del Olmo:
Con su venia,
señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Como un mal
presagio para la vida institucional de nuestro país, en la primera sesión de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión del año 2003, nos reúne el sentimiento y
el dolor al venir a esta tribuna a denunciar el asesinato del diputado José María
Guillén Torres.
Nos duele y
mucho, la pérdida del amigo, la pérdida irremediable del compañero de partido, la
ausencia del legislador, pero lo que más tiene que dolernos y dolerles a quien no son sus
amigos, a quienes no son sus compañeros de bancada, es el hecho indiscutible de que en
este país la violencia sea el método de arreglar disputas o el método para hacerse
sentir y notar.
No especulamos
sobre las causas de la muerte de nuestro compañero Chema, afirmamos categóricamente que
los gobiernos estatal y nacional tienen que estar comprometidos en la erradicación de la
violencia, tienen que poner a salvo los derechos de la sociedad, tienen que proteger al
ser humano y a sus familias, al ser humano y a sus negocios legítimos.
Exigimos
enérgicamente, como legisladores, el esclarecimiento de los hechos; exigimos como
mexicanos, que sea el Estado de Derecho, que sean las leyes y las instituciones las que
prevalezcan; este crimen en su perpetración y en sus consecuencias no sólo tiene la
sacudida moral por la pérdida, deben también tener la reflexión por un significado que
rebasa las posiciones de partido.
José María
Guillén, ingeniero agrónomo, que había sido Presidente municipal de su pueblo, que era
un modesto ingeniero y profesor de secundaria, supo ganarse el afecto de todos sus
compañeros por su sencillez, por su congruencia, por su autenticidad.
No era un hombre
de falsas poses ni que tratara de aparentar, hombre sencillo y padre de familia como
muchos somos en este país, como cualquiera, luchando por su familia y por sus paisanos,
con sólo 40 años de edad, no está más con nosotros. Ha sido la violencia, cualquiera
que sea su origen la que nos lo arrebata, se lo arrebata a su familia, ha sido la
violencia injustificable, ha sido el odio.
Todas las
autoridades tienen que sentirse comprometidas no por la posición de José María
Guillén, no porque fuera un diputado federal, tiene que sentirse comprometidas porque ya
es común que sean las armas y el homicidio, el arrebato los que sustituyan las vías
institucionales.
No estamos de
acuerdo, no podemos estarlo, debemos condenar en forma unánime y debemos exigir en forma
también unánime. Es por eso que proponemos a ustedes, con todo respeto, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión expresa su absoluto repudio al asesinato del diputado federal José María Guillén
Torres, su absoluto repudio a la violencia como forma de dirimir conflictos, su absoluto y
total rechazo a que el Estado de Derecho sea sustituido por formas violentas y apartadas
de la ley y exige a las autoridades estatales y federales en el ámbito de su competencia,
el esclarecimiento absoluto de los hechos.
Este punto de
acuerdo está firmado por diputados del Partido Revolucionario Institucional, por
diputados del Partido Acción Nacional y senadores, por diputados del Partido de la
Revolución Democrática y por diputados del Partido del Trabajo.
Que no quede
sólo en un minuto de silencio, que no quede en una esquela en los periódicos, que no
quede en el dolor de una familia, que se busque, que se haga justicia por nuestro
compañero.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Consulte la
Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Yolanda
González Hernández:
Por
instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta al pleno si se
considera de urgente y obvia resolución.
Quienes estén
por la afirmativa, les rogamos manifestarlo...
Quienes estén
por la negativa, les rogamos manifestarlo... Señor
Presidente, sí se considera de urgente y obvia resolución.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Se considera de urgente y obvia
resolución.
En consecuencia
está a discusión la proposición.
Se abre el
registro de oradores.
Tiene el uso de
la palabra hasta por 10 minutos, el diputado Manuel Orozco Garza en pro.
El diputado Manuel Wistano Orozco Garza:
Gracias, señor
Presidente:
José María
Guillén, compañero diputado, compañero legislador de todos nosotros, compañero con el
que compartí las discusiones y debates al seno de la Comisión de Asuntos Indígenas, ha
sido asesinado.
Esto nos lastima
a todos nosotros, esto hiere al Congreso de la Unión, ésta es una herida profunda al
seno de este poder.
José María
Guillén, participaba en esta comisión, lo recuerdo, siempre a favor de lo que fuera
bueno para los indígenas, que habitan en gran número en el estado de Veracruz, del cual
somos representantes.
Es una pena, una
hondísima pena, por José María, por el esfuerzo que hacía en ésta y otras materias,
para lograr un México mejor, un México más equitativo y más digno, especialmente para
quien más lo necesitaba.
Nos conmueve y
los sentimientos de incredulidad, de dolor, inclusive de furia nos llenan a todos nosotros
y siendo este deceso tan abrupto, tan poco creíble, nos sumamos al dolor que embarga a su
familia, que embarga a los veracruzanos, sobre todo el sur del estado, y pedimos y
exigimos, a la Procuraduría del estado, que haga todo lo que esté a su alcance, que
ponga toda la atención, que ponga todo su empeño, para el esclarecimiento de este caso.
Es lo que nos
queda, es lo que podemos hacer, es lo que le podemos regresar a su familia, a sus amigos,
a todos los veracruzanos y al pueblo de México.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
diputado.
Tiene el uso de
la palabra el senador Fidel Herrera Beltrán del Partido Revolucionario Institucional
hasta por 10 minutos.
El senador Fidel Herrera Beltrán:
Ciudadano
Presidente; honorable Comisión Permanente;
El crimen que
segó la existencia en plena floración de José María Guillén Torres, un destacado
luchador social, hombre de su clase y de su causa no quedará impune.
Justamente el
punto de acuerdo que está a discusión, propuesto unánimemente y que seguramente debe
ser votado unánimemente, es un compromiso para hacer que en el esclarecimiento de este
proditorio e irracional homicidio, sea la acción de la justicia y la aplicación de todo
el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables, la respuesta de las
instituciones nacionales a quienes han creído que al cegar la vida de Chema Guillén
Torres han cerrado la lucha por la reivindicación de los más pobres: los indígenas y
los trabajadores del campo y se han equivocado.
Sea la respuesta
a quienes han creído que al cegar la vida de José María Guillén Torres, le han cerrado
el camino a la decisión democrática y a la voluntad cívica de los mexicanos para que
sea por la vía del voto y de las instituciones democráticas como construyamos el poder y
como resolvamos las diferencia, la diferencia ideológica, la diferencia de posiciones y
de convicciones frente a la construcción de soluciones para los problemas de nuestra
sociedad contemporánea.
Que el
resolutivo del Congreso sea la voz de llamado, el requerimiento enérgico a los poderes
federales y estatales para que cumplan con su deber y que el sacrificio de José María
Guillén Torres no haya sido inútil, como nos comprometemos quienes somos de la
formación política en la que él militó toda su vida y que agradecemos la solidaridad
de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión y del estado de
Veracruz para reclamar justicia, justicia para los priístas, justicia para los militantes
de esta formación política, para la familia de José María Guillén Torres, para los
veracruzanos de todo el estado, para los mexicanos que creemos en la democracia. José
María Guillén Torres fue un luchador denodado, comprometido, dedicado, trabajador,
esforzado.
Muchas veces en
el trabajo político y legislativo y parlamentario y en la lucha social le acompañé,
fuimos muy cercanos en el proyecto político, en el proyecto social, en el compromiso con
los veracruzanos más necesitados. Allá, luchando con los indígenas en el reacomodo del
“Uxpanapa”, indígenas que fueron dotados de un nuevo espacio de vida porque
habían sido desplazados en la construcción de la Presa de Cerro de Oro en Oaxaca y
vinieron a ubicarse las culturas chinatecas y mazatecas en la tierra veracruzana, escuché
de José María Guillén su compromiso diciéndoles “son ustedes mexicanos, son ahora
veracruzanos; lo han decidido ustedes así y en ese sentido, yo me siento, decía
Guillén, comprometido con su causa y voy a luchar porque se haga justicia”.
Era el reclamo
agrario, era el reclamo para organizar a los productores de café y de hule por los que
luchó Guillén; era el reclamo de los que buscaban, en el cumplimiento de la
responsabilidad del Estado con el sector rural, la oportunidad de tener un ingreso que les
permitiera una vida digna y ahí José María Guillén luchaba con las luces de su
experiencia, con la fuerza de su convocatoria convocando a muchas otras fuerzas para que
coincidieran con él y se hiciera justicia a quienes lo reclamaron.
Lo acompañé en
su esfuerzo por diversificar la agricultura, por tecnificar la agricultura, por sustituir
importaciones y por darle un sustento a la mujer y al joven campesino.
Ahí en su
enorme esfuerzo para introducir nuevos cultivos José María creía enormemente en las
capacidades productivas de los campesinos mexicanos. Y él sabía que por la vía de
cultivos no tradicionales como la palma de aceite o la palma camedor, con la introducción
de los cultivos como la jamaica o aún los de la vainilla en ciertas regiones del Estado,
podríamos dar el paso y diversificar y movernos del monocultivo del maíz o de la
producción exclusiva del café, para en la ganadería y otras formas productivas, darles
un sustento a las comunidades indígenas y agrarias del sureste mexicano.
Y ahí lo
escuché luchar y ver. Lo acompañé en cada una de sus tareas para buscar que se agregara
valor al producto de los campesinos; que se industrializaran los productos del campo para
garantizar un ingreso adicional y para ubicar en el mercado nacional los productos del
campo.
La lucha de
José María fue básicamente por los pobres; por lo más pobres de los pobres de México;
por los indígenas, los índígenas veracruzanos. En efecto, un millón 400 mil indígenas
veracruzanos encontraron en la voz de este luchador social, de este ingeniero agrónomo,
su razón y su justicia.
Lo vi luchar al
lado de los pequeños y medianos y grandes empresarios de su región, de los ganaderos. Lo
vi luchando por las causas de la justicia. Lo acompañé en las tareas sociales y
políticas.
Por eso hoy con
el agravio que sentimos quienes fuimos sus correligionarios y amigos. Pero también con el
agravio que sentimos los representantes populares, y deben sentir todas las instituciones
de la nación, exigimos justicia para que se investigue y se aplique todo el peso de la
ley a quien haya cometido ese acto irracional de violencia que no puede permitirse.
Y el compromiso
que tenemos que hacer los demócratas mexicanos, los políticos de esta nación y todas
las instancias del servicio público, es con las causas de la legalidad, con las causas de
la aplicación de la ley. Que sean las vías de la democracia las que logren dirimir los
conflictos. Y que sea la justicia la que señala la razón de quienes tengan reclamos de
carácter económico o los que reclamen sobre los asuntos de la tierra o de la
producción, derechos; que para eso existe la Constitución y las leyes. Que sea el de
José María Guillén Torres, el último de los atentados contra la democracia mexicana.
Este es año de
elecciones. Es año de convicción con la democracia. Es año de fe en las instituciones
de la República. Que el sacrificio de José María Guillén no sea inútil. Que ese sea
nuestro compromiso. A él, a su recuerdo, con el compromiso del correligionario. del amigo
y del que comparte las mismas convicciones, le digo en este momento en que sus restos
mortales recibirán el sepulcro, que su mensaje y su lucha seguirá viva.
Y que desde
ésta que es la tribuna más alta de la nación, enviamos a todos sus familiares, amigos y
a todos los veracruzanos y a los mexicanos que creen en la democracia, la certeza de que
desde el Congreso de la Unión se luchará por la vigencia de las instituciones
nacionales.
¡Descanse en
paz José María Guillén Torres!
Es cuanto.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
senador.
Tiene el uso de
la palabra el diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Ramón León Morales:
Muchas gracias,
señor Presidente:
Desde el PRD
vemos este momento como un momento sumamente doloroso. Y sumamente doloroso porque
reconocemos lo que significa la pérdida para cualquier partido político, la pérdida de
un luchador social.
Es sumamente
doloroso porque nos hace recordar a todos nuestros muertos; nos hace recordar a todos
nuestros asesinados; nos hace recordar la impunidad que ha existido en este país para
resolver los grandes asesinatos que aún siguen impunes en el país.
Reconocemos que
no somos la única fuerza que hemos tenido estas lamentables, vergonzosas pérdidas;
reconocemos que en todas las fuerzas políticas ha habido víctimas de esa violencia
irracional de la que aquí ya se había estado planteando, violencia que en muchas
ocasiones ha tenido su origen en problemas de carácter político.
Pero yo voy más
allá. El sumarnos el día de hoy a este punto de acuerdo que presenta el Partido
Revolucionario Institucional es sumarnos a que se esclarezca el artero, salvaje asesinato
que recibió nuestro compañero diputado José María Guillén Torres, es reconocer que su
labor en esta Cámara, independientemente de que venga de una fuerza distinta a la nuestra
tuvo ecos ahí donde lo vimos trabajar, particularmente en la Comisión de Asuntos
Indígenas.
Reconocemos en
José María Guillén Torres a un representante de una lucha desde una tribuna diferente,
tendremos que decirlo, pero sí de una lucha a favor de los campesinos, en una lucha con
favor de los maestros.
Y quiero añadir
algo más. No solamente como diputado me solidarizo con este asesinato. Perder a un
dirigente magisterial que se identificó con las causas de los campesinos, con las causas
de los indígenas, con las causas de los pobres, como aquí se ha planteado, pero que este
compañero, aparte de ser diputado sea maestro también, creo que nos causa un dolor aún
más especial.
En el PRD nos
solidarizamos con su familia, nos solidarizamos con las organizaciones de las que el
diputado Guillén formo parte, nos solidarizamos con el Partido Revolucionario
Institucional, les decimos que sabemos lo que es esto y que nos duele. Nos solidarizamos
con su familia.
Y estoy hablando
no solamente a título personal, estoy hablando como integrante de la fracción
parlamentaria en esta Comisión Permanente, estoy hablando como integrante del grupo
parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, pero estoy hablando también a nombre de
mis compañeros senadores y decirles a ustedes que, aparte de esta solidaridad, tomamos el
agravio como propio y nos sumamos a ese reclamo, justo reclamo, por la justicia y en
contra, porque se acabe ya en México, aparte de esta inseguridad, esta impunidad con la
que pasan sucesos como el que el día de hoy estamos lamentando.
Reciban pues
nuestra solidaridad y por supuesto el apoyo al punto de acuerdo que aquí se presentó.
Muchísimas
gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene el uso de
la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo.
El diputado Víctor Antonio García Dávila:
Compañeras y
compañeros legisladores:
Viniendo de un
estado donde la violencia ya no me asusta, el hecho del lamentable suceso donde perdió la
vida José María, verdaderamente me llena de tristeza.
Nos sumamos al
punto de acuerdo del PRI porque no se trata de un diputado cualquiera. José María era
una persona simpática entre nosotros, colaboraba y además le gustaban mis caricaturas.
A nombre de
José Manuel del Río Virgen, queremos decirles que queremos hacer esta pregunta también:
¿Qué está
pasando en Veracruz donde últimamente ocupa las notas rojas de todos los medios?
Los diputados
que desgraciadamente sólo transitan por la legislatura dejando pasar el tiempo, les digo
que no tienen nada que temer. Pero a los diputados valientes como José María,
trabajadores, que en la Cámara hacen su trabajo como la ley lo manda y todavía llegan a
su estado a seguir trabajando, a seguir buscando el bienestar de la gente, a esos
legisladores les digo que tenemos que estar muy listos porque los intereses que se crean
cuando un legislador es valiente, son muy fuertes. Por ahí José María ha de haber
lastimado a algunos poderosos.
Los diputados
valientes que integramos esta Legislatura, le queremos también decir al hampa organizada
que no le tenemos miedo.
Los diputados
valientes le tenemos que decir también que tenemos que lograr juntos que las leyes se
lleven a efecto en nuestro país, no nada más se aprueben, sino se lleven a efecto.
Le queremos
decir a su familia por doble partida, porque también con José María se fue su hermano y
la familia tiene doble condolencia de parte de los legisladores de la Cámara de
Diputados, y queremos que esta vez la investigación sí sea muy clara y no se quede como
un recuerdo nada más, como a otros legisladores les ha sucedido esto.
Queremos
decirles que nuestra fracción parlamentaria está de acuerdo en que esta investigación
sea atraída por la PGR, porque se usaron armas de grueso calibre, fue en una carretera
federal y se trataba de un legislador de la República. Y le exigimos, como en las
comparecencias exigimos al director de la PGR, para que ese caso no quede impune como
muchos y miles de casos que han quedado impunes. Y es lo que digo a José María, donde
esté, estamos aprendiendo todavía del legado que él nos dejó, a favor de los que menos
tienen. Y ésa es la labor de nosotros como legisladores y no le tenemos miedo al hampa y
hay que decirle el mensaje: los legisladores valientes no tenemos miedo y si hay que dar
la sangre, con gusto la daremos por la patria.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
diputado.
A nombre de la
Mesa Directiva hará uso de la palabra el diputado vicepresidente Bernardo Borbón
Vilches.
El diputado Bernardo Borbón Vilches:
La Mesa
Directiva se une a los conceptos vertidos en esta tribuna, a propósito del fallecimiento
del diputado José María Guillén, y para fundamentar una proposición, daré lectura al
artículo 52 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, que dice:
“Si un
miembro de una de las cámaras se enfermase de gravedad, el Presidente respectivo
nombrará una comisión de dos individuos que lo visiten cuantas veces crea oportuno y dé
cuenta de su estado. En caso que el enfermo falleciese se imprimirán y distribuirán
esquelas a nombre del Presidente de la Cámara y se nombrará una comisión de seis
individuos para que asista a sus funerales, siempre que éstos se verifiquen en el lugar
de residencia del Congreso. Si el diputado o senador falleciere en un lugar fuera de la
capital, el Presidente de la Cámara suplicará a alguna autoridad del lugar que asista a
los funerales o designe representante que lo haga. En los recesos del Congreso corresponde
a la Comisión Permanente cumplir con todo lo anterior. Los gastos de funerales serán
cubiertos por el tesorero de la Cámara, de acuerdo con lo que establece el artículo 204
de este Reglamento.”
Con fundamento
en este artículo del Reglamento del Gobierno Interior, se propone pues que se forme una
comisión de legisladores que asista en representación de la Comisión Permanente, el
Congreso en General, a los funerales del diputado en caso de que sea oportuno y en su
defecto exprese nuestra condolencia a su familia.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
diputado.
Procedamos
entonces de esta manera a consultar a la Asamblea si se considera suficientemente
discutida la proposición.
La Secretaria diputada Olga Margarita
Uriarte Rico:
Por
instrucciones de la Presidencia se consulta a las señoras y señores legisladores si el
anterior asunto se encuentra suficientemente discutido.
Quienes estén
por la afirmativa, les rogamos manifestarlo levantando la mano...
Quienes estén
por la negativa...
En consecuencia,
se consulta también a la Asamblea si es de aprobarse el anterior acuerdo.
Quienes estén
por la afirmativa, favor de manifestarlo... Por
unanimidad, señor Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Aprobado tanto el punto de acuerdo
como la propuesta, que quisiera hacer la aclaración dado que más bien sería una
comisión de tres diputados y tres senadores para darle el pésame de manera oficial a los
familiares. Comuníquese.
En realidad
tengo que comentar esto por el tema en que estamos, y lo hago con todas las reservas
necesarias, me informan que asesinaron a balazos a la esposa del diputado local Jesús
Soto Ortiz, del estado de Michoacán, en La Piedad, Michoacán. Y esto lo hago para
obviamente desde aquí nuevamente recriminar este tipo de acontecimientos y creo que ésta
es una posición de toda la comisión. No tengo más información, por eso digo que con
todas las reservas, pero como sea son actos que deben de acabar en el país.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra
la diputada Mónica Serrano Peña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Gobierno del
Distrito Federal que retire a los ambulantes que impiden al pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación sesionar en su edificio sede.
La diputada Mónica Leticia Serrano
Peña:
Con su permiso,
señor Presidente; honorable Asamblea:
Con fundamento
en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, exponemos a la consideración de este pleno los
siguientes
ANTECEDENTES
Primero. Que el
artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deposita el
ejercicio del Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia, la cual
está compuesta por 11 ministros y funciona en pleno o en salas.
Segundo. Que
este mismo artículo, así como el artículo 11 fracción XXI de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación establece como atribución del pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación emitir los acuerdos generales en las materias de su competencia.
Tercero. Que es
de trascendencia y relevancia las funciones que desempeña el pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, ya que tiene entre otras facultades la de interpretar la
Constitución y ser el árbitro entre los poderes públicos.
Cuarto. Que el 2
de junio de 1941 el general de división Manuel Avila Camacho, entonces Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, inauguró solemnemente la sede de la Suprema Corte de Justicia
en el Centro Histórico de la Ciudad de México y desde entonces éste ha sido el recinto
de las sesiones del pleno, consideramos pertinente hacer los siguientes
COMENTARIOS
Primero. Que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en los últimos años ha sido objeto de múltiples
protestas, algunas pacíficas y en otras ocasiones violentas, en las cuales se han
realizado actos de vandalismo que han dañado en reiteradas ocasiones el recinto de la
misma.
Segundo. Que
como consecuencia de múltiples marchas, manifestaciones y eventos en el Zócalo de
nuestra ciudad capital que se realizan, se entorpecen las funciones del pleno de la
Suprema Corte, ya que se impide el acceso de los ministros a la sede de ella.
Tercero. Que
aunado a lo anterior, día a día se va incrementando el número de comerciantes
ambulantes y esencialmente sobre las aceras de las calles aledañas de la Suprema Corte,
se observa una obstaculización del personal y de los vehículos para el ingreso de la
sede; que además del aumento durante todo el año de los comerciantes ambulantes, año
con año en la época de noviembre a enero es considerable el incremento de estos
vendedores en la zona con motivo de la temporada navideña, impidiendo en forma casi total
el acceso al recinto del pleno; que es inadmisible que en reiteradas ocasiones el Gobierno
del Distrito Federal ha hecho caso omiso a las peticiones y gestiones que ha realizado el
pleno de la Suprema Corte de Justicia, para que no se obstaculicen los accesos a la sede,
resultando las mismas infructuosas y sin trámite, demostrando su falta de capacidad para
resolver este gravísimo problema; que debido al riesgo cierto y constante de que las
actividades y funciones de la Suprema Corte de Justicia sean obstaculizadas el día 8 de
octubre del 2002, el pleno de la Suprema Corte, por acuerdo número 8/2002, en su
resolutivo primero se estableció como sede alterna de la Suprema Corte de Justicia las
oficinas que se encuentran ubicadas en el 1508, pisos 5o. y 6o. de la avenida Revolución,
de la Colonia Guadalupe Inn, en esta ciudad, para llevar a cabo cuando así lo determinen,
las sesiones privadas de discusión de asuntos sometidos al conocimiento de este órgano,
incluso para llevar a efecto las sesiones públicas que se requieren.
Por lo anterior,
el grupo parlamentario de Acción Nacional de este pleno de la Cámara de Diputados,
reprueba la ligereza con que el Gobierno del Distrito Federal ha tomado el problema que
está viviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el cambio de sede. Y es
reprochable que éste, como encargado del cuidado de los poderes federales, no pueda
brindar seguridad a la sede del pleno de la Suprema Corte, por lo cual nosotros brindamos
el apoyo a todos sus miembros que la conforman.
Por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del pleno
el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que esta Cámara de Diputados haga un
exhorto al Gobierno del Distrito Federal, para que en uso de sus atribuciones dé
respuesta a las constantes gestiones que ha realizado el pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y retire en forma permanente de la vía pública a los comerciantes
ambulantes que impiden el acceso al recinto del pleno de la misma.
Segundo. Que esta Cámara de Diputados como poder
de la nación, se solidarice con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las
decisiones que se tomen para el eficaz cumplimiento de sus funciones.
Es cuanto,
señor Presidente.
«Proposición
con punto de acuerdo por el cambio de sede del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación a consecuencia de la imposibilidad para sesionar por el ambulentaje que existe en
sus alrededores.
Ciudadana
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.— Presente.
Honorable
Asamblea: con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exponemos a la
consideración del Pleno los siguientes
Antecedentes
1. Que el
artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deposita el
ejercicio del Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia, la cual
está compuesta por 11 ministros y funciona en Pleno o en Salas.
2. Que este
mismo artículo, y en adición al artículo 11, fracción XXI, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación establece como atribución del Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, emitir los acuerdos generales en las materias de su
competencia.
3. Que son de
trascendencia y relevancia las funciones que desempeña el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, ya que tiene la facultad suprema de interpretar la Constitución,
ser árbitro entre los poderes públicos, así como todos aquellos asuntos que se someten
a su consideración y jurisdicción, siendo varios de ellos de trascendencia nacional.
4. Que el 2 de
junio de 1941, el General de División Manuel Avila Camacho, entonces Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, inauguró solemnemente la sede de la Suprema Corte de Justicia
en el Centro Histórico de la Ciudad de México y desde entonces ha sido éste el recinto
de sesión del Pleno.
Con base en lo
antes expuesto, se realizan los siguientes
Considerandos
1. Que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en los últimos años ha sido objeto de múltiples
protestas, algunas pacíficas, en otras ocasiones violentas, y en éstas se han rea-lizado
actos de vandalismo, que han dañado en reiteradas ocasiones el recinto de la misma.
2. Que a
consecuencia de las múltiples marchas, manifestaciones y eventos que en el Zócalo de
nuestra ciudad capital se han realizado, se entorpecen las funciones que realiza el Pleno
de la Suprema Corte, ya que se impide el acceso de los ministros a la misma.
3. Que, aunado a
lo anterior, día a día se va incrementando el número de comerciantes ambulantes en el
primer cuadro de la ciudad, esencialmente apostados sobre las aceras de las calles
aledañas a la Suprema Corte de Justicia, trayendo como consecuencia la obstaculización
del personal y de los vehículos para el ingreso a la sede.
4. Que además
del aumento durante todo el año de los comerciantes ambulantes, año con año, en la
época de noviembre a enero, es considerable el aumento de estos vendedores en la zona por
motivo de la temporada navideña, impidiendo de forma casi total el acceso al recinto del
Pleno, y que el Gobierno del Distrito Federal les sigue otorgando los permisos para poder
apostarse en los alrededores sin control alguno.
5. Que es
inadmisible, que en reiteradas ocasiones el Gobierno del Distrito Federal ha hecho caso
omiso a las peticiones y gestiones que ha realizado el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia para que no se obstaculicen los accesos a la sede, resultando las mismas
infructuosas y sin trámite, demostrando su falta de capacidad para resolver este
gravísimo problema.
6. Que debido al
riesgo cierto y constante de que las actividades y funciones de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación sean obstaculizadas, el día 8 de octubre del año en curso, el
Pleno de la Suprema Corte de Justicia, por acuerdo número 8/2002, en su resolutivo
primero, establece como sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de
las oficinas de sus ministros, el 5o. y 6o. pisos del edificio marcado con el número 1508
de la avenida Revolución en la colonia Guadalupe Inn de esta ciudad, para llevar a cabo,
cuando así lo determinen, las sesiones privadas de discusión de los asuntos sometidos a
su conocimiento e incluso para llevar a efecto, de ser necesario, las sesiones públicas a
que se refieren los artículos 94 constitucional y 6o. de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, tanto de las Salas como del Pleno.
7. Que el grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Cámara de Diputados, reprueba la
ligereza con que el Gobierno del Distrito Federal ha tomado el problema que está viviendo
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el cambio de su sede, y es reprochable,
que éste, como encargado del cuidado de los poderes federales, no pueda brindar la
seguridad de la sede del Pleno de la Suprema Corte, por lo cual, brindamos el apoyo a
todos los miembros que la conforman.
8. Que con
fundamento en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno
el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que esta Cámara de Diputados, haga un
exhorto al Gobierno del Distrito Federal, para que en el uso de sus atribuciones, dé
respuesta a las constantes gestiones que ha realizado el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, y retire de la vía pública a los comerciantes ambulantes, que
impiden el acceso al recinto del Pleno de la misma.
Segundo. Que esta Cámara de Diputados, como poder
de la nación, se solidarice con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las
decisiones que tome para el eficaz cumplimiento de sus funciones.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 8 de enero de 2003.— Diputados: Mónica Leticia Serrano Peña y Jorge Alberto Lara Rivera.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Muchas gracias,
señora diputada.
Túrnese a la Comisión del Distrito
Federal de la Cámara de Diputados.
PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra
el senador Raymundo Cárdenas Hernández del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la
Comisión Permanente convoque al Congreso de la Unión a un periodo extraordinario de
sesiones.
El senador Raymundo Cárdenas
Hernández:
Gracias, señor
Presidente, honorable Asamblea:
En principio
quiero decir que por un error, no atribuible a la Mesa Directiva, el tema fue agendado
como una proposición y no como una iniciativa de decreto que es la naturaleza del texto
que vamos a presentar.
Rogaría al
señor Presidente tome nota de este hecho.
Compañeras y
compañeros. Esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión tiene como facultad, en
los términos del artículo 78 fracción IV de la Constitución General de los Estados
Unidos Mexicanos, la de acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo Federal, la
convocatoria del Congreso o de una de sus cámaras a sesiones extraordinarias.
Esta es una de
las más trascendentes atribuciones con las que cuenta este órgano del Congreso, ya que
de la capacidad de efectuar sesiones de los plenos de sus cámaras depende el ejercicio de
casi todas sus potestades constitucionales.
La facultad de
acordar convocatorias a periodos extraordinarios de sesiones responde a una necesidad
elemental de hacer frente a las necesidades legislativas emergentes, ante el carácter
sumamente limitado de los periodos de sesiones ordinarias con los que constitucionalmente
cuenta el Congreso.
En efecto,
incluso en 1857 el Congreso Mexicano tenía más tiempo para legislar que hoy y
particularmente a partir de la reforma Constitucional de 1874 disponía anualmente de seis
meses de sesiones ordinarias prorrogables en hasta mes y medio lo cual ocurría con mucha
frecuencia por lo que en la práctica dichas sesiones abarcaban siete y medio meses al
año, circunstancia que a juicio del Constituyente de 1916-1917 favoreció un
desequilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
De hecho el
sentido de la actual limitación de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la
Unión, a sólo cinco meses al año, tiene su raíz en una de las decisiones políticas
fundamentales del Constituyente del 1916-1917, reducir las facultades constitucionales y
el poder político del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo, sentando de este modo
la base más sólida del presidencialismo exacerbado sobre el que sería construido a su
vez, el sistema político autoritario que los ciudadanos repudiaron en las urnas en el
año 2000.
El argumento
central, de quienes con toda intención debilitaron al Congreso, fue y cuenta hoy creerlo,
evitar la dictadura a la que suponían originada en las tensiones entre Ejecutivo y
Legislativo consustanciales a todo régimen democrático que ocurrían constantemente en
la República restaurada.
La trágica
prueba de lo erróneo del diagnóstico radica en el remedio, también errado, ya que el
resultante desequilibrio constitucional entre Congreso y Presidente, el exceso de
facultades constitucionales de éste, condujo en concurrencia con otros factores, al
desarrollo de esa degeneración del sistema presidencial conocida como el Sistema
Político Revolucionario.
Como resultado,
nuestro Congreso dispone de menos tiempo para legislar que la mayor parte de sus pares en
el continente; basten para probarlo los siguientes datos concernientes a la duración de
los periodos ordinarios: Argen- tina-9 meses; Brasil-9 y medio meses; Canadá-10 meses en
promedio; Colombia-9 y medio meses; Costa Rica-6 meses; Cuba, indeterminado; Estados
Unidos, en promedio 10 meses; República Dominicana, mínimo de 6 meses prorrogable hasta
10; El Salvador, indeterminado; Guatemala, de acuerdo con su Constitución, todo el tiempo
necesario; Honduras-9 y medio meses; Panamá-8 meses; Paraguay-9 y medio meses; Uruguay-10
meses.
Se citaron estos
ejemplos por tratarse de países vecinos y socios comerciales y en casi todos los casos de
regímenes presidenciales semejantes al mexicano. Queda patentizada pues la desventaja del
Congreso mexicano.
En pocas
palabras, nuestro Congreso carece del tiempo suficiente para cumplir con desahogo sus
obligaciones constitucionales, por ello urge que el Constituyente Permanente le conceda
mayores periodos de sesiones ordinarias. Atendiendo éstas y otras consideraciones, la
Cámara de Diputados recientemente aprobó una iniciativa de reforma constitucional para
incrementar las sesiones ordinarias.
Por su parte, un
servidor ha presentado desde octubre de 2001, una iniciativa para aumentar los periodos
ordinarios a un total de nueve meses al año en consonancia con las necesidades del
Congreso y en coincidencia con el promedio mundial.
No se trata de
las únicas reformas que necesita el Congreso.
En ambas
cámaras existen anteproyectos e ideas muy avanzadas para concretar reformas
constitucionales que fortalezcan las atribuciones del Poder Legislativo Federal, sus
cámaras y sus comisiones. Las comisiones de Reforma del Estado de ambas cámaras, han
tratado múltiples asuntos que fortalecerían al Congreso mexicano.
Se trata, en
suma, de avanzar en el camino de la democratización del país y de la reforma
democrática del Estado antes de que la política electoral imposibilite o dificulte los
acuerdos.
Otro tema de
insoslayable urgencia es el régimen jurídico de la radio y la televisión.
La obsolescencia
de la ley actual ha quedado de manifiesto en múltiples asuntos, pero sobre todo en la
notable torpeza y negligencia exhibidas por el Gobierno Federal en su muy tardía
reacción ante el despojo de las instalaciones de Canal 40, seguramente por miedo ante los
costos políticos de aplicar la ley a un aliado del Presidente. Es urgente sustituir la
obsoleta Ley Federal de Radio y Televisión y dictaminar el rico acervo de proyectos
alternativos con los que cuenta el Congreso.
Otro tema que es
necesario tratar antes de que la dinámica electoral lo haga poco favorable es el de los
salarios de los servidores públicos, materia de dos iniciativas presentadas el día de
hoy en cuyo sentido coincido. A mi juicio es necesario facultar al Congreso para legislar
en materia de salarios, por lo pronto en el sector público federal, estatal y municipal
pues no es posible que los altos funcionarios del Gobierno sean los segundos mejor pagados
del mundo o que existan salarios casi inverosímiles como los de algunos munícipes
mientras el pueblo sufre gravísimas privaciones.
Una ley de
salarios del sector público debería indexar los salarios de los funcionarios a una
proporción justa con respecto a los salarios mínimos. Por ejemplo, a mi juicio, el
Presidente de la República no debería ganar más de 80 salarios mínimos, esto es
alrededor de 100 mil pesos al mes, menos de los casi 160 mil pesos que obtendrá con el
presupuesto aprobado.
De esta suerte,
si los funcionarios y también los legisladores quisieran incrementar sus ingresos,
tendrían que subir también los salarios mínimos en la misma proporción. Naturalmente
todos los extras como bonos, compensaciones, estímulos de toda especie, gastos para
comidas, quedarían integrados a lo que se considera como salario.
Estas medidas ya
las ha planteado la izquierda mexicana desde hace décadas y ahora vino Joseph Stiglis,
Premio Nobel de Economía, a proponerlas nuevamente para México en su conferencia del
pasado miércoles 18 de diciembre.
Las razones no
son sólo de justicia sino también de eficiencia económica. Un país como México, con
una gran masa empobrecida jamás tendrá una economía fuerte; por lo demás sabemos que
el mercado por sí solo no distribuye bien la riqueza, en consecuencia la ley tiene que
hacerlo.
Finalmente es
necesario hace hincapié en que las necesidades legislativas perentorias del país, pueden
exceder con mucho a los temas presentados y que la convocatoria que hoy me permito
presentar pudiera abrirse, para abarcar otros temas de carácter urgente en los que fuese
posible el consenso.
