VOLUMEN II
TARIFAS ELECTRICAS
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Dip. Adela Cerezo Bautista,
diputada Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión.
Hago referencia a su oficio No.
D.G.P.L. 58-II-3-1001, del 21 de noviembre de 2002, mediante el que remite el punto de
acuerdo aprobado por el H. Congreso de la Unión, solicitando se aplique hasta marzo de
2003, la tarifa eléctrica residencial correspondiente a la temporada de verano, en los
municipios y localidades de los estados de Yucatán y Campeche. Sobre el particular le
comento lo siguiente:
La política de precios y tarifas
de los bienes y servicios que producen y comercializan los organismos y empresas del
sector público, tiene como objetivo reflejar sus costos de oportunidad. Con ello se busca
fomentar el saneamiento financiero de las empresas públicas, reducir los subsidios
implícitos que se otorgan de manera generalizada a los consumidores vía precios y
tarifas e incrementar la eficiencia productiva de las empresas y organismos. De esta
manera, los usuarios recibirán una señal de precios adecuada para la toma de decisiones
productivas y de consumo. No obstante lo anterior, las tarifas del servicio público de
energía eléctrica, en particular el sector residencial, se encuentran altamente
subsidiadas.
Ampliar hasta marzo de 2003, la
aplicación de las tarifas residenciales correspondientes a la temporada de verano,
deterioraría aún más el nivel de las tarifas, incrementando el subsidio otorgado y
poniendo en riesgo la provisión oportuna y suficiente del servicio de energía
eléctrica. Asimismo, se agravaría la situación financiera de los organismos
suministradores con el consecuente impacto regional y nacional en los planes de inversión
en infraestructura eléctrica para hacer frente al incremento de la demanda de energía
eléctrica con la calidad y oportunidad requeridas.
Sin otro particular, aprovecho la
ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
México, DF, a 27 de enero de
2003.— El Jefe de la Unidad de Política de Ingresos, CP Valentín Villa Blanco (rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Remítase copia al promovente para su
conocimiento.
SECRETARIA
DE ECONOMIA
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto por
la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, y en atención a lo dispuesto por el artículo 64 del decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, con el presente les acompaño
copia del similar número 700.2003.063 de fecha 21 del actual, suscrito por el Lic. Pablo
Gómez Domínguez, oficial mayor de la Secretaría de Economía; así como el informe de
evaluación correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 2002.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 23 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.
Lic. Humberto Aguilar Coronado,
Subsecretario de Enlace Legislativo.— Secretaría de Gobernación.— Presente.
Con fundamento en la fracción VI
del artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía le solicito
atentamente su valiosa intervención con el fin de que se sirva hacer llegar a la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el informe de evaluación
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 2002 sobre el presupuesto
ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas
y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de
operación de los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Economía señalados en
el artículo 64 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002
(PEF). Los fondos y programas son:
1. Fondo Nacional de Apoyos para
Empresas en Solidaridad (Fonaes).
2. Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales (Fommur).
3. Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario.
4. Programa Marcha Hacia el Sur.
5. Programa de Encadenamientos
Productivos.
6. Fondo de Apoyo para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresas.
7. Centro para el Desarrollo de la
Competitividad Empresarial y Centros Regionales para la Competitividad Empresarial.
8. Programa de Centros de
Distribución en Estados Unidos.
9. Fondo de Apoyo para el Acceso al
Financiamiento de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas.
10. Fideicomiso de Fomento Minero.
Cabe señalar que de acuerdo con el
artículo 63 del PEF los resultados deben presentarse a más tardar a los 15 días
hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, fecha que se cumple el 22 de
enero de 2003, en lo relativo al cuarto trimestre de 2002.
Lo anterior, toda vez que de
conformidad con el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Gobernación el conducir las relaciones
del Poder Ejecutivo con los otros Poderes de la Unión.
Aprovecho la ocasión para
expresarle mi más distinguida y atenta consideración.
Atentamente.
México, DF, a 21 de enero de
2003.— El Oficial Mayor, Lic. Pablo Gómez
Domínguez (rúbrica).»
«Informe de Evaluación
correspondiente al cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal de 2002 sobre el presupuesto
ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y
objetivos con base en los indicadores de resultados establecidos en las reglas de
operación de los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Economía, señalados en
el artículo 64 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2002.— Secretaría de Economía (enero 21 de 2003).
Fernando Canales Clariond,
Secretario de Economía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 63 fracción V inciso a) del decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2002; 5o.
fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y
Considerando
Que el 14 de marzo de 2002 fueron
publicados en el Diario Oficial de la
Federación los acuerdos por los que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo
Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (Fonaes), del Fondo de Microfinanciamiento
a Mujeres Rurales (Fommur), del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(Pronafim), del Programa Marcha Hacia el Sur, del Programa de Encadenamientos Productivos,
del Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresas (FAMPYME), del Programa de
Centros de Distribución, del Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial
(CETRO) y de la Red Nacional de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial
(CRECE), del Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (FOAFI) y del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI).
Que los recursos de dichos fondos y
programas son públicos y en su calidad de subsidios deben destinarse a actividades
prioritarias de interés general con criterios de objetividad, equidad, transparencia,
selectividad y temporalidad, para la promoción del desarrollo económico y la generación
de ingresos y empleos y
Que para dar seguimiento a la
aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos
asignados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2002, es
necesario que se reporte trimestralmente el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y
concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos con base en los
indicadores de resultados previstos en las reglas de operación de los fondos y programas,
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, así como a las Secretarías de
Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Por tal motivo
se presenta el siguiente:
Informe de evaluación
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 2002 sobre el presupuesto
ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y
objetivos con base en los indicadores de resultados establecidos en las reglas de
operación de los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Economía, señalados en
el artículo 64 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2002.
1. Introducción
En el Plan Nacional de Desarrollo
2001-2006 (PND) se establece que uno de los propósitos centrales del Gobierno Federal es
el logro de un crecimiento con calidad, a través de cinco grandes vertientes: Conducción
responsable de la economía, aumentar y extender la competitividad del país, generar un
desarrollo incluyente, lograr un desarrollo regional equilibrado y establecer las
condiciones para alcanzar un desarrollo sustentable.
La Secretaría de Economía (SE)
desempeña una función estratégica en el logro de esos objetivos dada su injerencia en
la promoción del desarrollo económico; para ello realiza un conjunto de acciones
orientadas a consolidar un sector productivo amplio, moderno y competitivo a través de la
operación de un conjunto de programas de apoyo productivo que buscan imprimir un mayor
impulso a la actividad económica en todas las regiones del país.
Para propósitos estratégicos, los
esquemas de promoción y apoyo empresarial están organizados en dos vertientes que
atienden necesidades específicas y se articulan entre sí. La primera de ellas contempla
a un conjunto de programas que apoyan las iniciativas productivas de individuos y grupos
sociales de bajos ingresos, mediante la instrumentación de acciones orientadas a
facilitar el acceso a servicios de financiamiento y de capacitación a los emprendedores
con pequeños proyectos productivos viables que tradicionalmente han carecido de acceso a
los mismos. La segunda vertiente se encuentra delineada en el Programa Nacional de
Desarrollo Empresarial 2001-2006, mismo que articula el conjunto de políticas, programas
y acciones que permitirán cumplir con el objetivo de incrementar la competitividad de las
empresas del país, en particular de las micro, pequeñas y medianas.
La articulación de estas dos
vertientes tiene el propósito de generar una secuencia continua y articulada de apoyos
para las empresas de todas las dimensiones y alcances, pertenecientes a todos los sectores
económicos, que se inicia con los apoyos a las iniciativas productivas de las personas de
bajos ingresos, continúa con los apoyos a la micro, pequeña y mediana empresas y culmina
con el impulso a la actividad exportadora. El propósito central es lograr que los
esfuerzos de los emprendedores mexicanos, independientemente de su grado de desarrollo,
encuentren un respaldo institucional que favorezca la consolidación y crecimiento de sus
proyectos, con el fin de que adquieran la capacidad de enfrentar con éxito retos mayores.
Primera Vertiente Estratégica: el
Apoyo y Fomento al Microemprendedor y a la Empresa Social
En esta vertiente la SE apoya las
iniciativas productivas de los emprendedores de bajos ingresos mediante un conjunto
integral de programas de fomento que atienden la demanda de apoyos mediante una serie de
instrumentos adecuados a cada tipo de necesidades productivas. En esta demanda de recursos
para crear o consolidar proyectos productivos se identifican fundamentalmente dos tipos de
apoyos: aquellos destinados a proyectos individuales que surgen como una alternativa de
autoempleo y los que se dirigen a crear o consolidar proyectos productivos que tratan de
darle impulso al esfuerzo colectivo de grupos sociales organizados.
Durante el año 2002 dichos apoyos
se otorgaron a través de tres programas: Fommur, Fonaes y el Pronafim.
Tanto el Pronafim como el Fommur
operan esquemas de apoyo que funcionan con base en la metodología de microfinanzas, que
consiste en el otorgamiento de una secuencia de préstamos, con montos inicialmente
reducidos pero crecientes en el tiempo y con tasas de interés de mercado, a personas en
lo individual u organizadas en grupos solidarios que asumen un compromiso colectivo de
pago.
El préstamo a personas que se
organizan en grupo para garantizar solidariamente el pago proporciona los incentivos para
que éstos se constituyan con individuos que son buenos pagadores, es decir, el esquema
logra que aquellos individuos con bajo riesgo de incurrir en incumplimiento de pago se
autoseleccionen para formar parte del grupo. Al mismo tiempo, se genera un monitoreo entre
los miembros del grupo que reduce al mínimo el riesgo de hacer una selección equivocada,
dado que cada uno de ellos tiene buena información respecto a las características reales
de los otros miembros y existe el incentivo para hacer un uso provechoso de esa
información debido a que la permanencia de cada uno en el programa depende de que los
demás sean buena paga.
El otorgamiento de créditos por
ciclos en montos crecientes genera incentivos dinámicos que ayudan a propiciar conductas
favorables al pago de los préstamos, ya que con el aliciente de acceder a créditos
mayores los beneficiarios cumplen con el compromiso contraído.
Adicionalmente, ambos programas
coadyuvan en la creación de un sistema de instituciones de microfinanciamiento, sólidas
y financieramente autosustentables, a través de apoyos directos para actividades de
capacitación, asistencia técnica y adquisición de infraestructura.
Asimismo, el Fonaes otorga
aportaciones de recursos financieros para el fortalecimiento patrimonial de fondos de
fomento que aplican la tecnología de microcrédito.
Por otra parte, el Fonaes otorga
financiamiento en condiciones preferenciales (montos suficientes para cubrir altos
requerimientos de capital, tasas blandas, plazos de recuperación acordes con la
maduración de los proyectos) para la creación y consolidación de proyectos productivos
propuestos por grupos sociales en los ámbitos rural y urbano. En la empresa social el
grupo asume la responsabilidad y la toma de decisiones y los beneficios son propiedad de
los socios que a su vez son dueños y trabajadores de la empresa. En general, las
ganancias son reinvertidas para alcanzar el objetivo social de la empresa. Los apoyos se
otorgan bajo las siguientes modalidades: crédito para gastos de inversión y de inicio de
operación, así como para capital de trabajo, capacitación, asistencia técnica y
aportaciones para la constitución de fondos y cajas solidarias de ahorro.
Segunda
Vertiente Estratégica: Impulso a la Micro, Pequeña y Mediana Empresas y al Desarrollo
Regional
El Ejecutivo Federal, a través de
la SE implementa una política integral para el desarrollo de las empresas, la cual
promueve la intensa participación de las entidades federativas, de los municipios e
instituciones educativas y de investigación, así como la acción comprometida de los
organismos empresariales, de los empresarios y emprende- dores. Los empresarios y sus
organizaciones, desde sus regiones, municipios y entidades, promueven los proyectos que
reciben apoyos de la SE y con base en la vocación productiva, así como las perspectivas
y tendencias sectoriales de cada entidad, inciden directamente en la formulación de los
mismos.
La política integral para el
desarrollo de las empresas comprende un conjunto de estrategias, acciones e instrumentos
de corto, mediano y largo plazos que apoyan a las empresas y a los emprendedores de las
diversas regiones y sectores económicos del país y propone la participación activa y
corresponsable de los actores y la acción subsidiaria de las instancias de Gobierno.
En correspondencia con la demanda
social se ha continuado apoyando a las pequeñas y medianas empresas (PYME) del país con
diversos servicios a los que tradicionalmente no tenían acceso y que resultan
determinantes para su éxito: capacitación empresarial, asesoría, asistencia técnica,
consultoría, formación de emprendedores, desarrollo de oferta exportable, centros de
vinculación, fondos de garantía y bancos de datos. Todo ello a través de los programas:
Fampyme, Fidecap y FOAFI.
A su vez el Programa Marcha Hacia
el Sur continuó apoyando la atracción de proyectos de inversión en las zonas de mayor
rezago económico del país, mediante estímulos económicos a la localización de
unidades productivas en dichas zonas. Asimismo, a través de los apoyos brindados a la Red
CETRO-CRECE, se ha brindado un apoyo importante al desarrollo de la competitividad
empresarial de las PYME a través de la identificación de sus necesidades y del
acercamiento de las herramientas apropiadas para ser productivas y competitivas.
Finalmente, como parte del conjunto
de acciones que tienen por objeto desarrollar una infraestructura para la distribución y
comercialización de productos mexicanos en distintas regiones del mundo, consolidando la
presencia de las PYME en los mercados internacionales, se operó el Programa de Centros de
Distribución, mismo que permite a tales empresas vincularse a bajo costo con clientes
potenciales en el exterior.
2. Presupuesto ejercido de los
recursos incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2002.
Presupuesto original
El presupuesto autorizado al Sector
Economía (SE) para el año 2002 es de 6,426.0 millones de pesos, el cual en términos
reales es mayor 28.0 por ciento al ejercido en el año 2001.
Los recursos autorizados se
distribuyeron en cinco programas sectoriales y dos subsectoriales, el 62.9% del
presupuesto se concentra en el Programa de Desarrollo Empresarial y en el Programa
Subsectorial en materia de Financiamiento al Microempresario.
El Programa de Desarrollo
Empresarial integra a siete programas sujetos a reglas de operación que representan el
60.4 por ciento de su presupuesto modificado. Al cierre preliminar se ministraron recursos
por 1,483.0 millones de pesos, 97.2 por ciento de los recursos anuales.
El Programa subsectorial en materia
de Financiamiento al Microempresario integra a dos programas sujetos a reglas de
operación que representan el 99.3 por ciento de su presupuesto modificado. Al cierre
preliminar de 2002 los recursos ministrados fueron 1,287.9 millones de pesos, el 99.7 por
ciento de los recursos anuales.
3.- Principales acciones de los fondos
y programas.
En la presente sección de este
informe que abarca el ejercicio fiscal de 2002 se destacan las principales acciones
desarrolladas por los fondos y programas para operar y asegurar la mayor eficacia y
eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. En el Anexo I del presente documento (pag.
32) se reporta el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de
resultados previstos en sus reglas de operación para el presente ejercicio fiscal.
I.- Fondo Nacional de Apoyos para
Empresas en Solidaridad (Fonaes)
Objetivo: Buscar el facultamiento
empresarial integral de las personas de bajos ingresos a través de la prestación de
diversos servicios orientados a facilitar el acceso de las mismas al crédito, al
microcrédito, a capital de riesgo y a la formación de habilidades empresariales y
administrativas básicas.
Características: El Fonaes
promueve, desarrolla y consolida vocaciones y capacidades empresariales de personas,
familias, o grupos de personas que viven en condiciones de pobreza, con un enfoque de
desarrollo regional, productivo y sustentable para mejorar su calidad de vida. Sus
objetivos y acciones se encaminan a facilitar el proceso de desarrollo económico a partir
del apoyo a proyectos productivos, afirmando su vocación social mediante el apoyo a la
población en situación de pobreza, mediante el impulso a la operación de pequeños
negocios viables. Así, el Fonaes tiene una importante participación en las acciones que
impulsan el desarrollo incluyente y participativo, generando oportunidades de acceso al
financiamiento y la formación empresarial para la competitividad.
Acciones
relevantes
Durante el primer trimestre del
año, el trabajo institucional se centró principalmente en la definición de las Reglas
de Operación 2002 del Fonaes, conforme a los criterios establecidos por la Secodam y la
SHCP; así como en los procesos tendientes al fortalecimiento de las Representaciones
Estatales quienes tienen a partir de este año, entre otras atribuciones, la autorización
de los distintos tipos de apoyo que ofrece el Fonaes.
En el segundo trimestre y a fin de
complementar la aplicación de las Reglas de Operación, se procedió a la formulación de
los Lineamientos Específicos para cada tipo de apoyo, dichos Lineamientos indican, entre
otros elementos, las características, requisitos y criterios de interpretación
específicos a cada apoyo.
Asimismo, se elaboraron y emitieron
diversos ordenamientos legales que han permitido avanzar en la organización de la
institución: Los Acuerdos por los que se integran y se da a conocer el funcionamiento del
Comité Interno de Normatividad y Aprobación y de los Comités de Aprobación y Dictamen,
que sesionan en las entidades federativas; el Acuerdo por el que se determinan las
atribuciones de las Representaciones Estatales, y el Acuerdo por el que se regula la
organización y funcionamiento internos de la Coordinación General del Programa.
Durante el tercer trimestre, se
llevaron a cabo, dentro del trabajo institucional, diferentes eventos para la
consolidación de su esquema de trabajo. En este marco, se participó en el Primer
Encuentro Nacional y Asamblea Constitutiva organizado por la Asociación Nacional de
Microfinancieras y Fondos AC.; y en el Taller de Análisis de la Situación de las
Cooperativas en México, de manera conjunta con la Comisión de Fomento Cooperativo y
Economía Social de la Cámara de Diputados.
En materia de capacitación interna
y a fin de fortalecer y eficientar el desempeño del personal en cada una de sus áreas de
trabajo, se llevó a cabo el curso sobre “Diseño de Programas de Microfinanzas”
impartido a personal del Fonaes por el Consorcio Latinoamericano para Capacitación en
Microfinanciamiento (Colcami); y se realizó el 1er. Programa Nacional de Capacitación de
Mercadotecnia y Ventas Fonaes 2002 con la participación de empresas de todo el país.
Asimismo y dentro del Programa
Institucional de Capacitación, se dio inicio a un programa dirigido al personal de las
representaciones estatales que busca facultar al personal de estas oficinas para fungir
como facilitador del fortalecimiento y consolidación de las empresas y grupos sociales,
con base en las necesidades identificadas en el diagnóstico integral a grupos sociales,
en las evaluaciones realizadas en años anteriores por consultoras e instituciones
académicas y en las reuniones de trabajo con las representaciones estatales.
En el marco de los apoyos y
estímulos para la promoción y comercialización de productos y servicios de los
empresarios sociales, Fonaes organizó la IV Feria Nacional de Empresas Sociales, del 3 al
6 de octubre de 2002, en la que participaron 387 empresas sociales y se establecieron
contactos con cadenas comerciales y distribuidoras. Asimismo, se llevaron a cabo cuatro
Ferias Sectoriales con sede en las ciudades de Guadalajara, Acapulco, San Luis Potosí y
Mérida, con la asistencia de 519 empresa en total; cuatro muestras en Monterrey, Ciudad
Juárez, Tijuana y Querétaro, con la participación de 203 grupos y 19 Tianguis en
beneficio de 431 empresas de 14 entidades del país.
Por su parte, dentro de los
trabajos encaminados a la conformación de la Federación de Cajas Solidarias, se llevó a
cabo la Asamblea General Extraordinaria del Consejo Coordinador Nacional de Cajas
Solidarias A.C., con la participación de directivos nacionales, estatales y regionales,
así como la asistencia de 60 Cajas Solidarias. Asimismo, se realizaron reuniones de
trabajo con funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el propósito
de revisar las estrategias y los avances realizados para dicha conformación.
De forma paralela se elaboró el
Programa Operativo para la Constitución de la Federación y el registro de las Cajas
Solidarias que tienen posibilidades de incorporarse como Entidades de Ahorro y Crédito
Popular; se elaboró la carta de intención del Consejo Coordinador Nacional de Cajas
Solidarias, A.C., dirigida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para registrarse
como Federación; y se diseñó con la asesoría del Consorcio Latinoamericano para la
Capacitación en Microfinanciamiento (COLCAMI), el Manual de Crédito para su
instrumentación en las cajas solidarias.
Del 27 al 29 de noviembre se
realizó en la Ciudad de México, el Foro Internacional de Economía Social y Solidaria al
cual asistieron representantes nacionales e internacionales de los sectores gubernamental,
financiero gubernamental, académico, Poder Legislativo, organismos empresariales,
economía social, empresas sociales y funcionarios del Fonaes, con el fin de generar un
marco conceptual sobre la Economía Social y Solidaria, conocer experiencias nacionales e
internacionales sobre el tema y promover la articulación del sector de la Economía
Social y Solidaria en el país.
Análisis
del cumplimiento de metas, objetivos y estrategias
Cumplimiento
de metas
El avance en metas de los
diferentes tipos de apoyo del Fonaes muestra un comportamiento desigual que responde en
buena medida al tiempo que tienen operando cada uno de ellos y el conocimiento que la
población objetivo tiene de los mismos; así como a decisiones operativas adoptadas para
eficientar la operación de ciertos instrumentos y evitar duplicidad de esfuerzos.
Las acciones ejercidas por
instancias apoyadas por el Fonaes, caso específico de los microcréditos, muestran un
avance del 104.4 por ciento sobre la meta programada para el año.
Los apoyos con un comportamiento
relativo superior son Capital de Riesgo Solidario, que permitió apoyar a 349 empresas
sociales con recursos por 120 millones de pesos; Capital de Trabajo Solidario, mediante el
cual se apoyaron 765 proyectos con más de 67 millones; Apoyo Financiero a Microempresas,
que apoyó 749 proyectos con alrededor de 52 millones; apoyos y estímulos a la
comercialización, que permitió apoyar 289 empresas con alrededor de 64 millones; Impulso
Productivo de la Mujer, mediante el cual se apoyaron 399 proyectos productivos operados
exclusivamente por mujeres con un monto superior a 31 millones y Apoyo al Desarrollo
Empresarial, que permitió realizar 17,256 acciones de capacitación y formación
empresarial, canalizando más de 107 millones.
Cabe señalar que los tipos de
apoyo que surgen con las Reglas de Operación 2002, caso específico del PROCOMER,
comenzaron a ejercerse en el último semestre del año de manera paulatina, con cambios en
las fechas de ejecución de eventos importantes como la IV Feria Nacional de Empresas
Sociales.
En el caso de las cajas solidarias,
si bien Fonaes ha avanzado en la organización de estas entidades, el ritmo de
cumplimiento se ha visto afectado por problemas intrínsecos a su mecánica de trabajo
como se indica igualmente en el apartado 3.1.
Cumplimiento
de objetivos
Los objetivos generales del Fonaes,
que se plasman en sus reglas de operación 2002, son:
• Otorgar financiamiento a la
población objetivo para proyectos productivos viables y sustentables;
• Alentar la formación
empresarial en los sujetos de apoyo, y
• Promover la organización
empresarial de las personas y grupos en torno a sus actividades productivas.
En cumplimiento a éstos, durante
el año 2002 se otorgaron apoyos para la constitución de 349 empresas sociales, se
apoyaron 289 empresas comercializadoras y 749 microempresas; asimismo, se apoyaron 30
cajas solidarias que propician el financiamiento y ahorro entre sus beneficiarios, se
participó en la constitución o fortalecimiento de 15 fondos, que prestan servicios
crediticios a la población objetivo del Fonaes, y a través de 23 fondos que operan la
tecnología del microcrédito se otorgaron 104,383 microcréditos , avanzando en el
objetivo de otorgar financiamiento a la población objetivo para proyectos productivos
viables y sustentables.
A fin de alentar la formación y
competitividad de los beneficiarios del Fonaes, se apoyó la realización de 17,256
acciones de desarrollo empresarial y 7,986 acciones de apoyo y estímulo a la
comercialización.
En cuanto a la promoción de la
organización empresarial de las personas y grupos en torno a sus actividades productivas,
se dieron apoyos en Capital de Trabajo Solidario para la ejecución de 765 proyectos
productivos y 399 apoyos de Impulso Productivo de la Mujer, que permiten la organización
de los productores y productoras en torno a actividades tendientes a una organización con
características empresariales. Asimismo, se realizaron diversas acciones para avanzar en
el proyecto de constitución de la Federación de cajas solidarias, como parte del proceso
organizativo de este sector.
Cabe señalar que en 2002, se
constituyeron dos fondos agrícolas a través del apoyo para el Fortalecimiento
Empresarial de Capitalización (FEC), con base en las recuperaciones efectuadas por las
empresas sobre apoyos anteriores.
Cumplimiento
de estrategias
En el marco de la estrategia de
desconcentración que se planteó en tres etapas para su consecución: el diagnóstico de
la situación prevaleciente, la definición del modelo de funcionamiento desconcentrado y
la ruta de implementación del modelo, en el primer semestre se avanzó en la
desconcentración del personal, permitiendo pasar de una relación de 53 por ciento del
personal en oficinas centrales y 47 por ciento en oficinas estatales, a una de 45 por
ciento en las primeras y 55 por ciento en las segundas; se incrementó la capacidad de
autorización y de toma de decisión administrativa en el ámbito de las representaciones
estatales, con objeto de mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la
población objetivo, y se emitieron diversos ordenamiento para sustentar normativamente el
proceso, entre otras acciones.
Durante el tercer trimestre se
llevaron a cabo diversas acciones para avanzar en la redistribución del personal entre
representaciones estatales con objeto de realizar las transferencias, promociones,
contrataciones y bajas necesarias para funcionar de acuerdo al nuevo modelo, con lo que se
ha logrado una estructura homogénea con definiciones funcionales.
Se desarrolló un programa amplio
de capacitación para respaldar la desconcentración de funciones a las representaciones;
para ello se realizaron diferentes actividades entre reuniones regionales, la semana
nacional de capacitación, el diplomado de evaluación de proyectos, computación, etc.,
incluyendo a todas las representaciones estatales.
En el último trimestre del año se
ejercieron las facultades otorgadas a las representaciones estatales para la autorización
de los recursos de cada uno de los tipos de apoyo; se liberaron, para su operación, 22
procedimientos administrativos; y se dio inicio al registro de las solicitudes de apoyo a
través del Sistema Integral en Línea (SIEL).
Con relación a la estrategia de
equidad de género durante el primer semestre se trabajó con diversas instituciones a fin
de intercambiar experiencias para reforzar el quehacer institucional en materia de
mujeres, durante el tercer trimestre Fonaes coordinó y realizó diversas actividades a
través de su Coordinación de Desarrollo Productivo de la Mujer, con la finalidad de
promover y fortalecer una mayor participación de las mujeres en actividades productivas,
de capacitación y desarrollo empresarial, favoreciendo la complementariedad de acciones
con otras instancias públicas y privadas.
En coordinación con instancias de
la Secretaría de Economía, SAGARPA, STPS, el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura y el Instituto de Liderazgo “Simone de Beauvoir”, se
llevaron a cabo acciones de formación y seguimiento en beneficio de empresarias sociales
y personal de la institución. Cabe resaltar que varios de los talleres y jornadas de
desarrollo empresarial, se llevaron a cabo en sedes estatales fortaleciendo el trabajo y
presencia del Fonaes al interior de la República.
Otro eje de trabajo fue la
realización, consolidación y seguimiento de enlaces interinstitucionales que favorecen
la inserción de las mujeres en otros esquemas y programas de apoyo. Se trabajó de manera
permanente con la Coordinación del Proyecto Generosidad del Instituto Nacional de las
Mujeres y se establecieron las bases de colaboración para la firma de convenios con
diversos organismos como EDUCAFIN, el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia y el
Sistema para la Educación de la Vida y el Trabajo (SEVIT).
De esta forma, Fonaes ha potenciado
sus recursos y acciones generando la vinculación con instancias que favorecen el
desarrollo de las mujeres, en busca de la equidad.
Para la instrumentación y
consolidación de la estrategia de fondos MACRO en las entidades federativas, en el primer
semestre de 2002, se avanzó en la concertación de acciones con gobiernos estatales,
municipales, cámaras y organizaciones, que permiten identificar y conformar los fondos
Macro en las entidades federativas.
Durante el tercer trimestre de 2002
se concertaron acciones con los gobiernos de Chiapas, Campeche, Colima, Durango,
Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, orientadas a la definición o
precisión de la estrategia de Fondo Macro en cada una de esas entidades.
En el estado de Morelos se logró
la estructuración de una propuesta de apoyo que implica la atención de las solicitudes
de tres ayuntamientos, del Gobierno del Estado y de la CANACINTRA, con objeto de que sus
aportaciones confluyan todas en el fondo FFESOL que actúa como Fondo Macro en el estado.
Para el último trimestre del año
se concertaron acciones con los gobiernos del Estado de México y Jalisco, Baja
California, Campeche, Chiapas, Colima, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí
y Yucatán, orientadas a la definición o precisión de la estrategia de Fondo Macro en
cada una de esas entidades, y a evitar un retroceso en los trabajos realizados durante el
año.
Por lo que corresponde a la
estrategia de Desarrollo Regional, durante el primer semestre se realizaron trabajos
encaminados a propiciar que los grupos sociales apoyados o susceptibles de serlo, adopten
esquemas de trabajo y organización con impacto regional, como una alternativa de
desarrollo a las condiciones sociales y económicas prevalecientes en la región donde se
ubican; y se inició la elaboración de estudios estratégicos para el desarrollo local y
regional que permitirán aprovechar el potencial productivo de las empresas del sector
primario apoyadas por la institución.
Se continuaron los trabajos de
elaboración de 163 estudios estratégicos de desarrollo local y regional con el Colegio
de Posgraduados de la Universidad Autónoma Chapingo, encaminados al aprovechamiento del
potencial productivo de las empresas del sector primario apoyadas por la institución,
así como la elaboración de 50 proyectos de inversión que permitirán impulsar el
desarrollo de las regiones donde se pongan en marcha.
En el marco de la estrategia de
Desarrollo Empresarial, y en seguimiento a las acciones tendientes a promover y fortalecer
este aspecto entre los grupos beneficiados por la institución, se han apoyado acciones
para el acompañamiento, la asistencia técnica y el desarrollo empresarial, así como
para la realización de estudios especializados en el marco del desarrollo regional,
buscando la integración vertical y horizontal de las empresas como opción para
consolidar economías de escala, dar un mayor valor agregado a su producción, integrar
tecnologías de productos y procesos que sean compatibles con el medio ambiente y los
recursos naturales, lo anterior con la finalidad de participar de manera más competitiva
en los mercados.
Sobresale la instrumentación del
Programa de Pasantes y Becarios, mediante el cual se implementaron brigadas
interdisciplinarias que lograron apoyar a un mayor número de grupos y llevar a cabo un
mayor número de acciones a un costo más bajo, destacando la modalidad de Acompañamiento
Empresarial en los estados de Chiapas, Durango, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y
Yucatán; asimismo, el estado de Sonora con 3,805 acciones realizadas en la modalidad de
estudios, representando una cifra aproximada del 25 por ciento de total de las acciones
realizadas en todo el país.
II. Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(Fommur)
Objetivo: Establecer un mecanismo
de microfinanciamiento a favor de las mujeres rurales por conducto de organismos
intermediarios, para fomentar la inversión productiva, impulsar el ahorro y propiciar la
capitalización del sector rural.
Características: Estos
microfinanciamientos se caracterizan por ser accesibles y oportunos a fin de impulsar
proyectos de inversión productiva, generadores de autoempleo e ingresos, rentables y
recuperables a corto y mediano plazos.
La mecánica del programa tiene dos
etapas, en la primera de ellas el Fommur otorga a los OI apoyos de dos tipos:
1. Líneas de crédito para otorgar
microcréditos, recuperables a una tasa de interés positiva en términos reales.
2. Recursos no recuperables, pero
decrecientes en el tiempo, para actividades de promoción, capacitación, asistencia
técnica y adquisición de infraestructura, con objeto de favorecer su desarrollo.
Estos apoyos son por un monto de
hasta 20 por ciento del total de las líneas de crédito otorgadas en el primer año de
operaciones con el Fommur, y del 15 por ciento en el segundo año, 10 por ciento en el
tercero y 5 por ciento a partir del cuarto año para los OI que tengan grupos de mujeres
en el primer ciclo de financiamiento.
En la segunda etapa los OI otorgan
microcréditos a las mujeres rurales bajo la siguiente mecánica:
1. Los microcréditos se otorgan a
mujeres que viven en el medio rural en condiciones de pobreza y se organizan en grupos
solidarios.
6. La tasa de interés que se paga
por los microcréditos es determinada por cada OI, en un nivel que le permita recuperar
sus costos y que además tome en cuenta las condiciones de su mercado.
Así pues, el esquema operativo del
Fommur constituye un mecanismo que induce el desarrollo de una oferta de servicios
financieros en beneficio de las mujeres de bajos recursos que viven en el medio rural.
Dicho esquema busca que la prestación de tales servicios sea rentable para un conjunto de
instituciones dispuestas a asumir el riesgo, y que el contar con esos servicios sea
beneficioso para los grupos de población que tradicionalmente han carecido de acceso a
los mismos. Es decir, el Fommur hace posible que las motivaciones de los OI para ofrecer
microcréditos y de las mujeres rurales para solicitarlos sean compatibles, de modo que el
resultado final es que una parte importante de la población menos favorecida hace uso de
tales servicios financieros y se beneficia con ello.
Al final del cuarto trimestre de
2002 bajo el esquema del Fommur se otorgaron 150,024 microcréditos, con lo cual se
superó la meta establecida de 147,525 microcréditos. Para lograr lo anterior se
canalizó un monto de recursos equivalente a 205.4 millones de pesos que incluye 26.6
millones para capacitación y asistencia técnica. Tales recursos permitieron apoyar las
actividades productivas de más de 110 mil mujeres rurales y apoyar el desarrollo
institucional de los organismos intermediarios.
Finalmente, se comenta que las
organizaciones que prestan sus servicios como intermediarios de este Fondo han mantenido
una satisfactoria recuperación de cartera.
III. Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (Pronafim).
Objetivo. Crear las condiciones
adecuadas que permitan el acceso a servicios de financiamiento a individuos de escasos
recursos con capacidad e iniciativa productiva a fin de otorgarles la oportunidad de
alcanzar, por sí mismos, mejores condiciones de vida en forma permanente al incorporarse
a la actividad productiva del país.
Características. Para lograr su
objetivo, el programa apoya la conformación de un sistema nacional de instituciones
microfinancieras que otorgan directamente microcréditos a las personas de bajos ingresos
que tienen un proyecto productivo viable pero carecen de acceso a los servicios de la
banca comercial. Los apoyos consisten en líneas de crédito y asistencia técnica, así
como acciones de capacitación en las áreas de sistemas de información gerencial,
desarrollo de tecnologías y habilidades especializadas para atraer ahorro y manejo
eficiente del portafolio.
Resultados
al cuarto trimestre del 2002
De acuerdo con los objetivos del
Pronafim, en el último trimestre del 2002 se autorizó la incorporación al programa de 5
financieras, cumpliendo con ello al 100 por ciento respecto de la meta programada para el
periodo, acumulando a la fecha un total de 46 instituciones incorporadas al Programa,
logrando rebasar la meta anual programada de incorporar 45 microfinancieras. Las 46 IMF
incorporadas al programa tienen influencia en 26 estados de la República, con lo cual
falta incorporar a 6 Estados: Aguascalientes, Baja California, Nayarit, Tabasco, Tlaxcala
y Quintana Roo.
Mediante el proceso de incubación
el Pronafim fomenta la creación y desarrollo de nuevas instituciones sólidas y
perdurables, capaces de ofrecer un servicio de calidad a los usuarios. Para el cuarto
trimestre se autorizó la incubación de una microfinanciera, con lo que se alcanzó la
meta anual programada de cinco incubaciones.
Como parte de las acciones de
fortalecimiento del sector microfinanciero, se autorizó en el trimestre el apoyo
financiero para la apertura de 5 sucursales de Instituciones de Microfinanciamiento. El
avance acumulado al cierre del ejercicio 2002 en este rubro es de 17 instituciones, con lo
cual fue superada la meta anual de apoyar la apertura de 15 sucursales.
En el cuarto trimestre se
autorizaron líneas de crédito para otorgar 4,884 microcréditos. El acumulado anual fue
de 114,753 microcréditos, por un monto superior a los 154 millones de pesos.
Como es conocido por todos la
capacitación técnica y operativa de las instituciones de microfinanciamiento es la base
de la pirámide que permite el crecimiento sólido y eficaz de las IMF. En el 2002 se
realizaron 83 acciones de capacitación y de asistencia técnica a las que accedieron 2
mil 319 personas, para lo cual se canalizaron alrededor de 6 millones de pesos. Es
necesario señalar que el proceso de capacitación se inició hasta el mes de julio ya que
en los meses anteriores se llevaron a cabo el diseño, la planeación y programación de
los cursos de capacitación, por lo que el periodo teórico-práctico se redujo.
Por último, se reportan los
avances en las acciones en materia de promoción y difusión del Pronafim. Nuestro
interés es tanto el de incorporar al Programa a todas aquellas instituciones viables y de
probada eficacia financiera y social para apoyarlas en su tarea de expansión y
consolidación, como el de integrar al sector de IMF a un padrón general a nivel
nacional, y además el de informar a la ciudadanía solicitante los canales apropiados
para acceder a las microfinancieras incorporadas al programa. En este sentido el área de
primer contacto de la Secretaría de Economía (atención ciudadana) realizó una labor
fundamental, al brindar respuesta a 56,138 cartas solicitud de microcrédito e informar
a los solicitantes cual es la microfinanciera que opera en la región geográfica donde
habita o en su caso la falta de la misma; además cabe señalar que la base de datos
actualiza mensualmente esta información y al registrar el acceso de una nueva
microfinanciera en las zonas donde no se contaba con unas, genera de inmediato otra carta
informativa con los datos generales de la microfinanciera recién integrada así como los
requisitos que solicita para otorgar el microcrédito. Por otra parte fueron otorgadas
38,103 asesorías que contemplan atención por vía telefónica, personal, correo
electrónico y conversación en línea.
Asimismo es necesario destacar la
realización del “Primer Encuentro Nacional de Microfinanzas” llevado a cabo en
la Ciudad de México los días 2 y 3 de diciembre, el cual contó con la participación de
más de 400 personas involucradas en el ámbito microfinanciero de nuestro país.
Los objetivos del Primer Encuentro
Nacional fueron alcanzados en su totalidad, destacando los siguientes:
• Vincular a las instituciones
de microfinanzas para efectuar diálogos, mesas de trabajo, análisis de problemáticas,
etc., formulando estrategias de acciones conjuntas con el sector microfinanciero.
• Obtener una base de datos
confiable y fidedigna de las organizaciones inscritas en este evento, a fin de incrementar
el Registro Nacional de Instituciones de Microfinanciamiento de nuestro país, con la
finalidad de que el Pronafim tenga la oportunidad de promover en el 2003 los servicios que
presta a las instituciones de microfinanzas e integrarlas en el corto plazo a su
operación.
IV. Estrategia de microcrédito de la Secretaría de
Economía.
La Secretaría es responsable de la
operación coordinada del Pronafim, Fommur y Fonaes a favor del desarrollo de un sistema
nacional de instituciones que generen una oferta de microcrédito para atender las
necesidades de financiamiento de la población de bajos ingresos.
V. Programa marcha hacia el sur.
Objetivo. El propósito fundamental
del programa se inscribe en el objetivo del Gobierno Federal de impulsar vigorosamente el
desarrollo de las regiones con mayores rezagos y en asegurar un desarrollo regional y
nacional más equilibrado. En tal sentido, su objetivo es generar las condiciones para
alcanzar mayores niveles de desarrollo en los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Tabasco y Veracruz, que constituyen la región sur-sureste, así como municipios
con altos índices de marginación en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua,
Durango, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana
Roo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.
Características. El programa se
propone enfrentar dichos rezagos a través del fomento a la inversión nacional y
extranjera por medio del estímulo al establecimiento de plantas productivas que generen
empleos permanentes y bien remunerados, así como impulsar el desarrollo regional y
fomentar una cultura industrial y empresarial entre los habitantes de la región.
Parte fundamental del desarrollo
regional lo constituyen las estrategias regionales de impulso a la inversión productiva
que se reflejan en las acciones y resultados alcanzados por el Programa Marcha hacia el
Sur, el cual tiene por objeto establecer proyectos de inversión, generadores de empleos
permanentes de calidad para contribuir al desarrollo económico y regional de las
entidades federativas del sursureste, y a partir del presente año, de aquellos
municipios que han observado mayores niveles de rezago.
Durante el ejercicio 2002 se logró
comprometer 103 proyectos de inversión en 13 entidades federativas, que comprometen la
generación de 45,197 empleos; la inversión comprometida por el sector empresarial supera
los 3 mil millones de pesos.
Del total de empresas apoyadas en
el año 2002, el 32 por ciento corresponde a empresas pequeñas, el 52 por ciento
corresponde a empresas medianas y el 16 por ciento corresponde a empresas grandes. El 1
por ciento de las empresas corresponde al sector comercial, el 95 por ciento corresponde
al sector industrial y el 4 por ciento corresponde al sector servicios.
Además, cabe mencionar que ante
los efectos del paso del huracán Isidore y en acciones conjuntas con los gobiernos de los
estados se logró conservar más de 9,000 empleos en los estados de Yucatán y Campeche.
VI. Fondo de Apoyo a las Micro, Pequeña y Medianas
Empresas (FAMPYME)
Objetivo: Incrementar la
competitividad de las PYME, en el ámbito del desarrollo empresarial y del conocimiento,
para que generen, adopten o mejoren sus procesos operativos, administrativos y de gestión
para fortalecer su participación en los mercados nacional e internacional.
Características: El programa está
orientado a brindar herramientas a las PYME para impulsar su competitividad desde el
ámbito del desarrollo de sus procesos, operación y formación de habilidades
empresariales de sus operadores, para consolidar así su crecimiento y productividad, así
como favorecer una adecuada inserción en las cadenas productivas industriales,
comerciales y de servicio.
El fortalecimiento de la capacidad
competitiva de las empresas y el apoyo a la formación de nuevos emprendedores con
estándares de calidad internacional se basa en el desa-rrollo de habilidades y
competencias orientadas a la productividad, el servicio, la mejora e innovación de
procesos, productos y tecnología, desarrollo sustentable, gestión del conocimiento,
administración del cambio y cultura informática.
Acciones
al cierre del Ejercicio 2002
• Se llevaron a cabo las
tareas de planeación y definición del FAMPYME para el Ejercicio Fiscal 2002.
• Se elaboró el “acuerdo
por el que se determinan las reglas de operación e indicadores de resultados para la
asignación del subsidio destinado a la operación del Fondo de Apoyo para las Micro,
Pequeña y Medianas Empresas para el Ejercicio Fiscal 2002”, el cual fue publicado en
el Diario Oficial
de la Federación del 14 de marzo de 2002.
• Se elaboró la Cédula de
Registro y Aprobación de Proyectos e Instructivo de Llenado que rigieron para el
ejercicio presupuestal 2002.
• Con el propósito de
difundir los beneficios del FAMPYME, se realizaron visitas a todas las entidades
federativas del país, con objeto de dar a conocer entre los diferentes actores
económicos y sociales de los estados, los lineamientos y mecanismos de operación del
fondo.
• Del 12 al 15 de febrero se
realizaron a escala regional cuatro “Talleres de Lineamientos para la Formulación de
Convenios 2002 de Apoyo a MPYME” (Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco y dos
en el Distrito Federal) con los secretarios de Desarrollo Económico, así como con los 32
Delegados Federales de la Secretaría de Economía, a fin de dar a conocer las Reglas de
Operación del FAMPYME, la “Cédula de Registro y Aprobación de Proyectos” y su
“Instructivo de Llenado”, las cuales regirán para el Ejercicio Fiscal 2002.
• Asimismo, los días 12, 14,
17 y 19 de marzo, se realizaron reuniones regionales de trabajo en las ciudades de
Durango, Durango, Jalapa, Ver., San Luis Potosí, San Luis Potosí y Oaxaca, Oaxaca,
respectivamente, en las que se dio a conocer a todos los delegados y subdelegados
federales de esta dependencia, los nuevos lineamientos de las Reglas de Operación del
FAMPYME para el 2002, así como lo relacionado al llenado de la Cédula de Registro y
Aprobación de Proyectos.
• Se dio una presentación
ante representantes de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, sobre las
líneas de apoyo que otorga la Secretaría de Economía a través del FAMPYME, así como
sobre la mecánica de operación de este fondo.
• En las instalaciones de esta
Secretaría, se dieron pláticas a representantes de SEDECOS, de la Asociación Mexicana
de la Industria de Tecnologías de Información-AMITI, así como a la oficina de primer
contacto de esta dependencia, con el propósito de difundir y dar a conocer los
lineamientos, mecanismos de operación, así como lo apoyos que otorga el FAMPYME a la
MPYME en el 2002.
• El 22 de agosto en la ciudad
de Torreón, Coahuila, se participó con una ponencia en el “Taller de Acceso a los
Fondos de Financiamiento para Apoyos a la MPYME”, organizado por la subdelegación
federal de esta Secretaría, a fin de dar a conocer los lineamientos de las reglas de
operación del FAMPYME.
• Derivado de las visitas
realizadas durante el primer trimestre a todas las entidades federativas del país, con
objeto de dar a conocer entre los diferentes actores económicos y sociales de los
estados, los lineamientos y mecanismos de operación del fondo, así como a la
realización regional de “Talleres de Lineamientos para la Formulación de Convenios
2002 de Apoyo a MPYME” otorgados a los secretarios de Desarrollo Económico y a los
32 delegados federales de la Secretaría de Economía, se recibieron Cédulas de Registro
y Aprobación de Proyectos de todas las entidades federativas del país, así como de
organismos e instituciones públicos y privados (cámaras empresariales, universidades,
organismos no gubernamentales y banca de desarrollo), se iniciaron las actividades de
análisis y evaluación de cédulas por parte del FAMPYME, para definir los proyectos que
serían apoyados y que se formalizarían a través, de la firma de convenios de
coordinación o colaboración.
• A partir del mes de abril se
inició el proceso de firma de convenios con los estados y organismos e instituciones.
• En este sentido, en
coordinación con gobiernos estatales y municipales, así como con organismos públicos,
privados y sociales, se firmaron convenios de coordinación con los 31 estados y el
Distrito Federal, así como convenios de colaboración con el Centro Multidisciplinario de
Competitividad Internacional (IPNCEMCI), la Escuela Superior de Turismo del IPN, la
Confederación Nacional de Cámaras de Comercio Servicios y Turismo (CONCANACO), la
Cámara Nacional de cámaras de Comercio Servicios y Turismo (CANACO-DF.), la Fundación
Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana
Empresa (FUNTEC), el Fideicomiso de Apoyo a la Vinculación de la UNAM (FAVI), la Cámara
Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPA), la Cámara Nacional de Empresas de
Consultoría (CNEC), la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) y la
Confederación Nacional Campesina (CNC), la Cámara Nacional de Artes Gráficas
(CANAGRAF), la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV), la Cámara Nacional
del Autotransporte de Carga (CANACAR), la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM), la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), la
Asociación Mexicana de Directivos de las Investigación Aplicada y el Desarrollo
Tecnológico, AC. (ADIAT), la Fundación para el Desarrollo Empresarial Sostenible de
América Latina (FUNDES-México), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación
(CANACINTRA), Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República
Mexicana (ANIERM), Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), Consejo Mexicano de
Comercio Exterior (COMCE), Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Veracruzana,
Integradora Nacional de Agencias de Desarrollo y Centros de Vinculación Empresarial
Rural, S.A de C.V. (INADYVE), Autonomía, Descentralismo y Gestión (ANADEGES), Centro de
Investigación y Docencia Económica (CIDE), Centro Promotor de Diseño, BIOPLANETA, la
Asociación Nacional de Proveedores para la Industria del Calzado (ANPIC) y la
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
• Asimismo, se firmaron
addenda a los convenios signados con los estados de Aguascalientes, Coahuila, Chiapas,
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, así
como a los convenios de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (CANACINTRA) y la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC).
Cumplimiento
de metas
• Mediante los convenios y
addenda antes mencionadas, se comprometieron recursos por más de 176 millones de pesos
para 420 proyectos, 338 con gobiernos estatales (80 por ciento) y 82 con organismos e
instituciones (20 por ciento), en apoyo a 47,016 MPYME con acciones de capacitación,
asesoría y consultoría básica y especializada. Así como para la elaboración de
metodologías para la capacitación y consultoría y la capacitación, formación y
especialización de capacitadores y consultores especialistas en atención a las MPYME.
• Respecto al 2001 se alcanzó
un incrementó de 32.9 por ciento en el número de proyectos apoyados.
• De los 420 proyectos, 211
(50.2 por ciento) corresponden a capacitación, 142 (33.8 por ciento) a consultoría
básica y especializada, 18 (4.3 por ciento) a elaboración de metodologías para brindar
capacitación y consultoría y 49 (11.7 por ciento) para la formación y especialización
de capacitadores y consultores especialistas en atención a las MPYME.
• Asimismo, de las 47,016
empresas apoyadas 31,224 (66.4 por ciento) son micro, 10,686 (22.7 por ciento) pequeñas,
3,892 (8.3 por ciento) medianas y 1,214 (2.6 por ciento) de las que se conocerá su
tamaño cuando se reciban los informes de los promotores.
