| Presidencia
del diputado Eric Eber Villanueva Mukul
ASISTENCIA
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Proceda la
Secretaría a pasar lista de asistencia.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
Se va a proceder
a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.
Hay una
asistencia de 30 legisladores. Hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul (a
las 11:27 horas):
Se abre la
sesión.
ORDEN DEL
DIA
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
Se va a dar
lectura al orden del día.
«Comisión
Permanente.— Primer Receso.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 29 de
enero de 2003.
Lectura del acta
de la sesión anterior.
Comunicaciones
De legisladores.
De los congresos
de los estados de: Chihuahua, Tlaxcala, Tamaulipas y Sonora.
De la
Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz.
De la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente.
Iniciativa del
Congreso del estado de Michoacán
De reformas a
los artículos 102 apartado B y 105 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)
Iniciativas de
legisladores
Que reforma
diversos artículos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en materia de
tarifas, a cargo del diputado Jesús Burgos Pinto, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que adiciona el
Capítulo VI-bis a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, suscrita por el
diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma
diversos artículos de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo
del diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma el
párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Oficios de la
Secretaría de Gobernación
Con el que se
remite comunicación del Director General de Derechos Humanos de la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal, en relación a un punto de acuerdo aprobado por la
Comisión Permanente.
Diez con los que
se remiten oficios en respuesta a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores,
de diversas dependencias.
Ocho con los que
se remiten oficios en respuesta a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados,
de diversas dependencias.
Quince con los
que se remiten hojas de servicios de miembros del Ejército Mexicano, para los efectos de
la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. (Turno a comisión.)
Con el que
remite informe sobre el punto de acuerdo, aprobado por esta Comisión Permanente, en
relación al Canal 40. (Turno a comisión.)
Dictámenes de
primera lectura
De la Primera
Comisión con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos José Sulaimán
Chagnon, Luis Ernesto Derbez Bautista, Rodolfo Elizondo Torres, Amanda Mireya Terán
Munguía, José Armando Tamayo Casillas, Mariana Campillo Méndez y Jacques Robert Henri
Marie Payén y Rubio, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los
gobiernos del Reino de Tailandia, de la República Federativa de Brasil, del Reino de
España y de la República Francesa, respectivamente.
De la Primera
Comisión con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Pedro Haces Sordo,
para de-sempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de España, en la ciudad de
Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.
De la Primera
Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Alejandra
Villanueva Tijerina, Fernando Rodríguez Rodríguez, Elio Sánchez Sánchez, Diana
Rodríguez Peña y Carola María Castellanos Bosch, para prestar servicios en los
consulados de Estados Unidos de América, en Nuevo Laredo, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo
León y en la Embajada de la República Argentina, en México, respectivamente.
Dictámenes a
discusion
Quince de la
Segunda Comisión con puntos de acuerdo, por los que se ratifican grados militares, a los
ciudadanos Juan Figueroa Vargas, Cuauhtémoc Eduardo Ruiz Ayala, Héctor Manuel Valles,
Mario Alfredo Ovalle Gutiérrez, Gustavo Cordero Gómez, Estanislao Bautista Gordillo,
José Francisco Zúñiga Vega, Agustín Gabriel Ortega Cardoso Salinas, Gonzalo Corona
González, Irma Vélez Hernández, Saúl Contreras Ojeda, Clemente Martínez Hernández,
Agustín Becerra Zárate, Jesús Arévalo Espinoza y Humberto Castro Sánchez.
La Cámara de
Senadores, para los efectos del inciso g) del artículo 66 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, remite los presupuestos de dietas,
honorarios, sueldos y gastos, para los meses de enero y febrero de 2003.
De la Primera
Comisión con puntos de acuerdo, para que se solicite a la UNAM, y al Observatorio
Meteorológico Nacional, realicen el estudio que determine el uso horario que le
corresponde al estado de Durango.
Proposiciones
Con punto de
acuerdo en relación a la problemática de las guarderías del IMSS, a cargo de la
senadora Yolanda Eugenia González Hernández, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo para destinar apoyos emergentes y extraordinarios a los damnificados del estado de
Colima, por el terremoto ocurrido el pasado 21 de enero de 2003, suscrita por los
senadores Héctor Michel Camarena y Ernesto Gil Elorduy, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)
Con punto de
acuerdo para solicitar al Gobierno Federal apoyo extraordinario para atender a los
damnificados del terremoto ocurrido el 21 de enero de 2003, en el estado de Colima, a
cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución.)
Con punto de
acuerdo para destinar recursos extraordinarios a los municipios afectados por el terremoto
del 21 de enero de 2003, a cargo del diputado Ramón León Morales, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)
Con punto de
acuerdo en relación al fomento de la lectura, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo para que se reclasifique la tarifa eléctrica en el estado de Tabasco, suscrita
por los senadores Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Raymundo Cárdenas Hernández y José
Moisés Castro Cervantes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo en relación al uso de la papelería oficial del Poder Ejecutivo Federal, la cual
no cumple con lo establecido por la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales,
a cargo del diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo para que México ratifique el II Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo en relación a la situación del campo mexicano, a cargo de los grupos
parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo sobre el problema de salud en el estado de Chiapas, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo en relación con los niños fallecidos en el Centro de Salud de Comitán, Chiapas,
suscrita por los diputados. Adela del Carmen Graniel Campos y Ramón León Morales, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo en relación al presupuesto del estado de Nayarit, a cargo del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo para demandar que se investigue al Servicio Postal Mexicano y se finquen
responsabilidades en contra de quien resulte responsable por la desaparición de 15 mil
cheques, suscrito por los diputados Sergio Acosta Salazar y Ramón León Morales, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que realice una
prórroga para poder tramitar la doble nacionalidad, a cargo del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo para solicitar solidaridad y apoyo para los damnificados del estado de Colima, a
cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Con punto de
acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno. del Distrito Federal, proceda a la publicación
inmediata del texto íntegro del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al
Código Financiero del Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo para que la Comisión Permanente, exija a la Comisión Jurisdiccional la nulidad
de las actuaciones que ha estado realizando la Sección Instructora, a cargo del senador
Ernesto Gil Elorduy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo sobre la relación México-Estados Unidos de América, en materia de transporte, a
cargo del senador Esteban Angeles Cerón, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Agenda política
Comentarios
sobre el Acuerdo Nacional para el Campo, a cargo del senador Raymundo Cárdenas
Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios en
relación a “La Problemática del Campo Mexicano”, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios
sobre la situación económica y presiones al tipo de cambio, a cargo del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
Es cuanto,
señor Presidente.
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
El siguiente
punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior. Pido a la
Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en
consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y se proceda a su
votación.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
Por
instrucciones del señor Presidente se consulta al honorable pleno que en virtud de que el
acta se encuentra publicada en La Gaceta, se dispensa la lectura.
Los que estén
por la afirmativa, les rogamos manifestarlo...
Señores
legisladores estamos consultando si se dispensa la lectura del acta, quienes estén por la
afirmativa les rogamos manifestarlo...
Gracias.
Los que estén
por la negativa, señores legisladores... Se
dispensa la lectura, señor Presidente.
«Acta de la
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles
veintidós de enero de dos mil tres, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de
Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura
Presidencia del diputado Eric Eber
Villanueva Mukul
En el salón
Legisladores de la República del Palacio Legislativo en San Lázaro, sede de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y dos legisladores, a
las once horas con treinta y un minutos del miércoles veintidós de enero de dos mil
tres, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría
da lectura al orden del día.
La Asamblea
dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma
manera la aprueba
El Presidente
expresa, a nombre de la Comisión Permanente, su apoyo y solidaridad a los damnificados y
a las familias de quienes perdieron la vida en las entidades federativas afectadas por el
movimiento telúrico del martes veintidós de enero de dos mil tres, e informa que la Mesa
Directiva integrará una comisión plural de legisladores para que se traslade a brindar
solidaridad y apoyo al pueblo y gobierno de esos estados.
Comunicación
del Congreso del estado de Tlaxcala, con acuerdo por el que solicita que esa entidad
federativa sea considerada en los programas de desarrollo de la región Sur-Sureste.
Presidencia del diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo
Se turna a la
Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo
regional relacionados con la región Sur-Sureste de México.
Comunicación
del Consejo de la Judicatura Federal, con la que informa del inicio de su primer periodo
de sesiones del año dos mil tres. De enterado.
Comunicación
del Grupo de Trabajo de Cafeticultura de la Cámara de Diputados, con la que solicita
prorrogar su existencia. Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Diputados.
Comunicación de
la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con la que remite la propuesta de
nombramiento de la ciudadana Nora Elizabeth Urby Genel, como magistrada de la Sala
Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se turna a la Tercera
Comisión.
Iniciativas con
proyecto de decreto:
• Del
diputado Salvador Cosío Gaona, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma la
fracción vigésima del artículo treinta y dos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se
turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
• Del
diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, que reforma y
adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para sustituir la expresión Estados Unidos Mexicanos por el nombre de México.
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
• Del
diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática,
que adiciona los capítulos tercero-bis y cuarto-bis a la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público Federal, en materia de estabilidad y transparencia presupuestarias. El
Presidente informa de la recepción de la iniciativa referida y la turna a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
• Del
diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la
Ley del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación y que reforma y adiciona las
leyes General de Educación y Federal de Entidades Paraestatales. Se turna a las
comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Gobernación y Seguridad
Pública de la Cámara de Diputados.
• Del
diputado Ramón León Morales, a nombre propio y del diputado Martí Batres Guadarrama,
ambos del Partido de la Revolución Democrática, que reforma diversos artículos de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.
Oficios de la
Secretaría de Gobernación:
• Quince,
con los que remite copias de oficios de las siguientes instituciones: tres de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; del Gobierno del estado de México;
dos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
de la Dirección de Prevención y Readaptación Social del estado de Sinaloa; de la
Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guanajuato; de la Secretaría de Energía;
de la Comisión Reguladora de Energía; de la Secretaría de Economía; y dos de la
Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, en relación con puntos de acuerdo
aprobados por la Cámara de Diputados y el Presidente instruye remitir copias a los
promoventes para su conocimiento; y de la Administración General de Aduanas del Servicio
de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la
Secretaría de Energía, en relación con puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de
Senadores, que se remiten a esa Cámara.
• Seis, por
los que solicita el permiso necesario para que igual número de ciudadanos, puedan aceptar
y usar las condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros. Se turnan a la Primera
Comisión.
• Uno, con
el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Pedro Haces Sordo, pueda
desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de España en la ciudad de Acapulco,
con circunscripción consular en el estado de Guerrero. Se turna a la Primera Comisión.
• Dos, con
los que solicita el permiso necesario para que cinco ciudadanos mexicanos, puedan prestar
servicios en diversas representaciones diplomáticas de Estados Unidos de América y en la
Embajada de la República Argentina, en México, e informa que una ciudadana ha dejado de
prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Por lo que respecta a las solicitudes de permiso, se turnan a la Primera Comisión, y en
lo relativo a quien ha dejado de prestar servicios, se turna a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de
Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
• Quince,
con los que remite hojas de servicio de igual número de miembros del Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y ocho
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda
Comisión.
Dictámenes a
discusión:
• Diez de
la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a
igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Sin discusión se
aprueban los puntos de acuerdo en votación económica. Comuníquense al Ejecutivo.
• De la
Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a seis ciudadanos
mexicanos, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de las
repúblicas de Cuba, Francesa e Italiana; de Rumania y del Reino de Suecia.
• De la
Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a doce ciudadanos mexicanos
para aceptar y usar las condecoraciones conferidas por el gobierno del Reino de España.
Sin discusión
se aprueban ambos proyectos de decreto en lo general y en lo particular por treinta y tres
votos en pro y ninguno en contra. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
• De la
Primera Comisión, con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente solicite a la
Procuraduría General de la República, información relativa al homicidio del dipu- tado
local del estado de Yucatán, Pánfilo Novelo Martín.
Por la Comisión
interviene el senador Orlando Paredes Lara, del Partido Revolucionario Institucional.
Sin nadie más
que solicite el uso de la palabra, la Asamblea aprueba el punto de acuerdo en votación
económica. Comuníquese.
Solicita
excitativa el diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, a
la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados, en relación con
la proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del titular del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a fin de que exponga las irregularidades
que enfrenta el registro de patentes, presentada en la sesión de la Cámara de Diputados
del quince de diciembre de dos mil dos. La Presidencia formula la excitativa
correspondiente.
Proposiciones
con punto de acuerdo:
• Del
diputado Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con
los productos transgénicos. Se turna a la Tercera Comisión.
• Del
diputado Salvador Cosío Gaona, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar
al Ejecutivo Federal información sobre el conflicto entre la Corporación de Noticias e
Información canal cuarenta y Televisión Azteca y para citar a comparecer al titular de
la Secretaría de Gobernación a efecto de que proporcione esa información, y solicita
trámite de urgente resolución.
La Asamblea, en
votación económica, autoriza que se presente una proposición con punto de acuerdo sobre
el mismo tema antes de desahogar el trámite de urgente resolución solicitado. En
consecuencia, se concede la palabra al senador Felipe de Jesús Vicencio Alvarez, del
Partido Acción Nacional, para presentar su proposición en relación con el conflicto
referido, y solicita trámite de urgente resolución.
La Asamblea, en
votación económica, considera las dos proposiciones de urgente resolución y, para
referirse a ellas, se concede la palabra a los legisladores: Raymundo Cárdenas
Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Diego Cobo Terrazas, del Partido
Verde Ecologista de México; Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo y
Sara Isabel Castellanos Cortés, del Partido Verde Ecologista de México.
La Secretaría,
por indicaciones de la Presidencia, da lectura a los dos puntos de acuerdo y la Asamblea
los aprueba en votación económica. Comuníquense al Ejecutivo y a la Primera Comisión.
• Del
diputado Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con la
reserva de la biosfera del Archipiélago de Revillagigedo. Se turna a la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
• Del
diputado César Horacio Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional, sobre
precios y tarifas de energéticos en el campo mexicano. Se turna a la Tercera Comisión.
• Del
diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, sobre
inconsistencias en los montos aprobados por la Cámara de Diputados para diversos ramos de
gasto respecto del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal de dos mil tres publicado en el Diario
Oficial de la Federación. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de
la Cámara de Diputados.
• Del
senador Adrián Alanís Quiñones, del Partido Revolucionario Institucional, para que
comparezcan el responsable del área de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que esté
negociando el Tratado de Distribución de Aguas Internacionales y el director general de
la Comisión Nacional del Agua, a fin de que informen sobre las negociaciones con el
gobierno de Estados Unidos de América en esa materia y solicita trámite de urgente
resolución. La Asamblea considera el asunto de urgente resolución en votación
económica y de la misma forma aprueba el punto de acuerdo respectivo. Comuníquese.
• Del
diputado Ramón León Morales, a nombre propio y del diputado Martí Batres Guadarrama,
ambos del Partido de la Revolución Democrática, para que la Comisión Permanente realice
una sesión solemne para conmemorar el bicentésimo quincuagésimo aniversario del
natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla. Se turna al Comité Conmemorativo del
bicentésimo quincuagésimo aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla de
la Cámara de Diputados.
• Del
diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, para crear una
Comisión Especial que observe y dé testimonio del desarrollo del proceso electoral en el
estado de México. Se turna a las juntas de Coordinación Política de las cámaras de
Diputados y de Senadores.
• Del
diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, a nombre propio y del diputado Jaime Arturo
Larrazábal Bretón, ambos del Partido Revolucionario Institucional, para que comparezcan
el secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y el
presidente de la Corporación Internacional de Transportación Aérea, a fin de que
informen del diferendo entre esa corporación y las agencias de viajes nacionales. Se
turna a la Tercera Comisión.
• Del
senador Elías Miguel Moreno Brizuela, del Partido de la Revolución Democrática, en
relación con el programa del seguro popular de salud. Se turna a las comisiones de Salud
y Seguridad Social, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos de la
Cámara de Senadores.
• De la
diputada Erika Elizabeth Spezia Maldonado, del Partido Verde Ecologista de México, para
exhortar a la Secretaría de Comunicaciones del estado de Veracruz, a efecto de que se
restablezca de manera inmediata y completa el puente denominado “La Calavera”,
ubicado en el tramo Altotonga-Tlapacoyan. La Presidencia informa de la recepción de esta
proposición y de dos comunicaciones del senador Fidel Herrera Beltrán, del Partido
Revolucionario Institucional, relativas al mismo tema, que se agregan al expediente
respectivo. Se turnan a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.
• Del
senador Fidel Herrera Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional, para requerir a
la Comisión Federal de Electricidad a que cumpla con los compromisos contraídos con el
Comité de Resistencia Civil y con las comunidades de la zona sur del estado de Veracruz y
para exhortar al Ejecutivo Federal a que extienda la reclasificación de tarifas
eléctricas anunciada el quince de enero de dos mil tres, a esa entidad federativa. Se
turna a la Tercera Comisión.
• Del
diputado César Patricio Reyes Roel, del Partido Acción Nacional, en relación con los
acontecimientos suscitados en el aeropuerto internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua,
entre el personal de seguridad del gobernador de ese estado y elementos de la Policía
Federal Preventiva y acepta interpelación del diputado César Horacio Duarte Jáquez, del
Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública de la Cámara de Diputados.
• Del
senador Elías Miguel Moreno Brizuela, del Partido de la Revolución Democrática, para
solicitar a la Secretaría de Salud un informe sobre el deceso de infantes en Comitán,
Chiapas y para crear una comisión investigadora de diputados y senadores que conozca de
ese hecho y solicita trámite de urgente resolución.
La Asamblea, en
votación económica, considera el asunto de urgente resolución.
Para hablar
sobre el tema se concede la palabra a los senadores: Marco Antonio Xicoténcatl Reynoso,
del Partido Acción Nacional; David Jiménez González, del Partido Revolucionario
Institucional y Elías Miguel Moreno Brizuela, del Partido de la Revolución Democrática,
quien acepta una interpelación del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido
Revolucionario Institucional.
Contestan
alusiones personales los senadores: Marco Antonio Xicoténcatl Reynoso, del Partido
Acción Nacional y Elías Miguel Moreno Brizuela, del Partido de la Revolución
Democrática.
Se concede la
palabra a los legisladores: José Ramón Mantilla y González de la Llave, del Partido
Acción Nacional, para rectificar hechos; Elías Miguel Moreno Brizuela, del Partido de la
Revolución Democrática, para contestar alusiones personales; y Ramón León Morales, del
Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
La Asamblea
considera el asunto suficientemente discutido en votación económica.
Desde su curul
el diputado José Alejandro Zapata Perogordo, del Partido Acción Nacional, solicita una
moción de procedimiento en relación con la creación de la comisión investigadora
solicitada. El Presidente hace las aclaraciones respectivas.
La Asamblea
aprueba en votación económica el punto de acuerdo. Comuníquese.
Transcurrido el
tiempo acordado para la duración de las sesiones de la Comisión Permanente, la Asamblea
autoriza prorrogar la presente sesión en votación económica.
• Del
senador Orlando Paredes Lara, del Partido Revolucionario Institucional, para que
comparezca el Procurador General de la República a fin de que explique sobre la
detención o desaparición de los ciudadanos Alejandro Martínez Dueñas, José de Jesús
González Medina, Sergio Rivera Sánchez y Trinidad García Magaña, y acepta copias de
documentos relacionados con el asunto ofrecidas desde su curul por el diputado Ramón
León Morales, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Primera
Comisión.
• Del
diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, para que
comparezcan el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el director
general de la Financiera Rural, a fin de que expliquen el destino de los recursos tomados
de la cuenta concentradora del Sistema de Ahorro para el Retiro, mil novecientos noventa y
dos, y para solicitar la publicación de los nombres de los trabajadores y números de
cuenta respectivos que conforman esa cuenta concentradora. Se turna a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
• Del
senador David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar
al titular del Poder Ejecutivo Federal a que suspenda toda acción relacionada con los
denominados contratos de servicios múltiples y sus variantes y solicita trámite de
urgente resolución. La Asamblea, en votación económica, no considera el asunto de
urgente resolución y el Presidente turna la proposición a la Tercera Comisión.
• Del
diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, en relación
con agricultores del distrito de riego cero veinticinco, Bajo Río Bravo. Se turna a la
Tercera Comisión.
Comenta los
cambios en la Administración Pública Federal la senadora Yolanda Eugenia González
Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.
Para referirse
al mismo tema solicitan la palabra y se les concede, los senadores: Raymundo Cárdenas
Hernández, del Partido de la Revolución Democrática y Micaela Aguilar González, del
Partido Acción Nacional.
Rectifica hechos
el diputado César Horacio Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional, y
acepta interpelación de la senadora Micaela Aguilar González, del Partido Acción
Nacional. Desde su curul el diputado Diego Cobo Terrazas solicita una moción de orden de
la que toma nota la Presidencia.
Se concede la
palabra a los senadores: Héctor Federico Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional,
para rectificar hechos y Yolanda Eugenia González Hernández, del Partido Revolucionario
Institucional, para contestar alusiones personales.
Rectifican
hechos los legisladores: Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución
Democrática; Bernardo Borbón Vilches, del Partido Acción Nacional, y acepta
interpelación de la senadora Yolanda Eugenia González Hernández, y Jorge Carlos
Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional.
La Presidencia
informa que la ceremonia solemne para conmemorar el centésimo quincuagésimo aniversario
del natalicio de José Martí, se llevará a cabo el martes cuatro de febrero de dos mil
tres a las diez horas, en el salón Legisladores de la República.
Transcurrido el
tiempo acordado para la duración de la presente sesión, la Secretaría da lectura al
orden del día de la próxima sesión y la Presidencia clausura la de hoy a las diecisiete
horas con cincuenta y nueve minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles
veintinueve de enero de dos mil tres, a las once horas.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Proceda la
Secretaría someter a discusión el acta.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
Se consulta a
los señores legisladores si desean hacer alguna modificación al acta... No habiendo
quien haga uso de la palabra, se pone a votación.
Quien esté por
la afirmativa...
Gracias.
Quienes estén
por la negativa... Aprobada, señor Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobada el acta.
SISMO
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
La Comisión
Permanente del Congreso de la Unión desea expresar sus más sentidas condolencias a los
familiares de quienes perdieron la vida a causa del severo sismo que se registró en
diversas entidades del territorio nacional el pasado martes 21 de enero. La Mesa Directiva
y los legisladores que integran las fracciones parlamentarias nos pronunciamos por una
pronta recuperación de los hogares, bienes y tranquilidad de los damnificados.
Suplico ponerse
de pie para guardar un minuto de silencio.
(Se guarda un
minuto de silencio.)
DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVIII Legislatura.
Diputado Eric
Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de
Diputados.— Presente.
El suscrito,
diputado federal a esta LVIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 47 y 48 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ruego a usted
se sirva someter a la consideración de la Comisión Permanente, mi solicitud de licencia
para separarme del cargo de legislador, a partir del próximo día 1o. de febrero.
Mi petición
obedece a que he sido invitado por el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
para asumir la coordinación regional de la cuenca del Valle de México.
Al agradecer sus
gestiones en lo conducente, aprovecho la ocasión para saludarle.
Atentamente.
México, DF, a
27 de enero de 2003.— Héctor González Reza.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De conformidad
con lo que establece el artículo 78 fracción VIII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
Está a
discusión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido
al diputado Héctor González Reza, para separarse de sus funciones como diputado federal
electo en el XXI distrito del Distrito Federal a partir del día 1o. de febrero.
No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobado.
Comuníquese a la Cámara de
Diputados.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Diputado Eric
Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión— Presente.
Respetable
diputado:
Con apoyo en lo
establecido en el artículo 78 fracción VIII, de la Constitución Federal; así como en
los artículos 23 inciso f, de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 47 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso, solicito licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de
diputado federal de la LVIII Legislatura, a partir del 29 de enero del año en curso.
Ruego a usted
que a la presente solicitud se otorgue el trámite de urgente resolución.
Reciba mi
respeto y consideración.
Palacio
Legislativo, a 27 de enero de 2003.— Tomás
Torres Mercado, diputado federal.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De conformidad
con lo que establece el artículo 78 fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
Está a
discusión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido
al diputado Tomás Torres Mercado, para separarse de sus funciones como diputado federal
electo en la segunda circunscripción plurinominal a partir de esta fecha.
No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobado.
Comuníquese a la Cámara de
Diputados.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su
curul):
Señor
Presidente. Nosotros quisiéramos dejar constancia en el acta que por favor exprese usted
en la misma la felicitación de la fracción parlamentaria del PRI y el deseo de los
mejores votos para el diputado Tomás Torres, que hizo un extraordinario papel en esta
Cámara.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tome nota la
Secretaría.
ESTADO
DE CHIHUAHUA
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo.—
Congreso del estado.— LX Legislatura.— Chihuahua.
Senador Diego
Fernández de Cevallos, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores al
Congreso de la Unión.— Palacio Legislativo.— México, DF.
Le remito
acuerdo número 406/02 I.P.O., así como copia del dictamen que le dio origen, aprobado
por el H. Congreso del estado, en sesión de fecha 31 de octubre del año en curso,
mediante el cual se permite solicitar de manera respetuosa al Senado de la República y al
Ejecutivo Federal, que a través de la Secretaría de Economía implementen las medidas
pertinentes a fin de buscar una acción moratoria de la entrada en vigor del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, en su apartado agropecuario; así como de la
liberación arancelaria que entrará en vigor a partir del 1o. de enero del 2003.
Sin otro
particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
El Presidente
del H. Congreso del estado.— Dip. Lic.
Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica).»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado.—
Chihuahua.— Secretaría.
La Sexagésima
Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo
de sesiones, dentro de su segundo año de ejercicio constitucional.
Acuerda
Primero.- La Sexagésima Legislatura del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua, se permite solicitar de manera respetuosa al titular del
Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la República, que a través de la Secretaría de
Economía implementen las medidas pertinentes a fin de buscar una acción moratoria de la
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su apartado
agropecuario; así como de la liberación arancelaria que entrará en vigor a partir del
1o. de enero del 2003.
Asimismo, se
inicie un estudio que tenga por objeto buscar el procedimiento idóneo para plantear la
abrogación del Capítulo VII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o bien
se instrumenten las acciones legales de conformidad con los lineamientos que marca el
derecho internacional y aquellas que establecen los propios tratados sobre la materia,
para que los productores nacionales recuperen las posibles pérdidas ocasionadas con
motivo del incremento al subsidio otorgado al sector agrícola del país vecino.
Segundo.- Se recomienda al titular del Ejecutivo
Federal que a través de las dependencias competentes implemente un sistema de subsidios,
hasta en tanto se alcance una paridad tecnológica y los productores agrícolas nacionales
estén en condiciones de competir con sus socios comerciales en condiciones más
equitativas.
Tercero.- Se sugiere, tanto al Ejecutivo Federal,
como al Senado de la República, que en lo sucesivo realicen una consulta con los sectores
involucrados, previa a suscribir algún tratado internacional que afecte a los sectores
productivos del país.
Cuarto.- Remítase copia del presente acuerdo y
del dictamen que le dio origen a las autoridades citadas en los puntos anteriores.
Dado en el
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los treinta
y un días del mes de octubre del año dos mil dos.— Diputado Guillermo Márquez Lizalde, Presidente; diputado, Jesús R. Corral Ordóñez, diputado Pedrov Martínez Cháirez, secretarios.»
«Escudo.—
Congreso del estado.— LX Legislatura.— Chihuahua. — Comisión de Desarrollo
Económico.
A los
integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, nos fueron turnadas para su estudio
y dictamen, las iniciativas con carácter de punto de acuerdo formuladas por los
integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y por el
diputado Miguel Rubio Castillo, proponiendo los primeros, solicitar al titular del Poder
Ejecutivo Federal y al Senado de la República, tengan a bien derogar del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, el Capítulo VII, titulado “Sector Agropecuario,
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”, con objeto de proteger la producción agrícola
nacional y en la segunda de las iniciativas se propone solicitar también al Ejecutivo
Federal y al Senado de la República aprobar un acuerdo moratorio para postergar la
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el apartado antes
mencionado.
Los suscritos al
entrar al análisis de las iniciativas descritas encontramos que las mismas tenían puntos
de coincidencia, por lo que acordamos dictaminarlas conjuntamente, lo cual realizamos
basándonos en los siguientes
Antecedentes
I. Los diputados
de referencia, en uso de la facultad que les confiere la fracción I del artículo 68 de
la Constitución Política local, y los ordinales 21 y 22 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, presentaron las iniciativas que hoy se dictaminan.
II. Con fecha 17
y 22 de octubre del año en curso, el C. Presidente de este H. Congreso tuvo a bien, en
uso de las facultades que le confiere el artículo 30, fracción X, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, turnarnos el presente asunto, a efecto de que se llevara a cabo el
estudio correspondiente.
III. Como lo
expresan los iniciadores, se considera difícil la situación por la que atraviesa la
actividad agropecuaria en el país y por ende en nuestra entidad, externando su
preo-cupación en el sentido de que con la firma del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte este sector se ha visto seriamente afectado, no sólo por la apertura del mismo
sino también por las diversas medidas políticas y económicas que el gobierno tuvo que
implementar con su entrada en vigor.
IV. Si bien es
cierto, que gran parte de los problemas que enfrenta este sector obedecen a factores
estructurales internos que le han restado competitividad en los mercados, entre los cuales
destacan la escasa provisión de infraestructura básica, el limitado desarrollo de los
canales de comercialización, la falta de coordinación entre la investigación,
capacitación y los servicios de extensión técnica en el campo, además de la falta de
apoyos crediticios adecuados para su desarrollo, factores que los productores
estadounidenses y canadienses tienen a favor, también lo es que mientras México
prácticamente eliminó los subsidios al sector agropecuario Estados Unidos y Canadá los
conservaron, agudizándose con ello las desventajas de los productores mexicanos frente a
sus similares de los otros dos países.
Al entrar en
vigor el Tratado de Libre Comercio el 1o. de enero de 1994, no obstante sus previsiones de
apertura comercial escalonada para el sector agropecuario, se hizo una apertura súbita e
incondicional del mercado mexicano; lo que trajo como consecuencia resultados
perjudiciales económica y socialmente debido a la competencia desigual tanto en
tecnología como en la producción y comercialización de sus productos.
A partir del
próximo año, todos los productos de origen agropecuario tendrán libre ingreso a nuestro
país, con excepción del maíz y el frijol, que tienen otro plazo, en virtud de ello los
productores del campo mexicano recibirán en 2003 otro fuerte golpe a su economía al
liberarse de aranceles la importación de carne, lácteos, huevo, frutas y otros alimentos
contemplados en el multicitado Tratado de Libre Comercio de América del Norte razón por
la cual se estima oportuno solicitar al Ejecutivo Federal que por conducto de la
Secretaría de Economía se busque implementar las medidas necesarias que impidan un
colapso en el sector agropecuario mexicano.
V. Por otra
parte es importante hacer conciencia de la importancia de proteger el agro nacional,
siendo necesario que como autoridades y representantes sociales, aboguemos ante las
instancias competentes, en la búsqueda de mayores y mejores apoyos para los productores
nacionales, tal como lo hacen otros gobiernos cuando ven afectados sus intereses
económicos; estamos de acuerdo con los iniciadores cuando manifiestan que de no
invertirse en el campo, las consecuencias serán aún más graves, requiriendo con
urgencia este sector de apoyos para equilibrar las condiciones de competencia ante los
productores de nuestros socios comerciales, necesitándose para ello definir la política
agropecuaria y de desarrollo rural lo cual debe ser prioritario para los diferentes
niveles de gobierno.
Tomando en
cuenta lo anteriormente expresado esta comisión dictaminadora considera viable apoyar los
planteamientos de los iniciadores, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo nos permitimos someter a
consideración de la Asamblea el siguiente punto de
Acuerdo
Primero.- La Sexagésima Legislatura del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua, se permite solicitar de manera respetuosa al titular del
Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la República, que a través de la Secretaría de
Economía implementen las medidas pertinentes a fin de buscar una acción moratoria de la
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su apartado
agropecuario; así como la liberación arancelaria que entrará en vigor a partir del 1o.
de enero de 2003.
Asimismo, se
inicie un estudio que tenga por objeto buscar el procedimiento idóneo para plantear la
abrogación del Capítulo VII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o bien
se instrumenten las acciones legales de conformidad con los lineamientos que marca el
derecho internacional y aquellas que establecen los propios tratados sobre la materia,
para que los productores nacionales recuperen las posibles pérdidas ocasionadas con
motivo del incremento al subsidio otorgado al sector agrícola del país vecino.
Segundo.- Se recomienda al titular del Ejecutivo
Federal que a través de las dependencias competentes implemente un sistema de subsidios,
hasta en tanto se alcance una paridad tecnológica y los productores agrícolas nacionales
estén en condiciones de competir con sus socios comerciales en condiciones más
equitativas.
Tercero.- Se sugiere, tanto al Ejecutivo Federal,
como al Senado de la República, que en lo sucesivo realicen una consulta con los sectores
involucrados, previa a suscribir algún tratado internacional que afecte los sectores
productivos del país.
Cuarto.- Remítase copia del presente acuerdo y
del dictamen que le dio origen a las autoridades citadas en el proemio del presente
documento.
Económico.- Aprobado que sea remítase a la
Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos conducentes.
Dado en el
Salón de Sesiones del Palacio Legislativo del Estado de Chihuahua, a los 29 días del mes
de octubre del año dos mil dos.— Por la comisión de Desarrollo Económico.—
Dip. Guillermo Alberto Luján Peña (rúbrica)
Presidente, Dip. Héctor Elías Barraza Chávez (rúbrica)
Secretario, Dip. José Mario Wong Pérez (rúbrica)
Vocal.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Remítase a la Cámara de Senadores.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
«Escudo.—
Congreso del estado.— LX Legislatura.— Chihuahua.
C. Dip.
Presidente de la Cámara de Diputados.— México, DF.
Por este
conducto me permito enviarle copia del acuerdo número 439/02 I.P.O., aprobado en sesión
celebrada el día diecinueve de los corrientes, mediante el cual la Sexagésima
Legislatura de este honorable Congreso, se adhiere a los acuerdos sostenidos por la
Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales en la denominada
“Declaración de Tlaxcala”.
Lo anterior para
su conocimiento.
Sin otro
particular por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Chihuahua,
Chih., a 6 de diciembre de 2002.— El Presidente del H. Congreso del Estado, Dip. Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica).»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del estado de Chihuahua.—
Secretaría.
La Sexagésima
Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo
ordinario de sesiones, dentro de su segundo año de ejercicio constitucional.
Acuerda
Primero. La Sexagésima Legislatura del H.
Congreso del estado de Chihuahua se adhiere a los acuerdos sostenidos por la Conferencia
Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales en la denominada “Declaración de
Tlaxcala”.
Segundo. Hágase del conocimiento del Presidente
del Consejo Directivo de la Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales,
así como de las legislaturas de las entidades federativas, para los efectos legales a que
haya lugar.
Tercero. Se autoriza a la Comisión de
Programación, Presupuesto y Hacienda Pública para que asista ante la Confederación
Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales y ante las autoridades federales a efecto
de dar seguimiento a los acuerdos mencionados, con la urgencia que la preparación de los
actos legislativos, de ingresos y presupuestos amerita, a fin de hacer realidad los puntos
objeto de acuerdos.
Dado en el
salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los
diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil dos.— Dip. Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica)
Presidente; Dip. Jesús R. Corral Ordóñez
(rúbrica) Secretario; Dip. Pedro Martínez Cháirez
(rúbrica) Secretario.»
«Escudo.—
Congreso del estado.— LX Legislatura.— Chihuahua.
H. Congreso del
Estado.— Presente.
Los suscritos
diputados, en nuestro carácter de integrantes de la Sexagésima Legislatura y como
asistentes a la reunión que realizó la Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores
Estatales, que se llevó a cabo en la ciudad de Tlaxcala, nos permitimos proponer a la
asamblea, iniciativa de punto de acuerdo a efecto de que se participe apoyando los puntos
de acuerdo sostenidos en dicha Conferencia. Para tal efecto, nos basamos en los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 13
de noviembre de 2002, las comisiones de Hacienda, Finanzas y Presupuesto de los congresos
estatales acordaron la llamada “Declaración de Tlaxcala”, que contiene los
siguientes puntos de acuerdo:
I. Programar una
reunión urgente de trabajo con los miembros de las comisiones de Hacienda y Crédito
Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, con objeto de analizar en el paquete fiscal del ejercicio de 2003 que enviara el
Poder Ejecutivo federal los siguientes puntos:
a) Analizar las
facultades tributarias conferidas a las entidades federativas;
b) Priorizar la
revisión de los recursos destinados a los estados y a los municipios, con la finalidad de
que los congresos locales analicen con la mayor certeza posible los dictámenes de los
presupuestos de Egresos y leyes de Ingresos.
c) Incluir el
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el Ramo 33, en
razón de que en ejercicios anteriores no se ha contemplado como tal;
d) Estudiar los
lineamientos del Fondo para Seguridad Pública destinado a los estados, previa revisión
que se realice en cada una de las entidades federativas del ejercicio del mismo durante el
presente año;
e) Analizar la
posibilidad de suspender los convenios del Instituto de Protección al Ahorro Bancario con
las instituciones de crédito y sus consiguientes apoyos económicos, en vista de las
irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en relación con
los fondos manejados por dicho organismo;
f) Fortalecer el
blindaje del campo mediante la revisión de las Reglas de Operación de los diferentes
programas que lo constituyen, estableciendo los mecanismos financieros y presupuestarios
necesarios al efecto;
g) Estudiar la
posibilidad de incrementar la inversión pública en el renglón educativo, ante el nuevo
escenario de la obligatoriedad de la educación preescolar para el año 2004, a fin de
garantizar la cobertura necesaria para el cumplimiento de este deber constitucional; y
h) Revisar los
tiempos de presentación y dictamen del paquete fiscal para que éste se apruebe, a más
tardar, en el último mes del primer semestre del año.
II. Solicitar
una reunión con la comisión respectiva de la honorable Cámara de Senadores del Congreso
de la Unión, a fin de revisar el contenido del Capítulo VI del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte y de analizar el impacto que su aplicación tiene en el campo
mexicano.
III. Apoyar la
iniciativa de celebrar con la mayor brevedad la IV Convención Nacional Fiscal, con la
participación de los poderes públicos y de los distintos niveles de gobierno, donde se
establezcan las bases de un nuevo federalismo fiscal.
Del análisis de
dichos puntos de acuerdo advertimos que se incluyen temas que son de interés nacional,
como lo relativo al Capítulo Séptimo del Tratado de Libre Comercio, en relación con los
productos agropecuarios, pero además existen otros temas que en especial interesan al
estado porque se refieren al incremento de inversión pública en cuestión educativa, la
aprobación del paquete fiscal dentro de la legislación federal, la inclusión del
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el Ramo 33 y los
fondos para seguridad pública, entre otros, razones por las cuales consideramos de
interés de esta legislatura adherirnos a los resultados de dicha Conferencia y dar
seguimiento a los acuerdos que en ella se tomaron, lo cual correspondería realizar a la
Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública.
Por considerar
que los tiempos próximos a las leyes de Ingresos y presupuestos tanto federales como
estatales requieren la urgente intervención del Congreso para dar eficacia a dichos
acuerdos, proponemos que esta iniciativa se acuerde con urgencia y de plano, en los
términos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Por lo antes
expuesto y con fundamento en el artículo 68, fracción I, de la Constitución Política
del estado, nos permitimos proponer el siguiente punto de
Acuerdo
Primero. La Sexagésima Legislatura del honorable
Congreso del estado de Chihuahua se adhiere a los acuerdos sostenidos por la Conferencia
Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales en la denominada “Declaración de
Tlaxcala”.
Segundo. Hágase del conocimiento del Presidente
del Consejo Directivo de la Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales,
así como de las legislaturas de las entidades federativas, para los efectos legales a que
haya lugar.
Tercero. Se autoriza a la Comisión de
Programación, Presupuesto y Hacienda Pública para que asista ante la Confederación
Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales y ante las autoridades federales a efecto
de dar seguimiento a los acuerdos mencionados, con la urgencia que la preparación de los
actos legislativos, de ingresos y presupuestos amerita, a fin de hacer realidad los puntos
objeto de acuerdos.
Dado en el
salón de sesiones del Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua,
Chihuahua, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil dos.—
Diputados: Jesús Roberto Corral Ordóñez, Héctor
Elías Barraza Chávez, Rubén Aguilar Jiménez (rúbricas).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De enterado.
ESTADO
DE TLAXCALA
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Tlaxcala.
CC. Senadores
Secretarios del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 96, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del estado de Tlaxcala, y en términos de la resolución aprobada por la Comisión
Permanente de esta soberanía en su cuarta sesión de fecha 10 de enero del año en curso,
me permito remitir a ustedes el acuerdo mediante el cual este honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, rechaza el retiro del subsidio a las tarifas de la
energía eléctrica. Lo anterior, para su consideración y cumplimiento.
Sin otro
particular, les envío un cordial y respetuoso saludo.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Tlaxcala de X.,
a 15 de enero de 2003.— El Secretario Parlamentario del H. Congreso.— Lic. Sergio Cuauhtémoc Lima López (rúbrica).»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Talxcala.
Del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, LVII Legislatura
Acuerdo
Primero. Este honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Tlaxcala, rechaza el retiro del subsidio a las tarifas de la energía
eléctrica y en su defecto, el Gobierno Federal debe buscar alternativas que beneficien
sobre todo a la población, para eficientar y reducir costos de los energéticos en
general, dejando de usar como instrumentos de política fiscal, los precios y tarifas de
productos y servicios públicos, por lo que deben transparentarse los subsidios como el
que nos ocupa, que se sepa quiénes los reciben, por qué y cuánto, ya que no han sido ni
están siendo sólo para los consumidores, pues una parte de los mismos es para los
productores y distribuidores.
Segundo. La Comisión Federal de Electricidad debe
seguir operando como empresa del Estado, manteniendo la rectoría en la materia, sin
perder el objetivo de incrementar la producción, mejorar la calidad, abatir costos y
precios, asegurando por lo tanto, el suministro de la energía eléctrica requerida por el
país en lo inmediato y a futuro, viéndose este momento como una oportunidad para que el
país de-sarrolle alternativas energéticas más económicas y sustentables, como la
energía solar, entre otras.
Tercero. Comuníquese al Poder Ejecutivo Federal y
al honorable Congreso de la Unión, que esta soberanía, en nombre del pueblo de Tlaxcala
y para el bienestar de todos los mexicanos, les impele a trabajar conjuntamente para
acordar y aprobar una verdadera reforma fiscal integral.
Cuarto. Comuníquese el presente acuerdo, al
Ejecutivo Federal, a los diputados y senadores del honorable Congreso de la Unión, a las
legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En el caso
de los poderes legislativos de las entidades federativas, para que de estimarlo
procedente, se adhieran al presente acuerdo y lo remitan a los poderes Ejecutivo y
Legislativo federales.
Quinto. Instrúyase al ciudadano secretario
parlamentario de este Congreso del estado, para que dé cumplimiento al presente acuerdo.
Sexto. Publíquese el presente acuerdo en el
periódico oficial del gobierno del estado, para su conocimiento general.
Atentamente.
Dado en la Sala
de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los diez días del mes
de enero del año dos mil tres.— Dip. José
Sergio Mendoza Cano (rúbrica) Presidente, Dip.
Primo Librado Cabildo Pérez (rúbrica), Secretario, Dip. Gilberto Temoltzin Martínez (rúbrica),
Secretario.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, de la Cámara de Diputados.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Tlaxcala.
CC. Senadores
Secretarios del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 96, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del estado de Tlaxcala y en términos de la resolución aprobada por la Comisión
Permanente de esta soberanía en su cuarta sesión de fecha 10 de enero del año en curso,
me permito remitir a ustedes el acuerdo mediante el cual este honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala convoca al Ejecutivo Federal, para que atienda con
urgencia y visión de largo plazo, al sector azucarero del país, puesto que constituye
uno de los sectores económicos que puede convertirse en una industria altamente rentable
y generadora de mayores empleos de los que a la fecha mantiene. Lo anterior, para su
conocimiento y atención.
Sin otro
particular, les envío un cordial y respetuoso saludo.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Tlaxcala de
Xicoténcatl, a 15 de enero de 2003.— El Secretario Parlamentario del H. Congreso,
Lic. Sergio Cuahtémoc Lima López (rúbrica).»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Tlaxcala.
Acuerdo
Primero. Este honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Tlaxcala, convoca al Ejecutivo Federal para que atienda con urgencia y con
visión de largo plazo, al sector azucarero del país, puesto que constituye uno de los
sectores económicos que puede convertirse en una industria altamente rentable y
generadora de mayores empleos de los que a la fecha mantiene.
Segundo. Que el Ejecutivo Federal facilite el
saneamiento financiero de la industria azucarera, financie el nuevo de-sarrollo dirigido a
su diversificación productiva, modernización y competitividad internacional e inhiba
todo tipo de contrabando de azúcar y de edulcorantes.
Tercero. Se solicita que el honorable Congreso de
la Unión busque soluciones legislativas y fiscales que promuevan el desarrollo de todos
los sectores económicos, estimulando más que restringiendo y buscando el trato
equitativo para los productos mexicanos en su ingreso a los países socios comerciales de
México.
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en el
periódico oficial del gobierno del estado, para su conocimiento general.
Atentamente.
Dado en la Sala
de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los diez días del mes
de enero del año dos mil tres.— Dip. José
Sergio Mendoza Cano (rúbrica) Presidente, dip. Primo Librado Pérez (rúbrica) Secretario, dip. José Gilberto Temoltzin Martínez (rúbrica)
Secretario.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión Especial de la
Agroindustria Azucarera de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
ESTADO
DE TAMAULIPAS
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Tamaulipas.— Poder
Legislativo.
H. Cámara de
Senadores.— México, DF.
En la sesión
pública ordinaria celebrada por el Congreso del estado el 4 de los corrientes, se aprobó
un punto de acuerdo mediante el cual se hace un pronunciamiento en apoyo al sector
agropecuario del país.
En dicho punto
de acuerdo se estableció lo siguiente:
“Primero. La LVIII Legislatura del Congreso
de Tamaulipas se pronuncia por:
El
establecimiento de una política agropecuaria del Estado mexicano que tutele la
importancia de ese ámbito productivo para la soberanía alimentaria del país, al
apreciar con preocupación la situación de deterioro imperante en el sector agropecuario
de la economía mexicana.
El
establecimiento de un adecuado equilibrio de responsabilidades entre la Federación y los
estados de la Unión, para atender los problemas del campo mexicano, alentándose que la
concurrencia de atribuciones en la materia reconozca la vocación agropecuaria y
productiva de las tierras y la asignación de recursos presupuestales necesarios para
ello.
La revisión del
capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
particularmente a la luz de los subsidios de que disfrutan los productores rurales de
nuestros socios comerciales en ese pacto y la situación de desventaja en que se coloca al
productor mexicano.
El
fortalecimiento de la asignación de recursos presupuestales para el financiamiento y el
otorgamiento de apoyos a los productores rurales.
Segundo. Comuníquese este acuerdo a las Cámaras
del H. Congreso de la Unión, a las dependencias competentes del Ejecutivo Federal por
conducto de la Secretaría de Gobernación y a las Legislaturas de los estados de la
Unión.”
En torno a lo
anterior anexamos al presente copia de la propuesta correspondiente para los efectos a que
haya lugar.
Sin otro
particular, nos es grato renovar a esa honorable Cámara legislativa las seguridades de
nuestra consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Ciudad Victoria,
Tamaulipas, a 9 de diciembre de 2002.— Los Secretarios de la Mesa Directiva: Dip. Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante
(rúbrica), Dip. Andrés Alberto Compeán Ramírez
(rúbrica).»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Tamaulipas.— Poder
Legislativo.— Comisión de Fomento Agropecuario.
Honorable
Asamblea:
Es ampliamente
conocida la relevancia de las actividades agropecuarias que se realizan en Tamaulipas. Las
características de nuestra geografía y el desarrollo de nuestra sociedad han alentado
una explotación de la vocación agropecuaria de nuestra entidad federativa. De hecho,
Tamaulipas constituye un ámbito importante para las actividades en ese sector de la
economía mexicana.
Recientemente,
el Congreso de Estados Unidos de América aprobó una ley en materia agropecuaria, la
denominada US Farm Bill, cuyas previsiones en materia de transferencia de subsidios a los
productores agropecuarios de nuestro vecino del norte, entrañan consecuencias graves para
la viabilidad del campo mexicano, al grado de poder señalar que nos encontramos incluso
ante una emergencia de proporciones nacionales.
En diferentes
reuniones de organizaciones agrarias, agrícolas y agropecuarias del país se ha venido
señalando con insistencia el criterio de los productores rurales por concretar una
política del Estado mexicano en materia agropecuaria, que es virtud de su vinculación al
interés nacional y su horizonte de largo plazo, permite preservar la producción
agroalimentaria de México como elemento de afirmación de nuestra soberanía, de
gobernabilidad y de estabilidad social. Nuestro país debe tener la capacidad para
sustentar alimentariamente a su población.
En este
escenario, constituye un elemento adicional de preocupación inmediata, el hecho de que a
partir del primero de enero del año entrante, prácticamente se eliminarán todos los
aranceles de los productos agrícolas entre México y Estados Unidos de América. La
desgravación arancelaria para los productos rurales mexicanos tendría como consecuencia,
en la situación actual, una ausencia de aliciente a la producción en ese ámbito de la
economía del país.
Por otro lado,
es necesario recordar que la disminución del dinamismo de la economía agropecuaria y la
caída generalizada de los ingresos en el sector primario de nuestra economía, que se han
observado en los últimos años, constituyen no sólo un problema productivo y de acceso a
las oportunidades de distribución del ingreso por esa vía, sino causas directamente
vinculadas a la emigración masiva de campesinos y trabajadores rurales hacia los centros
urbanos, las zonas donde se ha establecido la industria maquiladora y Estados Unidos de
América.
Debemos señalar
nuestra opinión sobre lo negativo, injusto y violatorio de los acuerdos comerciales
suscritos, que significa el que Estados Unidos de América establezca restricciones sobre
proteccionistas a su producción agrícola y pecuaria.
En los hechos,
nos enfrentamos a acciones que implican un cierre unilateral de las fronteras a los
productos agropecuarios mexicanos, mediante la utilización de cualquier motivo o
pretexto, en tanto que la agricultura mexicana se encuentra sometida a un proceso de
apertura indiscriminada y desfavorable, en tanto que en Estados Unidos se destinan
recursos para subsidiar la producción rural. En ese proceso no existe ningún mecanismo
compensatorio ante las desi-gualdades imperantes y que tienden a agravarse más en el
tiempo presente.
Es imperativo
impulsar una política agropecuaria del Estado mexicano, que fomente el desarrollo de
proyectos productivos integrales y que entrañe una coordinación efectiva y eficaz de los
programas e instrumentos a cargo de las diferentes secretarías e instituciones públicas
de fomento en la materia, con objeto de concretar la integración de verdaderas cadenas
agroproductivas; sólo con un enfoque de esta naturaleza podremos dar valor agregado a los
productores agropecuarios mexicanos.
A casi 9 años
de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte y a la luz
del diagnóstico que puede hacerse de las consecuencias de desgravación arancelaria de
los productos del campo mexicano a partir del año entrante, es política, moral,
económica, social y jurídicamente justa la revisión del capítulo agropecuario de dicho
acuerdo de comercio libre.
En esta materia,
las buenas intenciones del Gobierno Federal se deben traducir en medidas que conlleven a
una urgente revisión de las cláusulas vigentes para las actividades agropecuarias, pues
no han favorecido el desarrollo del sector y se perfilan como altamente contraproducentes
para ese ámbito de las actividades económicas del país. En ese sentido, es
imprescindible recurrir a todas las instancias legales disponibles, así como hacer uso de
los ámbitos previstos para plantear y resolver controversias.
Nuestro país
necesita una política agropecuaria basada en el imperativo de producir alimentos
suficientes y oportunos para los mexicanos. Una política agroalimentaria que entrañe la
adopción de acuerdos entre los diferentes actores políticos, económicos y sociales del
campo mexicano. Para ello, es urgente que se amplíen los recursos que se destinan en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para esas tareas y que los mismos se asignen con
criterios de equidad entre los estados de la Unión para su entrega oportuna a los
productores del campo.
Estamos
conscientes de la importancia de pugnar por y consolidar una política agropecuaria que
permita alcanzar resultados de buen éxito en términos de producción y generación de
ingresos con sentido distributivo. Se trata de una política adecuada para la economía de
México, para la economía de los países con los que suscribimos acuerdos de comercio
libre y para la economía mundial en general.
En virtud de la
vinculación esencial entre el sector agropecuario y la posibilidad de brindar
alimentación oportuna y de calidad al pueblo de México, la posibilidad de articular una
política agropecuaria del Estado mexicano constituye uno de los principales y más
urgentes retos del país. De ello depende la posibilidad de pensar en un México con paz y
tranquilidad sociales; con crecimiento en su economía una distribución más equitativa
de la riqueza; y con el objetivo de ser un canal eficaz para combatir la pobreza e
incorporar a la población campesina y rural al progreso del país.
En virtud de lo
expuesto y con fundamento en lo previsto por el artículo 64, fracción I de la
Constitución Política del estado; en los artículos 59, fracción I, y 60, fracción II,
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en los artículos 84, fracción I, y 85 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado, con la solicitud que fue por
la naturaleza urgente del asunto se le otorgue la dispensa de turno a comisiones con base
en lo previsto por el artículo 98 del propio reglamento invocado, los integrantes de la
Comisión de Fomento Agropecuario, nos permitimos proponer a usted el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La LVIII Legislatura del Congreso de
Tamaulipas se pronuncia por:
— El
establecimiento de una política agropecuaria del Estado mexicano que tutele la
importancia de ese ámbito productivo para la soberanía alimentaria del país, al
apreciar con preocupación la situación de deterioro imperante en el sector agropecuario
de la economía mexicana.
— El
establecimiento de un adecuado equilibrio de responsabilidades entre la Federación y los
estados de la Unión para atender los problemas del campo mexicano, alentándose que la
concurrencia de atribuciones en la materia reconozca la vocación agropecuaria y
productiva de las tierras y la asignación de recursos presupuestales necesarios para
ello.
— La
revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
particularmente a la luz de los subsidios de que disfrutan los productores rurales de
nuestros socios comerciales en ese pacto y la situación de desventaja en que se coloca al
productor mexicano.
— El
fortalecimiento de la asignación de recursos presupuestales para el financiamiento y el
otorgamiento de apoyos a los productores rurales.
Segundo. Comuníquese este acuerdo a las Cámaras
del H. Congreso de la Unión, a las dependencias competentes del Ejecutivo Federal por
conducto de la Secretaría de Gobernación y a las Legislaturas de los estados de la
Unión.
Dado en el
Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamaulipas, a
los cuatro días del mes de diciembre de dos mil dos.— Comisión de Fomento
Agropecuario: Presidente Dip. Héctor Aurelio
Castillo Tovar (rúbrica), Secretario; Dip.
Lorenza Ramírez Díaz (rúbrica), Vocal; Dip. Elías
Orozco Salazar (rúbrica), Vocal; Dip. Roberto
Rodríguez Cavazos (rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Agricultura
y Ganadería de la Cámara de Diputados.
ESTADO
DE SONORA
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de
Hermosillo, Sonora.
Cámara de
Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes
Acuerdo
Primero.- El Congreso del estado de Sonora se
pronuncia a favor de que el Gobierno Federal se manifieste ante el gobierno de Estados
Unidos de América en contra de la situación que se presenta en la frontera norte del
país, en relación con las acciones discriminatorias de las cuales son objeto los
mexicanos indocumentados en ese país.
Segundo.- El Congreso del estado de Sonora se
pronuncia a favor de que el Gobierno Federal intensifique sus gestiones ante el gobierno
de Estados Unidos de América para que éste realice las acciones necesarias para que cese
la caza de inmigrantes por parte de rancheros de Arizona, Nuevo México, California y
Texas.
Tercero.- Se acuerda exhortar a todas las
Legislaturas de los estados, a efecto de que se pronuncien en el mismo sentido.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Hermosillo,
Sonora, 21 de diciembre de 2002.— Dip. Daniel
Hidalgo Hurtado (rúbrica), Secretario; Dip. Eleodoro
Pacheco Vásquez (rúbrica), Secretario.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Diputadoss.
JOSE
MARIA GUILLEN TORRES
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo.—
Procuraduría General de Justicia.
C. Dip. Eric
Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.— México, DF.
Correspondo a su
atenta misiva datada el 8 de enero en curso, mediante la cual me transmite el documento
que contiene el punto de acuerdo emitido por la Comisión Permanente, en su sesión del 8
de enero en curso, mediante el cual se me solicita llevar a cabo una investigación
expedita para lograr el esclarecimiento y consignación ante la autoridad judicial
competente de los autores (materiales e intelectuales) del artero homicidio del diputado
José María Guillén Torres.
En cumplimiento
de nuestras obligaciones legales, bajo la supervisión del subprocurador regional de
Justicia de la zona sur Coatzacoalcos, Lic. Armando Aíza Avalos, el Ministerio Público
lleva al cabo, con el mayor escrúpulo e interés, la indagatoria pertinente, en la cual
se van logrando avances que, confiamos nos conduzcan a la identificación y captura de los
autores materiales e intelectuales del nefasto crimen de referencia.
Ruego a usted si
a bien lo tiene, informar de lo anterior a los ciudadanos diputados coordinadores de los
diversos grupos parlamentarios y a la Conferencia para la Dirección y Programación de
los Trabajos Legislativos.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Xalapa-Equez,
Ver., a 17 de enero de 2003.— Lic. Pericles
Namorado Urrutia (rúbrica), Procurador General de Justicia.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Primera Comisión.
COMISIONES
DE TRABAJO
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Propuesta de
sustituciones en comisiones de trabajo.
La Mesa
Directiva, con fundamento en lo que dispone el artículo 78, fracción III, de la
Constitución General de la República, los artículos 116, 123 y 127 de la Ley Orgánica
del Congreso General, así como los artículos 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General, somete a consideración del pleno de la Comisión
Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la sustitución de
integrantes en comisiones de trabajo conforme al siguiente
ACUERDO
Primero. Se incorpora como integrante en la
Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública, al senador
Federico Ling Altamirano en sustitución del diputado José Tomás Lozano y Pardinas.
Segundo. Se incorpora como integrante en la
Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y
Obras Públicas, al diputado José Tomás Lozano y Pardinas en sustitución del senador
Federico Ling Altamirano.
Salón de
sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 29 de enero de
2003.— Diputados: Carlos Aceves y del Olmo,
Bernardo Borbón Vilches, vicepresidentes; Olga
Margarita Uriarte Rico, José Tomás Lozano y Pardinas, Yolanda E. González Hernández y Micaela Aguilar González, secretarios.»
En votación
económica se pregunta si es de aprobarse el comunicado.
Quienes estén
por la afirmativa, les rogamos manifestarlo...
Se está
poniendo a consideración de los señores legisladores la incorporación y sustitución en
las comisiones.
Se pregunta a
los legisladores, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo...
Quienes estén
por la negativa...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobado.
DERECHOS
HUMANOS
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«CC.
secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.— Presentes
En sesión
ordinaria celebrada el día de hoy, el honorable Congreso del Estado de Michoacán tuvo a
bien aprobar el envío de la iniciativa de decreto por el que se propone adicionar y
reformar los artículos 102, apartado B, y 105, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que remitimos a ustedes para que se sirvan
pasarla desde luego a comisión, en los términos del artículo 71, fracción III, de la
Constitución Federal.
Reiteramos a
ustedes la seguridad de nuestro respeto.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Morelia, Mich.,
a 31 de octubre de 2002.— Dip. Raymundo Arreola
Ortega (rúbrica), Secretario; Dip. Elesban
Aparicio Cuiriz (rúbrica) Secretario.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo.— Morelia.
El honorable
Congreso del estado, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el
siguiente
Acuerdo
Unico. “Se admite a discusión la iniciativa
presentada por los ciudadanos diputados Selene Lucía Vázquez Alatorre y Luis Patiño
Pozas, diputada integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática y
diputado único del Partido del Trabajo, mediante la cual se reforman los artículos 9o.,
44, fracción XXXV, y 164, fracción V, y se adicionan un segundo párrafo al 113, un
segundo párrafo al 132 y una fracción VI al 164 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; por lo que se turna a las comisiones unidas de
Gobernación, de Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana, para su estudio y
dictamen, de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso del
Estado”.
Palacio del
Poder Legislativo.— Morelia, Michoacán, a 24 de octubre de 2002.— Diputados: Selene Lucía Vázquez Alatorre, Presidenta; Raymundo Arreola Ortega, Elesban Aparicio Cuiriz,
secretarios (rúbricas).»
«CC.
Secretarios de la Mesa Directiva.— LXIX Legislatura del H. Congreso del Estado de
Michoacán.— Presentes.
Los CC.
diputados Selene Lucía Vázquez Alatorre y Esteban Arroyo Blanco, del Partido de la
Revolución Democrática; Elio Núñez Rueda y Armando Octavio Ballinas Mayés, del
Partido Revolucionario Institucional; y Luis Patiño Pozas, del Partido del Trabajo, con
fundamento en los artículos 36, fracción II, 37 y 44 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, y 71, fracción III, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a presentar la siguiente
Iniciativa de
decreto en virtud del cual el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo presenta ante el
H. Congreso de la Unión iniciativa de decreto por el que se adicionan y reforman los
artículos 102, apartado B, y 105, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para incrementar la esfera de facultades de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
ExposiciOn de Motivos
La sociedad
mexicana demanda mayor eficiencia de los organismos públicos defensores de los derechos
humanos. En junio de 1990 fue establecida en nuestro país la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), a la que dos años más tarde se otorgó rango constitucional,
igual que a sus similares de cada entidad federativa.
Lo anterior
significó un notable avance, ya que permitió la creación de organismos no
jurisdiccionales que de manera rápida y sencilla, atendieran los reclamos de la sociedad
mexicana, que cada vez con mayor vigor exigía respeto de los derechos humanos.
Sin embargo, y a
pesar de que han transcurrido más de 10 años, la consolidación del ombudsman mexicano
no es aún completa, pues a la fecha no ha logrado la confianza y credibilidad de amplios
sectores de la sociedad mexicana.
En nuestro
país, la impunidad subsiste. El cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH es muy
frágil y está por debajo de los porcentajes logrados por los ombudsman europeos, que son
del 90 al 100%.
Tratándose de
los organismos defensores de los derechos humanos de las entidades federativas, el grado
de cumplimiento es aún menor, en los que se comprende por supuesto el estado de
Michoacán.
Estas cifras son
indicativas de la situación de debilidad del ombudsman frente al Poder Ejecutivo. En
suma, el ombudsman mexicano no reúne condiciones para garantizar en nuestro país la
defensa de los derechos humanos en forma vigorosa y eficiente. Por tal motivo, existe
consenso generalizado entre los diversos sectores de nuestra sociedad, que en los últimos
días han planteado la necesidad de una reforma profunda que permita fortalecerlo.
La eficiencia
del ombudsman mexicano es perfectible en demasía. En dicha eficiencia redundan varios
factores que, a nuestro juicio, deben ser reformados; son los siguientes:
a) Procedimiento
de designación de los titulares y de los consejeros de los organismos,
b) Necesidad de
ampliar su actual esfera de competencias; y
c) Rendición de
cuentas.
Estos son los
elementos que pueden considerarse esenciales para el funcionamiento eficaz de los
organismos públicos defensores de los derechos humanos.
A) Nombramiento
del ombudsman
Los
procedimientos de designación del titular de este organismo son fundamentales para
garantizar la independencia y autonomía del ombudsman. No obstante la variedad de matices
que han venido asumiendo en numerosas legislaciones del mundo, incluida la diversidad de
denominaciones, un rango común predominante, sobre todo en Europa y en América, es su
vinculación con el Poder Legislativo.
Sin embargo, en
nuestro país, por el exacerbado presidencialismo, el organismo establecido distorsionó
dicho modelo predominantemente legislativo al establecer un ombudsman ligado al Poder
Ejecutivo.
En efecto, el
perfil predominante en la actualidad del ombudsman en el mundo es el de ser un órgano de
control parlamentario de fiscalización de la administración pública, y es evidente que
en un sistema republicano esta función corresponde efectuarla al Poder Legislativo, con
objeto de establecer un auténtico equilibrio de poderes.
A mayor
abundamiento, en la Declaración de Viena, aprobada en la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos de 1993, sin dejar de reconocer el derecho de cada país a establecer el marco
jurídico para la creación de organismos defensores de los derechos humanos que más se
adapte a sus necesidades, se sugirió encomendar la función de nombrar y destituir al
ombudsman al Poder Legislativo.
La
vulnerabilidad de la independencia del ombudsman se ha puesto en evidencia en el pasado.
Baste recordar cuando, en años pasados, el Presidente de la República designó como
representante suyo al titular de la CNDH para la pacificación del conflicto chiapaneco.
Al terminar dicha función se reintegró, sin problema, a su cargo de Presidente de la
Comisión.
Por todo lo
anterior, desde un principio la CNDH surgió cuestionada por amplios sectores de la
sociedad, para los que el procedimiento de designación de su titular le restaba confianza
por parte de la sociedad. Claro que la sociedad mexicana y michoacana vive hoy tiempos
más democráticos; sin embargo, la certeza en torno de la autonomía del ombudsman es
aún escasa, vulnerable, por lo que se hace necesaria una reforma constitucional para
dotar de dicha certidumbre a tan importante institución.
Ante tales
necesidades sociales, es imperante impulsar en uso de nuestras facultades una reforma
institucional en pro de los derechos humanos. Nuestra propuesta legislativa va a fondo y
esto pasa por la necesaria adopción de una decisión política fundamental de crear un
auténtico ombudsman, más vinculado con el Poder Legislativo a través del mecanismo de
designación y de rendición de cuentas, pero como organismo público autónomo, con
independencia técnica y financiera.
Ese es el modelo
de organismo que se ha internacionalizado en las democracias más avanzadas y que, en el
contexto actual, debe replantearse, con el fin de avanzar en un auténtico equilibrio de
poderes.
B) Ampliación
de Facultades
Actualmente, el
tercer párrafo del apartado B del artículo 102 constitucional federal impone
limitaciones al trabajo de los organismos públicos de derechos humanos: los asuntos
electorales, los laborales, los jurisdiccionales de fondo y todos los relativos al Poder
Judicial de la Federación.
Estas
limitaciones que los ombudsman tienen para intervenir en la defensa de los derechos
humanos han sido fuente de fuertes críticas a dichos organismos.
A continuación
se analiza cada una de estas limitaciones
1. Asuntos
laborales
Es paradójico
que mientras en el país se denuncia que, en algunas regiones, niños y adultos padecen
condiciones laborales similares a las de la esclavitud, se insista en mantener de manera
genérica esta limitación competencial sin distinción.
Más bien, si
genéricamente el ombudsman es un órgano que conoce de los actos u omisiones de
autoridades administrativas, tanto en el ámbito federal como en el estatal, según se
trate, resulta evidente que en esa facultad se incluyen los propios actos laborales. Por
ello es injustificable, a todas luces, que se impida a los ombudsman conocer de este tipo
de asuntos que puedan motivar violaciones de los derechos humanos. Luego entonces, la
regla competencial genérica es que el ombudsman sea competente para conocer de actos u
omisiones de autoridades administrativas, excepto en cuestiones jurisdiccionales de fondo.
