Presidencia
del diputado Eric Eber Villanueva Mukul
ASISTENCIA
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Proceda la Secretaría a pasar
lista de asistencia.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
Lista de la sesión del día 12 de
marzo del año 2003.
Hay la presencia de 33
legisladores, señor Presidente. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul (a
las 11:27 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN
DEL DÍA
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
Procedemos a dar lectura al orden
del día.
«Comisión Permanente.—
Primer Receso.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 12 de marzo de 2003.
Lectura del acta de la sesión
anterior.
Comunicaciones
La Secretaría de Cultura del
Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del CDLXXVIII
aniversario de la Fundación de Tenochtitlan, tendrá lugar el 13 de marzo a las 10:00
horas, en el monumento erigido a su memoria, en Pino Suárez, sin número, a un costado de
la Plaza de la Constitución.
De legisladores.
De los congresos de los estados de
Baja California, Colima, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y
Zacatecas.
Oficio del Presidente del Servicio
de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 145 penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, remite el reporte
de las mercancías de comercio exterior asignadas por el Servicio de Administración
Tributaria durante el mes de enero del presente año. (Turno a comisión.)
Oficio de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Para dar cumplimiento al artículo
24 fracciones I y III de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2003, remite información relativa a la evolución de la recaudación, los montos de
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario
Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública y el costo total de las
emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de enero de 2003. (Turno a
comisión.)
La Cámara de Senadores, para los
efectos del inciso g) del artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, remite el presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos,
para el mes de marzo y los informes de los presupuestos ejercidos durante los meses de
diciembre de 2002 y enero de 2003.
Iniciativa del
Congreso del estado de Puebla
Que reforma los artículos 86 y 97
de la Ley de Instituciones de Crédito. (Turno a comisión.)
Iniciativas de
legisladores
Que reforma diversos ordenamientos
legales, en relación a la responsabilidad de funcionarios públicos y familiares del
Presidente de la República, a cargo del diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma diversas disposiciones
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del senador
Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Que adiciona un párrafo quinto al
artículo 67 de la Ley de Radio, Televisión y Cinematografía, a cargo del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Que adiciona el artículo 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Adrián
Alanís Quiñones, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a comisión.)
Que reforma los artículos 73
fracción II, 89 fracción II, 90, 91, 92 y 93 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Fidel Herrera Beltrán, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Dictámenes de
primera lectura
De la Primera Comisión con
proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Víctor Manuel Solano Montaño, para
aceptar y usar la condecoración de la Orden del Cedro, en grado de Gran Oficial, que le
confiere el Gobierno de la República Libanesa. (Dispensa de segunda lectura, discusión y
votación.)
De la Primera Comisión con
proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Roberto Carlos Rodríguez Romero,
para desempeñar el cargo de agente consular honorario de Estados Unidos de América en
Reynosa, Tamau- lipas, con circunscripción consular en esa ciudad. (Dispensa de segunda
lectura, discusión y votación.)
Dictámenes a
discusión
De la Primera Comisión con
proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Sergio Ernesto Jacobo Patiño y
Laura Guadalupe Ramírez Domínguez, para aceptar y usar las condecoraciones que les
confiere el Gobierno del Reino de España.
De la Primera Comisión con
proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Gabriel Hernández Cuevas, para
prestar servicios en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara,
Jalisco.
Ocho, de la Segunda Comisión con
puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares, a los ciudadanos Luis Alonso
Ramón, Armando Sánchez Barredo, José Luis Juárez Maldonado, Juan Sánchez Pérez,
Nahum Francisco Pérez Bernabé, Evaristo Valencia Olivares, Miguel Angel Coronel Vargas y
Marco Polo Lezama Estrada.
De la Primera Comisión con puntos
de acuerdo en relación a la proposición sobre el uso de la papelería oficial del Poder
Ejecutivo Federal.
De la Primera Comisión con puntos
de acuerdo en relación a las propuestas en torno a la publicación y promulgación
parcial del Código Financiero del Distrito Federal.
De la Primera Comisión con punto
de acuerdo en relación a la propuesta para solicitar se agilice el pago a ejidatarios
afectados por la construcción de la Presa Cajón de Peña, en el municipio de Tomatlán,
Estado de Jalisco.
De la Segunda Comisión con punto
de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Leandro Arellano Reséndiz, como
embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Rumania.
De la Segunda Comisión con punto
de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Salvador Beltrán del Río Madrid, como
cónsul general de México en Toronto, Canadá.
De la Segunda Comisión con punto
de acuerdo en relación a la proposición para solicitar al Ejecutivo Federal, renegociar
el Capítulo VII “Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”,
del Tratado del Libre Comercio con América del Norte.
De la Primera Comisión con punto
de acuerdo en relación a la proposición para que el titular del Poder Ejecutivo Federal,
exhorte respetuosamente al Gobierno de Texas y Oklahoma, para que acaten el fallo emitido
por la Corte Internacional de Justicia y adopten en consecuencia las medidas necesarias y
respeten la vida de nuestros connacionales.
De la Primera Comisión con punto
de acuerdo en relación a la proposición para que se designe un grupo plural para atender
e informar sobre la integridad física y el respeto de los derechos de los detenidos
involucrados en denuncias contra “La Asociación Amigos de Fox, AC.”
De la Primera Comisión con punto
de acuerdo en relación a la proposición para solicitar al Presidente de la República
ordene de inmediato la designación de un fiscal especial para la investigación del caso
de “La Organización Amigos de Fox”.
De la Primera Comisión con punto
de acuerdo en relación a la proposición para solicitar auditoría urgente a la
aplicación de los recursos federales otorgados a los damnificados del huracán
“Kenna” en el estado de Jalisco.
Excitativas
A la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Salvador Cosío
Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Rubén Aguirre
Ponce y Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
A las comisiones de Medio Ambiente
y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, a cargo del
diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Proposiciones
Con punto de acuerdo para que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes a través de la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, la Tesorería
de la Federación y demás autoridades involucradas en el proceso de transferencia de las
acciones de las administraciones portuarias integrales; acaten de manera inmediata lo
establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal de 2003, suscrita por los senadores Fidel Herrera Beltrán y Noemí
Zoila Guzmán Lagunes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar
a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, realice un llamado a los
partidos políticos a no limitarse al cumplimiento de las reformas hechas al Cofipe en sus
artículos 175-A, 175-B y 175-C, con respecto a dar igualdad de oportunidades a las
mujeres, a cargo del senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la
situación de las tarifas eléctricas en el estado de Yucatán, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo por el que se
solicita la comparecencia del ciudadano Secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro
Cerisola Weber, a cargo de la senadora Yolanda Eugenia González Hernández, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar
a la Secretaría de Turismo, información sobre acciones que se tomarían ante un posible
conflicto bélico, que afectaría al turismo de nuestro país, a cargo del diputado
Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el uso
de recursos públicos en el proceso electoral del estado de México, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la playa
de Miramar en Ciudad Madero, Tamaulipas, suscrita por los diputados Magdalena Núñez
Monreal y Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo por el que se
solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión
Reguladora de Energía, al Gobierno del Estado de Baja California y al municipio de
Tijuana, que suspendan la construcción de una planta de gas natural en el citado
municipio, en tanto no se demuestre que se ha cumplido con los requerimientos ambientales
y de ordenamiento urbano solicitados para dicha obra, a cargo del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar
a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, el reclamo del
Archipiélago del norte, hoy conocido como islas Coronado, que usufructúa el gobierno de
Estados Unidos de América, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la
violencia contra los campesinos en el estado de Chiapas, a cargo del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
los múltiples asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del senador
Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación
con el conflicto agrario entre indígenas tepehuanos del estado de Durango y habitantes
del Ejido de Bernalejo de la Sierra, del estado de Zacatecas, a cargo del senador Raymundo
Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Agenda política
Comentarios sobre las elecciones
del pasado 9 de marzo en el estado de México, a cargo de los grupos parlamentarios
representados en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
Comentarios sobre la postura de la
Secretaría de Educación Pública, ante la edición de la Guía para Padres, a cargo del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre el entorno
económico y las fluctuaciones del tipo de cambio, a cargo del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
El siguiente punto del orden del
día es la discusión del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría consulte a la
Asamblea, si se le dispensa la lectura del acta, tomando en consideración que ha sido
publicada en la Gaceta Parlamentaria y se
procede a su votación.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
Por instrucciones de la
Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura del acta de la sesión
anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y se procede a su votación.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la
lectura.
«Acta de la sesión de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles cinco de marzo de
dos mil tres, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la
Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia del diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo
En el salón Legisladores de la
República del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, con la asistencia de veintinueve legisladores, a las once horas con
veinticuatro minutos del miércoles cinco de marzo de dos mil tres, el Presidente declara
abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden
del día.
La Asamblea dispensa la lectura del
acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.
Comunicaciones de los congresos de
los estados de:
• Coahuila, con acuerdo por el
que solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social, autorice que las cuotas del seguro
voluntario puedan ser cubiertas en parcialidades por quienes se encuentran en extrema
pobreza, los campesinos, los discapacitados y quienes constituyan la economía informal.
Se turna a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, para su
conocimiento.
• Guanajuato, con acuerdo
relativo a la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Se turna a las comisiones de Hacienda y
Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados.
• Guanajuato, con acuerdo por
el que se adhiere al similar del Congreso del estado de Jalisco, por el que solicita la
revisión del Capítulo Séptimo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Remítase a la Cámara de Senadores.
• Guerrero, con acuerdo por el
que solicita al Ejecutivo Federal, la revisión del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte en los rubros de alimentos para consumo humano y de insumos agropecuarios.
Remítase a la Cámara de Senadores.
• Nuevo León, con acuerdo por
el que solicita a la Secretaría de Energía considere y estudie la factibilidad de
reinstalar el subsidio a las tarifas de energía eléctrica, así como la aplicación de
la tarifa uno C en municipios de esa entidad federativa. Se turna a la Comisión de
Energía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
• Sinaloa, tres, y Sonora,
tres, con las que informan de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del presidente de la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con la que remite el informe
semestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro,
correspondiente al periodo julio-diciembre de dos mil dos. Se turna a las comisiones de
Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados y
de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
Comunicación del diputado Víctor
Hugo Cirigo Vázquez, con la que informa que se reincorpora a sus labores legislativas. De
enterado y comuníquese a la Cámara de Diputados.
Comunicación de la Comisión de
Comunicaciones de la Cámara de Diputados, con la que solicita rectificar el turno de la
iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Transporte Ferroviario sus Servicios
Auxiliares y Vías Férreas, presentada por el diputado Salvador Rocha Díaz en la sesión
de la Comisión Permanente de fecha diecinueve de febrero de dos mil tres, por no ser de
su competencia. Como se solicita, se turna la iniciativa referida exclusivamente a la
Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.
Iniciativas con proyecto de decreto
del Congreso del estado de Jalisco:
• Que reforma la fracción
octava del artículo ciento diecisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
• Que deroga el artículo
segundo transitorio del decreto que reforma los artículos treinta, treinta y dos y
treinta y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado
en el Diario Oficial de la Federación de fecha
veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete. Se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Iniciativas con proyecto de decreto
de los legisladores:
• Diputado José Tomás Lozano
y Pardinas, del Partido Acción Nacional, que deroga el numeral tres de la fracción
segunda del artículo tercero de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas
de Seguros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de
Diputados.
• Diputados de los
partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, de la Revolución
Democrática y de la Sociedad Nacionalista, que reforma los artículos veintitrés,
veintiséis y veintisiete de la Ley Federal de Competencia Económica. La Presidencia
informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a las comisiones de Comercio y
Fomento Industrial y de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados.
• Diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional, que crea la Ley General de
Alimentación y Nutrición de la Niñez, reglamentaria del artículo cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de
Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.
• Diputado José Tomás Lozano
y Pardinas, del Partido Acción Nacional, que crea la Ley de la Comisión Nacional de
Fomento Marítimo y Portuario. Se turna a la Comisión de Marina de la Cámara de
Diputados.
• Diputado Ramón León
Morales, a nombre propio y del diputado Martí Batres Guadarrama, ambos del Partido de la
Revolución Democrática, que reforma el artículo veintisiete de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados.
• Senador Raymundo Cárdenas
Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, que crea una Comisión Bicamaral
para el seguimiento de los hechos relacionados con el presunto desvío de fondos de la
empresa Petróleos Mexicanos a la campaña electoral del Partido Revolucionario
Institucional en el año dos mil, así como la presunta introducción de fondos ilegales
en la Asociación Civil denominada Amigos de Fox. Se turna, a solicitud hecha desde su
curul por la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, a las juntas de Coordinación
Política de las cámaras de Diputados y de Senadores.
Oficios de la Secretaría de
Gobernación:
• Tres, con los que remite
copias de los siguientes oficios: del director general de Radio, Televisión y
Cinematografía, en relación con un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de
Diputados, que se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la
Cámara de Diputados y a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de
Senadores; y dos del subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, en
relación con dos puntos de acuerdo, uno aprobado por la Cámara de Senadores, que se
remite a esa Cámara, y otro aprobado por la Cámara de Diputados, que se turna a la
Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
• Uno, con el que comunica la
designación por parte del Presidente de la República, del ciudadano Leandro Arellano
Reséndiz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Rumania. Se
turna a la Segunda Comisión.
• Uno, con el que comunica la
designación por parte del Presidente de la República, del ciudadano Salvador Beltrán
del Río Madrid, como Cónsul General de México en Toronto, Canadá. Se turna a la
Segunda Comisión.
• Uno, por el que solicita el
permiso necesario para que el ciudadano Víctor Manuel Solano Montaño, pueda aceptar y
usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Libanesa. Se turna a
la Primera Comisión.
• Uno, por el que solicita el
permiso necesario para que el ciudadano Roberto Carlos Rodríguez Romero, pueda
desempeñar el cargo de agente consular honorario de Estados Unidos de América en
Reynosa, Tamaulipas, con circunscripción consular en esa ciudad. Se turna a la Primera
Comisión.
Oficio de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, con el que remite los lineamientos técnicos para el
diagnóstico integral de la situación actual de las haciendas públicas estatales y
municipales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de
Diputados.
Dictámenes de la Primera Comisión
con proyectos de decreto:
• Que concede permiso a los
ciudadanos Sergio Ernesto Jacobo Patiño y Laura Guadalupe Ramírez Domínguez, para
aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno del Reino de España.
• Que concede permiso al
ciudadano Gabriel Hernández Cuevas, para prestar servicios en el Consulado General de
Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Son de primera lectura.
Dictámenes a discusión:
• Dos de la Primera Comisión,
con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos Ruth Deutsch de Lechuga y
Mario Rafael Arias Hernández, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren
los gobiernos de Austria y de la República Popular China, respectivamente; y a nueve
ciudadanos mexicanos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de
gobiernos extranjeros en México. Sin discusión se aprueban en lo general y en lo
particular por treinta y un votos en pro y ninguno en contra. Pasan al Ejecutivo para los
efectos cons- titucionales.
• De la Segunda Comisión, con
punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Arturo Sarukhan Casamitjana, como
Cónsul General de México en Nueva York, Estados Unidos de América. Habla al respecto el
diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional. Sin
nadie más que solicite el uso de la palabra, la Asamblea aprueba el punto de acuerdo en
votación económica. Comuníquese al Ejecutivo. La Presidencia informa que a las puertas
del salón de sesiones se encuentra el ciudadano Sarukhan Casamitjana, cuyo nombramiento
acaba de ser ratificado por la Asamblea y acompañado de una comisión designada, rinde su
protesta de ley.
• De la Segunda Comisión, con
punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Jorge Lomónaco Tonda, como
Cónsul General de México en Miami, Estados Unidos de América. Sin discusión se aprueba
en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo. La Presidencia informa que a las
puertas del salón de sesiones se encuentra el ciudadano Lomónaco Tonda, cuyo
nombramiento acaba de ser ratificado por la Asamblea y acompañado de una comisión
designada, rinde su protesta de ley.
• Quince, de la Segunda
Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a igual número
de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Sin que motiven discusión se
aprueban en votación económica. Comuníquense al Ejecutivo.
• De la Tercera Comisión, con
puntos de acuerdo para impulsar la acuacultura en los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit
y apoyar el proyecto del distrito de desarrollo acuícola del litoral de Caborca, Sonora.
Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
• De la Tercera Comisión, con
punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional del Agua, que incluya dentro de
los recursos que le fueran ampliados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal de dos mil tres, la revisión técnica del puente José López
Portillo y la reparación del muro de contención del río Pantepec, en la ciudad de
Alamo, Veracruz. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
• De la Primera Comisión, con
puntos de acuerdo por los que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a
publicar el decreto que contiene reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito
Federal. Desde su respectiva curul hablan los diputados: Ramón León Morales, del Partido
de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, para solicitar que, en virtud de que en
la sesión previa de la Mesa Directiva este punto no fuera considerado para incorporase en
el orden del día de esta sesión y así lo había acordado también la comisión
dictaminadora, se posponga para la próxima sesión; Jorge Carlos Ramírez Marín y José
Alejandro Zapata Perogordo, para hacer comentarios sobre la práctica y el procedimiento
parlamentarios de incorporación de dictámenes en el orden del día, y para señalar que
no existe inconveniente de sus grupos parlamentarios, del Partido Revolucionario
Institucional y del Partido Acción Nacional respectivamente, para que este punto sea
pospuesto. La Presidencia pospone el dictamen para la siguiente sesión.
Solicitan excitativas los
legisladores:
• Diputado Ramón León
Morales, del Partido de la Revolución Democrática, a la Segunda Comisión, en relación
con la proposición con punto de acuerdo para que se revise el capítulo agropecuario del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentada el ocho de enero de dos mil
tres. La Presidencia hace la excitativa que corresponde.
• Diputado Víctor Antonio
García Dávila, del Partido del Trabajo, a la Comisión de Pesca de la Cámara de
Diputados, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo
segundo del artículo trece de la Ley de Pesca, presentada el catorce de diciembre de dos
mil uno. La Presidencia formula la excitativa respectiva.
• Senador Raymundo Cárdenas
Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Gobernación y
Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en relación
con diversas iniciativas relativas a los salarios de los servidores públicos. La
Presidencia formula la excitativa a la Presidencia de la Cámara de Diputados, para que a
su vez la haga a las comisiones referidas.
Presentan proposiciones con punto
de acuerdo los legisladores:
• Diputado Juan Manuel
Carreras López, del Partido Revolucionario Institucional, para que la Comisión
Permanente integre un grupo plural que atienda e informe sobre la integridad física y el
respeto a los derechos humanos de los dos exfuncionarios de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, involucrados en denuncias contra la Asociación Civil denominada Amigos de
Fox. Se turna a la Primera Comisión de la Comisión Permanente y a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
• Diputado Ramón León
Morales, a nombre propio y del diputado Martí Batres Guadarrama, ambos del Partido de la
Revolución Democrática, en relación con la posición de México en el Consejo de
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en el conflicto Estados Unidos de
América-Irak. Se turna a la Segunda Comisión.
• Diputado Jorge Carlos
Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar la creación de
una fiscalía especial encargada de las investigaciones sobre la Asociación Civil
denominada Amigos de Fox. Se turna a la Primera Comisión de la Comisión Permanente y a
la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Desde su curul el
diputado José Alejandro Zapata Perogordo, del Partido Acción Nacional, solicita la
palabra para rectificar hechos y el Presidente señala que no procede su solicitud. Desde
sus respectivas curules hablan los diputados: Ramírez Marín, para solicitar la
aplicación de las disposiciones reglamentarias al respecto, y Zapata Perogordo, para
solicitar quede constancia de que no se le ha permitido el uso de la palabra. El
Presidente señala que no es posible atender esta solicitud en virtud de que es el acuerdo
parlamentario relativo a las sesiones de la Comisión Permanente, el que establece que no
procede el uso de la palabra para rectificar hechos en la presentación de proposiciones.
• Diputado Raúl Martínez
González, a nombre propio y del diputado Francisco Esparza Hernández, ambos del Partido
Acción Nacional, para exhortar a las entidades federativas a utilizar la infraestructura
de las telesecundarias en los telebachilleratos. Se turna a la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
• Senador Marcos Carlos Cruz
Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, para que comparezca el Secretario
de Hacienda y Crédito Público ante las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público
de las cámaras de Diputados y de Senadores, para que explique las medidas hacendarias, de
política económica y presupuestarias, que el Gobierno Federal ha previsto para evitar
perturbaciones en la vida económica del país, en caso del estallido del conflicto
bélico en Irak. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de las cámaras
de Diputados y de Senadores.
• Diputado Víctor Antonio
García Dávila, del Partido del Trabajo, en relación con el daño ecológico de la
Empresa Minera Carbonífera Río Escondido, en Piedras Negras, Coahuila. Se turna a la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
• Diputado Víctor Antonio
García Dávila, del Partido del Trabajo, en relación con los trabajadores despedidos del
Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social. Se
turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
• Senador César Camacho
Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional, para que México mantenga su posición
de desarme pacífico y supervisado en el conflicto de Irak, y solicita trámite de urgente
resolución. La Asamblea, en votación económica, considera el asunto de urgente
resolución. Hablan al respecto los legisladores: senador Felipe de Jesús Vicencio
Alvarez, del Partido Acción Nacional; senador Marcos Carlos Cruz Martínez y diputado
Ramón León Morales, ambos del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea
considera suficientemente discutido el asunto en votación económica y de la misma manera
aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.
• Diputado Ramón León
Morales, del Partido de la Revolución Democrática, sobre el conflicto laboral en la
compañía hulera Euzkadi.
Presidencia del diputado Bernardo Borbón
Vilches
Se turna a la Comisión de Trabajo
y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
• Diputado Víctor Emanuel
Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con los jubilados y
pensionados de Talleres Gráficos de la Nación.
Presidencia del diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo
Se turna a las comisiones de
Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
• Senador Raymundo Cárdenas
Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al Poder Ejecutivo
Federal, medie en el conflicto agrario entre tepehuanes de Santa María Ixtahuatán y
Xoconoxtle, del estado de Durango, y ejidatarios de San José de Bernalejo, del estado de
Zacatecas, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea, en votación
económica, no considera el asunto de urgente resolución y la Presidencia turna la
proposición a la Primera Comisión.
• Diputado Víctor Emanuel
Díaz Palacios, a nombre propio y del diputado Jaime Arturo Larrazábal Bretón, ambos del
Partido Revolucionario Institucional, para implementar un programa emergente con el
objetivo de evitar la contaminación de las playas nacionales. El diputado Díaz Palacios
solamente entrega la proposición, solicitando se le dé el turno correspondiente. En
atención a lo solicitado, la Presidencia turna la proposición a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
Memorial de particulares:
• La Secretaría da lectura a
una comunicación de la ciudadana Mónica Ballesteros de Fernández, en relación con el
expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández García.
• La Secretaría inicia la
lectura de una comunicación de la ciudadana Arely Manguini, en relación con el señor
Luis Felipe González Villarreal, exsecretario particular del ex presidente de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Desde su curul el senador Jorge Zermeño Infante
interrumpe la lectura para solicitar una moción de procedimiento y, en atención a ella,
el Presidente ordena la suspensión de la lectura de la comunicación de referencia.
Se turnan ambas comunicaciones a la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Comenta el Día Internacional de la
Mujer, que dedica a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, el diputado
Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática. Para el mismo tema suben
a la tribuna las legisladoras: senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, del Partido Verde
Ecologista de México; diputada María Teresa Tapia Bahena, del Partido Acción Nacional,
y senadora Yolanda Eugenia González Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.
Antes de la intervención de la diputada Tapia Bahena, y a solicitud de la senadora
Castellanos Cortés atendida por la Presidencia, la Asamblea guarda un minuto de silencio
en memoria de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Transcurrido el tiempo acordado
para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la
próxima sesión y la Presidencia clausura la de hoy a las quince horas con cuarenta y un
minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles doce de marzo de dos mil tres, a
las once horas.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Proceda la Secretaría a someter a
discusión el acta.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
Está a discusión el acta... No
habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobada el acta.
SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Dip. Eric Eber Villanueva Mukul,
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.— Presente.