• Con los 420 proyectos
apoyados se cumplió el 168.0 por ciento de la meta establecida.
• Finalmente, de los más de
176 millones ejercidos en apoyo a los 420 proyectos, el 37.2 por ciento se destinó al
rubro de capacitación, 51.2 por ciento al de consultoría, 1.1 por ciento al de
elaboración de metodologías y 10.5 por ciento al de formación de consultores.
VII. Centro para el Desarrollo de la Competitividad
Empresarial (CETRO) y Centros Regionales para la Competitividad Empresarial (CRECE)
Objetivo: Apoyar a las micro,
pequeña y mediana empresas mexicanas para que por sí mismas logren su desarrollo a
través de la identificación de sus necesidades y el acercamiento de las herramientas
apropiadas para ser competitivas.
Características: Este programa
ofrece servicios de consultoría por medio de la realización de un diagnóstico integral
y la formulación de un plan de acción y su seguimiento. Los servicios de capacitación
empresarial consisten en la transmisión de conocimientos, experiencias y metodologías
que permiten al participante resolver problemas en el manejo de los negocios y plantear
alternativas de solución más adecuadas.
La red de centros regionales para
la competitividad empresarial se caracteriza por ser la más grande del país, con
presencia en todos los estados de la República y 105 oficinas a lo largo de la República
Mexicana. Cuenta con la certificación de calidad ISO 9001-2000, así como con una
plantilla de 220 consultores certificados por la norma CONOCER.
Los consultores de la red se
distinguen por ofrecer excelencia en el servicio, creatividad y habilidad para vislumbrar
alternativas de solución a los problemas de las empresas en el corto plazo. Actualmente,
la red se encuentra en un proceso de consolidación de los servicios ofrecidos e
incremento de los mismos, para ofrecer a las empresas del país una mayor gama de
oportunidades para su desarrollo y competitividad que le permitan hacer frente al entorno
en el que se encuentran, además de proporcionarle herramientas para su autosuficiencia.
A continuación se presentan los
resultados obtenidos durante el último trimestre de actividades, incluyendo el acumulado
durante el presente año y desde el inicio de actividades de la Red.
Captación
de empresas en atención y perfilde los beneficiarios
Durante el cuarto trimestre de
2002, los Centros Regionales para la Competitividad Empresarial atendieron a 3,114
empresas, lo que significó el 127 por ciento de la meta establecida para este trimestre
(2,454 empresas). En el periodo enero-diciembre del presente año se atendieron 10,286
empresas, alcanzando con esto, el 100 por ciento de la meta del mismo (10,280).
En el cuarto trimestre, la mezcla
de la cartera atendida se compone de 88 por ciento empresas micro, 9 por ciento pequeñas
y 3 por ciento medianas. Por lo que a sector se refiere, 38 por ciento corresponde a
industria, a comercio 37 por ciento y el 25 por ciento restante, pertenece a servicios.
Capacitación
empresarial
En el periodo octubre-diciembre del
presente año, los Crece impartieron capacitación a 12,923 empresarios, lo que significó
el 247 por ciento de la meta del periodo (5,237 participantes), pertenecientes a 1,429
empresas. Acumulado durante estos doce meses del año, se ha impartido este servicio a
33,425 personas de 6,050 empresas, lo que significó el 129 por ciento de la meta del
periodo, establecida en 26,000 participantes. Desde que se incorporó la capacitación
empresarial (enero de 1999) como un servicio adicional, suman ya 83,953 capacitados que
laboran en 16,536 empresas del país.
Ejemplos de las estrategias
seguidas por estos centros son la realización de cursos a escala masiva y la
participación con expositores en foros del sector de las MPYME organizados en conjunto
con organismos y cámaras empresariales, además de la impartición conjunta con
Instituciones Académicas de algunos seminarios y diplomados en las áreas de interés
detectadas en las comunidades empresariales de sus respectivas localidades.
Casos
de éxito y relación beneficio-costo
En el periodo octubre-diciembre, se
evaluaron 3,115 casos de éxito (132 por ciento de la meta del periodo fijada en 2,351
empresas). De enero a diciembre se han evaluado 8,467 empresas como casos de éxito, lo
que representó el 102 por ciento de la meta del periodo (8,261). En forma acumulada se
han resuelto 24,628 casos desde el inicio de la Red.
Para incrementar el número de
casos de éxito y elevar el nivel de satisfacción de nuestros clientes, se está
trabajando en nuevos procesos y en el desarrollo e implementación de herramientas
tecnológicas que permitan disminuir los tiempos de atención, en beneficio de un mayor
seguimiento, lo que va a permitir un mejor desarrollo y mayor supervisión a las tareas
establecidas en el plan de acción.
La forma de evaluar la efectividad
de la intervención del personal de los CRECE en las empresas, es a través de la
generación adicional de ingresos en éstas. Los casos evaluados como exitosos en el
periodo septiembre 1998-diciembre 2002, reportaron un incremento promedio del 34 por
ciento en sus ingresos, lo que significó un aumento de $27.3 pesos en ventas por cada
peso invertido en su atención por la Red.
Derivado de la intervención de los
Crece en las empresas, se apoyó a la conservación de 12,602 empleos, durante el
trimestre octubre-diciembre. Cantidad que sumada a la obtenida desde el inicio del año
totaliza 41,614 empleos apoyados en su conservación, que a su vez suman 177,724 desde el
inicio de actividades de la Red.
Los casos de éxito en el mismo
trimestre han apoyado a la generación 714 empleos y de enero a diciembre de 2002 se
contribuyó a la generación de 2,477, lo que nos da una participación de la Red en apoyo
a la generación de empleos de 13,024 desde su inicio.
Vinculación
a consultoría externa y financiera
Gracias al trabajo de los Crece en
las empresas, se ha detectado la necesidad de estudios profundos en áreas específicas,
para lo cual se requieren los servicios de consultores especializados (consultores
externos). En el periodo octubre-diciembre 2002, se registraron 755 vinculaciones con
consultoría externa (289 por ciento de la meta para este lapso establecida en 261
empresas). De enero a diciembre de 2002 se registraron 1,667 vinculaciones, 152 por ciento
de la meta para este lapso (1,100 empresas). Acumulado desde el inicio de la Red, se han
vinculado 4,484 empresas.
Con objeto de complementar el
proceso de consultoría en las empresas en que se detecta necesidad de recursos, los Crece
realizan acciones de vinculación con instituciones financieras locales y nacionales. En
el cuarto trimestre de 2002, fueron vinculadas 928 empresas al sistema financiero
nacional, lo que representa el 361 por ciento de la meta establecida para el trimestre
(257 casos). En el periodo enero-diciembre de 2002 fueron vinculadas 1,627 empresas (161
por ciento de la meta establecida en 1,010 empresas). En forma acumulada desde el inicio
de la Red, la canalización con instituciones financieras suma 4,251 empresas.
VIII. Programa de Centros de Distribución en Estados
Unidos
Objetivo: Incrementar la presencia
de las PYME mexicanas en los mercados internacionales y su participación en los montos
totales de exportación, a través de un esquema de apoyos temporales en promoción,
comercialización y distribución de productos nacionales.
Características: La estrategia
para consolidar la oferta exportable de las PYME incluye el establecimiento de espacios de
promoción y comercialización de productos mexicanos en el exterior. Para ello se
considera la participación, directa o indirecta, de multiplicadores de apoyo en el
fomento de la competitividad de las empresas, como dependencias de gobiernos estatales y
municipales, cámaras, asociaciones, confederaciones, consejos y organismos empresariales
e instituciones educativas, entre otros.
El Programa Centros de
Distribución tiene como objetivo incrementar el volumen de exportación de la micro,
pequeña y mediana empresa mexicana hacia los Estados Unidos de Norteamérica y otros
mercados internacionales, a través de apoyos temporales en promoción, comercialización
y distribución de sus productos.
Hasta el tercer trimestre de 2002,
el programa se enfocó al mercado norteamericano por ser Estados Unidos nuestro principal
socio y en donde trabajan millones de mexicanos. A fin de aprovechar la demanda de
productos mexicanos de estos grupos poblacionales, en el 2001 se instalaron Centros de
Distribución en Santa Anna, California; Dallas, Texas y Nueva York.
Resultados
Al 31 de diciembre de 2002, estos
centros atendieron a 122 empresas mexicanas de 18 estados de la república, de las cuales
33 empresas han consolidado exportaciones y 89 se encuentran en este proceso. Las ventas
realizadas superan los 6 millones de dólares.
En las Reglas de Operación del
Programa publicadas el 24 de mayo de 2002, se preveía que la instalación y operación de
Centros de Distribución en Estados Unidos se realizaría a través de la Institución
Mexican Trade Office como Organismo Intermedio, y a la Corporación Mexico Trade Center
como operador de los Centros de Distribución en ese mercado, cuya operación fue
subsidiada en su totalidad por la Secretaría de Economía.
Asimismo, las Reglas de Operación
del 24 de mayo de 2002 otorgaban facultades dentro del Programa a la Oficina de
Representación para Mexicanos en el Extranjero y México-Americanos de la Presidencia de
la República (OPME).
El 27 de noviembre de 2002 se
publicaron una serie de modificaciones a las Reglas con el objetivo general de aplicar de
manera eficiente, eficaz, equitativa y transparente los recursos asignados por el
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2002, adecuar las Reglas de
Operación al Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006 y diversificar la cobertura y
servicios del Programa para aprovechar las ventajas económicas que, brindan los diversos
acuerdos comerciales suscritos por México.
Además, con estas modificaciones
se buscó también:
• Derogar la figura de la OPME
en el Programa;
• Ampliar el universo de
atención de Organismos Intermedios a organismos sin fines de lucro promotores de las
exportaciones en mercados internacionales, quitándole la exclusividad a la MTO y a la MTC
para instalar y operar Centros de Distribución en Estados Unidos.
• Impulsar la instalación de
Centros de Distribución Internacionales.
A partir de la redefinición de
este Programa, se logró la suscripción de Convenios entre la Secretaría de Economía y
la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Turismo y Servicios (Concanaco), la
empresa Export Integradora y la Unión de Crédito de la Industria Pesquera (Credipesca),
para instalar tres nuevos Centros de Distribución, uno en Guatemala y dos en Estados
Unidos, uno para comercializar muebles en la Cd. de Dallas, Texas y otro que se
especializa en la distribución de atún en ese mercado, específicamente en San Antonio,
Texas y San Diego, California.
Con estos tres nuevos Centros se
espera atender a más de 200 empresas durante el primer trimestre de 2003.
Cabe destacar que en estos tres
nuevos convenios suscritos por la Secretaría, se contempla que los Centros contribuirán
financieramente a su operación con recursos derivados del cobro de sus servicios, lo cual
permitirá disminuir el subsidio otorgado por la Secretaría, y la instalación de más
Centros.
IX. Programa de encadenamientos productivos
Objetivo: Establecer un mecanismo
de apoyo financiero para impulsar la integración de las micro, pequeñas y medianas
empresas a la cadena productiva nacional, comercial y de servicios, promoviendo y
facilitando la identificación de oportunidades de negocio, fomentando la constitución de
fondos de garantías y apoyando proyectos de alto impacto para diversos sectores o
regiones productivas del país.
Características: Entre sus
propósitos se encuentran contribuir a la generación de empleos permanentes y bien
remunerados, integrar eficientemente las cadenas productivas, facilitar el acceso de las
PYME a esquemas financieros en apoyo a dichas cadenas, fomentar la integración o la
asociación empresarial y la creación de nuevas empresas.
Fortalecer los eslabones que
integran las cadenas productivas del tejido industrial del país es una de las más altas
prioridades del Programa de Desarrollo Empresarial, con el fin de convertirlas en
detonadores del desarrollo regional, del mercado interno y de la generación de más y
mejores empleos.
Al cierre del cuarto trimestre se
reportan los siguientes resultados:
Se firmaron convenios con las 31
entidades federativas y el Distrito Federal, así como Convenios de Colaboración con
FORCO, la Cámara Nacional de Cámaras de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-DF.), la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la
Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), la Universidad Veracruzana,
Bioplaneta, Autonomía, Descentralismo y Gestión (Anadeges), Consejo Mexicano de Comercio
Exterior (Comce), Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República
Mexicana (ANIERM), la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia (Fumec), la
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Asociación Nacional
de Proveedores para la Industria del Calzado (ANPIC), Integradora Nacional de Agencias de
Desarrollo y Centros de Vinculación Empresarial Rural, S.A de C.V. (INADYVE), la
Confederación Nacional de Cámaras de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco), la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Fundación Mexicana para
la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa (FUNTEC),
ALAMPYME, CANAGRAF, CANIFARMA, CANALAVA, CANACAR, CANAINVES, CANAINTEX y el Centro
Promotor del Diseño.
Lo anterior representó la
suscripción de 54 convenios y 40 addenda para apoyar un total de 799 proyectos, con una
aportación por parte de la Secretaría de Economía de 577.5 millones de pesos, de los
cuales 527.4 millones se concertaron con 32 Entidades Federativas y 50.1 millones con los
24 Organismos Intermedios.
De los 799 proyectos apoyados, 239
fueron proyectos productivos por un monto total de 140.2 millones de pesos, 177 de
infraestructura industrial, comercial y de servicios por un monto de 263.4 millones de
pesos, 208 centro de atención empresarial por un monto de 110.5 millones de pesos, 138
estudios por un monto de 50.0 millones de pesos y 37 para apoyar la integración de bancos
de información por un monto total de 13.4 millones de pesos.
X. Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento de
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FOAFI)
Objetivo: Fomentar y constituir
esquemas e instrumentos que apoyen el acceso de las PYME a los servicios del Sistema
Financiero Nacional.
Características: El FOAFI tiene
como propósito generar las condiciones para el acceso al crédito y el financiamiento de
las PYME, apoyándolas en su viabilidad financiera y proveyendo instrumentos que les
permitan el acceso al financiamiento.
Así, podrá instrumentar acciones
para que la banca de desarrollo y la banca comercial realicen en forma más expedita la
tramitación del crédito para que todas aquellas PYME que requieran financiamiento lo
puedan obtener con mayor facilidad.
Parte fundamental para lograr la
competitividad de las empresas lo representa el financiamiento como palanca de desarrollo.
Por ello, se han desarrollado estrategias, articulando acciones conjuntamente con los
gobiernos estatales, la banca de desarrollo y la banca comercial para generar esquemas de
acercamiento entre los empresarios y las instituciones financieras, utilizando como
elemento central el Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento de las MPYME (FOAFI).
Al cierre del ejercicio 2002:
• Se firmaron 14 convenios de
colaboración con los gobiernos estatales a fin de fortalecer y constituir fondos de
garantías para facilitar el acceso al financiamiento a las MPYME del país; los Estados
con los que se firmaron dichos convenios fueron: Baja California, Baja California Sur,
Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa,
Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
• Con el Banco BITAL se firmó
un convenio para la elaboración de planes de negocio, con el cual se han apoyado 170
empresas con una derrama crediticia de más de 57 millones de pesos.
• El Convenio celebrado con
FUNDES y BBVA Bancomer para el equipamiento electrónico de las MPYME ha apoyado a 4,300
empresas con un monto total en créditos por alrededor de 13 millones de pesos.
• En el marco del programa de
apoyo para PYME supliendo garantías hipotecarias derivado del Convenio con Nacional
Financiera y Banco Santander, se han canalizado 455 créditos por más de 347 millones.
• El Convenio de Concertación
con la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la
Pequeña y Mediana Empresa (FUNTEC), busca apoyar el proyecto “Fondo de Garantía
para tener acceso al financiamiento de NAFIN a favor de las MPYME con proyectos de
prevención de la contaminación”. Con el proyecto Nafin autorizará una línea de
crédito por 18.15 millones de pesos para financiar a 80 MPYME. La SE aporta 4 millones de
pesos y FUNTEC aporta 3 millones de pesos.
• Se firmó un Convenio de
Concertación con el Banco Nacional de Comercio Exterior, con el propósito de apoyar el
proyecto “Fortalecimiento del fondo de garantías para pequeñas y medianas empresas
exportadoras directas e indirectas”, este programa utilizará un modelo automático
para la evaluación de proyectos, basado en el modelo financiero ZBancomext. A las
empresas que demuestren un valor del parámetro que Bancomext considere como un nivel de
riesgo aceptable, les será aprobado el crédito previa comprobación de los estados
financieros sin exigir ningún tipo de garantía colateral. La SE aporta 5 millones de
pesos con una línea de crédito inicial de 30 millones de pesos con un tope de hasta 70
millones; con este programa se espera atender al menos 175 MPYME con potencial exportador.
En apoyo a los proyectos y acciones
concertadas, el FOAFI ha canalizado alrededor de 145 millones de pesos.
XI. Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI)
El Fideicomiso de Fomento Minero
(Fifomi) es una entidad pública del Gobierno Federal coordinada por la Secretaría de
Economía, encargada de conducir la política de fomento minero del país. No recibe
aportaciones del erario y su finalidad es fomentar el desarrollo de la minería nacional
mediante apoyos financieros y asistencia técnica para los pequeños productores y las
empresas dedicadas a las actividades de exploración, explotación, beneficio,
comercialización, industrialización y consumo de minerales y sus derivados.
Objetivo. Fomentar el desarrollo de
la minería nacional y su cadena productiva, mediante apoyos de asistencia técnica y
financiera a personas físicas y morales, dedicadas a la explotación, beneficio,
comercialización y consumo de minerales y sus derivados, así como a los prestadores de
servicios relacionados con el sector minero
Características. Las principales
actividades a financiar mediante la operación de los diferentes tipos de crédito que
otorga el Fifomi son: extracción, beneficio, fabricación, industrialización,
distribución, comercialización y prestación de servicios a la minería nacional.
Asimismo, el Fifomi considera sujetas de apoyo a las personas físicas o empresas de la
cadena productiva de la minería, en cuyo proceso productivo utilicen insumos de origen
mineral, así como la comercialización y distribución de sus productos.
Las empresas que participan en la
proveeduría de la minería y su cadena productiva también son sujeto de los apoyos
financieros que ofrece el Fifomi a través del financiamiento a proveedores.
El Fifomi acepta la incorporación
de la banca comercial y organizaciones auxiliares incorporadas a ella, banca de
desarrollo, uniones de crédito, arrendadoras financieras y a sociedades financieras de
objeto limitado, cuyo objetivo específico sea congruente con las actividades elegibles
del Fifomi y los descuentos solicitados sean a favor de sujetos elegibles por la actividad
que realizan, habilitándolas en su calidad de intermediarios financieros bancarios y no
bancarios.
A su vez, las organizaciones
auxiliares de crédito que cuenten con el respaldo de un banco o grupo financiero
bancario, que garanticen la totalidad de las obligaciones crediticias contraídas con
Fifomi a través de convenio de responsabilidad o mediante carta compromiso para respaldar
financieramente las operaciones que realicen o mediante el otorgamiento de aval, gozarán
del mismo tratamiento para la operación de los productos financieros que lo establecido
para los intermediarios financieros bancarios, lo cual conlleva diversas ventajas en la
mecánica de operación, supervisión y formalización crediticia, que agilizan la
disposición de recursos.
Resultados
obtenidos al cuarto trimestre
Durante el ejercicio 2002 se dieron
innovaciones en materia de financiamiento mediante la incorporación de las Arrendadoras
especializadas y las empresas Almacenadoras, pertenecientes a Grupos Financieros, mismas
que orientaron su financiamiento principalmente a la compra de minerales y materias primas
a través de la suscripción de contratos de suministro con empresas consumidoras de
mineral. Adicionalmente, con objeto de ofrecer tasas más competitivas y de reacción
inmediata en el mercado, se creó la “tasa factor”, misma que responde en forma
semanal a los movimientos del mercado, en lugar de las tasas tradicionales que tiene la
institución que responden al promedio mensual de la tasa de CETES.
Estas estrategias permitieron que
durante el año de 2002 se lograra una derrama crediticia de 2 mil millones de pesos,
alcanzándose la meta modificada, que originalmente fue de 1,211 millones. Con las
innovaciones enunciadas y las estrategia de promoción implementada se generó una demanda
mayor a la programada que permitió satisfacer necesidades de empresas de la minería y su
cadena productiva.
Con respecto a la cobranza se
logró una recuperación de cartera de 1,803 millones de pesos, rebasando la meta ampliada
en 102 por ciento. La meta original fue de 1,312 millones de pesos.
El éxito en la recuperación
radica en que la promoción y evaluación de crédito fue efectiva, lo cual permitió
generar una cartera sana, además de que no se registra cartera vencida en los créditos
otorgados durante 2001 y 2002.
El mayor impacto ocurre en los
empleos apoyados con un incremento de casi 6 veces la meta establecida, como resultado del
apoyo a empresas que utilizan una gran cantidad de mano de obra.
En materia de Asistencia Técnica y
Capacitación la meta era atender a 200 empresas con Asistencia Técnica y 530 con
capacitación, superando ampliamente este indicador al haberse apoyado a 724 empresas con
asistencia técnica y 2,523 empresas con capacitación, representando respectivamente el
165 % y el 376 % de las metas.
En cuánto a los tiempos de
respuesta en las operaciones de descuento se logró mantener el indicador de 24 horas para
operaciones automáticas y de 7 días en casos de operaciones facultativas.
Anexo
I
Informe al cuarto trimestre de 2002
sobre el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en las indicadores de resultados
previstos en las reglas de operación de los programas a cargo de la Secretaría de
Economía señalados en el artículo 64 del decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.
1. Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de
Solidaridad.
Indicadores de
resultados.
1. Nombre del indicador: Apoyar con
capital de trabajo a proyectos productivos.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Porcentaje
esperado de avance en proyectos productivos apoyados con capital de trabajo: mayor o igual
a 85 por ciento de lo programado. Porcentaje observado: 223.0 por ciento
2. Nombre del indicador: Apoyar con
capital de riesgo a empresas sociales.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Porcentaje
esperado de avance en proyectos productivos apoyados con capital de riesgo: mayor o igual
a 85 por ciento de lo programado. Porcentaje observado: 134.2 por ciento
3. Nombre del indicador: Financiar
la constitución de microempresas.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Porcentaje
esperado de avance en microempresas apoyadas: mayor o igual a 85 por ciento de lo
programado. Porcentaje observado: 151.0 por ciento.
4. Nombre del indicador: Otorgar
microcréditos a la población objetivo.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Porcentaje
esperado de avance en microcréditos otorgados: mayor o igual a 85 por ciento de lo
programado. Porcentaje observado: 104.4 por ciento.
5. Nombre del indicador: Promover
la constitución y operación de instituciones de microcrédito.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Porcentaje
esperado de avance en la constitución de instituciones de microcrédito: mayor o igual a
85 por ciento de lo programado. Porcentaje observado: 0 por ciento.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: Derivado del proceso de coordinación
operativa con el Pronafim se determinó que el Fonaes no otorgue apoyos para constituir
instituciones de microcrédito y que únicamente entregaría apoyos para el
fortalecimiento patrimonial de instituciones ya constituidas.
6. Nombre del indicador: Apoyar la
constitución de cajas solidarias.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Porcentaje
esperado de avance en la constitución de cajas solidarias: mayor o igual a 85 por ciento
de lo programado. Porcentaje observado: 60.0 por ciento.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: Durante el 2002 se integraron 41 cajas
solidarias, de las cuales 30 recibieron los recursos correspondientes y las restantes 11
por falta de documentación serán apoyadas en los primeros días del año 2003.
7. Nombre del indicador: Apoyar la
consolidación de Fondos.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Porcentaje
esperado de avance en la consolidación de fondos: mayor o igual a 85 por ciento de lo
programado. Porcentaje observado: 23.1 por ciento.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: Fonaes dentro de la estrategia de Fondos
Macro ha decidido no incrementar el número de fideicomisos sino consolidar los ya
existentes, incrementando con ello los recursos asignados por fondo para lograr un manejo
más eficiente y una mayor cobertura. Asimismo, el numero de apoyos se redujo ante la
recomendación hecha por el órgano Interno de Control del Fonaes, en el sentido de
canalizar recursos sólo a aquellos fondos (constituidos o en proceso de constitución)
que tuvieran su clave de registro ante la SHCP. Finalmente se presentaron múltiples
ordenamientos por parte de diversas autoridades, generando obstáculos y requerimientos
que impidieron concretar las aportaciones ya concertadas con anterioridad. Este monto se
refiere a las aportaciones hechas al patrimonio de los 15 fondos que se señalan
8. Nombre del indicador: Otorgar
apoyos para la formación y el desarrollo empresarial.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Porcentaje
esperado de avance en las acciones de apoyo al desarrollo empresarial: mayor o igual a 85
por ciento de lo programado. Porcentaje observado: 258.7 por ciento.
9. Nombre del indicador: Brindar
apoyos a empresas comercializadoras.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Porcentaje
esperado de avance en el número de comercializadoras beneficiadas: mayor o igual a 85 por
ciento de lo programado. Porcentaje observado: 120.4 por ciento.
10. Nombre del indicador: Otorgar
apoyos y estímulos para la comercialización.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Porcentaje
esperado de avance en el número de acciones realizadas de estímulo y apoyo a la
comercialización: mayor o igual a 85 por ciento de lo programado. Porcentaje observado:
95.9 por ciento.
11. Nombre del indicador: Apoyar
proyectos productivos para mujeres.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Porcentaje
esperado de avance en el número de proyectos apoyados: mayor o igual a 85 por ciento de
lo programado. Porcentaje observado: 200.5 por ciento.
Metas y
objetivos acumulados al cierre de 2002
1. Apoyar con capital de trabajo a
proyectos productivos:
Resultados: Número y monto
esperado: 343 (27-.5 mdp**). Número y monto logrado: 765 (67.4 mdp).
**Millones de pesos
Meta anual: 343 (27.5 mdp).
2. Apoyar con capital de riesgo a
empresas sociales:
Resultados: Número y monto
esperado: 260 (104.1 mdp) Número y monto logrado: 349 (120.5 mdp): millones de pesos.
Meta anual: 260 (104.1 mdp).
3. Constitución de microempresas:
Resultados: Número y monto
esperado: 496 (33.6 mdp). Número y monto logrado: 749 (51.9 mdp).
Meta anual: 496 (33.6 mdp).
4. Otorgar microcréditos a la
población objetivo de Fonaes:
Resultados: Número esperado:
100,000. Número logrado: 104,383.
Meta anual: 100,000.
5. Constitución y operación de
instituciones de microcrédito:
Resultados: Número y monto
esperado: 15 (18.1 mdp). Número y monto logrado: 0 (0.0 mdp).
Meta anual: 15 (18.1 mdp).
6. Constitución de Cajas
Solidarias:
Resultados: Número y monto
esperado: 50 (7.5 mdp). Número y monto logrado: 30 (4 mdp).
Meta anual: 50 (7.5 mdp).
7. Consolidación de fondos:
Resultados: Número y monto
esperado: 65 (114 mdp). Número y monto logrado: 15 (75.3 mdp).
Meta anual: 65 (114 mdp).
8. Acciones para la formación y el
desarrollo empresarial:
Resultados: Acciones y monto
esperado: 6,669 (91.4 mdp). Acciones y monto logrado: 17,256 (107.3 mdp).
Meta anual: 6,669 (91.4 mdp).
9. Apoyar a empresas
comercializadoras:
Resultados: Número y monto
esperado: 240 (81.7 mdp). Número y monto logrado: 289 (63.8 mdp).
Meta anual: 240 (81.7 mdp).
10. Acciones de estímulo y apoyo a
la comercialización:
Resultados: Acciones y monto
esperado: 8,326 (43.4 mdp). Acciones y monto logrado: 7,986 (27.8 mdp).
Meta anual: 8,326 (43.4 mdp).
11. Apoyar proyectos productivos de
mujeres:
Resultados: Número y monto
esperado: 199 (19.9 mdp). Número y monto logrado: 399 (31.3 mdp).
Meta anual: 199 (19.9 mdp).
12. Apoyar la constitución de la
Federación de cajas solidarias: Resultados: Monto y número esperado: 32.5 mdp (1). Monto
y número logrado: 30.4 mdp (0).
Meta anual: 32.5 mdp (1).
2. Fondo de microfinanciamiento a mujeres rurales.
Indicadores de
resultados.
1. Nombre del indicador: Cobertura
del programa.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Cobertura
esperada: 100 por ciento, cobertura obtenida: 102 por ciento.
2. Nombre del indicador: Porcentaje
de recuperación de la cartera.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del indicador:
Recuperación esperada: 96 por ciento. Recuperación observada: 100 por ciento.
3. Nombre del indicador: Avance de
créditos otorgados.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Tasa
esperada 100 por ciento. Tasa observada: 102 por ciento.
4. Nombre del indicador:
Capacitación.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Porcentaje
esperado 100 por ciento. Porcentaje observado: 125 por ciento.
Metas y objetivos acumulados al
cierre de 2002.
1. Capacitación:
Resultado: Cursos esperados 6.
Cursos logrados: 5.
2. Mujeres beneficiarias:
Resultado:
Primer Ciclo: Esperado 24,000.
Logrado: 42,508.
Segundo Ciclo: Esperado: 35,502.
Logrado: 48,329.
Tercer Ciclo: Esperado: 55,011.
Logrado: 44,807.
Cuarto Ciclo: Esperado: 33,012.
Logrado: 14,380.
Explicación sobre la diferencia
entre la meta esperada y la lograda: Para el tercer y cuarto ciclo no se cumplió con la
meta programada, debido a que algunos organismos intermediarios no enviaron su
documentación comprobatoria completa.
3. Créditos otorgados:
Resultado: Créditos esperados:
147,525. Créditos otorgados: 150,024.
3. Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario.
Indicadores de
resultados.
1. Nombre del indicador: Cobertura
del programa.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Porcentaje
esperado de avance en el número de beneficiarios atendidos: 100 por ciento de lo
programado. Porcentaje observado: 81.7 por ciento.
Explicación sobre la diferencia
entre la meta esperada y la lograda: Con base en el numeral 4.5.2 de las reglas de
operación causaron baja dos microfinancieras, afectando el numero de beneficiarios por
atender, presentando una desviación del 18.3 por ciento con respecto a la meta
programada.
2. Nombre del indicador: Porcentaje
de recuperación de cartera.
Periodicidad: Semestral.
Resultado del Indicador: Porcentaje
esperado de cartera recuperada: 100 por ciento de lo programado. Porcentaje observado: 100
por ciento.
3. Nombre del indicador: Créditos
otorgados.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Porcentaje
esperado de créditos otorgados: 100 por ciento de lo programado. Porcentaje observado:
102 por ciento.
4. Nombre del indicador:
Capacitación.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Porcentaje
esperado de individuos capacitados: 100 por ciento respecto a lo programado. Porcentaje
observado: 77 por ciento.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: El proceso de capacitación dio inicio en
el mes de julio, por lo que se redujo el tiempo para llevar a cabo la meta programada.
5. Nombre del indicador: Monto
promedio del microcrédito otorgado a cada beneficiario.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Monto
esperado: $2,250.00 Monto observado: $4,666.00.
6. Nombre del indicador: Plazo
promedio ponderado de los microcréditos.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Plazo
promedio ponderado esperado: 180 días. Plazo observado: 171 días.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: El plazo promedio de recuperación que
establecen las reglas de operación de las microfinancieras, va en función de los ciclos
o proyectos de los usuarios finales, que les permiten tener revolvencia de los recursos en
beneficio de su estructura financiera.
7. Nombre del indicador: Plazo
promedio para otorgar el microcrédito, reportado por la microfinanciera.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Plazo
esperado: 10 días. Plazo observado: 8.8 días.
8. Nombre del indicador: Visitas de
seguimiento a las microfinancieras.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Porcentaje
de avance en el número de visitas a microfinancieras:100 por ciento de lo programado.
Porcentaje observado: 97 por ciento.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: Debido a que se ha retrasado la
disposición de algunos créditos autorizados ha existido un desfasamiento en el programa
de visitas de seguimiento.
Metas y
Objetivos Acumulados al cierre de 2002
1. Integrar al programa un total de
45 microfinancieras en el 2002.
Resultados: Número esperado de
microfinancieras: 45. Número obtenido: 46.
2. Incubación de 4 nuevas
instituciones de microfinanciamiento:
Resultados: Número esperado de
incubaciones: 4. Número logrado: 4.
3. Apoyar la apertura de 14
sucursales de microfinancieras incorporadas al programa:
Resultados: Número esperado de
sucursales: 14. Número logrado: 17.
4. Cobertura del programa:
Resultados: Número esperado de
microcréditos: 140,451. Número logrado: 114, 753.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: La desviación del 18 por ciento responde
en parte a que dos microfinancieras causaron baja conforme a lo que establece el artículo
numeral 4.5.2 de la reglas de operación.
4. Programa marcha hacia el Sur
Indicadores de
Resultados
1. Nombre del indicador: índice de
proyectos de inversión atendidos.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Número de
proyectos que se esperaba atender: 109. Número de proyectos atendidos: 120.
2. Nombre del indicador: índice de
proyectos comprometidos.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Número
esperado de proyectos: 109. Número observado de proyectos: 103.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: Proyectos previamente en cartera a quienes
se les estaba atendiendo desde hace algunos meses y que se lograron cerrar a lo largo del
año.
3. Nombre del indicador: índice de
empleos comprometidos.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Número
esperado de empleos: 45,000. Número observado de empleos: 45,197.
4. Nombre del indicador: índice de
participación por tamaño.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador:
Distribución de la atención entre empresas pequeñas medianas y grandes esperada: 10, 70
y 20 por ciento, respectivamente. Distribución obtenida: 32, 52 y 16 por ciento
respectivamente.
5. Nombre del indicador: índice de
participación por sector.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador:
Participación esperada: 85, 7.5 y 7.5 por ciento para los sectores: industria, comercio y
servicios, respectivamente. Participación observada: 95, 1 y 4 por ciento
respectivamente.
Metas y
Objetivos acumulados al cierre de 2002.
1. Indice de proyectos de
inversión atendidos:
Resultados: Número de proyectos
esperado: 109. Número de proyectos logrado: 120.
2. Indice de proyectos
comprometidos:
Resultados: Número de proyectos
esperado: 109. Número de proyectos logrado: 103.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: Proyectos previamente en cartera a quienes
se les estaba atendiendo desde hace algunos meses y que se lograron cerrar a lo largo del
año.
3. Indice de empleos comprometidos:
Resultados: Número de empleos
esperado: 45,000. Número de empleos logrado: 45,197.
4. Indice de participación por
tamaño:
Resultados: Proporción esperada:
Pequeña 10, Mediana 70 y Grande 20. Proporción lograda: Pequeña 32, Mediana 52 y Grande
16.
5. Indice de participación por
sector industrial:
Resultados: Proporción esperada:
Industriales 85, Comerciales 7.5 y Servicios 7.5. Proporción lograda:, Industriales 95,
Comerciales 1 y Servicios 4.
5 Fondo de Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas
Indicador de
resultados
1. Nombre del indicador: índice de
proyectos apoyados.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Porcentaje
esperado de empresas atendidas: 100 por ciento. Resultado obtenido: 168.0 por ciento.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: En el marco del FAMPYME 2002, al mes de
diciembre se firmaron convenios de coordinación con 31 entidades federativas y el
Distrito Federal, así como 31 convenios de colaboración con diversas instituciones
académicas y cámaras empresariales, mediante los cuales se ha comprometido el apoyo a
420 proyectos que beneficiarán a las PYME con acciones de capacitación, asesoría y
consultoría básica especializada, elaboración de metodologías para brindar
capacitación, y consultoría. Así como para la formación y especialización de
capacitadores y consultores especialistas en atención a las PYME.
Metas y
Objetivos acumulados al cierre de 2002.
1. Apoyar proyectos de
capacitación, consultoría básica y especializada, formación de capacitadores,
consultores y elaboración y desarrollo de programas y metodologías a fin de incrementar
la competitividad de las MPYME:
Resultados: Número de proyectos
esperado: 250. Número de proyectos logrado: 420.
6. Red CETRO-CRECE.
Indicadores de
resultados.
Indicadores de evaluación.
1. Nombre del indicador: Indice de
empresas atendidas
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Número
esperado de empresas atendidas: 10,280. Número observado: 10,256.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: La variación del indicador se debe que la
economía del país se encuentra en fase de recuperación, lo que ha ocasionado que las
empresas pospongan los servicios de consultoría en sus decisiones de inversión de corto
plazo.
2. Nombre del indicador: Indice de
capacitación empresarial.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Se
esperaba capacitar a 26,000 personas. Se capacitó a 33,305.
3. Nombre del indicador: Indice de
vinculación financiera
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Indice
esperado: 1,010. índice observado: 1,609.
4. Nombre del indicador: Indice de
vinculación a la consultoría externa.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Indice
esperado: 1,100. índice obtenido: 1,673.
5. Nombre del indicador: Indice de
empleos conservados.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del indicador: Empleos
conservados: 41,408.
6. Nombre del indicador: Indice de
empleos generados.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Empleos
generados: 2,486.
Indicadores de
gestión.
1. Nombre del indicador: Indice de
empresas atendidas.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Universo
de empresas: 100 por ciento. Empresas atendidas: 1.86 por ciento.
2. Nombre del indicador: Indice de
participación por tamaño.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Micro
Empresa 88 por ciento, Pequeña Empresa 9 por ciento y Mediana Empresa 3 por ciento.
3. Nombre del indicador: Indice de
participación por sector
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Industria
31 por ciento, Comercio 38 por ciento, Servicios 31 por ciento.
4. Nombre del indicador: Indice de
casos de éxito.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: 93 por
ciento de efectividad en casos de éxito. 7 por ciento de casos terminados en el año.
5. Nombre del indicador: Indice de
satisfacción de clientes.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: De acuerdo
con la más reciente encuesta de satisfacción del cliente, el 85 por ciento de las
empresas atendidas en consultoría y el 90 por ciento de capacitación, están satisfechos
con el servicio recibido.
6. Nombre del indicador: Indice de
incremento en casos resueltos.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: 34 por
ciento de incremento en casos de éxito en relación con el mismo periodo del año
anterior.
7. Nombre del indicador: Indice de
participación de los ingresos propios, con respecto al gasto de operación.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Porcentaje
de participación: 17 por ciento.
8. Nombre del indicador: Indice de
incremento en los ingresos propios, con respecto al año anterior.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador:
Incremento: 41 por ciento con respecto al año anterior.
9. Nombre del indicador: Indice de
incremento en ventas en casos de éxito.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador:
Variación: 36 por ciento.
10. Nombre del indicador: Indice de
costo-beneficio.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: $27.4.
11. Nombre del indicador Indice de
casos de éxito por consultor.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador:
Casos resueltos por consultor: 23
en el año.
12. Nombre del indicador: Indice de
consultores certificados.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador:
Consultores certificados: 281.
Metas y
objetivos acumulados al cierre de 2002.
1. Captación de empresas:
Resultados: Número de empresas
esperado: 10,280. Número de empresas logrado: 10,256.
Explicación sobre los avances
esperados y los obtenidos: La variación del indicador se debe a la fase de recuperación
de la actividad económica, lo que ha ocasionado que las empresas pospongan los servicios
de consultoría en sus decisiones de inversión de corto plazo.
2. Capacitación de empresarios:
Resultados: Número de empresarios
esperado: 26,000. Número de empresarios logrado: 33,305.
3. Ingresos:
Resultados: Monto esperado:
$50,000,000. Monto logrado: $47,460,000.
Explicación sobre los avances
esperados y los obtenidos: La variación es resultado de la contracción del mercado. De
igual forma en el caso de algunos gobiernos estatales y Municipales con los que se tenían
comprometidos recursos por concepto de complemento del pago de tarifas de servicios que ya
han sido brindados a empresas de su interés, quedaron pendientes de cobro, lo cual fue un
factor importante para no lograr el objetivo de la recuperación de costos.
7. Programa de centros de distribución en Estados
Unidos.
Indicadores de
evaluación.
1. Nombre del indicador: Empresas
atendidas.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Número de
empresas atendidas esperado: 350. Número observado: 93.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: Derivado de la operación de los centros
instalados durante el 2001 en Estados Unidos (Santa Ana, Dallas y Nueva York), fue posible
incorporar 93 empresas a la exportación. Otras 223 se encuentran en proceso de consolidar
exportaciones. Derivado de la redefinición de este programa y a la consecuente
modificación de sus reglas de operación en el último trimestre del 2002, durante el
primer trimestre del 2003 entrarán en operación centros de distribución en Guatemala y
Estados Unidos, uno para comercializar muebles en Dallas y otro que se especializa en la
distribución de atún, con esto se espera alcanzar la meta programada para el 2002, en el
primer trimestre de 2003.
2. Nombre del indicador:
Rentabilidad del proyecto.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Porcentaje
de exportaciones esperado: 1.00 por ciento. Porcentaje observado: 340 por ciento.
3. Nombre del indicador:
Generación de empleos.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Número de
empleos esperado: 1,500. Observado: 2, 318.
4. Nombre del indicador: Empresas o
estados apoyados.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Número de
empresas o estados apoyados esperado: 64. Observado: 93.
5. Nombre del indicador: Promoción
nacional e internacional.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Número de
acciones de promoción esperado: 4. Observado: 7.
6. Nombre del indicador: Contactos
comerciales.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Número de
contactos comerciales esperado: 980. Observado: 316.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: En virtud de que se firmaron convenios
para la instalación de 3 centros de distribución en el mes de diciembre, se espera
llegar a la meta programada para el 2002 durante el primer trimestre de 2003.
7. Nombre del indicador:
Capacitación empresarial.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Número de
acciones de capacitación esperado: 4. Observado: 3.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: Se han canalizado a los centros Pymexporta
las empresas con necesidades de capacitación. En el marco de la Cumbre de Sonora que
realizó el Centro de Distribución de Santa Ana, California, se dio un curso de
capacitación de comercio con Estados Unidos a 81 empresas del estado.
Metas y
objetivos acumulados al cierre de 2002.
1. Empresas atendidas:
Resultados: Número de empresas
esperado: 350. Número de empresas logrado: 93.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: Derivado de la operación de los centros
instalados durante el 2001 en Estados Unidos (Santa Ana, Dallas y Nueva York), fue posible
incorporar 93 empresas a la exportación. Otras 223 se encuentran en proceso de consolidar
exportaciones. Derivado de la redefinición de este programa y a la consecuente
modificación de sus reglas de operación en el último trimestre del 2002, durante el
primer trimestre del 2003 entrarán en operación centros de distribución en Guatemala y
Estados Unidos, uno para comercializar muebles en Dallas y otro que se especializa en la
distribución de atún, con esto se espera alcanzar la meta programada para el 2002, en el
primer trimestre de 2003.
2. Centros de distribución
instalados:
Resultados: Número de centros
instalados esperado: 8. Número logrado: 6.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: No se alcanzó la meta en este periodo, en
virtud de que se firmaron convenios para la instalación de solamente 3 centros de
distribución en el mes de diciembre, esto derivado de la redefinición del programa y la
consecuente modificación de sus reglas de operación en el último trimestre de 2002.
Sumados a los 3 centros existentes en Estados Unidos, se cuenta actualmente con 6 centros
de distribución, logrando un avance del 75 por ciento.
8. Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas
Productivas (Fidecap).
Indicadores de
resultados.
1. Nombre del indicador: Indice de
proyectos apoyados.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Indice
esperado: 0.04. Indice obtenido: 1.25.
2. Nombre del indicador: Indice de
complementariedad.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Indice
esperado: 0.55. Indice obtenido: 0.25.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: Entre menor sea el valor del índice
obtenido con respecto a la meta es mejor porque ello indica que se están consiguiendo
recursos de los gobiernos estatales y municipales, así como del sector privado para
detonar los proyectos apoyados.
3. Nombre del indicador: Indice de
asignación de recursos por organismo intermedio.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Indice
esperado con gobiernos estatales y municipales y con otros organismos públicos o
privados: 0.95 y 0.05, respectivamente. Indice obtenido: 0.89 y 0.11, respectivamente.
4. Nombre del indicador: Indice de
proyectos apoyados por línea de apoyo.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Indice
esperado en “proyectos productivos”: 0.40. Indice obtenido: 0.29. Indice
esperado en infraestructura industrial, comercial o de servicios: 0.40. Indice obtenido:
0.27. Indice esperado en “centros de atención empresarial”: 0.10. Indice
obtenido: 0.22. Indice esperado en “Elaboración de estudios”: 0.05. índice
obtenido: 0.17. Indice esperado en “bancos de información”: 0.05 Indice
obtenido: 0.00.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: Las variaciones se deben a que los
programas apoyados responden a la demanda presentada por los organismos intermedios. La
desviación en el caso de los centros de atención empresarial obedece a los apoyos
otorgados a proyectos que se enmarcan dentro del programa de la Secretaría de Economía
para instalar centros de vinculación empresarial y establecer sistemas de apertura
rápida de empresas.
Metas y
objetivos acumulados al cierre de 2002
1. Apoyo de proyectos relacionados
con la integración de cadenas productivas:
Resultados: Avance esperado: 18
proyectos, 236.2 millones de pesos. Avance logrado: 276 proyectos, 214.7 millones de
pesos.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: Las desviaciones registradas se deben a
que la firma de convenios sufrió retrasos sobre lo programado.
9. Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento de
las Micro, Pequeña y Mediana Empresas (FOAFI)
Indicadores de
resultados.
1. Nombre del indicador: Indice de
fondos de garantía constituidos.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Indice
esperado: 1.0. Obtenido: 4.75.
2. Nombre del indicador:
Indice de empresas atendidas.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Indice
esperado: 1.0. Obtenido: 21.90.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: Esto resulta por que en el cuarto
trimestre de 2002 se atendieron a 3,930 empresas y lo programado eran 50 empresas
atendidas. En lo que respecta de enero a diciembre de 2002 se atendieron 4,379 empresas y
lo programado eran 200 empresas.
3. Nombre del indicador: índice de
proyectos apoyados por línea de apoyo.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Indice
esperado en Fondos de Garantía: 0.5. Obtenido: 0.96. Indice esperado en Planes de
Negocio: 0.5. Obtenido: 0.04.
4. Nombre del indicador: Factor de
multiplicación del recurso.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Indice
esperado: 2.0. Obtenido: 2.17.
5. Nombre del indicador: Impacto
del programa de garantía.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Indice
esperado: 1.0. índice obtenido: 2.14.
6. Nombre del indicador:
Financiamiento por tipo de institución.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Indice
esperado: 0.5. Obtenido: 1.0.
7.Nombre del indicador: Planes de
negocios atendidos.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Indice
esperado: 0.5. Obtenido: 0.4.
8. Nombre del indicador:
Presupuesto ejercido.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Indice
esperado: 1.0. Obtenido: 0.97.
9. Nombre del indicador: Eficiencia
del fondo.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Indice
esperado: 1.0. Obtenido: 0.79
10. Nombre del indicador: Empresas
beneficiadas.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Indice
esperado: 1.0. Obtenido: 0.79.
Metas y
objetivos acumulados al cierre de 2002
1. Conformación de fondos de
garantía:
Resultados: Avance esperado: 4
fondos. Avance logrado: 19 fondos.
2. Beneficiar a empresas en el
acceso al financiamiento:
Resultados: Avance esperado: 200
empresas (100 mdp**). Avance logrado: 3,641 empresas (145 mdp).
** Millones de pesos.
10. Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI)
Indicadores de
Evaluación.
1. Nombre del indicador:
Recuperación de Cartera.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador:
Recuperación Esperada: 1,763 millones de pesos.
Obtenida: 1,803 millones de pesos.
2. Nombre del indicador:
Colocación de descuentos de crédito.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador:
Colocación esperada: 2,000 millones de pesos.
Colocación obtenida: 2,000
millones de pesos.
3. Nombre del indicador: Empleo
generado.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Número
esperado de empleos generados: 1,029.
Número obtenido: 6,025.
4. Nombre del indicador: Empresas
apoyadas.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Número
esperado de empresas apoyadas: 384.
Número obtenido de empresas
apoyadas: 283.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: Se logró el 74 por ciento de la meta
anual, derivado de que se atendieron a menos empresas de las que estaban programadas, en
virtud de que por diversas razones no operaron los Fondos de Fomento Estatal.
5. Nombre del indicador: Programas
de difusión.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Número de
programas de difusión esperados: 12.
Obtenidos: 35.
6. Nombre del indicador: Asistencia
técnica por empresa.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Empresas
apoyadas esperadas: 200. Obtenidas: 724.
7. Nombre del indicador:
Capacitación por empresa.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Esperadas:
530. Realizadas: 2,523.
Indicadores de
gestión
1. Nombre del indicador: Tiempo de
respuesta en descuento automático.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Tiempo
esperado: 24 horas. Tiempo de respuesta observado: 24 horas.
2. Nombre del indicador: Tiempo de
respuesta en descuento facultativo con intermediarios bancarios y empresas del grupo
financiero bancario.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Tiempo de
respuesta esperado: 7 días hábiles. Tiempo de respuesta observado: 7 días hábiles.
3. Nombre del indicador: Tiempo de
respuesta en línea de descuento con intermediarios no bancarios.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Tiempo de
respuesta esperado: 15 días hábiles.
Tiempo de respuesta observado: No
disponible.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: Aún no se cuenta con líneas de descuento
con Intermediarios Financieros No Bancarios.
4. Nombre del indicador: Importe
descontado con intermediarios financieros bancarios y no bancarios.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Importe
esperado: 1,930 millones. Importe observado: 1,933 millones.
5. Nombre del indicador: Importe
derramado, créditos directos.
Periodicidad: Trimestral.
Resultado del Indicador: Importe
esperado: 70 millones de pesos.
Importe obtenido: 67 millones de
pesos.