2. Asuntos
electorales
Esta limitación
competencial tampoco tiene razón de ser: si la competencia genérica de las instituciones
públicas de derechos humanos son los actos y las omisiones de los servidores públicos,
éstos podrían hacerse consistir en actos u omisiones que violen derechos humanos de los
ciudadanos mexicanos, no existe razón para que no sean conocidos por estos organismos.
Naturalmente, quedarían excluidos de la competencia de las comisiones las decisiones
jurisdiccionales de carácter electoral para no convertir las comisiones de Derechos
Humanos en órganos de apelación de las resoluciones de los tribunales electorales; es
decir, la protección en materia de derechos político-electorales se otorgaría
necesariamente al ciudadano. Por esa razón, nuestra propuesta se orienta a ampliar la
competencia en esta materia.
3. Asuntos del
Poder Judicial
Existe un
consenso generalizado entre la mayoría de los tratadistas y una práctica generalizada en
la mayoría de las legislaciones del mundo en el sentido de excluir de la competencia de
estos organismos las decisiones jurisdiccionales de fondo, no así los actos de naturaleza
administrativa de dichos órganos.
Frente a esta
limitación competencial existen dos soluciones: la primera es la que establece el
artículo 13 de la Ley Orgánica del defensor del pueblo español, el cual dispone que
cuando éste reciba quejas referidas a irregularidades en el funcionamiento de la
administración de justicia, deberá turnarlas al Consejo General del Poder Judicial
según el tipo de reclamación. En nuestro caso, podría establecerse una solución
similar: como es sabido, en nuestro país, a partir de la reforma de 1994 de nuestra
Constitución, se instituyó el Consejo de la Judicatura Federal, en el caso del Poder
Judicial de la Federación y sus equivalentes en cada entidad federativa, como órganos de
administración y disciplina de dichos poderes. Por ello, el ombudsman turnaría a esos
órganos las quejas referidas a actos administrativos tanto del Poder Judicial de la
Federación como del Poder Judicial de los estados. Una segunda solución, conservando la
limitación constitucional tratándose de decisiones jurisdiccionales de fondo, radica en
establecer una competencia genérica tratándose de actos administrativos, tanto de los
poderes Judiciales locales como del Poder Judicial de la Federación. Por esta última
solución legislativa nos hemos inclinado.
C) Eficacia de
Recomendaciones y Rendición de Cuentas
En nuestro
país, las resoluciones que emite el ombudsman se denominan “recomendaciones”,
que carecen de imperatividad y coercitividad, atributos de las decisiones judiciales; es
decir, de las sentencias. Debe admitirse también que todos los ombudsman del mundo dictan
este tipo de resoluciones. Sin duda, el grado de cumplimiento de las recomendaciones es un
indicador fundamental de la eficiencia del ombudsman. En nuestro país, el promedio de
cumplimiento apenas si es de 52.3%. Por esta razón ha sido motivo de constantes criticas
y se afirma que en México las recomendaciones de los organismos de derechos humanos son
intranscendentes para la autoridad contra de la que se emiten.
Es evidente que
en nuestro país, con una larga historia de injusticias e impunidades, donde apenas se
abre paso lentamente la cultura de los derechos humanos, las autoridades destinatarias de
las recomendaciones no han mostrado la mejor voluntad para cumplirlas, sin que ello
constituya la descalificación de los organismos y sus integrantes, sino los retos y
paradigmas que deben ser alcanzados teniendo como base decisiones legislativas.
D) Legitimidad
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para Promover las Acciones de
Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
La mayoría de
las legislaciones de derechos humanos del mundo faculta al ombudsman de sus respectivos
países para interponer estos recursos.
En nuestro
país, como resultado de la reforma judicial de 1994, se establecieron las acciones de
inconstitucionalidad, legitimándose el artículo 105, fracción II, constitucional para
promoverlas a las minorías legislativas, al Procurador General de la República y, como
resultado de la reforma constitucional de 1996, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de
ese año, a los partidos políticos por medio de sus dirigencias nacionales o locales,
según el caso, para interponerlas. Por nuestra parte, proponemos adicionar el artículo
105 constitucional a fin de legitimar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para
promover dichas acciones.
No obstante las
consideraciones que forman el paradigma en materia de organismos de derechos humanos,
existen limitaciones constitucionales para que sea posible dotar de las bases y los
lineamientos expuestos a los ombudsman.
Al ser el
Congreso del estado de Michoacán, junto con las Legislaturas de las demás entidades
federativas y el Congreso de la Unión, parte del Poder Constituyente Permanente, cuenta
con facultades para proponer reformas o adiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, derivadas de los artículos 71, fracción III, y 135 de dicho
ordenamiento, por lo que en respeto del principio de supremacía constitucional consagrado
en el artículo 133 sea posible a partir de la Ley Suprema de la Unión plantear
lineamientos que modernicen la institución del ombudsman mexicano, y de esa forma sean
eliminadas las limitaciones federales.
En el momento
histórico que vivimos, caracterizado por inestabilidad económica, desigual distribución
de la riqueza, pobreza, resurgimiento del racismo, xenofobia, desempleo y militarización
de los cuerpos policiacos y de las regiones más humildes de nuestro país, se dificulta
el pleno ejercicio de los derechos humanos. Por lo anterior, resulta extremadamente
urgente fortalecer y vigorizar los organismos defensores de los derechos humanos, con
objeto de que puedan enfrentar adecuadamente estos retos.
Compañeras y
compañeros diputados:
Por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción III, 34 y 36,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos
permitimos poner a la consideración de esta soberanía la si- guiente Iniciativa de
decreto en virtud del cual el Congreso del estado de Michoacán de Ocampo presenta ante el
H. Congreso de la Unión iniciativa de decreto por el que se adicionan y reforman los
artículos 102, apartado B, y 105, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Decreto
Artículo Primero. El Congreso del estado de
Michoacán de Ocampo, en uso de las facultades que le confiere la fracción III del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta
iniciativa de decreto ante el Congreso de la Unión por el que se adicionan y reforman los
artículos 102, apartado B, y 105, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
“Artículo 102
A ...
B. El Congreso
de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos
que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán quejas contra actos de
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público que
violen estos derechos.
...
Estos organismos
no son competentes tratándose de asuntos jurisdiccionales de fondo, sean ejecutados por
autoridades materialmente jurisdiccionales o administrativas.
Artículo 105.
La Suprema Corte
de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de
los asuntos siguientes:
I...
a) a k) ...
II...
a) ...
b) ...
c) ...
e) ...
f) ...
...
g) La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del
Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano
en materia de garantías individuales y derechos humanos.”
Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio del
Poder Legislativo, Morelia, Michoacán, a 31 de octubre de 2002.— Diputados: Selene Lucía Vázquez Alatorre, Esteban Arroyo
Blanco, Elio Núñez Rueda, Armando Octavio Ballinas Mayés y Luis Patiño Pozas (rúbricas).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados.
LEY FEDERAL DE LA DELINCIENCIA ORGANIZADA
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Esta Presidencia
recibió una iniciativa suscrita por el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el Capítulo VI-bis
a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
«Iniciativa de
decreto que adiciona el Capítulo VI-bis, a la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada, para instrumentar el Programa de Protección de Identidad de los sujetos
procesales en los procesos penales incoados contra miembros de la delincuencia organizada.
El que suscribe,
Luis Miguel Barbosa Huerta, integrante del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática de la LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me
otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
presento ante la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión iniciativa de
decreto que adiciona el Capítulo VI-bis a la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada, para instrumentar el programa de protección de identidad de los sujetos
procesales en los procesos penales incoados contra miembros de la delincuencia organizada,
al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
A consecuencia
de innumerables actos de violencia contra personas llamadas a testificar en procesos
penales incoados contra miembros de delincuencia organizada, diversos países introdujeron
en su legislación nacional normas para buscar la salvaguarda de quienes, como testigos o
peritos, deben cumplir con el deber constitucional de colaboración con la justicia.
La
incorporación a distintos ordenamientos jurídicos de las normas sobre protección de
testigos y peritos en causas penales responde, del mismo modo, a la iniciativa
internacional plasmada en diversos textos e instrumentos jurídicos asumidos en el ámbito
de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Resultan de cita obligada, a estos efectos, las
recomendaciones contenidas en el “nuevo programa de las Naciones Unidas para la
prevención del crimen y la justicia penal” aprobadas por resolución de la Asamblea
General 46/152 de 18-12-91, y las incluidas en la resolución 45/107 de 26-3-91 sobre
cooperación internacional para la prevención del delito y la justicia penal, así como
la resolución 827/93 de 25 de mayo del Consejo de Seguridad que crea el tribunal
internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de violaciones graves
del derecho internacional en los territorios de la antigua Yugoslavia y el más reciente
estatuto del tribunal penal internacional aprobado en Roma el 17-7-98 por la conferencia
diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una
corte penal internacional.
Cuando se trata
de la persecución del crimen organizado, indudablemente que la responsabilidad de los
ciudadanos se acentúa, pero al mismo tiempo se debe estar muy consciente de que la mayor
de las veces proveer datos conducentes a la investigación y castigo en estos casos,
acarrea consecuencias negativas graves para los denunciantes o las personas a ellos
vinculados. Por su carácter asociado, sus peculiaridades organizativas, la clandestinidad
de sus actividades, sus reglas internas de funcionamiento y su enorme capacidad para
obstaculizar y neutralizar la acción policial y judicial, la colaboración de los
ciudadanos con la administración de justicia es especialmente relevante y necesaria para
evitar la impunidad y garantizar una recta aplicación de la ley en tratándose de
delincuencia organizada, ya que a falta de una libre circulación de la información
emanada de testigos fidedignos, las campañas de lucha en contra de esa manifestación
criminal, serán vacías y carentes de vitalidad.
En el Diario Oficial de la Federación del 7 de
noviembre de 1996 fue publicada la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada e
inmediatamente fue instituido un programa de testigos protegidos en el ámbito de la
Procuraduría General de la República. Se sabe que actualmente la dependencia resguarda a
90 “colaboradores” que tuvieron alguna relación con el narcotráfico o
estuvieron vinculados a fraudes, extorsiones y delitos financieros. Algunos permanecen en
cárceles, otros viven en casas de seguridad y hoteles e incluso en Estados Unidos.
Sin embargo,
debe reconocerse que por insuficiencias propias de la ley, el programa de testigos
protegidos ha sido muy limitado, y circunscrito prácticamente como beneficio y para
brindar protección a miembros de la delincuencia organizada que han prestado ayuda eficaz
para la investigación y persecución de otros individuos de la misma.
Como
consecuencia, con la introducción de un Capítulo VI-bis a la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada, se pretende ahora regular de manera clara, desde el mismo texto
legal, un sistema de protección especial y exclusivo que salvaguarde las personas y
patrimonio de los demás sujetos procesales que se ven expuestos por declarar la verdad.
Dejando el actual Capítulo VII de la Ley para Normar los Beneficios de los Miembros de la
Delincuencia Organizada que han prestado ayuda eficaz para la investigación y
persecución de otros individuos de la misma.
Se trata con
ello de armonizar el necesario equilibrio entre el interés jurídico a la verdad, el
derecho de defensa y la garantía de seguridad de los sujetos procesales. El interés
público en la lucha contra la delincuencia organizada, los sujetos procesales, su
situación de peligro y el derecho a la protección que les asiste por parte del estado. Y
es que las garantías arbitradas en favor de aquéllos no podrían gozar de un carácter
absoluto e ilimitado, es decir, no pueden violar los principios del proceso penal.
De acuerdo con
la iniciativa, el ámbito sujetivo de aplicación de las normas contenidas en el nuevo
capítulo, quedaría circunscrito a los sujetos procesales a que se refiere el artículo
34 de la ley (jueces, testigos, peritos, víctimas y demás personas que intervengan en un
proceso penal de la especie) y a los miembros de sus familias u otras personas
relacionados con ellos e insisto, excluyendo de su normatividad a miembros de la
delincuencia organizada que han prestado ayuda eficaz para la investigación y
persecución de otros individuos de la misma, cuyos beneficios seguirán siendo regulados
por el actual Capítulo VII de la ley.
Es razonable que
el ámbito subjetivo de aplicación de estas disposiciones legales se extienda a personas
vinculadas con dichos sujetos procesales, en cuanto que la experiencia demuestra que las
más de las veces las amenazas de la delincuencia organizada se vierten también sobre la
persona, libertad o bienes del cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos. ésto es
obvio, la obligación ciudadana de denunciar actos delictivos no implica la obligación
del informante de poner en peligro a su familia o correr el riesgo de convertirse en un
mártir social.
Y en cuanto a su
ámbito objetivo de aplicación, éste quedaría ceñido a los procesos penales,
excluyéndose para las investigaciones policiales y las realizadas con carácter
preprocesal por el Ministerio Público.
El presupuesto
de adopción de las medidas de protección que regularían las disposiciones propuestas,
sería la apreciación de un peligro grave para la persona, libertad o bie-nes de los
sujetos procesales, sus cónyuges o personas ligada por análoga relación de afectividad,
ascendientes, descendientes o hermanos. Y correspondería exclusivamente a la autoridad
judicial la apreciación racional del grado de riesgo o peligro y la aplicación de todas
o alguna de las medidas legales de protección que considere necesarias, previa
ponderación, a la luz del proceso, de los distintas bienes jurídicos constitucionalmente
protegidos.
De modo que
mediante resolución judicial podrá determinarse la inclusión de alguno de esos sujetos
procesales en un programa de protección de identidad, que para guarda de su integridad
física y de sus bienes y la de las personas vinculadas con él, podrá incluso
instrumentar los siguientes mecanismos: cambio de la identidad, en cuyo caso los
individuos protegidos por esta medida sólo podrían usar la nueva identidad; expedición
de nuevos documentos sustitutivos necesarios que acrediten la identidad, tales como
certificados del registro civil, documentos de identidad, pasaportes, certificados de
antecedentes judiciales, certificados de trabajo o administrativos u otros documentos
análogos, debiendo prescindirse de los procedimientos ordi- narios que puedan revelar la
identidad real; con su consentimiento, selección de cualquier ubicación nacional o
internacional como lugar de residencia permanente o transitoria de la persona; protección
necesaria, a cargo de los servicios de seguridad pública; opción de alteración de sus
rasgos físicos en la medida en que sea necesario para impedir la identificación; medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones monetarias, civiles,
laborales, comerciales, fiscales y administrativas asumidas en el marco del programa de
protección de identidad; y suministro de los recursos materiales necesarios para cubrir
los gastos de subsistencia corrientes, así como todo el respaldo necesario para que las
personas protegidas encuentren nuevo empleo, inclusive brindándole asistencia para su
capacitación y colocación.
Asimismo, se
reconocería a los sujetos protegidos los derechos de controlar el flujo de información
que contienen sus declaraciones y que a su juicio permitan identificarlos, y de renunciar
en cualquier momento al régimen de protección de la identidad. Lo que indudablemente es
necesario no sólo para prevenir actos de discriminación, sino también para impedir un
efecto paralizante que inhiba el flujo de información proveniente del denunciante que no
se sientan seguros.
En vista de las
anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la
consideración de esta soberanía la siguiente:
INICIATIVA
De decreto que
adiciona el Capítulo VI-bis a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para
instrumentar el Programa de Protección de Identidad de los sujetos procesales en los
procesos penales incoados contra miembros de la delincuencia organizada.
Unico. Se adiciona el Capítulo VI-bis a la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada, para instrumentar el Programa de Protección de
Identidad de los sujetos procesales en los procesos penales incoados contra miembros de la
delincuencia organizada, para quedar como sigue:
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Artículos 1o. al 34...
CAPITULO VI-BIS
Del procedimiento de protección de las personas.
Artículo 34-bis. Las medidas de protección
previstas en este capítulo son aplicables a los sujetos a que se refiere el artículo
anterior, asimismo a sus cónyuges o personas a quienes se encuentren ligados por análoga
relación de afectividad o sus ascendientes, descendientes o hermanos:
Artículo 34-bis-1. Para instrumentar la
aplicación de las medidas de protección previstas en este capítulo, en el ámbito de
competencia de la Procuraduría General de la República, se crea un programa de
protección de identidad.
Artículo 34-bis-2. En la salvaguarda de la
integridad física y bienes de los sujetos protegidos, dentro del Programa de Protección
de Identidad podrán incluso instrumentarse los siguientes mecanismos:
I. Cambio de la
identidad, en cuyo caso los individuos protegidos por esta medida sólo podrá usar la
nueva identidad;
II. Expedición
de nuevos documentos sustitutivos necesarios que acrediten la identidad, tales como
certificados del registro civil, documentos de identidad, pasaportes, certificados de
antecedentes judiciales, certificados de trabajo o administrativos u otros documentos
análogos, debiendo prescindirse de los procedimientos ordinarios que puedan revelar la
identidad de la persona protegida;
III. Con
consentimiento del sujeto protegido y de las personas con él vinculadas, selección de
cualquier ubicación nacional o internacional como lugar de residencia permanente o
transitoria;
IV. Protección
necesaria, a cargo de los servicios de seguridad pública;
V. Opción de
alteración de sus rasgos físicos en la medida en que sea necesario para impedir la
identificación;
VI. Medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones monetarias, civiles,
laborales, comerciales, fiscales;
VII. Suministro
de los recursos materiales necesarios para cubrir los gastos de subsistencia corrientes,
así como todo el respaldo necesario para que las personas protegidas encuentren nuevo
empleo, inclusive brindándoles asistencia para su capacitación y colocación.
VIII. Que no
consten en las diligencias que se practiquen el nombre, apellidos, domicilio, lugar de
trabajo y profesión, ni cualquier otro dato que pudiera servir para la identificación de
la persona protegida, pudiéndose utilizar para ésta un número o cualquier otra clave;
IX. Que para la
práctica de cualquier diligencia, la persona protegida comparezca utilizando cualquier
procedimiento que imposibilite su identificación visual normal.
Artículo 34-bis-3. Toda actividad protegida tiene
carácter privilegiado. La aceptación de información crea el correspondiente deber de
protección de la persona del denunciante, en cuanto a la información revelada o la
información generada por la revelación.
Artículo 34-bis-4. Antes de aceptar cualquier
dato que revele la identidad del denunciante, deberán hacerse saber los derechos que
otorga la ley a quienes realizan actividades protegidas.
Artículo 34-bis-5. Sólo mediante autorización
judicial, podrá incluirse a una persona dentro del programa de protección de identidad.
Artículo 34-bis-6. Corresponde en exclusiva a la
autoridad judicial apreciar racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o
bienes de quien pretenda ampararse en el programa de protección de identidad, su cónyuge
o persona a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad o sus
ascendientes, descendientes o hermanos.
Artículo 34-bis-7. En el supuesto de peligro
inminente para alguno de los sujetos a que se refiere el artículo 34 de la ley o para una
persona con él vinculada, o en caso de que la demora pueda causar daño irreparable a los
efectos de una ulterior protección de la identidad, el Ministerio Público estará
facultado para acudir ante la autoridad judicial a fin de que se le autorice proporcionar
resguardo provisional aun antes de cumplir los requisitos del presente capítulo.
Artículo 34-bis-8. Todo convenio que se celebre
para acceder al programa de protección de identidad deberá ser formalizado por escrito.
Los beneficios derivados de un programa de protección de identidad sólo podrán dejarse
sin afecto antes de que expire su plazo, cuando la aceptación del testigo protegido se
haya fundado en información sustancialmente falsa o se niegue a brindar cooperación en
la investigación iniciada.
Antes de dejar
sin efecto la protección especial proporcionada, la autoridad judicial notificará por
escrito la medida al interesado con la suficiente anticipación, a fin de que éste pueda
adoptar providencias alternativas suficientes en defensa de su persona y de sus bienes.
Artículo 34-bis-9. Los sujetos beneficiados
están obligados a participar de buena fe en el programa de protección de identidad. Toda
persona excluida del programa por haber basado en declaraciones sustancialmente falsas su
solicitud de admisión en el mismo, o que viole el referido deber de actuar de buena fe,
puede ser obligada a indemnizar sobre los gastos erogados con motivo de su protección.
Artículo 34-bis-10. Las personas beneficiadas
podrán solicitar su exclusión voluntaria del programa de protección de identidad,
firmando a esos efectos un documento en que manifieste su intención de prescindir de la
protección que el programa le brinda.
Artículos 35 al 44...
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio
Legislativo a 29 de enero de 2003.— Diputado Luis
Miguel Barbosa Huerta.»
Túrnese a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra
el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para presentar una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley del
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios...
¿No se
encuentra?.. Pasamos al siguiente.
ARTICULO
22 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra
el senador Raymundo Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una iniciativa que reforma el párrafo cuarto del artículo
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El senador Raymundo Cardenas
Hernández:
Gracias,
diputado Presidente.
Los legisladores
federales del Partido de la Revolución Democrática a la LVIII Legislatura del Congreso
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56 y 60 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
someten a consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa por
la que se reforma el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos de conformidad con la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Actualmente, la
mayoría de las naciones del mundo han abolido la pena capital, ya sea en la ley o en la
práctica, aceptando con ello que no hay ninguna meta social que justifique los asesinatos
patrocinados por el Estado, ésta debe ser una de las metas fundamentales de nuestra
Nación.
En este
contexto, presentamos hoy esta iniciativa por la que se prohibe de manera total la pena de
muerte en los Estados Unidos Mexicanos.
Durante años la
Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha llamado a todas las naciones
que continúan con las ejecuciones, a que reduzcan el número de delitos por los cuales la
pena de muerte podría ser impuesta y para suspender las ejecuciones con el propósito
final de abolir ésta.
Si bien es
cierto que en nuestro sistema dicha pena no se ha aplicado desde 1937 en el fuero común,
también es cierto que sigue vigente en la Constitución General de la República, así
como en el Código de Justicia Militar y en este último caso, aunque no se ha concretado,
sí ha habido sentencias en ese sentido.
La pena de
muerte es cruel, inhumana y degradante, es un asalto contra la dignidad humana y una
violación a los derechos fundamentales de hombre. En tal virtud, es una negación del
mayor de los derechos fundamentales: la vida.
En virtud de lo
anterior, es inconcebible que pretendiendo alcanzar un estado democrático y de derecho,
conservemos abierta en la Ley Fundamental la posibilidad de aplicarla.
La aplicación
de la pena capital es presentada frecuentemente como un método para prevenir la violencia
y brindar más seguridad a la sociedad.
Desde 1961,
Amnistía Internacional ha encontrado que la pena de muerte no hace nada para darle más
seguridad a la sociedad. En efecto, los estados que aplican la pena de muerte no tienen
niveles de homicidios más bajos que en los existentes en aquellos que no la aplican.
Otro de los
argumentos que se han utilizado para defender el exceso de violencia por parte del Estado,
es que inhibe a los delincuentes a ejecutar actos ilícitos. Sin embargo, diversos
estudios han demostrado que una forma más efectiva de lograr esto es a través de un
sistema de justicia más ágil y sólido en donde se castigue verdaderamente a quienes
delinquen.
La condena
capital es más un símbolo que una solución. No hay ninguna situación
“correcta” para usar la violencia, especialmente en el caso de las ejecuciones
aprobadas por los gobiernos.
Es inconcebible,
desde los valores de un estado democrático, que el asesinato sea castigado de la misma
manera.
El Segundo
Protocolo Opcional al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, cuyo
objetivo es la abolición de la pena de muerte, fue adoptado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1989 y promueve la abolición total de la pena de muerte, aunque
permite a los estados conservar la pena en tiempos de guerra, siempre y cuando esta
cláusula quede debidamente estipulada en el momento de ratificar o aceptar el Protocolo.
El argumento de
la efectividad de la pena de muerte para disminuir los delitos es falaz, muchos estudios
científicos han demostrado de forma convincente, que la pena de muerte no tiene un mayor
impacto disuasivo sobre el crimen que otros tipos de castigo. Los resultados de la última
encuesta de las Naciones Unidas, sobre investigaciones acerca de la relación entre la
pena de muerte y las estadísticas de homicidios, llevada a cabo en 1988 y actualizada en
1996, llegó a la conclusión de que la investigación no ha conseguido demostrar
científicamente, que:... “las ejecuciones tengan mayor efecto disuasivo que la
cadena perpetua. Y no es probable que lo consiga próximamente. En conjunto las pruebas
científicas no ofrecen ningún respaldo a la hipótesis de la disuasión.”
No se puede
concebir que en ningún sistema, sea o puede ser capaz, de decidir de forma imparcial,
coherente e infalible, quién debe vivir y quién debe morir.
La conveniencia,
las decisiones caprichosas, las condiciones socioeconómicas del acusado y la opinión
pública predominante, pueden influenciar los procedimientos desde el arresto inicial
hasta la decisión de último momento sobre la posible clemencia.
Además, la
experiencia demuestra que siempre que se aplica la pena de muerte, algunas personas mueren
mientras que otros que han cometido delitos similares o peores, pueden salvarse.
Los condenados
que son ejecutados, no son necesariamente aquellos que han cometido los peores delitos
sino también aquellos que eran tan pobres, que no pudieron contratar abogados
experimentados que los defendieran o aquellos que debieron enfrentar a fiscales o jueces
más severos.
Ahora bien, la
pena de muerte es mucho más costosa que cualquier sistema en el que la pena máxima es la
reclusión perpetua. Un estudio realizado en Nueva York estima que el costo de una
ejecución es tres veces mayor que el de la reclusión en prisión perpetua.
Por ejemplo, en
Florida cada ejecución le cuesta al estado 3.2 millones de dólares, en contraste con el
costo de 600 mil dólares de la prisión perpetua. Estudios realizados en California,
Kansas, Maryland y Carolina del Norte, han llegado a la conclusión de que la pena capital
es mucho más costosa que mantener a alguien en prisión de por vida.
Sin duda la pena
de muerte desvía recursos que podrían ser aplicados, para tomar medidas realmente
efectivas contra el crimen.
El derecho a la
vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes, son los dos
derechos humanos citados con más frecuencia en los debates sobre la pena de muerte, sin
embargo, éstos no son los únicos derechos contra los que atenta la pena capital.
No existe
ninguna justificación penal para la pena de muerte, que pueda superar los argumentos de
derechos humanos, que justifican su abolición. La pena de muerte es absolutamente
injusta, es ineficaz, suprime el derecho a la rehabilitación que todo ser humano tiene y
abre la puerta a la posibilidad del más trágico e irreparable de los errores judiciales.
Esta iniciativa,
posiblemente no sería necesaria, si el PRI y el Partido Verde Ecologista de México, en
el estado de México, no hubiesen propuesto a la población de esa entidad, la reposición
de la pena de muerte en el Código Penal respectivo. Esta actitud que pretende aprovechar
la justa indignación de los mexiquenses contra la delincuencia, no es en términos
políticos, más que intento por obtener popularidad electoral a toda costa, incluso al de
hacer involucionar nuestro sistema jurídico. En las condiciones sociales actuales, la
consulta que dichos partidos proponen, equivale a una invitación al linchamiento.
En virtud de lo
anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la
siguiente
INICIATIVA
Con proyecto de
decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo único. Se reforma el cuarto párrafo
del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
“Artículo 22. Quedan prohibidas...
No se
considerará..
No se
considerará...
En ningún caso
el Estado Mexicano aplicará la pena de muerte”.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Salón de
sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a 29 de enero de
2003.— Firma el de la voz.
Gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra
el diputado Jesús Burgos Pinto.
Perdón, antes túrnese a la Comisión
de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra
el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para presentar una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley del
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
El diputado Salvador Cosío Gaona:
Con la venia de
la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
El suscrito, con fundamento en los
dispositivos legales correspondientes, someto a la consideración de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducto de esta Comisión Permanente,
iniciativa de decreto que propone reformar el inciso g, del artículo 2o., de la Ley del Impuesto
Especial Sobre Producción y Servicios, a fin de eliminar el impuesto a las aguas
minerales y naturales gasificadas.
En diciembre de 2001 el Ejecutivo Federal
sometió a la consideración de la Cámara de Diputados la propuesta fiscal para el
ejercicio del año 2002, entre ello sometió las tradicionales propuestas de reforma a la
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. En estas propuestas de reformas a
la Ley del IEPS, existía el intento de gravar con impuesto especial al agua natural
embotellada, así como al agua mineral y natural gasificadas, gravamen que no procedió,
que no fue aprobado, porque como consta en el Diario de los Debates, fue rechazado a
petición de un servidor apoyado por muchos diputados de varios partidos políticos.
No obstante, el Diario Oficial de la Federación publicó en
forma equivocada y el impuesto se cobró ilegalmente durante el año 2002, es decir la
Secretaría de Hacienda estuvo cobrando y cobró en el ejercicio 2002, el impuesto del
IEPS al agua natural y mineral gasificada, no obstante que el Legislativo no lo aprobó.
Esto ocasionó un fuerte reclamo de las industrias restaurantera, hotelera y refresquera
por el efecto negativo en el consumo, por el incremento a los precios, por la baja en el
ingreso y las pérdidas y por supuesto esto derivó en baja de tributación.
En noviembre pasado, el Ejecutivo Federal
presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de ley que establece, reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales para el año presente, para el 2003, la
cual se turnó a la Comisión de Hacienda. Dentro de esta iniciativa se abordaba lo
relativo a reformas a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS.
Y en relación
con esto el dictamen de la propia Comisión de Hacienda cita que este gravamen, el IEPS,
ha tenido que jugar un papel destacado desde hace muchos años, no sólo porque es la
tercera fuente más importante de ingresos tributarios, sino porque la sociedad ha podido
aceptar con relativa facilidad, el que se apliquen cobros mayores al consumo de ciertos
bienes que a pesar de ser de amplio consumo, por razones de seguridad pública, adicción,
integración familiar, salud o por motivos ecológicos, influyen en la percepción que
sobre su demanda tiene la sociedad.
Excluyendo el
impuesto especial a las gasolinas, al diesel, al tabaco y al alcohol, el resto de
productos y servicios gravados con el impuesto, no encajan en el espíritu que crea y
fundamenta el gravamen, es decir, el IEPS, ni las bebidas sin alcohol, ni las
comunicaciones, por citar algunos rubros, son productos y servicios que deban ser gravados
por razones de seguridad pública, de adicción, desintegración familiar, impacto a la
salud pública y/o al medio ambiente.
Es decir, el fin
original del impuesto es resarcir al Estado para que obtenga recursos y pueda con ellos
sufragar el gasto público de actividades especiales, de apoyo social, que debe otorgar
para combatir la inseguridad, la adicción, desintegración familiar, el daño a la salud
pública y al medio ambiente, generados por la producción y servicios específicos.
Pero el caso es
que este gravamen, este impuesto especial que tenía un fin primigenio muy claro, se ha
utilizado en forma equivocada por el Ejecutivo Federal, para encontrar fuentes de
recaudación y enclavar ahí cobro o impuesto a todo lo que se mueva, a todo lo que se
pueda conseguir de recursos para el Estado.
Si bien es
cierto que el Estado requiere recursos, también lo es que no es posible que estemos
encontrando, buscando cualquier forma para recaudar impuestos y en este caso darle golpes
a la economía de ciertas industrias y con ello a la economía nacional, provocando menor
consumo, no movimiento económico. Con ello lo que la gente de Hacienda quizá no quiere
ver, es que deviene en menor tributación de otro tipo de gravámenes que sí son
efectivos.
En diciembre del
año pasado, el Ejecutivo Federal insistió en gravar el agua natural y el agua natural y
mineral gasificada para consumo humano, en presentaciones menores de 10 litros.
Los diputados en
ese mes rechazamos el impuesto al agua natural pero se aprobó no obstante mi alegato y
fundamento en tribuna y por supuesto mi voto en contra.
El gravar con
20% a las aguas minerales y naturales gasificadas, no obstante insisto, en que el año
anterior se dio el debate y se ganó y no se aprobó y lo cobró injusta e ilegalmente la
Secretaría de Hacienda y fue obvio el daño que provocó.
Pero mis
compañeras y compañeros diputados y luego los senadores con todo respeto no vieron este
tema y el reclamo de la industria refresquera, la industria restaurantera, la industria
hotelera, sigue siendo en el sentido de que es un impuesto que no está inscrito dentro
del parámetro del espíritu para el que fue creado el IEPS. Que la industria refresquera,
la que produce el agua mineral o la que embotella el agua natural y la gasifica, no
produce un producto, valga la redundancia, que provoque las inequidades sociales como para
serle cargado un impuesto para que el Estado tenga que tomar recursos para resarcir la
sociedad el impacto que recibe.
Por otro lado
los reportes de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos establece la
importancia de esta industria. Hay los reportes también de lo que se consume y lo que
impacta a la industria restaurantera y turística nacional y la justificación es amplia
en cuanto a que es poco lo que se recauda y más lo que podría obtenerse de regresar a
como estaban las cosas antes, cuando no existía este impuesto que, insisto, no tiene
sustento ni fundamento ni tiene un sentido.
Por eso y
haciendo esta reflexión breve, solicitando a la Mesa Directiva que publique íntegro el
texto de la iniciativa, es que proponemos esta reforma al artículo 2o., inciso I,
paréntesis g) de la citada Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
vigente, para derogar este impuesto absurdo al agua mineral y al agua natural gasificada,
porque, insisto, ni es un artículo de lujo ni es un artículo que provoque los problemas
que tienen que ser resarcidos por el Estado a través de este impuesto.
Así pues, al
reformarse éste, tendríamos ventajas, tendríamos incentivo a la economía y estaríamos
respondiendo al reclamo de la industria que si bien es cierto debe cooperar, pero es
cierto que lo hace ya a través de otros gravámenes que sí están enmarcados en la
legalidad y la equidad y en la del equilibrio.
Es cuanto,
muchas gracias.
«Iniciativa de
decreto que reforma el artículo 2o., inciso I, paréntesis g, de la Ley del Impuesto
Especial Sobre Producción y Servicios, para eliminar el Impuesto Especial a las aguas
minerales y naturales gasificadas, que presenta el diputado Salvador Cosío Gaona, del
grupo parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del día 29 de enero
de 2003.
El suscrito,
diputado Salvador Cosío Gaona, integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71
fracción II y 76 fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración
de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de la Comisión
Permanente, esta iniciativa de decreto, que propone reformar el inciso G del artículo 2o.
de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, para eliminar el impuesto a
las aguas minerales y naturales gasificadas, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
En diciembre del
2001 el Ejecutivo Federal sometió a la consideración de la Cámara de Diputados la
propuesta fiscal para el ejercicio del año 2002, entre ello las tradicionales propuestas
de reformas a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, en estas
propuestas existía el intento de gravar con Impuesto Especial al agua natural
embotellada, así como al agua mineral y natural gasificada, gravamen que no procedió,
que no fue aprobado, porque, como consta en el Diario de los Debates, fue rechazado a
petición del suscrito, apoyado por muchos legisladores de varios partidos políticos.
No obstante, el
Diario Oficial de la Federación publico en forma equivocada y el impuesto se cobra
ilegalmente, durante el año 2002 al agua natural y mineral gasificada ocasionando fuerte
reclamo de las industrias restauranteras, hoteleras y refresqueras, por efecto negativo en
el consumo, por el incremento a los precios y la baja en el consumo, y originando perdidas
de ingresos, y por supuesto, baja en la tributación.
El 7 de
noviembre del año pasado el Ejecutivo Federal presentó ante esta Cámara de Diputados la
iniciativa de ley que establece, reforma, adiciona, y deroga diversas disposiciones
fiscales para el año 2003, la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Publico para su estudio y dictamen. Dentro de esta iniciativa se abordaba lo relativo a
las reformas, adiciones y derogaciones que proponía el Ejecutivo en materia de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Como lo dice el dictamen correspondiente
firmado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público este impuesto “ha tenido que
jugar un papel destacado desde hace muchos años, no solo porque es la tercera fuente mas
importante de ingresos tributarios, sino porque la sociedad ha podido aceptar con relativa
mayor facilidad el que se apliquen cobros mayores al consumo de ciertos bienes que, a
pesar de ser de amplio consumo, por razones de seguridad pública, adicción, integración
familiar, salud o por motivos ecológicos influyen en la percepción que sobre su demanda
tiene la sociedad”. Excluyendo el Impuesto Especial a las gasolinas, el diesel, el
tabaco y el alcohol, el resto de productos y servicios gravados en el impuesto, no encajan
en el espíritu que crea y fundamenta el gravamen, es decir, ni las bebidas sin alcohol,
ni las telecomunicaciones, por citar algunos casos, son productos y servicios que deban
ser gravados por razones de seguridad publica, adicción, desintegración familiar,
impacto a la salud publica y/o al medio ambiente. Es decir, el fin original del impuesto,
es resarcir al Estado para que obtenga recursos y pueda con ellos sufragar el gasto
publico de actividades especiales de apoyo social que debe otorgar para combatir
inseguridad, adicción, desintegración familiar, daño a la salud pública y al medio
ambiente, generados por la pro- ducción y servicios específicos, pero este gravamen se
ha convertido en un instrumento meramente recaudatorio, auxiliar a los elementos fiscales
principales.
En diciembre del
año pasado, el Ejecutivo Federal insistió en gravar el agua natural y el agua natural y
mineral gasificadas, embotelladas para consumo humano en presentaciones menores de 10
litros.
Los Diputados
rechazamos el impuesto al agua natural, pero se aprobó, no obstante mi alegato y voto en
contra, gravar con 20% a las aguas minerales y naturales gasificadas, lo que es motivo de
fuertes reclamos por las industrias restaurantera, hotelera y refresquera, por el
incremento en costos y la baja en los consumos, lo que lesiona su economía.
Según un
reporte de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas
(ANPRAC), en México, la industria refresquera se ubica entre las actividades mas
importantes del país:
En 1999, el PIB
de esa industria representó el 13.3% del total del renglón de alimentos, bebidas y
tabaco; el 3.3% del de la Industria manufacturera, y el 0.7% del PIB total.
Los principales
grupos embotelladores en México son empresas transnacionales asociadas a capitales
nacionales que producen y comercializan franquicias extranjeras. Otro grupo importante lo
constituyen las fábricas nacionales que producen y comercializan marcas regionales.
Los canales de
comercialización de esta industria son principalmente abarrotes, restaurantes, escuelas,
clubes, hoteles y lugares de entretenimiento.
Se puede decir
que uno de los últimos nichos del mercado con los que cuenta actualmente la industria
refresquera nacional son una parte de los refrescos de sabores, pero fundamentalmente las
aguas minerales y las gasificadas.
Estos refrescos,
que pueden tomarse directamente o que también se utilizan como mezcladores, son
consumidos principalmente en los restaurantes y bares, que se ubican como tales o formando
parte de los hoteles de nuestra industria turística nacional.
Al aplicar la
tasa del 20% del Impuesto Especial se afecta a la industria nacional de gran tradición en
nuestro país como lo hemos comentado, así como a las instalaciones que proporcionan
servicios tanto al turismo nacional como extranjero, por lo que me permito poner a su
consideración sea derogado el impuesto a estas bebidas aprobado en la Ley del Impuesto
Especial Sobre Producción y Servicios 2003.
Así las cosas,
el Impuesto Especial aprobado a la producción y consumo de Aguas Minerales y Naturales
embotelladas es injusto, inadecuado, lesivo a la economía nacional y se aparta totalmente
del espíritu de la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, por lo que debe
ser derogado, precisando que esto abatiría costos aumentaría el consumo, provocando
aumento de recaudación a los otros gravámenes que existen, beneficiando a la economía
nacional.
Por ello someto
a la consideración de la Cámara de Diputados por conducto de esta Comisión Permanente
del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto que reforma el
articulo 2o., inciso I, paréntesis g, de la Ley del Impuesto Especial de Productos y
Servicios vigente, para derogar el mencionado impuesto, para quedar así:
DECRETO
Unico. Se reforma el articulo 2o. inciso I,
paréntesis g, de la Ley del Impuesto Especial de Productos y Servicios para quedar como
sigue:
Artículo 2o....
...
G) Refrescos;
bebidas hidratantes o rehidratantes, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos
de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos bebidas hidratantes o
rehidratantes, que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña...20%.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. Este decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 29 de enero de 2003.— Diputado Salvador Cosío Gaona.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias,
diputado.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados. Igualmente publíquese íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
El senador
Raymundo Cárdenas, nos ha pedido rectificar el turno, cosa que esta Mesa Directiva
concede con mucho gusto.
Por lo tanto, túrnese a la Comisión
de Puntos Constitucionales, pero de la Cámara de Senadores.
LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Inmediatamente
tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Burgos Pinto, para presentar una iniciativa
que reforma diversos artículos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en
materia de tarifas.
El diputado Jesús Burgos Pinto:
Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Los diputados
federales de la LVIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentamos a la consideración del honorable Congreso de la
Unión, iniciativa de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica,
conforme a la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El artículo 27
constitucional establece que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir,
transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica que tenga por objeto la
prestación del servicio público, que en esta materia no se otorgarán concesiones a los
particulares y que la nación aprovechará los bienes y los recursos naturales que se
requieran para dichos fines.
Por su parte la
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, faculta a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para que con la participación de la Secretaría de Energía y de
Economía, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad fije las tarifas para venta
de energía eléctrica, su ajuste, modificación o reestructuración, de manera que
tiendan a cubrir las necesidades financieras del organismo, así como las de ampliación
del servició público y las de racionalizar el consumo de energía.
Sin embargo la
ley no cuenta con disposiciones que limiten la facultad tarifaria de la Secretaría de
Hacienda, es decir, la ley no refiere a factores socioeconómicos, climatológicos o de
otra índole regionales o nacionales que deban observarse por las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal para la autorización de las tarifas eléctricas.
Si bien es
cierto, en términos de ley, las tarifas eléctricas deben tender a cubrir las necesidades
financieras de los suministradores y las de ampliación del servicio público, también es
cierto, así lo mandata la Constitución, que el Estado debe aprovechar los recursos
naturales y bienes de la nación que requiera para cumplir con las actividades que tienen
por objeto la prestación del servicio público de energía eléctrica, es decir, los
recursos para satisfacción de las necesidades financieras y patrimoniales de las empresas
estatales encargadas de la prestación de dicho servicio no tienen que provenir
exclusivamente del producto de las tarifas eléctricas aplicables.
Por eso es
indispensable que en el ejercicio de sus facultades tarifarias las autoridades competentes
observen no sólo los objetivos de financiamiento a los administradores de energía, sino
conjugar con ellos la necesidad del servicio por los usuarios, la capacidad económica de
éstos, así como las condiciones diversas regionales y climatológicas que inciden en la
cantidad de energía requerida para su consumo.
Las omisiones de
la ley de la materia permiten tácitamente una gran discrecionalidad al Ejecutivo Federal
para el ejercicio de sus facultades tarifarias en materia eléctrica, dando lugar a
ajustes, modificaciones y reestructuraciones de las tarifas eléctricas para el consumo
doméstico, cuya aplicación ha resultado excesivamente gravosa para la economía familiar
de la mayoría de los mexicanos.
El acuerdo que
autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministros y
venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a tarifas domésticas publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero
de 2002, es muestra clara de la posibilidad de incurrir en excesos al ejercerse la
facultad tarifaria por la Secretaría de Hacienda en virtud de dicha discrecionalidad.
Con dicho
acuerdo las tarifas domésticas redujeron los tramos de consumo básico e intermedio y en
consecuencia se incrementan los tramos correspondientes al consumo excedente, se crea un
nuevo cargo por consumo intermedio correspondiente al segundo nivel de consumo 17% más
caro que el establecido para el consumo intermedio de primer nivel, se aplican ajustes
mensuales a los cargos tarifarios o en general que acumulados representaron incrementos
anuales del 8.4% en las tarifas y del 31.3% en el nuevo cargo para el consumo intermedio
segundo nivel. Además de crear una nueva tarifa de alto consumo desproporcional,
inequitativa e injusta, modificando las tarifas de tal manera que con su aplicación se da
un trato desigual a los iguales.
Hasta antes del
acuerdo la tarifa uno era de aplicación general durante todo el año y en todo el
territorio nacional, con excepción de aquellas regiones o localidades a las cuales se
aplicaban las tarifas preferenciales durante la temporada de verano, pero que fuera de
verano quedaban sujetos a la tarifa general 1.
Con el acuerdo
de referencia la tarifa uno solo es aplicable a las regiones que no alcanzan la
temperatura media mínima en verano de 25 grados centígrados, requerida para acceder a
las tarifas de verano. Mientras que las tarifas preferenciales, cuya finalidad ha sido
apoyar a la población para contrarrestar los efectos de los climas calurosos durante el
verano se han modificado para darles un trato preferente también en la temporada fuera de
verano a las localidades sujetas a dichas tarifas, aun cuando fuera de verano presentan
condiciones similares a las de la región de la tarifa 1.
No obstante que
los cargos de energía consumida aplicables a la temporada fuera de verano conforme a las
tarifas preferenciales son las mismas que establece la tarifa 1, las diferencias
existentes y los límites establecidos para el consumo de primer nivel entre la tarifa 1 y
las preferenciales, no se justifican; no se justifican porque la mayor parte de las
regiones que alcanzan las temperaturas medias mínimas requeridas para aplicarles una
tarifa preferencial de terminar durante la temporada de verano, fuera de verano no alcanza
la temperatura media mínima de 25 grados requerida para acceder a la tarifa preferencial
menor que es la 1A y por lo tanto se encuentra en condiciones climáticas similares a las
prevalecientes en regiones afectas a la tarifa uno.
Por otro lado,
para sancionar el uso y racionar el fluido eléctrico adicionar el incremento del 17% al
cargo por consumo intermedio en el segundo nivel de la tarifa y el incremento anual del
31.3% en el mismo cargo intermedio que se fija una tarifa de alto consumo, con la cual se
aplican cargos más elevados a la totalidad del consumo en sustitución de los cargos
menores establecidos para las tarifas ordinarias de la 1 a la 1F.
La iniquidad que
se observa en los límites establecidos para la determinación del alto consumo en cada
una de las tarifas ordinarias domésticas, es inaceptable a todas luces, basta señalar lo
injusto que resulta castigar el consumo mensual promedio de 255 kilowatts-hora, realizado
por un porcentaje muy elevado de usuarios sujetos a la tarifa uno. Mientras difícilmente
habrá usuarios sujetos a las tarifas 1E y 1F que rebasen el consumo mensual promedio de
2,000 y 2,500 kilowatts-hora, respectivamente. Límite de alto consumo establecido para
dichas tarifas.
Insistimos, las
tarifas preferenciales de la 1A a la 1F se justifican plenamente para su aplicación en la
temporada de verano y no fuera de ésta. Es decir, el trato preferencial se justifica en
la medida que tiende a contrarrestar los efectos negativos de las altas temperaturas en
detrimento del confort y las actividades humanas.
Para darse una
idea de lo que en general implica la aplicación de estas tarifas de alto consumo,
ejemplificamos: con la aplicación de la tarifa 1 para un consumo mensual de 255
kilowatts-hora, un usuario pagaría en enero de 2000, $193.20 más IVA; con la tarifa de
alto consumo, en febrero de 2002, $387.14 más IVA. Es de observarse que con las nuevas
disposiciones tarifarias, los cargos totales por el consumo ejemplificado se incrementaron
de un mes a otro, de enero a febrero de 2002, en más del 100%.
Por otro lado,
no obstante la pública declaración de la Secretaría de Hacienda, en el sentido de que
las tarifas eléctricas no se incrementarían en más de un 3% durante el año 2003, el 17
de enero del presente año se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, otro acuerdo que autorice el ajuste y modificación a las
tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, y que modifique las disposiciones
complementarias a dichas tarifas con este acuerdo.
Si bien se
derogan las disposiciones que establecían la aplicación de ajustes mensuales a las
tarifas para el consumo doméstico, que representaban incrementos anualizados del 8.4% en
general y del 31.3% para el cargo por consumo intermedio de segundo nivel, se establece un
ajuste mensual para todos los cargos y en todas las tarifas domésticas, con la
aplicación de un factor de 1.00469 a partir del día 1o. de cada mes o que representa un
incremento anualizado del 5.78%.
Adicionalmente
el acuerdo del 17 de enero de 2003, modifica las cuotas aplicables de la tarifa 1F,
incrementa de 2000 a 2500 kilowatts-hora-mes, el límite de alto consumo para la misma y
modifica el ámbito de aplicación de la tarifa de alto consumo, para que ahora, además
de aplicarse los servicios de energía para uso doméstico considerado de alto consumo
como está establecido, también se aplique a aquellos servicios que por sus
características así se requieren.
Con esta
disposición se amplía la gran discrecionalidad con la que la Secretaría de Hacienda
ejerce sus facultades tarifarias en la materia y más aún, autoriza a la CFE para que
aplique discrecionalmente la tarifa de alto consumo, al no señalar cuáles son esas
características del servicio que así lo requieran.
Para darnos una
idea de la irresponsabilidad con la que se ejerce tal discrecionalidad y la iniquidad en
el tratamiento de los usuarios del servicio, a través de las tarifas eléctricas para el
consumo doméstico, veamos un ejemplo.
Entre las muchas
localidades con climas cálidos, principalmente del norte del país y de las extensas
zonas costeras del territorio nacional, se encuentra la de Los Mochis, Culiacán y
Mazatlán, en el estado de Sinaloa, así como la de Hermosillo, Sonora y la de Mexicali,
Baja California, de las cuales a la primera se le aplica la tarifa 1E, a Mazatlán y
Culiacán se les aplica la tarifa 1D, en tanto que Hermosillo y Mexicali se les aplica la
tarifa 1F.
La reasignación
de tarifas antes anunciada, evidencia la ini-quidad en los cargos establecidos para el
consumo del fluido en ésta y en muchas otras localidades del país.
Con la
aplicación de los acuerdos tarifarios a que hemos hecho referencia, se observa que sin
aplicar la tarifa de alto consumo, un consumo de 1,200 kilowatts-hora-mes en la tarifa 1D,
incrementó su precio entre enero de 2002 y enero de 2003 en un 79%, repito, 79%, mientras
el mismo consumo en la tarifa 1E se incrementó en 81%, en tanto que la 1F se incrementó
sólo en 8%. Un consumo de 2,100 kilowatts-hora-mes con la tarifa 1D, se incrementó
durante el mismo lapso en un 34.8%.
Por lo anterior
y tomando en cuenta que las condiciones de algunas regiones son altamente impactadas por
el factor humedad, los suscritos diputados federales, si me permite señor Presidente,
para redondear mi presentación de iniciativa, proponemos las siguientes reformas.
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica.
Artículo primero. Se reforma el artículo 31 de
la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:
Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, con la participación de la Secretaría de Energía y de Economía, y a
propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o
reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y de las de
ampliación del servicio público que no sean satisfechas con los recursos asignados para
el efecto a la Comisión Federal de Electricidad en el Presupuesto de Egresos de la
Federación. Asimismo, tenderán a estimular el racional consumo de energía.
Artículo segundo. Se adicionan los artículos 32
y 33 recorriendo numerales actuales artículos 31 y 33 y demás subsecuentes; para quedar
como sigue:
Artículo 32. A efecto de lo dispuesto en el
artículo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá fijar, ajustar
y estructurar las tarifas para venta de energía eléctrica, deberá reflejar en éstas de
manera explícita la proporción del costo económico en los rubros de generación,
transmisión y distribución de la energía eléctrica suministrada, así como el de los
requerimientos de ampliación de su estructura eléctrica que se pudieran con los recursos
económicos provenientes de la venta de energía.
Artículo 33. Las tarifas para venta de energía
eléctrica para uso doméstico, se fijarán, ajustarán, fijarán o estructurarán por la
Secretaría de Hacienda tomando en cuenta además de lo dispuesto en los artículos 31 y
32 lo siguiente: la evolución de los costos económicos de los rubros de generación y
transmisión, habrá una tarifa general de aplicación en todo el territorio nacional
durante la temporada conocida como fuera de verano y de aplicación durante todo el año
en las localidades o regiones que no alcancen durante la temporada de verano una
temperatura aparente de índices de calor mínimo a 25°.
La Secretaría
de Hacienda fijará las tarifas que sean necesarias para apoyar la población contra los
efectos de las temperaturas aparentes o índices de calor cuya medida mínima sea de 25°
o mayores. La temperatura aparente o índice de calor se determinará en la Norma Oficial
Mexicana que al efecto expida la Secretaría de Energía o de Economía, tomando en cuenta
los efectos ambientales de la temperatura del aire y de la humedad relativas a la
fisiología humana de conformidad con las disposiciones relativas a la Ley Federal de
Metrología y Normalización.
Es cuanto señor
Presidente.
Firman esta
iniciativa los señores diputados: Víctor
Gandarilla , Aarón Irizar, Jaime Barrón , Martha Meza, Rubén Félix y el de la voz.
«Con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales de la
LVIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, presentamos a la consideración del honorable Congreso de la Unión,
iniciativa de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica conforme a la
siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El artículo 27
constitucional, establece que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir,
transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la
prestación de servicio público; que en esta materia no se otorgarán concesiones a los
particulares; y que la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se
requieran para dichos fines.
Por su parte, la
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, faculta a la Secretaría de Energía
para dictar las disposiciones relativas al servicio público de energía eléctrica;
asimismo, establece que la prestación de dicho servicio por la nación, estará a cargo
de la Comisión Federal de Electricidad y de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en
tanto se cumplimente lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio de la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica.
El mismo
ordenamiento legal, faculta a la junta de gobierno de la Comisión Federal de
Electricidad, para acordar las propuestas de ajuste a las tarifas, que deberán formularse
de acuerdo con el estado patrimonial y financiero del organismo, así como aprobar, en su
caso, la propuesta de reestructuración tarifaría, cuyos proyectos serán sometidos a su
consideración por la dirección general de la Comisión Federal de Electricidad;
asimismo, faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, con la
participación de las secretarías de Energía y de Economía, a propuesta de la Comisión
Federal de Electricidad, fije las tarifas para venta de energía eléctrica, su ajuste,
modificación o reestructuración, de manera que tiendan a cubrir las necesidades
financieras del organismo, así como las de ampliación del servicio público y las de
racionalizar el consumo de energía.
Además de las
antes señaladas, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, no cuenta con otras
disposiciones que limiten la facultad tarifaría de la Secretaría de Hacienda; es decir,
la ley no refiere factores socioeconómicos, climatológicos o de otra índole, regionales
o nacionales que deban observarse por las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, para la fijación, ajuste, modificación o reestructuración de tarifas
eléctricas.
Si bien es
cierto, en términos de la ley, las tarifas eléctricas deben tender a cubrir las
necesidades financieras de los organismos suministradores y la de ampliación del servicio
público; también es cierto, así lo mandata la Constitución, que el Estado debe
aprovechar los recursos naturales y bienes de la nación que requiera para cumplir con las
actividades que tienen por objeto la prestación del servicio público de energía
eléctrica; es decir, los recursos para la satisfacción de las necesidades financieras
y patrimoniales de las empresas estatales encargadas de la prestación de dicho servicio,
no tienen que provenir exclusivamente, del producto de las tarifas eléctricas aplicables.
Sin embargo, es
reconocida la necesidad de que el financiamiento a dichas empresas, vía el Presupuesto de
Egresos de la Federación, vaya disminuyendo paulatinamente, conforme al crecimiento del
poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y en general, de la economía
nacional; para ello, es indispensable que en el ejercicio de sus facultades tarifarías,
las autoridades competentes observen, no sólo los objetivos de financiamiento a los
suministradores de energía, sino conjugar en ellos, las necesidades del servicio por los
usuarios, la capacidad económica de éstos, así como las condiciones diversas,
regionales o climatológicas que inciden en la cantidad de energía requerida para su
consumo.
Ante la falta de
disposiciones en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, definitorias de los
factores o elementos a considerar por las autoridades competentes en la determinación de
las tarifas eléctricas, el Ejecutivo Federal, en uso de la facultad reglamentaria que le
atribuye la Constitución, ha establecido en el artículo 48 del Reglamento de la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica, que las tarifas eléctricas aprobadas deben
reflejar el costo económico de los rubros de generación, transmisión y distribución de
la energía eléctrica suministrada y considerar los requerimientos de ampliación de
infraestructura eléctrica; asimismo, dispone que dichas tarifas se ajustarán de acuerdo
con la evolución de los costos económicos a través del tiempo, tomando en cuenta, por
separado, los rubros de generación, transmisión y distribución, así como las
diferencias o variaciones relevantes por factores regionales o estacionales, entre otras.
Estos elementos, señala el Regla- mento, podrán estar explícitos o implícitos en las
tarifas.
Por su parte, el
artículo 51 del mismo Reglamento, establece que a la propuesta tarifaria de Comisión
Federal de Electricidad o de Luz y Fuerza del Centro, deberá anexarse, cuando menos, el
estudio justificativo de la propuesta en que se consigne el alcance y consecuencia de la
propuesta en el estado financiero del suministrador, en la aplicación de las tarifas y
cualquier otro aspecto; así como los estados financieros de resultados complementarios
que fundamentarán la propuesta; el estudio de costos económicos de la energía
eléctrica en los que se fundamenta la propuesta; la descripción de los elementos que
integran la propuesta; y la estimación de resultados considerando el ajuste,
modificación o reestructuración.
Las omisiones de
la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica antes referidas, permiten tácitamente
una gran discrecionalidad del Ejecutivo Federal para el ejercicio de sus facultades
tarifarias en materia eléctrica, dando lugar a ajustes, modificaciones y
reestructuraciones de las tarifas eléctricas para el consumo doméstico, cuya aplicación
ha resultado excesivamente gravosa para la economía familiar de la mayoría de los
usuarios del servicio.
El acuerdo que
autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministros y
venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a tarifas domésticas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero
de 2002, es muestra clara de la posibilidad de incurrir en excesos al ejercerse la
facultad tarifaria por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en virtud de dicha
discrecionalidad.
Con dicho
acuerdo, las tarifas domésticas redujeron los tramos de consumo básico e intermedio y,
en consecuencia, se incrementan los tramos correspondientes al consumo excedente; se
incrementó el cargo por consumo excedente; se crea un nuevo cargo por consumo intermedio
correspondiente al segundo nivel de consumo, 17% más caro que el establecido para el
consumo intermedio del primer nivel; se aplicaron ajustes mensuales a los cargos
tarifarios en general que, acumulados, representaron incrementos anuales del 8.4% en las
tarifas y del 31.3% en el nuevo cargo para el consumo intermedio del segundo nivel,
además de crear una nueva tarifa de alto consumo desproporcional, inequitativa e injusta;
modificando las tarifas de tal manera que con su aplicación se da un trato desigual a los
iguales.
Hasta antes del
acuerdo, la tarifa 1 era de aplicación general durante todo el año y en todo el
territorio nacional, con excepción de aquellas regiones o localidades a las cuales se
aplicaban las tarifas preferenciales durante la temporada de verano; pero que fuera de
verano quedaban sujetos a la tarifa general. (Tarifa 1 )
Con el acuerdo
de referencia, la tarifa 1 sólo es aplicable a las regiones que no alcanzan la
temperatura media mínima en verano de 25°C, requerida para acceder a las tarifas de
verano. Mientras que las tarifas preferenciales cuya finalidad ha sido apoyar a la
población para contrarrestar los efectos de los climas calurosos durante el verano, se
han modificado para darles un trato preferente también en la temporada fuera de verano, a
las localidades sujetas a dichas tarifas, aun cuando fuera de verano presentan condiciones
similares o iguales a las de las regiones sujetas a la tarifa 1.
Así, vemos como
a las regiones sujetas a la tarifa 1 durante todo el año, en un primer nivel, se les
limita a un consumo mensual de 140 kw/h, de los cuales, los primeros 75 Kw/h corresponde a
consumo básico y los siguientes 65 Kw/h corresponden a consumo intermedio. En ambos
consumos se siguen aplicando los cargos establecidos en las tarifas de diciembre de 1995,
los cuales se incrementaron entre 111% y 120%, respectivamente, al mes de febrero de 2002,
y que a partir de la vigencia de dicho acuerdo tarifario, se ajustan mensualmente para
crecer en un 8.4 % anual, porcentaje superior al de la inflación estimada para el año
2002 y al del crecimiento del salario de los trabajadores.
En la misma
tarifa 1, en un segundo nivel, en el supuesto de que se consuman más de 140 kw/h
mensuales, se mantiene el consumo básico de los primeros 75kw/h con el mismo cargo; se
reduce el consumo intermedio a los siguientes 50 kw/h aplicando un cargo 17% mayor al del
consumo intermedio correspondiente al primer nivel; el consumo adicional a los primeros
125 kw/h se cobra como excedente. En este caso, los cargos por consumo intermedio, como
hemos apuntado; se ajustan mensualmente aplicándoles un factor que incrementa dicho cargo
en un 31.3% anual.
Con el acuerdo
tarifario en comento, así como con el publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de
2002, por el que se crea la tarifa preferencial 1-F, en todas las tarifas preferenciales
de la 1-A a la 1-F, también se establecen dos niveles para el consumo de energía
eléctrica fuera de la temporada de verano.
En el primer
nivel la tarifa 1-A limita el consumo mensual a 150 kw/h, de los cuales los primeros 75
corresponden al consumo básico y los siguientes 75 al consumo intermedio. En el segundo
nivel (consumo mayor a 150 kw/h mensual) se mantiene el consumo básico de 75 kw/h; se
reduce el intermedio a los siguientes 50 kw/h; el consumo adicional a los 125 kw/h se
considera excedente.
A partir de lo
anterior, progresivamente, en cada tarifa preferencial se va ampliando el tramo de consumo
límite para el primer nivel, hasta llegar a la tarifa 1-F, para la que se establece un
consumo mensual de 250 kw/h, de los cuales, los primeros 75 son consumo básico; las
siguientes 125 corresponden al consumo intermedio y las restantes 50 se consideran consumo
excedente. Curiosamente, en esta tarifa, para el segundo nivel (consumo mayor a 250 kw/h
mensual) se mantienen los tramos de consumo básico e intermedio del primer nivel y, en
consecuencia, es consumo excedente el adicional a los primeros 200 kw/h.
No obstante que
los cargos por energía consumida aplicables en la temporada fuera de verano, conforme a
las tarifas preferenciales, son las mismas que establece la tarifa 1, las diferencias
existentes en los límites establecidos para el consumo del primer nivel, entre la tarifa
1 y las preferenciales, no se justifican.
No se justifican
porque la mayor parte de las regiones que alcanzan las temperaturas medias mínimas
requeridas para aplicarles una tarifa preferencial determinada durante la temporada de
verano, fuera de verano no alcanzan la temperatura media mínima de 25°C requerida para
acceder a la tarifa preferencial menor que es la 1-A y por lo tanto, se encuentra en
condiciones climáticas similares, a las prevalecientes en regiones afectas de la tarifa
1.
Para sancionar
el uso irracional del fluido eléctrico, adicional al incremento del 17% al cargo por
consumo intermedio en el segundo nivel de las tarifas, y al incremento anual de 31.3% en
el mismo cargo intermedio, vía el ajuste mensual con la aplicación del factor 1.023, se
fija una tarifa de alto consumo, con la cual, se aplican cargos más elevados a la
totalidad del consumo, en sustitución de los cargos menores establecidos para todos los
tramos de consumo en las tarifas ordinarias, de la 1 a la 1F.
La tarifa de
alto consumo se aplica a los usuarios del servicio cuando el consumo promedio mensual
durante los últimos 12 meses sea:
Mayor a 250
kw/h, en la tarifa 1;
Mayor a 300
kw/h, en la tarifa 1-A;
Mayor a 400
kw/h, en la tarifa 1-B;
Mayor a 850
kw/h, en la tarifa 1-C;
Mayor a 1,000
kw/h, en la tarifa 1-D;
Mayor a 2,000
kw/h, en la tarifa 1-E;
Mayor a 2,000
kw/h, en la tarifa 1-F
La iniquidad que
se observa en los límites establecidos para la determinación del alto consumo en cada
una de las tarifas ordinarias domésticas, es inaceptable a todas luces. Basta señalar lo
injusto que resulta castigar el consumo mensual promedio de 255 kw/h realizado por un
porcentaje muy elevado de usuarios sujetos a la tarifa 1, mientras difícilmente habrá
usuarios sujetos a las tarifas 1-E y 1-F que rebasen el consumo mensual promedio de 2000
kw/h.
Insistimos, las
tarifas preferenciales (de la 1-A a la 1-F) se justifican plenamente para su aplicación
en la temporada de verano y no fuera de ésta; es decir, el trato preferencial se
justifica en la medida que tiende a contrarrestar los efectos negativos de las altas
temperaturas en detrimento del confort y las actividades humanas.
No hay
explicación lógica que nos lleve a considerar la existencia de congruencia alguna, ya no
digamos proporcionalidad, equidad o justicia, en las disposiciones contenidas en los
acuerdos de 7 de febrero de 2002 y 8 de abril del mismo año.
Para darse una
idea de lo que en general implica la aplicación de estas tarifas de alto consumo,
ejemplificamos:
Con la
aplicación de la tarifa 1, por un consumo mensual de 255 kw/h, un usuario pagaría:
En enero de
2002: $ 193.20 + IVA
En marzo de
2002: $ 282.92 + IVA
(sin tarifa de
alto consumo)
Con la tarifa de
alto consumo
En febrero de
2002: $ 387.14 + IVA
Es de observarse
que con las nuevas disposiciones tarifarias, los cargos totales por el consumo
ejemplificado se incrementaron de un mes a otro, de enero a febrero de 2002, en más de
100%.
Las tarifas
preferenciales de verano: 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1-E y 1-F, rigen para todo el año en las
regiones que durante la temporada de verano, registran una temperatura media mínima de
25°C, 28°C, 30°C, 31°C, 32°C, y 33°C, respectivamente; sin embargo, el tratamiento
tarifario para dichas regiones durante la temporada fuera de verano, resulta
discriminatorio de las localidades sujetas a la tarifa 1, dado que fuera de verano la
mayor parte de las localidades en nuestro territorio no alcanza la temperatura media
mínima requerida para acceder a tarifas preferenciales.
Por otro lado,
no obstante la pública declaración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
el sentido de que las tarifas eléctricas no se incrementarían en más de un 3% durante
el año 2003, el 17 de enero del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, otro Acuerdo
que autoriza el ajuste y modificación a las tarifas para suministro y venta de energía
eléctrica y que modifica las disposiciones complementarias a dichas tarifas; acuerdo con
el cual, si bien se derogan las disposiciones que establecían la aplicación de ajustes
mensuales a las tarifas eléctricas para el consumo doméstico que representaban
incrementos anualizados de 8.4% en general y de 31.3 % para el cargo por consumo
intermedio del segundo nivel, se establece un ajuste mensual para todos los cargos, y en
todas las tarifas domésticas, con la aplicación de un factor de 1.00469 a partir del
día primero de cada mes, lo que representa un incremento anualizado de 5.78%.
Adicionalmente,
el acuerdo de 17 de enero de 2003, modifica las cuotas aplicables de la tarifa 1-F, de la
siguiente manera:
Para la
temporada de verano:
Amplía el tramo
de consumo del primer nivel, de 750 kwh/mes a 1,200 kwh/mes, manteniendo los cargos por
cada kwh/mes para el consumo básico que sigue aplicándose a los primeros 300 kwh/mes,
así como para el consumo intermedio que ahora se aplica a los siguientes 900 kwh/mes, en
lugar de los 450 kwh/mes, anteriores.