La Secretaría de Cultura del
Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del
CDLXXVIII (478) aniversario de la Fundación de Tenochtitlan, el próximo jueves 13 a las
10:00 horas, en el monumento erigido en memoria de la Fundación de Tenochtitlan, en Pino
Suárez, sin número, a un costado de la Plaza de la Constitución, delegación
Cuauhtémoc.
Por tal motivo, me permito
solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un
representante de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión que usted
preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se
sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 12 de marzo de
2003.— Dr. Enrique Semo Calev,
secretario.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Para asistir en representación de
esta Comisión Permanente se designa a los siguientes legisladores:
Diputados: Carlos Aceves y del
Olmo, Mónica Leticia Serrano Peña, Ramón León Morales y Víctor Antonio García
Dávila.
SENADORES
QUE SOLICITAN LICENCIA
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
Sen. Enrique Jackson Ramírez,
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.
De acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 62 y 78 fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como por el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, y por lo señalado en el artículo 47 del Reglamento para el
Gobierno Interior de este Congreso; solicito a usted se dé el trámite correspondiente a
la licencia para separarme del cargo como senador de la República, mismo que asumí el
1o. de septiembre del año 2000, para las LVIII y LIX Legislaturas.
La anterior solicitud la hago en
razón de que he sido electo y postulado como candidato al cargo de gobernador del estado
de Nuevo León, primeramente por el Partido Revolucionario Institucional, y en fecha 12 de
febrero del año en curso, por una alianza o coalición de partidos políticos, integrada
por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido
Fuerza Ciudadana y Partido Liberal Mexicano, para contender por la gubernatura de mi
Estado en las próximas elecciones a celebrarse el 6 de julio de 2003 por el periodo, de
resultar electo, del día 4 de octubre de 2003 al día 3 de octubre de 2009.
Asimismo, la presente solicitud de
licencia la hago en cumplimiento de lo que dispone la fracción III en su segundo y
último párrafos del artículo 82 de la Constitución Política del estado de Nuevo
León.
Reitero a usted la seguridad de mi
más atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, 14 de febrero de
2003.— Sen. José Natividad González Parás (rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De conformidad con lo que establece
el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
Señoras y señores está a
discusión el siguiente punto de acuerdo:
Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido
al senador José Natividad González Parás, para separarse de sus funciones como senador
de la República, a partir de esta fecha.
No habiendo quien haga uso de la
palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobado, comuníquese a la Cámara de
Senadores.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Sen. Enrique Jackson Ramírez,
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.
Ricardo Canavati Tafich, en mi
calidad de senador de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión solicito, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el artículo 67 inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso
General y el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General,
se me conceda licencia para separarme de mis funciones como senador de la República a
partir del 15 de marzo de 2003.
Sin otro particular, manifiesto las
seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, DF, a 15 de marzo de
2003.— Sen. Ricardo Canavati Tafich
(rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De conformidad con lo que establece
el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
Está a discusión el siguiente
punto de acuerdo:
Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido
al senador Ricardo Canavati Tafich, para separarse de sus funciones como senador de la
República a partir del 15 de marzo.
No habiendo quien haga uso de la
palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Las señoras y señores
legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobado. Comuníquese a la Cámara de
Senadores.
DIPUTADOS
QUE SE REINCORPORAN
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Dip. Eric Eber Villanueva Mukul,
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión.— Presente.
El suscrito licenciado Lucio
Fernández González, diputado federal con licencia, integrante del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, le comunica de manera respetuosa a este órgano legislativo
lo siguiente:
Con esta fecha 10 de marzo del año
en curso, me estoy reincorporando al cargo de diputado federal, en virtud de que las
causas que motivaron la licencia que me fue concedida han concluido, por lo que le ruego
se sirva comunicar lo conducente a quien corresponda para todos los efectos a que haya
lugar al respecto.
Agradezco la atención que se sirva
prestar a la presente, quedo de usted.
Atentamente.
México, DF, a 10 de marzo de
2003.— Dip. Lucio Fernández González (rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De enterado, comuníquese a la Cámara
de Diputados.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Dip. Eric Eber Villanueva Mukul,
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la H. Cámara de
Diputados.— Presente.
El suscrito, diputado federal
Rafael Barrón Romero, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, le
comunica de manera respetuosa a este órgano legislativo lo siguiente:
Primero. La reincorporación al cargo de diputado
federal a partir del 10 de marzo del 2003, de acuerdo a la licencia que se me concedió en
el mes de enero de manera indefinida para ausentarme de forma temporal.
Segundo. Se sirva realizar los trámites
necesarios para aprobar lo solicitado.
Sin otro particular, agradezco la
atención que sirva prestar al presente, quedando de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 10 de marzo
de 2003.— Dip. Rafael Barrón Romero
(rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De enterado, comuníquese a la Cámara
de Diputados.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
Dip. Fed. Eric Eber Villanueva
Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Sirvan estas líneas para enviarle
un cordial saludo, al tiempo que le informo que a partir de esta fecha me reintegro a mi
cargo de diputado federal.
Sin más por el momento, agradezco
la atención brindada a la presente.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 10 de marzo
de 2003.— Dip. Víctor Hugo Sondón Saavedra
(rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De enterado, comuníquese a la Cámara
de Diputados.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Dip. Eric Eber Villanueva Mukul,
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con motivo de la licencia que he
solicitado con anterioridad, del 5 de enero al 10 de marzo del presente año, me permito
informarle que a partir del día de su vencimiento me reincorporaré a mis funciones como
legislador, por lo que solicito a usted ordenar lo conducente para tal efecto.
Por la atención que se sirva
otorgar a la presente, le envío mis agradecimientos.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 6 de marzo
de 2003.— Dip. Emilio Ulloa Pérez
(rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De enterado, comuníquese a la Cámara
de Diputados.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Dip. Eric Villanueva Mukul,
Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.— LVIII
Legislatura.— Presente.
Hago referencia a la licencia
indefinida que me fue concedida por la H. Comisión Permanente, en sesión celebrada el
pasado 6 de enero del año en curso.
Con relación a dicha licencia, que
inició vigencia el día 6 de enero de este mismo año, me permito comunicarle mi deseo de
reincorporarme a mis actividades como diputada federal a partir del día 10 de marzo de
2003, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.
Agradeciendo las consideraciones
recibidas, quedo de usted.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 6 de marzo de 2003.— De la Comisión de Equidad y Género, Dip. Fed. María de los Angeles Sánchez Lira (rúbrica),
secretaria.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De enterado, comuníquese a la Cámara
de Diputados.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Dip. Fed. Eric Villanueva Mukul,
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presente.
El que suscribe, diputado federal
de la LVIII Legislatura, solicito respetuosamente a esta Mesa Directiva se me incorpore al
trabajo legislativo a partir del día 10 de marzo del presente año.
Asimismo, le pido girar la
instrucción correspondiente al área administrativa, a efecto de que me restituyan las
garantías y prestaciones a las que tengo derecho.
Sin otro particular y agradeciendo
de antemano la atención que sirva a dar al presente, quedo de usted.
Atentamente.
México, DF, a 10 de marzo de
2003.— Dip. Héctor Taboada Contreras
(rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De enterado, comuníquese a la Cámara
de Diputados.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Dip. Eric Eber Villanueva Mukul,
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión.— Presente.
El suscrito, diputado federal
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, le comunica de manera
respetuosa a este órgano legislativo lo siguiente:
Primero. La reincorporación al cargo de diputado
federal a partir del 10 de marzo del 2003, de acuerdo con la licencia que se me concedió
en el mes de enero de manera indefinida, para ausentarme de forma temporal.
Segundo. Se sirva realizar los trámites
necesarios para aprobar lo solicitado.
Sin otro particular, agradezco la
atención que sirva prestar al presente.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 10 de marzo
de 2003.— Dip. Moisés Alcalde Virgen
(rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De enterado, comuníquese a la Cámara
de Diputados.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Dip. Eric Eber Villanueva Mukul,
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión.— Presente.
El suscrito, diputado federal
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, le comunica de manera
respetuosa a este órgano legislativo lo siguiente:
Primero. Mi reincorporación al cargo de diputado
federal a partir del 11 de marzo de 2003, ya que la licencia que se me concedió a partir
del 30 de diciembre fue de manera indefinida.
Segundo. Se sirva realizar los trámites
necesarios para aprobar lo solicitado.
Sin otro particular, agradezco la
atención que sirva prestar al presente.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 11 de marzo
de 2003.— Dip. Mario Sandoval Silvera
(rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De enterado, comuníquese a la Cámara
de Diputados.
ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo.— Poder Legislativo
de Baja California.— XVII Legislatura.
H. Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.— México, DF.
De conformidad con el artículo 41
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California, nos permitimos
comunicarles la clausura del primer periodo ordinario de sesiones e instalación del
segundo periodo ordinario así como la designación de la Mesa Directiva que comprende del
1o. de febrero al 31 de mayo del año en curso, correspondiente al segundo año de
ejercicio constitucional de la H. XVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Baja
California, la cual quedó integrada de la siguiente forma:
Presidenta: Dip. Laura Sánchez
Medrano; Vicepresidente: Dip. Nicolás Osuna Aguilasocho; Secretario: Dip. Jesús
Alejandro Ruiz Uribe; Prosecretaria: Dip. María Rosalba Martín Navarro.
Al hacer de su conocimiento lo
anterior, aprovechamos la oportunidad para reiterarles las seguridades de nuestra
distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, Baja California, a 1o. de
febrero de 2003.— Diputados: Laura Sánchez
Medrano, presidenta; Jesús Alejandro Ruiz
Uribe, secretario (rúbricas).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De enterado.
ESTADO
DE MICHOACAN
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.—
Morelia.— LXIX Legislatura.
CC. Diputados Secretarios de la H.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— México, DF.
La Sexagésima Novena Legislatura
constitucional del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, por mi conducto informa
a ustedes, que con esta fecha clausuró el tercer periodo ordinario de sesiones,
correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. De igual forma hago de su
conocimiento que la integración de la Comisión Permanente quedó de la siguiente forma:
Presidente: Dip. Juan Manuel
Iriarte Méndez; Secretario: Dip. Mario Magaña Juárez; Secretario: Dip. Isidro Fausto
Gutiérrez; Primera vocal: Dip. Edna Janette Martínez Nambo; Segundo vocal: Dip. Gerardo
Correa Cosío.
Lo anterior para todos los efectos
legales procedentes.
Aprovecho la ocasión para
reiterarles la seguridad de mi distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Morelia, Michoacán, a 15 de
diciembre de 2002.— Lic. Daniel Mora Ortega
(rúbrica), Oficial Mayor del H. Congreso del Estado.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De enterado.
ESTADO
DE QUINTANA ROO
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo.— Cd. Chetumal, Q. Roo, México.
CC. Diputados Secretarios del H.
Congreso de la Unión.— Presentes.
La X Legislatura constitucional del
estado, en cumplimiento al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se
permite comunicar la apertura del segundo periodo extraordinario de sesiones,
correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, previa elección de la Mesa
Directiva que presidirá los trabajos legislativos, la cual quedó integrada de la
siguiente manera:
Presidente: Dip. Gildardo Palacios
Herrera; Vicepresidente: Dip. Román Guzmán González.
Sin otro particular por el momento,
me es grato aprovechar la ocasión para reiterarles las seguridades de mi consideración
distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chetumal, Quintana Roo, a 13 de
enero de 2003.— Dip. Sergio Manuel López
Villanueva (rúbrica), Secretario.»
ESTADO
DE YUCATAN
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán.—
Poder Legislativo.
Dip. Dr. Eric Eber Villanueva
Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión.— Presente.
En cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Yucatán, me
permito comunicar a usted que, con esta fecha, se clausuró el segundo periodo ordinario
de sesiones correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional de esta LVI
Legislatura.
Lo anterior para su conocimiento y
efectos legales que correspondan.
Atentamente.
Mérida, Yucatán, a 15 de enero de
2003.— Dip. MVZ José María Fernández Medina
(rúbrica), Secretario de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Yucatán.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De enterado.
ESTADO
DE ZACATECAS
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— LVII Legislatura.— Zacatecas.
CC. Secretarios de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión.
De conformidad con lo establecido
por los artículos 57 de la Constitución Política del estado y 32 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, por este conducto nos permitimos comunicar a ustedes que en sesión
solemne de esta misma fecha, la H. Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Zacatecas, clausuró su primer periodo ordinario de sesiones, dentro del
segundo año de su ejercicio constitucional, quedando integrada la Comisión Permanente
que presidirá los trabajos del primer periodo de receso de la siguiente manera:
Presidente: Dip. Javier Mendoza
Villalpando, Suplente: Dip. Roberto Valadez González; Secretario: Dip. Leodegario Varela
González, Suplente: Dip. Carlos Pérez Rico; Secretaria: Dip. Lorena E. Oropeza Muñoz,
Suplente: Dip. Carlos E. Hernández E; Vocal: Dip. Ismael Murillo Murillo, Suplente: Dip.
Gumaro E. Hernández Z.; Vocal: Dip. Marco Vinicio Flores Chávez, Suplente: Dip. Rubén
Martínez Castillo; Vocal: Dip. Alfonso Aguilar Contreras, Suplente: Dip. Joel Hernández
Peña; Vocal: Dip. Leoncio Miramontes R., Suplente: Dip. José Escobedo Domínguez; Vocal:
Dip. Otilio Rivera Herrera, Suplente: Dip. Héctor Z. Pastor Alvarado; Vocal: Dip. Miguel
Rivera Sánchez, Suplente: Dip. Patricia Salinas Alatorre; Vocal: Dip. Joel Arce Pantoja,
Suplente: Dip. Pedro Martínez Flores; Vocal: Dip. Pablo L. Arreola Ortega, Suplente: Dip.
Filomeno Pinedo Rojas.
Lo que nos permitimos hacer de su
conocimiento para los efectos correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Zacatecas, Zacatecas, a 27 de
diciembre del año 2002.— H. LVII Legislatura del Estado.— Comisión
Permanente.— Dip. Leodegario Varela González
(rúbrica), Secretario; Dip. Lorena Esperanza
Oropeza Muñoz (rúbrica), Secretaria.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De enterado.
ESTADO
DE COLIMA
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— H. Congreso del Estado de Colima.— LIII Legislatura.—
2000-2003.
CC. Diputados Secretarios de la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.— México, DF.
En sesión de la Comisión
Permanente celebrada el día de hoy, los diputados integrantes de la misma emitieron y
aprobaron un punto de acuerdo, el que textualmente en sus resolutivos señala:
Primero. Se solicita al honorable Congreso de la
Unión su intervención ante el titular del Ejecutivo Federal para que éste realice las
transferencias necesarias y autorice la canalización de recursos emergentes por la
cantidad de 25 millones de pesos para atender la infraestructura agropecuaria del estado
afectada por el sismo del 21 de enero del presente año.
Segundo. Se exprese al honorable Congreso de la
Unión, que promueva la creación de un fondo especial de contingencia para el sector
agropecuario, destinado a la atención de emergencias derivadas de fenómenos sísmicos e
hidrometeorológicos, así como plagas, epidemias y otros tipos de siniestros que afecten
al sector agropecuario.
Tercero. Se canalice el presente punto de acuerdo
a los HH. Congresos de los estados de la Federación para que, si así lo determinan, se
solidaricen con las presentes propuestas.
Lo que comunicamos a ustedes, en
vía de petición y para los efectos de ley correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
“2003, Año de Comparte”,
“Por los Derechos de la Niñez Colimense”.
Colima, Colima, a 11 de febrero de
2003.— Dip. José Mancilla Figueroa (rúbrica),
Secretario; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios
(rúbrica), Secretario.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— H. Congreso del Estado de Colima.— LIII Legislatura.—
2000-2003.
Con base en lo dispuesto en el
Capítulo Segundo, artículo 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
vigente, presento a esta LIII Legislatura, el siguiente punto de acuerdo relacionado con
la solicitud al Gobierno Federal, de recursos financieros extraordinarios para atender la
reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura agropecuaria del estado, afectada
por el sismo del pasado 21 de enero, con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
l. Que con fecha 30 de enero, la
Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero, recibió el oficio número SDR-048/2003,
por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, en el que se
expresa el acuerdo del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, relativo a
solicitar la intervención de la LIII Legislatura de este H. Congreso del estado, ante el
honorable Congreso de la Unión, para que éste proponga y autorice al titular del
Ejecutivo federal, recursos financieros extraordinarios para atender la emergencia de
reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura agropecuaria del estado, afectada
por el sismo del día 21 de enero.
2. Que en las reglas de operación
del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), no se contempla una gran cantidad de
infraestructura afectada y en aquella que sí está considerada, los recursos destinados
al respecto resultan altamente insuficientes, infiriéndose que los montos asignados son
estimaciones estandarizadas, sin considerar los costos de construcción propios del
estado.
3. Que ante la falta de recursos
financieros extraordinarios para atender la emergencia, independientemente de las acciones
que viene realizando la Comisión Nacional del Agua (CNA), el propósito de las
dependencias del sector es el de canalizar recursos de los programas normales como Alianza
para el Campo, uso pleno de la infraestructura hidroagrícola, uso eficiente del agua y
energía, modernización de los distritos de riego, de fomento agrícola y porcícola,
entre otros, así como la utilización de los productos financieros respectivos.
La utilización de dichos recursos
no representa por sí un problema, toda vez que se destinaría a atender la emergencia
para evitar que el desarrollo del sector se detenga; sin embargo, de materializarse este
propósito, implicará la disminución de los apoyos a los productores y el incumplimiento
de las metas programadas por las dependencias del sector para el presente ejercicio en
cuanto a la realización de obras, acciones y proyectos.
4. Que los daños registrados a la
infraestructura agropecuaria en el estado se estiman en 25 millones de pesos, afectándose
principalmente sistemas de riego presurizado, canales, líneas de conducción de agua y de
energía eléctrica, protecciones y equipo de bombeo, drenes, bodegas, bordos, canaletas,
pozos profundos, transformadores, casetas de control, andenes, eras, empaques etcétera.
5. Que se requieren recursos no
sólo para reconstruir y rehabilitar la infraestructura agropecuaria dañada, como son los
pozos profundos, bordos y sistemas de riego, además de que en el corto plazo están en
riesgo los cultivos de hortalizas, plátano y papayo, sino también se necesitan recursos
para la recuperación de la capacidad reproductiva del sector agropecuario del estado,
pues los efectos del fenómeno sísmico no sólo se reflejan en la infraestructura
afectada sino también se observará en los niveles de producción que se tenían
contemplados para el presente ejercicio.
6. Que los productores del estado
tienen plena conciencia de la magnitud de los efectos del fenómeno sísmico,
especialmente con relación a las viviendas destruidas y dañadas parcial o totalmente,
así como la afectación a otros sectores como la industria y los servicios, a los cuales
de manera casi inmediata se han canalizado importantes recursos financieros.
Se entiende que existen prioridades
que se valoran, respetan y se asumen; sin embargo, los recursos para atender la emergencia
en el sector agropecuario han sido mínimos y con el riesgo aún de que se transfieran
recursos de los programas normales de las dependencias con las consecuencias señaladas
anteriormente.
7. Que ante la magnitud del sismo
se ha puesto en evidencia la necesidad de contar con recursos financieros suficientes para
atender las consecuencias inmediatas y mediatas de sus efectos, cabe mencionar que para
atender las emergencias de otro tipo de fenómenos, como los hidrometeorológicos, de
alguna manera se consideran recursos diversos derivados del aseguramiento de la
producción, no existiendo este tipo de esquemas para el caso de daños por fenómenos
sísmicos que han puesto de manifiesto la necesidad de contar con un fondo de contingencia
específico para el sector agropecuario.
Por lo anterior, en uso de las
atribuciones que me confiere nuestro ordenamiento legal interno, propongo al pleno de esta
Quincuagésima Tercera Legislatura el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Se solicite al honorable Congreso de la
Unión su intervención ante el titular del Ejecutivo Federal para que éste realice las
trasferencias necesarias y autorice la canalización de recursos emergentes por la
cantidad de 25 millones de pesos, para atender la infraestructura agropecuaria del estado
afectada por el sismo del 21 de enero del presente año.
Segundo. Se exprese al honorable Congreso de la
Unión que promueva la creación de un fondo especial de contingencia para el sector
agropecuario, destinado a la atención de emergencias derivadas de fenómenos sísmicos e
hidrometeorológicos, así como plagas, epidemias y otros tipos de siniestros que afecten
al sector agropecuario.
Tercero. Se canalice el presente punto de acuerdo
a los HH. Congresos de los estados de la Federación para que, si así lo determinan, se
solidaricen con las presentes propuestas.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Colima, Colima, a 7 de febrero de
2003.— El Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero, Dip. Salvador Solís Aguirre (rúbrica).»
«H. Congreso del Estado de
Colima.— LIII Legislatura.
Dip. Lic. Nabor Ochoa López,
Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado.— Presente.
El pasado 30 de enero del presente,
recibimos en esta Comisión la solicitud del Consejo Estatal de Desarrollo Rural
Sustentable, en la cual nos plantean la posibilidad de integrar un punto de acuerdo, en el
que este H. Congreso del Estado promueva y gestione ante el H. Congreso de la Unión,
recursos extraordinarios para atender la emergencia de la infraestructura agropecuaria
afectada por el sismo del pasado 21 del presente mes, así como la integración de un
fondo especial de contingencia que atienda directamente situaciones emergentes propiciadas
por fenómenos naturales como sismos, hidrometeorológicos, plagas o epidemias.
Atendiendo dicha solicitud canalizo
a usted dicho punto de acuerdo, con el propósito de que, en el seno de la Comisión que
usted preside, se analice, valore y dictamine en su próxima sesión ordinaria, en el
afán de que pueda canalizarse a la brevedad al H. Congreso de la Unión considerando la
importancia de su propósito y contenido en apoyo al sector agropecuario de la entidad.
Programar la presentación del
punto de acuerdo mencionado hasta una nueva sesión extraordinaria del pleno, propiciaría
su desfasamiento y el retraso en la gestión oportuna de recursos; sin embargo, de no
existir otra alternativa le solicito se programe su integración en el orden del día
correspondiente de la sesión extraordinaria más próxima.
Anticipándole mi agradecimiento
por su apoyo, me despido de usted con el refrendo de mis mejores saludos.
Atentamente.
Sufrago Efectivo. No Reelección.
Colima, Colima, a 7 de febrero de
2003.— Dip. Salvador Solís Aguirre (rúbrica).»
«Escudo.— Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Colima.— Secretaría de Desarrollo Rural.
C. Diputado Salvador Solís
Aguirre, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero.—
Presente.
El pasado 29 de enero del presente
año, en sesión plenaria del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, se acordó
solicitar a la Comisión que usted preside, la integración de un punto de acuerdo en el
que se solicite el apoyo de los integrantes de la LIII Legislatura, para que intervenga
como gestor y promotor de dos asuntos de carácter prioritario para los productores del
estado, mismos que se refieren a:
1. Se solicite al H. Congreso de la
Unión, que promueva ante el titular del Ejecutivo Federal, recursos financieros
extraordinarios por un monto de 25 millones de pesos, cantidad en que se estiman los
costos de reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura agropecuaria del estado,
afectada por el siniestro del pasado 21 de enero.
2. Se manifieste a dicho órgano
legislativo, la necesidad de que se promueva ante el Gobierno Federal, la creación de un
fondo especial de contingencia para el sector agropecuario que permita atender las
emergencias derivadas de fenómenos naturales, que por nuestra ubicación geográfica son
propios en el estado, además de que permita atender otros imponderables que afectan al
sector como plagas y epidemias.
Los integrantes del Consejo y los
productores en general, tienen la certeza de contar con su respaldo en las gestiones que
realiza al respecto, motivo por el cual le reiteran su confianza por el interés que
siempre ha mostrado por la situación del sector agropecuario.
Agradeciendo de antemano su apoyo,
me despido de usted, saludándolo cordialmente.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Colima, Colima, a 30 de enero de
2003.— El Secretario Ing. Lorenzo Hernández
Arreguín (rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Agricultura
y Ganadería de la Cámara de Diputados.
ESTADO
DE MORELOS
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo.— Poder
Legislativo.— XLVIII Legislatura.— 2000-2003.