Explicación sobre la diferencia
entre los resultados esperados y los obtenidos: Se logró un 96 por ciento de la meta,
derivado de que el trámite de la ampliación del presupuesto se alargó más de los que
se tenía planeado, dejando de operar por espacio de un mes.
Metas y
objetivos acumulados al cierre de 2002
1. Recuperación de cartera:
Resultados: Monto esperado: 1,763
millones de pesos.
Monto logrado: 1,803 millones de
pesos.
2. Colocación de descuentos de
crédito:
Resultados: Monto esperado: 2,000
millones de pesos.
Monto logrado: 2,000 millones de
pesos.
3. Empresas apoyadas:
Resultados: Número de empresas
esperado: 730. Número de empresas logrado: 3,247.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a las comisiones de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de
Diputados.
PROGRAMA DE DESARROLLOINSTITUCIONAL AMBIENTAL
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
Se recibió en esta Secretaría el
oficio No. DGEP/022/ 2003, signado por la Lic. Ana Silvia Arrocha, directora general de
Enlace Parlamentario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el que
solicita que por este conducto se les haga llegar el informe trimestral del avance
físico-financiero del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental PDIA, por lo
anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño copia del
documento de referencia, así como la información que en el mismo se menciona, para los
fines procedentes.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 27 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Lic. Mario Humberto Aguilar
Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.— Secretaría de Gobernación.—
Presente
Con fundamento a lo establecido en
el artículo 63 fracción V, inciso a), del decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2002 (PEF), anexo al presente sírvase
encontrar copia del oficio DISPAIRS/01412003, de fecha 14 de enero de 2003, relativo al
informe trimestral del avance físico-financiero del Programa de Desarrollo Institucional
Ambiental (PDIA).
Lo anterior, con la atenta
solicitud de que se sirva hacer llegar dicha documentación a las instancias
correspondientes del H. Congreso de la Unión.
Sin más por el momento, aprovecho
la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 22 de enero de
2003.— Lic. Ana Silvia Arrocha (rúbrica), Directora General.»
«Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
Lic Ana Silvia Arrocha Contreras,
Directora General de Enlace Parlamentario.
Anexo al presente envío a usted el
informe trimestral del avance físico-financiero del Programa de Desarrollo Institucional
Ambiental PDIA, para que por su amable conducto se presente a la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión de conformidad con el artículo 63, fracción V, inciso a), del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002.
Aprovecho la ocasión para enviarle
un cordial saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, enero 14 de
2003.— Luis A. Bojórquez Tapia (rúbrica),
Director General.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto por
la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, con el presente les acompaño copia del similar número 84741 de fecha 17 de
diciembre último, suscrito por el C. General Gerardo Clemente Ricardo Vega García,
secretario de la Defensa Nacional, en el que comunica la designación del C. General de
División Diplomado de Estado Mayor Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, como Jefe del
Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 23 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de la Defensa Nacional.
C. Licenciado Santiago Creel
Miranda, Secretario de Gobernación.
Distinguido señor Secretario:
Me es grato dirigirme a usted para
saludarlo y al mismo tiempo hacer de su conocimiento, que por acuerdo C. Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, con fecha 16 del actual asumió el cargo de jefe del Estado
Mayor de la Defensa Nacional, el C. General de División Diplomado de Estado Mayor
Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, con número telefónico 55-57-79-04 y cuya firma
aparece al calce, en sustitución del C. General de División Diplomado de Estado Mayor
Manuel Orozco Pimentel.
Asimismo, y de conformidad con el
artículo 27 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
agradeceré a usted tenga a bien girar sus respetables instrucciones, a fin de que se
comunique el presente nombramiento a los representantes de los Poderes de la Unión.
Aprovecho la ocasión para reiterar
a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lomas de Sotelo, DF, a 17 de
diciembre del 2002.— El Secretario de la Defensa Nacional General, Gerardo Clemente Ricardo Vega García.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Recibo y túrnese a las comisiones de
Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
PEMEX
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio No. III-628
de fecha 17 de octubre de 2002, suscrito por el senador Carlos Chaurand Arzate,
vicepresidente de la Cámara de Senadores, con el presente les acompaño para los fines
que estimen procedentes, copia del similar PXR-SAD1355/2002, signado por el Ing. Cutberto
Azuara Pavón, subdirector de Almacenamiento y Distribución de Pemex-Refinación, por el
que da contestación al apartado cuarto del punto de acuerdo, relativo a la detección de
posibles fugas de hidrocarburos en sus ductos e instalaciones, promovido por el H.
Congreso del estado de Tamaulipas.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 17 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo.—
Pemex-Refinación.— Subdirección de Almacenamiento y Distribución.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
subsecretario de Enlace Legislativo Secretaría de Gobernación.
Me refiero a su atento oficio
SELI300/970/02, dirigido al Ing. Raúl Muñoz Leos, director general de Petróleos
Mexicanos, con el que remite los puntos de acuerdo aprobados en la sesión del 17 de
octubre de 2002, de la Cámara de Diputados.
Al respecto, con relación al
cuarto punto, que a la letra dice: “Se exhorta a Petróleos Mexicanos a extremar sus
sistemas de detección de posibles fugas de hidrocarburos en sus ductos e instalaciones, y
las haga del conocimiento a las autoridades federales correspondientes en caso de presumir
del delito de robo o de venta clandestina de combustibles”, me permito comentar:
Pemex-Refinación, por conducto de
esta Subdirección a mi cargo, invariablemente verifica mediante los sistemas de medición
instalados en la Red Nacional de ductos las bajas de presión que se presentan e investiga
el motivo de las mismas, aunado a lo cual, cuando se detecta una toma clandestina se
reporta a las autoridades competentes.
Asimismo, con objeto de extremar
los sistemas de detección de posibles fugas de hidrocarburos o de tomas clandestinas, la
Subdirección de Almacenamiento y Distribución ha propuesto la instalación de un sistema
de control supervisorio y de adquisición de datos, denominado Scada, el cual ofrece las
siguientes ventajas:
1. Detección y atención de fugas
por fallas o actos ilícitos.
2. Incremento en la seguridad y
disminución de costos por contingencias.
3. Centralización de información
operativa en tiempo real.
4. Disminución de los riesgos de
impacto a la población y al ambiente.
5. Disminución en los costos de
operación.
6. Supervisión y control
automático de la operación.
7. Control integral de la medición
para transferencia de custodia y disminución de interfaces.
La implementación del sistema en
comento, consta de 40 poliductos y 8 oleoductos, los cuales se integran por un total de
11,110 kilómetros , lo que implicará, en caso de ser aprobado, una inversión del orden
de USD........................ $ 524’180,000.00 (Quinientos veinticuatro millones
ciento ochenta mil dólares de Estados Unidos de América).
Sin otro particular, reciba un
cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 12 de diciembre de
2002.— Subdirector ingeniero Cutberto Azuara
Pavón, elaboró ingeniero Tomás Luna García.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Remítase a la Cámara de Senadores.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio No. III-785,
suscrito por el C. Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Senadores, de fecha 3 de diciembre último, con el presente les acompaño, para
los fines que estimen procedentes, copia del similar No. GPDC-SEP-052/2003, signado por el
C. Ing. Gustavo Sánchez Gutiérrez, subgerente de Estrategia de Precios de Petróleos
Mexicanos-Refinación, por el que da contestación al punto de acuerdo referente a la
implantación de mecanismos para homologar los precios de la gasolina y el diesel en la
ciudad de Chetumal, Quintana Roo, promovido por el Sen. Eduardo Ovando Martínez.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 23 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Pemex-Refinación.— Gerencia
de Políticas y Desarrollo Comercial.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado,
Subsecretario de Enlace Legislativo.— Secretaría de Gobernación.— Presente.
Asunto: Solicitud de homologación
de precios de gasolinas en la frontera sur.
En atención a su comunicado
SEU30011597/02 del 5 de diciembre del presente, enviado al director general de Petróleos
Mexicanos, me permito informarle que mediante el comunicado 102-K-01.01, del 24 de
diciembre del presente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizó a
Petróleos Mexicanos y a sus organismos subsidiarios para que aplique, a partir del martes
31 de diciembre del 2002, la política de precios para la gasolina Pemex Magna (MR) que se
expende en las estaciones de servicio ubicadas en el municipio de Othón P. Blanco,
Quintana Roo, en la que se homologa el precio de dicho producto con la gasolina regular de
87 octanos que se comercializa en la zona libre de Belice.
Sin más sobre el particular, quedo
de usted.
Atentamente.
México, DF, a 16 de enero de
2003.— Ing. Gustavo Sánchez Gutiérrez,
Subgerente de Estrategia de Precios.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Remítase a la Cámara de Senadores.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión.—Presentes.
En atención al oficio No. I-379,
de fecha 25 de abril de 2001, suscrito por el Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente de
la Mesa Directiva, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes,
copia del similar SASIPA-0901/2002, signado por el Ing. Daniel Gómez Bilbao, subdirector
de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental de Pemex-Refinación, por el
que da contestación al punto de acuerdo sobre el derramamiento de petróleo crudo en el
municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas, en el estado de Veracruz, ocurrido el 17 de
abril de 2001.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 23 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Sr. Sergio Orozco Aceves,
director general de Gobierno, Dirección de Coordinación Política con los poderes de la
Unión.— Presente.
Con base a su comunicación 937,
mediante la cual nos envía copia de oficio I-379 suscrita por el Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, y con
respecto al derrame ocurrido en el Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas, en el
Estado de Veracruz el pasado 17 de abril de 2001, informo a usted que a la fecha se
continúa con los trabajos de remediación de suelos, cuyo avance es ya de un 95%.
Asimismo le informo que en forma precisa y oportuna, se ha dado aviso periódicamente de
los avances al Municipio, a la Comisión Nacional del Agua y a la Profepa.
El documento enviado por el senador
Jackson (anexo), establece un punto de acuerdo con siete numerales; sobre los cuales, hago
los siguientes comentarios:
Primero. Sobre la actuación de la
PGR. No es responsabilidad de Pemex-Refinación
Segundo. Sobre la contratación de
una empresa independiente. Pemex-Refinación contrató a la Universidad Veracruzana para
dar seguimiento a las medidas de restauración ambiental conducentes.
Tercero. Sobre las sanciones de
Profepa. No es responsabilidad de Petróleos Mexicanos.
Cuarto. Sobre la actuación de la
CNA. Se está cumpliendo, la Comisión Nacional del Agua interviene directamente en este
asunto.
Quinto. Sobre la transferencia de
la fianza al Municipio de Nanchital. Es opinión de Pemex-Refinación que este punto de
acuerdo no es procedente.
Sexto. Sobre reuniones y programas
de Sener-Pemex-Semarnat y otros. Las reuniones se llevarán a cabo una vez concluido el
estudio de riesgo.
Séptimo. Sobre el Estudio de
Riesgo. Se está llevando a cabo el estudio de riesgo correspondiente, el cual finalizará
en diciembre de 2002.
Atentamente.
México, DF, a 9 de diciembre de
2002.— Ing. Daniel Gómez Bilbao,
Subdirector.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Remítase a la Cámara de Senadores.
CAMARA
DE DIPUTADOS
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión.—Presentes.
En atención al oficio No.
D.G.P.L.58-II-1-832, suscrito por los CC. secretarios de la Cámara de Diputados, de fecha
29 de abril de 2002, con el presente les acompaño, para los fines que estimen
procedentes, copia del similar No. STPCE/436/2002, signado por el C. Lic. Gerónimo
Gutiérrez Fernández, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la
Secretaría de Economía, por el que da contestación al punto de acuerdo referente a la
importación de bienes destinados a personas con discapacidad, promovido por la Dip.
Esveida Bravo Martínez.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 21 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.
Lic. Humberto Aguilar Coronado,
subsecretario de Enlace Legislativo.— Secretaría de Gobernación.— Presente.
Por instrucciones del Secretario de
Economía, Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, con fundamento en el artículo 8o., fracción
X del Reglamento Interior de esta dependencia y en respuesta al oficio No. DGG1211/1532/02
de fecha 30 de abril de 2002, por medio del cual nos comunica que los CC. Diputados
Adrián Rivera Pérez y Martha Silvia Sánchez González, Secretarios de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, manifiestan la aprobación del punto de acuerdo en
el que en su resolutivo señala “Exhórtese a la Secretaría de Economía a tomar en
consideración las opiniones vertidas en el cuerpo de este punto de acuerdo motivo del
presente dictamen, en el desarrollo de la mesa de trabajo de simplificación de
importación de bienes destinados a personas con discapacidad”, me permito solicitar
haga del conocimiento de esa soberanía lo siguiente:
1. El Ejecutivo Federal publicó en
el Diario Oficial de la Federación de fecha 13
de febrero de 2001, el acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional Consultivo de las
Personas con Discapacidad, como un órgano de consulta e instancia de coordinación para
las políticas, estrategias y acciones en materia de discapacidad, dicho Consejo acordó
la conformación de la Subcomisión de Economía, la cual ha conseguido:
• Establecer una regla
mediante la cual no se obliga a la persona con discapacidad a viajar forzosamente a bordo
del vehículo importado al momento de conducirlo de la frontera al lugar de origen,
mediante la publicación en el Diario Oficial de
la Federación de fecha 1o. de marzo de 2002, de la vigesimasexta resolución de
modificaciones a la resolución Miscelánea de Comercio Exterior para 2000 y sus anexos 1,
2, 4, 6, 13, 18, 21 y 22 (anexo)
• Dictaminar favorablemente
las solicitudes de permiso previo, que otorga la Secretaría de Economía, para la
importación de vehículos de procedencia extranjera para el uso o transporte de personas
con discapacidad en los casos de robo, pérdida o defecto de vehículo (mediante un
acuerdo tomado en fecha 12 de noviembre de 2001 con la Dirección General de Industria de
esta Dependencia), aunque no se cumpla el plazo de cuatro años para iniciar un nuevo
trámite de importación, establecido en el criterio del ultimo párrafo del dictamen del
Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios para opinar y dictaminar sobre permisos
de importación de vehículos especiales, publicado el 31 de marzo de 2001.
• Incluir la participación de
la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana
(CAAAREM), para dar orientación en trámites y proporcionar el servicio correspondiente a
costos menores.
• Reducir el plazo de
autorización del permiso de importación definitiva de vehículos especiales, expedido
por la Secretaría de Economía de 10 a 3 días hábiles para respuesta.
• Reducir el plazo del
trámite correspondiente a la exención del impuesto al comercio exterior, otorgado por la
Administración General Jurídica de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público de 15 a 3 días hábiles.
• Simplificar el trámite
administrativo del Impuesto General de Importación.
2. Actualmente, la mesa de trabajo
intersecretarial paró la importación de artículos para personas con discapacidad, en la
que participan la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y la Oficina de la Presidencia, que depende de la Subcomisión de Economía, tiene el
compromiso para:
• Establecer nuevos criterios
para dictaminar y opinar sobre permisos de importación de vehículos especiales.
• Implementar la presentación
de permisos de importación vía Internet.
• Emitir folletos que
describan los trámites para adquirir vehículos de procedencia extranjera equipados para
el uso de discapacitados.
• Establecer una lista de
artículos para personas con discapacidad con bajo arancel de importación, entre los que
se encuentran sillas de ruedas, implementos auditivos y para escritura en Braille, entre
otros.
• Instrumentar un programa de
fomento a la industrialización de productos para personas con discapacidad que cumplan
con las Normas de Calidad reconocidas internacionalmente.
Sin otro particular, le reitero la
seguridad de mi más distinguida consideración.
Atentamente.
México, DF, a 17 de diciembre de
2003.— El Secretario Técnico licenciado Jerónimo
Gutiérrez Fernández.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Remítase copia al promovente para su
conocimiento.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio número
D.G.P.L.58-II-2-829, de fecha 30 de abril de 2002, suscrito por los CC. secretarios de la
Cámara de Diputados, con el presente les acompaño copia del similar STPCE/477/2002,
signado por el Lic. Gerónimo Gutiérrez Fernández, secretario técnico de Planeación,
Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, con el que da contestación al
apartado segundo del punto de acuerdo relativo al impacto del TLCAN en la venta de
productos farmacéuticos al sector público, promovido por el Dip. Pedro Miguel Rosaldo
Salazar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 21 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.
Lic. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo.— Secretaría de Gobernación.— Presente.
Por instrucciones del Secretario de
Economía, Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, con fundamento en el artículo 8o., fracción
X del Reglamento Interior de esta dependencia y en respuesta al oficio No. DGGl/11/1562/02
de fecha 3 de mayo de 2002, por medio del cual nos comunica de la aprobación por parte de
la Cámara de Diputados del Punto de Acuerdo sobre el impacto del TLCAN en la venta de
productos farmacéuticos al sector público, que en el apartado segundo señala “que
la Secretaría de Economía verifique el ámbito de aplicación en esta materia de los
artículos 1001 al 1007 del TLCAN, en lo referente a compras y arrendamientos de entidades
gubernamentales, y establecer las reservas y negociaciones que sean pertinentes, para
eximir; o en su caso prorrogar la entrada en vigor de lo dispuesto en el numeral seis del
anexo 1001 2 a, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, me permito
solicitar haga del conocimiento de esa Soberanía lo siguiente:
• El Capítulo X del TLCAN
correspondiente a compras del sector público no establece limitaciones para que
participen en el mercado de compras del sector público mexicano los laboratorios
farmacéuticos transnacionales.
• La práctica de limitar la
participación a laboratorios farmacéuticos transnacionales en el mercado del sector
público mexicano, significaría restringir la venta de medicamentos por parte de
laboratorios transnacionales cuya inversión e instalación en México podría haber
obedecido al interés de participar en el mercado de compras del sector público con
productos hechos en el país y con un contenido nacional igual o mayor al que establece el
artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
para poder participar en licitaciones de carácter nacional o internacional,
• Es preciso señalar que el
artículo 1022 párrafo tercero del TLCAN, establece que el anexo correspondiente a los
mecanismos de transición para México en el que se encuentra la reserva transitoria para
medicamentos no patentados que adquiera el sector salud, sólo podrá tener modificaciones
exclusivamente de formas y enmiendas menores.
• El espíritu del artículo
1024 “Negociaciones Futuras” del TLCAN se refiere al objetivo de buscar ampliar
la cobertura del Capítulo de Compras del Sector Público, mas no a restringirlo o no dar
cumplimiento estricto a los mecanismos de transición establecidos en él.
• La conclusión de la reserva
transitoria de medicamentos no patentados concluye en la misma fecha para los productos
originarios de EUA y Canadá (TLCAN), Colombia, Venezuela, Bolivia y Nicaragua; por lo que
a partir del 1o. de enero del 2002, además de los productos provenientes de EUA y
Canadá, también tienen la posibilidad de participar en las licitaciones que lleva a cabo
México, productos provenientes de los países anteriormente mencionados en la medida que
su reserva transitoria también concluyó.
• Todos los tratados de libre
comercio que cuentan con disciplinas en materia de compras del sector público, México ha
incorporado, en acuerdo entre el Gobierno Federal y el sector empresarial, y aprobado por
el Senado de la República, una reserva transitoria para medicamentos no patentados, la
cual consiste en la no aplicación de las obligaciones de los capítulos de Compras
Gubernamentales durante ocho años en el caso del TLCAN, para la adquisición de estos
productos que realicen las Secretarías de Salud, Defensa Nacional y Marina, así como el
Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado.
• Finalmente, le informo que
se encuentran avanzados los trabajos entre el Ejecutivo Federal y la industria
farmacéutica nacional para el establecimiento de criterios aplicables a las compras de
gobierno que permitan maximizar el uso de las reservas aún vigentes en el TLCAN y otros
tratados de libre comercio.
Sin otro particular, le reitero la
seguridad de mi más distinguida consideración.
Atentamente.
México, DF, a 17 de diciembre de
2002,— El Secretario Técnico, Lic. Jerónimo
Gutiérrez Fernández.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Remítase copia al promovente para su
conocimiento.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención a su oficio número
D.G.P.L. 58-II-4-918 de fecha 30 de abril próximo pasado, con el presente les acompaño
para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. DG/002/03, signado por el
Lic. Manuel Gómez Morín Martínez del Río, director general de Radio, Televisión y
Cinematografía de esta Secretaría, con el que acompaña el informe detallado y
fundamentado de las sanciones, observaciones y extrañamientos aplicados a los
concesionarios por posibles infracciones a la Ley Federal de Radio y Televisión,
correspondiente al mes de diciembre de 2002.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 22 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Lic. Gonzalo Altamirano Dimas,
Titular de la Unidad de Gobierno.— Presente.
Me refiero al oficio
DGG/211/1596/02 enviado el 3 de diciembre próximo pasado, por la Dirección General ahora
Unidad de Gobierno, mediante el cual se hizo del conocimiento de esta dependencia de los
puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión en sesión celebrada el 25 de abril del año en curso.
Con objeto de dar cumplimiento al
tercero de los puntos de acuerdo antes mencionados, con el presente remito a usted informe
detallado y fundamentado de las sanciones, observaciones y extrañamientos aplicados a los
concesionarios por posibles infracciones a la Ley Federal de Radio y Televisión,
correspondiente al mes de diciembre de 2002.
Reitero a usted, la seguridad de mi
consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 7 de enero de
2003.— Lic. Manuel Gómez Morín Martínez del
Río, Director General.»
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
C. Dip. Beatriz Paredes.—
Presente.
En atención a su escrito de fecha
21 de noviembre último, con el presente le acompaño para los fines que estime
procedentes, el similar No. DGF/233/02 de fecha 30 de diciembre último; signado por el C.
Lic. Hugo C. González Gutiérrez, director general del Fondo de Desastres Naturales de la
Coordinación General de Protección Civil de esta Secretaría, que contiene información
sobre las razones por las que no se incluyó en la Declaratoria de Desastre Natural a los
municipios de Talpa de Allende, Mascota y San Sebastián del Oeste del estado de Jalisco.
Sin más por el momento, le reitero
la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 22 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado,
Subsecretario de Enlace Legislativo.— Presente.
Por instrucciones de la Lic. María
del Carmen Segura Rangel, coordinadora general de Protección Civil, me permito enviarle
el escrito de contestación al oficio enviado por la diputada federal Beatriz Paredes,
Presidenta de la H. Cámara de Diputados, mediante el cual solicita información referente
a las razones por las que no se incluyeron en la Declaratoria de Desastre Natural
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 31 de
octubre de 2002, a los municipios de Talpa de Allende, Mascota y San Sebastián del Oeste
del estado de Jalisco.
Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 16, fracción VI, del Reglamento Interior de esta Secretaría.
Sin otro particular, le reitero las
seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
México, DF, a 31 de diciembre de
2002.— Lic. Hugo C. González Gutiérrez
(rúbrica), Director General.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Dip. Fed. Beatriz Paredes,
Presidenta de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.— Presente.
Me refiero a atento oficio sin
número de fecha 21 de noviembre del presente, dirigido al titular de esta Secretaría,
mediante el cual solicita información referente a las razones por las que no se
incluyeron en la Declaratoria de Desastre Natural publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 31
de octubre de 2002, a los municipios de Talpa de Allende, Mascota y San Sebastián del
Oeste del estado de Jalisco.
Sobre el particular y por
instrucciones de la Lic. María del Carmen Segura Rangel, coordinadora general de
Protección Civil, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:
• Como es de su conocimiento,
las Declaratorias de Emergencia y de Desastre del Estado de Jalisco, se publicaron en el
DOF los días 30 y 31 de octubre de 2002, respectivamente, en virtud de la presencia del
huracán “Kenna”, mismas que contemplan el apoyo del Fonden en los municipios de
Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta, Puerto Vallarta y Tomatlán.
De lo antes expuesto, es preciso
señalar que esta dependencia elaboró y emitió las declaratorias antes mencionadas, con
base en la solicitud formal del C. gobernador del estado de Jalisco, así como en el
dictamen técnico de la Comisión Nacional del Agua (CNA), ya que dicho órgano, conforme
a la normatividad aplicable, es el competente en corroborar la ocurrencia de fenómenos
hidrometeorológicos.
• Asimismo, le informo que de
conformidad con las Reglas de Operación del Fonden (ROF) vigentes, para acceder a los
recursos del Fonden deben cumplirse ciertos requisitos entre los cuales destacan:
a) Que exista la solicitud por
escrito a la Segob, por parte del C. gobernador del estado; del jefe de Gobierno del
Distrito Federal; y del titular de una dependencia o entidad federal,
b) Que la atención de los daños
causados por el desastre natural rebase su capacidad operativa y financiera y
c) Que exista el dictamen técnico
por parte de la instancia competente, en el que se corrobore la ocurrencia del fenómeno y
la zona siniestrada (municipios o delegaciones).
• Finalmente, es importante
señalar que para poder incluir a los municipios mencionados en su escrito de referencia,
es necesario dar cumplimiento a los requisitos antes mencionados, es decir, se requerirá
en primer instancia de la solicitud por escrito del C. gobernador del estado de Jalisco.
Sin más por el momento, quedo a
sus órdenes para el desa-hogo de cualquier duda o aclaración del caso que nos ocupa.
Atentamente.
México, DF, a 30 de diciembre de
2002.— Lic. Hugo C. González Gutiérrez
(rúbrica), Director General.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Remítase copia al promovente para su
conocimiento.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio número
D.G.P.L. 58-II-4-986 de fecha 12 de septiembre de 2002, suscrito por los CC. secretarios
de la Cámara de Diputados, con el presente les acompaño copia del similar No. 136,
signado por el Lic. Jesús Alfredo Reyes Santaella, director de Prevención y
Readaptación Social de la Secretaría General de Gobierno del estado de Durango, por el
que envía la información relativa al punto de acuerdo sobre las condiciones que guardan
los centros de readaptación social, promovido por el diputado Alfredo Hernández Raigosa.
Por lo anterior les acompaño la
información de referencia, para los fines que estimen procedentes.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 22 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo.— Poder Ejecutivo del
Estado de Durango.— Gobierno del Estado de Durango.
C. Lic. Humberto Aguilar Coronado,
subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación.— Ciudad de México.—
Presente:
En cumplimiento a lo solicitado en
el Oficio No. SEL/527/02, que le dirigiera en días pasados al C. Lic. Angel Sergio
Guerrero Mier, Gobernador Constitucional de este Estado, referente a diversa información,
respecto a los Centros de Readaptación Social No. 1 y 2 del Estado, adjunto al presente
la documentación en cita, la cual fue proporcionada por los CC. directores de los centros
en mención.
Sin otro particular, y esperando
haber dado cumplimiento a lo solicitado, me es grato reiterarle mi más amplia
consideración y respeto.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Dgo., a 16
diciembre del 2003.— El Director de Prevención y Readaptación Social, Lic. Jesús Alfredo Reyes Santaella.»
«Escudo.— Poder Ejecutivo del
Estado de Durango.— Secretaría General de Gobierno.— Centro de Readaptación
Social No. 1.
Lic. Jesús Alfredo Reyes
Santaella, director de Prevención y Readaptación Social del Estado.— Presente.
Anexo al presente y a fin de dar
cumplimiento a la información solicitada mediante oficio número 2237 de fecha 18 del
actual, sobre las condiciones que guarda el Centro de Readaptación Social No. 1, me
permito informar a usted lo siguiente:
En lo que respecta a la relación
de personal asignado y percepciones:
Respecto a los criterios de
clasificación, hacemos de su conocimiento que el interno al ingresar, primeramente pasa
al área de indiciados o detenidos, al dictarles auto de formal prisión se les cambia al
área de procesados, para que una vez sentenciados asignarlos al área de sentenciados;
contándose también con el Departamento de Mujeres, Area de Internos Sujetos a
Protección, Area de Internos con Problemas de Salud Mental, Area de observación de
conducta.
En cuanto a los criterios que se
aplican para el otorgamiento de libertades y preliberaciones, le informo que de acuerdo a
la Constitución General de la República, en su artículo 18, así como el Código Penal
del Estado de Durango, la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de Libertad
de nuestro Estado y el Reglamento par los Centros de Readaptación Social del Estado son:
Libertad Preparatoria, al haber
cumplido tres quintas partes de la sanción impuesta, así como haber observado durante su
internamiento buena conducta, también su mejoramiento cultural, el cual demuestra que
está teniendo una correcta readaptación social. Dicha libertad preparatoria no se
concederá a los reincidentes o habituales, ni a los de delito de homicidio calificado,
parricidio, secuestro, robo de infante, violación y robo calificado, según lo previsto
en el Primer Párrafo del Código Penal del Estado.
En lo que se refiere al Tratamiento
Preliberacional y de conformidad con el reglamento para los Centros de Readaptación
Social del Estado, se prepara metódicamente la reincorporación social del interno con
anticipación de 8 meses, según aconsejen las circunstancias del caso a la fecha de su
liberación.
Sólo podrá aplicarse el
tratamiento de preliberación a aquellos internos que específicamente reúnan los
requisitos necesarios para obtener derecho a la Libertad Preparatoria.
Esto no será aplicable cuando la
Preliberación sea un acto preparatorio para la Libertad Absoluta.
El Tratamiento Preliberación
podrá comprender:
1. Información y orientación
especiales y discusión con el interno de los aspectos personales y prácticas de su vida
en libertad.
2. Métodos Colectivos.
3. Concesión de mayor libertad
dentro del establecimiento.
4. Traslado a la Institución
abierta.
5. Permiso de salida de fin de
semana o diaria con reclusión nocturna o bien, de salida en días hábiles con reclusión
el fin de semana.
Las Liberaciones Definitivas o
Remisión de Pena, consiste en que por cada dos días de trabajo se hará remisión de un
día de prisión, siempre que el interno o recluso observe buena conducta y participe en
las actividades educativas que se organicen en el reclusorio, dicha propuesta se
realizará por el Consejo Técnico Interdisciplinario a la Dirección de Prevención
Social del Estado.
Por otra parte, hacemos de su
conocimiento que los Indultos que se otorgan a reos, es en base a la Ley de Indulto y
Reducción de Penas del Estado de Durango.
Dicha Ley en su articulado
específica que los beneficios contemplados serán aplicables exclusivamente a los
internos de los Centros de Readaptación del Estado y Cárceles Distritales que cumplan
con los siguientes requisitos:
Que sea delincuente primario que
haya turnado la documentación a la Comisión que estudiará el caso, está en todos los
casos que formule opinión, dictamen o resolución, tomará en cuenta las circunstancias
personales, así como la gravedad de la infracción, la peligrosidad del imputado,
situación socioeconómica y el impacto del hecho ilícito en la comunidad donde fue
ejecutado.
Para que el sentenciado pueda gozar
de los beneficios que otorga la Ley de Indulto, deberá haber cubierto previamente la
reparación del daño causado por el delito. Solamente cuando a juicio del Ejecutivo
demuestre su insolvencia económica, en el cual la reparación del daño no será
requisito indispensable para la aplicación de este beneficio.
La comisión del indulto podrá
proponer al Ejecutivo los siguientes beneficios a favor de los internos:
A) El indulto por gracia, a
aquellas personas que hubieran llevado a cabo algún acto de gran trascendencia de
beneficio colectivo o que hayan arriesgado o puesto en peligro su vida para proteger los
bienes, la salud o la vida de otras personas. En estos casos, a juicio del Ejecutivo se
podrá aplicar desde la reducción de pena, hasta ordenarse su libertad absoluta.
B) El indulto por alfabetización
se plica a aquellos internos que hayan enseñado a leer y escribir a cualquier persona,
caso en el cual la pena le sería reducida hasta 6 meses.
Cuando hayan sido condenados por
sentencia irrevocable a una pena de 3 años 1 día, hasta 5 años, se les reducirá la
tercera parte de dicha pena.
A los que hayan sido condenados a 5
años 1 día, hasta 10 años, se les reducirá la quinta parte de dicha pena.
Cuando sea una pena de 10 años 1
día, hasta 15 años, se les reducirá la décima parte.
A los que tengan una condena de 15
años 1 día o más se les reducirá la doceava parte de la pena.
Se exceptúan de los beneficios de
la Ley de Indulto los siguientes delitos:
Asociación delictuosa, violación,
violación en grado de tentativa, lenocinio, corrupción de menores, abusos deshonestos,
incesto, asalto, homicidio calificado, lesiones que dejen incapacidad física, robo que se
efectúe aprovechando las circunstancias de incendio, confusión, desastre, explosión,
inundación, robo de infantes, abigeato, daños causados por incendio, inundación o
explosión, sedición, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración, secuestro y a
quienes tengan decretada reincidencia, se haya detectado tendencia habitual o cuenten con
algún antecedente penal; quienes hayan participado en intentos de fuga o hayan fugado en
cualquier momento, desde su sujeción a proceso, quienes hayan participado en riñas
colectivas o intentos de motín en su fase de internamiento.
Para lograr el beneficio que
concede la Ley de Indulto, el sentenciado dirigirá su solicitud al C. Gobernador
Constitucional del Estado, quien a su vez la turnará a la Comisión de Indulto integrada
en los términos de la Ley de Indulto, de aplicación de medidas sobre Readaptación
Social de Sentenciados y de Reducción de Penas, vigente en el Estado, esta Comisión
estudiará la solicitud que se le haya turnado, así como la documentación anexa, que
deberá consistir en copia certificada de la sentencia y del auto que le declara
ejecutoriada, así como el oficio en virtud del cual el Poder Judicial pone a disposición
del Poder Ejecutivo al reo solicitante, también el Certificado de “No Antecedentes
Penales” que justifique que se trata de un delincuente primario, y el Certificado del
Centro de Readaptación Social sobre la conducta del reo, incluyendo el tiempo recluido y
el tiempo trabajado. En un término no mayor de diez días hábiles la Comisión dictará
la Resolución que corresponda, sin ulterior recurso.
Respecto a las cifras de
otorgamiento de liberaciones y preliberaciones son:
El número de procesados y
sentenciados es el siguiente, haciendo la aclaración que en los últimos tres años no ha
habido fugas:
Respecto a el número de internos
por dormitorio, están distribuidos de la siguiente manera:
Haciendo de su conocimiento, que el
procedimiento para visita conyugal es el siguiente:
Requisitos:
• Solicitud del interno.
• Acta de matrimonio o
constancia de unión libre notariada.
• Examen médico del V.D.R.L.
del visitante (dicho examen deberá renovarse cada seis meses).
• Identificación oficial con
fotografía.
• Dos fotografías recientes
del visitante.
En las actividades de trabajo el
Centro cuenta con 17 talleres, en los cuales el 80% de los internos aprenden un arte u
oficio, mediante el cual obtienen recursos para el sostenimiento de su familia, como son:
• Talabartería
• Laqueado
• Carpintería
• Soldadura
• Escobas y trapeadores
• Cerámica
• Mosaicos
• Sastrería
• Repujado
• Panadería
• Corte y confección
• Cría de cerdos
• Cultivo de hortalizas
• Elaboración de cobijas
• Maquilas (una de
elaboración de camiseta y una de elaboración de figuras de cera)
• Procesamiento integral del
cerdo
• Pintura artística
• Taller de elaboración de
piñatas
En lo que respecta a las
actividades de Educación, tenemos en la actualidad los siguientes internos estudiando:
Instituto
Duranguense de Educación para Adultos (I.D.E.A.)
Primara
167
Secundaria
150
Mujeres primaria
–
Mujeres secundaria
4
Alfabetización
42
Total
363
Coordinación de Educación para
Adultos de la Secretaría de Educación.
Alumnos inscritos:
Primaria
25
Secundaria
20
Total
45
Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Durango.
Alumnos inscritos:
1er. Semestre
32
3er. Semestre
15
5o. semestre
8
Total
55
Internos que acuden a biblioteca al
mes:
Total
862
Internos que solicitan préstamo de
libros en biblioteca, mensual.
Total
162
• Se inició el círculo de
lectores integrado por 15 personas.
• Se instalará una Primera
Plaza Comunitaria por parte del Instituto Duranguense de Educación para Adultos en
próximo mes de diciembre la cual está integrada por 10 equipos de cómputo, televisión,
videocasetera, red Edusat y mobiliario, la cual servirá para reforzar el aprendizaje de
los alumnos inscritos y toda la población de internos.
• Se gestionan cinco becas a
internos por parte de la Universidad Abierta de San Luis Potosí, quedando pendiente el
convenio para becar a todos los egresados de bachillerato de este Centro Penitenciario,
así como al Personal Administrativo y de Seguridad y Custodia.
• Actualmente se encuentra
estudiando un interno en la Universidad abierta.
Asimismo, se informa sobre el trato
que se les otorga a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien acude una o dos veces
por año y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que acude una o dos veces por
semana, brindándoles todo tipo de facilidades para la realización de su encomienda,
desde documentos, entrevistas, visitas al interior del penal etcétera.
Se anexa tabla correspondiente a
edades y delitos de internos.
Sin más que informarle, reitero a
usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Dgo, a 4 de
diciembre de 2002.— El Director, licenciado Noel
Díaz Rodríguez.»
«Escudo.— Ejecutivo del
estado de Durango.— Gobierno del Estado de Durango.
Centro de Readaptación Social No.
2 de Gómez Palacio Dgo.
Lic. Jesús Alfredo Reyes
Santaella, Dir. de Prevención y Readaptación Social del estado.— Presente.
Con relación a su oficio No. 2378
de fecha 18 de noviembre el año en curso, me permito informar sobre las condiciones que
guarda este Centro de Readaptación Social de Gómez Palacio, Dgo.
Manifestando en primer lugar el
personal asignado y percepciones, así como los criterios de clasificación.
También incluimos los criterios
que se manejan en las cifras de otorgamiento de liberaciones, preliberaciones y también
beneficios de ley señalando un número de internos sexo Masculino 87, Sexo Femenino 2.
Los criterios se atienden a
analizar según la situación jurídica de cada uno de los internos que pueden ser
beneficiados con una libertad anticipada, estos criterios tienden a ser el delito por el
cual se encuentran internados, la sentencia impuesta por el juez, así como el tiempo
interno y trabajando.
Los beneficios de ley son
concedidos por los Juzgados atendiendo el proceso y la situación jurídica de la persona
sujeta a juicio.
En cuanto al envío de estudios
socioeconómicos se determina con las siguientes investigaciones en forma directa mediante
entrevista con el interno y en algunos casos visita domiciliaria o en su defecto
entrevistas con los parientes cercanos.
Actualmente el número de
procesados es de 275 internos y sentenciados de 605, fugas a la fecha ninguna.
Dentro de los dormitorios hay
capacidad para 5 internos, los procedimientos para las visitas conyugales se llevan a cabo
de acuerdo al reglamento, pero hay internos que laboran y se les proporciona un día
extra.
Las acciones para generar empleos
al interior del Centro se manejan por medio de talleres de carpintería, herrería,
electricidad, maquila y actualmente se capacitan internas en diversas artesanías y en
algunos cursos de manualidades que son proporcionados por diferentes Instituciones y sobre
todo en cultura de belleza.
Por lo que se refiere al trato y
facilidades otorgados al Personal de la Comisión Nacional y Organismos de Derechos
Humanos es bastante amplia ya que consideramos que al no violar los derechos humanos y
tratar bien a los familiares de los internos, se avanza en la Readaptación del interno y
por consecuencia integrarlo a la sociedad con la esperanza de su verdadera transformación
en su conducta.
Sin otro particular me es grato
enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cd. Gómez Palacio Dgo.— A 27
de diciembre de 2002.— Lic. Hugo García
Astorga, director.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Remítase copia al promovente para su
conocimiento.
GRADOS
MILITARES
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C.
Coronel de Infantería Eduardo Guerrero Valenzuela (10561592), la que me permito enviar
para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, les acompaño al
presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C.
Coronel de Infantería Guillermo Barney Zaragoza (8208449), la que me permito enviar para
los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, les acompaño al
presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C.
Coronel de Infantería Francisco Gustavo Ruiz Romero (10439848), la que me permito enviar
para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, les acompaño al
presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C.
Coronel de Infantería Joel Ciprián Avila (9248097), la que me permito enviar para los
efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, les acompaño al
presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C.
Coronel de Infantería Manuel Martínez Vicente (8208344), la que me permito enviar para
los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, les acompaño al
presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C.
Coronel de Infantería Evodio Castillo Castro (10528552), la que me permito enviar para
los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, les acompaño al
presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C.
Coronel de Infantería José Guadalupe Ramírez López (7084294), la que me permito enviar
para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, les acompaño al
presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C.
Coronel de Infantería José Sandoval Rodríguez (8136556), la que me permito enviar para
los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, les acompaño al
presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C.
Coronel de Infantería Juan Jacobo Reséndiz Mendoza (9167634), la que me permito enviar
para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, les acompaño al
presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C.
Coronel de Infantería Lucio Alfaro Banda (9728756), la que me permito enviar para los
efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, les acompaño al
presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C.
Coronel de Infantería Jorge Hernández Martínez (8208326), la que me permito enviar para
los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, les acompaño al
presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C.
Coronel de Infantería José Antonio Moreno Alvarado (7501670), la que me permito enviar
para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, les acompaño al
presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C.
Coronel de Infantería Ricardo Flores Díaz (8875115), la que me permito enviar para los
efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, les acompaño al
presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C.
Coronel de Infantería Gilberto Gutiérrez de Avila (6149623), la que me permito enviar
para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, les acompaño al
presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6 de enero de
2003.— Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
(rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Recibo y túrnese a la Segunda
Comisión.
REINO
DE LOS PAISES BAJOS
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
«H. Congreso de la Unión.
Leonora Mónica Hammer Martínez,
mexicana, licenciada en relaciones internacionales con especialidad en negocios
internacionales, con domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de documentos
en la calle de Mirador 63-D2, colonia Fuentes de Tepepan 14648, Tlalpan, DF, con todo
respeto digo:
De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 37-C fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito permiso de ese Congreso de la Unión para prestar mis servicios a la Embajada de
los Países Bajos en México como asesor del Departamento de Agricultura, Naturaleza y
Pesca, para lo cual acompaño los siguientes documentos:
1. Copia certificada de mi acta de
nacimiento, con lo que se acredita que soy mexicana por nacimiento, que acompaño como
anexo número uno.
2. Fotocopia del oficio del 21 de
enero de 2003, que me dirige el señor Albert Oosterhoff, encargado de negocios AI de la
Embajada de los Países Bajos en México, mediante el cual tuvo a bien designarme como
asesora del Departamento de Agricultura, Naturaleza y Pesca de dicha representación
diplomática, que acompaño como anexo número dos.
Protesto mi respeto.
México, DF, a 28 de enero de
2003.— Lic. Leonora Mónica Hammer Martínez (rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Primera Comisión.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
«H. Congreso de la Unión.
Carlos Hernández Muñoz, mexicano,
con domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de documentos en Vicente
Guerrero, número 22 bis/c, colonia San Bartolo Ameyalco 01800, Alvaro Obregón, DF, con
todo respeto digo:
1. Soy mexicano por nacimiento como
lo acredito con la copia certificada que acompaño como anexo número 1.
2. En oficio del primero de enero
de 1999, el señor Robert Vornis, embajador de los Países Bajos en México, tuvo a bien
designarme chofer de asuntos generales de dicha representación diplomática.
3. De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 37-C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, solicito permiso de ese Congreso de la Unión para prestar mis servicios a la
Embajada de los Países Bajos en México como asesor del Departamento Económico.
Protesto mi respeto.
México, DF, a 6 de septiembre de
2002.— Carlos Hernández Muñoz
(rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Primera Comisión.
Los siguientes puntos del orden del
día son los dictámenes a discusión.
En virtud de que se encuentran
publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte
la Secretaría a la Asamblea si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de
acuerdo y a los decretos.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se autoriza que
solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo y a los decretos.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Se autoriza.
En consecuencia, se pide a la
Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión (de Hacienda
y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas) de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la
propuesta de nombramiento del licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, para la designación de seis nuevos magistrados de Sala Regional del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a los siguientes ciudadanos: Lic.
Nicandro Gómez Alarcón, Lic. Nora Yolanda Molina Raygosa, Lic. Eva Montalvo Aguilar,
Lic. María del Carmen Ramírez Morales, Lic. Jaime Romo García y Lic. Jaime Jesús
Saldaña Orozco.
Los integrantes de esta Tercera
Comisión, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 116 y 127 de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás artículos
relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el
presente dictamen, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
1. El 15 de enero de 2003, la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, turnó a la Tercera
Comisión, el expediente que nos ocupa a efecto de que se elaborara el dictamen
correspondiente.
2. El 23 de enero del presente
año, la Tercera Comisión se reunió para abocarse al análisis y discusión de la
proposición en cuestión.
3. Para el análisis de los
nombramientos que se dictaminan, y los documentos que integran el expediente respectivo,
esta Comisión desea señalar que:
a) De acuerdo a la documentación
presentada por el C. Lic. Nicandro Gómez Alarcón, consta que cuenta con 44 años de
edad, mexicano y que es licenciado en derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México, titulándose en 1988. En tal virtud, reúne los
requisitos de nacionalidad, edad mínima, grado de estudios con título profesional
registrado y expedido cuando menos 10 años antes del nombramiento y cuenta con 14 años
de práctica profesional, elementos que se requieren para desempeñar el cargo para el que
ha sido designado. A su vez se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
De su currículum se desprende que
ha sido jefe de Unidad en la Dirección de lo Contencioso en la Subprocuraduría Fiscal de
la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de julio de 1986 a julio
de 1987; secretario de Acuerdos de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de abril de 1988 a marzo de 1991; y
secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa, de abril de 1991 a la fecha.
Consta en su expediente que ha
realizado diversos diplomados y cursos de especialización en materia fiscal. También se
destaca que ha sido profesor de la maestría en derecho fiscal del Colegio Superior de
Ciencias Jurídicas, AC, así como conferenciante y expositor en diversos cursos y
diplomados en materia fiscal.
b) De acuerdo a la documentación
presentada por la C. Lic. Nora Yolanda Molina Raygosa, consta que cuenta con 52 años de
edad, mexicana y que es licenciada en derecho, egresada de la Escuela Nacional de Estudios
Profesionales Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulándose en
1980. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad, edad mínima, grado de
estudios con título profesional registrado y expedido cuando menos 10 años antes del
nombramiento y cuenta con 22 años de práctica profesional, elementos que se requieren
para desempeñar el cargo para el que ha sido designada. A su vez se encuentra en pleno
goce de sus derechos civiles y políticos.
De su currículum se desprende que
ha sido secretaria de Acuerdos en salas regionales del Tribunal Fiscal de la Federación,
de enero de 1992 a abril de 1997 y de marzo de 1999 a la fecha. Se destaca que ha ejercido
la práctica profesional independiente, en despacho jurídico particular, de enero a
diciembre de 1991, también se desempeñó como jefa del Departamento de Acuerdos,
Resoluciones y Trámites Diversos de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón, en la
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, de febrero de 1981 a agosto de
1982.
Consta en su expediente que ha
realizado diversos cursos de actualización profesional, así como un posgrado en derecho
tributario y curso de especialización en derecho de amparo. También se destaca que ha
sido profesora de las cátedras de derecho fiscal, derecho administrativo, teoría de la
administración pública y sistema tributario mexicano, en la Escuela Nacional de Estudios
Profesionales Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México.
c) De acuerdo a la documentación
presentada por la C. Lic. Eva Montalvo Aguilar, consta que cuenta con 43 años de edad,
mexicana y que es licenciada en derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala,
titulándose en 1991. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad, edad mínima,
grado de estudios con título profesional registrado y expedido cuando menos 10 años
antes del nombramiento y cuenta con 12 años de práctica profesional, elementos que se
requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designada. A su vez se encuentra
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
De su currículum se desprende que
ha sido jefa del Departamento de Asuntos Legales, en 1994; jefa de Servicios Jurídicos y
secretaria del Consejo Consultivo Delegacional en Tlaxcala de 1994 a 1997; jefa de
Servicios Jurídicos y secretaria del Consejo Consultivo Delegacional en Tlaxcala de 1997
a 1999; jefa de Servicios Jurídicos y secretaria del Consejo Consultivo Delegacional en
Hidalgo de 1999 a 2000; jefa de Servicios Jurídicos y secretaria del Consejo Consultivo
Delegacional del Distrito Federal, de 2000 a la fecha, dichos cargos los ha desempeñado
en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Consta en su expediente que ha
realizado maestría en derecho constitucional y amparo, así como maestría en derecho
fiscal, ambas en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, cuenta con grado de doctorado por
la misma Universidad. También se destaca que ha sido catedrática en materias de derecho
fiscal, derecho procesal fiscal y derecho laboral, en la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, Colegio de Bachilleres de Chiautempan, Tlaxcala, Universidad de las Américas,
campus Cholula, Puebla, así como conferenciante y expositora en diversos cursos y
diplomados en materia fiscal.
Es autora de El recurso de inconformidad ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social y ante el Infonavit, publicado por el Tribunal de Justicia
Fiscal y Administrativa, tomo II, Procedimientos en materia fiscal y administrativa,
especialización en materia procesal fiscal, también ha publicado Los consejos consultivos del IMSS en el boletín
mensual de la delegación 1 del IMSS en el Distrito Federal.
d) De acuerdo a la documentación
presentada por la C. Lic. María del Carmen Ramírez Morales, consta que cuenta con 38
años de edad, mexicana y que es licenciada en derecho, egresada de la Escuela Nacional de
Estudios Profesionales Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México,
titulándose en l989. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad, edad mínima,
grado de estudios con título profesional registrado y expedido cuando menos 10 años
antes del nombramiento y cuenta con 13 años de práctica profesional, elementos que se
requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designada. A su vez se encuentra
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
De su currículum se desprende que
ha sido dictaminadora de la Subprocuraduría Fiscal de la Federación Hidalgo, México de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de junio de 1990 a marzo de 1993;
secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Regional Hidalgo, México del Tribunal Fiscal de
la Federación, de marzo de 1993 a marzo de 1994; coordinadora de servicios especializados
en la Administración Local Jurídica de Ingresos de Naucalpan de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, de marzo de 1994 a marzo de 1995; primera secretaria de
Estudio y Cuenta de la Primera Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Fiscal de la
Federación, de marzo de 1995 a marzo de 1996; primera secretaria de Estudio y Cuenta de
la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, de marzo a
abril de 1997; secretaria de Juzgado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, de mayo de 1997 a marzo de 1998; secretaria de
Tribunal en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de
abril de 1998 a la fecha.