Por lo
anteriormente expuesto y con fundamente en la fracción IV del artículo 78 de la
Constitución, sometemos a la consideración de este órgano del Poder Legislativo
Federal, la iniciativa con proyecto de decreto por el que la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión convoca a sesiones extraordinarias del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, a partir del día 3 de febrero de 2003.
Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión convoca al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a sesiones
extraordinarias a partir del día 3 de febrero del 2003, con objeto de tratar las
iniciativas que hasta dicha fecha se hubieren presentado en las siguientes materias:
fortalecimiento del Congreso de la Unión.
Salarios de los
Servidores Públicos y Régimen Jurídico de la Radio y la Televisión.
TRANSITORIOS
Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, así como en
cinco diarios de circulación nacional.
Segundo. Se solicita al Presidente de la Cámara
de Diputados, así como al Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión, se sirvan citar a los miembros de sus respectivas cámaras, para los efectos
legales a que hubiere lugar.
Gracias.
«Iniciativa de
decreto de convocatoria a periodo extraordinario de sesiones que presenta el senador
Raymundo Cárdenas Hernández
Señoras
legisladoras, señores legisladores. Esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión
tiene como facultad, en los términos del artículo 78, fracción IV, de la Constitución
General de los Estados Unidos Mexicanos, la de acordar, por sí o a propuesta del
Ejecutivo Federal, la convocatoria del Congreso o de una de sus Cámaras a sesiones
extraordinarias. Esta es una de las más trascendentes atribuciones con las que cuenta
este órgano del Congreso, ya que de la capacidad de efectuar sesiones de los Plenos de
sus Cámaras depende el ejercicio de casi todas sus potestades constitucionales.
La facultad de
acordar convocatorias a periodos extraordinarios de sesiones, responde a una necesidad
elemental de hacer frente a necesidades legislativas emergentes, ante el carácter
sumamente limitado de los periodos de sesiones ordinarias con los que constitucionalmente
cuenta el Congreso.
En efecto,
incluso en 1857 el Congreso mexicano tenía más tiempo para legislar que hoy, y
particularmente a partir de la reforma constitucional de 1874, disponía anualmente de
seis meses de sesiones ordinarias, prorrogables en hasta mes y medio, lo cual ocurría con
mucha frecuencia, por lo que en la práctica dichas sesiones abarcaban siete y medio meses
al año, circunstancia que, a juicio del Constituyente de 1916-1917, favoreció un
desequilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo por efecto, a su vez, de una
“excesiva fecundidad legislativa”.
De hecho, el
sentido de la actual limitación de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la
Unión, a sólo cinco meses al año, tiene su raíz en una de las decisiones políticas
fundamentales del Constituyente de 1916-1917: reducir las facultades constitucionales y el
poder político del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo, sentando, de este modo,
la base más sólida del presidencialismo exacerbado sobre el que sería construido, a su
vez, el sistema político autoritario que los ciudadanos repudiaron en las urnas en el
año 2000.
El argumento
central de quienes con toda intención debilitaron al Congreso fue, y cuesta hoy creerlo,
evitar la dictadura, a la que suponían originada en las tensiones entre Ejecutivo y
Legislativo, consustanciales a todo régimen democrático, que ocurrían cotidianamente en
la República Restaurada. La trágica prueba de lo erróneo del diagnóstico radica en el
remedio, también errado, ya que el resultante desequilibrio constitucional entre Congreso
y Presidente, el exceso de facultades constitucionales de éste, condujo, en concurrencia
con otros factores, al desarrollo de esa degeneración del sistema presidencial conocida
como el sistema político posrevolucionario.
Como resultado,
nuestro Congreso dispone de menos tiempo para legislar que la mayor parte de sus pares en
el continente. Basten para probarlo, los siguientes datos concernientes a la duración de
los periodos ordinarios: Argentina, nueve meses; Brasil, nueve y medio meses, Canadá,
diez meses, en promedio; Colombia, nueve y medio meses; Costa Rica, seis meses; Cuba,
indeterminado; Estados Unidos, en promedio diez meses; República Dominicana, mínimo de
seis meses, prorrogable hasta diez; El Salvador, indeterminado; Guatemala, de acuerdo con
su Constitución, todo el tiempo necesario; Honduras, nueve y medio meses; Panamá, ocho
meses; Paraguay, nueve y medio meses; Uruguay, diez meses. Se citaron estos ejemplos por
tratarse de países vecinos y socios comerciales y, en casi todos los casos, de regímenes
presidenciales semejantes al mexicano. Queda patentizada la desventaja del Congreso
mexicano.
En pocas
palabras, nuestro Congreso carece del tiempo suficiente para cumplir con desahogo sus
obligaciones constitucionales, por ello urge que el Constituyente Permanente le conceda
mayores periodos de sesiones ordinarias. Atendiendo éstas y otras consideraciones, la
Cámara de Diputados recientemente aprobó una iniciativa de reforma constitucional para
incrementar las sesiones ordinarias. Por su parte, un servidor ha presentado desde octubre
de 2001 una iniciativa para aumentar los periodos ordinarios a un total de nueve meses al
año, en consonancia con las necesidades del Congreso, y en coincidencia con el promedio
mundial.
No se trata de
las únicas reformas que necesita el Congreso. En ambas cámaras existen anteproyectos e
ideas muy avanzadas para concretar reformas constitucionales que fortalezcan las
atribuciones del Poder Legislativo federal, sus cámaras y sus comisiones. Se requieren
también reformas a la Ley Orgánica para fortalecer los trabajos de comisiones,
particularmente en lo que tiene que ver con la disciplina y la asistencia, ya que es de
sobra sabido que el ausentismo lastra a estos órganos camarales. Incluso es evidente el
ausentismo en los plenos, ante lo cual, la tolerancia constitucional para las faltas
injustificadas debe ser considerada excesiva, fruto de épocas en las que el escaso
desarrollo de los medios de transporte imponía una gran incertidumbre al trabajo
legislativo. Finalmente, es necesario también profundizar la democracia interna de las
cámaras, dotando a los legisladores en lo individual de todos los derechos y condiciones
de que precisen para el eficaz desempeño de sus funciones.
Se trata, en
suma, de avanzar en el camino de la democratización del país y de la reforma
democrática del Estado, antes de que la política electoral imposibilite o dificulte los
acuerdos.
Otro tema de
insoslayable urgencia es el régimen jurídico de la radio y televisión. La obsolescencia
de la ley actual ha quedado de manifiesto en la notable torpeza y negligencia exhibidas
por el Gobierno Federal en su muy tardía reacción ante el despojo de las instalaciones
del Canal 40. Es urgente sustituir la obsoleta Ley Federal de Radio y Televisión, y
dictaminar el rico acervo de proyectos alternativos con los que cuenta el Congreso.
Otro tema que es
necesario tratar antes de que la dinámica electoral lo haga poco favorable, es el de los
salarios de los servidores públicos, materia de una iniciativa de los diputados de mi
partido, con cuyo sentido coincido, ya que el 20 de diciembre pasado, me permití expresar
a la prensa mi opinión en el sentido de que debía legislarse con objeto de
“facultar al Congreso para legislar en materia de salarios, por lo pronto en el
sector público federal, estatal y municipal, no es posible que los altos funcionarios de
la Federación sean los segundos mejor pagados del mundo o que existan salarios casi
inverosímiles, como los de algunos munícipes, mientras el pueblo sufre gravísimas
privaciones. Una ley de salarios del sector público debería indexar los salarios de los
funcionarios a una proporción justa con respecto a los salarios mínimos, por ejemplo, el
Presidente de la República no debería ganar más de 80 salarios mínimos, alrededor de
100,000 pesos al mes, menos de los casi 160, 000 que obtendrá con el Presupuesto
aprobado. De esta suerte, si los funcionarios y legisladores quisieran incrementar sus
ingresos, tendrían que subir también los salarios mínimos, en la misma proporción.
Naturalmente, todos los extras como “bonos”, compensaciones, estímulos de toda
especie, gastos para comidas, etcétera, quedarían integrados a los que se considera como
salario. Estas medidas presionarían hacia abajo los insultantes salarios de los
ejecutivos de empresa. Junto con una reforma fiscal que grave más a los que más tienen y
menos a los pobres y a las clases medias, éstas son medidas que ya ha planteado la
izquierda mexicana desde hace décadas, y que ahora vino Joseph Stiglitz, Premio Nóbel de
Economía, a proponer nuevamente para México, en su conferencia del pasado miércoles 18.
Las razones no son sólo de justicia, sino también de eficiencia económica: un país
como México, con una gran masa empobrecida, jamás tendrá una economía fuerte. Por lo
demás, sabemos que el mercado por sí solo no distribuye bien la riqueza, en
consecuencia, la ley tiene que hacerlo.”
Finalmente, es
necesario hacer hincapié en que las necesidades legislativas perentorias del país,
pueden exceder con mucho los temas presentados, y que la convocatoria que hoy me permito
presentar pudiera abrirse para abarcar otros temas de carácter urgente en los que fuese
posible el consenso.
Por lo
anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción IV del artículo 78 de la
Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, senador de la
República, y miembro de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para el primer
receso de tercer año legislativo de la LVIII Legislatura, somete a la consideración de
este órgano del Poder Legislativo Federal la siguiente
Iniciativa con
proyecto de decreto por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a
sesiones extraordinarias del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a partir del
día 3 de febrero de 2003.
Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión convoca al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a sesiones
extraordinarias, a partir del día 3 de febrero de 2003, con objeto de tratar las
iniciativas que hasta dicha fecha se hubieren presentado en las siguientes materias:
fortalecimiento del Congreso de la Unión, salarios de los servidores públicos y régimen
jurídico de la radio y la televisión.
Transitorios
Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, así como en
cinco diarios de circulación nacional.
Segundo. Se solicita al Presidente de la Cámara
de Diputados, así como al Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión, se sirvan citar a los miembros de sus respectivas cámaras para los efectos
legales a que hubiere lugar.
Dado en el
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Legisladores de
la República, del Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 8 de enero de 2003.—
Senador Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
senador.
Túrnese a la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Senadores y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara
de Diputados.
SECTOR
AGROPECUARIO
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra
el diputado Víctor Manuel Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional para presentar una proposición con punto de acuerdo, para
contrarrestar los efectos del Tratado de Libre Comercio en el campo mexicano, hasta por 10
minutos.
El diputado Víctor Emanuel Díaz
Palacios:
Muchas gracias,
señor Presidente, compañeros legisladores:
He entregado a
la Secretaría el punto de acuerdo, suplicando a la Presidencia dé instrucciones para que
se inserte en el Diario de los Debates y en la Gaceta
Parlamentaria en su totalidad y poder hacer unas consideraciones que creo son muy
importantes en este momento, sobre todo tomando en cuenta y considerando que en el sector
agropecuario, a partir de estos días se verá severamente afectado y tomando en cuenta en
donde ahí se encuentra, cuado menos el 20% de la población económica activa y el 25%
del total de la población de México.
Además,
teniendo en cuenta que en el porcentaje que tiene México en la agricultura, tomando a
América Latina como punto de referencia, sentimos que todavía tenemos una gran potencia
que desarrollar, hasta los años noventa más del 50% del hectareaje para el cultivo se
sigue y se seguía destinando al maíz, no hemos hecho cambios en el patrón de cultivos y
esto nos ha llevado a tener una dependencia económica y no sólo económica sino también
alimenticia.
Es por eso que
en este punto de acuerdo que traigo y que viene sustentado los estímulos que reciben los
agricultores, especialmente de los Estados Unidos de América, en donde prácticamente
dejan a los otros campesinos, no sólo de México sino de América, del Centro y en
Latinoamérica y hay que decirles a los señores norteamericanos que la democracia tiene
un costo, no solamente es en su país impulsando a sus agricultores, sino también ver
más allá, sobre todo con un vecino con el cual comparte una frontera de más de 3 mil
500 kilómetros.
Para nosotros es
indispensable proponer lo siguiente:
Que en las
reglas de operación que fija la Secretaría de Agricultura en conjunto con la Secretaría
de Hacienda, no vaya a haber cambios sobre todo en este renglón. Cada año tenemos nuevas
reglas de operación que salen a finales de marzo en lo que las entidades federativas
pueden construir sus proyectos, van bajando estos recursos al campesino por ahí del mes
de junio; obligan a las entidades federativas y a los campesinos a ejercer un presupuesto
en seis meses en lugar de los 12 que debe ser.
Por eso aquí yo
con todo respeto invoco al diputado Julio Castellanos Ramírez, que es el presidente de la
Comisión de Hacienda de esta Permanente, igual que al diputado Burgos Pinto que es
secretario de esa misma comisión, y aspiro a contar con su solidaridad y seguro estoy que
la sensibilidad política que requiere en este momento nuestro país, hará que el turno
que le den a este punto de acuerdo en próximas sesiones lo veamos reflejado.
Realmente es muy
sencillo, que la Secretaría de Agricultura deje las mismas reglas de operación que se
dieron en el 2002, para que en este momento las entidades federativas, puedan entregar sus
proyectos en conjunto, productores, gobiernos estatales y Federación, porque hay una
concurrencia de recursos y además facilita la transparencia de los mismos, privilegiando,
como lo hicieron el año pasado, la conversión que hacen las entidades federativas con la
Federación. Esto es privilegiar la eficiencia y castigar el dispendio.
Por su
atención, muchísimas gracias.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.—LVIII
Legislatura.
Proposición con
punto de acuerdo para contrarrestar los efectos del Tratado de Libre Comercio en el campo
mexicano.
El suscrito
diputado federal Víctor E. Díaz Palacios, integrante de la LVIII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a
consideración el presente punto de acuerdo para contrarrestar los efectos del Tratado de
Libre Comercio en el campo mexicano, bajo la siguiente
ExposiciOn de Motivos
A partir de 1989
comenzó un largo periodo de reformas estructurales en el sector agropecuario. Durante los
ochenta el sector mostró signos inequívocos de debilitamiento: estancamiento en el nivel
de actividad productiva, déficit recurrentes en la balanza comercial agropecuaria, y
deterioro ecológico, entre otros. De aquí que el anterior esquema de política
agropecuaria, basado en la intervención estatal, los subsidios a los insumos y la
protección comercial, fuera reconsiderado a fondo.
Apareció así
el reto de lograr el desarrollo del sector agropecuario sobre nuevas bases: mayor
integración a la economía internacional; mayor participación de los sectores social y
privado en el ámbito de la producción, la comercialización y la provisión de insumos;
mayor eficiencia en la operación de entidades y organismos públicos y mayor certidumbre
en el entorno macroeconómico.
Para avanzar en
éste y otros retos sectoriales, México negoció durante los primeros años de los
noventa el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y
Canadá. Este acuerdo fue excepcional a nivel internacional, pues fue el primer tratado de
libre comercio firmado entre una nación industrializada y un país en desarrollo que
incluía el sector agrícola. En las negociaciones que tuvieron lugar en aquellos años,
en el renglón de acceso al mercado, México consiguió que 61 y 88 por ciento de lo que
Estados Unidos y Canadá importaban de México, respectivamente, quedaran libres de
arancel desde el momento en que entrara en vigor el tratado, es decir, a partir del 1o. de
enero de 1994. En contraste, la apertura del mercado mexicano ocurriría de manera más
lenta: 60 por ciento de las compras que realizaba México de Estados Unidos y Canadá
quedarían desgravadas de 10 a 15 años contados a partir del 1o. de enero de 1994.
¿Cuáles han
sido los efectos hasta ahora de este tratado en la balanza comercial agropecuaria? Aquí
deben apuntarse dos grandes tendencias. En primer lugar, se registró un incremento de las
importaciones y de las exportaciones de México, superior al crecimiento de la economía
en su conjunto. De hecho, nuestro país ha expandido sus exportaciones agrícolas a
Estados Unidos mucho más que cualquier otra nación. Tal expansión puede atribuírsele a
la entrada en vigor del tratado.
En segundo
lugar, la balanza comercial agropecuaria, en el periodo 1995-2001 ha sido deficitaria en
todos los años, con excepción de 1995. Como recordarán, en ese año nuestras
exportaciones registraron altos superávit debido a la abrupta devaluación del peso en
diciembre de 1994. Ahora bien, Estados Unidos liberó más rápido los productos
agropecuarios, por lo que en México los resultados definitivos en este sector se
observarán más adelante. Hasta 2008, cuando se liberarán el maíz, el frijol y la leche
en polvo, los principales efectos del tratado en las importaciones agropecuarias podrán
ser observadas. En tercer lugar, debido a las altas transferencias de recursos que los
productores estadounidenses han recibido en los últimos cuatro años, la apertura
comercial ha golpeado con gran severidad algunos de nuestros productos.
¿Qué podemos
esperar para el futuro? A medida que los aranceles vayan desapareciendo del sector
agropecuario, México aumentará sus exportaciones en frutas, nueces, legumbres, y en
aquellas sin competencia como el café, el azúcar y las frutas tropicales. Mientras que
Estados Unidos aumentará sus exportaciones en granos, oleaginosas y productos de carne
que son intensivos en tierra y capital, y en algunas frutas de clima templado. Asimismo,
se espera una mejora en los niveles de productividad y habrá efectos sensibles en la
composición de la balanza comercial, el nivel de empleo y la distribución del ingreso.
En México, el sector agrícola permanecerá siendo una significativa fuerza económica y
una fuente de estabilidad social.
Nuestros
productores tendrán en enero de 2003 un gran reto cuando desaparezcan los aranceles a la
importación de carne, lácteos y huevo, así como al arroz, papa y trigo, en el marco del
TLCAN. De acuerdo con algunas cifras que han empezado a circular, los productos que
tendrán arancel cero a partir de enero de 2003 representan casi el 30 por ciento de las
importaciones totales agropecuarias, y el 50 por ciento del valor de la producción si se
excluye el maíz, lo que refleja la amplitud de este siguiente paso en la apertura. El
arancel promedio de los productos que registrarán tasa cero a partir de enero de 2003 es
actualmente del 12 por ciento.
La balanza
comercial del sector agroalimentario mexicano ha registrado grandes déficit en los
últimos años, ante el incremento de importaciones, principalmente de Estados Unidos.
Actualmente, el 40 por ciento de la demanda nacional de alimentos es cubierta ya con
importaciones de ese país. Y la proporción aumenta cada año.
En agosto
pasado, algunas dependencias del Ejecutivo Federal anunciaron la instrumentación de un
blindaje agroalimentario para evitar impactos negativos en el sector ante el avance en la
apertura comercial programado para enero del próximo año. Según la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Secretaría de
Economía, este programa dará un impulso a las cadenas productivas y a la reconversión
de la producción. Sin embargo, el anuncio de este programa fue escueto y todavía no se
han dado a conocer con el mínimo grado de precisión los apoyos que, de manera general,
fueron anunciados.
Sobre este
particular, me gustaría señalar que mi partido, el Revolucionario Institucional, fue el
que originalmente propuso esta clase de apoyos para el campo, aunque no sólo reflejados
en la reducción de las tarifas eléctricas y de los precios de combustibles, sino
también en la exención del peaje carretero, por ejemplo. Como ya lo han manifestado
diversas organizaciones de productores, a pesar de que la reducción de los costos de
electricidad para la agroindustria sea positiva, nadie tiene claro todavía cómo se
reflejarán tales reducciones en el precio de los productos finales.
El Partido
Revolucionario Institucional tiene serias dudas de que el programa de apoyo que ha
anunciado el Gobierno llegue a implementarse y cumpla con los propósitos que se le han
fijado. El programa ha sido anunciado tardíamente, y hasta no parece que las autoridades
hayan terminado de diseñarlo. Tan sólo han sido anunciadas algunas medidas aisladas, que
no parecen ser parte de una estrategia integral y articulada de defensa de los intereses
de nuestros productores. Parece, más bien, que lo que ha sido anunciado presuntuosamente
como un “programa de blindaje” es un mero paquete de medidas emergentes,
discutido con precipitación, sin objetivos claros, y con el objetivo real de generar
entre la opinión pública la falsa impresión de que el Ejecutivo está realizando
algunas acciones preventivas que fomenten la viabilidad de nuestro sector ante las
amenazas de la siguiente fase de la apertura.
Es cierto que,
respecto a los apoyos internos y subsidios a la exportación, el TLCAN reconoce los
acuerdos logrados a nivel multilateral; es decir, el derecho de las partes a otorgar tales
apoyos dentro de límites preestablecidos y de imponer medidas compensatorias cuando
dichos subsidios no se encuentren dentro del régimen de excepción. Sin embargo, un
escenario indeseable pero probable, dada la forma como está trabajando el Ejecutivo en
este renglón, es que el Ejecutivo recurra a medidas que después resulten ser violatorias
de TLCAN, por las cuales después nuestros productores podrían ser objeto de severas
sanciones, con la cual la salud financiera de algunas de nuestras industrias agrícolas
podría empeorar. Esto ya ha sucedido en otros sectores de la economía mexicana.
El Partido
Revolucionario Institucional no permitirá que el Gobierno abandone a nuestros
productores, menos aún cuando la competencia en el terreno agrícola es profundamente
desigual entre los socios del TLCAN. El desarrollo agropecuario y pesquero es fundamental
para elevar el bienestar de amplios segmentos de la población. Varias reformas están
aún pendientes para responder a los retos que representan la competencia internacional,
la necesidad de diversificar el patrón productivo, y la responsabilidad de atender
cuestiones de equidad en el contexto de una estrategia de desarrollo rural.
México debe
acompañar el aumento de la competencia internacional con un mayor gasto público
agropecuario, siempre y cuando éste no distorsione las señales del mercado, sino que
facilite la adaptación del sector a las nuevas circunstancias. Hay que tener especial
cuidado en minimizar las distorsiones en las cadenas productivas del sector agropecuario,
tanto en la producción y comercialización de insumos como de productos finales.
Frente a los
nuevos retos, el Gobierno debe atender las demandas de las organizaciones de productores y
contemplar mecanismos que respondan eficazmente a sus necesidades. De aquí que deba
contemplarse, en primer lugar, un aumento de los recursos destinados a áreas de apoyos
directos al productor (programa especial Procampo). Desarrollo agropecuario y pesca, y
fomento agrícola y pecuario. En segundo lugar, la canalización de tales recursos debe
ser selectiva para proteger el bienestar de aquellas familias del campo que potencialmente
se verán más afectadas con la desgravación de nuevos productos, en especial aquellas
familias en pobreza extrema.
Durante los tres
últimos años, el crecimiento anual de los recursos asignados al rubro de agricultura,
ganadería y desarrollo rural en el Presupuesto de Egresos han registrado una notable
desaceleración. De 1999 a 2000, los recursos crecieron en un 21 por ciento en términos
reales. Después, entre 2000 y 2001, el incremento fue de un 17.1 por ciento. Y,
posteriormente, de 2001 a 2002, el aumento fue de menos de la mitad respecto al
crecimiento del año anterior, para llegar a ser de tan sólo 8.1 por ciento.
Considerando
• Que el
apoyo al sector agropecuario posee una gran relevancia de carácter social, pues en él se
concentra más del 20 por ciento de la población económicamente activa y por lo menos
una cuarta parte de la población total del país;
• Que la
mayor parte de la población rural vive en una situación de pobreza extrema, y que por
esta razón esta población requiere ser atendida de manera más eficaz, especialmente
donde los beneficios del crecimiento no se han derramado hacia los estratos más bajos, y
donde no hay opciones fuera del empleo agrícola;
• Que el
sector agrícola todavía posee gran potencial de expansión comercial, pues tenemos una
de las proporciones más bajas en América Latina de comercio agrícola en relación con
el PIB agrícola y, además, apenas registramos sólo ligeras variaciones en los patrones
de cultivo en los noventa, con cerca del 50% de la tierra cultivable todavía dedicada
exclusivamente al maíz;
• Que
nuestros competidores, principalmente aquellos de Estados Unidos, reciben generosas
transferencias gubernamentales para elevar su competitividad internacional;
• Que los
déficit en las balanzas comerciales de importantes productos agropecuarios se han
exacerbado en los últimos dos o tres años, y amenazan con empeorarse aún más ante el
nuevo paquete de desgravación:
• Que el
Ejecutivo no posee un plan articulado y realista para proteger a nuestros agricultores,
además de que ha optado por desaparecer importantes mecanismos de capitalización del
campo sin ofrecer a cambio alternativas viables.
Por todo lo
anterior sometemos a su consideración, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero: Es indispensable que las reglas de
operación sean multianuales, para que con anticipación se puedan elaborar los proyectos
y entonces sí ejercer el presupuesto desde principio de año y no como ahora sucede
Segundo: Cabe aclarar que gran parte de estos
recursos adicionales serán canalizados, en caso de aprobarse, tanto a los segmentos de
productores de más bajos ingresos, como a las cadenas agroalimentarias con mayores
riesgos de desaparecer por falta de apoyo gubernamental, como la porcicultura, la
avicultura, la ganadería de los bovinos y la producción de leche.
Tercero: El TLCAN es una herramienta para
modernizar el campo mexicano, pero de ninguna manera es suficiente para resolver todos los
problemas que ahí se presentan. México debe implementar una serie de políticas y
programas complementarios al tiempo que intenta enfrentar con éxito los retos del sector
agrícola, del desarrollo rural y de la pobreza. En este esfuerzo, será muy importante
atender la gran heterogeneidad del sector y las diferentes características de sus
actores.
Cuarto: En la actualidad, el apoyo del Gobierno al
campo mexicano será clave para mejorar su competitividad internacional. El desempeño a
largo plazo de nuestro sector agropecuario dependerá en gran medida de la capacidad que
posea el Gobierno para establecer un sistema de incentivos que impulse y facilite a las
empresas locales para emprender medidas de reestructuración ocasional, especialización
de productos o introducción de productos nuevos, inserción en nuevos mercados y mejoras
tecnológicas. Durante el periodo de transición hacia la apertura total, nuestro sector
agropecuario requiere recursos y regulaciones que alienten la inversión y la
productividad, y combatan las condiciones de pobreza en que viven millones de familias.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 8 de enero de 2003.— Dip. Víctor E. Díaz Palacios (rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
diputado.
Publíquese en el Diario de los Debates y también publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la segunda
comisión.
SECTOR
AGROPECUARIO
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra
el diputado Ramón León Morales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Comisión
Permanente exhorte al Ejecutivo a renegociar el Capítulo VII sector agropecuario del
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
El diputado Ramón León Morales:
Con su permiso
señor Presidente; señoras legisladoras, señores legisladores:
El suscrito,
diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito formular ante
esta honorable Asamblea una proposición con Punto de Acuerdo, para que la Comisión
Permanente de este honorable Congreso de la Unión, exhorte al Ejecutivo a renegociar el
Capítulo VII sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias, del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte.
CONSIDERACIONES
A partir de la
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se han generado una
serie de controversias entre los países firmantes, en nueve años de su aplicación se
han ahondado las diferencias entre los mismos, el intercambio comercial se ha estado
incrementando constantemente entre Estados Unidos y México, en particular, las
importaciones agropecuarias, las cuales han sido mayores a las exportaciones, ampliando
con ello el déficit comercial agropecuario de nuestro país.
El proceso de
apertura ha ocasionado que el sector más afectado sea el agropecuario, sobre todo porque
el mismo arrastra desde hace varias décadas, una crisis permanente. Si a esto agregamos
que la apertura al Sector no está acompañada de una política integral que incluya a la
agricultura como motor de la actividad económica y la contemple como un mero agregado
dependiente de las demás actividades del resto de la economía.
El abandono del
campo mexicano se manifiesta por la mayor pobreza de su población, de 24.5 millones de
habitantes que viven en zonas rurales, se estima que 17 millones viven en condiciones de
extrema pobreza, y según cifras del Banco Mundial, una cuarta parte de la población
rural carece de los recursos para comprar alimentos básicos.
Así el proceso
de liberalización se ha visto acompañado de una mayor pauperización del medio rural, en
donde solamente algunos productores están recibiendo los beneficios, mientras una gran
cantidad de pequeños y medianos productores, tiene que buscar alternativas para
sobrevivir.
En este año,
México acordó la inmediata eliminación de aranceles para una lista muy amplia de
productos agrícolas, al mismo tiempo se acordó la desgravación gradual de las barreras
arancelarias restantes en un plazo de diez años a partir de la entrada en vigor del
tratado.
Los resultados
que arroja el tratado en el sector agropecuario de México son negativos, las
importaciones de productos agrícolas se han incrementado considerablemente, llegando en
muchos casos a desplazar a los productores nacionales, en contraste observamos que Estados
Unidos apoya sustancialmente a su sector agropecuario, orientando mayores recursos al
mismo, con la implementación de la Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural 2002
avalada por el gobierno norteamericano, se destinarán 183 mil 500 millones de dólares,
los cuales se distribuirán a lo largo de los próximos 10 años, a un promedio anual de
18.3 mil millones de dólares, los cuales se canalizarán a programas de apoyo directo y a
productores y a programas de conservación ambiental en el campo.
Reconocemos que
con la FarmBill, Estados Unidos ejerció sus facultades soberanas, pero con ello viola el
capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la cifra del
subsidio norteamericano destinado a sus productores del campo, es inalcanzable para
nuestro país, con ello nos imponen condiciones de desventaja e ini-quidad y acentúan las
asimetrías entre ambos países. La desigualdad de competencia a la que se enfrentan
nuestros productores nacionales frente a la entrada de productos agropecuarios se da
también a través de los bajos precios ofrecidos por los productos de Estados Unidos.
El sector
agropecuario en México es uno de los más liberalizados del mundo, esto llama la
atención porque en los principales países desarrollados el sector más protegido de sus
economías es precisamente el agropecuario, es decir nuestro país va a contracorriente de
las tendencias mundiales.
En el transcurso
de estos años, los que se han beneficiado sistemáticamente de la apertura, han sido los
grandes consorcios agroalimentarios asentados en México, entre los cuales se encuentran
principalmente importadoras de maíz.
En México se
estima que más del 50% de la población activa en el campo y más del 65% de los
productores se dedican al cultivo del maíz; ése es un producto altamente sensible, que
de continuar la liberalización y dadas las diferencias tan enormes entre Estados Unidos y
México, agudizarán los problemas prevalecientes de rezago en el campo mexicano, que
consecuentemente acentuarán la escalada de quiebras de los productores medios y las
protestas de agricultores mexicanos ante la falta de condiciones para competir con sus
homólogos norteamericanos.
Las protestas de
los diferentes productores del campo como cañeros, frijoleros, cafetaleros y piñeros,
entre otros, nos muestra que los programas destinados a apoyar al campo no están dando
los resultados que se esperarían, al contrario, observamos que las protestas son
crecientes y cada vez más violentas.
En ese contexto,
el Gobierno Federal señaló que el blindaje agroalimentario está contemplado en el
presupuesto para el ejercicio del 2003, indicando que se destinarán 102 mil 563 mil
millones de pesos, recursos que se tienen contemplados para el Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. En él se conjuntan varios programas de
14 dependencias de la Administración Pública Federal, sin embargo muchos de estos
programas tienen carácter social, asistencial y de inversión; no se distingue un apoyo
destinado específicamente a la competencia agropecuaria que tendrán los productores
nacionales con sus contrapartes norteamericanos frente a la apertura prácticamente total
del sector agropecuario para este año.
Es imperativo
que el Ejecutivo se comprometa a iniciar un proceso de renegociación del Capítulo VII,
sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias del Tratado de Libre Comercio
América del Norte con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, a partir de las
disposiciones contenidas en la Constitución Política Mexicana y las ordenaciones de la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El Ejecutivo
debe tomar medidas urgentes y asumir una política agropecuaria que reconstruya el papel e
importancia que tiene el campo dentro del desarrollo nacional.
Por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 y 59 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
el suscrito somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, exhorte al Ejecutivo Federal a renegociar el Capítulo VII, sector
agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias del Tratado de Libre Comercio con
América del Norte, con objeto de proteger la producción agropecuaria nacional.
Con el permiso
de la Presidencia me permito hacer un comentario, dado que se mencionó a una diputada
ausente, nada más quiero decirles que quien acusó a esta diputada públicamente, lo hizo
mencionándola a ella y a otros diputados de distintos partidos.
Y nada más
quiero hacer un último comentario. Aquí se habló de un penoso intento. Yo quiero
decirles que lo que debería de veras apenarnos, es la vergonzosa realidad de los salarios
que se están pagando los panistas. No hablemos de intentos, hablemos de realidades.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias
diputado.
Túrnese a la Segunda Comisión.
SECTOR
AGROPECUARIO
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
El diputado Víctor Manuel Díaz
Palacios, me ha solicitado rectificar el turno de la Segunda a la Tercera Comisión, cosa
que esta Mesa Directiva accede con gusto. Y pido a la Secretaría tome nota.
JOSE MARIA GUILLEN TORRES
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Igualmente
comunico a la Asamblea, que se ha integrado la comisión de señores senadores y diputados
que asistirá a Veracruz, con motivo del fallecimiento del diputado José María Guillén
Torres. Esta comisión está integrada por el senador Fidel Herrera Beltrán, por el
senador Gerardo Buganza Salmerón, por el diputado Alfredo Ochoa Toledo, por el diputado
Manuel Winstano Orozco Garza, por el diputado Ramón León Morales, por la diputada
Julieta Prieto Fuhrken, el diputado Victor Antonio García Dávila y por el diputado José
Manuel del Río Virgen.
Dado las
características de la comisión, hemos aceptado aumentar el número de la comisión con
dos miembros más de otras fracciones parlamentarias.
Igualmente giro
las instrucciones necesarias a la Secretaría de la Cámara de Diputados, para que haga lo
necesario para que cumpla su misión esta comisión nombrada.
ESTADO
DE VERACRUZ
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra
el senador Fidel Herrera Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la
Comisión Nacional del Agua, a que incluya dentro de los recursos ampliados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, la revisión
técnica del puente “José López Portillo” y la reconstrucción y reparación
del muro de contención del río “Pantepec”, por la inundación de 1999 en la
ciudad de Alamo, Veracruz.
El senador Fidel Herrera Beltrán:
Honorable
Comisión Permanente:
El 6 de octubre
del año de 1999, la ciudad de Alamo, Veracruz, sufrió una inundación de tal magnitud
que la región fue declarada zona de desastre, dejando pérdidas materiales y humanas
tanto en comercios como en los hogares de muchos veracruzanos que habitan esta tierra del
norte veracruzano.
La región vive
constantemente amenazada por las inundaciones. Tiene un promedio de dos a tres
inundaciones por año, originando además de pérdidas económicas, la proliferación de
un sinnúmero de enfermedades, la falta de fuentes de trabajo y de inversión, daños a
toda la actividad productiva, sobre todo al comercio, agricultura, la citricultura, la
ganadería.
El Ayuntamiento
de Alamo de Temapache, Veracruz, todas las fuerzas políticas que lo integran, han venido
realizando diversas gestiones ante las dependencias correspondientes, a fin de encontrar
solución a un problema que les aqueja año con año, debido a la situación geográfica
donde está ubicada la municipalidad, sin que hasta el momento las autoridades hayan
podido cumplir con los compromisos adquiridos. En el momento del desastre de 1999 y que
pese a los peligros y riesgos que se presentan y a la eventualidad de un desastre, no se
han cubierto con los compromisos contemplados en el Fondo Nacional de Prevención de
Desastres, del Ejercicio Fiscal de 1999.
Las riberas de
los ríos que cruzan por la municipalidad han sido invadidas por construcciones que en
muchos de los casos obstruyen o bloquean los arroyos. La ciudad no cuenta con un sistema
de drenaje pluvial, además que la red natural se encuentra bloqueada y el colector
existente es insuficiente en función de un diámetro muy menor al requerido.