CC. Diputados Secretarios de la H.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.
Por instrucciones del diputado Joel
Juárez Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Morelos,
por acuerdo de sesión ordinaria celebrada hoy y en cumplimiento de todos sus artículos,
les remito el siguiente acuerdo parlamentario, mediante el cual este Congreso solicita al
Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y a ustedes, integrantes de la
honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la autorización de no
devolución de los recursos anticipados que corresponde a un mes de participaciones y que
se entregaron en diciembre a las entidades federativas y se exhorta a las legislaturas
estatales y a la asamblea federal a sumarse a esta solicitud.
Sin otro particular, les reiteramos
nuestra consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, a 30 de enero
de 2003.— Dr. Armando Ramírez Saldívar (rúbrica),
Secretario General de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso de Morelos.»
«Escudo.— Poder
Legislativo.— XLVIII Legislatura.— 2000-2003.
Honorable Asamblea:
Los diputados del H. Congreso del
estado que suscribimos presentamos a la consideración de esa H. asamblea legislativa la
propuesta de punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo
Federal y al H. Congreso de la Unión la no devolución de los recursos que fueron
anticipados a las entidades federativas en diciembre de 2002, con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
Que conforme se establece en los
artículos 32 y 38, incisos i) y j), de la Ley Orgánica del Congreso del estado, se
faculta a la Junta de Coordinación Política como un órgano de expresión plural del
Congreso del estado de Morelos para impulsar la formación de puntos de acuerdo de la
misma asamblea legislativa.
Que la Constitución Política del
estado de Morelos, en el artículo 40, fracción II, faculta a esta H. Asamblea
Legislativa a fin de expedir acuerdos para el gobierno y la administración interiores del
estado.
Que la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos consagra principios normativos para la conducción del
desarrollo económico y social de la nación y establece bases para implantar mecanismos
de planeación nacional que logren el ejercicio de las atribuciones que la propia
Constitución y las leyes otorgan al Estado como rector de la vida económica, social,
política y cultural de nuestro país. Inmersos en la idea del sistema nacional de
planeación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desarrolla una función de
apoyo al proyectar y calcular los ingresos públicos tomando en un marco jurídico
adecuado para cumplir objetivos inmediatos y prioridades de los programas plasmados en los
planes de desarrollo nacional, estatal y municipal y que éstos se realicen de manera
efectiva, reconociendo en todo momento que los cambios que imperan en el presente pueden
obligar a su modificación y actualización.
De esa forma, se encontró un
mecanismo de compensación que permite hacer una entrega de recursos con que cuenta la
Federación dentro de lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal para la
participación de ingresos federales a entidades federativas.
Que mediante el decreto número
787, publicado en el Periódico Oficial número 4227, de fecha 13 de diciembre de 2002, se
modifican la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado de
Morelos para el ejercicio fiscal 2002, autorizando adicionar 235 millones 682 mil 533
pesos en la recaudación de participaciones federales.
Que de acuerdo con la dinámica al
alza que se ha observado desde finales del ejercicio fiscal de 2002 en los precios
internacionales del petróleo, el Gobierno Federal podrá contar con recursos excedentes a
los programados. Dichos recursos se verán reflejados en el primer trimestre del ejercicio
2003, margen financiero que se estima suficiente para apoyar las finanzas de entidades y
de municipios.
Que de acuerdo con las
modificaciones efectuadas a la iniciativa de Presupuesto de Egresos presentada por el
Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión, éste manifestó su intención de
fortalecer los ingresos de los gobiernos locales, destinando mayores recursos y creando
específicamente el Ramo 39; sin embargo, esa intención no se verá cristalizada en su
totalidad, ya que la devolución al Gobierno Federal de los recursos anticipados en
diciembre de 2000 a entidades federativas y a municipios deja a los gobiernos locales con
la obligación de hacer frente a un compromiso de pago que, de manera sensible, provoca el
desequilibrio de sus respectivos presupuestos.
Las condiciones sociales y
económicas por las que actualmente atraviesan los diversos sectores de la economía
nacional, por la apertura gradual del Tratado de Libre Comercio con América del Norte,
obligan a las entidades federativas a realizar las inversiones necesarias en los sectores
de la producción y los servicios, a fin de elevar el nivel de competitividad en relación
con los socios comerciales del norte del continente.
Por los motivos expuestos y con
fundamento en los artículos 32 y 38 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos; y 39, 43, 49, inciso a), y 59 del Reglamento Interior para el
Congreso del estado de Morelos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea,
como asunto de obvia y urgente resolución, apruebe el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Se solicita al Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos y al H. Congreso de la Unión la autorización de no
devolución de los recursos anticipados que corresponden a un mes de participaciones y que
se entregaron en diciembre de 2002 a las entidades federativas.
Segundo. Se exhorta a las Legislaturas estatales y
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a sumarse a la solicitud que se realiza en
este acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Federal y al H. Congreso de la Unión.
Tercero. Se ordena a la Secretaría General de
Servicios Legislativos y Parlamentarios del H. Congreso del estado que notifique a los
Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, así como a las legislaturas estatales y a
la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Honorable Congreso del Estado, a 31
de enero de 2003.— Por la Junta de Coordinación Política, Diputados: Víctor Hugo Manzo Godínez (rúbrica), Presidente; Sergio Alvarez Mata (rúbrica), Secretario; Sylvia Victoria E. D´Granda y Terreros
(rúbrica), Vocal; Dip. Joel Juárez Guadarrama (rúbrica),
Presidente del H. Congreso del Estado; Diana A.
Recio Téllez de Ramos (rúbrica), Presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto
y Cuenta Pública.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados.
ESTADO
DE OAXACA
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.— Poder
Legislativo.
CC. Senadores Secretarios del
Honorable Congreso de la Unión.— México, DF.
La Quincuagésima Octava
Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria
celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente acuerdo:
“Primero. La LVIII Legislatura
constitucional del estado, hace una respetuosa solicitud al ciudadano Vicente Fox Quesada,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que de acuerdo a las disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decrete la reducción de las
tarifas de suministro y venta de energía eléctrica para el estado de Oaxaca y en toda la
República Mexicana, en los términos concedidos en los estados de Sonora y Baja
California.
Segundo. Remítase el presente
acuerdo a las cámaras federales de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la
Unión, para que hagan suya esta solicitud y promuevan de acuerdo a sus atribuciones
constitucionales ante el titular del Poder Ejecutivo Federal, la expedición de un decreto
apegado a la legalidad, mediante el cual se reduzcan las tarifas de suministro y venta de
energía eléctrica para el estado de Oaxaca y en todo el país.
Tercero. Remítase este acuerdo a
todos los congresos estatales de la República Mexicana y a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, solicitándoles se adhieran al mismo y hagan suya esta petición ante el
Congreso de la Unión y el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Dado en el salón de sesiones del
H. Congreso del Estado; Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 23 de enero de 2003; Genaro Leonardo
Sosa Gómez, Diputado Presidente (rúbrica); René
Egremy Cruz, Diputado Secretario (rúbrica); Reyna
Gloria Vega Hernández, Diputada Secretaria (rúbrica).”
Lo que nos permitimos transcribir a
ustedes para su conocimiento y efectos legales consiguientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
“El Respeto al Derecho Ajeno
es la Paz”
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 23 de
enero de 2003.— Dip. René Egremy Cruz
(rúbrica), Secretario; Dip. Reyna Gloria Vega
Hernández (rúbrica), Secretaria.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Senadores.
ESTADO
DE SONORA
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Mexicanos Unidos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, Hermosillo.—
Secretaría.
Cámara de Senadores del H.
Congreso de la Unión.— Presente.
El H. Congreso del estado de
Sonora, en sesión celebrada por su Diputación Permanente el día de hoy, tuvo a bien
aprobar el siguiente
ACUERDO
Primero. El Congreso del estado de Sonora hace un
llamado al titular del Poder Ejecutivo de la Federación, C. licenciado Vicente Fox
Quesada, para que, en uso de sus facultades constitucionales y legales, propicie las
condiciones necesarias para establecer una mesa de negociación en el conflicto laboral
que enfrenta la Minera de Cananea, subsidiaria del Grupo México, cuidando en todo momento
no afectar las fuentes de empleo existentes hasta antes del inicio del movimiento obrero
ni soslayar los derechos y prestaciones de la clase minera trabajadora, particularmente,
el aumento salarial solicitado y el bono de productividad retenido por la empresa desde
hace dos años.
Segundo. El Congreso del estado de Sonora solicita
al honorable Congreso de la Unión, se pronuncie a favor del movimiento de huelga de los
obreros de Minera de Cananea y proceda, en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales, a la más amplia investigación del proceso mediante el cual el Grupo México, SA
de CV, se hizo acreedor a la explotación de los yacimientos de cobre en la Minera de
Cananea, así como lo relativo a la obligación de la empresa compradora de realizar el
pago del cinco por ciento del precio pactado de compraventa mediante la cesión de dicho
porcentaje en acciones de la nueva empresa a favor de los trabajadores de la minera, lo
que representaba, en ese año de la operación, un monto de alrededor de 19.5 millones de
dólares estadounidenses.
Tercero. Remítase el presente acuerdo a las
legislaturas de los estados a efecto de que de considerarlo oportuno, manifiesten su apoyo
mediante la aprobación de un acuerdo en términos similares al de esta Legislatura.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
“2003. Año de los Derechos
Políticos de las Mujeres Mexicanas”
Hermosillo, Sonora, a 3 de febrero
de 2003.— Dip. Heleodoro Pacheco Vázquez (rúbrica),
Presidente; Dip. Jesús Avila Godoy (rúbrica),
Secretario.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a las comisiones de Trabajo y
Previsión Social y de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados.
ESTADO
DE SONORA
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, Hermosillo.—
Secretaría.
Cámara de Senadores del H.
Congreso de la Unión.— Presente.
El H. Congreso del estado de
Sonora, en sesión celebrada por su Diputación Permanente el día de hoy, tuvo a bien
aprobar el siguiente:
ACUERDO
Primero. El Congreso del Estado Libre y Soberano
de Sonora, se pronuncia de manera solidaria a favor de los productores agropecuarios
sonorenses, los cuales están solicitando un diálogo nacional con objeto de que el
Gobierno Federal, por conducto del Presidente de la República, renegocie el apartado del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en lo relativo al sector agropecuario.
Segundo. El Congreso del Estado Libre y Soberano
de Sonora acuerda solicitar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal, que realicen
las acciones que resulten necesarias para que los productores agropecuarios de nuestro
país se encuentren en condiciones óptimas para competir con los productores de Estados
Unidos de América y Canadá.
Tercero. Remítase el presente acuerdo a las
legislaturas de los estados a efecto de que, de considerarlo oportuno, manifiesten su
apoyo mediante la aprobación de un acuerdo en términos similares al de esta Legislatura.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
“2003: Año de los Derechos
Políticos de las Mujeres Mexicanas.”
Hermosillo, Sonora, a 3 de febrero
de 2003.— Diputados: Heleodoro Pacheco
Vázquez, Presidente; Jesús Avila Godoy, Secretario
(rúbricas).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a las comisiones de
Agricultura y Ganadería y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
ESTADO
DE ZACATECAS
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— LVII Legislatura.— Zacatecas.
CC. Secretarios de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión.— México, DF.
Adjunto tenemos el honor de remitir
a ustedes un ejemplar del acuerdo número 61, emitido por la H. Quincuagésima Séptima
Legislatura del estado, en sesión ordinaria de esta misma fecha, mediante el cual se
solicita a las Cámaras de Senadores y de Diputados del H. Congreso de la Unión, su
intervención ante las instancias federales correspondientes, a fin de preservar la
seguridad pública de los habitantes del ejido de Bernalejo de la Sierra, municipio de
Valparaíso, Zacatecas.
Nos es grato reiterarles las
seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Zacatecas, Zacatecas, a 4 de marzo
del año 2003.— La H. LVII Legislatura del Estado.— Diputados: Héctor Pastor Alvarado y Gumaro Elías Hernández Zúñiga, secretarios.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— LVII Legislatura.— Zacatecas.
ACUERDO
Número 61
La Honorable Quincuagésima
Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.
Resultando único. En sesión
ordinaria del Pleno correspondiente al día 4 del año en curso, los diputados integrantes
de la LVII Legislatura del estado, en ejercicio de las facultades conferidas por los
artículos 14, fracción I; 133, fracción III; y 135 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo; 23, 24 y 25, del Reglamento General, presentaron al Pleno una iniciativa de
punto de acuerdo relativo al ejido Bernalejo de la Sierra, municipio de Valparaíso,
Zacatecas.
CONSIDERANDO
1o. Mediante resolución
presidencial de fecha primero de febrero de 1956, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril
del mismo año, se dotó a Bernalejo, municipio de Valparaíso, Zacatecas, con una
superficie de 5,465 hectáreas, que se tomarían de la hacienda de San Juan Capistrano,
para beneficiar a 64 campesinos capacitados. Tal resolución se ejecutó el primero de
noviembre de 1956.
2o. En fecha 23 de junio de 1997,
el entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, expidió un
decreto expropiatorio que se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el día 25 del mismo mes y año, ordenando se despojara como
núcleo agrario de las 5, 465 hectáreas de terrenos ejidales, que en forma pacífica,
continua, pública y en concepto de dueños como ejidatarios de Bernalejo de la Sierra,
han poseído por muchos años.
3o. Contra el decreto expropiatorio
de referencia, se interpuso juicio de nulidad número 393/2000, ante el Tribunal Unitario
Agrario del primer distrito en el estado de Zacatecas, y en fecha 20 de febrero de 2003,
el referido Tribunal Unitario dictó su resolución en primera instancia, declarando nulo
el decreto expropiatorio con que se pretendía afectar injustamente a los ejidatarios de
Bernalejo de la Sierra, municipio de Valparaíso, Zacatecas, quienes en ningún momento
han dejado de tener la legítima posesión de sus tierras, ya que el decreto expropiatorio
jamás se ejecutó.
4o. No obstante lo anterior, los
comuneros de Santa María Ocotán y Xoconoxtle, municipio de Mezquital, estado de Durango,
desde mediados de febrero de 2002, en forma violenta se posesionaron de las tierras
ejidales, cometiendo entre otros, los delitos de despojo de inmueble, daño en las cosas,
robo de ganado y amenazas.
5o. Como consecuencia de la
resolución del Tribunal Unitario Agrario, que anuló el decreto de expropiación, los
comuneros de Santa María Ocotán y Xoconoxtle, municipio de Mezquital, estado de Durango,
han reaccionado con mayor violencia. Desde el día primero de marzo del año en curso, un
grupo de aproximadamente 600 comuneros, bloquearon el acceso al ejido de Bernalejo de la
Sierra, abriendo zanjas y atravesando troncos sobre los caminos y veredas, apostándose en
los alrededores del ejido al que tienen sitiado. Para ello han levantado no menos de 70
campamentos, y continúan amenazando a las 62 familias de ejidatarios, con desalojarlos
por medio de la fuerza, ya que portan machetes y armas de fuego.
6o. Ante tan graves acontecimientos
que pueden desencadenar mayor violencia en vías de hecho, con alto riesgo para la vida,
la seguridad o la integridad física de las personas, esta LVII Legislatura del estado de
Zacatecas hace un urgente llamado al Senado de la República y a la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, para que a través de sus comisiones intervengan ante las
instancias federales que corresponda; y ante el gobierno del estado de Durango, a efecto
de preservar la seguridad pública; se levante el violento asedio de que están siendo
objeto los ejidatarios de Bernalejo de la Sierra, a quienes se deberá respetar la
legítima posesión de las tierras que les pertenecen.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento además en los artículos 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo; 24, 25 y relativos del Reglamento General, es de acordarse y se acuerda:
Unico. Con carácter de urgente, se solicita al
Senado de la República y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que a
través de sus comisiones, intervengan ante las instancias federales que corresponda; y
ante el gobierno del estado de Durango, a efecto de preservar la seguridad pública; se
levante el violento asedio de que están siendo objeto los ejidatarios de Bernalejo de la
Sierra, a quienes se deberá respetar la legítima posesión de las tierras que les
pertenecen.
Dado en la Sala de Sesiones de la
LVII Legislatura del Estado, a 4 de marzo de 2003.— Diputados: Lorena Esperanza Oropeza Muñoz, Presidenta; Héctor Zihuén Pastor Alvarado; Gumaro Elías
Hernández Zúñiga, secretarios (rúbricas).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Dip. Eric Eber Villanueva Mukul,
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.
En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera, por este conducto me permito
hacer llegar a esa H. Comisión Permanente el reporte de las mercancías de comercio
exterior asignadas por el Servicio de Administración Tributaria durante enero del
presente año, que se encuentra detallado en la relación que se adjunta.
De dicho reporte se desprende que,
durante el periodo mencionado, las asignaciones se orientaron a atender las contingencias
generadas por las ondas gélidas ocurridas en diversos regiones del territorio nacional,
así como para la utilización de mercancías perecederas y de fácil descomposición o
deterioro.
Sin otro particular, le envío un
cordial saludo.
Atentamente.
México, DF, a 27 de febrero de
2003.— Lic. Rubén Aguirre Pangburn
(rúbrica), Presidente del SAT.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados.
DEUDA
PUBLICA
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
C. Diputado Eric Eber Villanueva
Mukul, Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 24, fracciones I y III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2003, me permito enviar la información relativa a los montos de
endeudamiento interno neto; el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario
Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública; y el costo total de las
emisiones de deuda interna y externa correspondientes a enero de 2003.
Asimismo, se informa sobre la
recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las
participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada
por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por
entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente a enero de
2002.
Adicionalmente, se incluye la
información sobre las finanzas públicas y la deuda pública a enero.
Sin otro particular, aprovecho la
oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 4 de marzo de
2003.— Lic. José Francisco Gil Díaz
(rúbrica), Secretario de Hacienda y Crédito Público.»
INFORMACION
DE FINANZAS PUBLICAS Y DEUDA PUBLICA, ENERO DE 2003.
FINANZAS PUBLICAS
I.1 Balance del Sector Público
I.2 Situación Financiera del
Sector Público
I.3 Ingresos Presupuestarios del
Sector Público
I.4 Gasto Programable Pagado del
Sector Público
I.5 Situación Financiera del
Gobierno Federal
I.6 Situación Financiera de
Entidades Bajo Control Presupuestario Directo
I.7 Situación Financiera del
Gobierno Federal y Seguridad Social
I.8 Recaudación Federal
Participable
I.9 Participaciones Pagadas a las
Entidades Federativas, Enero de 2003
I.10 Participaciones Pagadas a las
Entidades Federativas, Enero de 2002
DEUDA PUBLICA
II.1 Evolución de los Saldos de la
Deuda Pública Externa, Enero de 2003
II.2 Evolución de los Saldos de la
Deuda Interna del Gobierno Federal, Enero de 2003
II.3 Colocaciones del Sector
Público, Enero de 2003
II.4 Colocaciones de Valores
Gubernamentales, Enero de 2003
II.5 Tasas de Valores
Gubernamentales, Enero de 2003
II.6 Costo de la Deuda Pública
Externa, Enero de 2003
II.7 Costo de la Deuda Interna del
Gobierno Federal, Enero de 2003
II.8 Deuda Externa del Sector
Público, Financiamientos durante Enero de 2003
II.9 Deuda Interna del Gobierno
Federal, Financiamientos durante Enero de 2003
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a las comisiones de Hacienda
y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y de
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
Proceda la Secretaría a dar cuenta
con el presupuesto de la Cámara de Senadores.
CAMARA
DE SENADORES
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.
Por su digno conducto, me permito
remitir a la Comisión Permanente, la siguiente documentación:
1. Proyecto de presupuesto de
dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de marzo de
2003.
2. Informes de los presupuestos
ejercidos por la Cámara de Senadores, en los meses de diciembre de 2002; y enero de 2003.
Aprovecho la oportunidad para
reiterarles las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, DF, a 10 de marzo de
2003.— Sen. Carlos Chaurand Arzate,
vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.— Comisión
de Administración.
Presupuesto de dietas, honorarios,
sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de marzo de 2003.
Servicios Personales
72.701,300
Materiales y Suministros
1.919,400
Servicios Generales
55.339,600
Bienes Muebles e Inmuebles
3.085,700
Ayudas y Subsidios
91.700
TOTAL:
133.137,700
Importa el presente presupuesto la
cantidad de ciento treinta y tres millones ciento treinta y siete mil setecientos pesos
00/100 Moneda Nacional.
México, DF, a 26 de febrero de
2003.— Sen. Mariano González Zarur, secretario;
Sen. Antonio Soto Sánchez, secretario; Lic. Graciela Brasdefer H., tesorera.»
En votación económica se pregunta
si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobado.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.— Comisión
de Administración.
Presupuesto Ejercido por la Cámara
de Senadores en el mes de diciembre de 2002*
Servicios Personales
76.574,124
Materiales y Suministros
4.228,219
Servicios Generales
43.076,339
Bienes Muebles e Inmuebles
2.325,407
Ayudas y Subsidios
355,492
TOTAL:
126.559,581
Importa el presente presupuesto la
cantidad de ciento veintiséis millones quinientos cincuenta y nueve mil quinientos
ochenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional.
* El Presupuesto ejercido incluye
el presupuesto pagado y el comprometido.
México, DF, a 26 de febrero de
2003.— Sen. Mariano González Zarur, secretario;
Sen. Antonio Soto Sánchez, secretario; Lic. Graciela Brasdefer H., tesorera del Senado de
la República.»
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
De enterado.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.— Comisión
de Administración.
Presupuesto Ejercido por la Cámara
de Senadores en el mes de enero de 2003*
Servicios Personales
72.689,453
Materiales y Suministros
472,502
Servicios Generales
59.732,991
Bienes Muebles e Inmuebles
229,354
Ayudas y Subsidios
10,954
TOTAL:
133.135,254
Importa el presente presupuesto la
cantidad de ciento treinta y tres millones ciento treinta y cinco mil doscientos cincuenta
y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional.
* El Presupuesto ejercido incluye
el presupuesto pagado y el comprometido.
México, DF, a 26 de febrero de
2003.— Sen. Mariano González Zarur,
secretario; Sen. Antonio Soto Sánchez,
secretario; Lic. Graciela Brasdefer H., tesorera
del Senado de la República.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De enterado.
LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— H. Congreso del Estado.— Puebla.
Honorable Congreso de la Unión de
la Cámara de Diputados.— Presente.
Por medio del presente informo a
usted que en sesión pública ordinaria de esta fecha fue aprobado el punto de acuerdo
suscrito por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el que solicita se
envíe al honorable Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados de la
República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la propuesta para reformar la
Ley de Instituciones de Crédito, mismo que anexo al presente.
Sin otro particular, le reitero la
seguridad de mi distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 13 de
febrero de 2003.— El Presidente de la Mesa Directiva del honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, Dip. Víctor
Manuel Giogana Jiménez (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— H. Congreso del Estado.— Puebla.
El Honorable Quincuagésimo Quinto
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Que en sesión pública ordinaria
de esta fecha, los ciudadanos diputados del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla tuvieron a bien aprobar el acuerdo propuesto por la Comisión de Seguridad
Pública y Protección Civil, en el que solicitó al pleno del Congreso del estado acuerdo
para enviar al honorable Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados de la
República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la propuesta de reformar la
Ley de Instituciones de Crédito, y
CONSIDERANDO
Que es deber del Estado la
salvaguarda y protección de la población tanto en su vida como en sus bienes, a través
de la implantación de medidas de seguridad eficaces en las que la prevención sea
prioritaria.
Que el nivel delictivo registrado
en las últimas décadas en nuestro país, específicamente los asaltos a instituciones
bancarias, ha dejado ver la imperiosa necesidad de implantar en las instituciones de
crédito, los mecanismos de seguridad que cuenten con lo más vanguardista en tecnología
y recursos humanos para combatir a la delincuencia, la cual es cada vez mayor en este tipo
de delitos.
Que es de suma importancia la
coordinación de acciones en materia de protección y seguridad, entre los organismos
policiales de los tres niveles de gobierno y las instituciones de crédito, para la
consecución de los fines propuestos en el resguardo de los bienes tanto de la nación
como de la población en general.