Consta en el expediente que ha
realizado diversos cursos de especialización en materia fiscal.
e) De acuerdo a la documentación
presentada por el C. Lic. Jaime Romo García, consta que cuenta con 48 años de edad,
mexicano y que es licenciado en derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México, titulándose en 1980. En tal virtud, reúne los
requisitos de nacionalidad, edad mínima, grado de estudios con título profesional
registrado y expedido cuando menos 10 años antes del nombramiento y cuenta con 22 años
de práctica profesional, elementos que se requieren para desempeñar el cargo para el que
ha sido designado. A su vez se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
De su currículum se desprende que
ha sido secretario de Acuerdos del Tribunal Fiscal de la Federación, en la Sala Regional
del Golfo Centro, con sede en la ciudad de Puebla, de octubre de 1980 a abril de 1982;
secretario de Acuerdos del Tribunal Fiscal de la Federación en la Sala Regional del
Pacífico Centro, con sede en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, de abril de 1982 a enero
de 1985; secretario de Acuerdos del Tribunal Fiscal de la Federación, en la Segunda Sala
Regional Metropolitana, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, de enero de
1985 a agosto de 1988; secretario de Acuerdos del Tribunal de lo
Contencioso-Administrativo del Distrito Federal, de septiembre de 1988 a abril de 1993;
administrador local jurídico de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en Cancún, Quintana Roo, de abril de 1993 a diciembre del mismo año;
administrador local de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en Cancún, Quintana Roo, de enero de 1994 a septiembre de 1996; secretario de
Acuerdos Adscrito a la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la
Federación, de abril de 1998 a marzo de 2000; secretario de Acuerdos de la Sala Superior
del Tribunal Fiscal de la Federación, actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, de marzo de 2000 a la fecha.
Consta en su expediente que ha
realizado diversos diplomados y cursos de especialización en materia de impuestos.
También se desprende que ha impartido diversas conferencias sobre temas relacionados con
el derecho fiscal, procedimiento administrativo e impuestos, asimismo fue profesor en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de las cátedras de
derecho fiscal y práctica forense de derecho fiscal.
f) De acuerdo a la documentación
presentada por el C. Lic. Jaime Jesús Saldaña Orozco, consta que cuenta con 38 años de
edad, mexicano y que es licenciado en derecho, egresado de la Universidad del Valle de
México, titulándose en 1990. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad, edad
mínima, grado de estudios con título profesional registrado y expedido cuando menos 10
años antes del nombramiento y con 12 años de práctica profesional, elementos que se
requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez se encuentra
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
De su currículum se desprende que
ha sido dictaminador en el Departamento de Revisiones de Escritorio, en la Administración
Fiscal Federal del Norte del Distrito Federal, de abril de 1987 a abril de 1988, así como
abogado litigante en materia fiscal, en el despacho Basham, Ringe y Correa, SC, de marzo
de 1990 a la fecha.
Consta en su expediente que ha
realizado diversos cursos en materia fiscal, así como una especialidad en derecho fiscal.
Es coautor del libro Los artículos 14 y 16 de la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las garantías individuales en materia
tributaria, publicado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, y el
Colegio de Contadores Públicos de México, AC, en 1994.
A partir de estos antecedentes, los
miembros de la Tercera Comisión que suscriben el presente dictamen, exponemos las
siguientes
Consideraciones
I. En acatamiento a los puntos de
acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores en sesión ordinaria celebrada el 7 de
diciembre de 2000 y publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 12 de diciembre del mismo año, y continuado por la Comisión
Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de
nombramientos, la Comisión que suscribe citó a los ciudadanos referidos a una reunión
en donde se conversó sobre la responsabilidad para la cual han sido propuestos.
Dicha reunión tuvo verificativo el
día de hoy y en la misma los legisladores que integramos esta Comisión que dictamina,
conversamos con las personas designadas, pudiendo comprobar por este medio el conocimiento
que tienen respecto a los temas que habrán de abordar como magistrados en materia fiscal
y administrativa, así como la experiencia y preparación que han obtenido a lo largo de
su carrera profesional.
II. Con base en el expediente
mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que
suscribe, hemos podido constatar que los ciudadanos indicados poseen los requisitos
ordenados por el artículo 4, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, para ser designados magistrados de dicho Tribunal.
Toda vez que los mismos acreditan
su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento, así como su
grado académico con sus títulos profesionales que fueron descritos en los antecedentes
respectivos, de igual manera con los documentos que demuestran la ocupación de cargos
anteriores, se concluye que reúnen los requisitos legales y cuentan con los méritos
suficientes para ocupar el cargo al que se les ha nombrado sujeto a ratificación.
Por lo anteriormente expuesto, los
suscritos miembros de la Comisión consideramos que los ciudadanos nombrados reúnen en su
persona amplias cualidades y méritos para el buen ejercicio del cargo de magistrados de
Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En tal virtud,
aprobamos de manera unánime su ratificación y nos permitimos someter a la consideración
de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico. En uso de las facultades que le confiere la
fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento
que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de los ciudadanos: Lic.
Nicandro Gómez Alarcón, Lic. Nora Yolanda Molina Raygosa, Lic. Eva Montalvo Aguilar,
Lic. María del Carmen Ramírez Morales, Lic. Jaime Romo García y Lic. Jaime Jesús
Saldaña Orozco, como magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa.
Salón de Sesiones de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión.— México, DF, a 23 de enero de 2003.—
Por la Tercera Comisión:Dip. Julio Castellanos
Ramírez (rúbrica), Presidente; Dip. Jesús
Burgos Pinto (rúbrica), secretario; Sen. Gerardo
Buganza Salmerón (rúbrica), secretario; Dip. Salvador
Cosío Gaona, Dip. César Augusto Santiago, Dip.
Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quinoñes, Sen. Esteban Miguel Angeles Cerón (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Sen. Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Dip. Víctor Antonio García Dávila (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano y Dip. José
Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Está a discusión el dictamen con
punto de acuerdo.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
No habiendo quien haga uso de la
palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado
Eric Eber Villanueva Mukul:
Aprobado, comuníquese al Ejecutivo.
Se encuentran a las puertas de este
recinto, los ciudadanos licenciados: Nicandro Gómez Alarcón, Nora Yolanda Molina
Raygosa, Eva Montalvo Aguilar, María del Carmen Ramírez Morales, Jaime Romo García y
Jaime Jesús Saldaña Orozco, cuyos nombramientos como magistrados de la Sala Regional del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, acaban de ser aprobados por esta
Asamblea.
Para que los introduzcan a este salón y los acompañen a rendir la
protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: Ernesto Gil
Elorduy, Esteban Angeles Cerón, Alejandro Zapata Perogordo, Julio Castellanos Ramírez,
Raymundo Cárdenas Hernández, Diego Cobo Terrazas.
(La comisión cumple con su
encargo.)
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
Se ruega a los presentes a ponerse
de pie.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Ciudadanos licenciados: Nicandro
Gómez Alarcón, Nora Yolanda Molina Raygosa, Eva Montalvo Aguilar, María del Carmen
Ramírez Morales, Jaime Romo García y Jaime Jesús Saldaña Orozco: “¿Protestan desempeñar leal y patrióticamente
el cargo de magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa que se les ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo
por el bien y prosperidad de la Unión?”
Los ciudadanos licenciados: Nicandro
Gómez Alarcón, Nora Yolanda Molina Raygosa, Eva Montalvo Aguilar, María del Carmen
Ramírez Morales, Jaime Romo García y Jaime Jesús Saldaña Orozco:
¡Sí, protesto!
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Si así no lo hicieran, que la nación se los demande.
Prosiga, señor Secretario.
GRADOS
MILITARES
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 498, año, tercero, sección
quinta, índice “R”, fojas 65/2 del libro respectivo que contiene la hoja de
servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el
Presidente de la República, a favor del Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor
Héctor Rivas Valenzuela, como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el
Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por
la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes
del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el 23 de enero de 1963
al Heroico Colegio Militar graduándose como Subteniente de Infantería el 1o.
de enero de 1966.
b) Para los efectos de ascenso se
le computan 39 años, 9 meses y 27 días de tiempo de servicios y 11 años de antigüedad
en el grado anterior.
e) Todos sus ascensos los obtuvo
por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su preparación profesional
abarca el curso de formación como Oficial de Infantería; efectuó el curso
correspondiente en la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y los Servicios; el
curso de mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra; el curso básico
de planeación y política económica en el Centro de Capacitación para el Desarrollo; el
curso superior de guerra en la Escuela Superior de Guerra; y el curso de administración
militar para la seguridad y defensa nacionales en el Colegio de Defensa Nacional.
e) Posee amplia experiencia en el
mando de tropa; se desempeñó en diversas unidades de su arma y ejerció el mando del
30/o. Batallón de Infantería; se desempeñó como jefe de grupo de Planes de la
Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; formó parte
de las Fuerzas de Tarea “Marte II-95” y “Arcoíris”, esta última en
el estado de Chiapas, donde se le reconoció su amplia experiencia operativa; se
desempeñó como instructor en la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y los
Servicios; posee experiencia en estados mayores de cuarteles generales de zona militar
habiéndose desempeñado como Jefe del Estado Mayor de las 3/a., 12/a. y 24/a. zonas
militares y Subjefe del I Cuerpo de Ejército.
f) Se le han otorgado las
condecoraciones de perseverancia hasta la “Especial” correspondiente a 35 años
de servicios ininterrumpidos.
De la revisión del expediente
personal y la hoja de servicio del nombrado Coronel de Infantería Diplomado de Estado
Mayor Héctor Rivas Valenzuela, y en atención a su gran aptitud personal, amplia
instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado
reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de General Brigadier
Diplomado de Estado Mayor sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de General Brigadier
Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del
ciudadano Héctor Rivas Valenzuela.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 29 de enero del año
2003.
Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente;
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica),
Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica),
secretarios; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a discusión el punto de
acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 497, año tercero, sección
cuarta, índice “R”, fojas 65-2 del libro respectivo que contiene la hoja de
servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el
Presidente de la República, a favor del Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor
Andrés Vicente Ruiz Celio, como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el
Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por
la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes
del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el 1o. de enero de 1967
al Heroico Colegio Militar graduándose como Subteniente de Infantería el 1o.
de septiembre de 1970.
b) Para los efectos de ascenso se
le computan 35 años, 10 meses y 19 días de tiempo de servicios y 7 años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Todos sus ascensos los obtuvo
por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su preparación profesional
abarca el curso de formación como Oficial de Infantería; el curso correspondiente en la
Escuela Militar de Aplicación de las Armas y los Servicios; el curso de patrullas de
combate en Atoyac de Alvarez, Guerrero; el curso de mando y Estado Mayor General en la
Escuela Superior de Guerra; y el curso de operaciones del Estado Mayor de combate en la
Escuela de las Américas, EUA.
e) Posee amplia experiencia en el
mando de tropa desempeñándose en diferentes unidades de su arma, habiendo ejercido el
mando del 32/o. Batallón de Infantería; posee experiencia docente prestando sus
servicios como instructor en el H. Colegio Militar y como coordinador académico en el
Colegio de Defensa Nacional; se ha desempeñado en actividades de Estado Mayor de
cuarteles generales de zona y región, habiendo ejercido el cargo de Jefe del Estado Mayor
del Cuartel General de la Fuerza de Tarea Centro.
f) Se le han otorgado las
condecoraciones de perseverancia hasta la “Especial”, correspondiente a 35 años
de servicios ininterrumpidos.
De la revisión del expediente
personal y la hoja de servicio del nombrado Coronel de Infantería Diplomado de Estado
Mayor Andrés Vicente Ruiz Celio, y en atención a su gran aptitud personal, amplia
instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado
reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de General Brigadier
Diplomado de Estado Mayor sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de General Brigadier
Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del
ciudadano Andrés Vicente Ruiz Celio.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 29 de enero del año
2003.
Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente;
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica),
Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica),
secretarios; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a discusión el punto de
acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 509, año tercero, sección
primera, índice “N”, fojas 69-2 del libro respectivo que contiene la hoja de
servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el
Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Infantería Roberto Núñez
Guízar, como Coronel de Infantería, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión
Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes
del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el 18 de septiembre de
1968 al Heroico Colegio Militar graduándose como Subteniente de Infantería el 1º de
septiembre de 1972.
b) Para los efectos de ascenso se
le computan 34 años, 2 meses y 2 días de tiempo de servicios y 11 años de antigüedad
en el grado anterior.
e) Todos sus ascensos los obtuvo
por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su preparación profesional
abarca el curso de formación como Oficial de Infantería y el curso superior de las armas
y servicios en la Escuela Superior de Guerra.
e) Posee amplia experiencia en el
mando de tropa en unidades de su arma, así como en actividades docentes y de
adiestramiento en el Heroico Colegio Militar; fungió como Segundo Comandante y Jefe del
Grupo de Comando de los Batallones de Infantería 24/o., 26/o. y 35/o.; fue Segundo
Comandante y Jefe del Grupo de Comando Interino del 10/o. Cuerpo de Caballería de
Defensas Rurales; actualmente se desempeña como Comandante del Centro de Adiestramiento
Básico Individual Regional de la XI Región Militar.
f) Se le han otorgado las
condecoraciones de perseverancia hasta la de 1ª Clase, correspondiente a 30 años de
servicios ininterrumpidos.
De la revisión del expediente
personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Infantería Roberto
Núñez Guízar, y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y
destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos
legales que merecen la obtención del grado de Coronel de Infantería sujeto a
ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel de
Infantería, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano
Roberto Núñez Guízar.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 29 de enero del año
2003.
Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente;
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica),
Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica),
secretarios; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a discusión el punto de
acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 502, año tercero, sección
cuarta, índice “L”, fojas 68-2 del libro respectivo que contiene la hoja de
servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el
Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Infantería Diplomado de
Estado Mayor Raúl Guereca Valenzuela, como Coronel de Infantería Diplomado de Estado
Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo
dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes
del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el 1º de septiembre de
1976 al Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de Infantería el 1º de
septiembre de 1980.
b) Para los efectos de ascenso se
le computan 26 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 6 años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Todos sus ascensos los obtuvo
por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su preparación profesional
abarca el curso de formación como Oficial de Infantería; el curso respectivo en la
Escuela Militar de Aplicación de las Armas y los Servicios; el curso básico de
paracaidistas; el curso de mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra;
y el curso de comando y Estado Mayor en español en el Fuerte Benning, Ga., EUA.
e) Posee experiencia en el mando de
tropa en unidades de su arma, y en la Fuerza de Tarea “Marte XX”; ejerció el
mando del Segundo Grupo de Morteros Cal. 81 mm; su actuación docente es destacada, tanto
como instructor en el H. Colegio Militar como en la Escuela Superior de Guerra; tiene
experiencia en actividades de Estado Mayor en Cuartel General de Zona y Región Militar;
se ha desempeñado con eficiencia en el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa
Nacional; y actualmente es Jefe de la Subsección de Inteligencia, de la S-2 de dicho
organismo.
f) Se le han otorgado las
condecoraciones de perseverancia hasta la de 2ª Clase, correspondiente a 25 años de
servicios ininterrumpidos.
De la revisión del expediente
personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Infantería Diplomado de
Estado Mayor Raúl Guereca Valenzuela, y en atención a su gran aptitud personal, amplia
instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado
reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel de
Infantería Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel de
Infantería Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió
a favor del ciudadano Raúl Guereca Valenzuela.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, México, DF, a 29 de enero del año 2003.
Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente;
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica),
Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica),
secretarios; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a discusión el punto de
acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 508, año tercero, sección
quinta, índice “B”, fojas 69/2 del libro respectivo que contiene la hoja de
servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el
Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Infantería José María
Bernabé Martínez, como Coronel de Infantería, que el Ejecutivo Federal envió a esta
Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes
del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el 1º de septiembre de
1976 al Heroico Colegio Militar graduándose como Subteniente de Infantería el 1º de
septiembre de 1980.
b) Para los efectos de ascenso se
le computan 26 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 6 años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Todos sus ascensos los obtuvo
por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su preparación profesional
abarca el curso de formación como Oficial de Infantería; realizó el curso de la
especialidad en la Brigada de Fusileros Paracaidistas; el curso correspondiente en la
Escuela Militar de Aplicación de las Armas y los Servicios; y el curso superior de armas
y servicios en la Escuela Superior de Guerra.
e) Posee experiencia en el mando de
tropa en unidades de su arma; se desempeñó como instructor militar en el Heroico Colegio
Militar; fue Segundo Comandante y Jefe del Grupo de Comando en el 88o. Batallón de
Infantería, 2o. y 3/o. Batallones de Fusileros Paracaidistas; fungió como subdirector de
las prisiones militares en la I y III Regiones Militares.
f) Se le han otorgado las
condecoraciones de perseverancia hasta la de 2ª Clase, correspondiente a 25 años de
servicios ininterrumpidos.
De la revisión del expediente
personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Infantería José María
Bernabé Martínez, y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar
y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos
legales que merecen la obtención del grado de Coronel de Infantería sujeto a
ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel de
Infantería, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano
José María Bernabé Martínez.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, México, DF, a 29 de enero del año 2003.
Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente;
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica),
Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica),
secretarios; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a discusión el punto de
acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 504, año tercero, sección
primera, índice “G”, fojas 67/2, del libro respectivo, que contiene la hoja de
servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el
Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel del Arma Blindada Artemio
García Flores, como Coronel del Arma Blindada, que el Ejecutivo Federal envió a esta
Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes
del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el 1º de septiembre de
1973 en el Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de Caballería el 12 de
septiembre de 1977.
b) Para los efectos de ascenso, se
le computan 29 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicio y 8 años de antigüedad en
el grado anterior.
c) Todos sus ascensos los obtuvo
por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su preparación profesional
abarca el curso de formación como Oficial de Caballería, el curso de lanceros
paracaidistas en la República de Colombia, el curso correspondiente en la Escuela Militar
de Aplicación de Caballería “Hermenegildo Galeana”, el curso de instructores
de equitación en la Escuela Militar de Equitación y el curso superior de armas y
servicios en la Escuela Superior de Guerra.
e) Posee amplia experiencia en el
mando de tropa en unidades de caballería, blindadas y mecanizadas; se desempeñó como
Segundo Comandante y Jefe del Grupo de Reconocimiento en los Regimientos Blindados lo. y
8o., así como en el 7/o. Regimiento Mecanizado; posee experiencia docente y en
actividades de adiestramiento en el H. Colegio Militar.
f) Se le han otorgado las
condecoraciones de perseverancia hasta la de 2ª Clase, correspondiente a 25 años de
servicio ininterrumpidos y la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de
la Patria, que le otorgó el Gobierno de la República de Nicaragua.
De la revisión del expediente
personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel del Arma Blindada Artemio
García Flores, y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y
destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos
legales que merecen la obtención del grado de Coronel del Arma Blindada sujeto a
ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel del Arma
Blindada, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano
Artemio García Flores.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 29 de enero de año
2003.
Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente;
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica),
Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica),
secretarios; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a discusión el punto de
acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 503, año tercero, sección
quinta, índice “Q”, fojas 67/2, del libro respectivo, que contiene la hoja de
servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el
Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel del Arma Blindada Javier
Quintero Anaya, como Coronel del Arma Blindada, que el Ejecutivo Federal envió a esta
Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes
del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el 1º de septiembre de
1977 en el Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de Caballería el 1º de
septiembre de 1981.
b) Para los efectos de ascenso, se
le computan 25 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicio y 4 años de antigüedad en
el grado anterior.
e) Todos sus ascensos los obtuvo
por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su preparación profesional
abarca el curso de formación como Oficial de Caballería, el curso de manejo de
vehículos Panflar, el curso correspondiente en la Escuela Militar de Aplicación de
Caballería “Hermenegildo Galeana”, el curso docente y administración educativa
en la Escuela Militar de Blindaje y el curso de administración docente para oficiales en
el Fuerte Benning, Ga., EUA; cursó el avanzado de caballería y blindados en la
República de Venezuela y el curso superior de armas y servicios en la Escuela Superior de
Guerra.
e) Posee amplia experiencia en
unidades blindadas; ejerció el mando del 8/o. Regimiento Mecanizado; participó en la
operación fuerza de tarea “Arcoíris” en el estado de Chiapas; se desempeñó
como instructor en el H. Colegio Militar y en la Escuela Militar de Aplicación de
Caballería; se trasladó a la Embajada de México en la República de Venezuela en
comisión de la Secretaría de la Defensa Nacional; y prestó servicios en la Dirección
General del Arma Blindada de la Secretaría de la Defensa Nacional.
f) Se le han otorgado las
condecoraciones de perseverancia hasta la de 2ª Clase, correspondiente a 25 años de
servicio ininterrumpidos.
De la revisión del expediente
personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel del Arma Blindada Javier
Quintero Anaya, y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y
destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos
legales que merecen la obtención del grado de Coronel del Arma Blindada sujeto a
ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel del Arma
Blindada que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Javier
Quintero Anaya.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 29 de enero del año 2003.
Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente;
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica),
Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica),
secretarios; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a discusión el punto de
acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 507, año tercero, sección
cuarta, índice “L”, fojas 68-2, del libro respectivo, que contiene la hoja de
servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el
Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Ingeniero Constructor Rosendo
López Gaytán, como Coronel Ingeniero Constructor, que el Ejecutivo Federal envió a esta
Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo
78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes
del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el 30 de marzo de 1964
en el Ejército Mexicano como Soldado de Infantería; previos cursos correspondientes,
obtuvo el grado de Subteniente de Transmisiones el 19 de septiembre de 1976.
b) Para los efectos de ascenso, se
le computan 38 años, 7 meses y 20 días de tiempo de servicio y 10 años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Como tropa, sus ascensos los
obtuvo acreditando los cursos de formación correspondientes y los demás por riguroso
escalafón en los concursos de selección respectivos.
d) Su preparación profesional
abarca los cursos de formación en las escuelas Militar de Clases de Transmisiones y
Militar de Transmisiones, graduándose como Oficial de Transmisiones; realizó estudios
profesionales de Ingeniero Constructor en la Escuela Militar de Ingenieros.
e) Como Oficial de Transmisiones,
posee experiencia en dicho servicio; como Ingeniero Constructor, desempeñó el cargo de
Director Técnico y Administrador en las siguientes obras: Hospital Militar Regional de la
35a. Zona Militar; remodelación, ampliación y obras complementarias del Cuartel General
para el 1er. Regimiento de Artillería; readecuación de las áreas de la Escuela Militar
de Tropas Especialistas de Fuerza Aérea; remodelación y obras complementarias para el
Cuartel General de la 4a. Brigada de Infantería Ligera; rehabilitación del pozo profundo
del 5o. Regimiento Blindado; y construcción de una alberca olímpica en Santa Lucía. Ha
sido asesor técnico en la Sección IV (Planes Estratégicos) del Estado Mayor de la
Secretaría de la Defensa Nacional y Jefe Regional del Servicio de Ingenieros de la XII
Región Militar.
f) Recibió diversos diplomas en
sus cursos de formación como elemento de tropa; se le han otorgado las condecoraciones de
perseverancia hasta la Especial, correspondiente a 35 años de servicio ininterrumpidos.
De la revisión del expediente
personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel Ingeniero Constructor Rosendo
López Gaytán, y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y
destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos
legales que merecen la obtención del grado de Coronel Ingeniero Constructor sujeto a
ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero
Constructor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano
Rosendo López Gaytán.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 29 de enero del año
2003.
Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente;
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica),
Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica),
secretarios; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a discusión... No habiendo,
se reserva para su votación en conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 511, año tercero, sección
tercera, índice “J”, fojas 70-2, del libro respectivo, que contiene la hoja de
servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el
Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Zapadores José Augusto
Jiménez Aguilar, como Coronel de Zapadores, que el Ejecutivo Federal envió a esta
Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes
del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el 1º de septiembre de
1969 en el H. Colegio Militar, graduándose como Subteniente de Zapadores el 1º de
septiembre de 1973.
b) Para los efectos de ascenso, se
le computan 33 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicio y 12 años de antigüedad
en el grado anterior.
e) Todos sus ascensos los obtuvo
por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su preparación profesional
abarca el curso de formación como Oficial de Zapadores y el curso correspondiente en la
Escuela Militar de Aplicación de las Armas y los Servicios.
e) Formó parte de la Fuerza de
Tarea Marte V en el Sector Chihuahua; se desempeñó como docente en la Escuela Militar de
Aplicación de las Armas y los Servicios; fungió como Segundo Comandante y Jefe de
Comando del 1er. Batallón de Ingenieros de Combate; en la Dirección General de
Ingenieros, se desempeñó como Jefe de la Sección Técnica y Jefe de la Subsección de
Adiestramiento; actualmente, se desempeña como Subdirector y Jefe de Estudios de la
Escuela de Capacitación de Tropas del Servicio de Ingenieros.
f) Se le han otorgado las
condecoraciones de perseverancia hasta la de 2ª Clase, correspondiente a 25 años de
servicio ininterrumpidos, así como la condecoración al Mérito Docente.
De la revisión del expediente
personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Zapadores José Augusto
Jiménez Aguilar, y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y
destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos
legales que merecen la obtención del grado de Coronel de Zapadores sujeto a
ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel de
Zapadores que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano José
Augusto Jiménez Aguilar.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 29 de enero del año
2003.
Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente;
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica),
Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica),
secretarios; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
No habiendo quien haga uso de la
palabra, se reserva en los mismos términos de los anteriores.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 500, año tercero, sección
segunda, índice “M”, fojas 66/2, del libro respectivo, que contiene la hoja de
servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el
Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador
Diplomado de Estado Mayor Aéreo Alfredo Carlos Macedo Fajardo, como Coronel de Fuerza
Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo Federal envió a
esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes
del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el 1º de septiembre de
1971 en la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, graduándose como Subteniente de
Sanidad el 1º de septiembre de 1974. Posteriormente, como Teniente de Sanidad del 1º de
septiembre de 1977 al 31 de agosto de 1979, realizó el curso de formación en la Escuela
Militar de Aviación, dependiente del Colegio del Aire, graduándose como Piloto Aviador.
b) Para los efectos de ascenso, se
le computan 31 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicio y 7 años de antigüedad en
el grado anterior.
c) Todos sus ascensos los obtuvo
por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su preparación profesional
abarca los cursos de formación como Oficial de Sanidad y de Piloto Aviador en los
planteles de educación militar correspondientes, el curso de Mando y Estado Mayor Aéreo
en la Escuela Superior de Guerra y el curso GAT-II en el Grupo Aéreo de Vuelo por
Instrumentos.
e) Posee amplia experiencia en
unidades aéreas, habiéndose desempeñado en los escuadrones aéreos 204 y 205, el
Escuadrón Aéreo 401 de Defensa y el Escuadrón 208 de Búsqueda, Rescate y Evacuación;
en los grupos aéreos 4o., 5o. y 8o., este último de Transportes; en cuarteles generales
de Región Aérea y en el de la Fuerza Aérea Mexicana y en la Estación Aérea Militar
No. 5.
f) Se le han otorgado las
condecoraciones de perseverancia hasta la de 1ª Clase, correspondiente a 30 años de
servicio ininterrumpidos.
De la revisión del expediente
personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto
Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Alfredo Carlos Macedo Fajardo, y en atención a
su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus
cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la
obtención del grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor
Aéreo sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza
Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo
Federal expidió a favor del ciudadano Alfredo Carlos Macedo Fajardo.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 29 de enero del año
2003.
Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente;
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica),
Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica),
secretarios; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a discusión... No
habiéndola, se reserva para su votación en conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 499, año tercero, sección
primera, índice “R”, fojas 62-2 del libro respectivo que contiene la hoja de
servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el
Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador
Diplomado de Estado Mayor Aéreo José de Jesús Robles Peña, como Coronel de Fuerza
Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo Federal envió a
esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes
del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el 2 de septiembre de
1971 a la Escuela Militar de Aviación, dependiente del Colegio del Aire, graduándose
como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador el 1º de septiembre de 1975.
b) Para los efectos de ascenso se
le computan 31 años, 2 meses y 18 días de tiempo de servicios y 9 años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Todos sus ascensos los obtuvo
por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su preparación profesional
abarca el curso de formación como Piloto Aviador; realizó el curso de aplicación de
adiestramiento táctico en el escuadrón mixto de entrenamiento táctico; el curso de
mando y Estado Mayor Aéreo en la Escuela Superior de Guerra; el curso de inglés en el
Centro de Estudios de Idiomas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; los cursos
“inicial” y de “refresco” de avión Boeing 737 en la Compañía Flight
Safety de Long Beach, California, EUA; realizó el curso superior de guerra en la Escuela
Superior de Guerra.
e) Posee experiencia en unidades
aéreas, habiéndose desempeñado como ayudante de escuadrón y Oficial de Operaciones del
Escuadrón Aéreo 101 y en la Base Aérea Militar No. 2, respectivamente; fue Comandante
del 2o. Escuadrón Aéreo de Transporte Logístico y de la Unidad Especial de Transporte
Aéreo del Alto Mando; fungió como Jefe de Estado Mayor del 8o. Grupo Aéreo de
Transporte; se desempeñó en el Estado Mayor de la Región Aérea del Norte como Jefe de
la Sección Segunda; desempeñó comisiones de la Secretaría de la Defensa Nacional en
los Estados Unidos de América, España y en la República Eslovaca.
f) Se le han otorgado las
condecoraciones de perseverancia hasta la de 1ª. Clase, correspondiente a 30
años de servicios ininterrumpidos.
De la revisión del expediente
personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto
Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo José de Jesús Robles Peña, y en atención a su
gran aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos,
se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del
grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo sujeto a
ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto
de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza
Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo
Federal expidió a favor del ciudadano José de Jesús Robles Peña.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, México, DF, a 29 de enero del año 2003.
Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente;
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica),
Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica),
secretarios; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Se reserva para su votación
económica en conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 501, año tercero, sección
tercera, índice “S”, fojas 66-2 del libro respectivo que contiene la hoja de
servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el
Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Intendente Diplomado de Estado
Mayor Fernando Sosa Aguirre, como Coronel Intendente Diplomado de Estado Mayor, que el
Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por
la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes
del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el 1º de septiembre de
1975 al Heroico Colegio Militar graduándose como Subteniente de Administración el 1º de
septiembre de 1979.
b) Para los efectos de ascenso se
le computan 27 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 7 años de antigüedad
en el grado anterior.
e) Todos sus ascensos los obtuvo
por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su preparación profesional
abarca el curso de formación como Oficial de Administración; realizó el curso
correspondiente en la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y los Servicios; el
curso de mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra; el curso de
inglés en el Centro de Estudios de Idiomas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;
realizó el curso superior de guerra en la Escuela Superior de Guerra.
e) Posee amplia experiencia en
actividades de su servicio, habiéndose desempeñado en pelotones de intendencia de
batallones de infantería y compañías de intendencia adscritas a brigadas de
infantería; prestó sus servicios en la compañía de intendencia no encuadrada en el
Campo Militar No. 1 “Gral. Div. Alvaro Obregón”; posee experiencia en
actividades de Estado Mayor habiéndose desempeñado en los Estados Mayores de la 1ª y
4ª Brigada de Infantería, así como en el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa
Nacional y en el Estado Mayor Presidencial.
f) Se le han otorgado las
condecoraciones de perseverancia hasta la de 2ª Clase, correspondiente a 25 años de
servicios ininterrumpidos.
De la revisión del expediente
personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel Intendente Diplomado de
Estado Mayor Fernando Sosa Aguirre, y en atención a su gran aptitud personal, amplia
instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado
reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel Intendente
Diplomado de Estado Mayor sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel Intendente
Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del
ciudadano Fernando Sosa Aguirre.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 29 de enero del año
2003.
Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente;
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica),
Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica),
secretarios; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a discusión el punto de
acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal
en conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 505, año tercero, sección
segunda, índice “L”, fojas 6812 del libro respectivo que contiene la hoja de
servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el
Presidente de la República, a favor del Coronel de Justicia Militar y Licenciado Jesús
Gabriel López Benítez, como General Brigadier de Justicia Militar y Licenciado, que el
Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por
la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes
del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el 1º de septiembre de
1974 al Heroico Colegio Militar graduándose como Subteniente de Infantería el 1º de
septiembre de 1978.
b) Para los efectos de ascenso se
le computan 28 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 4 años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Todos sus ascensos los obtuvo
por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su preparación profesional
abarca el curso de formación como Oficial de Infantería; realizó el curso
correspondiente en la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y los Servicios;
efectuó la carrera de licenciado en derecho en la Universidad Tecnológica del Valle de
México.
e) Como Oficial de Infantería,
posee experiencia docente habiendo sido instructor en el H. Colegio Militar; como abogado,
ha desempeñado los cargos de agente adscrito a la Procuraduría General de Justicia
Militar y secretario del Juzgado Segundo Militar, además de subjefe y jefe de la Sección
8ª (Jurídica), del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, observándose
su amplia experiencia en procuración y administración de justicia militar.
f) Se le han otorgado las
condecoraciones de perseverancia hasta la de 2ª Clase, correspondiente a 25 años de
servicios ininterrumpidos.
De la revisión del expediente
personal y la hoja de servicio del nombrado Coronel de Justicia Militar y Licenciado
Jesús Gabriel López Benítez, y en atención a su gran aptitud personal, amplia
instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado
reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de General Brigadier de
Justicia Militar y Licenciado sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de General Brigadier
de Justicia Militar y Licenciado, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a
favor del ciudadano Jesús Gabriel López Benítez.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 29 de enero del año
2003.
Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente;
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica),
Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica),
secretarios; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
No habiendo quien haga uso de la
palabra se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 506, año tercero, sección
tercera, índice “R”, fojas 68-2 del libro respectivo que contiene la hoja de
servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el
Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Justicia Militar y Licenciado
José Antonio Romero Zamora, como Coronel de Justicia Militar y Licenciado, que el
Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por
la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes
del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó al Ejército Mexicano
como Teniente Auxiliar de Educación Física y Deportes el 29 de enero de 1979,
habiéndose reclasificado como Teniente Auxiliar Oficinista el 1º de febrero de 1979 y
como Mayor Auxiliar de Justicia Militar y Licenciado el 1º de febrero de 1980.
b) Para los efectos de ascenso se
le computan 23 años, 9 meses y 21 días de tiempo de servicios y 15 años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Todos sus ascensos de Teniente
Auxiliar de Educación Física y Deportes hasta Teniente Coronel Auxiliar de Justicia
Militar y Licenciado los obtuvo por acuerdo de los titulares de la Secretaría de la
Defensa Nacional correspondientes. El ascenso de Teniente Coronel de Justicia Militar y
Licenciado a Coronel de Justicia Militar y Licenciado lo obtuvo de conformidad con la
promoción superior.
d) Su preparación profesional
abarca la licenciatura en derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Morelia, Mich., y el curso de investigación de laboratorios clandestinos en la misma
entidad.
e) Se ha desempeñado como agente
adscrito a la Procuraduría General de Justicia Militar y como agente del Ministerio
Público Militar, participando en la Fuerza de Tarea “Marte XXV”; fue Jefe de la
Oficina de Derechos Humanos en la Fuerza de Tarea “Arcoíris” en el estado de
Chiapas; fungió como Jefe de la Sección de Averiguaciones Previas de la PGJM, como
secretario de Juzgado y como Juez 4/o. y 5/o. Militar adscrito a la 1ª Zona Militar y a
la I Región Militar, respectivamente; actualmente se desempeña como Jefe de la Sección
Técnica de la Dirección General de Justicia Militar, observándose su amplia experiencia
en procuración y administración de justicia militar.
Se le han otorgado las
condecoraciones de perseverancia hasta la de 3ª Clase, correspondiente a 20 años de
servicios ininterrumpidos.
De la revisión del expediente
personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Justicia Militar y
Licenciado José Antonio Romero Zamora, y en atención a su gran aptitud personal, amplia
instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado
reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel de Justicia
Militar y Licenciado sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel de Justicia
Militar y Licenciado, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del
ciudadano José Antonio Romero Zamora.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 29 de enero del año
2003.
Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente;
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica),
Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica),
secretarios; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a discusión el punto de
acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación
económica en conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 510, año tercero, sección
segunda, índice “D”, fojas 69/2 del libro respectivo que contiene la hoja de
servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el
Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Médico Cirujano Carlos
Domínguez Hernández, como Coronel Médico Cirujano, que el Ejecutivo Federal envió a
esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes
del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el 1° de septiembre de
1973 a la Escuela Médico Militar graduándose como Mayor Médico Cirujano el 12 de
septiembre de 1979.
b) Para los efectos de ascenso se
le computan 29 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 10 años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Todos sus ascensos los obtuvo
por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su preparación profesional
abarca los estudios correspondientes a la carrera de médico cirujano; realizó el curso
de especialización y residencia en cirugía general y el curso de cirugía
laparoscópica.
e) Posee amplia experiencia en su
profesión de médico cirujano habiéndose desempeñado como Comandante del Pelotón de
Sanidad del 5/o. Regimiento de Caballería Motorizado; ha prestado sus servicios en el
Hospital Central Militar y en el Hospital Militar Regional de San Luis Potosí; fue jefe
de asistencia externa del Hospital Militar Regional de Tuxpan, Veracruz y actualmente se
desempeña como Subdirector del mismo.
f) Se le han otorgado las
condecoraciones de Perseverancia hasta la de segunda clase, correspondiente a 25 años de
servicios ininterrumpidos.
De la revisión del expediente
personal y la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel Médico Cirujano Carlos
Domínguez Hernández, y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción
militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los
requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel Médico Cirujano sujeto
a ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de Coronel Médico
Cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Carlos
Domínguez Hernández.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 29 de enero de 2003.
Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente;
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica),
Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica),
secretarios; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica),
Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación
económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobados los puntos de acuerdo.
Comuníquense al Ejecutivo.
PEMEX
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Tercera Comisión (Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y
Obras Públicas).
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión (Hacienda y
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas) de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la
proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del director general de
Petróleos Mexicanos, presentada por el senador David Jiménez González, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Los integrantes de esta tercera
comisión, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 116 y 127 de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás artículos
relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el
presente dictamen de conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES
1. El 22 de enero de 2003, la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, turnó a la Tercera
Comisión, el expediente que nos ocupa a efecto de que se elaborara el dictamen
correspondiente.
2. El 4 de febrero del presente
año, la Tercera Comisión se reunió para abocarse al análisis y discusión de la
proposición en cuestión.
3. Menciona el autor de la
propuesta que el 20 de diciembre pasado, se dio a conocer al Senado de la República el
tercer borrador y versión final de los contratos de obra pública sobre la base de
precios unitarios, también llamados contratos de servicios múltiples, el cual presenta,
“graves violaciones al orden constitucional vigente, específicamente a lo artículos
27, 28 y 134 y demás disposiciones relativas, como es el caso de la Ley Reglamentaria del
artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y diversas disposiciones de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ya que las obras de desarrollo y
mantenimiento objeto de estos contratos implican la realización de actividades de
exploración y explotación de los hidrocarburos, que corresponden a funciones exclusivas
de la nación y tienen carácter estratégico para el desarrollo y seguridad del
país”.
También se menciona en la
proposición que, la naturaleza de estos contratos significa la entrega de información
confidencial estratégica de los recursos naturales a empresas extranjeras, con lo cual se
pone en riesgo la seguridad nacional.
Dichos contratos, continúa la
proposición, traerán por consecuencia “el despido de personal altamente calificado
de Petróleos Mexicanos, el cual sólo contaría con la esperanza de ser contratado por
las compañías que se encargarían de realizar las labores otrora de Pemex”. En
razón de ello, propone el senador David Jiménez González como punto de acuerdo,
exhortar al titular del Poder Ejecutivo a no violentar el orden constitucional vigente y a
que suspenda toda acción relacionada con la promoción, celebración y aplicación, por
parte de Petróleos Mexicanos, de los contratos de obra pública sobre la base de precios
unitarios, también llamados contratos de servicios múltiples, y de cualquiera de sus
variantes, para la exploración y explotación de gas natural no asociado, por ser
violatorios de la Constitución y diversas disposiciones legales y, asimismo, solicitar la
comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos ante esta Comisión Permanente
para la discusión de los elementos violatorios de la Constitución y la legislación
secundaria que, se contienen en los llamados contratos de servicios múltiples.
A partir de estos antecedentes, los
miembros de la Tercera Comisión que suscriben el presente dictamen, exponemos las
siguientes
CONSIDERACIONES
Los integrantes de esta comisión
coincidimos en que las actividades realizadas por Petróleos Mexicanos incumben a todo el
país, por lo que no debe existir ninguna duda respecto a la manera en que celebre los
contratos, contenido o alcance de éstos, para las actividades de exploración y
explotación de los hidrocarburos, que como lo señala el autor de la proposición,
corresponden a funciones exclusivas de la nación y tienen carácter estratégico para el
desarrollo y seguridad del país; ante ello, y toda vez que la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 93, penúltimo párrafo, que
“cualquiera de las cámaras podrá citar a los secretarios de Estado, al Procurador
General de la República, a los jefes de los departamentos administrativos, así como a
los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las
empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una
ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades”,
consideramos procedente tener una reunión de trabajo con el director general de
Petróleos Mexicanos para que informe a los legisladores integrantes de esta comisión,
todo lo relacionado con los citados contratos, y asimismo intercambie inquietudes con los
legisladores en dicha materia.
Por lo anteriormente expuesto, nos
permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del
siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. El pleno de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, acuerda citar a comparecencia, ante la Tercera Comisión de
trabajo, al director general de Petróleos Mexicanos, a efecto de atender y dar respuesta
a las consideraciones y requerimientos que planteen los legisladores respecto a los
llamados contratos de servicios múltiples.
Salón de sesiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, México, DF, a 4 de febrero de 2003.—
Dip. Julio Castellanos Ramírez, presidente;
Dip. Jesús Burgos Pinto, secretario; Sen. Gerardo Buganza Salmerón, secretario; Dip. Salvador Cosío Gaona, Dip. César Augusto Santiago, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Sen. Adrián Alanís Quiñones, Sen. Esteban Angeles Cerón, Sen. David Jiménez González, Sen. Héctor Larios Córdova, Dip. Raúl Martínez González, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Sen. Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Dip. Víctor Antonio García Dávila, Dip. José Tomás Lozano y Pardinas.»
En consecuencia están a discusión
los puntos de acuerdo.
Se abre el registro de oradores..
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Consulte la Secretaría a la
Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
En votación económica se pregunta
a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Suficientemente discutidos los puntos
de acuerdo.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
En votación económica se pregunta
si se aprueban los puntos de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobados los puntos de acuerdo.
Comuníquense.
AGENCIAS
DE VIAJES
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Tercera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Tercera
Comisión, (Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas), de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su
estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia
del Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y el
Presidente de Cintra, SA de CV, presentada por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín,
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Los integrantes de esta Tercera
Comisión, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 116 y 127 de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás artículos
relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el
presente dictamen de conformidad con los siguientes
Antecedentes
1. El 22 de enero de 2003, la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, turnó a la Tercera
Comisión, el expediente que nos ocupa a efecto de que se elaborara el dictamen
correspondiente.
2. El 4 de febrero del presente
año, la Tercera Comisión se reunió para abocarse al análisis y discusión de la
proposición en cuestión.
3. Menciona el autor de la
propuesta que las aerolíneas de todo el mundo establecen comisiones en la emisión de
boletos a las agencias de viajes que varían en distintos países, y que las comisiones
más altas se dan en los países que manejan importantes flujos de turismo, estimulando
con ello, la promoción turística de la región o del país y con ello a la pequeña y
mediana empresa turística. En México operan aproximadamente tres mil agencias de viajes,
las cuales dependen de las comisiones, y sus ingresos provienen en un 80% de la comisión
ganada a las líneas aéreas por venta de boletos.
Más adelante se agrega que
“las comisiones que otorgan las líneas aéreas por venta de boletos en México han
ido disminuyendo desde hace cuatro años, cuando se ubicaban en 15 por ciento, hasta
llegar al 5% que se maneja actualmente, y que se pretende sea el 1%. Esta reducción,
hecha de manera unilateral, es la que ha venido minando esta importante fuente de
ingresos, trayendo como consecuencia la desaparición de fuentes de empleo y disminuyendo
el ingreso de divisas. A la fecha, y debido a esta política, se han cerrado 600 fuentes
de trabajo dejando sin ingresos a alrededor de 6 mil trabajadores”. También se
agrega que, actualmente existen más de 40 mil empleados que dependen de este importante
sector del turismo nacional, que están viendo amenazadas sus fuentes de empleo.
“Cabe mencionar que en
diciembre de 1998 fue cuando se estableció la primera reducción en las comisiones.
Pretendiendo a la fecha llegar a 1%, medida que pone en peligro otros sectores como lo
son: hoteles, operadores turísticos, arrendadoras de autos, transportistas, restaurantes,
y demás prestadores de servicios turísticos.”
Hace notar el autor de la propuesta
que “en nuestro país Aeroméxico y Mexicana de Aviación son supervisadas y
administradas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y operadas
por la concentradora Cintra SA de CV, la cual ha establecido nuevas políticas para
comercializar este producto.
Lejos de beneficiar, esta medida no
ha significado algún progreso para Cintra, pues luego de cuatro años, el valor comercial
de las aerolíneas ha disminuido notablemente; y en cambio, sí ha perjudicado al sector
privado.
Ante dicha problemática propone
citar a comparecer al Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario (IPAB) y al Presidente de Cintra SA de CV para que informen del diferendo
existente entre Cintra y las agencias de viajes nacionales.
A partir de estos antecedentes, los
miembros de la Tercera Comisión que suscriben el presente dictamen, exponemos las
siguientes
CONSIDERACIONES
Los integrantes de esta comisión
coincidimos en que las actividades realizadas por las agencias de viajes revisten enorme
importancia, en el sentido de que su funcionamiento posibilita la existencia de fuentes de
empleo, al mismo tiempo que contribuyen al desarrollo el sector turístico nacional con
todo lo que ello implica, por lo que al reducirse el porcentaje de comisión para las
agencias de viajes ello significa la posibilidad de su desaparición ante la imposibilidad
de seguir subsistiendo; ante ello y toda vez que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece en el artículo 93, penúltimo párrafo, que “cualquiera
de las cámaras podrá citar a los secretarios de Estado, al Procurador General de la
República, a los jefes de los departamentos administrativos, así como a los directores y
administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de
participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se
estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades”, consideramos
procedente tener una reunión de trabajo con el Secretario Ejecutivo del Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y al Presidente de Cintra SA de CV para que informen
del diferendo existente entre Cintra y las agencias de viajes nacionales y asimismo
intercambien puntos de vista con los legisladores en dicha materia.
Por lo anteriormente expuesto, nos
permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del
siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. El pleno de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, acuerda citar a comparecencia, ante la Tercera Comisión de Trabajo
al Secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y al
Presidente de Cintra SA de CV para que informen del diferendo existente entre Cintra y las
agencias de viajes nacionales.
Salón de Sesiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 4 de febrero de
2003.— Por la Tercera Comisión: Dip. Julio
Castellanos Ramírez, presidente; Dip. Jesús
Burgos Pinto, secretario; Sen. Gerardo Buganza
Salmerón, secretario; Dip. Salvador Cosío
Gaona, Dip. César Augusto Santiago, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Sen. Adrián Alanís Quiñones, Sen. Esteban Angeles Cerón, Sen. David Jiménez González, Sen. Héctor Larios Córdova, Dip. Raúl Martínez González, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Sen. Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Dip. Víctor Antonio García Dávila, Dip. José Tomás Lozano y Pardinas.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
En consecuencia está a discusión
el punto de acuerdo.
Consulte la Secretaría a la
Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
En votación económica se pregunta
a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Suficientemente discutido el punto
de acuerdo.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
En votación económica se pregunta
si se aprueba el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobado el punto de acuerdo.
Comuníquese.
En consecuencia se pide a la
Secretaría poner a discusión los decretos.
CONDECORACIONES
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo
que suscribe le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que
se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Sulaimán
Chagnon, Luis Ernesto Derbez Bautista, Rodolfo Elizondo Torres, Amanda Mireya Teran
Munguía, José Armando Tamayo Casillas, Mariana Campillo Méndez y Jacques Robert Henri
Marie Payén y Rubio, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los
Gobiernos del Reino de Tailandia, de la República Federativa de Brasil, del Reino de
España y de la República Francesa, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos
los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C) del artículo 37
constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la
aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto
de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al
ciudadano José Sulaimán Chagnon, para aceptar y usar la condecoración Real de la Más
Admirable Orden de Direkgunabhorn, en grado de Caballero Comandante, que le confiere el
Gobierno del Reino de Tailandia.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al
ciudadano doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de
la República Federativa del Brasil.
Artículo Tercero.- Se concede permiso al
ciudadano licenciado Rodolfo Elizondo Torres, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno
de la República Federativa del Brasil.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la
ciudadana embajadora Amanda Mireya Terán Munguía, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, en grado de Gran Cruz, que le confiere el
Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano
General de Brigada Diplomado de Estado Mayor José Armando Tamayo Casillas, para aceptar y
usar la condecoración de la Orden de Río Branco, en grado de Gran Cruz, que le confiere
el Gobierno de la República Federativa de Brasil.