En consecuencia,
el segundo nivel corresponde ahora, a consumos mayores de 1,200 kwh/mes: en este nivel se
mantiene el mismo cargo para el consumo básico por los primeros 300 kwh/mes; queda el
mismo cargo para el consumo intermedio (bajo) para los siguientes 900 kwh/mes; se
establece un nuevo cargo al consumo intermedio (alto) de 1.111 pesos para cada kwh/mes de
los siguientes 1,300 consumidos; y se mantiene el cargo que ya se venía aplicando para el
consumo excedente a los primeros 2,500 kwh/mes.
Además, el
acuerdo de 17 de enero del presente año, modifica el límite de alto consumo de la tarifa
1-F, estableciéndolo en los 2,500 kwh/mes, en lugar de los 2,000 que establecía el
acuerdo de 8 de abril del año anterior; también modifica el ámbito de aplicación de la
Tarifa Alto Consumo, para que ahora, además de aplicarse a los servicios de energía para
uso doméstico considerados de alto consumo, como estaba establecido, también se aplique
a aquellos servicios que por sus características así se requiere.
Con esta última
disposición, se amplía 1a gran discrecionalidad con la que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público ejerce sus facultades tarifarias en la materia y, más aún, autoriza a
la Comisión Federal de Electricidad para que aplique la Tarifa de Alto Consumo, también
discrecionalmente, al no señalar cuales son esas características del servicio que así
lo requieran.
Para darnos una
idea de la irresponsabilidad con la que se ejerce tal discrecionalidad y la iniquidad en
el tratamiento a los usuarios del servicio, a través de las tarifas eléctricas para el
consumo doméstico, independiente del drástico incremento a dichas tarifas y el
consecuente deterioro de la economía familiar de los mexicanos, producto del Acuerdo
Tarifario de 7 de febrero de 2002, veamos, tan sólo con un ejemplo, los efectos que han
resentido aquellas localidades que por alcanzar la temperatura media mínima de 32°C
durante el verano, que hasta antes del Acuerdo de 8 de abril de 2002, estaban sujetos a la
Tarifa 1-E; y que a partir de abril, se dividen para aplicar la tarifa 1-F a aquellas
regiones que alcanzan la temperatura media mínima de 33°C.
Veamos: entre
las muchas localidades con temperaturas promedio mínima de 32°C o mayores,
principalmente del Norte del país y de las extensas zonas costeras del Territorio
Nacional, se encuentran las de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, en el Estado de Sinaloa,
así como la de Hermosillo, Sonora y la de Mexicali, Baja California, de las cuales, a las
primeras tres se les aplica ahora la tarifa 1-E, mientras a las dos últimas se les aplica
la tarifa 1-F.
La reasignación
de tarifas antes enunciada, evidencia la ini-quidad en los cargos establecidos para el
consumo del fluido en estas localidades, como se observa en el siguiente cuadro, cuyas
cifras están calculadas en base a los cargos que para el consumo establecen las tarifas
vigentes aplicables en su momento a cada caso.
El análisis de
las cifras anteriores, evidencia crudamente, la ligereza con la que el Ejecutivo Federal,
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizó los ajustes,
modificaciones y reestructuración de las tarifas eléctricas para el consumo doméstico,
estableciendo un trata- miento falto de equidad hacia los usuarios, un tratamiento
discrimitario no sólo para las localidades del estado de Sinaloa, sino para todas
aquellas del territorio nacional, sujetas a la tarifa 1-E, frente al tratamiento de
excepción con el que se beneficia principalmente a los consumidores de altos volúmenes
de energía, sujetos a la Tarifa 1-F, como son los de las localidades de Hermosillo,
Sonora y Mexicali, Baja California.
Los iniciadores
consideramos urgente la intervención del honorable Congreso de la Unión, para emitir las
disposiciones legales necesarias para poner fin a la discrecionalidad con la que actúa el
Ejecutivo Federal, estableciendo en la ley los requisitos que hayan de satisfacer o
cumplimentar las autoridades competentes para ejercer sus facultades tarifarias en materia
de suministro y venta de energía eléctrica para uso doméstico.
Porque
independientemente de que con los últimos acuerdos tarifarios se ha afectado gravemente
la economía de la gran mayoría de los mexicanos, principalmente las de quienes tienen
menores ingresos y que, reiteramos, se da un trato diferenciado a los iguales, las
facultades atribuidas, no sólo al Ejecutivo Federal, sino a cualquier autoridad, no deben
ejercerse con la discrecionalidad con la que se está actuando en materia de tarifas
eléctricas, golpeando a la economía popular con incrementos desproporcionados e
inequitativos como los autorizados en 2002, y al año siguiente, año de elecciones
federales para integrar la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados y de elecciones
locales en diversas entidades federativas como en el caso de Sonora, se reduzcan dichas
tarifas con nuevos acuerdos administrativos que se difunden con evidentes afanes de
proselitismo electoral y descubriendo ante la sociedad, los falsos argumentos en que el
propio Ejecutivo fundó los acuerdos tarifarios del año anterior.
Los iniciadores
expresamos que debe tratarse igual a los iguales; así como en la temporada fuera de
verano debe aplicarse una tarifa general en la mayor parte del territorio nacional, donde
las temperaturas medias mínimas, en esa temporada, no alcancen los 25°C; también
encontramos necesario que el Congreso de la Unión debe establecer en la ley los factores
climatológicos que la autoridad competente deba considerar para la determinación de las
tarifas preferenciales de verano.
Conforme a los
acuerdos tarifarios vigentes, una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano
para la aplicación de determinada tarifa, cuando alcance el límite indicado durante tres
o más años de los últimos cinco de que se disponga la información correspondiente. Se
considera que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registra la temperatura
media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes que al respecto
elabora la Semarnat.
Sin embargo, la
proporcionalidad que debiera observarse en la asignación de las tarifas de verano, no es
posible alcanzarla, ya que sólo se considera la temperatura del aire como criterio único
de evaluación de las condiciones ambientales para dicha asignación.
Así, en la
asignación de una determinada tarifa de verano a diferentes localidades del territorio
nacional que alcanzan la temperatura media mínima requerida para el efecto, no se
considera la diferencia existente entre dichas localidades, cuando las condiciones de
humedad relativa que privan en cada una de ellas, son diversas.
De las
investigaciones realizadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa (Fundamentos para que
la Comisión Federal de Electricidad aplique la tarifa doméstica de verano 1-F para el
estado de Sinaloa) se desprende lo siguiente:
• Que en
México, los intentos para relacionar la Temperatura ambiente y la humedad con el confort
humano están limitados principalmente al campo de la arquitectura, en el diseño de
edificios confortables.
• Que el
Servicio Meteorológico Nacional, a pesar de las extensas zonas calientes y húmedas
existentes en las regiones costeras del país, en sus estadísticas climatológicas, no
reporta los índices de calor o temperatura aparente, que es la temperatura que siente el
cuerpo humano cuando la temperatura y la humedad se combinan.
• Que la
combinación de temperaturas moderadamente altas con porcentajes elevados de humedad
relativa, dificulta el bienestar físico de la población que afectan, y reduce la
capacidad del cuerpo humano para perder calor vía enfriamiento evaporativo; es decir, el
enfriamiento del cuerpo disminuye y se dificulta en la medida en que el aire es más
húmedo.
• Que a
temperaturas superiores a 25°C, la piel suda y consecuentemente, el enfriamiento
evaporativo promueve la pérdida de calor del cuerpo; sin embargo, si el aire es demasiado
húmedo, la evaporación disminuye limitando la capacidad natural del cuerpo humano para
mantener su temperatura interna constante (37°C).
• Que desde
1984, el Servicio Nacional del Tiempo de los Estados Unidos, utiliza los índices de calor
(efectos de temperatura y humedad ambiental sobre la fisiología humana), para evaluar y
prevenir el impacto que tiene sobre el confort, la salud y las actividades humanas.
• Que una
persona expuesta a una temperatura ambiente de 32°C y una humedad relativa de 70%,
experimenta la misma incomodidad y tensión que si estuviera expuesta a una temperatura de
40°C en clima seco.
De ahí la
conveniencia de que en la determinación de las tarifas eléctricas para el consumo
doméstico, concretamente en las tarifas preferenciales de verano, las autoridades
competentes consideren el factor índice de Calor o temperatura aparente, desarrollados
por STEADMAN en 1979, publicados rutinariamente por la Administración Nacional de la
Atmósfera y el Océano de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés).
Reiteramos, si
el propósito que se persigue con las tarifas domésticas preferenciales de verano, es
apoyar a la población para contrarrestar los efectos negativos en el confort y las
actividades humanas, debemos modificar el criterio utilizado hasta hoy para la
determinación y asignación regional de las tarifas domésticas de verano, sustituyendo
1a utilización de un solo parámetro meteorológico (temperatura del aire) por el más
realista y equitativo, de calcular los promedios mensuales de temperatura utilizando los
índices de calor, a los que hemos hechos referencia.
Por todo lo
anterior, los iniciadores proponemos reformar el artículo 31 de la Ley del Servicio
Público de Energía Eléctrica, para que, retomando el mandato del artículo 27
constitucional, de que el Estado aproveche los bienes y recursos naturales de la nación
que se requieran para realizar las actividades que tengan por objeto la prestación del
servicio público de energía eléctrica, se establezca que las tarifas eléctricas
tiendan a cubrir aquellas necesidades no satisfechas con los recursos presupuestales
asignados a la Comisión Federal de Electricidad y así, dejar a salvo la facultad de la
Cámara de Diputados de aprobar la asignación de dichos recursos en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, aun cuando con su aplicación, se traduzcan en subsidio al
consumo doméstico de energía eléctrica a favor de los económicamente más
desprotegidos.
Por otro lado,
proponemos la adición de dos artículos a los que corresponderían los numerales 32 y 33
en el cuerpo del mismo ordenamiento legal, recorriendo en dos numerales los actuales
artículos 32 y 33, así como los demás subsecuentes, para establecer en el artículo 32,
la obligación de la SHCP, de expresar en las tarifas, la proporción en que inciden los
recursos económicos producto de la aplicación de las tarifas, en los costos financieros
de servicio y en los de ampliación de su infraestructura; por su lado el texto para el
artículo 33, establecería los requisitos que habrían de cumplir las autoridades
competentes para la determinación de las tarifas eléctricas para el consumo doméstico.
Por los motivos
expuestos, los suscritos diputados federales ponemos a la consideración de la Cámara de
Diputados, el siguiente:
Proyecto de decreto
Por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica.
Artículo primero. Se reforma el artículo 31 de
la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:
Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía y de Economía y
a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o
reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de
ampliación del servicio público que no sean satisfechas con los recursos asignados para
tal efecto a la Comisión Federal de Electricidad, en el Presupuesto de Egresos de la
Federación; asimismo, tenderán a estimular el racional consumo de energía.
Artículo segundo. Se adicionan los artículos 32
y 33, recorriendo en dos numerales los actuales artículos 32 y 33 y demás subsecuentes,
para quedar como sigue:
Artículo 32.-A efecto de lo dispuesto en el
artículo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al fijar, ajustar o
reestructurar las tarifas para la venta de energía eléctrica, deberá reflejar en
éstas, de manera explícita, la proporción del costo económico de los rubros de
generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica suministrada, así
como el de los requerimientos de ampliación de infraestructura eléctrica que se
cubrirán con los recursos económicos provenientes de la venta de energía eléctrica.
Artículo 33. Las tarifas para venta de energía
eléctrica para uso doméstico se fijarán, ajustarán o reestructurarán por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta además de lo dispuesto en
los artículos 31 y 32, anteriores, lo siguiente:
I. La evolución
de los costos económicos de los rubros generación, transmisión y distribución de la
energía eléctrica; así como la evolución de la economía familiar de los trabajadores.
II. Habrá una
tarifa general, de aplicación en todo el territorio nacional durante la temporada
conocida como ”fuera de verano”, de aplicación durante todo el año en las
localidades o regiones que no alcancen durante la temporada de verano, una temperatura
aparente o índice de calor media mínima de 25°C.
III. La
Secretaría de Hacienda podrá fijar las tarifas que sean necesarias para apoyar a la
población contra los efectos de las temperaturas aparentes o índices de calor, cuya
media mínima mensual sea de 25°C, o mayores, que incidan negativamente en el confort y
las actividades humanas durante la temporada de verano.
IV. La
temperatura aparente o índice de calor se determinará en la norma oficial mexicana que
al efecto expidan las secretarías de Energía o de Economía, tomando en cuenta los
efectos ambientales de la temperatura del aire y la humedad relativa sobre la fisiología
humana; de conformidad con las disposiciones relativas de la Ley Federal de Metrología y
Normalización.
V.- En ningún
caso se considerará consumo irracional o alto consumo, aquel que no exceda de 300 kw/h
mensuales, en el consumo de energía eléctrica de uso doméstico.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Las Secretarías de Energía y de
Economía, dentro de los noventa días naturales siguientes al inicio de la vigencia del
presente decreto, elaborarán y expedirán la norma oficial mexicana correspondiente a la
determinación del índice de calor o temperatura aparente, conforme a las disposiciones
relativas de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, vigente.
Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de la norma oficial
mexicana a que se refiere el artículo transitorio anterior, deberá fijar, ajustar o
reestructurar las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica para uso
doméstico, conforme a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, reformada con
el presente decreto.
Cuarto. Quedan sin efecto las disposiciones
tarifarias que se opongan al presente decreto.
México, DF., a
29 de enero de 2003.— Diputados: Víctor Manuel
Gandarrilla Carrazco, Jesús Burgos Pinto, José Jaime Barrón Fonseca, Aarón Izar
López, Rubén Félix Hays, Florentino Castro López, Martha Meza Escalante, Enrique
Aguilar Borrego, Fernando Díaz de la Vega, Roberto Zavala Echavarría y Policarpo Infante Fierro.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
Diputado.
Túrnese a la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial de la Cámara de Diputados.
DIGNA
OCHOA Y PLACIDO
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
Presentes.
En atención al
oficio No. CP/2R/2AE-1724, de fecha 28 de agosto próximo pasado, suscrito por el senador
Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia
del similar No. DGDHPGJDF/222/09/2002, signado por el ciudadano licenciado Juan Carlos
Solís Martínez, director general de Derechos Humanos de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, mediante el que envía información relativa al punto de
acuerdo sobre el caso de la ciudadana Digna Ochoa y Plácido, presentado por el diputado
José Manuel del Río Virgen.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF., a
2 de diciembre de 2002.— Lic. M. Humberto
Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo.—
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado.— Subsecretario
de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Distinguido
Subsecretario:
Por
instrucciones de la licenciada Margarita Espino del Castillo Barrón, Subprocuradora
Jurídica y de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal, me dirijo a usted en atención a su oficio número SEL/296/02, al que anexa
diverso CP/2R/2AE-1724, por el que se hace del conocimiento al titular de esa dependencia,
el punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
emitido por el Dictamen de la Primera Comisión en relación con el caso de la C. Digna
Ochoa y Plácido.
Al respecto, me
permito comunicarle que, a partir del mes de agosto de 2002, las investigaciones del
citado asunto son dirigidas por la licenciada Margarita María Guerra y Tejada, en su
carácter de Fiscal Especial para la Investigación de los hechos relacionados con el
fallecimiento de la abogada Digna Ochoa y Plácido.
No omito
manifestarle, que esta Institución ha expresado su total apertura y cooperación para que
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envié un equipo de peritos
internacionales para la verificación de la prueba técnica sobre la investigación del
caso Digna Ochoa y Placido.
Finalmente, le
refiero que será por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gestionar la
comunicación oficial del Organismo Internacional de Derechos Humanos, respecto del envío
de expertos para la verificación de la prueba técnica, petición que esta Institución
ha solicitado a la dependencia federal, según se desprende del oficio SJDH/500/666/2002,
del que le anexo copia.
Sin otro
particular, reitero a usted mis más distinguidas consideraciones.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
México, DF., a
29 de noviembre de 2002.— El director general licenciado Juan Carlos Solís Martínez.»
«Escudo.—
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Licenciado Juan
José Gómez Camacho, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.— Presente.
Con relación a
su oficio de fecha 14 de octubre de 2002 y a la Audiencia celebrada el pasado 18 de
octubre del mismo año, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por
instrucciones del Maestro Bernardo Bátiz Vázquez, Procurador General de Justicia del
Distrito Federal, me permito solicitar a usted, tenga a bien informar a esta Procuraduría
sobre la determinación de la Comisión Inte-ramericana, respecto del envío de los
peritos internacionales para la verificación de la prueba técnica sobre la
investigación de la muerte de la abogada Digna Ochoa y Plá- cido.
Lo anterior,
toda vez que en la citada audiencia y reunión de trabajo sostenida, tanto con miembros y
funcionarios de la Comisión, así como con los peticionarios, se acordó una posible ruta
crítica, dentro de la cual se propuso que dichos peritos estuviesen en la Ciudad de
México antes de que concluyera el mes de noviembre en curso. Sin embargo, hasta la fecha
no se ha tenido comunicación oficial alguna al respecto, no obstante que esta
Institución ha manifestado su total apertura y cooperación, así como la conformidad
respecto de los términos de referencia para la verificación de la mencionada prueba
técnica.
Sin otro
particular y en espera de su oportuna intervención, le envío un cordial saludo.
Atentamente.
México, DF. a
27 de noviembre de 2002.— Licenciada Margarita
Espino del Castillo Barrón, Subprocuradora Jurídica y de Derechos Humanos.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Remítase a la Cámara de Senadores y
al promovente.
SECRETARIA
DE GOBERNACION
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al
oficio No. III-648, de fecha 29 de octubre último, suscrito por el Sen. Enrique Jackson
Ramírez, Presidente de la Cámara de Senadores, con el presente les acompaño, para los
fines que estimen procedentes, el original del similar No. DGF/199, signado por el C. Lic.
Hugo C. González Gutiérrez, director general del Fondo de Desastres Naturales de la
Coordinación General de Protección Civil de esta Secretaría, por el que informa sobre
la solicitud de implantar un programa de contingencia para el sector agrícola del estado
de Campeche, así como la emisión de declaratorias de desastre en la entidad.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 8
de enero de 2003.— Licenciado M. Humberto
Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Senador Enrique
Jackson Ramírez Presidente de la Mesa Directiva del Cámara de Senadores LVIII
Legislatura.—Presente.
Me refiero a su
atento oficio No. III-648, mediante el cual hace del conocimiento del Titular de esta
Secretaría, el contenido de dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con
Punto de Acuerdo aprobado en la sesión ordinaria celebrada el 29 de octubre del año en
curso, en el que se solicita implementar un programa de contingencia para el sector
agrícola del estado de Campeche, así como la emisión de declaratorias de desastre por
parte de esta dependencia.
Sobre el
particular y por instrucciones de la Lic. María del Carmen Segura Rangel, Coordinadora
General de Protección Civil, me permito informarle lo siguiente:
• El pasado
4 de octubre de 2002, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), la Declaratoria de Desastre Natural del estado
Campeche, en virtud de las lluvias atípicas e impredecibles que se presentaron del 22 al
25 de septiembre del año en curso, la cual incluye a los municipios de Campeche, Carmen,
Champotón, Hopelchén, Palizada, Escárcega, Calakmul, Tenabo, Calkini, Hecelchakan, y
Candelaria. Dicha publicación, constituyó el primer paso para acceder a los recursos del
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).
• Derivado
de lo anterior y con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 47 de las
Reglas de Operación del Fonden (ROF) vigentes, con fecha 10 de octubre del presente, se
instaló el Comité Sectorial de Evaluación de Daños, el cual tiene por objeto que las
dependencias involucradas en la atención de los efectos ocasionados por el fenómeno
antes señalado, realicen la evaluación y cuantificación de los mismos, en congruencia y
para los propósitos señalados en los numerales 49 y 50 de las mismas Reglas.
De igual forma,
con fecha 17 de octubre del año en curso. Dicho Comité Sectorial hizo la entrega de
resultados de la evaluación y cuantificación correspondiente.
A la fecha, la
solicitud global de apoyo del estado de Campeche, ha sido turnada al Grupo de Revisión
Previa de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento (CIGF), para su
aprobación, por lo que se espera que en los próximos días sea emitida la opinión
correspondiente.
• Aunado a
lo anterior y por lo que corresponde al sector agrícola-ganadero, le informo que los
recursos que se asignarán para la atención de los daños en este sector consiste en lo
siguiente:
Es importante
mencionar que los apoyos que se otorgarán a los productores agrícolas y ganaderos se
harán en efectivo, salvo que el Comité Técnico del Fideicomiso Público Estatal
determine lo contrario.
Sin más por el
momento, quedo a sus órdenes para el desahogo de cualquier duda o aclaración del caso
que nos ocupa.
Atentamente.
México, DF, a 2
de diciembre.— El director general, licenciado
Hugo C. González Gutiérrez.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Remítase a la Cámara de Senadores.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. —Presentes.
En atención al
oficio número I-1390, de fecha 28 de noviembre próximo pasado, suscrito por el C. Sen.
Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con
el presente les acompaño copia del similar INM/002/2003, signado por la Lic. Magdalena
Carral Cuevas, comisionada del Instituto Nacional de Migración, así como el informe que
en él se cita, relacionada con el punto de acuerdo sobre el destino de los fondos
percibidos por el derecho de no inmigrante, promovido por la Sen. Addy Joaquín Coldwell.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 9
de enero de 2003.— Licenciado M. Humberto
Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación—
Instituto de Migración.
Licenciado
Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.— Presente.
En atención a
su oficio número SEL/300/1576/02, de fecha 5 de diciembre de 2002, en el que solicita un
reporte sobre el destino de los fondos percibidos por el Derecho de No Inmigrante, para
dar respuesta a un punto de acuerdo tomado por el Senado de la República, anexo envío a
usted la información correspondiente.
Atentamente.
México, DF, a 7
de enero de 2003.— Licenciada, Magdalena Carral Cuevas, comisionada.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Remítase a la Cámara de Senadores.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención a
los oficios números I-1174 y I-1178, de fecha 10 de octubre de 2002, signados por el Sen.
Carlos Chaurand Arzate, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, y al
escrito de fecha 14 de noviembre del mismo año, signado por los CC. senadores Jorge
Nordhausen González, Víctor Manuel Méndez Lanz y Aracely Escalante Jasso, con el
presente les acompaño copia del similar número 0952179000/1381, mediante el que el C.
José Antonio Alvarado Ramírez, director de Afiliación y Cobranza del Instituto Mexicano
del Seguro Social, remite información relativa al pago de cuotas al IMSS en los estados
de Campeche y de Yucatán, afectados por el huracán “Isidore.”
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de
Enlace Legislativo.
«Escudo.—
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Lic. M. Humberto
Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.
En atención a
sus oficios 864/02, 871/02 y 1288/02, adjunto encontrará copia del oficio circular
número 61 del 1o. de noviembre, mediante el cual esta Dirección facultó a los Delegados
y Subdelegados de los estados de Yucatán y Campeche a autorizar el pago diferido de las
cuotas de los patrones o sujetos obligados con motivo del huracán “Isidore”,
previo acuerdo del H. Consejo Técnico en asunto especial 087/2002 del 22 de octubre de
este año cuyo documento relativo también se anexa.
Sin más por el
momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente.
México, DF, a
16 de diciembre de 2002.— José Antonio
Alvarado Ramírez, Director.»
«Escudo.—
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Sres. Delegados
y subdelegados en los estados de Yucatán y Campeche.
Derivado de la
presencia del huracán “Isidore” el pasado mes de septiembre en las entidades
federativas de Yucatán y Campeche, y de las peticiones realizadas por entidades públicas
y privadas del país, el Instituto, a través del Consejo Técnico, autoriza con base en
la Ley del Seguro Social el pago diferido de cuotas de los patrones o sujetos obligados
que demuestren fehacientemente hayan sido afectados por el referido hecho natural, bajo
las siguientes consideraciones:
Se podrá
autorizar el pago diferido de las cuotas de los patrones mencionados que se generen a
partir de octubre y hasta por los cinco meses siguientes, con inicio de pago en abril de
2003, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
• No tener
adeudos en los últimos 2 ejercicios anteriores;
• No
haberse determinado diferencias en los últimos 2 ejercicios anteriores.
• Cubrir un
pago inicial del 10% de la emisión del periodo solicitado.
• Que el
plazo solicitado para el pago no exceda de 12 meses, a partir del último periodo
solicitado;
• Demostrar
al Instituto las razones económicas excepcionales por las que no puede cubrir sus
obligaciones;
•
Garantizar el interés fiscal;
Asimismo, se
debe observar lo previsto en el artículo 40-E, respecto a los supuestos a que no se
aplicará prórroga (cuotas retenidas a los trabajadores, así como las cuotas de los
seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez).
Durante el
periodo de prórroga autorizado para el pago, no se cobrarán recargos, únicamente se
causarán la actualización y los gastos de financiamiento, en los términos del Código
Fiscal de la Federación.
Respecto a la
aplicación de multas, se observará lo previsto en el artículo 304-C.
En este sentido,
será necesario analizar caso por caso, a fin de determinar las solicitudes procedentes,
es decir, comprobar que los patrones o sujetos obligados hayan sido afectados por el
huracán “Isidore”.
Cordialmente.
México, DF, a
1o. de noviembre de 2002.— José Antonio
Alvarado Ramírez (rúbrica), director.»
«Escudo.—
Instituto Mexicano del Seguro Social.— Secretaría General.
Licenciado José
Antonio Alvarado Ramírez, Director de Afiliación y Cobranza.
En la sesión
del H. Consejo Técnico, celebrada el día de ayer, como es de su conocimiento, los
señores consejeros autorizaron la solicitud de pagos diferidos o en parcialidades, con
motivo de los daños ocasionados por el huracán “Isidore”; y que la misma se
dé a conocer a las delegaciones y subdelegaciones del IMSS en los Estados de Campeche y
Yucatán, mediante el oficio circular correspondiente.
Lo anterior, se
hace de su conocimiento para lo que estime procedente.
Sin otro
particular, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
México, DF, a
23 de octubre de 2002.— Licenciado Juan Moisés
Calleja García, secretario general.»
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Remítase a la Cámara de Senadores.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al
oficio número II-793, de fecha 5 de diciembre próximo pasado, suscrito por el C. Sen.
Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con
el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar
801.1.- 0977, signado por el C. Carlos Hurtado, subsecretario de Egresos de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, por el que da contestación al punto de acuerdo en que se
solicita se restituyan al Instituto Politécnico Nacional los recursos que se le han
sustraído a su presupuesto a través de diversos recortes, presentado por el Sen. Miguel
Angel Navarro Quintero.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
13 de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Licenciado M.
Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de
Gobernación.— Presente.
Se hace
referencia a su oficio No. SEL/300/1615/02, mediante el cual informa a esta Secretaría
del oficio 11-793 que le fue remitido al C. Secretario de Gobernación por parte del
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con los puntos de acuerdo
aprobados en sesión de fecha 5 de diciembre, a través de los cuales el Senado de la
República solicita:
1) Al Gobierno
Federal: restituir al Instituto Politécnico Nacional (IPN) los recursos que le ha
sustraído a su presupuesto, a través de diversos recortes durante el año, y los pueda
aplicar durante el siguiente ejercicio fiscal.
2) A la Cámara
de Diputados: considerar para el ejercicio presupuestal 2003 un incremento de cuando menos
15%, en relación con el presupuesto autorizado en el 2002, considerando sus urgentes
necesidades de equipamiento y mantenimiento de infraestructura, además de diversas y
múltiples necesidades que demanda el otorgar seguridades en su misión educativa y
científica.
3) A las
secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo
y de Educación Pública: diseñar y aprobar un procedimiento administrativo ágil,
transparente y con rendición de cuentas al órgano Superior de Fiscalización y al
Ejecutivo Federal, a fin de que el IPN pueda aplicar los recursos autogenerados, sin
necesidad de que sean enterados a la Tesorería de la Federación.
Sobre el
particular y por instrucciones del titular de esta Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, se formulan las siguientes consideraciones en relación con los puntos de
acuerdo 1 y 3, que solicita la Cámara de Senadores al Gobierno Federal en lo general y a
la SHCP en lo particular:
• Como es
de su apreciable conocimiento, el artículo 3o. del decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación, autorizado por la Cámara de Diputados para el presente ejercicio,
establece que no podrá rebasarse el déficit público previsto de 0.65% del PIB y que el
Ejecutivo Federal deberá procurar disminuirlo al 0.5%, mediante la aplicación de
ahorros, economías e ingresos excedentes que se generen.
Atendiendo a lo
anterior, a lo dispuesto en el artículo 27 de dicho ordenamiento y a las disposiciones
emitidas en consecuencia por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo, se instrumentó en las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal un Programa de Ahorro para racionalizar y reducir en términos reales el
gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento
de las metas de los programas, con objeto de promover un uso eficiente y eficaz de los
recursos públicos.
La propuesta de
la SEP para cumplir con el Programa de Ahorro, consideró una disminución de 28.6
millones de pesos (MP) al presupuesto del IPN, 0.5% de su asignación aprobada.
• Asimismo,
el artículo 21 del propio PEF/2002 faculta al Ejecutivo Federal a compensar la
disminución de los ingresos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la
Federación, con la reducción en los montos aprobados a las dependencias, entidades,
fondos y programas.
Para tal efecto,
se instrumentó un ajuste presupuestario entre las dependencias y entidades, que incluyó
para la Secretaría de Educación Pública una reducción de 1 mil 816 MP, cuyo impacto al
interior del sector educación fue determinado por la SEP, el cual representó para el IPN
una reducción de 17.9 MP, 0.3% de su presupuesto.
El punto de
acuerdo sobre restituir al IPN los recortes instrumentados en este ejercicio implicaría,
por una parte, incumplir parcialmente con los compromisos financieros que determinó la
Cámara de Diputados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en vigor y,
por otra parte, violentar el principio de anualidad establecido en los artículos 13, 15 y
29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
• Respecto
al mecanismo para que el IPN aplique los recursos que recauda sin enterarlos a la
Tesorería de la Federación, es importante destacar que el artículo 10 del Presupuesto
de Egresos de la Federación para 2002 autorizado por la Cámara de Diputados, establece
que todos los recursos económicos que se recauden u obtengan por cualquier concepto por
las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados, deberán ser concentrados
en la Tesorería de la Federación.
Debido al
carácter de órgano desconcentrado del Instituto Politécnico Nacional, le es aplicable
el principio de concentración de fondos antes referido. De esos recursos, los excedentes
podrán incorporarse a su presupuesto de egresos con base en lo dispuesto en PEF/2003,
para lo cual se tiene establecido un procedimiento ágil, transparente y con rendición de
cuentas como lo señala el acuerdo de la Cámara de Senadores. Cabe señalar que el IPN no
ha podido constatar la eficiencia y eficacia del procedimiento, toda vez que dicho
Instituto en inobservancia a la normatividad no entera a Tesofe la totalidad de los
recursos captados.
Es importante
señalar que se encuentra en proceso de aprobación la nueva Ley Orgánica del Instituto
Politécnico Nacional, para constituirse como organismo público descentralizado, figura
jurídica que le permitirá, entre otras accio- nes, aplicar los recursos autogenerados,
sin concentrarlos en la Tesorería de la Federación.
Reitero a usted
la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
México, DF., a
13 de enero de 2003. — El subsecretario, Carlos
Hurtado.»
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Remítase a la Cámara de Senadores.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes
En atención al
oficio número I-1275, de fecha 7 de noviembre próximo pasado, signado por el Sen.
Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con
el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar 300-
00107, suscrito por el Dr. Rodolfo Tuirán, subsecretario de Desarrollo Urbano y
Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social, por el que da
contestación al punto de acuerdo en que se solicita información que permita conocer
sobre la aplicación de programas de desarrollo urbano en Real de Catorce, San Luis
Potosí, presentado por la Sen. Gloria Lavara Mejía.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
13 de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo (rubrica).»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.
Licenciado M.
Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de
Gobernación.— Presente.
Me refiero a la
solicitud de información que ha girado a la Secretaría de Desarrollo Social, licenciada
Josefina Vázquez Mota sobre la aplicación de programas de desarrollo urbano en Real de
Catorce, San Luis Potosí.
Al respecto me
permito informar que corresponde a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación
del Territorio ejercer las atribuciones que le confiere la Ley General de Asentamientos
Humanos (LGAH), entre las que destacan fijar las normas básicas para planear y regular el
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población (artículo 1o. fracción II); así
como la protección y preservación del patrimonio cultural de los centros de población
(artículo 5o. fracción VII).
Así mismo la
LGAH confiere atribuciones a la Sedesol para promover la participación social y el
fomento del desarrollo urbano para la protección del patrimonio cultural de los centros
de población (artículo 48 fracción VII y artículo 51 fracción VI).
Con base en
estas atribuciones la Sedesol participa en la atención a estas localidades de manera
conjunta con el INAH y la propia Sectur en la formalización de un Convenio cuyo objetivo
es conjuntar esfuerzos y recursos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, para apoyar la revitalización de
los centros de población; históricos y del patrimonio cultural, de las ciudades que
conforman el Sistema Urbano Nacional; para ello, la Sedesol en este convenio se compromete
a:
• Otorgar
asistencia técnica a los gobiernos locales para que las ciudades de alto valor histórico
que constituyan el patrimonio cultural, cuenten con plan o programa de desa-rrollo urbano,
así como con plan parcial de centro de población, que ordenen las actividades urbanas,
regulen los usos del suelo, prevean y corrijan el deterioro urbano y procuren la
conservación del capital social e inmobiliario de estas áreas;
• Impulsar
la ejecución de acciones integrales de mejoramiento urbano y conservación del patrimonio
cultural, que sean detonadoras de incrementos de la productividad de los centros de
población, mejoren su servicio, apoyen el desa-rrollo comercial, consoliden el potencial
turístico y propicien la refuncionalidad urbana de su arquitectura y espacios públicos,
conforme a las normas del Programa Hábitat;
• Promover
en las ciudades, dentro del marco del Programa Hábitat, la creación de las Agencias de
Desarrollo Hábitat, como instancia de desarrollo de las ciudades y que aglutine la
representación de los diversos grupos e instituciones comprometidos con las ciudades y en
particular de sus centros históricos y del patrimonio cultural y
• Verificar
que en las acciones tendientes a la preservación de las zonas de monumentos históricos o
arqueológicos en centros de población, las autoridades federales estatales y municipales
correspondientes, se sujeten a los planes o programas de desarrollo urbano aplicables,
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos.
En el caso
específico del centro de población de Real de Catorce, San Luis Potosí, clasificado por
la Secretaría de Turismo dentro del Programa “Pueblos Mágicos”, el próximo
año podríamos apoyar la definición del diagnóstico y la estrategia de desarrollo
urbano de dicha localidad, a solicitud de las autoridades locales, aun y cuando no forme
parte del Sistema Urbano Nacional, considerando su importante patrimonio histórico.
Sin otro
particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Desarrollo con
Equidad. Contigo es Posible.
México, DF., a
9 de diciembre de 2002.— El subsecretario doctor Rodolfo Tuirán.»
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Remítase a la Cámara de Senadores.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al
oficio I-1230, de fecha 29 de octubre próximo pasado, suscrito por el Sen. Enrique
Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con el
presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, el original del similar
número DGF/ 205, signado por el C. Lic. Hugo C. González Gutiérrez, director general
del Fondo de Desastres Naturales de la Coordinación General de Protección Civil de esta
Secretaría, por el que da contestación a los puntos de acuerdo en que se solicita, entre
otros aspectos, la atención de los daños causados por el huracán “Kenna” en
el estado de Nayarit, presentado por los senadores Miguel Angel Navarro Quintero, Marco
Antonio Fernández Rodríguez y Rita María Esquivel Reyes.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
13 de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Senador Enrique
Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.— LVIII
Legislatura.— Presente.
Me refiero a su
atento oficio número I-1230, mediante el cual hace del conocimiento del Titular de esta
Secretaría, el contenido de las propuestas con punto de acuerdo, presentadas por los
senadores Miguel Angel Navarro Quintero, Marco Antonio Fernández Rodríguez y Rita María
Esquivel Reyes, aprobadas en sesión celebrada el 29 de octubre de 2002, en las que
solicitan entre otros puntos, la atención de los daños ocasionados por la presencia del
huracán “Kenna” en el estado de Nayarit, mediante la publicación de la
declaratoria de desastre correspondiente y la canalización de recursos con cargo al Fondo
de Desastres Naturales (Fonden), con la mayor rapidez posible, para iniciar la atención
de las zonas afectadas.
Sobre el
particular y por instrucciones de la licenciada María del Carmen Segura Rangel,
coordinadora general de Protección Civil, me permito informarle lo siguiente:
•
Atendiendo a la primera petición del punto de acuerdo de referencia, y por lo que compete
a esta Secretaría, me permito hacer de su conocimiento que en el presente ejercicio, esta
Secretaría, en coordinación con otras dependencias y entidades federales involucradas en
la asignación de recursos y la atención de daños ocasionados por desastres naturales,
así como con las entidades federativas, se encuentra realizando las modificaciones
correspondientes a las reglas de Operación del Fonden (ROF) vigentes, las cuales tienen
como propósito que las entidades federativas que cumplan con los requisitos previstos en
las mismas, puedan acceder en el menor tiempo posible a los recursos del Fonden.
Adicionalmente,
en el ejercicio 2003, las dependencias y entidades federales, así como las entidades
federativas que lo requieran, podrán acceder a los recursos del Fondo Preventivo, el cual
tiene su origen en el decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley General de Protección Civil, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado
29 de diciembre de 2001 (aspectos preventivos).
• Por lo
que corresponde a la tercera y cuarta petición, le informo que esta Secretaría, a
través del fondo revolvente, apoyó al estado de Nayarit durante la emergencia ocasionada
por el huracán “Kenna”, asignando lo siguiente: 107 mil 600 despensas, 100 mil
litros de agua purificada, 43 mil cobertores, 43 mil colchonetas 71 mil pacas de láminas
de cartón, fletes y combustibles para las actividades de apoyo, 50 mil blisters, medicamentos (varios), todo lo anterior
represento la cantidad de 40.0 millones de pesos, adicionales a las donaciones gestionadas
por esta Secretaría y los programas de otras dependencias involucradas.
• En
desahogo a la petición quinta, se señala que el pasado 31 de octubre de 2002, se
publicó en el DOF, la Declaratoria de Desastre Natural del estado de Nayarit, emitida en
virtud de los daños provocados por las lluvias atípicas e impredecibles que se
presentaron del 24 al 26 de octubre de 2002, ocasionadas por la presencia del Huracán
“Kenna” en los municipios de Acaponeta, Ahuacatlán, Amatlán de Cañas,
Compostela, El Nayar, Huajicori, Ixtlán del Río, Jala, La Yesca, Rosamorada, Ruiz, San
Blas, Santa María del Oro, San Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic,
Tuxpan, y Xalisco. Dicha publicación constituyó el primer paso para acceder a los
recursos del Fonden.
• Referente
a la petición sexta, es importante mencionar que a solicitud del Ejecutivo Federal, esta
dependencia se encuentra gestionando la entrega de recursos correspondiente, la cual se
otorgará en el menor tiempo posible, dadas las necesidades urgentes por la propia
magnitud de los daños.
Como se puede
apreciar, esta Secretaría de Gobernación ha realizado y sigue realizando las gestiones
correspondientes dentro de su esfera de competencia, con la mayor brevedad posible y con
la mejor disposición para atender las demandas de la población afectada.
Sin más por el
momento, quedo a sus órdenes para el desahogo de cualquier duda o aclaración del caso
que nos ocupa.
Atentamente.
México, DF, a 4
de diciembre de 2002.— Director general, licenciado Hugo C. González Gutiérrez.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Remítase a la Cámara de Senadores.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al
oficio número I-1174, de fecha 10 de octubre próximo pasado, suscrito por el C. Sen.
Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores,
con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar
349-A-1369, signado por el CP Valentín Villa Blanco, jefe de la Unidad de Política de
Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, por el que da contestación al punto de acuerdo en que se exhorta al Ejecutivo
Federal a que se exima parcialmente del pago de los impuestos Sobre la Renta y al Valor
Agregado a los afectados por el huracán “Isidore” de los estados de Campeche y
de Yucatán, presentado por el Sen. José Alberto Castañeda Pérez.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
15 de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica) subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Licenciado M.
Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de
Gobernación.
Me refiero a su
oficio del 11 de octubre del presente año, dirigido al licenciado Francisco Gil Díaz,
Secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da a conocer el punto de
acuerdo aprobado por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso
de la Unión, en el que solicitan se exima parcialmente del pago del ISR e IVA a los
afectados por el pasado huracán “Isidore”.
Sobre el
particular, y con el propósito de restablecer la actividad económica que se ha visto
sensiblemente dañada a causa de tan devastador suceso, hago de su conocimiento que el
Gobierno Federal, en ejercicio de sus facultades, ha tenido a bien expedir con fecha 1o.
de noviembre del 2002, en el Diario Oficial de
la Federación, el decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los
contribuyentes de los estados de Campeche, Yucatán y de las zonas afectadas de Quintana
Roo por dicho acontecimiento (anexo).
Sin otro
particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente.
México, DF., a
16 de diciembre de 2002.— El jefe de la unidad, C.P. Valentín Villa Blanco.»
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Remítase a la Cámara de Senadores.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al
oficio número III-840, de fecha 12 de diciembre último, suscrito por el C. Sen. Enrique
Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con el
presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar
312.A.-000021, signado por el C. Pablo S. Reyes Pruneda, director general de Programación
y Presupuesto “B” de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, con el que da contestación al punto de acuerdo relativo al
seguimiento del proceso de liquidación de los trabajadores jubilados de Ferrocarriles
Nacionales de México, promovido por el Sen. Jesús Ortega Martínez.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
17 de enero de 2003.— Licenciado M. Humberto
Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Licenciado M.
Humberto Aguilar Coronado subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de
Gobernación.— Presente.
Hago referencia
al oficio SEL/300/1706/02 del 17 de diciembre de 2002, por el cual esa Subsecretaría a su
digno cargo remite copia del oficio 111-840 de la Presidencia de la Mesa Directiva de la
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con los Puntos de Acuerdo aprobados en
sesión del 17 de diciembre del año en curso.
Al respecto, nos
permitimos comunicarle que tomamos conocimiento que la Cámara de Senadores considera
pertinente citar al C. Secretario de esta Dependencia cuando se recabe la documentación
con relación al estado que guarda el Fideicomiso 215 constituido en el Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, SNC.
Con relación a
las solicitudes concernientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me permito
informarle que dichas peticiones fueron turnadas a dicha Secretaría con oficio
312.A.-0014 de misma fecha.
Sin otro
particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
México, DF, a
10 de enero de 2003. — El director general, Pablo
Reyes Pruneda.»
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Remítase a la Cámara de Senadores.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al
oficio No. II-772, de fecha 3 de diciembre último, suscrito por el C. Sen. Enrique
Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con el
presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar No.
STPCE/008/2003, signado por el C. Lic. Gerónimo Gutiérrez Fernández, secretario
técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, por el que
da respuesta al punto de acuerdo en que se solicita que se establezca una prórroga
durante el año 2003 a la aplicación de un arancel de 45% para las importaciones de
aceites de coco y de palma, presentado por el Sen. Salvador Becerra Rodríguez.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
17 de enero de 2003.— Licenciado M. Humberto
Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.
Licenciado M.
Humberto Aguilar Coronado subsecretario de Enlace Legislativo.— Secretaría de
Gobernación.— Presente.
Por
instrucciones del Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, Secretario de Economía, con
fundamento en la fracción X del artículo 8o. del Reglamento Interior de esta Dependencia
y en atención a su oficio No. SEU30011578/02 de fecha 5 de diciembre de 2002, en el que
remite oficio de fecha 3 de diciembre del Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión mediante el cual
comunica el Punto de Acuerdo en el que se solicita al Poder Ejecutivo, por medio de la
Secretaría de Economía, para que establezca una prórroga durante el año 2003, a la
aplicación de un arancel del 45% para las importaciones de aceite de coco y aceite de
palma, ruego a usted que haga del conocimiento de esa Soberanía en los términos que
estime conveniente, lo siguiente:
1. Mediante
Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 17 de abril de 2002, se estableció un arancel a las importaciones de
aceites de coco y almendra de palma del 45%, máximo permitido en la Organización Mundial
del Comercio, que permaneció vigente hasta el 31 de diciembre de 2002.
2. Considerando
la difícil situación de la actividad coprera nacional y ante diversas solicitudes del
sector, se sometió a evaluación la pertinencia de prorrogar la vigencia de los aranceles
aplicables a la importación de aceite de coco y aceite de palma.
3. A fin de
fortalecer la competitividad de los productores nacionales, como una medida de política
económica general, se acordaron los cambios arancelarios siguientes, aplicables a las
importaciones de aceite de coco y de aceite de almendra de palma:
• El
arancel ad-valorem para las fracciones arancelarias 1513.11.01, 1513.19.99, 1513.21.01 y
1513.29.99 será de 45% vigente hasta el 31 de diciembre de 2003. A partir del 1o. de
enero de 2004 y hasta el 30 de junio del mismo año, el arancel advalorem para las fracciones arancelarias será
de 35%. A partir del 1 o. de julio de 2004 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, el
arancel advalorem será de 25%. A partir del 1o.
de enero de 2005 las fracciones arancelarias 1513.11.01 y 1513.21.01 estarán sujetas al
pago de un arancel advalorem de 10%, mientras
que las fracciones arancelarias 151319.99 estarán sujetas al pago de un arancel advalorem de 20%.
4. El Decreto
por el que se establezcan los aranceles aplicables a las mencionadas fracciones
arancelarias se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el día de hoy.
Sin otro
particular, le reitero la seguridad de mi más distinguida consideración.
Atentamente.
México, DF, a
14 de enero de 2003.— El Secretario técnico, licenciado Gerónimo Gutiérrez Fernández.»
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Remítase a la Cámara de Senadores.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al
oficio número V-431 de fecha 24 de octubre próximo pasado, suscrito por el Sen. Enrique
Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con el
presente les acompaño copia del similar No. DAN-03105, signado por el Emb. Mauricio
Toussaint Ribot, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, por el que da contestación al punto de acuerdo sobre el problema de
transporte transfronterizo, presentado por el Sen. Oscar Luebbert Gutiérrez.
Lo que hago de
su conocimiento para los fines que estimen procedentes.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF., a
9 de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.
Licenciado
Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.— Secretaría de
Gobernación.— Presente.
En relación con
su atenta comunicación del 25 de octubre de 2002, relativa al punto de acuerdo aprobado
por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre el problema de transporte
transfronterizo, me permito informarle que durante las sesiones de los Grupos de
Cooperación Bilateral y de Asuntos Fronterizos de la XIX Reunión de la Comisión
Binacional México-Estados Unidos, celebrada el 26 de noviembre pasado, se expuso por
parte de la delegación mexicana la problemática contenida en el punto de acuerdo del 19
de septiembre pasado.
Al respecto, la
Cancillería mantendrá abiertos todos los foros necesarios e interpondrá sus buenos
oficios para encontrar con el gobierno de Estados Unidos la mejor solución a esa
problemática.
Sin otro
particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 9
de diciembre de 2002.— El subsecretario para América del Norte, Emb. Mauricio Toussaint Ribot (rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Remítase a la Cámara de Senadores.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Dip. Beatriz
Paredes Rangel, Presidencia de la Mesa Directiva.— Cámara de Diputados.— H.
Congreso de la Unión.— Presente.
Con relación a
su atento oficio s/n de fecha 17 de octubre del año en curso, en el que manifiesta el
interés del órgano que preside para conocer la fecha límite para la publicación del
VIII Censo Nacional Ejidal y del VIII Censo Nacional Agrícola-Ganadero, así como la
calendarización para la difusión de los diversos estudios relacionados con el sector
agropecuario, por este conducto hago de su conocimiento que el Presidente del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática manifestó que, durante noviembre del
año próximo pasado, el instituto que dirige llevó a cabo el VIII Censo Ejidal y que a
la fecha dicha entidad se encuentra procesando la información recabada, a fin de
divulgarla con la mayor brevedad, sin precisar fechas específicas.
Por otro lado,
en lo relativo al VIII Censo Agrícola-Ganadero, a pesar de que tradicionalmente había
sido levantado paralelamente con el Ejidal, al día de hoy está pendiente de realización
por limitaciones presupuestales.
Sin más por el
momento, reciba la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
27 de noviembre de 2002.— Lic. M. Humberto
Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Licenciado
Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de
Gobernación.— Presente.
Distinguido
señor licenciado:
Es de interés
de esta Soberanía conocer la fecha límite para la publicación del VIII Censo Nacional
Agrícola-Ganadero y del VIII Censo Nacional Ejidal, así como la calendarización para la
difusión oportuna de los diversos estudios relacionados con el sector agropecuario,
incluyendo el conteo de los censos de referencia, por lo que mucho le agradeceré tenga a
bien ser el amable conducto para solicitarle al titular del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, que de no existir inconveniente alguno se sirva
remitirnos a la brevedad que le sea posible la información requerida.
Sin otro
particular, hago propicia la oportunidad para enviarle un cordial y afectuoso saludo.
Atentamente.
Palacio
Legislativo, a 17 de octubre de 2002.— Diputada Beatriz
Paredes Rangel, Presidenta.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara
de Diputados.
Diputada Beatriz
Elena Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva.— Presente.
En sesión
celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
el diputado Tomás Ríos Bernal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
presentó una proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, que instruya al INEGI a realizar el VIII Censo
Nacional-Ganadero y el VIII Censo Ejidal.
La Presidencia
dictó el siguiente trámite: “Túrnese el primer punto a las comisiones de Hacienda
y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, y los puntos segundo y tercero a
la Mesa Directiva”.
México, DF, a
1o. de octubre de 2002.— Diputados: Adela Cerezo Bautista y Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán, secretarios.»
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Remítase copia al promovente, para su
conocimiento.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al
oficio número DGPL 58-II-5-1110 de fecha 24 de octubre del año en curso, con el presente
les acompaño, copia del similar SSCI/01930/02 de fecha 25 de noviembre último, signado
por el Dr. Miguel Hakim Simón, subsecretario de Relaciones Económicas y Cooperación
Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que da respuesta al punto
de acuerdo relativo a la Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC), promovido por la Dip. Heidi Storsberg Montes.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, 2
de diciembre de 2002.— Licenciado M. Humberto
Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.
Lic. M. Humberto
Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.— Secretaría de
Gobernación.— Presente.
Hago referencia
a la comunicación SEL/300/1014/02 relativa a los puntos de acuerdo aprobados el pasado 24
de octubre durante la sesión celebrada en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión.
Al respecto,
hago de su conocimiento que en la X Reunión de Líderes de las Economías de APEC,
realizada los días 26 y 27 de octubre pasado, los mandatarios adoptaron la Declaración
de Líderes Económicos de APEC. En el párrafo 7, de dicho documento, se hace un llamado
para que en las negociaciones que se realizan dentro del mecanismo, se busque eliminar
aquellas medidas que impidan un comercio agrícola justo al interior de las economías
participantes en APEC, mismo que se cita a continuación:
“Hacemos un
llamado a fin de que las negociaciones busquen, como uno de sus objetivos, abolir todas
las formas de subsidios a las exportaciones en la agricultura, al igual que las
prohibiciones injustificadas y las restricciones a la exportación.”
En este sentido,
considero que el Presidente Vicente Fox, junto con los demás líderes de las economías
de APEC enviaron una clara señal a Estados Unidos de América para que reduzca los apoyos
a la agricultura, cumpliendo con la petición realizada por el H. Congreso de la Unión el
día 24 de octubre de 2002, sobre dicho tema.
Con las
seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
México, DF, a
25 de noviembre de 2002.— Dr. Miguel Hakim
Simón (rúbrica), subsecretario de Relaciones Económicas y Cooperación
Internacional.»
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Remítase copia al promovente, para su
conocimiento.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
CC. Secretarios
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención a
su oficio número DGPL 58-II-4-918 de fecha 30 de abril del año en curso, con el presente
les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar DG/926/02, signado
por el Lic. Manuel Gómez Morín Martínez del Río, director general de Radio,
Televisión y Cinematografía de esta Secretaría, con el que acompaña el informe
detallado y fundamentado de las sanciones, observaciones y extrañamientos aplicados a los
concesionarios por posibles infracciones a la Ley Federal de Radio y Televisión,
correspondiente al mes de noviembre del presente año.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
10 de diciembre de 2002.— Lic. M. Humberto
Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Licenciado
Gonzalo Altamirano Dimas, Titular de la Unidad de Gobierno.— Presente.
Me refiero al
oficio DGG/211/1596/02 enviado el 3 de mayo próximo pasado, por la Dirección General
ahora Unidad de Gobierno, mediante el cuál se hizo del conocimiento de esta dependencia,
los puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión en sesión celebrada el 25 de abril del año en curso.
Con objeto de
dar cumplimiento al tercero de los puntos de acuerdo antes mencionados, con el presente
remito a usted informe detallado y fundamentado de las sanciones, observaciones y
extrañamientos aplicados a los concesionarios por posibles infracciones a la Ley Federal
de Radio, y Televisión, correspondiente al mes de noviembre del presente año.
Reitero a usted,
la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
México, DF, 3
de diciembre de 2002.— Licenciado Manuel Gómez
Morín Martínez del Río, director general de Radio, Televisión y Cinematografía.»
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Remítase copia al promovente, para su
conocimiento.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.—Presentes.
En atención al
oficio número DGPL 58-II-I-935 de fecha 10 de octubre de 2002, suscrito por los CC.
secretarios de la Cámara de Diputados, con el presente les acompaño para los fines que
estimen procedentes, copia del similar No. OP/CE166/02, signado por el Lic. Guillermo Mena
López, coordinador ejecutivo de Enlace de la Procuraduría Federal del Consumidor,
relativo a los puntos de acuerdo en los que se solicita se dé seguimiento a las demandas
de los usuarios de la empresa Teléfonos de México, SA de CV, y se realicen las acciones
necesarias a fin de que la empresa Telmex haga una disminución en las tarifas
telefónicas, promovidos por la Dip. Adela del Carmen Graniel Campos.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF., a
13 de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría Federal del Consumidor.
Licenciado M.
Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de
Gobernación.— Presente.
Me refiero a su
oficio número SEL/300/85/02 del 14 de octubre del año en curso, al cual acompaña el
oficio número D.G.L.58-II-1-935 del 10 del mismo mes y año, en el que los ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunicaron a
la Secretaría de Gobernación los puntos de acuerdo aprobados en la sesión del pleno de
esta última fecha, entre los que se encuentra el que la Procuraduría Federal del
Consumidor dé estricto seguimiento a las demandas que presentan los usuarios en contra de
la empresa Teléfonos de México SA de CV e imponga las sanciones que en derecho procedan.
Al respecto, por
instrucciones de la licenciada María Eugenia Bracho González, Procuradora Federal del
Consumidor, le informo que esta Procuraduría viene atendiendo y buscando la solución a
las reclamaciones presentadas por los consumidores en contra de !a empresa en comento.
Durante el
periodo enero-septiembre del 2002, la situación de la citada prestadora de servicios ante
Profeco fue:
Reclamaciones
recibidas: 11,635
Reclamaciones
resueltas: 10,419
Reclamaciones en
trámite: 1,216
Los principales
motivos de reclamación:
• Cobro
indebido.
• Servicio
deficiente.
•
Incumplimiento en el servicio.
• No
respetan términos del contrato.
• Negación
al servicio.
Número de
sanciones impuestas: 152
Monto de las
sanciones: $978,556.50
Para fortalecer
las acciones de esta institución en ese rubro y buscar la solución de raíz a la
problemática que da origen a las reclamaciones del público consumidor, se vienen
llevando a cabo reuniones con los directivos de la empresa antes referida, respecto de las
cuales se ha comprometido a:
•
Fortalecer sus áreas de atención al público, para que se disipen las dudas que tenga el
consumidor y se resuelvan sus inconformidades.
• Realizar
reuniones de trabajo con las delegaciones de esta Procuraduría en las que se está
presentando el mayor número de reclamaciones, como son Acapulco, Puebla y Mérida.
• En virtud
de que en el estado de Veracruz, hubo incremento en las reclamaciones, la empresa se
comprometió a elaborar un programa preventivo y correctivo, con el propósito de dar
solución inmediata a las quejas presentadas en su contra.
• Para
evitar cobros indebidos en las llamadas a programas de concurso, la empresa, previa
solicitud por escrito del consumidor, tiene el compromiso de bloquear el acceso a dicho
servicio sin cargo alguno y en su caso, acreditar al consumidor que llamadas realmente
hizo.
• En
coordinación con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el Centro Nacional de
Metrología y la dirección general de Normas de la Secretaría de Economía, se está
elaborando el proyecto de Norma Oficial Mexicana, denominada instrumentos de
Medición-Sistemas e “Instrumentos para el Servicio Medido
Telefónico-Especificaciones y Métodos de Prueba”, el cual una vez terminado será
concensado con el sector empresarial correspondiente.
Sin otro
particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.
Atentamente.
México, DF., a
12 de diciembre de 2002.— El coordinador ejecutivo de enlace, licenciado Guillermo Mena López.»
El
Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Remítase copia al promovente, para su
conocimiento.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.—Presentes.
En atención al
oficio número DGPL58-II-2-930 de fecha 8 de octubre de 2002, suscrito por los CC.
secretarios de la Cámara de Diputados, con el presente les acompaño para los fines que
estimen procedentes, copia del similar SUBAGR No. 300.-1629, signado por el Ing. Francisco
López Tostado, subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por el que da contestación al punto de acuerdo
sobre la situación por la que atraviesan los productores de papa de la región de Perote
en el estado de Veracruz, presentado por el Dip. José Francisco Yunes Zorrilla.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, 13
de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Licenciado M.
Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de
Gobernación.— Presente.
En atención a
su oficio número SEL/300/828/02 de fecha 10 de octubre del año en curso mediante el cual
trasmite los puntos de acuerdo aprobados en sesión de la Comisión de Agricultura y
Ganadería de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 8 de octubre
de 2002, los que a continuación se detallan:
“Primero.
Envíese el contenido del punto de acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como al Banco de Desarrollo Rural, para que
conozcan la situación por la que atraviesan los productores de papa de la región de
Perote en el estado de Veracruz.
Segundo. Se
exhorta para que una vez que la Secretaría cuente con el diagnóstico pertinente,
establezca un programa de apoyo a favor de los productores de papa de la región de
Perote, Veracruz.”
Me permito
remitir a usted una versión preliminar del estudio del cultivo de la papa en la región
de Perote, Veracruz, elaborado por nuestra Delegación en ese Estado. En dicho estudio se
determinan conclusiones y propuestas que pueden conformar un programa de apoyo para los
productores de papa de la mencionada región.
Sin otro
particular, me permito enviarte un cordial saludo.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
México, DF., a
18 de diciembre de 2002.— El C. subsecretario, ingeniero Francisco López Tostado.»
«Diagnóstico
del cultivo de papa en la región de Perote, Veracruz (versión preliminar)
INDICE
1.
Introducción.
2. Antecedentes.
3. Indicadores
de la superficie cosechada.
4. Indicadores
de la producción de papa en la región.
5. Precios
medios rurales de la papa.
6. Epocas de
cosecha.
7.
Comercialización.
8. Costos de
producción.
9.
Problemática.
10. Conclusiones
y propuestas.
1.
Introducción.
La papa es uno
de los productos con más tradición en nuestro país y en la región de Perote, esta
hortaliza tiene importancia debido a:
•Su alto
valor nutritivo.
• La
generación de empleo e ingresos para los habitantes de esta región.
Durante los
últimos años la superficie destinada a este producto ha sufrido una importante
reducción, sobre todo por la problemática de incremento de los costos de producción,
debido a problemas fitosanitarios, falta de financiamiento, y de alguna manera por la
falta de precio del producto.
El presente
diagnóstico, plantea en forma preliminar la importancia que representa este producto en
las diferentes fases productivas, como es la Organización de Productores, producción y
comercialización del cultivo de la papa en la región de Perote, Veracruz.
2. Antecedentes.
La papa (solanum tuberosum l.) es originaria de América
específicamente, de la región sur, en donde se ubica la zona andina que comprende los
países de Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, aunque también se ha podido demostrar, que
algunas variedades silvestres son originarias de México.
La importancia
de la papa en nuestro país radica básicamente en dos hechos.
a) Por un lado
su alto valor alimenticio, ya que se considera que la papa contiene carbohidratos,
proteínas, celulosa, minerales, así como vitaminas a, c, g y vitaminas del complejo b.
De igual forma se considera que bajo las condiciones apropiadas, la papa tiene un mayor
contenido de nutrientes que los cereales, de tal forma que le sigue en importancia a la
soya, la cual ocupa el primer lugar en cuanto al rendimiento de proteínas vegetales por
ha.
b) Por otro lado
la importancia económica que tiene dicha hortaliza, se debe al ingreso que proporciona a
sus productores, así como a la cantidad de jornales que genera en la región sobre todo
durante el periodo de cosecha.
Según el tipo
de variedad de papa se pueden dividir en una primera instancia de acuerdo al uso que se le
da y pueden ser variedades para la industria, para el consumo en fresco y las llamadas
finas, en nuestro país existe un número importante de variedades entre las que destacan
se encuentran la Alpha, que participa con el 44% de la superficie nacional cosechada. Son
variedades liberadas resistentes al causante del tizón, en la región de Perote las
variedades que se siembran en la parte alta son: San José, Coloraditas, Diamante,
Atlantic, Gema y Alpha, en la parte baja del valle de Perote se cuenta con superficie de
riego sembrándose las variedades Alpha y la Atlantic.
3. Superficie
cosechada.
A pesar que
América es el continente de donde es originaria la papa, el consumo mundial de este
producto no se centra en el mismo, toda vez que la principal zona demandante esta ubicada
en Europa y Asia por lo cual se tiene que los principales países con superficie sembrada
en orden de importancia son Rusia, Polonia, Estados Unidos, India y Ucrania.
La papa se
cultiva en gran parte del territorio nacional los estados que siembran mayor superficie en
orden de importancia son: Sinaloa, México, Puebla, Guanajuato y Nuevo León.
En la región
del valle de Perote se cuenta con la superficie y volumen de producción siguiente
En la grafica
anterior se muestran los volúmenes de producción de los últimos cinco años, como se
puede observar se han presentado ciertas fluctuaciones, la producción en 1997 alcanzó 31
mil 170 ton. Mientras que en 2001 se obtuvieron 19 mil 240 ton. Significando un 38%, en el
decremento.
Con relación al
precio medio rural se puede observar que es muy fluctuante durante los años y durante el
periodo de cosecha, no presenta ninguna tendencia, ya que fundamentalmente está en
función de la oferta y demanda del mercado nacional
6. Epocas de
siembra y cosecha.
La siembra para
el ciclo O. I. Se realiza de diciembre a enero, para el ciclo P.V. se lleva a cabo de
marzo a junio, con relación a la cosecha de esta hortaliza para el ciclo O. I. se lleva a
cabo durante los meses de marzo a junio y para el ciclo P.V. en los meses de julio a
noviembre.
7.
Comercialización.
Debido a la
falta de organización de los productores de papa en la región, la comercialización se
da a través de los intermediarios sin embargo algunos productores particulares y/o
medieros venden su producto directamente a las centrales de abasto más importantes.
8. Costos de
producción.
El costo de
producción en la región es muy variable dependiendo del paquete tecnológico que los
productores apliquen, sin embargo los costos promedios en el caso de las áreas de
temporal es de 19 mil 32 pesos por ha., con un rendimiento esperado de 13 tons/has. Para
el caso de riego, el cotos de producción para el presente ciclo es de 56 mil 104 pesos
por ha. Con un rendimiento esperado de 35 tons/ha.
9.
Problemática.
• El 90% de
los productores utiliza semilla criolla de la región (degeneración genética). Tales
como Coloraditas, López, Norteña, Atzimba etcétera.
• Baja
producción por unidad de superficie, con poca calidad, originando problemas de
comercialización.
• De tipo
fitosanitario, con gran incidencia de nematodo dorado en áreas de temporal, así como
rayador de la papa, picudo, palomilla entre otros y enfermedades causadas por el tizón
temprano y tardío, representando mayores costos de producción.
• Falta de
aplicación de un paquete tecnológico apropiado.
• Falta de
financiamiento por carteras vencidas.
• Falta de
organización para la comercialización.
10. Conclusiones
y propuestas.
• El
presente diagnóstico es a nivel preliminar, sin embargo se está levantando un padrón de
productores de papa en la región papera y se está aplicando una encuesta, con la
finalidad de obtener información directa y actualizada por parte de los involucrados el
avance a la fecha es de un 70% aproximadamente.
•
Constituir y consolidar el consejo distrital de productores de papa, con el propósito de
establecer estrategia, programas y proyectos productivos que incidan en un mejoramiento de
los beneficiarios.
• Gestionar
y constituir convenios de coparticipación con empresas privadas, para asegurar la compra
del producto.
• Formular
un proyecto integral que contemple el incremento del valor agregado en la cadena
productiva de la papa (harina, frituras, precocidas) etcétera.
•
Reestructuración de la cartera vencida.
•
Instrumentar un programa de producción de semilla de papa, con variedades comerciales que
demande el mercado.
•
Promoción y concertación de los programas institucionales.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al
oficio número DGPL 58-II-3-955 de fecha 29 de octubre próximo pasado, suscrito por los
CC. secretarios de la Cámara de Diputados, con el presente les acompaño para los fines
que estimen procedentes, copia del similar No. SUB AGR 300.1557, signado por el C. Ing.
Francisco López Tostado, subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por el que da contestación al punto
de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a considerar como prioritario y
estratégico al sector agropecuario y se dé un trato preferencial en los precios de
combustibles y lubricantes empleados en la actividad agropecuaria para que los costos de
producción no registren impactos negativos por estos conceptos, presentado por el
Congreso del estado de Baja California.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
14 de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
Remítase copia al promovente, para su
conocimiento.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Licenciado M.
Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo, Secretaría de
Gobernación.— Presente.
Por
instrucciones del señor Javier B. Usabiaga Arroyo, titular de esta dependencia y en
referencia a los puntos de acuerdo presentados por la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión en su sesión del 25 de abril de 2001, en los cuales se exhorta al
Ejecutivo Federal a revalorar el campo mexicano en el desarrollo de nuestro país y
considerarlo como prioritario y estratégico, además de que se considere el
establecimiento de apoyos a los precios de combustibles y lubricantes empleados en la
actividad agropecuario para que los costos de producción no registren impactos negativos
para estos conceptos, me permito comentarle que esta Secretaría se ha avocado desde el
inicio de la presente administración a través de nuestro programa sectorial a trabajar
en cambios estructurales que permitan a atender retos tales como aumentar la producción y
productividad agrícola, incrementar el porcentaje de retorno al productor primario de la
erogación que hace el consumidor final, lograr la competitividad global en los productos
del sector agroalimentario y pesquero, producir alimentos de calidad, sanos e inocuos y
desarrollar una nueva sociedad rural que tenga acceso a mayores ingresos, salud,
educación, vivienda, entre otras.