Que es deber de las instituciones
bancarias el mantener actualizados sus mecanismos de seguridad en la protección de
valores, que permitan la utilización eficaz de los recursos materiales y humanos para
ello.
Que la obligación de capacitar
intelectual y físicamente al personal que está en contacto directo con el manejo de
valores, es de suma importancia para la debida actuación ante la presencia de cualquier
hecho constitutivo de delito, que ponga en peligro la vida del público, el personal
bancario y su patrimonio.
Actualmente, la Ley de
Instituciones de Crédito establece lo siguiente:
“...Artículo 87. Las instituciones de banca
múltiple deberán dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e insertar
en una publicación periódica de amplia circulación de la localidad de que se trate, un
aviso dirigido al público que contenga la información relativa a la apertura,
reubicación o clausura de las sucursales respectivas, con una anticipación de treinta
días naturales a la fecha en que se tenga programada.
Las instituciones de crédito
requerirán autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el
establecimiento, cambio de ubicación y clausura de cualquier clase de oficinas en el
extranjero, así como para la cesión del activo o pasivo de sus sucursales.
La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público podrá autorizar que las sucursales de instituciones de crédito
establecidas en el extranjero realicen operaciones que no estén previstas en las leyes
mexicanas, para ajustarse a las condiciones del mercado en que operen, para lo cual
tendrán que proporcionar a la mencionada Secretaría los antecedentes, procedimientos,
disposiciones y formalidades inherentes a la práctica de cada tipo de operación, la
instalación y el uso de equipos y sistemas automatizados, que se destinen a la
celebración y a la prestación especializada de servicios directos al público, se
sujetarán a las reglas generales que dicte en su caso la citada Secretaría.
La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público oirá la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores para autorizar lo señalado en los dos párrafos precedentes.”
“Artículo 96. Las instituciones de crédito
deberán establecer medidas básicas de seguridad que incluyan la instalación y
funcionamiento de los dispositivos, mecanismos y equipo indispensable, con objeto de
contar con la debida protección en las oficinas bancarias para el público, sus
trabajadores y su patrimonio.
Para el cumplimiento de lo
establecido en el párrafo anterior, dichas instituciones deberán contar con una unidad
especializada.
La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
podrá dictar mediante reglas de carácter general, los lineamientos a que se sujetarán
las medidas básicas de seguridad que establezcan las instituciones de crédito.
La Comisión Nacional Bancaria
vigilará que las instituciones cumplan con las disposiciones aplicables en la
materia...”
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, fracción XIII, 64, fracción II, 65 y
66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado; y 19, 20 y 23, fracción XIII,
del Reglamento Interior del H. Congreso del estado, se emite el siguiente
ACUERDO
Unico. Enviar al honorable Congreso de la Unión y
a las Legislaturas de los estados, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, la propuesta emitida por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil
de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, para reformar los artículos 86 y 97 de la Ley
de Instituciones de Crédito, para que quede en los siguientes términos:
Artículo 87. Las instituciones de banca múltiple
deberán dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las autoridades de
seguridad pública de las entidades federativas y localidades correspondientes, e insertar
en una publicación periódica de amplia circulación regional de la zona de que se trate,
dándole un aviso dirigido al público que contenga la información relativa a la
apertura, reubicación o clausura de las sucursales respectivas, con una anticipación de
treinta días naturales a la fecha en que se tenga programada.
Las instituciones de crédito
requerirán autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el
establecimiento, cambio de ubicación y clausura de cualquier clase de oficinas en el
extranjero, así como para la cesión del activo o pasivo de sus sucursales.
La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público podrá autorizar que las sucursales de instituciones de crédito
establecidas en el extranjero realicen operaciones que no estén previstas en las leyes
mexicanas, para ajustarse a las condi- ciones del mercado en que operen, para lo cual
tendrán que proporcionar a la mencionada Secretaría los antecedentes, procedimientos,
disposiciones y formalidades inherentes a la práctica de cada tipo de operación, la
instalación y el uso de equipos y sistemas automatizados, que se destinen a la
celebración y a la prestación especializada de servicios directos al público, se
sujetarán a las reglas generales que dicte en su caso la citada Secretaría.
La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público oirá la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, para autorizar lo señalado en los dos párrafos precedentes.
Artículo 96. Las instituciones de crédito
deberán establecer medidas obligatorias de seguridad que incluyan los elementos,
materiales técnicos idóneos y humanos, con objeto de contar con la debida protección en
las oficinas bancarias para el público, sus trabajadores y su patrimonio.
Para el cumplimiento de lo
establecido en el párrafo anterior, dichas instituciones deberán contar con una unidad
interna encargada del diseño, aplicación y supervisión de programas de seguridad y
protección, coordinada con las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
podrá dictar mediante reglas de carácter general, los lineamientos a que se sujetarán
las medidas básicas de seguridad que establezcan las Instituciones de Crédito, apegadas
a lo previsto por la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
La Comisión Nacional Bancaria,
oyendo la opinión de las diferentes instancias del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, vigilará que las instituciones cumplan con las disposiciones aplicables en la
materia.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 13 de
febrero de 2003.— Mesa Directiva del honorable Quincuagésimo Quinto Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla.— Dip. Víctor
Manuel Giorgana Jiménez (rúbrica), Presidente; Dip. Carlos Manuel Meza Viveros (rúbrica), Secretario;
Dip. Verónica Sánchez Agis (rúbrica),
Secretaria; Dip. Jorge Arnulfo Camacho Foglia
(rúbrica), Secretario.»
El Presdiente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Senadores.
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
El Presdiente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra el diputado
Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para presentar una iniciativa que reforma diversos ordenamientos legales en relación a la
responsabilidad de funcionarios públicos y familiares del Presidente de la República.
El diputado Salvador Cosío Gaona:
Con su venia, señor Presidente:
En uso de las facultades, como
legislador, someto a la consideración de la Cámara de Diputados, a través de esta
Comisión Permanente, iniciativa que reforma artículos diversos de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, a fin de establecer y normar actividades oficiales a
cargo del cónyuge del Presidente de la República, acotando expresamente la integración,
la estructura orgánica del Poder Ejecutivo Federal.
Resulta preocupante la forma
discrecional como se han efectuado actividades diversas en la actual Administración
Pública Federal. Así fue la creación de diversas supercoordinaciones del gabinete
presidencial y de numerosas oficinas técnicas especiales de apoyo a la Presidencia. La
mayoría de ellas sin razón lógica de existir ni mucho menos una tarea clara y definida
a realizar y otras con funciones y facultades señaladas en contradicción o duplica a los
que la ley vigente otorga ya a otras oficinas públicas federales legalmente establecidas.
Todas ellas han sido cuestionadas
severamente en cuanto a la poca eficiencia que demuestran sus magros resultados, en
contraste con lo oneroso de su funcionamiento.
Esto se ha originado por el simple
deseo caprichoso de cumplir el compromiso de otorgarle empleo bien remunerado a un
numeroso grupo de amigos del Presidente Fox, ratificando así los servicios personales y
los apoyos diversos financieros otorgados en la previa campaña electoral.
Aunque algunas de estas oficinas
presidenciales y supercoor- dinaciones ya han desaparecido, esto ha sido por la presión
de actores políticos, sociales o la opinión pública que las cuestionó severamente;
pero otras simplemente fueron eliminadas porque a los titulares se les encontró ya un
mejor acomodo en el organigrama oficial.
No obstante muchas de estas
oficinas aún existen con escasa o nula actividad y provocan confusiones y falta de
adecuada claridad en el desempeño de sus funciones, generando una millonaria sangría en
las erogaciones del Erario Público Federal.
Pero existe una situación que nos
hace reflexionar más sobre la exacta aplicación de la ley. Es el caso de la exagerada
discrecionalidad con la que se presume se ha manejado el respaldo financiero; actividades
privadas, abusando, al margen de la ley, de fondos federales sin existir el soporte
presupuestal correspondiente, utilizando recursos económicos asignados para su ejercicio
por dependencias específicas del Poder Ejecutivo Federal y que en lugar de ser erogados
por éstas, se han utilizado para sufragar gastos con motivos de actividades privadas de
la ciudadana Marta Sahagún de Fox y de la Asociación Civil denominada “Fundación
Vamos México”, que ella misma encabeza.
Asimismo resulta mucho muy
cuestionable la legalidad como se ha delegado la representación oficial del Presidente de
la República en eventos oficiales en territorio nacional o en el extranjero, al haberse
otorgado sin fundamento jurídico alguno, a quien carece de personalidad oficial y/o cargo
determinado en la estructura orgánica de la propia Administración Pública Federal.
Cabe destacar que la Carta Magna
establece que el Poder Ejecutivo Federal se deposita en un ciudadano denominado:
“Presidente de la República” y no consigna determinación o personería legal
alguna en relación a la figura del cónyuge del Ejecutivo Federal.
En relación a los apoyos
económicos y materiales provenientes del erario público federal para sufragar las
actividades privadas de la esposa del ciudadano Presidente de la República, debe quedar
claro que a ella sólo le correspondería, acaso, recibir los respaldos inherentes a las
actividades oficiales si ocupara la Presidencia del Patronato del Sistema DIF Nacional,
cargo que no obstante su carácter de honorífico y por tanto sin la posibilidad legal de
recibir salario alguno, requiere sí, para su adecuado desempeño, de algunos apoyos
administrativos, materiales, humanos y financieros. Pero en los hechos la señora Marta
Sahagún Jiménez de Fox no ocupa siquiera dicho cargo, mismo que al parecer rechazó le
fuera otorgado por considerarle de poca relevancia político-administrativa o de escaso
campo de acción o de mínima influencia funcional en la esfera orgánica del Poder
Ejecutivo Federal. Cabe recordar que dicho organismo gubernamental constituye el eje de la
labor social del Gobierno Federal y fue establecido desde hace muchos años y es respetado
por el pueblo de México.
Por lo anterior, es clara y
contundente la conclusión en cuanto a que la mencionada ciudadana Marta Sahagún de Fox
no tiene carácter legal alguno para ser proveída presupuestalmente salvo en lo
conducente a la prerrogativa personal, como moradora de la residencia oficial de Los
Pinos, que es exclusivamente en cuanto a habitación, subsistencia alimentaria y
necesidades básicas humanas cotidianas; lo que además debe ser revisado y, en su caso,
acotado debidamente y no nunca, jamás, en la forma como es público y notorio se le
respalda desde el inicio de la actual Administración Pública Federal y hasta la fecha.
Porque es un hecho indubitable que
a la señora Sahagún de Fox se le otorgan recursos fuera del parámetro normal que merece
su calidad de cónyuge del Presidente de la República, dado que como se afirma ella no
ostenta o desempeña cargo público alguno y es sabido que ella cuenta con una estructura
oficial de apoyo administrativo a sus actividades personales que incluye un numeroso grupo
de servidores públicos como son: secretario particular y privado, jefe de ayudantes,
secretarios técnicos, asesores, analistas, personal de soporte técnico informático,
personal de apoyo secretarial, oficial administrativo diverso, así como jefe de difusión
y relaciones públicas, entre otros.
Nuestro lado derecho es que nadie
podrá obtener emolumento o remuneración económica alguna con cargo al erario público
sin que exista justificación legal y el soporte presupuestal específico y terminar con
claridad y además no podrá dejarse erogación alguna a cargo del erario público sin que
exista al respecto autorización presupuestal validada. Actuar en esta idea contraviniendo
lo que ha establecido es incurrir en manejo ilegal de recursos públicos y está
tipificado y penalizado en la ley.
Además, resulta muy claro que
sólo puede acudir a representar al Presidente de la República en algún evento oficial
alguien que detente formalmente una responsabilidad pública y ese no es el caso actual de
la señora Sahagún de Fox, quien es sabido ha acudido a representar al Presidente de la
República careciendo de legalidad y al efecto también se han canalizado recursos
cuantiosos públicos para que la citada ciudadana cumpla dichas representaciones
oficiales.
Por otra parte, ha sido muy
difundido y criticado el respaldo oficial inadecuado en cuanto a recursos humanos,
materiales y financieros que se le han venido otorgando en forma por demás discrecional a
la Asociación Civil deno- minada “Fundación Vamos México”, sin que hasta
ahora se conozca el monto real y justificado origen presupuestal de dichos recursos
públicos. Le contraviene a la más elemental norma de aplicación de Administración de
Recursos Públicos de la Federación y vulnera el principio de equidad en dichos fondos
públicos.
Al respecto es evidente que resulta
muy necesario adecuar el marco legal de la Administración Pública Federal para acotar la
existencia legal de la estructura del Ejecutivo Federal y dar cabida accional a las
actividades del cónyuge del Presidente de la República, con la finalidad de otorgar
facultades expresamente conferidas pero también responsabilidades por ejercicio de dinero
público a su cargo.
Por ello se propone reformar la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal para tener con claridad las dependencias
oficiales que la conforman, eliminando menciones inadecuadas como el que actualmente
establece departamentos administrativos que ya no existen, estableciendo también con
claridad que el Presidente de la República sólo podrá contar con unidades de apoyo,
asesoría técnica y coordinación, con aquellas que expresamente el presupuesto de la
Federación aprobado por el Legislativo establezca.
El mismo caso en relación con las
secretarías de Estado, a quienes con esta reforma se pretende ceñir estableciendo que
sólo contarán con los subsecretarios, oficial mayor, coordinadores y demás funcionarios
que estrictamente apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por esta
soberanía legislativa.
Solicito, señor Presidente, en
obvio de tiempo, que se imprima el texto íntegro de esta iniciativa que establece reforma
a los artículos 1o., 2o., 7o., 8o., 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 y
a la denominación del título del Capítulo II y se derogan los artículos 10 y 15 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En el texto de esta iniciativa se
detalla con claridad el planteamiento conducente, que consiste, como lo establecido, en
acotar funciones discrecionales que hoy día se realizan con mancha muy ancha, otorgando
recursos fuera de reglamentación, otorgando representaciones espurias a quienes no tienen
derecho para realizarlas y actualmente se deja una manga muy ancha para que el Presidente
de la República designe, como lo ha hecho, funcionarios, supercoordinadores, asesores y
oficinas presidenciales fuera de la necesidad y fuera del marco republicano de austeridad.
Con resta reforma, que espero sea
aprobada en su caso en la Cámara de Diputados, se da un paso hacia la certidumbre
presupuestal y hacia la certidumbre de quién ocupa cargos y quién responde del dinero
público ante la nación.
Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma los
artículos 1o., 2o., 7o., 8o., 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 y el
título de los Capítulos I y II y deroga los artículos 10 y 15 todos de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, a fin de establecer y normar actividades oficiales
a cargo del cónyuge del ciudadano Presidente de la República, acotando expresamente la
integración de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo Federal.
En nuestra calidad de legisladores
Federales a la LVIII Legislatura, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 55, fracción II, y
56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, sometemos a la consideración de este honorable Congreso de la Unión la
presente Iniciativa de Reformas a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de
conformidad con la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
Es preocupante la forma
discrecional como se han efectuado diversas actividades en el ámbito de la
Administración Pública Federal durante la Administración de Vicente Fox.
Así fue la creación de las
diversas supercoordinaciones del gabinete Presidencial y las numerosas oficinas temáticas
especiales de tareas de apoyo a las responsabilidades presidenciales, la mayoría de ellas
sin una razón lógica de existir ni mucho menos una tarea clara y definida a realizar, y,
otras, con funciones y facultades señaladas en contradicción o duplica a las que la ley
vigente otorga ya a diversas instituciones públicas federales legalmente constituidas
anteriormente.
Todas ellas han sido cuestionadas
severamente en cuanto a la poca eficiencia que demuestran sus magros resultados, en
contraste con lo oneroso de su funcionamiento.
Esto se ha originado por el simple
deseo caprichoso de cumplir el compromiso de otorgarle empleo bien remunerado a un
numeroso grupo de amigos del Presidente Fox, gratificando así los servicios personales y
diversos apoyos financieros otorgados en la previa campaña electoral.
Aunque algunas de estas oficinas
presidenciales y supercoordinaciones ya han desaparecido, esto ha sido por la presión de
muchos actores políticos, sociales o de agentes de opinión pública, al cuestionárseles
severamente, pero, otras, simplemente fueron eliminadas porque a sus “titulares”
se les encontró ya un mejor acomodo en el organigrama oficial. No obstante, muchas de
estas oficinas aun existen, bajo escasa o nula actividad y provocando las confusiones y
falta de adecuada claridad en el desempeño de ciertas atribuciones y responsabilidades
del Ejecutivo Federal, y, sobre todo, generando millonaria sangría por las erogaciones
cuantiosas al Erario Público Federal.
Pero existe una situación que nos
hace reflexionar, aún más, sobre la necesaria exacta aplicación de la Ley.
Es el caso de la exagerada
discrecionalidad con la que se presume se ha manejado el respaldo financiero a actividades
privadas, abusando, al margen de la ley, de fondos federales, sin existir el soporte
presupuestal correspondiente, utilizando recursos económicos asignados para su ejercicio
por dependencias específicas del Ejecutivo Federal y, que en lugar de ser erogados por
éstas, se han utilizado para sufragar gastos con motivo de actividades privadas de la
ciudadana Marta Sahagún de Fox y de la Asociación Civil denominada “Fundación
Vamos México”, que ella misma encabeza.
Asimismo, resulta mucho muy
cuestionable la legalidad como se ha delegado la representación oficial del ciudadano
Presidente de la República, sea en eventos oficiales en territorio nacional o en el
extranjero, al haberse otorgado, sin fundamento jurídico alguno, a quién carece de
personalidad oficial y/o cargo determinado en la estructura orgánica de la propia
Administración Pública Federal.
Cabe destacar que la Constitución
General de la República, establece que el Poder Ejecutivo se deposita en “UN”
ciudadano denominado Presidente de la República, y no consigna determinación o
personería legal alguna en relación a la figura del cónyuge del titular del Poder
Ejecutivo Federal.
En relación a los apoyos
económicos y materiales provenientes del erario público federal para sufragar las
actividades privadas de la esposa del Ciudadano Presidente de la República, debe quedar
claro que a ella sólo le correspondería, acaso, recibir los respaldos inherentes a las
actividades oficiales si ocupare la Presidencia del Patronato del Sistema DIF Nacional,
cargo que, no obstante su carácter de honorífico y por tanto sin la posibilidad legal de
recibir salario alguno, requiere para su adecuado desempeño de algunos apoyos
administrativos por medio de recursos humanos, materiales y financieros suficientes para
tal caso.
Pero, en los hechos, la señora
Marta Sahagún Jiménez de Fox no ocupa siquiera dicho cargo, mismo que al parecer rechazo
le fuera otorgado, por considerarle de poca relevancia político administrativa o de
escaso campo de acción o de mínima influencia funcional en la esfera orgánica del Poder
Ejecutivo Federal. Cabe recordar que dicho organismo gubernamental, que constituye el eje
de la labor asistencial del Gobierno Federal, fue constituido desde hace muchos años, y
es respetado por el pueblo mexicano y no fue creado a capricho del presidente en turno y
mucho menos para beneficiar a algún partido político.
Por lo anterior, es clara y
contundente la conclusión en cuanto a que la mencionada ciudadana Marta Sahagún de Fox
no tiene carácter legal alguno para ser proveída presupuestal mente, salvo en lo
conducente a la prerrogativa personal como moradora de la residencia oficial de Los Pinos,
que es exclusivamente en cuanto a habitación y subsistencia alimentaria y de necesidades
básicas humanas cotidianas, lo que, además debe ser revisado y en su caso acotado
debidamente y, NO, NUNCA, JAMÁS; en la forma como es público y notorio se le respalda
desde el inicio de la actual administración pública federal y hasta la fecha, porque es
un hecho indubitable que, a la señora Sahagún de Fox, se le otorgan recursos fuera del
parámetro normal que merece en su calidad de cónyuge del Ciudadano Presidente de la
Republica, dado que, como antes se afirma, ella no ostenta o desempeña cargo público
alguno, pues, es sabido, que ella cuenta con una estructura oficial de apoyo
administrativo a sus actividades personales, que incluye un numeroso grupo de servidores
públicos como son: secretarios particular y privado, jefe de ayudantes, secretarios
técnicos, asesores, analistas, personal de soporte técnico e informático, personal de
apoyo secretarial y auxiliares administrativos diversos, así como jefes de difusión y de
relaciones públicas, y otros muchos funcionarios y empleados públicos más, sin dejar de
advertir los cuantiosos recursos materiales y financieros que se derivan de ello.
Es de explorado derecho que nadie
podrá nunca obtener emolumento o remuneración económica con cargo al erario público
sin que exista justificación legal y el soporte presupuestal específico y determinado
con claridad, y que, además, no podrá realizarse erogación alguna a cargo del propio
erario público sin que exista al respecto la autorización y la determinación validada
cabalmente en el propio presupuesto oficial que corresponda.
Actuar en contravención a esta
máxima legal, es incurrir en un manejo ilegal de los recursos públicos correspondientes
y está tipificado y penalizado en la ley.
Además, es muy claro que sólo
puede acudir a representar al Ciudadano Presidente de la República en algún evento
oficial, alguien que detente formalmente una responsabilidad pública y no es ése el caso
actual de la señora Sahagún de Fox, quién, es sabido, ha acudido a representar al
titular del Poder Ejecutivo Federal careciendo de legalidad, y al efecto, también, se han
canalizado cuantiosos recursos públicos para que la citada ciudadana cumpla dichas
espurias encomiendas oficiales.
Por otra parte, ha sido muy
difundido y criticado el respaldo oficial inadecuado, en cuanto a recursos humanos,
materiales y financieros, que se le ha venido otorgando, en forma por demás discrecional,
a la Asociación Civil denominada: “Fundación Vamos México”, sin que hasta
ahora se conozca el monto real y el justificado origen presupuestal de dichos recursos
públicos, lo que contraviene a la más elemental norma de aplicación y administración
de los fondos públicos de la Federación y vulnera, además, el principio de justicia y
equidad en la distribución de los mismos, y, aun cuando éstos sean supuestamente
destinados a actividades de beneficio social, su ejercicio debe ceñirse a la legislación
aplicable, por lo que es necesario solicitar la transparencia y el soporte legal era
cuanto al manejo de los mismos.
Al respecto, nos reservamos el
derecho para ejercer posteriormente las acciones legales que corresponden, porque, en su
momento, todo esto deberá ser revisado muy cuidadosamente por la Auditoría Superior de
la Federación, pues, es muy claro, que debe imperar el mandato de la legislación federal
aplicable en materia de contabilidad, presupuesto y gasto público, así como la
correspondiente Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la propia
legislación civil y penal que deba aplicarse al caso.
Por todo lo anterior, es evidente
que resulta muy necesario el adecuar el marco legal de la Administración Pública
Federal, para acotar la existencia legal de las estructuras funcionales del Poder
Ejecutivo, e institucionalizar las actividades del cónyuge del Ciudadano Presidente de la
República, con la finalidad de llenar el vacío jurídico que al respecto existe,
otorgando tanto facultades expresamente conferidas, como las responsabilidades ante el
ejercicio de su cargo y de cualquier recurso público que al efecto sea manejado.
Por ello, es que se propone
reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para determinar con
claridad las dependencias oficiales que la conforman, eliminando cualquier mención
inadecuada que existe en relación a los antiguos departamentos administrativos que desde
hace muchos años dejaron de figurar en el organigrama oficial federal, y establecer que
la Presidencia de la República solo podrá contar con las unidades de apoyo técnico, de
asesoría y de coordinación, que expresamente establezca el Presupuesto Federal asignado,
aclarándose, además, específicamente, que en cada Secretaría de Estado solo existirán
las Subsecretarías y demás dependencias administrativas que se señalen expresamente en
el propio citado Presupuesto Público Federal aprobado por el Poder Legislativo, así
como, muy especialmente, incluir la figura de la Coordinación General de Asistencia
Social de la Presidencia de la República, cuya titularidad podrá ser conferida sin
contravención legal alguna al cónyuge del titular del Ejecutivo Federal, asimismo, se
propone normar las facultades que podrá ejercer con objeto de cumplir los objetivos
establecidos, prevaleciendo en todo momento la asistencia social.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado, se somete a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la siguiente
Iniciativa de Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de
conformidad con el siguiente
PROYECTO
DE DECRETO
Artículo único. Se reforman los artículos 1o.,
2o., 7o., 8o., 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 y el Título del
Capítulo 2o. y se derogan los artículos 10 y 15, todos de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal Vigente; para quedar así:
1. Se suprimen, en el segundo
párrafo del artículo 1o., las palabras “los departamentos administrativos” y
en su lugar aparecerán las palabras “la Coordinación General de Asistencia
Social” para quedar como sigue:
“Artículo 1o.