Artículo Sexto.- Se concede permiso a la
ciudadana licenciada Mariana Campillo Méndez, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata, que le confiere el Gobierno del Reino
de España.
Artículo Séptimo.- Se concede permiso al
ciudadano Jacques Robert Henri Marie Payén y Rubio, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de
la República Francesa.
Sala de Sesiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 23 de enero de
2003.— Sen. Orlando Paredes Lara (rúbrica),
Presidente; Dip. Alejandro Zapata Perogordo, secretario;
Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica),
secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica),
Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano (rúbrica), Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica), Dip. Mónica Leticia Serrano Peña, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Furhken (rúbrica), Sen. Antonio García Torres (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica).»
Está a discusión el proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos José Sulaimán Chagnon, Luis Ernesto Derbez
Bautista, Rodolfo Elizondo Torres, Amanda Mireya Terán Munguía, José Armando Tamayo
Casillas, Mariana Campillo Méndez y Jacques Robert Henri Marie Payén y Rubio, para
aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos del Reino de Tailandia,
de la República Federativa de Brasil, del Reino de España y de la República Francesa,
respectivamente.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Está a discusión el dictamen en
lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo
en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado
artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en
conjunto.
REINO
DE ESPAÑA
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo
que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que
solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Pedro Haces Sordo pueda
desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de España en la ciudad de Acapulco,
con circunscripción consular en el estado de Guerrero.
La Comisión considera cumplidos
los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción IV del apartado c) del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
Proyecto
de Decreto
Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano
Pedro Haces Sordo, para desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de España en
la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 23 de enero de
2003.— Sen. Orlando Paredes Lara (rúbrica),
Presidente; Dip. Alejandro Zapata Perogordo, secretario;
Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica),
secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica),
Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano (rúbrica), Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica), Dip. Mónica Leticia Serrano Peña, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Furhken (rúbrica), Sen. Antonio García Torres (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica).»
Está a discusión el proyecto de
decreto que concede permiso al ciudadano Pedro Haces Sordo, para desempeñar el cargo de
Cónsul Honorario del Reino de España en la ciudad de Acapulco, con circunscripción
consular en el estado de Guerrero.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su
votación nominal en conjunto.
PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo
que suscribe le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que
solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Alejandra Villanueva
Tijerina, Fernando Rodríguez Rodríguez, Elio Sánchez Sánchez, Diana Rodríguez Peña y
Carola María Castellanos Bosch; puedan prestar servicios de carácter administrativo en
los Consulados de los Estados Unidos de América, en Nuevo Laredo, Tamaulipas y Monterrey,
Nuevo León y en la Embajada de la República Argentina, en México, respectivamente.
Considerando
a) Que los peticionarios acreditan
su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.
b) Que los servicios que los
propios interesados prestarán en los Consulados de los Estados Unidos Mexicanos, en Nuevo
Laredo, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo León y en la Embajada de la República Argentina,
en México, serán de carácter administrativo.
c) Que las solicitudes se ajustan a
lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y el
artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto
de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso a la
ciudadana Alejandra Villanueva Tijerina, para prestar servicios como operadora telefonista
en la sección de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Nuevo
Laredo, Tamaulipas.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al
ciudadano Fernando Rodríguez Rodríguez, para prestar servicios como chofer, en el
Consulado de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.
Artículo Tercero.- Se concede permiso al
ciudadano Elio Sánchez Sánchez, para prestar servicios como empleado de mantenimiento,
en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la
ciudadana Diana Rodríguez Peña, para prestar servicios como empleada de oficina del
Departamento de Recursos Humanos, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en
Monterrey, Nuevo León.
Artículo Quinto.- Se concede permiso a la
ciudadana Carola María Castellanos Bosch, para prestar servicios como personal
administrativo, en la Embajada de la República Argentina, en México.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 23 de enero de
2003.— Sen. Orlando Paredes Lara (rúbrica),
Presidente; Dip. Alejandro Zapata Perogordo, secretario;
Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica),
secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica),
Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano (rúbrica), Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica), Dip. Mónica Leticia Serrano Peña, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Furhken (rúbrica), Sen. Antonio García Torres (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica).»
Está a discusión el proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos Alejandra Villanueva Tijerina, Fernando
Rodríguez Rodríguez, Elio Sánchez Sánchez, Diana Rodríguez Peña y Carola Maríla
Castellanos Bosch, para prestar sus servicios en los consulados de los Estados Unidos de
América, en Nuevo Laredo, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo León y en la Embajada de la
República Argentina en México, respectivamente.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Está a discusión el dictamen en
lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo
en lo particular...
En virtud de que no se ha reservado
artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación
nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
Por instrucciones de la Presidencia
se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este
proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.
Se pide se hagan los avisos a que
se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 30 votos en pro y cero
votos en contra.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Aprobados por 30 votos, en lo general
y en lo particular los proyectos de decreto.
Pasan al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
CONSTITUCION
POLITICA
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
El siguiente punto del orden del
día es sobre el aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Han solicitado el uso de la palabra
el diputado César Horacio Duarte Jáquez, el diputado Víctor Antonio García Dávila, el
senador Raymundo Cárdenas Hernández y el diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca.
Por lo tanto, tiene el uso de la
palabra el diputado César Horacio Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario
Institucional, hasta por 10 minutos.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez:
Gracias, señor Presidente:
El 5 de febrero de cada año los
mexicanos acudimos con puntualidad a una cita ineludible, la celebración de un
aniversario más de la Constitución Política de la República.
En todo el país, desde la modesta
escuela hasta la más elevada tribuna de la nación, los ciudadanos nos reunimos en este
día para rendir homenaje a los diputados del Congreso Constituyente de Querétaro, que
supieron enfrentar los desafíos de su tiempo con su voluntad y su sangre.Y lo hacemos
porque estamos convencidos de que la Constitución de 1917 es la culminación de la lucha
de los mexicanos por alcanzar la justicia social.
La revolución, como todos lo
sabemos, fue el movimiento social más importante del Siglo XX y transformó las
estructuras políticas y económicas del país. Después de haber sido destruido el
injusto orden de la dictadura por el Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, su
primer jefe, convocó a un Congreso Constituyente en Querétaro. Acudieron a la cita más
de 200 diputados procedentes de todas las regiones del país, representando todos ellos
las demandas y anhelos del pueblo mexicano. Se reunieron para analizar, discutir y aprobar
la nueva organización política del país y transformar los ideales del pueblo en normas
jurídicas sin las cuales la vida sería desordenada y anárquica.
Este esfuerzo por constituirse
legalmente, reconocer y respetar los derechos humanos, evitar los abusos del poder en la
vida colectiva, cristalizaron en los principios de normas adoptadas en la Ley Fundamental.
El profesor Jesús Romero Flores
nos recuerda, como último diputado del Congreso Constituyente de Querétaro, que los
mexicanos tenemos sobrados motivos para sentirnos orgullosos de nuestra historia, de sus
luchas por la adversidad, sus triunfos y derrotas, su voluntad permanente por buscar un
orden que garantice la convivencia pacífica de los mexicanos.
Venustiano Carranza, primer jefe
del Ejército, convocó al Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, que fue
declarada previamente como capital de la República. Al Congreso concurrieron hombres
resueltos, patriotas y muchos de ellos veteranos de la Revolución, miembros del Partido
Antirreeleccionista, entre ellos Luis Manuel Rojas, Félix Palavicini, Francisco Mújica,
Heriberto Jara.
La Constitución Política del 1917
sustenta importantes principios, sobre todo en materia sobre educación, propiedad,
trabajo, rectoría económica del Estado y si bien es cierto que don Venustiano Carranza
convocó al Cuarto Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 1857, herencia
de Juárez, durante los debates realizados las semanas y meses la aportación de los
diputados fue de tal modo importante que finalmente aprobaron una nueva Constitución.
Al comenzar los debates las
comisiones siguieron con puntualidad los proyectos enviados por el Ejecutivo por al correr
del tiempo el grupo radical de diputados resolvió alzar más allá de los límites
señalados, hubo objeciones a las propuestas radicales argumentando que nunca antes un
Congreso Constituyente había ido tan lejos y había tocado asuntos y temas no
considerados dentro del texto legal.
Fue en una sesión, la voz de
Heriberto Jara, diputado por Veracruz, sacudiendo el recinto del teatro del Pueblo con
estas palabras: “¿Quién ha señalado los límites de la Constitución? ¿Quién ha
señalado los centímetros que debe tener una Constitución? ¿Quién ha dicho cuántos
renglones y cuántos capítulos deben formar una Constitución?” Este pensamiento
describe claramente en espíritu del Congreso Constituyente y fue así como el ejercicio
del poder soberano se incorporaron a la Constitución las Garantías Sociales al lado de
las Garantías Individuales, los Derechos de la Nación sobre toda propiedad ordinaria del
lado de los Derechos de la Propiedad Individual y la Propiedad Ejidal.
La Constitución Política de la
República es a la vez la Ley Fundamental del país y el programa de la Revolución
Mexicana, establece el principio sobre la organización política, forma de Gobierno,
origen y naturaleza de la soberanía, división de poderes y fortalecimiento del
Federalismo.
Sustenta los anhelos y demandas
populares de tal modo, que con la Constitución del 1917 se inicia la construcción de un
nuevo orden político, pero a la vez la respuesta a la demanda popular para restituir la
tierra a los campesinos, exigir mejores condiciones de trabajo a los obreros y garantizar
la enseñanza laica, gratuita y popular.
La Constitución Política también
designa el modo como el Ejecutivo debe conducir la Política Exterior sujeta a los
principios emanados de la Revolución y señalado por el artículo 89 fracción X del
texto constitucional.
A lo largo del proceso histórico
han sido muchas y muy importantes las reformas al texto original de la Carta de
Querétaro, con estas reformas se han elevado a rango constitucional diversas
instituciones que han permitido garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos y
preservar el orden democrático en el país.
Entre ellos figura la reforma que
considera a los partidos políticos como entidades de interés público, aquellas otras
que permitieron la creación del Instituto Federal Electoral, de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos así como el establecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social y
del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, (Infonavit)
instituciones que han fortalecido la vida nacional.
Sin embargo, el 40% de la
población nacional, es decir 40 millones de mexicanas y mexicanos están viviendo debajo
de los niveles internacionales de pobreza y de ellos 25 de ellos en extrema miseria en el
campo y las comunidades indígenas de México.
Según la realidad cotidiana y las
cifras del INEGI, revelan que el alarmante grado de desigualdad económica y social de la
población ha aumentado en los últimos años y agudizado en los recientes.
Las contradicciones entre la docena
de millonarios y los millones de pobres son insultantes, además, la agudización del
desempleo y la inseguridad pública, la falta de crédito popular para actividades
productivas y viviendas, la caída de las oportunidades y la calidad de la educación
pública, los niveles de salud y los apoyos sociales aunados a los pésimos resultados de
las políticas nacionales e injustas cláusulas del Tratado de Libre Comercio en materia
agropecuaria que han arrojado socios campesinos mexicanos sojuzgados y una población
mayormente rural y empobrecida que sólo atina a emigrar hacia el norte sin importar
vejaciones infligidas en sus derechos humanos.
Este homenaje a los Constituyentes
de 1917 es también una condena a las políticas neoliberales y a las prácticas
contemporáneas de un Estado Gobierno empresarial y de gerentes en lugar de hombres de
Estado y servidores públicos.
Es una denuncia a la traición a la
Revolución Mexicana, de violación al espíritu social de la Constitución Política de
los mexicanos, el país vive incredulidad y preocupación cívica, la incompetencia
administrativa y la nulidad política advierte el escapismo turístico internacional y la
entrega de la política exterior, y lamenta la ausencia y la cancelación de la
responsabilidad social.
Ante ello, en la celebración de
los constituyentes de la primera Constitución Social y Política de México y el mundo,
con la memoria de Benito Juárez, de Ricardo Flores Magón, de Madero, de Villa y de
Zapata, todavía latente la marcha agrarista que salió a las calles porque el campo ya no
puede esperar, reitera su compromiso y su entrega a la gran causa social de la tierra y la
libertad contenida en la Constitución de 1917, letra, manual de un buen gobierno y
paradigma legislativo de justicia, bienestar, libertad, independencia y paz internacional;
hay signos y señales que debemos atender, la insurgencia agraria que como un torito de
pólvora en el pecho del campo y los barrios populares de las ciudades está creciendo.
La marcha campesina es una muestra
recia, firme y de gran valor cívico que no debe confundirse ni subestimarse; gratitud y
reconocimiento a quienes murieron como héroes y mártires en la etapa precursora, en la
época armada y en la construcción de las instituciones revolucionarias. Un pueblo en
armas tiró y sepultó la tiranía; un pueblo constitucionalista creó el nuevo régimen
social de derecho y un pueblo uniformado y organizado en ejércitos, sindicatos, ligas y
confederaciones de trabajos manuales, intelectuales del campo y las ciudades militantes de
partidos revolucionarios crearon y fortalecieron las instituciones sociales, jurídicas y
económicas de un nuevo, un gran país del México revolucionario.
Esto, como dice el corrido popular
de Muñoz Cota, “habrá que repetirlo por si los nuevos no lo saben o los viejos lo
olvidaron”. México fue creado por la obra justiciera de la revolución mexicana y la
Constitución Política de 1917; es por eso, cada año el pueblo mexicano celebra un
aniversario más de su Constitución que ha permitido el desarrollo del país con
estabilidad y paz social. Con ello celebramos el respeto a nuestras instituciones
democráticas, a los poderes constituidos y a los derechos garantizados por el principio
de legalidad.
Aspiramos a continuar mejorando
nuestra organización política y dentro de la Constitución, abrir mayores cauces a la
justicia, a la democracia.
Sin duda alguna, la Constitución
ha sido el cauce adecuado para propiciar los cambios que el país necesita, nunca ha sido
obstáculo; no requerimos de una nueva Constitución como algunos lo pretenden, en todo
caso lo que requerimos es honrar la cultura del respeto a las leyes y normas que nos
rigen; inculcar esta actitud a las nuevas generaciones a partir del ejemplo, con eso
estaremos más cerca de México, de justicia que anhelamos los mexicanos.
En esta fecha en que celebramos a
nuestra Constitución, rea-firmamos nuestro compromiso de defenderla y respetarla porque
estamos convencidos de que es necesario concebir la Constitución de una manera distinta,
sin excepciones, todos: ciudadanos, jueces, partidos y políticos, sometidos al imperio de
la ley.
Ante el argumento de que sus
preceptos no se cumplen, la respuesta es encontrar mecanismos para hacerla cumplir y
exigir su vigencia. Nuestra Constitución ha probado, por encima de sus problemas, ser
vínculo y punto de convergencias. Si se requiere adecuaciones, discutámoslo. Lo que no
podemos aceptar es que su observancia se violente.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias diputado.
Para referirse al mismo tema, tiene
el uso de la palabra el diputado Víctor García Dávila, del Partido del Trabajo.
El diputado Víctor Antonio García Dávila:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros legisladores:
El cambio en México nadie lo para.
La reversa, también es cambio.
Conmemoramos el LXXXVI aniversario
de la Promulgación de la Constitución de 1917.
La Constitución que nos rige es
producto de la lucha armada de nuestro pueblo y que dio lugar al nuevo pacto social que se
expresa en nuestra Carta Magna. Las aportaciones de los diputados constituyentes se
reorientaron a la modernización del aparato político y administrativo de nuestro país.
Entre otras aportaciones podemos
destacar las siguientes: El sistema federal, la división de poderes, el reconocimiento de
los derechos sociales consagrados en el artículo 3o. y 123 constitucionales, el
surgimiento del municipio libre y la propiedad originaria de la nación sobre nuestros
recursos naturales que hasta ahora se han mantenido inalterables y así deben permanecer.
Nuestra Constitución ha sido
objeto de infinidad de reformas, muchas de ellas han sido reformas profundas; otras, han
sido pegotes que no han contribuido a mejorar la situación de las grandes mayorías
marginadas de nuestro país y otras son altamente reaccionarías como la reforma
salinista, al artículo 27 constitucional en 1992.
Si bien es cierto que en nuestra
Constitución están dadas las bases para establecer el proceso de reformas
constitucionales, este mecanismo parlamentario no ha servido en la mayoría de las veces
para mejorar nuestra vida institucional, sino para proponer reformas que han ido en contra
de los intereses de nuestro pueblo y traicionando el espíritu de justicia social del
texto original de nuestra Carta Magna.
Compañeras y compañeros
legisladores: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se manifiesta en contra de la
intención del titular del Ejecutivo Federal, por abrir a la inversión privada el sector
eléctrico y petrolero. Para el Partido del Trabajo tanto electricidad, como petróleo
deben seguir siendo y manteniéndose como áreas estratégicas de la economía tal y como
lo establece nuestra Constitución.
Abrir el sector energético a la
inversión extranjera constituiría una traición histórica a la gran gesta que el pueblo
y el Gobierno mexicano encabezó en marzo de 1938, bajo la Presidencia del General Lázaro
Cárdenas del Río o desconocer e ignorar, que es peor, el proceso de compra por parte del
Gobierno mexicano de las empresas eléctricas privadas a las que únicamente alentaba la
obtención de ganan- cias, sin importar la prestación del servicio en las zonas alejadas
de los centros industriales, que culmina plenamente con su nacionalización el 27 de
septiembre de 1960, durante la gestión del Presidente Adolfo López Mateos.
El Partido del Trabajo se pronuncia
a favor de la búsqueda de mecanismos, que permitan la capitalización de las empresas del
sector paraestatal, las que por el ramo de actividad económica en que se encuentran son
ampliamente rentables. Si así no fuera, los inversionistas privados no pretenderían
apoderarse de ellas. ¿Acaso alguien pensaría que con la privatización bajarían las
tarifas y mejoraría el servicio? Esto, sólo es un ardid publicitario para justificar los
cambios a la Constitución. Reiteramos, nuestro partido rechaza cualquier intento de abrir
a la voracidad el capital privado, particularmente el del exterior del sector energético.
Otro ejemplo de cambio
constitucional negativo para el país y altamente riesgoso, fue el haber permitido la
participación del capital privado en el sistema bancario, lo que provocó que en la
actualidad casi todos los activos bancarios sean extranjeros y lo que es peor el Gobierno
mexicano continúa apoyando con transferencias vía el IPAB.
El grupo parlamentario del Partido
de Trabajo está convencido de la necesidad de impulsar propuestas de reforma
constitucional, que alienten la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos,
que el pueblo sea factor fundamental de la determinación de su destino; en este sentido
nosotros coincidimos en que es necesario que nuestra Norma Fundamental se incorpore al
mecanismo de democracia semidirecta como la iniciativa popular y el referendum, al igual que el plebiscito y la
revocación de mandato, tal y como lo propusimos en la Honorable Cámara de Diputados en
la LVII Legislatura el 6 de noviembre de 1997.
Compañeras y compañeros
legisladores: idudablemente el mejor homenaje que los mexicanos podemos rendir a la obra
de los constituyentes de 1916 y 1917, es cumplirla y velar por su cumplimiento, esto
compete a los tres poderes de la Unión, pero en este momento particularmente al Ejecutivo
Federal, el cual debe cumplir la estricta observancia de las funciones que el pueblo le
otorgó con su voto.
El Presidente de la República debe
recordar que cuando el 1o. de diciembre del año 2000, protestó guardar y hacer guardar
la Constitución y las leyes que de ella emanen, la protesta suponía el cumplimiento
irrestricto de la ley, no la omisión y el desinterés en su cumplimiento en el que se
incluye también a todo su gabinete. En el ámbito de la administración pública la
ineficiencia es también una forma de corrupción. El Presidente Fox, no debe olvidar ni
dar la espalda a una de sus promesas de campaña.
Es cuanto.
Presidencia del diputado Carlos
Humberto Aceves y del Olmo
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor diputado.
Para el mismo tema tiene la palabra
hasta por 10 minutos, el senador Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la
Revolución Democrática.
El senador Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias, señor Presidente:
Hace dos años el Presidente de la
República, planteó la necesidad de la revisión integral de la Constitución. Ese día
muchos mexicanos observamos que el Presidente tuvo el cuidado de recoger las demandas más
importantes de las fuerzas políticas del país; las elaboraciones más lúcidas de los
intelectuales mexicanos y especialmente recogía con esa propuesta las conclusiones de la
mesa para la Reforma del Estado que el propio Presidente Fox instaló bajo la
coordinación de Porfirio Muñoz Ledo.
El Presidente de la República
señaló ese día, entre otros temas, la necesidad de legislar para ratificar a los
secretarios de Estado en el Congreso de la Unión; establecer el juicio político al
Presidente de la República en caso de faltas graves a la Constitución; ampliar la
capacidad de fiscalización del Poder Legislativo y fortalecer al Poder Judicial. También
propuso la instauración de mecanismos que fomenten la democracia participativa, como el
plebiscito, el referendum o la iniciativa
popular, sobre los grandes temas nacionales o reformas de ley; la promoción de un
auténtico federalismo y el fortalecimiento del municipio libre; la redefinición del
papel de México en el plano internacional en el contexto del respeto a la soberanía y la
libre determinación de los pueblos ante la globalización mundial, así como la
aceptación del voto de los mexicanos en el extranjero.
De todos estos temas ninguno se ha
convertido en iniciativa por parte del propio Poder Ejecutivo ni por parte de su partido.
Por parte de la otra fuerza
relevante en el Congreso de la Unión, por parte del PRI, lo que hemos tenido es
simplemente silencio en torno a la Reforma del Estado.
Hace muy pocos días tuve el honor
de ser invitado por mi buen amigo Mauricio Rosell, a la presentación de un libro que
contiene una buena parte de las propuestas que compartimos en aquella mesa de Reforma del
Estado. A la presentación del libro concurrieron el Presidente y la Secretaria General de
su partido, el PRI. Paradojas de la vida; ninguna, ni una sola de las propuestas
contenidas en el libro de Rosell las ha presentado el PRI como suyas transformadas en
iniciativas.
La Reforma del Estado, la revisión
de la Constitución sigue siendo un sueño en México, pero es necesaria hoy más que
nunca, porque si no hacemos el esfuerzo serio, sistemático para abordar la problemática
nacional y transformar nuestra Carta Magna, los problemas se nos van a acumular porque hoy
tenemos que entender que los problemas en la gobernación del país tienen mucho qué ver,
sí con impericia, con falta de oficio y falta de compromiso, pero también tiene qué ver
con el hecho de que el diseño institucional ya no corresponde a la nueva sociedad
mexicana. El régimen político y el sistema político en su conjunto contenido en la
Constitución vigente, no corresponden a la moderna, compleja y activa sociedad mexicana.
Hoy, el titular del Poder Ejecutivo
ya no es el jefe de las instituciones nacionales, como se le llamaba en el pasado; ya los
gobernadores son provenientes de distintos partidos políticos; tres fuerzas políticas
gobiernan centenares de municipios. Tenemos un papel muy importante hoy de los medios de
comunicación en la vida social y política del país; tenemos además un mundo totalmente
cambiante y mientras todo eso cambió, todavía se defiende al caduco sistema presidencial
que está contenido en la Constitución y que funcionó bien, tal vez en las primeras
décadas del siglo pasado, pero de ningún modo va a resolver los problemas de hoy.
Nosotros hemos señalado que
conservando lo fundamental deberíamos ir a una nueva Constitución. ¿Qué debería
preservarse de la Constitución que surgió en 1917, pero que se transformó por
centenares de iniciativas del Presidente durante todos los 70 años anteriores?
Nosotros diríamos que hay que
conservar las garantías y libertades individuales, la no reelección del Ejecutivo, la
división de poderes, el régimen representativo y federal, el concepto de soberanía
nacional, el carácter laico del Estado, los derechos sociales plasmados en los artículos
3o., 4o., 27 y 123 constitucionales como la gratuidad de la educación, el acceso a la
seguridad social y el derecho al trabajo.
La nueva Constitución que
proponemos implicaría una serie de recuperaciones y rupturas respecto del pasado
mexicano. Significa, en primer término, conservar del Constituyente de 1917 el valor de
la equidad y la justicia social entendidas como protección legal de los más débiles y
recuperar el aliento parlamentario de la Constitución de 1857 que dio al Congreso un
control republicano del Ejecutivo.
Varios tratadistas certifican que
la tendencia mundial de los regímenes políticos en los que impera la democracia han
adoptado elementos del sistema parlamentario en sus más variadas expresiones: Francia con
su sistema semipresidencial o España con una monarquía constitucional parlamentaria;
incluso Rusia, después de la desintegración de la Unión Soviética creó un sistema
presidencial parlamentario.
La nueva constitucionalidad que
México necesita, conlleva también romper con el carácter excluyente de nuestra historia
constitucional. Sin poner en duda la legitimidad histórica de nuestras constituciones,
precedidas de revoluciones o alzamientos populares, podemos estar de acuerdo en que el
único modo en el que hoy día México puede dotarse de un marco constitucional renovado,
legítimo y viable, es mediante un consenso nacional suficientemente amplio.
España y Brasil son ejemplos de
constituyentes recientes en los que la voluntad de consenso tuvo un lugar prioritario. No
es casual que su vida institucional funcione razonablemente bien.
En México, la exclusión de muchas
fuerzas políticas del proceso de reconstitución de las instituciones políticas en 1917,
así como la mayoría de sus sucesivas reformas, propició de modo muy relevante las
dificultades que hemos tenido y seguimos teniendo para implementar la noción de estado de
derecho.
Actualmente es evidente que las
deficiencias del sistema presidencial y la ausencia del entramado institucional que
canalice el diálogo y la colaboración entre poderes, se expresen también en el
errático desempeño del Ejecutivo Federal, porque con independencia de las capacidades
personales de quien ocupe su titularidad, es evidente que la excesiva concentración de
facultades formales en un solo individuo, sólo puede dificultar la solución de los
problemas nacionales.
En general, el desempeño del
actual gabinete presidencial es francamente reprobable, por lo que ése, constituye el
mejor argumento en pro de un sustantivo acotamiento de las facultades presidenciales, así
como de un incremento de las facultades de control del Congreso.
Nuestro grupo parlamentario ha
hecho un conjunto de propuestas sobre lo que debería ser la reforma constitucional y sus
puntos nodales, entre ellas destacan los mecanismos de democracia participativa, mayores
atribuciones al Congreso como la ratificación de los Secretarios de Estado o la
participación en la celebración de tratados.
Mecanismos para el caso de no
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Extensión de los periodos
ordinarios del Congreso de la Unión.
Mayor control del Poder Ejecutivo
por el Congreso.
Limitación de las facultades
constitucionales del Presidente de la República por violaciones graves a la
Constitución.
Reforma electoral para evitar la
sobrerrepresentación partidaria y para regular las relaciones entre el dinero, los
medios, la política y los partidos políticos.
Cambio de la naturaleza jurídica
del Distrito Federal para que adquiera las características de un estado de la Unión.
Fortalecimiento del federalismo y
el municipio libre.
Eliminación del principio de
relatividad de las sentencias en el juicio de amparo.
Introducir en la Constitución la
exigibilidad y ampliación de los derechos sociales.
Con independencia del curso que
siga la propuesta que hizo el Presidente Fox hace dos años, nosotros creemos que la mejor
forma de honrar a los Constituyentes de 1917 en este aniversario, es avanzar en la reforma
integral y democrática del Estado, y dar con ello un nuevo impulso a la transición
democrática mexicana.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el diputado
Tarcisio Navarrete Montes de Oca del Partido Acción Nacional para el mismo tema hasta por
10 minutos.
El
diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca:
Con permiso de la Mesa, señoras y
señores, diputados y senadores:
Hoy que celebramos un aniversario
más de nuestra Constitución, una Constitución del siglo pasado, tendríamos que decir
hoy, una Constitución que se ha prestado a la retórica, a la demagogia, pero que
también ha sido un instrumento de análisis, de revisión y de reforma, yo quisiera decir
que si tuviéramos que señalar una virtud de esta Constitución y de su grupo
Constituyente en Querétaro, yo diría que la mayor virtud y enseñanza que debemos
resaltar en este momento, es la capacidad de generar acuerdos, de llegar finalmente a un
proyecto de Nación, que nos ha servido muchísimo para encontrarnos hoy en el México en
el que transitamos.
Virtuosa, representativa, diría
yo, civilizadora nuestra Constitución, lo es en la medida en que recoge las distintas
perspectivas y enfoques de los grupos que conformaban nuestro país en ese momento,
ideales revolucionarios plasmados en un documento. La Constitución de 1917 significó la
transmutación de la guerra civil en filosofía social y política, en un pacto social, y
por lo tanto le dio sentido a ese levantamiento armado de Madero de 1910, y creemos que
por esa misma razón, hoy no se requieren más levantamientos armados, no tienen
justificación, porque existe un instrumento jurídico, supremo, central, que permite
captar, recibir y generar respuestas a todas las demandas sociales.
Y quisiera decir, en esta ocasión,
que ciertamente hay muchos avances desde la promulgación de nuestra Constitución. Pero
también falta mucho por hacer: citemos la división de poderes, la autonomía e
independencia de cada uno de ellos, los pesos y contrapesos, el federalismo, la autonomía
municipal y como se ha mencionado aquí, la Reforma del Estado.
Y créanme que cuando hablamos de
Reforma del Estado, no lo podemos circunscribir a un mero programa de gobierno, ni
siquiera a un trabajo de sexenio. Diría yo que la Reforma del Estado es una meta
transexenal que nos compromete a todos; una misión colegiada de todos los partidos
políticos.
Cuando éramos oposición
hablábamos de Reforma del Estado, hoy que somos gobierno lo hacemos y mañana seguramente
seguirá otro partido gobernando y seguirán hablando de Reforma del Estado, porque es una
meta consecutiva que no se alcanza en un corto tiempo.
La Constitución es un documento
vivo; es un documento vivo que nos concierne a todos. Pero es un documento vivo en cuanto
se convierte en una actitud coherente y personal de los políticos, de los gobernantes y
de los gobernados. Es un documento vivo en cuanto transmite confianza a los maestros, a
los campesinos, a los sindicalistas, de que hay un Poder Judicial que puede resolver sus
demandas. Hemos escuchado que se exalta constantemente una parte de la Constitución, una
parte orgánica que habla de la defensa de la soberanía.
Yo quisiera hoy junto con esto
exaltar también la otra parte: la lista de derechos que es un límite, un escudo al
servicio de la gente; un escudo para el ejercicio del gobierno que le da un mandato y le
exige cuentas. Por eso tenemos que hacer hoy todos el esfuerzo para lograr una
Constitución que sea real defensa de las libertades públicas, no una Constitución que
esté justificando siempre al grupo gobernante; sino una Constitución accesible que no
deje en estado de indefensión al ciudadano y que ponga tras las rejas cuando sea
necesario, al funcionario que se corrompe; una Constitución que promueva desarrollo
económico, que esté apoyando la inversión interna y la inversión extranjera para
abatir el desempleo en el país.
Finalmente quisiera decir: si en
1917 la Constitución nos da una enseñanza, porque los constituyentes ceden sus puntos de
diferencia y convergen en un proyecto nacional con tolerancia, sin predominio; sino
sacando ese pacto social que ordenaba mínimamente a la nación, hoy, los grandes
desafíos nacionales no se convertirán en problemas nacionales adicionales, si logramos
expresar en el Congreso ese espíritu del Constituyente. Si logramos que en este año
electoral coincida el legítimo interés parcial de los grupos que viven en el país, con
el superior interés de la nación y que seamos capaces de expresar en los próximos meses
que restan de esta legislatura, como se hizo en 1917, un legado histórico que nos permita
decir que esta legislatura, la LVIII, a pesar de que representaba opciones distintas,
partidos políticos diferentes, lograron coincidir en un paquete de reformas económicas,
sociales, culturales, que lanzaron a México al desarrollo económico y modernizaron
nuestras instituciones.
Ojalá contribuyamos todos en este
esfuerzo nacional para darle a los ciudadanos lo que se merecen: un Congreso diligente,
eficaz, ágil, que se pone al día de lo que está requiriendo nuestra nación.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor diputado.
TRANSPORTE
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
A esta Presidencia ha llegado una
comunicación del señor senador Esteban Angeles Cerón, en la que solicita respecto al
punto de acuerdo, sobre la relación México-Estados Unidos en materia de transporte,
presentado por el suscrito en la sesión de la Comisión Permanente, del día 29 de enero
del 2003, ruego a usted ampliar el turno a las comisiones de Comercio y Fomento
Industrial, de Comunicaciones y Transportes y de Relaciones Exteriores América del Norte
de ambas cámaras. Así como a las comisiones segunda y tercera de la Comisión
Permanente, por considerar que el asunto planteado es de su competencia e interés.
«Diputado Eric Eber Villanueva
Mukul, Presidente de la Mesa Directiva.— Comisión Permanente del honorable Congreso
de la Unión.— Presente.
Respecto al punto de acuerdo sobre
la relación México-Estados Unidos en materia de transporte, presentado por el suscrito
en la sesión, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión del día 29
de enero del 2003, ruego a usted ampliar el turno a las comisiones de Comercio y Fomento
Industrial, de Comunicaciones y Transporte, y de Relaciones Exteriores América del Norte
de ambas cámaras, así como a las comisiones segunda y tercera de la Comisión Permanente
por considerar que el asunto planteado es de su competencia e interés.
Agradeciendo de antemano su
atención a mi solicitud hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi
distinguida consideración.
México, DF, a 29 de enero de
2003.— Senador Angeles Cerón.»
Se turna a las comisiones que han sido
solicitadas.
VOTO DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Para hacer una excitativa a la
Comisión de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara
de Diputados, tiene la palabra el diputado César Duarte.
El diputado César Horacio Duarte
Jáquez:
Gracias, señor Presidente.
«Los suscritos legisladores
integrantes de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos: 39 y 45 párrafo sexto, inciso “E” de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos
respetuosamente a esta Presidencia tenga a bien formular una excitativa a las comisiones
de Puntos Constitucionales y Gobernación y Seguridad Pública, a efecto de que sea
dictaminado el asunto correspondiente en razón a los siguientes
ANTECEDENTES
Con fecha 4 de octubre del 2001 se
presentó ante esta soberanía una iniciativa que contiene diversas reformas y adiciones a
los artículos 52, 54, 55, 56 y 60 de la Constitución General de la República. Asimismo
se propone adicionar al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con
el libro noveno, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, como a
la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
El 19 de marzo del 2002 se
procedió a enviar la excitativa en los términos reglamentarios a ambas comisiones con la
finalidad de que emitan su dictamen a la mayor brevedad posible.
La presentación de esta iniciativa
de reformas tiene la finalidad de establecer no solamente el derecho al voto de los
mexicanos avecindados en una u otra nación, en una u otra región geográfica, sino de
establecer las condiciones de su participación, organización y representación plenas,
esto es, la realización de sus prerrogativas constitucionales.
CONSIDERACIONES
El reconocimiento del voto de
nuestros connacionales residentes en el extranjero es un reto para México, pues ningún
otro país del mundo tiene una migración tan amplia y compleja. El Fondo de Población de
las Naciones Unidas, estima que sólo China podría registrar una migración al exterior
mayor que la de México. Si bien los datos para el gigante asiático son impresionantes,
en el 2006 serán 12.5 millones los ciudadanos mexicanos en edad de votar que residan en
otras naciones, abrumadoramente en Estados Unidos y representarán una población de
votantes mayor a cualquier estado de la República, serán 2.6 millones más que en el
año 2000.
La suma de migrantes mexicanos
durante la década completa de los años sesenta equivale hoy a la migración de tan sólo
un año. Trescientos mil mexicanos cambian su residencia anualmente por diversos motivos y
somos ya una gran nación de migrantes del exterior.
De continuar las tendencias
observadas durante el último cuarto del Siglo XX, para el 2025 un grupo social de 25
millones de ciudadanos mexicanos en edad de votar tendrán su residencia principal en
Estados Unidos.
Luego de la reforma constitucional
de 1996, el derecho para votar en el exterior ya no es debate. La discusión actual
involucra a todos los actores y partidos políticos que reconocen este derecho pero que de
inmediato señalan una larga lista de consideraciones técnicas y logísticas que aún se
deben resolver.
Lo que sorprende es que ninguna de
las fuerzas políticas del país hayan hecho lo suficiente para que los mexicanos en el
exterior puedan votar en los hechos.
Reconocemos con toda honestidad que
el voto de los mexicanos en el extranjero no sólo enfrenta problemas técnicos,
administrativos y logísticos que deben superarse. ¡No! También existen escollos de otra
índole y que dependen básicamente de las disposiciones que asumamos los diversos actores
políticos e instituciones.
Para sortear esos peligros, hay que
evitar los temores que pueden recaer sobre nosotros y mantener la actitud de miras que ese
proyecto nacional exige.
Sólo si nos comprometemos
plenamente con lealtad, con el éxito de la misión que el Congreso nos encomendó
podremos cumplir satisfactoriamente este mando popular.
Debemos encarar los problemas que
plantea el voto de los mexicanos en el extranjero sin ceder a los prejuicios que
cuestionan ese derecho infundiendo dudas sobre la capacidad cívica de los millones de
compatriotas que han debido emigrar para realizar su propio destino y con sus remesas de
dinero contribuyen económicamente a ensanchar el de-sarrollo de la patria.
El compromiso republicano a favor
del voto de los mexicanos que residen fuera del país, no puede ser entendido por nosotros
como una evasión de responsabilidades políticas a quienes nos presidieron.
Si como la proposición de un
problema en esta institución sólo podemos asumir que el compromiso con el voto de los
mexicanos en el extranjero fue un mandato preciso, integrando el pacto democrático
nacional, se colocó sobre los sucesores de quienes así acordaron y ésos somos nosotros.
Por eso sería inmoral disimular nuestro compromiso y sería una deshonra tan siquiera
pensar en eludir hoy que la República afirmó en el pasado.
Nosotros debemos honrar esos
compromisos legales, republicanos y democráticos porque conforman los cimientos sobre los
cuales se asienta nuestra propia casa y que son de buena medida una de las razones
políticas que explican nuestra propia presencia en este Congreso de la Unión.
CONSIDERACIONES
DE DERECHO
Por todo lo anterior y con
fundamento en el artículo 21 fracción XVI y 87 del Reglamento Interior del Congreso
General del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos presentan esta
solicitud para que esta Presidencia formule excitativa a las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública, a efecto que se dictaminen, a la
brevedad posible, respecto a la iniciativa en mención.
Por lo antes expuesto a usted,
señor Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, atentamente solicitamos:
Unico. Tenga por presentada esta solicitud de
excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad
Pública para que presenten su dictamen respecto a la iniciativa de reformas de los
artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Asimismo adicionar al Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con el Libro Noveno.
Dado en el Palacio
Legislativo.— San Lázaro, sede la Cámara de Diputados.— Firman: diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado Jaime Larrazábal Bretón y su servidor.»
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor diputado.
De conformidad con lo que establece el
artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones de Puntos Constitucionales y
de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados para que emitan el
dictamen correspondiente.
VOTO DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Tiene la palabra el diputado
Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
para presentar una excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y de
Gobernación y Seguridad Pú- blica.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor Presidente.
El suscrito, integrante del grupo
parlamentario de la Revolución Democrática, por este conducto respetuosamente solicito a
la Presidencia de esta honorable Comisión Permanente tenga a bien formular excitativa a
las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública, de
conformidad con lo establecido en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los
siguientes
ANTECEDENTES
1. Que con fecha 4 de octubre de
2001 el diputado Gregorio Urias Germán presentó ante esta soberanía iniciativa que
contiene reformas y adiciones a los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la Constitución
General de la República. Asimismo se propone adicionar el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales con el Libro Noveno, misma que fue turnada
tanto a la Comisión de Puntos Constitucionales como a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública.
La iniciativa propone los
mecanismos que hagan posible que nuestros compatriotas que se encuentran en el extranjero
puedan hacer efectivo las prerrogativas que le conceden las fracciones I, II y III del
artículo 35 constitucional: votar en las elecciones populares, ser votado para todos los
cargos de elección popular, así como asociarse individual y libremente para tomar parte
en forma pacífica en los asuntos políticos del país.
Como puede verse, la propuesta no
se limita a que se les garantice su participación en la elección de Presidente de la
República, sino también a que puedan formar parte del Poder Legislativo de la Unión, lo
que será posible en la medida que se apruebe la VI circunscripción Electoral
Plurinominal en los términos que se plantea en la iniciativa en comento.
No existe razón ni sustento alguno
para seguir privando a tan significativo porcentaje de ciudadanos mexicanos del ejercicio
de los derechos que les concede nuestra Carta Magna. El esfuerzo productivo que realizan
más allá de nuestras fronteras, sometido frecuentemente a la violación de sus derechos
humanos, representa una derrama económica para nuestro país sólo superada por las
divisas de la industria petrolera.
Su amor por México y sus raíces,
a pesar de la adversidad que los llevó a buscar oportunidad allende las fronteras, merece
el más amplio reconocimiento del Estado mexicano. Lo menos que estamos obligados a hacer
en este Poder Legislativo, es legislar para crear los mecanismos que les permita ejercer a
plenitud sus derechos políticos.
En las últimas elecciones
presidenciales todos los candidatos, incluyendo desde luego al hoy titular del Ejecutivo,
proclamaron su apoyo a esta vieja demanda. A más de dos años de distancia, tanto el PRI
como el PAN no asumen un verdadero compromiso para sacar adelante las reformas legales
necesarias para instrumentar la participación de millones de connacionales.
Los legisladores debemos mostrar
sensibilidad ante el legítimo reclamo de tan importante número de mexicanos que con gran
fervor patrio desean participar en la vida política del país. No posterguemos más
nuestro trabajo legislativo, ya se ha perdido tiempo muy valioso. Tengamos presente que
los destinatarios de esta propuesta de reforma legal ya no podrán participar en las
próximas elecciones federales y ante la ausencia de resultados en este espacio
legislativo, crece la indignación de quienes con toda razón levantan su voz para que el
Estado mexicano les permita ejercer los derechos políticos que la Constitución General
les concede.
En razón de lo anterior y en
virtud de que ha transcurrido con exceso el término establecido en el artículo 87 del
Reglamento para el Gobierno Interior del “Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, consideramos oportuno que se proceda a enviar excitativa en los términos
reglamentarios a las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y Seguridad
Pública, con la finalidad de que emitan su dictamen a la mayor brevedad posible”.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor diputado.
De conformidad con lo que establece la
fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, para
que emitan el dictamen correspondiente.
Hay un turno más para el señor
diputado Ramón León, pero en virtud de que están haciendo consultas, se pasa para más
adelante.
ACUACULTURA
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Le daríamos la palabra ya en
proposiciones, al senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para impulsar la
acuacultura.
El senador Héctor Larios Córdova:
Con el permiso de la Presidencia:
El que suscribe, integrante del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, con fundamento en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, presento la siguiente propuesta de punto de acuerdo que exhorta al
titular del Ejecutivo Federal para que diseñe e implemente programas y apoyos financieros
a proyectos nuevos de acuacultura que sean técnica y socialmente viables, al tenor de las
siguientes
CONSIDERACIONES
Que según el informe sobre el
estado mundial de la Pesca y Acuacultura, preparado en 1997 por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, durante 1995 se alcanzó una
producción total del orden de 21 millones 300 mil toneladas de producto derivado de la
acuacultura, cifra que refleja el que la producción acuícola mundial ha venido en
incremento.
Que la acuacultura ha venido año
con año experimentando y sosteniendo crecimientos.
Durante 1999 contribuyó con 166
mil 337 toneladas, es decir, el 13% de la producción nacional. En ese mismo año la
acuacultura en sistemas controlados aportó el 3%.
El cultivo de camarón sigue hoy
ocupando el primer sitio con un registro de cosecha del orden de las 29 mil 120 toneladas,
que representó aproximadamente el 75% de toda la producción acuícola de los sistemas
controlados, según el anuario estadístico de pesca en 1999.
El país contó con 347 granjas
para la producción comercial de camarón, consistentes en 26 mil 291 hectáreas; el 97%
de ellas se encuentran ubicadas en los estados de Sinaloa, Sonora y Nayarit. En las
entidades del Golfo de México y Mar Caribe se encuentran distribuidas 510 de ellas,
principalmente en los estados de Tamaulipas y Campeche.
Que mientras la acuacultura
registró una cosecha récord de 22 mil 162 toneladas, las capturadas de camarón
silvestre fueron consideradas regulares con 8 mil 277 toneladas extraídas en alta mar y 1
mil 849 toneladas en esteros y bahías.
Que en relación con la
acuacultura, las mayores cosechas se obtuvieron en el municipio de Cajeme, Sonora, con 15
mil toneladas, Bahía de Quino y las granjas del Norte del Estado con 4 mil toneladas y
Huatabampo con 2 mil 200 toneladas.
Que el problema más importante
para el sector es el escaso financiamiento y la falta de programas y apoyos sustantivos
para apoyar a este sector.
Que la Ley de Desarrollo Rural
sustentable contempla la acuacultura como una actividad agropecuaria a través del fomento
de las actividades productivas procurando el uso óptimo y la conservación y mejoramiento
de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad productiva
en el campo incluída la NO agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la
competitividad, el ingreso y el empleo en la población rural.
Que actualmente no se han propuesto
programas acordes con la Ley de Desarrollo Rural sustentable en esta materia de
acuacultura en la región y con el impulso del Frente Agrarista Sonorense someto a
consideración el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
La Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que en el ámbito de
sus atribuciones:
1o. Fomente e impulse proyectos de
acuacultura en los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit con fundamento en lo dispuesto en
las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal, de Desarrollo Rural
Sustentable, de Aguas Nacionales y de Pesca.
2o. La Sagarpa a través de la
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, diseñe y ponga en operación programas pilotos
para el apoyo y financiamiento del Proyecto del Distrito de Desarrollo Acuícola del
Litoral de Caborca, Estado de Sonora y como modelo industrial camaronícola sustentable y
que reconvierta esta zona de 4 mil hectáreas que han dejado de ser productivas para la
Agricultura y pueda crearse un Parque Camaronícola Integral con expectativas de
generación de 1.5 jornales por hectárea.
3o. Que la Comisión
Intersecretarial para el Desarrollo Rural sustentable establezca acciones y programas
sectoriales de acuacultura y en especial para el proyecto planteado a efecto de disponer y
ejercer el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2003 de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, los recursos necesarios
para este fin.
Salón de sesiones de la Comisión
Permanente, a 4 de febrero de 2003.
Es cuanto, señor Presidente.
«El que suscribe, senador Héctor
Larios Córdova, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta soberanía, el siguiente punto de
acuerdo, que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que diseñe e implemente programas
y apoyos financieros a proyectos nuevos de acuacultura que sean técnica y socialmente
viables, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que según el Informe sobre el
Estado Mundial de la Pesca y Acuacultura, preparado en 1997 por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), durante 1995 se alcanzó una
producción total del orden de 21.3 millones de toneladas de productos derivados de la
acuacultura, cifra que refleja que la producción acuícola mundial ha venido en aumento.
Que la acuacultura ofrece muchas
posibilidades para su diversificación y desarrollo prácticamente en todo el mundo. En la
actualidad, los productos marinos contribuyen con el 3% del suministro mundial de
alimentos, con el 6% de la producción total de proteínas y con el 18% del total de las
proteínas de origen animal. Adicionalmente, entre las carnes, los pescados y mariscos son
los más importantes, ya que participan con el 33% de la producción de carnes en el
ámbito mundial. En 1999, la acuacultura en todas sus modalidades contribuyó con el 12.9%
de la producción total y el valor de la producción se estimó en 11,166.7 millones de
pesos.
Que la pesca y la acuacultura de
las entidades del océano Pacífico contribuyen con 966 mil toneladas, equivalentes al 72%
de la producción nacional; las del golfo de México y mar Caribe, con 337 mil toneladas
(25.11%); y las de los estados sin litoral con 38 mil 100 toneladas (2.84%).
Que la acuacultura ha venido, año
con año, experimentando un crecimiento sostenido, durante 1999 contribuyó con 166 mil
337 toneladas, es decir, el 13% de la producción nacional. En ese mismo año, la
acuacultura en sistemas controlados, aportó el 3%. El cultivo de camarón siguió
ocupando el primer sitio con un registro de cosecha del orden de las 29 mil 120 toneladas,
que representaron aproximadamente el 75% de toda la producción acuícola de los sistemas
controlados. Según el Anuario Estadístico de Pesca, en 1999, el país contó con 347
granjas para la producción comercial de camarón, consistentes en 26 mil 291 hectáreas
de superficie cultivable. El 97% de ellas se encuentran ubicadas en los estados de
Sinaloa, Sonora y Nayarit. En las entidades del golfo de México y mar Caribe, se
encuentran distribuidas 510 de ellas, principalmente en los estados de Tamaulipas y
Campeche.
Que durante la temporada 2001-2002
en el Pacífico mexicano, los acuicultores y pescadores del estado de Sonora produjeron un
total de 32,288 toneladas de camarón.
Que mientras la acuicultura
registró una cosecha récord de 22,162 toneladas, las capturadas de camarón silvestre
fueron consideradas “regulares” con 8,277 toneladas extraídas en alta mar y
1,849 toneladas en esteros y bahías.
Que en relación con la
acuicultura, las mayores cosechas se obtuvieron en el municipio de Cajeme con 15,534
toneladas, Bahía Kino y las granjas del norte del estado con 4,375 toneladas, y
Huatabampo con 2,253 toneladas.