Asimismo, en el
marco de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, recientemente se emitieron las acciones
de políticas agroalimentaria y pesquera para fortalecimiento del sector mismas que
consideramos nos permitirán asegurar su competitividad, además de reducir las
disparidades en el medio rural, dando un fuerte impulso a la producción y productividad
que nos permita cubrir los requerimientos del mercado interno y mejorar nuestra posición
en los mercados internacionales, asegurando así, el desarrollo rural del país de manera
integral y sustentable y con un claro énfasis en la mejora de la calidad de vida de la
población rural.
Como parte de
estas acciones de política, vale la pena aclarar que se trabaja en un capítulo
específico de acceso a insumos a precios competitivos para el sector, en este apartado se
contempla la estandarización a 30 centavos de peso por kilovatio para el sector
agrícola, eliminando los rangos de consumo y que en breve será publicada en el DOF; y
otorgando un apoyo del 5% del pago del consumo de energía eléctrica por el primer año
para quien desarrolle nuevos proyectos de tecnificación del riego en su parcela. Asimismo
le informo que se esta trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos en la estrategia para
poder ofertar a los productores del campo el diesel a precio competitivo lo antes posible.
Sin otro
particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente.
México, DF, a 4
de diciembre de 2002.— Ingeniero Francisco
López Tostado, subsecretario de Agricultura.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Remítase copia al promovente, para su
conocimiento.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes-
En atención al
oficio No. DGPL 58-II-5-1288, de fecha 4 de diciembre próximo pasado, suscrito por los
CC. secretarios de la Cámara de Diputados Adela Cerezo Bautista y Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del
similar No. INM/795/2002, signado por la C. Lic. Magdalena Carral Cuevas, comisionada del
Instituto Nacional de Migración, por el que da contestación al punto de acuerdo relativo
al respeto de los derechos de los connacionales que visitan nuestro país.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
10 de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos mexicanos.— Secretaría de Gobernación.—
Instituto Nacional de Migración.
Licenciado M.
Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.— Secretaría de
Gobernación.— Presente.
Asunto: Puntos
de acuerdo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En atención al
oficio No. SEL/300/1589/02 del 5 de diciembre de 2002, por medio del cual informa a este
instituto sobre el punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, celebrada el pasado 4 de noviembre, y que a la letra
dice:
Unico.Que el
pleno de esta Cámara de Diputados exhorte al Presidente de la República, Vicente Fox
Quesada, para que dé instrucciones precisas del respeto a los derechos de los
connacionales que visitan nuestro país. Al respecto, me permito comunicar a usted que
este instituto realiza una serie de actividades enfocadas al respeto de los derechos
humanos de los migrantes, por lo que se ha tomado debida nota de lo señalado y está en
espera de las instrucciones que indique el Presidente de la República.
Aprovecho la
oportunidad para reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
México, DF, a 3
de diciembre de 2002.— Licenciada Magdalena
Carral Cuevas, Comisionada.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Remítase copia al promovente, para su
conocimiento.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al
oficio número DGPL 58-II-3-955 de fecha 29 de octubre próximo pasado, suscrito por los
CC. secretarios de la Cámara de Diputados, con el presente les acompaño para los fines
que estimen procedentes, copia del similar 349-A-VI-000790, signado por el C. Pedro Luna
Tovar, director general adjunto de Precios y Tarifas de la Subsecretaría de Ingresos de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que da contestación al punto de
acuerdo relativo al exhorto a considerar el establecimiento de apoyos a los precios de
combustibles y lubricantes empleados en la actividad agropecuaria para que los costos de
producción no registren impactos negativos por estos conceptos, presentado por el
Congreso del estado de Baja California.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
10 de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica), Subdirector de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Licenciado M.
Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de
Gobernación Presente
Hago referencia
a su oficio número SEL/300/1054/02, de fecha 30 de octubre de 2002, dirigido al
licenciado José Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante
el cual remite el punto de acuerdo del honorable Congreso de la Unión de fecha 29 de
octubre de 2002, en el sentido de establecer un apoyo en los precios de los combustibles y
lubricantes empleados en la actividad agropecuaria.
Al respecto, me
permito comentarle que este tema está siendo analizado conjuntamente por representantes
de Presidencia de la República, de las secretarías de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito Público, y de Petróleos
Mexicanos.
Con los
resultados de dichas reuniones, se podrá establecer un programa que apoye a los
productores agropecuarios para la adquisición del diesel que utilizan para sus
actividades.
Sin otro
particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente.
México, DF, a
12 de diciembre de 2002.— El director general adjunto, Pedro Luna Tovar.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Remítase copia al promovente, para su
conocimiento.
GRADOS
MILITARES
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de
servicios del C. Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Oswaldo Angel Sánchez
Velasco (10561617), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la
fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6
de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de
servicios del C. Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Ariel García Morales
(9306693), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII
del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6
de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de
servicios del C. Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Pedro Ortiz Martínez
(9249095), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII
del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6
de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de
servicios del C. Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Enrique Martínez López
(B-2281670), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII
del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6
de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de
servicios del C. Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Francisco Miguel Aranda
Gutiérrez (B-2281698), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la
fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6
de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de
servicios del C. Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Martín Gerardo Franco
Flores (B-2281666), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la
fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6
de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de
servicios del C. Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Ernesto Alejandro
Vadillo Trueba (928799), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la
fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6
de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de
servicios del C. Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Higinio Víctor Marín
Cisneros (10368320), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la
fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6
de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de
servicios del C. Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Abelardo Garfias
Casadero (B-2281669), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la
fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6
de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de
servicios del C. Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Alejandro Silva
Hernández (B-2281677), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la
fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6
de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de
servicios del C. Coronel de Infantería Gilberto Peralta Meras (6254007), la que me
permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6
de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de
servicios del C. Coronel de Infantería David Moreno Cruz (640687), la que me permito
enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6
de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de
servicios del C. Coronel de Infantería José Guadalupe Arias Agredano (10561602), la que
me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6
de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de
servicios del C. Coronel de Infantería José de Jesús Díaz Núñez (10222783), la que
me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6
de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de
servicios del C. Coronel de Infantería Polerio Rodríguez Zúñiga (10528680), la que me
permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior
les acompaño al presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado
militar.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6
de enero de 2003.— Lic. M. Humberto Aguilar
Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Recibo y túrnese a la Segunda
Comisión.
CNI-TELEVISION
AZTECA
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
Con fundamento
en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, y en atención a su oficio No. D.G.P.L. 58-II-41401 de
fecha 22 del mes en curso, en cuyo apartado primero, solicita la remisión con urgencia de
la información oficial, precisa, actualizada y detallada, en relación al conflicto entre
las empresas “Televisora del Valle de México” y “Televisión Azteca”,
en relación con la Concesión Federal de Señal Radiodifundida que ha venido siendo
explotada comercialmente a través del denominado “Canal 40” de televisión
abierta, con el presente me permito acompañar la información generada por las
secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría General
de la República.
Lo anterior para
los efectos que estimen procedentes.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
29 de enero de 2003.— El subsecretario, lic. M.
Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Lic. Humberto
Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.— Secretaría de
Gobernación.— Presente.
Con relación al
Punto de Acuerdo referente al “Conflicto entre Canal 40 y TV Azteca” durante la
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del pasado 22 de enero de
2003, que solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría
de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la Procuraduría
General de la República, que remita la información oficial, precisa, actualizada y
detallada en relación al conflicto entre las empresas televisoras del Valle de México y
Televisión Azteca...”.
La
subsecretaría a mi cargo adjunta a este oficio lo concerniente a lo solicitado.
Sin más por el
momento y para los efectos procedentes, quedo de usted.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
México, DF, a
28 de enero de 2003.— El subsecretario de normatividad de medios, ing. José Luis Durán Reveles.»
«Informe de la
Secretaría de Gobernación en relación con la controversia suscitada entre TV Azteca,
S.A. de C.V., y Televisora del Valle de México, S.A. de C.V.
1. El 27 de
diciembre de 2002, un grupo de personas que se presume son empleados de TV Azteca, S.A. de
C.V., tomaron las instalaciones de transmisión del Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite.
Este Canal opera bajo concesión que le otorgó el Gobierno Federal a Televisora del Valle
de México, S.A. de C.V., en el año de 1994.
TV Azteca ha
sostenido que la toma de instalaciones se realizó en forma pacífica y de manera
voluntaria. Alega tener derecho a ello derivado de una serie de contratos que, junto con
Operadora Mexicana de Televisión, S.A. de C.V., celebró en el año 1998 con el Sr.
Javier Moreno Valle, Televisora del Valle de México y Corporación de Noticias e
Información, S.A. de C.V., así como de un laudo arbitral pronunciado de conformidad con
el Reglamento de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de
Comercio Internacional, en el expediente 11286/KGA. Este laudo declaró válidos los
contratos antes mencionados.
Por su parte,
Televisora del Valle de México ha manifestado que dicha toma de instalaciones se hizo en
forma violenta y mediante soborno con amenazas. Señala también que los contratos antes
mencionados carecen de efectos legales toda vez que no se cumplió la condición
suspensiva a la que estaban sujetos, consistente en la autorización de los contratos por
parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual si bien tuvo lugar, en
opinión de Televisora del Valle de México fue contraria a la voluntad de las partes.
Con motivo de lo
anterior, el mismo 27 de diciembre la Procuraduría General de la República inició la
averiguación previa 469/FESPLE/2002 y llevó a cabo las primeras diligencias de
investigación. Como oportunamente se dio a conocer a la opinión pública.
Cabe precisar
que, derivado de los contratos antes mencionados, desde la fecha de su celebración TV
Azteca llevó a cabo la operación del Canal 40 y que esta operación fue interrumpida
unilateralmente por Televisora del Valle de México el 17 de julio de 2000 con motivo de
la autorización que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. TV Azteca
presentó denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República y promovió
una serie de juicios en contra de Televisora del Valle de México y el Sr. Moreno Valle.
2. El 7 de enero
de 2003, el Gobierno de la República, por conducto de las Secretarías de Gobernación y
de Comunicaciones y Transportes, convocó a las televisoras para dialogar y encontrar una
solución a la controversia.
Las televisoras
atendieron a la convocatoria y fijaron un plazo de tres días para alcanzar un acuerdo. Se
comprometieron a que, durante ese lapso de tiempo, se abstendrían de formular
declaraciones o pronunciamientos públicos en relación con el asunto, y que el Canal 40
transmitiría únicamente barras cromáticas.
Las
conversaciones entre los representantes de las televisoras tuvieron lugar en oficinas de
la Secretaría de Gobernación. El Ing. José Luis Durán Reveles, Subsecretario de
Normatividad de Medios, actuó como moderador.
En estas
conversaciones participaron las siguientes personas:
• Por TV
Azteca: Ing. Ricardo Salinas Pliego, Presidente del Consejo de Administración (solamente
en la reunión inicial), Lic. Jorge Mendoza, Presidente Ejecutivo de Información, y Lic.
Manuel Galicia, abogado independiente.
• Por
Televisora del Valle de México: Lic. Javier Moreno Valle, Director General (solamente en
la reunión inicial), Javier Molinar Horcasitas, asesor financiero independiente, y
licenciados Javier Quijano Baz, Xavier Cortina, Fernando Gómez Mont y Julio Sponda,
abogados independientes.
3. El 9 de enero
de 2003, los representantes de las televisoras optaron por seguir dirimiendo sus
diferencias ante las instancias jurisdiccionales y no por la vía de la conciliación.
4. La
Secretaría de Gobernación intervino en el asunto con base en las atribuciones que le
confiere el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
fracs. XII, XIII, XVII y XXVII.»
«Escudo.—
Procuraduría General de la República.
Lic. M. Humberto
Aguilar Coronado Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.
Distinguido
Licenciado Aguilar Coronado:
En atención a
su oficio número SEL//300/323/03, dirigido al C. Procurador General de la República, por
el cual hace del conocimiento del Titular de la Institución, el punto de acuerdo aprobado
en sesión del 22 de los actuales por la Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión, en el que se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto de la
Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la
Procuraduría General de la República, que remita con urgencia, la información oficial
precisa, actualizada y detallada en relación al conflicto entre las empresas
“Televisora del Valle de México” y “Televisión Azteca”, en relación
con la Concesión Federal de la Señal Radiodifundida que ha venido siendo explotada
comercialmente.
Por lo anterior,
me permito enviarle para su conocimiento el informe elaborado por la Subprocuraduría de
Procedimientos Penales “A” para los fines que estime procedentes.
INFORME DE CANAL 40-TV-AZTECA
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
C. Gral. de
Brigada de Justicia Militar y licenciado Marcial Rafael Macedo de la Concha, Procurador
General de la República.— Presente.
En oficio
fechado el 22 del mes en curso, los CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión, han comunicado al Titular de esta Dependencia, los Puntos de
Acuerdo aprobados en sesión de esa fecha, los que a continuación hago de su
conocimiento:
“PRIMERO.-
Se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de
Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría General de
la República, que remita con urgencia, la información oficial precisa, actualizada y
detallada, en relación al conflicto entre las empresas “Televisora del Valle de
México” y “Televisión Azteca”, en relación con la Concesión Federal de
Señal Radiodifundida que ha venido siendo explotada comercialmente a través del
denominado “Canal 40” de televisión abierta, informando, especialmente, de la
situación legal actual de la citada Concesión Federal de Radiodifusión y la actuación
que al respecto y hasta ahora, han venido realizando las diferentes instancias
administrativas del Poder Ejecutivo Federal, y referente a la situación actual de los
trabajadores de la empresa concesionaria en cuanto a sus relaciones jurídico-laborales y
los derechos que de ello se derivan. Se cita al Titular de la Secretaría de Gobernación,
a comparecer de inmediato ante la Primera Comisión de Trabajo de esta Comisión
Permanente, a efecto de atender y dar respuesta a las consideraciones y requerimientos que
sobre dicha información planteen los Legisladores Federales Integrantes de la misma.
SEGUNDO.- Se
exhorta al Ejecutivo Federal a que, en estricto apego al estado de derecho, restituya a la
mayor brevedad la señal de Canal 40 al legítimo titular de la concesión y a
salvaguardar así los intereses de la sociedad. Asímismo, que los legítimos intereses de
la contraparte, Televisión Azteca no sean conculcados de manera alguna, habida cuenta que
en un auténtico Estado de Derecho la autoridad legítima debe velar por la salvaguarda de
los derechos de todos.”
Lo que comunico
a usted, para los fines que estime procedentes.
Sin más por el
momento, le reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
23 de enero de 2003.— Lic. M. Humberto
Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Tarjeta informativa
I. Asunto.
Indagatorias
iniciadas por la dirección general del Ministerio Público especializado “a” de
la Procuraduría General de la República con motivo del conflicto que afrontan las
empresas televisora del valle de México y Televisión Azteca, en relación con la
concesión federal de señal radiodifundida que se ha venido explotando comercialmente a
través del denominado Canal 40 de televisión abierta.
II. Información.
La Procuraduría
General de la República inició dos averiguaciones previas con motivo de los hechos
mencionados, siendo éstas las siguientes:
a) TV Azteca contra CNI-Canal 40.
El 04 de agosto
de 2000 se recibió en la dirección general del Ministerio Público especializado
“a” denuncia del representante legal de TV Azteca y operadora mexicana de
televisión en contra de Francisco Javier Fernando Moreno Valle Suárez, representante
legal de corporación de noticias e información y televisora del Valle de México, quien
expuso que desde el 15 de febrero de 1999 TV Azteca realizó transmisiones de
programación y anuncios comerciales a través de la frecuencia asignada a Canal 40. Dicha
transmisión se generó de manera continua hasta el 17 de julio de 2000, fecha en que el
denunciado, unilateralmente, interrumpió la señal.
Destaca el
denunciante que el 16 de julio de 2000 Moreno Valle declaró en entrevista en el
noticiario “Séptimo Día”, que la relación entre corporación de noticia e
información y TV Azteca había terminado, que ya no habría más “Azteca 40”.
El mismo día 04
de agosto de 2000 se inició la averiguación previa número 1016/FESPLE/2000 en la
fiscalía especializada para delitos cometidos por servidores públicos y previstos en
leyes especiales.
Entre las
principales diligencias practicadas se encuentra la declaración de Moreno Valle, quien
reconoce haber instruido a los empleados y funcionarios de Televisora del Valle de México
y corporación de noticias e información, para operar y explotar el Canal 40.
Asimismo, el
denunciante y el denunciado aportaron diversas resoluciones dictadas por juzgados del
Distrito Federal y tribunales federales, así como la resolución dictada el 10 de
diciembre de 2002 por la corte internacional de arbitraje de la Cámara Comercio
Internacional.
El 09 de enero
de 2003 se ejercitó acción penal contra Francisco Javier Fernando Moreno Valle Suárez,
por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Robo (de fluido)
Equiparable y ataques a las vías de comunicación.
El juzgado
primero de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal radicó la causa
penal 5/2003.
El 13 de enero
de 2003 el juzgador referido se declaró legalmente impedido para conocer del caso,
argumentando que se actualizaba la causal de impedimento análoga a la prevista en la
fracción XVI, conforme a la fracción XVIII, del artículo 146 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, aduciendo que la empresa denunciante en la causa penal
5/2003 es la denunciada en la causa penal 4/2003, es decir, los contendientes en ambos
procesos serian las dos empresas de televisión, además de tratarse de hechos derivados
de la explotación de un mismo servicio público federal concesionado, por lo que a su
juicio se actualizaba la causal de impedimento referida, toda vez que el órgano judicial
se ha erigido como juez en la misma instancia, en ambas causas.
Conforme el
artículo 29 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el
juez mencionado ordenó se remitieran los originales de la causa penal 5/2003 al Tribunal
Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en turno para que calificara el impedimento
planteado.
El 16 de enero
de 2003 se notifico a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al
Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, la resolución del 15 de
enero del 2003 dictada en el expediente de impedimento 1/2003, planteado por el juez
primero de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal para conocer de
la causa penal 5/2003.
En esta
resolución, el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito señala que
es infundado el impedimento planteado por el titular del juzgado primero de distrito de
procesos penales federales en el Distrito Federal, ya que los hechos son diferentes,
determinando que debe seguir conociendo de la causa penal y pronunciarse respecto de la
petición de orden de aprehensión solicitada contra Francisco Javier Fernando Moreno
Valle Suárez, por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Robo (de
fluido) Equiparable, previsto y sancionado en el artículo 368 fracción II, y ataques a
las vías de comunicación, previsto y sancionado en el artículo 167 fracción VI, todos
del Código Penal Federal.
El juez primero
de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal tiene de plazo hasta el
31 de enero de 2003 para resolver la petición del Ministerio Público de la Federación
respecto al libramiento de la orden de aprehensión en contra de Moreno Valle.
B. CNI-Canal 40 contra TV Azteca.
El 27 de
diciembre de 2002 se recibió en la dirección general del Ministerio Público
especializado “a” denuncia del representante legal de Corporación de Noticias e
Información, S.A. de C.V. y Televisora del Valle de México, S.A. de C.V., quien expuso
que un grupo de personas sin autorización legal se introdujo a las instalaciones de
CNI-Canal 40 ubicadas en el cerro del Chiquihuite, el cual sometió al personal técnico y
de seguridad que se encontraba en el lugar y a cuyos empleados se les obligó a firmar
documentos y a prestar auxilio técnico para modificar equipos propiedad de CNI-Canal 40
para transmitir la señal de TV Azteca y dejar de transmitir la señal y programación de
CNI-Canal 40.
El mismo 27 de
diciembre de 2002 se inició la averiguación previa 469/FESPLE/2002, en la fiscalía
especializada para delitos cometidos por servidores públicos y previstos en leyes
especiales.
El 09 de enero
de 2003 se ejercitó acción penal contra Francisco Javier Borrego Hinojosa Linage, María
Teresa López Lena Soto, Ricardo Martínez Cruz, Juan Manuel de Santiago Cedillo, Enrique
Hernández Choreño, Homero Manuel Alacio Vázquez, Tomás Barros Belmont, Oliver Sotelo
Olvera, Noé Montealegre Jardines, Lucio Reyes Valdez, Sergio Zúñiga Aguilar, Juan
Manuel Machorro Pérez, Miguel Angel Solorio Pavón y Mauricio Alejandro Oropeza Estrada,
por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Despojo de cosa
inmueble, robo (de fluido) equiparable y ataques a las vías de comunicación.
El juzgado
primero de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal radicó la causa
penal 4/2003.
El 10 de enero
de 2003 el tribunal referido libró orden de aprehensión contra Ricardo Martínez Cruz,
Homero Manuel Alacio Vázquez, Tomas Barros Belmont, Oliver Sotelo Olvera, Noé
Montealegre Jardines, Lucio Reyez Valdez, Sergio Zúñiga Aguilar, Juan Manuel Machorro
Pérez y Miguel Angel Solorio Pavón, por su probable responsabilidad en la Comisión de
los Delitos de Despojo y Equiparable al Robo con Violencia, negándola en contra de
Francisco Xavier Borrego Hinojosa Linage, María Teresa Lopez Lena Soto, Juan Manuel De
Santiago Cedillo, Enrique Hernández Choreño y Manuel Alejandro Oropeza Estrada.
Lo anterior, en
virtud de que el juez consideró que respecto a Borrego Hinojosa Linage y López Lena
Soto, no obra en autos, dato o imputación alguna en ese sentido en su contra; asimismo,
el juez estimó que tampoco se encuentra acreditada la probable responsabilidad de
Santiago Cedillo y Hernández Choreño, al no existir imputaciones directas en contra de
ellos, pues se encuentra demostrado que se presentaron en las instalaciones de CNI-Canal
40 ubicadas en el cerro del Chiquihuite, el 27 de diciembre de 2002, pero hasta las 17:30
horas; esto es, en un momento muy posterior a la perpetración de los ilícitos de
referencia, los cuales se llevaron a cabo aproximadamente a las 02:00 horas del 27 de
diciembre.
Finalmente, por
lo que se refiere al corredor público de apellidos Oropeza Estrada, el juez consideró
que no existe imputación alguna en su contra, ya que éste concluyó su actuación en
“cinco minutos”, permaneciendo en todo momento fuera de las instalaciones de
CNI-Canal 40, y su función consistió única y exclusivamente en hacer entrega de un
documento en el inmueble en donde se encuentra el transmisor del Canal 40 de televisión
ubicado en el cerro del Chiquihuite.
Se negó la
orden de aprehensión solicitada contra Francisco Javier Borrego Hinojosa Linage, María
Teresa López Lena Soto, Ricardo Martínez Cruz, Juan Manuel de Santiago Cedillo, Enrique
Hernández Choreño, Homero Manuel Alacio Vázquez, Tomas Barros Belmont, Oliver Sotelo
Olvera, Noé Montealegre Jardines, Lucio Reyes Valdez, Sergio Zúñiga Aguilar, Juan
Manuel Machorro Pérez, Miguel Angel Solorio Pavón y Mauricio Alejandro Oropeza Estrada,
por el delito de ataques a las vías de comunicación, por considerar que este delito se
subsume en el ilícito de equiparable al robo con violencia.
El 15 de enero
de 2003 el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado de la
causa interpuso recurso de apelación contra los resolutivos segundo y tercero de la
resolución del 10 de enero del 2003, en la que se negó librar orden de aprehensión.
El 16 de enero
de 2003 se radicó este recurso en el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del
Primer Circuito con el toca penal 38/2003, mismo que se encuentra pendiente de resolver.
El 15 de enero
de 2003 el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado de la
causa presentó copia certificada del acta de aseguramiento practicado por parte de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 09 de enero de 2003 en las instalaciones
del Canal 40 en el cerro del Chiquihuite.
El 16 de enero
de 2003 el juez primero de distrito acordó agregar a causa penal 412003 la documentación
entregada por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, determinando
que no ha lugar a acordar de conformidad sobre la restitución del inmueble, ya que en el
pliego de consignación no le fueron puestas a su disposición dichas instalaciones,
además de que del acta de aseguramiento entregada por el representante social adscrito se
advierte que las instalaciones fueron aseguradas al parecer con motivo de un procedimiento
administrativo por la SCT, después de haberse ejercitado acción penal contra los
indiciados, y por lo tanto, las gestiones relativas al levantamiento de aseguramiento
administrativo y restitución del inmueble deberán realizarse ante la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
El 17 de enero
de 2003 el delegado de PGR en el Distrito Federal le envía al Secretario de
Comunicaciones y Transportes copia del acuerdo del 16 de enero de 2003 descrito en el
párrafo anterior, para su conocimiento y efectos legales conducentes.
El 21 de enero
de 2003 comparecieron voluntariamente a rendir declaración preparatoria ante el juez
primero de distrito con suspensión provisional concedida en el juicio de garantías
75/2003 del juzgado sexto de distrito de amparo en el Distrito Federal los inculpados
Ricardo Martínez Cruz, Tomás Barros Belmont, Juan Manuel Machorro Pérez, Miguel Angel
Solorio Pavón y Noé Montealegre Jardines, quienes entregaron su declaración por escrito
en donde ratifican su deposición ministerial y se niegan a contestar preguntas de su
defensor y del Ministerio Público de la Federación adscrito.
El 22 de enero
de 2003 comparecieron voluntariamente a rendir declaración preparatoria ante el juez
primero de distrito, con suspensión provisional concedida en el juicio de garantías
76/2003 del juzgado quinto de distrito de amparo en el Distrito Federal, los inculpados
Homero Manuel Alacio Vázquez, Oliver Sotelo Olvera, Lucio Reyes Valdés y Sergio Zúñiga
Aguilar, quienes entregaron su declaración por escrito en donde ratifican su deposición
ministerial y se niegan a contestar preguntas de su defensor y del Ministerio Público de
la Federación adscrito.
El 24 de enero
de 2003 se dictó auto de formal prisión a Ricardo Martínez Cruz, Homero Manuel Alacio
Vázquez, Tomás Barros Belmont, Oliver Sotelo Olvera, Noé Montealegre Jardines, Lucio
Reyes Valdez, Sergio Zúñiga Aguilar, Juan Manuel Machorro Pérez y Miguel Angel Solorio
Pavón, por considerarlos probables responsables en la Comisión de los Delitos de Despojo
y Equiparable al Robo con Violencia.
La causa penal
4/2003 se encuentra en instrucción.
El 25 de enero
de 2003 el lic. Jorge Rodríguez Castañeda, director general de sistemas de radio y
televisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto del AMPF
adscrito, le informa al juez primero de distrito de procesos penales federales en el
Distrito Federal, que en cumplimiento a la suspensión provisional del juez séptimo de
distrito en materia administrativa en el Distrito Federal en el juicio de amparo 71/2003,
se levantó el aseguramiento de las instalaciones y demás bienes destinados a la
operación y explotación de la estación de televisión ubicadas en el cerro del
Chiquihuite del 09 de enero de 2003 dejando a su disposición dichas instalaciones por
estar relacionadas con la causa penal 4/2003.
El 26 de enero
de 2003 el juez primero de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal
acuerda no aceptar la puesta a disposición de las instalaciones y demás bienes que
realiza la dirección general de sistemas de radio y televisión de la SCT, a través de
la institución del Ministerio Público Federal, ya que la suspensión provisional que se
dice obedecer, acatar o cumplimentar no constituye una ejecutoria concesionaria de la
protección constitucional, sino solamente una medida cautelar cuya vigencia, previa
satisfacción oportuna de los requisitos decretados, se prolonga y se supedita a lo que
resuelva la autoridad de amparo, en la resolución que con plenitud de jurisdicción dicte
sobre la suspensión definitiva, tal y como lo establece el artículo 130 de la Ley de
Amparo.
Además, refiere
que esta última decisión jurisdiccional también está sujeta a lo que se resuelva en
sentencia en cuanto al fondo, es decir, respecto de la litis planteada por la persona moral quejosa
“Televisora del Valle de México, S.A. de C.V.”, en el juicio de amparo en lo
principal.
Concluye el
juzgador que en aras del cumplimiento de la decisión de la juez de amparo, que se
materializó en el auto que concede la suspensión provisional, SCT debió levantar el
aseguramiento a favor de quién se le concedió dicha medida cautelar, que es la persona
moral quejosa “Televisora del Valle de México S.A. de C.V.”, pero no ponerlos a
disposición de este juzgado de distrito a través de la representación social de la
Federación adscrita.
El mismo 26 de
enero de 2003 el delegado de PGR en el Distrito Federal remite copia de ese acuerdo al
Secretario de Comunicaciones y Transportes para los efectos legales conducentes en
relación con el procedimiento administrativo a cargo de esa Secretaría de estado.
El 27 de enero
de 2003 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, levantó el aseguramiento del
inmueble ubicado en el cerro del Chiquihuite y se lo entregó a CNI-Canal 40, dando con
ello cumplimiento al acuerdo de 23 de enero de 2003 dictado por la juez séptimo de
distrito en materia administrativa en el Distrito Federal en el incidente de suspensión
relativo al juicio de amparo número 0071/2003, promovido por Televisora del Valle de
México, S.A. de C.V., en contra de actos del Congreso de la Unión y otras autoridades.
México, DF, a
28 de enero de 2003.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
Lic. M. Humberto
Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo Secretaría de Gobernación.—
Presente.
Por
instrucciones del Arq. Pedro Cerisola y Weber, Secretario de Comunicaciones y Transportes,
me refiero a su oficio citado al rubro, por el cual hace referencia al similar de fecha 22
de los actuales, por el que los CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión, han comunicado al Titular de la Secretaría de Gobernación, los Puntos de
Acuerdo aprobados en sesión de esa fecha, a fin de que, entre otros, se remita con
urgencia la información oficial precisa, actualizada y detallada, relativa al conflicto
entre las empresas “Televisora del Valle de México” y “Televisión
Azteca”, en relación con la Concesión Federal de Señal Radiodifundida que ha
venido siendo explotada comercialmente a través del denominado “Canal 40” de
televisión abierta.
Al respecto,
adjunto al presente un listado de la documentación con que cuenta esta Secretaría de
Estado en relación al conflicto entre las empresas “Televisora del Valle de
México” y “Televisión Azteca”, la cual, de igual manera, se anexa para
los efectos que estime pertinentes.
Sin otro
particular, quedo a sus órdenes y le envío un cordial saludo.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
México, DF., a
28 de enero de 2003.— El director general licenciado Diego Tinco Ariza Montiel.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
DOCUMENTOS
1. Concesión
que otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el día 15 de noviembre de 1994
a la empresa Televisora del Valle de México, S.A. de C.V., para la operación y
explotación de la estación de televisión comercial con distintivo de llamada XHTVM-TV,
canal 40, en la banda de Ultra Alta Frecuencia (UHF), de México, Distrito Federal.
2. Escritos de
fecha 27 de diciembre de 2002, remitidos vía fax, uno firmado por el Lic. Fernando
Francisco Gómez Mont Urueta, representante legal de Televisora del Valle de México, S.A.
de C.V. y otro sin firma, en los que hacen del conocimiento los hechos ocurridos en sus
instalaciones ubicadas en el Cerro del Chiquihuite.
3. Escrito de
fecha 27 de diciembre de 2002, presentado por Televisora del Valle de México, S.A. de
C.V. a esta Secretaría el 30 del mismo mes, en el que hace del conocimiento los hechos
ocurridos en sus instalaciones ubicadas en el Cerro del Chiquihuite.
4. Escrito de
fecha 30 de diciembre de 2002, presentado por TV Azteca, S.A. de C.V. y Operadora Mexicana
de Televisión, S.A. de C.V. a esta Secretaría, en los cuales se informa que a partir del
día 27 de diciembre de 2002, se encuentran operando, transmitiendo, programando y
comercializando el Canal 40 de Televisión UHF, y solicitan tener oportuno conocimiento de
cualquier clase de promoción que se presente al respecto de la concesión de Canal 40
XHTVM-TV.
5. Oficio
8611/FESPLE/2002 (AP 469/FESPLE/2002), recibido el 30 de diciembre de 2002, remitido por
el Lic. Ignacio Sandoval Alviso, C. Agente del Ministerio Público de la Federación,
Titular de la Mesa XII-FESPLE.
6. Oficio
119.203.0002/2003/00020, de fecha 7 de enero de 2003, emitido por el Director General de
Sistemas de Radio y Televisión, mediante el cual se da respuesta a la solicitud
presentada por el oficio 8611/FESPLE/2002 (A.P. 469/FESPLE/2002), remitido por el Lic.
Ignacio Sandoval Alviso, C. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de
la Mesa XII-FESPLE.
7. Oficio
número 119-004-2003, folio 00000035, de fecha 9 de enero de 2003, emitido por el Director
General de Sistemas de Radio y Televisión, mediante el cual comisiona al inspector de
Vías Generales de Comunicación a trasladarse al domicilio que ocupan las instalaciones
de la planta transmisora de la estación de televisión concesionada, debiendo asegurar
las instalaciones y demás bienes destinados a la operación y explotación de la
estación de mérito, en términos de lo dispuesto por el artículo 104-bis de la Ley
Federal de Radio y Televisión, previo inventario que se realice de los mismos,
poniéndolos bajo la guarda y custodia de un depositario interventor que al efecto se
designe.
8. Acta de
aseguramiento número 001/2003 de fecha 9 de enero de 2003, mediante la cual el Inspector
de Vías Generales de Comunicación llevó a cabo el aseguramiento de los bienes
destinados a la operación y explotación de la estación de televisión del Canal 40,
previo inventario realizado a los mismos, poniéndolos bajo la guarda y custodia del ing.
Gonzalo Hernández López, a quien se nombró como depositario interventor en ese acto.
9. Oficio
número 119-005/2003, folio 00000036, de fecha 9 de enero de 2003, emitido por el Director
General de Sistemas de Radio y Televisión, dirigido al C. Francisco Javier Moreno Valle
Suárez, mediante el cual le hace del conocimiento que las instalaciones de la planta
transmisora de la estación de televisión Canal 40 y demás bienes destinados a la
operación y explotación de la referida estación, fueron aseguradas en términos de lo
establecido por el artículo 104-bis de la Ley Federal de Radio y Televisión,
otorgándole un término de 10 días para que en uso de la garantía de audiencia presente
las pruebas y defensas que a su interés convenga.
10. La
resolución de fecha 23 de enero de 2003, emitida por la Licenciada Luz María Díaz
Barriga de Silva, C. Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal, la que concedió, en el juicio de amparo número 71/2003 promovido por Televisora
del Valle de México, S.A. de C.V., la suspensión provisional solicitada por la quejosa,
para el único efecto de que se levante el aseguramiento de las instalaciones y demás
bienes destinados a la operación y explotación de la estación de televisión
concesionada, ubicadas en el Cerro del Chiquihuite, Colonia Cuautepec Barrio Alto,
Delegación Gustavo A. Madero en el Distrito Federal, ordenada mediante oficio
119-004/2003/00000035, de fecha 9 de enero de 2003, signado por el Director General de
Sistemas de Radio y Televisión, así como los efectos y consecuencias originadas por
dicho aseguramiento.
11. Aclaración
de sentencia emitida por la C. Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el
Distrito Federal.
12. Informe de
cumplimiento de ejecución de sentencia a la C. Juez Séptimo de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal.
Anexo. Lo citado
en los numerales del 1 al 12.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
El Gobierno
Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a quien en
lo sucesivo se le denominara como “La Secretaría” con fundamento en los
artículos 36 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, 17 y 19 de la Ley Federal de Radio y Televisión, otorga a favor de televisora
del Valle de México, S.A. de C.V.., quien en lo sucesivo se le denominará como “El
Concesionario”, la siguiente:
CONCESION
Para
operar y explotar la estación de televisión comercial de la banda UHF, con las
siguientes características:
Canal asignado:
40
Ubicación del
equipo transmisor: México, DF.
Potencia
autorizada: 3,190.77 kw
Sistema
radiador: Omnidireccional
Horario: 24
horas
Distintivo de
llamada: XHTVM-TV
Tipo de
estación: comercial
La concesión
que se otorga queda sujeta a las siguientes:
CONDICIONES
PRIMERA. La
actividad de interés público concesionada por medio de este Título, se rige por: la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Federal de Radio y
Televisión; la Ley de Vías Generales de Comunicación; la Ley General de Bienes
Nacionales; la Ley Federal de Derechos de Autor; la Ley General de Salud; la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal; y por sus respectivos reglamentos, así como por
los decretos, acuerdos y circulares correspondientes y por las condiciones establecidas en
este Título de Concesión y demás disposiciones técnicas y administrativas que dicten
las autoridades competentes.
SEGUNDA. Esta
concesión no otorga a EL CONCESIONARIO derechos reales sobre el uso del canal que, a
través de este Título, le concesiona LA SECRETARIA. Por lo que en los casos a que se
refieren los artículos 28, 50 y 51 de la Ley Federal de Radio y Televisión, LA
SECRETARIA podrá suprimir, restringir o modificar el uso del canal o cambiar sus
características de operación.
TERCERA. EL
CONCESIONARIO acepta que los preceptos legales y las disposiciones administrativas a que
se refiere la Condición Primera y a las cuales queda sujeta esta Concesión, no
constituyen derechos reales adquiridos por él y en consecuencia, si fuesen derogados o
modificados, EL CONCESIONARIO quedará sujeto en todo tiempo a la nueva legislación y a
las nuevas disposiciones administrativas que se dicten.
CUARTA. La
vigencia de esta Concesión, será de 15 años, contada a partir del día 19 de abril de
1993 y vencerá el día 18 de abril de 2008; sin perjuicio de lo anterior, se revisará
cada 5 años.
La concesión
podrá ser refrendada por LA SECRETARIA, sujetándose a lo dispuesto en el Artículo 16 de
la Ley Federal de Radio y Televisión, oyendo previamente la opinión de la Secretaría de
Gobernación, siempre que EL CONCESIONARIO haya cumplido con las obligaciones derivadas de
este Título y las que le impongan las leyes. y reglamentos aplicables, así como las que
LA SECRETARIA estime conveniente fijar. EL CONCESIONARIO, tendrá preferencia respecto a
terceros por lo que se refiere a esta Concesión.
QUINTA. El
Gobierno Federal tendrá los derechos preferentes a que se refiere el Artículo 116 de la
Ley de Vías Generales de Comunicación y además, se conviene que cuando por cualquier
causa se dé por terminada la Concesión, dentro del plazo de su vigencia, el Gobierno
Federal podrá adquirir las instalaciones y equipos necesarios para la continuación del
servicio, cubriendo las cuotas máximas fijadas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta o
en su caso, las cuotas superiores expresamente autorizadas por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, ya que los bienes afectos a la Concesión no podrán ser reavaluados,
para los efectos de esta Concesión.
Para los efectos
de esta Concesión, las adquisiciones, enajenaciones y sustituciones de los equipos
esenciales a que se refiere el párrafo que antecede, que se realicen en los últimos tres
años, requerirán siempre de la autorización previa de LA SECRETARIA (equipos esenciales
según Anexo 1).
SEXTA. EL
CONCESIONARIO es de nacionalidad mexicana y conviene en que siempre se considerará como
mexicano para todos los efectos de esta concesión, así como sus socios, empleados o
agentes; por lo tanto, no tendrá con relación a la validez interpretación o
cumplimiento de esta Concesión, más derechos o recursos que los que las leyes mexicanas
concedan a los mexicanos y, por consiguiente, se compromete a no pedir ni aceptar para
todo lo relativo a esta Concesión, la intervención diplomática de algún país
extranjero, ni la de cualquier organismo público o privado de carácter internacional,
bajo pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación mexicana
todos los bienes y derechos que hubiese adquirido en virtud de la Concesión.
Cuando se trate
de personas morales concesionarias, deberán tener en su escritura constitutiva, cláusula
de exclusión de extranjeros, en los términos del Artículo 14 de la Ley Federal de Radio
y Televisión y 2o. fracción VII y 6o. de la ley de Inversión Extranjera.
El Secretario de
Comunicaciones y Transportes podrá autorizar la cesión de la concesión o la
enajenación de las acciones que conforman el capital social de la sociedad concesionaria,
para lo cual se seguirá el procedimiento que al efecto señala el presente Título y las
disposiciones legales vigentes.
SEPTIMA.
En ningún caso EL CONCESIONARIO podrá, directa o indirectamente, pedir ni en alguna
manera gravar, dar en fideicomiso o enajenar total o parcialmente la Concesión, los
derechos a ella conferidos, instalaciones, servicios auxiliares, dependientes o
accesorios, a ningún gobierno o persona extranjeros y tampoco podrá admitirlos como
socios. Cualquier apreciación que se hiciera contra lo preceptuado en la presente
Concesión será nula de pleno derecho.
OCTAVA. Para
cumplir con los artículos 128 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el
caso de personas morales concesionarias, la Sociedad tendrá un registro de acciones y
considerará como dueño de las mismas a quien aparezca inscrito en el registro citado.
Para enajenar o
adjudicar acciones de la sociedad, se observará el siguiente régimen:
I.- EI
accionista notificará por escrito a la sociedad la operación de que se trate, citando su
inscripción en el registro, para lo cual acompañará los títulos de acciones o los
certificados provisionales correspondientes, debidamente endosados en favor de los
adquirentes, así como el documento o documentos que comprueben la nacionalidad de estos
últimos;
II. La sociedad,
antes de efectuar la inscripción, dentro de los siete días siguientes a la fecha en que
haya recibido la notificación a que se refiere la Fracción anterior, la hará del
conocimiento del C. Secretario de Comunicaciones Transportes, acompañando la
documentación pertinente para que este funcionario pueda verificar lo siguiente:
a) Que la
enajenación se realice a favor de personas de nacionalidad mexicana. A este efecto la
sociedad acompañará a su escrito la documentación que haya sido presentada por los
solicitantes, de conformidad con lo establecido en la fracción I.
b) Que la
enajenación no constituye un acaparamiento de empresas de radiodifusión comercial o
acciones de las mismas, en perjuicio del interés social a que se refiere la Fracción II
del Artículo 27 de la Ley General de Bienes Nacionales.
c) Que la
enajenación no constituye un lucro o especulación con los derechos derivados de la
concesión o concesiones de que sea titular la Sociedad, ya que éstas se otorgan
gratuitamente por el Estado.
d) Que el
adquirente cumpla con los requisitos que la Ley establece para que tenga el carácter de
concesionario.
III. En caso de
que la respuesta del C. Secretario de Comunicaciones y Transportes sea en el sentido de
que la ena-jenación no contraviene lo dispuesto en los incisos de la fracción anterior o
transcurridos 60 días sin haberla recibido, la Sociedad procederá a la inscripción
respectiva en el registro de accionistas; y
V.- En caso de
que la resolución del C. Secretario de Comunicaciones y Transportes sea en el sentido de
que la pretendida enajenación contraviene uno o varios de los incisos contenidos en la
fracción II, la sociedad no la inscribirá en el registro de accionistas de la misma y
devolverá al solicitante los títulos de acciones o certificados provisionales.
Este régimen
deberá incluirse en la escritura social, así como en los títulos o certificados de
acciones que emita El concesionario.
NOVENA. EL
CONCESIONARIO solicitará la autorización previa de LA SECRETARIA, para todos los actos o
contratos que pretenda celebrar respecto a la enajenación o venta, fideicomiso,
arrendamiento, asociación en participación, usufructo y otros actos que afecten o graven
el régimen de propiedad de la estación o que de manera fundamental modifique la
operación de la estación de televisión materia de esta Concesión. Los actos jurídicos
enunciados, no surtirán efecto legal alguno mientras no sean aprobados por LA SECRETARIA.
DECIMA. LA
SECRETARIA podrá autorizar la cesión de los derechos y obligaciones establecidos en la
Concesión a favor de personas mexicanas, cuando a su juicio fuere conveniente y siempre
que EL CONCESIONARIO hubiese cumplido con todas sus obligaciones, derivadas de este
Título o de las Leyes en la materia y cuando la Concesión hubiese estado vigente, por un
término no menor de tres años.
DECIMA PRIMERA.
Los mandatos que se otorguen en los términos del Artículo 2596 del Código Civil para el
Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, con
carácter de irrevocables, deberán ser sometidos previamente a la autorización de LA
SECRETARIA, acompañando los elementos que acrediten que el otorgamiento del mandato se
estipula como una condición en un contrato bilateral o como un medio para cumplir con una
obligación contraída y de los que se desprenda que el concesionario no trasmite ni grava
la Concesión por virtud del mandato.
En ningún caso,
podrá EL CONCESIONARIO otorgar mandato general para pleitos y cobranzas, actos de
administración y de dominio con carácter de irrevocable en favor de sociedades.
DECIMA SEGUNDA.
De conformidad con las disposiciones jurídicas que rigen la materia, LA SECRETARIA y la
Secretaría de Gobernación en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la
facultad de practicar inspecciones para la vigilancia y supervisión de los aspectos
técnicos, administrativos y de programación con objeto de verificar y monitorear la
operación de la estación y comprobar si EL CONCESIONARIO ha hecho un buen uso del bien
del dominio directo de la Nación que constituye el canal de televisión concesionado, en
relación con la satisfacción del interés público a que se refiere la Ley Federal de
Radio y Televisión y, específicamente, al cumplimiento de la función social que su
Artículo 5o. asigna a la radio y televisión, especialmente en lo que se refiere a
conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la
propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana.
En consecuencia
de lo anterior EL CONCESIONARIO se obliga a:
a) Grabar todas
las transmisiones en vivo y tener una copia de las mismas en las instalaciones de la
estación a disposición de la Secretaría de Gobernación, durante un plazo de 30 días;
b) Pagar las
contribuciones que se deriven de las inspecciones y monitoreo a que se refiere esta
Condición, dentro de los plazos previstos en las Leyes y Acuerdos Fiscales;
c) Poner a
disposición del personal de inspección debidamente acreditado por LA SECRETARIA, los
instrumentos de medición a que se refiere la Norma Oficial Mexicana emitida por ésta
para los efectos de lo dispuesto por el Artículo 94 de la Ley Federal de Radio y
Televisión y al personal acreditado por la Secretaría de Gobernación, el equipo de
grabación necesario para verificar la programación de la difusora.
Para acreditar
el buen uso del canal concesionado y el debido cumplimiento a la obligación social que se
deriva del Artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y Televisión, EL CONCESIONARIO
presentará ante la Secretaría de Gobernación en el mes de enero de cada año al que
corresponda, de uno a tres proyectos de estructura programática con base en los cuales y
en el ejercicio de la libertad de expresión, programará el canal que se le ha
concesionado.
El personal de
inspección tendrá la facultad de suspender las transmisiones que, a su juicio, viole
flagrantemente cualesquiera de las disposiciones que establecen las Leyes, sus Reglamentos
y esta Concesión.
DECIMA TERCERA.
En caso de guerra internacional, de grave alteración del orden público o cuando se tema
peligro inminente para la paz interior del país para la economía nacional, el Ejecutivo
Federal tendrá derecho a requisar la estación si a su juicio lo exige la seguridad, la
defensa, la economía nacional o la tranquilidad del país.
DECIMA CUARTA.
El funcionamiento técnico de la estación podrá encomendarse, bajo la absoluta
responsabilidad de EL CONCESIONARIO al personal que esté debidamente acreditado por LA
SECRETARIA para el manejo de los equipos o instalaciones.
DECIMA QUINTA.
LA SECRETARIA fijará los mínimos de las tarifas que se apliquen a los diferentes
servicios que preste EL CONCESIONARIO conforme a lo establecido en el Artículo 53 de la
Ley Federal de Radio y Televisión.
Las tarifas que
EL CONCESIONARIO ponga en vigor se sujetarán a las siguientes Condiciones:
a) Deberán ser
registradas previamente en la Dirección General de Normas de Sistemas de Difusión de LA
SECRETARIA o en las Dependencias que ejerzan las funciones relativas; y
b) Estarán en
vigor cuando menos un año, salvo que LA SECRETARIA autorice a EL CONCESIONARIO el
registro de una nueva tarifa en un plazo menor al indicado, previa justificación de ello,
a juicio de LA SECRETARIA.
DECIMA SEXTA. EL
CONCESIONARIO se obliga a presentar a LA SECRETARIA un informe anual que contenga, con
referencia a los doce meses anteriores, los datos técnicos, administrativos o
estadísticos que permitan conocer la forma de explotación de la estación en relación
con los intereses del público y del Gobierno Federal, sin perjuicio de proporcionar
también en cualquier tiempo, todos los datos, informes y documentos que requiera LA
SECRETARIA. Los datos contables se proporcionaran en los tiempos que señalen los
Reglamentos respectivos, sin perjuicio de la obligación establecida en esta Condición.
DECIMO SEPTIMA.
EL CONCESIONARIO llevará su contabilidad en la forma que determinen de común acuerdo LA
SECRETARÍA y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
DECIMA OCTAVA.
EL CONCESIONARIO no podrá realizar modificación alguna a la construcción e instalación
de la estación sin autorización previa por escrito de LA SECRETARIA, salvo que se trate
de trabajos de emergencia o por causa de fuerza mayor o caso fortuito, necesarios para el
buen funcionamiento de la misma.
En este último
caso, EL CONCESIONARIO deberá rendir a LA SECRETARIA un informe por escrito detallando
los trabajos en cuestión, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que los inicie.
DECIMA NOVENA.
EL CONCESIONARIO mantendrá en buen estado los equipos necesarios para la operación
eficiente de la estación y se obliga a acatar las instrucciones que al respecto dicte LA
SECRETARIA.
VIGESIMA. EL
CONCESIONARIO sólo podrá suspender las emisiones por causa justificada y con la
aprobación previa de LA SECRETARIA, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, en cuyo caso
informará por escrito a LA SECRETARIA dentro de las veinticuatro horas siguientes.
VIGESIMA
PRIMERA. Para el envío y recepción de señales, el concesionario se obliga a utilizar
los sistemas de conducción de señales autorizados por LA SECRETARIA, con sujeción a las
normas que rijan su operación. También se obliga a contar con los medios necesarios para
realizar los encadenamientos o transmisiones especiales ordenados por la Secretaría de
Gobernación.
VIGESIMA
SEGUNDA. Los derechos a la información, de expresión y de recepción, mediante la radio
y la televisión, es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, ni de limitación alguna, ni censura previa, o se ejercerá en
los términos de la Constitución y las Leyes, por lo tanto EL CONCESIONARIO gozará de
absoluta libertad para programar el canal concesionado.
La radio y la
televisión constituyen una actividad de interés público, por lo tanto el Estado deberá
protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social.
El Estado
protegerá el interés público y vigilará el cumplimiento de la Ley, con fundamento en
el Artículo 4o. de la Ley Federal de Radio y Televisión en los términos que se indican
en esta Condición; EL CONCESIONARIO decidirá libremente su programación y, para
satisfacer el interés público y cumplir con su función social, deberá a través de sus
transmisiones:
a) Afirmar el
respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos
familiares;
b) Evitar
influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud;
c) Contribuir a
elevar el nivel cultural del pueblo; conservar las tradiciones nacionales y las costumbres
del país; preservar la propiedad del idioma a exaltar los valores de la nacionalidad
mexicana; fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y
cooperación internacionales;
d) Orientar la
programación preferentemente al mejoramiento de la educación popular, la difusión de la
cultura, la extensión de los conocimientos, la propagación de las ideas que fortalezcan
nuestros principios y tradiciones; a reforzar nuestra capacidad para el progreso, a
estimular la facultad creadora del mexicano para las artes y el análisis de los asuntos
del país, desde un punto de vista objetivo, a través de orientaciones adecuadas que
afirmen la voluntad nacional;
e) Atender en la
programación la función informativa a fin de orientar a la comunidad en forma veraz y
oportuna, respetando la vida privada y la moral de las personas, sin afectar los derechos
de terceros, ni perturbar el orden ni la paz públicos;
f) Ofrecer en la
parte recreativa, un sano entretenimiento que afirme los valores nacionales y no será
contraria a las buenas costumbres, evitará la corrupción del lenguaje, la vulgaridad,
las palabras procaces y frases de doble sentido, y atenderá al propósito de ennoblecer
los gustos del auditorio y
g) Contribuir al
desarrollo económico del país, a la distribución equitativa del ingreso y al
fortalecimiento de su mercado.
En su estructura
programática EL CONCESIONARIO guardará el equilibrio adecuado entre las cuatro
actividades fundamentales que debe desarrollar la estación: la cultural, la informativa,
la de esparcimiento y la de fomento económico. En todo caso las tres últimas deberán
subordinarse a la cultural, para que no contraríen o destruyan ésta, así como a las
normas fijadas por la Ley, su Reglamento y las autoridades competentes.
Se entiende por
programación cultural, en los términos del subinciso f), del inciso 1. de la Fracción I
del Artículo 51 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley de la
Industria Cinematográfica relativa al contenido de las transmisiones en radio y
televisión, todos aquellos programas que contribuyan a la comprensión y entendimiento de
la literatura, música, bella artes, historia, geografía, ciencias sociales y naturales,
tanto nacionales como extranjeras; preparados por o con la cooperación de universidades,
museos, bibliotecas y otras instituciones de cultura; investigación; conferencias,
exposiciones y conciertos; orientación profesional y vocacional, noticias sobre libros;
comentarios y análisis; y todos aquellos que clasifique como programas culturales el
Consejo Nacional de Radio y Televisión.
En la
programación cotidiana, se ofrecerán programas informativos y programas que contribuyan
al desarrollo económico del país, a la distribución equitativa del ingreso y al
fortalecimiento de su mercado.
La Secretaría
de Gobernación fijará, en los términos de los Artículos 73 y 74 de la Ley Federal de
Radio y Televisión y 34 de su Reglamento, los mínimos de programación viva que deberá
transmitir EL CONCESIONARIO que en ningún caso será inferior al diez por ciento del
tiempo de su programación diaria.
En su propaganda
comercial, EL CONCESIONARIO deberá estimular el consumo de bienes y servicios
preferentemente de origen nacional, tomará en cuenta la situación económica del país,
a fin de restringir en cada caso, la publicidad de artículos suntuarios y propiciar la
elevación del nivel de vida del auditorio por medio de una adecuada orientación en la
planeación del gasto familiar.
La totalidad de
anuncios comerciales que emita EL CONCESIONARIO deberán ser producidos en México, con
elementos preponderantemente nacionales, que reflejen los diferentes ambientes culturales
que integran a la nación mexicana.
VIGESIMA
TERCERA. En todos los programas del Estado que, en cumplimiento de la Ley y en los
términos de esta Concesión realice EL CONCESIONARIO a través de su estación, queda
obligado a conservar la misma calidad de emisión que emplee en su programación normal y
con las mismas modalidades técnicas.
VIGESIMA CUARTA.
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 59 de la Ley, EL CONCESIONARIO deberá
efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de treinta minutos continuos
o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación
social, con el material que al efecto le proporcione la Secretaría de Gobernación. Para
la utilización de este tiempo que le corresponde al Estado se observará el siguiente
procedimiento.
a) En términos
del Artículo 52 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, transmitirá el
tiempo del Estado en los horarios que fije el Consejo Nacional de Radio y Televisión
oyendo previamente a los concesionarios en los términos de la Ley de la materia; y
b) La
Secretaría de Gobernación entregará a EL CONCESIONARIO, el material correspondiente con
una anticipación mínima de 48 horas.
En los mismos
términos, EL CONCESIONARIO recibirá y se obliga a emitir los materiales que la
Secretaría de Gobernación le entregue en cumplimiento del Artículo 60 de la Ley.
VIGESIMA QUINTA.
EL CONCESIONARIO, en los términos del Acuerdo Presidencial de fecha 27 de junio de 1969,
cubrirá el impuesto a que éste se refiere poniendo a disposición del Ejecutivo Federal
el 12.5 % del tiempo diario de transmisión de la estación concesionada. El Estado, por
conducto de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la
Secretaría de Gobernación, hará uso de este tiempo para realizar funciones que le son
propias, de acuerdo con la Ley Federal de Radio y Televisión, sin que ello implique que
haga transmisiones que constituyan una competencia en las actividades inherentes a la
radiodifusión comercial.
Cuando el Estado
realice campañas de interés colectivo, promoviendo el mayor consumo de bienes y
servicios, lo hará en forma genérica, en tanto que EL CONCESIONARIO se ocupará de la
publicidad y propaganda de marcas, servicios o empresas específicas.
Si el Ejecutivo
Federal no proporciona el material para utilizar los tiempos de transmisión que le
corresponde, deberá hacerlo EL CONCESIONARIO aprovechando sus materiales de programación
acordes con los objetivos del Artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y Televisión, a
efecto de no interrumpir el servicio de radiodifusión.
Los tiempos de
transmisión a que se refiere esta Condición, serán distribuidos proporcional y
equitativamente dentro del horario total de transmisión de la estación por la Dirección
General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, la que
oirá previamente al Consejo Nacional de Radio y Televisión. En todo caso, se cuidará de
no poner en peligro la estabilidad económica de EL CONCESIONARIO y se tomarán en cuenta
las características de su programación, y se notificará a EL CONCESIONARIO el uso de
los tiempos de transmisión con una razonable anticipación.
En los tiempos a
favor del Estado EL CONCESIONARIO no podrá anunciarse ni darle uso comercial y se
utilizará la identificación que le corresponda al Estado.
VIGESIMA SEXTA.
Queda prohibido a EL CONCESIONARIO usar la estación para permitir que terceras
personas se dirijan a las autoridades, toda vez que el derecho de petición debe
ejercitarse por escrito como lo previene el Articulo 8o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
VIGESIMA
SEPTIMA. Para cumplir con la obligación de aprovechar y estimular los valores artísticos
locales y nacionales, así como las expresiones del arte mexicano, establecida en el
Artículo 73 de la Ley, EL CONCESIONARIO se obliga a fomentar la creatividad de artistas,
técnicos y especialistas mexicanos en esta materia en los porcentajes y dentro del
calendario del Consejo Nacional de Radio y Televisión y de EL CONCESIONARIO.
VIGESIMA OCTAVA.
El esparcimiento como medio para mejorar la vida de la población, sus costumbres y la
unidad familiar, constituye una obligación permanente de EL CONCESIONARIO, quien será
responsable de que las transmisiones de esta índole cumplan con el propósito cultural y
de superación moral de la población, eliminando ejemplos inconvenientes, todo tipo de
corrupción a las buenas costumbres e influencias contrarias al desarrollo armónico de la
niñez y la juventud.
VIGESIMA NOVENA.
EL CONCESIONARIO, al realizar su labor informativa, deberá orientar al pueblo, por lo que
las noticias que ofrezca deberán ser veraces, objetivas, sin distorsionar los hechos o
implicar situaciones contrarias al orden público, a las buenas costumbres, a la seguridad
del Estado, a la respetabilidad o estabilidad de las instituciones y a los intereses del
país. En caso de desastre, EL CONCESIONARIO actuará con moderación y prudencia, y
orientará, sus emisiones con el propósito de prevenir daños mayores a la población y
remediar los ya causados.
TRIGESIMA. EL
CONCESIONARIO se apegará al equilibrio entre la duración del anuncio comercial y el
resto de la programación fijado por la Ley Federal de Radio y Televisión y sus
disposiciones reglamentarias.
TRIGESIMA
PRIMERA. Los programas impropios para los niños y adolescentes, a juicio de la
Secretaría de Gobernación deberá anunciarlos EL CONCESIONARIO como tales, tanto antes
de iniciarse la transmisión como en los anuncios o avances que se hagan, ya sea por la
propia estación o por cualquier otro medio de publicidad en que se dé a conocer la
programación de la estación concesionada.
TRIGESIMA
SEGUNDA. EL CONCESIONARIO se abstendrá de transmitir programas infantiles que sean
contrarios al fomento y estímulo de la creatividad, la integración familiar, la
solidaridad humana, la comprensión de los valores nacionales, el conocimiento de la
comunidad internacional, el interés científico, artístico y social de los niños.
TRIGESIMA
TERCERA. En los términos de los Artículos 301 y 307 de la Ley General de Salud, los
anuncios comer-ciales que se transmiten relacionados con alimentos, requerirán de la
previa autorización de la Secretaría de Salud.
TRIGESIMA
CUARTA.EL CONCESIONARIO se obliga a respetar las disposiciones establecidas en la
Fracción III del Apartado A del Artículo 123 Constitucional, en lo que respecta a los
trabajadores menores de edad.
TRIGESIMA
QUINTA.- EL CONCESIONARIO, con fundamento en el Artículo 71 de la Ley Federal de Radio y
Televisión; y el 20 de su Reglamento, sólo podrá transmitir programas de concurso,
siempre y cuando sean previamente autorizados por la Secretaría de Gobernación.
TRIGESIMA
SEXTA.- En los términos de los Artículos 69 de la Ley Federal de Radio y Televisión, 45
y 46 de su Reglamento, 301, 308 y 309 de la Ley General de Salud, EL CONCESIONARIO
sujetará la publicidad y propaganda de bebidas alcohólicas y tabacos a las siguientes
reglas:
a) Se limitará
a dar información sobre las características, calidad y técnicas de elaboración de
estos productos:
b) No deberá
presentarlos como productores de bienestar o salud o asociarlos a celebraciones cívicas o
religiosas;
c) No podrá
asociar a estos productos con ideas o imágenes de mayor exaltación del prestigio social,
virilidad o femineidad;
d) No podrá
asociar a estos productos con actividades crea-tivas, deportivas, del hogar o del trabajo,
ni emplear imperativos que induzcan directamente su consumo;
e) No podrá
incluir la participación de niños o adolescentes ni dirigirse a ellos;
f) En el mensaje
radiodifundido no podrá aparentarse que se ingieren o ingerirse o consumirse realmente
los productos de que se trata;
g) Deberá
abstenerse de toda exageración; y
h) Deberá
combinarse o alternarse con propaganda de educación higiénica o del mejoramiento de la
nutrición popular;
TRIGESIMA
SEPTIMA. De conformidad con el Artículo 69 de la Ley Federal de Radio y Televisión, EL
CONCESIONARIO exigirá que toda propaganda de tratamiento y artículos de higiene y
embellecimiento, prevención o curación de enfermedades esté autorizada por la
Secretaría de Salud. En relación con todos aquellos productos vinculados con la higiene
íntima, la propaganda no deberá contener ningún elemento que denigre a la persona
humana promoviendo discriminación de raza o condición social, así como utilizar
elementos auditivos o visuales donde se ofenda al auditorio al no respetar la
idiosincrasia que conforma la cultura nacional.
TRIGESIMA
OCTAVA. La programación extranjera que emita EL CONCESIONARIO, con la autorización de la
Secretaría de Gobernación, de conformidad con el Artículo 65 de la Ley, estará
preferentemente orientada a fines culturales, a los que deberán subordinarse los de
esparcimiento y deberá ser originada y producida en diversos países, a efecto de que el
auditorio reciba las diversas manifestaciones y valores de la cultura universal y exprese
la pluralidad internacional.
TRIGESIMA
NOVENA. EL CONCESIONARIO se abstendrá de transmitir lo siguiente:
I.- Cualquier
tipo de emisión contraria a la seguridad del Estado, al interés público, a las buenas
costumbres, a los intereses económicos del país, a su desarrollo armónico, a la
respetabilidad o estabilidad de sus instituciones; o ataque los derechos de terceros o
provoque la comisión de algún delito o perturbe el orden y la paz públicos;
II.- Todo
aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes o para las
creencias religiosas, así como lo que discrimine a cualquier raza;
III.- Hacer
apología de la violencia o del crimen;
IV.- Todo tipo
de propaganda o publicidad a centros de reunión, cualquiera que sea su denominación, en
los que abierta o veladamente se ejerza la prostitución o se ofenda la moral; de sitios
que constituyan centros de perversión; de lugares en que se crucen apuestas, excepto
aquellos que estén autorizados legalmente, así como de todos los demás que para los
efectos de su publicidad por radio y televisión la Secretaría de Gobernación califique
como centros de vicio; y
V.- Toda
manifestación o expresión maliciosa que exponga a una persona al odio, desprecio o
ridículo o pueda causarle daño en su reputación o en sus intereses.
EL CONCESIONARIO
deberá acatar las observaciones que le haga la Secretaría de Gobernación acerca del
contenido de las transmisiones conforme a la Ley.
CUADRAGESIMA. A
propuesta de LA SECRETARIA, EL CONCESIONARIO, de acuerdo con sus posibilidades, admitirá
en la estación para efectuar prácticas a estudiantes y pasantes de las carreras
directamente relacionadas con la televisión, siempre que se trate de personas que
realicen sus estudios en escuelas reconocidas por el Estado.
CUADRAGESIMA
PRIMERA. Además de las causas de revocación establecidas en el Artículo 31 de la Ley
Federal de Radio y Televisión y con fundamento en la Fracción IX del propio precepto,
esta Concesión podrá ser revocada por LA SECRETARIA, cuando EL CONCESIONARIO incurra en
cualquiera de las causas siguientes:
I.- Por no
prestar con exactitud y regularidad el servicio autorizado en esta Concesión, no obstante
el apercibimiento que para ello le haga LA SECRETARIA u otra autoridad;
II.- Por
traspasar la Concesión o los derechos que de ella deriven, sin previa autorización de LA
SECRETARIA, otorgada por escrito o por incumplir las Condiciones SEPTIMA y OCTAVA de esta
Concesión;
III.- Por
negarse injustificadamente a efectuar las transmisiones a que se refieren los Artículos
59, 60 y 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión o las establecidas en las Condiciones
VIGESIMA CUARTA y VIGESIMA QUINTA de esta Concesión;
IV.- Por no
reunir sus transmisiones las condiciones y características a que se refiere el Artículo
5o. de la Ley Federal de Radio y Televisión y por incumplimiento reiterado a lo
establecido en las Condiciones DECIMACUARTA, VIGESIMAPRIMERA, VIGESIMASEGUNDA,
VIGESIMASEPTIMA y TRIGESIMA SEPTIMA.
V.- Por incurrir
reiteradamente en violaciones a las obligaciones y disposiciones señaladas en este
Título; y
VI.- Por incitar
a la violencia o realizar transmisiones contrarias a la seguridad del Estado, a la
integridad nacional y a la paz y el orden públicos;
CUADRAGESIMA
SEGUNDA. La caducidad o revocación de esta Concesión, será declarada
administrativamente de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 35 de la Ley Federal de
Radio y Televisión y, en su caso, se observará lo dispuesto en los Artículos 32, 33 y
34 de la propia Ley.
CUADRAGESIMA
TERCERA. Las violaciones a las disposiciones de la Ley, a su Reglamento y a las
obligaciones aceptadas por EL CONCESIONARIO en el presente Título de Concesión, serán
sancionadas por la Secretaría que corresponda con fundamento en los términos del Título
Sexto de la Ley Federal de Radio y Televisión.
CUADRAGESIMA
CUARTA. EL CONCESIONARIO se obliga a constituir un depósito o una fianza por la cantidad
de N$ 500.00 para garantizar el cumplimiento y las obligaciones que imponga esta
Concesión, garantía prevista conforme al Artículo 19 de la Ley Federal de Radio y
Televisión, misma que oportunamente será presentada, calificada y aprobada por LA
SECRETARIA.
Dicha garantía
está afecta al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que le impone esta
Concesión, las Leyes de la materia, sus Reglamentos y los acuerdos administrativos que
dicte LA SECRETARIA.
Si dicha
garantía se extingue o disminuye EL CONCESIONARIO está obligado a restituirla o
completarla dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se le comunique su
extinción o disminución.
Dado en la
Ciudad de México, Distrito Federal a los quince días del mes de noviembre de mil
novecientos noventa y cuatro.— El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Emilio Gamboa Patrón.
EL
CONCESIONARIO, Televisora del Valle de México, S.A. de C.V..»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.— Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico.
ANEXO 1
Instalaciones y
equipos necesarios para la continuación del servicio de la estación de televisión en la
banda de UHF.