La presente Ley establece las bases
de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.
La Presidencia de la República,
las Secretarías de Estado, La Coordinación General de Asistencia Social, y la
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración Pública
Centralizada.
Los Organismos
descentralizados...”
2. En el artículo 2o. en su
fracción segunda se suprimen las palabras “Departamentos Administrativos” y en
su lugar queda “Coordinación General de Asistencia Social”, para quedar como
sigue:
“Artículo 2o.
En el ejercicio de sus atribuciones
y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder
Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública
Centralizada:
I. Secretarías de Estado;
II. Coordinación General de
Asistencia Social;
III. Consejería Jurídica.”
3. En el artículo 6o. se suprimen
las palabras “los Jefes de Departamentos Administrativos” para quedar como
sigue:
“Artículo 6o.
Para los efectos del artículo 29
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la
Republica acordara con todos los Secretarios de Estado y el Procurador General de la
República.
4. En el artículo 7o. se suprimen
las palabras “Jefes de Departamentos y el Secretariado Técnico de las mismas estará
adscrito a la Presidencia de la República”; para quedar como sigue:
Artículo 7o.
El Presidente de la República
podrá convocar a reuniones de Secretarios de Estado, y demás funcionarios competentes,
cuando se trate de definir o evaluar la Política del Gobierno Federal en materias que
sean de la competencia concurrente de varias dependencias o entidades de la Admi-
nistración Publica Federal. Estas reuniones serán presididas por el titular del
Ejecutivo Federal.
5. En el artículo 8o. se adiciona
la palabra “solo” y se eliminan las palabras “el propio Ejecutivo” y
“de acuerdo con”, para quedar como sigue:
Artículo 8o.
El Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos sólo contara con las unidades de asesoría, de apoyo técnico y de
coordinación que se determine en el presupuesto asignado para la Presidencia de la
Republica.
6. Se suprime en la denominación
del Capítulo Primero las palabras: “y los departamentos administrativos”.
Para quedar así:
CapItulo
I
De
las Secretarías de Estado.
7. Se deroga el artículo 10, para
quedar así:
Artículo 10. Derogado.
8. En el artículo 11 se derogan
las palabras “y de los departamentos administrativos”; para quedar como sigue:
Artículo 11. Los titulares de las Secretarías de
Estado ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del Presidente de la
Republica.
9. En el artículo 12 se derogan
las palabras “o Departamentos Administrativo”; para quedar como sigue:
Artículo 12.
Cada Secretaría de Estado
formulara, respecto de los asuntos de su competencia los proyectos de leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la Republica.
10. En el artículo 13, primer
párrafo, se derogan las palabras “o el Jefe del Departamento Administrativo” y
“o Departamentos”; para quedar así:
Artículo 13.
Los Reglamentos, decretos y
acuerdos expedidos por el Presidente de la Republica deberán, para su validez y
observancia constitucionales ir firmados por el Secretario de Estado respectivo, y cuando
se refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías, deberán ser
refrendados por todos los titulares de los mismos.
Tratándose de los decretos
promulgados...
11. En el artículo 14 se suprimen
las palabras “el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales”,
así como las palabras “y por los demás funcionarios”, y se adicionan las
palabras “que establezca el presupuesto asignado a cada Secretaría de Estado”;
para quedar como sigue:
Artículo 14.
Al frente de cada Secretaría
habrá un Secretario de Estado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia,
se auxiliará por los Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores, Subdirectores, Jefes y
Subjefes de Departamento, oficina, sección y mesa, que establezca el presupuesto asignado
a cada Secretaría de Estado.
En los juicios de amparo...
12. Se deroga el artículo 15, para
quedar así:
Artículo 15. Derogado.
13. En los artículos 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, se eliminan las palabras “Departamentos
Administrativos”.
14. En la denominación del
Capítulo II, se eliminan las palabras “Departamentos Administrativos”; para
quedar así:
CapItulo
II
De
la competencia de las Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal.
15. Se adiciona el artículo 44,
para quedar como sigue:
Artículo 44.
A la Coordinación General de
Asistencia Social de la Presidencia de la República le corresponderá el despacho de los
asuntos siguientes:
I. Promover e impulsar programas de
asistencia social, que a la Presidencia de la República se le soliciten.
II. Coordinar dichos programas
previa aprobación del Ejecutivo Federal. Estos programas estarán encaminados a fomentar
la asistencia social; y se regirán por los principios de certeza, legalidad,
imparcialidad y objetividad.
III. Apoyo y coordinación con
Asociaciones, Fundaciones o cualquier otra figura encaminada para el logro de los
objetivos en los programas de asistencia social.
IV. La relación entre el Ejecutivo
Federal y la Coordinación de Asistencia Social de la Presidencia de la República se
regirá bajo los lineamientos de congruencia administrativa y con los lineamientos
generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación; asimismo, deberá
brindar informes trimestrales de sus actividades a la Secretaría de la Contraloría y
Desarrollo Administrativo que deberán contener de manera detallada la obtención de los
recursos, así como su utilización.
La Titularidad de la Coordinación
General de Asistencia Social, podrá recaer, sin que por ello exista contravención legal
alguna, en el conyuge del titular del Ejecutivo Federal; en caso de negativa de
aceptación, o de la ausencia o incapacidad contemplados en el Código Civil o revocación
del cargo, recaerá en la persona que designe el Ejecutivo Federal.
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico. Estas reformas y derogaciones entrarán en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Atentamente.
México, 12 de marzo de 2003.—
Diputado Salvador Cosío Gaona.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor diputado.
A solicitud del promovente,
publíquese en la Gaceta Parlamentaria e
insértese íntegra en el Diario de los Debates y
túrnese a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia y de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados.
La iniciativa del senador Raymundo
Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se pospone para otra sesión.
LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra el diputado
Víctor García Dávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar
una iniciativa que adiciona una fracción V al artículo 67 de la Ley de Radio,
Televisión.
El diputado Víctor Antonio García
Dávila:
El cambio en México ya nadie lo
para. La reversa también es cambio.
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros legisladores:
En uso de las facultades que le
confiere el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
este servidor viene hasta esta tribuna para presentar la siguiente iniciativa, para
agregar una fracción V al artículo 67 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para lo
cual hago la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
El contenido de las transmisiones
que en radio y televisión se hacen diariamente en nuestro país son verdaderamente
denigrantes para el público radioescucha. Las violaciones a la ley vigente son cotidianas
y poco les importa a los concesionarios violarlas, pues nadie ejerce un control verdadero
sobre estos poderosos que en complicidad con la Secretaría de Gobernación, encargada de
hacer valer la ley, la convierten en letra muerta.
Es común, compañeras y
compañeros escuchar palabras altisonantes que ni en esta tribuna nos atrevemos a decir,
hay programas de alto contenido violento en clasificaciones para niños las programaciones
de los consorcios electrónicos se hacen de manera libertina y son los receptores quienes
cambian sus actitudes influenciados por las tradiciones.
Así, hemos visto desde desnudos,
textos, violencia, drogas y escuchado un sinnúmero de groserías insulsas y ofensivas,
todo ello escudados bajo el pretexto de gozar de libertad de expresión.
El resultado de esto, que nuestros
jóvenes traten de imitar a sus personajes y sin importar las consecuencias inciten a la
violencia y participen en actos violentos, lo que incrementa el número de delitos y
créanmelo, compañeros, no estoy exagerando, es cosa de todos los días.
La Ley de Radio y Televisión
contempla muchos aspectos que hay que cambiar, pero más bien se trata de obligar a
cumplir, de nada serviría una nueva ley casi perfecta si los organismos creados para que
se cumplan no realizan su labor como lo han hecho hasta ahora.
Programas infantiles con alto
contenido de violencia que han sido prohibidos en otros países pueden ser vistos en
nuestro país, telenovelas sangrientas y eróticas donde se denigra a la mujer,
convirtiéndola sólo en objeto de deseo o poder. Programas cómicos donde el libertinaje
sexual es el ejemplo a seguir y hasta en donde algún diputado los pone como mujeriegos.
Y todo esto en horario donde niños
y jóvenes los vean pues son considerados como simple medición de audiencia, programas de
radio donde lo último que piensa es en educar. Hay hasta programas donde juegan bromas y
en donde se ha causado la desintegración de familias enteras, eso no lo permite la ley,
pero se hace.
El uso en publicidad y
programación de extranjerismos se ha venido acrecentando cada vez más y nuestro idioma
ya se encuentra deformado al grado de que ya causa confusión entre los telespectadores y
los radioescuchas. Así vemos y oímos a los actores, conductores y en la publicidad
palabras como: light, forever, soft and right,
best, Big Cola, Big Brother, nice, grand class, premier, sky, prodigy, cool, resort, pall
kit y muchas, muchas otras más que hasta nos da la sensación que son en español ya
como el luck, okay o el bye bye.
No podemos sólo quejarnos de ser
un pueblo ignorante, tenemos que evitar que se siga fomentando la ignorancia en la
generación, en lo que actualmente algunos medios de comunicación tienen inmerso a
nuestro pueblo, no sólo de escasa escolaridad, sino también a universitarios y
licenciados les está afectando todo eso.
Necesitamos radio y televisión que
eduque y no deforme, que informe y no cause confusión, necesitamos simple y llanamente
amar nuestro idioma.
En razón de lo expuesto y con
fundamento en las disposiciones señaladas en el proemio, someto a consideración de esta
honorable Asamblea la presente
iniciativa
De decreto que adiciona una
fracción V al artículo 67 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como
sigue:
“Artículo 67.
V. En la programación y la
publicidad se usará el idioma español excepto cuando las marcas de productos provengan
del extranjero y se exigirá a locutores y conductores revisen el uso de extranjerismos y
malas palabras. Los títulos de los programas deberán ser en idioma español como lo
dicta la ley en comento.”
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico. La presente reforma entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Es cuanto.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Radio y
Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados.
El diputado acepta desde luego que
el diputado Solís Acero también suscriba la iniciativa.
ARTICULO
37 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra el senador Adrián
Alanís Quiñones, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
presentar una iniciativa que adiciona el artículo 37 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
El senador Adrián Alanís Quiñones:
Gracias, señor Presidente, con su
permiso.
Honorable Asamblea: en el año de
1997, México ajustó su legislación para estar acorde a una práctica de la comunidad
internacional que permite la preservación de una nacionalidad a pesar de haber adquirido
otra, es decir la aceptación de la doble nacionalidad.
A partir de la consideración de
que la nacionalidad es una institución común que no se agota en una delimitación
geográfica ni en un espacio, sino que constituye una expresión de valores que
trascienden las fronteras.
La disposición que permite
preservar la nacionalidad mexicana, independientemente de que se adopte alguna otra
nacionalidad, tuvo por objeto permitir que quienes optaran por otra distinta de la
nuestra, pudieran ejercer plenamente sus derechos en su lugar de residencia, en igualdad
de circunstancias, respecto a las nacionales de aquél país ya que la nacionalidad
determina las condiciones de existencia de los habitantes de un país.
Se pretende coadyuvar con la Ley de
la Binacionalidad a que los mexicanos residentes en Estados Unidos, lugar donde radica el
99% de los mexicanos emigrados al extranjero, puedan adquirir la nacionalidad
estadounidense para asegurar la igualdad de condiciones sociales, laborales, educativas,
económicas, etcétera sin menosprecio de su calidad de mexicanos, evitando así las
situaciones de discriminación que son objetos en ambos países.
Hace algunos años, cuando el Poder
Ejecutivo Federal inició los programas de naturalización y de trámite de la
nacionalidad de los mexicanos que viven fundamentalmente en Estados Unidos, pero también
en otros países se hicieron urgentes algunas medidas que hasta la fecha no han podido
concretarse, entre ellas la de hacer una profunda campaña por parte de la Secretaría de
Relaciones Exteriores a fin de que los probables interesados pudieran conocer a detalle
los requisitos a través de los cuales se puedan recuperar sus derechos como mexicanos,
preservando la otra nacionalidad.
La campaña de difusión de la
Secretaría de Relaciones Exteriores penetraría básicamente a los estados de California,
en donde reside más del 46% de mexicanos; en Texas, donde se ubica más de un 20%;
seguido de los estados de Arizona, Illinois y Nueva York pero hasta esta fecha, el número
de connacionales que han acudido a realizar el trámite apenas excede los 50 mil de un
universo de casi 4 millones de mexicanos que son beneficiarios potenciales de las reformas
que permiten la binacionalidad.
La Ley de Nacionalidad en vigor, en
su artículo cuarto transitorio, establece que para beneficiarse de lo dispuesto en el
artículo 37, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que a la letra dice: “ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su
nacionalidad; el interesado deberá presentar solicitud por escrito a la Secretaría de
Relaciones Exteriores, embajadas o consulados de México, dentro de los cinco años
siguientes al 20 de marzo de 1998”, plazo que vence el próximo 20 de marzo de este
año de 2003.
A propuesta de los señores
diputados Eddie Varón Levy y Héctor Sánchez López, el pasado 15 de diciembre de 2002,
la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó la iniciativa que
reforma la fracción I del artículo cuarto transitorio de la Ley de Nacionalidad, en el
sentido de que se amplíe el plazo establecido por cinco años más, para la realización
del trámite para la adquisición de la doble nacionalidad.
Posteriormente los diputados Oscar
Alvarado Cook y Jorge Carlos Marín, presentaron una propuesta con punto de acuerdo por el
que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a iniciar una campaña de
difusión sobre los requisitos para recuperar los derechos nacionales de nuestros
compatriotas y se exhorta también al Senado de la República, a dictaminar el proyecto de
decreto que reforma la fracción I del artículo cuarto transitorio de la Ley de
Nacionalidad, en virtud de la eminencia del plazo de vencimiento.
Adicionalmente se han recibido
otras iniciativas provenientes de los congresos estatales que tienen el mismo propósito,
la ampliación o cancelación del plazo. Sin embargo, consideró que la reforma de la Ley
de Nacionalidad no resuelve el problema del plazo, porque éste mismo se encuentra
consignado en nuestra Carta Magna, que así lo establece por decreto que entró en vigor
el 5 de marzo de 1998. En esa virtud, cualquier reforma a la Ley de Nacionalidad, no sólo
es suficiente, sino inconstitucional, mientras que por otra parte la reforma al texto
constitucional, permitiría las modificaciones pertinentes a la Ley de Nacionalidad.
Considerando lo anterior e
insistiendo en la inminencia del plazo establecido en la propia Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta soberanía una iniciativa de decreto, por el
que se adiciona el artículo 37 constitucional, inciso a) que actualmente establece:
“ningún mexicano podrá ser privado de su nacionalidad”, para que en virtud
ésta adición establezca: “ningún mexicano podrá ser privado de su nacionalidad y
quiénes hayan perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido
voluntariamente una nacionalidad extranjera y se encuentran en pleno goce de sus derechos,
podrán beneficiarse por lo dispuesto por este artículo, en los términos que dispongan
las leyes”.
Compañeras y compañeros
legisladores: esta iniciativa tiene como propósito el atender la solicitud de aquellos
connacionales que lo están demandando y así lo han expresado, a través de diversas
instancias y organismos y entre ellos la propia Cámara de Diputados y esta honorable
Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Señor Presidente, solicito
respetuosamente se turne esa iniciativa a las comisiones de Población y Desarrollo,
Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera, del Senado de la República, para
su estudio y dictamen.
Vienen firmadas por un servidor el
senador Antonio García Torres, la senadora Yolanda Eugenia González, el senador Héctor
Astudillo Flores, el senador Netzahualcoyótl de la Vega, senador Jorge Ortega Zapata,
senador Héctor Vicario Castrejón, la senadora Araceli Escalante Jasso, el senador Genaro
Borrego Estrada, el senador Fernando Gómez Esparza, el senador Joaquín Cisneros, el
senador Carlos Chaurand y la senadora Lucero Saldaña.
Muchas gracias a todos.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona el artículo 37 constitucional presentada por el senador Adrián
Alanís Quiñones, del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
CC. Secretarios de la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
El que suscribe, Adrián Alanís
Quiñones, senador de la República a la LVIII y LIX Legislatura del H. Congreso de la
Unión, en uso de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General, presento a la consideración de esta Cámara la
siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
Las reformas constitucionales del 5
de marzo de 1997, publicadas en el Diario Oficial de
la Federación el 20 de marzo del mismo año, por las que se modificaron los artículos
30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tuvieron por
objeto la no pérdida de la nacionalidad mexicana independientemente de que se adopte otra
nacionalidad distinta de la mexicana. Así México ajustó su legislación a una práctica
de la comunidad internacional dando pie para que sus nacionales defiendan sus intereses en
el lugar donde residan sin menoscabo de conservar la nacionalidad mexicana.
La nacionalidad ha sido definida
como un atributo que señala y otorga al individuo el derecho de ser considerado como
miembro del pueblo constitutivo de un Estado como nación. Es decir establece un vínculo
jurídico y cultural que relaciona al individuo con el Estado. La nacionalidad es una
institución común que relaciona a todos los órganos jurídicos nacionales. No se agota
en una delimitación geográfica ni en un espacio multicultural sino que constituye una
expresión de valores que trasciende las fronteras.
La entonces iniciativa fue titulada
“Nación Mexicana” integrada por un conjunto de programas para afianzar los
vínculos culturales y los lazos con los mexicanos del exterior señalando como elemento
esencial la promoción de las reformas constitucionales y legales necesarias para que los
mexicanos preserven su nacionalidad independientemente de que adopten otra nacionalidad,
ciudadanía o residencia. La fortaleza de nuestra soberanía reside en la cohesión social
de los mexicanos vivan o no dentro del territorio nacional, por ello la iniciativa amplió
de manera efectiva los lazos que unen a los mexicanos que residen en el exterior con la
nación, contribuyendo a fortalecer a México como cultura y organización política.
La Ley de Nacionalidad, inserta en
el marco de las reformas constitucionales a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos del mes de marzo de 1997, fue publicada el 23 de
enero de 1998 entrando en vigor el 20 de marzo del mismo año.
Con esta ley se pretendió proteger
a los mexicanos que residiendo en otro país, habían adoptado una nacionalidad distinta
de la mexicana, para que pudiesen preservar su nacionalidad y al mismo tiempo disfrutar de
los derechos que la otra ciudadanía les otorgaba; en términos generales se trató de
propiciar una igualdad de circunstancias que favoreciera el desarrollo laboral, educativo,
económico y social de los mexicanos en el extranjero al permitírseles la adopción de
otra nacionalidad salvaguardando sus derechos como mexicanos.
La ley fue una respuesta
fundamental al fenómeno de la migración hacia el país del norte en donde radica el 99%
de los mexicanos en el extranjero. La ley que permite la doble nacionalidad, según
estimaciones del Instituto Federal Electoral puede beneficiar a casi cuatro millones de
mexicanos al abarcar a aproximadamente un millón de personas que habiendo nacido en
México adquirieron otra nacionalidad por naturalización en Estados Unidos, como a los
que nacieron en el extranjero siendo hijos de padre o madre mexicanos y que son cerca de
tres millones de personas.
Fundamentalmente en Estados Unidos,
los mexicanos viven en condiciones de desigualdad a pesar de que contribuyen con su
trabajo a la riqueza del otro, no tienen las posibilidades de un desarrollo similar al de
los nacionales. Ellos son los beneficiarios potenciales de las reformas que permiten la
binacionalidad.
Hace algunos años, cuando el Poder
Ejecutivo Federal inició los programas de naturalización y de trámite de la
nacionalidad de los mexicanos que viven principalmente en Estados Unidos pero también en
otros países, se hicieron urgentes dos medidas que hasta la fecha no han podido
concretarse. La primera, hacer una profunda campaña por parte de la Secretaría de
Relaciones Exteriores a fin de que los probables interesados conocieran a detalle los
requisitos a través de los cuales se pueden recuperar sus derechos como mexicanos
preservando la otra nacionalidad a que tienen derecho. La campaña de difusión de la
Secretaría de Relaciones penetraría básicamente a los estados de California, en donde
reside mas del 46% de mexicanos; Texas, donde se ubica más de un 20%, seguidos de los
estados de Arizona, Illinois y Nueva York.
A pesar de los esfuerzos realizados
por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la campaña no ha logrado respuesta en los
principales lugares y concentraciones de mexicanos, ya que el número de connacionales que
han efectuado el trámite apenas excede los 50,000 según cifras proporcionadas por la
propia Secretaría. Los beneficios de la doble nacionalidad no han podido llegar a
millones de posibles receptores porque la promoción ha sido insuficiente.
La preocupación del Estado
mexicano por fortalecer la protección de los intereses e integridad de los emigrados
propicia además una mejor perspectiva de desarrollo en el sitio de residencia en un plano
de igualdad frente a los nacionales del país de destino. Esta preocupación hizo eco de
una sentida demanda de las comunidades de mexicanos radicados en el exterior. Al respecto,
el Estado hace uso de sus facultades soberanas tanto de identificar y determinar quiénes
son sus nacionales como de establecer los supuestos legales que permitan preservar la
nacionalidad mexicana con objeto siempre de la no pérdida de la nacionalidad mexicana
independientemente de que se adopte otra nacionalidad.
Una característica del emigrante
mexicano ha sido el mantener apego a sus raíces, cultura, valores y tradiciones. Este
apego tal vez ha influido en que gran parte de ellos no busquen la adopción de otra
nacionalidad aunque así lo aconsejen los intereses ya sean laborales o de bienestar
familiar etcétera. Con esta reforma se dio un importante estímulo para quienes han
vivido en el exterior toda vez que se eliminaron los obstáculos jurídicos para que
después de haber emigrado pudieran repatriarse a nuestro país.
La migración mexicana tiene una
serie de peculiaridades por las cuales, el sitio de destino suele ser temporal, comparado
con los patrones de conducta de otras naciones. Es común encontrar mexicanos que después
de cumplir una estancia equivalente a un ciclo productivo en el país del norte, busquen
regresar temporal o definitivamente a sus comunidades. Sin embargo durante la estancia en
el exterior suelen enfrentar situaciones adversas y en ocasiones discriminatorias por no
adoptar la nacionalidad del país receptor; al aprobarse la reforma constitucional se
pretendió subsanar las preocupaciones de esos mexicanos que por temor a perder la
nacionalidad de origen no dan el paso para integrarse con plenos derechos a las sociedades
donde viven.
La reforma respondió a una justa
demanda que refleja la voluntad de un gran número de mexicanos que radican en el exterior
utilizando los recursos del derecho nacional e internacional como los únicos caminos que
hoy nos garantizan la vigencia de los principios históricos de nuestra política exterior
así como aquellos principios universales de respeto a los derechos humanos y laborales en
cualquier país en que se encuentren nuestros connacionales.
El artículo segundo transitorio
por el que se reformaron los artículos 30, 32 y 37 constitucionales establece que
“quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido
voluntariamente una nacionalidad extranjera y si se encuentran en pleno goce de sus
derechos podrán beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 37, apartado A,
constitucional, previa solicitud que hagan a la Secretaría de Relaciones Exteriores
dentro de los cinco años siguientes a la citada fecha de entrada en vigor del
presente”.
Consecuente con lo anterior, en la
Ley de Nacionalidad se establece en el artículo cuarto transitorio también un plazo de 5
años para que el interesado presente la solicitud de Certificado de Nacionalidad o
Declaración de Nacionalidad Mexicana ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, plazo
que se cumple, en ambas disposiciones en marzo de este año de 2003.
Ante la inminencia del vencimiento
existen algunas iniciativas que están promoviendo la extensión del mismo o bien la
cancelación del plazo, a través de reformas a la Ley de Nacionalidad pero esas reformas
resultarían inconstitucionales por existir en nuestra Carta Magna la disposición
transitoria que establece el término de referencia, 20 de marzo de 2003.