La zona rural
que se ubica en el sureste de esta ciudad del norte veracruzano recibe las descargas de
agua pluvial que se desplazan por cauces naturales en el estero de El Idolo y Oro Verde
hacia un área urbana, ocasionando el desborde de los mismos y, por lo tanto, la
inundación permanente de la ciudad.
Al norte y al
noreste de la ciudad corre el río Pantepec, el cual cuenta con un muro de contención de
más de 40 años de antigüedad, severamente dañado en el siniestro de 1999, lo que
significa que en el caso de alguna condición climatológica ligeramente extrema la
estructura se destruiría y causaría graves daños y pérdidas humanas.
La región
requiere, pues, urgentemente de: uno, la revisión técnica del puente José López
Portillo, que presenta daños importantes desde el siniestro de 1999 y, dos, la
reparación del muro de contención del río Pantepec.
Ambos
compromisos fueron adquiridos por las autoridades federales, a quienes compete la
protección y seguridad de los habitantes de la demarcación en el marco del Programa
Nacional de Protección Civil.
En el
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2003, los diputados acordaron ampliar
el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua hasta por 3 mil 400 millones de pesos,
recursos que deberán ser destinados a la solución de problemas de la infraestructura
hidroagrícola, hidrosanitaria en el país, y dentro de ella nosotros proponemos que se
ubique el cumplimiento de los compromisos contraídos con Alamo, Veracruz, desde 1999
Alamo de
Temapache es el primer municipio productor de cítricos en el país. A su riqueza
citrícola hay que agregar la nueva riqueza petrolera y gasífera. Resulta pues de
importancia vital que se busquen los elementos técnicos preventivos y correctivos que
faciliten los trabajos de exploración y de explotación de Petróleos Mexicanos en la
zona, que replanteen el desarrollo agrícola regional y el crecimiento de los sectores
secundarios y terciarios de la región.
Por lo antes
expuesto y con fundamento en el Reglamento para el Gobierno Interior, proponemos el
siguiente punto de acuerdo:
Unico. Que la Comisión Nacional del Agua incluya,
dentro de la disposición de los recursos que fueron ampliados hasta por 3 mil 400
millones de pesos en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal
del 2003, los recursos necesarios para cumplir con los compromisos contraídos en 1999 y
en concreto la revisión técnica del puente José López Portillo y la reparación del
muro de contención del río Pantepec en la ciudad de Alamo, Veracruz.
Es cuanto,
señor Presidente.
Con el ruego de
que pudiera usted acordar el turno a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a
efecto de que en tiempo y forma esta Comisión Permanente resuelva sobre este justo
reclamo del norte veracruzano.
Gracias.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Honorable
Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Fidel Herrera
Beltrán, senador de la República por el estado de Veracruz, integrante del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55,
fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente
propuesta que contiene el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para
exhortar a la Comisión Nacional del Agua a que incluya dentro de los recursos ampliados
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, la
revisión técnica del puente José López Portillo y la reparación del muro de
contención del río Pantepec por la inundación de 1999 en la ciudad de Alamo, Veracruz.
Antecedentes
El 6 de octubre
del año de 1999, la ciudad de Alamo, Veracruz, sufrió una inundación de tal magnitud
que la región fue declarada zona de desastre dejando pérdidas materiales y humanas tanto
en comercios como en los hogares de muchos veracruzanos que habitan la zona.
La región vive
constantemente amenazada por las inundaciones, tiene un promedio de dos a tres anegaciones
por año, originando además de pérdidas económicas, la proliferación de un sinnúmero
de enfermedades, falta de fuentes de trabajo y de inversión, daños al comercio,
agricultura citricultura y ganadería.
El H.
Ayuntamiento de Alamo de Temapache, Veracruz, ha realizado diferentes gestiones ante las
dependencias correspondientes a fin de encontrar solución a un problema que le aqueja
año con año debido a la situación geográfica que presenta, sin que hasta el momento,
las autoridades hayan cumplido con los compromisos adquiridos en aquel entonces, pese a
los peligros y riesgos que pudieran presentarse en la eventualidad de un desastre.
Debido a que las
riveras de los ríos fueron invadidas por construcciones que en muchos de los casos
obstruyeron o bloquearon arroyos, la ciudad no cuenta con un sistema de drenaje pluvial,
además de que la red natural se encuentra bloqueada y el colector es insuficiente, pues
su diámetro varía entre doce y quince pulgadas por lo que actualmente es obsoleto.
En la zona rural
ubicada en el sureste de la ciudad, el agua pluvial se desplaza por los cauces naturales
en el estero de El Idolo y Oro Verde hacia un área urbana, ocasionando el desborde de los
mismos y por lo tanto la inundación de la ciudad. Al norte y al noreste de la ciudad,
corre el río Pantepec, el cual cuenta con un muro de contención de más de 40 años de
antigüedad, que quedó dañado en el siniestro de 1999, lo que significa que en el caso
de alguna condición climatológica extrema la estructura no resistiría.
La región
requiere urgentemente de:
1.- Revisión
técnica del puente José López Portillo, que presenta daños importantes desde el
siniestro referido.
2.- La
reparación del muro de contención del río Pantepec.
Compromisos que
fueron adquiridos por las autoridades a quienes les compete la protección y seguridad de
los habitantes de la demarcación.
En el
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2003, los diputados acordaron ampliar
el presupuesto a la Comisión Nacional del Agua hasta por 3 mil cuatrocientos millones de
pesos, recursos que deberán ser destinados a la solución de los problemas que presentan
estados como Veracruz y que se ven continuamente amenazados por los fenómenos naturales.
Siendo Alamo de
Temapache, Veracruz, el primer municipio productor de cítricos en el país, resulta de
vital importancia que se busquen los medios técnicos preventivos y correctivos que eviten
pérdidas valiosas de recursos humanos y materiales de cara a los desastres naturales en
condiciones climatológicas extremas.
Por lo antes
expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la
consideración de esta H. Comisión Permanente la siguiente proposición de urgente y
obvia resolución con
Punto de Acuerdo
Unico.- Que la Comisión Nacional del Agua incluya
dentro de la utilización de los recursos que fueron ampliados hasta por 3 mil 400
millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2003, la revisión técnica del puente José López Portillo y la reparación del muro
de contención del río Pantepec por la inundación de 1999 en la ciudad de Alamo,
Veracruz.
H. Cámara de
Diputados, a 8 de enero de 2003. Sen. Fidel Herrera
Beltrán (rúbrica) »
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
senador.
Túrnese, como lo solicita el ponente,
a la Tercera Comisión.
ESTADO
DE CHIAPAS
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Para presentar
unas proposición con punto de acuerdo en relación a la ilegal expropiación de tierras,
derivada de la construcción de una autopista del Plan Puebla-Panamá, en la localidad de
Tecpatán, Chiapas, suscrita por los diputados Martí Batres Guadarrama y Ramón León
Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
En consecuencia,
tiene el uso de la tribuna el diputado Ramón León Morales, hasta por 10 minutos.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor
Presidente.
Pido una
disculpa por estar haciendo uso de la tribuna constantemente.
Quiero decirles
que solamente dos diputados del grupo parlamentario estamos ante esta comisión, uno de
ellos el presidente. Entonces atiendo todas las peticiones de mis compañeros diputados,
por lo que pido esta disculpa, si me van a ver mucho por aquí.
Con su venia,
señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores: “a lo largo de los
trabajos de esta Legislatura, se ha hecho de la tribuna en un sinnúmero de ocasiones para
proponer acuerdos, acciones e iniciativas a favor del desarrollo de la región Sur-Sureste
del país”.
La receptividad
y respuesta de los legisladores ante esos planteamientos ha sido inmediata, entusiasta,
acrítica y mayoritaria, aunque afortunadamente no ha sido unánime
Tal es la
tendencia que incluso compañeros diputados han venido a plantear aquí el que se
incorpore a sus entidades en los proyectos de desarrollo regional propuestos por el
Gobierno Federal.
El problema que
subyace en aquellas propuestas es la falta de visión y ausencia de discusión entorno a
la concepción misma del desarrollo.
¿De qué clase
de desarrollo estamos hablando? ¿Cuál es el desarrollo que se está promoviendo? ¿Aquel
que fomenta la concentración de la riqueza y la polarización del ingreso? ¿Ese que
fomenta la descomposición social y la pauperización de los niveles de vida?
Se ha antepuesto
un signo de igualdad y se ha confundido el crecimiento económico y las condiciones
irrestrictas para la acumulación privada con el desarrollo. Se ha convertido además a
esa igualdad en un paradigma, en un dogma falso, incontrovertible y fatal.
En contrasentido
el grupo parlamentario del PRD ha hecho uso de esta tribuna para advertir de los riesgos
que implica la implementación del Plan Puebla-Panamá que es el eje principal o más bien
el único sobre el cual se pretende inducir el desarrollo en el sureste mexicano.
Hemos pedido que
se consulte a las comunidades, hemos exigido que se les respete la propiedad de sus
tierras y su derecho al uso y disfrute de los recursos naturales; hemos alertado sobre el
descontento e inevitable estallido de conflictos sociales que este megaproyecto engendra.
Sin embargo, no nos hemos anquilosado en la denuncia. Hemos también propuesto
alternativas que han sido ignoradas. En consecuencia hemos manifestado nuestro decidido
rechazo al Plan Puebla-Panamá y ese rechazo implica a su vez rechazar un modelo de
desarrollo que concibe a la naturaleza y al hombre como una mercancía. Ese rechazo
implica, en suma, rechazar un modelo regional de exclusión social y económica.
Lamentablemente
el tiempo y los hechos acabaron dándonos la razón.
En su primera
fase el Plan Puebla-Panamá ha desencadenado movilizaciones y conflictos sociales como los
de Tehuantepéc, en Oaxaca, Bosque de Niebla, en Jalapa, Veracruz, Tepeaca y Mixtla en
Puebla entre muchos otros que podemos mencionar.
En todos estos
casos la promoción del desarrollo ha mostrado su verdadero rostro, el rostro del
desprecio por la ecología y por las vocaciones productivas regionales. Es el rostro de la
cancelación de los medios de vida de miles de familias mexicanas, es el rostro de la
imposición, es el rostro de la violación de las garantías y derechos más elementales
de los individuos. Es, en resumen, el rostro más atroz, el rostro del despojo.
Entre éstos, un
caso que merece especial atención es el de los campesinos del municipio de Telpatán, en
Chiapas, es el mismo que motiva esta intervención en tribuna. El caso es especial por dos
pequeñas pero significativas particularidades: la primera es que en esta ocasión los
campesinos sí estuvieron dispuestos a ceder parte de la propiedad de sus tierras a cambio
de una justa indemnización por el valor real de éstas. Y la segunda es que el sistema de
impartición de justicia después de un largo proceso judicial, se puso como sólo
excepcionalmente lo hace del lado de los que no tienen poder económico y se puso del lado
de los que no tienen grandes inversiones y mejores expectativas de ganancia. La justicia,
por raro que parezca, falló a favor de los campesinos afectados.
Las tierras,
objeto de afectación, se encuentran en el kilómetro 132 y 135 de la autopista Tuxtla
Gutiérrez, en el tramo que se encuentra en proceso de ampliación y construcción, mismo
que corre de Tuxtla a Raudales Mal Paso, en Chiapas. La construcción de este tramo había
sido ya objeto de protestas y movilizaciones de organizaciones sociales campesinas,
ecologistas y de intelectuales como el llamado Grupo de los Cien, porque la obra implicaba
la destrucción de la reserva especial de la biosfera selva del Ocote; las movilizaciones
sociales lograron la suspensión de la construcción de la autopista.
Sin embargo, al
ser integrada dentro del circuito transítsmico la construcción del nuevo tramo de la
autopista recibió mayor promoción y cobertura presupuestaria. Se decidió construir el
tramo bajo un nuevo trazo, afectando tierras ejidales y pequeña propiedad campesina
construida bajo la figura de fideicomisos en el municipio de Tecpatán, Chiapas,
integrantes del Frente Democrático Campesino y Popular de Chiapas, beneficiarios de los
fideicomisos Inmobiliario Kilómetro 60 y Nuevo Vicente Guerrero, intentaron lograr un
acuerdo de indemnización con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los
campesinos solo recibieron la promesa de un pago justo por el área de terreno afectada.
Después de la
realización de múltiples asambleas los campesinos determinaron cercar sus terrenos para
impedir la continuación de la obra ante la falta de respuesta efectiva de la Secretaría
de Comunicaciones para indemnizarlos. El bloqueo solo duró dos días, el día 6 de
febrero de 2001 se presentaron en la zona de conflicto funcionarios de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes para ofrecer un monto de 10 mil pesos por hectárea. Los
campesinos no aceptaron la oferta, ya que sus tierras son de primera calidad por estar
ubicada en el margen del Río Grijalva. A pesar de su negativa, los campesinos entendieron
que la oferta representaba un indicio de solución, por lo que el 8 de febrero firmaron un
convenio con la secretaría y con la empresa Tribasa para solucionar el diferendo, bajo la
promesa de mejorar y ampliar la oferta de indemnización. A cambio los campesinos
liberaron el paso para la continuación de la obra carretera, como consta en actas
administrativas que se anexarán.
Dos semanas
después, el 26 de febrero de 2001, los campesinos fueron enterados que sus terrenos
habían sido expropiados según lo establecía el decreto publicado por el Diario Oficial de la Federación, con fechas 4 y 18
de octubre de 2000. Los campesinos optaron por emprender una lucha bajo los cauces legales
al iniciar un proceso de controversia administrativa en contra de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, inconformándose legalmente por el monto de la
indemnización.
En respuesta a
esta determinación y sin que los campesinos hubieran vuelto a impedir en ningún momento
el acceso a las obras de construcción, el 8 de marzo la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes interpuso demanda penal en contra de los representantes del fideicomiso,
argumentando la comisión del delito: oposición a la ejecución de obras y trabajos
públicos. Los campesinos fueron injustamente encarcelados.
Para ilustrar
pido a la Presidencia diga a un Secretario que lea algunos puntos dados por el juzgado VI
de distrito y ratificados por el primer tribunal unitario vigésimo de circuito con
respecto a este caso y solicito pare el reloj.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Proceda la
Secretaría a leer dicho documento.
La Secretaria diputada Olga Margarita
Uriarte Rico:
Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, a 16 de mayo de 2002.
Sentencia. El
Poder Judicial de la Federación, en efecto si bien el elemento normativo de una obra de
trabajo público mandado a hacer por los requisitos legales por autoridad competente o por
una autorización resulta ser el objeto material sobre el cual recae la conducta típica,
debiéndose destacar que los trabajos deben provenir por mandato de alguna autoridad
pública, pero además cubrir éstos las disposiciones legales específicamente
establecidas para la ejecución de los mismos, quedando dentro de ello establecido que la
autoridad que mande hacer las obras o quienes hubiesen dado la autorización para las
mismas deben de ser competentes, es decir, deben de estar dentro de las atribuciones
concretas.
Es decir, deben
de estar dentro de las atribuciones concretas el haber mandado o el haber autorizado la
ejecución de una obra o trabajo correspondiente, pues si faltara alguno de estos
aspectos, la conducta desplegada por los agentes será atípica, circunstancias que en el
presente caso se actualiza en virtud de que de autos consta fehacientemente que no fue
autorizada la expropiación de los subtramos 132+060 y 134+945 del tramo carretero Las
Choapas-Roandales, carretera México-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pues el peritaje emitido
y ratificado por Carlos Gómez Narcia, perito de la Criminalística, quien concluyó que
en la copia simple del Diario Oficial de la
Federación del miércoles 18 de octubre del 2000, exhibida por la abogada Margarita
Isabel Pacheco Gonzaga, sí presenta alteración por adición del texto original,
precisamente en la página primera sección 59, consistentes estas alteraciones en
adición de Colonia Nueva Esperanza de la fracción I; adición del fideicomiso kilómetro
54; en la fracción II adición de los fideicomisos kilómetro 54, en la fracción III
adición ciudadano Ulises Domínguez Romero; en la fracción IV adición fideicomiso
kilómetro 60; en la fracción V mismo peritaje, el cual se corrobora que el original del Diario Oficial de la Federación del 18 de octubre
del 2000, en la que claramente se aprecia que dentro de las expropiaciones hechas por la
Federación, no se contemplan los subtramos kilómetros 132+060 al kilómetro 134+060.
A mayor
abundamiento, debe destacarse que de las constancias de estudio no se advierten que los
integrantes del fideicomiso kilómetro 60, ahora encausado, hayan sido legalmente
notificados, pues aun sin conceder se hubieran expropiado los multicitados tramos
carreteros, también en lo que éstos no fueron indemnizados por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, para poder tomar posesión de los fraccionamientos de las
tierras en las que se encuentran planeadas la construcción de la carretera México-Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. Tal aseveración se robustece con la copia certificada del acta
administrativa número 12/24/1001, iniciada ante el agente del Ministerio Público del
Fuero Común de Los Roales del Mal Paso, en los que se advierte que Roberto Cortés
Aguilar, superintendente en el tramo kilómetro 60 municipio de Tequepatán, Chiapas,
denunció hechos y argumentó que dicho terreno es propiedad del denominado fideicomiso
kilómetro 60, consistente en más de 20 familias, las cuales se vieron afectadas, mismas
que no han sido indemnizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En tal
virtud taparon el referido tramo carretero, que de igual forma aparece en dicha acta
administrativa.
La minuta de
trabajo elaborada el 7 de febrero del 2001, celebrada entre la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, representada por el ingeniero Efraín Arias Velásquez, por
parte de la empresa Tribasa el ingeniero Narciso Díaz Bibián y representantes del
fideicomiso kilómetro 60, en la que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se
compromete a realizar el pago justo a los integrantes del fideicomiso a partir de la
salida de la maquinaria.
Por su parte,
Víctor Manuel Zapata Cosío, refirió que el bloqueo de la carretera internacional de
Choapas-Tuxtla, se debió a la falta de indemnización por parte de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, hacia los propietarios de dichas tierras. Además refirió
que el bloqueo referido se levantó a los dos días del bloqueo.
En consecuencia
de lo anterior, reitera que el trabajo público mandado a hacer no reunió los requisitos
legales por la autoridad competente o con la autorización pues con dolo el representante
legal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, María Margarita Isabel Pacheco
Gonzaga omitió remitir las constancias completas de dicha acta administrativa efectuada
ante el representante social del fuero común de Roales, Malpaso.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Le rogaría al
diputado Ramón León acotar lo más posible la lectura.
El diputado Ramón León Morales:
Voy a dejar este
documento para que la comisión lo analice y en obvio de tiempo a pedir también que este
documento que estoy presentando sea publicado íntegramente.
Lo que aquí
estamos demostrando es que a los campesinos miembros de este fideicomiso se les engañó,
se les fraudeó y hasta este momento no se ha:
Primero: se
sigue construyendo la carretera y a ellos no se les ha indemnizado pero estos terrenos
donde se está construyendo la carretera, según obra en todos estos actos legales,
pertenecen precisamente a estos campesinos, ellos son los dueños de su propia tierra y
ellos son los que en cualquier momento pueden hacer de sus tierras lo que les venga en
gana, cercarlas y no tiene por qué continuar esta obra de esta carretera ahí, y bien, si
va a continuar esa carretera se tendrá que negociar con los campesinos, para que se
negocie precisamente en los términos en que ellos quieran negociar estos terrenos.
Leo únicamente
el punto de acuerdo, en qué consistiría y consistiría de la manera siguiente.
La Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, acuerda formular un atento pero a su vez
enérgico exhorto al Poder Ejecutivo Federal para que acate y respete las Resoluciones del
Poder Judicial de la Federación, en el sentido de respetar los derechos sobre la
propiedad de la tierra de los campesinos agrupados en el Frente Democrático Campesino y
Popular de Chiapas, beneficiarios del Fideicomiso Inmobiliario Kilómetro 60.
Con pleno
respeto al ámbito de sus respectivas competencias, la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, exhorta al Poder Judicial de la Federación y a la Secretaría de
Contraloría y Desarrollo Administrativo a aplicar las sanciones que conforme a derecho
correspondan, en contra de los funcionarios Lino Palacios Peralta, delegado de la FCT en
Chiapas, Efraín Arias Velázquez, residente general de carreteras federales de la FCT en
Chiapas y a Margarita Isabel Pacheco Gonzaga, jefa de la unidad de asuntos jurídicos de
la misma dependencia por haber incurrido en ejercicio indebido de funciones y en actos que
constituyen delitos como lo son la falsificación de documentos oficiales, daños
patrimonial y moral además de despojo en perjuicio de campesinos del municipio de
Tectapán, Chis., tal y como se deriva del fallo emitido por el juzgado VI de distrito y
ratificada por el primer tribunal unitario, vigésimo del circuito del Poder Judicial de
la Federación.
Termino señor
Presidente.
Tercero. La
Comisión Permanente del honorale Congreso de la Unión solicita a la Presidencia de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, instruya a la Auditoría Superior de la
Federación a fin de que este organismo practique una auditoría a los recursos federales
destinados a la construcción de infraestructura carretera en el estado de Chiapas.
Firmamos este
documento, el diputado Martí Batres Guadarrama y un servidor.
Gracias, por su
atención.
«Proposición
con punto de acuerdo en relación a la Ilegal Expropiación de Tierras Derivadas de la
Construcción de una Autopista del Plan Puebla-Panamá en el municipio de Tecpatán,
Chiapas.
Con la venia de
la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
A lo largo de
los trabajos de esta Legislatura se ha hecho uso de la tribuna, en un sinnúmero de
ocasiones, para proponer acuerdos, acciones e iniciativas en favor del desarrollo de la
región Sur-Sureste del país.
La receptividad
y respuesta de los legisladores ante estos planteamientos ha sido inmediata, entusiasta,
acrítica y mayoritaria, aunque afortunadamente no ha sido unánime.
Tal es la
tendencia que —incluso— compañeros diputados han venido a plantear aquí que se
incorpore a sus entidades en los proyectos de desarrollo regional propuestos por el
Gobierno Federal.
El problema que
subyace en aquellas propuestas es la falta de visión y ausencia de discusión en torno a
la concepción misma del desarrollo. ¿De qué clase de desarrollo estamos hablando?
¿Cuál es el desarrollo que se está promoviendo? ¿Aquel que fomenta la concentración
de la riqueza y la polarización del ingreso? ¿Ese que fomenta la descomposición social
y la pauperización de los niveles de vida?
Se ha antepuesto
un signo de igualdad y se ha confundido el crecimiento económico y las condiciones
irrestrictas para la acumulación privada, con el desarrollo. Se ha convertido
—además— a esta igualdad en un paradigma, en un dogma falso, incontrovertible y
fatal.
En
contrasentido, el grupo parlamentario del PRD ha hecho uso de esta tribuna para advertir
de los riesgos que implica la implementación del Plan Puebla-Panamá que es el eje
principal, o más bien, el único, sobre el cual se pretende inducir el desarrollo en el
sureste mexicano. Hemos pedido que se consulte a las comunidades, hemos exigido que se les
respete la propiedad de sus tierras y su derecho al uso y disfrute de los recursos
naturales, hemos alertado sobre el descontento e inevitable estallido de conflictos
sociales que este megaproyecto engendra.
Sin embargo, no
nos hemos anquilosado en la denuncia, hemos también propuesto alternativas que han sido
ignoradas.
En consecuencia,
hemos manifestado nuestro decidido rechazo al Plan Puebla-Panamá y ese rechazo implica, a
su vez, rechazar un modelo de desarrollo, que concibe a la naturaleza y al hombre como una
mercancía; ese rechazo implica, en suma, rechazar un modelo regional de exclusión social
y económica.
Lamentablemente,
el tiempo y los hechos acabaron dándonos la razón. En su primera fase, el Plan
Puebla-Panamá ha desencadenado movilizaciones y conflictos sociales como los de
Tehuantepec en Oaxaca, Bosque de Niebla en Xalapa, Veracruz; Tepeaca y Mixtla en Puebla;
Montes Azules en Chiapas; Caparroso, Frontera y Dos Bocas en Tabasco. En todos estos casos
la promoción del desarrollo ha mostrado su verdadero rostro, el rostro del desprecio por
la ecología y por las vocaciones productivas regionales. Es el rostro de la cancelación
de los medios de vida de miles de familias mexicanas. Es el rostro de la imposición. Es
el rostro de la violación de las garantías y derechos más elementales de los
individuos, es en resumen, el rostro más atroz, el rostro del despojo.
Entre éstos, un
caso que merece especial mención es el de los campesinos del municipio de Tecpatán en
Chiapas. Es el mismo que motiva esta intervención en tribuna. El caso es especial por dos
pequeñas pero significativas particularidades.
La primera es
que en esta ocasión los campesinos sí estuvieron dispuestos a ceder parte de la
propiedad de sus tierras, a cambio —eso sí— de una justa indemnización por el
valor real de éstas. Y la segunda es que el sistema de impartición de justicia, después
de un largo proceso judicial, se puso, como sólo excepcionalmente lo hace, del lado de
los que no tienen poder económico, se puso del lado de los que no tienen grandes
inversiones y mejores expectativas de ganancia. La justicia —por raro que
parezca— falló a favor de los campesinos afectados.
Las tierras
objeto de afectación se encuentran entre el kilómetro 132 y 135 de la autopista Tuxtla
Gutiérrez-México, en el tramo que se encuentra en proceso de ampliación y construcción
mismo que corre de Tuxtla a Raudales Malpaso en Chiapas. La construcción de este tramo
había sido ya objeto de protestas y movilizaciones de organizaciones sociales,
campesinas, ecologistas y de intelectuales como el llamado Grupo de los Cien porque la
obra implicaba la destrucción de la Reserva Especial de la Biosfera “Selva del
Ocote”, las movilizaciones sociales lograron la suspensión de la construcción de la
autopista.
Sin embargo, al
ser integrada dentro del circuito transístmico (que forma parte de los corredores
estratégicos del Plan Puebla-Panamá), la construcción del nuevo tramo de la autopista
recibió mayor promoción y cobertura presupuestaria. Se decidió construir el tramo bajo
un nuevo trazo afectando tierras ejidales y pequeña propiedad campesina constituida bajo
la figura de fideicomisos en el municipio de Tecpatán, Chiapas. Integrantes del Frente
Democrático, Campesino y Popular de Chiapas —beneficiarios de los Fideicomisos
“Imnobiliario Kilómetro 60” y “Nuevo Vicente Guerrero”—
intentaron lograr un acuerdo de indemnización con la SCT. Los campesinos sólo recibieron
la promesa de un pago justo por el área de terreno afectada.
La empresa
Tribasa, beneficiaria, en su momento, del Fobaproa-IPAB y del rescate carretero y ahora
favorecida las concesiones del Plan Puebla-Panamá, comenzó la construcción de las obras
en las tierras del fideicomiso a lo largo de las 30 hectáreas formalmente afectadas, esta
empresa además sepultó los mantos acuíferos que sirven de subsistencia indispensable a
las comunidades usufructuarias del fideicomiso y arrasó con los árboles que los
campesinos hablan destinado como reserva ecológica, afectando de este modo un mayor
número de hectáreas que las consideradas en el trazo de la autopista. Mientras tanto,
los campesinos intentaron infructuosamente concretar una audiencia con el director de la
SCT-Chiapas, ingeniero Lino Palacios Peralta, para que éste respondiera por la
indemnización prometida pero el funcionario se negó sistemáticamente a recibirlos.
Después de la
realización de múltiples asambleas, los campesinos determinaron cercar sus terrenos para
impedir la continuación de la obra ante la falta de respuesta efectiva de la SCT para
indemnizarlos. El bloqueo sólo duró dos días, el día 6 de febrero de 2001 se
presentaron en la zona de conflicto funcionarios de la SCT para ofrecer un monto de 10 mil
pesos por hectárea.
Los campesinos
no aceptaron la oferta ya que sus tierras son de primera calidad por estar ubicadas en el
margen del río Grijalva.
A pesar de su
negativa los campesinos entendieron que la oferta representaba un indicio de solución,
por lo que el 8 de febrero firmaron un convenio con la SCT y con la empresa Tribasa para
solucionar el diferendo indemnizatorio bajo la promesa de mejorar y ampliar la oferta de
indemnización. A cambio, los campesinos liberaron el paso para la continuación de la
obra carretera, como consta en el acta administrativa No. 012/24/2001 ante el Ministerio
Público de Raudales de Malpaso, municipio de Tecpatán, Chiapas.
Dos semanas
después, el 26 de febrero de 2001, los campesinos fueron enterados que sus terrenos
habían sido expropiados según lo establecía el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fechas 4 y
18 de octubre de 2000.
Los campesinos
optaron por emprender una lucha bajo los cauces legales al iniciar un proceso de
controversia administrativa en contra de la SCT, inconformándose legalmente por el monto
de la indemnización. En respuesta a esa determinación y sin que los campesinos hubieran
vuelto a impedir en ningún momento el acceso a las obras de construcción el 8 de marzo
la SCT interpuso demanda penal en contra de los representantes del fideicomiso,
argumentando la comisión del delito oposición a la ejecución de obras y trabajos
públicos.
Los campesinos
fueron injustamente encarcelados?..
Como ustedes han
escuchado, el juez sexto de Distrito encontró que la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes falsificó copias de ejemplares del Diario
Oficial de la Federación y un acta administrativa del Ministerio Público para
inculpar a los campesinos y encarcelarlos.
Este deleznable
acto, perpetrado por funcionarios públicos, viola las más elementales garantías
individuales y constituye la comisión de graves delitos. Es también una forma de
represión. Pero además encierra un trasfondo. Las desesperadas y torpes acciones
emprendidas por los funcionarios de la SCT, presumen un fraude en perjuicio del
presupuesto federal. La demanda penal ejercida en contra de los campesinos también
pretendió ocultar el desvío de, por lo menos, 25 millones de pesos que estaban
presupuestados para ese tramo de la autopista.
La conclusión
jurídica, más allá de la injusta encarcelación que sufrieron los campesinos del Frente
Democrático, Campesino y Popular de Chiapas, es que las tierras comprendidas en el tramo
Las Choapas-Raudales, Kms. 132.060 y 134.945 de la autopista Tuxtla
Gutiérrez-Cosoleacaque-México, jamás han sido objeto de expropiación, por lo que los
campesinos tienen el pleno e irrestricto dominio sobre la propiedad de esos terrenos. Pero
a la fecha no hay el menor indicio de que la SCT rectifique su actitud y cumpla las
resoluciones emitidas por el Poder Judicial de la Federación. Los campesinos estarían
entonces en el legítimo derecho de cercar sus terrenos, o emprender cualquier otra
acción.
Los campesinos
exigen el respeto a su propiedad o en su defecto, la justa indemnización que les
corresponde.
Al finalizar el
periodo ordinario de sesiones, el grupo parlamentario del PRI en voz del diputado César
Augusto Santiago, presentó un punto de acuerdo para pedir mayores recursos para la
conclusión de esta autopista por los problemas técnicos que enfrenta.
En ese sentido,
nuestro compañero César Augusto Santiago, y también ustedes, compañeras y compañeros
legisladores, deberán estar de acuerdo en que el despojo y violación de la ley no pueden
ser tratados como un “problema técnico”. No es exclusivamente con mayores
recursos como pueden llevarse a cabo obras de infraestructura.
Para el grupo
parlamentario del PRD el desarrollo sólo puede ser fomentado bajo el consenso y la
aprobación de las comunidades. Con beneficios tangibles y no con perjuicios y represión.
Con el pleno
respeto a los derechos de los campesinos y las comunidades involucradas.
Por lo
anteriormente denunciado y expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General, el legislador suscrito, integrante del
grupo parlamentario del PRD, somete a consideración de esta honorable Asamblea el
siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión acuerda formular un atento, pero a su vez enérgico, exhorto al Poder
Ejecutivo Federal para que acate y respete las resoluciones del Poder Judicial de la
Federación, en el sentido de respetar los derechos sobre la propiedad de la tierra de los
campesinos agrupados en el Frente Democrático, Campesino y Popular de Chiapas,
beneficiarios del “Fideicomiso Inmobiliario Kilómetro 60 -FDCPPCH F95 07” y del
“Fideicomiso Nuevo Vicente Guerrero”.
Segundo. Con pleno respeto al ámbito de sus
respectivas competencias, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al
Poder Judicial de la Federación y a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo, a aplicar las sanciones que conforme a derecho correspondan en contra de
los funcionarios Lino Palacios Peralta, delegado la SCT en Chiapas; Efraín Arias
Velázquez, residente general de carreteras federales de la SCT en Chiapas, y Margarita
Isabel Pacheco Gonzaga, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la misma dependencia
por haber incurrido en ejercicio indebido de funciones y en actos que constituyen delitos
como lo son la falsificación de documentos oficiales, daños patrimonial y moral, además
de despojo, en perjuicio de campesinos del municipio de Tecpatán, Chiapas, tal y como se
deriva del fallo emitido por el Juzgado Sexto de Distrito y ratificado por el Primer
Tribunal Unitario Vigésimo de Circuito del Poder Judicial de la Federación.
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
instruya a la Auditoría Superior de la Federación a fin de que este organismo practique
una auditoría a los recursos federales destinados a la construcción de infraestructura
carretera en el estado de Chiapas.
México, DF, a 8
de enero de 2003.— Diputados: Ramón León
Morales, Martí Batres Guadarrama (rúbricas).»
«Expropiación
ilegal de tierras en el municipio de Tecpatán, Chiapas; tarjeta informativa.
1) Como
resultado del inmenso rezago agrario, de las incesantes demandas por dotación de tierras
y de la presión ejercida por diversas organizaciones campesinas e indígenas, desde 1995,
el gobierno del Estado de Chiapas comenzó a constituir Fideicomisos para la compra de
tierras a particulares, y al Gobierno Federal para su posterior adquisición y traslado de
dominio a organizaciones campesinas.
2) Desde 1996 la
Secretaría de asuntos Agrarios del PRD inició las gestiones para que los campesinos
agrupados en el Frente Democrático, Campesino, y Popular de Chiapas y en la Alianza
Campesina Mezcalapa pudieran adquirir tierras a través de esta clase de fideicomisos.
3) Con fecha 12
de febrero de 1998 el Frente Democrático, Campesino y Popular de Chiapas adquirió, del
Gobierno Federal y estatal, 2007555 hectáreas de terreno mediante un Contrato de
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Traslado de Dominio al constituirse el
fideicomiso denominado “Fideicomiso Inmobiliario Kilómetro 60 FDCPPCH F95 07”.
Las tierras adquiridas se localizan en el municipio de Tecpatán Chiapas y son
consideradas de primera calidad al ubicarse en el margen izquierdo del Río Grijalva.
4) En el año se
1996 el Gobierno Federal proyectó la construcción de la autopista Tuxtla
Gutiérrez-México (ampliando la autopista México Coatzacoalcos Cosoleacaque. Para la
construcción de esta autopista se necesitarían construir los tramos Tuxtla-Raudales de
Malpaso en Chiapas y los tramos Nanchital-Cosoleacaque en el estado de Veracruz. En el
nuevo tramo correspondiente al estado de Chiapas, la construcción de la obra implica la
afectación de la Reserva Especial de la Biosfera “Selva del Ocote” ubicada en
el municipio de Tecpatán, esto motivó la movilización de organizaciones sociales,
ecologistas y de intelectuales como el llamado “Grupo de los Cien” quienes a
finales de ese año lograron la suspensión de dicha obra.