1.- SECCION DE
GENERADORES DE PROGRAMACION.
- Cámaras de
televisión de estudios
- Cámaras de
televisión portátiles
- Switchers
- Grabadoras y
reproductoras de estudio
- Correctores de
base de tiempo
- Generador de
sincronía
- Editora
- Mezcladora de
audio
- Micrófono
- Sistema
de parcheo y Switchers audio-video
-
Grabadora/reproductora de audio
- Amplificador
de audio
- Consola de
video/audio
2.- SECCION DE
MEDIOS DE ENLACE
- Equipo de
enlace por microondas o vía satélite
3.- SECCION DE
TRANSMISION
- Equipo de
transmisión principal
- Equipo de
transmisión auxiliar o de emergencia
4.- SECCION DEL
SISTEMA RADIADOR
- Soporte
estructural
- Línea de
transmisión
- Antena
- Acopladores
5.- SECCION DE
EQUIPO DE MEDICION, COMPROBACION Y PRUEBAS
- Medidor de
tensión de la línea de alimentación
- Generador o
generadores de señales de prueba
- Analizador de
banda lateral o generador de barrido
- Monitor de
forma de onda
- Procesador de
video
- Monitor de
modulación de video y audio
- Carga
artificial con wattmetro y conmutador.»
«TELEVISORA del
Valle de México.
Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.— Dirección General de Sistemas de Radio y
Televisión.— Dirección de Televisión.— Ing. Fernando Borjón Figueroa.—
Presente.
Lic. Fernando
Francisco Gómez Mont Urueta, representante legal de TELEVISORA DEL VALLE DE MÉXICO, S.A.
DE C.V., Concesionaria de la Televisora XHTVM-TV Canal 40 de México, DF., con domicilio
para oír y recibir notificaciones en Idaho No. 14 Col. Nápoles, 03610 México,
DF., y autorizado para oír y recibirlas en su nombre a los licenciados, Carlos Sesma
Mauleón, Sergio Manzanares Martínez, Rebeca Miachne Boss, Ricardo Giorgana y Nora Berta
Fernández Prado, así como a los pasantes en Derecho, Patricia Rico Arreola, Carlos Sesma
Minvielle, Silvia Esquivel Rocha y Hortensia Meneses Jiménez, indistintamente, ante esa
H. Dirección, con el debido respeto comparezco y expongo:
Que el día de
hoy 27 de diciembre de 2002, alrededor de las dos de la mañana, diversos individuos
encapuchados, vestidos de negro y armados se internaron por la fuerza a las instalaciones
de la planta transmisora de la televisora XHTVM-TV Canal 40, ubicado en el Cerro del
Chiquihuite, DF., una vez amagado el personal del Canal 40 que ahí se encontraba, por la
fuerza se les hizo transmitir la imagen y sonido del Canal 13 de Televisión de la Cd. de
México, hecho lo cual forzaron al personal de Canal 40 aparecer en una filmación en la
cual se simulaba que personal de Televisión Azteca se introducía pacíficamente a las
oficinas del Canal 40, argumentando que traían una resolución derivada de un
arbitraje la cual les permitía el acceso.
En virtud de
todo lo anterior por medio del presente escrito, venimos a manifestar a esa H. Autoridad
que en este momento la estación se encuentra transmitiendo programación no autorizada
por el concesionario y se encuentra siendo operada por un tercero ajeno a la sociedad
concesionada.
A esa H.
Dirección, muy atentamente pido se sirve:
UNICO: Se tome
nota de lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar de lo aquí expuesto y
en su oportunidad se expidan las medidas pertinentes a efecto de que la operación de la
televisora XHTVM-TV Canal 40 quede debidamente regularizada.
Atentamente.
Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.»
«TELEVISORA Del
Valle de México.
Dirección
General de Sistemas de Radio y Televisión.— Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.— Presente.
Asunto: XHTVM-TV
Canal 40
LIC. FRANCISCO
JAVIER F. MORENO VALLE SUAREZ, en nombre y representación de TELEVISORA DEL VALLE DE
MEXICO, S.A. de C.V., concesionaria de la Televisora XHTVM-TV Canal 40 de México,
D.F., personalidad que tengo acreditada y reconocida ante esa Dirección, por medio del
presente escrito hago de su conocimiento lo siguiente:
El día de hoy,
aproximadamente a las dos de la madrugada, un grupo armado conformado por hombres vestidos
de negro y con el rostro cubierto, sometieron al personal que se encontraba trabajando en
las instalaciones de mi representada en el Cerro del Chiquihuite y ocuparon dicho lugar.
Los empleados de
mi representada fueron esposados y tenidos boca abajo y, después de varias horas de
intimidación y amenazas, se les obligo a firmar diversos documentos antes de su
liberación.
Por tal razón,
la señal que se ha transmitido en el Canal 40 de la Ciudad de México desde las primeras
horas del día de hoy, no corresponde a la programación elaborada y determinada por mi
representada, en su carácter de titular de la concesión, lo que hago del conocimiento de
esa Secretaría, para todos los efectos legales a que haya lugar.
Atentamente.
México, DF., a
27 de diciembre de 2002.— Lic. Francisco Javier
F. Moreno Valle.»
«ARQ. PEDRO
CERISOLA Y WEBER, SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.— Presente.
En relación con
la operación del Canal 40 por parte de TV Azteca, S.A. de C.V. y su filial Operadora
Mexicana de Televisión, S.A. de C.V., me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:
En diciembre de
1998, TV Azteca, S.A. de C.V. y el señor Javier Moreno Valle Sánchez celebraron
contratos para que TV Azteca, S.A. de C.V., operará el Canal 40, por un pe- ríodo de 10
años. Para ello, el señor Moreno Valle recibió 15 millones de dólares como anticipo de
los primeros 3 años de operación del Canal 40 y un crédito (ilegible) que
asciende a 17.5 millones de dólares garantizados con prenda sobre el 51 por ciento de la
acciones de la concesionaria de Canal 40, así como la opción de compra a favor de TV
Azteca, S.A. de C.V.
Desde el 17 de
julio del año 2000, Javier Moreno Valle, de manera (ilegible) y sin derecho, privó
a TV Azteca, S.A. de C.V., de la operación de Canal 40 y pretendió desconocer los
contratos que celebraron en diciembre de 1998.
Queda claro que
Javier Moreno Valle pretende evadir sus responsabilidades legales y además quedarse con
25 millones de dólares, más sus rendimientos, que recibió de TV Azteca a cambio de la
operación del Canal 40 y de comprar hasta el 51 por ciento de la Televisora del Valle de
México.
A la fecha, el
único procedimiento que ha concluido es el juicio arbitral iniciado por TV Azteca, S.A.
de C.V. ante la Corte Internacional de Arbitraje sobre la (ilegible) y exigibilidad del
Convenio de Asociación y del Contrato de Opciones. Al respecto, esa Corte resolvió,
entre otras lo siguiente:
Primero.- Que el
Contrato de Operación de Canal 40 existe, es válido y vigente y por lo tanto obligatorio
para Televisora del Valle de México, S.A. de C.V., concesionaria del Canal 40.
Segundo.- Que TV
Azteca, S.A. de C.V. está facultada para ejercer la opción de compra del 51 por ciento
de las acciones de Canal 40 y que puede el precio de los adeudos que Televisora del Valle
de México, S.A. de C.V. y Javier Moreno Valle tiene con TV Azteca, S.A. DE C.V.
Tercero. Que el
precio fue efectivamente pactado y acordado por las partes. El hecho de que el precio
esté referenciado al EBITDA garantiza el apego a una fórmula de uso común en el mundo
empresarial.
Por otra parte,
aún continúan pendientes de resolver los siguientes procedimientos iniciados por TV
Azteca, S.A. de C.V..
1. Juicio civil
de daños y perjuicios. Iniciado con el propósito de obtener condena a Corporación de
Noticias e Información, S.A. de C.V. y a Televisora del Valle de Mexico, S.A. de C.V.,
por daños y perjuicios causados a TV Azteca, S.A. de C.V. por la terminación unilateral
del Contrato de Operación de Canal 40.
2. Denuncia
penal. Iniciada con el propósito de que se finque responsabilidad penal a Javier Moreno
Valle por interrumpir la señal de “Azteca 40”. La averiguación previa fue
iniciada por la Procuraduría General de la República en agosto del año 2000.
3. Procedimiento
especial de autorización de venta de Prenda. Con objeto de obtener la autorización para
la venta del 51 por ciento de las acciones de Televisora del Valle de México, S.A. de
C.V., con la cuales se garantiza un adeudo vencido de Canal 40 a TV Azteca, S.A. de C.V.
por aproximadamente 17 millones de dólares.
Este 27 de
diciembre, TV Azteca, S.A. de C.V., reasumió la operación del Canal 40 con base en el
Contrato de Producción Programación y Comercialización vigente, y que además ha sido
declarado existente y válido por resoluciones inapelables de Tribunales Colegiados en
México y del Tribunal Arbitral de la Corte Internacional de Arbitraje.
A mayor
abundamiento:
a) El 15 de
noviembre de 1994, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, expidió a Televisora
del Valle de México, S.A. de C.V., una concesionaria para operar y explotar la estación
de televisión comercial de la banda UHF, con las siguientes características:
“Canal
asignado: 40
Ubicación del
equipo transmisor: México. DF
Potencia
autorizada: 3,190.77 kw
Sistema
radiador: Omnidireccional
Horario:
24 horas
Distintivo de
llamada: XHTVM-TV
Tipo de
estación: Comercial.”
b) Con fecha 9
de octubre de 1998, corporación de noticias e información, S.A. de C.V. celebró con
Televisora del Valle de México, S.A. de C.V. un acuerdo de voluntades denominado Contrato
de Programación, Promoción y Organización por virtud del cual, se acordó que
Corporación de Noticias e Información, S.A. de C.V. prestaría servicios a la
concesionaria del Canal de Televisión UHF esto es, a Televisora del Valle de México, SA
de C.V., para la operación, programación y explotación de la concesión del citado
Canal televisivo. El contrato de referencia otorga al prestador de servicio en forma
específica los siguientes:
“i. La
comercialización y mercadotecnia a través del desa-rrollo y promoción de marcas,
derechos de autor, campañas publicitarias, producción de anuncios publicitarios,
producciones en general, dentro y fuera de la República Mexicana, búsqueda, selección y
contratación de clientes comerciantes para el Canal 40 y venta de servicios televisivos,
comercialización dentro y fuera del territorio nacional de programas de televisión.
ii. Servicios de
programación, incluyendo sin limitación la adquisición, producción y realización de
programas de televisión para su emisión en el Canal 40.
iii. Producción
de programas televisivos para su uso o para el de terceros, la coordinación de
producciones de programas de televisión efectuadas por terceros para su uso o para el de
terceras personas. La obtención de licencia de derechos de transmisión por televisión,
implementación de estrategias, elaboración de nuevos proyectos y planeación en materia
de programación.
iv. Desarrollo
de estrategias y nuevos productos publicitarios, estudios de residencias nacionales e
internacionales en materia de programación. Elaboración de barras programáticas y
planeación en materia programación.
v. Servicios de
facturación, cobranza, asesoría en la elaboración de contabilidad, asesoría en el
manejo de su tesorería, asesoría para la celebración de operaciones financieras, e
inversiones en activos, obtención de recursos financieros para la operación y
equipamiento del Canal 40.
vi.
Administrativos, incluyendo sin limitación servicios en las áreas recursos humanos,
materias, legales, fiscales y administrativos.
vii.
Inmobiliarios, incluyendo sin limitación servicios en las áreas de compraventa de
inmuebles, arrendamientos, subarrendamientos, comodatos y derechos de uso de bie-nes
inmuebles.
viii. Servicios
informáticos incluyendo sin limitación servicios en las áreas de computación, software
y su actualización, hardware y su mantenimiento, estudios y desarrollos de programas.
ix. Servicios
técnicos, incluyendo sin limitación alguna la asesoría técnica y la selección,
compra, expedición, instalación y mantenimiento de equipos y sus accesorios.
x. Servicios de
asesoría y contratación para la recepción, conducción y distribución de señales,
incluyendo la propia señal del Canal 40, a través de microondas, satélites y/o
cualquier otro medio de envío y recepción.
xi. Asesoría en
instalación, mantenimiento tanto preventivo, como correctivo u operación del equipo
necesario para la emisión y distribución de la señal del Canal 40.”
c) El 10 de
diciembre de 1998, TV Azteca, S.A. de C.V. y su subsidiaria Operadora Mexicana de
Televisión, S.A. de C.V., suscribieron con Televisora del Valle de México, S.A. de C.V.,
Corporación de Noticias e Información, S.A. de C.V. y el señor Javier Moreno Valle
Suárez, un convenio marco que le otorga a mis representadas el derecho de operar,
programar, promover, comercializar el Canal 40 de televisión UHF, y además, en forma
específica, a prestar todos los servicios a que se refiere el contrato identificado en el
párrafo anterior, todo esto sujeto a la firma de un diverso convenio que se suscribió el
mismo día 10 de diciembre de 1998; el primero de los contratos se denominó
“Convenio de Asociación Estratégica” y el segundo “Contrato de Cesión de
Derechos y obligaciones.
d) Como
resultado de la aceptación de la cesión de los derechos y obligaciones asumidos,
Operadora Mexicana de Televisión, S.A. de C.V., tiene el derecho irrestricto para operar,
programar el Canal 40 y lograr la difusión del mismo, de toda la programación y anuncios
comerciales.
e) De
conformidad con la condición Novena del título de concesión otorgado a Televisora del
Valle de México, S.A. de C.V., el concesionario tiene obligación de solicitar la
autorización previa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para todos los
actos o contratos que pretenda celebrar y que de manera fundamental modifique la
operación de la estación de televisión materia de la concesión para operar el Canal
40.
Así, según se
pactó expresamente en los contratos, y consta en la propia condición Novena, sería
necesario para la eficacia de los precitados acuerdos de Voluntades, que éstos fueran
aprobados por la autoridad administrativa de mérito.
f) Mediante
oficio número 119.203/0711/2000, de fecha 13 de julio de 2000, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Sistemas de Radio y
Televisión, autorizó los contratos antes referidos, y por ende, dicha autoridad
reconoció que Operadora Mexicana de Televisión, S.A. de C.V. procedería a la
operación, explotación, comercialización, programación y producción de la señal
televisiva difundida a través del Canal 40.
g) Igualmente,
mediante oficio 119.168/00/000394, emitido con fecha 27 de octubre de 2000, la Dirección
General de Sistemas de Radio y Televisión, por virtud de la aprobación de los
precitados contratos, consideró a mis representadas con interés legítimo respecto de la
concesión del Canal 40.
h) Finalmente,
mediante oficio 119.203/0588/2002 de fecha 16 de mayo de 2002, la propia Dirección
General de Sistemas de Radio y Televisión (ilegible) el carácter de TV Azteca,
S.A. de C.V. y de Operadora Mexicana de Televisión, S.A. de C.V. con interés legítimo,
inmediato y directo sobre la concesión del Canal 40.
i) En función
de los contratos antes señalados y la aprobación administrativa correspondiente,
Operadora Mexicana de Televisión. S.A. de C.V. filial y subsidiaria de TV Azteca, S.A. de
C.V., vino operando, comercializando y explotando normalmente el Canal televisivo ya
citado.
j) Después, el
día 17 de julio de 2000, en forma unilateral y por vías de hecho, Corporación de
Noticias e Información, S.A. de C.V. y Televisora del Valle de México, S.A. de C.V. por
conducto de sus representantes, factores o dependientes, suspendieron la señal enviada
por Operadora Mexicana de Televisión, S.A. de C.V. para su difusión al aire, lo que dio
lugar a un juicio mercantil y a un procedimiento arbitral, (ilegible) siguientes:
Juicio ordinario
mercantil, seguido por TV Azteca, S.A. de C.V. y Operadora Mexicana de Televisión, S.A.
de C.V. en contra de Corporación de Noticias e Información, S.A. de C.V. y Televisora
del Valle de México, S.A. de C.V., radicado ante el Juzgado Quinto de lo Civil del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, bajo el número de expediente
588/2000, que se ha tramitado en sus diversas etapas, esto es, primera instancia, segunda
instancia, amparo concedido a mis mandantes y a últimas fechas, se dictó en cumplimiento
a la ejecutoria de amparo por la Sala de apelación, una resolución el 21 de noviembre
del año en curso, que al no satisfacer plenamente a las sociedades que represento, será
motivo de impugnación a través de diverso juicio de garantías; y
Procedimiento
arbitral seguido por TV Azteca, S.A. de C.V. en contra de Javier Moreno Valle Suárez y
Televisora del Valle de México, S.A. de C.V., tramitado bajo las reglas de arbitraje de
la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, bajo el
número de referencia 11286/KGA.
k) Actualmente,
desde el 27 de diciembre de 2002 y derivado de lo resuelto en el laudo arbitral de fecha
10 del mismo mes y, año emitido en el procedimiento descrito en el inciso “b)”
del inciso que antecede TV Azteca, S.A. de C.V. y Operadora Mexicana de Televisión, S.A.
de C.V., se encuentran operando, transmitiendo, programando y comercializando el canal 40
de televisión UHF, y por ende, tienen derecho a seguir produciendo y programando dicho
canal.
De lo anterior
se desprende lo siguiente:
(i) La
Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó una concesión a Televisora del Valle
de México, S.A. de C.V., para operar y explotar el canal 40 de televisión.
(ii) En virtud
de los pactos contenidos en sendos contratos: el Convenio de Asociación Estratégica y el
Contrato de Cesión de Derechos y Obligaciones, ambos de fecha 10 de diciembre de 1998,
suscritos entre mis poderdantes, Corporación de Noticias e Información, S.A. de C.V.,
Televisora del Valle de México, S.A. de C.V. y Javier Moreno Valle, ha sido posible que
la precitada concesión televisiva sea explotada por aquéllas, como hasta el día de hoy
lo sigue haciendo.
(iii) Las
autoridades responsables han reconocido a TV Azteca, S.A. de C.V. y a Operadora Mexicana
de Televisión, S.A. de C.V. no sólo con interés jurídico en la concesión a la que me
vengo refiriendo, sino que además, han determinado expresamente que mis poderdantes
tienen derecho a explotar, programar y comercializar el canal 40 de televisión, pues de
conformidad con las resoluciones contenidas en los oficios de fechas 13 de julio de 2000,
27 de octubre de 2000 y 16 de mayo de 2002, autorizaron tanto el Convenio de Asociación
Estratégica como el Contrato de Cesión de Derechos y Obligaciones a los que ya se ha
hecho referencia anteriormente.
Ahora bien, como
lo demuestro con la copia sellada de la demanda que anexo, mis representadas solicitaron
el amparo y protección de la Justicia Federal y, en consecuencia, corresponde
exclusivamente a los órganos del Poder Judicial de la Federación resolver sobre el
particular.
Atentamente.
México, DF, a
30 de diciembre de 2002.— Lic. Francisco Javier
Borrego Hinojosa Linaje.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.
Arquitecto Pedro
Cerisola y Weber, Secretario de Comunicaciones y Transportes.— Presente.
En cumplimiento
al acuerdo Ministerial dictado en la Averiguación Previa al rubro indicada y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 21 y 102 apartado “A” de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. fracción I, 2o.
fracciones I y II, 13, 118, 119, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales,
hago de su conocimiento que el día 27 de diciembre del año en curso se recibió denuncia
del Apoderado General de las empresas Corporación de Noticias e Información, S.A. de
C.V., y Televisora del Valle de México, S.A. de C.V.., en la que señala que siendo las
02:00 A.M. del pasado 27 de diciembre de 2002, personal armado se introdujo a las
instalaciones de Canal 40 ubicadas en el cerro del Chiquihuite y que el personal de
seguridad y técnico que se encontraba en dicho lugar fue sometido con violencia y
obligado a prestar auxilio técnico, con el objeto de modificar los equipos propiedad de
su mandante, con el objeto de trasmitir la señal de TV AZTECA y dejar de trasmitir la
señal y programación que normalmente emite CANAL 40.
En atención a
las atribuciones en materia que esa Secretaría a su muy digno cargo tiene conferidas en
relación con el otorgamiento de concesiones para la explotación de las Vías Generales
de Comunicación y para los efectos de la debida integración de la Averiguación Previa,
solicito se sirva emitir a la brevedad posible opinión técnica en materia de
telecomunicaciones respecto de los hechos denunciados.
Asimismo se
solicita se sirva manifestar formalmente si esa dependencia formula o no denuncia y/o
querella con motivo de los referidos hechos.
Para los efectos
de nuestra solicitud, pongo a su disposición la información y probanzas que obran en la
averiguación previa 469/FESPLE/02, en las oficinas de la Fiscalía Especial para la
Atención de delitos cometidos por Servidores Públicos y previstos en Leyes Especiales,
ubicada en Avenida Paseo de la Reforma No. 72, ler. Piso, Colonia Guerrero. Delegación
Cuauhtémoc, Código Postal 06300, con número telefónico 53-46-13-24.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
México, DF, a
30 de diciembre de 2002.—Lic. Ignacio Sandoval
Alviso, F.C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa
XII-FESPLE.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
Lic. Ignacio
Sandoval Alviso.— Agente del Ministerio Público de la Federación.— Titular de
la Mesa XII-FESPLE.— Presente.
Me refiero a su
atento oficio número 8611/FESPLE/2002, recibido el 30 de diciembre del 2002. Sobre el
particular se rinde el siguiente informe técnico:
Con fecha 15 de
noviembre de 1994, se otorgó título de concesión clave 93-IV-19-TV a Televisora del
Valle de México, S.A. de C.V. (TVM), para operar y explotar la estación de televisión
comercial de la banda de UHF, con una vigencia de 15 años, contados a partir de 19 de
abril de 1993 y vencimiento el 18 de abril de 2008, con las siguientes características:
Canal asignado:
Canal 40.
Ubicación del
equipo transmisor: México, D.F.
Potencia
autorizada: 3,190.77 kW.
Sistema
radiador: Omnidireccional.
Horario: 24
horas.
Distintivo de
llamada: XHTVM-TV.
Tipo de
estación: Comercial (se anexa copia).
Asimismo, con
base en la información contenida en el expediente de TVM, dicha concesionaria tiene
autorizados y registrados los siguientes equipos y frecuencias de enlaces estudio-planta y
control remoto:
1. Sistema
Radiador, Marca: Atan Dick; Modelo: S/M; Domicilio, Planta Transmisora: cerro del
Chiquihuite, Colonia Cuautepec Barrio Alto, Delegación Gustavo A. Madero, D.F, Domicilio
de los Estudios: Montecito No. 38 Torre WTC Piso No. 40, Col. Nápoles, Deleg. Benito
Juárez, D.F. (Registrado en 30/11/1998).
2. Servicios
Auxiliares a la Radiodifusión. (i) Enlace estudio-planta, Frecuencia: 12762.5 MHz,
Polarización: Vertical; Transmisor: Marca Adaptive Broadband Modelo Tx905959-010, Sistema
Radiador: Marca Andrew Modelo P6-122F; (ii) Tipo: Enlace estudio-planta, Frecuencia:
12762.5 MHz, Polarización: Horizontal; Transmisor: Marca Adaptive Broadband Modelo
Tx905959-010, Sistema Radiador: Marca Andrew Modelo P6-122F; (iii) Enlace estudio-planta,
Frecuencia: 13012.5 MHz, Polarización: Vertical; Transmisor: Marca Adaptive Broadband
Modelo Tx905959-010, Sistema Radiador: Marca Andrew Modelo P8122F; (iv) Enlace
estudio-planta, Frecuencia: 13037.5 MHz, Polarización: Horizontal; Transmisor: Marca
Adaptive Broadband Modelo Tx905959-010, Sistema Radiador: Marca Andrew Modelo P6-122F; (v)
Enlace estudio-planta, Frecuencia: 13087.5 MHz, Polarización: Vertical; Transmisor: Marca
Adaptive Broadband Modelo Millenium PML, Sistema Radiador: Marca Millenium Modelo
Parabolic, (vi) Control Remoto, Frecuencia: 13087.5 MHz, Polarización: Horizontal;
Transmisor: Marca Adaptive Broadband Modelo Millenium PML, Sistema Radiador: Marca Andrew
Modelo VHP2-130; (vii) Control Remoto, Frecuencia: 13037.5 MHz, Polarización: Vertical;
Transmisión Marca Adaptive Broadband Modelo Millenium PML, Sistema Radiador: Marca Andrew
Modelo VHP2-130.
Con fechas 27 y
30 de diciembre de 2002, se recibieron escritos de TVM relacionados con el presente asunto
(se anexan copias).
Mediante escrito
de fecha 30 de diciembre de 2002, TV Azteca y Operadora Mexicana de Televisión S.A. de
C.V. presentan información relacionada presente asunto (se anexa copia).
En función de
lo anterior, con fecha 6 de enero de 2003, se solicitó a la Comisión Federal de
Telecomunicaciones, que realizara las acciones conducentes, a efecto de conocer con cuales
frecuencias de enlace estudio-planta y control remate (ilegible) operando la concesión,
con el propósito de conocer si las mismas son las autorizadas por esta Secretaría (se
anexa copia).
Con fecha 7 de
enero de 2003, la Comisión Federal de Telecomunicaciones informó a esta Secretaría que
se realizaron acciones de monitoreo de frecuencias en el cerro del Chiquihuite, en la
línea de vista comprendida entre la planta transmisora del canal 40 y los estudios de TM
determinándose que cuatro de las cinco frecuencias de enlaces estudio-planta y una de las
dos frecuencias de control remoto autorizadas a TVM se encuentran en operación (se anexa
copia).
Por la
información anteriormente señalada, desde el punto de vista técnico, se concluye que la
programación transmitida desde el 27 de diciembre pasado hasta el día de hoy por la
mañana, fue enlazada a la planta transmisora del canal 40, por un medio físico distinto
a las frecuencias de enlace estudio-planta y control remoto autorizadas a TVM.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 7
de enero de 2003.— El Director General, lic.
Jorge Rodríguez Castañeda.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
C. Jorge Carlos
Santos Boche, inspector de Vías Generales de Comunicación, adscrito a la Dirección
General de Sistemas de Radio y Televisión.— Presente.
Con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 36, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
4o., 8o., 9o., fracción III, 93, 94, 95, 98, 99 y 100 de la Ley Federal de Radio y
Televisión; 1, 2, 3, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, de aplicación supletoria a la materia; y 1o., 2o., 9o., 10, fracción IV
y 24, fracción XII del Reglamento Interior de esta Secretaría de Estado, y derivado del
conocimiento de los hechos manifestados en los escritos de fecha 27/ y 30 de diciembre de
2002, presentados por Televisora del Valle de México. S.A. de C.V., así como del escrito
de fecha 30 de diciembre de 2002, presentado por TV Azteca, S.A. de C.V. y Operadora
Mexicana de Televisión, S.A. de C.V. (ilegible) trasladar en compañía de los CC.
José Mario Rodas Mendoza y Francisco Javier (ilegible) domicilio que ocupan las
instalaciones de la planta transmisora de la estación de televisión concesionada,
ubicadas en el Cerro del Chiquihúíte, Colonia Cuautepec Barrio Alto, Delegación Gustavo
A. Madero en el Distrito Federal.
Constituido en
el lugar, deberá exhibir a la persona que atienda la diligencia, su credencial vigente
con fotografía número 2020, que lo acredita como Inspector de Vías Generales de
Comunicación adscrito a la Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión,
expedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en términos de los
artículos 1o., fracción III y 4o. del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de
1984, y deberá asegurar las instalaciones y demás bienes destinados a la operación y
explotación de la estación de mérito, en términos de lo dispuesto por el artículo
104-Bis de la Ley Federal de Radio y Televisión, previo inventario que realice de los
mismos, poniéndolos bajo la guarda y custodia de un depositario interventor que al efecto
se designe.
De la actuación
respectiva, deberá instrumentar el acta administrativa correspondiente, en la que hará
constar estos hechos, informando a quien haya atendido la visita que dispone de un
término de 10 (diez) días, contado a partir del día siguiente de celebrada la
diligencia para que en uso de la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente las pruebas y defensas
que a su interés convenga, en la inteligencia de que haga o no uso de ese derecho, se
dictará la resolución que legalmente proceda, dejando un tanto de dicha acta y del
(ilegible) comisión para constancia de lo actuado.
Atentamente.
México, DF, a 9
de enero de 2003.— El Director General, Jorge
Rodríguez Castañeda.»
ACTA DE
ASEGURAMIENTO*
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
C. Francisco
Javier F. Moreno Valle, Representante Legal de la empresa Televisora del Valle de México,
S.A. de C.V.— Presente.
Me refiero a sus
escritos de fechas 27 y 30 de diciembre de 2002, presentados ante esta Secretaría, así
como del escrito de fecha 30 de diciembre de 2002, presentado por TV Azteca, S.A. de C.V.
y Operadora Mexicana de Televisión, S.A. de C.V.
Sobre el
particular, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 13 y 36 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la materia, y 10
fracción IV y 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, se le notifica a usted que el día 9 de enero del año en curso, el inspector
de vías generales de comunicación adscrito a esta Dirección General, se constituyó en
el domicilio que ocupan las instalaciones de la planta transmisora de la estación de
televisión canal 40, ubicadas en el Cerro del Chiquihuite, Colonia Cuautepec Barrio Alto,
Delegación Gustavo A. Madero en el Distrito Federal, asegurando las instalaciones y
demás bienes destinados a la operación y explotación de la estación de mérito, en
términos de lo dispuesto por el artículo 104-Bis de la Ley Federal de Radio y
Televisión, previo inventario realizado de los mismos, poniéndolos bajo la guarda y
custodia del ingeniero Gonzalo Hernández López, a quien se nombró depositario
interventor en ese acto.
En virtud de lo
anterior, se instrumentó el acta administrativa correspondiente, en la que se (ilegible)
estos hechos, informándole en este acto, que dispone de un término de 10 (diez) días,
contando a partir del día siguiente de la legal notificación del presente oficio, para
que en uso de la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente las pruebas y defensas que a su
interés convenga, en la inteligencia de que haga o no uso de ese derecho, se dictará la
resolución que legalmente proceda; anexando copia certificada de dicha acta para los
efectos (ilegible) haya lugar.
Atentamente.
México, DF, a 9
de enero de 2003.— El Director General, Jorge Rodríguez Castañeda.»
«(sic) con el
auto de admisión de la demanda presentada por Televisora del Valle de México, S .A de
C.V. Conste.
México,
Distrito Federal, a veintitrés de enero de dos mil tres.
Como se ordena
en el cuaderno principal con copia de la demanda de amparo presentada por Televisora del
Valle de México, S.A de C.V., en contra de actos del Congreso de la Unión y otras
autoridades, fórmese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de
amparo numero 71/2003.
Con apoyo en los
artículos 130 y 131 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables sus
informes previos, que deberán rendir dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a
partir de la legal notificación de este proveído, a cuyo efecto se les envía copia
simple de la demanda; apercibidas que de no rendirlo, se les impondrá en la sentencia
interlocutoria respectiva, una multa de diez a ciento cincuenta días de salario, conforme
a lo previsto por el artículo 132, tercer párrafo, en relación con el numeral 149,
cuarto párrafo, ambos del ordenamiento legal citado, se señala para que tenga
verificativo la audiencia incidental el día treinta y uno de enero de dos mil tres a las
nueve horas con cincuenta y cinco minutos.
En principio
debe decirse que la parte quejosa no solicita la suspensión, respecto a la
inconstitucionalidad del artículo 104-bis de la Ley Federal de Radio y Televisión, por
lo que la presente suspensión no se ocupará de tal acto, sino únicamente la solicita
por los siguientes:
a) El oficio de
comisión número 119.-004/2003 00000035, de fecha nueve de enero de dos mil tres, signado
por el Director General de Sistemas de Radio y Televisión de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, mediante el cual se ordena el aseguramiento de las
instalaciones y demás bienes destinados a la operación y explotación de la estación de
televisión ubicada en el Cerro del Chiquihuite, Colonia Cuautepec Barrio Alto,
Delegación Gustavo A. Madero, en el Distrito Federal, poniéndolos bajo la guarda y
custodia de un depositario interventor.
b) El acta de
aseguramiento número 001/2003, de fecha nueve de enero de dos mil tres, practicada por el
Inspector Jorge Carlos Santos Bouche, en cumplimiento al oficio señalado en el párrafo
que antecede al presente.
c) El oficio
número 119.-005/2003 00000036, de fecha nueve de enero de dos mil tres, signado por el
Director General de Sistemas de Radio y Televisión de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, por el cual le notifican a la parte quejosa el inicio del procedimiento
administrativo y se le otorga un término de diez días para que presente pruebas y alegue
lo que a su derecho convenga.
En mérito de lo
anterior, y tomando en consideración los efectos para los que solicita la suspensión la
parte quejosa, debe decirse que respecto al consistente en la continuación del
procedimiento administrativo Instaurado en su contra, con fundamento en el artículo 124,
fracción II, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional, en atención a que
los procedimientos son de orden público y no son susceptibles de paralizarse ni
suspenderse.
Sirve de apoyo
la tesis visible en la Página: 637, tomo: 217-228 Sexta Parte, Séptima Epoca, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es:
“Suspensión
de procedimiento improcedente por ser éste de orden público. La continuidad del
procedimiento es de orden público y si se suspende se afectaría el interés general, de
manera que la suspensión no puede otorgarse para detener la tramitación de un juicio;
máxime que dichos efectos ya no serían para mantener las cosas en el estado en que se
encuentran, sino que las retrotraerían al estado en que se encontraban antes de dictarse
el acto reclamado; efectos que sólo puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al
fondo del amparo.”
Por lo que hace
a la aplicación que la sanción prevista en el primer párrafo del artículo 104-bis, de
la Ley Federal de Radio y Televisión, se niega la suspensión provisional ya que dicho
acto reviste el carácter de futuro e incierto, porque la imposición de la sanción que
establece dicho precepto, consistente en la multa prevista en el artículo 103, del
referido ordenamiento y en perder en beneficio de la Nación todos lo bienes muebles e
inmuebles dedicados a la operación o explotación de la estación de que se trate, está
sujeta a lo que resuelva la autoridad administrativa, ya que ello depende del análisis
que realicen las autoridades responsables del acta de aseguramiento, así como el desahogo
de las etapas del procedimiento, en donde la parte ahora quejosa aporte pruebas y alegue
lo que a sus intereses legales convenga, lo que significa que la aplicación de la
sanción de referencia no reviste el carácter de inminente.
Es dable citar
en poyo a lo anterior, por analogía, la tesis visible en la Página: 569, Tomo: II,
Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, Octava Epoca, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro
y texto es:
“Suspensión
improcedente. Actos futuros de realización incierta, no inminentes. Cuando los actos
reclamados consistentes en los efectos y consecuencias de una resolución son de
realización futura e incierta, no procede en contra de los mismos la suspensión
provisional solicitada porque no le causa perjuicio de difícil reparación al quejoso. En
el caso, sólo consta que se efectuó una visita de inspección y con base en ella se
giró un oficio en el que se apercibe a la quejosa de que, en caso de que reincida en la
conducta detectada se le impondrá sanciones previstas en la Ley Federal de Protección al
Consumidor, lo cual es de realización incierta, ya que ello depende de la calificación
que realicen las autoridades responsables del acta de inspección así como del
comportamiento de la agraviada, lo que significa que las consecuencias del oficio
reclamado no revisten el carácter de inminente.”
Respecto a la
emisión del oficio número 119.-004/2003 00000035, de fecha nueve de enero de dos mil
tres, signado por el Director General de Sistemas de Radio y Televisión de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes; del acta de aseguramiento número 001/2003, de fecha
nueve de enero de dos mil tres, practicada por el Inspector Jorge Carlos Santos Bouche; y
del oficio número 119.-005/2003 00000036, de fecha nueve de enero de dos mil tres,
signado por el Director General de Sistemas de Radio y Televisión de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes; se niega la suspensión provisional, en virtud de que dichos
actos revisten el carácter de consumados, en contra de los cuales es improcedente
conceder la medida cautelar.
Sustenta lo
anterior, la Tesis: 557, Página: 371, Tomo VI, Parte TCC, Octava Epoca, Fuente: Apéndice
de 1995, cuyo rubro y texto es:
“Actos
consumados. Suspensión improcedente. Es Improcedente conceder la suspensión de los actos
reclamados síiéstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a
darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en
el juicio de amparo respectivo.”
Por lo que hace
a los efectos y consecuencias de los oficios impugnados consistentes en el aseguramiento
de las instalaciones y demás bienes destinados a la operación y explotación de la
estación de televisión concesionada, ubicadas en el Cerro del Chiquihuite, Colonia
Cuautepec Barrio Alto, Delegación Gustavo A. Madero en el Distrito Federal; y tomando en
consideración la tesis de jurisprudencia 15/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: “suspensión, para resolver sobre ella es
factible, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de
Amparo, hacer una apreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidad del
acto reclamado”; lo cual supone un análisis de la posible o probable violación a
los derechos subjetivos públicos del gobernado.
Debe precisarse
que para el otorgamiento de la suspensión por apariencia de un buen derecho, es necesario
cubrir determinados presupuestos materiales, los cuales son; a) la urgencia -periculum in mora- (la cual se debe apreciar en
relación con la necesidad que, exista de pronunciarse provisionalmente a fin de evitar
que se ocasione a la parte que promueve el amparo con la suspensión un perjuicio grave e
irreparable), en el caso a estudio dicho requisito se satisface con la privación que
realizó la autoridad administrativa de la disponibilidad de los bienes destinados a la
operación y explotación de la estación de televisión comercial de la banda UHF, con el
Canal 40, los cuales fueron asegurados mediante la orden contenida en el oficio
119.-004/2003 00000035, de fecha nueve de enero de dos mil tres, signado por el Director
General de Sistemas de Radio y Televisión de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, lo que le ocasionaría a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil
reparación; b) la apariencia de buen derecho -fumus
boni iuris (justificación a primera vista de otorgar la concesión, derivada de los
antecedentes de hecho y fundamentos de derecho alegados, mas no derivada de las
circunstancias que dan lugar a la urgencia), que supedita la procedencia de la suspensión
al resultado de un examen anticipado, provisional y sumario, de las perspectivas de éxito
de la demanda de amparo, es decir, fundamentalmente consiste por parte del Juez de
Distrito de apreciar al menos a primera vista, que el acto reclamado sea presumiblemente
violatorio de garantías; dicho requisito se satisface en virtud de que la parte quejosa
acredita contar con el título concesión respectivo, vigente hasta el dieciocho de abril
de dos mil ocho, y el aseguramiento respecto de las instalaciones de la planta de la
estación de televisión concesionada, se practicó con fundamento en el artículo
104-bis, de la Ley Federal de Radio y Televisión, que establece el supuesto de
aseguramiento para el que lleve a cabo la, operación o explotación de estaciones de
radiodifusión sin concesión o permiso por parte del Ejecutivo Federal, lo que se
contrapone con el título de concesión señalado; y en última instancia el decisivo y
determinante, c) la ponderación de los intereses en conflicto (fundado en el principio de
la proporcionalidad) como criterio modulador de la procedencia de la suspensión o lo que
es lo mismo, se debe examinar, con posterioridad a la comprobación de la concurrencia de
los dos requisitos de fondo antes aludidos, si la medida cautelar solicitada en principio
procedente, claro está, alteraría o no el equilibrio de intereses, entre las partes en
conflicto, es decir, el juez debe ponderar, por un lado, las ventajas para el interés
general o público e inconvenientes para el interés del solicitante de la medida cautelar
y, por otro, las ventajas para el interés del demandante e inconvenientes para el
interés general; en la especie se colma el presente requisito, en virtud de que con la
concesión de la medida suspensional no se contravienen disposiciones de orden público ni
al interés general, sino por el contrario la sociedad esta interesada en que las
concesiones en materia de estación de televisión sean explotadas y por ende cumplan con
la finalidad para la que fueron otorgadas, esto es, la transmisión de programas
televisivos y, por el contrario la negativa ocasionaría daños y perjuicios de difícil
reparación al solicitante del amparo.
Por lo antes
expuesto, con fundamento en los artículos 124, 125, 130 y 139 de la Ley de Amparo, se
concede la suspensión, provisional solicitada, para el único efecto de que se levante el
aseguramiento de las instalaciones y demás bienes destinados a la operación y
explotación de la estación de televisión concesionada, ubicadas en el Cerro del
Chiquihuite, Colonia Cuautepec Barrio Alto, Delegación Gustavo A. Madero en el Distrito
Federal, ordenada mediante oficio 119.-004/2003 00000035, de fecha nueve de enero de dos
mil tres, signado por el Director General de Sistemas de Radio y Televisión de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como por los efectos y consecuencias
originados por dicho aseguramiento.
Además, porque
la parte quejosa acredita su interés suspensional con el título de concesión otorgado
por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, el día quince de noviembre de mil
novecientos noventa y cuatro, la cual comprende una vigencia de quince años, contada a
partir del diecinueve de abril de mil novecientos noventa y tres al dieciocho de abril de
dos mil ocho, respecto de la estación de televisión materia del acto reclamado en el
presente juicio.
Derivado de lo
expuesto, con fundamento en los artículos 143, 104 y 105 de la Ley de Amparo, requiérase
al Director General de Sistemas de Radio y Televisión de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de la
legal notificación del presente proveído, proceda a levantar el aseguramiento de las
instalaciones y demás bienes destinados a la operación y explotación de la estación de
televisión concesionada, ubicadas en el Cerro del Chiquihuite, Colonia Cuautepec Barrio
Alto, Delegación Gustavo A. Madero en el Distrito Federal, ordenado mediante oficio
119.-004/2003 00000035, de fecha nueve de enero de dos mil tres, emitido por la propia
autoridad; apercibido que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto en los
artículos de referencia.
La presente
medida cautelar surte sus efectos desde luego, y podrá continuar surtiéndolos, siempre y
cuando la parte quejosa dentro del termino de cinco días, contados a partir de que surta
efectos la legal notificación del presente proveído, garantice mediante fianza o
depósito a disposición de este juzgado, la cantidad de $50,000,000.00 (cincuenta
millones de pesos 00/100), monto que se fija de manera discrecional atendiendo al
contenido del escrito de TV, Azteca, S.A de C.V., y Operadora Mexicana de Televisión, S.A
de C.V., de fecha treinta de diciembre de dos mil dos, en el cual refieren que Televisora
del Valle de México, recibió quince millones de dólares como anticipo de los primeros
tres años de operación del canal 40, y tomando en consideración que en la especie se
reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal, se estima que la sustanciación
del juicio de amparo, así como la probable revisión ante el Tribunal Colegiado
correspondiente o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su caso, llevará por lo
menos un año, es por ello que fraccionando dicha cantidad, esto es, si fueron quince
millones de dólares por tres años, entonces son cinco millones de dólares por cada
año, la cual se considera a razón de $10.00 (Diez pesos 00/100 M.N) por cada dólar,
tomando en consideración la fluctuación de dicha moneda, dando como resultado la
cantidad fijada como garantía. Sin perjuicio de que ésta varíe con posterioridad al
obrar mayores elementos probatorios para determinarla; en la inteligencia que de no
acreditar la condición señalada con anterioridad, la presente medida cautelar dejara de
surtir sus efectos.
Cabe destacar,
que la concesión de la suspensión provisional, no prejuzga respecto a quien corresponde
la posesión de los bienes asegurados destinados a la operación y explo-tación de la
estación de televisión concesionada, ubicadas en el Cerro del Chiquihuite, Colonia
Cuautepec Barrio Alto, Delegación Gustavo A. Madero en el Distrito Federal, ya que dicha
cuestión deberá ser determinada por parte de las autoridades legalmente competentes para
ello, en atención a que ello no es materia de la
litis constitucional, sino únicamente el actuar de las autoridades responsables, en
virtud de que el juicio de amparo como institución jurídica protectora de garantías
individuales, no dirime cuestiones entre particulares, sólo actos de autoridad.
En cuanto a la
solicitud de copias certificadas del presente proveído, con fundamento en el artículo
279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de
Amparo, expídanse dos tantos, dada la carga de trabajo que impera en este Organo
Jurisdiccional.
Notifíquese; y
personalmente a los terceros perjudicados.
Así lo proveyó
y firma la licenciada Luz María Díaz Barriga de Silva, Juez Séptimo de Distrito en
Materia Administrativa en el Distrito Federal, en unión del secretario José Luis Cruz
Alvarez, que autoriza y da fe.
En esa fecha se
giraron los oficios del 0475-1 al 0484-1 a las autoridades responsables,
notificándoles el auto que antecede. Conste.»
«00518-1
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, DEL PRIMER CIRCUITO, EN TURNO.
00519-I AGENTE
DEL MINISTERIO PÚBLICO.
00520-I
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
00521-I DIRECTOR
DE LA POLICIA FEDERAL PREVENTIVA DE LA SECRETARIA DE GOBERNAClON.
00522-I CONGRESO
DE LA UNION.
00523-I
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN.
00524-I DIRECTOR
DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
00525-I
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
00526-I DIRECTOR
GENERAL DE SISTEMAS DE RADIO Y TELEVISION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES.
00527-I
INSPECTOR DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE
RADIO Y TELEVISION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JORGE CARLOS SANTOS
BOCHE.
00528-I
INSPECTOR DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE
RADIO Y TELEVISION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEPOSITARIO
INTERVENTOR NOMBRADO POR JORGE CARLOS SANTOS
BOCHE GONZALO
HERNÁNDEZ LOPEZ.
00551-I
SUBSECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
En los autos del
Incidente de Suspensión relativo al juicio de amparo número 0071/2003, promovido por
Televisora del Valle de México, S.A. de C.V. contra actos de usted y de otras
autoridades, se dictó el siguiente acuerdo que a la letra dice : ...
El veintisiete
de enero de dos mil tres, el licenciado José Luis Cruz Álvarez, secretario del Juzgado
Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, certifica: que de
conformidad con los artículos 105, y 24, fracción II, de la Ley de Amparo, el término
de veinticuatro horas, otorgado a la autoridad responsable Director General de Sistemas de
Radio y Televisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha transcurrido,
toda vez que fue notificado a las trece horas con cincuenta minutos del día veinticuatro
de enero de dos mil tres, sin que la referida autoridad hubiere informado respecto al
cumplimiento de la suspensión provisional; y da cuenta a la juez con la copia certificada
del proveído dictado en el expediente principal de esta misma fecha y con el estado
procesal que guardan los presente autos, y con las promociones registradas con los
números 1325, 1331 con 12 anexos, 1366 y 1378. Conste.
México,
Distrito Federal, a veintisiete de enero de dos mil tres.
Vista la
certificación que antecede y tomando en consideración que no obra en el expediente
constancias que acrediten que se levantó el estado de aseguramiento de las instalaciones
y demás bienes destinados a la operación y explotación de la estación de televisión
concesionada, ubicadas en el Cerro del Chiquihuite, Colonia Cuautepec Barrio Alto,
Delegación Gustavo A. Madero en el Distrito Federal, tal y como se ordeno mediante el
auto de suspensión provisional de fecha veintitrés de enero de dos mil tres, en
consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en aquél, por lo que con
fundamento en el artículo 105, primer párrafo, en relación con el artículo 143, de la
Ley de Amparo, requiérase al Subsecretario de Comunicaciones y Transportes en su
carácter de superior jerárquico, para que en término de veinticuatro horas, contadas a
partir de la legal notificación del presente proveído, obligue al Director General de
Sistemas de Radio y Televisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a dar
cumplimiento a la suspensión concedida y permita la operación y explotación de la
estación televisora concesionada.
A propósito,
debe precisarse que si bien es cierto que el auto de suspensión señala: “... la
concesión de la suspensión provisional, no prejuzga respecto a quien corresponde la
posesión de los bienes asegurados destinados a la operación y explotación de la
estación de televisión concesionada, ubicadas en el Cerro del Chíquihuite, Colonia
Cuautepec Barrio Alto, Delegación Gustavo A. Madero en el Distrito Federal, ya que dicha
cuestión deberá ser determinada por parte de las autoridades legalmente competentes para
ello, en atención a que ello no es materia de la
litis constitucional, sino únicamente el actuar de las autoridades responsables, en
virtud de que el juicio de amparo como institución jurídica protectora de garantías
individuales, no dirime cuestiones entre particulares, sólo actos de autoridad
....”; también lo es, que ello no debe considerarse un obstáculo para que el
Director General de Sistemas de Radio y Televisión de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, ordene la entrega de la estación televisora que nos ocupa, a
“Televisora del Valle de México, S.A de C.V.”, en atención a que el acto
reclamado en el presente juicio, derivó del conocimiento de los hechos manifestados por
Televisora del Valle de México, S.A de C.V., TV Azteca, S.A de C.V., y Operadora Mexicana
de Televisión, S.A. de C.V., en los escritos de fecha veintisiete y treinta de diciembre
de dos mil dos, tal y como se advierte del oficio número 119.004/2003 00000035, de
fecha nueve de enero de dos mil tres, suscrito por el Director General de Sistemas de
Radio y Televisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; escritos que
refieren los conflictos de posesión que enfrentan dichas televisoras, y por los cuales
solicitan a la autoridad administrativa su intervención, de lo que resulta obvio que la
suscrita no puede prejuzgar respecto de a quien corresponde la posesión, ya que ello
implicaría constreñir a la autoridad responsable a resolver en determinado sentido, lo
que en todo caso será materia del procedimiento administrativo instaurado a las
televisoras, en el que se les otorgó un término de diez días para que ofrezcan las
pruebas que en su caso acrediten a quien corresponde la legítima posesión del bien.
Luego entonces,
si el amparo se promovió por Televisora del Valle de México, S.A de C.V., y la
suspensión se le concedió debido a los daños y perjuicios de difícil reparación que
pueden ocasionársele con motivo del aseguramiento reclamado, resulta obvio que al fijarse
garantía para que el quejoso responda por los daños y perjuicios que en su caso se
ocasionen a los terceros perjudicados, la autoridad responsable debe entregarle la
posesión de la estación televisora.
Sin que dicha
entrega condicione el actuar por parte de la autoridad administrativa respecto del
procedimiento administrativo instaurado.
Asimismo,
agréguese para los efectos legales a que haya lugar, la copia certificada del proveído
de fecha veintisiete de enero de dos mil tres, dictado en el cuaderno principal a que este
incidente se contrae, sin mayor acuerdo dado los términos en él establecidos.
Por otra parte,
en cuanto a la solicitud efectuada por las tercero perjudicadas; con fundamento en el
artículo 127, de la Ley de Amparo, y toda vez que la garantía en el presente asunto se
fijó de manera discrecional, no procede la contragarantía por ellas ofrecida, por lo que
se deja a su disposición la póliza de fianza número GL 167987, previa toma de razón
que de su recibo obre en autos; mientras tanto, guárdese en el seguro de valores de este
juzgado, bajo el número de guarda 4/2003.
Por lo que hace
a la promoción registrada con el número 1366, consistente en el oficio número 356,
signado por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito
Federal, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, quedando
la suscrita enterada de su contenido.
Finalmente,
visto el escrito del representante legal de la parte tercera perjudicada y el oficio
suscrito por la autoridad señalada como responsable: Director General de Sistemas de
Radio y Televisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio de los
cuales se interpone recurso de queja en contra del proveído dictado con fecha veintitrés
de enero del dos mil tres; agréguese una copia de dichas promociones a los cuadernos
relativos al incidente de suspensión y con fundamento en los artículos 95 fracción XI,
97 fracción IV y con el último párrafo del artículo 99, todos de la Ley de Amparo,
remítanse de inmediato los originales de los escritos de agravios al Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito en Turno, para los efectos legales a que
haya lugar, así como el informe justificado sobre el recurso de queja; acompañando copia
certificada del auto recurrido y demás constancias necesarias para el mejor conocimiento
del asunto, solicitando el acuse de recibo respectivo; en la inteligencia de que una vez
que sean recabadas las constancias de notificación relativas a dicho auto, igualmente
serán remitidas.
Notifíquese y
personalmente a la parte tercero perjudicada.
Así lo proveyó
y firma la Licenciada Luz María Díaz Barriga de Silva, Juez Séptimo de Distrito en
Materia Administrativa en el Distrito Federal, en unión del secretario José Luis Cruz
Alvarez, que autoriza y da fe.
Lo que comunico
a usted para su conocimiento y efectos legales procedentes.
México, DF, a
27 de enero de 2003.— Licenciado José Luis
Cruz Alvarez, El Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa
en el Distrito Federal.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
C. Juez Séptimo
de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal.— Presente.
Jorge Rodríguez
Castañeda, Director General de Sistemas de Radio y Televisión de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, con el debido respeto comparezco y expongo:
Me refiero al
auto judicial de fecha 23 de enero de 2003 y a su proveído del 27 de enero del año en
curso, notificado el día de hoy, pronunciado en el cuaderno incidental del juicio de
amparo que al rubro se cita, mediante el cual requiere a esta Dirección General para que
dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de la legal notificación de
dicho acuerdo, proceda a levantar el aseguramiento de las instalaciones y demás bienes
destinados a la operación y explotación de la estación de televisión concesionada,
ubicadas en el cerro del Chiquihuite, colonia Cuautepec Barrio Alto, Delegación Gustavo
A. Madero, en el Distrito Federal, ordenado mediante oficio 119.-004/2003 00000035, de
fecha 9 de enero de 2003.
Al respecto,
informo a usted, en complemento al oficio número 102.304.-SPC/023/03 de fecha 27 de enero
de 2003, suscrito por el Director General de Procesos Contenciosos, en ausencia del
Director General de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría que, en cumplimiento al auto de
fecha 23 de enero del año en curso, notificado el 24 de los mismos, esta Dirección
General, tal y como fue requerido, emitió el oficio número 119.-022/2003, folio 00000377
de fecha 24 de enero de 2003, mediante el cual comisionó al C. Jorge Carlos Santos Boche,
Inspector de Vías Generales de Comunicación, para que se constituyeran en el domicilio
que ocupan las instalaciones de la planta transmisora de la estación de televisión con
distintivo de llamada XHTVM-TV, canal 40, concesionada a Televisora del Valle de México,
S.A. de C.V., a efecto de que en presencia de dos notarios públicos y un perito en
telecomunicaciones, quien verificara el estado en que se encontraban las instalaciones, se
procediera a levantar el aseguramiento realizado el día 9 de enero de 2003; se dejara sin
efectos el nombramiento del depositario interventor que le fue conferido al Ing. Gonzalo
Hernández López, levantando al efecto el acta administrativa correspondiente, y se
hiciera entrega al Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de
Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, que conoce de la causa
penal 4/2003-V, del oficio número 119.024/2003 de fecha 25 de enero de 2003 y copias
certificadas de las actas de aseguramiento y del levantamiento del mismo a dichas
instalaciones, dirigido al Lic. Reynaldo Manuel Reyes Rosas, Juez Primero de Distrito de
Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, para que por su conducto se haga del
conocimiento de dicho juzgador que, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deja a
su disposición las instalaciones y demás bienes destinados a la operación y
explotación de la estación de televisión de mérito, por estar afectas al delito que se
investiga en la causa penal antes referida, que se instruye en el referido juzgado.
En cumplimiento
al oficio de comisión antes citado, el C. Jorge Carlos Santos Boche, Inspector de Vías
Generales de Comunicación, el día 25 de enero de 2003, levantó el aseguramiento de las
instalaciones y demás bienes destinados a la operación y explotación de la estación de
televisión de mérito, retirando los sellos correspondientes, según consta en el acta
administrativa número 00I/2003, tal y como fue requerido por ese H. Juzgado de Distrito,
así como hizo entrega al Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado
Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, que conoce de la
causa penal 4/2003-V, del oficio número 119.024/2003 de fecha 25 de enero de 2003 y
copias certificadas de las actas de aseguramiento y del levantamiento del mismo a dichas
instalaciones, dirigido al Lic. Reynaldo Manuel Reyes Rosas, juez Primero de Distrito de
Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, para que por conducto de esa
representación social federal, se hiciera del conocimiento de dicho juzgador que la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes dejó a su disposición las instalaciones y
demás bienes destinados a la operación y explotación de la estación de televisión de
mérito, por estar afectas al delito que se investiga en la causa penal antes referida,
que se instruye en el referido juzgado.
En respuesta al
oficio 119.024/2003 de fecha 25 de enero de 2003, el licenciado Reynaldo Manuel Reyes
Rosas, Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, que
conoce de la Causa Penal 4/2003-V, mediante auto judicial de fecha 26 de enero de 2003,
comunicó el día 27 de enero pasado, entre otras cosas “... que no acepta la puesta
a disposición de los instalaciones y demás bienes que realiza la institución del
Ministerio Público Federal y la Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión...
“, y estimó que: “debió levantarse el aseguramiento de bienes decretado con
todas sus consecuencias legales a favor de quien se concedió dicha medida cautelar que es
la persona moral quejosa “TELEVISORA DEL VALLE DE MÉXICO, S.A. DE C. V., como se
acredita con la copia certificada de los documentos que así lo acreditan.
Por lo anterior,
esta Dirección General, emitió el oficio número 119.-034/2003, folio 00000381 de fecha
27 de enero de 2003, mediante el cual comisionó al C. Jorge Carlos Santos Boche,
Inspector de Vías Generales de Comunicación, para que se constituyeran en el domicilio
que ocupan las instalaciones de la planta transmisora de la estación de televisión de
mérito, a efecto de que en presencia de un notario público y dos peritos en
telecomunicaciones con especialidad en radiodifusión, hiciera entrega de las
instalaciones y demás bienes destinados a la operación y explotación de la estación de
televisión de mérito, al representante o apoderado legal de la empresa Televisora del
Valle de México, S.A. de C.V., quien designará a la persona que pondrá en operación
dichas instalaciones, de conformidad con los manuales técnicos correspondientes,
verificando los peritos el estado en que se encuentran las instalaciones de la estación
de televisión, levantando al efecto el acta administrativa correspondiente, dejando un
tanto en poder de la persona que reciba la diligencia para constancia.
En cumplimiento
al oficio de comisión antes citado, el C. Jorge Carlos Santos Boche, Inspector de Vías
Generales de Comunicación, el día 27 de enero de 2003, hizo entrega de las instalaciones
y demás bienes destinados a la operación y explotación de la estación de televisión
de mérito, al C. Javier Cortina Cortina, apoderado legal de la empresa Televisora del
Valle de México, S.A. de C.V., verificando los peritos el estado en que se encontraron
las instalaciones de la estación de televisión, levantando al efecto el acta
administrativa número 004/2003, dejando un tanto en poder de la persona que reciba la
diligencia para constancia, iniciando transmisiones aproximadamente a las 21:45 horas de
ese mismo día.
Por las razones
expuestas, solicito se tenga por cumplido el requerimiento ordenado en autos y se deje sin
efectos el apercibimiento decretado, como se acredita con la copia certificada de los
documentos que así lo acreditan.
Por lo antes
expuesto y fundado, A USTED C. JUEZ, atentamente pido se sirva:
PRIMERO.-
Tenerme por presentado en tiempo y forma, informando el cumplimiento ordenado en auto de
fecha 23 de enero de 2003, en los términos precisados y por exhibidas las copias de
referencia.
SEGUNDO.- Dar
vista con el presente escrito a la parte quejosa y tercera perjudicada.
Atentamente.
México, DF, a
28 de enero de 2003.— Jorge Rodríguez
Castañeda, director general.»
Sin otro
particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
México, DF, a
28 de enero de 2003.— Jefe de unidad, lic. Eduardo
Enrique Gómez García.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese
a la Primera Comisión.
CONDECORACIONES
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Dictámenes de
Primera lectura.
El siguiente
punto del orden del día es el dictamen relativo a la solicitud de permiso de los
ciudadanos:
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Honorable
Asamblea:
A la Primera
Comisión de Trabajo que suscribe le fueron turnados los oficios de la Secretaría de
Gobernación por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los
ciudadanos José Sulaimán Chagnon, Luis Ernesto Derbez Bautista, Rodolfo Elizondo Torres,
Amanda Mireya Terán Munguía, José Armando Tamayo Casillas, Mariana Campillo Méndez, y
Jacques Robert Henri Marte Payen y Rubio, puedan aceptar y usar las condecoraciones que
les confieren los Gobiernos del Reino de Tailandia, de la República Federativa de Brasil,
del Reino de España y de la República Francesa, respectivamente.
La Comisión
considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado
y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del
artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter
a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al
ciudadano José Sulaimán Chagnon, para aceptar y usar la condecoración Real de la Más
Admirable Orden de Direkgunabhom, en grado de Caballero Comandante, que le confiere el
Gobierno del Reino de Tailandia.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al
ciudadano doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de
la República Federativa de Brasil.
Artículo Tercero.- Se concede permiso al
ciudadano licenciado Rodolfo Elizondo Torres, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno
de la República Federativa de Brasil.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la
ciudadana embajadora Amanda Mireya Terán Munguía, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, en grado de Gran Cruz, que le confiere el
Gobierno de la República Federativa de Brasil.
Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano
General de Brigada Diplomado de Estado Mayor José Armando Tamayo Casillas, para aceptar y
usar la condecoración de la Orden de Río Branco, en grado de Gran Cruz, que le confiere
el Gobierno de la República Federativa de Brasil.
Artículo Sexto.- Se concede permiso a la
ciudadana licenciada Mariana Campillo Méndez, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata, que le confiere el Gobierno del Reino
de España.
Artículo Séptimo.- Se concede permiso al
ciudadano Jacques Robert Henri Marie Payén y Rubio, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de
la República Francesa.
Sala de Sesiones
de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 23 de
enero de 2003.— Dip. Orlando Paredes Lara
(rúbrica), presidente; Dip. Alejandro Zapata
Perogordo, secretario; Dip. Salvador Cosío
Gaona (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo Ochoa
Toledo (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago
Ramírez, Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano (rúbrica), Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica), Dip. Mónica Leticia Serrano Peña, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Furhken (rúbrica), Sen. Antonio García Torres (rúbrica) y Sen. David Jiménez González (rúbrica).»
En virtud de que el dictamen se
encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria,
queda de primera lectura.
REINO
DE ESPAÑA
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Honorable
Asamblea:
A la Primera
Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de
Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el
ciudadano Pedro Haces Sordo, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de
España en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.
La Comisión
considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado
y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción IV del apartado C) del
artículo 37 constitucional se permite someter a la consideración de la honorable
Asamblea, el siguiente:
Proyecto de Decreto
Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano
Pedro Haces Sordo, para desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de España en
la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.
Sala de Sesiones
de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 23 de
enero de 2003.— Dip. Orlando Paredes Lara
(rúbrica), presidente; Dip. Alejandro Zapata
Perogordo, secretario; Dip. Salvador Cosío
Gaona (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo Ochoa
Toledo (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago
Ramírez, Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano (rúbrica), Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica), Dip. Mónica Leticia Serrano Peña, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Furhken (rúbrica), Sen. Antonio García Torres (rúbrica) y Sen. David Jiménez González (rúbrica).»
En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.
PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Honorable
Asamblea:
A la Primera
Comisión de Trabajo que suscribe le fueron turnados los oficios de la Secretaría de
Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los
ciudadanos Alejandra Villanueva Tijerina, Fernando Rodríguez Rodríguez, Elio Sánchez
Sánchez, Diana Rodríguez Peña y Carola Marta Castellanos Bosch; puedan prestar
servicios de carácter administrativo en los consulados de Estados Unidos de América, en
Nuevo Laredo, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo León; y en la Embajada de la República
Argentina, en México, respectivamente.
Considerando
a) Que los
peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas
de nacimiento.
b) Que los
servicios que los propios interesados prestarán en los Consulados de los Estados Unidos
Mexicanos, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Monterrey, Nuevo León; y en la Embajada de la
República Argentina, en México, serán de carácter administrativo.
c) Que las
solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo
37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto,
esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso a la
ciudadana Alejandra Villanueva Tijerina, para prestar servicios como operadora telefonista
en la sección de visas, en el Consulado de Estados Unidos de América, en Nuevo Laredo,
Tamaulipas.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano
Fernando Rodríguez Rodríguez, para prestar servicios como chofer, en el Consulado de
Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.
Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano
Elio Sánchez Sánchez, para prestar servicios como empleado de mantenimiento, en el
Consulado de Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.
Artículo Cuarto. Se concede permiso a la
ciudadana Diana Rodríguez Peña, para prestar servicios como empleada de oficina del
Departamento de Recursos Humanos, en el Consulado de Estados Unidos de América, en
Monterrey, Nuevo León.
Artículo Quinto. Se concede permiso a la
ciudadana Carola María Castellanos Bosch, para prestar servicios como personal
administrativo, en la Embajada de la República Argentina, en México.
Sala de Sesiones
de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 23 de
enero de 2003.— Dip. Orlando Paredes
Lara (rúbrica), presidente; Dip. Alejandro
Zapata Perogordo, secretario; Dip. Salvador
Cosío Gaona (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo
Ochoa Toledo (rúbrica), Dip. César Augusto
Santiago Ramírez, Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen.
Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano (rúbrica), Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica), Dip. Mónica Leticia Serrano Peña, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Furhken (rúbrica), Sen. Antonio García Torres (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica).»
En virtud de que el dictamen se
encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria,
queda de primera lectura.
Presidencia del diputado Bernardo Borbón
Vilches
GRADOS
MILITARES
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
Dictámenes a
discusión.
Los siguientes
puntos del orden del día son los dictámenes a discusión, en virtud de que se encuentran
publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte
la Secretaría a la Asamblea si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de
acuerdo.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
Con mucho gusto
señor Presidente.
Se consulta al
honorable pleno si autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, les rogamos manifestarlo...
Los que estén
por la negativa...
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
Se autoriza.