En razón de lo expuesto y con
fundamento en las disposiciones señaladas en el proemio someto a consideración de esta
honorable Asamblea la presente
INICIATIVA
DE DECRETO
Que adiciona el artículo treinta y
siete constitucional.
Artículo 37-A) Ningún mexicano por nacimiento
podrá ser privado de su nacionalidad y quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana por
nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera y si se
encuentran en pleno goce de sus derechos podrán beneficiarse por lo dispuesto por este
artículo en los términos que dispongan las leyes.
B)...
C)...
Salón de sesiones de la Comisión
Permanente.— México, DF, a 12 de marzo de 2003.— Senadores: Adrián Alanís Quiñones, Antonio García Torres,
Yolanda Eugenia González, Héctor Astudillo Flores, Netzahualcóyotl de la Vega,
Jorge Ortega Zapata, Héctor Vicario Castrejón, Araceli Escalante Jasso, Genaro Borrego
Estrada, Fernando Gómez Esparza, Joaquín Cisneros, Carlos Chaurand y Lucero Saldaña.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor senador.
Túrnese a las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Estudios Legislativos, así como a la de Población y Desarrollo de
la Cámara de Senadores.
PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene el uso de la palabra el
senador Fidel Herrera Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 73 fracción II,
89 fracción XI, 90, 91, 92 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
El senador Fidel Herrera Beltrán:
Gracias, señor Presidente.
El artículo 85 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiere ante las faltas temporales del Jefe
del Ejecutivo Federal, del funcionamiento de la Comisión Permanente o del Congreso
General si éste estuviera en funciones, para los efectos de designación de un Presidente
interino que funcione durante el tiempo que dure la falta temporal del jefe del Ejecutivo.
El mismo artículo constitucional
señala que cuando la falta del Presidente fuese por más de 30 días y el Congreso de la
Unión no estuviera reunido, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias
del Congreso para que éste resuelva sobre la licencia y nombre en su caso al Presidente
interino.
El mandato de la Constitución es
claro y refleja cómo con precisión el sistema de sustitución del Jefe del Ejecutivo
contemplado en 85, así como en el 84 por lo que hace a la elección del Presidente
interino o sustituto en su caso, no dejan lugar a dudas. Sin embargo, por lo que hace al
ejercicio del poder unipersonal asentado en el artículo 80 de la Constitución y
encomendado a un individuo cuyo nombre es Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las
necesarias reformas del poder público que acoten simultáneamente las facultades del
Presidente de la República y fortalezcan las del Poder Legislativo en la búsqueda del
sano equilibrio de poderes, han venido ganando terreno en las consecuentes convicciones de
todas las fuerzas políticas de la nación que han venido proclamando la necesidad de ir
hacia la Reforma del Estado.
Ya el 5 de febrero del año 2001,
durante la conmemoración de la Promulgación de nuestra Carta Magna, el Presidente de la
República propuso una revisión de la Constitución con vistas a su adecuación para una
nueva etapa histórica. De acuerdo con el Presidente, el 2 de julio del año 2000 México
había ingresado a una nueva etapa que representa la culminación de una larga historia de
esperanza y sacrificios que marca a su vez el inicio de una nueva etapa: la de concretar
la transición política en una profunda Reforma del Estado que actualice el instrumental
jurídico que, afirmó, fue diseñado para una realidad política ya rebasada.
El impulso a las reformas
constitucionales cuya necesidad es compartida por las fuerzas políticas y sociales del
país, hacen evidente que el marco institucional existente resulta ya demasiado estrecho
para los actores relevantes y la estabilidad a veces pareciera ser precaria. Los ajustes
entre las nuevas reglas, las prácticas que subsisten, deben darse gradualmente y en el
tiempo y hacen evidente que todos los actores involucrados en los procesos de cambio
orienten su mirada hacia el diseño de instituciones que permitan estabilidad, eficacia y
gobernabilidad.
Es comprensible que la
modificación de las reglas electorales hayan ocupado la atención central de los actores
políticos en la primera etapa de estas reformas, pero el solo recorrido esquemático por
el mapa político-social de nuestra nación muestra que estas reformas no han sido
suficientes y hacen necesarias las reformas de otra serie de cuerpos legales: la
Constitución misma, para garantizar condiciones adecuadas para el desempeño político en
un México de instituciones modernas.
Las transformaciones que requiere
el nuevo diseño institucional del país se relacionan de manera sustantiva con lo que es
la piedra angular de nuestro sistema político: la Presidencia de la República. No basta
con dejar un espacio de poder público tan importante como la Presidencia de la República
adquiriendo un nuevo perfil, casi determinado por el estilo personal o las
características individuales del ciudadano que ejerza esta importante oficina, sino
también es necesario pensar en las reformas constitucionales que una nueva institución
presidencial debe tener.
Si bien es arduo imaginar un
régimen político estable en México sin una Presidencia fuerte, una institución
presidencial con las características casi voluntaristas del actual, es difícilmente
compatible con el conjunto de reformas necesarias para consolidar el avance democrático.
El conjunto de reglas en que se
basa el poder presidencial, constituye en consecuencia el nudo central del actual
entramado institucional. Es necesario por tanto pensar en qué tipo de contrapesos
orgánicos se deben construir para que la Presidencia fuerte, evite el protagonismo
excesivo y se vuelva más sólida en lugar de quebradiza o ineficaz.
Un Congreso fuerte pero sin
corresponsabilidad en la otra mano, se podría convertir en un obstáculo insalvable para
la estabilidad, tal como lo demuestran las experiencias de los países latinoamericanos
con presidencias cercadas por el juego pluripartidista en el Congreso, pero con gobiernos
dependientes de la mayoría relativa del Presidente.
Optar por un sistema de mayoría
relativa y elección en distritos uninominales con objeto de lograr mayorías estables que
se correspondieran con la mayoría presidencial, sería altamente conflictivo, pues al
tender hacia el bipartidismo dejaríamos a sectores importantes de la comunidad política
sin representación.
Con un sistema proporcional, sin
embargo, puede ocurrir que surja en el marco de una relación distinta entre el
Legislativo y la Presidencia, un conflicto entre poderes que debilitaría la acción
gubernamental o que podría conducir a una crisis seria de gobernabilidad.
Es por eso que las experiencias de
casi todos los países con democracias consolidadas, tal vez con las únicas excepciones
extremas de Estados Unidos donde existe un sistema presidencial fuerte con contrapeso en
el Congreso, aunque basado en un bipartidismo sui
generis e Italia donde el parlamentarismo en su extremo está empezando a hacer crisis
junto con el resto del sistema político, tienden a demostrar que el parlamentarismo es
más flexible y genera más estabilidad que el presidencialismo.
A su vez, la mayoría de las nuevas
democracias latinoamericanas en las que impera el presidencialismo heredado del Siglo XIX
se enfrentan ya a conflictos de gobernabilidad localizados en la falta de coincidencia
entre mayoría legislativa y Gobierno.
Sin embargo, un escenario
parlamentario es difícilmente imaginable con exclusividad en México. Sería muy
complicado sustituir el papel nodal que ha jugado la Presidencia de la República y que
nosotros consideramos debe seguir desempeñando.
Es necesario pues encontrar por
encima de las fórmulas tradicionales de la teoría, de la separación, de la división de
poderes entre Ejecutivo y Legislativo y encontrar una fórmula viable de colaboración
entre ambos poderes.
Una de las experiencias más
exitosas las encontramos en las democracias europeas. Una Presidencia fuerte puede no
estar reñida con el Gobierno de origen parlamentario como lo demuestra el caso de
Francia, la existencia de un jefe de gabinete o primer ministro de Gobierno diferenciado
del jefe de Estado y con responsabilidad ante el Congreso por lo que hace a la conducción
del aparato financiero y administrativo y aun el político, puede convertirse en un
elemento muy útil para conservar el importante papel histórico que la Presidencia
democrática de la República debe jugar en nuestro país.
La figura de un jefe de gabinete o
de gobierno equivalente a lo que existe en los regímenes parlamentarios llamado primer
ministro, ha sido planteada en México en diferentes foros, lo mismo por académicos muy
destacados como los constitucionalistas, Carpizo McGregor y Diego Valadez o por actores
políticos como el actual gobernador del estado de Zacatecas, Ricardo Monreal Avila.
El planteamiento que se ha venido
construyendo y ha venido tomando fuerza a raíz de los resultados electorales de la
elección del 2002 y busca constituir en parte fundamental de la Reforma del Estado, asume
que como en nuestro régimen constitucional, no existe la segunda vuelta, y la legitimidad
en la elección de Presidente de la República, que alcanza aun sin lograr la mayoría
absoluta, el actual Ejecutivo lo hizo con el 42% de los votos, habría un mecanismo de
compensación y equilibrio, con la designación de un jefe de gobierno o un primer
ministro que fuese a propuesta del Ejecutivo designado por el Congreso.
Así pues con las experiencias que
hemos visto, con las crisis institucionales que las presidencias han vivido al interior
del régimen presidencial, que no es por cierto privativa de México, ya en 1994 la
República Argentina de régimen presidencial, aprobó reformas a su Constitución, para
introducir en la órbita del Poder Ejecutivo la figura de jefe de gabinete de ministros,
equiparable a la figura de jefe de gabinete de los regímenes parlamentarios, y que la
aparición de esta nueva instancia se encuentra en línea con lo que se denominó
atenuación del sistema presidencialista.
Que las experiencias del régimen
monárquico constitucional de conducción parlamentaria de España, donde junto al
rey-monarca constitucional y jefe del Estado se desempeña un Presidente de Gobierno,
equiparable a la figura del primer ministro del régimen parlamentario inglés, en el caso
de España con dos de vicepresidentes, equiparables a las figuras de jefe de gabinete, uno
responsable de la economía y otro de los asuntos de Gobierno interno, nos da experiencias
muy útiles y dignas de ser consideradas.
Nuestra propuesta busca diferenciar
la conducción estratégica, la jefatura de Estado, de la administración de los asuntos
públicos. Creemos, que la primera tiene que permanecer confiada al Presidente de la
República, al que se le reconocen los tradicionales papeles de jefe de Estado, jefe de
las fuerzas armadas, especificando en esta reforma su carácter de responsable del
gobierno y responsable político de la administración.
Sin embargo, generando una figura,
en donde la segunda función sea atribuida a un jefe del gabinete presidencial o del
Gobierno, que al ejercer la administración general del país, pase a complementar la
dirección del aparato económico y financiero administrativo estatal.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Le suplico concluya su
intervención.
El senador Fidel Herrera Beltrán:
La concluyo señalando, señor
Presidente, que una reforma a la Presidencia de la República es lo que propone esta
iniciativa, independientemente del criterio de sustitución del jefe del Ejecutivo, lo que
buscamos con esta propuesta, es fortalecer la institución presidencial a favor de la
democracia nacional.
Es cuanto.
«Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman los artículos 73 fracción II, 89 fracción II, 90, 91, 92
y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ciudadanos secretarios de la Mesa
Directiva en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presente.
El que suscribe, Fidel Herrera
Beltrán, senador de la República de la LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad
que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General, presento ante la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la
siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73
fracción II, 89 fracción II, 90, 91, 92 y 93 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en razón de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El artículo 85 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiere ante las faltas temporales del jefe
del Ejecutivo Federal, del funcionamiento de la Comisión Permanente o del Congreso
General si éste estuviera en funciones, para los efectos de designación de un Presidente
interino que funcione durante el tiempo que dure la falta temporal del jefe del Ejecutivo.
El mismo artículo constitucional
señala que cuando la falta del Presidente fuese por más de 30 días y el Congreso de la
Unión no estuviera reunido, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias
del Congreso para que éste resuelva sobre la licencia y nombre en su caso al Presidente
interino.
El mandato de la Constitución es
claro y refleja cómo con precisión el sistema de sustitución del jefe del Ejecutivo
contemplado en el artículo 85, así como en el artículo 84 por lo que hace a la
elección del Presidente interino o sustituto en su caso, no dejan lugar a dudas. Sin
embargo, por lo que hace al ejercicio del poder unipersonal asentado en el artículo 80 de
la Constitución y encomendado a un individuo cuyo nombre es Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos y las necesarias reformas del poder público que acoten simultáneamente
las facultades del Presidente de la República y fortalezcan las del Poder Legislativo en
la búsqueda del sano equilibrio de poderes, han venido ganando terreno en las
consecuentes convicciones de todas las fuerzas políticas de la nación que han venido
proclamando la necesidad de ir hacia la Reforma del Estado.
El 5 de febrero de 2001,
durante la conmemoración de la promulgación de nuestra Carta Magna, el Presidente de la
República propuso una revisión de la Constitución, con vista a su
“adecuación” para una nueva etapa histórica. De acuerdo con el Presidente, el
2 de julio de 2000 México había ingresado a una nueva etapa que representa la
culminación de una larga historia de esperanzas y sacrificios que marca a su vez el
inicio de una tarea histórica: la de concretar la transición política en una profunda
Reforma del Estado que actualice el instrumental jurídico que, afirmó, fue diseñado
para una realidad política ya rebasada.
El impulso a las reformas
constitucionales, cuya necesidad es compartida por todas las fuerzas políticas y sociales
del país, hacen evidente que el marco institucional existente resulta ya demasiado
estrecho para los actores relevantes y la estabilidad parece ser precaria.
Los ajustes entre las nuevas reglas
las prácticas que subsisten deben darse gradualmente y en el tiempo y hacen evidente que
todos los actores involucrados en los procesos de cambio orienten su mirada hacia el
diseño de instituciones que permitan estabilidad, eficacia y gobernabilidad.
Es comprensible que la
modificación de las reglas electorales hayan ocupado la atención central de los actores
políticos en la primera etapa de estas reformas, pero el solo recorrido esquemático por
el mapa político-social de nuestra nación muestra que estas reformas no han sido
suficientes y hacen necesarias las reformas de otra serie de cuerpos legales: la
Constitución misma, para garantizar condiciones adecuadas para el desempeño político en
un México de instituciones modernas.
Las transformaciones que requiere
el nuevo diseño institucional del país se relacionan de manera sustantiva con lo que es
la piedra angular de nuestro sistema político: la Presidencia de la República. No basta
con dejar un espacio de poder público tan importante como la Presidencia de la República
adquiriendo un nuevo perfil, casi determinado por el estilo personal o las
características individuales del ciudadano que ejerza esta importante oficina, sino
también es necesario pensar en las reformas constitucionales que una nueva institución
presidencial debe tener.
Si bien es arduo imaginar un
régimen político estable en México sin una Presidencia fuerte, una institución
presidencial con las características casi voluntaristas del actual, difícilmente
compatible con el conjunto de reformas necesarias para consolidar el avance democrático.
El conjunto de reglas en las que se
basa el poder presidencial constituye el nudo central del actual entramado institucional.
Es necesario, por tanto, pensar en qué tipo de contrapesos orgánicos se le deben poner a
la Presidencia para evitar el protagonismo excesivo que ahora tiene, pero sin que se
vuelva quebradiza o ineficaz: un Congreso fuerte, pero sin corresponsabilidad
gubernamental, se puede convertir en un obstáculo insalvable para la estabilidad, tal
como lo demuestran las experiencias de los países latinoamericanos con presidencias
cercadas por el juego pluripartidista en el Congreso, pero con gobiernos dependientes de
la mayoría relativa del Presidente; optar por un sistema de mayoría relativa y elección
en distritos uninominales, con objeto de lograr mayorías estables que se
correspondieran con la mayoría presidencial, sería altamente conflictivo pues, al tender
hacia el bipartidismo, dejaría a sectores importantes de la comunidad política sin
representación.
Con un sistema proporcional, sin
embargo, puede ocurrir que surja, en el marco de una relación distinta entre el
Legislativo y la Presidencia, un conflicto entre ambos poderes que debilite la acción
gubernamental o que pudiera conducir a una crisis seria de gobernabilidad.
Es por eso que las experiencias de
casi todos los países con democracias consolidadas, tal vez con las únicas excepciones
extremas de Estados Unidos, con un sistema presidencial fuerte, con contrapeso en el
Congreso, aunque basado en un bipartidismo sui generis e Italia donde el parlamentarismo ha hecho
crisis, junto con el resto del sistema político, tienden a demostrar que el
parlamentarismo es más flexible y genera más estabilidad que el presidencialismo.
A su vez, la mayoría de las nuevas
democracias latinoamericanas en las que impera el presidencialismo heredado del Siglo XIX,
se enfrentan ya a conflictos de gobernabilidad localizados en la falta de coincidencia
entre mayoría legislativa y Gobierno. Sin embargo, un escenario parlamentario es
difícilmente imaginable en México, ya que sería muy complicado sustituir el papel nodal
que ha jugado la Presidencia.
Es necesario pues encontrar por
encima de las fórmulas tradicionales de la teoría, de la separación, de la división de
poderes entre Ejecutivo y Legislativo y encontrar una fórmula viable de colaboración
entre ambos poderes.
Una de las experiencias más
exitosas las encontramos en las democracias europeas. Una Presidencia fuerte puede no
estar reñida con el Gobierno de origen parlamentario como lo demuestra el caso de
Francia, la existencia de un Jefe de Gabinete o Primer Ministro de Gobierno diferenciado
del Jefe de Estado y con responsabilidad ante el Congreso por lo que hace a la conducción
del aparato financiero y administrativo y aún el político, puede convertirse en un
elemento muy útil para conservar el importante papel histórico que la Presidencia
democrática de la República debe jugar en nuestro país.
La figura de Jefe de Gabinete o de
Gobierno de México ha sido planteada en distintos foros, lo mismo por académicos muy
destacados como los constitucionalistas Jorge Carpizo Mac Gregor y Diego Valadés, que por
actores políticos como el actual gobernador del estado de Zacatecas, Ricardo Monreal
Avila. El planteamiento que ha venido tomando fuerza a raíz de los resultados electorales
de la elección federal del año 2000 y busca constituirse en parte fundamental de la
Reforma del Estado, asume que como en nuestro régimen constitucional, no existe la
segunda vuelta y la legitimidad en la elección de Presidente de la República, que
alcanza aun sin lograr la mayoría absoluta, el actual Ejecutivo lo hizo con el 42% de los
votos, habría un mecanismo de compensación y equilibrio, con la designación de un Jefe
de Gobierno o mi Primer Ministro que fuese a propuesta del Ejecutivo designado por el
Congreso.
Así pues con las experiencias que
hemos visto, con las crisis institucionales que las presidencias han vivido al interior
del régimen presidencial, que no es por cierto privativa de México, ya en 1994 la
República Argentina de régimen presidencial aprobó reformas a su Constitución, para
introducir en la órbita del Poder Ejecutivo la figura de Jefe de Gabinete de ministros,
equiparable a la figura de Jefe de Gabinete de los regímenes parlamentarios y que la
aparición de esta nueva instancia se encuentra en línea con lo que se denominó
atenuación del sistema presidencialista.
Que las experiencias del régimen
monárquico constitucional de conducción parlamentaria de España, donde junto al
Rey-Monarca constitucional y Jefe del Estado se desempeña un presidente de Gobierno,
equiparable a la figura del Primer Ministro del régimen parlamentario inglés, en el caso
de España con dos de vicepresidentes, equiparables a las figuras de Jefe de Gabinete, uno
responsable de la economía y otro de los asuntos de gobierno interno, nos da experiencias
muy útiles y dignas de ser consideradas.
Nuestra propuesta busca diferenciar
la conducción estratégica, la jefatura de Estado, de la administración de los asuntos
públicos. Creemos, que la primera tiene que permanecer confiada al Presidente de la
República, al que se le reconocen los tradicionales papeles de Jefe de Estado, Jefe de
las Fuerzas Armadas, especificando en esta reforma su carácter de responsable del
Gobierno y responsable político de la administración.
Sin embargo, generando una figura,
en donde la segunda función sea atribuida a un Jefe de Gabinete presidencial o del
Gobierno, que al ejercer la administración general del país, pase a complementar la
dirección del aparato económico y financiero-administrativo estatal.
Reforma a la Presidencia de la
República es lo que propone esta iniciativa, independientemente del criterio en los
artículos 84 y 85 sobre los procedimientos de sustitución del Presidente de la
República; lo que busca esta iniciativa es fortalecer la institución presidencial.
Entre las funciones que la figura
de Jefe de Gabinete o de Gobierno debe contar a afecto de ser incluida, primero en la
Constitución, tal como lo propone la siguiente iniciativa y posteriormente en la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, serán las de resolver sobre las
materias que le indique el Poder Ejecutivo o por su propia decisión, en aquellas que por
su importancia estime necesario, en el ámbito de su competencia; coordinar, preparar y
convocar las reuniones de Gabinete, presidiéndolas en caso de ausencia del Presidente;
dar seguimiento puntual a los acuerdos de Gabinete, enviar al Congreso los proyectos de
ley que remita el Ejecutivo, así como los relativos al presupuesto, previa aprobación
del Poder Ejecutivo; producir los informes y explicaciones verbales o escritas que
cualquiera de las cámaras solicite al Poder Ejecutivo; concurrir al Congreso al menos una
vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar de la marcha del
Gobierno, entre otras.
Se trata de construir una nueva
institución que siendo respetuosa de las facultades del Poder Ejecutivo establecidas en
la Constitución, proceda al despacho de los asuntos públicos y administrativos derivados
de la función presidencial, en estrecha colaboración con el Poder Legislativo.
Es por ello que el Jefe del
Gabinete será propuesto por el titular del Poder Ejecutivo Federal y ratificado por las
dos terceras partes de las cámaras de Diputados y Senadores.
Por lo anteriormente expuesto,
presento a la consideración de esta soberanía la siguiente
INICIATIVA
Con proyecto de decreto por el que
se reforman los artículos 73 fracción II, 89 fracción II, 90, 91, 92 y 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se reforman los artículos 73
fracción II, 89 fracción II, 90, 91, 92 y 93 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I. . .
II. Ratificar el nombramiento que
el Ejecutivo Federal haga del Jefe de Gabinete presidencial que deberá ser aprobado por
las dos terceras partes de los miembros presentes de las cámaras de Diputados y
Senadores.
III. . .
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del
Presidente son las siguientes:
I. . .
II. Nombrar al Jefe de Gabinete
Presidencial con ratificación del Congreso de la Unión; nombrar y remover libremente a
los secretarios del despacho, remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores
de Hacienda y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo
nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las
leyes;
III . . .
Artículo 90. La Administración Pública Federal
será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que
distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo
del Gabinete Presidencial, las secretarías de Estado y departamentos administrativos y
definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la
intervención del Ejecutivo Federal en su operación.
. . .
Artículo 91. Para ser Jefe de Gabinete
Presidencial o Secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento,
estar en ejercicio de sus derechos y tener 30 años cumplidos.
Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos,
acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el Jefe de Gabinete
Presidencial y por el Secretario de Estado o jefe de Departamento Administrativo que el
asunto corresponda y sin este requisito no serán obedecidos.
Artículo 93. El Jefe de Gabinete Presidencial,
los secretarios de despacho y los jefes de los departamentos administrativos, luego de que
esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del Estado que
guarden sus respectivos ramos.
. . .
. . .”
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico. Este decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Salón de sesiones de la Comisión
Permanente.— México, DF, a 12 de marzo de 2003.— Senador Fidel Herrera Beltrán.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Muchas gracias, señor senador.
Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
VICENTE
FOX QUESADA
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Esa Presidencia ha recibido
información de que ha concluido la intervención quirúrgica del Presidente y ha
resultado satisfactoria.
REPUBLICA
LIBANESA
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
El siguiente punto del orden del
día son los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos: Víctor
Manuel Solano Montaño, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno
de la República Libanesa.
De Roberto Carlos Rodríguez
Romero, para prestar servicios como agente consular honorario de Estados Unidos de
América.
En virtud de que los dictámenes se
encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, son de primera lectura.
Consulte a la Secretaría a la
Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de
inmediato.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
Con mucho gusto, señor Presidente.
Con fundamento en el artículo 59
del Reglamento Interior del Congreso General, se consulta al pleno si se le dispensa la
segunda lectura a los dictámenes y se ponen a discusión y a votación de inmediato.