Que durante el año 2000, la
acuacultura en el estado de Sonora empleó a 21,405 personas, que laboraron en 53 granjas,
cuya superficie destinada a la actividad fue de 6,975 hectáreas, aportando el 39.23% de
la producción pesquera anual del litoral Pacífico por un valor de 880,914 millones de
pesos, ocupando el segundo lugar después de Sinaloa.
Que estas cifras, demuestran que la
acuacultura es una alternativa a la pesca, tomando en cuenta la eventual sobreexplotación
de algunas especies, ya que esta actividad podría restar presión sobre los recursos
pesqueros y coadyuvaría al combate de la pobreza extrema, por lo que su fomento en áreas
costeras y aguas territoriales debería ser prioritario para ciertas regiones del país.
Que el problema más importante
para el sector es el escaso financiamiento y la falta de programas y apoyos sustantivos
apropiados al sector.
Que la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable contempla la acuacultura como una actividad agropecuaria, a través del
fomento de las actividades productivas, procurando el uso óptimo, la conservación y el
mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la
actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la
rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural.
Que actualmente no se han propuesto
programas acordes con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de acuacultura en
la región.
En consecuencia, someto a esta
soberanía el siguiente
Punto
de Acuerdo
La Comisión Permanente del
Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que en el ámbito de
sus atribuciones:
Primero. Fomente e impulse proyectos de
acuacultura en los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit, con fundamento en lo dispuesto en
las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal; Desarrollo Rural Sustentable;
Aguas Nacionales, y Pesca.
Segundo. La Sagarpa, a través de la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca, diseñe y ponga en operación programas piloto para el
apoyo y financiamiento del proyecto del distrito de desarrollo acuícola del litoral de
Caborca, estado de Sonora, como modelo industrial camaronícola sustentable que
reconvierta una zona de 4 mil hectáreas que han dejado de ser productivas para la
agricultura y se cree un parque camaronícola integral, con expectativas de generación de
1.5 jornales por hectárea con 7 mil 500 empleos directos y con un volumen de producción
estimado de 8 mil toneladas.
Tercero. Que la Comisión Intersecretarial para el
Desarrollo Rural Sustentable, establezca acciones y programas sectoriales de acuacultura y
en especial para el proyecto planteado, a efecto de disponer y ejercer del presupuesto de
egresos del ejercicio fiscal 2003 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, los recursos necesarios para este fin.
Salón de Sesiones de la H.
Comisión Permanente, a los 4 días del mes de febrero de 2003.— Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica).»
Presidencia del diputado Bernardo Borbón
Vilches
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
Gracias señor Senador.
Túrnese a las Comisiones de
Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural de la Cámara de Senadores.
CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
Tiene la palabra el diputado
Carlos Aceves del Olmo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe del Gobierno
del Distrito Federal, proceda a la publicación inmediata del texto íntegro del decreto
que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal.
El diputado Carlos Humberto Aceves y
del Olmo:
Gracias, señor Presidente.
Con fundamento en los artículos
122 y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 de
su Reglamento Interior, los abajo firmantes solicitamos a la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, aprobar el punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, proceda de inmediato a publicar íntegro el texto de decreto que
contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal,
aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa el pasado mes de diciembre de 2002.
La semana inmediata pasada en el
seno de la Asamblea de Representantes se llegó a un acuerdo con objeto de solicitar por
conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al jefe de Gobierno cumpla con este
cometido y no siga violando o violentando la ley a su arbitrio y sólo para darse gusto a
sus proyectos.
En virtud de que el documento que
tengo es extenso y sería ocioso leerlo, yo pediría que le dé por favor la difusión
adecuada, completo, en la Gaceta y en el Diario de los
Debates.
Este documento, que me concretaré
a leer únicamente el punto de acuerdo, dice:
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Que esta Comisión Permanente envíe un
exhorto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a fin de que cumpla con las obligaciones
establecidas para él en los distintos ordenamientos jurídicos aplicables y proceda a la
inmediata publicación del texto íntegro del decreto que contiene diversas reformas y
adicionar al Código Financiero del Distrito Federal aprobado por el pleno de la Asamblea
Legislativa.
Este documento lo firman diputados
y senadores del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del
Partido Verde Ecologista de México.
Suplico señor Presidente que sea
íntegramente impreso en la Gaceta.
Gracias.
«Punto de acuerdo para exhortar al
Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que proceda a la publicación inmediata del texto
íntegro del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del
Distrito Federal.
Antecedentes
1. Con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso e), y base segunda,
fracción II, incisos c) y f), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; así como 7o., 8o., fracción II, 42, fracción IX, 46, fracción III, y 67,
fracción I, del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del
Distrito Federal remitió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el día 30 de
noviembre de 2002, para su discusión y aprobación, la iniciativa de decreto que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal.
2. De conformidad con lo
establecido por el artículo 19 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, el C. Presidente de la Mesa Directiva de esta Asamblea,
en sesión ordinaria celebrada el día 3 de diciembre de 2002, turnó la iniciativa del
Jefe de Gobierno, para su análisis y dictamen, a las Comisiones Unidas de Presupuesto y
Cuenta Pública, y de Hacienda.
3. En analogía al procedimiento
dispuesto por el artículo 92 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, el Presidente de la Comisión de Hacienda, fungiendo
como Presidente de las Comisiones Unidas, en su sesión del día 9 de diciembre de 2002,
declaró en sesión permanente la reunión de trabajo de las mismas, la cual duró hasta
el agotamiento de los trabajos correspondientes.
4. En la sesión referida en el
punto anterior, se realizaron comparecencias con los ciudadanos: secretario de Finanzas,
procurador fiscal, tesorero y subsecretario de Egresos del Gobierno del Distrito Federal,
conforme al calendario y las reglas del procedimiento previamente acordadas, con la
finalidad de obtener una mayor claridad en cuanto a los conceptos, objetivos y
procedimientos utilizados en el desa-rrollo del proyecto de referencia.
5. Para cumplir con lo dispuesto en
el artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, las Comisiones Unidas de Hacienda, y de Presupuesto y Cuenta Pública,
se reunieron para dictaminar las iniciativas presentadas, con el fin de someterlas a la
consideración del Pleno de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
6. En la sesión del Pleno de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, celebrada el 26 de diciembre de
2002 se aprobó el Código Financiero del Distrito Federal.
7. El paquete financiero fue
enviado al jefe de Gobierno el día 30 de diciembre pasado para que, de acuerdo a lo
establecido por los artículos 122, base segunda, fracción II, inciso b), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal, y 86 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, lo publicara en la Gaceta Oficial y
estuviera en posibilidades de aplicarlo desde el día primero de enero del presente año o
que, en caso de que no estuviera de acuerdo con lo aprobado, hiciera sus observaciones y
lo devolviera a la Asamblea Legislativa para su corrección o ratificación.
8. Con fecha 31 de diciembre, el
jefe de Gobierno publicó parcialmente el Código Financiero en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, omitiendo
publicar 30 artículos que forman parte del decreto aprobado por la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.
9. El día 8 del presente mes, la
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa envió un escrito al Jefe de Gobierno
solicitándole procediera a publicar de manera inmediata el articulado completo del
Código Financiero.
Considerandos
Primero. Que el Distrito Federal es
sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, por tal
motivo, es menester de esta Comisión Permanente prestar atención a lo que en éste
suceda.
Segundo. Que durante el pasado mes
de diciembre los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II
Legislatura, aprobaron en tiempo y forma el paquete financiero para que la capital del
país cuente con los recursos económicos para su desarrollo.
Tercero. Que los integrantes del
órgano legislativo del DF realizaron un gran esfuerzo y, mediante un trabajo profesional
y cuidadoso, sin la participación del Gobierno de la Ciudad que abandonó los trabajos en
la última etapa, aprobaron los instrumentos financieros para la Ciudad que se
caracterizaron por lo siguiente:
Garantizar recursos suficientes
para que el Gobierno realice sus funciones a favor de la población.
No incrementar el impuesto predial
y otorgar descuentos a los contribuyentes que paguen oportunamente este impuesto.
Fomentar el uso racional del agua,
incrementando hasta en un 10% el pago del servicio a quienes consuman más de 70 metros
cúbicos.
Poner énfasis en temas relativos a
seguridad pública, educación, servicios de salud, apoyo a adultos mayores, transporte
público, obras de infraestructura y preservación y restauración ambiental.
Otorgar prioridad a los programas
sociales, incrementando el presupuesto destinado a los mismos en un 13.3%.
Definir reglas para que el Gobierno
administre con mayor eficiencia y transparencia los recursos públicos.
Cuarto. Que el paquete financiero
enviado al Jefe de Gobierno el día 30 de diciembre pasado para que, conforme a los
lineamientos contemplados en las disposiciones legales, lo publicara en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y estuviera en
posibilidades de aplicarlo desde el día 1o. de enero del presente año o que, en caso de
que no estuviera de acuerdo con lo aprobado, hiciera sus observaciones y lo devolviera a
la Asamblea Legislativa para su corrección o ratificación.
Quinto. Que la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad no se condujo conforme a lo dispuesto por la ley y publicó parcialmente el
Código Financiero omitiendo disposiciones en 30 artículos, acción que constituye una
violación flagrante a la legalidad, invadiendo la competencia del órgano legislativo al
tratar de anular sus decisiones y erigiéndose como legislador, violentando con esto el
principio constitucional de división de poderes y atentando contra las instituciones
democráticas establecidas.
Sexto. Que al omitir las
disposiciones del Código Financiero, el Gobierno del Distrito Federal anula de facto una serie de reglas que la Asamblea
Legislativa diseñó para ordenar y transparentar la aplicación de los recursos públicos
y mejorar la rendición de cuentas del Gobierno durante el ejercicio fiscal del año 2003.
Séptimo. Que la manera de proceder
del Gobierno de la Ciudad constituye una violación a los artículos 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 67, fracción II, del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 86 de la Ley Orgánica de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal; y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Distrito Federal.
Octavo. Que a lo largo de su
gestión, el Jefe de Gobierno ha demostrado una falta de respeto total hacia el órgano
legislativo de la Ciudad de México. Previo a la publicación incompleta del Código
Financiero, cometió constantes violaciones al sistema de división de órganos de
Gobierno del Distrito Federal, tratando de anular acciones de los órganos legislativo y
judicial con las que no está de acuerdo, entre las que mencionamos las siguientes:
La emisión de bandos en los que
estableció disposiciones que contravienen la legislación del Distrito Federal.
La no publicación o la
publicación tardía de disposiciones legales emitidas por la Asamblea Legislativa.
La no aplicación manifiesta del
artículo 65 de la Ley de Transporte, que se refiere a la obligación de los
automovilistas para contratar el SUVA.
El no haber emitido el Reglamento
de la Ley de Establecimientos Mercantiles, irregularidad que impide la aplicación plena
de esa ley.
El haber obstaculizado las reformas
al código electoral, situación que demostró fehacientemente una intromisión orientada
a controlar el proceso electoral.
El desacato de diversas
resoluciones del Poder Judicial como la del juicio de amparo número 986/2002-1-B.
Otorgar facultades de manera ilegal
a la Secretaría de Medio Ambiente, adscribiendo a la misma al organismo de aguas,
contraviniendo la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, que
establece que es la Secretaría de Obras Públicas la responsable en esa materia.
Noveno. Que los legisladores no
podemos tolerar las tentaciones autoritarias de un Jefe de Gobierno que desprecia el
trabajo legislativo, el principio de división de poderes y a toda costa trata de imponer
su voluntad violentando de manera constante el Estado de derecho.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado, presentamos ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el
siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico. Que esta Comisión Permanente envíe un
exhorto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a fin de que cumpla con las obligaciones
establecidas para él en los distintos ordenamientos jurídicos aplicables y proceda a la
inmediata publicación del texto íntegro del decreto que contiene diversas reformas y
adiciones al Código Financiero del Distrito Federal, aprobado por el pleno de la Asamblea
Legislativa, el pasado mes de diciembre de 2002.
Dip. Carlos Aceves del Olmo (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Furhken (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Dip. Mónica Leticia Serrano Peña (rúbrica), Dip. Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Sen. Sara Castellanos Cortés (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Dip. José María Rivera Cabello (rúbrica).»
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
Con mucho gusto, señor diputado.
Túrnese a la Primera Comisión de la
Comisión Permanente y publíquese íntegro el texto presentado por el diputado, en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Presidencia del diputadoCarlos Humberto
Aceves y del Olmo
CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Tiene la palabra el diputado Ramón
León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a la publicación del Código
Financiero del Distrito Federal.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor Presidente:
El pasado 29 de enero, la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal aprobó por mayoría, una propuesta con punto de acuerdo
para interponer una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal por publicar
parcialmente el Código Financiero del Distrito Federal 2003.
Por su parte, el Jefe de Gobierno
del Distrito Federal ha hecho publica su determinación de ejercer su derecho a realizar
observaciones a 30 artículos que reforman y adicionan el Código Financiero del Distrito
Federal 2003, mismas que conforme a los tiempos que determinan las disposiciones
aplicables, deberán ser comunicadas el primer día de sesiones del próximo periodo de
reunión de la Asamblea Legislativa.
Asimismo, el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal ha manifestado que los artículos reservados tratan sobre la pretensión
de los legisladores de oposición para limitar los programas de apoyos y subsidios para el
desarrollo y la protección social y de otros relacionados con el impuesto predial, donde
se incrementan los valores unitarios del suelo y de las construcciones, así como para
imponer un transitorio que prevé el aumento de 5.4% en el cobro del impuesto predial.
Otra grave inconsistencia se dirige
a fijar los montos de los ingresos que aporta la Federación para entidades y municipios,
como si esta atribución fuese competencia local pretendiendo rebasar el marco jurídico
federal que les sirve de sustento y de facto
favorecer con mayores recursos a las delegaciones gobernadas por la oposición, sin
considerar los criterios propuestos por el Jefe de Gobierno que se orientan a beneficiar a
los sectores sociales más desprotegidos.
Frente a este escenario,
consideramos que al promover una controversia constitucional, los legisladores del
Distrito Federal utilizan un recurso que la Carta Magna otorga a un órgano legislativo
que considera ha visto vulneradas sus atribuciones, dado que la Asamblea Legislativa tiene
el derecho de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presentar este
recurso, lo cual le da al Ejecutivo local el derecho de presentar los argumentos
jurídicos a que haya lugar.
La última palabra sobre este
litigio la tiene el máximo tribunal del país y a sus resolutivos se ceñirá el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal. Cabe señalar que los hechos comentados resultan inéditos
en la relación de poderes locales, Legislativo y Ejecutivo, mismo que han rebasado el
ámbito político y requieren de una determinación jurídica de la autoridad competente.
Ante tal eventualidad, el grupo
parlamentario del PRD considera que no debe limitarse el derecho constitucional de la
Asamblea Legislativa y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal para acudir y presentar
los alegatos y pruebas procedentes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin
de que conforme a derecho se determine la procedencia de vetar de manera parcial el
proyecto de decreto de reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal.
Sin embargo, en el caso de que esta
honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión pretende emitir un exhorto o una
opinión a cualquiera de las partes, consideramos que es indispensable contar con la más
amplía y veraz información con el firme propósito de no violentar el marco jurídico
que norma la relación entre dos poderes locales, en este caso la Asamblea Legislativa y
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal ni emitir un acuerdo precipitado.
Por lo antes expuesto, me permito
someter a la consideración de esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la
Unión el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. La honorable Comisión Permanente del
Congreso de la Unión acuerda solicitar en forma respetuosa, a la honorable Asamblea
Legislativa del Distrito Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, toda
información referente a la iniciativa, debate, aprobación y publicación del decreto,
que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal
2003, con objeto de que este órgano Legislativo Federal tome las resoluciones
pertinentes.
Asimismo, dicha información se
hará del conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de
Diputados, para los efectos a que haya lugar.
Por su atención, compañeras y
compañeros diputados, Presidencia. Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Primera Comisión.
CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Con punto de acuerdo sobre la
publicación inmediata del texto íntegro del Código Financiero del Distrito Federal,
tiene la palabra el diputado José Tomás Lozano y Pardinas, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.
El diputado José Tomás Lozano y
Pardinas:
Proposición con punto de acuerdo
para solicitar a la Comisión Permanente, su intervención dentro de las facultades
legales que le competen en torno a la actitud del Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a la publicación y promulgación parcial del
Código Financiero decretado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, el diputado José María Rivera Cabello y José Tomás Lozano y
Pardinas, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo.
Con su venia señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
He querido subir el día de hoy a
esta alta tribuna, en este día vísperas del 5 de febrero, día en que honramos la
Constitución que nos rige, nuestra Constitución Política, para denunciar y lo haré
mientras tenga voz en la garganta, el rompimiento del orden constitucional y jurídico que
dicha Constitución nos garantiza, rompimiento de dicho orden que como paradoja corre a
cargo de aquél, cuyo primer deber es cumplirla y hacerla cumplir.
Me estoy refiriendo compañeros
diputados al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador, quien
en una actitud caprichosa y desmedida que no acierto calificar, como es, la promulgación
y publicación parcialmente de una ley, el Código Financiero ya decretada por el marco
jurídico competente del Gobierno de la Ciudad de México, es decir, la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
Quiero recalcar que una actitud
así, no tiene precedente, ni siquiera en los regímenes que algún día se apreciaron de
ser monarquías o imperios, situación como ésta no se ha presentado jamás ni siquiera
en los más negros periodos de la historia política y legislativa de México. La
resolución tomada por el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, nos hace dudar
no sólo de su capacidad de gobierno, sino aun de la entereza misma de sus facultades.
La publicación y promulgación
parcial del Código Financiero, aunado al rompimiento del orden constitucional y jurídico
del Gobierno de la Ciudad de México, carece de valor y sustento alguno. En la ciudad de
“la esperanza”, se ha convertido en la ciudad “de la amenaza”, vemos
que no importa la fuerza de la ley, lo que vale es la fuerza de la amenaza para rechazar
lo que el cuerpo Legislativo ha decidido.
Que la Comisión Permanente, tome
cartas en el asunto, a efecto de buscar la restitución del orden constitucional y
jurídico de la Ciudad de México, que ha sido violado por la actitud no diría yo
prepotente, sino arbitraria y delictuosa del actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Andrés Manuel López Obrador.
Si revisamos lo que mutiló al
Gobierno de la Ciudad, veremos que claramente, que su rechazo es a rendir informes
periódicos a la Asamblea. El Gobierno de esta Ciudad rechazó que existan mecanismos para
prever el caso de ingresos por encima del presupuesto. Este tipo de reglas ya existen para
el Gobierno Federal, sin que nadie los considere una ofensa; al contrario, rechazar estas
reglas es una ofensa a la democracia. No es decir: “el que puede promulgar todo,
puede promulgar una parte”, al rato el Jefe de Gobierno sólo va a publicar el
título de la ley.
La Asamblea Legislativa pidió
claridad en el uso del dinero público, claridad en padrones de beneficiarios y criterios
de selección. El Gobierno de la ciudad no quiere esa claridad en la información, tampoco
quiere López Obrador que la Asamblea determine los impuestos; prefiere la justicia de
califa, donde rige la amenaza del uso de la cimitarra para acallar al que no está de
acuerdo. Tal vez por eso sus consultas tienen resultados de opinión parecidos a las
consultas que ha hecho Sadam Hussein, el Gobierno de Corea o las votaciones soviéticas.
En la “Ciudad de la
Amenaza”, las amenazas se cumplen y la cimitarra del califa ha sustituido a la espada
de la ley y la misma ley ha sido mutilada, por eso, por lo anteriormente, expuesto y
fundado, los diputados federales José Tomás Lozano y Pardinas y José María Rivera
Cabello integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LVIII
Legislatura, a usted señor Presidente le solicitamos.
Unico. Se turne a la Primera Comisión de la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo, a
efecto de solicitar su intervención dentro de las facultades legales que le competen, en
torno a la publicación y promulgación parcial del Código Financiero, por el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.
Palacio Legislativo, a 4 de febrero
de 2003.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Gracias, diputado.
Túrnese a la Primera Comisión.
ESCUDO
NACIONAL
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
En el orden hay una intervención
del diputado Cosío Gaona, con punto de acuerdo en relación con el uso de la papelería
oficial del Poder Ejecutivo Federal, la cual no cumple con lo establecido por la Ley Sobre
el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Tiene la palabra hasta por 10
minutos el diputado Cosío.
El diputado Salvador Cosío Gaona:
Con la venia de la Presidencia;
compañeras y compañeros legisladores:
El 2 de octubre de 2001 el pleno de
la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo correspondiente a un dictamen de la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, mismo que resolvió favorablemente las
propuestas de punto de acuerdo que sobre el uso de los símbolos patrios, específicamente
el Escudo Nacional, presentaron previamente el 14 de diciembre de 2000 y el 25 de
diciembre de 2001, los diputados Alfredo Ochoa Toledo, del PRI y Enrique Herrera y
Bruquetas, del PRD, respectivamente.
Dicho dictamen aprobado por el
pleno, estableció que el logotipo que el Poder Ejecutivo Federal diseñó y tiene en uso
papelería y otras impresiones de propaganda oficial, es una impresión incompleta del
Escudo Nacional diseñado a partir de la impresión oficial del mismo, comprobado esto al
cotejarse el Escudo utilizado en banderas y documentos oficiales permitidos, con la parte
del mismo que se reproduce como un supuesto logotipo diferente al escudo oficial, como lo
usa el Ejecutivo Federal.
En el dictamen de referencia quedó
muy claro que con este hecho el Presidente de la República viola absoluta y
contundentemente lo establecido en los artículos 2o., 5o., 6o. y 55 de la Ley Sobre el
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que señalan que toda reproducción del Escudo
Nacional deberá corresponder fielmente a las características oficiales establecidas y
que sólo deberá utilizarse en monedas, medallas oficiales, sellos, papeles oficiales y
similares, conteniendo invariablemente las palabras “Estados Unidos Mexicanos”
formando un semicírculo superior, cuestión que es sometida al utilizarse el escudo
oficial por el Presidente de la República, sus dependencias, que como todos sabemos, lo
cercena y lo mutila con una carencia absoluta de respeto y utiliza la parte superior del
Escudo incompleto, a que le sobreponen dos trazos en colores verde y rojo que pudieran
parecen la banda presidencial estilizada, pero también pudieran apreciarse como las
letras “F” y “S” correspondiente a los apellidos del Presidente y su
cónyuge.
Lo cierto es que bajo cualquier
óptica ha quedado claro en la discusión, que el Presidente viola constante y
sistemáticamente la ley citada y más grave aún, viola en forma contumaz la
Constitución General de la República, misma Carta Magna que protestó guardar y hacer
guardar al asumir su alto mandato.
El punto de acuerdo aprobado en
octubre a que he hecho referencia, es contundente. Acordó exhortar a la Secretaría de
Gobernación como entidad responsable del Ejecutivo a vigilar el uso, reproducción y
difusión de los símbolos patrios por parte de dependencias federales y al considerar
tajantemente como un hecho comprobado, sustentado debidamente en derecho, que el uso
incompleto del Escudo Nacional de la imagen o logotipo que identifica al Poder Federal
actual, es violatoria de la ley correspondiente, exhortó a retirar dicha imagen ilegal de
toda la papelería y propaganda e imágenes en que se utiliza.
En efecto, ocurrió la tozudez del
Presidente de la República que en respuesta al acuerdo de la Cámara de Diputados se
limitó a tratar de defender lo indefendible, negando el estar violando la ley y la Carta
Magna mediante argumentos muy ligeros carentes de sustento y fundamento, limitándose a
tratar de reivindicar el derecho de contar con un logotipo e imagen específica que
identifique a la actual Administración Pública Federal, negándose rotundamente, quizá
por indicaciones o consejos de quienes le asesoran e imprimen excesiva influencia cercana,
a ceder y aceptar los argumentos contundentes del Poder Legislativo de la Unión, que a
través de la Cámara de Diputados le demostró claramente la ilegalidad que se comete y
el Presidente permaneció ciego a las voces del pueblo, que en un muy amplio y que con una
pluralidad casi absoluta, expresaron su rechazo a esta acción protagónica pero
respetuosa e ilegal del Presidente.
El argumento de la Presidencia de
la República, inatendible como fue, fue suficiente para ofrecer desdén al pueblo y a la
soberanía legislativa, que en su afán de salvaguardar los símbolos de la República,
emitió un juicio de valor con la autoridad moral y política que corresponde.
El Presidente, además de no
atender el exhorto permaneció impávido y no aceptó, demostrando una absoluta carencia
de humildad, que el pueblo, que el Poder Legislativo que lo representa, tienen razón; se
empecinó e imbuido de un falso orgullo hizo lo que en lenguaje llano del pueblo señala:
“se trepó en su macho”. Y se aferró tenazmente a su capricho o quizá para
poder llamarlo mejor, al posible capricho de quienes señalan la estrategia de
comunicación social al inicio de su actual Gobierno y que en los hechos es visto, ejercen
en el Presidente una influencia mucho muy superior a lo que significa la voz del pueblo y
la atención y respeto a las consideraciones que emanan de los poderes que conforman el
poder público del estado y que en conjunto son el Gobierno.
No obstante lo anterior y en tanto
aclaró el Presidente, por voz del Secretario de Gobernación, que no por ello se sometía
y aceptaba un actuación equívoca de su parte, el Ejecutivo Federal ofreció a manera de
atenuar la ilegalidad en que incurre, que ordenaba en ese momento a todas las dependencias
federales a su cargo, utilizar en toda papelería, propaganda e imágenes oficiales, la
reproducción íntegra del Escudo Nacional como la ley lo establece, acompañando al
citado logotipo respetuoso.
Dicha exposición que fue muy
difundida, no fue considerada por ambas partes como incumplimiento al punto de acuerdo,
sin embargo, sin menoscabo de continuar buscando el absoluto respeto al escudo, se pudo
considerar como una posibilidad real de emprender una acción correctiva.
Dicho uso oficial se metió a
Gobernación, indicaba que sólo se usaría el logotipo conteniendo el escudo oficial
mutilado en comunicaciones internas, es decir, se entiende en toda comunicación oficial o
que deba ser parte de difusión general, y que en toda papelería, propaganda o imágenes
oficiales, se usaría invariablemente el escudo nacional completo, acorde al texto que lo
norma.
En los hechos el Presidente, aun
sin afirmarlo, aceptó tímidamente el veredicto de culpabilidad, y de motu proprio, se determinó una sentencia, se
autoimpuso realizar una acción a manera de paliativo, misma que es contundente no ha
cumplido, pues en los hechos solamente la Presidencia de la República, y no siempre,
cumple la instrucción e incorpore papelería y propaganda oficial, aunque en forma
diminuta, la imagen legal íntegra del Escudo Nacional, es no obstante empañada por la
presencia conjunta de la negativamente famosa imagen mercadotécnica que ridiculiza al
Escudo Nacional: la famosa águila mocha.
Por su parte, es público y
notorio, que casi todas las dependencias del Ejecutivo Federal hacen caso omiso de la
instrucción, la Secretaría de Gobernación evita incluir en papelería o propaganda
oficial al Escudo Nacional íntegro.
Y, bueno, ni siquiera quien lo
ordenó en Gobernación lo cumple, tengo en mi poder un documento, que es una solicitud
para un permiso de sorteos, donde viene el logotipo del águila mocha. La Secretaría de
Gobernación carece del escudo nacional completo como está autorizado.
En los hechos es notorio que no hay
un respeto, que este asunto sigue siendo motivo de capricho o desdén del Presidente o de
quienes cercanamente lo influencian. El asunto es que ésta, la Cámara de Diputados sigue
siendo motivo de desdén, como esta soberanía legislativa, el asunto es que el Presidente
sigue violando la ley, al utilizar el Escudo Nacional en forma grotesca, el asunto es que
sigue imperando justo la personalidad por encima del interés nacional y respeto al pueblo
en la República, el asunto es que aun no siendo una respuesta adecuada, al menos lo que
ofrecieron no lo han cumplido.
Y por otra parte, en un tema
análogo pero que se liga, en diversos impresos, en la mayoría de las imágenes de la
República, se utiliza como firma, como rúbrica la leyenda: Gobierno de la República.
Aquí es el caso que pretende
establecer con contundencia, que el Presidente se siente monarca absoluto, está por
encima de los poderes de la Federación, del Legislativo, del Judicial y del Ejecutivo,
los tres y no solamente este último el Gobierno, la pregunta es: ¿con qué facultades se
arroga el Presidente la presentación total de la República?, no es un monarca, no es una
comunicación integral de la República.
Entonces la respuesta, o carece de
cultura política o no conoce de derecho o no conoce la Carta Magna, o en otro sentido
tiene un cinismo por demás propicio a establecer, un convencimiento al pueblo de la
obligación necesaria del Gobierno, de los poderes, cual monarca y su reina.
No se puede permitir esto, la
respuesta no ha existido, la oferta ofrecida no se ha cumplido, yo creo que debemos
trabajar, no permitirlo, exhortar al Ejecutivo Federal por esta Comisión Permanente, para
que atienda este exhorto inicial de la Cámara de Diputados para que evite, elimine esa
águila mocha, irrespetuosa, ilegal, majadera y cínica que utiliza, y evite arrogarse la
personalidad de todo el Estado en un sola persona, porque nosotros no estamos firmando
esos comunicados que en radio, en televisión, en prensa, emite el Presidente como
Gobierno de la Repú- blica.
En base a ello y considerando que
además ya es prudente que la Cámara de Diputados debe tomar una acción legal, es que el
punto de acuerdo establece el exhorto al Ejecutivo, el retiro del águila mocha, el retiro
de la leyenda Gobierno de la República, cuando es solamente el Presidente que firma y el
inicio de la acción por la vía legal que corresponda, de inmediato.
El punto de acuerdo versa así:
Primero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que en los términos del artículo 55 de
la Ley sobre el Escudo y la Bandera Nacionales, atienda el exhorto de fecha 2 de octubre,
a fin que vigile estrictamente el uso, reproducción y difusión de los símbolos patrios
y medios federales, entidades federativas, así como municipios del país, como lo
establece la ley correspondiente.
Asimismo que la imagen que
identifica al Poder Ejecutivo Federal y que contiene parte del Escudo Nacional, sea
retirada de la papelería, propaganda e imágenes del mismo.
Segundo. Toda vez que no está facultado
legalmente a arrogarse la representación absoluta de los tres poderes que conforman el
Gobierno Federal, se exhorta el Poder Ejecutivo Federal, para que de inmediato sea
retirada de toda papelería, propaganda e imágenes del mismo la leyenda “Gobierno de
la República”, con la que inadecuadamente rubrica dichos elementos de comunicación.
Tercero. Se solicita a la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, que previa revisión, estudio y aprobación del Pleno, se inicie de
inmediato el procedimiento legal correspondiente a efecto de lograr que las acciones del
Poder Ejecutivo Federal materia de difusión oficial y comunicación social, se respete la
Constitución General de la República y la Ley sobre el Escudo, la Bandera, y el Himno
Nacionales y se evite a toda costa la utilización inadecuada de los símbolos patrios en
especial el Escudo Nacional, en toda papelería, propaganda e imágenes oficiales.
Creo que es un punto de acuerdo que
por dignidad tenemos que aprobar el exigir respeto a la República y a los poderes del
Estado.
Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo
que presenta el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del PRI, para
exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, a que en las acciones de en materia de
Difusión Oficial y Comunicación Social se respete la Constitución General de la
República y la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Con fecha 2 de octubre de 2001, el
Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con el voto en favor de los legisladores del PRI,
del PRD y del PT, entre otros, frente a la oposición de los diputados del Partido Acción
Nacional, el dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que resolvió
de manera favorable las propuestas del punto de acuerdo que sobre el uso de los símbolos
patrios, específicamente del Escudo Nacional, presentaron el 14 de diciembre de 2002 y el
25 de septiembre de 2001 los diputados Alfredo Ochoa Toledo, del grupo parlamentario del
PRI, y Enrique Herrera y Bruquetas, del grupo parlamentario del PRD, respectivamente.
En dicho dictamen, aprobado por el
Pleno, se estableció que el logotipo que el Poder Ejecutivo Federal diseñó y tiene en
uso en papelería y otras expresiones de propaganda oficial es una impresión incompleta
del Escudo Nacional, diseñado a partir de su expresión oficial, comprobado al cotejarse
el escudo utilizado en banderas y documentos oficiales permitidos con la parte del mismo
que se reproduce como un supuesto logotipo diferente del escudo oficial, como lo utiliza
el Ejecutivo Federal.
En el dictamen de referencia quedó
claro que, con este hecho, el Presidente de la República, como titular del Poder
Ejecutivo Federal, viola absoluta y contundentemente lo establecido en los artículos 2o.,
5o., 6o. y 55 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que señalan
que toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder de manera fiel a las
características oficiales establecidas y que éste sólo deberá utilizarse en monedas,
medallas oficiales, sellos, papel oficial y similares, conteniendo de modo invariable las
palabras Estados Unidos Mexicanos, formando un semicírculo superior, cuestión que es
omitida al utilizarse el escudo oficial por la Presidencia de la República y sus
dependencias, que así, como todos sabemos, lo cercena y mutila, con una absoluta carencia
de respeto del símbolo patrio, pues utiliza la parte superior del escudo incompleta, al
que sobrepone dos trazos en colores verde y rojo, que parecerían la banda presidencial
estilizada, pero también podrían apreciarse como las letras F y S, correspondientes a
los apellidos del Presidente y de su cónyuge.
Lo cierto es que, desde cualquier
óptica, ha quedado claro en la discusión que el Presidente Vicente Fox viola constante y
sistemáticamente la ley citada y, más grave aún, viola en forma contumaz la
Constitución General de la República, misma Carta Magna que protestó guardar y hacer
guardar al asumir su alto encargo como Presidente de la Nación.
El punto de acuerdo aprobado el 2
de octubre por la Cámara de Diputados a partir del dictamen de la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública es contundente.
Acordó exhortar a la Secretaría
de Gobernación, como dependencia responsable del Ejecutivo Federal, a vigilar el uso, la
reproducción y la difusión de los símbolos patrios por las dependencias de la
Administración Pública Federal, así como por las entidades federativas y los municipios
del país.
Y, por considerar de manera tajante
como un hecho comprobado debidamente, sustentado en derecho, que el uso incompleto del
Escudo Nacional en la imagen o el logotipo que identifican al Poder Ejecutivo Federal es
violatorio de la ley correspondiente, exhortó a retirar dicha imagen ilegal de toda
papelería, propaganda e imágenes en que se utilizan.
En efecto, ocurrió la tozudez del
Presidente de la República, quien, en respuesta del acuerdo de la Cámara de Diputados,
se limitó a tratar de defender lo indefendible, negando estar violando la ley y la
Constitución de la República, mediante argumentos muy ligeros carentes de sustento y
fundamento.
Se limitó a intentar reivindicar
el derecho de contar con un logotipo o imagen específicos que identifiquen a la actual
Administración Pública Federal, que encabeza, negándose rotundamente, quizá por
indicaciones o consejos de quienes lo asesoran e imprimen excesiva influencia cercana, a
ceder y aceptar los argumentos contundentes del Poder Legislativo de la Unión, que a
través de la Cámara de Diputados le demostró la ilegalidad que se comete, así como
permaneciendo sordo a las voces del pueblo, que en muy amplio número y con una pluralidad
casi absoluta expresó su rechazo a esta acción protagónica, pero irrespetuosa e ilegal
de la Presidencia de la República.
El argumento de la Presidencia de
la República, inatendible como fue, es suficiente para patentizar el desdén al pueblo y
a la soberanía legislativa que, en su afán de salvaguardar los símbolos de la
República, emitió un juicio de valor, con la autoridad moral y política
correspondiente.
El Presidente, además de no
atender el exhorto, permanecer impávido y no aceptar, con toda carencia de humildad, que
el pueblo y el Poder Legislativo que los representan tienen razón, se empecinó e,
imbuido de un falso orgullo, hizo lo que el lenguaje del pueblo señala: “se trepó
en su macho”. Se aferró tenazmente a su capricho o, quizá, para poder llamarlo
mejor al posible capricho de quien diseñó la estrategia de comunicación social desde el
inicio de la actual administración pública a su cargo y que, en los hechos, es visto,
ejercen en el Presidente una influencia mucho muy superior a lo que significa la voz del
pueblo y la atención y respeto a las consideraciones que emanan de los poderes que forman
el poder público del Estado y que en conjunto son el Gobierno.
No obstante lo anterior y en tanto
aclaró que no por ello se sometía y aceptaba una actuación equívoca de su parte, el
Ejecutivo Federal ofreció, a manera de atenuar la ilegalidad en que incurre, que ordenaba
en ese momento a todas las dependencias de la Administración Pública Federal utilizar en
toda papelería, propaganda e imágenes oficiales la reproducción íntegra del Escudo
Nacional como la ley lo establece, acompañando al citado irrespetuoso logotipo.
Dicha disposición, que fue muy
difundida, no fue considerada por ambas partes como incumplimiento al punto de acuerdo de
la Cámara de Diputados, mas, sin menoscabo de continuar buscando el absoluto respeto al
escudo, se pudo considerar como una posibilidad real de emprender una acción correctiva.
El anuncio oficial que emitió la Secretaría de Gobernación indicaba que sólo se
usaría el logotipo conteniendo el escudo oficial mutilado en comunicaciones internas, es
decir, se entiende en toda comunicación no oficial o que deba ser parte de difusión
general, y que en toda papelería, propaganda o imágenes oficiales, se usaría
invariablemente el escudo oficial completo acorde con el texto legal que lo norma.
En los hechos, el Presidente, aun
sin afirmarlo, aceptó tímidamente el veredicto de culpabilidad a su acción ilegal y motu proprio que determina una sentencia y se
autoimpone realizar una acción a manera de paliativo para atenuar su conducta inadecuada,
misma que es contundente, no ha cumplido, pues en los hechos solamente la Presidencia de
la República, y no siempre, cumple la instrucción e incorpora a la papelería y
propaganda oficial, aunque en forma diminuta, la imagen legal íntegra del Escudo
Nacional, que es, no obstante empañada por la presencia conjunta de la negativamente
famosa imagen mercadotécnica que ridiculiza al Escudo Nacional.
Por su parte, es público y notorio
que casi todas las dependencias del Ejecutivo hacen caso omiso a la instrucción de la
Secretaría de Gobernación y evitan incluir en papelería y propaganda oficial al Escudo
Nacional íntegro. La propia Secretaría de Gobernación incurre en omisión en todos los
documentos oficiales que utiliza.
El asunto es que la Cámara de
Diputados sigue siendo motivo de desdén como alta soberanía legislativa.
El asunto es que el Presidente
sigue violando la ley y la Constitución por utilizar un escudo nacional deformado y
grotesco, en el que imprime el culto a su personalidad por encima del interés nacional y
del respeto de la República.
El asunto es que, aun sin ser una
respuesta adecuada, al menos un ligero avance sería el cumplir para el Ejecutivo su
propia sentencia y, al no hacerlo, se sigue burlando del pueblo.
Por otra parte, en un tema
análogo, en diversos impresos y en la gran mayoría de las imágenes de propaganda que
ofrece en medios impresos y electrónicos, el Presidente imprime en sus comunicados y
comerciales las palabras Gobierno de la República.
Esto genera una reflexión o bien
el Presidente desconoce la estructura del Estado y que, el gobierno de nuestra República
como parte del Estado, es conformado por tres poderes: el Legislativo, el Judicial y el
Ejecutivo, y no solamente este último; o acaso el Presidente está consciente de esto y,
no obstante ordena esta expresión inadecuada con el posible avieso fin de expresar su
pretensión de, cual monarca absoluto que anhela ser acompañado de su reina, humillar al
resto de los poderes del Estado, que conformamos el gobierno, tratando de imponer en la
ciudadanía el convencimiento de la necesaria subordinación de los poderes Legislativo y
Judicial ante el Ejecutivo.
La pregunta es ¿con qué
facultades se arroga el Presidente la personalidad total del Gobierno de la República?
Queda, pues la duda: hay total incultura política, desconocimiento de la Constitución y
de la ley o, en su caso, imperan la prepotencia, el atropello legal, la manipulación y la
falta de respeto hacia quienes junto con él formamos el Gobierno de la República
Federal.
En ambos casos, la respuesta será
lamentable, por lo anterior, considero, compañeros legisladores, no se debe permitir más
el abuso del poder y la violación persistente de la ley y de la Carta Magna, no podemos
quedarnos conformes con una determinación del Presidente con la que supuestamente evita
cumplir el exhorto de la Cámara de Diputados, porque además de insuficiente, ni siquiera
la cumple, y eso, es una burla.
No se puede permitir tampoco que el
Presidente se arrogue impunemente la representación total y absoluta del Gobierno de la
República, pues no podemos ni debemos permitir seguir siendo minimizados.
Por tanto, someto a la
consideración de ustedes a la espera de su aprobación, los puntos de acuerdo que
propongo en esta iniciativa, que tiene por objeto efectuar un urgente y último exhorto,
al Presidente de la República, para que cumpla con la ley, elimine de la papelería,
imágenes y propaganda oficiales, el escudo cercenado y proceda, además se le exhorte a
eliminar en los mismos instrumentos gráficos, así como en los mensajes radiofónicos la
expresión Presidencia de la República con la que firma en forma ina-decuada sus mensajes
y comunicaciones oficiales.
Igualmente, el objetivo es iniciar
de inmediato el proceso a fin, que la Cámara de Diputados se aboca al estudio de las
acciones legales que correspondan al no existir respuesta adecuada del Ejecutivo a los
exhortos antes señalados.
Con base en lo anterior, someto a
la consideración de esta Comisión Permanente los siguientes
Puntos
de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en los
términos del artículo 55 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales,
atienda de inmediato, en sus términos, el exhorto contenido en el punto de acuerdo
aprobado por la Cámara de Diputados el día 2 de octubre de 2001, a fin de que vigile
estrictamente el uso, la reproducción y la difusión de los símbolos patrios por las
dependencias de los poderes federales y las entidades federativas, así como de los
gobiernos municipales del país, como lo establece la ley correspondiente, y asimismo que
la imagen que identifica al Poder Ejecutivo Federal, y que contiene parte del Escudo
Nacional, sea retirada de toda papelería, propaganda e imágenes del mismo.
Segundo. Toda vez que no está facultado
legalmente a arrogarse la representación absoluta de los tres poderes que conforman el
Gobierno Federal, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, de
inmediato, sea retirada de toda papelería, propaganda e imágenes del mismo, la leyenda
Gobierno de la República, con la que inadecuadamente los rubrica.
Tercero. Se solicita a la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, que previa revisión, estudio y aprobación del Pleno, se inicie de
inmediato el procedimiento legal correspondiente a efecto de lograr que en las acciones
del Poder Ejecutivo Federal en materia de difusión oficial y comunicación social, se
respete la Constitución General de la República y la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y
el Himno Nacionales y se evite a toda costa la utilización inadecuada de los símbolos
patrios, en especial el Escudo Nacional, en toda papelería, propaganda e imágenes
oficiales.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a los 4 días del mes de febrero de 2003.— Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica).»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
El diputado Salvador Cosío Gaona (desde su
curul):
Si me permite una moción señor
Presidente.
Le estoy solicitando la atención a
la propia Comisión Permanente. Me gustaría que procediera a turnarlo a la Primera
Comisión.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Túrnese a la Primera Comisión, ¿y a
la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara también?
El diputado Salvador Cosío Gaona (desde su
curul):
Así es.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
En turno seguiría el senador
Rutilio Cruz Escandón Cadenas, del grupo parlamentario del PRD, ha retirado su
participación del orden del día.
Inmediatamente después el senador
Marco Antonio Fernández, en relación al presupuesto del estado de Nayarit. Se pospone.
SISMO
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Para presentar una proposición con
punto de acuerdo para que se canalicen recursos extraordinarios y urgentes para auxiliar a
los damnificados del terremoto ocurrido el pasado 21 de enero del año en curso, suscrita
por los diputados Rogaciano Morales Reyes y Jesús Garibay García, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra el
diputado León Morales.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
La semana anterior presentamos un
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para atender las necesidades de los
damnificados en los estados de Colima y de Jalisco.
Con justa razón, diputados
federales del estado de Michoa-cán, nos han pedido que presentemos este punto de acuerdo
también de urgente y obvia resolución, para que los afectados, los municipios afectados
por el sismo del 21 de enero, reciban igual tratamiento en Michoacán, como estamos
pidiendo que se dé en Jalisco y en Colima.
Vendrá si bien las consideraciones
son distintas, los antecedentes, el punto de acuerdo es idéntico al anteriormente
presentado a fin de que se pueda tramitar inmediatamente de urgente y obvia resolución.
Doy lectura al documento tal como
se me hizo llegar:
El suscrito diputado por el XIII
distrito electoral federal con cabecera en Ciudad y Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán,
así como por los diputados Jesús Garibay García y Ramón León Morales, ante ustedes
comparecemos con respeto para promover una proposición con punto de acuerdo con carácter
de obvia y urgente resolución a fin de que se canalicen recursos extraordinarios y
urgentes para auxiliar a los damnificados del terremoto de que se trata, al tenor de los
siguientes
Antecedentes
Primero. Como es del dominio
público, el martes 21 de enero del año en curso, tuvo lugar un terremoto de 7.6 grados
en la escala de Richter, con epicentro en las costas del hermano estado de Colima que
desafortunadamente causó la pérdida de 21 vidas humanas, muchos heridos y destrucción
de bienes, por lo cual por este conducto enviamos nuestras más sentidas condolencias.
Segundo. Entre los municipios del
distrito XIII electoral federal fueron afectados por el mencionado terremoto, los
municipios de: Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán, Michoacán, en los que si bien
afortunadamente no se tienen noticias hasta la fecha de bajas humanas, de acuerdo con
informes de las autoridades municipales y la constatación personal de este diputado, los
daños materiales no dejan de ser de consideración de acuerdo con la siguiente relación:
En Aquila, 11 edificios públicos
dañados y 82 viviendas afectadas.
En Coahuayana: siete edificios
públicos presentan daños parciales, 32 viviendas destruidas totalmente y 242 viviendas
dañadas parcialmente.
En Chinicuila: siete edificios
públicos dañados y hasta la fecha contabilizadas 253 casas-habitación destruidas y
semidestruidas.
En Coalcomán: ocho edificios
públicos sufrieron daños con coarteaduras, agrietamientos y fisuras, más 114 casas
habitación que sufrieron daño por agrietamientos y fisuras de muros, desplome de
cubiertas y tejadas, fractura de estructuras, hundimiento de pisos y fractura de los
mismos.
Tercero. Es de reconocerse la
diligencia con que tanto el Gobierno Federal a través de la ciudadana Josefina Vázquez
Mota, Secretaria de Desarrollo Social, como el Gobernador del estado de Michoacán,
ciudadano Lázaro Cárdenas Batel, han acudido a la fecha a los lugares afectados y que es
de destacarse la presencia del Ejército Mexicano en el municipio de Coahuayana, que ha
propiciado un clima de seguridad, según se puede observar y escuchar de los vecinos.
La resolución observada en la
Secretaría de Desarrollo Social del Gobernador del estado, como de los ciudadanos
presidentes de los municipios afectados para coadyuvar a liderar los males causados por el
sismo, es indiscutible.
Al respecto la ciudadana Secretaria
de Desarrollo Social anuncio en la comunidad de Palos Marías del municipio de Coahuayana
el día viernes 24 de enero del año en curso, la disposición de hasta 5 millones de
pesos a destinarse para la reconstrucción de viviendas y empleo temporal.
Como sabemos que los apremios
económicos por los que pasa el estado de Michoacán y en particular los municipios
afectados, consideramos viable y plenamente justificado el asegurar una mayor generosidad
del Gobierno Federal para que se adopten medidas que amplíen la capacidad de respuesta
que los ciudadanos afectados esperan de manera urgente.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en los artículos 58, 59, 60 y relativos al Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la
consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con
punto
de acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de
la Unión recomienda al Ejecutivo Federal se amplíe progresivamente el derecho de
aquellos ciudadanos afectados por el sismo, que perciban hasta cinco salarios mínimos y
hasta agotar el fondo destinado por el gobierno a desastres naturales.
Segundo. Se agilice la entrega de los recursos del
Fondo de Desastres Naturales para que los afectados comiencen a reparar y reconstruir sus
viviendas, solventar sus requerimientos y se amplíe lo suficiente para cubrir las
necesidades de un mayor número de damnificados por el desastre natural en el estado de
Michoacán.
Tercero. Se exhorta al titular del Ejecutivo
Federal a efecto de que se otorgue y publique de inmediato la declaración de zona de
desastre natural para los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán, todos
del estado de Michoacán.
Se solicita otorgar a dicho estado
una línea de crédito suficiente que permita a las autoridades municipales y estatales
disponer de inmediato de recursos financieros para atender los gastos de emergencia, a fin
de reembolsarse en cuanto se liberen los recursos del Fonden que les correspondan.
Cuarto. Se exhorte a los Ejecutivos Federal y
Estatal para que implementen programas adicionales a los apoyos del Fonden, para que los
afectados puedan acceder a uno o más programas que les permitan su más ágil
recuperación.
Solicitamos a la Presidencia dar
trámite de urgente y obvia resolución al presente punto de acuerdo.
Por su atención, muchísimas
gracias.
Firman los diputados: Rogaciano
Morales Reyes, Jesús Garibay García y el de la voz.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la
Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
En votación económica se consulta
a la Comisión Permanente los que estén de acuerdo en que se tramite de urgente y obvia
resolución.
Los que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se considera de urgente
resolución.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
En consecuencia está a discusión
la proposición. Se abre el registro de oradores.
Tiene la palabra el senador Héctor
Larios.