En consecuencia
se pide a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 460, año
tercero, sección primera, índice “F”, fojas 2/60, del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Coronel de Justicia Militar y
Licenciado Juan Figueroa Vargas, como General Brigadier de Justicia Militar y Licenciado,
que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo
dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
18 de septiembre de 1968 en el Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de
Zapadores el 1º de septiembre de 1972.
b) Para los
efectos de ascenso, se le computan 34 años, 2 meses y 2 días de tiempo de servicios y 4
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Oficial de Zapadores; realizó
el curso correspondiente en la Escuela Militar de Educación Física y Deportes, así como
los estudios correspondientes a la licenciatura en derecho en la Universidad Tecnológica
de México.
e) Posee
experiencia en el mando de tropas en Unidades de Ingenieros de Combate y en actividades
contra el narcotráfico; se ha desempeñado como agente investigador de la Procuraduría
General de Justicia Militar, consultor jurídico y jefe del Cuerpo Jurídico Consultivo de
la misma; asesor jurídico en actividades contra el narcotráfico y en la aplicación de
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y defensor de oficio militar.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 1o. Clase, correspondiente a 30
años de servicios ininterrumpidos.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicio del nombrado Coronel de Justicia Militar y
Licenciado Juan Figueroa Vargas, y en atención a su gran aptitud personal, amplia
instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado
reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de General Brigadier de
Justicia Militar y Licenciado sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78 fracción VII de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de General Brigadier
de Justicia Militar y Licenciado que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a
favor del ciudadano Juan Figueroa Vargas.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 22 de enero de 2003.— Sen. Fidel Herrera
Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de
Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), Dip. Gral. Alfredo
Ochoa Toledo (rúbrica), secretarios; Sen. Ernesto
Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís
Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez
Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto
(rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica),
Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a
discusión el punto de acuerdo... No habiendo quién haga uso de la palabra, se reserva
para su votación económica en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 464, año
tercero, sección quinta, índice “R”, fojas 2/61 del libro respectivo que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Infantería
Diplomado de Estado Mayor Cuauhtémoc Eduardo Ruiz Ayala, como Coronel de Infantería
Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente
para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
1o. de septiembre 1976 al Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de
Infantería el 1o. de septiembre de 1980.
b) Para los
efectos de ascenso se le computan 26 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 6
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Oficial de Infantería; el
curso de Mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra; el curso militar
de paracaidistas en la Brigada de Fusileros Paracaidistas y el curso superior de guerra en
la Escuela Superior de Guerra.
e) Posee amplia
experiencia en el mando de tropas en unidades de su arma; se ha desempeñado en cuarteles
generales de zona y región militar, así como en el Estado Mayor de la Secretaría de la
Defensa Nacional; se ha desempeñado como instructor en el Heroico Colegio Militar y en la
Escuela Superior de Guerra; participó en el comité encargado de la elaboración del
“Libro de la Defensa Nacional”.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. clase, correspondiente a 25
años de servicios ininterrumpidos.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de
Infantería Diplomado de Estado Mayor Cuauhtémoc Eduardo Ruiz Ayala, y en atención a su
gran aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos,
se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del
grado de Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78 fracción VII de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel de
Infantería Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió
a favor del ciudadano Cuauhtémoc Eduardo Ruiz Ayala.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 22 de enero de 2003.— Sen. Fidel Herrera
Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de
Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), Dip. Gral. Alfredo
Ochoa Toledo (rúbrica), secretarios; Sen. Ernesto
Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís
Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez
Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto
(rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica),
Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a
discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva
para su votación económica en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 465, año
tercero, sección primera, índice “V”, fojas 2/62, del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Infantería
Diplomado de Estado Mayor Héctor Manuel Valles como Coronel de Infantería Diplomado de
Estado Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos
de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
1o. de septiembre de 1978 en el Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de
Infantería el 1o. de septiembre de 1982.
b) Para los
efectos de ascenso, se le computan 24 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 4
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por concurso de selección en el primer intento.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Oficial de Infantería, el
curso correspondiente en la Escuela Militar de Aplicación de las Armas, el curso de mando
y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra, el curso de “Técnicas
Básicas de Explotación de Sitios en la Base Aérea Militar No. 1”, el curso de
comando y Estado Mayor en el Centro de Estudios Militares en la República de Guatemala y
el curso de “Administración de Recursos” en el Fuerte Benning, GA, EUA.
e) Posee
experiencia en el mando de tropas en unidades de su arma, Fusileros Paracaidistas y
Fuerzas Especiales; se ha desempeñado en actividades en el Estado Mayor de la Secretaría
de la Defensa Nacional, así como en los cuarteles generales de zona y región militar; ha
desarrollado actividades docentes y de adiestramiento de cuarto y quinto niveles (máximos
niveles); actualmente, se encuentra como agregado militar y aéreo adjunto a las Embajadas
de México en Francia, Bélgica, Países Bajos-Holanda, Italia e Israel.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 3a. Clase, correspondiente a 20
años de servicios ininterrumpidos; obtuvo “Medalla de Mérito Académico” por
haber obtenido el primer lugar en el curso de “Comando y Estado Mayor” en el
Centro de Estudios Militares en la República de Guatemala.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Infantería
Diplomado de Estado Mayor Héctor Manuel Valles, y en atención a su gran aptitud
personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que
el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de
Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de Coronel de
Infantería Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió
a favor del ciudadano Héctor Manuel Valles.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 22 de enero de 2003.— Sen. Fidel Herrera
Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de
Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), Dip. Gral. Alfredo
Ochoa Toledo (rúbrica), secretarios; Sen. Ernesto
Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís
Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez
Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto
(rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica),
Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a
discusión, señores legisladores... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva
con el mismo objeto para su votación en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 466, año
tercero, sección segunda, índice “O”, fojas 2/62, del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Infantería
Mario Alfredo Ovalle Gutiérrez, como Coronel de Infantería, que el Ejecutivo Federal
envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII
del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
1o. de septiembre de 1973 en el Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de
Infantería el 1o. de septiembre de 1977.
b) Para los
efectos de ascenso, se le computan 29 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y
10 años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Oficial de Infantería;
realizó el curso correspondiente en la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y
Servicios, así como el curso superior de armas y servicios en la Escuela Superior de
Guerra.
e) Posee amplia
experiencia en el mando de tropas en unidades de su arma; se desempeñó
satisfactoriamente en la Planta del Estado Mayor Presidencial.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 2a. Clase, correspondiente a 25
años de servicios ininterrumpidos.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Infantería
Mario Alfredo Ovalle Gutiérrez, y en atención a su gran aptitud personal, amplia
instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado
reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel de
Infantería sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel de
Infantería que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano
Mario Alfredo Ovalle Gutiérrez.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 22 de enero de 2003.— Sen. Fidel Herrera
Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de
Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), Dip. Gral. Alfredo
Ochoa Toledo (rúbrica), secretarios; Sen. Ernesto
Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís
Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez
Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto
(rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica),
Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a
discusión, señores legisladores... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva
para su votación económica en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 467, año
tercero, sección tercera, índice “C”, fojas 2/62 del libro respectivo que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Infantería
Gustavo Cordero Gómez, como Coronel de Infantería, que el Ejecutivo Federal envió a
esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis
de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
1o. de septiembre de 1975 al Heroico Colegio Militar graduándose como Subteniente de
Infantería el 1o. de septiembre de 1979.
b) Para los
efectos de ascenso se le computan 27 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 7
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Oficial de Infantería;
realizó el curso de patrullas de combate en la Región de Atoyac de Alvarez, Gro.; el
correspondiente en la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y los Servicios; el
curso superior de logística en la Escuela Militar de Logística, dependiente del Centro
de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y, el curso superior de armas y
servicios en la Escuela Superior de Guerra.
e) Posee amplia
experiencia en el mando de tropas de unidades de su arma tipo compañía no encuadrada y
batallón; ejerció el mando del 64/o. Batallón de Infantería y prestó sus servicios en
la planta del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. clase, correspondiente a 25
años de servicios ininterrumpidos.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de
Infantería Gustavo Cordero Gómez, y en atención a su gran aptitud personal, amplia
instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado
reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel de
Infantería sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel de
Infantería que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano
Gustavo Cordero Gómez.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 22 de enero de 2003.— Sen. Fidel Herrera
Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de
Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), Dip. Gral. Alfredo
Ochoa Toledo (rúbrica), secretarios; Sen. Ernesto
Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís
Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez
Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto
(rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica),
Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a
discusión... No habiendo, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 468, año
tercero, sección cuarta, índice “B”, fojas 2-63, del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Infantería
Estanislao Bautista Gordillo, como Coronel de Infantería, que el Ejecutivo Federal envió
a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
13 de junio 1972 en el Ejército Mexicano como Soldado de Infantería y posteriormente, el
1o. de septiembre de 1973, en el Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de
Infantería el 1o. de septiembre de 1977.
b) Para los
efectos de ascenso, se le computan 30 años, 5 meses y 7 días de tiempo de servicios y 8
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Oficial de Infantería en el
Heroico Colegio Militar.
e) Posee amplia
experiencia en el mando de tropa en unidades de su arma; posee experiencia docente por
haber sido instructor en el H. Colegio Militar; prestó sus servicios en el Estado Mayor
Presidencial, desempeñando funciones de seguridad en este organismo; se desempeñó como
agregado militar adjunto a las Embajadas de México en El Salvador y Costa Rica.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 1a. Clase, correspondiente a 30
años de servicios ininterrumpidos.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Infantería
Estanislao Bautista Gordillo, y en atención a su gran aptitud personal, amplia
instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado
reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel de
Infantería sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de Coronel de
Infantería que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano
Estanislao Bautista Gordillo.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 22 de enero de 2003.— Sen. Fidel Herrera
Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de
Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), Dip. Gral. Alfredo
Ochoa Toledo (rúbrica), secretarios; Sen. Ernesto
Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís
Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez
Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto
(rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica),
Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a
discusión... No habiendo quién haga uso de la palabra, se reserva para su votación en
conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 469, año
tercero, sección quinta, índice “Z”, fojas 2/63 del libro respectivo que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Infantería
José Francisco Zúñiga Vega, como Coronel de Infantería, que el Ejecutivo Federal
envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII
del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
1o. de septiembre de 1969 al Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de
Infantería el 1o. de septiembre de 1973.
b) Para los
efectos de ascenso se le computan 33 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 10
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Oficial de Infantería; el
curso respectivo en la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y los Servicios y el
curso superior de armas y servicios en la Escuela Superior de Guerra.
e) Posee amplia
experiencia en el mando de tropas de Infantería, habiéndose desempeñado también en el
Centro de Adiestramiento de la III Región Militar y como Comandante del Cuerpo de Cadetes
e instructor en la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 1a. clase, correspondiente a 30
años de servicios ininterrumpidos.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Infantería
José Francisco Zúñiga Vega, y en atención a su gran aptitud personal, amplia
instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado
reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel de
Infantería sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de Coronel de
Infantería que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano
José Francisco Zúñiga Vega.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 22 de enero de 2003.— Sen. Fidel Herrera
Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de
Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), Dip. Gral. Alfredo
Ochoa Toledo (rúbrica), secretarios; Sen. Ernesto
Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís
Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez
Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto
(rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica),
Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a
discusión señores legisladores... No habiendo se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 471, año
tercero, sección segunda, índice “O”, fojas 2/64 del libro respectivo que
contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Ingeniero
Constructor Agustín Gabriel Ortega Cardoso Salinas, como Coronel Ingeniero Constructor,
que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo
dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
1o. de septiembre de 1973 al Heroico Colegio Militar graduándose como Subteniente de
Artillería el 1o. de septiembre de 1977.
b) Para los
efectos de ascenso se le computan 29 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 10
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como oficial de artillería;
realizó los estudios correspondientes a la carrera de ingeniero constructor en la Escuela
Militar de Ingenieros; realizó el curso de actualización de controles, procedimientos
contables y administrativos en la Dirección General de Administración, así como el
curso superior de armas y servicios en la Escuela Superior de Guerra.
e) Posee
experiencia en actividades de su profesión, habiéndose desempeñado como interventor,
supervisor, director técnico y administrativo y jefe de obra de construcciones militares
en representación de la Secretaría de la Defensa Nacional; fue jefe regional del
Servicio de Ingenieros de la VI Región Militar y jefe de la Sección de Control e
Inspección de la Dirección General de Ingenieros Militares.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 2a. Clase, correspondiente a 25
años de servicios ininterrumpidos.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel Ingeniero
Constructor Agustín Gabriel Ortega Cardoso Salinas, y en atención a su gran aptitud
personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que
el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de
Coronel Ingeniero Constructor sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero
Constructor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano
Agustín Gabriel Ortega Cardoso Salinas.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 22 de enero de 2003.— Sen. Fidel Herrera
Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de
Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), Dip. Gral. Alfredo
Ochoa Toledo (rúbrica), secretarios; Sen. Ernesto
Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís
Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez
Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto
(rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica),
Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a
discusión... Se procede entonces a reservarse para su votación en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 473, año
tercero, sección cuarta, índice “C”, fojas 2-64 del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Justicia Militar
y Licenciado Gonzalo Corona González, como Coronel de Justicia Militar y Licenciado, que
el Ejecutivo federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto
por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
1o. de septiembre de 1977 a la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, graduándose como
Subteniente de Sanidad el 1o. de septiembre de 1980.
b) Para los
efectos de ascenso se le computan 25 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 4
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Oficial de Sanidad, realizó
el curso de radiología para Oficiales de Sanidad en la Escuela Militar de Graduados de
Sanidad; el correspondiente en la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y los
Servicios; el Avanzado de Apoyo Vital Prehospitalario en Trauma en Acapulco, Guerrero.
Como licenciado en derecho, realizó el curso de especialización judicial en materia de
amparo en el Consejo de la Judicatura Federal; así como el curso-taller “Sistema
Nacional de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.
e) Posee amplia
experiencia profesional en la especialidad de sanidad en instalaciones del servicio;
experiencia en operaciones contra el narcotráfico; experiencia docente en el Hospital
Central Militar. Como abogado se desempeñó en la Procuraduría General de Justicia
Militar como agente investigador del Ministerio Público Militar; como jefe del Area de
Juicios Administrativos y Fiscales; prestó sus servicios en el Juzgado Militar adscrito a
la Primera Región Militar como secretario de acuerdos; y, actualmente se desempeña como
agente adscrito a la Procuraduría General de Justicia Militar.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 2a. Clase, correspondiente a 25
años de servicios ininterrumpidos; así como la condecoración al “Mérito
Docente”.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de Justicia
Militar y Licenciado Gonzalo Corona González, y en atención a su gran aptitud personal,
amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el
interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel
de Justicia Militar y Licenciado sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de Coronel de Justicia
Militar y Licenciado, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del
ciudadano Gonzalo Corona González.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 22 de enero de 2003.— Sen. Fidel Herrera
Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de
Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), Dip. Gral. Alfredo
Ochoa Toledo (rúbrica), secretarios; Sen. Ernesto
Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís
Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez
Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto
(rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica),
Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a
discusión, señores legisladores... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva
para su votación en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 472, año
tercero, sección tercera, índice “V”, fojas 2/64 del libro respectivo que
contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor de la Teniente Coronel de Justicia
Militar y Licenciada Irma Vélez Hernández, que el Ejecutivo Federal envió a esta
Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes de la interesada esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
15 de noviembre de 1967 a la Escuela Militar de Enfermeras graduándose como Subteniente
Enfermera el 1o. de septiembre de 1970.
b) Para los
efectos de ascenso se le computan 35 años, 0 meses y 5 días de tiempo de servicios y 9
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Oficial Enfermera Militar;
realizó el curso de enfermería en salud pública en la Escuela de Salud Pública de
México; cursó la carrera de licenciada en derecho en la Universidad Autónoma de
Sinaloa.
e) Posee amplia
experiencia profesional como enfermera, habiéndose desempeñado en los hospitales
militares regionales en Veracruz y Puebla; con amplia experiencia docente por haberse
desempeñado como instructora de diversas materias en la Escuela Militar de Enfermeras.
Como abogada desempeñó los cargos de defensora de oficio, asesora jurídica, secretaria
de acuerdos y como agente del Ministerio Público Militar adscrita a la XII Región
Militar.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 1a. Clase, correspondiente a 30
años de servicios ininterrumpidos, así como la condecoración de la “Legión de
Honor”.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicios de la nombrada Teniente Coronel de Justicia
Militar y Licenciada Irma Vélez Hernández, y en atención a su gran aptitud personal,
amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que la
interesada reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel
de Justicia Militar y Licenciada sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de Coronel de Justicia
Militar y Licenciada que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la
ciudadana Irma Vélez Hernández.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 22 de enero de 2003.— Sen. Fidel Herrera
Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de
Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a
discusión, señores legisladores... No habiendo se reserva para su votación económica
en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 474, año
tercero, sección quinta, índice “C”, fojas 2/65 del libro respectivo que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Transmisiones
Diplomado de Estado Mayor Saúl Contreras Ojeda, como Coronel de Transmisiones Diplomado
de Estado Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los
efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del
interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó al
Ejército Mexicano el 1o. de septiembre 1974 como Soldado de Transmisiones, ascendiendo al
grado de Subteniente de Transmisiones el 1o. de septiembre de 1981.
b) Para los
efectos de ascenso se le computan 28 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 4
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por concurso de selección en el primer intento.
d) Su
preparación profesional abarca los cursos de formación correspondientes en la Escuela
Militar de Clases de Transmisiones y en la Escuela Militar de Transmisiones; el curso
correspondiente en la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y los Servicios;
realizó el curso de mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra; el
curso avanzado de protección civil en el Cenapred; el curso superior de guerra en la
Escuela Superior de Guerra; asistió al curso “técnicas de manejo y facilitación de
grupos” en el Centro de Estudios Estratégicos del ITESM; y el curso taller
“liderazgo” organizado por la Oficina de la Presidencia de la República.
e) Posee amplia
experiencia en su servicio, habiéndose desempeñado en diversos pelotones y secciones de
transmisiones, así como en el Primer Batallón del Servicio y en el Cuartel General de la
VII Región Militar.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. clase, correspondiente a 25
años de servicios ininterrumpidos.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de
Transmisiones Diplomado de Estado Mayor Saúl Contreras Ojeda, y en atención a su gran
aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se
deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del
grado de Coronel de Transmisiones Diplomado de Estado Mayor sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel de
Transmisiones Diplomado de Estado Mayor que el Titular del Poder Ejecutivo Federal
expidió a favor del ciudadano Saúl Contreras Ojeda.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 22 de enero de 2003.— Sen. Fidel Herrera
Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de
Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a
discusión... No habiendo, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 461, año
tercero, sección segunda, índice “M”, fojas 2/60, del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea
Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Clemente Martínez Hernández, como
Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo
Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la
fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
1o. de septiembre de 1976 en la Escuela Militar de Aviación, dependiente del Colegio del
Aire, graduándose como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador el 1o. de septiembre
de 1980.
b) Para los
efectos de ascenso, se le computan 26 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 6
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Piloto Aviador; efectuó el
curso de aplicación y adiestramiento táctico en el Escuadrón Mixto de Entrenamiento
Táctico, dependiente del Primer Grupo Aéreo, y el curso de mando y Estado Mayor Aéreo
en la Escuela Superior de Guerra.
e) Posee amplía
experiencia como Piloto Aviador, habiendo prestado sus servicios en diversos escuadrones
aéreos; se ha desempeñado en cuarteles generales de grupo aéreo y región aérea, así
como en el Cuartel General de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 2a Clase, correspondiente a 25
años de servicios ininterrumpidos.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de Fuerza
Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Clemente Martínez Hernández, y en
atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño
de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la
obtención del grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor
Aéreo sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza
Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo
Federal expidió a favor del ciudadano Clemente Martínez Hernández.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 22 de enero de 2003.— Sen. Fidel Herrera
Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de
Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a
discusión en consecuencia... No habiendo, se reserva para su votación.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 462, año
tercero, sección tercera, índice “B”, fojas 2/61 del libro respectivo que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Artillería
Diplomado de Estado Mayor Agustín Becerra Zárate, como Coronel de Artillería Diplomado
de Estado Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los
efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del
interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
1o. de septiembre de 1977 al Heroico Colegio Militar graduándose como Subteniente de
Artillería el 1o. de septiembre de 1981.
b) Para los
efectos de ascenso se le computan 25 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 5
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Oficial de Artillería;
realizó los cursos de calculadoras programables en “Texas Instruments”; el
curso correspondiente en la Escuela de Aplicación de las Armas y Servicios; el curso de
mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra; el curso de logística
combinada en EUA; el curso de inglés en el Centro de Estudios de Idiomas del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos y el curso sobre prevención y control del tráfico ilícito de
drogas en Manzanillo, Col.
e) Posee amplia
experiencia en actividades contra el narcotráfico como Oficial de Información en la
Fuerza de Tarea Marte “X” y en la S-10 (Operaciones contra el Narcotráfico),
como Subjefe de Intercepción Aérea y Vigilancia Aérea; desempeñó comisiones oficiales
de la Secretaría de la Defensa Nacional en diversas agregadurías militares mexicanas en
el extranjero; se desempeñó como Segundo Comandante en el 6o. Regimiento de Artillería.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 3a. Clase, correspondiente a 20
años de servicios ininterrumpidos; la condecoración al Mérito Facultativo de 1/a. Clase
y diploma por su participación en el III Certamen Cultural “El Soldado Mexicano y su
Lealtad institucional”.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de
Artillería Diplomado de Estado Mayor Agustín Becerra Zárate, y en atención a su gran
aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se
deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del
grado de Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel de
Artillería Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió
a favor del ciudadano Agustín Becerra Zárate.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 22 de enero de 2003.— Sen. Fidel Herrera
Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de
Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a
discusión... No habiendo, se reserva para su votación en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 463, año
tercero, sección cuarta, índice “A”, fojas 2-61 del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Caballería
Diplomado de Estado Mayor Jesús Arévalo Espinoza, como Coronel de Caballería Diplomado
de Estado Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los
efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del
interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
1o. de septiembre 1975 al Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de
Caballería el 1o. de septiembre de 1979.
b) Para los
efectos de ascenso se le computan 26 años, 5 meses y 4 días de tiempo de servicios y 7
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Oficial de Caballería;
efectuó el curso correspondiente en la Escuela Militar de Aplicación de Caballería; el
curso de mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra; el diplomado
universitario en análisis político en la Universidad Iberoamericana; el curso de
“administración en la seguridad pública II” en el Instituto de Administración
Pública del Estado de Querétaro; realizó el curso “política y transición en
México” en la Universidad del Claustro de Sor Juana; llevó a cabo la especialidad y
maestría en “políticas de seguridad pública” en la Universidad Autónoma
Metropolitana; y, el curso superior de guerra en la Escuela Superior de Guerra.
e) Posee amplia
experiencia en el mando de tropa en unidades de su arma y blindadas; y, experiencia
docente en el Heroico Colegio Militar. Se le concedió licencia especial para desempeñar
el cargo de director general de Seguridad Pública en el estado de Michoacán; y tiene
experiencia en actividades en cuarteles generales y en el Estado Mayor de la Secretaría
de la Defensa Nacional.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 3a. clase, correspondiente a 20
años de servicios ininterrumpidos.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de
Caballería Diplomado de Estado Mayor Jesús Arévalo Espinoza, y en atención a su gran
aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se
deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del
grado de Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel de
Caballería Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió
a favor del ciudadano Jesús Arévalo Espinoza.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 22 de enero de 2003.— Sen. Fidel Herrera
Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de
Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
No habiendo
quien haga uso de la palabra... se reserva para su votación económica en conjunto con
los demás.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 470, año
tercero, sección primera, índice “C”, fojas 2/63 del libro respectivo que
contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Infantería
Humberto Castro Sánchez, como Coronel de Infantería, que el Ejecutivo Federal envió a
esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis
de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
1o. de septiembre de 1970 al Heroico Colegio Militar graduándose como Subteniente de
Infantería el 1o. de septiembre de 1974.
b) Para los
efectos de ascenso se le computan 31 años, 7 meses y 2 días de tiempo de servicios y 9
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Oficial de Infantería;
efectuó el curso correspondiente en la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y
Servicios; realizó el curso de actualización de morteros calibre 60 y 81 mm, en la
Segunda Brigada de Infantería y el curso superior de armas y servicios a distancia en la
Escuela Superior de Guerra.
e) Posee amplia
experiencia en el mando de tropas en unidades de su arma y de policía militar, así como
amplia experiencia docente en el Heroico Colegio Militar.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de Pperseverancia hasta la de 3a. clase, por 20 años
ininterrumpidos de servicios y la condecoración de “Servicios Distinguidos”.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Infantería
Humberto Castro Sánchez, y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción
militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los
requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel de Infantería sujeto a
ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de Coronel de
Infantería que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano
Humberto Castro Sánchez.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 22 de enero de 2003.— Sen. Fidel Herrera
Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de
Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a
discusión, señores legisladores.
Siendo éste el
último punto de acuerdo y no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación
económica se pregunta si se aprueban todos y cada uno de los puntos de acuerdo que se han
puesto a la consideración de este honorable pleno.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Quienes estén
por la negativa...
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
Aprobados los puntos de acuerdo.
Comuníquense al Ejecutivo.
Continuamos con
los dictámenes.
SISTEMA
HORARIO
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«De la Primera
Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, el que contiene proposición con punto de
acuerdo para que se solicite a la Universidad Nacional Autónoma de México y al
Observatorio Meteorológico Nacional, realice el estudio que determine el huso horario que
le corresponde al Estado de Durango en relación con la ubicación del meridiano de
Greenwich, presentada por el senador Adrián Alanís Quiñones, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
Primera
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Honorable
Asamblea:
A la Primera
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente
del honorable Congreso de la Unión, fue turnado para estudio y elaboración del dictamen,
la proposición con Punto de Acuerdo presentado por el Senador Adrián Alanis Quiñones,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que se solicite a
la Universidad Nacional Autónoma de México y al Observatorio Meteorológico Nacional,
realice el estudio y análisis de ubicación del Estado de Durango en relación con el
meridiano de Greenwich.
Con fundamento
en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 127, párrafo I, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de
esta Primera Comisión que suscriben someten a la consideración del pleno de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión el presente dictamen.
ANTECEDENTES
1. En sesión de
la Comisión Permanente de fecha 8 de enero del año en curso el senador Adrián Alanís
Quiñones, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una
proposición con punto de acuerdo para que se solicite a la Universidad Nacional Autónoma
de México y al Observatorio Meteorológico Nacional, realice el estudio que determine el
huso horario que le corresponde al estado de Durango en relación con la ubicación del
meridiano de Greenwich.
2. Con fecha 15
de enero del año en curso, se turnó el referido punto de acuerdo a la Primera Comisión
de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.
3. Con fecha 22
de enero del mismo año, los integrantes de esta Primera Comisión en acatamiento al turno
dispuesto y en reunión de trabajo procedimos al análisis, discusión y elaboración del
presente dictamen en conjunto con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
La comisión que
dictamina es competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo
que establece el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los artículos 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica de Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos.
La proposición
con punto de acuerdo que se dictamina surge a partir de la propuesta de modificación de
horarios estacionales que realizó el senador promovente, la cual fue presentada y
aprobada en el mes de marzo de 2002 por el pleno de la Cámara Senadores y enviada a la
Cámara de Diputados para que la Mesa Directiva a su vez la turnara a la Comisión de
Energía.
Al no haber
obtenido respuesta, el pasado 14 de noviembre del 2002, la Cámara de Senadores envió a
la colegisladora la excitativa a fin de que la Comisión de Energía emita el dictamen
correspondiente a la minuta del caso.
La proposición
que se dictamina manifiesta la problemática geográfica y astronómica derivado de un
error legislativo por el cual el Estado de Durango fue ubicado en un meridiano que no le
corresponde y por cuya consecuencia se tiene en forma permanente durante todo el año, una
hora de adelanto, situación que se agrava cuando inicia el horario estacional a partir
del primer domingo de abril y hasta el último domingo de octubre, cuando en el horario
convencional de verano son las 12 del día en la Ciudad de Durango, el sol está lejos del
cenit y los relojes de sol apenas marcan las 10 de la mañana, es decir, que tenemos dos
horas de desfasamiento entre la hora natural y la hora convencional.
El estado de
Durango al oeste, está localizado en el noroeste del país, colinda al norte con
Chihuahua, al sur con Nayarit y al oeste con Sinaloa, estados ubicados dentro del
meridiano 105°.
Los límites del
territorio del estado de Durango, en línea recta con el Océano Pacífico, distan menos
de 80 kilómetros. Al oriente los límites del estado distan más de 1 mil 600 kilómetros
del Océano Atlántico, por lo que no podemos tener la misma hora que el Puerto de
Veracruz, cuando el sol al levantar, el alba tarda una hora más de llegar de Veracruz al
estado de Durango.
En virtud de lo
anterior, se solicita se investigue y analice la exacta situación geográfica de Durango
en particular, a partir de la localización del meridiano 0° en el Real Observatorio de
Greenwich del Reino Unido de la Gran Bretaña, para que con base en estos estudios
científicos realizados por la máxima autoridad en la materia en México, la UNAM, la
Cámara de Diputados, y en especial la Comisión de Energía, puedan tener mayor claridad
al respecto y responder, en consecuencia, a la excitativa que dirigió la Cámara de
Senadores en noviembre de 2002.
Asimismo, el
promovente de la proposición con punto de acuerdo solicita “que una vez obtenidos
los resultados de estos estudios científicos, será necesario que esta Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, excite a la Comisión de Energía de la
Cámara, para que emita el dictamen y sea presentado en los primeros días del segundo
periodo extraordinario de sesiones del tercer año de la LVIII Legislatura, y pueda el
pleno hacer la modificación que corresponde, y en el caso de los duranguenses resolver la
inconformidad social a que he hecho referencia o en caso contrario se exima a Durango del
horario de verano”.
Con base en lo
antes expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de
Justicia se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión, el siguiente:
DICTAMEN
Primero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión solicita atenta y respetuosamente a la Universidad Nacional
Autónoma de México y al Observatorio Meteorológico Nacional realizar el estudio y
análisis que determine el huso horario que le corresponde al Estado de Durango
considerando su ubicación geográfica y su correspondiente meridiano.
Segundo. Una vez que obre en poder de esta Primera
Comisión de Trabajo el estudio y análisis que a efecto sirva remitir la Universidad
Nacional Autónoma de México y el Observatorio Meteorológico Nacional se acordará lo
conducente.
Salón de
comisiones de la Cámara de Diputados a 29 de enero de 2003.— Primera Comisión de
Trabajo.— Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.— Senador Orlando A. Paredes Lara, Presidente; diputado Alejandro Zapata Perogordo, secretario, diputado Salvador Cosío Gaona, secretario; diputado Alfredo Ochoa Toledo, diputado César Augusto Santiago Ramírez, senador Jorge Zermeño Infante, senador Gerardo Buganza Salmerón, senador Federico Ling Altamirano, senador David Jiménez González, senador Antonio García Torres, diputado Bernardo Borbón Vilches, diputada Mónica Leticia Serrano Peña, senador Raymundo Cárdenas Hernández, diputado Ramón León Morales y diputada Julieta Prieto Furhken.»
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
Están a
discusión los puntos de acuerdo.
Se abre el
registro de oradores...
No habiendo
oradores, continuamos con el procedimiento señora Secretaria.
Consulte la
Secretaría si considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
En votación
económica, se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los
Puntos de Acuerdo.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Suficientemente discutido.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
En votación
económica, se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Aprobados los puntos de acuerdo,
comuníquese.
Proceda la
Secretaría a dar cuenta con los presupuestos de la Cámara de Senadores.
CAMARA
DE SENADORES
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII
Legislatura.— Mesa Directiva.
Ciudadanos
secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.
Por su digno
conducto, me permito remitir a la honorable Comisión Permanente, la siguiente
documentación:
1. Proyectos de
presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para los
meses de enero y febrero de 2003.
Aprovecho la
oportunidad para reiterarles las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, DF, a
28 de enero de 2003.— Senador Carlos Chaurand
Arzate, vicepresidente.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII
Legislatura.— Comisión de Administración.
Presupuesto de
dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de enero de
2003.
Servicios
personales
72.701,300
Materiales y
suministros
1.919,.400
Servicios
generales
55.339,600
Bienes muebles e
inmuebles 3.085,700
Ayudas y
subsidios
91,700
Total:
133.137,700
Importa el
presente presupuesto la cantidad de ciento treinta y tres millones ciento treinta y siete
mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional.
México, DF, a
22 de enero de 2003.— Senador Mariano González
Zarur, secretario; senador Antonio Soto
Sánchez, secretario; licenciada Graciela
Brasdefer H., tesorera.»
En votación
económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Aprobado.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII
Legislatura.— Comisión de Administración.
Presupuesto de
dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mese de febrero de
2003.
Servicios
personales
72.701,300
Materiales y
suministros
1.919,400
Servicios
generales
55.339,600
Bienes muebles e
inmuebles 3.085,700
Ayudas y
subsidios
91,700
Total:
133.137,700
Importa el
presente presupuesto la cantidad de ciento treinta y tres millones ciento treinta y siete
mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional.
México, DF, a
22 de enero de 2003.— Senador Mariano González
Zarur, secretario; senador Antonio Soto
Sánchez, secretario; licenciada Graciela
Brasdefer H., tesorera.»
En votación
económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Aprobado.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Tiene la palabra
la senadora Yolanda González Hernández, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional para presentar una proposición con punto de acuerdo en
relación a la problemática de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La Senadora Yolanda Eugenia González
Hernandez:
Con su permiso
señor Presidente; señores legisladores:
La inserción de
México a la globalización y su integración a la economía regional y mundial, ha
generado grandes desafíos y retos, sobre todo para enfrentar la competitividad
internacional, en un ámbito que permita promover el desarrollo social de los mexicanos.
Estas
transformaciones han obligado a adoptar constantes cambios en el entorno laboral,
empresarial y social así como los aspectos productivos y de organización del Estado
mexicano, siempre con la finalidad superior de incrementar el bienestar de la población.
Los factores de
la producción han actuado con responsabilidad y compromiso con México, al alentar el
diálogo y la cooperación, lo que traducido en el aumento de la productividad, la
valoración del trabajo humano y la satisfacción de necesidades básicas de los
trabajadores y sus familias, responsabilidad que desde luego siempre había asumido el
Instituto Mexicano del Seguro Social, que siempre había tenido una comprometida
participación, al brindar seguridad social a muchos millones de trabajadores y a sus
respectivas familias.
Sabedores de
ellos, los grupos parlamentarios del PRI, tanto en la Cámara de Diputados como en la
Cámara de Senadores, hemos demostrado nuestro interés y brindado nuestro apoyo, para
fortalecer la viabilidad institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social, y así lo
hemos dejado de manifiesto a través de nuestro apoyo, a las reformas que propuso el
Seguro Social en diciembre de 2001, así como con los exhortos que le hemos hecho al Poder
Ejecutivo Federal, para que esta gran institución de seguridad social, no fuera objeto de
disminución de recursos presupuestales durante el ejercicio fiscal del año pasado.
No obstante, en
diciembre de 2002, el Instituto Mexicano del Seguro Social, propuso a los prestadores de
servicio de guarderías, nuevos esquemas que tienden a disminuir el monto de las cuotas
vigentes hasta en un 14%. Es fácil darse cuenta, en caso de darse esta propuesta, que se
estaría afectando la economía de los prestadores y la viabilidad de estos servicios.
Por esta razón,
los grupos parlamentarios del PRI en la Comisión Permanente, mucho nos preocupan las
propuestas que se han venido expresando ante los medios de comunicación por parte de los
padres de familia y de los directores de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano
del Seguro Social, respecto de los nuevos contratos de servicios propuestos por el
Instituto, contratos que de acuerdo a la Asociación Nacional de Guarderías, A.C.,
prevén reducciones de atención a menores y disminución de personal especializado, de
material didáctico, hechos que de concretarse, afectarían de manera significativa, el
bienestar de miles de trabajadores y sus familias.
El problema,
estimadas compañeras, estimados compañeros, no es menor, dado que perjudica a un
universo de más de mil guarderías subrogadas y alrededor de 140 mil menores que reciben
este servicio.
A los
legisladores priístas les preocupa que el nuevo esquema de contratos y operación para
guarderías subrogadas, repercuta de manera significativa, en la calidad de los servicios
que se ofrecen a los niños, y que de paso dañe la economía familiar de los trabajadores
asegurados.
Tampoco
estaríamos de acuerdo en que los servicios de guardería que brinda el Seguro Social a
sus trabajadores, fuera de primera y segunda categoría, en virtud de que se estarían
prestando servicios discriminatorios, que no podemos aceptar, y porque todo menor
asegurado debe de recibir un servicio digno y de calidad.
En este sentido,
consideramos que el servicio de guarderías. Es una prestación valiosa e imprescindible
de la seguridad social en México, una conquista sindical histórica, para las madres que
tienen la necesidad de trabajar a menudo como sostenedoras de la economía familiar.
Actualmente las
mujeres insertas en la economía formal, aportan el 35% del producto interno bruto
mientras que el 25% de los hogares mexicanos son conducidos por una mujer.
Es por ello que
no se les hace ningún favor al atender a sus hijos durante sus jornadas laborales, porque
hacerlo es parte del régimen de seguridad social pagado en parte con las cuotas de los
propios beneficiarios del servicio.
Desconocer esta
realidad es un hecho reprobable injusto, principalmente cuando el desconocimiento por
impericia o dolo, proviene de un gobierno beneficiado electoralmente del voto de la mujer;
sector al que muchos otros el hoy Presidente Vicente Fox, realizó promesas que no sólo
no ha cumplido, sino que revierte con atentados como el que hoy se pretende gestar en
contra de las madres trabajadoras.
En este sentido
lo que está en riesgo no sólo es la calidad del servicio y la atención a los menores,
sino la misma seguridad laboral de las miles de madres de familia que al no poder resolver
su necesidad de cuidado y atención de sus hijos, durante la jornada laboral, se ven en la
disyuntiva de abandonar sus fuentes de trabajo.
La política
implementada por este gobierno del cambio, no sólo pretende desconocer el compromiso
histórico del Estado mexicano en la lucha por la incorporación de las mujeres a los
beneficios de justicia social, sino que en su afán de consolidar su imagen e intereses
partidistas, genera espacios de desatención institucional para ser ocupados por
instituciones privadas que se han ido apropiando de la atención de las necesidades de las
más apremiantes de índole social en beneficio de sus propias causas o de intereses.
No queremos
suponer que esto nos lleve a que con la desatención de las guarderías o la
privatización de las instituciones de asistencia social, se quiera consolidar a las
instituciones privadas como es la fundación “Vamos México”, que bajo el amparo
del Ejecutivo Federal, pretende capitalizar políticamente cada oportunidad de atención
social que se presenta, como si la resolución de este tipo de problemática no fuera
competencia del Estado.
Es inaceptable
que en el caso de las guarderías se pretendan ignorar las consecuencias sociales y
económicas de una medida como la que se pretende imponer desde el Instituto Mexicano del
Seguro Social.
Es un hecho que
la capacidad del Seguro Social para ofrecer éste y otros derechos se ha restringido. Sin
embargo, es lamentable que el actuar del Gobierno Federal se limite a la contemplación de
los hechos y la justificación de las medidas por la aparente falta de opciones
financieras. A cada solicitud y necesidad social este gobierno ha respondido sólo con
negativas justificando su ineficiencia y culpas ajenas.
Para los
legisladores del Partido Revolucionario Institucional, las guarderías subrogadas
representan una prestación indispensable para las madres que trabajan. No son, ni pueden
ser nunca, una dádiva ni una acción de beneficencia; es competencia y responsabilidad
del Estado.
Si el Instituto
Mexicano del Seguro Social subroga a particulares, estas responsabilidades ante todo por
su incapacidad para hacerlo directamente en todos los casos.
Por eso nos
resulta preocupante que tanto el Ejecutivo como el Seguro Social, pretendan desestimar la
naturaleza y el alcance del conflicto, generando un clima de desconfianza, alimentado por
verdades a medias esparcidas con la intención de aminorar la importancia de la
situación.
Por lo anterior,
los grupos parlamentarios del PRI proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que la Comisión de Trabajo y Previsión
Social del Senado de la República, convoque a la brevedad posible a las autoridades
encargadas del área de guarderías del Seguro Social y a los dirigentes de la Asociación
Nacional de Guarderías, A.C., para que de manera conjunta se discutan las alternativas y
soluciones de la problemática.
Segundo. Exhortar a las partes en conflicto para
que promuevan la negociación de contratos justos y equitativos donde se preserve la
calidad de los servicios de las guarderías, a la vez que se mantenga el equilibrio
financiero del instituto.
Tercero. Exhortar de nueva cuenta al Gobierno
Federal, para que realice un esfuerzo adicional a fin de apoyar con recursos económicos
extras al Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de no disminuir los apoyos que se
otorgan a las guarderías subrogadas y para que con ello estas puedan continuar brindando
servicio de calidad a los derechohabientes.
Finalmente,
exhortar a las organizaciones empresariales, obreras y a las autoridades del Seguro
Social, a que propongan un programa estructural de acciones a seguir que tengan como fin
último la creación de más infraestructura de guarderías para satisfacer el aumento de
la demanda de este servicio en todo el país.
Por su
atención, muchas gracias.
«Punto de
acuerdo sobre la problemática de las guarderías del IMSS, propuesto por el grupo
parlamentario del PRI.
La inserción de
México en la globalización y su integración a la economía regional y mundial, han
generado grandes desafíos y retos, sobre todo para enfrentar la competitividad
internacional, en un ámbito que permita promover el desarrollo social de los mexicanos.
Estas
transformaciones han obligado a adoptar constantes cambios en el entorno laboral,
empresarial y social, así como en los aspectos productivos y de organización del Estado
mexicano, siempre con la finalidad superior de incrementar el bienestar de la población.
Los factores de
la producción han actuado con responsabilidad y compromiso con México, al alentar el
diálogo y la cooperación, lo que se ha traducido en el aumento de la productividad, la
valoración del trabajo humano y la satisfacción de necesidades básicas de los
trabajadores y sus familias.
Responsabilidad
en la que desde siempre se ha sumado el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha
tenido una comprometida participación, al brindar seguridad social a muchos millones de
trabajadores y a sus respectivas familias, a pesar de la difícil situación financiera
por la que atraviesa.
Sabedores de
ello, los grupos parlamentarios del PRI siempre hemos demostrado nuestro interés y
brindado nuestro apoyo para fortalecer la viabilidad institucional del IMSS, y así lo
hemos dejado de manifiesto a través de nuestro apoyo a las reformas que propuso el Seguro
Social en diciembre de 2001, así como con los exhortos que hemos hecho al Poder Ejecutivo
federal para que esta gran institución de la seguridad social no fuera objeto de
disminución de recursos presupuestales durante el ejercicio fiscal del año pasado.
No obstante lo
anterior, en diciembre de 2002, el IMSS propuso a los prestadores del servicio de
guardería nuevos esquemas que tienden a disminuir el monto de las cuotas vigentes hasta
en un catorce por ciento. Es fácil darse cuenta, en caso de darse esta propuesta, que se
estaría afectando la economía de los prestadores y la viabilidad de estos servicios.
Es por tal
razón, que a los grupos parlamentarios del PRI en la Comisión Permanente, mucho nos
preocupan las protestas que se han venido expresando ante los medios de comunicación, por
parte de padres de familia y de directores de guarderías subrogadas del IMSS, respecto de
los nuevos contratos de servicios propuestos por el Instituto. Contratos que de acuerdo a
la Asociación Nacional de Guarderías, AC, prevén reducciones de atención a menores y
disminución de personal especializado y de material didáctico, hechos que, de
concretarse, afectarían de manera significativa el bienestar de miles de trabajadores y
sus familias.
El problema no
es menor, dado que perjudica a un universo de más de mil guarderías subrogadas y
alrededor de 140 mil menores que reciben este servicio.
A los
legisladores priístas nos preocupa que el nuevo esquema de contratos de operación para
guarderías subrogadas repercuta de manera significativa en la calidad de los servicios
que se ofrecen a los niños y que de paso dañe la economía familiar de los trabajadores
asegurados.
Tampoco
estaríamos de acuerdo en que los servicios de guardería que brinda el IMSS a sus
trabajadores, fueran de primera y de segunda categoría, en virtud de que se estarían
presentando servicios discriminatorios que no podemos aceptar. Y porque todo menor
asegurado debe recibir un servicio digno y de calidad.
En este sentido,
consideramos que el servicio de guardería es una prestación valiosa e imprescindible de
la seguridad social en México, una conquista sindical histórica para las madres que
tienen la necesidad de trabajar, a menudo como sostenedoras de la economía familiar.
Actualmente las
mujeres insertas en la economía formal aportan el 35% del PIB, mientras que el 25% de los
hogares mexicanos son conducidos por una mujer.
Es por ello que
no se les hace ningún favor al atender a sus hijos durante sus jornadas laborales, porque
hacerlo es parte del régimen de seguridad social pagado en parte con las cuotas de las
propias beneficiarias del servicio.
Desconocer esta
realidad es un hecho reprobable e injusto, principalmente cuando el desconocimiento, por
impericia o dolo, proviene de un gobierno beneficiado electoralmente del voto de la mujer,
sector al que como muchos otros, el hoy presidente Vicente Fox realizó promesas que no
sólo no ha cumplido, sino que revierte con atentados como el que hoy se pretende gestar
en contra de las madres trabajadoras.
En este sentido,
lo que está en riesgo no sólo es la calidad del servicio y la atención a los menores,
sino la misma seguridad laboral de las miles de madres de familia que al no poder resolver
su necesidad de cuidado y atención a sus hijos durante la jornada laboral, se ven en la
disyuntiva de abandonar sus fuentes de trabajo.
La política
implementada por este gobierno “del cambio” no sólo pretende desconocer el
compromiso histórico del Estado mexicano en la lucha por la incorporación de las mujeres
a los beneficios de la justicia social, sino que en su afán de consolidar su imagen e
intereses partidistas y electorales, genera espacios de desatención institucional, para
ser ocupados por instituciones privadas, que se han ido apropiando de la atención de las
necesidades más apremiantes de índole social, en beneficio de sus propias causas e
intereses.
Tal es el caso
de la Fundación “Vamos México”, que bajo el amparo y complicidad del Ejecutivo
Federal, pretende capitalizar políticamente, cada oportunidad de atención social que se
le presenta, como si la resolución de este tipo de problemáticas no fuera competencia
del Estado.
Es inaceptable
que en el caso de las guarderías se pretendan ignorar las consecuencias sociales y
económicas de una medida como la que se pretende imponer desde el IMSS.
¿Acaso con el
desamparo de las madres trabajadoras, se está tratando de construir el siguiente espacio
de acción para la señora Martha Sahagún? ¿O es una coincidencia más que todos los
programas sociales que impulsa la Fundación “Vamos México” se nutran y
fortalezcan inicialmente de una desatención del Ejecutivo a sectores y grupos sociales
específicos, como los niños de la calle, las comunidades indígenas y ahora, las mujeres
trabajadoras?
Es un hecho que
las capacidades del IMSS para ofrecer ése y otros derechos se ha restringido por sus
crecientes dificultades financieras, sin embargo es lamentable que el actuar del Gobierno
Federal se limite a la contemplación de los hechos y a la justificación de la medida por
la aparente falta de opciones financieras.
A cada solicitud
y necesidad social, este Gobierno ha respondido descaradamente con una negativa,
justificando su ineficacia en culpas ajenas.
Para los
legisladores del PRI, las guarderías subrogadas representan una prestación indispensable
para las madres que trabajan, no son, ni pueden ser nunca una dádiva, ni una acción de
beneficencia, es competencia y responsabilidad del Estado; si el IMSS subroga a
particulares esta responsabilidad, es ante todo por su incapacidad para hacerlo
directamente en todos los casos.
Por eso nos
resulta preocupante que tanto el Ejecutivo como el IMSS, pretendan desestimar la
naturaleza y el alcance del conflicto, generando un clima de desconfianza alimentado por
verdades a medias esparcidas con la intención de aminorar la importancia de la
situación.
Por todo lo
anterior, los grupos parlamentarios del PRI proponemos el siguiente punto de acuerdo:
1.- Que la
Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República convoque a la
brevedad posible a las autoridades encargadas del área de guarderías del IMSS y a los
dirigentes de la Asociación Nacional de Guarderías, AC, para que de manera conjunta
discutamos alternativas de solución ante la problemática.
2.- Exhortar a
las partes en conflicto para que promuevan la negociación de contratos justos y
equitativos, donde se preserve la calidad de los servicios de guardería, a la vez que se
mantenga el equilibrio financiero del Instituto.
3.- Exhortar de
nueva cuenta al Gobierno Federal para que realice un esfuerzo adicional, a fin de apoyar
con recursos económicos extra al Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de no
disminuir los apoyos que se otorgan a las guarderías subrogadas y, para que con ello,
éstas puedan continuar brindando servicios de calidad a los derechohabientes.
4.- Exhortar a
las organizaciones empresariales, obreras y a las autoridades del IMSS a que propongan un
programa estructural de acciones a seguir, que tenga como fin último la creación de más
infraestructura de guarderías, para satisfacer el aumento de la demanda de este servicio
en todo el país.
México, DF,
enero 28 de 2003.— Grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.— Sen. Yolanda E. González
Hernández (rúbrica).»
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Túrnese a la Comisión de Salud y
Seguridad Social de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Trabajo de la misma
Cámara de Senadores.
SISMO
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Para presentar
una proposición con punto de acuerdo para destinar apoyos emergentes y extraordinarios a
los damnificados del estado de Colima, por el terremoto ocurrido el pasado 21 de enero de
2003, suscrita por los senadores Héctor Michel Camarena y Ernesto Gil Elorduy, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra el senador
Ernesto Gil Elorduy.
El senador Ernesto Gil Elorduy:
Con su permiso,
señor Presidente; honorable Asamblea:
El senador por
Colima Héctor Michel Camarena, solicitó al grupo parlamentario del PRI y por nuestro
conducto a los compañeros diputados de esta Comisión Permanente, para a su nombre
presentar este punto de acuerdo que se refiere a la urgencia de atender con recursos a los
damnificados del estado de Colima como consecuencia del terremoto ocurrido el pasado 21 de
enero de este año.
Colima vivió
uno de los peores fenómenos naturales de su historia, un terremoto de 7.6 grados en la
Escala de Richter, con epicentro en las costas colimenses y que también dejó sentir su
fuerza en 11 entidades de la República, trajo consigo lamentables pérdidas de 21 vidas
humanas, centenares de heridos, destrucción y desolación para los habitantes de esa
entidad.
Para dimensionar
la fuerza y consecuencia de la tragedia, más de 800 casas destruidas en su totalidad y
más de 12 mil afectadas, conforman las escenas dantescas en cinco de los 10 municipios de
la entidad como son: Colima, Tecomán, Villa de Alvarez, Coquimatlán y Manzanillo; con
mayores estragos en la ciudad capital.
Los daños
estructurales se han extendido de casas-habitación a cientos de comercios, a más de 700
inmuebles escolares, lo mismo en monumentos históricos y templos religiosos, oficinas
administrativas de los tres niveles de gobierno y también en la infraestructura agrícola
del estado: clínicas, hospitales del ISSSTE, IMSS y de la Secretaría de Salud.
Cabe también
mencionar que en el caso del hospital del ISSSTE, con sede en la ciudad capital, fue
necesario desalojar a pacientes y personal de dicha institución, debido a los fuertes
daños que sufrió su edificio.
Ante el luto y
dolor de los colimenses se pone de manifiesto una vez más la solidaridad y hermandad de
los mexicanos, el actuar de nuestras instituciones.
Es de
reconocerse y se reconoce, la pronta intervención de las fuerzas armadas que con
eficiencia y amplia capacidad han implementado el Plan DN-3 en apoyo a damnificados.
La
participación espontánea y solidaria de la sociedad civil; la ayuda siempre fraterna de
diversos gobiernos estatales que ya ha llegado a Colima y aquella que puntualmente ha sido
propuesta y enviada por organismos internacionales y naciones como: España, Estados
Unidos, Grecia y el Estado Vaticano, entre otros.
La actuación de
la Benemérita Cruz Roja Mexicana y la cooperación de cuerpos de rescate del vecino
estado de Jalisco se han sumado exitosamente a las tareas de ayuda inmediata y remoción
de escombros en la entidad. A ellos y a quienes ante estas adversas circunstancias han
brindado su apoyo a los miles de familias damnificadas expresamos la gratitud y
reconocimiento del pueblo y Gobierno de Colima.
Al día
siguiente del terremoto el Ejecutivo Federal, en compañía de los Secretarios de la
Sedesol, Sedena, Marina, Turismo, así como de los titulares del ISSSTE y el Cenapred,
realizaron un recorrido por las zonas afectadas en compañía del gobernador del estado.
En los días subsecuentes los secretarios de Educación, Economía y el director del
Fonden llevaron a cabo una gira de trabajo a efecto de evaluar y convenir los apoyos
necesarios.
La mañana del
jueves 24 el Ejecutivo estatal sostuvo una reunión de trabajo en Los Pinos y se firmaron
acuerdos para la rehabilitación y apoyo a damnificados del terremoto por 150 millones de
pesos. La magnitud y evaluaciones del terremoto que han ejercido las instancias
correspondientes de los tres órdenes de Gobierno permite al Gobierno del estado estimar
en 400 millones de pesos la cantidad de recursos necesarios para programas exclusivos de
reconstrucción de vivienda, según la información proporcionada por el propio Gobernador
del estado, Fernando Moreno Peña, a la sociedad colimense.
Asimismo la
dimensión y consecuencias del terremoto hicieron posible que la Secretaría de
Gobernación y a petición del propio gobierno del estado se declarara a Colima como zona
de desastre. Se han instrumentado los mecanismos que permitirán el flujo de apoyos y
recursos para la recuperación de miles de inmuebles afectados en forma parcial o total.
Lamentaremos
siempre la invaluable pérdida de colimenses que en el fenómeno natural perecieron. A sus
deudos y a todo el pueblo de Colima nuestro apoyo y solidaridad en momentos tan
difíciles.
En los hechos
Colima está demostrando que una adecuada coordinación entre los órdenes de Gobierno,
instituciones y sociedad, es la mejor garantía para dar solución a la problemática
derivada de contingencias y desastres naturales. Ahora es necesario redoblar esfuerzos y
respaldar las acciones emprendidas, a fin de garantizar que el desarrollo de un eficaz
sistema de protección civil debe contar con tres estrategias de aplicación básicas: una
de prevención, en la cual se busca evitar los efectos nocivos del desastre; otra, de
acción de emergencia para salvar el mayor número de vidas y contrarrestar situaciones
secundarias, y una última, de restablecimiento que solucione la problemática material de
la colectividad.
En este contexto
no sólo se hace necesario la revisión de planteamientos sociológicos, políticos,
históricos y legales, que nos permita alcanzar respuestas más integrales y colectivas
para la atención de futuros riesgos y emergencias. Se requiere ampliar, pero ante todo
garantizar la insuficiencia de recursos tendientes al auxilio, reconstrucción y
recuperación de las condiciones de normalidad ante la presencia de situaciones de
desastre.
Ahora es preciso
centrar los esfuerzos hacia el fortalecimiento de un proceso de reconstrucción en
inmuebles afectados. Dar certidumbre y seguridad económica a quienes lo han perdido todo
o parte de su patrimonio, forjado con el esfuerzo y tenacidad de muchos años. De nada
servirán los mecanismos de coordinación entre las distintas dependencias públicas y los
tres órdenes de Gobierno con el propósito de realizar acciones unificadas que respondan
efectivamente al desastre de Colima, si no se cuenta con los recursos suficientes, pero
ante todo su inmediata disposición.
Honorable
Asamblea: por lo anteriormente expuesto y a nombre del senador de la República por
Colima, Héctor Michel Camarena, someto a la consideración de este honorable pleno la
aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión solicita al Gobierno Federal que con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 9o. y 54 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2003, así como de conformidad con lo previsto por los artículos 15, 26, 27,
28, 29 y 30 y demás relativos de las reglas de operación del Fondo de Desastres
Naturales, se transfieran recursos adicionales al Fonden por 500 millones de pesos,
destinados a programas de reconstrucción de inmuebles, en ayuda a los damnificados de
Colima por el terremoto ocurrido el pasado martes 21 de enero y que se ejercerán
independientemente de los recursos ya acordados entre los gobiernos de la República y del
estado de Colima.
Para efectos de
lo anterior, los gobiernos federal y del estado de Colima, constituirán un consejo
estatal integrado por el Gobierno del estado de Colima, representantes de todas las
dependencias federales involucradas, así como por los municipios afectados, a efecto de
que induzca en coordinación con el Fonden, todo lo relativo a la aplicación, fijación
de metas, destino y flujo de los recursos adicionales para los programas emergentes de
vivienda y ayuda a damnificados a que se refiere el presente punto de acuerdo.
Segundo. La asignación de los recursos será en
el entendido de que en aquellos casos en que las condiciones económicas lo permitan, los
particulares o beneficiarios reintegrarán el apoyo económico a la Federación en los
plazos y procedimientos que para tal efecto se determine por el propio fideicomiso.
Tercero. Esta soberanía exhorta al Ejecutivo
Federal, para que a través de los titulares de la Sedesol, Educación, ISSSTE, IMSS,
Economía, Turismo, Sagarpa y el propio Fonden, agilicen el flujo de los recursos ya
acordados en apoyo a los damnificados por el terremoto en el estado de Colima.
Cuarto. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, reconoce y agradece el apoyo de jefes de Estado, organismos
internacionales y miembros de la comunidad internacional que en tan difíciles momentos
para el pueblo de México han mostrado su solidaridad y apoyo siempre entrañables.
Quinto. Se gire atento oficio al Presidente de la
República, con el anexo del punto de acuerdo respectivo, para los efectos que se indica
en los puntos citados con anterioridad.
Por su
atención, muchas gracias.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII
Legislatura.
C. Presidente de
la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.
El suscrito,
Héctor Michel Camarena, senador de la República por el estado de Colima, con fundamento
en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer, como de urgente y obvia
resolución, el siguiente punto de acuerdo para destinar apoyos emergentes y
extraordinarios a los damnificados del estado de Colima por el terremoto ocurrido el
pasado 21 de enero de 2003, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
El pasado martes
21 de enero, el estado de Colima vivió uno de los peores fenómenos naturales de su
historia. Un terremoto de 7.6 grados en la escala de Richter, con epicentro en las costas
colimenses, y que también dejó sentir su fuerza en 11 entidades de la República, trajo
consigo la lamentable pérdida de 21 vidas humanas, centenares de heridos y destrucción y
desolación para los habitantes de nuestra entidad.
Para dimensionar
la fuerza y las consecuencias de la tragedia que vive hoy el pueblo de Colima, podemos
mencionar que movimientos telúricos de la misma intensidad han dejado miles de muertes en
otras partes del mundo. Tal es el caso de la población de Tango, Japón, que en 1927
registró un movimiento similar, causando más de 3 mil víctimas; o el del sismo que, en
1999, dejó 15,637 decesos en la ciudad de Izmit, Turquía.
Más de 800
casas destruidas en su totalidad y más de 12 mil afectadas forman escenas dantescas en 5
de los 10 municipios de la entidad, Colima, Tecomán, Villa de Alvarez, Coquimatlán y
Manzanillo, con mayores estragos en la ciudad capital.
Los daños
estructurales se han extendido de casas habitación a cientos de comercios, a más de 700
inmuebles escolares, lo mismo que en monumentos históricos y templos religiosos u
oficinas administrativas de los tres niveles de gobierno y en la infraestructura agrícola
del estado y clínicas y hospitales del ISSSTE, IMSS y de la Secretaría de Salud. Cabe
mencionar que, en el caso del hospital del ISSSTE con sede en la ciudad capital, fue
necesario desalojar a pacientes y personal de la institución debido a los fuertes daños
que sufrió su edificio.
Ante el luto y
el dolor de los colimenses, se ponen de manifiesto, una vez más, la solidaridad y
hermandad de los mexicanos, el actuar de nuestras instituciones. Son de reconocerse, y se
reconocen, la pronta intervención de nuestras Fuerzas Armadas, que con eficiencia y
amplia capacidad han implantado el Plan DN-III-E en apoyo de damnificados; la
participación espontánea y solidaria de la sociedad civil; la ayuda siempre fraterna de
diversos gobiernos estatales, que ya ha llegado a Colima; y la que puntualmente ha sido
propuesta y enviada por organismos internacionales y naciones como España, Estados
Unidos, Grecia y el Estado Vaticano, entre otros.
La actuación de
la benemérita Cruz Roja Mexicana y la cooperación de cuerpos de rescate del vecino
estado de Jalisco se han sumado exitosamente a las tareas de ayuda inmediata y remoción
de escombros en la entidad. A ellos, y a quienes en estas adversas circunstancias han
brindado su apoyo a los miles de familias damnificadas, expresamos la gratitud y el
reconocimiento del pueblo y del Gobierno de Colima.
Al día
siguiente del terremoto, el martes 22 de enero, el Ejecutivo Federal, en compañía de los
titulares de la Sedesol, Sedena, Marina y Turismo, así como de los del ISSSTE y Cenapred,
realizó un recorrido por las zonas afectadas, en compañía del gobernador del estado.
En los días
subsecuentes, los secretarios de Educación y de Economía y el director del Fonden
llevaron a cabo una gira de trabajo, a efecto de evaluar y convenir los apoyos necesarios.
La mañana del jueves 24 de enero, el Ejecutivo estatal sostuvo una reunión de trabajo
encabezada por el Presidente Vicente Fox Quesada en la residencia oficial de Los Pinos,
firmando acuerdos para la rehabilitación y apoyo a damnificados del terremoto por 150
millones de pesos. La respuesta y coordinación de los gobiernos estatal y Federal han
sido adecuadas.
La magnitud y
las evaluaciones del terremoto que han ejercido las instancias correspondientes de los
tres órdenes de Gobierno, permiten al gobierno del estado estimar en 400 millones de
pesos la cantidad de recursos necesarios para programas exclusivos de reconstrucción de
viviendas, según la información proporcionada por el propio gobernador del estado,
Fernando Moreno Peña, a la sociedad colimense.
Asimismo, la
dimensión y las consecuencias del terremoto hicieron posible que la Secretaría de
Gobernación, y a petición del propio Gobierno del estado, declarara a Colima zona de
desastre.
Se han
implantado los mecanismos que permitirán el flujo de apoyos y recursos para la
recuperación de miles de inmuebles afectados en forma parcial o total. Lamentaremos
siempre la invaluable pérdida de colimenses que en el fenómeno natural perecieron. A sus
deudos y a todo el pueblo de Colima, nuestro apoyo y solidaridad en tan difíciles
momentos.
En los hechos,
Colima está demostrando que una adecuada coordinación entre los órdenes de gobierno,
instituciones y sociedad es la mejor garantía para dar solución a la problemática
derivada de contingencias y desastres naturales.
Ahora, es
necesario redoblar esfuerzos y respaldar las acciones emprendidas a fin de garantizar que
el desarrollo de un eficaz sistema de protección civil debe contar con tres estrategias
de aplicación básicas: una de prevención, en la cual se busca evitar los efectos
nocivos del desastre; otra de acción de urgencia, para salvar el mayor número de vidas y
contrarrestar situaciones secundarias; y una última de restablecimiento, que solucione la
problemática material de la colectividad.
En este
contexto, no sólo se hace necesaria la redefinición de planteamientos sociológicos,
políticos, históricos y legales que nos permita alcanzar repuestas más integrales y
colectivas para la atención de futuros riesgos y emergencias. Se requiere ampliar, pero
ante todo garantizar la suficiencia de recursos tendentes al auxilio, reconstrucción y
recuperación de las condiciones de normalidad ante la presencia de situaciones de
desastre.
Ahora es preciso
centrar los esfuerzos en el fortalecimiento de un proceso de reconstrucción de inmuebles
afectados, dar certidumbre y seguridad económica a quienes lo han perdido todo o parte de
su patrimonio, forjado con el esfuerzo y tenacidad de muchos años.
De nada
servirán los mecanismos de coordinación entre las distintas dependencias públicas y los
tres órdenes de gobierno, con el propósito de realizar acciones unificadas que respondan
efectivamente al desastre en Colima, si no se cuenta con los recursos suficientes, pero
ante todo con su disposición inmediata.
Por lo
anteriormente expuesto, el suscrito, senador de la República por Colima Héctor Michel
Camarena, somete a la consideración del Pleno de esta honorable soberanía la aprobación
del siguiente
Punto de Acuerdo
Como de urgente
y obvia resolución.
Primero. La Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Gobierno Federal que, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 9o. y 54 del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, así como de conformidad con lo previsto en
los artículos 15, 26, 27, 28, 29, 30 y demás relativos de las Reglas de Operación del
Fondo de Desastres Naturales, se transfieran recursos adicionales al Fonden por quinientos
millones de pesos, destinados a programas de reconstrucción de inmuebles, en ayuda de los
damnificados de Colima por el terremoto ocurrido el pasado martes 21 de enero, y que se
ejercerán independientemente de los recursos ya acordados entre los gobiernos de la
República y del estado de Colima.
Para efectos de
lo anterior, los gobiernos Federal y del estado de Colima constituirán un consejo
estatal, integrado por el gobierno del estado de Colima y por representantes de todas las
dependencias federales involucradas, así como por los municipios afectados, a efecto de
que induzca, en coordinación con el Fonden, todo lo relativo a la aplicación, fijación
de metas, destino y flujo de los recursos adicionales para los programas emergentes de
vivienda y ayuda a damnificados a que se refiere el presente punto de acuerdo.
Segundo. La asignación de los recursos será en
el entendido de que, en los casos en que las condiciones económicas lo permitan, los
particulares o beneficiarios reintegrarán el apoyo económico a la Federación en los
plazos o procedimientos que para tal efecto se determinen por el fideicomiso.
Tercero. Esta soberanía exhorta al Ejecutivo
Federal para que, a través de los titulares de la Sedesol, Educación, ISSSTE, IMSS,
Economía, Turismo, Sagarpa y el propio Fonden, agilicen el flujo de los recursos ya
acordados en apoyo de los damnificados por el terremoto en el estado de Colima.
Cuarto. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión reconoce y agradece el apoyo de jefes de Estado, organismos
internacionales y miembros de la comunidad internacional que, en tan difíciles momentos
para el pueblo de México, han mostrado su solidaridad y apoyo, siempre entrañables.
Quinto. Se gire atento oficio al Presidente de la
República, con el anexo del punto de acuerdo respectivo, para los efectos que se indica
en los puntos citados con anterioridad.
Dado en la
Ciudad de México, en la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, durante
el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LVIII Legislatura, a
los 29 días de enero de 2003.— Senadores: Héctor
Michel Camarena y Ernesto Gil Elorduy (rúbricas).»
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
Gracias senador.
En virtud de que
tenemos inscrito para presentar propuestas con punto de acuerdo sobre el mismo tema, al
diputado Ramón León Morales, del PRD, y al senador Víctor Manuel Torres Herrera, del
PAN, escucharemos estas dos intervenciones antes de preguntar a la Asamblea si el tema lo
consideran de urgente o de obvia resolución.
Tiene la palabra
el senador Víctor Manuel Torres Herrera, del Partido Acción Nacional.
El senador Víctor Manuel Torres Herrera:
Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, el suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
someto a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente punto de acuerdo, con
objeto de solicitar al Gobierno Federal apoyo extraordinario para atender a los
damnificados del terremoto ocurrido el 21 de enero en el estado de Colima, de conformidad
con las siguientes
CONSIDERACIONES
Los habitantes
del estado de Colima viven una situación de emergencia, a consecuencia del terremoto
ocurrido el pasado 21 del mes en curso, el movimiento telúrico con una intensidad de 7.6
en la Escala de Richter causó tal daño en la entidad que se considera como el fenómeno
natural más destructivo en el estado de Colima de hace medio siglo.
Con este
fenómeno se colapsaron numerosas edificaciones lo cual arrojó un saldo de 500 personas
heridas y 21 muertos; además de los lamentables daños a la integridad física de las
personas, el terremoto causó grandes perjuicios a la infraestructura habitacional,
industrial y del comercio en los municipios de Ixtlahuacán, Tecomán, Armería, Colima,
Villa de Alvarez y Coquimatlán. De acuerdo a una evaluación preliminar se estima que en
la entidad, alrededor de 11 mil edificaciones sufrieron daños, de ellas 2 mil 135 se
consideran como de pérdida total, 4 mil 237 tienen pérdida parcial y 4 mil 657 presentan
daños leves, que según funcionarios del Gobierno estatal, se necesitará una inversión
aproximada a los 400 millones de pesos para su reconstrucción.
Sin embargo, el
número de edificaciones dañadas ha ido aumentando con el paso de los días, por lo que
el número final de éstas podría llegar a las 14 mil viviendas dañadas.
Como
consecuencia de las viviendas colapsadas o en peligro de caer, miles de personas se
encuentran alojadas en casas ajenas o en albergues públicos, además del daño a las
viviendas también resultaron afectadas diversas instalaciones de salud pública como el
IMSS, el ISSSTE, centros educativos públicos y privados de todos los niveles, iglesias
entre otros.