Las señoras y señores
legisladores que estén por la afirmativa, les rogamos manifestarlo... Gracias.
Quienes estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se les dispensa la
segunda lectura.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Se pide a la Secretaría poner a
discusión los proyectos de decreto.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo
que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen la solicitud de permiso
constitucional necesario para que el ciudadano embajador Víctor Manuel Solano Montaño,
pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Cedro, en grado de Gran Oficial,
que le confiere el Gobierno de la República Libanesa.
La comisión considera cumplidos
los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37
constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO
DE DECRETO
Artículo único.- Se concede permiso al ciudadano
embajador Víctor Manuel Solano Montaño, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden del Cedro, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República
Libanesa.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 6 de marzo de
2003.— Sen. Orlando Paredes Lara,
Presidente; Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica),
secretario; Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica),
secretario; Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica),
Sen. Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Sen. Antonio García Torres, Sen. David Jiménez González, Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Furhken (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Dip. Mónica Leticia Serrano Peña (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica).»
No habiendo quien haga uso de la
palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo
que suscribe, le fue turnada la solicitud de permiso constitucional necesario para que el
ciudadano Roberto Carlos Rodríguez Romero, pueda desempeñar el cargo de agente consular
honorario de Estados Unidos de América en Reynosa, Tamaulipas, con circunscripción
consular en esa ciudad.
La comisión considera cumplidos
los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción IV del apartado C) del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
PROYECTO
DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano
Roberto Carlos Rodríguez Romero, para desempeñar el cargo de agente consular honorario
de Estados Unidos de América en Reynosa, Tamaulipas, con circunscripción consular en esa
ciudad.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Union.— México, DF, a 6 de marzo de
2003.— Sen. Orlando Paredes Lara,
Presidente; Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica),
secretario; Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica),
secretario; Dip. Bernardo Borbón Vilches
(rúbrica), Sen. Gerardo Buganza Salmerón
(rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica),
Sen. Antonio García Torres, Sen. David Jiménez González, Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Furhken (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Dip. Mónica Leticia Serrano Peña (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica).»
No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la
votación nominal de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado, en un solo
acto.
Les rogaríamos se hagan los avisos
a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior, procediendo a recoger la
votación nominal.
(Votación.)
A favor 29 votos, ninguno en
contra.
Presidencia del diputadoCarlos Humberto Aceves y del Olmo
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Aprobados por 29 votos a favor los
proyectos de decreto.
Aprobados en lo general y en lo
particular los proyectos de decreto. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
REINO
DE ESPAÑA
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Los siguientes puntos del orden del
día, son los dictámenes a discusión.
En virtud de que se encuentran
publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte
la Secretaría a la Asamblea si se autoriza a que sólo se les dé lectura a los decretos
y a los puntos de acuerdo.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si autoriza que solamente
se dé lectura a los decretos y a los puntos de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
En consecuencia, se pide a la
Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo
que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que
solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos licenciados Sergio
Ernesto Jacobo Patiño y Laura Guadalupe Ramírez Domínguez, puedan aceptar y usar las
condecoraciones que les confiere el Gobierno del Reino de España.
La comisión considera cumplidos
los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37
constitucional y el artículo 60, segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la
aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO
DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano
licenciado Sergio Ernesto Jacobo Patiño, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el Gobierno del
Reino de España.
Artículo segundo. Se concede permiso a la
ciudadana licenciada Laura Guadalupe Ramírez Domínguez, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata, que le confiere
el Gobierno del Reino de España.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 27 de febrero de
2003.— Sen. Orlando Paredes Lara
(rúbrica), Presidente; Dip. José Tomás Lozano y
Pardinas (rúbrica), secretario; Dip. Salvador
Cosío Gaona (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo
Ochoa Toledo (rúbrica), Dip. César Augusto
Santiago Ramírez, Sen. Jorge Zermeño Infante,
Sen. Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica), Dip. Mónica Leticia Serrano Peña (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Furhken, Sen. Antonio García Torres, Sen. David Jiménez González.»
El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Está a discusión el dictamen en
lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo
en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado
artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en
conjunto.
ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea:
En oficio de fecha 22 de enero de
2003, el ciudadano Gabriel Hernández Cuevas, solicita el permiso constitucional necesario
para prestar servicios como chofer en el Consulado General de Estados Unidos de América
en Guadalajara, Jalisco.
En sesión celebrada por la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 12 de febrero del año en
curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente
relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su
nacionalidad mexicana, con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio
interesado prestará en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara,
Jalisco, serán de carácter administrativo y
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO
DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano
Gabriel Hernández Cuevas, para prestar servicios como chofer en el Consulado General de
Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 3 de marzo de
2003.— Sen. Orlando Paredes Lara, Presidente;
Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica),
secretario; Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica),
secretario; Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica),
Sen. Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Sen. Antonio García Torres, Sen. David Jiménez González, Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Furhken (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Dip. Mónica Leticia Serrano Peña (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica).»
No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a
recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado en
un solo acto.
Se pide que se hagan los avisos a
que se refiere el artículo 161 y procedemos a recoger la votación.
(Votación.)
Se emitieron 27 votos a favor y
ninguno en contra.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Aprobados en lo general y en lo
particular los proyectos de decreto por 27 votos.
Pasan al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
En consecuencia, se pide a la
Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
GRADOS
MILITARES
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Segunda Comisión de Trabajo.— Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación
Pública.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 691, año tercero, sección
segunda, índice “A”, fojas 8712 del libro respectivo que contiene la hoja de
servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002 por el
Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Ingeniero en Comunicaciones y
Electrónica Luis Alonso Ramón, como Coronel Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica,
que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo
dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes
del interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó el 17 de febrero de
1967 a la Escuela Militar de Clases de Transmisiones y posteriormente a la Escuela Militar
de Transmisiones, graduándose como Subteniente de Transmisiones el 1o. de septiembre de
1975.
b) Para los efectos de ascenso se
le computan 35 años, 9 meses y 3 días de tiempo de servicios y 9 años de antigüedad en
el grado anterior.
c) Todos sus ascensos los obtuvo
por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su preparación profesional
abarca los cursos de formación respectivos en la Escuela Militar de Transmisiones, así
como el curso de formación de oficiales tácticos del servicio en la Escuela Militar de
Transmisiones; realizó los cursos de técnico en transmisiones militares en la Escuela
Militar del Servicio y de Conocimientos y Empleo del Equipo SR-206/210, SR-610M, SR-110 y
SR-650, en Rochester, New York, EUA; realizó estudios profesionales de ingeniero en
comunicaciones y electrónica en la Escuela Militar de Ingenieros, así como el curso
superior de armas y servicios en la Escuela Superior de Guerra.
e) Posee amplia experiencia como
oficial de transmisiones y como ingeniero en comunicaciones y electrónica; se
de-sempeñó como Comandante del Pelotón de Transmisiones y de la Escuadra de
Mantenimiento del mismo en el 33/o. Batallón de Infantería; ha sido docente en la
Escuela Militar de Ingenieros y en la Escuela Superior de Guerra, plantel donde se
desempeñó como jefe de la Subsección de Apoyos Didácticos; participó en la Fuerza de
Tarea “Anáhuac” de Ayuda Humanitaria en la República de Honduras; en la
Dirección General de Fábricas de la Secretaría de la Defensa Nacional, se desempeñó
como Jefe de la Unidad de Control de Calidad Interfactorías, y como director de la Planta
de Organización y Carga de Proyectiles; llevó a cabo la labor de inspección de granadas
de mortero de diferentes calibres en diversas unidades del Ejército con matrices en el
interior de la República y fungió como Comandante de la Sección de Transmisiones en las
Zonas Militares 2a. y 25a.
f) Se le han otorgado las
condecoraciones de perseverancia hasta la “Especial”, correspondiente a 35 años
de servicios ininterrumpidos.
De la revisión del expediente
personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel Ingeniero en Comunicaciones y
Electrónica Luis Alonso Ramón, y en atención a su gran aptitud personal, amplia
instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado
reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel Ingeniero en
Comunicaciones y Electrónica sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero
en Comunicaciones y Electrónica que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a
favor del ciudadano Luis Alonso Ramón.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 5 de marzo de
2003.— Sen. Fidel Herrera Beltrán
(rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de Jesús
Vicencio Alvarez (rúbrica), Secretario; Dip. Alfredo
Ochoa Toledo (rúbrica), Secretario, Sen. Ernesto
Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís
Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín
(rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González, Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a discusión el punto de
acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación
económica en conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Segunda Comisión de Trabajo.— Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación
Pública.
Honorable Asamblea:
A la comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 696, año tercero, sección
segunda, índice “S”, fojas 89/2 del libro respectivo que contiene la hoja de
servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el
Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Médico Cirujano Armando
Sánchez Barredo, como Coronel Médico Cirujano, que el Ejecutivo Federal envió a esta
Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes
del interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó el 1o. de septiembre de
1971 a la Escuela Médico Militar, graduándose como Mayor Médico Cirujano el 1o. de
septiembre de 1978.
b) Para los efectos de ascenso se
le computan 31 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 12 años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Todos sus ascensos los obtuvo
por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su preparación profesional
comprende los estudios profesionales de médico cirujano; ha realizado los cursos de
anestesiología en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad; así como los cursos
avanzados de apoyo vital al paciente en trauma, al paciente traumatizado, y, de apoyo
vital prehospitalario en trauma.
e) Posee amplia experiencia como
médico cirujano y en la especialidad de traumatología; en el Hospital Militar Regional
de Monterrey ha desempeñado diversos cargos: jefe del Departamento de Anestesiología,
jefe de Quirófano y Anestesia, jefe de Quirófanos, jefe del Comité de Auditoría
Médica, jefe de Anestesia, jefe de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento,
subdirector, jefe de Enseñanza y subjefe de la Jefatura Regional de los Servicios de
Sanidad de la IV Región Militar, así como experiencia docente.
f) Se le han otorgado las
condecoraciones de Perseverancia hasta la de 2a. clase, correspondiente a 25 años de
servicios ininterrumpidos.
De la revisión del expediente
personal y la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel Médico Cirujano Armando
Sánchez Barredo, y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y
destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos
legales que merecen la obtención del grado de Coronel Médico Cirujano sujeto a
ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de Coronel Médico
Cirujano que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Armando
Sánchez Barredo.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF., a 5 de marzo del año
2003.— Sen. Fidel Herrera Beltrán
(rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de Jesús
Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario, Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González, Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Se deja en reserva para su
votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Segunda Comisión de Trabajo.— Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación
Pública.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 697, año tercero, sección
tercera, índice “J”, fojas 89-2 del libro respectivo que contiene la hoja de
servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el
Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Médico Cirujano José Luis
Juárez Maldonado, como Coronel Médico Cirujano, que el Ejecutivo Federal envió a esta
Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes
del interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó el 1o. de septiembre de
1971 a la Escuela Médico Militar, graduándose como Mayor Médico Cirujano el 1o. de
septiembre de 1977.
b) Para los efectos de ascenso se
le computan 31 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 10 años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Todos sus ascensos los obtuvo
por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su preparación profesional
comprende los estudios profesionales de médico cirujano, así como el de especialización
en neurología en la Escuela Militar de Graduado de Sanidad.
e) Posee amplia experiencia como
médico cirujano especialista en neurología y neurocirugía; participó como jefe del
Equipo Médico número 10 en la operación de labor social “Michoacán 1991”;
prestó sus servicios en el Hospital Central Militar en el que ocupó los siguientes
cargos: jefe del Departamento de su especialidad, jefe de la Sala de Neurología
dependiente de la Jefatura de Servicios Médicos; y, actualmente es jefe de la Subsección
de Consulta de no Urgencias en la Sección de Urgencias de Adultos.
f) Se le han otorgado las
condecoraciones de Perseverancia hasta la de 1a. clase, correspondiente a 30 años de
servicios ininterrumpidos.
De la revisión del expediente
personal y la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel Médico Cirujano José Luis
Juárez Maldonado, y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar
y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos
legales que merecen la obtención del grado de Coronel Médico Cirujano sujeto a
ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de Coronel Médico
Cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano José
Luis Juárez Maldonado.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 5 de marzo del año
2003.— Sen. Fidel Herrera Beltrán
(rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de Jesús
Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario, Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González, Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Se deja en reserva para su
votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Segunda Comisión de Trabajo.— Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación
Pública.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 693, año tercero, sección
cuarta, índice “S”, fojas 88-2 del libro respectivo que contiene la hoja de
servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el
Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Ingeniero Industrial Juan
Sánchez Pérez, como Coronel Ingeniero Industrial, que el Ejecutivo Federal envió a esta
Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo
78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los
antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el 1o. de septiembre de
1972 al Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de Infantería el 1o. de
septiembre de 1976; posteriormente, el 1o. de septiembre de 1979 ingresó a la Escuela
Militar de Ingenieros, graduándose como Capitán Primero Ingeniero Industrial el 31 de
agosto de 1985.
b) Para los efectos de ascenso se
le computan 30 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 10 años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Todos sus ascensos los obtuvo
por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su preparación profesional
abarca los cursos de formación en el Heroico Colegio Militar; realizó estudios
profesionales de ingeniería industrial en la Escuela Militar de Ingenieros; y, en la
Escuela Superior de Guerra, efectuó el curso superior de armas y servicios.
e) Posee experiencia como Oficial
de Infantería y un importante desempeño como ingeniero industrial; prestó sus servicios
como jefe del Area de Ingeniería Industrial de la Fábrica de Proyectiles y Morteros,
así como jefe de Control de Calidad de la Fábrica de Proyectiles y Morteros en el
Departamento de la Industria Militar; ejerció la Jefatura del Servicio de Mantenimiento
del Hospital Militar en Mérida, Yucatán; fue jefe regional del Servicio de Materiales de
Guerra de la IV Región Militar; ejerció el mando de la Compañía Regional de Materiales
de Guerra de la misma región militar; y, a la fecha, se desempeña como jefe regional del
Servicio de Materiales de Guerra de la V Región Militar.
f) Se le han otorgado las
condecoraciones de Perseverancia hasta la de 2a. clase, correspondiente a 25 años de
servicios ininterrumpidos.
De la revisión del expediente
personal y la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel Ingeniero Industrial Juan
Sánchez Pérez, y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y
destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos
legales que merecen la obtención del grado de Coronel Ingeniero Industrial sujeto a
ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero
Industrial, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Juan
Sánchez Pérez.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 5 de marzo de
2003.— Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica),
Presidente; Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
(rúbrica), secretario; Dip. Gral. Alfredo Ochoa
Toledo (rúbrica), secretario, Sen. Ernesto Gil
Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís
Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín
(rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González, Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Se deja en reserva para su
votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Segunda Comisión de Trabajo.— Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación
Pública.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 694, año tercero, sección
quinta, índice “P”, fojas 88-2 del libro respectivo que contiene la hoja de
servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el
Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Cirujano Dentista Nahum
Francisco Pérez Bernabé, como Coronel Cirujano Dentista, que el Ejecutivo Federal envió
a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes
del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el 1o. de septiembre de
1974 al Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de Infantería el 1o. de
septiembre de 1978; posteriormente, ingresó el 1o. de septiembre de 1982 a la Escuela
Militar de Odontología, graduándose como Capitán Primero Cirujano Dentista el 1o. de
septiembre de 1986.
b) Para los efectos de ascenso se
le computan 28 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 9 años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Todos sus ascensos los obtuvo
por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su preparación profesional
comprende el curso de formación como Oficial de Infantería; realizó el curso
correspondiente en la Escuela Militar de las Armas y los Servicios, así como el curso de
educación militar básico en el Heroico Colegio Militar; y, realizó los estudios
profesionales como cirujano dentista en la Escuela Militar de Odontología.
e) Posee experiencia como Oficial
de Infantería, así como en la profesión de cirujano dentista, se ha desempeñado como
Comandante del Escalón Dental del 28o. Batallón de Infantería; y, actualmente,
desempeña el cargo de jefe del Servicio Médico Dental en el Hospital Militar Regional de
Tuxpan, Veracruz.
f) Se le han otorgado las
condecoraciones de Perseverancia hasta la de 2a. Clase, correspondiente a 25 años de
servicios ininterrumpidos, así como la del “Mérito Militar” de 2a. Clase.
De la revisión del expediente
personal y la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel Cirujano Dentista Nahum
Francisco Pérez Bernabé, y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción
militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los
requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel Cirujano Dentista sujeto
a ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de Coronel Cirujano
Dentista que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del Ciudadano Nahum
Francisco Pérez Bernabé.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 5 de marzo del año
2003.— Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica),
Presidente; Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica),
secretario; Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo
(rúbrica), secretario, Sen. Ernesto Gil Elorduy
(rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González, Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Se deja en reserva para su
votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Segunda Comisión de Trabajo.— Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación
Pública.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 695, año tercero, sección
primera, índice “V”, fojas 89-2 del libro respectivo que contiene la hoja de
servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el
Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Cirujano Dentista Evaristo
Valencia Olivares, como Coronel Cirujano Dentista, que el Ejecutivo Federal envió a esta
Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los
antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el 1o. de septiembre de
1974 al Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de Infantería el 1o. de
septiembre de 1978; posteriormente, ingresó el 1o. de septiembre de 1981 a la Escuela
Militar de Odontología, graduándose como Capitán Primero Cirujano Dentista el 1o. de
septiembre de 1985.
b) Para los efectos de ascenso se
le computan 28 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 8 años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Todos sus ascensos los obtuvo
por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su preparación profesional
comprende el curso de formación como Oficial de Infantería; realizó los cursos de
patrullas en la 27a. zona militar y de educación militar básico en el H. Colegio
Militar; realizó estudios profesionales de odontología en la Escuela Militar de
Odontología; realizó el curso de especialización y residencia en odontopedriatría en
la Escuela Nacional de Graduados de Sanidad; en su formación como cirujano dentista
realizó los cursos: teórico práctico de avances epidemiológicos y clínicos de la
terapia mio-funcional en dentición mixta en Cuernavaca, Morelos, XI curso de la Academia
de Odontología Pediátrica en la ciudad de Puebla, XII curso de la Academia Mexicana de
Odontología Pediátrica, AC, y el curso intermedio de odontología pediátrica en el
Hospital Central Militar; y, realizó el curso superior de armas y servicios en la Escuela
Superior de Guerra.
e) Posee experiencia como Oficial
de Infantería; como cirujano dentista se desempeñó como docente en la Escuela Militar
de Odontología; su preparación como especialista en odontología pediátrica es
destacada; se desempeñó como Comandante del Escalón Dental del 14o. Regimiento de
Caballería Motorizado; fue jefe del Servicio de Odontopediatría en el Hospital Central
Militar; y, actualmente se desempeña como jefe del Gabinete Dental de la 6a. zona
militar.
f) Se le han otorgado las
condecoraciones de Perseverancia hasta la de 2a. clase, correspondiente a 25 años de
servicios ininterrumpidos, así como la del “Mérito Docente”
De la revisión del expediente
personal y la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel Cirujano Dentista Evaristo
Valencia Olivares, y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar
y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos
legales que merecen la obtención del grado de Coronel Cirujano Dentista sujeto a
ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de Coronel Cirujano
Dentista que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano
Evaristo Valencia Olivares.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 5 de marzo del año
2003.— Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica),
Presidente; Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica),
secretario; Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo
(rúbrica), secretario, Sen. Ernesto Gil Elorduy
(rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González, Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Se deja en reserva para su
votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Segunda Comisión de Trabajo.— Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación
Pública.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 690, año tercero, sección
primera, índice “C”, fojas 87-2, del libro respectivo, que contiene la hoja de
servicio y el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2002 por el Presidente de la
República en favor del Teniente Coronel Ingeniero Industrial Diplomado de Estado Mayor
Miguel Angel Coronel Vargas como Coronel Ingeniero Industrial Diplomado de Estado Mayor,
que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo
dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes
del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el 1o. de septiembre de
1976 en el Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de Infantería el 1o. de
septiembre de 1980. Posteriormente, el 1o. de septiembre de 1983, ingresó en la Escuela
Militar de Ingenieros, graduándose como Capitán Primero Ingeniero Industrial el 1o. de
septiembre de 1989.
b) Para los efectos de ascenso, se
le computan 26 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicio y 4 años de antigüedad en
el grado anterior.
c) Todos los ascensos los obtuvo
por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su preparación profesional
abarca los cursos de formación como Oficial de Infantería; realizó los cursos de
Paracaidistas en el 2o. Batallón de Fusileros Paracaidistas; realizó estudios
profesionales de ingeniería química en la Escuela Militar de Ingenieros; efectuó los
siguientes cursos: de mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra, de
soporte técnico sobre simuladores de tiro en Atlanta, Ga., EUA, de adiestramiento para el
fusil Barret calibre 0.50”, en Tennesse, EUA, de administración docente para
oficiales en EUA, el superior de guerra en la Escuela Superior de Guerra y el del idioma
alemán en el Centro Superior de Estudios Navales de la Armada de México.
e) Posee experiencia como Oficial
Paracaidista, así como una esmerada preparación y desempeño en la profesión de
ingeniero industrial con el carácter de Diplomado de Estado Mayor; se desempeñó como
coordinador académico en el Colegio de Defensa Nacional y en la Escuela de
Administración Militar y Pública; fungió como Jefe del 5o. Escalón de Mantenimiento de
la Fábrica de Armas del Departamento de la Industria Militar; se trasladó en comisión
oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional a Italia, a Estados Unidos de América y
a la República de Colombia.
f) Se le han otorgado las
condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. Clase, correspondiente a 25 años de
servicio ininterrumpidos, así como la de “Mérito Deportivo” de 4a. Clase.
De la revisión del expediente
personal y de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel Ingeniero Industrial
Diplomado de Estado Mayor Miguel Angel Coronel Vargas, y en atención a su gran aptitud
personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que
el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de
Coronel Ingeniero Industrial Diplomado de Estado Mayor sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero
Industrial Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió
en favor del ciudadano Miguel Angel Coronel Vargas.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 5 de marzo del año
2003.— Sen. Fidel Herrera Beltrán
(rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de Jesús
Vicencio Alvarez (rúbrica), Dip. Alfredo Ochoa
Toledo (rúbrica), secretarios; Sen. Ernesto
Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís
Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica),
Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González, Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Se deja en reserva para su
votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Segunda Comisión de Trabajo.— Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación
Pública.
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente número 692, año tercero, sección
tercera, índice “L”, fojas 88-2 del libro respectivo que contiene la hoja de
servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002 por el
Presidente de la República a favor del Teniente Coronel Ingeniero Industrial Marco Polo
Lezama Estrada, como Coronel Ingeniero Industrial, que el Ejecutivo Federal envió a esta
Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes
del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el 1o. de septiembre de
1977 al Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de Artillería el 1o. de
septiembre de 1981. Posteriormente, el 1o. de septiembre de 1983 ingresó a la Escuela
Militar de Ingenieros, graduándose como Capitán Primero Ingeniero Industrial el 1o. de
septiembre de 1989.
b) Para los efectos de ascenso se
le computan 25 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 6 años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Todos sus ascensos los obtuvo
por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su preparación profesional
abarca los cursos de formación como Oficial de Artillería; realizó estudios
profesionales en la especialidad de ingeniería mecánica en la Escuela Militar de
Ingenieros; recibió adiestramiento para fabricar tubos de cartón para cargas
“Cero” M5 y M6 para granadas de mortero calibre 60 y 81 mm. en Ohio, EUA.
e) Posee experiencia como Oficial
de Artillería, así como en el área de ingeniería industrial; prestó sus servicios en
los 3er. y 2o. Regimientos del Arma; se trasladó en comisión oficial de la Secretaría
de la Defensa Nacional y en asuntos relativos de su profesión a los siguientes países:
Bélgica, Estados Unidos de América, Canadá, República Popular de China y Sudáfrica;
se ha desempeñado como jefe de Planeación y Control de Producción de la Fábrica de
Armas, y como subdirector de la Planta de Organización de Carga de Proyectiles en el
Departamento de la Industria Militar; fue director de la Planta Central de Herramientas,
jefe del Tren de Transportes, director de la Fábrica de Cartuchos y director de la
Ensambladora Militar de la Dirección General de Industria Militar.
f) Se le han otorgado las
condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. Clase, correspondiente a 25 años de
servicios ininterrumpidos, así como la de “Mérito Técnico” de 2a. Clase.