5) En 1999 se
reiniciaron las obras para la construcción de la autopista bajo un nuevo trazo (que de
cualquier modo afectan un área de amortiguamiento de la Reserva Especial). Con el nuevo
trazo se afectan tierras y fraccionamientos ejidales además de tierras comprendidas en
los Fideicomisos recién creados. En ese mismo año, funcio- narios de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes se entrevistaron en diversas ocasiones con los representantes
del “Fideicomiso Inmobiliario Kilómetro 60 FDCPPCH F95 07” a fin de garantizar
la construcción de la autopista dentro de los terrenos comprendidos en el área de
afectación de ese Fideicomiso. Los campesinos se mostraron dispuestos a negociar ya que
los funcionarios se comprometieron a realizar una justa indemnización.
6) Las
entrevistas constituyeron una especie de acuerdos mínimos pero sin implicar una anuencia
definitiva. A pesar de ello la empresa TRIBASA [beneficiaria del FOBAPROA-IPAB y del FARAC
(rescate carretero)] comenzó la construcción de las obras en las tierras del Fideicomiso
a lo largo de las 30 hectáreas formalmente afectadas, esta empresa además sepultó los
mantos acuíferos que sirven de subsistencia indispensable a las comunidades
usufructuarias del Fideicomiso y arrasó con los árboles que los campesinos habían
destinado como reserva ecológica, afectando de este modo un mayor número de hectáreas
que las consideradas en el trazo de la autopista.
7) Durante el
año 2000 los campesinos afectados solicitaron audiencia al Director de la SCT-Chiapas,
Ing. Lino Palacios Peralta para que éste respondiera por la indemnización prometida. El
funcionario se negó a recibirlos al igual que funcionarios del gobierno estatal quienes
se negaron a mediar en lo que ya se asomaba como un inminente conflicto.
8) A partir del
año 2001 el nuevo tramo de la autopista recibió mayor promoción y cobertura
presupuestaria al ser considerada parte de la infraestructura estratégica del Plan
Puebla-Panamá e integrarse como parte del circuito transístmico.
9) A principios
se ese mismo año, campesinos del municipio de Tecpatán afectados por la construcción de
la obra realizaron múltiples asambleas en las que determinaron cercar sus terrenos para
impedir la continuación de la obra ante la falta de respuesta efectiva de la SCT para
indemnizarlos.
10) El 6 de
febrero de 2001 se presentó en la zona de conflicto (Km. 132. 600 134. 945 en el trazo de
la nueva autopista) el Ing. Efraín Arias Velásquez, Residente General de Carreteras
Federales del Centro SCT Chiapas para ofertar a los campesinos inconformes la cantidad de
10 mil pesos por hectárea afectada. El funcionario mostró un convenio ya redactado para
que los entrevistaron en diversas ocasiones con los representantes del “Fideicomiso
Inmobiliario Kilómetro 60 FDCPPCH F95 07” a fin de garantizar la construcción de la
autopista dentro de los terrenos comprendidos en el área de afectación de ese
Fideicomiso. Los campesinos se mostraron dispuestos a negociar ya que los funcionarios se
comprometieron a realizar una justa indemnización.
11) A pesar de
su negativa los campesinos entendieron que la oferta representaba un indicio de solución,
por lo que el 8 de febrero firmaron un convenio con la SCT y con la empresa TRIBASA para
solucionar el diferendo indemnizatorio bajo la promesa de mejorar y ampliar la oferta de
indemnización. A cambio, los campesinos liberaron el paso para la continuación de la
obra carretera como consta en el Acta Administrativa No. 012/24/2001 ante el Ministerio
Público de Raudales de Malpaso, municipio de Tecpatán, Chiapas.
12) 2 semanas
después, el 26 de febrero de 2001 mediante el oficio No. 707.1.31/0239 emitido por la
SCT, los campesinos fueron enterados que sus terrenos habían sido expropiados según lo
establecía el decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación con fechas 04 y 18 de octubre de 2000. ( Desde la fecha en
la que entró en vigor la supuesta expropiación e incluso en el reinicio de las
negociaciones en febrero de 2001 los campesinos jamás fueron enterados que sus tierras
habían sido objeto de expropiación). El oficio, firmado por Margarita Isabel Pacheco
Gonzaga, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro de la SCT en Chiapas, además
estableció un monto I, definitivo por indemnización sería de 10 mil pesos por hectárea
afectada.
13) Los
representantes del Fideicomiso Inmobiliario Kilómetro 60 - FDCPPCH F95 07 optaron por
iniciar un proceso de Controversia Administrativa en contra de la SCT inconformándose
legalmente por el monto de la indemnización.
14) En respuesta
a esa determinación, y sin que los campesinos hubieran vuelto a impedir el acceso a las
obras de construcción el 8 de marzo la SCT interpuso demanda penal en contra de los
representantes del Fideicomiso argumentando la comisión del delito oposición a la
ejecución de obras y trabajos públicos que dio origen a la averiguación previa No.
TGZ/140/I/Ol del Ministerio Público Federal.
15) El 6 de
junio de 2001, el juez sexto de distrito Lic. Juan Antonio Estrada Quintero, sin
fundamento ni elementos que dieran motivos a ejercer la acción penal, liberó ordenes de
aprehensión por la causa penal 55/2001 en contra de Evangelina Gómez Alcázar,
representante legal del Fideicomiso; Vicente Franco de la Fuente, secretario y Hernán
López Lancino, tesorero del Fideicomiso. Además, contra Norberto Franco Benavides, padre
del tesorero, y de Jorge Motolinía Sánchez, quien defendía al grupo en su calidad de
Secretario de asuntos agrarios del Partido de la Revolución Democrática en Chiapas.
Estas personas fueron encarceladas y para obtener su libertad tuvieron que depositar una
fianza de 15,000 pesos cada una.
16) El 16 de
mayo de 2002 después de más de un año de proceso judicial en el que ambas partes
desahogaron y agotaron las pruebas que consideraron necesarias para la resolución
favorable del proceso el juez sexto de distrito, Rodolfo Pedraza Longi, resolvió absolver
a los campesinos de los delitos imputados, al no encontrar ningún elemento
incriminatorio. El Juez determinó dictar Sentencia Absolutoria Definitiva a Evangelina
Gómez Alcázar, Vicente Franco de la Fuente, Hernán López Lancino, Norberto Franco
Benavides y Jorge Motolinía Sánchez.
17) La parte
acusadora, a través del Ministerio Público adscrito al juzgado sexto de distrito apeló
la Sentencia Absolutoria, por lo que el caso fue turnado al Primer Tribunal Unitario
Vigésimo de Circuito. Este tribunal, con fecha 26 de julio de 2002, en su resolución de
Segunda Instancia ratificó la sentencia absolutoria que favorece a los campesinos
afectados.
18) Para
fundamentar el dictamen de su sentencia absolutoria, el juez Pedraza Longi, encontró que
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes alteró copias de ejemplares del Diario
Oficial de la Federación con fechas 04 y 18 de octubre de 2000 y el Acta Administrativa
No. 012/24/2001 del Ministerio Público de Raudales de Malpaso mismas que ofreció como
pruebas para inculpar a los campesinos procesados y posteriormente encarcelados. En el
Diario Oficial original, las fracciones I, II, III, IV y V aparecen en blanco y en la
copia falsificada se agrega, respectivamente: Col. Esperanza, Fideicomiso Km. 54,
Fideicomiso Km. 54, C. Ulises Domínguez Romero, y Fideicomiso Km 60.
19) La
conclusión jurídica mas allá de la injusta encarcelación que sufrieron los campesinos
del Frente Democrático, Campesino, y Popular de Chiapas es que las tierras comprendidas
en el tramo Las Choapas-Raudales, Kms. 132.060 y 134.945 de la autopista Tuxtla
Gutiérrez-Cosoleacaque-México, jamás han sido objeto de expropiación, por lo que los
campesinos tienen el pleno e irrestricto dominio sobre la propiedad de esos terrenos.
20) Las
desesperadas y torpes acciones emprendidas por los funcionarios de la SCT, además de
constituir la comisión de delitos han levantado la fundada sospecha o presunción de
fraude en perjuicio del presupuesto federal. Según parece, la demanda penal ejercida en
contra los campesinos también pretendió ocultar el desvío de, por lo menos, 25 millones
de pesos que estaban presupuestados para ese tramo pero jamás fueron ejercidos.
21) A la fecha,
los campesinos del Frente Democrático, Campesino, y Popular de Chiapas siguen esperando
una indemnización del Gobierno Federal, pero no hay el menor indicio de que la SCT
rectifique su actitud y cumpla las resoluciones emitidas por el Poder Judicial de la
Federación. Las obras de construcción en los terrenos propiedad de estos campesinos han
quedado prácticamente concluidas. Ante la sistemática falta de respuesta, los
fideicomisarios han considerado necesario e inminente volver a cercar sus terrenos y
comenzar a “desprender el pavimento”. Estas acciones suscitarían un nuevo
conflicto entre la comunidad, y el Gobierno Federal, involucrando incluso al propio
gobierno estatal.
22) El jueves 14
de noviembre de 2002 se publicó en un periódico de distribución regional (Cuarto Poder)
una inserción pagada por el Dip. César Augusto Santiago donde apareció el texto de una
Proposición con Punto de Acuerdo en la que se responsabiliza al gobierno del estado de
Chiapas por la obra carretera inconclusa:
“En el
Programa de Trabajo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se programó un
gasto de 1,327.6 millones de pesos del FIDES (Fideicomiso del Desarrollo del Sureste), de
los cuales se destinaría 1,264.1 millones de pesos para la construcción de 43.9 km, de
la Carretera San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez y el Puente San Cristóbal. Y se avanzará
en la construcción de la carretera OcozocoautlaLas Choapas y el Puente Chiapas, con estas
acciones se pondrían en operación 1999,9 km. Sin embargo, ambas obras no concluyen.
Las dos
carreteras son fundamentales para los chapanecos, están detenidas y sólo faltan
pequeños tramos para concluirlas, como lo son el llamado Puente Chiapas v el Puente San
Cristóbal, en donde se han encontrado problemas técnicos para su construcción.
La carretera que
comunicaría al centro del país con la capital del estado ya no debe seguir con la
inercia de otras épocas que en Chiapas parece constituir un modelo: obras importantes que
se inician y nunca concluyen.
Si se pretende
de verdad invitar a la inversión, y convocar a los inversionistas, primero se tiene que
resolver, como podrán mover con facilidad y en costos competitivos, las mercancías o las
materias primas que salgan de Chiapas o se requieran en Chiapas...
Por eso pedimos
que se asignen en el presupuesto federal los recursos suficientes y etiquetados para
elaborar la conclusión exitosa de estas dos carreteras...
Esta carretera
está prácticamente concluida, pero el Gobierno del Estado maneja información diseñada
para no concluirla ....esta carretera no se puede usar por que al Gobierno no le da la
gana”.
Como puede
observarse en el texto, el Diputado César Augusto atribuye también a “problemas
técnicos” la falta de conclusión en la autopista y a su vez pide la asignación de
mayores recursos federales para finalizarla. Al parecer el Diputado priísta no cuenta con
la suficiente información, o tal vez para él, despojo y violación de la ley representan
un “problema técnico”. Este Punto de Acuerdo no ha sido aún presentado ante la
Cámara de Diputados y bien podrían debatírsele sus argumentos con la información
presentada en esta tarjeta informativa o con el texto de la fundamentación del Punto de
Acuerdo que, sobre el mismo tema, considere el PRD presentar en tribuna.
Elaborado por
Miguel Angel Montoya Asesor del Grupo Parlamentario del PRD en la Comisión Especial
Sur-Sureste.»
«Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, a dieciséis de mayo de dos mil dos.
Vistos; para
dictar sentencia definitiva en los autos de la causa penal 55/2001 instruida contra JORGE
MOTOLINIA SANCHEZ, EVANGELINA GOMEZ ALCAZAR, NORBERTO FRANCO BENAVIDES, VICENTE FRANCO DE
LA FUENTE y HERNAN LOPEZ CANCINO, por su responsabilidad penal en el delito de OPOSICION A
QUE SE EJECUTE ALGUNA OBRA O TRABAJOS PUBLICOS, ilícito previsto y sancionado por el
artículo 185, en relación al 13 fracción III, del Código Penal Federal; y
RESULTANDO
I.- Por oficio
1052, recibidos en oficialía de partes de este juzgado, el dieciséis de abril de dos mil
uno, el representante social de la Federación en esta ciudad, consignó la averiguación
previa TGZ/40/I/2001 y ejerció acción penal contra, JORGE MOTOLINIA SANCHEZ NORBERTO
FRANCIO BENAVIDES, EVANGELINA GOMEZ BALCAZAR, HERNAN LOPEZ CANCINO Y VICENTE FRANCO DE LA
FUENTE, por el delito que quedó señalado en el párrafo que antecede en oficio número
1055, del día siguiente solicitó se librara la correspondiente orden de aprehensión
contra dichos acusados (fojas 215 y 218).
II.- En
proveído de diecisiete de abril de dos mil uno, se ordenó formar la causa penal
respectiva, la que se registró con el número II-55/2001, y se reservó acuerdo respecto
a la orden de aprehensión solicitada (foja 219).
III.- Con fechas
treinta de abril de dos mil uno se libró la orden de aprehensión contra JORGE MOTOLINIA
SANCHEZ, EVANGELINA GOMEZ ALCAZAR, NORBERTO FRANCO BENAVIDES, VICENTE FRANCO DE LA FUENTE
y HERNAN LOPEZ CANCINO la que fue cumplimentada por cuanto hace al procesado JORGE
MOTOLINIA SANCHEZ, el seis de junio de dos mil uno, por los elementos de la Policía
Judicial Federal; se decretó la detención judicial de éste y con esa misma fecha, se
receptuó su declaración preparatoria con las formalidades de ley (fojas 223 a 255).
IV.- El
veintiuno de junio de dos mil uno, comparecieron los encausados EVANGELINA GOMEZ ALCAZAR,
NORBERTO FRANCO BENAVIDES, VICENTE FRANCO DE LA FUENTE y HERNAN LOPEZ CANCINO ante éste
Tribunal, bajo los efectos de la suspensión provisional decretada por el Juez Primero de
Distrito en el Estado de Chiapas en el juicio de amparo 569/2001, por lo que con esa fecha
de decretó la detención virtual de los mismos y se les escuchó en declaración
preparatoria con las formalidades de ley (fojas 297 a 309).
V.- Con fechas
doce y veintisiete de junio de dos mil uno, se dictaron autos de formal prisión
respectivamente, a los encausados JORGE MOTOLINIA SANCHEZ, EVANGELINA GOMEZ ALCAZAR,
NORBERTO FRANCO BENAVIDES, VICENTE FRANCO DE LA FUENTE y HERNAN LOPEZ CANCINO, por el
delito de OPOSICION A QUE SE EJECUTE ALGUNA OBRA O TRABAJOS PUBLICOS; resoluciones que
fueron recurridas y confirmadas por el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito en
el Estado de Chiapas (fojas 251 a 262, 345 a 361, 487 a 509 y 589 a 613).
VI.- Durante la
instrucción de la causa, se recibieron los oficios de los Alcaides del Centro de
Prevención y Readaptación Social en el Estado de Chiapas número Uno y Seis,
respectivamente módulo “Cerro Hueco”, en esta ciudad de la Dirección de la
Policía Judicial del Estado de Chiapas, de la Coordinación de Prevención y
Readaptación Social del Estado de Chiapas y del Registro Nacional de Identificación
dependiente de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social con sede en
México Distrito Federal, quienes informaron que no se encontraron antecedentes penales
contra los encausados JORGE MOTOLINIA SANCHEZ, EVANGELINA GOMEZ ALCAZAR, NORBERTO FRANCO
BENAVIDES, VICENTE FRANCO DE LA FUENTE y HERNAN LOPEZ CANCINO (fojas 287, 289, 329 a 330,
401 y 418).
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Este
juzgado es competente para conocer del presente asunto de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 21, 104 fracción I, A, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos 48 y 50 fracción I inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, 6 y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como el acuerdo
23/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de
abril de dos mil uno, en su artículo cuarto fracción XX.
SEGUNDO.- En la
indagatoria de cuenta existen entre otras, las siguientes constancias:
1.- Denuncia
presentada ratificada por Margarita Isabel Pacheco Gonzaga, Jefe de la Unidad de Asuntos
Jurídicos del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien con fecha
siete de marzo de dos mil uno, hizo del conocimiento de Representante Social de la
Federación, que de acuerdo con las atribuciones que se han encomendado a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes y como se acredita con la copia debidamente certificada de
la tarjeta de autorización de obra conforme al contrato con número 9-G-CE-A-617-W-0-9,
tiene celebrado con la Empresa Triturados Basáticos, Sociedad Anónima de Capital
Variable, contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado para ejecutar
la obra consistente en construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de
concreto asfáltico, entronques, estructuras, obras complementarias y señalamientos, del
kilómetro 105+000 al kilómetro 135+000, del tramo; Las Choapas-Raudales carretera
México-Tuxtla Gutiérrez que por nota informativa suscrita por el ingeniero Efraín Arias
Velásquez, residente general de carreteras federales del Centro de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes Chiapas fue informada que con fecha tres de febrero del año
que transcurre, ANGELINA GOMEZ ALCAZAR, NORBERTO FRANCO BENAVIDES, VICENTE FRANCO DE LA
FUENTE y JORGE MOTOLINIA SANCHEZ, quienes son representantes del fideicomiso agrario
kilómetro 60, establecieron un bloqueo a base de troncos de madera y alambres de púas
interrumpiendo los trabajos en el subtramo de los kilómetros 132+060 y 134+945;
reportando pérdidas económicas diarias de aproximadamente seiscientos mil pesos moneda
nacional, y, que tales hechos se denunciaron ante la agencia investigadora del Ministerio
Público del Fuero Común, en Raudales-Malpaso, Chiapas, por Roberto Cortés Aguilar,
representante legal de la Empresa Triturados Basálticos, Sociedad Anónima de Capital
Variable, quedando radicada la averiguación respectiva, en la agencia de dicha
población, el día cinco de febrero de dos mil uno bajo el número 012/24/2001; la
denunciante anexó a su escrito diversa documentación consistente en copias certificadas
de tarjeta de autorización de obra, contrato número 9-G-CE-A-617-W-0-9, procedimientos
para el ajuste de los costos, tarjeta 0037, acta de asamblea de cambio de directiva, en la
que se asentaron los nombres de EVANGELINA GOMEZ ALCAZAR, VICENTE FRANCO DE LA FUENTE y
HERNAN LOPEZ CANCINO, como presidente, secretario y tesorero respectivamente, acta
administrativa 012/24/2001, y análisis de precios unitarios (fojas 3 a 38).
2. Cuatro placas
fotográficas donde se aprecia el bloqueo carretero a la altura del kilómetro 132+060 al
kilómetro 134+945 de la carretera en construcción México-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
(fojas 39 y 40).
3. Fe
ministerial del tramo carretero Las Choapas-Raudales, de la carretera en construcción
México-Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 132+060 al kilómetro 134+945, en la
que el agente del Ministerio Público asentó que en dicha carretera no se permite el paso
de vehículos, y al entrar a una curva, se encuentran colocadas cubriendo lo ancho de la
carretera en construcción, tres “hileras” de alambres de púas sostenidos por
piedras y pequeños palos de madera y como a diez metros otra hilera de la misma manera,
lo que no permite que los trabajadores y la maquinaria continúen los trabajos propios de
la construcción (foja 48).
4. Dieciséis
exposiciones fotográficas, en donde se aprecia el bloqueo carretero realizado a la altura
del kilómetro 132+945, de la carretera en construcción México-Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas (fojas 39 a 42 y 50 a 57).
5. Declaración
ministerial del enjuiciado JORGE MOTOLINIA SANCHEZ, de fecha veinte de marzo de dos mil
uno, quien refirió que como representante de la organización, consiguió acuerdo agrario
con las autoridades estatales y Federales en donde incluían Fideicomisos, kilómetro
FDCLPCH F 07 y Nuevo Vicente Guerrero, municipio de Tecpatán, Chiapas, teniendo las
escrituras públicas certificadas números 8059 y 8057 del año de mil novecientos noventa
y ocho, en donde se acredita la propiedad de los terrenos a favor de los representantes de
los Fideicomisarios kilómetro 60 y Nuevo Vicente Guerrero; que en el proyecto de la
carretera Tuxtla Gutiérrez-México, no estaban incluidos dichos terrenos, es decir, en el
trazo inicial para que pasara la carretera, posteriormente los representantes de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, trataron de negociar con los representantes
del Fideicomiso, puesto que por los terrenos afectados pasaría la autopista,
interviniendo para ello personal de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Pesca, y de la Comisión de Avalúos del Bienes nacionales (CABIN), en donde la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, manipuló y planteó el precio que les
pagarían por los terrenos, aun cuando la ecología se vería afectada enormemente, pues
se iba a tirar gran parte de arbolado que hay en el lugar; que no hubo arreglo alguno, sin
embargo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entró a los terrenos con varias
constructoras y comenzaron los trabajos; pasados dos años de engaños, afectaron varios
terrenos de los integrantes del fideicomiso, así como las servidumbres de paso, de usos y
costumbres que fueron el paso habitual de las comunidades afectadas, dejando incomunicado
de un terreno a otro siendo de un mismo propietario, extralimitándose de los cien metros
que solicitó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción de la
carretera referida, por lo que con fecha ocho de febrero del año dos mil uno, los
integrantes del fideicomiso acordaron cerrar los terrenos, levantando para ello un acta
administrativa, elaborada por el Agente Municipal René Aguilar López, quien se presentó
ante el Agente del Ministerio Público del fuero común, en Raudales-Malpaso; que los
fideicomisarios propietarios de los terrenos afectados, se encuentran cercados por su
propios dueños, impidiendo el proyecto de construcción de la carretera mencionada, que
posteriormente se enteró, el veintiséis de febrero del año en curso, por medio del
oficio S.C.T. 707.1.31/0239, que los terrenos de los fideicomisarios estaban expropiados,
se interpuso el recurso de revocación en contra de la declaratoria correspondiente en
contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin que hasta la fecha hayan
dado respuesta; en dicha diligencia exhibió diversa documentación, como son el oficio
dirigido al Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
en donde se interpone controversia en contra del monto de la indemnización que dictaminó
la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, oficio en donde la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes exhorta a los fideicomisarios a firma convenio de pago por
indemnización, acta levantada por el Agente Municipal del Poblado Genaro Vázquez Rojas,
minuta de trabajo celebrada entre los representantes de los fideicomisarios afectados,
instrumento público número ocho mil cincuenta y nueve, volumen número doscientos uno,
en donde se celebró el contrato de fideicomiso irrevocable de administración y
traslativo de dominio que se denomina Fideicomiso inmobiliario kilómetro 60, instrumento
notarial número ocho mil cincuenta y siete volumen número ciento noventa y nueve, del
contrato de compraventa del inmueble (foja 65 a 147).
6. Declaración
ministerial ratificada en preparatoria del enjuiciado NORBERTO FRANCO BENAVIDES, quien
refirió que no es parte del fideicomiso que se ha mencionado con respecto a la carretera
en construcción Tuxtla Gutiérrez-México, y agregó que su hijo de nombre VICENTE FRANCO
DE LA FUENTE, es integrante del fideicomiso kilómetro 60, quien se encuentra fuera del
lugar (foja 148 y 307 a 308).
7. Declaración
ministerial ratificada en preparatoria de la enjuiciada EVANGELINA GOMEZ ALCAZAR, quien
refirió que es representante común del fideicomiso kilómetro 60 FDCPCH F 9507, que en
el proyecto de la carretera Tuxtla Gutiérrez-México, no estaban incluidos los terrenos
del fideicomiso aludido, para que pasara la carretera, posteriormente los representantes
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, trataron de negociar con los
representantes del Fideicomiso, puesto que por dichos terrenos pasaría la autopista,
interviniendo para ello personal de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Pesca, y de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN), que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, planteó el precio que les pagarían por los terrenos, aun
cuando la ecología se vería afectada enormemente, pues se iba a tirar gran parte de
arbolado que hay en el lugar; que aun cuando no hubo arreglo, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes entró a los terrenos con varias constructoras y comenzaron
los trabajos; que pasaron dos años de engaños, y se afectaron varios terrenos de los
integrantes del fideicomiso, así como las servidumbres de paso, de usos y costumbres que
fueron el paso habitual de las comunidades afectadas, dejando incomunicado de un terreno a
otro siendo de un mismo propietario, extralimitándose de los cien metros que solicitó la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción de la carretera
referida, por lo que con fecha ocho de febrero del año en curso, acordaron los
integrantes del fideicomiso cerrar los terrenos, levantando para ello un acta
administrativa, posteriormente se enteró, por medio del oficio S.C.T.707.1.31/0239 que
con fecha veintiséis de febrero del año en curso, los terrenos de los fideicomisarios
estaban expropiados, se interpuso el recurso de revocación en contra de la declaratoria
correspondiente en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin que hasta
la fecha hayan dado respuesta (fojas 151 a 152 y 303 a 304).
8. Dictamen
emitido por los ingenieros Jairo S. Santiago Manríquez y Javier Salameron Alarcón, de
fecha trece de febrero de dos mil uno, debidamente ratificado, en el que determinan el
costo diario por paro de la obra por parte del ejido fideicomiso kilómetro 60, siendo
afectada la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por el bloqueo de la carretera en
construcción Las Choapas-Raudales kilómetro 132+60 al 134+945, que asciende a la
cantidad de veintidós millones ochocientos un mil ciento cuatro pesos con cuarenta y seis
centavos (Fojas 156 A 160).
9. Oficio
número S.C.T.707.01.13/712/01, suscrito por la jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos
del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de fecha veintidós de marzo
de dos mil uno, por el que exhibió Diario Oficial
de la Federación de fecha cuatro de octubre de dos mil, en donde se decretó la
expropiación de la superficie de 517,509.41 y 71,794.30 metros cuadrados, ubicados en los
municipios de Tecpatán y Las Choapas, Estados de Chiapas, y Veracruz, destinados a la
construcción de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, tramo Las Choapas-Raudales;
asimismo, consta en dicho documento que se afecta una superficie de 175,762.04 metros
cuadrados, y se inicia la afectación en el PSC=132+064.00 correspondiente al Fideicomiso
kilómetro 60 (que es el tramo que se encuentra bloqueado), refiriendo que el artículo
cuarto del citado decreto señala que el Gobierno Federal, por conducto de la Comisión de
Avalúos de Bienes Nacionales, fijará el monto de las indemnizaciones que deban cubrirse
en los términos de ley (fojas 164 a 172).
10. Copias
debidamente certificadas del avalúo emitido por la Comisión de Avalúos de Bienes
nacionales, Delegación Regional Sureste, dependiente de la Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo, en el que se determina que el precio unitario por hectárea es
por la cantidad de siete mil quinientos pesos; nuevo avalúo emitido por la Comisión de
Avalúos de Bienes nacionales, señalando como precio unitario por hectárea la cantidad
de diez mil pesos; oficio de fecha trece de marzo de dos mil uno, signado por el Ingeniero
Lino Palacios Peralta, Gerente General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes de Chiapas, quien informa al Subgerente fiduciario del Banco de Crédito Rural
del Istmo, Sociedad Nacional de Crédito, que la indemnización por concepto de los
terrenos del fideicomiso kilómetro 60, se depositará en la cuenta número 56980001836, a
nombre del Fideicomiso “Fondo 95”, asimismo informa que el pago correspondiente
se efectuó por la cantidad de ciento setenta y cinco mil quinientos seis pesos con dos
centavos; ficha de depósito de cheques número 0727773, la cual ampara la cantidad antes
mencionada; acta levantada con motivo de la toma de posesión y entrega que realiza la
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo a favor de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, en cumplimiento al decreto presidencial expropiatorio de
fecha veinticinco de septiembre de dos mil, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación los días cuatro y
dieciocho de octubre del mismo año, respecto de la superficie de 517,509.41 metros
cuadrados, localizada en el municipio de Tecpatán, Estado de Chiapas (fojas 167 a 189).
11. Oficio
número 623/2001, suscrito por Baltazar Cabañas Ortiz e Isidro Rubén Rodríguez,
Policías Judiciales Federales, quienes informan que al trasladarse al kilómetro 134+195
de la carretera en construcción México-Tuxtla Gutiérrez, tramo Raudales-Malpaso,
constataron que existen troncos de madera y cercas de alambre de púas a lo ancho del
tramo carretero en construcción, actualmente de terracería y habiendo entrevistado a
EVANGELINA GOMEZ ALCAZAR, NORBERTO FRANCO BENAVIDES, VICENTE FRANCO DE LA FUENTE Y JORGE
MOTOLINIA SANCHEZ, éstos les manifestaron que son los únicos dueños de los terrenos en
conflicto; de igual forma se entrevistaron con la Jefa de asuntos jurídicos del Centro de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien refirió que no es posible continuar
con los trabajos de construcción de la carretera, en virtud de que continúa bloqueada
(fojas 193 y 194).
12. Declaración
ministerial ratificada en preparatoria del enjuiciado HERNAN LOPEZ CANCINO, quien refirió
que funge como tesorero del Fideicomiso Kilómetro 60, que cuando sus compañeros
bloquearon el tramo carretero referido, no se encontraba en dicho lugar, ya que por
motivos de trabajo estuvo fuera de su comunidad (foja 198 y 305 a 306).
13. Declaración
preparatoria del enjuiciado JORGE MOTOLINIA SANCHEZ, de fecha seis de junio de dos mil
uno, quien ratificó su declaración ministerial (fojas 252 a 255).
14. En Proveído
de trece de junio de dos mil uno, se tuvieron por recibidas las documentales ofrecidas por
el defensor particular licenciado Isaac Ramírez Jiménez, a favor del encausado JORGE
MOTOLINIA SANCHEZ (fojas 268 a 282 y 284).
15. Declaración
preparatoria del enjuiciado VICENTE FRANCO DE LA FUENTE, quien entre otras cosas
manifestó no ser cierto lo asentado en los hechos de denuncia de siete de marzo de dos
mil uno, ya que efectivamente es representante del grupo, pero que no estuvo el día de
los hechos, porque se encontraba en Cárdenas, Tabasco, elaborando su tesis, conjuntamente
con su papá (fojas 309 a 310).
16. Con fecha
veintisiete de junio de dos mil uno, se tuvieron por recibidas las documentales exhibidas
por el licenciado Isaac Ramírez Jiménez, a favor de los procesados EVANGELINA GOMEZ
ALCAZAR, NOBERTO FRANCO BENAVIDES, HERNAN LOPEZ CANCINO Y VICENTE FRANCO DE LA FUENTE
(fojas 371 a 397).
17. Constancias
de residencia expedida por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas,
a favor de Evangelina Gómez Alcaraz, Hernán López Cancino, Norberto Franco Benavides,
Vicente Franco de la Fuente (fojas 623 a 626).
18. Copias
certificadas del acta administrativa número 012/24/2001, ante la Procuraduría General de
Justicia del Estado, iniciada por Roberto Cortés Aguilar, quien denunció posibles hechos
delictuosos cometidos en su agravio contra Evangelina Gómez Alcaraz y Norberto Franco
Benavides (fojas 764 a 778).
19. Testimonial
de descargo de Daniel Vázquez Pimentel, René Aguilar López, José Pérez López,
Eduardo Pérez Cruz, Leoncio Rendón Alarcón y Lucio Santos Muñoz, quien el primero de
los nombrados dijo que EVANGELINA GOMEZ ALCARAZ, no se encontraba en el lugar que dicen
sucedieron los hechos, ya que llegó a Malpaso, Chiapas; el segundo de los nombrados dijo
que le consta que los encausados no estuvieron en el lugar de los hechos, ya que es
Presidente Municipal del Poblado y tuvo conocimiento perfectamente de los hechos; y los
tres últimos de los nombrados dijeron de manera uniformes y contestes sobre los hechos
que se le imputan a Evangelina Gómez Alcaraz, no ser ciertos. (fojas 806 a 808).
20. Diligencias
de careos constitucionales entre los encausados Jorge Motolinia Sánchez, Norberto Franco
Benavides, Evangelina Gómez Alcaraz, Hernán López Cancino y Vicente Franco de la
Fuente, y la denunciante de los hechos María Margarita Isabel Pacheco Gonzaga, en la que
se obtuvo como resultado que ambas partes sostuvieron sus declaraciones iniciales sin
aludir situaciones diversas (fojas 832 a 835).
21. Original del
Diario Oficial de la Federación, de dieciocho
de octubre de dos mil (fojas 925 a 988).
22. Copia
certificada de la resolución constitucional deducido del juicio de garantías número
659/2001, en la que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, amparó y
protegió a Evangelina Gómez Alcaraz y Arnulfo Altunar Cruz, contra actos del Director
General del Centro S.C.T. CHIAPAS, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Subdirector de Obras del Centro S.C.T. CHIAPAS, Presidente General de Carreteras Federales
del Centro S.C.T. CHIAPAS, y Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro S.C.T.
CHIAPAS, residente en esta ciudad, y señalado como acto reclamado el contenido del oficio
S.C.T., 707,01.13/1341/01; la falta de contestación al escrito de doce de marzo de dos
mil uno, y la autoritaria invasión de predios de fideicomisos inmobiliarios kilómetro 60
FDPCH F9507, y Nuevo Vicente Guerrero (fojas 992 a 1000).
23. Dictamen
pericial emitido y ratificado por Carlos Gómez Narcia, Perito en Criminalística, quien
concluyó que en la copia simple del Diario Oficial
de la Federación, de miércoles dieciocho de octubre de dos mil, exhibida por la abogada
Margarita Isabel Pacheco Gonzaga, sí presenta alteración por adición al texto original
precisamente en la página (primera sección), 59, consistentes estas alteraciones en:
adición de (Col. Nueva Esperanza) en la fracción I, adición en la fracción II;
adición de (fideicomiso km. 54) en la fracción III. Adición (C. Ulises Domínguez
Romero) en la fracción IV; adición (fideicomiso km. 60), en fracción V; así también,
determinó que la copia simple del acta administrativa número 12/24/2000, exhibida por la
abogada Margarita Isabel Pacheco Gonzaga, sí presenta alteraciones por su presión de
textos consistentes en la falta de actuaciones realizadas en la agencia del Ministerio
Público de Raudales Malpaso, Chiapas; en sus anexos 1 al 8, del referido dictamen,
mediante exposiciones fotográficas hace la comparación de los documentos originales con
las copias simples que exhibió Margarita Isabel Gonzaga (fojas 1026 a 1038 y 1042).
24. Copias
certificadas de la elección del cincuenta y uno Consejeros estatales incluidos
Presidentes y Secretario General del Partido General Democrático del Estado de Chiapas,
planilla de votación expedida a favor de Jorge Motolinía Sánchez, del tres de febrero
de dos mil uno; convocatoria del Partido de la Revolución Democrática IV Consejo, en la
que convoca a los consejeros estatales a sesión de pleno extraordinario de IV, Consejo
Estatal a celebrarse el tres de febrero de dos mil uno, a las nueve de la mañana en el
salón Quetzal del Hotel María Eugenia de esta ciudad; constancia expedida por Joel
Hidalgo González, Coordinador de la Mesa Directiva del IV Consejo Estatal, quien hace
constar que el tres de febrero de dos mil uno , se llevó a cabo en el salón Quetzal del
Hotel María Eugenia en esta ciudad, en la que estuvo presente el ingeniero Jorge
Motolinía Sánchez; lista de asistencia en la que se hace constar que Jorge Motolinia
Sánchez, estuvo presente el tres de febrero de dos mil uno, en el IV Consejo Estatal del
Partido de la Revolución Democrática (foja 1068 a 1076).