El senador Héctor Larios Córdova:
Con el permiso de la Presidencia:
Solamente para afirmar que el
Partido Acción Nacional está de acuerdo y ha votado a favor de la urgente y obvia
resolución de este punto, toda vez que ya fue hecha la declaratoria de zona de desastre
de estos municipios de Michoacán. Sólo que no podríamos aprobar en los términos que se
plantea el punto de acuerdo, puesto que tiene que estar sujeto a las reglas de operación
del Fonden; no podría darse un trato diferente al que se le ha dado a Colima o al que se
le ha dado a los municipios de Jalisco.
Me parece que no podemos aprobar un
punto de acuerdo en el cual se establecen reglas diferentes que las que se aplican para
todo el país.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el diputado Ramón
León.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor Presidente:
La región afectada por el sismo
del 21 de enero se dio particularmente en el estado de Colima, afectando varios municipios
del estado de Jalisco, colindantes con Colima, y varios municipios del estado de
Michoacán, también colindantes con Colima.
La semana pasada aprobamos de
urgente y obvia resolución, en los mismos términos en que se está planteando en este
documento, para hacer un llamado al Ejecutivo y atender a los municipios de Colima y a los
municipios de Michoacán.
En mi anterior intervención yo
plantee y dije: “con justa razón los diputados federales de Michoacán nos están
pidiendo a nosotros que le demos el mismo tratamiento a estos municipios de
Michoacán”.
Se aprobó aquí de urgente y obvia
resolución. La mesa directiva, según nos informó el día de ayer, envió ya los
escritos correspondientes sobre los municipios de Colima y sobre los municipios de
Jalisco.
Cuando presentamos el día de hoy
en iguales términos en que iba el anterior dictamen, es precisamente para que se siga el
mismo trámite, es decir, que el día de hoy lo aprobemos de urgente y obvia resolución y
la Mesa Directiva pueda enviar los comunicados correspondientes a las instancias del
Ejecutivo a quien tenga que llegar.
Considero que si no hubo elementos
para votar en contra de los municipios afectados, muy afectados quiero decir, de Colima y
de Jalisco, tampoco pudiera el día de hoy haber un solo elemento para evitar hacer un
llamado al Ejecutivo y se pueda atender en los términos en que se están atendiendo los
municipios y los afectados en los dos estados antes mencionados, a estos municipios de
Michoacán.
Yo pediría, y no me queda la menor
duda, compañeras y compañeros legisladores, que así como la sensibilidad la semana
pasada nos llevó a aprobar un punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución, el
día de hoy también mostraremos esa misma sensibilidad y esa misma solidaridad con los
municipios afectados del estado de Michoacán.
Estoy seguro de que votaremos a
favor este punto de acuerdo y es por eso que anticipadamente, a nombre de los diputados de
Michoacán, los diputados federales de Michoacán, y a nombre de los presidentes
municipales de estos municipios afectados, y a nombre de los afectados y damnificados de
Michoacán, les expresamos nuestro gran reconocimiento.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Gracias, señor diputado.
Y sólo para poner en contexto este
problema, el día de ayer en la reunión previa de la Mesa Directiva se acordó por los
grupos parlamentarios que estuvieron presentes, exactamente lo que se está diciendo
aquí, que se le daría el mismo trato que se les dio a los otros municipios.
El diputado Garibay, que era el
proponente de esto, estuvo de acuerdo y todas las fracciones quedaron de acuerdo. Lo que
sucede es que el texto viene en una forma distinta, pero lo que se enviará, el contenido,
al Ejecutivo, es el mismo trato exactamente que el que se dio a Colima o se está dando, a
Jalisco.
El diputado Borbón tiene la
palabra, hasta por cinco minutos, para rectificación de hechos. Y después el senador.
El diputado Bernardo Borbón Vilches:
Gracias, señor Presidente;
compañeros legisladores:
Creo que es muy importante no
confundir el sentimiento o la sensibilidad con las desgracias que afectan a un pueblo, con
lo que nos ordena el Estado de Derecho y el principio de legalidad. No todo lo que
sintamos podemos transmitirlo en un acuerdo.
La Ley de Protección Civil que
creó el Congreso, establece los procedimientos muy claros. Los pasos están en primer
lugar en la autoridad más cercana. El primer paso es de la autoridad local. El Ejecutivo
debe declararse que no tiene los elementos para afrontar la situación. No es igual el
caso de Colima que el de Michoacán, estamos hablando creo que de dos municipios en donde
hay un desastre estatal. Cuando el desastre rebasa la capacidad del estado debe declararlo
el Ejecutivo, para que de acuerdo con el principio del federalismo, es decir, la
subsidiaridad, la complementariedad escalonada, entren los recursos federales sin
atropellar la soberanía del estado.
Creo que es muy diferente lo que se
está planteando, a lo que hicimos en la semana anterior, estaríamos de acuerdo en que
fuera el mismo tratamiento, pero es muy importante que distingamos que hay una
responsabilidad de la autoridad local en primer lugar, por lo que los legisladores locales
debieran exigirle a su Ejecutivo que haga esta declaratoria, si es que no la ha hecho, de
que rebasa su capacidad estatal para que el Gobierno Federal no atropelle la soberanía
estatal interviniendo sin que sea declarado incapaz para afrontar esta emergencia.
Creo que la ley es muy, que la
hará sobre un solo artículo que es el 5o. de la Ley de Protección Civil, un solo
artículo nos da la facultad para intervenir a los legisladores que es el artículo que
dice que los legisladores, el Poder Judicial y el Poder Legislativo dice, podrán sumarse
para ver que sea efectiva la ayuda en caso de desastre, lo dice con otras palabras pero la
esencia es ésta, solamente podemos sumarnos para ver que se haga efectiva la ascensión a
la emergencia. Gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor diputado.
Para el mismo tema tiene la palabra
el senador Antonio García Torres.
El senador Antonio García Torres:
Gracias, señor Presidente:
Para sumarme a la posición del
diputado Ramón León Morales en cuanto a que debemos dar el mismo tratamiento a todos los
hermanos que han sufrido esta desgracia en Jalisco, Colima y Michoacán. En Michoacán los
municipios de la costa principalmente los colindantes con el estado de Colima, Guaguayana,
Chimicuila y Aquila son los más afectados y como ha presentado aquí los datos el
diputado Ramón León, son cientos de casas de edificios públicos los que se encuentran
dañados.
Entonces yo no veo por qué puede
haber oposición a que demos un tratamiento igual a todos los municipios afectados y en
desgracia, cuando sabemos que los recursos de los estados son insuficientes en estos
casos, no hay necesidad de esperar a que vengan más declaraciones.
Por otro lado, nosotros hemos
insistido también en que este fondo para atender los desastres tiene mecanismos muy
complejos que hacen que los recursos no bajen a tiempo a la gente que está verdaderamente
urgida y necesitada de los apoyos federales.
Por esa razón, yo creo que salvo
alguna aclaración que se tenga que hacer en el comunicado que se dirija a la Federación,
debemos unánimemente en esta Permanente apoyar a mis paisanos michoacanos en esta
desgracia que están padeciendo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, senador.
El diputado Ramón León Morales
para rectificar hechos y en turno el senador Larios.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor Presidente.
Cuando presentamos la semana
anterior, como en esta ocasión este punto de acuerdo, estamos por supuesto pensando en
que hay una normatividad, no estamos solicitando al Ejecutivo que viole ninguna
normatividad, estamos planteando que dentro de la normatividad que se dé la flexibilidad
para que los afectados por el sismo puedan recibir más recursos digamos al cambiar de
rango de tres a cinco salarios mínimos así como que se pueda entrecruzar uno o dos
programas en que un afectado pueda tener derecho.
Y quiero decirles que 29 mil pesos
que da el Fonden no ayudan, es decir, sí ayudan pero no son suficientes para poder
reconstruir una casa totalmente destruida.
Esto ya lo aprobamos para Colima y
por eso nuestro agradecimiento; y esto ya lo aprobamos para Jalisco y también nuestro
reconocimiento.
Yo digo, cuál es el problema para
que no se apruebe para Michoacán, yo no quiero pensar que porque en Michoacán hay un
Gobierno distinto… digo, yo no quiero pensar esto pero ya aprobamos para municipios
de un estado gobernado por el PRI; ya aprobamos para municipios de un estado gobernado por
el PAN, yo no quisiera pensar que hay reticencia para aprobar un punto de acuerdo para un
estado gobernado por el Partido de la Revolución Democrática, sobre todo que los
afectados no tienen color, son simplemente afectados por un fenómeno de carácter
natural.
El declarar zona de desastre
requiere de todo un procedimiento, nosotros no estamos declarando zona de desastre a los
municipios, le estamos pidiendo al Ejecutivo que sea él quien lo declare y es a quien
compete. ¿Y cuándo va a ser esa competencia? Bueno, cuando realice los estudios
correspondientes para que esto sea una realidad.
Es decir… pero si ya lo
aprobamos para Jalisco y si ya lo aprobamos para Colima, yo sí pregunto… o sea,
¿cuál es el problema para que se apruebe para el estado de Michoacán? Y digo, no para
el estado de Michoacán, no estamos pidiendo que el estado de Michoacán se declare en
zona de desastre, estamos pidiendo que estos municipios mencionados, colindantes con
costeros y colindantes con el estado de Colima pues sean considerados y reciban igual
tratamiento que los que aquí ya hemos aprobado para los municipios de Colima y de
Michoacán.
Reiteramos nuestra seguridad.
Creemos que finalmente este punto deberá ser aprobado. Gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor diputado. El
senador Héctor Larios, hasta por cinco minutos.
El senador Héctor Larios Córdova:
Con el permiso de la Presidencia.
Creo que en primer lugar debemos de
dejar claro que estamos totalmente decididos a apoyar la propuesta de este punto de
acuerdo en los mismos términos que se hizo para el estado de Colima y los municipios
afectados del estado de Jalisco y precisamente me parece que ahí está la confusión.
Usted ha planteado, en la lectura
de su punto de acuerdo, cantidades y mecanismos que contradicen las reglas que están
establecidas en los programas; nosotros estamos por apoyar este punto de acuerdo que es un
exhorto al Ejecutivo, por cierto un exhorto que se hace cuando hoy en la mañana, en el Diario Oficial de la Federación se publica la
relación de los municipios que se declaran zona de desastre y que en consecuencia, a
partir de esa declaratoria, se desencadena todo el procedimiento para que puedan aplicarse
los recursos que se destinan a atender los desastres naturales.
De manera que este exhorto me
parece que llegará un poquito tarde pero creo que vale dejar testimonio del Congreso de
la Comisión Permanente de nuestra preocupación.
Simple y sencillamente nuestra
insistencia ha sido que nuestra aprobación sea exactamente en los mismos términos, no
podemos nosotros cambiar las normas aquí en la Comisión Permanente, lo tendría que
hacer la Cámara a través de las leyes para aplicar diferentes normas a un estado que a
otro, a un municipio dentro de un estado que a otro municipio dentro de ese estado, para
eso existen esas normas.
Me parece que se creó la
confusión y ya lo aclaraba el Presidente, se acordó aprobar en los mismos términos
solamente que en la redacción que usted hizo, que usted leyó aquí, se refería a
cantidades y se refería a mecanismos diferentes y a nosotros nos parecería que eso no es
lo más adecuado.
En consecuencia, proponemos
nosotros se haga la misma redacción que se hizo en los puntos de acuerdo de la semana
pasada o dejar aquí en la mesa una propuesta de punto de acuerdo en donde se exhorte al
Ejecutivo a destinar recursos del Fonden, de conformidad con lo que establecen las normas
de operación vigentes para casos de desastre a los municipios del estado de Michoacán
que se encuentran en las circunstancias de zonas de desastre, en los mismos términos en
que se apoya a los municipios afectados de los estados de Colima y de Jalisco.
Dejó a la Presidencia la
propuesta, para que se apruebe en los mismos términos que se aprobó con el respaldo como
le dimos en objeto y obvia del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor senador.
Por cinco minutos tiene la palabra
el diputado Salvador Cosío.
El diputado Salvador Cosío Gaona:
Con su venia, señor Presidente:
A mí me parece entendible que en
temas donde va de por medio el interés político o que va de por medio algún tipo de
contraste ideológico, haya debate y se tenga que sufrir para conseguir una aprobación de
un punto de acuerdo que conlleva algún interés, alguna ventaja. Pero me parece,
ina-tendible que en temas como éste, donde tiene que darse la solidaridad de todos, sin
distingo de partido alguno, para con quienes tienen desgracia que, se ha pasado en cuanto
ocasión se ha presentado, tengamos que hacer un trabajo intenso de cabildeo o de
convencer a la gente de qué no todo lo que se propone es inadecuado.
Que bueno que el senador Larios,
aclara que la idea es lograr un consenso y establecer un punto de acuerdo, que sea
adecuado, atendible y que pueda aprobarse de inmediato, porque creo que nuestros hermanos
michoacanos, como en su momento fueron atendidos y ustedes aprobaron puntos de acuerdo
para mis paisanos de Jalisco y nuestros hermanos de Colima, puedan tener este respaldo
moral y político de esta soberanía.
En efecto, no es la Comisión
Permanente, ni el Congreso en sí, la que tiene que determinar sí se decreta o no un
área de desastre, zona de desastre; pero tampoco se tiene que tener un desastre en todo
el estado, o un estado para que un municipio que está desastrado, valga la redundancia,
que rebase su capacidad para tener la gracia y la emergencia, deba recibir esa
declaratoria y los apoyos federales que están reglamentados en el Fonden y esas partidas
que están para eso.
Y no es nada del otro mundo,
definitivamente hay que trabajar de fondo para reparar algunas cuestiones que están mal
en la normativa, que son tortuosas, que son burocráticas, un reglamento que ya no
funciona, que nos ha rebasado, que duda mucho en llegar los recursos, pero bueno, no es el
tema ahora, el tema es que en lo posible esta soberanía aquí representada pueda apoyar y
hacer que se agilicen las cosas. Entonces yo creo que no está bien que algunos tomen lo
que otros proponemos, porque somos de partido diferente como algo negativo, a priori y que simplemente hay una posición como
el gallego “nomás por joder”.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Si me permite señor diputado. Para
ver si podemos llegar al acuerdo que prácticamente está hecho. Pediría si me permite,
había pedido la palabra ya antes el diputado Ramón León Morales. Yo le pediría a la
Secretaría que leyera el comunicado que se envió al Ejecutivo en relación a Colima y
Jalisco.
El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:
Mesa Directiva, LVIII Legislatura.
Oficio número DGPL58II51394. Licenciado Santiago Creel Miranda, Secretario de
Gobernación. Bucareli número 99. Ciudad.
En sesión celebrada en esta fecha
por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se aprobaron los puntos
de acuerdo que a continuación se transcriben:
Primero. Se recomiende al Ejecutivo
Federal, se amplíe progresivamente el derecho de aquellos ciudadanos afectados por el
sismo, que perciben hasta cinco salarios mínimos y hasta agotar el fondo destinado por el
Gobierno.
Segundo. Se agilice la entrega de
los recursos del Fondo de Desastres Naturales, para que los afectados comiencen a reparar
y reconstruir sus viviendas y solventar así, sus necesidades.
Tercero. Se exhorta al titular del
Ejecutivo Federal a efecto de que se otorgue y publique de inmediato la declaración de
zona de desastre natural para los municipios de Zapotitlán de Vadillo, Tolimán, Tonila y
Pihuamo, del estado de Jalisco, que ya fueron declarados en su oportunidad en estado de
emergencia, independientemente de continuar y resolver con diligencia extrema el trámite
en relación al resto de los municipios afectados en la entidad, que en su conjunto
conforma la solicitud de dicha declaratoria formulada oportunamente por el Gobierno del
estado de Jalisco.
Se solicita otorgar a dicho estado
una línea de crédito suficiente que permita a las autoridades municipales y estatales
disponer de inmediato de recursos financieros para atender los gastos de emergencia, a fin
de reembolsarse en cuanto se liberen recursos del Fonden, que les corresponda.
Cuarto. Se exhorta al Ejecutivo
Federal y estatal para que implementen programas adicionales a los apoyos del Fonden, para
que los afectados puedan acceder a uno o más programas que le permitan su más ágil
recuperación, lo que hacemos de su conocimiento para los efectos que haya lugar.
México, DF, a 29 de enero de 2003.
Es cuanto, señor Presidente.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Gracias, señor Secretario.
No sé, señor diputado, si queda
claro que agregaríamos los municipios de Michoacán en los mismos términos que está
hecha la comunicación al Ejecutivo.
Senador, ¿todavía quiere hacer
uso de la palabra?
El senador Jorge Zermeño Infante (desde su
curul):
Sí, señor Presidente.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
El senador Jorge Zermeño, hasta
por cinco minutos.
El senador Jorge Zermeño Infante:
Gracias, Presidente.
No podemos dejar pasar un
señalamiento injurioso hecho en esta tribuna y sobre todo con un mal entendido, porque
tal parece que el diputado Cosío no se ha dado cuenta que la posición de los
legisladores del PAN ha sido de apoyar sin reservas este punto de acuerdo en los términos
en los que aquí se ha planteado, que coincide exactamente con lo que ha dicho la
Presidencia.
Nosotros consideramos que
efectivamente las necesidades no tienen ni deben tener color ni partido político. La
necesidad de ciudadanos que están en este momento padeciendo la posibilidad de ayuda que
debe brindarles no sólo el Gobierno Federal, sino los gobiernos municipales y estatales,
me parece que sería de la más mala intención pretender darle un cariz político
partidista. Por supuesto que de ninguna manera nosotros hemos manifestado aquí ninguna
posición de reserva a apoyar a quienes en este momento tienen necesidad y que el Gobierno
agilice de manera rápida recursos que están destinados precisamente para esto.
Por esta razón queremos
simplemente decir que el PAN no ha venido aquí a proponer nada ni a negarse, como aquí
se dijo en tribuna, a una propuesta hecha por algún legislador de otro partido. Nos
sumamos sin reservas, nos sumamos a favor en los mismos términos de justicia y de equidad
que la Comisión Permanente aprobó para los mismos casos en el estado de Jalisco y de
Colima. Gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, senador.
Consulte la Secretaría a la
Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
En votación económica, se
pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo.
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Suficientemente discutida.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
En votación económica se pregunta
si se aprueba la proposición de acuerdo a la sesión anterior, agregándole indicaciones
solicitadas por el señor diputado, de acuerdo al punto del orden del día en que se
canalicen recursos extra- ordinarios y urgentes para auxiliar a los damnificados del
terremoto ocurrido el pasado 21 de enero del año en curso, suscrita por el licenciado
Rogaciano Morales Reyes y Jesús Garibay García, del grupo parlamentario de la
Revolución Democrática.
Los ciudadanos legisladores que
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Aprobada, comuníquese.
PEMEX
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Tiene la palabra el diputado Diego
Cobo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar una
proposición con punto de acuerdo en relación a los buques petroleros de Pemex.
El diputado Diego Cobo Terrazas:
Muchas gracias, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Los diputados integrantes del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, en uso
de nuestras facultades constitucionales y legales, ocurrimos a esta tribuna para solicitar
se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados,
el presente punto de acuerdo bajo los siguientes
ANTECEDENTES
El día 6 de diciembre del año
2000, la subcomisión para el estudio del estado que guarda la Marina Mercante Nacional de
la Comisión de Marina de esta Cámara de Diputados, acordó encontrar mecanismos para la
renovación de la flota de Petróleos Mexicanos.
El día 15 de mayo del año 2002,
la Comisión de Marina de esta Cámara de Diputados tuvo una reunión de trabajo con el
ingeniero Roberto Ocegueda Villaseñor, director corporativo de Planeación Estratégica
de Petróleos Mexicanos, quien presentó el estado que guardaba para ese momento la flota
petrolera de la paraestatal.
En dicha reunión se ofreció a
proporcionar el programa para la reposición de barcos a más tardar el mes de junio del
año 2002, mismo que no ha sido presentado a esa comisión.
El 13 de noviembre del año 2002,
el barco petrolero Monocasco Prestige, con 77 mil toneladas de hidrocarburos, sufrió en
su costado de estribor una grieta por un posible impacto; seis días más tarde, el 19 de
noviembre del año 2002 se partió en dos, hundiéndose a 3 mil 500 metros de profundidad
frente a las costas de Galicia en España, liberando más de 11 mil toneladas de
hidrocarburos, obligando al gobierno español a vedar una franja de 555 kilómetros de
costas para la pesca con una zona prohibida para el marisqueo de 307 kilómetros y un
total de 128 playas afectadas en las costas de aquella nación, teniéndose que recoger
hasta la fecha 2 mil toneladas de hidrocarburos de las costas y entre 5 mil 400 y 6 mil
toneladas de residuos en el mar.
Se han desplegado 11 mil 750 metros
de barreras de contención y existen en España más de 10 mil damnificados directos por
pérdida de empleos secundarios a la contaminación de sus fuentes de trabajo sin contar
con los graves y en muchos casos irreparables daños ambientales, principalmente por la
muerte de mamíferos marinos, peces, crustáceos, quelonios y aves marinas y costeras.
El 14 de diciembre del año 2002,
la Comisión de Marina de esta Cámara de Diputados presentó una proposición con punto
de acuerdo para que se actualice la flota petrolera a fin de evitar accidentes con efectos
ambientales, habiéndose turnado a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de
Marina para su dictamen.
Los integrantes del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a partir de estos antecedentes
exponemos las siguientes
CONSIDERACIONES
Pemex cuenta con una flota de 23
barcos, 16 en el Océano Pacífico y siete en el Golfo de México, de los cuales cuatro
son rentados, ninguno de ellos cuenta con doble casco de protección. La edad promedio de
la flota mayor de Pemex es de 24 años, muy por arriba de la vida útil de los tanqueros,
estos buques-tanque fueron armados en distintos países con tecnología heterogénea y por
ello se ha dificultado su operación y mantenimiento además de encarecerlo.
Sabemos que para el año 2004 se
darán de baja siete de los 23 barcos de la flota mayor de la empresa.
Pemex busca incrementar la
capacidad de los barcos de un promedio de 21 mil toneladas a uno de 44 mil toneladas, por
lo que es indispensable que éstos reúnan condiciones de seguridad, que reduzcan al
mínimo los riesgos de sufrir un accidente, ya que al incrementarse la capacidad de carga,
también se incrementa el daño potencial, en caso de un siniestro similar al que sufrió
el buque Prestige frente a las costas españolas.
En México existen actualmente 26
áreas naturales protegidas dentro de la zona costera, insular, arrecifal y marina, donde
se protege a miles de especies, entre las cuales se encuentran mamíferos marinos,
quelonios y aves en distintos estados de conservación, que potencialmente se pueden ver
afectados por el vertimiento de hidrocarburos, como el resultado de un mayor riesgo de
sufrir un accidente por parte de los buques-cisterna de Petróleos Mexicanos, que no
cuentan con doble casco.
Los principales puntos de embarque
de hidrocarburos en México, se encuentran en zonas de alta vulnerabilidad ambiental, ya
que forman parte de biorregiones marinas muy importantes por su diversidad biológica,
como son el golfo de California y el golfo de Tehuantepec en el océano Pacífico y en
Ciudad Madero y en el Mar Caribe, en el Golfo y en el mar Atlántico.
En virtud de que las autoridades
encargadas de elaborar y llevar a cabo el programa de reposición de embarcaciones
mayores, no ha presentado a la comisión correspondiente dichos avances y de que dichas
embarcaciones en la actualidad no cuentan con doble casco, lo que incrementa el riesgo de
que sufran un accidente similar al sufrido por el “Prestige” frente a las costas
de España, es urgente que se atienda con especial énfasis esta situación, para evitar
los posibles daños ambientales y sociales que pudiera ocasionar un siniestro de esta
magnitud en México.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado, los diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
ponemos a consideración de esta soberanía, el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Se remita a la Comisión de Medio Ambiente
y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, la información correspondiente al
Programa para Reposición de Barcos, así como los avances y resultados obtenidos a la
fecha y se solicite la comparecencia ante esta soberanía del ciudadano Raúl Muñoz Leos,
director general de Petróleos Mexicanos, a efecto de que presente un informe
pormenorizado sobre la seguridad en la operación, en lo referente a la protección
ambiental de la flota de Petróleos Mexicanos.
Palacio Legislativo, a 4 de febrero
de 2003.
Dejo a la Secretaría el punto de
acuerdo y solicito a la Presidencia muy respetuosamente lo publique de manera íntegra en
la Gaceta
Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
«Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— LVIII Legislatura.— Presente.
Bernardo de la Garza Herrera,
Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María
Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo
Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia
García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Mauro Huerta Díaz, Julieta
Prieto Furhken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados
de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 70 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 116, 117 y 122 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 172, 176 y 179
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la
Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente
proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes
I. Antecedentes
1. El día 6 de diciembre de 2000,
la Subcomisión para el Estudio del Estado que Guarda la Marina Mercante Nacional, de la
Comisión de Marina de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, acordó encontrar
mecanismos para la renovación de la flota de Pemex.
2. El día 15 de mayo de 2002 la
Comisión de Marina de la Cámara de Diputados tuvo una reunión de trabajo con el
ingeniero Roberto Oceguera Villaseñor, director corporativo de Planeación Estratégica
de Petróleos Mexicanos, quien presentó el estado que guardaba para ese momento la flota
petrolera de la paraestatal; en dicha reunión ofreció proporcionar el programa para la
reposición de barcos a más tardar el mes de junio de 2002, mismo que no ha sido
presentado a esa Subcomisión.
3. El 13 de noviembre de 2002 el
barco petrolero monocasco “Prestige”, con 77 mil toneladas de hidrocarburos
sufrió en su costado de estribor una grieta por un posible impacto; seis días más
tarde, el 19 de noviembre de 2002, se partió en dos, hundiéndose a 3,500 metros de
profundidad frente a las costas de Galicia, en España, liberando más de 11 mil toneladas
de hidrocarburos, obligando al gobierno español a vedar una franja de 555 kilómetros de
costas para la pesca, con una zona prohibida para el marisqueo de 307 kilómetros, y un
total de 128 playas afectadas en las costas españolas teniéndose que recoger hasta la
fecha 2,000 toneladas de hidrocarburos de las costas y entre 5,400 y 6,000 toneladas de
residuos en el mar. Se han desplegado 11,750 metros de barreras de contención y existen
en España más de 10,000 damnificados directos por pérdida de empleos secundaria a la
contaminación de sus fuentes de trabajo, sin contar con los graves y en muchos casos
irreparables daños ambientales principalmente por la muerte de mamíferos marinos, peces,
crustáceos, quelonios y aves marinas y costeras.
4. El 14 de diciembre de 2002 la
Comisión de Marina de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados presentó una
proposición con punto de acuerdo para que se actualice la flota petrolera a fin de evitar
accidentes con efectos ambientales, habiéndose turnando a las comisiones de Presupuesto y
Cuenta Pública, y de Marina para su dictamen.
Los integrantes del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a partir de estos antecedentes,
exponemos las siguientes
II. Consideraciones
1. Pemex cuenta con una flota de 23
barcos, 16 en el océano Pacífico y 7 en el golfo de México, de los cuales 4 son
rentados, y ninguno de ellos cuenta con doble casco.
2. La edad promedio de la flota
mayor de Pemex es de 24 años, muy por arriba de la vida útil de los tanqueros; estos
buques-tanque fueron armados en distintos países con tecnología heterogénea y por ello
se ha dificultado su operación y mantenimiento además de encarecerlo.
3. Sabemos que para el año 2004 se
darán de baja 7 de los 23 barcos de la flota mayor de Pemex.
4. Pemex busca incrementar la
capacidad de los barcos de un promedio de 21 mil toneladas a uno de 44 mil toneladas, por
lo que es indispensable que éstos reúnan condiciones de seguridad que reduzcan al
mínimo los riesgos de sufrir un accidente, ya que al incrementarse la capacidad de carga
también se incrementaría el daño potencial en caso de un accidente similar al que
sufrió el buque “Prestige” frente a las costas españolas.
5. En México existen actualmente
26 áreas naturales protegidas dentro de la zona costera, insular, arrecifal y marina,
donde se protegen miles de especies, entre las cuales se encuentran los mamíferos marinos
y los quelonios, todos en diferentes status de
conservación, que potencialmente se pueden ver afectados por el vertimiento de
hidrocarburos como resultado de un mayor riesgo de sufrir un accidente por parte de los
buques-cisterna de Petróleos Mexicanos que no cuentan con un doble casco.
6. Los principales puntos de
embarque de hidrocarburos en México se encuentran en zonas de alta vulnerabilidad
ambiental, ya que forman parte de biorregiones marinas muy importantes por su diversidad
biológica como lo son el golfo de California (La Paz, BCS) y el golfo de Tehuantepec
(Salina Cruz, Oaxaca), en el océano Pacífico, y el golfo de México (Cd. Madero,
Tamaulipas) y el Caribe (Cancún, Quintana Roo) en el Atlántico.
7. En virtud de que las autoridades
de Pemex encargadas de elaborar y llevar a cabo el programa de reposición de
embarcaciones mayores no ha presentado a la comisión correspondiente dichos avances, y de
que dichas embarcaciones en la actualidad no cuentan con doble casco, lo que incrementa el
riesgo de que sufran un accidente similar al del “Prestige” frente a las costas
de España, es urgente se atienda con especial énfasis esta situación para evitar los
posibles daños ambientales y sociales que pudiera ocasionar un siniestro de esa magnitud
en México.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado, los diputados del Partido Verde Ecologista de México proponemos el siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico. Se remita a la Comisión de Medio Ambiente
y Recursos Naturales de la honorable Cámara de Diputados la información correspondiente
al programa para reposición de barcos, así como de los avances y resultados obtenidos a
la fecha, y se solicite la comparecencia ante esta soberanía del C. Raúl Muñoz Leos,
director general de Petróleos Mexicanos, a efecto de que presente un informe
pormenorizado sobre la seguridad en la operación en lo referente a la protección
ambiental de la flota de Petróleos Mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo en
San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los
Estados Unidos Mexicanos, a los 4 días del mes de febrero de 2003.— Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo
Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo
Terrazas (rúbrica), Arturo Escobar y Vega,
José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García
Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Mauro Huerta Díaz, Concepción Salazar
González, Julieta Prieto Furhken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia
Maldonado.»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Túrnese a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Sí, ¿Comisión de Marina?
El diputado José Tomás Lozano y Pardinas (desde
su curul):
Si, a la Comisión de Marina que se
han referidos sobre los puntos de acuerdo que se han tramitado.
Muchas gracias, señor Presidente.
COMPAÑIA
MINERA DE CANANEA
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Para presentar una proposición con
punto de acuerdo en relación a la huelga de Cananea en el estado de Sonora, suscrita por
los diputados Petra Santos Ortiz y Ramón León Morales del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la tribuna el diputado Ramón
León Morales.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor Presidente:
Cananea es en el cruce de caminos
de nuestra historia, el momento fundacional del movimiento obrero y del México
contemporáneo, la población sonorense representa como pueblo de frontera el punto de
origen de las luchas de la etapa moderna y contemporánea del pueblo mexicano.
Hoy, los herederos directos de las
jornadas de junio de 1906, nuevamente se enfrentan a la voracidad del capital que al paso
de 97 años no han podido terminar con la formidable veta de rebeldía del trabajador
minero.
En la noche del último día de
mayo de 1906, los 5 mil 360 trabajadores mexicanos de la Cananea Consolitated Coper
Company, declaran la huelga; algo casi inconcebible ante una dictadura que llevaba 26
años en el poder, por tres demandas fundamentales: salario mínimo de cinco pesos,
jornada de ocho horas e igualdad de condiciones de los trabajadores mexicanos con los
estadounidenses. Mismas que fueron rechazadas por el Coronel William Green, gerente de la
mina, por considerarlas absurdas.
La respuesta de la dictadura fue
una sangrienta represión los días 1o. y 2 de junio, en la que intervinieron los
ejércitos mexicano y estadounidense. Se asesinaron a 23 trabajadores, 22 fueron heridos y
60 detenidos, mismos que fueron enviados a la siniestra prisión de San Juan de Ulúa y a
la leva, para combatir a los yanquis. Para el 6 de junio se restablecieron las labores
bajo vigilancia militar.
Sin embargo, esos precursores de la
Revolución Mexicana, lograron plasmar en la Carta Magna sus principales demandas.
Dirigentes de las jornadas de 1906 como Esteban Vaca Calderón, Manuel M. Dieguez, Luis G.
Monzón, entre otros, se incorporarían al movimiento revolucionario y serían a la postre
miembros del Congreso Constituyente de Querétaro, en el que se plasmarían el derecho a
una jornada de ocho horas, el salario mínimo y derechos colectivos como la
sindicalización y la huelga.
No olvidemos que décadas después
el Ejército Mexicano volvió a presentarse en el municipio fronterizo, en agosto de 1989;
el ejército entró a la población a petición de la Compañía Minera de Cananea, en
momentos en que la representación sindical negociaba la revisión contractual.
Luego de más de dos meses de lucha
bajo la ocupación de los cuerpos represivos que hostigaban a la población y rea-lizaban
detenciones selectivas, el movimiento finalizó con el reajuste de una cuarta parte del
personal y la mutilación del contrato colectivo de trabajo. Un año después la empresa
minera fue privatizada a un precio irrisorio.
Hoy, aún con las ataduras del
corporativismo que impera en las organizaciones sindicales de importancia y tradición de
lucha, los herederos del club liberal de Cananea y los sucesores del Coronel Green,
vuelven a encontrarse a la vuelta de casi un siglo. Tradiciones de lucha tan arraigadas
como las de los mineros del norte del país renacen una y otra vez.
Desde que el Grupo México, el
principal productor minero del país, adquirió la explotación de Cananea en 1990, ha
venido aplicando una política antisindical, cancelando una a una las conquistas
históricas alcanzadas en décadas de lucha; redujo el contrato colectivo de trabajo en
tres cuartas partes y fue recortando la plantilla laboral, hasta lograr el despido masivo
de 175 trabajadores a raíz de la huelga de 1998-1999.
En 2001 los trabajadores emplazaron
a huelga por la revisión de su contrato colectivo. Sin embargo, el movimiento fue
declarado inexistente por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la revisión
nunca se llevó a cabo. La revisión además, se complicó por la sucesión en la
secretaría general del Sindicato Minero Metalúrgico, con el deceso de Napoleón Gómez
Sada y un complicado proceso de toma de nota de Napoleón Gómez Urrieta.
Por dos años, los trabajadores
tuvieron las mismas condiciones de trabajo, mismas que fueron violadas por la patronal,
por lo que el 3 de junio de 2002, los trabajadores impusieron la bandera rojinegra en el
histórico fundo minero. Se demandó entonces un incremento salarial del 10.5%, el
cumplimiento del contrato colectivo de trabajo y un bono de productividad que no se había
entregado en los dos años anteriores, al argumentar la empresa una baja productividad. La
huelga de junio pasado fue por esa revisión fallida.
Grupo México amagó con el cierre
de la empresa pues sostuvo que de cumplirse las demandas obreras su viabilidad sería
nula.
Debe recordarse que el año pasado
dicho consorcio que es el tercer productor de cobre del mundo, enfrentó movimientos
huelguísticos en Nueva Rosita, Coahuila; Minera San Martín, en Zacatecas; La Planta de
Zinc Electrolítica de San Luis Potosí; la mina Pasta Conchos y La Caridad, en Sonora.
El 9 de junio los trabajadores
formaron con la empresa un convenio para levantar la huelga, restituyendo prestaciones no
cumplidas y un incremento salarial del 5.25 % al salario, así como una retabulación de
4.75 correspondiente a 2001. Dos días después los empresarios decidieron romper el
acuerdo tomado e insistieron en el cierre de la minera.
A fin de evitar el cierre
definitivo de la planta, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el gobierno de
Sonora, plantearon a las partes que durante 12 meses se evaluaría la viabilidad del
centro de trabajo.
El hecho constituyó la
conculcación del derecho de huelga, lo cual fue reconocido por un tribual colegiado que
falló un amparo a favor del sindicato, por lo que los 2 mil 260 trabajadores
sindicalizados de la Compañía Minera de Cananea, volvieron a estallar la huelga el lunes
20 de enero a las tres de la tarde en demanda de aumento salarial del 5.3 %, el pago de
bonos de productividad que no se han entregado en cuatro años, y por el cese a las
violaciones al contrato colectivo de trabajo.
Al día siguiente la empresa
amenazó de nuevo con cerrar. Debe señalarse que el costo laboral de la minera es sólo
del 10 % y que el hecho de que no se hayan alcanzado estándares de producción óptimos,
obedece a que la empresa no provee de materiales y equipos necesarios a los departamentos
de mina y tajo que concentra el mayor número de trabajadores.
Los efectos de cierre serían
catastróficos para la región, pues el 90 % de la actividad económica de los 35 mil
habitantes de Cananea depende de la mina.
Asimismo, 150 mil toneladas de
cobre dejarían de incorporarse a la producción nacional.
Hoy la lucha sindical vuelve a
enfrentar nuevos y viejos retos, a encarar a los enemigos de siempre en nuevas
condiciones; la larga marcha de la resistencia, la inagotable historia del movimiento de
los trabajadores vive un nuevo capítulo.
El grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática respetuoso de la autonomía sindical y comprometido con las
mejores causas del pueblo de México, se pronuncia contra cualquier medida que pretenda
conculcar derechos, contra cualquier chantaje que ponga en la mira las conquistas y las
luchas legítimas del pueblo trabajador y hace un llamado a las autoridades laborales a
conducirse en el marco de absoluta legalidad, respeto y prudencia, cumpliendo su deber de
conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones laborales.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado, los suscritos sometemos a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión hace un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y a la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje para que, en el ejercicio de sus atribuciones
intervenga en el conflicto de la compañía Minera de Cananea, para preservar los derechos
individuales y colectivos de los trabajadores de dicha empresa establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y el
Contrato Colectivo de Trabajo y demás ordenamientos aplicables.
Firmamos este punto de acuerdo los
legisladores: Petra Santos Ortiz y un servidor.
«Proposición con punto de acuerdo
sobre la Huelga de Cananea.
Los suscritos, diputados federales
integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable Asamblea una
proposición con punto de acuerdo sobre el movimiento huelguístico de los trabajadores
mineros de Cananea, al tenor de las siguientes consideraciones:
1. Cananea es el cruce de caminos
de nuestra historia, el momento fundacional del movimiento obrero y del México
contemporáneo. La población sonorense representa, como pueblo de frontera, el punto de
origen de las luchas de la etapa moderna y contemporánea del pueblo mexicano. Hoy, los
herederos directos de las jornadas de junio de 1906, nuevamente se enfrentan a la
voracidad del capital que, al paso de 97 años, no han podido terminar con la formidable
veta de rebeldía del trabajador minero.
En la noche del último día de
mayo de 1906, los 5 mil 360 trabajadores mexicanos de la Cananea Consolidated Cooper
Company declaran la huelga, acto casi inconcebible ante una dictadura que llevaba 26 años
en el poder, por tres demandas fundamentales: salario mínimo de cinco pesos; jornada de
ocho horas e igualdad de condiciones de los trabajadores mexicanos con los
estadounidenses, mismas que fueron rechazadas por el Coronel William C. Green, gerente de
la mina, por considerarlas “absurdas”. La respuesta de la dictadura fue una
sangrienta represión los días 1o. y 2 de junio en la que intervinieron los ejércitos
mexicano y estadounidense. Se asesinó a 23 trabajadores, 22 fueron heridos y 60
detenidos, mismos que fueron enviados a la siniestra prisión de San Juan de Ulúa y a la
leva, para combatir a los yaquis. Para el 6 de junio, se restablecen las labores bajo
vigilancia militar.
Sin embargo, estos precursores de
la Revolución Mexicana lograron plasmar en la Carta Magna sus principales demandas.
Dirigentes de las jornadas de 1906, como Esteban Vaca Calderón, Manuel M. Diéguez y Luis
G. Monzón se incorporarían al movimiento revolucionario y serían a la postre miembros
del Congreso Constituyente de Querétaro, en el que se plasmarían el derecho a una
jornada de 8 horas, el salario mínimo y derechos colectivos como la sindicalización y la
huelga.
No olvidemos que décadas después,
el Ejército Mexicano volvió a presentarse en el municipio fronterizo. En agosto de 1989,
el Ejército entró a la población a petición de la Compañía Minera de Cananea en
momentos en que la representación sindical negociaba la revisión contractual. Luego de
más de dos meses de lucha, bajo la ocupación de los cuerpos represivos que hostigaban a
la población y rea-lizaban detenciones selectivas, el movimiento finalizó con el
reajuste de una cuarta parte del personal y la mutilación del contrato colectivo de
trabajo. Un año después, la empresa minera fue privatizada a un precio irrisorio.
2. Hoy, aún con las ataduras del
corporativismo que impera en organizaciones sindicales de importancia y tradición de
lucha, los herederos del “Club Liberal de Cananea”, y los sucesores del Coronel
Green vuelven a encontrarse a la vuelta de casi un siglo. Tradiciones de lucha tan
arraigadas como las de los mineros del norte del país, renacen una y otra vez.
Desde que Grupo México, el
principal productor minero del país, adquirió la explotación de Cananea en 1990, ha
venido aplicando una política antisindical, cancelando una a una las conquistas
históricas alcanzadas en décadas de lucha; redujo el contrato colectivo de trabajo en
tres cuartas partes y fue recortando la plantilla laboral hasta lograr el despido masivo
de 175 trabajadores a raíz de la huelga de 1998-1999.
En 2001, los trabajadores
emplazaron a huelga por la revisión de su contrato colectivo. Sin embargo, el movimiento
fue declarado inexistente por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la revisión
nunca se llevó a cabo. La revisión además se complicó por la sucesión en la
secretaría general del Sindicato Minero Metalúrgico, con el deceso Napoleón Gómez Sada
y un complicado proceso de toma de nota a Napoleón Gómez Urrutia.
Por dos años, los trabajadores
tuvieron las mismas condiciones de trabajo, que fueron violadas por la patronal, por lo
que el 3 de junio de 2002 los trabajadores impusieron las banderas rojinegras en el
histórico fundo minero. Se demandó entonces un incremento salarial del 10.5 por ciento,
el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo y el pago de un bono de productividad
que no se había entregado en los dos años anteriores, al argumentar la empresa una baja
productividad. La huelga de junio pasado fue por esa revisión fallida.
Grupo México amagó con el cierre
de la empresa pues sostuvo que de cumplirse las demandas obreras, su viabilidad sería
nula. Debe recordarse que el año pasado dicho consorcio, que es el tercer productor de
cobre del mundo, enfrentó movimientos huelguísticos en Nueva Rosita, Coahuila; Minera
San Martín, en Zacatecas; la planta de zinc electrolítica en San Luis Potosí; la mina
Pasta Conchos y La Caridad en Sonora.
El 9 de junio, los trabajadores
firmaron con la empresa un convenio para levantar la huelga, restituyendo prestaciones no
cumplidas y un incremento salarial de 5.25 por ciento al salario, así como una
retabulación de 4.75, correspondiente a 200l. Dos días después, los empresarios
decidieron romper el acuerdo tomado e insistieron en el cierre de la minera.
A fin de evitar el cierre
definitivo de la planta, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el gobierno de
Sonora plantearon a las partes que durante 12 meses se evaluaría la viabilidad del centro
de trabajo.
3. El hecho constituyó la
conculcación del derecho de huelga, lo cual fue reconocido por un Tribunal Colegiado que
falló un amparo a favor del sindicato, por lo que los mil 260 trabajadores sindicalizados
de la Compañía Minera de Cananea volvieron a estallar la huelga el lunes 20 de enero a
las 3 de la tarde, en demanda de aumento salarial de 5.3 por ciento, el pago de bonos de
productividad que no se han entregado en 4 años y por el cese a las violaciones al
contrato colectivo de trabajo.
Al día siguiente la empresa
amenaza de nuevo con cerrar. Debe señalarse que el costo laboral de la minera es sólo
del 10 por ciento y que el hecho de que no se hayan alcanzado estándares de producción
óptimos obedece a que la empresa no provee de materiales y equipos necesarios a los
departamentos de mina y tajo, que concentran el mayor número de trabajadores.
Los efectos del cierre serían
catastróficos para la región, pues el 90 por ciento de la actividad económica de los 35
mil habitantes de Cananea depende de la mina. Asimismo, 150 mil toneladas de cobre anuales
dejarían de incorporarse a la producción nacional.
Hoy, la lucha sindical vuelve a
enfrentar nuevos y viejos retos, a encarar a los enemigos de siempre en nuevas
condiciones: la larga marcha de la resistencia, la inagotable historia del movimiento de
los trabajadores vive un nuevo capítulo.
El grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, respetuoso de la autonomía sindical y comprometido con
las mejores causas del pueblo de México, se pronuncia contra cualquier medida que
pretenda conculcar derechos, contra cualquier chantaje que ponga en la mira las conquistas
y las luchas legítimas del pueblo trabajador y hace un llamado a las autoridades
laborales a conducirse en un marco de absoluta legalidad, respeto y prudencia, cumpliendo
su deber de conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones laborales.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado, los suscritos sometemos a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión hace un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje para que, en el ejercicio de sus atribuciones,
intervengan en el conflicto de la Compañía Minera de Cananea para preservar los derechos
individuales y colectivos de los trabajadores de dicha empresa, establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, el
Contrato Colectivo de Trabajo y demás ordenamientos aplicables.
Sala de sesiones de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, febrero 4 de 2003.— Diputados: Petra Santos Ortiz, Ramón León Morales (rúbrica).»
«Coordinación de política
económica GP-PRD.
Notas sobre la huelga de Cananea,
en Sonora
La huelga que sostienen los
trabajadores de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRP), de la empresa minera de
Cananea, en Sonora, comenzó el lunes 20 de enero de este año.
Las demandas laborales se centran
en tres peticiones concretas: la exigencia de un incremento salarial de 5.25 por ciento,
la entrega de un bono de productividad y la reinstalación de 10 empleados.
El consorcio que controla la
empresa minera de Cananea, Grupo México, lo dirige el empresario Germán Larrea Mota
Velasco. Este consorcio se ubica entre las cinco transnacionales mexicanas más
importantes; siendo además el poseedor del tercer mayor yacimiento de cobre en el mundo,
el segundo lugar en América Latina y primero en México.
El conflicto laboral entre el
sindicato y la empresa se agudizó por el anuncio del Grupo México de cerrar
definitivamente las operaciones de la empresa minera mexicana de Cananea, argumentando la
existencia de malas condiciones financieras y operativas que le impiden afrontar las
peticiones de los huelguistas, señalando también que en los últimos dos años la
empresa ha trabajado con números rojos y con fuertes endeudamientos. La patronal culpa de
esta situación a los trabajadores y a la caída de los precios internacionales de los
metales.
Actualmente la mina de Cananea
cuenta con una base de trabajadores sindicalizados y de confianza, que suman en total 1
mil 440 personas.
La presión por cerrar esta fuente
de trabajo por la patronal es una medida intimidatoria, con la finalidad de evadir el
cumplimiento del contrato colectivo y los derechos ordenados en la Ley Federal del
Trabajo.
Sabemos que no es fácil el cierre
de una planta en los términos señalados por el consorcio Grupo México, ya que se
requiere de un procedimiento jurídico ante el sindicato y la Secretaría del Trabajo, que
contenga una justificación de las presuntas causas económicas para su cierre, y que al
mismo tiempo cumpla con lo ordenado en los artículos 434, 892 y 900 de la Ley Federal del
Trabajo. La huelga en sí no genera la terminación de las relaciones laborales; eso lo
califica la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
El problema laboral entre el
sindicato y Germán Larrea tiene sus antecedentes cuando en el proceso de privatización
en 1990, este consorcio adquirió a precio de remate los bienes de la minera en 475
millones de dólares y se comprometió, con el sindicato, a entregar 5 por ciento de los
activos a los trabajadores.
La determinación de cerrar
operaciones de la minera nos parece una actitud desleal, de cerrazón mostrada por el
consorcio y que en nada contribuye a la solución del problema.
El conflicto hasta el momento no
tiene solución y parece que se extiende al anunciarse paros, por parte del sindicato, en
11 secciones relacionadas con el Grupo México, entre las que se encuentran, además de la
planta en lucha, la Industria Minera México, Minerales Metálicos del Norte y Mexicana
del Cobre.
Las autoridades municipales,
estatales y federales han manifestado su preocupación por esta situación; así las voces
por impedir el cierre de esta importante fuente de trabajo y principal productora de cobre
en México, se multiplican.
Ya en la huelga iniciada el 3 de
junio de 2002 y que duró siete días, las autoridades de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) y el gobierno estatal intervinieron para evitar que la empresa
cerrara por la aparente incosteabilidad de sus operaciones.
Conviene destacar que la economía
del municipio de Cananea y sus alrededores depende en más de 90 por ciento de las
actividades del consorcio minero; ello muestra el vital polo dinámico que tiene dicha
minera en la economía de la región.
Los gobiernos federal y estatal han
manifestado que en este problema la consigna es impedir el cierre de la minera de Cananea.
Exhortando al presidente de la misma a que negocie con los trabajadores de la sección 65
del sindicato minero en huelga.
Recordemos que la Minera Cananea es
un lugar de trascendencia histórica en las luchas por la justicia laboral en México;
hagamos memoria: la noche del primero de junio de 1906, la población de Cananea, Sonora,
se conmovió, porque cerca de dos mil trabajadores de la Green Consolidated Mining
Company, inconformes porque sus salarios eran menores que los que devengaban sus
compañeros norteamericanos, al recibir la negativa de la empresa de aumentárselos,
decidieron ir a la huelga. La represión y brutalidad hicieron su aparición; hubo 23
muertos y 22 heridos de ambas partes, y fueron aprehendidos más de 50 individuos, a
quienes se acusó de ser los agitadores del movimiento y fueron enviados inmediatamente a
las mazmorras de San Juan de Ulúa.