Las pérdidas
sufridas tan sólo en la Universidad de Colima se estiman en alrededor de 150 millones de
pesos. También son cuantiosas las pérdidas en la planta productiva de la entidad, como
son los sectores del comercio, de servicios y de transformación, los cuales fueron
afectados en sus edificios, muebles y mercancías.
En su conjunto,
los daños provocados por el terremoto están afectando gravemente la vida familiar y la
economía de una alta proporción de colimenses, colocando a la entidad en una situación
de emergencia como no se conocía desde hace varias décadas.
Debe reconocerse
que los tres niveles de Gobierno han trabajado coordinada y prontamente para restablecer
los servicios básicos como electricidad, agua potable, vías de comunicación y limpieza
de escombros. Mención especial quiero hacer al Ejército mexicano, a la Armada de México
y a grupos sociales que desde el primer momento han venido trabajando para reconstruir las
zonas dañadas.
Sin embargo, el
problema es de tal magnitud, que se requieren medidas urgentes y extraordinarias para
solucionar la falta de vivienda y reactivar la economía de los diversos sectores
productivos de la entidad.
Por lo
anteriormente expuesto, los suscritos legisladores federales del Partido Acción Nacional,
sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- El Congreso de la Unión manifiesta su
solidaridad a todo el pueblo de Colima por la irreparable pérdida de vidas humanas así
como por los cuantiosos daños a los bienes de la población, ocurridos a consecuencia del
sismo del día 21 del presente mes.
Segundo.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo
Federal a utilizar toda la fuerza de las instituciones a su cargo, para que en
coordinación con las autoridades estatales y municipales, se auxilie en la medida
necesaria y rápida a la población damnificada, con la finalidad de que en el menor
tiempo posible se normalice la vida familiar, social y productiva en el Estado de Colima.
En estas
condiciones de emergencia, deben considerarse prioritarios los programas de
reconstrucción de viviendas y para estimular que las micro, pequeñas y medianas empresas
puedan seguir operando y mantengan la ocupación de mano de obra.
Considerando que
las instituciones de seguridad social sufrieron daños en su infraestructura, deben
tomarse las medidas emergentes para la normalización de su servicio y asegurar el abasto
suficiente de medicinas.
Todos los
programas de apoyo deberán ser supervisados para asegurar su aplicación transparente,
alejados desde luego de intereses partidistas.
Tomando en
cuenta la emergencia del asunto tratado, solicitamos se considere este punto de acuerdo
como de urgente y obvia resolución y se ponga a discusión de inmediato.
Salón de
sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 29 de enero de 2003.
El presente
punto de acuerdo es presentado por los proponentes: diputado Jesús Dueñas, senador
Salvador Becerra y respaldado por el de la voz, senador Víctor Torres y diputados y
senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Muchas gracias.
Presidencia del diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Para referirse
al mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Ramón León Morales, del Partido de
la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.
El diputado Ramón León Morales:
Muchas gracias,
señor Presidente.
Quiero, antes de
iniciar, comentar con ustedes que ésta, la comisión que nombró la Mesa Directiva de
esta Comisión Permanente, se trasladó a la ciudad de Colima para cumplir con el mandato
que se nos dio de presentar el saludo y la solidaridad de la Comisión Permanente al
Gobierno y pueblo de Colima.
Comentarles a
ustedes que aparte de hacer esta presentación, estos saludos, pudimos tener algunas
reuniones, una de ellas con el gobernador del estado; otra más con empresarios del estado
de Colima y una más con el Comité Estatal de Protección Civil a la cual asistió el
Secretario de Gobernación para declarar los 10 municipios de Colima en zona de desastre.
Asimismo esta
comisión, hicimos un recorrido por algunos de los municipios más afectados; recorrido
que incluyó municipios del sur del estado de Jalisco en los cuales vimos que guardadas
las proporciones, también han sido fuertemente afectados.
Es en ese
sentido que presentamos esta proposición los tres legisladores que nos trasladamos al
Estado de Colima y de Jalisco:
Los suscritos,
senador Víctor Manuel Torres Herrera, del Partido Acción Nacional; diputado Salvador
Cosío Gaona, del Partido Revolucionario Institucional y el diputado Ramón León Morales,
servidor, del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58
y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos. Sometemos a consideración de esta Comisión Permanente, una proposición con
punto de acuerdo, para que se amplíen los apoyos que deberán recibir los afectados del
sismo ocurrido el 21 de enero, en los municipios de Colima y de algunos del Estado de
Jalisco.
El temblor de
7.6 grados de intensidad en la escala Richter, con epicentro en las costas de Colima,
castigó a la entidad y algunos municipios del Estado de Jalisco colindantes con el estado
de Colima, como no había sucedido hace décadas. Lo ocurrido la semana pasada dejó en
tan sólo 50 segundos a muchas familias literalmente en la calle, el recuento de los
daños hasta el día de ayer, era de 12 mil 284 viviendas dañadas, de las cuales 2 mil
969 deberán ser derrumbadas.
Daños
igualmente graves en tres de los siete hospitales que existen en el estado de Colima y 29
escuelas resultaron totalmente inhabilitadas. Asimismo, encontramos que cientos de
enfermos y miles de estudiantes en este momento no pueden recibir una atención regular,
en virtud de lo ocurrido. Encontramos también monumentos históricos, siete iglesias
sumamente dañadas.
Todos los
municipios que integran el estado de Colima resultaron afectados, hoy la gente convive con
el ruido de las máquinas que derrumban casas y edificios, cientos de personas viven el
albergues y miles en sus cocheras o patios ante el temor de que continué temblando, como
ha sucedido. La población de Colima al momento ha guardado la calma y solidaridad. Nos
sumamos al reconocimiento que se ha hecho aquí al Ejército, a Protección Civil, a
autoridades federales y hay que decir estatales también, porque se mantiene el control de
la situación. Igualmente hacemos un llamado para que todo tipo de ayuda sea de manera
institucional y no se aproveche la situación para fines de carácter electoral, o con
fines políticos o de lucro.
La población de
Colima al momento ha guardado la calma y solidaridad, lo mismo en los municipios del sur
de Jalisco, por lo tanto hacemos este reconocimiento repito al Ejército mexicano, a
médicos, enfermeras, ingenieros, miembros de Protección Civil del estado de Colima y de
Jalisco, que igualmente se han destacado por su apoyo desinteresado, a los cuales se les
brinda un reconocimiento afectuoso.
El día de ayer
el Gobierno Federal declaró zona de desastre natural a los 10 municipios del estado de
Colima, a los que se destinarán recursos del Fondo de Desastres Naturales, para apoyar a
los afectados. Se habla de alrededor de 80 millones de pesos los cuales resultarán
insuficientes, aun cuando se suman otras cantidades que han sido prometidas por los
gobiernos de otros estados y de otras naciones, además de otros apoyos del Gobierno
Federal y otros apoyos en especie que han entregado organizaciones sociales y personas en
lo particular.
De acuerdo con
las reglas de operación para la entrega del Fondo de Desastre, ésos serán entregados a
familias que tienen ingresos de uno a tres salarios mínimos, lo cual significa que miles
de afectados no podrán recibir los apoyos por tener ingresos superiores, esto es en el
estado de Colima, como en muchas otras partes, la mayoría de la gente percibe de dos a
cinco salarios mínimos, razón por la cual se propone para que se reciban los apoyos y se
flexibilicen las reglas, para que se amplíe de uno a cinco salarios mínimos
independientemente de lo anterior, también solicitamos se agilice la entrega de los
recursos del Fonden para que los afectados comiencen a reconstruir sus viviendas y además
se amplíe el monto destinado para apoyar a los afectados, lo suficiente para que alcance
a cubrir las necesidades de un mayor número de damnificados.
También
resultaron afectados casas y negocios de familias que tienen una mayor solvencia
económica pero que requerirán también de apoyos, por lo que se propone que se otorguen
créditos blandos, esto es, con facilidades de pago, lo anterior promoverá la
reactivación de la economía y de los empleos que se perdieron a partir del sismo.
Por último
vamos a proponer, proponemos que se haga un exhorto o recomendación al Ejecutivo y se
analice la situación de otros municipios que viven el mismo problema, como el caso de
Zapotitlán de Vadillo, en Jalisco, de Tolimán, Tonila y Pihuamo en el mismo estado, para
que se les declare zona de desastre y reciban los recursos del Fondo de Desastres
Naturales.
Por lo
anteriormente expuesto y fundado, los legisladores que suscribimos sometemos a
consideración del pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se recomiende al Ejecutivo Federal se
amplíe progresivamente el fondo hasta aquellos ciudadanos afectados por el sismo que
perciban hasta cinco salarios mínimos. Esto es hasta agotar el fondo destinado por el
gobierno.
Segundo. Se agilice la entrega de los recursos del
Fondo de Desastres Naturales para que los afectados comiencen a reparar y reconstruir sus
viviendas, solventar sus necesidades y se amplíe el fondo del monto destinado para apoyar
a los afectados, lo suficiente para cubrir las necesidades de un mayor número de
damnificados por el desastre natural en el estado de Colima y los municipios de Jalisco.
Tercero. Se exhorte al Ejecutivo Federal para que
de inmediato se realicen los estudios para que en su caso se emita la declaratoria de
desastre natural de otros municipios que resultaron igualmente afectados por el sismo,
como es el caso de Zapotitlán de Vadillo, Tolimán, Tonila y Pihuamo, todos del estado de
Jalisco.
Cuarto. Se exhorte al Ejecutivo Federal y estatal
para que implementen programas adicionales a los apoyos del Fonden, para que los afectados
puedan acceder a uno o más programas que les permitan su más ágil recuperación.
Por último
solicitamos respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva, se sirva dictar el
trámite de urgente y obvia resolución a esta propuesta que firmamos los tres
legisladores de la comisión y que pertenecemos a tres distintas fracciones
parlamentarias.
Por su
atención, muchas gracias.
«Los suscritos
diputados federales Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática;
Salvador Cosío Gaona, del Partido Revolucionario Institucional; y el senador Víctor
Manuel Torres Herrera, del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y
59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente una proposición con
punto de acuerdo para que se amplíen los apoyos que deberán recibir los afectados del
sismo ocurrido el 21 de enero en los municipios de Colima y algunos del estado de Jalisco.
1. El temblor de
7.6 grados de intensidad en la escala de Richter, con epicentro en las costas de Colima,
castigó a la entidad y algunos municipios del estado de Jalisco colindantes con el estado
de Colima como no había sucedido hace décadas.
El ocurrido la
semana pasada dejó en tan sólo 50 segundos a muchas familias literalmente en la calle,
el recuento de los daños hasta el día de ayer era de 12 mil 284 viviendas dañadas, de
las cuales, 2 mil 969 deberán ser derrumbadas, 4 mil 444 resultaron con daños parciales
y 1 mil 871 con daños leves, igualmente tres hospitales y 29 escuelas resultaron
inhabilitados por lo que cientos de enfermos y alumnos son reacomodados, siete iglesias
consideradas como monumentos históricos, igualmente quedaron severamente dañadas.
2. Todos los
municipios que integran el estado resultaron afectados, hoy la gente convive con el ruido
de las máquinas que derrumban casas y edificios, cientos de personas viven en albergues y
miles en sus cocheras o patios ante el temor de que continúe temblando, como ha sucedido.
La población de Colima al momento ha guardado la calma y solidaridad, se hace un
reconocimiento el Ejército Mexicano, que desde el primer momento ha apoyado a las
familias que han necesitado cobertores, comida, medicina, albergue, por supuesto a los
médicos y enfermeras, ingenieros y miembros de protección civil que igualmente se han
destacado por su apoyo desinteresado a los que se les agradece afectuosamente.
El día de ayer
el Gobierno Federal declaró zona de desastre natural a los diez municipios del estado a
los que se destinarán recursos del Fondo de Desastres Naturales para apoyar a los
afectados, se habla de unos 80 millones de pesos, que se suman a otras cantidades que han
sido prometidas por los gobiernos de otros estados y de otras naciones, además de otros
apoyos que en especie han entregado organizaciones y personas en lo particular.
3. De acuerdo
con las Reglas de Operación para la entrega del Fondo de Desastres, éstos serán
entregados a familias que tienen ingresos de uno a tres salarios mínimos, lo cual
significa que miles de afectados no podrán recibir los apoyos por tener ingresos
superiores, esto es, en el estado de Colima, como en muchas partes, la mayoría de la
gente percibe de dos a cinco salarios mínimos, razón por la cual se propone para que se
reciban los apoyos, se flexibilicen la reglas para que se amplíe de uno a cinco salarios
mínimos, independiente de lo anterior, se solicita se agilice la entrega de los recursos
del fondo, para que los afectados comiencen a construir sus viviendas, además se amplíe
el monto destinado para apoyar a los afectados, lo suficiente para que alcance a cubrir
las necesidades de un mayor número de damnificados.
4. Que también
resultaron afectados casas y negocios de familias que tienen una mayor solvencia
económica, pero que requerirán también de apoyos, por lo que se propone que se otorguen
créditos blandos, esto es con facilidades de pago, lo anterior promoverá a la
reactivación de la economía y de los empleos que se perdieron a partir del sismo.
5. Por último
se propone que se haga un exhorto o recomendación al Ejecutivo, se analice la situación
que guardan otros municipios que viven el mismo problema como el de Zapotitlán de
Vadillo, Tolimán, Tonila y Pihuamo del estado de Jalisco, para que se les declare zona de
desastre y reciban los recursos del Fondo de Desastres Naturales.
Por lo
anteriormente expuesto y fundado, el legislador suscrito somete a la consideración del
Pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se recomiende al Ejecutivo Federal se
amplíe progresivamente hasta aquellos ciudadanos afectados por el sismo que perciban
hasta cinco salarios mínimos y hasta agotar el fondo destinado por el gobierno.
Segundo. Se agilice la entrega de los recursos del
Fondo de Desastres Naturales, para que los afectados comiencen a reparar y reconstruir sus
viviendas, solventar así sus necesidades y se amplíe el monto del fondo destinado para
apoyar a los afectados lo suficiente para cubrir las necesidades de un mayor número de
damnificados por el desatre natural en el estado de Colima.
Tercero. Se exhorta al titular del Ejecutivo
Federal a efecto de que se otorgue y publique de inmediato la declaración de zona de
desastre natural para los municipios de Zapotitlán de Vadillo, Tolimán, Tonila y Pihuamo
del estado de Jalisco, que ya fueron declarados en su oportunidad en estado de emergencia,
independientemente de continuar y resolver con diligencia extrema el trámite con
relación al resto de los municipios afectados en la entidad, que en su conjunto conforman
la solicitud de dicha declaratoria formulada oportunamente por el ciudadano gobernador del
estado de Jalisco.
Se solicita
otorgar a dicho estado una línea de crédito suficiente que permita a las autoridades
municipales y estatales, disponer de inmediato de recursos financieros para atender los
gastos de emergencia a fin de reembolsarse en cuanto se liberen recursos del Fonden que
les correspondan.
Cuarto. Se exhorte al Ejecutivo Federal y al
estatal para que implementen programas adicionales a los apoyos del Fonden para que los
afectados puedan acceder a uno o más programas que le permitan su más ágil
recuperación.
Por último,
solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva se sirva dictar trámite de
urgente y obvia resolución a esta proposición.
Palacio
Legislativo en San Lázaro, a 29 de enero de 2003.— Diputados: Ramón León Morales (rúbrica), Salvador Cosío Gaona (rúbrica), Jesús Orozco Alfaro, Jesús Dueñas Llereñas,
Víctor Antonio García Dávila (rúbrica), senadores: Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Salvador Becerra Rodríguez (rúbrica), Felipe Vicencio Alvarez (rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
diputado.
Consulta la
Secretaría a la Asamblea si la proposición del senador Ernesto Gil Elorduy se considera
de urgente resolución.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
Se pregunta a la
Asamblea si el punto de acuerdo se considera de urgente y obvia resolución.
Los diputados y
senadores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Se consulta a
los legisladores, los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
No se considera de urgente
resolución y se turna a la Primera Comisión.
Consulte la
Secretaría a la Asamblea si la propuesta del senador Víctor Manuel Torres Herrera se
considera de urgente resolución.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
En votación
económica, se pregunta a la Asamblea...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Permítame,
señora Secretaria.
El
diputado José Alejandro Zapata Perogordo (desde su curul):
En virtud de que
las tres proposiciones con punto de acuerdo coinciden, solicitamos que sean votadas de
manera conjunta.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Efectivamente.
¿El senador Víctor Manuel Torres Herrera y el diputado Ramón León Morales no tienen
inconveniente en que se vote de manera conjunta las dos propuestas?
El senador Ramón León Morales (desde su curul):
Quiero comentar
a la Presidencia de la Mesa Directiva que el documento que fue consensado, es éste que
hemos estado presentando y fue consensado con compañeros de la fracción parlamentaria
del PAN, con compañeros de la fracción parlamentaria del PRI. Por lo tanto, yo pediría
que fuera mi documento el que fuera votado, pero no tendría problema de que se añadiera
como documento, la propuesta que está haciendo el Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Cómo no.
El senador Ernesto Gil Elorduy (desde su curul):
Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Senador Elorduy.
El senador Ernesto Gil Elorduy (desde su curul):
Con todo
respeto, señor Presidente, el documento con punto de acuerdo que presentó mi fracción
parlamentaria, por conducto de su servidor, está signado por diputados y senadores del
Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México, no así
del Partido Acción Nacional.
Por lo tanto, yo
considero que no se puede ya en este momento tratar de consensar un documento distinto al
que ya se aceptó, sino que se sometiera a consideración de la Asamblea uno por uno los
puntos de acuerdo que está planteando cada fracción parlamentaria.
El senador Víctor Manuel Torres Herrera (desde su
curul):
Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Activen el
sonido en la curul del senador Víctor Manuel Torres Herrera.
El senador Víctor Manuel Torres Herrera (desde su
curul):
En dado caso,
señor Presidente, nosotros nos sumamos al punto de acuerdo del diputado Ramón León, en
virtud de que la propuesta de ellos ha sido consensada y reúne parte de lo que nosotros
hemos propuesto.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
¿Retira su
propuesta en lo particular?
El senador Víctor Manuel Torres Herrera (desde su
curul):
Sí, así es.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Entonces
consulte la Secretaría a la Asamblea si considera de urgente resolución la propuesta
presentada por el diputado Ramón León Morales.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
En votación
económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se
considera de urgente resolución la proposición.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Se
considera de urgente resolución.
En consecuencia
está a discusión la proposición.
Tenemos
registrados a tres oradores: el diputado Salvador Cosío Gaona, el diputado Víctor
Antonio García Dávila y la diputada Julieta Prieto Furhken. Por lo tanto, se le otorga
uso de la palabra al diputado Salvador Cosío Gaona, del Partido Revolucionario
Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Salvador Cosío Gaona:
Con la venia de
la Presidencia:
El diputado
Ramón León Morales, que es integrante junto con un servidor y el senador Víctor Torres
Herrera y el diputado García Dávila, de una comisión que la Mesa Directiva designó
para acudir a las entidades afectadas y en este caso acudimos a las más afectadas porque
fueron muchas, ya dio cuenta de las circunstancias en forma general que privan en estas
zonas de Colima y de Jalisco, circunstancias que no son muy diferentes a las que se dan
con motivo de este tipo de desastres en otras ocasiones en que se irán apareciendo,
necesidades de todo tipo.
En efecto es un
tema que merece que esta Comisión Permanente resuelva y apruebe, porque es el sentido de
la oportunidad lo que más nos debe de importar.
Yo quiero,
además de solicitar la aprobación, hacer una precisión, que puede considerarla la Mesa
Directiva como una propuesta concreta y de adición al punto, que es en relación con mi
estado, Jalisco.
Sin duda, que la
mayor afectación se dio en Colima, pero en 53 municipios de los 124 que conforman la
geografía de mi entidad natal, en mayor o menor medida, se da una afectación importante:
hospitales dañados, estructura educativa en algunos lugares excluida, en otras muy
lastimada, condiciones económicas difíciles, circunstancias que originan, sin duda
alguna, retraso en el devenir cotidiano.
Hay cuatro
municipios: Zapotitlán de Vadillo, Tolimán, Tonila y Pihuamo, como ya lo expresó Ramón
León, que son los que en Jalisco están severamente afectados y son la franja limítrofe
con el estado de Colima, que está en las faldas de los volcanes que están en esta zona,
y que son las que resienten con mayor impacto la severidad del fenómeno.
Cuatro
municipios que ya fueron declarados en estado de emergencia en forma inmediata, a
petición del Ejecutivo estatal y que aun no han sido declarados zona de desastre, para
poder acceder a fondos federales y a programas diversos de respaldo, cuatro municipios que
solicito se incorporen como un apartado más del punto de acuerdo, un exhorto al Ejecutivo
Federal, para que de inmediato los declare zona de desastre, una vez que ya lo hizo como
estado de emergencia y que no requieren mayor estudio sus expedientes, porque salta a la
vista las dificultades, el desastre que allí se vive y la condición precaria de la
autoridad municipal sobre todo.
Visitamos la
zona que tiene dificultades muy grandes para sufragar lo elemental, ya no tienen para la
nómina siguiente, han echado mano de todo recurso y no tienen recursos ni tendrán pronto
mientras no se declare zona de desastre y si se tarda el trámite será muy complicado.
Nos comentaron,
algo que me parece que no debe ser, que han tenido que pagar hasta el diesel de la
maquinaria pesada que el Ejército mexicano ha llevado allí para reconstrucción, y son
municipios con una dificultad económica normal: no tienen recursos.
Entonces la
solicitud es, que independientemente de los 53 municipios que el Ejecutivo jalisciense
solicitó se declarara zona de desastre, y que se va a dilatar, según palabras del
Secretario Gil ayer en Colima, me dijo a mí, porque son muchos y hay que revisar,
expediente por expediente, que impere la sensibilidad, y que estos cuatro municipios que
fueron declarados en estado de emergencia, que son obvia s las condiciones de desastre, se
declaren de inmediato, que separen del expediente global del estado, que no impere la
burocracia y que sean declarados de inmediato zona de desastre, para que se inicien los
trámites burocráticos de por si y vengan los recursos que necesitan.
Y que de
entrada, rogándole me dé unos minutos para concluir, se haga lo que se ha logrado hacer
en otros casos similares, se otorguen recursos en calidad de préstamo al estado de
Jalisco, para que a la vez los pueda facilitar a los municipios afectados, cuatro que
estoy diciendo, para que después los documenten y los regresen con documentación del
Fonden, para que puedan subsistir.
La situación es
precaria, la falta de elementos, elementales de comida, de agua, de material para
reconstrucción, para paliar vivienda, para atender el orden público, son imperativas.
Entonces mi
propuesta es, se anexe en el punto de acuerdo, también de obvia resolución, exhorte al
Ejecutivo Federal, para que de inmediato declare zona de desastre a los municipios de
Zapotitlán de Vadillo, Tonila y Pihuamo en el estado de Jalisco que ya fueron objeto de
declaratoria de estado de emergencia, independientemente del trámite que se siga a la
solicitud de los otros 49 municipios que requirió el Gobernador del Estado y además se
canalicen de inmediato recursos al gobierno del estado de Jalisco, para que a su vez los
haga llegar urgentemente a los ayuntamientos antes mencionados, a efecto de sufragar los
gastos más necesarios de esta tragedia.
Sería el
planteamiento concreto y que se someta a la votación de ustedes en conjunto con el resto
del texto que hemos consensado el diputado Ramón León Morales, el senador Víctor Manuel
Torres Herrera y un servidor y que creo que merecerá su aprobación.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
diputado.
Tiene
inmediatamente el uso de la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila, del
Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
Pero antes
quiero informar a esta honorable Asamblea, que se encuentran con nosotros los compañeros
mexicanos que actualmente radican en Estados Unidos, los señores Jorge Mújica, Carlos
Villanueva, María García, Carlos Martínez, Ricardo Anaya y Mario Jiménez y también
representantes de la Latino Junior of Chicago, que es el grupo coordinador que hace unos
días tuvo una asamblea en la ciudad de Las Vegas, Nevada, para intentar reunir por
primera vez una convergencia de más de 500 grupos de mexicanos en el extranjero, no sólo
de Estados Unidos, sino también de Canadá y de Europa, pero particularmente a Estados
Unidos. Sean ustedes muy bienvenidos.
Ahora sí
diputado, tiene usted la palabra.
El diputado Víctor Antonio García Dávila:
Con el permiso
de la Presidencia:
La fracción
parlamentaria del PT no podía quedarse callada ante la tragedia de los hermanos de
Colima.
En México
conocemos de desastres naturales. En Sinaloa, por ejemplo, los huracanes nos han dado
muchos golpes. Sabemos de la solidaridad de todos los mexicanos, pero también la lentitud
e ineficacia del Fonden, que lleva los recursos cuando bien nos va, con un año de
tardía, si es que los lleva.
Los damnificados
por el terremoto de Colima no pueden esperar tanto tiempo, pues viven, y así lo vimos, en
la calle. Los servicios sanitarios deficientes mantienen también latente la amenaza de
epidemia, como es siempre en estos casos.
Colima siempre
ha sido solidaria con otras entidades en desgracia. Por ello los recursos que estamos
solicitando, y la fracción parlamentaria aprueba todas y cada una de las iniciativas de
los compañeros legisladores, deben de llevar una etiqueta; deben de llevar la etiqueta de
“urgente” y que participen los propios compañeros diputados federales en las
comisiones que se nombren para vigilar que así sea.
El pueblo de
Colima no espera menos de sus representantes nacionales y el exhorto de nuestra fracción
del PT es que se entreguen de esa manera: “Urgente”. Los daños materiales todos
los conocemos, los hemos escuchado en esta tribuna. Los daños sicológicos son más
difíciles de superar, por ello nuestra solidaridad para aliviarlos.
Agradecemos la
ayuda que han recibido de nuestro Ejército Mexicano, organismos nacionales e
internacionales.
A todos, muchas
gracias.
Es cuanto.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
diputado.
Inmediatamente
tiene el uso de la palabra la diputada Julieta Prieto Fuhrken, del Partido Verde
Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
La diputada Julieta Prieto Furhken:
Con su permiso,
señor Presidente; compañeras y compañeros:
Para el Partido
Verde Ecologista de México, es la mínima solidaridad que podemos ofrecer al pueblo de
Colima, afectado por uno de los peores sismos de su historia, apoyándolos en todo lo que
se necesite. Como todos sabemos, los desastres naturales afectan principalmente a la
población de escasos recursos pero también al aparato productivo.
Estamos ante un
reto que se nos presenta cada vez que suceden estos fenómenos.
Ser ágiles en
la liberación de recursos y eficientes y justos en su distribución.
Deficiencia e
incapacidad del Gobierno daña a la población y posibilita que la ayuda a damnificados
sea politizada o se generen graves problemas de corrupción.
Por ello
apoyamos la propuesta que plantea además la crea-ción de un consejo estatal, si ello
constituye a los fines arriba citados.
Saludamos la
propuesta del dirigente estatal del PRD, René Díaz Mendoza, que su partido canalizará
las ayudas altruistas y solidaria por un conducto único. Ojalá los demás institutos
políticos y organizaciones civiles hagan lo mismo.
Saludamos y
reconocemos el papel de la Armada, desde los primeros momentos de la emergencia y
exhortamos al gobierno del estado a seguir atendiendo a los damnificados en coordinación
con las otras instancias del gobierno, una vez que se ha declarado el estado “zona de
desastre”.
Por su
atención, gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señora
diputada.
Tiene el uso de
la palabra el senador Ernesto Gil Elorduy, hasta por cinco minutos, del Partido
Revolucionario Institucional.
El senador Ernesto Gil Elorduy:
Con su permiso,
señor Presidente:
Es indudable que
hay una plena coincidencia de las diputadas y diputados y de las senadoras y de los
senadores para sumarnos a esta necesidad urgente que permita mitigar no sólo el dolor de
las familias colimenses, sino aportar de inmediato un número de recursos que vayan
resolviendo esta tragedia que hoy vive la hermana entidad de Colima.
Nosotros
propusimos una cantidad determinada que lamentablemente no fue aprobada para que se
pudiera discutir, pero sumándonos también a la propuesta del Partido de la Revolución
Democrática que anteriormente lo hizo con la nuestra, nos permite precisar cuál es la
intención de poder contar con los recursos suficientes que comiencen a fluir ante la
emergencia que tenemos en esa entidad de la República.
Si no fijamos
una cantidad determinada, lo que sucede es que dejamos a la subjetividad del criterio de
la posibilidad de tener recursos y esto no se puede compartir con las dimensiones de la
tragedia sufrida por el pueblo de Colima.
La intención
está perfectamente acotada por la transparencia en el uso de esos recursos; con la
participación de las estructuras del Gobierno Federal, del gobierno estatal, de los
municipios, lo que urge y ésa es la demanda real es que sea con objetividad el tamaño de
la tragedia.
Si aquí
nosotros dijimos que había un número determinado de casas destruidas, de personas sin
posibilidades de salir adelante en este problema, yo escuché a alguno de nuestros
compañeros decir que a través de la investigación y del trabajo que se está haciendo,
hay muchos más de los que se previeron en un principio. De esa manera considero que la
cantidad que se está solicitando en este punto de acuerdo, debe considerarla el Gobierno.
¿Por qué
razón? Porque es el primer interesado y obligado a tratar de resolver la angustia que
pasan nuestros compañeros del estado de Colima.
Por esa razón
nosotros insistimos en que es útil saber con qué cantidad se cuenta. No reducir nuestra
capacidad de respuesta a Colima solamente con los fondos que tiene en este momento la
institución que se encarga de los desastres naturales: el Fonden, sino que además le
demos a esa institución, a esa estructura del Gobierno, la posibilidad real de aplicar
mayores recursos emergentes para resolver este grave problema.
Por su
atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias,
senador.
Tiene el uso de
la palabra el diputado Ramón León Morales, del PRD, hasta por cinco minutos.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor
Presidente:
Me congratulo de
escuchar toda esta solidaridad por parte de los distintos grupos parlamentarios, no
esperábamos menos en virtud de que efectivamente en Colima los daños van más allá de
lo que aparece. Tenemos casi 3 mil casas para ser derrumbadas, muchísimas escuelas,
hospitales y requeriremos de todos los esfuerzos extraordinarios que pueda dedicar el
Gobierno Federal, el Gobierno estatal, la Cámara de Diputados ojalá a través de los
grupos parlamentarios también puedan ser sensibilizados para que se dé un apoyo para el
estado de Colima.
No me queda la
menor duda de que aprobaremos este punto de acuerdo, pero sí me gustaría utilizar este
tiempo para hacer un llamado y un llamado a la confianza, un llamado a la esperanza y un
llamado a hacer esfuerzos para que conjuntamente resolvamos el problema en Colima.
Creo, quiero
decirlo con mucha claridad, no es momento ni de partidizar ni de politizar las ayudas. Y
quiero hacer un llamado y mencionar dos ejemplos que se están dando en Colima, cosas que
no deberían de ser:
La presidenta
del DIF, con todo respeto lo digo, es candidata de un partido para ser diputada local. El
presidente municipal de Colima es candidato a gobernador del Estado. Nadie niega pues que
les tocó estar en esta función en un momento tan determinante como éste. Y como estos
casos hay otros, por lo que nosotros estamos llamando a unificar las ayudas, incluso a
creer en las instituciones.
Más importante
que politizar y que partidizar el problema de Colima es que se solucione el problema de
Colima, por lo que hacemos un llamado muy respetuoso para que así como aquí nos estamos
unificando en torno a sumar esfuerzos para la solución de este grave problema, nos
sumemos también como fuerzas políticas y que con toda responsabilidad hagamos un llamado
a nuestros institutos políticos a que pongamos por delante la reconstrucción de Colima y
no la politización ni la partidización del conflicto.
Yo aprovecho
estos segundos que me quedan, ojalá y lo retomemos de esta manera, porque creo que es de
la mejor forma en que podemos dar óptimos, todos, todos podemos dar óptimos resultados
para la solución de un problema tan grave como el estado de Colima y el sur de Jalisco
está enfrentando.
Por su atención
y su voto a favor de este punto de acuerdo, muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Quiero
preguntarle a los grupos parlamentarios si tienen ya un documento consensado. Si es así,
suplicaría entregarlo a la Secretaría y pedirle a la Secretaría consulte a la Asamblea
si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
En votación
económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la
proposición.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Permítame
señora Secretaria.
Quiero pedirles
que sean tan amables de entregar el documento a fin de que la Secretaría lea únicamente
el punto de acuerdo.
TARIFAS
ELECTRICAS
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Si les parece
damos paso a la siguiente proposición, con el fin de que terminen de acordar la
redacción del punto de acuerdo e inmediatamente después regresamos, con el fin de tener
un documento terminado.
La fracción
parlamentaria del PRI solicita se posponga para la siguiente sesión el punto de acuerdo
en relación al fomento a la lectura. Y entonces daríamos paso a la intervención del
senador Rutilio Cruz Escandón Cadenas, del Partido de la Revolución Democrática, con
punto de acuerdo para que se reclasifique la tarifa eléctrica en el estado de Tabasco y
Chiapas, suscrita por los senadores Raymundo Cárdenas Hernández y José Moisés Castro
Cervantes y que presenta el senador Rutilio Cruz Escandón Cadenas.
Les pediría a
los señores que pasen a alguno de los salones anexos para terminar y permitir que con
todo orden escuchemos al señor senador.
Adelante
senador.
El senador Rutilio Cruz Escandon
Cadenas:
Gracias.
Con su venia,
señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El consumo de la
energía eléctrica tiene una marcada importancia en todos los hogares mexicanos y llega a
representar, junto con la utilización de combustible, hasta un 9% y 10% del gasto
familiar.
Las condiciones
climatológicas en Chiapas, como ocurre en otros estados del sureste y del sur del país,
predominan las temperaturas elevadas y los altos índices de humedad, que requieren
sistemas de ventilación y enfriamiento en forma permanente de aire acondicionado.
En el estado
Chiapas y Tabasco abundan los recursos energéticos, particularmente los hidrocarburos y
la electricidad. Fundamentalmente es en estado de Chiapas donde se localizan los
principales yacimientos de petróleo y gas del país, así como las más importantes
presas y especialmente el gran potencial hidroeléctrico, por lo que tiene la mayor
cantidad de plantas hidroeléctricas en la República y aportan anualmente una quinta
parte de la generación del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, el nivel de vida de
sus habitantes es de los bajos del país.
El esfuerzo de
los últimos años para consolidar la estabilidad económica ha relegado la equidad
social, al mismo tiempo los desequilibrios estructurales se han recrudecido en cuanto a
los sectores modernos de la economía, que no han logrado incorporar al resto de las
actividades productivas a la nueva dinámica económica.
Existen zonas en
el país donde se concentra la infraestructura social, los servicios de salud, los de la
educación, el empleo y la tecnología productiva; en el resto hay graves carencias y una
inequitativa distribución de la riqueza.
Es necesario
recuperar una política de desarrollo regional, que de manera integral y con una visión
de largo plazo abra nuevas opciones para el desarrollo del campo y de las ciudades.
Debemos empezar por aquellas zonas que demandan mayor apoyo, compromiso y solidaridad de
todos los mexicanos.
De considerarse
la humedad relativa como un elemento más para fijar las tarifas eléctricas en los
estados de Chiapas y Tabasco, su temperatura media mínima sería distinta, por lo que
consecuentemente deberían ser ubicados en la tarifa 1E. Esta temperatura proporciona una
medida directa de la sensación térmica y consecuentemente la sensación de calor se
intensifica. Debido al efecto del vapor del agua en el aire ambiental, alta humedad
relativa aproximadamente del 80% los acondicionadores de aire requieren un 25% más de
energía para su operación comparado con un lugar con 50% de humedad relativa como en el
norte del país, se puede decir en el hecho en el que en el medio ambiente tenga una alta
humedad equivaldría a 4.7° adicionales de temperatura en un medio ambiente seco,
situación que a nivel de tarifas residenciales tan solo por este factor se debería
cambiar la tarifa 1-C a la 1-E para ambos estados.
Por este motivo
es también que los usuarios precisen de un mayor consumo de energía eléctrica para su
sistema de ventilación y refrigeración; es por ello que sin soslayar la atención de los
rezagos que demanda la población en las zonas económicas del país debe otorgarse a los
estados de sur la más elevada de las prioridades.
Por ello,
exhortamos al titular del Ejecutivo Federal para que la reclasificación de las tarifas
eléctricas anunciadas el pasado 15 de enero para los estados de Baja California y Sonora
se consideren también para los estados de Chiapas y Tabasco donde se presentan los
mayores problemas por altos cobros residenciales para el uso de la energía eléctrica.
Por todo lo
anterior, sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se exhorte al titular del Ejecutivo Federal
así como los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a
que en el ámbito de su competencia se clasifiquen los estados de Tabasco y Chiapas en la
tarifa eléctrica 1-E considerando la temperatura, la zona salarial y los indicadores
socioeconómicos que imperan en dichas entidades.
Por su atención
muchas gracias.
«Proposición
con punto de acuerdo que presentan los senadores Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Raymundo
Cárdenas Hernández y José Moisés Castro Cervantes integrantes del grupo parlamentario
del PRD, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, así como a las
secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, para que en uso de sus
facultades concedidas en la ley, y en virtud de las condiciones climatológicas extremas
que imperan en el estado de Tabasco se reclasifique su tarifa eléctrica A-1E, como se
hizo con los estados de Baja California y Sonora.
Los suscritos
senadores Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Raymundo Cárdenas Hernández y José Moisés
Castro Cervantes, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en los artículos 67, numeral 1, inciso b) de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la
consideración del Presidente de la Mesa Directiva, una proposición con punto de acuerdo
con base en los siguientes
ANTECEDENTES
El 8 de
noviembre de 2001 el senador José Moisés Castro Cervantes, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, presentó un punto de acuerdo para que la
Comisión Federal de Electricidad incorporase a los consumidores domésticos del estado de
Tabasco en la tarifa 1E.
En virtud de que
la geografía del estado de Tabasco se caracteriza por un clima ecuatorial con lluvias
todo el año cuyas precipitaciones se ubican entre las más altas del mundo (3000 a 3500
mm anuales), generando inundaciones recurrentes sobre una gran parte de la entidad.
Las temperaturas
promedio son de 28º C, alcanzando extremos de 44º C por periodos considerables en
distintas regiones del estado y que esas temperaturas, a diferencia de otras entidades del
país, se mantienen durante el día y la noche.
La combinación
de las características anteriores produce un clima cálido con humedad relativa de hasta
80%, lo que tiene efectos que dificultan la actividad cotidiana, el descanso y la
recuperación física de los habitantes del estado.
En estas
condiciones el uso de equipos de aire acondicionado por los habitantes de nuestra entidad
es una necesidad que, sin embargo, genera una erogación de tal magnitud que afecta de
manera importante la economía de la mayoría de los hogares de Tabasco.
El 8 de
noviembre de 2001 la senadora Georgina Trujillo Zentella, del grupo parlamentario de
Partido Revolucionario Institucional, presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a
la Comisión Federal de Electricidad a que incorpore el factor calorífico como criterio
para la definición de las tarifas eléctricas, tal que permita disminuir éstas en el
estado de Tabasco y en todos aquellos que tienen altos niveles de humedad relativa.
Asimismo,
exhorta a dicho organismo a que, para el caso específico de Tabasco, se implemente a la
mayor brevedad posible un programa de regularización para los usuarios de dicha entidad
que actualmente se encuentran en resistencia civil, a fin de revisar y corregir su
situación.
El 23 de abril
de 2002 el senador Oscar Cantón Zetina, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a las
secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, así como a la Comisión
Reguladora de Energía, para que consideren la temperatura, la humedad relativa, la
necesidad de sistemas de ventilación y refrigeración, el alza de tarifas y la zona
salarial, así como la situación socioeconómica, para que se reclasifique al estado de
Tabasco la tarifa eléctrica residencial 1E, en vez de 1B y 1C.
En virtud de que
en el sureste mexicano, específicamente en el estado Tabasco la humedad relativa promedio
anual es del 80% y sus temperaturas ascienden a 30 grados centígrados, fenómeno que no
ocurre en el norte del país, donde la humedad relativa es en promedio del 50% en verano,
y sus temperaturas en esta misma época oscilan arriba de los 30 grados centígrados, como
en el caso de Sonora.
El 1o. de
octubre de 2002 en sesión pública de la Cámara de Senadores, se aprueban las propuestas
con punto de acuerdo antes referidas.
Exhortando al
Ejecutivo Federal a que considere, además de la temperatura, los siguientes factores como
parámetros para fijar las tarifas eléctricas residenciales: la humedad relativa, las
necesidades de consumo y de producción de electricidad, los daños ambientales producidos
por la industria eléctrica, las zonas salariales y las condiciones socioeconómicas
correspondientes a cada uno de los estados de la República y el Distrito Federal.
Así también a
las secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Economía; de Energía, así como a
la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, a que en el
ámbito de su competencia reclasifiquen a los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán,
Veracruz, Tamaulipas, Baja California Sur, Quintana Roo y Chiapas en las tarifas
eléctricas 1E, tomando para ello los factores antes mencionados.
Por lo que las
autoridades correspondientes darán respuesta a esta Cámara de Senadores a la brevedad
posible a los exhortos y solicitudes antes planteados.
Por lo expuesto,
nos permitimos presentar las siguientes
CONSIDERACIONES
El esfuerzo de
los últimos años para consolidar la estabilidad económica, ha relegado la equidad
social, al mismo tiempo, los desequilibrios estructurales, se han recrudecido en cuanto a
los sectores modernos de la economía, no han logrado incorporar al resto de las
actividades productivas, a la nueva dinámica económica
Existen zonas
del país donde se concentra la infraestructura social, los servicios de salud y
educación, el empleo y la tecnología productiva. En el resto, hay graves carencias y una
inequitativa distribución de la riqueza.
Es necesario
recuperar una política de desarrollo regional que, de manera integral y con una visión
de largo plazo, abra nuevas opciones para el desarrollo del campo y de las ciudades.
Debemos empezar por aquellas zonas que demandan mayor apoyo, compromiso y solidaridad de
todos los mexicanos.
Los senadores
refieren que de considerarse la humedad relativa como un elemento más para fijar las
tarifas eléctricas, su temperatura media mínima en su estado sería distinta. Por lo
que, consecuentemente, deberían ser ubicados en la tarifa 1E. Las zonas norte y costeras
de México acusan condiciones de humedad especiales que no son consideradas en la
estimación de las tarifas eléctricas domésticas.
Esta temperatura
proporciona una medida directa de la sensación térmica que experimenta el cuerpo humano
con relación a las condiciones del clima. A mayor humedad relativa, la sudoración,
mecanismo de enfriamiento del cuerpo humano, tiene menor efectividad, y consecuentemente
la sensación de calor se intensifica.
Debido al efecto
del vapor del agua en el aire ambiental (alta humedad relativa, aproximadamente 80%) los
acondicionadores del aire requieren un 25% más de energía para su operación comparado
con un lugar con 50% de humedad relativa como el norte del país, se puede decir que el
hecho que en el medio ambiente tenga alta humedad equivaldría a unos 4.7º C adicionales
de temperatura en un medio ambiente seco, situación que a nivel de tarifas residenciales,
tan sólo por este factor se debería cambiar de la tarifa 1C a la 1E para todo el estado.
Por este motivo,
es también que los usuarios precisan de un mayor consumo de energía eléctrica para sus
sistemas de ventilación y refrigeración.
Es por ello que
sin soslayar la atención de los rezagos que demanda la población de otras zonas
económicas del país, debe otorgarse al sur la más elevada de las prioridades.
Por lo que
demandamos de manera enérgica al Ejecutivo Federal para que la reclasificación de
tarifas eléctricas anunciada el pasado 15 de enero para los estados de Baja California y
Sonora, se extienda también al estado de Tabasco, donde se presentan los mayores
problemas por altos cobros residenciales.
Por todo lo
anterior, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se exhorte al titular del Ejecutivo
Federal, así como a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, para
que en uso de sus facultades concedidas en la ley, y en virtud de las condiciones
climatológicas extremas que imperan en el estado de Tabasco se reclasifique su tarifa
eléctrica a 1E, como se hizo con los estados de Baja California y Sonora.
Salón de
Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 29 de enero de
2003.— Senadores: José Moisés Castro
Cervantes, Rutilio Cruz Escandón Cadenas (rúbricas).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias señor
senador.
Túrnese a la Comisión de Energía de
la Cámara de Senadores.
¿Todavía no
tenemos el documento? ¿Siguen deliberando?
SECCION
INSTRUCTORA
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Muy bien, entonces vamos a darle
el uso de la palabra al senador Ernesto Gil Elorduy del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para
que la Comisión Permanente exija a la Comisión Jurisdiccional la nulidad de las
actuaciones que ha estado realizando la Sección Instructora.
El senador Ernesto Gil Elorduy:
Muchas gracias
señor Presidente; con su permiso, honorable Asamblea:
Hemos solicitado
el uso de la palabra para plantear ante ustedes un punto de acuerdo que se refiere a las
actuaciones que ha estado teniendo la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y
que a nuestra consideración ha cometido una serie de violaciones que consideramos
importante se puedan conocer por esta honorable Asamblea.
Primera. La
formación y creación de la denominada Sección Instructora, se realizó con violaciones
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por haberse
llevado a cabo fuera del tiempo que establece la ley porque no se integró por la
Comisión Jurisdiccional que tiene esa facultad, sino que lo hizo por medio de la Junta de
Coordinación Política que carece de esa atribución.
Además, no se
conformó con todos los grupos parlamentarios ni con la proporcionalidad y pluralidad que
ésta exige.
Segunda. La
Sección Instructora fue creada específicamente como Tribunal Especial, a efecto de que
resuelva sobre el desafuero del diputado federal Carlos Antonio Romero Deschamps, del
senador Luis Ricardo Aldana Prieto y del diputado local Jesús Olvera Méndez, sin
competencia para hacerlo ni motivo o fundamento alguno.
Tercera. La
Sección Instructora dio trámite a la solicitud de procedencia sin estar cumplidos los
requisitos procedimentales de la petición del Ministerio Público como lo demuestra la
sentencia de amparo del juez cuarto de distrito que ordena a la Procuraduría General de
la República que revoque los acuerdos en donde se negó el derecho de defensa a los
legisladores.
Cuarta. La
Sección Instructora se ha negado a otorgar copia a los legisladores, de las diversas
constancias que integran el expediente lo que evidentemente los deja en estado de
indefensión privándoles su derecho a la defensa.
Quinta. En
diversas actuaciones, se asentó que sus miembros tomaban los acuerdos pero sin que su
firma apareciera. En este sentido, el notario público 117 del Distrito Federal, Daniel
Sánchez Domínguez, dio fe el día 23 de este mes y año de que las firmas están
incompletas, así como también de que han quedado pendientes de acuerdo diversas
actuaciones sobre distintas promociones presentadas por la defensa, por ello sus
actuaciones son nulas y la Sección Instructora no ha resuelto este recurso, como tampoco
ha resuelto la incompetencia planteada por la defensa.
La Sección
Instructora desechó la recusación en su contra por haber prejuiciado respecto del
desafuero sin haberlo sustanciado.
De acuerdo al
artículo cuarto del referido acuerdo parlamentario, la Comisión Jurisdiccional tiene la
facultad de vigilar la actuación de la Sección Instructora.
Sexta. Los
acuerdos dictados por la Sección Instructora en el citado procedimiento no han sido
tomados por consenso de sus integrantes como lo ordena el acuerdo parlamentario publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
mayo de 1998.
El día 5 de
noviembre del 2002, la Sección Instructora notificó a las 0:30 horas, a la licenciada
Odette Mobarat Vela la resolución de esa misma fecha que por mayoría de votos de los
integrantes de la Sección Instructora tomaron los diputados Ricardo Moreno Bastida,
presidente; José Francisco Blake Mora, secretario; y Cuauhtémoc Cardona Benavides,
integrante, con voto en contra del diputado Eduardo Andrade Sánchez.
Asimismo, la
resolución en que se fijó un periodo de cinco días naturales para el ofrecimiento de
pruebas de fecha 5 de noviembre de 2002, tampoco fue acordado por consenso sino por
mayoría de votos de los integrantes de dicha Sección Instructora con el voto en contra
del diputado Eduardo Andrade Sánchez.
El acuerdo del 7
de noviembre de 2002 que resuelve sobre la petición para que se concediera un plazo de 30
días para el ofrecimiento de pruebas y sólo se acordó el de 20 días naturales, se
tomó también por mayoría de votos con el voto en contra del diputado Ricardo Moreno
Bastida.
Como
consecuencia de lo anterior y al quedar acreditado que no existe consenso en los diversos
acuerdos que los integrantes de la Sección Instructora han emitido en el procedimiento
que se sigue en contra de los citados legisladores, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo sexto del acuerdo parlamentario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de
1998, la Sección Instructora debe turnar de inmediato a la Comisión Jurisdiccional los
expedientes para que ésta legalmente los conozca y resuelva.
Séptima. De
acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Sección
Instructora sólo puede establecer términos dentro del periodo ordinario de sesiones del
Congreso; no obstante ello, en el presente mes que el Congreso evidentemente no sesiona,
los diputados Ricardo Moreno Bastida, José Francisco Blake Mora y Cuauhtémoc Cárdenas
Benavides, sin estar integrada la citada sección, a su arbitrio han fijado determinados
plazos con objeto claro de cerrar el procedimiento y determinar el desafuero de los
legisladores, violentando el estado de derecho y conculcando las garantías consagradas en
la Constitución General de la República.
Señoras y
señores diputados y senadores: aquí en esta tribuna se ha hecho en recientes sesiones,
una gallarda y recia defensa al estado de derecho y apego a la legalidad, por legisladores
de todos los grupos parlamentarios. No podía ser de otra manera, porque los que tenemos
el privilegio de hacer las leyes, somos los primeros obligados en respetarlas y hacerlas
cumplir y cumplirlas. Esperamos que esta loable y congruente actitud sea asumida con toda
responsabilidad jurídica y ética, por nuestros compañeros legisladores que tienen en
sus manos y conciencia la decisión sobre este asunto. Si así lo hacen, será para bien
de la justicia, del derecho y por tanto de la República.
Por lo anterior
me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Que la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, exija a la Comisión Jurisdiccional la nulidad de
las actuaciones que ha estado realizando la Sección Instructora, porque no ha respetado
el receso y por la falta de consenso en sus resoluciones, contrario a lo que establece la
ley. Se exige además que este punto de acuerdo sea turnado de inmediato a la Comisión
Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, así como también demandar el apego a los
plazos que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
establece.
Sin más, les
agradezco mucho su atención y solicito atentamente a la Presidencia, dé el turno
correspondiente a este punto de acuerdo que hemos presentado.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Se turna a la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados para su análisis y turno posterior.
COMITAN,
CHIAPAS
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Para dar
cumplimiento al acuerdo relativo de la sesión pasada de esta comisión, se ha quedado
integrado el grupo de trabajo para asistir al estado de Chiapas de la siguiente manera:
El senador
Elías Miguel Moreno del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Alfredo
Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional; la senadora Arely Madrid Tovilla, del
Partido Revolucionario Institucional; el senador Marco A. Xicoténcatl Reynoso, del
Partido Acción Nacional; el diputado Manuel Wistano Orozco Garza, del Partido Acción
Nacional; la diputada Julieta Prieto Furhken, del Partido Verde Ecologista de México y el
PT, faltando por determinar.
DERECHOS
CIVILES Y POLITICOS
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene
inmediatamente el uso de la palabra el senador Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido
de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo, para que México
ratifique el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
El senador Raymundo Cárdenas
Hernández:
Gracias diputado
Presidente:
El suscrito,
integrante de la representación del Partido de la Revolución Democrática en esta
Comisión Permanente, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración
de esta honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las
siguientes consideraciones:
1. Que la
Asamblea General es el principal órgano deliberante de la Organización de las Naciones
Unidas, pues en ella se encuentran representados todos los Estados miembros y garantizado
el principio de igualdad jurídica.
2. Que la Carta
de San Francisco le asigna a la Asamblea General, entre otras atribuciones, la facultad y
el poder de hacer recomendaciones para fomentar la cooperación política internacional,
impulsar el derecho internacional y su codificación, así como ayudar a hacer efectivos
los derechos humanos y las libertades fundamentales.
3. Que a pesar
de que los gobiernos no están obligados jurídicamente a cumplir las resoluciones de la
Asamblea General, éstas tienen el peso de la opinión pública mundial y la autoridad
moral de la comunidad internacional.
4. Que los
protocolos internacionales constituyen instrumentos complementarios fundamentales en la
lucha por la defensa de los derechos humanos.
5. Que la
resolución 14/128, en virtud de la cual la Asamblea General aprobó y proclamó el
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
debe ser acatada por el Estado mexicano en estricto apego al compromiso adquirido por la
administración del Presidente Fox con la promoción y fortalecimiento de la protección
de los derechos humanos, de conformidad con las normas universalmente reconocidas en la
materia, asegurando la plena aplicación de los instrumentos internacionales y la
armonización de nuestra legislación interna con las obligaciones internacionales.
6. Que de
conformidad con el artículo 3o. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no
hay derecho más importante que el relativo a la vida, la libertad y la seguridad
personales de todo individuo.
7. Que de
conformidad con el artículo 6o. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
el derecho a la vida es inherente a la persona humana y deberá estar protegido por la
ley.
8. Que las
tendencias éticas, jurídicas y políticas internacionales contemporáneas indican
claramente que la abolición de la pena de muerte no sólo es deseable y recomendable,
sino que debe considerarse como un mecanismo indispensable para garantizar completamente
el derecho más fundamental, que es el derecho a la vida.
9. Que en
diciembre del año 2001 el senado de la República aprobó la ratificación del Primer
Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, comprometiéndose
desde aquel momento a convertirse en un actor protagónico en la puesta al día de los
compromisos y las responsabilidades internacionales de México en materia de derechos
humanos.
10. Que la
ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, resulta perfectamente
coherente con la vocación universalista del Estado mexicano y representa una gran
oportunidad para contribuir a proteger y garantizar la vigencia de los derechos humanos
fundamentales en nuestro país.
11. Que la pena
capital no sólo es la forma más premeditada de asesinato, sino que también constituye
la autonegación de la responsabilidad fundamental del Estado, que es la de garantizar la
seguridad y la integridad física del individuo, y finalmente.
12. Que el día
de hoy, por mi conducto el Partido de la Revolución Democrática ha presentado ante esta
misma asamblea una iniciativa de reforma constitucional que suprime la pena de muerte del
Sistema Jurídico Mexicano y elimina las posibles incompatibilidades y contradicciones
entre el Protocolo en comento y nuestra Ley Suprema.
Por todo lo
anteriormente expuesto, solicito a usted, Presidente de la Mesa Directiva de esta
Comisión Permanente, se sirva darle el trámite correspondiente a la siguiente
proposición con
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la
República, a fin de que inicien el procedimiento constitucional correspondiente para que
nuestro país ratifique el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos aprobado y proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 44/128, el 15 de diciembre de 1989.
Salón Verde de
la Cámara de Diputados, a 29 de enero de 2003.
Gracias.
Presidencia del diputado Bernardo Borbón
Vilches
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Gracias,
senador.
Túrnese
a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.
CAMPO
MEXICANO
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Tiene la palabra
el diputado Jesús Burgos Pinto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a la
situación del campo mexicano.
El diputado Jesús Burgos Pinto:
Diputado Eric
Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del
Honorable Congreso de la Unión:
Los suscritos
legisladores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes
de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, correspondiente al primer
receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LVIII Legislatura, con fundamento
en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General,
presentamos esta proposición con punto de acuerdo relativa al sector agropecuario del
país, bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
A nadie escapa
la necesidad de urgencia de adoptar políticas, estrategias, normas, procedimientos,
mecanismos y acuerdos internacionales, que aseguren de una vez por todas la solución a la
grave crisis campesina, agropecuaria y rural que padece nuestro país y que tiene
atrapados a los productores del agro en un contexto de inviabilidad financiera,
endeudamiento, improductividad, éxodo migratorio, pobreza y migración, y que pone en
riesgo al país en su conjunto, a la consolidación de su desarrollo económico y social,
a la permanencia del régimen democrático, al estado de derecho como un pacto político
de legalidad y a la misma soberanía nacional, uno de cuyos pilares es precisamente la
soberanía alimentaria por la que luchan y se esmeran los productores del agro mexicano.
El problema del
campo no es un asunto privativo de los campesinos, sino que atañe a la sociedad nacional
entera, es de todo México, histórica y geográficamente hablando; lo es, desde el punto
de vista económico, social y político, por lo que su atención debe ser integral e
interesar a la representación nacional asentada en este órgano del honorable Congreso de
la Unión.
Las
organizaciones campesinas de productores agropecuarios de todos los signos y posiciones,
han coincidido en la necesidad de promover una política de estado en materia de
desarrollo rural e impedir que acuerdos coyunturales de políticas públicas, incluidos el
Tratado de Libre Comercio para América del Norte y el ALCA, conviertan en estructural la
dependencia alimentaria de México y el consecuente empobrecimiento del sector campesino.
El anterior ha
sido el espíritu del actual movimiento campesino, del encuentro internacional sobre el
campo celebrado para conmemorar el LXXXVIII aniversario de la Ley Agraria del 6 de enero,
en Veracruz, en el que organizaciones campesinas de todo el país se pronunciaron a favor
de la revisión de acuerdos comerciales como el TLCAN y el ALCA, no para poner en crisis
la negociación internacional de México, sino para agrandar las posibilidades de
desarrollo de una política alimentaria autónoma de nuestro país, al igual que
manifestarse contra el debilitamiento de las políticas sociales de los gobiernos de la
región y en especial de nuestra República, posiciones que se justifican al contrastar la
Ley Agrícola en nuestro destino más próximo y socio del TLCAN que protege y apoya a los
agricultores norteamericanos con 180 mil millones de dólares durante 10 años, frente a
la exigua aportación prevista para nuestros campesinos que nos colocan en situación
desigual, en la competencia de la apertura comercial pese a los recursos aprobados para
apoyar al campo por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para este año.
Sobre estos y
muchos temas, igualmente importantes para el campo, han hecho pronunciamientos y
movilizaciones recientes las organizaciones campesinas y de productores agropecuarios del
país, de los que ha conocido con amplitud la opinión pública nacional, y que han
conducido a las mismas organizaciones a plantear ante las autoridades federales al más
alto nivel, la exigencia de una auténtica política de Estado para el campo mexicano,
misma que sustente un programa de transición para resolver la coyuntura y otro de mediano
y largos plazos para el cambio estructural, sobre la base de un desarrollo rural y social,
integral, diversificado, sustentable e incluyente.
Advertimos que
el Gobierno de la República pretende responder a una parte de las anteriores demandas,
expuestas en diversos foros con las organizaciones campesinas, mediante la reciente
convocatoria al diálogo, para una política de estado para el campo, sin aclarar el
destino que tendrían las conclusiones de las mesas de dicho diálogo, tras la que a su
juicio deben llevar a un acuerdo nacional, derivado de la Convención Nacional
Agropecuaria, tal como fue el compromiso del presidente Vicente Fox Quesada, y de los que
dan cuenta los manifiestos a la opinión pública, signados por organizaciones campesinas,
y suscrito igualmente por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional aparecidos el día de hoy en periódicos de circulación nacional.
Por las
anteriores consideraciones, sometemos a la aprobación de esta Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión se solidariza con las agrupaciones y organizaciones campesinas y
productores del campo mexicano, en su exigencia al Gobierno Federal, para que éste se
comprometa públicamente a llevar las conclusiones de las mesas del diálogo al que está
convocando, al seno de una Convención Nacional Agropecuaria, a celebrarse posteriormente,
en la que pasarían a formar parte del Acuerdo Nacional Agropecuario que se suscribe en la
misma.
Salón de
Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Palacio
Legislativo en San Lázaro, a 29 de enero de 2003.
Es cuanto señor
Presidente.
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Gracias, señor
diputado.
Se han inscrito
para el mismo asunto, los senadores Sara Isabel Castellanos Cortés del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, senador Raymundo Cárdenas
Hernández del Partido de la Revolución Democrática, senador Héctor Larios Córdova del
Partido Acción Nacional.
Por lo tanto
tiene la palabra la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés del Partido Verde Ecologista
para fijar posiciones.
La senadora Sara Isabel Castellanos Cortés:
Gracias, señor
Presidente:
A pesar de su
importancia el debate sobre la política agropecuaria del país, se ha distorsionado hasta
convertirse en una caricatura; se ha polarizado en dos extremos: renegociar el capítulo
agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o aceptarlo a pie
juntillas.
Y por otro lado
se ha dramatizado. De haber negociación, los estadounidenses aprovecharían para impugnar
todo aquello en lo que el Tratado beneficia a México. Se ha simplificado, es mejor la
verdad, para los consumidores, comprar productos baratos en el mercado internacional, que
caros en el mercado interno.
Lamentablemente
todos los actores y agentes involucrados, sectores financieros, organizaciones campesinas
y empresariales, sector público y gobierno, adoptan este esquema y vuelven estéril una
discusión que debería de generar alternativas para revitalizar un sector donde participa
el 30% de la población nacional.
La
responsabilidad de despolitizar el debate debería corresponder a las organizaciones
campesinas, pero éstas se encuentran en un rally
a ver cuál hace la defensa más radical de sus agremiados.
Por ello, ante
la ausencia u omisión, debería ser el Estado el promotor de una discusión seria y
productiva, apoyada además en sectores académicos y organizaciones de productores
representativas.
Lamentablemente
el Estado mexicano ha venido perdiendo su capacidad de arbitrar el conflicto social. Una
vez más se demuestra que en éste y en otros muchos temas tiende a colocarse en uno de
los lados, renunciando a la conducción de la economía, para convertirse en un ente
pasivo ante el mercado y posibilitando que se empobrezca la discusión a grandes extremos.
Es entonces
posible escuchar a gobernantes y economistas en televisión y por cadena nacional,
argumentar que es mejor para los consumidores que se importen productos alimenticios más
baratos en el extranjero. La falacia cae por su propio peso cuando el argumento se lleva
al extremo. ¿Por qué no comprar entonces en el exterior todo lo que se produce más
barato que en México?
Tendríamos que
importar acero, cemento, ropa, calzado, hasta artesanía mexicana hecha en Taiwan y hasta
agave africano. México ha venido perdiendo competitividad a tal grado que es posible
obtener en el extranjero casi todos los productos más baratos.
Entonces la
pregunta que debemos hacernos no es que somos competitivos, sino en qué debemos serlo. La
respuesta es cierto, proviene del mercado pero requiere ser apoyada con los recursos del
Estado mediante acciones de fomento inteligentes y efectivas.
La Organización
Mundial de Comercio y del Tlcan, prevé mecanismos para evitar prácticas desleales y
otras que afecten a sectores y ramas productivas. No es necesario renegociar nada para
proteger de manera temporal o indefinida a sectores que son lesionados económicamente con
repercusiones sociales.
Así, Estados
Unidos han diferido la entrada de los transportistas mexicanos, aplican un embargo de facto al atún e incumplen en su cuota de
azúcar.
El aguacate
puede ser representativo de la política estadounidense para con las exportaciones
agropecuarias de México, a pesar de que llevamos 80 años exportando aguacates a Estados
Unidos, ya que producimos la mitad de la producción mundial, este producto es altamente
competitivo en precio y calidad.
Estados Unidos
mantiene la frontera de 20 estados cerrada. Todavía en noviembre del año pasado no
podíamos exportar a 39 estados. El argumento de que el aguacate es portador de: “la
mosca de la fruta”, sirve para proteger su producción de California y Florida. ¿Y
sus compras provenientes de Israel, Sudáfrica, Argentina, Guatemala y Las Antillas?
Entonces ahí está la situación.
La poderosa
Comisión del Aguacate, de California, que agrupa a 6 mil agricultores, no sólo frena las
importaciones, sino que busca extender sus cultivos mediante nuevas variedades hacia
climas fríos ubicados más al norte.
¿Por qué no
aplicamos medidas similares para diversificar nuestro comercio y proteger producción y
empleo?
Por ello es de
reconocer, y lo hice desde el primer momento, la disposición presidencial de convocar a
todas las organizaciones campesinas, a las que verdaderamente quieren ver por el campo,
analizar con seriedad todos los temas del sector; pero, sin embargo, la forma en que ha
sido emitida la convocatoria al diálogo por una política de Estado al campo, ha
provocado el rechazo de las organizaciones del CAP y del movimiento El Campo No Aguanta
Más.
Esperamos que
las organizaciones campesinas adopten con seriedad las demandas de sus agremiados y que el
Gobierno enfrente el asunto con voluntad e inteligencia.
Corremos el
riesgo de politizar eternamente los asuntos más importantes del país.
Insisto, ojalá
las organizaciones campesinas y el Gobierno encuentren los mecanismos para encontrarse en
un diálogo fructífero.
Gracias.
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Gracias,
senadora.
Tiene la palabra
el senador Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario de la Revolución
Democrática.
El senador Raymundo Cárdenas Hernández:
Compañeras y
compañeros legisladores:
El asunto del
campo está en todos los medios de comunicación, en atención a que para nadie pasa
desapercibida la grave situación en la que están millones de productores.
La atención que
ha despertado este asunto es una muestra clara de que nadie está inventando problemas,
sino que éstos existen y tienden a agravarse.
También está
muy claro de que va a iniciar un periodo de movilizaciones. El próximo viernes está
convocada una manifestación aquí en la Ciudad de México, a la que no sabemos qué
cantidad de campesinos va a concurrir. Pero el hecho es que existen condiciones en el
campo, en todas las latitudes del país, para que la agitación conmueva a millones de
mexicanos y para que se produzcan manifestaciones de descontento que pueden derivar en
violaciones a la ley, como ya lo hemos observado en otros grupos inconformes en el pasado.
A nosotros, en
el PRD, nos preocupa la frivolidad con que este asunto se está tratando por los
encargados de la conducción política del Gobierno del Presidente Fox. Nos parece grave
que hasta en el tema secundario de quién convoca a las mesas de trabajo para que surja un
acuerdo nacional para el campo, haya desacuerdos. Que haya de- sacuerdos en quién
convoca, en cómo se forman las mesas, quién va a sacar la relatoría, quién va a
redactar el famoso Acuerdo Nacional para el Campo y eso indica la falta de acuerdo en
estos temas, indica que menos va a haber acuerdo en el contenido, en lo sustancial del
acuerdo que necesitamos todos para salvar al campo y salvando al campo salvar también
toda la estructura productiva del país.
Entonces
estamos, en el PRD, muy preocupados porque somos un grupo parlamentario y un partido que
considera indispensable que haya el acuerdo político para el campo. El Acuerdo Nacional
para el Campo es indispensable y ello implica, ello implica señores legisladores,
compañeras diputadas y senadoras, que de inmediato el Ejecutivo Federal disponga la
renegociación de la convocatoria de todos sus términos.
Nosotros
pensamos que la convocatoria tal vez debiera firmarla no sólo el Poder Ejecutivo, sino
este Poder Legislativo, que a fin de cuentas va a tener que aprobar toda la legislación y
los acuerdos presupuestarios que resulten de la discusión y que formen parte del Acuerdo
Nacional para el Campo.