TERCERO.- Antes
de entrar al estudio del cuerpo del delito es preciso señalar que, si bien es verdad, que
con las anteriores probanzas reseñadas en el apartado que antecede, al momento de dictar
Auto de Formal Prisión, estas fueron suficientes para tener por acreditado el cuerpo del
delito y hacer probable la responsabilidad penal de los enjuiciados: JORGE MOTOLlNIA
SANCHEZ, EVANGELINA GOMEZ ALCAZAR, NORBERTO FRANCO BENAVIDES, VICENTE FRANCO DE LA FUENTE
y HERNAN LOPEZ CANCINO, en la comisión del delito de la OPOSICION A QUE SE EJECUTE ALGUNA
OBRA Y TRABAJOS PUBLICOS, ilícito previsto sancionado por el artículo 185, en relación
al 13, fracción III del Código Penal Federal, sin embargo en esta etapa decisoria del
proceso, es menester analizar y determinar si éstas son claras, precisas fehacientes e
indubitables, para sustentar una sentencia de condena.
En tal virtud
los medios de prueba, adminuculados entre sí, en su debido orden lógico y natural, y
valorados de conformidad con los artículos 279 a 290 de la ley adjetiva de la materia, no
son eficaces para acreditar el cuerpo del delito la OPOSICION A QUE SE EJECUTE ALGUNA OBRA
O TRABAJOS PUBLICOS, ilícito previsto y sancionado por el artículo 185, en relación al
13, fracción II, del Código Penal Federal, que les atribuye a JORGE MOTOLINIA SANCHEZ,
EVANGELINA GOMEZ ALCAZAR, NORBERTO FRANCO BENAVIDES, VICENTE FRANCO DE LA FUENTE Y HERNAN
LOPEZ CANCINO, en términos del artículo 168, párrafo segundo, del Código Federal de
Procedimientos Penales, que señala: “Por cuerpo del delito se entiende el conjunto
de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley
señale como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica
lo requiera”.
Por su parte, el
numeral 185, del Código Penal Federal, señala: “Cuando varias personas de común
acuerdo procuren impedir la ejecución de una obra o trabajos públicos, o la de los
destinados a la prestación de un servicio público, mandados a hacer con los requisitos
legales por autoridad competente, o con su autorización, serán castigados con tres meses
a un año de prisión, si sólo se hiciere una simple oposición material sin violencia.
En caso de existir violencia, la pena será hasta de dos años”.
De la
trascripción típica de referencia se desprenden los siguientes elementos normativos:
a) Varias
personas de común acuerdo, b) Procuren impedir, c) La ejecución de una obra o trabajos
públicos, d) Que éstos estén mandados a hacer con los requisitos legales, y e) El
elemento subjetivo, se trata de un delito doloso, esto es, que los sujetos activos deban
querer realizar la conducta.
Así las cosas,
y del análisis valorativo de cada uno de los elementos normativos del ilícito a éstos,
no se llega a determinar que los sujetos activos de común acuerdo con otras personas, el
tres de febrero de dos mil uno, en el subtramo 132+060 y 134+945 del tramo carretero Las
Choapas-Raudales Carretera México-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, impidieran la ejecución de
una obra destinada a la prestación de un servicio público, obra que no cumplió con los
requisitos legales, pues según la denunciante de los hechos quien resultó ser la
representante legal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo que se
decretó que fue publicado en el Diario Oficial
de la Federación de cuatro y dieciocho de octubre de dos mil Cumpliendo de esta forma con
lo establecido en el artículo 4o. de la Ley de Expropiación, tocante a la notificación
a los afectados, es decir, ésta debería ser personal y en caso de ignorarse el domicilio
de tales afectados, para que surtiera efectos de notificación personal, el decreto se
debería publicar dos veces en el Diario preanotado, situación que no sucedió.
En efecto, y si
bien el elemento normativo “... de una obra o trabajos públicos mandados a hacer con
los requisitos legales por autoridad competente, o con autorización...”, resulta ser
el objeto material sobre el cual recae la conducta típica, debiéndose destacar que los
trabajos deben prevenir por mandato de alguna autoridad pública, pero además cubrir
éstos las disposiciones legales específicamente establecidas para la ejecución de los
mismos, quedando dentro de ello establecido que la autoridad que mande hacer las obras o
quienes hubieren dado la autorización para las mismas deben ser competentes, es decir,
deben estar dentro de sus atribuciones concretas el haber mandado o el haber autorizado la
ejecución de la obra o trabajo correspondiente, pues si faltara alguno de estos aspectos
la conducta desplegada por los agentes será atípica. Circunstancia que en el presente
caso se actualiza en virtud de que de autos consta fehacientemente que no fue autorizada
la expropiación de los subtramos 132+060 y 131+945 del tramo carretero Las
Choapas-Raudales, Carretera México-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pues del peritaje emitido
y ratificado por Carlos Gómez Narcia perito en criminalística, quien concluyó que en la
copia simple del Diario Oficial de la
Federación, de miércoles dieciocho de octubre de dos mil, exhibida por la abogada
Margarita Isabel Pacheco Gonzaga, sí presenta alteración por adición al texto original
precisamente en la página (primera sección), 59, consistentes estas alteraciones en
adición de (Col. Nueva Esperanza) en la fracción I, adición de (fideicomiso km. 54), en
la fracción II; adición (C. Ulises Domínguez Romero) en la fracción IV; adición
(fideicomiso km. 60) en la fracción V; mismo peritaje el cual se corrobora con el
original del Diario Oficial de la Federación,
de dieciocho de octubre de dos mil, en la que claramente se aprecia que dentro de las
expropiaciones hechas por la Federación no se contemplan los subtramos kilómetros
132+060 al kilómetro 134+060; a mayor abundamiento debe destacarse que de las constancias
a estudio no se advierte que los integrantes del fideicomiso kilómetro 60, ahora
encausados, hayan sido legalmente notificados, pues aún sin conceder se hubiesen
expropiado los multicitados tramos carreteros, también lo es que éstos no fueron
indemnizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para poder tomar
posesión de las fracciones de tierras en las que se encuentra planeada la construcción
de la carretera México-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tal aseveración se robustece con la
copia certificada del acta administrativa número 12/24/2001, iniciada ante el Agente del
Ministerio Público del fuero común de Raudales Mal Paso, en la se que advierte que
Roberto Cortez Aguilar, Superintendente en el tramo kilómetro 60, Municipio de Tecpatán,
Chiapas, denunció hecho y argumentó que dichos terrenos son propiedad del denominado
fideicomiso kilómetro 60, consistentes en más de veinte familias, las cuales se vieron
afectadas, mismas que no han sido indemnizadas por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, en tal virtud taparon el referido tramo carretero; de igual forma aparece en
dicha acta administrativa, la minuta de trabajo elaborada el siete de febrero de dos mil
uno, celebrada entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, representada por el
ingeniero Efraín Arias Velásquez; por parte de la empresa Tribasa, el ingeniero Narciso
Díaz Bibián y representantes del fideicomiso kilómetro 60, en la que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes se compromete a realizar el pago justo y los integrantes del
fideicomiso a permitir la salida de la maquinaria; por su parte Víctor Manuel Zapata
Cossio, refirió que el bloqueo de la carretera internacional de Las Choapas-Tuxtla, se
debió a la falta de indemnización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes hacia los propietarios de dichas tierras, además refirió que el bloqueo
referido se levantó a los dos días del bloqueo; en consecuencia de lo anterior se
reitera que el trabajo público mandado hacer no reunió los requisitos legales por la
autoridad competente o con autorización, pues con dolo, la representante legal de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, María Margarita Isabel Pacheco Gonzaga,
omitió remitir las constancias completas de dicha acta administrativa efectuada ante el
representante social del fuero común de Raudales Mal Paso, y con ello acreditar que los
encausados, pese al levantamiento del acta administrativa y de la minuta efectuada ante el
referido representante social del fuero común, no hicieron caso y continuaron con el
bloqueo a que hace referencia dicha representante legal, y no así demostrar que las
fracciones de terrenos aludidas, no habían sido expropiadas y la indemnización
correspondiente a dichos propietarios no se las habían entregado; de igual forma se
corrobora con el dictamen emitido y ratificado por Carlos Gómez Narcia, Perito en
Criminalística, quien concluyó que la copia simple del acta administrativa número
12/24/2000, exhibida por la abogada Margarita Isabel Pacheco Gonzaga, presenta
alteraciones por su presión de textos consistentes en la falta de actuaciones realizadas
en la agencia del Ministerio Público de Raudales-Malpaso, Chiapas; en sus anexos 1 al 8,
del referido dictamen mediante exposiciones fotográficas hace la comparación de los
documentos originales con las copias simples que exhibió Margarita Isabel Pacheco
Gonzaga.
Por otro, lado,
debe destacarse que obra en las constancias de autos las copias certificadas del juicio de
amparo número 659/2001, en la que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas,
concede el amparo y protección de la justicia Federal a Evangelina Gómez Alcaraz y
Arnulfo Altunar Cruz, contra actos del Director General del Centro S.C.T., Chiapas, de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otros; ya que no fueron debidamente
notificados del monto de la indemnización que la Comisión de Avalúos y Bienes
Nacionales dictaminó el decreto expropiatorio.
En este orden de
ideas, debe decirse que las pruebas que obran en el sumario no son suficientes y aptas
para demostrar el cuerpo del delito de OPOSICION A QUE SE EJECTUE OBRA PUBLICA, ilícito
previsto y sancionado por el artículo 185, relación al 13 fracción III, del Código
Penal Federal, y así poder fincar alguna responsabilidad penal a los enjuiciados JORGE
MOTOLINIA SANCHEZ, EVANGELINA GOMEZ ALCAZAR, NORBERTO FRANCO BENAVIDES, VICENTE FRANCO DE
LA FUENTE y HERNAN LOPEZ CANCINO, puesto que como se dijo anteriormente no se reunieron
los requisitos legales para ejecutar una obra pública; por tanto, debe concluirse que
ante la marcada insuficiencia de pruebas no se acredita el cuerpo del delito de mérito, y
por consecuencia lo procedente es dictar una sentencia absolutoria.
CUARTO.- Tocante
a la responsabilidad penal de los enjuiciados: JORGE MOTOLINIA SANCHEZ, EVANGELINA GOMEZ
ALCAZAR, NORBERTO FRANCO BENAVIDES, VICENTE FRANCO DE LA FUENTE y HERNAN LOPEZ CANCINO,
resulta innecesario entrar al estudio de la misma, en razón a los argumentos esgrimidos
en el apartado que antecede.
QUINTO.- Una vez
que cause ejecutoria la presente resolución, téngase como asunto totalmente concluido.
Por lo expuesto
y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 21, y 104 fracción I,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 94, 95, y 98, del Código
Federal de Procedimientos Penales; se
RESUELVE
PRIMERO.- JORGE
MOTOLINIA SANCHEZ, EVANGELINA GOMEZ ALCAZAR, NORBERTO FRANCO BENAVIDES, VICENTE FRANCO DE
LA FUENTE y HERNAN LOPEZ CANCINO, de generales conocidos en este proceso, no son
penalmente responsables en la comisión del delito OPOSICION A QUE SE EJECUTE ALGUNA OBRA
O TRABAJOS PUBLICOS, ilícito previsto y sancionado por el artículo 185, en relación al
13 fracción III, del Código Penal Federal.
SEGUNDO.- En
consecuencia se les absuelve de toda responsabilidad penal por lo que se refiere a este
delito.
TERCERO.- Una
vez que cause ejecutoria la presente resolución, archívese la presente resolución como
asunto totalmente concluido.
CUARTO.-
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE y hágase saber a las partes el derecho y término que la ley
les concede para apelar este fallo en caso de inconformidad.
Así, lo
resolvió y firma el licenciado Rodolfo Pedraza Longi, Juez Sexto de Distrito en el Estado
de Chiapas, ante el secretario con quien actúa y da fe. Rúbrica.
La suscrita
licenciada Rosa Elena Molina Coello, secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado
de Chiapas, certifica y hace constar que la presente foja corresponde a la sentencia
dictada en la causa penal 55/2001, que se instruye contra JORGE MOTOLINIA SANCHEZ Y OTROS.
CONSTE.
TUXTLA
GUTIERREZ, CHIAPAS, A VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL DOS.
VISTOS, para
resolver los autos del toca penal 21l0/2l002, relativo al recurso de apelación
interpuesto por el agente del ministerio público de la federación, contra el
considerando tercero y los puntos resolutivos primero y segundo de la sentencia de
dieciséis de mayo del año que transcurre, dictada por el Juez Sexto de Distrito en el
Estado de Chiapas, en la causa penal 55/2001, que absolvió a Jorge Motolinía Sánchez,
Evangelina Gómez Alcázar, Norberto Franco Benavides, Vicente Franco de la Fuente y
Hernán López Cancino, del delito de oposición a que se ejecute alguna obra o trabajos
públicos, previsto y sancionado por el artículo 185, en relación con el 13, fracción
III, del Código Penal Federal; y,
RESULTANDO
PRIMERO.- La
sentencia recurrida, concluyó con los puntos resolutivos siguientes: “PRIMERO.-
JORGE MOTOLINIA SANCHEZ, EVANGELINA GOMEZ ALCAZAR, NORBERTO FRANCO BENAVIDES, VICENTE
FRANCO DE LA FUENTE y HERNAN LOPEZ CANCINO, de generales conocidos en este proceso, no son
penalmente responsables en la comisión de delito OPOSICION A QUE SE EJECUTE ALGUNA OBRA O
TRABAJOS PUBLICOS, ilícito previsto y sancionado por el artículo 185, en relación al
13, fracción III, del Código Penal Federal.- SEGUNDO.- En consecuencia se les absuelve
de toda responsabilidad penal por lo que se refiere a este delito.- TERCERO.- Una vez que
cause ejecutoria la presente resolución, archívese la presente resolución como asunto
totalmente concluido.- CUARTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE y hágase saber a las partes el
derecho y término que la ley les concede para apelar este fallo en caso de
“inconformidad”.
SEGUNDO.- En
proveído de once de junio último, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chiapas,
admitió el recurso de apelación, en el efecto devolutivo, en términos del artículo
367, fracción I, del Código Federal de procedimientos Penales y remitió al tribunal
unitario en turno, del Vigésimo Circuito, el original de la causa 55/2001 (en dos tomos),
con oficio 2042, que se tuvo por recibido en este Primer Tribunal Unitario, mediante
acuerdo de veintiséis del propio mes, en el que se ordenó sustanciar la Alzada, con
apoyo en los numerales 373 y 374 del mencionado ordenamiento procesal, hasta la
celebración de la audiencia de vista que se efectuó con el resultado que aparece en el
acta relativa y, finalmente se declaró VISTO el presente asunto; y,
CONSIDERANDO:
I.- El Juez
Sexto de Distrito en el Estado de Chiapas, después de relacionar las constancias de
autos, consideró lo siguiente: “TERCERO.- antes de entrar al estudio del cuerpo del
delito es preciso señalar que, si bien es verdad, que con las anteriores probanzas
reseñadas en el apartado que antecede, al momento de citar Auto de Formal Prisión, estas
fueron suficientes para tener por acreditado el cuerpo del delito y hacer probable la
responsabilidad penal de los enjuiciados JORGE MOTOLINIA SANCHEZ, EVANGELINA GOMEZ
ALCAZAR, NORBERTO FRANCO BENAVIDES, VICENTE FRANCO DE LA FUENTE y HERNAN LOPEZ CANCINO, en
la comisión del delito de OPOSICION A QUE SE EJECUTE ALGUNA OBRA O TRABAJOS PUBLICOS,
ilícito previsto y sancionado por el artículo 185, en relación al 13, fracción III,
del Código Penal Federal, sin embargo, en esta etapa decisoria del proceso, es menester
analizar y determinar si éstas son claras, precisas fehacientes e indubitables, para
sustentar una sentencia de condena.- En tal virtud los medios del prueba, adminiculados
entre sí, en su debido orden lógico y natural, y valorados de conformidad con los
artículos 279 a 290 de la ley adjetiva de la materia, no son eficaces para acreditar el
cuerpo del delito de OPOSICION A QUE SE EJECUTE ALGUNA OBRA O TRABAJOS PUBLICOS, ilícito
previsto y sancionado por el artículo 185, en relación al 13, fracción II, del Código
Penal Federal, que se les atribuye a JORGE MOTOLINIA SANCHEZ, EVANGELINA GOMEZ ALCAZAR,
NORBERTO FRANCO BENAVIDES, VICENTE FRANCO DE LA FUENTE Y HERNAN LOPEZ CANCINO, en
términos del artículo 168, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos
Penales, que señala: “Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de elementos
objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como
delito, así como los normativos, en el caso que la descripción típica lo
requiera”.- Por su parte, el numeral 185, del Código Penal Federal, señala:
“Cuando varias personas de común acuerdo procuren impedir la ejecución de una obra
o trabajos públicos, o la de los destinados a la prestación de un servicio público,
mandados a hacer con los requisitos legales por autoridad competente, o con su
autorización, serán castigados con tres meses a un año de prisión, si sólo se hiciere
una simple oposición material sin violencia”.
“En caso de
existir violencia, la pena será hasta de dos años”.- De la trascripción típica de
referencia se desprenden los siguientes elementos normativos: a).- Varias personas de
común acuerdo, b).- Procuren impedir, c).- La ejecución de una obra o trabajos
públicos, d).- Que éstos estén mandados a hacer con los requisitos legales, y e).- El
elemento subjetivo, se trata de un delito doloso, esto es, que los sujetos activos deban
querer realizar la conducta.- Así las cosas, y del análisis valorativo de cada uno de
los elementos normativos del ilícito a estos, no se llega a determinar que los sujetos
activos de común acuerdo con otras personas, el tres de febrero de dos mil uno, en el
subtramo 132+060 y 134+945 del tramo carretero Las Choapas-Raudales, Carretera
México-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, impidieran la ejecución de una obra destinada a la
prestación de un servicio público, obra que no cumplió con los requisitos legales, pues
según la denunciante de los hechos resultó ser la representante legal de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, dijo que se decretó la expropiación de los terrenos
afectados, decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro y
dieciocho de octubre de dos mil, cumpliendo de esta forma con lo establecido en el
artículo 4o. de la Ley de Expropiación, tocante a la notificación a los afectados, es
decir, ésta debería ser personal y en caso de ignorarse el domicilio de tales afectados,
para que surtiera efectos de notificación personal, el decreto se debería publicar dos
veces en el Diario preanotado, situación que no sucedió.- En efecto, y si bien el
elemento normativo ...de una obra o trabajos públicos mandados a hacer con los requisitos
legales por autoridad competente, o con autorización... resulta ser el objeto material
sobre el cual recae la conducta típica, debiéndose destacar que los trabajos deban
prevenir por mandato de alguna autoridad pública, pero además cubrir estos las
disposiciones legales específicamente establecidas para la ejecución de los mismos,
quedando dentro de ello establecido que la autoridad que mande hacer las obras o quienes
hubieren dado la autorización para las mismas deben ser competentes, es decir, deben
éstas dentro de sus atribuciones concretas el haber mandado o el haber autorizado la
ejecución de la obra o trabajo correspondiente, pues si faltara alguno de estos aspectos
la conducta desplegada por los agentes será atípica. Circunstancia que en el presente
caso se actualiza, en virtud de que de autos consta fehacientemente que no fue autorizada
la expropiación de los subtramos 132+060 y 134+945 del tramo carretero Las
Choapas-Raudales, Carretera México-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pues del peritaje emitido
y ratificado por Carlos Gómez Narcia, perito en criminalística, quien concluyó que en
la copia simple del Diario Oficial de la Federación, de miércoles dieciocho de octubre
de dos mil, exhibida por la abogada Margarita Isabel Pacheco Gonsaga, sí presenta
alteración por adición al texto original precisamente en la página (primera sección),
59 consistente estas alteraciones en: adición de Col. Nueva Esperanza) en la fracción I,
adición de fideicomiso km 54), en la fracción II ; adición (fideicomiso km 54) en la
fracción III; adición (C. Ulises Domínguez Romero) en la fracción IV; adición
(fideicomiso km 60), en la fracción V; mismo peritaje el cual se corrobora con el
original del Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de octubre de dos mil, en la
que claramente se aprecia que dentro de las expropiaciones hechas por la Federación no se
contemplan los subtramos kilómetros 132+060 al kilómetro 134+060; a mayor abundamiento
debe destacarse que de las constancias a estudio no se advierte que los integrantes del
fideicomiso kilómetro 60, ahora encausados, hayan sido legalmente notificados, pues aun
sin conceder se hubiesen expropiado los multicitados tramos carreteros, también lo es que
estos no fueron indemnizados por la Secretaría de Comunicaciones Transportes, para poder
tomar posesión de las fracciones de tierras en las que se encuentran planeada la
construcción de la carretera México-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tal aseveración se
robustece con la copia certificada del acta administrativa número 12/24/2001, iniciada
ante el Agente del Ministerio Público del fuero común de Raudales-Malpaso, en la que se
advierte que Roberto Cortez Aguilar, Superintendente en el tramo kilómetro 60, Municipio
de Tecpatán, Chiapas, denunció hecho y argumentó que dichos terrenos son propiedad del
denominado fideicomiso kilómetro 60, consistentes en más de veinte familias, las cuales
se vieron afectadas, mismas que no han sido indemnizadas por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, en tal virtud taparon el referido tramo carretero; de igual
forma aparece en dicha acta administrativa, la minuta de trabajo elaborada el siete de
febrero de dos mil uno, celebrada entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
representada por el ingeniero Efraín Arias Velázquez por parte de la empresa Tribasa, el
ingeniero Narciso Díaz Bibián y representantes del fideicomiso kilómetro 60, en la que
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se compromete a realizar el pago justo y
los integrantes del fideicomiso a permitir la salida de la maquinaria; por su parte
Víctor Manuel Zapata Cossío, refirió que el bloqueo de la carretera internacional de
Las Choapas-Tuxtla, se debió a la falta de indemnización por parte de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, hacia los propietarios de dichas tierras, además refirió
que el bloqueo referido se levantó a los dos días del bloqueo; en consecuencia de lo
anterior se reitera que el trabajo público mandado hacer no reunió los requisitos
legales por la autoridad competente o con autorización pues con dolo la representante
legal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes María Margarita Isabel Pacheco
Gonzaga, omitió remitir las constancias completas de dicha acta administrativa efectuada
ante el representante social del fuero común de Raudales-Malpaso, y con ello acreditar
que los encausados, pese al levantamiento del acta administrativa y de la minuta efectuada
ante el referido representante social del fuero común, no hicieron caso y continuaron con
el bloqueo a que hace referencia dicha representante legal, y no así demostrar que las
fracciones de terrenos aludidas, no habián sido expropiadas y la indemnización
correspondiente a dichos propietarios no se las habían entregado, de igual forma se
corrobora con el dictamen emitido y ratificado por Carlos Gómez Narcia, perito en
criminalística, quien concluyó que la copia simple del acta administrativa número
12/24/2000, exhibida por la abogada Margarita Isabel Pacheco Gonzaga, presenta
alteraciones por supresión de textos consistentes en la falta de actuaciones realizadas
en la agencia del Ministerio Público de Raudales Malpaso, Chiapas; en sus anexos 1 al 8,
del referido dictamen, mediante exposiciones fotográficas hace la comparación de los
documentos originales con las copias simples que exhibió Margarita Isabel Pacheco
Gonzaga.- Por otro lado, debe destacarse que obra en las constancias de autos de copias
certificadas del juicio de amparo número 659/2001, en la que el juez primero de Distrito
en el Estado de Chiapas, concede el amparo y protección de la justicia federal a
Evangelina Gómez Alcaraz y Arnulfo Altunar Cruz, contra actos del Director General del
Centro S.C.T, Chiapas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otros; ya que no
fueron debidamente notificados del monto de la indemnización que la Comisión de Avalúos
y Bienes Nacionales dictaminó el decreto expropiatorio.- En este orden de ideas, debe
decirse que las pruebas que obran en el sumario no son suficientes y aptas para demostrar
el cuerpo del delito de OPOSICION A QUE SE EJECUTE OBRA PUBLICA, ilícito previsto y
sancionado por el artículo 185, en relación al 13, fracción III, del Código Penal, y
así poder fincar alguna responsabilidad penal a los enjuiciados JORGE MOTOLINIA SANCHEZ,
EVANGELINA GOMEZ ALCAZAR, NORBERTO FRANCO BENAVIDES, VICENTE FRANCO DE LA FUENTE Y HERNAN
LOPEZ CANCINO, puesto que, como se dijo anteriormente no se reunieron los requisitos
legales para ejecutar una obra pública; por tanto, debe concluirse que ante la marcada
insuficiencia de pruebas no se acredita el cuerpo del delito de mérito, y por
consecuencia lo procedente es dictar una sentencia absolutoria.- CUARTO.- Tocante a la
responsabilidad penal de los enjuiciados JORGE MOTOLINIA SANCHEZ, EVANGELINA GOMEZ
ALCAZAR, NORBERTO FRANCO BENAVIDES, VICENTE FRANCO DE LA FUENTE y HERNAN LOPEZ CANCINO,
resulta innecesario entrar al estudio de la misma, en razón a los argumentos esgrimidos
en el apartado que antecede.- QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente
resolución, téngase como asunto totalmente concluido.
II.- La agente
del ministerio público de la federación, expresó como agravios lo siguiente: La
resolución que absuelve de toda responsabilidad a JORGE MOTOLINIA SANCHEZ, EVANGELINA
GOMEZ ALCARAZ, NORBERTO BENAVIDES, VICENTE FRANCO DE LA FUENTE Y HERNAN LOPEZ CANCINO, por
la comisión del cuerpo del delito de OPOSICION A QUE SE EJECUTE ALGUNA OBRA O TRABAJOS
PUBLICOS, ilícito previsto y sancionado por el artículo 185 del Código Penal Federal,
le causa agravios a esta representación social de la federación, ya que es evidente que
no se aplicaron los numerales que se hacen necesarios para dictar una sentencia
condenatoria, omitiéndose en todo momento lo dispuesto por el artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 94 segundo párrafo, 168 y 180
primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales, del que establecen que la
imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, examinado con
antelación la comprobación del cuerpo del delito de que se trate y la probable
responsabilidad, lo que cobra imperio legal al advertir que la materia que nos ocupa está
regulada entre otros por el precepto 94 del Código Federal de Procedimientos Penales, que
expresamente imponen al A quo la obligación de fundar y motivar sus resoluciones,
obligándose a realizar en consecuencia, un debido estudio de las constancias de pruebas
que obran en autos y de las cuales resultan evidentes que se cumplen con los requisitos
para el otorgamiento de una sentencia condenatoria, ya que existen en el acervo probatorio
de la causa penal, datos que acreditan fehacientemente los elementos del cuerpo del delito
de OPOSICION A QUE SE EJECUTE ALGUNA OBRA O TRABAJOS PUBLICOS, lícito previsto y
sancionado por el artículo 185, en relación al 13, fracción III del Código Penal
Federal y la plena responsabilidad de JORGE MOTOLINIA SANCHEZ, EVANGELINA GOMEZ ALCARAZ,
NORBERTO FRANCO BENAVIDES, VICENTE FRANCO DE LA FUENTE Y HERNAN LOPEZ CANCINO, además es
importante mencionar que en el caso concreto el resolutor en ningún momento observó lo
que dispone el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos penales, ya que en sus
considerandos sólo menciona de manera tajante que no se comprueba los elementos del
cuerpo del delito, criterio que no se comparte porque del análisis exhaustivo de todas y
cada una de las constancias de autos que quedaron precisadas en dicha resolución, son
suficientes para acreditar el cuerpo del delito en mención, de igual manera demuestran la
plena responsabilidad de los ahora sentenciados”.
TERCERO. Las
manifestaciones que a guisa de agravios formula la agente del Ministerio Público de la
Federación adscrito, son totalmente inoperantes.
En efecto, por
agravio se entiende no sólo la cita de la parte de la resolución que causa perjuicio al
inconforme, sino también la mención del o los preceptos legales violados en ésta,
explicando el o los conceptos por los cuales fueron infringidos, o sea que se deben
controvertir los argumentos que sostienen el fallo ocurrido, señalando los datos y
pruebas que desvirtúen lo sostenido en él, con independencia de que el recurrente
deberá expresar las consideraciones que a su juicio sean las correctas, de ahí que los
motivos de inconformidad que no reúnan esos requisitos, no pueden considerarse
propiamente agravios.
En la especie,
el Juez Sexto de Distrito en el Estado, para absolver a JORGE MOTOLINIA SANCHEZ,
EVANGELINA GOMEZ ALCARAZ, NORBERTO FRANCO BENAVIDES, VICENTE FRANCO DE LA FUENTE Y HERNAN
LOPEZ CANCINO, se basó entre otras cosas, en que: “...y del análisis valorativo de
cada uno de los elementos normativos del ilícito a éstos, no se llega a determinar que
los sujetos activos de común acuerdo con otras personas, el tres de febrero de dos mil
uno, en el subtramo 132+060 y 134+945 del tramo carretero Las Choapas-Raudales, Carretera
México-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, impidieran la ejecución de una obra destinada a la
prestación de un servicio público, obra que no cumplió con los requisitos legales, pues
según la denunciante de los hechos resultó ser la representante legal de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, dijo que se decretó la expropiación de los terrenos
afectados, decreto que fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación de cuatro y dieciocho de octubre de dos mil, cumpliendo de
esta forma con lo establecido en el artículo 4o. de la Ley de Expropiación, tocante a la
notificación a los afectados, es decir, ésta debería ser personal y en caso de
ignorarse el domicilio de tales afectados, para que surtiera efectos de notificación
personal, el decreto se debería publicar dos veces en el Diario preanotado, situación que no
sucedió...” “...que los trabajos debe provenir por mandato de alguna autoridad
pública, pero además cubrir éstos las disposiciones legales específicamente
establecidas para la ejecución de los mismos, quedando dentro de ello establecido que la
autoridad que mande hacer las obras o quienes hubieren dado la autorización para las
mismas deben ser competentes, es decir, deben estar dentro de sus atribuciones concretas
el haber mandado o el haber autorizado la ejecución de la obra o trabajo correspondiente,
pues si faltara alguno de estos aspectos la conducta desplegada por los agentes será
atípica. Circunstancia que en el presente caso se actualiza, en virtud de que de autos
consta fehacientemente que no fue autorizada la expropiación de los subtramos 132+060 y
134+945 del tramo carretero Las Chopas-Raudales, Carretera México-Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, pues del peritaje emitido y ratificado por Carlos Gómez Narcia, perito en
criminalística, quien concluyó que en la copia simple del Diario Oficial de la Federación, de miércoles
dieciocho de octubre de dos mil, exhibida por la abogada Margarita Isabel Pacheco Gonzaga,
sí presenta alteración por adición al texto original precisamente en la página
(primera sección) 59, consistente estas alteraciones en: adición de (Col. Nueva
Esperanza) en la fracción I, adición de (fideicomiso km 54), en la fracción II;
adición de (fideicomiso km 54) en la fracción III; adición (C. Ulises Domínguez
Romero) en la fracción IV; adición (fideicomiso km 60) en la fracción V; mismo peritaje
el cual se corrobora con el original del Diario
Oficial de la Federación, de dieciocho de octubre de dos mil, en la que claramente se
aprecia que dentro de las exportaciones hechas por la Federación no se contemplan los
subtramos kilómetros 132+060 al kilómetro 134+060; a mayor abundamiento debe destacarse
que de las constancias a estudio no se advierte que los integrantes del fideicomiso
kilómetro 60, ahora encausados, hayan sido legalmente notificados, pues aun sin conceder
se hubiesen expropiado los multicitados tramos carreteros, también lo es que éstos no
fueron indemnizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para poder tomar
posesión de las fracciones de tierras en las que se encuentra planeada la construcción
de la carretera México-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tal aseveración se robustece con la
copia certificada del acta administrativa número 12/24/2001, iniciada ante el Agente del
Ministerio Público del fuero común de Raudales Mal Paso, en la que se advierte que
Roberto Cortez Aguilar, Superintendente en el tramo kilómetro 60, Municipio de Tecpatán;
Chiapas, denunció hecho y argumentó que dichos terrenos son propiedad del denominado
fideicomiso kilómetro 60, consistentes en más de veinte familias, las cuales se vieron
afectadas, mismas que no han sido indemnizadas por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, en tal virtud taparon el referido tramo carretero; de igual forma aparece en
dicha acta administrativa, la minuta de trabajo elaborada el siete de febrero de dos mil
uno, celebrada entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, representada por el
ingeniero Efraín Arias Velásquez; por parte de la empresa Tribasa, el ingeniero Narciso
Díaz Bibían y representantes del fideicomiso kilómetro 60, en la que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes se compromete a realizar el pago justo y los integrantes del
fideicomiso a permitir la salida de la maquinaria; por su parte Víctor Manuel Zapata
Cossío, refirió que el bloqueo de la carretera internacional de Las Choapas-Tuxtla, se
debió a la falta de indemnización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes hacia los propietarios de dichas tierras, además refirió que el bloqueo
referido se levantó a los dos días del bloqueo; en consecuencia de lo anterior se itera
que el trabajo público mandado hacer no reunió los requisitos legales por la autoridad
competente o con autorización, pues con dolo, la representante legal de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, María Margarita Isabel Pacheco Gonzaga, omitió remitir las
constancias completas de dicha acta administrativa efectuada ante el representante social
del fuero común de Raudales-Malpaso, y con ello acreditar que los encausados, pese al
levantamiento del acta administrativa y de la minuta efectuada ante el referido
representante social del fuero común, no hicieron caso y continuaron con el bloqueo a que
hace referencia dicha representante legal, y no así demostrar que las fracciones de
terrenos aludidas, no habían sido expropiadas y la indemnización correspondiente a
dichos propietarios no se las habían entregado; de igual forma se corrobora con el
dictamen emitido y ratificado por Carlos Gómez Narcia, Perito en Criminalística, quien
concluyó que a copia simple del acta administrativa número 12/24/2000, exhibida por la
abogada Margarita Isabel Pacheco Gonzaga, presenta alteraciones por supresión de textos
consistentes en la falta de actuaciones realizadas en la agencia del Ministerio Público
de Raudales Malpaso, Chiapas; en sus anexos 1 al 8, del referido dictamen, mediante
exposiciones fotográficas hace la comparación de los documentos originales con la copias
simples que exhibió Margarita Isabel Pacheco Gonzaga...”
Respecto de
estas consideraciones, la recurrente nada dijo, ya que sólo se concretó a manifestar que
la resolución recurrida no se encuentra debidamente fundada ni motivada, y que las
pruebas que obran en el sumario (sin que señale cuales) acreditan el cuerpo del ilícito
en mención, así como la responsabilidad de los acusados. Consecuentemente, como la
aludida disconforme no combatió mediante un razonamiento jurídico concreto, los diversos
argumentos del juez de distrito, según se advierte de las transcripciones relativas, es
inconcuso que éstos deben seguir rigiendo el sentido del fallo, sean o no correctos, pues
no es dable a este tribunal sustituirse a los agravios del Ministerio Público de la
Federación, por ser un órgano técnico.
Al caso, es
aplicable la Jurisprudencia 34, visible en la página 26, del Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación, 1917-2000, correspondiente al Tomo II, Materia Penal que a la
letra dice: APELACION EN MATERIA PENAL, LIMITES EN LA.- La apelación en materia penal no
somete al superior más que a los hechos apreciados en la primera instancia, y dentro de
los límites marcados por la expresión de agravios (tratándose de los del Ministerio
Público); de lo contrario se convertiría en una revisión de oficio en cuanto a los
puntos no recurridos, y la Suprema Corte ha sustentado la tesis de que dicha revisión es
contraria al artículo 21 Constitucional, así como la jurisprudencia 421, visible en la
página 310, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, corres-
pondiente al Tomo II, Materia Penal, que a la letra dice: AGRAVIOS INOPERANTES DEL
MINISTERIO PUBLICO. Cuando del examen comparativo de las consideraciones de la sentencia
de primera instancia y de los agravios formulados por la representación social, se
concluye que éstos no combaten las mismas, pues no ponen de manifiesto la ilegalidad de
las consideraciones esenciales del fallo recurrido, tales agravios deben declarase
inoperantes, pues los mismos deben consistir en razonamientos lógicos y jurídicos
encaminados a combatir de manera directa e inmediata los fundamentos del fallo de primera
instancia.