Ahora observamos con preocupación
que una empresa tan importante en el sector minero sea objeto de cierre definitivo, tal
parece que la administración privada no ha sido eficiente en su accionar y escudándose
en los conflictos labores, pretende remediar su falta de eficiencia con el cierre de la
misma.
¿Dónde quedaron los beneficios
que tanto se pregonaron al privatizar esa minera? ¿Dónde quedaron las promesas de que la
iniciativa privada impulsaría mejor esta rama de la actividad económica?
Por lo anterior creemos que el
Estado mexicano debe asumir su responsabilidad de garante de los derechos de los
trabajadores y propiciar el diálogo entre las partes.»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Trabajo y
Previsión Social de la Cámara de Diputados.
GAS LICUADO
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Tiene la palabra el diputado Ramón
León Morales, para leer un Punto de Acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al
Ejecutivo para atender la petición de las organizaciones sociales de Uruapan, Michoacán,
relativa al gas doméstico.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor Presidente; con la
comprensión de mis compañeros legisladores:
Con fundamento en el artículo 78
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a esta soberanía el
siguiente punto de acuerdo al tenor de lo siguiente:
El gas licuado de petróleo LP, es
uno de los principales bie-nes de consumo en los hogares de la República Mexicana y ocupa
uno de los primeros lugares en la ponderación de bienes de la canasta básica.
El gas LP es consumido
principalmente por los hogares, 62% del total se destina al uso residencial, 12% al uso
industrial y 26% a comercio, transporte y otros. Además, nuestro país ocupa el primer
lugar en el mundo en el uso residencial de este combustible.
Lo anterior queda de manifiesta si
tomamos en cuenta que el volumen de ventas internas del gas LP se ha incrementado más de
50% desde 1997, para alcanzar cerca de 300 mil barriles por día; lo que refleja el papel
central de este producto en nuestro país, lejos de que, al amparo del libre comercio, el
incremento en la demanda se refleja en un precio menor. La tarifa por kilogramo observó
aumentos constantes desde 1998, lo que demuestra la clara existencia de prácticas
oligopólicas en la distribución y venta final.
Es del conocimiento público que la
industria gasera se encuentra en manos de unos cuantos, por ejemplo, Vela Gas es dueña de
las empresas Daniel Vela, Sociedad Anónima. Y las otras compañías que operan en el
mercado son: Bello Gas, Sociedad Anónima; Gas Bustamante y Gas Presto.
El incremento en el gas LP provoca
terribles desequilibrios en las economías familiares. Si el salario mínimo diario de un
jefe de familia es de 40 pesos, debe destinar casi cinco días de percepciones para
comprar un tanque de 30 kilogramos, relegando a segundo término otras necesidades
básicas como electricidad, alimentación, salud, vestido y educación.
El argumento del Gobierno Federal
en 1997 para regular el precio del gas doméstico fue la necesidad de estandarizarlo con
el de los mercados internacionales, lo que es incoherente con el hecho de que nuestro
país es uno de los principales productores a nivel mundial. Sin embargo, los gobiernos
neoliberales no se han preocupado por destinar mayores recursos a la inversión productiva
en Pemex y a la exploración de gas. Por lo que estas deficiencias se han trasladado al
bolsillo de los trabajadores.
La industria de distribución,
almacenamiento y venta del gas LP adolece de una serie de rezagos derivados de su
carácter monopólico, como lo ha reconocido la Comisión Federal de Competencia que ante
la presión popular se vio en la necesidad de detentar el incremento constante en los
precios en 2001.
El freno que se impuso al
crecimiento de los precios del kilogramo de gas LP en las distintas regiones del país no
es suficiente para aliviar el deterioro que ha sufrido el poder adquisitivo de la familia,
pues el precio de este bien creció 85% desde 1998, mientras que los salarios mínimos
reales apenas observan un incremento del 0.18 en el mismo periodo. Pero además, por si
fuera poco, el servicio que presta el oligopolio dista mucho de ser oportuno, seguro y de
buena calidad. Tan sólo el año pasado la Procuraduría Federal de Defensa al Consumidor
realizó 8 mil operativos en materia de gas LP, verificando más de 171 mil cilindros y
más de 2 mil 100 autotanques. Derivado de lo anterior impuso sanciones por más de 24
millones de pesos e inmobilizó alrededor de 33 mil cilindros por no ofrecer las
condiciones de seguridad pertinentes.
El Gobierno Federal de la
administración pasada y el presente se han preocupado más por mantener finanzas
públicas sanas por encima de los intereses de millones de familias que dependen del gas
LP para realizar actividades cotidianas tan importantes como la preparación de alimentos.
Es preciso contar con una política
que incentive y fortalezca el consumo familiar para generar beneficios tangibles en el
nivel de vida de la población. En su oportunidad, el 28 de mayo de 2002, al seno de la
Comisión de Energía de esta Cámara se expusieron las razones y fundamentos por los
cuales carecía de coherencia la política de precios de energéticos.
Ante funcionarios de la Secretaría
de Economía y de Petróleos Mexicanos el diputado Jesús Garibay García hizo la
propuesta para que de manera urgente se abordara el tema de las concesiones, distribución
y precio de gas LP de manera coordinada entre el Legislativo y el Ejecutivo, pero nada
pasó.
Y como cada acción tiene su
consecuencia, en este caso la inmovilidad de los responsables de fijar precios y tarifas
desde el Gobierno Federal, organizaciones sociales de Uruapan, Michoacán, han emprendido
una serie de movilizaciones y demandas al Ejecutivo, para que con propuestas concretas
resuelva el problema de la distribución y costo del gas destinado a los hogares. Sus
argumentos son válidos y contundentes, sus propuestas son viables. A continuación
expongo algunos.
Primero. Que el precio del gas
doméstico no exceda de 13 pesos, hasta en tanto no se otorgue un incremento al salario
mínimo de los trabajadores que cubra sus necesidades primordiales.
Segundo. Que las empresas
distribuidoras de gas doméstico subsidien el costo de los tanques estacionarios, así
como su instalación, a fin de reducir los costos del producto.
Tercero. Que el incremento al costo
del gas doméstico se dé en proporción al incremento del salario mínimo que se otorga
cada año, pues ambos son regulados y autorizados por el Gobierno Federal, pues
generalmente el precio del energético se da en una magnitud superior al incremento
salarial, lo cual ha impactado de manera negativa al poder adquisitivo de la mayoría de
los mexicanos.
Cuarto. Que la ciudadanía cuente
con un espacio legalmente establecido, además de la Procuraduría Federal del Consumidor,
donde pueda presentar sus quejas y demandas en forma directa y sin intermediarismo
burocrático, para que obtenga una respuesta satisfactoria y ágil en todo momento apegada
a derecho.
Quinto. Que el Gobierno Federal, a
través de la iniciativa privada o de las organizaciones sociales legalmente constituidas,
promueva el uso de gas natural y se otorguen las facilidades necesarias para su
utilización en el ámbito doméstico, con la finalidad de no dañar el poder adquisitivo
de los trabajadores.
Sexto. Que se establezca como
normatividad para las empresas de distribución de gas, la purga de los cilindros de
manera permanente, a efecto de que siempre se entregue la capacidad y peso completo al
usuario.
Séptimo. Que los repartidores de
gas de las empresas estén capacitados para que en cada servicio que brinden verifiquen y
sean los responsables de que las instalaciones sean seguras, a fin de evitar riesgos y que
cumplan con los linea-mientos establecidos por las autoridades competentes; en caso
contrario, que no presten el servicio.
Octavo. Que la Procuraduría
Federal del Consumidor, en coordinación con los ayuntamientos de Uruapan, Michoacán y la
ciudadanía, realicen operativos frecuentes y permanentes para verificar que las empresas
otorguen el peso exacto del combustible.
Noveno. Que el sello de garantía
de los cilindros se imprima foliado y se entregue a cada consumidor, así como la nota de
venta correspondiente conteniendo los requisitos fiscales.
Como podemos apreciar, son un
conjunto de propuestas asequibles y que puede esta Comisión Permanente del Congreso de la
Unión impulsar de manera inmediata.
Por lo anteriormente expuesto,
sometemos a esta soberanía el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, exhorta al Poder Ejecutivo para que expida el decreto respectivo
que permita atender la petición de las organizaciones sociales de Uruapan, Michoacán y
de todo el país en materia de gas LP para consumo doméstico.
Firmamos este punto de acuerdo los
legisladores Jesús Garibay García, precisamente
del Distrito de Uruapan, Michoacán, y un servidor.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Energía de
la Cámara de Diputados.
Está en turno el senador Raymundo
Cárdenas Hernández, pero parece que no está en el salón.
UNIVERSIDADES
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
El diputado Ramón León Morales
tiene la palabra para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, revisen la situación presupuestal de las
instituciones de educación superior sectorizadas a la Sagarpa.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor Presidente.
Yo solicito muy atentamente de
todos ustedes su comprensión. En este momento soy el único diputado de la fracción que
no está en funciones de mesa directiva y tengo que atender todas las peticiones de mis
compañeros legisladores.
Desde la pasada sesión la
Comisión Permanente del 22 de enero se propuso desde esta tribuna se atendiera el
problema de la diferencia entre los montos del Presupuesto de Egresos de la Federación
que se señalan por un lado, en la Gaceta Parlamentaria, por otro el Diario Oficial
de la Federación y a su vez entre éstos y lo que desde la tribuna se nos decía que
estábamos votando.
Nuevamente queremos llamar la
atención para plantear las consecuencias negativas de un proceso legislativo de
aprobación presupuestal mal llevado. En este caso hablaremos del Ramo 8 que es el de la
Sagarpa, este Ramo tenía un presupuesto programado por el Ejecutivo Federal de 33 mil 954
millones 900 mil pesos, el cual era 7% menor al del 2002.
La Cámara de Diputados decidió
incrementar sus recursos en 8 mil 502 millones 600 mil pesos aunque al mismo tiempo le
redujo el gasto en 774 mil 820 millones 328 mil pesos, en total se le asignaron 41 mil 682
millones 679 mil pesos según consta en el anexo 1 de la Gaceta Parlamentaria del 15 de diciembre de 2002.
No obstante esta decisión de la
Cámara de Diputados, el Diario Oficial del 30
de diciembre de 2002 consigna 100 millones de pesos más a lo acordado por el Legislativo
para ese ramo presupuestal.
La Cámara de Diputados no precisó
en su momento ese monto sino hasta el 8 de enero cuando el Presidente de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Luis Pasos envió un oficio al Titular de la
Sagarpa a fin de, cito: “prevenir que las partidas aprobadas por la Cámara de
Diputados se transfirieran a rubros destinados distintos a los autorizados”. Es en
este oficio donde se señala un incremento de recursos a la Sagarpa, no por 8 mil 500
millones sino por 8 mil 602 millones de pesos.
Dentro de este desglose se señala
el incremento de las partidas presupuestales de la Universidad Autónoma de Chapingo y de
la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” por 50 millones a cada una
entre otros incrementos. Sin embargo y de manera inexplicable, tal y como lo sancionan los
presupuestos definitivos por ramo presupuestal y unidad administrativa, que la Secretaría
de Hacienda envió a esta Cámara de Diputados el pasado 31 de enero, el presupuesto que
se reporta como definitivo para estas dos instituciones no contempla los incrementos
señalados.
A pesar de que en los últimos tres
años la Universidad Autónoma de Chapingo ha tenido un crecimiento presupuestal promedio
de 6.3% en términos reales siendo el de 2003 de casi 942 millones de pesos, este
presupuesto le resulta insuficiente para atender la demanda de investigación y educación
comprometida con los hombres y mujeres del campo.
De este modo, la incertidumbre
presupuestal agrava las condiciones bajo las cuales se desarrollan dos de las
instituciones de educación e investigación más importantes del país como lo son
Chapingo y la Antonio Narro.
Chapingo es una institución clave
en el desarrollo de nuestro campo que ha atendido de manera central las necesidades de
educación agropecuaria de miles de jóvenes mexicanos, como otras instituciones públicas
de educación superior. Desde hace varios años padece un estrangulamiento financiero que
le hace destinar hoy día el 80% de su presupuesto para servicios personales, cuando con
la misma plantilla docente en los últimos años ha incrementado su matrícula en posgrado
en 250% y en el nivel medio superior en 50%.
De casi 7 mil alumnos, 2 mil 100 se
encuentran internos y otro tanto son becarios externos, cabe resaltar que prácticamente
el 10% de la matrícula de Chapingo son jóvenes indígenas de muy diversas etnias del
país.
Caso similar vive la Universidad
“Antonio Narro”, el presupuesto que le programó la Secretaría de Hacienda,
contempla el mismo monto para gastos de operación que en 2002 el cual agravará las
presiones sobre las funciones sustantivas que actualmente no son financiables con el
subsidio ordinario y que le hacen acarrear desde hace varios años un déficit cercano a
los 30 millones de pesos; es de destacar que con sólo 411 millones de pesos, atiende a
más de 3,500 estudiantes que provienen de todo el país.
No está de sobra decir que ambas
instituciones, al igual que el conjunto de instituciones de educación superior que no
están sectorizadas a la SEP, no reciben subsidios extraordinarios para apoyar
proyectos de fortalecimiento institucional, mejoramiento del profesorado, etcétera, como
sí lo reciben las universidades públicas estatales de tal forma que año con año estas
instituciones sólo cuentan con los recursos que la Federación les asigna mediante la
Sagarpa.
En resumen, dado el abandono
presupuestal que viven estas universidades en las condiciones actuales y de no
clarificarse la ampliación presupuestal señalada, Chapingo corre el riesgo de irse a la
huelga el próximo lunes; apoyar a estas universidades es apoyar a la educación superior
pública y apostar por la recuperación del campo mexicano a partir de bases propias.
Es por ello, que con fundamento en
el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer a esta soberanía la suscripción del
siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Que la Secretaría de Hacienda y la
Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se reúnan a la brevedad, a fin de que
se aclare plenamente que los 100 millones de pesos programados al ramo presupuestal 8 sean
transferidos por partes iguales a la Universidad Autónoma de Chapingo y a la Universidad
Autónoma Agraria “Antonio Narro”.
Solicito asimismo señor
Presidente, que sea enviado este punto de acuerdo a la Comisión de Educación y Servicios
Educativos.
Por su comprensión y su atención,
muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Túrnese a las comisiones de Hacienda
y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y de
Educación.
Vuelvo a preguntar diputado León,
¿usted va a hacer uso de la palabra para el asunto que tiene programado el senador
Raimundo Cárdenas?.. Entonces lo sacamos del orden.
SEGURIDAD
PUBLICA
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Pasamos a la agenda política.
El siguiente punto del orden del
día es comentarios sobre la seguridad pública en México. Tiene la palabra el senador
Orlando Paredes Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra, senador.
El senador Orlando Paredes Lara:
Con su permiso señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
El pasado 11 de enero, la opinión
pública nacional conoció cómo elementos del Ejército Mexicano, de manera sorpresiva,
realizaron un operativo argumentando una inspección de rutina para revisar el armamento
con que contaban en las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Contra la Salud de la Procuraduría General de la República en la ciudad de
Tijuana, Baja California.
Al realizar esa verificación, en
principio se informó que se habían encontrado en la delegación de esa institución a
dos civiles que presuntamente habían sido detenidos por habérseles encontrado en la
posesión de 1 mil 897 paquetes, conteniendo un peso bruto de 4 toneladas, 800 kilos de
marihuana.
Posteriormente se supo que ni los
presuntos traficantes del estupefaciente ni las casi cinco toneladas de droga habían sido
puestos a disposición del Ministerio Público Federal, por lo que el personal del
Ejército tuvo que proceder a efectuar el decomiso y realizó el aseguramiento de siete
funcionarios de la PGR adscritos a la FEATS, a la que de inmediato se le inició una
averiguación previa a fin de aplicarles todo el rigor de la ley penal como presuntos
responsables del ilícito de cohecho y delitos contra la salud, agravados por tratarse de
servidores públicos de la PGR en activo.
Ello motivó que el Procurador
General de la República ordenase operativos de revisión en las 17 sedes de la Fiscalía
Especializada en Delitos Contra la Salud, en la Unidad Especializada en Delincuencia
Organizada y en la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero, por parte de
visitadores y personal de la contraloría interna, para que finalmente el titular del
Ministerio Público Federal, ordenará la disolución de la FEATS y anunciara la creación
de una nueva subprocuraduría para el combate al narcontráfico.
Sin embargo, la escalada delictiva
seguía su curso. Días después el viernes 24 de enero del presente año, a plena luz del
día y en el interior del estacionamiento de un centro comercial, tres sicarios realizaron
15 disparos para asesinar a Rubén Castillo Conde, comandante de la Agencia Federal de
Investigación, (AFI) en Mexicali, Baja California. Este homicidio se perpetró a
traición, por la espalda y tiene el sello de las ejecuciones que son encargadas por la
delincuencia organizada.
Con estos lamentables
acontecimientos nos estamos percatando de cómo la delincuencia común, recurre a modus operandi cada vez más sofisticados
Hace una semana una banda dedicada
al robo de transporte de carga, fue detenida por policías preventivos de la Secretaría
de Seguridad Pública del Distrito Federal, con patrullas falsificadas, las cuales
contaban con equipo de radio-comunicación desconectado, equipadas con torretas del mismo
tipo de las que utilizan las patrullas de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, “clonación de patrullas”, fue el aviso de alerta que dieron
muchos medios de comunicación social, falsos policías en patrullas apócrifas que
cometían asaltos verdaderos.
Por otra parte, la semana pasada en
el estado de Chiapas y a consecuencia de añejos conflictos religiosos e
intra-comunitarios, la violencia y la sinrazón cobró la vida de 7 personas en el
municipio de San Juan Chamula.
Esta breve descripción de la
comisión de actos delictivos, se está volviendo algo realmente preocupante en México,
ya que la frecuencia y la violencia con que se cometen, nos brindan un claro panorama de
que los factores socio-económicos se están convirtiendo en un caldo de cultivo para el
avance del fenómeno delictivo. La pérdida de poder adquisitivo, la falta de empleo y de
oportunidades, se torna en incentivo para el incremento del fenómeno delincuencial.
En el periodo que va del 31 de
diciembre de 2000 al 15 de enero de 2002, la economía nacional ha acumulado una pérdida
de aproximadamente 444 mil empleos de acuerdo con cifras oficiales proporcionadas por el
propio Instituto Mexicano del Seguro Social, con una visión reduccionista se está viendo
a la seguridad pública, como un problema de policías y ladrones y bajo esa concepción
la política criminal, se ha traducido en el incremento de penas, aumento del número de
efectivos policiales y más operativos conjuntos, todo con el único objeto de reducir el
índice de denuncias y no con el fin de atacar el problema desde sus raíces.
Ante este panorama, para los grupos
parlamentarios del PRI en la Comisión Permanente, nos queda claro de que en México
estamos ante una grave disociación de las políticas subsectoriales que componen la
política nacional en materia de seguridad pública. Para muestra basta un botón, estamos
ante un desfase de la política criminológica en relación con la política
penitenciaria. Cada vez más, con decisiones legislativas se incrementa el catálogo de
delitos graves, propiciando un índice de sobrepoblación del 27% en promedio en penales.
La falta de espacios penitenciarios se está traduciendo en sobresaturación y
hacinamiento que dificulta aún más el propósito de la readaptación y la reinserción
social del delincuente.
Adicionalmente, la procuración de
justicia en el ámbito federal sigue cometiendo yerros que inclusive atentan contra la
garantía constitucional de la libertad de expresión, al pretender dar un trato de
informante del bajo mundo a auténticos informadores, esmerados en su quehacer
periodístico y en el ejercicio que implica la elevada misión social de informar.
En síntesis. Los legisladores
priístas sostenemos en esta tribuna que se vive una grave descomposición social del
Estado de Derecho como nunca antes en nuestras calles, en las oficinas encargadas de
brindarnos seguridad y de procurar justicia los ciudadanos nos enfrentamos a malos
policías y a agentes del Ministerio Público convertidos en secuestradores con placa,
informadores confundidos con informantes, perseguidos por tener la valentía de guardar el
secreto profesional y no ser dóciles para revelar sus fuentes; patrullas y policías
clonados para la comisión de ilícitos que ante un gobierno que se va de vacaciones no
falta quienes tratan de hacer justicia por su propia mano, aun sabiendo que en un Estado
de Derecho, la justicia por mano propia no es justicia, sino que se convierte en venganza.
En el combate a la delincuencia
persiste un desconcierto: subsiste descoordinación y desorganización que permiten que se
siga deteriorando y descomponiendo el tejido social, lo cual nos da una señal inequívoca
de que cada día el país se está dirigiendo hacia el callejón oscuro de la
ingobernabilidad.
Es por ello que finalmente deseo
reiterar un llamado de atención, y digo reiterar porque esto lo hemos hecho ya en no
pocas ocasiones, a fin de que sumemos esfuerzos para que fortalezcamos la coordinación y
para que, población y órdenes de gobierno unamos voluntades con la finalidad de
preservar y robustecer al Estado de Derecho. Solamente en el marco de éste podremos
encontrar las condiciones económicas y sociales que favorezcan el ascenso y la movilidad
social que nos permita avanzar como nación en la búsqueda de un desarrollo compartido.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor senador.
CAMPO
MEXICANO
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
El siguiente punto del orden del
día son comentarios en relación con las medidas de protección para el campo. Para tomar
la palabra tiene el uso de ella el senador Rutilio Cruz Escandón, del Partido de la
Revolución Democrática.
El senador Rutilio Cruz Escandón
Cárdenas:
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Como todos sabemos, las
manifestaciones populares cada vez toman un carácter más serio y propositivo, prueba de
ello es que el pasado viernes 31 de enero miles de ciudadanos, en su mayoría campesinos e
integrantes de grupos agropecuarios, salieron a las calles a expresar de viva voz lo que
el clamor de la ciudadanía está demandando: la renegociación del Capítulo
Agropecuario, el TLCAN, su restructuración arancelaria, aplicación efectiva de medidas
de salvaguarda y más apoyo estructurado para el campo desde el punto de vista
presupuestal y programático.
El proceso de liberalización que
hoy nos toca vivir ha impactado negativamente a la economía agropecuaria de nuestro
país, ya que se observan asimetrías sumamente claras con nuestros vecinos comerciales y
con el resto de los países desarrollados, como ya se ha venido reiterando ante esta
honorable tribuna por los diversos grupos parlamentarios; éstas asimetrías nos muestran
un resultado desalentador, una real y verdadera desventaja económica.
En nuestro sector existe
productividad insuficiente, desa-basto alimentario, desproporción en los costos de los
insumos y ausencias de los mecanismos de compensación para obtenerlos a precios
competitivos, una baja generalizada de los precios internos ante la apertura del mercado
provocada por la desmedida importación de productos subsidiados al amparo del TLCAN;
además una eminente pérdida de competitividad, ya que en nuestro país del sector
agropecuario depende más del 20% la generación de empleos, lo que ha dado como resultado
que en el año del 2001 el déficit del agro haya sido de 4 mil 130 millones de dólares
equivalentes al 42% del déficit nacional.
Por otra parte, a nuestro sector se
le ha disminuido dramáticamente el flujo de recursos públicos a partir del año de 1995
al año 2002, así como los créditos al campo, experimentando con ello grandes pérdidas
económicas para las familias del agro mexicano.
La situación del campo mexicano se
debe observar desde la perspectiva más crítica posible, los diagnósticos están a la
vista. Sin embargo, las soluciones gubernamentales no se encuentran al nivel de la
problemática planteada; las políticas rurales asumidas que se han implementado por los
diferentes gobiernos desde 1982 han tenido sus altibajos, pues no es posible comprender
cómo es que a la luz de la firma de un Tratado de Libre Comercio de esta envergadura, las
políticas presupuestales a partir de 1994 al año 2002 hayan experimentado una reducción
del 52.8%, lo que nos prueba y manifiesta una falta de responsabilidad política.
En verdad, resulta preocupante la
crisis que actualmente está enfrentando nuestro sector agrícola. Una de las alternativas
que tenemos que llevar a cabo es reflexionar en torno a la modificación de los
compromisos agrícolas del TLCAN, pues con éste, no se ha fortalecido el sector
agropecuario y sí, por el contrario, lo ha debilitado, ya que a raíz de la competencia
desleal de las importaciones extranjeras, el valor real de los productos del campo
mexicano se ha derrumbado, ello ha empobrecido aún más a los que dependen de él; de los
aproximadamente 25 millones de mexicanos que trabajan el campo, 8.2 millones se encuentran
en pobreza extrema.
En 1992, el 35.6 de la población
rural estaba en pobreza alimentaria, hoy, el 52.4. En 1992 el 41.8% estaba en pobreza de
capacidades, ahora el 50%. El propio Banco Mundial reconoce que los índices actuales de
indigencia en el agro nacional superan los prevalecientes de hace una década antes de la
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio.
El Gobierno debe aprovechar la
oportunidad histórica que se le está presentando, de apoyar realmente al campo mexicano
y también actuar con decisión y firmeza para plantear a sus socios comerciales la
revisión del capítulo agropecuario del TLCAN.
El sustento legal existe, pues
nuestra Carta Magna en su artículo 131 prevé la facultad de tomar medidas de regulación
a nuestro comercio internacional. Ahora bien, en el marco jurídico del TLCAN se contempla
la posibilidad de que las partes signantes puedan realizar conjuntamente alguna enmienda
al mismo cuando éste afecte de manera innegable algún sector de la producción nacional
de uno de los estados parte.
De igual manera, el Tratado que da
vida a la Organización Mundial de Comercio, del cual somos parte, lo permite y es por
todo ello que el Ejecutivo no debe negarse a la posibilidad de plantear la renegociación
del tratado, independientemente de las medidas alternas e internas que haya que tomar,
para impulsar, desarrollar y darle viabilidad a nuestro sector rural.
Es triste comprobar y afirmar, que
si los diferentes gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas hubieran planeado
destruir al agro mexicano, no lo hubieran logrado con más eficacia como hasta ahora.
En cuanto a la recuperación
productiva del campo y la eliminación de su pobreza, es prioritario que el Gobierno
planee de inmediato, políticas crediticias que efectivamente conduzcan a ese propósito,
como las que se han de diseñar con la nueva financiera rural.
Es imprescindible realizar
inversiones crecientes, para ampliar la infraestructura tecnológica, haciéndola más
eficiente, promoviéndola, incentivándola para la evolución y desarrollo del campo
mexicano, destinándola a proyectos regionales, a agro-industria, asistencia técnica,
mejoramiento parcelario, desarrollo de economías de escala, investigación agrícola,
forestal y pecuaria.
Los programas que se generen deben
ser consistentes, con inversiones multianuales comprometidas, que se establezcan para
integrar con racionalidad económica y social los ciclos productivos del campo, con la
participación directa de los productores en sus distintas fases, así como para promover
y fortalecer a las organizaciones de productores.
Es momento de que el Ejecutivo
Federal actúe y no olvide ni desconozca la situación ancestral que aqueja a nuestros
campesinos, así como el aumento y agravamiento de las condiciones sociales y económicas
que ahora sufren, las cuales consideramos se hubieran podido evitar o al menos corregir a
lo largo de todo este tiempo transcurrido, pero lamentablemente en aquel entonces no hubo,
ni se ve que hoy haya voluntad política, por parte de nuestros gobernantes para hacerlo,
por el contrario, es aberrante que prosiga a la baja, en términos reales, los incentivos
gubernamentales y el crédito al campo.
El grupo parlamentario del PRD en
el Senado de la República, está comprometido a impulsar las medidas que en la materia se
instrumenten y las reformas legales que tiendan a beneficiar la situación actual de
nuestro campo, con el objeto de que éstas coadyuven a la reorientación de la política
del Gobierno en el sector agrario. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor senador.
Para el mismo tema tiene la palabra
el diputado César Duarte Jáquez y en turno el senador Héctor Larios.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez:
Gracias, señor Presidente.
No se puede desestimar ni minimizar
las diferentes expresiones que se han venido dando a lo largo y ancho del país, respecto
a la situación que se ha venido ahondando la crisis en el campo mexicano.
Es por eso que pedí hacer uso de
la palabra, porque es importante recordar y reivindicar la posición que la Confederación
Nacional Campesina ha venido planteando de manera seria y de manera concreta.
La CNC se ha pronunciado de manera
clara, por la construcción de acuerdos alternos en materia agropecuaria, porque si
debemos tener demasiado cuidado en hablar de abrir el Tratado de Libre Comercio en
general, pero, por otra parte también nos pronunciamos por una ley de emergencia para el
campo, que active y oriente los diferentes ordenamientos jurídicos que esta Legislatura
ha puesto a disposición del Ejecutivo y que requerimos en una medida temporal y de
emergencia, como es lo que vive el campo en este momento, se active una política
finalmente atienda el Gobierno de la República, una política agropecuaria que está
diseñada con estos ordenamientos y que pueden empezar a encauzar este reclamo social que
se ha venido generando en todo el país.
No han cesado las marchas, las
manifestaciones, hay una columna de tractores caminando hacia la Ciudad de México que
viene desde Ciudad Juárez y las expresiones se mantienen de irritación, por la ligereza
con la que se califica desde la Secretaría de Agricultura estos reclamos y que
desgraciadamente el Ejecutivo de repente lo asume pero de repente lo pretende ignorar. Es
un asunto delicado y serio que nos debe ocupar a resolver de fondo y de una vez por todas
sacudir las estructuras que hoy por hoy tienen de rodillas a los productores nacionales y
que sobre todo, por dignidad, los campesinos de México no lo habremos de permitir.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el senador Héctor
Larios Córdova.
El senador Héctor Larios Córdova:
Con el permiso de la Presidencia:
En primer lugar para afirmar
nuestro acuerdo con el diputado que nos precedió en el uso de la palabra, de que lo
importante es construir acuerdos alternos. Como hoy hace dos semanas construyeron un
acuerdo alterno los productores de pollo tanto de este país de México como los de
Estados Unidos y llegaron a términos que satisfacen a ambos lados.
Porque yo le preguntaría al
senador Rutilio Cruz Escandón, si tanta es la demanda de renegociar el Capítulo VII, el
capítulo agropecuario, quizá nos sabría decir con qué objetivos, qué se va a lograr,
cuando tenemos un acuerdo y yo quiero hacer una renegociación, es que voy a obtener
ventajas adicionales. Específicamente qué ventajas quisiera obtener de esa
renegociación.
A mí me parece que el tema de la
renegociación se ha abierto como una bandera y simplemente como sabemos, que a través de
los diferentes actos de la sociedad y el Gobierno, se ha hablado de perjudicar una
renegociación, de que podría haber perjuicios en una renegociación.
Jamás se nos ha planteado qué se
busca con esta renegociación. ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué nos desgraven los productos
que entran de México a Estados Unidos?, están prácticamente todos desgravados. ¿Qué
gravemos ahora los productos? ¿A qué nivel? ¿Al nivel que tenían hace 10 años?
¿Después de 10 años de no tener esos aranceles? ¿Cambiaría la realidad del campo con
esa renegociación? Y no podemos olvidar que una renegociación es una negociación entre
dos actores, en donde ambos acuden a buscar una ventaja adicional.
Yo creo que la solución está por
el lado de lo que planteaba aquí el diputado, de hacer acuerdos alternos y no tomar esta
bandera que es prácticamente, totalmente sin definición, indefinida, que simplemente
enardece los ánimos.
El Ejecutivo ha convocado a un
diálogo nacional para que establezcamos entre todos los actores políticos y sociales de
este país con una convocatoria totalmente incluyente, para que acudan todas las
organizaciones de campesinos, las de productores sociales, las de productores privados,
los académicos, los universitarios, los legisladores; para que acudamos a definir una
política de Estado. ¿Y qué es una política de Estado?, una política permanente, que
no varía con respecto al signo político del partido que postuló al Presidente de la
República; que establece los programas, las acciones, los presupuestos multianuales; que
logra el pleno consenso para dejar de ser tema de discusión y empezar a ser tema de
ocupación; con políticas y programas que todos compartimos.
Porque hoy centramos nuestra
discusión muchas veces si hay que renegociar la convocatoria; lo que tenemos que ponernos
es a atender al campo. Yo decía la semana pasada que el campo no aguanta más. No aguanta
más discusiones estériles. Pongámonos a platicar, sentémonos en las mesas de
diálogos; atendamos a las convocatorias para poder cons- truir esta política de Estado,
que verdaderamente atienda y resuelva los problemas del campo.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor senador.
El senador Rutilio Cruz Escandón Cadenas:
A mí me parece muy insensible
señalar en qué va a beneficiar el campo el que se pueda renegociar el capítulo en
materia agropecuaria, cuando 25 millones de mexicanos están en la pobreza; cuando 25
millones de mexicanos no tienen otra alternativa. Cómo es posible que usted venga a
defender la posición del Presidente de la República, cuando no ha tenido ni siquiera la
valentía de llamar a sus socios comerciales a sentarse a una mesa. Cuando hay
posibilidades de que de manera conjunta puedan renegociar este tratado.
Yo no he escuchado que la voz del
Presidente se levante ni siquiera de que pueda solicitar a que sus socios comerciales
puedan redefinir, reorientar este problema que tiene el país.
Yo creo que incluso al gobierno
norteamericano le conviene que México fortalezca su campo, porque de otra manera...
El senador Héctor Larios Córdova (desde su
curul):
Señor Presidente, pregunte al
orador si acepta una pregunta, por favor.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Senador, el senador Larios quiere
hacerle una pregunta, ¿acepta usted?
El senador Rutilio Cruz Escandón
Cadenas:
Sí.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Adelante, senador.
El senador Héctor Larios Córdova (desde su
curul):
Al margen de los adjetivos, yo le
preguntaría, senador, qué ventajas adicionales o qué ventajas específicas se busca-
rían en una renegociación del capítulo VII del Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos y Canadá; exactamente qué es lo que buscaríamos.
El senador Rutilio Cruz Escandón
Cadenas:
Bueno, déjeme primero hacer
algunos comentarios: mire, senador, el campo mexicano desde hace mucho tiempo está
abandonado, mucha gente del campo ya no tiene otra alternativa.
¿Cuáles son las ventajas que le
podríamos dar en una renegociación? Usted dice aquí que la apertura o que la
renegociación del Tratado de Libre Comercio total traería muchas desventajas para
México. Sí es cierto, pero también se dice que hay muchas ventajas que el mismo
Presidente ha dicho que el déficit comercial para México ha sido positivo en este
Tratado de Libre Comercio. Pero positivo ¿para quiénes? Positivo para unos cuantos,
positivo para aquellos que tienen la oportunidad de tener las relaciones con las gente con
las que pueden importar sus productos. Vemos nosotros que la gran mayoría de los
mexicanos no tienen la posibilidad de tener un intercambio que les beneficie.
¿Cuáles serían los beneficios
que le daría al campo mexicano o a los campesinos? A esos 25 millones que están en la
miseria por culpa de los tratos irresponsables que han tenido los gobiernos mexicanos. Y
no me refiero nada más a Fox, Fox es el último; tiene dos años en el Gobierno. Y
sabiendo que iba a entrar el Tratado de Libre Comercio y que se iban a liberalizar los
gravámenes de los productos, definitivamente no hizo nada en estos dos años para poder
frenar esta miseria que se iba a venir con el deterioro del campo mexicano.
Sin embargo usted me pregunta
cuáles son los beneficios. Pues hay muchos beneficios. Simplemente el que ahora entren
los productos de Estados Unidos subsidiados, productos que se dan el lujo de internar al
país por debajo del costo de producción, ¿usted cree que eso no afecta al campo
mexicano? Y usted cree que si eso, si pudiera haber alguna regulación en la que se
pudieran equilibrar los precios de los productos mexicanos para poder contener esa entrada
de manera muy importante de importación de Estados Unidos, ¿no beneficiaria al campo
mexicano?
Hay muchos beneficios; pero el
Presidente de la República no solamente no ha exigido, como lo señala el mismo TLCAN
cuando hay un comercio desleal por el blindaje económico tan grande que Estados Unidos ha
hecho a sus productos, sino simplemente ni siquiera le ha pedido a su socio comercial, al
gobierno norteamericano que platiquen de este tema porque tiene temor a herir
susceptibilidades de Estados Unidos.
Ya nos dimos cuenta que Vicente Fox
no hace nada que no tenga el permiso ni la venia del gobierno norteamericano.
Muchas gracias, señor Presidente.
El diputado Manuel Wistano Orozco Garza (desde su
curul):
Señor Presidente, pregunte al
orador si acepta una pregunta.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Senador, el diputado Orozco quiere
hacerle una pregunta, ¿acepta usted?
El senador Rutilio Cruz Escandón
Cadenas:
Que se suba y después si hay
necesidad subo yo.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
No acepta, señor diputado.
Tiene la palabra hasta por cinco
minutos, el senador Héctor Larios.
El senador Héctor Larios Córdova:
Vengo a la tribuna, en primer
lugar, para dejar constancia que a la pregunta que hice no hubo respuesta concreta,
simplemente adjetivos de insensibilidad, de que se beneficiarían 25 millones de mexicanos
pero concretamente, ¿con qué cambios al capítulo VII del Tratado de Libre Comercio?
Y esto afirma y confirma que no es
más que una bandera que no se sustenta en ningún segundo, y no se sustenta en buena
parte porque no manejamos la información correcta. En su primera intervención afirmaba
el senador que el presupuesto destinado al campo de 1995 a la fecha, y dio una cifra
exacta, ha bajado el 52.8%.
Yo lo invitaría a que revisáramos
las cifras de los presupuestos de egresos de este país, desde la fecha que usted indicó,
y encontraríamos que esta información es totalmente incorrecta.
Yo le diría con números, si
quiere ahorita se los afirmo, el presupuesto por ejemplo de la Sagarpa del año 2000
comparado con el de este año, considerando los incrementos que en los tres años hizo el
Poder Legislativo a la propuesta presidencial, ha subido en 29% en términos reales. Le
paso ahorita una copia del comparativo de los presupuestos.
A mi me parece que tenemos que
poner las cosas sobre la mesa como son y no inventar información y luego nos creemos esa
información inventada. El hablar de que gracias al Tratado importamos productos
subsidiados o que tenemos prácticas desleales, me parece que es un tema totalmente al
margen.
¡Ahora que tenemos un tatado
comercial tenemos reglas establecidas, podemos acudir a páneles, a árbitros
independientes, en donde hemos ganado en varias ocasiones y también hemos perdido cuando
no nos asiste la razón o así lo consideró el sistema de arbitraje, pero ahora tenemos
reglas con las cuales sujetarnos en una relación comercial con un vecino mucho muy
poderoso! ¡Antes de la vigencia del Tratado estábamos simple y sencillamente supeditados
a la voluntad del más fuerte!
Yo me pregunto, ¿si no es ventaja
para un país tener definidas las reglas para dirimir las controversias o estar sujetos
simplemente al más poderoso?
Usted afirma que la consecuencia de
la situación del campo es culpa de los tratados comerciales. Yo creo que es otra
afirmación que habríamos de revisar. La mayor parte de la pobreza en el campo mexicano
está circunscrita a las zonas, fundamentalmente está en las zonas donde no se acude a
los mercados, donde se cultiva y se cosecha para autoconsumo o para trueque y no se acude
en todo caso a mercados muy locales, no tiene nada qué ver con el comercio internacional.
También creo que debemos de
asentar que si vamos a emprender cualquier acción, esta acción tiene que ser consensar
los programas y las políticas que este país tiene que poner rápido y de urgencia en
consenso, en operación, para salvar al campo mexicano, sobre todo al campo que no tiene
historias de éxito. Porque también hay que reconocer que hay agricultores, que hay
productores del campo, que hoy tienen verdaderas historias de éxito.
Y también hablar de que el Tratado
profundizó el déficit agropecuario, ciertamente el déficit agropecuario es la cifra que
usted señalaba. Sin embargo, la balanza con Estados Unidos agrícola no agropecuaria,
agrícola, es superavitaria: exportamos más en 114 millones de dólares de lo que
importamos de productos estrictamente agrícolas, no agropecuarios. Pero como lo
agropecuario tiene normalmente como insumo lo agrícola, bueno eso es parte de las cosas
que hay que arreglar porque estamos en cadenas productivas. Por ejemplo, los productores
de embutidos tienen como uno de sus insumos la pasta y el trozo de pavo. Si nosotros le
ponemos un arancel a la pasta y al trozo de pavo, qué es lo que resulta. Como no tienen
arancel de importación los embutidos, pues entonces lo que vamos a hacer es importar
embutidos y hacer que nuestra balanza agropecuaria sea deficitaria. Y esto es lo que ha
estado sucediendo en el país.
¡Me parece que hay que estudiar
las cosas un poquito más a profundidad, en vez de hacer gala de muchos adjetivos, atender
y ocuparse realmente por los programas del campo!
Es cuanto, señor Presidente.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Gracias, señor senador.
El siguiente...
El senador Rutilio Cruz Escandón Cadenas (desde
su curul):
¡Señor Presidente!
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Sí, señor senador.
El senador Rutilio Cruz Escandón Cadenas (desde
su curul):
Para...
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Tiene la palabra hasta por cinco
minutos.
El senador Rutilio Cruz Escandón Cadenas (desde
su curul):
No, simplemente para comentar algo.
Mire, cuando el senador Larios me
señale las estadísticas de la Cámara o presupuestales, también yo le voy a enseñar
las estadísticas de la Sedesol, de su mismo Gobierno. Estos números que yo comento aquí
fueron sacados cuando la Secretaría de Sedesol habló de la pobreza en México y
señaló, precisamente, esos porcentajes y esas cantidades.
Por eso no es posible que su mismo
Gobierno diga una cosa y los legisladores de su Gobierno señalen lo contrario.
Muchas gracias.
PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
El siguiente y último punto de la
orden del día son comentarios sobre el Primer Parlamento de las Niños y de los Niños en
México, a cargo del senador Orlando Paredes Lara, del Partido Revolucionario
Institucional.
El diputado Orlando Paredes Lara:
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
En base a los puntos de acuerdo
aprobados el 30 de abril del 2002 en el honorable Congreso de la Unión, las comisiones
ordinarias de Desarrollo Social y Derechos Humanos en el Senado de la República y las de
Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables en la Cámara de Dipu- tados, en
coordinación con la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Federal Electoral,
la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la UNICEF en México, se acordó llevar a cabo
de manera anual el Parlamento de las Niñas y los Niños a partir de 2003, con el objetivo
de constituir un espacio de participación y encuentro de las niñas y los niños con el
mundo de la política y sus instituciones, en el marco de lo estipulado en la Convención
sobre los Derechos del Niño y la Ley Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes, que consagra el derecho pleno a la participación y opinión de ideas.
El objetivo general de dicho evento
es abrir y propiciar el espacio para que las niñas y los niños de México, en ejercicio
pleno de sus derechos, opinen, analicen, deliberen y discutan en un ámbito de pluralidad
y respeto, los temas de su interés, bajo el esquema de organización y trabajo del Poder
Legislativo, con el fin de fomentar la cultura cívica, considerando su entorno social,
económico y cultural.
Sus objetivos específicos son:
Generar la participación de las
niñas y niños en la promoción y defensa de sus derechos ante las autoridades y la
sociedad en su conjunto.
Establecer compromisos con
autoridades federales y locales, para garantizar el pleno goce de sus derechos.
Establecer y apoyar la
representación de la niñez mexicana ante las instancias internacionales análogas
correspondientes.
Y tiene la misión de propiciar la
reflexión y el desarrollo de la creatividad propositiva de las niñas y los niños
representantes de todas las entidades federativas, enfocada en los asuntos de su comunidad
y de su país, para proyectar a través de sus propuestas, el interés superior de la
infancia en la construcción de un mundo más justo y equitativo, con la visión de
fomentar los valores democráticos cívicos, sociales y culturales en la niñez mexicana,
destacando la importancia del diálogo, discusión y consenso como instrumentos para el
ejercicio pleno de la ciudadanía.
Se aprobó en los puntos de acuerdo
de referencia, que la sede será alterna de manera anual entre las dos cámaras del
honorable Congreso de la Unión; la primera sede será esta Cámara de Diputados.
De acuerdo al artículo 2o. de la
Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, son
considerados niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, por lo cual se
estableció como edad de las niñas y los niños de 10 a 12 años que en su generalidad
cursan 5o. grado de primaria.
El parlamento estará integrado por
300 niñas y niños. La selección de niñas y niños será en dos etapas: en las escuelas
primarias rurales, urbanas y especiales, privadas y públicas, se realizará una votación
nominal de los candidatos que se inscriban en la dirección de cada escuela.
Como requisitos para ser
candidatos, las niñas y los niños que estén cursando el 5o. grado de primaria. Las
niñas y los niños que votarán serán del mismo grado de primaria.
Por cada escuela se seleccionará
un representante infantil. Los representantes infantiles electos de cada escuela, se
reunirán en su respectivo distrito electoral uninominal y se elegirá democráticamente
un legislador infantil propietario y un suplente, mediante convención electoral
conformada por los propios representantes.
De conformidad con la convocatoria
expedida el día 31 de enero, fue el último que tenían las autoridades de las escuelas
primarias de todo el país, para dar a conocer a la niña o el niño electo por sus
compañeros para participar en la elección de legislador infantil.
Asimismo, las propias autoridades
de cada escuela debieron registrar ese día ante la junta distrital del IFE
correspondiente a la niña o niño que resultó efecto con lo que concluyó la primera
etapa de la convocatoria respectiva.
En esta segunda etapa, que
diríamos es definitiva para la elección, le corresponde al Instituto Federal Electoral a
través de las juntas distritales ejecutivas uninominales en el país, convocar a
convenciones distritales a realizar entre los días 10 al 12 de febrero en curso en las
que se reunirán todas las niñas y los niños que resultaron electos de las escuelas
primarias ubicadas en cada distrito electoral federal que corresponda, como consecuencia
de la primera etapa del proceso.
En esta segunda etapa y de acuerdo
con el número de niñas y niños electos, se organizarán en grupos que no superen los 10
integrantes para que pongan en práctica valores democráticos y exponga cada uno su tema
ante los demás. En sus temas deberán identificar y reflexionar en torno a una
problemática que afecte a su comunidad o a su ámbito escolar y analizarla junto con la
propuesta de una posible solución.
Con base en la misma dinámica
niñas y niños dialogarán entre sí exponiendo sus ideas, consideraciones e impresiones
en relación con el desenvolvimiento de sus iguales para que mediante su voto directo y
secreto elijan al representante de ese grupo.
Finalmente los representantes de
grupo se reunirán para realizar un ejercicio similar y elegir al legislador infantil
propietario y suplente.
Como ustedes podrán ver se trata
de un proceso democrático para elegir a las niñas y a los niños que hubieran demostrado
mayor capacidad analítica y argumentativa para comunicar la problemática presentada
junto con una propuesta de una posible solución.
Vamos pues a motivar, a estimular y
a apoyar a nuestras niñas y niños que aspiran a representar al país en este Primer
Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2003 quienes ya electos como legisladores
infantiles y en ejercicio de los valores de la democracia como son el diálogo, la
capacidad de propuesta, el consenso y la tolerancia los llevará seguramente a buscar
cambiar el rumbo de nuestra sociedad en la promoción y defensa de sus derechos ante las
autoridades y la sociedad en su conjunto y el pleno goce de los mismos.
Será su aportación, esta
aportación responsable a la sociedad de la que formarán parte como adultos.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor senador.
Consulte, señor Secretario.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
Señor Presidente, se han agotado
los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del
día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.—
Primer Receso.—Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 12 de febrero de 2003.
Lectura del acta de la sesión
anterior.
Presentación por el doctor José
Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
del informe de actividades de dicha comisión, del 1o. de enero de 2002 hasta el 31 de
diciembre de 2002.
Comunicaciones
La Secretaría de Cultura del
Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del CLXXII
aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña, tendrá lugar el 14 de febrero
a las 10:00 horas, en la columna de la Independencia.
Del Consejo de la Judicatura del
estado de Morelos.
Oficios de la
Secretaría de Gobernación
Cinco, por los que solicita el
permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Miguel Luis León y Portillo,
Camilo Kawage Vera, Isaac Saba y Raffoul, René Tanaka Kumitake y Henry Bremond Pellat,
puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Turno a
comisión.)
Por el que solicita el permiso
constitucional necesario para que el ciudadano Francisco Javier González García, pueda
desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Corea, en la ciudad de
Guadalajara, con circunscripción consular en el estado de Jalisco. (Turno a comisión.)
Por el que solicita el permiso
constitucional necesario para que los ciudadanos Lizette Olinda González Leal, René
Javier González Medina, Marco Antonio García, Maricela Martínez Ortiz, Héctor Aldaco
Reyna, puedan prestar servicios en los consulados de Estados Unidos de América, en
Monterrey, Nuevo León y en Tijuana, Baja California, respectivamente. (Turno a
comisión.)
Por el que solicita el permiso
constitucional necesario para que la ciudadana Rosa María Castilla Sánchez, pueda
prestar servicios en la Embajada de Canadá, en la Ciudad de México y se comunica que el
ciudadano Juan Mendoza Medrano, ha dejado de prestar servicios en la Embajada de Estados
Unidos de América en México. (Turno a comisión.)
Y los demás asuntos con los que la
Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo (a las 16:36 horas):
Se levanta la sesión y se cita para
la próxima que tendrá lugar el miércoles 12 de febrero a las 11:00 horas.
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