Yo no
entendería por qué razón el Poder Legislativo no es parte de los convocantes y también
creo que el Poder Ejecutivo no debe poner en riesgo el diálogo nacional excluyendo a las
organizaciones agropecuarias de la convocatoria. Creo que en nada demerita la
responsabilidad del Poder Ejecutivo el hecho de que comparta la convocatoria con las
organizaciones. Se puede decir: es que no hay una organización representativa de todos
los campesinos. Yo diría: es cierto, hay muchas organizaciones y tal vez en esta fase de
movilización haya más, crezca más el número de organizaciones. Pero a fin de cuentas
al país tampoco le conviene ningunear a las organizaciones que existen, antes al
contrario, a nuestro juicio el propio Estado mexicano debía propiciar el encuentro de las
organizaciones para darle paso a una interlocución segura con ellos.
Por todas estas
razones, nosotros estamos en la idea de que el titular del Poder Ejecutivo, el Secretario
de Gobernación y el de Sagarpa, se dispongan a renegociar los términos de la
convocatoria para que el diálogo nacional para un acuerdo hacia el campo fluya con la
rapidez que se necesita.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Gracias,
senador.
Para el mismo
asunto tiene la palabra el senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.
El senador Héctor Larios Córdova:
Con el permiso
de la Presidencia:
Me parece que
todos coincidiremos que el tema del campo es un tema que no solamente está vigente y
estará vigente en los próximos días, sino que es fundamental para el futuro de la
nación y me parece que cuando hay un tema tan mencionado y tan insistido, tenemos que
empezar por resaltar los puntos de coincidencia y creo que el primer punto de convergencia
es sobre la realidad del campo.
Todos estamos
convencidos de que el campo sufre un rezago diferenciado con respecto al resto de la
población; que en el campo, en donde viven 25 millones de mexicanos, se concentra la
mayor parte de la pobreza; cerca del 60% de la pobreza está precisamente en el campo.
También hay que
reconocer que en la realidad del campo hay situaciones de éxito, hay productores que han
podido competir y que han podido mantener niveles crecientes de productividad y en
consecuencia también de sus ingresos.
Se ha dicho con
insistencia y un conjunto de movimientos ha tomado el nombre de que el campo no aguanta
más y creo que todos coincidimos que desde hace tiempo el campo no aguanta más y si el
campo no aguanta más me parece que lo prudente es resaltar las convergencias y de
inmediato ponernos a resolver este problema.
Y ¿qué hay que
hacer para resolver este problema? Primeramente también coincidir en el objetivo. ¿Cuál
es nuestro objetivo? Establecer las políticas, las condiciones para que los niveles de
vida de la población de la gente del campo puedan elevarse, para que aporte de la
producción agropecuaria, sea más definitivo para la economía nacional.
Y precisamente
lo que tenemos que hacer es llegar a acuerdos en todo el país, a hacer consensos, a tomar
la convocatoria al diálogo del Gobierno Federal, para establecer una política de Estado
en materia del campo. Se trata de llegar a los acuerdos, a los consensos, que todos
coincidamos en cuáles deben de ser las políticas de largo plazo, cuáles deben de ser
los programas a establecerse, cómo debemos de actuar con el presupuesto, cómo lograr un
presupuesto multianual destinado al campo, que tenga un pleno consenso y que logre cambiar
de manera estructural las condiciones del campo, para poder todos en conjunto salir de
este problema.
Si somos
consecuentes y estamos de acuerdo que el campo no aguanta más, me parece que lo que
tenemos que hacer es hacer votos porque esta convocatoria al diálogo nacional para
establecer una política de Estado que trascienda a un Gobierno, que trascienda al signo
político de los gobiernos que estén en el turno y que sea encaminada a resolver el
problema del campo, tenemos que hacer votos porque este diálogo funcione.
Y esta
convocatoria me parece que o primero que hay que resaltar, y aquí un poquito en
contradicción con lo que se afirmaba en la tribuna, es que es una convocatoria
incluyente. Ciertamente la convocatoria invita a todas las organizaciones de productores,
no solamente los productores agremiados del sector social, también los productores
privados, a todo el sector rural, a esta convocatoria del diálogo; no solamente a las
organizaciones de productores y de campesinos, sino también a los legisladores, también
a los académicos, a los partidos políticos, a los intelectuales. Me parece que lo
primero que había que resaltar de esta convocatoria es que es una convocatoria
verdaderamente incluyente, abarca todos los sectores de la sociedad, porque se requiere
formar un acuerdo que defina la política de Estado, insisto, permanente, para combatir el
rezago en el campo.
Lo segundo que
habría que resaltar, es que esta convocatoria establece ocho grandes temas en donde se
incluye en términos generales la problemática del campo. Cada uno de estos temas puede
ampliarse, de tal forma que se abarquen todos los temas del campo; a ningún tema se está
huyendo. Se habla sobre financiamiento del campo, sobre ordenamiento de la propiedad
rural, sobre desarrollo social, sobre el medio ambiente y el campo, sobre Comercio
Exterior, sobre el TLCAN, sobre el papel del campo en el México del futuro, me parece que
todos los temas están incluidos y si la convocatoria es incluyente la participación es
amplia, podemos realmente generar las bases para establecer esta política.
Finalmente
también creo que es de resaltar de la convocatoria, que esta convocatoria establece
mecanismos concretos para que las conclusiones no queden en meras buenas intenciones. Se
establece con claridad que la implementación de las políticas que por ley compete al
Ejecutivo, será a través de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural
Sustentable.
En esta
convocatoria están participando todas las dependencias del Ejecutivo que participan en
esta Comisión Intersecretarial y que son las que tienen incidencia con respecto al campo.
Pero también se
establece que la vigilancia de la implementación de esta política de estado quedaría en
manos del Consejo Mexicano de Desarrollo Rural, en donde participa la mayor parte de las
organizaciones, lo que habría que hacer es ampliar para que todas las organizaciones que
quisieran participar pudieran participar en la evaluación de la implementación de ésta.
Pero
adicionalmente la convocatoria se extiende a los legisladores para que los temas que
tengan qué ver con la agenda legislativa con respecto al campo, estén también
representado el Congreso a través de estos legisladores, diputados y senadores que
participan en las comisiones respectivas para que estos cambios legales puedan incluirse.
Yo creo que si
en algún momento todos nos plantearan hace tiempo qué es lo que se necesitaba, se
necesita establecer las bases de un consenso nacional para unas políticas estables para
poder desarrollar al campo.
Bueno, hoy está
hecha la convocatoria, si estamos, insisto, convencidos que el campo no aguanta más,
acudamos a esta convocatoria, hagamos votos porque esta convocatoria sea eficaz, se
establezca un diálogo constructivo y genere las políticas que requiere el campo mexicano
sin ninguna concepción inicial, sin ningún condicionamiento adicional porque el diálogo
precisamente nace de tener la posibilidad de llegar a los acuerdos que sean necesarios
para beneficio del nivel de vida de los mexicanos que viven en el campo.
Yo hago votos
porque esa convocatoria funcione, creo que todos los días nuevas organizaciones se van
sumando, el día de hoy la Confederación Nacional de Productores Rurales se ha sumado,
también hay que respetar a los productores que han decidido acudir a instancias legales
como la Suprema Corte de Justicia, pero lo que tenemos que dejar de hacer es polemizar,
dividir sobre este tema. Lo que tenemos que hacer es dejarnos de preocupar por el campo y
empezarnos a preocupar atendiendo a esta convocatoria del diálogo generando en este
diálogo las políticas estables que den la posibilidad de desarrollar al campo y de esa
manera creo que todos estamos llamados a cubrir por nuestra parte lo que el campo nos
reclama a todos.
Muchas gracias.
El
Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Gracias senador.
Agotada la lista de oradores inscritos
para este tema, se turna a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, Hacienda y
Crédito Público, Agricultura, Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Antes de pasar
al siguiente punto pregunto a los legisladores que estaban tratando de lograr un acuerdo
parlamentario sobre el asunto de Colima, si tenemos ya el acuerdo. Colima y Jalisco,
perdón. ¿Quién presentará el punto de acuerdo propuesto? Con mucho gusto diputado.
ESTADO
DE CHIAPAS
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
Bien, seguimos
esperando el acuerdo, mientras está inscrito para presentar un punto de acuerdo, una
proposición con punto de acuerdo sobre el problema de salud presentado en el estado de
Chiapas. Tiene la palabra para ello, el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado César Augusto Santiago
Ramírez:
Gracias, señor
Presidente.
Deseo compartir
este texto escrito con todos ustedes.
En los últimos
años, Chiapas ha estado en el mapa político del país muchas veces por circunstancias
inéditas, otras por evidentes excesos y desafortunadamente a veces por hechos
incalificables. La pobreza, se ha dicho, está en el fondo de todos estos acontecimientos.
La pobreza así,
como si fuera un sustantivo que actúa por generación espontánea y no como lo que es: el
resultado de la ineficacia del Gobierno como un todo y desde siempre, que no ha sabido
conducir el desarrollo del Estado ante la complacencia de la República que sólo ha
recibido los recursos y la imaginación de la gente de Chiapas con la que no ha sabido ser
solidaria.
En el fondo se
trata de un problema de falta de eficacia, un problema de abandono, de insensatez que ha
trivializado los asuntos para sólo trasmitir una imagen festiva, folclórica de lo que
podemos aceptar, de lo que no podemos aceptar es el carácter chiapaneco que de verdad
sólo existe en el comportamiento y la personalidad de sus gobernantes.
No sé cuántos
niños hayan muerto ya en Chiapas pero son muchos y ésta es la noticia alarmante que hay
en todo el mundo, como antes lo fueron los muchos adultos también muertos en conflictos
generados por la polarización social o en la insurgencia que ha sido la mejor expresión
de un estado de cosas que ya en verdad es insoportable.
Eficacia es el
problema. Cuando menos creo que desde 1994 la realidad de Chiapas fue mostrada a los ojos
del mundo en toda su expresión; el Gobierno como un todo tenía que haberse esmerado en
ser eficaz; el Poder Ejecutivo y el Legislativo, las instituciones de la República, el
gobierno del PRI y de los otros partidos tendrían que haber mostrado su eficacia y su
solidaridad para actualizar la justicia. Lamentablemente no hemos podido ser eficaces, no
hemos podido salvar nuestras desavenencias partidarias en el contexto de una problemática
mayor que se debe imponer al mero logro del poder público en las alianzas o en las
componendas más inconfesables.
Por la
ineficacia hemos perdido todos y sólo han ganado los que detentan el poder porque ante la
dificultad entre partidos que no cesa y la polarización social en Chiapas que cada vez es
mayor, ellos, los del poder gubernamental, han encontrado la impunidad de sus
individualidades, la oportunidad para crear pequeñas opciones políticas personales que
no tienen compromiso con nadie, ni con la ideología, ni con la religión, mucho menos con
la gente, sólo alrededor de las satisfacción de sus apetitos y en la perversa intención
que ojalá no se vuelva costumbre, de pretender manipular a la gente.
Hace una semana
aquí en esta Comisión Permanente se aprobó para crear una Comisión Especial, ahora ya
no sé si quedó en grupo de trabajo o finalmente en una entelequia de estas que salen en
los periódicos pero que no sirven para nada. De aquella fecha, muchos otros sucesos han
ocurrido señor Presidente: la muerte de los niños se ha complicado con la violencia
reiterada en las comunidades indígenas; las visitas a las instituciones hospitalarias han
mostrado el abandono y el desprecio en los asuntos de salud; han puesto en evidencia que
frente al potencial de la entidad, sólo hay abandono, conflictos potenciales,
desatención y miseria.
Falta de
eficacia otra vez porque el Gobierno, confiando en que después de la algarada
publicitaria todo se olvidará para seguir en las mismas, ha respondido con dispendio,
desplegados en la prensa nacional que cada uno de ellos cuesta 260 mil pesos en días
ordinarios; anuncios en la televisión y pretendidos manipuleos mediáticos para disimular
sus excesos, pasar el trago amargo y regresar a la impunidad política, a los excesos, al
disfrute del poder omnímodo, porque los otros poderes tampoco quieren ser eficaces.
La prensa local
chiapaneca y luego la nacional han dado cuenta del folclorismo gubernamental, que pronto
ha asimilado la intentona de gobernar por la diversión y la mistificación. Más
interesados parecen en las alineaciones de sus equipos deportivos, en la adquisición de
“patas largas” extranjeros, en salvar los negocios del señor Murillo, asociado
a las televisoras, en formular chascarrillos de mal gusto y sentarse en la mesa de los
reyes, de las visitas presidenciales, que en el compromiso serio de gobernar para la
gente, que fue estrictamente para lo que fueron electos.
Pero señoras y
señores de la Permanente, si estas conductas exageradas de quienes están en la política
sin entenderla, son reprobables para los fines de la democracia en condiciones más o
menos normales, por favor ubiquen la magnitud de esas acciones, el pago de los
desplegados, los comerciales de la tele, los viajes internacionales y toda la parafernalia
futbolera, en una entidad donde los niños se mueren en los hospitales públicos, donde la
violencia resuelve a muertes lo que el Gobierno no puede conciliar, en una entidad
agobiada por los problemas económicos, dada su precaria situación agrícola, en una
entidad donde no hay industria, con magras comunicaciones, con productos exportables sin
precio, con una rebelión en sus montañas.
¿Qué vamos ha
hacer, señoras y señores integrantes de la Permanente?¿ Defender al gobernador,
defender al Secretario Frenk, para no lastimarle sus aspiraciones internacionalistas,
insistir en nuestro interés partidario pretendiendo que nadie pierda en los próximos
comicios electorales? ¿Qué vamos ha hacer?, ¿formular declaraciones, puntos de acuerdo
que no prosperan, salir del paso y contribuir al espectáculo?, o nos decidimos como
cuerpo, como políticos serios, como senadores de la República y diputados de la nación,
a honrar la buena política que busca la eficacia.
Tiene que ser el
Congreso de la Unión, el que dé muestras de sensatez y produzca acciones ejemplares, la
frivolidad debe tener un hasta aquí, cuando arremete vidas humanas, polariza la sociedad
y destruye la confianza de la gente. Ya no debiéramos aceptar que frente a cada problema,
la única respuesta sea una andanada publicitaria para llamar la atención, pretendiendo
que el olvido sea la única respuesta de la política.
Señoras y
señores, más allá de las diferencias políticas entre nosotros, propongo prestigiar a
la política y a honrar a los políticos que estén de acuerdo. Ya llegó el tiempo de
tomar acuerdos que resuelvan y respondan a la realidad de Chiapas, que aquí está todos
los días en lo que le da a la República y en lo que la República no le otorga en
reciprocidad.
Por eso pido que
el grupo de trabajo constituido se traslado inmediatamente al Estado de Chiapas, para
visitar las instituciones hospitalarias de la entidad y rendir un informe a esta
soberanía nacional. Pido que el grupo de trabajo abra una sesión de audiencias
públicas, para conocer con precisión los alcances y la gravedad del problema. Finalmente
propongo que con la mayor seriedad, el grupo de trabajo se constituya en un foro de
investigación y análisis jurídico, para que en absoluto respeto a la soberanía de las
entidades federativas, pueda proponer reformas legales o constitucionales necesarias a
efecto de normar la intervención del Gobierno en negocios de profesionales y en el pago,
uso y abuso de la publicidad oficial.
No se trata
señores, de dictar sentencias antes de tiempo, ni de iniciar debates intrascendentes, se
trata de buscar que las acciones del Legislativo sean eficaces y sirvan para que la gente
sepa que el Poder Legislativo sí está en la defensa de sus intereses.
Eso es todo,
señores. Muchas gracias.
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Se turna el asunto al Grupo de Trabajo
que recién ha sido integrado en esta Comisión Permanente.
También con una
propuesta de punto de acuerdo en relación con los niños fallecidos en el Centro de Salud
en Comitán, Chiapas, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Ramón León Morales,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Ramón León Morales:
Muchas gracias,
señor Presidente.
El Hospital
General de Comitán, Chiapas, cuenta con 90 camas y en su área de influencia viven 506
mil personas. La planta laboral está integrada por cinco pediatras, dos ginecólogos,
médicos generales y enfermeras. Según el Secretario de Salud de Chiapas, los recién
nacidos que fallecieron entre diciembre y enero en dicho hospital tuvieron complicaciones
severas, como haber nacido prematuros, que las madres padecían desnutrición y muchas de
ellas eran menores de edad, lo que los acercaba al riesgo de no poder salvarles la vida.
Además, el funcionario negó que los decesos hayan ocurrido por presunta negligencia
médica y que fue la escasez de recursos económicos la única causal.
Familiares de
los recién nacidos que perdieron la vida en dicho hospital, rechazaron los resultados que
emitió la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de la Salud sobre estas
muertes y exigen que se les haga justicia.
El gobernador,
Pablo Salazar, dijo que las familias “serían indemnizadas”, pero funcionarios
del DIF sólo hablan de que a los padres les darán una ayuda económica y que serán
atendidos por la Procuraduría General del Estado. Los cuerpos de los recién nacidos que
murieron en el hospital de Comitán fueron exhumados como parte de las investigaciones que
buscan esclarecer las causas de los decesos de los menores.
En este sentido,
el informe de resultados de los análisis bacteriológicos realizado por el propio
laboratorio estatal de salud pública de Chiapas, confirma el aislamiento de bacterias
coliformes en el interior de incubadoras y catéteres de oxígeno. La presencia de
Klebsiella pneumoniae, disculpen, no sé pronunciar estos términos, en la tarja de
pediatría y en el agua de garrafón; Pseudomona aeruginosa en una sonda de aspiración y
en la llave de agua, entre otras bacterias causantes de la sepsis neonatal, pero lo más
grave es que de las manos de enfermeras y pediatras se aislaron cepas de Staphilococcus,
Klebsiellas y Escherichia coli, probablemente porque no les daba tiempo ni de lavarse las
manos antes de manejar a los menores.
También los
padres de familia pidieron que la Contraloría del Gobierno estatal intensifique la
investigación sobre el cumplimiento de la jornada de trabajo del personal de salud que
ahí presta sus servicios, pues según ellos no cumplen con el horario estipulado. Esta
exigencia no terminará hasta que se vea restituido el derecho a una vida digna del pueblo
de Comitán.
Por otra parte,
cabe destacar que mujeres y hombres, en su mayoría indígenas tojolabales, tomaron el
hospital de la Secretaría de Salud de las Margaritas, Chiapas, demandando medicinas y
médicos las 24 horas del día para la población de escasos recursos y la salida de la
directora, Maribel Torres Cancino. Denuncian que médicos y enfermeras les dan malos
tratos a las mujeres, niños y ancianos de este municipio.
Por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los
suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de
la Unión exhorta a la Secretaría de Salud, a que se apliquen y hagan efectivas en todos
los hospitales de los distintos niveles del país, las medidas para la vigilancia
epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales con apego a la
norma oficial 026.
Segundo. Esta soberanía acuerda solicitar a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, programe recursos extraordinarios del orden
de 600 millones de pesos para la Secretaría de Salud, a fin de que se destine a las
áreas de atención hospitalaria materno-infantil de todo el país, par- ticularmente en
el estado de Chiapas.
Tercero. Asimismo, que el Congreso de la Unión
solicite a la Procuraduría General de la República haga público el dictamen de cuáles
fueron las verdaderas causas que provocaron los decesos de los infantes, para que en el
ámbito de sus atribuciones coadyuve a su propia solución.
Cuarto. Esta soberanía solicita a la Secretaría
de Contraloría y Desarrollo Administrativo que lleve a cabo una Auditoría Médica para
fincar, en su caso, responsabilidades con objeto de darle una solución justa a la
problemática establecida en el presente punto de acuerdo.
Firmamos este
punto de acuerdo la diputada federal Química Adela
del Carmen Graniel Campos y un servidor.
Muchísimas
gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Túrnese al Grupo de Trabajo integrado
el día de hoy para atender el asunto de salud en Comitán, Chiapas.
Se ha pedido
posponer el siguiente punto que era en relación al Presupuesto del estado de Nayarit.
TRABAJADORES BRACEROS MEXICANOS
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Tenemos
también, para presentar una proposición con punto de acuerdo para demandar que se
investigue al Servicio Postal Mexicano y se finquen responsabilidades en contra de quien
resulte responsable por la desaparición de 15 mil cheques, suscrita por los diputados
Sergio Acosta Salazar y el diputado Ramón León Morales. La presentará el diputado
Ramón León Morales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Ramón León Morales:
Muchísimas
gracias, señor Presidente:
Los que
suscribimos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos
presentar a esta Comisión Permanente una propuesta con punto de acuerdo.
CONSIDERACIONES
La migración
mexicana hacia Estados Unidos tiene como antecedentes históricos el Programa Bracero que
dio inicio en 1942 y concluyó en 1964. Uno de los objetivos principales del gobierno del
entonces Presidente Norteamericano Franklin Roosevelt, era contratar mano de obra mexicana
para los granjeros de aquel país, ya que sus trabajadores se habían enrolado en el
ejército de su país que combatía en la Segunda Guerra Mundial.
La migración
trae consigo un elemento de interdependencia en el mercado laboral de México y Estados
Unidos, las empresas estadounidenses se benefician al pagar sueldos bajos y la economía
mexicana, se libra de presiones laborales, puesto que no puede prever suficientes empleos
para satisfacer la demanda de trabajo.
Este tema ha
sido abordado infinitamente en esta Cámara de Diputados, pero pocas veces ofreciendo
respuestas a nuestros hermanos que se encuentran del otro lado de la frontera, así como a
sus familiares que se encuentran en territorio nacional.
Todos sabemos
que nuestros connacionales en Estados Unidos, envían a sus familias entre 8 y 9 mil
millones de dólares cada año por medio de remesas y que sirven para solventar en 100%
los gastos de necesidades básicas, como alimentación, educación, salud y mejoras de
vivienda, entre otras, accediendo por ellos mismos a servicios que van mejorando su
calidad de vida.
Este recinto ha
sido testigo de una variedad de denuncias hechas por las diferentes fracciones
parlamentarias, en torno a las violaciones y vejaciones que sufren nuestros nacionales,
tal ha sido el caso de las empresas Western Junior y Money Gram, dedicadas al envío de
remesas a nuestro país, el cual cobran porcentajes mayores al que prometen en su
publicidad.
Nuestros
connacionales, después de haber brindado su trabajo a las empresas norteamericanas,
tienen en sobremanera merecida una pensión, que les permite a llevar a buen término el
resto de su vida. El día de hoy, en esta tribuna, queremos expresar nuestra indignación
y preocupación, por la desaparición ocurrida en el Servicio Postal Mexicano Sepomex, de
casi 15 mil cheques.
Esos cheques los
envía el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país por el concepto de pago de
pensiones a los trabajados inmigrantes que prestaron servicios en aquel país y cuyas
cantidades oscilan entre 300 y 800 dólares.
Los pensionados
afectados por esta situación pertenecen principalmente a los estados de Zacatecas,
Jalisco y Michoacán. En el caso de este último, el día 14 de enero en la Parroquia de
La Merced, ubicada en Morelia, Michoacán, hicieron fila, cientos y cientos de
pensionados, para corroborar el cobro de sus cheques ante Mary Helen de la Torre, Cónsul
de Estados Unidos en nuestro país.
Funcionarios del
gobierno norteamericano, confirmaron esta situación, calificándola de preocupante, ya
que la pérdida de los documentos de valor, se dio en un periodo de tres meses: julio,
agosto y septiembre del año pasado.
Fue así como
nos dimos cuenta del desvío de estos cheques, y es por ello que no podemos dejar impune
tal hecho. No es posible que el Servicio Postal Mexicano permita que ocurran este tipo de
actos delictivos, que sólo evidencían su ineficiencia y la corrupción que existe al
interior del mismo.
Si los
directivos de Sepomex, hablan de eficientar cada vez más esta institución y donde en el
periodo de 1998 a 2001 han reportado pérdidas operativas de 726 millones de pesos y la
caída en un 54% de sus ingresos desde 1995 hasta el año pasado, deberían de empezar por
clarificar dónde se encuentran los responsables de la sustracción de estos cheques.
Es necesario que
nos manifestemos en contra de este tipo de actos, que lesionan cada día a nuestra
población. No debemos de ser insensibles ante la voz de nuestros representados que nos
demandan justicia.
Por lo
anteriormente expuesto los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión solicita la intervención de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo así como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que cada
una de ellas, de acuerdo a sus atribuciones, procedan inmediatamente al esclarecimiento
del destino que tuvieron los pagos de las pensiones de los extrabajadores braceros
mexicanos, deslindándose las responsabilidades en contra de quien resulte responsable por
la desaparición de los aproximadamente 15 mil cheques. Y de ser el caso dar parte a la
Procu- raduría General de la República, para que en el ámbito de sus facultades integre
la averiguación previa correspondiente.
Firmamos este
punto de acuerdo los diputados Sergio Acosta Salazar y un servidor.
Muchas gracias,
señor Presidente.
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Túrnese
a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.
DOBLE
NACIONALIDAD
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
Para presentar
una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones
Exteriores, para que realice una prórroga en la tramitación de la doble nacionalidad, ha
solicitado el uso de la palabra y se le concede al diputado Jorge Carlos Ramírez Marín,
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:
Con su permiso,
señor Presidente.
Hago uso de la
palabra en nombre y representación del ciudadano diputado don Oscar Alvarado Cook, quien
es sustituto en esta Comisión Permanente y hoy honra el reglamento y los principios que
nos rigen y los acuerdos a los que nos sometemos. Lo hago también en la representación
de los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del PRI, comprometidos con la
causa de los mexicanos que viven en el exterior.
Cuatro y medio
millones de mexicanos señoras y señores, cuatro y medio millones de hombres y mujeres,
jóvenes muchos de ellos, que optaron algunos hace muchos años, por la dura, la muy
difícil decisión de abandonar sus tierras y adentrarse a costumbres extrañas y muchas
veces hostiles, con tal de sacar adelante lo que es principal y vital para cualquier
hombre: la supervivencia de su familia.
Hace unos años
cuando se anunció que se abriría el Programa de Naturalización y el Programa para
Tramitar la Nacionalidad de los mexicanos que viven fundamentalmente en Estados Unidos,
pero también en otros países, se hicieron urgentes dos medidas que hasta la fecha no han
podido concretarse: primero, hacer una muy intensa campaña de difusión por parte de las
autoridades de Relaciones Exteriores, a fin de que estas personas conozcan con detalle
cuáles son los requisitos a través de los cuales pudieran acceder a los derechos
nacionales.
No se trata de
acceder corrijo, para recuperar sus derechos nacionales. Por eso, señoras y señores, hoy
tiene carácter fundamental que hagamos de este punto de acuerdo una cosa común. Es
cierto que ha existido una preocupación por parte de la Secretaría de Relaciones
Exteriores; pero es verdad también que por distintas razones esta campaña no ha podido
penetrar a los principales lugares y concentraciones de mexicanos que podrían aspirar a
estos derechos.
Por eso y
apelando a nuestro sentido común, le pedimos a ustedes sumarnos en este punto de acuerdo
que consiste fundamentalmente en lo siguiente:
Primero. Se urge
a la Secretaría de Relaciones Exteriores iniciar una campaña de difusión sobre los
requisitos para recuperar los derechos nacionales de nuestros compatriotas.
Segundo. Se
solicita y en este momento hacemos un amplio reconocimiento a los dirigentes de las
organizaciones de migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos, se solicita que la
Secretaría de Relaciones Exteriores prorrogue el plazo programado para tramitar la doble
nacionalidad de los mexicanos que viven fundamentalmente en Estados Unidos y en otros
países, por 365 días más contados a partir del 20 de marzo.
Esto, señores,
es un reconocimiento a quienes hacen todos los días ese esfuerzo y enriquecen desde donde
se hallan, a nuestro país. Ese es un reconocimiento a su trabajo, a las organizaciones
que los agrupan y esas organizaciones que en muchas ocasiones como las de Colima, como las
de Yucatán, como las del Distrito Federal en alguna ocasión, no dudan ocurrir
presurosas, a ayudar a sus compatriotas.
Es por ello que
es merecido y es justo. Un año más de prórroga para obtener la doble nacionalidad.
Muchas gracias.
«Proposición
con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que
realice una prórroga en la tramitación de la doble nacionalidad, suscrita por el
diputado Oscar Alvarado Cook y el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia de
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presente.
Compañeras y
compañeros legisladores: los suscritos legisladores federales del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo establecido en el artículo 58
del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
comprometidos con la causa de los mexicanos que viven en el exterior, nos permitimos
someter a la consideración de esta Asamblea la proposición con punto de acuerdo para
exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que realice una prórroga en la
tramitación de la doble nacionalidad, de conformidad con los siguientes
Considerandos
Cuatro y medio
millones de mexicanos, jóvenes muchos de ellos, que optaron algunos hace muchos años,
por la dura, la muy difícil decisión de abandonar sus tierras y adentrarse a costumbres
extrañas y muchas veces hostiles, con tal de sacar adelante lo que es principal y vital
para cualquier hombre: la supervivencia de su familia.
Hace algunos
años cuando se anunció que se abriría el Programa de Naturalización y el Programa para
Tramitar la Nacionalidad de los mexicanos que viven fundamentalmente en Estados Unidos,
pero también en otros países, se hicieron urgentes dos medidas que hasta la fecha no han
podido concretarse.
La primera,
hacer una muy intensa campaña de difusión por parte de las autoridades de Relaciones
Exteriores, a fin de que estas personas conozcan con detalle cuáles son los requisitos a
través de los cuales se puedan recuperar sus derechos nacionales.
Es cierto que ha
existido una preocupación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores; pero es
verdad también que por distintas razones esta campaña no ha podido penetrar a los
principales lugares y concentraciones de mexicanos que podrían aspirar a estos derechos.
Esto es un
reconocimiento a quienes hacen todos los días ese esfuerzo y enriquecen desde donde se
hallan, a nuestro país. Ese es un reconocimiento a su trabajo, a las organizaciones que
los agrupan y esas organizaciones que en muchas ocasiones de desgracias como las de
Colima, como las de Yucatán, como las del Distrito Federal en alguna ocasión, no dudan
ocurrir presurosas, a ayudar a sus compatriotas.
Es por ello que
es merecido y es justo. Un año más de prórroga para obtener la doble nacionalidad.
Los legisladores
federales, en nuestro carácter de representantes populares, apelando a nuestro sentido
común, le pedimos a ustedes sumarnos en este punto de acuerdo que consiste
fundamentalmente en lo siguiente
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones
Exteriores iniciar una campaña de difusión sobre los requisitos para recuperar los
derechos nacionales de nuestros compatriotas.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Población y
Desarrollo del Senado de la República a realizar las actividades correspondientes a
efecto de dictaminar el proyecto de decreto que reforma la fracción primera del artículo
cuarto transitorio de la Ley de Nacionalidad, con la finalidad de facultar a la
Secretaría de Relaciones Exteriores para que prorrogue el plazo programado para tramitar
la doble nacionalidad de los mexicanos que viven fundamentalmente en Estados Unidos y en
otros países, por 365 días más contados a partir del 20 de marzo.
Atentamente.
México, DF, a
30 de enero de 2003.— Diputados: Oscar Alvarado
Cook y Jorge Carlos Ramírez Marín.»
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Gracias,
diputado Ramírez Marín.
Han solicitado
el uso de la palabra,, para el mismo asunto, los senadores Felipe Vicencio, del grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y el senador Raymundo Cárdenas Hernández, del
Partido de la Revolución Democrática.
Tiene la palabra
el senador Felipe Vicencio.
El senador Felipe de Jesús Vicencio Alvarez:
Con el permiso
de la Presidencia.
Compañeras y
compañeros legisladores:
Coincidimos en
Acción Nacional plenamente en la afirmación de que las fronteras de la patria claramente
definidas en el mapa de nuestra geografía, se extienden más allá de las fronteras y
alcanzan a cualquier rincón del mundo en donde los mexicanos con orgullo con trabajo y
con la energía que se obtiene por haber tenido raíces en nuestro país, viven, trabajan,
producen y hacen del mundo un lugar más digno.
Creo yo que
nunca será suficiente el reconocimiento que podamos hacer a los mexicanos que viviendo en
el extranjero y particularmente en los Estados Unidos, contribuyen, repito, con su
trabajo, con su esfuerzo, con su sudor, al desarrollo de una nación que de alguna manera
les abre las puertas pero que al mismo tiempo aprovecha de manera ventajosa en muchas
ocasiones, este esfuerzo. Y creo yo que en esta circunstancia México no puede olvidarlos.
Por ello en
Acción Nacional creemos que es importante ampliar la posibilidad de que los connacionales
puedan hacer valer este derecho a la doble nacionalidad, en virtud de que nuestra nación
tiene el compromiso de seguir protegiendo, el compromiso de tutelar los derechos de
quienes no tienen por qué dejar de ser ciudadanos mexicanos porque la ley así lo
establece. Y esta Ley de la Doble Nacionalidad que establece un transitorio con una fecha
perentoria, en efecto puede ser modificado.
Sin embargo,
también habría que señalar que esta disposición legal no podrá ser ajustada con un
punto de acuerdo simplemente, se requerirá de un esfuerzo legislativo importante para que
esta iniciativa sea algo más que una buena intención, para que esta iniciativa sea algo
más que un pronunciamiento que al poco tiempo se lleve el viento.
Como Poder
Legislativo, compañeras, compañeros, tenemos que ser muy responsables y por lo tanto
tendremos que encontrar juntos, más allá de los muy legítimos intereses de los
partidos, la fórmula que permita hacer de este legítimo deseo, de este legítimo
interés, una realidad eficaz.
Nosotros
seguramente recibiremos el turno de este punto de acuerdo en la comisión correspondiente
y ahí tendremos que construir juntos la fórmula que nos permita encontrar el mejor
resultado. En ello Acción Nacional pondrá su parte y en ello estamos comprometidos.
Muchas gracias.
Presidencia del diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias,
senador.
Para el mismo
tema tiene la palabra el senador Raymundo Cárdenas, del Partido de la Revolución
Democrática.
El senador Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias,
diputado Presidente; compañeras y compañeros:
Yo quiero
iniciar mi intervención saludando a una comisión de paisanos nuestros, que forman parte
de un esfuerzo muy importante de organización de los mexicanos en el exterior, que se
reunieron hace muy poco tiempo en el estado de Nevada, en Estados Unidos y que están
impulsando con la mayor de las fuerzas toda la temática de los mexicanos en el exterior.
Su presencia
aquí es muy bienvenida y yo espero que nos veamos muy frecuentemente porque deberán
ustedes ser testigos de la congruencia de todas las fracciones parlamentarias para
resolver este problema específico de la doble nacionalidad, pero sobre todo para impulsar
sobre todo el derecho de voto, los derechos políticos de los mexicanos en el exterior.
Quisiera
referirme rápidamente al tema que nos ocupa. Miren ustedes, en el artículo 4o. fracción
I, artículo cuarto transitorio de la Ley de Nacionalidad se establecía que los mexicanos
que adquirieran la nacionalidad norteamericana recuperaran la nacional, se requería, leo:
“Fracción
I. Presentar solicitud por escrito a la Secretaría, embajadas o consulados de México
dentro de los cinco años siguientes al 20 de marzo de 1998.”
Eso significa
que el 20 de marzo de este año vence el plazo para presentar por escrito.
¿Cómo resolver
este problema? El 6 de noviembre se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de
reforma a la Ley de Nacionalidad para eliminar estos plazos. No tiene sentido poner
plazos, es mejor dejarlo abierto para que cualquier ciudadano mexicano pueda recurrir a
los beneficios de esta ley y adquirir la doble nacionalidad en cualquier momento.
Bueno, creo que
las manifestaciones expresadas aquí por los compañeros que me antecedieron en la
palabra, indican que todos estamos de acuerdo en eso. Bueno, mostrémoslo modificando la
ley rápidamente.
Entonces yo
sugiero que los compañeros del PRI accedan a que esto vaya a la Comisión correspondiente
y que dictaminemos en el sentido que debemos dictaminar. Creo que nos veríamos mal
pidiéndole al Ejecutivo que prorrogue algo cuando la ley establece taxativamente las
fechas.
Yo estoy de
acuerdo en el punto de acuerdo presentado, en el sentido; creo que eso refleja el
compromiso de los proponentes con la solución de este problema. Pero sin embargo
encontrémosle la fórmula para que sea eficaz nuestro acuerdo.
Entonces, bien
podemos aprobar el punto de acuerdo, de todas maneras hay que exhortar al Ejecutivo para
que también sea solidario con esta intención. Entonces, sugiero que aprobemos eso y que
nos comprometamos con nuestros paisanos en Estados Unidos a que muy pronto se modifique la
Ley de Nacionalidad, debe modificarse antes del 20 de marzo, y que mientras tanto la
Secretaría pueda actuar de un modo que no entorpezca la intención mostrada por todas las
fuerzas políticas representadas aquí en la Comisión Permanente.
Muchas gracias.
Presidencia del diputado Bernardo
Borbón Vilches
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Gracias,
senador.
Ha solicitado la
palabra el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del PRI, para
rectificación de hechos sobre el mismo tema.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:
Con su permiso,
señor Presidente:
Honorables
miembros de la Mesa Directiva; senadores, diputados: Suelo coincidir con la forma siempre
respetuosa y talentosa del senador Cárdenas y muchas veces con el fondo. Hoy coincido
también con el senador Vicencio y es la expresión también de los señores senadores
integrantes de la fracción parlamentaria del PRI y los diputados en esta Comisión
Permanente, por lo que nos permitimos solicitar a usted, señor Presidente, la
rectificación de este turno de la siguiente manera.
Con respecto al
pronunciamiento y punto número 1. “Se urge a la Secretaría de Relaciones Exteriores
iniciar una campaña de difusión sobre los requisitos para recuperar los derechos
nacionales de nuestros compatriotas”, le pedimos lo turne a la Segunda Comisión de
esta Comisión Permanente.
Y en relación
al segundo punto, que se refiere en sí a la prórroga, por supuesto, ése es el sentido
de nuestro plan- teamiento y haciendo caso de la sugerencia que nos hace el señor
Presidente de la Comisión respectiva en el Senado, solicitamos se turne a la Comisión de
Población de la Cámara de Senadores, donde la expresión de las fracciones aquí
vertidas nos aseguran que será una realidad antes del 20 de marzo.
El
Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Agotada la lista de oradores
inscritos, se turna de la forma en que ha sido solicitado. El primer punto a la Segunda
Comisión de la Comisión Permanente. Se refiere a Relaciones Exteriores, Defensa y
Educación.
En cuanto al punto 2, túrnese a la
Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Senadores.
SISMO
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
¿Se tiene ya el
acuerdo sobre el tema de damnificados en los estados de Colima y Jalisco? ¿Lo presentará
el Diputado León? Tiene la palabra el diputado León Morales, para presentar el punto de
acuerdo convenido con los grupos parlamentarios. Adelante diputado.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor
Presidente.
Quiero informar
a ustedes que en la propuesta de este punto de acuerdo se consensó con todas las fuerzas
políticas que hubo la mayor disposición y voluntad política para que saliera en estos
términos, lo cual se les agradece.
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se recomiende al Ejecutivo Federal se
amplíe progresivamente el derecho de aquellos ciudadanos afectados por el sismo que
perciban hasta cinco salarios mínimos y hasta agotar el fondo destinado por el Gobierno.
Segundo. Se agilice la entrega de los recursos del
Fondo de Desastres Naturales para que los afectados comiencen a reparar y reconstruir sus
viviendas, solventar sus necesidades y se amplíe lo suficiente para cubrir las
necesidades de un mayor número de damnificados por el desastre natural en el estado de
Colima.
Tercero. Se exhorta al titular del Ejecutivo
Federal a efecto de que se otorgue y publique de inmediato la declaración de zona de
desastre natural para los municipios de Zapotitlán de Vadillo, Tolimán, Tonila y Piguamo
en el estado de Jalisco que ya fueron declarados en su oportunidad en estado de
emergencia, independientemente de continuar y resolver con diligencia extrema el trámite
en relación al resto de los municipios afectados en la entidad que en su conjunto
conforman la solicitud de dicha declaratoria formulada oportunamente por el gobernador del
estado de Jalisco.
Se solicitar
otorgar a dicho estado una línea de crédito suficiente que permita a las autoridades
municipales y estatales disponer de inmediato de recursos financieros para atender los
gastos de emergencia a fin de reembolsarse en cuanto se libren recursos del Fonden que les
corresponda.
Cuarto. Se exhorte al Ejecutivo Federal y Estatal
para que implementen programas adicionales a los apoyos del Fonden para que los afectados
puedan acceder a uno o más programas que les permitan su más ágil recuperación.
Estos son los
cuatro puntos que se proponen.
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Sí, a petición
del diputado Ramírez, ¿si es posible repetirlo diputado León Morales?
El diputado Roberto León Morales:
“Se agilice
la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales para que los afectados
comiencen a reparar y reconstruir sus viviendas y solventar sus necesidades lo suficiente
para cubrir las necesidades de un mayor número de damnificados por el desastre natural en
el estado de Colima”.
Quiero hace
aquí una aclaración, que es parte del consenso, agradezco la oportunidad que se me da.
Quedaría de esta manera: “Se agilice la entrega de los recursos del Fondo de
Desastres Naturales para que los afectados comiencen a reparar y reconstruir sus viviendas
y solventar así sus necesidades”. Hasta ahí queda.
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Gracias, señor
diputado.
Consulte la
Secretaría a la Asamblea si considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
Por
instrucciones del señor Presidente, se consulta a la Asamblea si está suficientemente
discutida la proposición.
Los señores
legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los señores
legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Bien, se
considera suficientemente discutida. En ese caso se solicita a la Secretaría, en
votación económica, preguntar si se aprueba la proposición.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
En votación
económica se pregunta si se aprueba la proposición.
Los señores
legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los señores
legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Aprobada la proposición. Comuníquese
en los términos acordados.
Ha solicitado el
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, posponer la proposición con
punto de acuerdo que pretendía exhortar el Jefe del Gobierno del Distrito Federal a la
publicación inmediata del texto íntegro del decreto que contiene diversas reformas y
adiciones del Código Financiero del Distrito Federal y se ha pedido posponer el punto de
acuerdo en relación a la papelería oficial del Poder Ejecutivo Federal que no cumple con
lo establecido por la Ley Sobre el Escudo, Bandera y el Himno Nacionales que había
inscrito el diputado Salvador Cosío Gaona, del Partido Revolucionario Institucional.
TRANSPORTE
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
Para presentar
un punto de acuerdo sobre la relación México-Estados Unidos de América en materia de
transporte, ha solicitado la palabra el senador Esteban Angeles Cerón, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, senador.
El senador Esteban Angeles Cerón:
Con su permiso,
señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
En nombre de las
fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional en esta Comisión
Permanente, vengo a presentar un punto de acuerdo sobre la relación México-Estados
Unidos en materia de transporte.
Las relaciones
bilaterales entre México y Estados Unidos, históricamente ha estado definida por la
asimetría entre ambos países. Dada la frecuente falta de reciprocidad en el trato y
cumplimiento de lo acordado, este componente ha sido motivo de incertidumbre y
desencuentro; sin embargo, resulta inaceptable que México deba permanecer como espectador
ante las constantes vicisitudes de una agenda bilateral a todas luces compleja. Los
acontecimientos recientes, sin duda reclaman alzar la voz ante la imposición de
voluntades caprichosas.
Muestra evidente
de la intransigencia de nuestro vecino ha sido el reciente fallo de una corte de
apelaciones en la ciudad de San Francisco el 16 de enero del presente año, el cual
determinó que Estados Unidos de ninguna manera puede abrir sus fronteras en forma
indiscriminada a los autotransportes mexicanos, no obstante que con ello reitera la falta
de compromiso de ese país para respetar y cumplir las obligaciones contraídas con la
firma del Tratado de Libre Comercio en donde claramente se estipula que los camiones
mexicanos podrían ingresar a territorio estadounidense sin ninguna restricción desde el
18 de diciembre de 1995.
El pasado 27 de
noviembre, el Presidente George Bush autorizó que los transportistas mexicanos podrían
ingresar a territorio de Estados Unidos más allá de las 20 millas permitidas y pudieran
programar servicios regulares de transporte desde y hacia destinos de México y Estados
Unidos.
A pesar de que
dicha decisión no eliminaba todos los procesos de inspección en la frontera y que se
trataba de una medida temporal ya que exigía nuevas revisiones después de 18 meses,
representó sin embargo una acción que sentaba un importante precedente en las relaciones
comerciales entre los dos países.
Sin embargo,
haciendo evidente una vez más la práctica común de la doble agenda y del doble
discurso, la Corte concluyó que la decisión ejecutiva, la decisión de Bush no entraría
en vigor porque violaba la normatividad en materia ambiental al no haber promovido antes
la realización de un estudio sobre el impacto que dicha medida tendría en el medio
ambiente de ese país; más aún, el fallo añadió que el gobierno del Presidente Bush
actuó de manera arbitraria y caprichosa al decidir abrir las fronteras.
Compañeras y
compañeros legisladores.
Hoy día los
transportes mexicanos, al igual que su personal operativo, son sometidos a largas
revisiones y sin embargo el compromiso compartido que se ha ido construyendo a ambos lados
de la frontera en esta materia, lejos de cimentar un escenario de cooperación que encauce
a ambas sociedades a ser partícipes comunes de los beneficios del tratado comercial
bilateral, al parecer ha sido tomado como el consentimiento del Gobierno mexicano, de las
políticas y prácticas evidentemente discriminatorias que ponen en marcha en ese país.
Aunque la propia
legislación Norteamericana, en particular la Ley del Medio Ambiente, establece que el
Gobierno antes de pronunciarse por una decisión, debe de realizar una evaluación sobre
el impacto ambiental de la misma, este tipo de acciones transgrede los principios de
derecho internacional más básicos, al justificar a través de una argumentación
doméstica la violación de una obligación internacional.
La Corte de San
Francisco concluyó explícitamente, que las obligaciones que impone el TLCAN, no privan
sobre las leyes medio ambientales de ese país, por lo que la “decisión del
Presidente Bush, de ninguna manera es válida”. Este tipo de acciones legaloides,
definitivamente no pueden ser aceptables ya que van en contra de la letra y el espíritu
del tratado.
Honorable
Asamblea, el devenir de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos no puede
estar sujeta a los intereses políticos y posiciones gremiales como las que han sido
evidentes en la adopción de esta medida, mucho menos debemos aceptar que las presiones de
organizaciones de transportistas transnacionales, sean punta de lanza para continuar
vulnerando los compromisos pactados en el acuerdo comercial bilateral.
No es válido
convertir el Tratado de Libre Comercio firmado de buena fe, en el “tratado del
embudo”, ancho para los transportistas norteamericanos y angosto para los
transportistas mexicanos, no es justo, no es legal, no es moral. México solicitó hace
más de cuatro años, en septiembre 22 de 1998, la conformación de un panel para resolver
la controversia, en vista de las múltiples restricciones que a todas luces violaban el
tratado. Su decisión, la decisión de este panel (6 de enero de 2001), fue favorable a
México, sin embargo las determinaciones de este panel no fueron aceptables para Estados
Unidos, ya que sus conclusiones no sólo han sido ignoradas del otro lado de la frontera.
En los hechos respondieron el 16 de marzo del 2002, imponiendo una serie de reglas que
pretenden regular técnicas, aspectos técnicos, operativos y de seguridad, inaceptables
para México por ser unilaterales, discrecionales, discriminatorias y proteccionistas.
En todo momento
México ha tratado de encontrar fórmulas satisfactorias, que permitan seguir dándole
continuidad y vigencia a los propósitos que dieron origen al Tratado de Libre Comercio,
no obstante ante la falta de compromisos serios por alcanzar un acuerdo en esta materia,
las fracciones parlamentarias del PRI en la Comisión Permanente del honorable Congreso de
la Unión, no pueden dejar de pronunciarse sobre este nuevo ardid, que sólo busca
mantener en el letargo obligaciones ya convenidas.
Consideramos que
México ha hecho esfuerzos por tratar de preservar el respeto al espíritu y letra del
Tratado Comercial con Estados Unidos y como respuesta, sólo tenemos su transgresión
sistemática, que para los transportistas mexicanos significa en los hechos, quedar
limitados a circular solamente en las zonas comerciales fronterizas de Estados Unidos,
donde nuestros camioneros están obligados a transferir su carga a sus homólogos
estadounidenses, para que la llevan a su destino final.
Por estas
razones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a su amable
consideración la siguiente proposición con
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Se solicita a la Secretaría de Economía
del Gobierno Federal, en su carácter de administradora del TLCAN, de conformidad con las
facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, informe
a esta soberanía de las actuaciones realizadas con motivo del informe final del panel
arbitral establecido en términos del Capítulo XX del TLCAN, de fecha 6 de enero del
2001, en el caso de las restricciones de Estados Unidos en materia de servicios
transfronterizos e inversión en el sector transporte de carga, toda vez que las partes
contendientes deberán convenir la solución de la controversia y notificar a sus
secciones del secretariado toda resolución acordada en virtud de lo establecido por el
artículo 2018 del TLCAN.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, informe al honorable Congreso de la
Unión la relación, el número y las características de las solicitudes presentadas por
transportistas extranjeros interesados en prestar el servicio en territorio nacional y la
de connacionales presentadas a Estados Unidos, con el propósito de prestar servicios en
ese país, y
Tercero. Toda vez que se ha excedido el plazo de
30 días de la recepción de la resolución final del panel, esto es el 6 de enero del
2001, no se ha convenido la solución de la controversia, inacción del Gobierno Federal
que está afectando de manera grave a los transportistas mexicanos, hacemos un exhorto al
Ejecutivo Federal para que suspenda la aplicación de beneficios de efecto equivalente a
la parte demandada y se impida el ingreso de transportes estadounidenses a nuestro país
hasta en tanto no se asuma por parte de Estados Unidos una actitud de respeto a lo
señalado en el Tratado de Libre Comercio, o en su caso nos informen de los inconvenientes
de tomar esta medida a la que tenemos derecho.
Señor
Presidente, dejo un ejemplar del punto de acuerdo leído para que se sirva por favor
ordenar se incluya en la Gaceta Parlamentaria.
Gracias.
El Presidente senador Bernardo Borbón
Vilches:
Con mucho gusto.
Gracias senador.
SITUACION
ECONOMICA
El Presidente senador Bernardo Borbón
Vilches:
Pasamos al
capítulo de agenda política, en donde está registrado un punto por parte del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y tiene la palabra el diputado
Ramón León Morales para exponerlo: comentarios sobre la situación económica y
presiones al tipo de cambio.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor
Presidente:
El 2003 inicia
con un alto grado de incertidumbre, el ambiente financiero nacional e internacional se ha
estado deteriorando, impulsado por las presiones que genera la cercanía de una posible
guerra en el Medio Oriente. El tipo de cambio ha sufrido un deslizamiento en los últimos
días hasta llegar a venderse en las ventanillas a 11.05 pesos por dólar.
Los actores
externos en este momento son determinantes, tanto por la posible guerra Estados
Unidos-Gran Bretaña con Irak y la apreciación del Euro frente al dólar norteamericano.
Desde hace
varios meses hemos estado advirtiendo lo sobrevaluado que se encontraba el peso,
restándole competitividad a nuestros productos frente al exterior. Ahora la devaluación
se enmarca en un contexto de tremenda volatilidad financiera, por ello para nosotros
hubiera sido más conveniente deslizar nuestra moneda en un momento en que los mercados
financieros no estuvieran tan frágiles como ocurre actualmente.
En el corto
plazo el gobierno tiene margen de maniobra, por ejemplo tenemos que las reservas del Banco
de México han crecido, ubicándose en 48 mil 537 millones de dólares, es decir, un poco
más de 511 mil millones de pesos, recursos que son suficientes para hacer frente a la
eventualidad de un deslizamiento pronunciado. Ahora la apreciación de nuestra moneda a
una paridad más realista no es totalmente negativa para la economía, sobre todo en un
marco donde los procesos electorales son una tentación para seguir manteniendo
artificialmente un tipo de cambio perjudicial para nuestras exportaciones.
Las posiciones
contrapuestas entre los titulares del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, han generado una incertidumbre en los mercados financieros nacionales.
Si no se aclaran completamente las medidas a tomar, la inestabilidad permeará en el
ambiente.
El PRD no está
apostando por este problema, por el contrario, exhortamos a las autoridades del gabinete
económico a que se pongan de acuerdo.
El gobernador
del Banco de México señaló el pasado jueves 23 de enero en curso, que se utilizarán
todos los instrumentos de política monetaria para estabilizar el tipo de cambio;
mientras, por otro lado, el Secretario de Hacienda señalaba en el Foro Económico Mundial
de Davos, Suiza, que el gobierno no intervendrá en el mercado de cambios y que dejará
que las fuerzas de la oferta y la demanda sean las que equilibren el peso frente al
dólar.
El riesgo que se
corre es de si el tipo de cambio se deprecia drásticamente, afectará terriblemente el
escaso poder adquisitivo de los mexicanos. La expectativa del comportamiento del dólar
para los próximos meses es incierta.
Sin embargo, se
puede sostener que un nivel de 11 pesos es factible siempre y cuando las autoridades
manejen con cuidado las variables macroeconómicas como las tasas de interés y la entrada
de divisas por concepto del incremento del precio del petróleo.
Si tomamos en
cuenta las reservas internacionales del Banco de México y el ingreso de recursos
adicionales, hay suficiente margen de maniobra para desactivar la especulación que se da
en torno al peso. Por el momento, no tenemos de qué alarmarnos, el deslizamiento que
sufre el peso es moderado y manejable.
Al mismo tiempo,
el manejo oportuno de las tasas de interés por parte del Banco de México, fue una medida
necesaria para evitar fluctuaciones. Las expectativas de crecimiento de la economía
mexicana para este año, se ven condicionadas a la evolución de los conflictos políticos
internacionales que afectarán los mercados financieros globalizados.
Si el conflicto
en el Medio Oriente se agudizara, esperamos que el crecimiento sea superior al 3%. En
cambio, si esto no ocurre, el crecimiento será moderado como una alta restricción para
evitar que se dispare la inflación esperada de 3%.
El crecimiento
esperado probablemente será viable si las autoridades hacendarias en cumplimiento con el
ordenamiento del artículo 21 inciso J), que condiciona los ingresos petroleros una vez
descontado, en su caso, el incremento en el gasto no programable respecto del presupues-
tado, destinar un 50% para el gasto de inversión en infraestructura, en las entidades
federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del
Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2001.
El manejo y
entrega de esos recursos marcarán la posibilidad de crear y poder alcanzar la meta de
crecimiento económico planteado en el marco macroeconómico.
En este
contexto, el reciente Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, muestra que las políticas
neoliberales siguen siendo el credo predominante a pesar de que no han podido evitar las
crisis, éstas, por el contrario, se hacen más recurrentes.
Los grandes
problemas mundiales como la pobreza y el hambre, no son tomados en cuenta al momento de
diseñar las políticas públicas; en la elaboración de las mismas se privilegian las
variables macroeconómicas como la inflación y la austeridad en las finanzas públicas en
detrimento de las políticas sociales.
Por ello, el
Partido de la Revolución Democrática ha propuesto que para reactivar la economía, se
debe privilegiar el mercado interno a través de incentivos a la producción nacional,
apoyar la producción en el campo y que el Estado siga siendo el promotor de la actividad
económica en aquellas áreas prioritarias para el desarrollo económico nacional.
Por último,
creemos que todo crecimiento económico debe estar acompañado de una mejor calidad de
vida para todos los mexicanos.
Por su
atención, muchas gracias.
El Presidente senador Bernardo Borbón
Vilches:
Gracias, señor
diputado.
TRANSPORTE
El Presidente senador Bernardo Borbón
Vilches:
Para corregir una omisión y
solicitándole una disculpa al senador Angeles, se turna el punto planteado a la Comisión
de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.
CAMPO
MEXICANO
El Presidente senador Bernardo Borbón
Vilches:
Para presentar
comentarios sobre la problemática del campo mexicano, está inscrito el senador Antonio
García Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a quien
se le concede la palabra.
El senador Antonio García Torres:
Gracias, señor
Presidente. La realidad que vive hoy el campo mexicano, merece acciones rápidas y
también de largo plazo, sin embargo, las acciones de gobierno no son claras, más bien
resultan contradictorias, y las posturas de los miembros del gabinete, generan más
irritación en la gente del campo.
Nosotros,
subrayamos que una revisión del Tratado de Libre Comercio, sin ir acompañada de una
verdadera política agropecuaria, no resolverá el problema.
Desde la primera
semana de enero se han endurecido las manifestaciones campesinas en contra de la entrada
en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio. La petición más
importante de la Confederación Nacional Campesina, es que se declare al campo mexicano en
estado de emergencia, que se negocie un presupuesto multianual y medidas de emergencia
para auxiliar a los campesinos, productores, trabajadores agrícolas, ejidos y comunidades
agrarias e indígenas.
Sin embargo, la
actual administración ha señalado que el tratado no es el culpable de la situación del
campo, y que se está exagerando en las percusiones que tendrá la entrada en vigor del
capítulo agropecuario, además que se podría perder más por lo menos.
Debemos
puntualizar que mucho se ha hablado de las asimetrías entre la situación del campo
mexicano con el de nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá y de otros
países, pero quiero recordar con ustedes algunas de estas asimetrías para entender la
desesperación de los campesinos.
Los subsidios
por persona en el campo en Estados Unidos por año son de 20 mil dólares por persona, en
Japón de 23 mil, en la Unión Europea de 15 mil dolares y en México sólo llegan a 750
dólares.
En los Estados
Unidos se dispone de 1.6 tractores por trabajador agrícola, en Canadá 1.8 y en México
sólo hay dos tractores por cada 100 trabajadores. Este año 2003 Estados Unidos tendrá
un presupuesto de 117 mil 900 millones de dólares, en tanto que en México es sólo de 3
mil 042 millones.
En mayo de 2002
se decretó una nueva ley agrícola en Estados Unidos, que aumenta un 44% los subsidios
agrícolas y agranda las desventajas competitivas del sector agropecuario, pues esta ley
prevé apoyos extraordinarios por 180 mil millones de dólares para los próximos 10
años, en el campo de Estados Unidos.
En México la
unidad promedio por cada trabajador agrícola es cercana a las 3 hectáreas, en tanto que
en Estados Unidos es de 52 hectáreas por trabajador.
El 25% de la
población en México es rural y de éstos el 49% están en una situación de pobreza y el
24 en una situación de miseria, en contraste con Estados Unidos donde sólo el 2% de su
población es rural y no viven en condiciones de pobreza.
Otra diferencia
la marcan las tasas de interés. En México el año pasado fueron del 12.6% , mientras que
en Estados Unidos fueron del 3.8 y en Canadá del 4%. En la situación actual el agro
mexicano, sus campesinos, no podrían competir ni en el mercado interno.
La rentabilidad
en el campo mexicano ha sido recurrentemente sacrificada para no alterar los objetivos
macroeconómicos. Es cierto que en el campo mexicano ha habido ganadores con el Tratado de
Libre Comercio. Pero han sido los menos. Los perdedores, quienes han tenido ventajas con
el acuerdo comercial, son 4 millones, mientras que los ganadores suman apenas 180 mil
productores.
Los triunfadores
en esto ocupan apenas una superficie de 1 millón 830 mil hectáreas, pero los afectados
siembran más de 14 y medio millones de hectáreas. No podemos medir a nuestra gente del
campo sólo por su aportación al Producto Interno Bruto Nacional, tenemos que estar
conscientes que México necesita a sus campesinos hoy y en el futuro.
Es indispensable
la persistencia y el florecimiento de un modo rural de vida, digno y satisfactorio. Esta
es una necesidad mundial, lo entienden bien los países ricos que apoyan cada vez más a
sus campesinos y aprecian su aportación social y cultural. Pero aquí un pequeño grupo
en el poder parece no tener eco de esa sensata preocupación.
Los legisladores
del PRI insistimos en la inaplazable expedición por el Congreso, de una ley de emergencia
para el campo, no sólo con mira a los impactos comerciales del 2003, sino para darle
viabilidad y sustentabilidad de mediano y largo plazo, a este sector.
Esta ley trata
de conjuntar todos los esfuerzos gubernamentales existentes en el sector, con las
iniciativas aprobadas por el Congreso, en ese mismo sentido.
La fracción del
PRI en la Comisión Permanente, cree tajantemente que el apoyo que la gente del campo
requiere en el presente, deberá de ir acompañada con acciones caracterizadas por la
prontitud, la eficacia y los recursos necesarios para aminorar los grandes rezagos
productivos, comerciales, pero sobre todo sociales.
Paralelamente
debemos atacar la raíz con políticas públicas de corto y mediano y largo alcance. Se
deben de sentar las bases, por eso el término de emergencia de un campo de mayor
oportunidad con acciones de alto impacto en la protección del productor ante la
adversidad comercial nacional, como internacional, imperan.
No obstante,
debemos de ser claros que esta propuesta no puede ser una decisión unilateral del Poder
Legislativo, la ley de emergencia deberá ser producto del acuerdo con el Ejecutivo
Federal. Esta legislatura ha aprobado leyes que mucho apoyarán para las decisiones que se
tengan que tomar. Estas leyes son las que dan vida a una nueva financiera rural.
Aquí cabe hacer
el comentario que ésta deberá funcionar con una estructura burocrática pequeña, de
costos bajos, para poder destinar la mayor cantidad de recursos en créditos a los
productores agrícolas. Flexibilizar los trámites para la aprobación de estos créditos,
ya que en muchos casos no se contará con historial crediticio.
Otra ley es la
del Desarrollo Rural Forestal, otra, la Ley del Desarrollo Rural Sustentable y el Nuevo
Proyecto de Ley de Aguas Nacionales que durante su proceso de formación ha dado lugar a
intensas discusiones.
En el corto
plazo, aquel que engloba la emergencia que hemos propuesto, debemos considerar que debido
a que los precios del petróleo están por encima de lo propuesto en el Presupuesto, hacer
uso de los excedentes para conformar un fondo de apoyo a la producción nacional, algo
similar a los apoyos que los norteamericanos han dado a sus productores a través de la
Farm-Bill.
Debemos tener
presente que el propio Tratado de Libre Comercio señala en su artículo 2202 los
mecanismos para su revisión.
Primero.
“Las partes podrán convenir cualquier modificación o adición a este Tratado”.
Segundo.
“Las modificaciones y adiciones acordadas y que se aprueben, según los
procedimientos jurídicos de cada parte, constituirán parte integral de este
Tratado”.
De igual manera
el artículo 704 del Tratado dice lo siguiente: “las partes reconocen que las medidas
de apoyo interno pueden ser de vital importancia para sus sectores agropecuarios”.
Todo lo anterior
nos llama a considerar reformas estructurales de fondo. El concurso de todas las
organizaciones campesinas, los partidos políticos, el Poder Legislativo, los congresos y
gobiernos locales, así como los responsables de las políticas gubernamentales, deberán
ser parte de un solo equipo que reorganice, priorice y siente las bases de una política
de estado para el campo mexicano. Muchas gracias.
El Presidente senador Bernardo Borbón
Vilches:
Gracias, señor
senador.
Continúe la
Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González:
Señor
Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar
lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión
Permanente.— Primer Receso.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 4 de
febrero de 2003.
Lectura del acta
de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos
de los estados de: Coahuila y Sinaloa.
Iniciativa del
Congreso del estado de Baja California.
Que adiciona la
fracción VIII al artículo 116 y reforma la fracción X del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)
Del Gobierno del
estado de Colima, con el que remite informe sobre las condiciones que guardan los Centros
de Readaptación Social. (Turno a comisión.)
Oficios del
gobernador del Banco de México
Con los que se
remiten la exposición sobre la Política Monetaria que la institución se ha propuesto
seguir en el ejercicio de 2003, así como el informe sobre la inflación octubre diciembre
2002, y el informe sobre el Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión en Activos Fijos
de la Institución, correspondiente al ejercicio de 2003, en cumplimiento al artículo 51,
fracción I de la Ley del Banco de México. (Turno a comisión.)
Oficio de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Con el que
remite contestación al punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión,
solicitando se aplique hasta marzo de 2003, la tarifa eléctrica residencial
correspondiente a la temporada de verano, en los municipios y localidades de los estados
de Yucatán y Campeche.
Oficios de la
Secretaría de Gobernación
Con el que
comunica que la Secretaría de Economía, remite el informe de evaluación,
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 2002. (Turno a comisión.)
Con el que
comunica que la Secretaría de la Defensa Nacional designó al general de división
Diplomado de Estado Mayor Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, como Jefe del Estado Mayor
de la Defensa Nacional.
Dos con los que
se remiten oficios de diversas dependencias en respuesta a puntos de acuerdo aprobados por
la Cámara de Senadores.
Cinco con los
que se remiten oficios de diversas dependencias en respuesta a puntos de acuerdo aprobados
por la Cámara de Diputados.
Catorce con los
que se remiten hojas de servicios de miembros del Ejército Mexicano, para los efectos de
la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. (Turno a comisión.)
Solicitud de particular
De la ciudadana
Leonora Mónica Hammer Martínez, por el que solicita el permiso constitucional necesario
para prestar servicios en la Embajada de los Países Bajos, en México. (Turno a
comisión.)
Dictámenes a
discusión
De la Primera
Comisión con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos José Sulaimán
Chagnon, Luis Ernesto Derbez Bautista, Rodolfo Elizondo Torres, Amanda Mireya Terán
Munguía, José Armando Tamayo Casillas, Mariana Campillo Méndez y Jáques Roben Henri
Marie Payén y Rubio, para aceptar y usar las Condecoraciones que les confieren los
gobiernos del Reino de Tailandia, de la República Federativa de Brasil, del Reino de
España y de la República Francesa, respectivamente.
De la Primera
Comisión con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Pedro Haces Sordo,
para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de España, en la ciudad de
Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.
De la Primera
Comisión con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Alejandra
Villanueva Tijerina, Fernando Rodríguez Rodríguez, Elio Sánchez Sánchez, Diana
Rodríguez Peña y Carola María Castellanos Bosch, para prestar servicios en los
consulados de Estados Unidos de América, en Nuevo Laredo, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo
León y en la Embajada de la República Argentina en México, respectivamente.
Quince de la
Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares: a los
ciudadanos Héctor Rivas Valenzuela, Andrés Vicente Ruiz Celio, Roberto Núñez Guizar,
Raúl Guereca Valenzuela, José María Bernabé Martínez, Artemio García Flores, Javier
Quintero Anaya, Rosendo López Gaytán, José Augusto Jiménez Aguilar, Alfredo Carlos
Macedo Fajardo, José de Jesús Robles Peña, Fernando Sosa Aguirre, Jesús Gabriel López
Benítez, José Antonio Romero Zamora y Carlos Domínguez Hernández.
Y los demás
asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
El Presidente senador Bernardo Borbón Vilches (a
las 16:04 horas):
Se levanta la sesión y se cita para
la próxima que tendrá lugar el martes 4 de febrero de 2003 a las 11:30 horas.
Igualmente se
invita a la ceremonia solemne que el mismo día se realizará a las 10:00 horas con motivo
del CL aniversario del natalicio de José Marti, en cumplimiento de acuerdo de esta
Comisión Permanente y se realizará en el salón Legislativo.
Precisando: a
las 10:00 horas del martes 4 de febrero, la ceremonia solemne en honor de José Martí y a
las 11:30 del mismo día, martes cuatro, la sesión de la Comisión Permanente.
Muchas gracias,
señores legisladores, buenas tardes.
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