En suma, ante lo
inoperante de los agravios a que se alude, procede dejar firme el fallo recurrido.
Por lo expuesto
y con apoyo en el artículo 383 del Código Federal de Procedimientos Penales, aplicado
por analogía, se resuelve.
PRIMERO.- Queda
firme la sentencia de dieciséis de mayo del año en curso, dictada por el Juez Sexto de
Distrito en el Estado de Chiapas, en la causa 55/2001, que absolvió a JORGE MOTOLINIA
SANCHEZ, EVANGELINA GOMEZ ALCARAZ, NORBERTO FRANCO BENAVIDES, VICENTE FRANCO DE LA FUENTE
Y HERNAN LOPEZ CANCINO, en la comisión del delito de OPOSICION A QUE SE EJECUTE ALGUNA
OBRA O TRABAJOS PUBLICOS, previsto y sancionado por el artículo 185 del Código Penal
Federal.
SEGUNDO.-
Remítase testimonio de esta ejecutoria al juzgado federal de origen, para su conocimiento
y devuélvase el original de la causa que en dos tomos envió para la sustanciación de la
Alzada.
Notifíquese;
anótese en el libro de gobierno, expídanse las copias que procedan y, en su oportunidad,
archívese este toca.
Así lo
resolvió y firma el ciudadano licenciado Homero Ruiz Velásquez, Magistrado del Primer
Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, ante la secretaria que autoriza y da fe.
HRV/MSA/dga.
El Suscrito
Secretario del Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito.
CERTIFICA
Que la presente
es copia fiel de su original de donde se compulsó en 11 fojas útiles para remitirse al
C. Juez Sexto de distrito en el Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 26 de
julio del 2002.
EL SECRETARIO,
LIC. MARIA DEL SOCORRO AGUI-LAR CARBALLO.
LA LICENCIADA
ROSA ELENA MOLINA COELLO, SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE
CHIAPAS, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS CONSTANTES DE
VEINTIUNA FOJAS UTILES, SON FIEL Y EXACTA REPRODUCCION DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA
PERTENCIENTES A LA SENTENCIA DEFINITIVA DE DIECISÉIS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, Y
RESOLUCIÓN QUE EMITE EL TRIBUNAL DE ALZADA DE VEINTISEIS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO,
DERIVADO DEL PROCESO PENAL NUMERO 55/2001, INSTRUIDO CONTRA JORGE MOTOLINIA SANCHEZ, LAS
QUE SE CERTIFICAN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE.
TUXTA GUTIERREZ
CHIAPAS, CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOS.
LA SECRETARIA,
LIC. ROSA ELENA MOLINA COELLO.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
PANFILO
NOVELO MARTIN
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra
el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el
asesinato del diputado Pánfilo Novelo Martín, acaecido hace un año.
El diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín:
Con su venia
señor Presidente; senadores, diputados:
Al traer este
punto ante ustedes no lo hacemos movidos solamente por la intención de hacer un homenaje
a la memoria de un hombre culto, sencillo, probo, hijo predilecto de su pueblo y
legislador valiente. No, hay que ser claros. Si a alguien ya no le afectan los actos
nuestros hoy, indudablemente es a Pánfilo Novelo Martínez.
El 9 de enero
fue asesinado en Yucatán, con él su hijo, su amigo y trabajador y con él la inocencia
política y social de todo un Estado. Hasta hoy no existe una sola pista con certeza,
sólo especulaciones; hasta hoy no existe la evidencia de una investigación seria que
conduzca a algo y en el marco de la interminable lucha política que vive Yucatán, de
polarización, de criterios y opiniones la suerte de este crimen parece echada desde el
principio y en las propias palabras del Procurador de Justicia del Estado.
“Este
—dijo— es un crimen perpetrado por verdaderos profesionales”. Y en otra
brillante declaración, el Procurador dijo: “Es uno de esos crímenes que no se
resuelven nunca, es como el caso de Kennedy, nunca se sabrá quién lo hizo”. Pero
francamente tampoco nos preocupa lo que pueda declarar o no el Procurador de Justicia del
Estado o la actitud del propio Gobernador del Estado cuyo gobierno por cierto no ha dado
una sola muestra fehaciente de que efectivamente exista la voluntad de que el crimen se
esclarezca.
No se creó
ningún grupo especial de investigación, no se creó una fiscalía especial, no se sabe,
no hay evidencia de investigaciones que hayan involucrado a peritos nacionales o
extranjeros que hubieran reforzado las diligencias que hubiera practicado la Procuraduría
de Justicia del Estado; existía sí la preocupación política por encima de la
preocupación social y la preocupación humana. Lo más importante del crimen de Pánfilo
Novelo era el transcurso del tiempo, como las Ruinas Mayas, que pase; que el polvo lo
cubra; que sobre el polvo salgan plantas y raíces de árboles; que pase, que se olvide.
Entonces, la
estrategia del Gobierno estatal ha estado encaminada a hacer parecer insidiosos,
chocantes, exagerados a quienes piden la aclaración del crimen. ¡Qué osadía que se
aclare el crimen de un diputado! Las frecuentes descalificaciones: ardidos, incompetentes,
incongruentes, es política y sobre todo es una campaña de desprestigio contra el
Gobierno del Estado, pero es cierto un crimen de un diputado miembro de una fracción
parlamentaria claro que puede politizarse y claro que va a politizarse en la medida en que
en lugar de respuestas jurídicas, judiciales o criminales, existan respuestas políticas
descalificatorias de quienes tienen la osadía de preguntar: “¿Qué pasó con las
investigaciones del crimen del diputado Novelo Martín?”.
¿Cuál ha sido
la respuesta gubernamental? Evasivas, descalificaciones y olvido. Olvido. Hay que
reconocer que tampoco los interlocutores hemos sido mejores que el Gobierno, hemos pecado
por no abrir nuevas alternativas; hemos pecado por insistir en el argumento sólo por el
Gobierno ante el hecho de que hay una estrategia de paz y olvido hemos sido faltos de
originalidad y entonces ya hay en la conciencia ciudadana alguna especie de frase que
dice: “Nada de lo que hagan los priístas revivirá a Pánfilo, por qué tanto
escándalo”.
Pero la pregunta
importante, la verdaderamente importante es: ¿Y podemos vivir igual después del
asesinato del diputado Pánfilo Novelo.
El crimen
sacudió la conciencia social, porque nunca había ocurrido en Yucatán un hecho semejante
y sacudió la conciencia política, porque nunca había sido asesinado un legislador,
mucho menos su hijo, mucho menos con otra persona y mucho menos con carácter de
ejecución de la que no se sabe absolutamente nada. ¿Por qué?, ¿ por quién?, ¿cómo?
Con Pánfilo
Novelo nos preguntamos, ¿debemos enterrar nuestros temores y fingir que el tiempo nos va
a devolver la confianza?, ¿debemos enterrar nuestras dudas y simular que no están entre
nosotros las mentes que los planearon, las manos que lo ejecutaron? ¿Debemos para evitar
que se diga que el crimen se está politizando, aparentar que quiénes lo hicieron
pudieran no gozar de ninguna clase de protección y hoy estar tranquilos y caminar por las
calles como si nada?
¿Debemos
olvidar las denuncias de Pánfilo Novelo al narcotráfico, a la delincuencia organizada?,
¿debemos olvidar que el Estado del que nosotros como individuos y como organización
somos parte, está precisamente para proteger y perseguir el crimen no para olvidarlo y
solaparlo?
¿Debemos
olvidar que las autoridades a quienes hemos dado poder y fuerza de represión inclusive,
ha sido precisamente para que esclarezcan, no para que nos digan y califiquen la
brillantez de los crímenes o su perfección? ¿Debemos como legisladores y como
ciudadanos imitar aquellos “cuerdos” del poema de León Felipe?
¿Debemos frente
a los hombres y organizaciones que cortan vidas para callarlas y nunca esperamos cuando
agendamos este punto, que la coincidencia pudiera ser tan funesta? ¿Debemos como decía
León Felipe “seguir firmes, erguidos, serenos con el pulso normal, la lengua en
silencio, los ojos en sus cuencas y en su lugar los huesos. No importa que el sapo
izcariote reparta castigos y premios y lo decía Felipe, callado aquí, callado impasible
precisamente ahora que la justicia vale menos” infinitamente menos, decía el poeta
español.
Claro que
sabemos que Pánfilo Novelo no revivirá con este discurso, con esta intervención o los
que hagan en Valladolid, los legisladores, a quien por cierto el Procurador del Estado les
negó cualquier información del juicio, de la investigación, perdón antes que el
juicio, de la investigación por no ser familiares del asesinado, se les negó toda
información.
Sabemos que
Pánfilo no revivirá, pero a lo que no nos resignamos es que a con su cuerpo se hayan
enterrado también los deseos de verdad, los deseos de confianza y de tranquilidad que el
pueblo de Yucatán y los legítimos deseos de sus compañeros de fracción que nada de
ilegítimo tiene, defender el derecho cuando un compañero de fracción ha sido asesinado
de saber que pasa, con las investigaciones, quiénes son los culpables , detrás de quién
estamos protegiendo un crimen.
El pasado 30 de
diciembre, el gobernador del Estado, en una entrevista publicada en la prensa de Yucatán,
dijo que el caso estaba ya en manos de la Procuraduría General de la República, esto es,
diputados, senadores lo que nos trae hoy ante ustedes. No los discursos ni el homenaje
porque al contrario, pienso que los delincuentes sueltos estarán cuando asesinan a
Guillén, cuando asesinan a Digna Ochoa o cuando asesinan a Pánfilo Novelo, estarán
esperando precisamente que la reacción sean muchos discursos y muchos comentarios.
En esta
entrevista se afirmó que la Procuraduría General de la República ha traído el caso,
por eso proponemos a ustedes el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Solicitar por
esta Comisión Permanente a la Procuraduría General de la República, informe sí
efectivamente el caso del asesinato del diputado Novelo Martín, ha sido atraído al
ámbito de su competencia; que informe si así es, a esta comisión, el estado en que se
encuentra la investigación y las condiciones en que recibió la Procuraduría General de
la República este caso de las autoridades del estado de Yucatán a efecto de continuar
las investigaciones. Este es el propósito, ahora en el terreno de lo federal, nosotros
podemos solicitar esta información.
Por supuesto que
no estamos preocupados por Pánfilo Novelo, de él, de Guillén, de otros que
efectivamente mencionados aquí han muerto trabajando por una representación, que han
sido separados del tronco del árbol de la vida, sólo puedo decir y repetir las palabras
de Ralfo Aldo Emerson: “Valientes que trabajan mientras otros duermen, que se atreven
donde otros huyen, ellos echan los cimientos de la nación y los elevan al cielo”.
Que descansen en
paz y que nosotros hagamos nuestra tarea.
Muchas gracias.
«Senadores y
diputados:
Al traer este
punto ante ustedes, no lo hago sólo en homenaje de la memoria de un hombre culto,
sencillo y honrado, hijo predilecto de su pueblo y legislador valiente.
No, seamos
claros: a quien menos afectan nuestros actos es Pánfilo Novelo Martín.
Hace un año, el
9 de enero, fue asesinado en Yucatán, con él, asesinaron a su hijo y a un amigo y
trabajador.
Hasta hoy, no
existe una sola pista, una sola aclaración, un solo hecho que nos lleve a un
esclarecimiento.
En el marco de
la interminable lucha política que se vive en Yucatán, de la polarización de criterios
y opiniones, la suerte de este crimen estuvo marcada desde el inicio por el procurador del
estado, quien dijo: “éste es un crimen perpetrado por profesionales” y, en otra
brillante declaración, expuso: “es uno de esos crímenes que no se resuelven nunca.
Es un crimen como el de Kennedy: nunca se sabrá quién lo hizo”.
Francamente,
tampoco me preocupan las declaraciones del procurador o del gobernador, quien nada ha
hecho porque se demuestre la voluntad de su gobierno para esclarecer este crimen. No se
creó un grupo especial, no se contrató ningún servicio especial de peritaje ni se
solicitaron opiniones de expertos.
Con la
preocupación política por encima de lo social y humano, lo más importante en el crimen
de Pánfilo Novelo es el transcurso del tiempo: como las ruinas mayas, debería cubrirse
de piedras y polvo, de ramas y raíces de árboles; que se pase, que se olvide.
Entonces, la
estrategia del gobierno estatal fue hacer parecer insidiosos, chocantes, exagerados a
quienes piden que el crimen se esclarezca.
“Están
ardidos; es política, una campaña de desprestigio.”
Por supuesto,
todo puede politizarse, y más cuando en lugar de respuestas jurídicas, judiciales,
cuando en lugar de una investigación, lo que hay son frases políticas que, en lugar de
dar contestación, buscan descalificar a quien pregunta.
¿Cuál ha sido
la respuesta del gobierno? Los comentarios evasivos y sarcásticos de su procurador, las
descalificaciones de sus adversarios y... el olvido.
Tampoco los
interlocutores hemos sido mejores. Hemos pecado de no abrir opciones, hemos cedido ante la
sospecha de que el asunto se partidizara y, en algunos casos, hemos cedido ante la
estrategia de paz y olvido.
Nada de lo que
hagan revivirá a Pánfilo, sentenciaba un ciudadano, con lo que daba la razón a la
pasividad.
Y la pregunta
importante, la verdaderamente importante, es ¿podemos vivir igual después de Pánfilo?
El crimen de
Pánfilo Novelo sacudió la conciencia social yucateca porque nunca había ocurrido algo
así en el Estado.
Sacudió la
conciencia política porque nunca había sido asesinado un legislador, un hijo, un
compañero, ejecutados, ¿por qué?, ¿por quién?
¿Con Pánfilo
Novelo debemos enterrar nuestros temores y fingir que el tiempo nos devolverá la
confianza?
¿Debemos
enterrar nuestra duda y simular que no pueden estar entre nosotros las mentes capaces de
planear, las manos capaces de matar?
¿Debemos, para
que no se diga que el crimen se politiza, aparentar que quienes lo hicieron no se sienten
tan fuertes y protegidos como para intentar y perpetrar este crimen?
¿Debemos
olvidar las denuncias de Pánfilo Novelo al narcotráfico y a la delincuencia organizada?
¿Debemos
olvidar que el Estado del que nosotros somos parte debe perseguir los crímenes, no
olvidarlos?
¿Debemos
olvidar que las autoridades a quienes hemos dado poder están para esclarecer, no para
ilustrarnos sobre la pericia de los delincuentes?
¿Debemos como
legisladores y como ciudadanos imitar a los “cuerdos” del poema de León Felipe
y frente a hombres y organizaciones que cortan vidas para callarlas o para atemorizar a la
sociedad, debemos como estos “cuerdos” seguir aquí?
“...Firme,
erguido, sereno, con el pulso normal, la lengua en silencio los ojos en sus cuencas y en
su lugar los huesos. El sapo Iscariote repartiendo castigos y premios y yo callado aquí,
callado, impasible, cuerdo, Precisamente ahora que la justicia vale menos Infinitamente
menos...”
Sabemos, claro,
que Pánfilo Novelo no revivirá por nuestros discursos pero no me resigno que ante su
cuerpo y el de su hijo y el de su amigo, ante una verdad sin conocer, aceptemos que
estamos muertos todos.
El pasado 30 de
diciembre se publicó una entrevista en la que el gobernador del estado, Patricio Patrón
Laviada, dijo que el caso estaba ya en manos de la Procuraduría General de la República.
Por ello,
solicitamos a esta Comisión Permanente apruebe el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que la Comisión Permanente solicite a la
Procuraduría General de la República informe a esta Comisión si efectivamente el caso
del asesinato del diputado Pánfilo Novelo Martín ha sido atraído al ámbito de su
competencia y si así es, informe a esta Comisión el estado en que se encuentra la
investigación y las condiciones en que recibió este caso de las autoridades del estado
de Yucatán, a efecto de continuar estas investigaciones.
Honorables
senadores y diputados: de Pánfilo Novelo sólo me preocupa si estaremos a la altura. De
él y de José María Guillen y de Digna Ochoa y otros que han sido separados del tronco
del árbol de la vida, sólo puedo decir y repetir las palabras de Ralph Waldo Emerson:
“...Valientes
que trabajan mientras otros duermen, que se atreven cuando otros huyen, ellos echan los
cimientos de la nación, y los elevan al cielo...”
México, DF, a 8
de enero de 2003.— Diputado Jorge Carlos
Ramírez Marín (rúbrica).»
Presidencia del diputado Bernardo Borbón
Vilches
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
Túrnese a la Primera Comisión,
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
SISTEMA
HORARIO
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
Tiene la palabra
el senador Adrián Alanís Quiñónez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el honorario
estacional para el estado de Durango, de la Ley del Sistema Horario.
El senador Adrián Alanís Quiñones:
Gracias, señor
Presidente, compañeras y compañeros legisladores:
La Ley del
Sistema Horario en los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 28 de diciembre de 2001,
establece en su artículo 5o: “cualquier propuesta de establecimiento o modificación
de horarios estacionales, deberá ser presentada al honorable Congreso de la Unión a más
tardar el 15 de noviembre. Y ésta, a su vez, deberá ser dictaminada antes del día 15 de
diciembre del año inmediato anterior a que se pretende modificar el horario”.
El decreto
respectivo conforme a lo anterior, el suscrito presentó la propuesta de modificación en
tiempo y forma, misma que fue aprobada por el pleno de la Cámara Senadores y enviada a la
Cámara de Diputados para que la directiva a su vez la turnara a la Comisión de Energía.
Al no haber
obtenido respuesta, el pasado 14 de noviembre de 2002, la Cámara de Senadores envío a la
colegisladora la excitativa a fin de que la Comisión de Energía emita el dictamen
correspondiente a la minuta del caso, tampoco hubo respuesta.
Y en virtud de
que los legisladores debemos ser los primeros en cumplir y hacer cumplir las leyes
vigentes, deseo hacer un llamado de atención sobre este punto, reiterando que no se
cumplió la disposición del artículo quinto que establece la obligatoriedad de la
emisión del decreto a más tardar el 15 de diciembre.
Sin embargo, no
es mi deseo polemizar ni politizar sobre este asunto, sino expresar a ustedes la seria
inconformidad que existe en el estado de Durango, que represento y precisamente por la
cuestión de los husos horarios.
El problema de
Durango no es el horario de verano ni la politización que se ha hecho del asunto, el
problema real es geográfico y astronómico, derivado de un error legislativo por el cual
fue ubicado en un meridiano que no le corresponde y por cuya consecuencia se tiene en
forma permanente durante un año, durante todo el año, una hora de adelanto, situación
que se agrava cuando inicia el horario estacional a partir del primer domingo de abril y
hasta el último domingo de octubre, cuando en el horario convencional de verano son las
12 del día en la ciudad de Durango, el sol está lejos del cenit y los relojes de sol
apenas marcan las 10 de la mañana, es decir, que tenemos dos horas de desfasamiento entre
la hora natural y la hora convencional.
El estado de
Durango al oeste, está localizado en el noroeste del país, colinda al norte con
Chihuahua, al sur con Nayarit y al oeste con Sinaloa, estados ubicados dentro del
meridiano 105.
Los límites del
territorio del estado de Durango, en línea recta con el Océano Pacífico, distan menos
de 80 kilómetros. Al oriente los límites del estado distan más de 1 mil 600 kilómetros
del Océano Atlántico, por lo que no podemos tener la misma hora que el Puerto de
Veracruz, cuando al sol al levantar, el alba tarda una hora más de llegar de Veracruz al
estado de Durango.
Por otra parte,
el argumento del ahorro de energía resulta inútil para la mayoría de los habitantes de
la entidad, sobre todo en el medio rural, en donde los adolescentes salen de sus casas a
oscuras para poder acudir a las escuelas. Las comunidades enfrentan el problema ya
cotidiano de la inseguridad a lo mismo que en las zonas urbanas.
A nombre de los
ciudadanos que represento, solicito se contemple la posibilidad de pedir, por parte de
esta Comisión Permanente, a la Universidad Nacional Autónoma de México y al
Observatorio Meteorológico Nacional, se investigue y analice la exacta situación
geográfica de Durango en particular, a partir de la localización del meridiano o en el
Real Observatorio de Greenwich del Reino Unido de la Gran Bretaña, para que con base en
estos estudios científicos realizados por la máxima autoridad en la materia en México,
la UNAM, la Cámara de Diputados, y en especial la Comisión de Energía, puedan tener
mayor claridad al respecto y responder, en consecuencia, a la excitativa que dirigió la
Cámara de Senadores.
Una vez
obtenidos los resultados de estos estudios científicos, será necesario que esta
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, excite a la Comisión de
Energía de la Cámara, para que emita el dictamen y sea presentado en los primeros días
del segundo periodo extraordinario de sesiones del tercer año de la LVIII Legislatura, y
pueda el pleno hacer la modificación que corresponde, y en el caso de los duranguenses
resolver la inconformidad social a que he hecho referencia o en caso contrato se exima a
Durango del horario de verano.
Por lo anterior,
me permito proponer el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se solicita atenta y respetuosamente a la
Universidad Nacional Autónoma de México y al Observatorio Metereológico Nacional,
realizar el estudio de ubicación que en relación al meridiano de Greenwich corresponde
al estado de Durango, precisando si corresponde al meridano 90 o al meridiano 105.
Segundo. Se dirija excitativa a la Comisión de
Energía de la Cámara de Diputados, para que en base a los resultados de los estudios
realizados por la UNAM y el Observatorio Metereológico, dictaminen sobre la minuta y
proyecto de decreto que reforma la Ley del Sistema Horario en los Estados Unidos
Mexicanos.
Quiero nada más
darle anexo la cronología de los usos horarios, en 1883 se acuerdan por acuerdo
internacional. De 1922 a 1927 Durango estuvo regido por el meridiano 105. En 1930
nuevamente se reconoce a Durango en su ubicación en el meridiano 105. En 1941 se
implementa por primera vez en México el horario de verano, contemplando a Durango en el
meridiano de su ubicación correcta, el 105 Greenwich.
En 1942
arbitrariamente se ubica a Durango en el meridiano 90. En 1981 se decretó para la
península de Yucatán, la aplicación del uso correspondiente al meridiano 75 mismo que
fue rechazado por la sociedad, y en menos de un año fue derogado.
En 1996 se
decretan anualmente los horarios estacionales y su rechazo como reacción de la sociedad
duranguense.
En 2001 la
Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó por unanimidad la inconstitucionalidad
de los decretos presidenciales, con relación a los husos horarios, por invadir una esfera
que no le corresponde.
En 2001 la
Cámara de Diputados aprueba la Ley del Sistema Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
2002 en febrero, se emite el primer decreto del Congreso de la Unión para establecer el
horario de verano. En marzo de 2002 se emite proyecto decreto de ley en el Senado de la
República, en el que se ubica a Durango en su meridiano correspondiente al 105 Greenwich.
En marzo de 2002
se envía minuta con proyecto de decreto a la Cámara de Diputados con su ubicación
correcta de Durango.
En noviembre de
2002, acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores enviando excitativa a la
Cámara de Diputados.
En 2002 de
noviembre, se recibe por la honorable Cámara de Diputados la excitativa enviada por el
Senado de la República.
En 2002 en
noviembre y diciembre, no emite ningún decreto de modificación la Cámara de Diputados,
violando el artículo 5o. de la Ley del Sistema Horario de los Estados Unidos Mexicanos.
Muchas gracias.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII
Legislatura.
C.C. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presente:
El suscrito,
Adrián Alanís Quiñones, senador por el estado de Durango y miembro del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 122, inciso 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos me permito presentar propuesta de punto de acuerdo conforme a las
siguientes
Consideraciones
La Ley del
Sistema Horario en los Estados Unidos Mexicanos publicada el 28 de diciembre de 2001
establece en su artículo V: “cualquier propuesta de establecimiento o modificación
de horarios estacionales deberá ser presentada al H. Congreso de la Unión a más tardar
el 15 de diciembre del año inmediato anterior al que se pretende modificar el horario. El
decreto respectivo deberá ser emitido a más tardar el 15 de diciembre del mismo
año”. Conforme a lo anterior, el suscrito presentó la propuesta de modificación en
tiempo y forma, misma que fue aprobada por el Pleno de la H. Cámara de Senadores y
enviada a la H. Cámara de Diputados para que la Directiva, a su vez, la turnara a la
Comisión de Energía.
Al no haber
obtenido respuesta, el pasado 14 de noviembre de 2002 la Cámara de Senadores envió a la
colegisladora la excitativa a fin de que la Comisión de Energía emita el dictamen
correspondiente a la minuta del caso. Tampoco hubo respuesta; y en virtud de que los
legisladores debemos ser los primeros en cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes deseo
hacer un llamado de atención sobre este punto reiterando que no se cumplió la
disposición del artículo V, que establece la obligatoriedad de la emisión del decreto a
más tardar el 15 de diciembre.
Sin embargo, no
es mi deseo polemizar sobre este asunto sino expresar a ustedes la seria inconformidad que
existe en el estado que represento, el de Durango, precisamente por la cuestión de los
husos horarios. El problema de Durango no es el horario de verano ni la politización que
se ha hecho del asunto, el problema real es geográfico y astronómico derivado de un
error legislativo por el cual fue ubicado en un meridiano que no le corresponde y por cuya
consecuencia se tiene en forma permanente durante el año una hora de adelanto, situación
que se agrava cuando inicia el horario estacional a partir del primer domingo de abril y
hasta el último domingo de octubre. Cuando en el horario convencional de verano son las
doce del día, en la ciudad de Durango el sol está lejos del cenit y los relojes de sol
apenas marcan las diez de la mañana, es decir que tenemos dos horas de desfasamiento
entre la hora natural y la hora convencional. El estado de Durango localizado al noroeste
del país colinda al norte con Chihuahua, al sur con Nayarit, al oeste con Sinaloa,
estados ubicados dentro del meridiano 105; los límites del territorio del estado de
Durango en la parte occidental distan menos de 80 kilómetros en línea recta con el
océano Pacífico mientras que al oriente, los límites del estado distan más de 1,600
kilómetros del océano Atlántico por lo que no podemos tener la misma hora que el puerto
de Veracruz cuando el sol al levantar el alba tarda una hora más en llegar a Durango.
Por otra parte,
el argumento del ahorro de energía resulta inútil para la mayoría de los habitantes de
la entidad, sobre todo en el medio rural en donde los adolescentes salen de sus casas a
oscuras para poder acudir a las escuelas; las comunidades se enfrentan al problema ya
cotidiano de la inseguridad.
A nombre de los
ciudadanos que represento solicito se contemple la posibilidad de pedir por parte de esta
Comisión Permanente a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Observatorio
Meteorológico Nacional se investigue y analice la exacta situación geográfica del país
en general y de Durango en particular, a partir de la localización del meridiano cero en
el Real Observatorio de Greenwich del Reino Unido de la Gran Bretaña para que con base en
estos estudios científicos realizados por la máxima autoridad en la materia en México,
la UNAM, la Cámara de Diputados y en especial la Comisión de Energía, puedan tener
mayor claridad al respecto y responder en consecuencia a la excitativa que dirigió la
Cámara de Senadores.
Una vez
obtenidos los resultados de estos estudios científicos, será necesario que esta
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión excite a la Comisión de Energía de la
H. Cámara de diputados para que emita el dictamen y sea presentado los primeros días del
segundo periodo extraordinario de sesiones del tercer año de la LVIII Legislatura y pueda
el Pleno hacer la modificación que corresponde y en el caso de los duranguenses resolver
la inconformidad social a que he hecho referencia, o, en caso contrario se exima a Durango
del horario de verano
Por lo anterior
me permito proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se solicita atenta y respetuosamente a
la Universidad Nacional Autónoma de México y al Observatorio Meteorológico Nacional
realizar el estudio de ubicación que en relación al meridiano de Greenwich corresponde
al estado de Durango precisando si corresponde al meridiano 90º o al meridiano 105º
Segundo.- Se dirija excitativa a la Comisión de
Energía de la Cámara de Diputados para que con base en el resultado de los estudios
realizados por la UNAM y el Observatorio Meteorológico, dictamine sobre la minuta y
proyecto de decreto que reforma la Ley del Sistema Horario en los Estados Unidos
Mexicanos.
Atentamente.
México, DF., a 8 de enero de 2003.—
Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica)»
Cronologia de los Husos Horarios
1883.- Por
acuerdo internacional se implanta el huso horario oficial.
1922 a 1927.- A
partir de esta fecha Durango estuvo regido por el meridiano 105º.
1930.-
Nuevamente se reconoce a Durango su ubicación en el meridiano 105º.
1931.- Se
implementa por primera vez en México el “horario de verano” contemplando a
Durango en el meridiano de su ubicación correcta en 105º Greenwich.
1942.-
Arbitrariamente se ubica a Durango en el meridiano 90º.
1981.- Se
decretó para la península de Yucatán la aplicación del huso horario correspondiente al
meridiano 75º, mismo que fue rechazado por la sociedad y en menos de un año fue
derogado.
1996.- Se
decretan anualmente los husos horarios estacionales y su rechazo como reacción de la
sociedad duranguense.
2001.- La
Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó por unanimidad la inconstitucionalidad
de los decretos presidenciales con relación a los husos horarios por invadir una esfera
que no le corresponde.
2001.- La
Cámara de Diputados aprueba la Ley del Sistema Horario en los Estados Unidos Mexicanos
2002 (febrero).-
Se emite el primer decreto del Congreso de la Unión para establecer el horario de verano.
2002 (marzo).-
Se emite proyecto de decreto de ley en el Senado de la República en el que se ubica a
Durango en su meridiano correspondiente, el 105º Greenwich.
2002 (marzo).-
Se envía minuta con proyecto de decreto a la Cámara de Diputados con la ubicación
correcta de Durango.
2002
(noviembre).- Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores enviando excitativa
a la Cámara de Diputados.
2002
(noviembre).- Se recibe por la H. Cámara de Diputados la excitativa enviada por el Senado
de la República.
2002
(noviembre).- No emite ningún decreto de modificación la Cámara de Diputados violando
el artículo 5º de la Ley del Sistema Horario. »
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
Se turna a la Comisión de Energía de
la Cámara de Diputados.
Le pedimos a la
Secretaría dar cuenta de dos solicitudes de licencia de señores diputados.
DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA
La Secretaria diputada Olga Margarita
Uriarte Rico:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.
Diputado Eric
Villanueva Mukul Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.—
Presente.
El suscrito,
diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 y 63, segundo párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 47 y 48 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le manifiesto de
manera respetuosa lo siguiente:
Primero. Se me
conceda licencia a partir del 8 de enero para ausentarme de forma temporal por 30 días
del cargo de diputado federal.
Segundo. Se
sirva realizar los trámites necesarios para aprobar lo solicitado.
Sin otro
particular, agradezco la atención que se sirva prestar a la presente.
Atentamente.
Palacio
Legislativo, a 8 de enero del 2003.— Diputado Amado
Olvera Castillo (rúbrica).»
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
De conformidad
con lo que dispone el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Olga Margarita
Uriarte Rico:
Está a
discusión el siguiente punto de acuerdo:
Unico. Se concede licencia al diputado Amado
Olvera Castillo, diputado federal electo en la V Circunscripción Plurinominal por 30
días a partir de esta fecha.
No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Gracias.
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
Aprobado. Comuníquese a la Cámara de
Diputados.
La Secretaria senadora Yolanda
González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Diputado Eric
Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la
LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
La suscrita, en
mi carácter de diputada federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión y con fundamento en la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 47 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General, me permito solicitar muy atentamente a la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión me conceda licencia temporal al
cargo de diputada federal a partir del 6 de enero al 15 de marzo del año en curso.
Al rogarle que
esta solicitud sea tramitada mediante la vía de urgente resolución, hago propicia la
oportunidad para reiterarle la seguridad de mi consideración más distinguida.
Atentamente.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 6 de enero de 2003.— Diputada Ma. de los Angeles Sánchez Lira.»
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
Con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo
respectivo.
La Secretaria senadora Yolanda
González Hernández:
Con mucho gusto,
señor Presidente.
Se consulta al
honorable pleno y se da a conocer el artículo único: se concede licencia a la diputada
María de los Angeles Sánchez Lira, para separarse de sus funciones como diputada federal
electa en la V circunscripción plurinominal a partir de esta fecha hasta el 15 de marzo
del 2003.
Se consulta a
los señores legisladores en votación económica, si es de aprobarse.
Quienes estén
por la afirmativa, les rogamos manifestarlo...
Gracias.
Quienes estén
por la negativa...
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
Aprobado el punto de acuerdo.
Comuníquese a la Cámara de Diputados.
CAMPO
MEXICANO
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
Pasamos al
capítulo de agenda política, el tema es la problemática del campo mexicano.
Tiene la palabra
el senador Esteban Angeles Cerón, del PRI.
El senador Esteban Angeles Cerón:
Con su permiso
señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
La fracción del
Partido Revolucionario Institucional en repetidas ocasiones hemos hecho uso de la tribuna
parlamentaria para expresar nuestra gran preocupación por la situación que vive el campo
mexicano.
La realidad
agropecuaria nacional tiene por un lado un sector desarrollado en franco crecimiento. Pero
por el otro un gran sector sumido en el atraso, en la iniquidad, la baja productividad y
marginación de millones de campesinos a niveles de pobreza alarmante.
El campo
mexicano está descapitalizado, con muchas deudas; con baja rentabilidad de sus productos
por la caída de los precios internacionales; así como por los incrementos en los costos
de producción.
Los esfuerzos
gubernamentales que por años han sido el motor del desarrollo agropecuario mexicano en la
actualidad son insuficientes por falta de recursos; pero sobre todo por falta de una
política clara. Esto ha desencadenado un grave desempleo que vemos reflejado en una gran
migración tanto a las principales zonas urbanas del país, como a Estados Unidos de
América.
Por otro lado,
la problemática que nuestro país enfrenta con los acuerdos comerciales, son debido no
sólo a las grandes asimetrías que tenemos en relación con nuestros socios comerciales
que el acuerdo comercial atiende mediante desgravaciones graduales, sino por la falta de
sujeción y cumplimiento de los países a las disciplinas en los montos y tipos de
subsidios otorgados a sus productores.
A lo anterior se
le suma la falta de mecanismos de cooperación que permitan construir una política
agropecuaria común y la inadmisible competencia desleal que priva en la relación
productiva y comercial implementada por el gobierno norteamericano que al subsidiar a sus
productores amplía las disparidades tanto en lo económico como en lo social; lo que hace
imposible una competencia justa.
Hace una semana
la fracción del PRI en el Senado de la República, propuso un punto de acuerdo para que
con toda responsabilidad asumiéramos el papel de interlocutores y gestores ante este
delicado tema. Todos los partidos políticos representados en el Senado, suscribieron
dicho acuerdo. En él se convocó a la formación de un frente nacional de defensa al
campo mexicano, que aglutine a todas las fuerzas políticas productivas y sociales del
país, para impulsar la reconversión del sector agroalimentario, salvaguardar el
desarrollo rural sustentable y la gestión de apoyo que contribuyan a superar la grave
crisis por la que actualmente atraviesa el campo mexicano.
Asimismo se
estableció la integración de comisiones para que de forma inmediata un grupo plural de
senadores realice visitas y lleve a cabo pláticas con sus contrapartes en Estados Unidos
y Canadá y con sus colegas en los estados fronterizos de la Unión Americana, para
discutir la terrible problemática del maltrato a los migrantes, producto de la crisis que
padece el medio rural mexicano, buscando alternativas para atemperar los efectos nocivos
de la apertura comercial en el campo.
Solicitamos la
participación en foros internacionales, de comercio y fomento para el desarrollo, así
como en organismos internacionales relacionados con el desarrollo rural y el fomento
agropecuario.
Todo lo anterior
se suma a lo que voces de agrupaciones campesinas, de partidos políticos, de
representantes populares han manifestado no sólo su preocupación sino su interés por
participar en la búsqueda de soluciones. Actualmente se tienen elementos que sirven de
base para alcanzar un desarrollo agropecuario equitativo y participativo.
En el Senado
durante el pasado periodo ordinario de sesiones aprobamos iniciativas de ley, decretos y
puntos de acuerdo que buscaron fortalecer el entorno que vive el campo: la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, el decreto que reforma la Ley de Comercio Exterior, la
Ley de Fomento a la Producción de Agave para la Producción de Tequila y Mezcal, la Ley
de Energía para el Campo, la presentación de la iniciativa de Ley de Bioseguridad de los
Organismos Genéticamente Modificados, así como la aprobación de la Ley Orgánica de la
financiera Rural.
Para la
fracción del PRI en el Senado de la República queda claro que el fenómeno globalizador
obliga a una apertura solidaria de equilibrios sociales, donde existan programas
emergentes para reactivar el campo y reorientar su desarrollo productivo y social a corto,
mediano y largo plazos.
Para ello es
necesario formular presupuestos comprometidos a políticas y acciones donde se privilegie
el desarrollo sustentable, la conservación del medio ambiente y la mejoría alimentaria.
En repetidas
ocasiones se ha manifestado que, a la luz de la revisión del capítulo agropecuario del
TLCAN, la necesidad de trabajar en un acuerdo que lo adicione, lo complemente y que defina
programas y políticas agropecuarias con alcance trilateral que propicien condiciones de
competencia justa y equitativa.
Propuestas de
solución no sólo han sido hechas por legisladores de nuestro partido. La Confederación
Nacional Campesina llevó a cabo, el pasado fin de semana, en Veracruz, un importante
evento internacional en el marco de la celebración del LXXXVIII aniversario de la Ley
Agraria del 6 de enero de 1915.
Delegaciones de
23 países de Latinoamérica y de Europa acudieron solidariamente con los líderes
nacionales de la Confederación Nacional Campesina, sus líderes de comunidades agrarias y
sindicatos campesinos, uniones de productores, legisladores federales y locales,
gobernadores y académicos, a fin de debatir sobre la problemática y las soluciones de
fondo que requiere el campo, no sólo de México sino de América Latina, ante la
expectativa del impulso que las corporaciones transnacionales están dando al Acuerdo de
Libre Comercio de las Américas.
En dicho evento
se demandó que el Gobierno Federal cumpla con el pacto para el desarrollo nacional del
campo, suscrito con la Confederación Nacional Campesina.
Compañeras y
compañeros legisladores: debemos promover la unidad de todos: Gobierno, organizaciones,
sociedad y representantes en la búsqueda de soluciones que le den viabilidad a la grave
crisis que atraviesa el campo mexicano.
Solicitamos al
Gobierno Federal que declare en situación de emergencia al campo mexicano y al sector
agropecuario en general y que se trabaje en la conformación de una política de Estado
para el campo, que diseñe políticas públicas que permitan generar acciones en beneficio
no solamente del productor, sino de los miles y millones de familias que día a día viven
del campo.
Debemos
desterrar la incapacidad y la poca tolerancia en la búsqueda de consensos en la
concreción de acuerdos que le den al sector rural mexicano la certidumbre y la viabilidad
que históricamente ha tenido.
Debemos llamar
la atención de que la emergencia que vive el campo mexicano no sólo requiere de buena
voluntad y buenas intenciones; se requiere de capacidad por parte de quienes tienen la
responsabilidad legal de conducir los destinos del sector y de la solución de los
problemas que enfrenta.
No es posible
que quien hoy está al frente de la Sagarpa no comprenda la realidad del campo mexicano y
que sólo muestre incapacidad, torpeza y insensibilidad en la conducción de una política
tan delicada que afecta a millones de mexicanos.
Por todo lo
anterior, las fracciones del PRI en la Comisión Permanente hacen un llamado al diálogo y
a los acuerdos. El Ejecutivo Federal está obligado a escuchar los reclamos y formular las
gestiones que hemos planteado, resolver las peticiones de la gente del campo, que trabaje
para lograr soberanía alimentaria, que destierre la marginación y la pobreza.
Es necesario que
el Ejecutivo Federal brinde elementos certeros que permitan el desarrollo y la justicia en
el campo mexicano.
Muchas gracias.
Presidencia del diputado Eric Eber
Villanueva Mukul
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
senador.
Quiero informar
a la Asamblea que se han inscrito para hacer uso de la palabra: un compañero del Partido
del Trabajo, pero no lo veo en la sala, también la senadora Sara Isabel Castellanos
Cortés, del Partido Verde Ecologista de México, el senador Rutilio Cruz Escandón
Cadenas, del PRD, el senador Gerardo Buganza Salmerón, del PAN y para la segunda ronda el
senador Raymundo Cárdenas Hernández; el senador Héctor Larios Córdova y el diputado
César Horacio Duarte Jáquez.
Por lo tanto
tiene el uso de la palabra la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, del Partido Verde
Ecologista de México, hasta por 10 minutos.
La senadora Sara Isabel Castellanos Cortés:
Gracias, señor
Presidente; compañeras y compañeros:
La grave
situación que vive el campo mexicano demanda la atención inmediata del Gobierno de la
República. No se trata de buscar responsables o de repartir culpas, se trata de asumir la
responsabilidad que hoy corresponde al gobierno en turno para tender las demandas y el
rezago del sector rural; se trata de utilizar y ampliar los márgenes de maniobra que se
tienen para limitar al máximo los efectos nocivos del Tratado y los propios mecanismos
que éste establece para proteger de daños económicos, sociales y la salud de las
sociedades de los países involucrados en el acuerdo comercial.
Por ello nuestro
partido valora la reunión en Los Pinos en donde el Presidente Vicente Fox ofreció a las
organizaciones campesinas la disposición de su Gobierno a discutir con seriedad la
situación en el campo. Ello significa un verdadero cambio a la actitud de los últimos 10
años.
Hasta ahora la
relación del Gobierno con las organizaciones campesinas se había caracterizado por el
menosprecio, no se reconocía a sus dirigentes como interlocutores, se les consideraba
poco representativos, portadores de un viejo discurso populista y demandante del
paternalismo gubernamental mediante el uso de los contingentes campesinos. Ciertamente hay
algo de eso. ¿qué tanto? Lo veremos próximamente porque los dirigentes del campo están
obligados a concurrir a las distintas mesas de trabajo para evaluar el Tratado de Libre
Comercio y encontrar alternativas viables al desarrollo rural, asumiendo que el Tratado no
tiene vuelta atrás.
Para aprovechar
esta situación y jugar un nuevo papel, las organizaciones campesinas deben reconstruir su
unidad interna y su capacidad de llegar a consensos entre ellas.
El Consejo
Agrario Permanente (CAP) integrado por 12 organizaciones, entre ellas la CNC, vive una
aguda crisis que debe de ser superada sus problemas provienen de la ausencia de una
plataforma política y de un programa común, agravados porque algunas de sus
organizaciones han derivado a un proceso de radicalización, otras han perdido
representatividad o se han dividido internamente y porque la CNC ha decidido buscar su
propio camino. Así se explica su inasistencia a la reunión con el Presidente el día 6
de enero, que no significa ausencia porque durante su congreso realizado el fin de semana
pasado en Boca del Río, Veracruz, llegó a importantes acuerdos con los representantes
presidenciales.
Otra amenaza,
compañeros, contra la representatividad del CAP y la Unidad del Movimiento Campesino,
proviene de los grupos organizados alrededor del movimiento “El Campo no Aguanta
Más”. Dicho movimiento integrado por organizaciones como la Coordinadora Nacional
Plan de Ayala y la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas, y también Unorca y otras
de dimensión estatal, propone acciones independientes y radicales contra el Tratado de
Libre Comercio.
Sus demandas
planteadas ante el Presidente, por Víctor Quintana, se reducen a tres: Cese de la
represión contra los dirigentes campesinos y que el Gobierno declare explícitamente la
necesidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio y la instrumentación de un programa
emergente al campo.
El hecho mismo
de que dichas demandas le fueron plantea-das directamente al mismo Presidente, habla de la
disposición gubernamental para atenderlas, en la medida que dichas organizaciones se
incorporen a las mesas de trabajo y a los distintos mecanismos previstos para la
realización de la convención nacional.
Por ello hay
condiciones favorable para abrir un dialogo serio en donde ninguna organización sea
excluida o limitada, incluso la vertiente representada por Ramírez Cuéllar, dirigente de
lo que queda de El Barzón, asilado del conjunto de organizaciones por la toma violenta de
estas instalaciones de San Lázaro, ha participado inclusive como un acto privilegiado en
las negociaciones que culminaron ayer en Los Pinos.
El principal
riesgo para la atención real al campo proviene del próximo proceso electoral que amenaza
contaminar la discusión con politiquería, demagogia y el protagonismo de funcionarios
del Gobierno y dirigentes en busca de candidaturas. Pero aunque no fuera así, la lucha
electoral implica una necesaria atención que puede desviar la atención de los dirigentes
de los partidos, gobierno y la propia sociedad. Por ello exhortamos a los involucrados en
este proceso de reflexión, valoración del impacto del Tratado de Libre Comercio y de las
acciones adecuadas para fortalecer a la sociedad rural a no desaprovechar la oportunidad
de posibilitar reformas y políticas públicas más allá de la coyuntura.
La sociedad
demanda respuestas que impidan mayor pobreza, mayor migración, mayor desempleo y
delincuencia, mayor deterioro social. Por el contrario, requerimos respuestas que sólo
pueden ser construidas por el acuerdo del Gobierno con actores políticos y los
principales agentes económicos, públicos, privados y del sector social que actúa en el
medio rural.
Gracias,
compañeros por su atención.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señora
senadora.
Tiene el uso de
la palabra, hasta por 10 minutos, el senador Rutilio Cruz Escandón Cadenas, del Partido
de la Revolución Democrática.
El senador Rutilio Cruz Escandón Cadenas:
Con su venia,
señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
La liberación
gradual arancelaria de los productos agropecuarios contemplados en el Capítulo VII del
Tratado de Libre Comercio con América del Norte, a lo largo de los nueve años de su
entrada en vigor ha dejado al campo mexicano al borde de su abandono y exterminio,
empobreciendo dramáticamente, cada vez más, a los aproximadamente 26 millones de
pequeños productores que sobre- viven de él, quienes se han visto aniquilados por la
entrada de diversos productos agrícolas provenientes de las grandes corporaciones de
agronegocios estadounidenses, las cuales en total competencia desleal y facilidad de las
autoridades correspondientes ingresan sus productos subsidiados por el gobierno
norteamericano a territorio nacional a precios por debajo de los costos de producción,
desplazando, como es lógico, del mercado interno a los productores nacionales.
Con la entrada
en vigor en este año de la desgravación arancelaria a tasa cero para más de 40
productos agropecuarios y con la creciente importación de dichos productos, vendrá a ser
el golpe mortal y definitivo para los campesinos de nuestro país y un daño irreparable
para el sector agrícola, que se doblegará ante la ausencia de medidas de emergencia del
Gobierno Federal y de la inexistencia de una ley de protección al campo y al sector
agropecuario frente a la inundación de productos de importación subsidiados por el
gobierno norteamericano.
Ante este
panorama resulta innegable que mientras el gobierno de Estados Unidos, a través de una
política agresiva, se preocupa por el desarrollo y crecimiento de su sector agrícola
mediante un esquema de apoyos directos a su agroindustria, a lo que permite inundar a
países de economías emergentes como la nuestra con sus productos agrícolas subsidiados,
en México sin embargo ante la pasividad del Gobierno Federal sólo se pretende atemperar
para este año el impacto de la libre importación de productos agrícolas estadounidenses
con paliativos que poco o nada ayudan a nuestro sector agrícola, como lo es el blindaje
económico para el campo, 5.6 veces inferior al norteamericano. Es decir, por cada dólar
que el Gobierno mexicano destine para proteger a los productores agrícolas el gobierno de
Estados Unidos aportará 6.6 para el mismo fin.
La liberación
comercial de productos agropecuarios que contemplan el TLCAN afectará evidentemente a los
pequeños productores, pues es indudable que el Tratado sólo ha beneficiado a las grandes
empresas de alimentos, que son las que se han podido fortalecer con mayor tecnología,
mejores plantas competitivas en producción y costo, así como con eficaces redes de
distribución, no así el pequeño productor que es la gran masa de la nación de nuestro
país a la que directamente se afecta, pues quien ante la imposibilidad de contar con
apoyos gubernamentales y tecnológicos para poder competir con los grandes productores de
alimentos, sucumbe en su intento, abandonando sus tierras.
Ante esta
realidad que impera en el campo mexicano, el grupo parlamentario del PRD en el Senado,
propone que el Gobierno de la República realice un replanteamiento de fondo de la
política agropecuaria, con una organización de su marco normativo, con la finalidad de
evitar competencia desleal a que se ven sujetos nuestros campesinos y fortalezca el sector
agrícola a la par de plantear a sus socios comerciales la revisión del Tratado de Libre
Comercio en su capítulo relativo al sector agropecuario, declarando en tanto se logra esa
revisión en condiciones de equidad y justicia, una moratoria a la entrada en vigor de la
desgravación de las tasas arancelarias en el capítulo agropecuario.
Compañeras y
compañeros legisladores: el PRD se solidariza con todos los campesinos del país, sin
importar a qué organización pertenezcan ni a cual estén integrados o se integren, sin
importar ideología política; a todos los campesinos, a los que representan, a los más
pobres de nuestra nación. Sin embargo, también hay que recordar que en el pasado, en la
política salinista y en la política de Zedillo y también en esta actual política del
Presidente Fox, nada se ha hecho a nueve años, se ha abandonado al campo mexicano, pero
además los que hoy reclaman, y me refiero a los líderes de las organizaciones que hoy
reclaman con tanto coraje, con tanto dolor el que vayan a ser afectados con este Tratado
de Libre Comercio, también en el pasado fueron aliados de él; lo recordemos.
Desgraciadamente
los campesinos pobres, los productores pobres están cada día más debilitados y los
líderes siguen igual, siguen con enormes ganancias. Hay que hacer también conciencia de
esto.
Por su atención
les doy las gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, senador
y también le agradecemos su esfuerzo de síntesis.
Tiene el uso de
la palabra el senador Gerardo Buganza Salmerón, del Partido Acción Nacional, hasta por
10 minutos.
El senador Gerardo Buganza Salmerón:
Con el permiso
de la Presidencia:
Quisiera empezar
comentando cuando hablamos de asimetrías precisamente en la negociación previa al TLC.
Algunas cifras podrían ayudarnos, como son que México destinaba al campo prácticamente
25 millones de hectáreas, mientras Estados Unidos tenía 190 millones de hectáreas y
Canadá 46 millones de hectáreas. Hago este comentario y esta reflexión porque nos lleva
a otra, que se la productividad por trabador agrícola en los tres países.
México contaba
prácticamente por trabajador tres hectáreas. En Estados Unidos por trabajador 64
hectáreas. En Canadá por trabajador 100 hectáreas.
La tierra, la
tecnología, era irrigada en México solamente ni siquiera una hectárea, .6 de hectárea,
mientras Estados Unidos tenía 6 hectáreas con riego y Canadá 1.6. Simplemente hago
estas referencias para cuando el TLC entró en vigor y que participaron desde luego muchos
agentes, muchas agrupaciones, el propio gobierno en su momento, donde destinó, vamos a
decir, los acuerdos del TLC, pues desde ahí estaban las asimetrías y así vinimos y
vivimos durante varios años y quiero simplemente hacer esa referencia porque a partir del
1999 empieza a haber por el Congreso un apoyo sustancial en aquel entonces hacia el campo.
¿Por qué? Porque venían disminuyendo los apoyos que se tenían. Por tanto, la
emergencia del campo mexicano viene desde entonces y yo creo y quiero hacer énfasis que
quisiera dimensionar el problema de 2003. Si bien es cierto, se ha hablado aquí de los
aranceles, el 90% de los productos que se liberan, pues no alcanzan ni siquiera el
promedio del 1.2% de arancel, es decir, son pocos los productos que llegan al 2% del
arancel que se elimina, por tanto el impacto pues obviamente no será de la misma
magnitud, hay en el 10% de los productos agrícolas, pues obviamente problemas como se
dieron a conocer en el mes de diciembre próximo pasado en las aves de corral, en lo que
era la grasa animal, las materias primas para aves, en fin, problemas específicamente
tratados y que pues básicamente quisiera también traer esto a la discusión porque es
ahí donde habíamos de centrar muchos de los problemas que ahora tenemos.
Sin embargo,
quiero hacer también referencia acerca de las políticas públicas que aquí se reclaman,
no se ha dicho que no se hicieron en su momento, yo creo que es cierto, sin embargo, hablo
de ese Congreso desde el 99 pero ahora en el Congreso en esta LVIII Legislatura pues yo
creo que tanto diputados como senadores han desarrollado una serie de acciones concretas
que permiten tener políticas públicas orientadas al sector.
Simplemente
podemos recordar la Ley de Desarrollo Rural, los apoyos especiales que hicimos en la piña
de ponerles aranceles que no tenían del 45 a los productos naturales, del 30 a los
enlatados, el tener programas que no existían como el Programa del Apoyo a la
Cafeticultura con destinos públicos, con recursos, cuando hicimos el apoyo azucarero
donde en la Cámara de Diputados nace el Impuesto Especial a los Productos de Refrescos
que no consuman azúcar para tener precisamente esos apoyos especiales conforme a las
necesidades del campo venían representando, desde luego no repetiré las cifras que la
Cámara de Diputados en su facultad exclusiva de designar recursos fueron dando a través
de estos últimos años en los apoyos presupuestales y qué más, en este último que
incluso incorporaron 13 mil millones de pesos adicionales a lo que venía en el
Presupuesto de forma original.
Logramos hacer
modificaciones de la Ley del Comercio Exterior para evitar las prácticas del dumping,
hicimos esas modificaciones también para evitar las prácticas del poder oligopólico,
evitamos con ello hacer o buscar que se deje de abusar al crédito de la exportación para
incorporar barreras arancelarias y todo esto para darle al Ejecutivo las herramientas
necesarias para poner estas salvaguardas arancelarias y favorecer así a la producción
nacional, al campo nacional.
Hicimos la
modificación de la Ley Federal de Metrología y Normalización para fortalecer
precisamente mediante normas y etiquetados solamente la calidad y poner y construir sobre
de estas las salvaguardas que necesitamos de una manera jurídica para realmente proteger
a los productores nacionales.
¿Qué se dice
del crédito donde efectivamente en los últimos cinco años, el crédito al campo, del
crédito total no alcanzó el 1%, hicimos entre todos una Financiera Rural para destinarle
prácticamente más de 22 mil millones de pesos, donde deberíamos de buscar que haya esa
incorporación de la tecnología, del desarrollo, de buscar realmente que haya en el campo
algo que no ha existido, yo creo que este cambio, este en especial debe de dar en este
2003 un apoyo sustancial al campo.
No lo digo
también para el caso del FIRA en el desarrollo de crédito para la parte tecnológica
agropecuaria; la Ley de Energía para el Campo, donde en la Cámara de Diputados sale
también y aprobamos en el Senado la modificación en la energía eléctrica, los apoyos
en los precios de diesel… Bueno, podría de memoria quizá decir algunas otras cosas
más, en el caso de la productividad ganadera de buscar las 800 mil unidades de
producción pecuaria; 5 mil millones de pesos para los próximos tres años. En fin, yo
quisiera decir que el Congreso ha dado pasos sustanciales en las políticas públicas para
buscar sin duda soluciones a los problemas.
Quiero también
hacer énfasis que, por ejemplo, de los problemas que sí habrá, muchos de ellos en el
mes de diciembre hubo compromisos, por ejemplo en la cebada y en la malta donde hubo con
el Gobierno y las cerveceras acuerdos para comprar la totalidad obviamente de la cebada y
de la malta.
En las materias
de las grasas animales, la importación de cerdo para abasto procedente de los Estados
Unidos, que esté sujeto a la cuota compensatoria; que desde luego haya ahí la
salvaguarda, que haya en las paletas y en los trozos y en jamones obviamente estas
salvaguardas que le permitan tener accesos obviamente al mercado nacional con muchas
restricciones que ahora no tienen.
Con la parte de
los polleros, donde decían “no se metan señores legisladores” al último día
de negociación, ¿por qué? porque hemos logrado tener con los avicultores americanos
acuerdos precisos que conjuntamente hemos, incluso por arriba del TLC tenido estas
negociaciones que nos permiten transitar durante el 2003.
En el huevo, en
el que no hay problema por el precio interno de los Estados Unidos con el mexicano y así
podría mencionar algunos otros casos precisos que desde luego se tenían pero quiero
hacer este énfasis en especial en el que acordamos en la Ley de Ingresos, en el artículo
segundo transitorio, que el Congreso, la Cámara de Senadores en ese hecho que
discutíamos, de monitorear mensualmente todo lo que era precisamente el proceso de este
impacto que podríamos tener en el 2003 tanto con el Ejecutivo como tener el diálogo con
todas las organizaciones y todos los productores.
A mí me parece
que esto que se ha construido no ha sido… okey,
va a ser la definitoria sino que creo que tenemos los elementos y por tanto nuestro
partido, el Partido Acción Nacional desde luego atiende el que haya estos vamos a decir
“posicionamientos” como el que ahora se nos hace, donde haya el llamado al
diálogo, ya está incluso ahí en esa ley, en el segundo transitorio, ojalá los
legisladores podamos revisar y darle continuidad a esa discusión, a involucrarnos
precisamente a revisar cada uno de estos problemas pendientes y darle soluciones con el
Ejecutivo, a buscar que haya precisamente atención a estos sectores que efectivamente
durante mucho tiempo había sido olvidado y rezagado.
A mí me parece,
por tanto y para concluir, que el diálogo, los acuerdos que se puedan ir dando entre
todos nosotros y con el Ejecutivo atendiendo al sector, nos va a ayudar a tener un campo
mucho mejor atendido para poder competir en el corto y mediano plazo.
Por su atención
señores, muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias senador.
Tiene el uso de
la palabra hasta por cinco minutos, el senador Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido
de la Revolución Democrática.
El senador Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias, señor
Presidente; compañeras y compañeros:
La crisis del
campo es estructural y es el resultado de largas décadas de abandono de este sector de la
economía nacional, también es el resultado de la corrupción que caracterizó al viejo
régimen y de políticas públicas específicas muy equivocadas pero especialmente es el
resultado de la política económica general que México ha venido aplicando o sufriendo
en los últimos veinticinco años, especialmente después de que en el gobierno de Carlos
Salinas de Gortari, se decidió que la inserción de México en la globalización en
curso, debería tener como pieza clave para ser exitosa la apertura comercial hacia el
norte, para volver a México un destino apetecible para los capitales del mundo deseosos
de ganancias fáciles.
Se creyó que
había que convertir a México en una especie de paraíso económico, porque se podía
ofrecer que desde aquí se iban a exportar miles de millones de dólares hacia los Estados
Unidos, pagando salarios muy bajos. La mano de obra barata del pueblo mexicano, se
ofreció como cebo para pescar la inversión internacional que según aquella teoría que
explicaba muy bien Pedro Aspe, vendría por cantidades que nunca habríamos soñado los
mexicanos.
Vengan a México
se decía, desde aquí están las carreteras abiertas hacia el norte y se pagarán bajos
salarios; pero para mantener bajos salarios en la clase obrera mexicana había que
mantener bajos los alimentos y por eso se estableció una desgravación acelerada y una
apertura más acelerada aún para los productos del campo, porque había que mantener muy
bajos artificialmente bajos los precios de los productos del campo, para que la clase
obrera también sometida y sin una organización que luchara por sus verdaderos intereses,
pudiera mantener su nivel de vida bajo de por sí, con salarios prácticamente de hambre.
La oferta ha
resultado totalmente fallida, porque finalmente no estamos compitiendo adecuadamente con
los bajos salarios frente a China ¿Y ahora cuál es la solución? ¿Cómo vamos a hacer
crecer a la economía nacional en general y con ella al campo? Desde nuestro punto de
vista por más que se diga que se está aplicando con el blindaje al campo, la política
que va a resolver los problemas del campo, eso no hace más que repetir los errores del
pasado.
Sin embargo, la
situación de hoy es mucho muy delicada; en el campo hay inconformidad y conciencia de que
no se les ha tratado con equidad y por eso yo convocó a que eliminemos la demagogia en el
tratamiento de estos temas; podemos simplemente conducir a México a la ingobernabilidad
que en distintos momentos se asoma.
Yo sostengo
compañeras y compañeros, que debemos revisar toda nuestra política económica, que ya
le hagamos caso a los expertos internos y externos que hablan de que México debe ponerle
atención a su mercado interno y un elemento clave para fortalecer a su mercado interno es
darle a los campesinos poder de compra.
Tenemos que
lograr que el campo sea un elemento dinamizador de las compras internas y también vuelva
a ser un efectivo suministrador de materias primas; yo creo que hay que discutir a fondo
nuestra política económica, porque de otro modo la clase política de México no le va a
servir al país y no va a estar a la altura de sus exigencias.
Convirtamos esta
convención a la que se ha llamado para el mes de febrero en un verdadero momento de
reflexión. Yo diría que las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados,
debiéramos convocar a una multitud de foros regionales para preparar adecuadamente esa
convención agropecuaria y para que los campesinos vean en los políticos mexicanos a los
agentes responsables que pueden conducir a este país en la salida de su crisis grave en
todos los niveles.
Muy amable.
Presidencia del diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra
para el mismo tema, hasta por cinco minutos, el senador Héctor Larios Córdova.
El senador Héctor Larios Córdova:
Con el permiso
de la Presidencia:
Me parece que en
el tema agropecuario, desde el mes de diciembre se ha sembrado una enorme confusión, una
gran desinformación y se afirma con muchísima seguridad, datos que verdaderamente no
pueden sostenerse de ninguna manera.
Yo quiero
referirme a algunos de éstos, porque de los foros que hablaba ahorita el senador
Raymundo, no podrían partir sin compartir todos la misma información, la verdadera
información que se puede contrastar.
Se hablaba, por
ejemplo y es un tema recurrente, el decir que los subsidios agropecuarios en Estados
Unidos son muy superiores a los de México y esto no se puede afirmar con certeza si no
hacemos una comparación exacta de las cantidades de producción en México y de las
superficies sembradas en México comparadas con las de Estados Unidos. Hablaba del
senador Rutilio aquí, de que en México hay un paliativo, por cada peso que nosotros
destinamos, en Estados Unidos destinan 5.6.
Solamente que el
área sembrada en este país es de 27 millones de hectáreas y en Estados Unidos es de 190
millones de hectáreas, más de 8 veces y la producción es mayor a 15 veces. Si sacamos
por hectárea es mayor el subsidio en México, si lo sacamos por tonelada producida es
mayor en México y podemos verlo cosecha por cosecha.
Se habla de la
necesidad de hacer una moratoria porque a partir del primero de enero de este año se da
el golpe mortal a la agricultura mexicana y me parece que ésta es una verdadera falacia
que se ha vendido y se ha comprado en todo el país.
¿Qué pasó a
partir del 1o. de enero de este año? Bueno, 19 productos en un proceso de desgravación
no acelerada sino paulatina, que empezó en 1994 en donde México desgravó 36% de sus
productos agropecuarios, Estados Unidos desgravó para la entrada de México el 61%.
Bueno, algunos
productos se fijaron su desgravación total para cuatro años después en 1998 y 9 años
después, en el 2003, a 19 ramas de productos y los cuatro últimos productos más
sensibles se van a desgravar hasta el 2008.
De esos
productos que se desgravan, por ejemplo el trigo, hoy tiene un arancel del uno y medio por
ciento; bueno no hoy, hace algunos días, hace 9 días tenía un arancel de uno y medio y
hoy tiene de cero. No podemos hablar de que hay una catástrofe nacional porque bajó el
arancel del uno y medio a cero, o en el caso del sorgo del uno al cero, en el caso del
arroz, que por cierto no lo importamos ni de Estados Unidos ni de Canadá, del 1%, de la
avena del 1%.
Solamente en el
caso de cinco ramas de productos, hay una desgravación fuerte. Y en todos ellos, ya lo
trataba el senador Buganza, hay algunas medidas de protección para los productores
nacionales; el caso típico es el del pollo, se desgrava 49%, pasa a cero, pero el pollo
en México es más barato que en Estados Unidos, de manera que los productores
norteamericanos están temerosos de que los inundáramos nosotros, porque las medidas son
bilaterales.
Bueno, yo no
quisiera ahondar más en estos temas, pero sí decirles que si vamos a renegociar el
Tratado de Libre Comercio, si vamos a aplicar una moratoria, habría que ser solidarios
con todos los productores campesinos en México.
Hoy, de cada 10
limones que se consumen en Estados Unidos, 9 son del campo mexicano, de cada 10 mangos, 9
se produjeron en México, de cada 2 berenjenas que se consumen en Estados Unidos, una se
produce en México; de cada 3 tomates uno se produjo en México, de cada 4 espárragos
uno, lo mismo que el caso de los melones. En el caso de las espinacas, uno de cada 5
kilogramos que se consumen, en Estados Unidos que tiene una población mucho mayor a la
mexicana, 270 millones de habitantes, consumen mucho más de lo que consumimos nosotros,
la mayor parte de nuestra producción se va a Estados Unidos, México provee en el caso de
las importaciones que tenía Estados Unidos, el 99% de sus importaciones de calabacita, el
83% del pepino, el 63% del tomate, 74% de pimientos, 44% de uvas, 88% de fresas, 70% de
papayas, 60% de frambuesa.
Y así
podríamos hablar de varios productos, en donde México es el líder proveedor en Estados
Unidos, si vamos a decretar una moratoria, que no podemos por cierto hacerlo, de un
tratado en materia agrícola, no solamente hay que ver a los que se están afectando, que
son productores de cinco ramas, sino hay que ver a los que vamos a afectar que son hoy
exitosos.
La exportación
de México de productos hortícolas, supera los 1 mil 600 millones de dólares, en cambio
importamos 900 millones de cereales e importamos como 800 millones de oleaginosas. En
balanza agrícola no agropecuaria, tenemos un superávit, de manera que no es correcta la
afirmación de que el Tratado de Libre Comercio le dio en la torre a la agricultura
mexicana, son temas que habría que poner exactamente sobre la mesa.
Concluyo
solamente con algunos datos, se dice que México no apoya a la agricultura, este año con
lo que la Cámara de Diputados adicionó, tenemos un presupuesto destinado al campo de 115
mil millones de pesos. Esto representa el 1.9% del Producto Interno Bruto, si ustedes
toman en cuenta que la producción agropecuaria total representa el 5% del Producto
Interno Bruto, estamos destinando de apoyos a esta producción el 1.9%, es decir, el 40%
de lo que se produce en la agricultura tiene de valor de subsidio con respecto a la
producción total.
Hoy el
presupuesto nada m´´as de la Sagarpa es de 45 mil 500 millones de pesos, es 50% en
términos reales superior al presupuesto que ejerció agricultura en el año 2000, el
último año de la administración pasada. Me parece que hay que poner las cosas en su
justa dimensión y hablar con verdad, porque nosotros mismos estamos generando un
sentimiento doloso en el país…
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
¿Acepta usted
una pregunta del diputado?..
Adelante
diputado.
El diputado Jesús Burgos Pinto (desde su curul):
Señor senador,
usted ha hablado aquí de dos ramas agrícolas, en las que supuestamente fuimos ganadores
en el Tratado de Libre Comercio: hortalizas y frutales, ¿estaba usted enterado cómo con
medidas colaterales, fuera del tratado, esos triunfos se han convertido en derrotas?, voy
a hablar concretamente del tomate y del aguacate, nada más.
El senador Héctor Larios Córdova:
Sí estoy
perfectamente enterado que estamos en una guerra comercial con Estados Unidos dentro de
reglas que estableció el Tratado de Libre Comercio, ya exportábamos tomate,
fundamentalmente de Sinaloa, antes del Tratado de Libre Comercio, y teníamos mucho
mayores problemas y no teníamos reglas estrictas ni manera de dirimir nuestras
controversias.
Aun a pesar de
las barreras fitosanitarias que pone Estados Unidos al tomate, hoy el 44% de los tomates
que importa Estados Unidos son provistos por México. Y como dije hace un ratito, uno de
cada 3 tomates que se consumen en Estados Unidos es fruto del campo sinaloense
fundamentalmente.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Su tiempo ha
concluido, señor senador.
El senador Héctor Larios Burgos:
A mí me parece
simplemente para terminar, que debemos de poner las cosas en su justa dimensión, es hora
de que aceptemos la responsabilidad que tengamos, y como invitaba el senador Raymundo,
dejemos la demagogia de un lado y actuemos con plena responsabilidad en beneficio del
país.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor
senador.
Para el mismo
tema tiene la palabra el diputado César Horacio Duarte hasta por cinco minutos.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez:
Gracias, señor
Presidente.
Traía un
documento amplio para dar lectura, pero veo que ha iniciado un debate en el que aquí se
han aportado algunas cifras, algunos razonamientos, pero me queda muy claro que hay una
visión muy distinta a la que está pasando en el campo mexicano, a la realidad que vive
el campo mexicano y a lo que ahora con una vista gerencial desde el Gobierno, se nos
pretende vender.
Ahora resulta
que todo está bien en el campo y que antes, igual que ahora o ahora se atiende más que
antes, pero yo no veía a los productores piñeros, arroceros, maiceros, a los forestales,
a los ganaderos en las calles protestando con machetes, tomando puentes y carreteras al
mismo tiempo que los azucareros. Eso es una realidad que nace con este gobierno a la falta
de una atención, de una atención puntual a los diferentes problemas.
Aquí se ha
hablado de los extraordinarios resultados de la Cámara de Diputados, el senador Buganza
hizo una amplia explicación de los diferentes puntos que hemos aprobado y aportado desde
el Poder Legislativo; pero Senador, desde el Poder Ejecutivo no hemos visto ninguna
acción, pese a haberles dado las herramientas y los recursos suficientes vía presupuesto
para atender y no los hemos visto porque vemos a los productores en la calle reclamando.
Ahora, tampoco
es precisamente el Tratado de Libre Comercio, la guillotina de los productores nacionales,
ciertamente es un puente extraordinario para el desarrollo nacional ante un mundo
globalizado y completamente intercomunicado en comercio, pero también es cierto que
permanece y se ha abultado el contrabando de productos agropecuarios y sobre todo ausentes
de una revisión de calidad sanitaria y vegetal de la calidad en precios de desecho que
vienen a competir con nuestros productores nacionales.
Lo hemos dicho,
nosotros para exportar un becerro en Chihuahua, requerimos hacerle un check up en un hospital de Houston y la carne de
Estados Unidos de desecho congelada o sabe Dios qué tratos traerá, no apta para el
consumo humano, se nos vende aquí y viene a competir con la buena carne del productor
nacional. Esa es nuestra realidad, eso tiene en estas condiciones a los productores
nacionales.
Si la CNC,
también se mencionó aquí, está ausente de esa mesa, es porque nosotros ya tenemos los
análisis y los diagnósticos suficientes, entregados al Gobierno, firmados al Gobierno en
un acuerdo y que el Gobierno hace ya cerca de 10 meses, no ha dado un paso adelante. Ese
es nuestro reclamo.
Tan hemos
apoyado, que aportamos leyes importantes como la Ley de Energía para el Campo que nació
de la base del PRI, que fui el conducto de los diputados priístas cenecistas para
aportarlo y que doy gracias a los senadores por haberla apoyado.
Sin embargo, las
herramientas no están puestas en práctica, pero por si faltara algo y esto lo comparto
con los compañeros del PRD, pareciera que no hay o que no ven algo que muchas veces fue
lo que enarboló sus causas: una persecución política a los líderes agrarios del país.
Hay más de una centena de órdenes de aprehensión y de citatorios del Ministerio
Público donde ahora pretenden, en el Ministerio Público, resolver los problemas agrarios
o las demandas de los campesinos que tienen que salir de sus tierras para reclamar
justicia o cuando menos condiciones de mantenerse.
A eso le llaman
demagogia; observar y voltear para otro lado de donde la realidad reclama, de donde está,
de Zacatecas a Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, la persecución de quienes se
manifiestan y de quienes han iniciado una lucha por mantener una política sorda que se ha
mantenido desde el Ejecutivo Federal.
Pero aún más:
hoy en declaraciones del señor Secretario de Agricultura, dice que los chiflidos no
fueron para él, sino fueron cuando mencionó a los diputados federales.
Ciertamente él
es diputado con licencia, probablemente a eso se atribuyó el chiflido. Pero aquí, como
bien lo ratificó un senador del PAN, aquí la Cámara de Diputados, pese a la permanente
descalificación del Ejecutivo, hemos hecho nuestra tarea y la hemos hecho muy bien.
Por eso es un
reclamo al Poder Ejecutivo a que asuma su responsabilidad, a que responda a los
ofrecimientos de campaña y responda a la realidad que está viviendo con un reclamo serio
y formal como es el planteamiento que la CNC le ha presentado al Gobierno de la
República.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias señor
diputado.
En turno para el
mismo tema el senador Ernesto Gil Elorduy hasta por cinco minutos.
El senador Ernesto Gil Elorduy:
Con su permiso
señor Presidente; honorable Asamblea:
Este debate que
se está dando en relación con el campo mexicano tiene una gran trascendencia para el
futuro de millones de mexicanos y del desarrollo nacional.
Yo considero que
más allá de las culpas, omisiones, acciones y disculpas, la situación del campo
mexicano, reconocida por todos, es grave. Nadie duda que esta verdad es la que nos
promueve a realizar todo tipo de propuestas y de acciones para que se busquen los
consensos de las fuerzas políticas, del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales y
municipales, de las organizaciones de productores del campo, de toda la sociedad.
Aquí se ha
dicho de los acuerdos que tomó el Senado de la República, aprobados por todos los grupos
parlamentarios y de la necesidad de buscar acciones que realmente nos permitan resolver
este delicado asunto por el que pasa el campo de nuestro país.
En relación al
TLC no se está pidiendo su abrogación sino su revisión. Y la revisión se debe dar
porque el espíritu de un tratado implica necesariamente derechos y obligaciones de las
partes, pero en su esencia está la equidad. Y si hay causas supervenientes que impiden
que haya esta equidad entre quienes son los firmantes, es derecho legítimo revisarlo para
poder subsanar esas deficiencias y evitar que una de las partes tenga condiciones que no
sean favorables, como el espíritu original del tratado lo planteó.
También es
evidente que los subsidios a los granjeros norteamericanos son los que promueven esta
iniquidad en el comercio y entonces la libertad de comercio está privilegiando a unos y
perjudicando a otros.
Pero, ¿cómo
vamos a resolver el desafío que enfrenta el campo mexicano? ¿Quienes lo van a resolver?
¿En manos de quien se van a dirigir las acciones para poder salir adelante de esta
problemática? Y como aquí se ha dicho que hay que poner las cosas en su auténtica
dimensión, yo pregunto: ¿será posible y será sensato que coordine los esfuerzos para
resolver este reto un secretario de estado como el de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, que no es capaz de asimilar y enfrentar la consecuencia de
sus palabras?
¿Cómo vamos a
confiar en un funcionario que ofende y se burla de la miseria campesina, cuando les dice
que deben trabajar más y protestar menos y que sólo tardarán 47 años para poder ser,
como él, ricos y exitosos?
Cómo podemos
garantizar que un tema tan complicado como el campo, del que dependen millones de
mexicanos, la economía del país, la soberanía alimentaria, el desarrollo regional, la
creación de empleos, la migración, entre otros, esté en manos de alguien que huye de
sus palabras, como sucedió recientemente en Veracruz.
La conclusión
es evidente: este señor servidor público ya no es útil ni para el Gobierno y mucho
menos para el campo y los campesinos.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor.
Se ha terminado
la lista de oradores inscritos, pero había pedido la palabra, para rectificación de
hechos, el diputado Jesús Burgos Pinto. También solicitó la palabra para el mismo tema,
hasta por cinco minutos, el senador Héctor Larios Córdova, el senador Fidel Herrera
Beltrán.
Quedaría de la
manera siguiente: el diputado Jesús Burgos Pinto, del Partido Revolucionario
Institucional, el senador Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional, el
senador Fidel Herrera Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional y el senador
Gerardo Buganza Salmerón, del Partido Acción Nacional.
Tiene la palabra
el diputado Burgos Pinto.
El diputado Jesús Burgos Pinto:
Gracias,
diputado Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El Tratado de
Libre Comercio, en su aplicación real, que es la forma como cada uno de los socios ha
podido comercializar su producción, ha sido, desde el inicio inequitativo.
Aquí se ha
dicho que en apariencia los subsectores hortalizas y frutales aparecíamos como ganadores
en el sector agroalimentario. Muy poco nos duró el gusto.
A los meses de
que se iniciara 1994 los productores de Florida, con todo el apoyo del departamento de
comercio, establecen un panel que obliga a los productores exportadores de tomate del
país, y como se ha dicho aquí, muy principalmente de mi tierra, Sinaloa, a someterse a
una acusación de dumping porque comercializan
en Estados Unidos con un precio más bajo en virtud de menores costos, de mayor eficiencia
y de condiciones climatológicas que favorecen a los productores tomateros del país.
La resolución
fue rápida y contundente: fueron condenados los productores tomateros a actores de una
acción de dumping y fueron condenados al pago
de una fianza, en el cruce por la frontera, de bulto por bulto que ingresa a Estados
Unidos. Ahí perdimos ya la batalla que supuestamente habíamos ganado en la negociación
del Tratado de Libre Comercio.
Ahora bien, los
productores de aguacate han sido víctimas de acusaciones, de sanciones y de barreras
fitosanitarias. Dónde nos quedó la ganancia al sector agropecuario si cuando ganamos nos
arrebataron el triunfo.
Yo creo que
aquí en el seno del Poder Legislativo y en las esferas del liderazgo político y de
representación del pueblo de México es cierto, hay que transparentar los datos
económicos, productivos del sector agropecuario nuestro y el de nuestros socios,
conciliarlos, contratarlos, contrastarlos y hacer el diagnóstico, que es lo que tenemos
que hacer por nuestros representados. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero para eso,
señoras y señores, se necesita voluntad Yo por eso le pido al señor Secretario de
Agricultura y al propio ciudadano Presidente de la República, lean las expresiones
contenidas hoy en los medios de comunicación del diputado Felipe Calderón Hinojosa, que
dice: “no hay que renegociar el tratado, hay que revisarlo”. Ni el señor
Presidente ni el Secretario han dado una sola expresión ni ante las organizaciones de
campesinos ni ante los medios, de sentarse a revisar, de analizar cuáles son los retos
reales, de ver qué es el documento que contiene el procedimiento dentro del tratado que
pueda permitirnos en el respeto a la ley, al cuerpo jurídico que es el tratado, iniciar
acciones de defensa de nuestros productores.
En los
productores agrícolas de México encontramos la más amplia pluralidad política y
organizacional. Creo yo que sería un crimen ir a la caza de votos, a la caza de
simpatías y de adhesiones. Tenemos la mínima responsabilidad de ir al rescate de las
condiciones en las que se encuentra un campo donde viven dos decenas de millones de
mexicanos; donde de ellos se deriva una evolución productiva en la agroindustria.
Hay tecnócratas
ilusos que han dicho que no llegamos ni al 5% del Producto Interno Bruto. Pero quiero
preguntarles, compañeras y compañeros legisladores: dónde vamos a cachar a dos decenas
de millones de mexicanos que más pronto que tarde no tendrán viabilidad económica, no
tendrán servicios públicos, no tendrán seguridad social. Ellos en sus demandas, en sus
aspiraciones van a afectar al resto de los mexicanos.
Quiero concluir
diciéndoles: como miembro del Poder Legislativo yo solicito del titular del Poder
Ejecutivo y de quien lo auxilia en el tema, la misma actitud que los legisladores hemos
tenido. En los tres años de esta legislatura le hemos incrementado los recursos a la
propuesta hecha por el Presidente de la República, en los tres años de esta legislatura
hemos recomendado en la Ley de Ingresos procedimientos, medidas que faciliten la
comercialización de los productos agrícolas. No menos este año en el artículo 5º de
la Ley de Ingresos por primera ocasión se mandató por esta Cámara, que las
importaciones que por cupo y por sobrecupos se permitieran, sólo fueran de maíz amarillo
para proteger la cosecha más importante de México, que es la cosecha de maíz blanco,
donde somos superavitarios. Eso es todo.
Aquí hemos
tenido capacidad política, decisión, para que cuanta iniciativa del Presidente llega
aquí, permítame, señor Presidente para redondear mi intervención, hubo un
enriquecimiento y sean aprobadas por unanimidad. Así fue con la iniciativa de la Ley de
Capitalización del Procampo, que aquí la aprobamos y la apoyamos con convicción, así
fue la Ley de Financiamiento Rural que trabajamos con los colaboradores del Ejecutivo, de
Hacienda, y aquí la mejoramos y la apoyamos todos, así fue el último Presupuesto
aprobado por unanimidad, pero muy diferente, como se ha dicho, con 13 mil 100 millones de
pesos extras para el campo. Eso es todo lo que las gentes del campo, los diputados que
venimos del sector rural pedimos disposición. Vamos platicando, contratando datos, pero
vamos platicando y no respondiendo con descalificación.
El hombre del
campo el día de hoy está ofendido por las expresiones insensatas, groseras del
Secretario de Agricultura que no tenía por qué haberlos tratado así. El tiene, y para
eso se le paga, para que atienda cuanto reclamo se le haga, para que lo analice, lo
estudie y le recomiende a su jefe cuál es la decisión.
Es cuanto,
señor Presidente.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias.
El senador
Héctor Larios Córdova, en el uso de la palabra.
El senador Héctor Larios Córdova:
Con el permiso
de la Presidencia:
Solamente para
precisar. En primer lugar, que nadie aquí habló que el campo estuviera bien, simplemente
hable de algunos sectores del campo que han mejorado en los últimos años. Desde la
primera intervención, de la intervención del senador Esteban Angeles Cerón, habló de
dos campos: uno, con historias de éxito productivo y otro, que está sumido en el rezago.
Y ésa es una realidad que todos compartimos y que todos quisiéramos y queremos trabajar
para poder remediar. De manera que me parece que es importante hacer esta primera
precisión.
En segundo
lugar, no podemos tomar posiciones tan dicotómicas de decir que a partir de esta
administración vino toda la crisis. ¿Estuvo el campo antes mejor? ¿Hubo más recursos
para el campo?
Tampoco esta
legislatura es la primera que incrementa, en los tres años que va el presupuesto, la
partida que el Ejecutivo destinó para agricultura o para el campo. En los tres años
anteriores de la legislatura anterior, en los tres, la Cámara de Diputados incrementó
las partidas presupuestales para el campo y aquí hay varios que estuvimos en la Cámara
de Diputados entonces, y también fue mayor el presupuesto para el campo de lo que el
Ejecutivo mandó de la administración pasada.
Me parece que no
podemos ser tan extremistas. Aquí se hablaba de muchísimas cosas, que no ha habido nada
de parte del Ejecutivo, lo decía el senador Ernesto Gil Elorduy y viene un compañero y
habla de la iniciativa del Presidente de la República, de la Ley de Capitalización del
Procampo, que todos, todos compartimos y que todos votamos a favor, o la iniciativa del
Ejecutivo de la Ley de Financiera Rural o los propios decretos antes de la iniciativa de
la Ley de Energía del Campo, ya había un decreto del Ejecutivo al respecto.
Hay muchísimas
acciones del Gobierno, incluso en cantidades, en transparencia, hoy cualquiera puede
conocer cuál es padrón del Procampo, cuánto se asignó a cada productor con nombre y
apellido. Lo mismo que los apoyos de Aserca en apoyos a la comercialización. Hoy tenemos
toda esa información que no teníamos antes.
Me parece que
habría que ser muy claros de que ciertamente si una parte del campo está en crisis, no
podemos asumir que no se ha hecho nada por esta administración; por el contrario, yo creo
que podríamos hacer un recuento y podríamos encontrar muchas más acciones en esta
administración de las que se hicieron en el pasado. Precisamente en el pasado habría que
encontrar las causas, las causas de mucha de esta crisis que vivimos.
Hablaba también
el senador Elorduy, por ejemplo, de que hay causas supervivientes para revisar el tratado.
Pues seguramente es que perdieron el poder. Y, bueno, este tratado se negoció hace 11
años, entró en vigor hace nueve años y hoy es cuando vemos cuales causas sobreveniente.
¡La única causa diferente que yo veo es: que hoy no está el PRI en la Presidencia de la
República!
Si al senador le
ofenden...
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Permítame,
senador.
Sí, diputado.
El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios (desde
su curul):
Señor
Presidente: sería tan amable de preguntarle al señor senador si quiere que le haga una
pregunta.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Señor senador:
¿Acepta usted una pregunta?
El senador Héctor Larios Córdova :
Con todo gusto.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Adelante,
diputado.
El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios (desde
su curul):
Señor senador:
primero, muchas gracias. Segundo, usted invoca a la legislatura anterior a la nuestra en
donde usted fue diputado, en donde se construyó ¡por primera vez en conferencia! Acción
Nacional y el PRD la Ley de Desarrollo Rural. En donde mi partido dio un voto, en lo
particular, contrario a lo que ustedes habían aprobado. Sin embargo, esos mismos
legisladores, nada más las mismas siglas de estos legisladores en esta legislatura entran
y dicen que esa ley que ustedes, que ustedes construyeron, que ustedes votaron y por ende
aprobaron, no tenía validez. Nos deja muy claro que entonces ustedes legislaron no en
beneficio de los campesinos, sino en contra de un gobierno emanado de un instituto
político diferente al suyo. Yo quisiera escuchar su comentario.
El senador Héctor Larios Córdova :
Con todo gusto,
diputado.
En primer lugar,
déjeme repetir que hice alusión a la legislatura anterior porque a veces quisiéramos
pensar que a partir de un momento en la historia todo se construyó y antes no existía
nada. Y hacía referencia a que se insiste mucho que en los tres años de esta legislatura
se ha mejorado, se ha incrementado la cantidad de recursos; voy a su pregunta; se ha
mejorado y se ha incrementado la cantidad de recursos destinados al campo, lo mismo
sucedió en la legislatura pasada, por eso hice alusión a la pasada.
Efectivamente,
en el último día del periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, de uno de los
periodos, se aprobó, con el voto a favor del PAN, esa Ley de Desarrollo Rural, fruto de
la realidad que se vive en los días últimos de periodos, de acuerdos políticos y de
falta de una revisión y de consenso dentro del grupo parlamentario. Y creo que es de
sabios corregir yerros y, efectivamente, pensamos nosotros que había que ser mejorada y
pulida, pensando en el beneficio del campo precisamente.
Quiero concluir
simplemente volviendo a hacer alusión a que tenemos que ir sobre datos objetivos. Hoy se
ha hecho aquí alusión por dos de los oradores, de que se sienten ofendidos por las
palabras del Secretario de Agricultura. Tengo aquí y dejo en la Secretaría la versión
estenográfica del discurso del Secretario en la reunión aludida, para que encuentre
dónde están esas alusiones que le ofenden gravemente a algunos de los legisladores. Me
parece que tenemos que ir a las fuentes de la información antes de tejer tantas historias
que a veces no tienen sustento ni siquiera de una telaraña.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Para contestar
alusiones personales tiene la palabra el senador Gil Elorduy.
El senador Ernesto Gil Elorduy:
Muchas gracias,
señor Presidente, con su permiso:
No hay gente
más desinformada que la que no sabe escuchar o la que no pone atención a lo que se
expresa en la tribuna. Al hablar su servidor de las causas sobrevenientes me refería a
los apoyos que han tenido los granjeros norteamericanos en los subsidios que les otorga su
gobierno y que lesionan el pacto original que fue la firma del Tratado de Libre Comercio
en 1994, no a los hechos supervenientes políticos que menciona nuestro preciado amigo
senador y que no tiene nada que ver el poder con este asunto.
Lo que es
evidente es que este gobierno, si vamos a esos temas, lleva dos años en el no poder. No
ha podido cumplir las promesas de campaña, no ha podido llegar al 7% de crecimiento
económico, no ha podido crear el millón 300 mil empleos que ofreció; no ha podido hacer
nada. Y cuando se le pregunta por alguna responsabilidad, se evaden y nos contestan, como
hoy aparece en todos los medios de comunicación: ¿Y a mí, por qué?
Este año tienen
80% más los subsidios para los granjeros norteamericanos. Si esa no es una causa
superveniente que obliga a revisar el TLC, no sé cuál sea. Y es efectivamente de sabios
errar, pero no tan seguido.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor
senador.
En uso de la
palabra el senador Fidel Herrera Beltrán, hasta por cinco minutos.
El senador Fidel Herrera Beltrán:
Y a ver, en el
hilo del pensamiento del senador Gil Elorduy, es una causa sobreveniente sólo agregar a
las disparidades por los tamaños de la economía y de los respaldos que en nuestros
socios comerciales se dan a sus productores primarios, sino también una causa
sobreviniente es la ineficacia en la conducción del Estado en el cumplimiento de la
responsabilidad de promover el desarrollo rural.
Un ínclito
miembro del Gobierno Federal asume que la responsabilidad tendría que corresponder al
gobierno precedente y dice que llevan dos años de estar cosechando lo que se sembró. Yo
corregiría: lleva dos años de estarla regando y no con agua sino con decisiones
erráticas y sin precisión, sin asiento en las realidades del país y sin haber
visualizado el desarrollo de la nación fortaleciendo el mercado interno con la vía del
ingreso de los salarios y de las pensiones, jubilaciones para reactivar el consumo y poder
tener mercado para los productos nacionales.
Y miren, más
allá de las disputas de carácter ideológico y partidario, lógico aquí hay dos
visiones muy claras, la visión gerencial de la producción agrícola, ganadera, pesquera
y forestal y la visión social. Hay una visión que nos da un mundo azul donde sólo es
feliz el propietario del rancho San Cristóbal y sólo produce ganancias si es negocio
cultivar y exportar ajos y cebollas y luego echárselas como culpa a los productores
pequeños a los que la única responsabilidad que podría atribuírseles es que no tienen
como su contraparte norteamericana o canadiense grandes extensiones de tierra y que sólo
gracias a un movimiento social pudieron acceder en un mecanismo de justicia para
distribuir la riqueza en México a pequeñas parcelas.
Porque este es
el fondo del asunto y por eso fue tan difícil negociar el Tratado de Libre Comercio en el
capítulo agroalimentario que el tamaño de las economías de los que se asociaban eran
distintas y en consecuencia el tamaño del desarrollo para producir el tecnológico, el
industrial, el que incidía en los productos y también de los consumos y esas asimetrías
que fueron reconocidas establecieron un periodo para transferir recursos por la vía de
subsidios de suerte que el sector primario recibiera los apoyos por lo menos similares a
los que se estaban recibiendo en Estados Unidos, pero sobrevino el hecho de que mientras
en México enfrentamos una crisis grave del Sistema de Intermediación Financiera en 1995,
los países desarrollados tomaron la determinación de financiar, de subsidiar más a su
Agricultura y Ganadería y no nosotros sino el Presidente del Banco Mundial Woolfenson en
la reunión de Doha señaló que el grave problema que afectaba los tratados comerciales y
los intercambios de comercio justo en el mundo era la determinación de los países
desarrollados que había determinado subsidiar a su Agricultura y Ganadería con mil
millones de pesos diarios. ¿Quién puede contra 365 mil millones de dólares para
financiar la producción de alimentos? Y ahí está su desdoblamiento, la Farm Bill, la
Ley Agrícola y Ganadera que sólo como apoyos a la comercialización autoriza alrededor
de 19 mil millones de dólares diarios a los productores norteamericanos frente a las
condiciones tan exiguas y difíciles que en México tenemos por una visión equivocada
para no apoyar oportunamente a nuestra Agricultura y Ganadería.
Y ahí están
las cifras, esas no mienten, a los que les gusta la numeralia, mientras que en Estados
Unidos a cada productor se le apoya sólo para efectos de comercialización en lo que se
llaman subsidios directos de acuerdo a la tesis de Miguel Jakin, Subsecretario del
gobierno Foxista o alrededor de 20 mil dólares anuales y en Canadá es del orden similar
y en la Unión Europea también y en el Japón con 24 mil dólares anuales, el apoyo a los
productores en México es de 720 dólares dispersos en una maraña enorme de mecanismos
que por acá se llaman alianza Procampo, Progresa, ahora ya les cambiaron el nombre.
Contigo o sin ti, o de alguna manera diferente y los apoyos adicionales al consumo Diconsa
que por cierto quieren desaparecer también, la leche y otros insumos que no tienen el
reflejo de lo que estamos reclamando, entonces hay una situación de emergencia en el
campo.
Señores, ya lo
reconocimos y así lo votamos en el artículo 2o. de la Ley de Ingresos establecimos que
hay una situación de emergencia en el campo, agravada por la desgravación a partir del
1o. de enero 19 productos sensibles, enfatizada la crisis porque no sólo le pega a la
producción o a los productos mexicanos la liberación comercial con Estados Unidos y
Canadá sino nos pega también otro hecho irrefutable, Estados Unidos, Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional decidieron reconstruir el sureste asiático, ése que
habían destruido en la guerra injusta de Vietnam y de repente le metieron toneladas de
dinero, dinero para producir productos subsidiados en un área geográfica del planeta que
es muy similar a la nuestra y los mismos productos se producen allá.
Vietnam se
volvió productor de café, 16 millones de toneladas de sacos de café que frente a los 6
millones de México pues nos ponen en condiciones de que no haya precio internacional.
Piña de Tailandia; caña de azúcar en Indonesia, todos los productos iguales, doble
efecto y una política equivocada y los esfuerzos de ocho años echados por la borda en
dos años de una política irreflexiva que se refleja muy claramente en las palabras de
este hombre que se ha vuelto un clásico de la desgracia agrícola de México, el
secretario Usabiaga cuando reclamaban los productores de caña de azúcar la intervención
del Estado para que se liquidaran las cañas de la cosecha 2000-2001 y el sabio de la
agricultura mexicana decía “esa es una bronca de los cañeros y los industriales, el
Estado no tiene nada que ver”.
Como dice su
ilustre jefe “y yo por qué”. Ese es el problema, esa es una causa sobreveniente
y probablemente esa sí se asocia al hecho de que en la alternancia que determinaron los
mexicanos le confirieron la conducción de la política económica del país al equipo
político que no tiene ninguna noción, ni compromiso, ni responsabilidad con la nación.
Esa es la causa sobreviniente.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias señor
senador. El senador Gerardo Buganza en uso de la palabra.
El senador Gerardo Buganza Salmerón:
Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros senadores y diputados:
Yo creo que
hemos desviado el debate y que si bien es cierto podría ocupar parte de este tiempo a
discutir muchas de las descalificaciones que se ha hecho al Gobierno, yo no he entrado a
esa discusión desde el planteamiento del grupo parlamentario del PAN.
Yo cuando vine a
hacer un posicionamiento aquí, con mucha claridad coincidía incluso en la conclusión
acerca de la búsqueda de encontrar precisamente las revisiones a todos y cada uno de los
puntos que desde luego nosotros tenemos la obligación de revisar y de ver, y de proponer
y de discutir y de avalar en su caso, que hacía también referencia de que uno de los
acuerdos que habíamos logrado en el segundo artículo transitorio de la Ley de Ingresos
era precisamente monitorear muchos de estos problemas que se venían encima, ¿por qué?
porque venía esa modificación que si bien es cierto en muchos aspectos es poco
impactante a lo que ya hemos tenido, por el otro lado habría algunos factores, el 10% de
los productos, que tenían obviamente modificaciones sustanciales.
Mencionaba yo en
mi exposición el caso de la avicultura donde hay una disminución del arancel del 45% al
cero, desde luego que hay que revisar y que hay que ver, y que hay que darle seguimiento y
que desde luego también hay que en ese monitoreo ver que las cosas o las políticas
públicas y la intención tanto de la política que realmente se lleve a cabo y que bueno,
pues eso es lo que deberíamos de hacer.
Nunca dijimos
aquí que todo estaba bien. Yo insisto, hay muchas cosas que corregir y que mejorar y que
eso es parte de nuestra obligación y es parte de nuestro compromiso. Tampoco puedo decir
que Acción Nacional va a estar viendo los problemas bajo un aspecto gerencial y no social
cuando en todas y cada una de nuestras intervenciones ha habido desde luego un enfoque
social al igual que ustedes que han expresado aquí sus inquietudes, las hemos atendido de
igual manera y la hemos atendido no nada más en el discurso sino en los hechos,
conjuntamente legisladores de todos los partidos políticos hemos revisado puntualmente
muchas de las acciones del gobierno, muchas de las acciones o políticas públicas
actuales las hemos modificado; la intención en la participación y decir, a pesar de
todos estos problemas que tenemos el Legislativo ha funcionado ha dado excelentes
resultados, ha tenido para mi juicio muy buenos logros que todavía no podemos ver.
Simplemente el
problema del crédito, yo les decía que en el crédito global que se tiene de todos los
sectores, el sector del campo no supera el 1% del crédito y que hoy por primera vez para
el año 2003, después de haber conseguido entre todos nosotros tener una Financiera
Rural, en la que realmente haya 20 mil millones de pesos y con la revolvencia quizá un
rotación o un crédito mayor en término del ciclo del año, bueno a mi me parecería un
desperdicio el no ocuparnos de vigilar que esta Financiera Rural esté empezando a dar sus
frutos desde el mes de enero y que realmente al productor se le esté dando las
facilidades de poder tener su inversión en el campo, de poderse tecnificar, de poner
riego, de poder tener los elementos necesarios para la competitividad.
A mi me parece
que ahí es donde debemos de centrarnos y que no vamos aquí y no es mi pretensión buscar
culpables hacia atrás; no yo creo que lo que tenemos que hacer es definitivamente buscar
acciones soluciones que permitan al campo mexicano seguir adelante. Yo creo que muchos de
los esfuerzos que se han dado estamos precisamente por poder concretarlos, creo que no
debemos de dividir en un debate falso realmente el verdadero enfoque que es, lograr que
esto aterrice y que estas políticas públicas que hoy han sido prácticamente ya en
operación aprobadas por todos nosotros, vigilar con el Ejecutivo que se den.
Y eso es el
exhorto que les hago a todos ustedes y yo creo que, en esta medida vamos a ver y vamos a
tener realmente resultados para el campo mexicano. Sin duda tenemos que ver que estas
diferencias que tenemos con los americanos en el análisis y en la revisión, porque
podemos revisar y analizar cada uno de los renglones en cada uno de los sectores, en cada
uno de los productos, ver efectivamente que acciones deberíamos de concretar entre el
legislador y el Ejecutivo.
A mi me parece
que el debate debería centrarse simplemente en buscar acciones concretas de aterrizaje de
todas estas políticas públicas, que todos hemos contribuido a tener para el cambio o las
mejoras del campo mexicano.
Por su atención
señoras y señores, muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias senador.
El turno del
diputado César Duarte.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez:
Es de sabios
reconocer y qué bueno que se hizo aquí un recuento precisamente de los pasos y de los
tiempos que está viviendo la política agropecuaria en México.
Es indiscutible
que lo que requiere el campo es, atención, decisión política, aplicar los productos que
hemos elaborado aquí bien terminados, perfectible ciertamente, pero bien terminados como
son marcos legales adecuados, aunque al inicio de nuestra gestión el veto a la Ley de
Desarrollo Rural, que se aprobó en la legislatura anterior, fue la primera señal
negativa que recibimos del Ejecutivo, pero sin duda la irritación en el campo, el calor,
la fricción que existe en el campo mexicano, tenemos la extraordinaria responsabilidad de
atenderla.
Nosotros,
insisto, desde el Legislativo hemos hecho la tarea y la hemos hecho bien; falta ese paso
que el Gobierno de la República tiene que dar en la aplicación adecuada y puntual de los
presupuestos aquí aprobados, aquí mejorados, aquí construidos y que sobre todo esa
puntualidad y esa eficiencia se vean en resultados, que mantengan a los productores
produciendo, que no escojan tener que abandonar la parcela para venir a lamentarse o
venirse a quejar a las calles de la Ciudad de México o a las carreteras del país. Ese
es, sin duda, el gran trabajo que tiene el Gobierno, que le toca ahora responder ante las
herramientas que ya hemos dado.
Sin embargo, en
el Tratado de Libre cuando renegoció Canadá, cuando negoció Canadá, apartó el
capítulo del medio ambiente, estableciéndose en ese país una sede del tratado, un
tratado paralelo en esta materia y es precisamente a lo que nosotros apostamos, a buscar
conductos, salidas, no queremos poner en riesgo a los demás sectores en el país, el
campo una vez más sabe aguantar y sabe aportarle al país lo que le ha venido aportando;
sin embargo es inminente esa revisión que se tiene que dar al capítulo agropecuario para
que enriquezcamos y generemos las mejores condiciones junto con la respuesta del Gobierno
a este trabajo que hemos venido haciendo y que es muy claro, el Legislativo ha cumplido y
desgraciadamente desde la Secretaría de Agricultura se ha fallado.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias,
diputado.
Se concede el
uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al senador Raymundo Cárdenas, del Partido de
la Revolución Democrática.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias, señor
Presidente:
A mí me
preocuparía mucho que los campesinos mexicanos tengan la idea de que con lo que hemos
aprobado en las cámaras en estos últimos años vamos a resolver su situación. Eso es, a
mi juicio, algo alejado muchísimo de la rea-lidad.
Los problemas
acumulados del campo sólo se van a resolver si los mexicanos somos capaces de generar un
nuevo pacto social en donde respondamos claramente a la pregunta de cuál va a ser el
papel que el sector agropecuario debe jugar en el desarrollo nacional.
Para una buena
parte de la clase política que ha gobernado el país en los últimos 20 años, el papel
que deben jugar los campesinos es totalmente prescindible. Para muchos de los tecnócratas
salinistas y zedillistas, que parece que ya no hay nadie que defienda esas políticas, la
mejor salida para los productores que no iban a ser competitivos, la mejor salida para la
mayoría de los agricultores de mi estado, Zacatecas y muchos que tienen sus mismas
condiciones, eran dejar de ser campesinos, simplemente vendan la tierra a quien pueda
invertir las cantidades que se requieren para competir en esta competencia inequitativa
que abruptamente fue adquirido como compromiso por los negociadores de Carlos Salinas en
1993 y finalmente concretado en 1994.
Yo creo que
necesitamos crear un consenso nacional para plantearle a los norteamericanos de cómo se
van a hacer cargo ellos de los perdedores en el TLC; perdedores aquí y también en los
propios Estados Unidos aunque en proporciones mucho menores.
En Europa los
países ricos sí se hicieron cargo a través de los fondos de cohesión social, de los
perdedores de los acuerdos de Libre Comercio, pero allá hubo una negociación un poco o
un mucho más responsable, que la que llevaron a cabo acá los negociadores salinistas.
Le preguntamos
en alguna ocasión a Pedro Aspe, por qué no exigía el capítulo de Recursos
Compensatorios, la respuesta soberbia fue: “nosotros queremos comercio, no
limosna”.
Yo creo que eso
es de lo que debe deslindarse con toda claridad el PRI, yo no quiero juzgar al PRI de hoy
por los errores de los últimos 15 años o 20, pero es bueno que el PRI de hoy se deslinde
claramente de toda continuidad de aquella política, y el PAN debería decir algo acerca
de la continuidad, clara y evidente, de las políticas agropecuarias hacia el campo.
La principal
política, la alianza por el campo, en esencia es exactamente igual la de este gobierno a
las anteriores. Y ése es el principal programa, que simplemente ve para hacer viable la
reconversión de una pequeña proporción de los productores mexicanos que sí están en
capacidad de invertir las cantidades que se requieren, para ser competitivos con los
productores del norte.
Y el resto
aquéllos a los que no pueden poner su parte, para poner el equipo de riego por goteo o
para adquirir la maquinaria y los equipos necesarios, ¿cuál es la salida para ellos? Que
son el 80% de los productores de Oaxaca, que son el 80% de los productores de Zacatecas, y
que son la inmensa mayoría de esos veintitantos millones de mexicanos que viven en el
campo, ¿cuál es la salida?
¿Ellos van a ir
a obtener los créditos en esta financiera rural, que tiene sí una cantidad que no
existía antes, pero que es totalmente insuficiente? Yo creo que no, y por esa razón
señalo que debemos obrar con mucha responsabilidad, no hemos hecho nuestra tarea, la
salida al campo no es una salida individual, o más bien, particular para ese sector.
El campo se va a
salvar si se salva toda la economía nacional, si logramos generar un nuevo modelo de
desarrollo económico y una nueva inserción en la globalización mundial, ése es el
problema.
Tenemos que
discutir a fondo y yo espero que pronto este Congreso de la Unión se dé el espacio
necesario para discutirlo. Ya no es suficiente la ventaja comparativa de los bajos precios
de nuestra mano de obra, ahí viene China, dicen con temor todos nuestros industriales,
ahí está la competencia de China por las maquiladoras que en una época se vieron como
la salida.
Bueno, si no es
la baratura de la mano de obra nuestra salvación, ¿ahora cuál es? Hay soluciones y creo
que deberemos darnos el espacio para discutirlas. Gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias senador.
Finalmente tiene
la palabra el senador Jorge Zermeño, último orador... Declina el senador. Gracias
senador.
ORDEN DEL DIA
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
Se informa al
señor Presidente que se han agotado los asuntos en cartera y se procederá a dar lectura
del orden del día de la próxima sesión.
«Comisión
Permanente.— Primer Receso.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 15 de
enero de 2003.
Lectura del acta
de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los Congresos
de los estados de: Chihuahua, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala.
Oficios de la
Secretaría de Gobernación
Con las
propuestas del señor Presidente de la República, para la designación de magistrados de
Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (Turno a
comisión.)
Con la propuesta
del señor Presidente de la República, para la designación del abogado Héctor Reynaldo
Tinoco Jaramillo, como vocal de la junta de gobierno del Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario. (Turno a comisión.)
Con los que se
remiten 15 hojas de servicio de miembros del Ejército mexicano, para los efectos de la
fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. (Turno a comisión.)
Dictamen a
discusión
De la segunda
comisión con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox
Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio
nacional del 23 al 31 de enero de 2003, a efecto de que realice una gira de trabajo por
Europa que comprende la participación en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, una
visita oficial al Reino de los países bajos, así como una visita de Estado a la
República Federal de Alemania.
Y los demás
asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo (a las 16:53 horas):
Se levanta la sesión y se cita para
la próxima que tendrá lugar el miércoles 15 de enero del 2003 a las 11:00 de la
mañana.»
|