De la revisión del expediente
personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel Ingeniero Industrial Marco
Polo Lezama Estrada, y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción
militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los
requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel Ingeniero Industrial
sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar
cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la
consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero
Industrial, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano
Marco Polo Lezama Estrada.
Sala de Comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 5 de marzo del año
2003.— Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica),
Presidente; Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica),
secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo
(rúbrica), secretario, Sen. Micaela Aguilar
González, Sen. Adrián Alanís Quiñones,
Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»
Se deja en reserva para su
votación económica en conjunto.
Este y los anteriores están a
discusión... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se
pregunta si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.
Las señoras y los señores
legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Quienes están por la negativa.
El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Aprobados los puntos de acuerdo.
Comuníquense al Ejecutivo.
ESCUDO
NACIONAL
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Primera Comisión de
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, fue turnada para estudio y elaboración del dictamen, la
proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado Federal Salvador Cosío
Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
ANTECEDENTES
1. En sesión de la Comisión
Permanente de fecha 4 de febrero del año en curso, el diputado Salvador Cosío Gaona, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición
con punto de acuerdo con relación al uso de la papelería oficial del Poder Ejecutivo
Federal, la cual no cumple con lo establecido por la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el
Himno Nacionales.
2. En esa misma sesión, se turnó
el referido punto de acuerdo a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos
Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a
efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente.
3. Con fecha 19 de febrero de 2003,
los integrantes de esta Primera Comisión en acatamiento al turno dispuesto y en reunión
de trabajo procedimos al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen en
conjunto, con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
En ejercicio de sus atribuciones,
el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos expidió la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y
el Himno Nacionales, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984. Conforme a la misma, sus normas son
de orden público y obligan por igual a gobernantes y a gobernados.
El 2 de octubre del 2001 el pleno
de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo correspondiente a un dictamen de la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, mismo que resolvió favorablemente las
propuestas de punto de acuerdo que sobre el uso de los Símbolos Patrios, específicamente
el Escudo Nacional, presentaron previamente el 14 de diciembre de 2000 y el 25 de
diciembre de 2001, los diputados Alfredo Ochoa Toledo, del PRI, y Enrique Herrera y
Bruquetas, del PRD, respectivamente.
Dicho dictamen aprobado por el
Pleno, estableció que el logotipo que el Poder Ejecutivo Federal diseñó y tiene en uso
en papelería y otras impresiones de propaganda oficial, es una impresión incompleta del
Escudo Nacional diseñado a partir de la impresión oficial del mismo, comprobado esto al
cotejarse el Escudo utilizado en banderas y documentos oficiales permitidos, con la parte
del mismo que se reproduce como un supuesto logotipo diferente al escudo oficial, como lo
usa el Ejecutivo Federal.
En el dictamen de referencia
resulta evidente que el Ejecutivo Federal contraviene lo establecido en los artículos
2o., 5o., 6o. y 55 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
El cual a la letra prescribe lo
siguiente:
“Artículo 2o. El Escudo Nacional está
constituido por un águila mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior
de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de
combate; con el plumaje de sustentación hacia abajo tocando la cola y las plumas de ésta
en abanico natural. Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una
peña que emerge de un lago. Sujeta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar, a
una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas del nopal se
ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al
lado opuesto, forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por medio de un
listón dividido entre franjas, que cuando se representa al Escudo Nacional en colores
naturales, corresponden a los de la Bandera Nacional.”
El logotipo que identifica al
Gobierno Federal del Presidente Vicente Fox, viola la ley en razón de que es una
expresión mutilada del Escudo Nacional, que comprende únicamente “parte del águila
que muestra el pico y las alas incompletas, parte de la serpiente, adornadas con una
representación aparente de la banda presidencial”, por lo que resulta obvio, a la
menor observación, que “desaparecen del Escudo Nacional entre otras partes
fundamentales los soportes y las garras del águila que constituyen su símbolo de
agresividad y ataque; el nopal, que es simbolismo indígena de la mexicanidad y las dos
ramas de encino y de laurel que significan la fuerza y la victoria”.
Para los legisladores firmantes del
mencionado dictamen, el logotipo del Gobierno Federal es una expresión incompleta del
Escudo Nacional, diseñado a partir de la expresión oficial del mismo, lo cual se
comprueba al hacer el cotejo de esa parte, con la correspondiente del Escudo uti- lizado
normalmente en las banderas o en los documentos en los cuales se permite su uso, por lo
que es obvio que la versión mutilada no reúne las características que determina la ley
y por lo tanto conculca lo establecido por el artículo 5o. de la misma, cuyo texto
establece: “toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al
que se refiere el artículo 2o. de esta ley”, por lo que aquel logotipo no respeta la
fidelidad del modelo ni se ajusta, por otra parte, a las determinaciones contenidas en el
artículo 6o. de la propia ley invocada.
En efecto, el artículo 6o. de la
Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, dice textualmente:
“Artículo 6o. Con motivo de su uso en
monedas, medallas oficiales, sellos, papel oficial y similares, en el Escudo Nacional
sólo podrán figurar por disposiciones de la ley o de la autoridad, las palabras Estados
Unidos Mexicanos, que formarán el semicírculo superior.”
“El Escudo Nacional sólo
podrá figurar en los vehículos que utilice el Presidente de la República, en el papel
de las dependencias de los poderes federales y estatales, así como de las
municipalidades, pero queda prohibido utilizarlo para documentos particulares. El Escudo
Nacional sólo podrá imprimirse y usarse en la papelería oficial, por acuerdo de la
autoridad correspondiente.”
Por lo anterior, la dictaminadora
considera que la banda tricolor ondulada, sobrepuesta en el Escudo del llamado logotipo,
simula en efecto un lienzo en el que queda oculta la parte señalada por los proponentes
como omitida o mutilada, lo cual implica la adhesión al Escudo, de una característica
que de acuerdo con el primer párrafo del artículo 6o. transcrito, no puede figurar en el
mismo, violándose así la norma legal.
Por otra parte, la ley que regula
los símbolos patrios responsabiliza a la Secretaría de Gobernación, en su artículo 55,
de vigilar el cumplimiento de dicho ordenamiento legal, mandato que obliga a dicha
dependencia a impedir que autoridad alguna continúe utilizando el logotipo con el Escudo
Nacional alterado.
El punto de acuerdo aprobado en
octubre, es contundente. Acordó exhortar a la Secretaría de Gobernación como entidad
responsable del Ejecutivo a vigilar el uso, reproducción y difusión de los símbolos
patrios por parte de dependencias federales y al considerar tajantemente como un hecho
comprobado, sustentado debidamente en derecho, que el uso incompleto del Escudo Nacional
de la imagen o logotipo que identifica al Poder Federal actual, es violatoria de la ley
correspondiente, exhortó a retirar dicha imagen ilegal de toda la papelería y propaganda
e imágenes en que se utiliza.
Por su parte, es público y
notorio, que casi todas las dependencias del Ejecutivo Federal hacen caso omiso de la
instrucción, la Secretaría de Gobernación evita incluir en papelería o propaganda
oficial al Escudo Nacional íntegro.
Asimismo, el promovente de la
proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala por otra parte, “en un
tema análogo pero que se liga, en diversos impresos, en la mayoría de las imágenes de
la República, se utiliza como firma, como rúbrica la leyenda: Gobierno de la
República”. Arrogando con ésta la representación absoluta de los tres poderes que
conforman el Gobierno Federal.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción II, 78 fracción III de la
Constitución Federal; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; y 58, 60, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión
del Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión presentamos el
presente dictamen con
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que en los términos del artículo 55 de
la Ley Sobre el Escudo y la Bandera Nacionales, atienda el exhorto de fecha 2 de octubre,
a fin de que vigile estrictamente el uso, reproducción y difusión de los símbolos
patrios por las dependencias de los poderes federales y las entidades federativas, así
como de los gobiernos municipales del país.
Asimismo, que la imagen que
identifica al Poder Ejecutivo Federal y que contiene parte del Escudo Nacional, sea
retirada de la papelería, propaganda e imágenes del mismo.
Segundo. Toda vez que no está facultado
legalmente a arrogarse la representación absoluta de los tres poderes que conforman el
Gobierno Federal, se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que de inmediato sea
retirada de toda papelería, propaganda e imágenes del mismo la leyenda “Gobierno de
la República”, con la que inadecuadamente ru- brica dichos elementos de
comunicación.
Tercero. Se solicita a la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, que previa revisión, estudio y aprobación del Pleno, se inicie de
inmediato el procedimiento legal correspondiente a efecto de lograr que las acciones del
Poder Ejecutivo Federal en materia de difusión oficial y comunicación social, se respete
la Constitución General de la República y la Ley Sobre el Escudo, la Bandera, el Himno
Nacionales y se evite a toda costa la utilización inadecuada de los símbolos patrios en
especial el Escudo Nacional, en toda papelería, propaganda e imágenes oficiales.
Dado en el salón de comisiones de
la H. Comisión Permanente, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil
tres.— Sen. Orlando Paredes Lara (rúbrica),
Presidente; Dip. Alejandro Zapata Perogordo, Dip.
Salvador Cosío Gaona (rúbrica), secretarios;
Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica en contra), Sen. Gerardo Buganza Salmerón, Sen. Federico Ling Altamirano, Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Antonio García Torres (rúbrica), Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica en contra),
Dip. Mónica Leticia Serrano Peña (rúbrica
en contra), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica),
Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Furhken (rúbrica).»
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
En consecuencia, están a
discusión los puntos de acuerdo.
Se abre el registro de oradores.
En contra el diputado Borbón
Vilches, del Partido Acción Nacional; a favor el diputado Solís Acero, del Partido
Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado
Borbón Vilches, hasta por cinco minutos.
El diputado Bernardo Borbón Vilches:
Posición en contra del dictamen
para que el Congreso exhorte al Presidente de la República a no usar su logotipo ni la
expresión: “Gobierno de la República”.
En las consideraciones del dictamen
se afirma que el logotipo del Poder Ejecutivo Federal usen la papelería de otras
impresiones, de propaganda; es una impresión incompleta el Escudo Nacional.
Por otra parte dice que usar la
leyenda: “Gobierno de la República”, está abrogándose la representación
absoluta de los tres poderes que conforman el Gobierno Federal.
La desafortunada resolución no
distingue entre “publicidad” y “propaganda” ni entre
“logotipo” ni “escudo” y mucho menos distingue entre
“Gobierno” y “Estado”.
Además viola las reglas de la
lógica, parte de silogismos basados en premisas erróneas, pues uno afirma que logotipo
es el “Escudo “ y la otra dice que: “los tres poderes son parte del
Gobierno, no del Estado mexicano”. Al ser falsas las premisas, obviamente son falsas
las conclusiones.
El artículo 5o. de la Ley para el
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales dispone que toda reproducción del Escudo
Nacional deberá corresponder fielmente a las características que ese artículo describe.
La imagen que se critica,
obviamente, no es el Escudo Nacional ni está usado como tal, sólo identifica a un
Ejecutivo ¡es un logotipo! Desde mi punto de vista, de mal gusto, pero un logotipo no un
escudo.
Siguiendo con las formalidades,
cualquiera que fuera el sentido de la resolución es violatoria del principio de
legalidad, pues ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica ni en ley o reglamento
alguno existe facultad para que la Comisión Permanente tome resoluciones en este sentido.
Podrá legislar sobre ello, pero no este tipo de resoluciones.
El dictamen también es infundado
en cuanto al sentido, pues afirma que el Ejecutivo contraviene lo establecido en los
artículos: 2o., 5o., 6o. y 55 de la ley. Ninguno de éstos declara animales sagrados al
águila ni a la serpiente, que no puedan reproducirse ni tampoco las ramas de olivo ni las
pencas de nopal.
Lo que el Legislativo debiera de
hacer, es corregir las graves violaciones a la ley, aquí sí en el uso impropio del
Escudo Nacional.
En la oficina del Presidente de la
Cámara de Diputados se exhibe una imagen de madera que pretende ser el Escudo Nacional.
Podrá ser una bella artesanía, pero no reúne las características de ley.
En la sala de sesiones, en la Mesa
Directiva, está también, y en los atriles, aquí, que usamos en la Comisión Permanente,
está algo que está violando la ley. Este no es el Escudo Nacional para este efecto.
Solamente puede usarse la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” cuando se use en
medallas, cuando se use en monedas, cuando se use en papelería; pero no aquí. Ese es el
Escudo Nacional, no éste, para este uso.
Como si fuera poco, en la fachada
del edificio de la Cámara de Diputados existe un enorme remedo, monumental remedo del
Escudo Nacional. Podrá ser una obra de arte, pero no reúne las características de Ley
del Escudo Nacional. Y desafío a cualquier legislador que nos demuestre lo contrario.
Pero dejemos la representación
oficial del Escudo Nacional y vayamos a las representaciones parciales:
¿No han visto ustedes en cada una
de las manijas de cada puerta de la Cámara de Diputados un águila, la parcialmente,
tomada la cabeza y el pecho del Escudo Nacional? ¿Es o no un águila mocha, como se ha
dado en llamar a una representación parcial del escudo?
Y vayamos a la Cámara de
Senadores. ¿No han visto el Escudo Nacional de bulto con las alas desplegadas, que es un
águila entre imperial y porfirista?
Y señores diputados, señores
legisladores en general: ¿Y los escudos que usan los legisladores en la solapa, y sus
ayudantes, y sus secretarios, y sus choferes, y en su papelería? ¿En dónde está el
fundamento para reproducir ahí el Escudo Nacional? Vayamos a la ley y no existe
fundamento para este abuso que por años se ha hecho en la Cámara de Diputados y en la
Cámara de Senadores. ¿Quién acordó todos estos dislates?
Por ello quiero presentarles
gráficamente, para terminar, estos errores gravísimos en el Poder Legislativo.
Esta es la representación en la
Presidencia de la Cámara de Diputados. ¡No es el Escudo Nacional!
Esta es la representación en la
fachada del edificio de la Cámara de Diputados. ¡No es el Escudo Nacional!
Esto está en cada una de las
puertas de la Cámara de Diputados. ¡No es el Escudo Nacional!
Pero aquí no está usado como tal,
por lo tanto no es una violación a la ley. Pero esto sí es una violación a la ley.
¡La papelería de los
legisladores, es una violación a la ley! ¡Las felicitaciones y la correspondencia
particular, son una violación flagrante a la ley puesto que existe la prohibición
expresa de que se use el Escudo Nacional en la papelería particular!
Por lo tanto, señores
legisladores, no tiremos pedradas al vecindario cuando tenemos techo de cristal.
Pero si volviéramos al Ejecutivo,
¿qué opinan ustedes del escudo de la Armada de México en donde se ha suprimido el nopal
y los olivos para posar el águila sobre dos anclas? Tiene su propia normatividad, pero no
reúne las características del Escudo Nacional.
Y en el segundo resolutivo se dice
que al Presidente de la República se le exhorte o se le prohiba usar la expresión
Gobierno de la República. Suscribir esto, señores legisladores, sería suscribir una
confesión de ignorancia. Sin entrar a discutir la teoría del Estado, bastaría con
recordar que el concepto incluye no solamente a los tres poderes sino también al
territorio, a la población y al régimen jurídico.
Ante esto preguntémonos: ¿Es o no
es el Presidente de la República representante del Estado mexicano? Si no lo es él,
quién lo es.
Los legisladores mexicanos que le
hemos dado tratamiento de jefes de Estado a Ejecutivos de otras repúblicas ¿se lo vamos
a negar a nuestro propio Presidente? Si así es, señores legisladores, entonces
reformemos la Constitución para que ahí lo digamos.
¡Lo que debiéramos prohibir,
señores legisladores, es que un partido político que solamente agrupa a una pequeña
parte de la sociedad, como todos los partidos políticos, use como propios los colores de
la bandera nacional, que pertenece a todos los mexicanos! ¡Esto sí es un atropello a lo
nacional, una negación de la equidad, un insulto a la democracia!
¡Por favor, señores legisladores,
no cometamos un dislate más aprobando este dictamen absurdo, infundado y sin sustancia!
Muchas gracias.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
En sustitución del diputado Felipe
Solis Acero, tiene la palabra para el mismo tema el diputado Salvador Cosío.
El diputado Salvador Cosío Gaona:
Con la venia de la Presidencia:
En un tema del que incluso han
expresado en muchas ocasiones actitudes burlescas y se han mofado de que insistamos, pero
que no es menor, está en juego el que permitamos se siga pisoteando la dignidad de la
nación. Lo dije cuando tuve a bien presentar el punto de acuerdo como propuesta, lo
tocamos en la discusión al seno de la Comisión Primera de Trabajo de esta Permanente y
hoy nos toca repetirlo aquí. Se obstinan los legisladores del partido que, espero por
poco tiempo, hoy está en el gobierno, en defender lo indefendible, en tratar de encontrar
argumentos que no existen, para cumplir con la encomienda de mantener a rajatabla un
capricho de alguien que se le ocurrió diseñar un logotipo en el cual tritura un símbolo
nacional, lo somete incompleto y tiene aún la osadía de establecer dos razones a remedo
de banda nacional, banca presidencial; como lo dije en su momento, más bien parecen la F
y la S de la pareja presidencial.
Se obstinan en tratar de defender
lo indefendible pero sin argumentos. Yo creo que el punto de acuerdo que está plasmado es
contundente y es muy claro. Primero, ya hubo una amplia discusión del asunto en la
Cámara de Diputados, ya existía un voto en particular de la bancada del Partido Acción
Nacional, que perdieron debate y votación; ya se aprobó un exhorto para que el Ejecutivo
Federal, específicamente la Secretaría de Gobernación, vigilara, resarciera el daño a
la imagen nacional, sin aceptarlo completamente pero con una señal de aceptación parcial
se autoimponen una sentencia de utilizar solamente ese logotipo de mal gusto, aquí se
dijo, en papelería que no tiene que ver con lo oficial; se comprometen directamente a
establecerlo además junto con el logotipo, con el escudo completo, y es la propia
Secretaría de Gobernación como queda asentado ya, la que incumple directamente este
compromiso, sigue utilizando el logotipo del águila cercenada, mutilada, mocha,
burlándose de los mexicanos y no sé si esperan que en los libros de texto de primaria
también se establezca el cambio de esa imagen.
Es muy claro. No hay argumentos. Lo
que establece aquí el diputado Borbón, no está hablando de papelería oficial, está
hablando de cuestiones diferentes. Yo lo invito a él y a cualquier otro legislador, a que
someta a consideración de este Poder Legislativo propuesta diversa si considera que
existen otros elementos en el Poder Legislativo, en el Judicial, si la Marina tiene su
propio escudo también es parte del Ejecutivo, y que lo sometamos a discusión.
Lo que nos ocupa es que la
papelería oficial, la propaganda, la imagen del Ejecutivo Federal, sigue incumpliendo su
propia sentencia, sigue sin utilizar el Escudo Nacional completo como se comprometió, se
sigue arrogando la afectación general del Estado y creo que es de explorado derecho que
el Estado lo conforma el Gobierno, el territorio de la población; que el Gobierno son
tres poderes, no uno sólo y que además aquí simplemente trata de un nuevo exhorto, un
nuevo exhorto para que ahora sí cumpla y una petición a la mesa directiva de la Cámara
de Diputados para que analice e implemente ya el dispositivo legal de controversia o
cualquier otro que considere oportuno, para que en el caso de no acatar, de empecinarse al
capricho, se proceda por la vía legal correspondiente. Pero lo que sí es claro es que se
está violentando normas muy claras, el texto del dictamen es sumamente claro, es
contundente, sus argumentos caen por su propio peso.
Creo que no es posible insistir en
defender lo indefendible y sí es contundente que el texto que estamos proponiendo, que se
propone por la comisión en su mayoría, primera de esta Permanente es contundente, es
lógico, está apegado a derecho, está centrado y debe ser atendido y aprobado por
quienes sí pensamos que México es más allá de personajes que a lo mucho durarán un
sexenio.
Muchas gracias.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Para contestar alusiones personales
tiene la palabra el diputado Bernardo Borbón Vilches.
El diputado Bernardo Borbón Vilches:
Muy brevemente, sólo para precisar
lo que dice estrictamente la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales que es
el texto vigente desde el 8 de febrero de 1984 y en su artículo 6o. dice:
“Con motivo de su uso en
monedas, medallas oficiales, sellos, papel oficial y similares en el Escudo Nacional,
sólo podrán figurar por disposiciones de la ley o de la autoridad las palabras Estados
Unidos Mexicanos que forman el semicírculo superior.
Por lo tanto cualquier otro uso que
se le esté dando a la expresión Estados Unidos Mexicanos es violatorio del artículo 2o.
de la ley que es el que describe las características del escudo.
Por otro lado, también dice el
artículo 6o. en su segundo párrafo: Queda prohibido utilizarlo para documentos
particulares y así cualquiera es testigo de que los legisladores estamos usando
indebidamente el Escudo Nacional en la papelería que imprime la Cámara de Diputados y la
Cámara de Senadores.
Es importante pues precisarlo.
Permítanme un segundo. Este es el escudo porfirista que usa el Senado de la República y
este es el escudo, remedo de escudo que tiene la Armada de México, si estas no son
violaciones a la ley ¿qué son, señores legisladores?
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Consulte la Secretaría a la
Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo...
Para rectificar hechos tiene la
palabra el diputado León Morales hasta por cinco minutos.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
El supuesto cambio por el que votó
la sociedad el 2 de julio de 2000 no era el de mutilar nuestros símbolos patrios, pasando
por alto lo establecido en la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.
Los símbolos nacionales no son un
logro de marketing ni tampoco propiedad del Ejecutivo Federal para que anteponiendo sus
deseos, sus gustos, ocurrencias y/o necesidades, los cambie, modele y diseñe cuando así
le venga en gana.
El señor Fox, como representante
de uno de los poderes y no como dueño de la Unión, deberá ser el primero en acatar,
restar y hacer cumplir las normas y las leyes establecidas en nuestra Carta Magna por
respeto a su investidura y a la nación.
Es por eso que la pugna, que el
llamado de atención que ahora se le hace al Ejecutivo Federal como responsable directo
del manejo que se hace de los símbolos patrios en la papelería oficial por esta
honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión con el dictamen aprobatorio del
punto de acuerdo del que ahora se da cuenta, tiene como propósito primordial mantener el
orden y el bienestar de la República; en México ninguna persona, independientemente de
su investidura se encuentra por encima de nuestra Constitución.
El cambio en los símbolos
nacionales implica más que una simple mutilación, una violación a nuestra Carta Magna,
cosa que el Poder Legislativo no puede permitir. Para noso-tros, los legisladores del
Partido de la Revolución Democrática, mantener el imperio de la ley así como el respeto
a los símbolos patrios, no es un elemento menor, es por ello que nos congratulamos y
reivindicamos con el dictamen del punto de acuerdo por el que se exhorta el Ejecutivo
Federal para que el conducente respete lo establecido en la Ley Sobre el Escudo, la
Bandera y el Himno Nacional, particularmente en lo que se refiere a los artículos 2o.,
5o., 6o. y 55.
Invitamos al señor Fox a que se
someta al imperio de la ley.
Muchas gracias.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la
Asamblea si se considera suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
Con mucho gusto señor Presidente,
se consulta al honorable pleno si se encuentra suficientemente discutido.
Las señoras y señores
legisladores que estén por la afirmativa, les rogamos manifestarlo si está
suficientemente discutido.
Gracias.
El Presidente diputado
Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Suficientemente discutido los puntos de acuerdo.
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González
Hernández:
En votación económica, se
pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Aprobados los puntos de acuerdo.
Comuníquense. Sí, señor diputado.
El diputado José Alejandro Zapata Perogordo (desde
su curul):
No se ve la mayoría señor
Presidente. ¿Se confirmaría esa votación?
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Sí, 14 contra 11; 14 a favor y 11
en contra.
Continúe la Secretaría...
El diputado José Alejandro Zapata Perogordo
(desde su curul):
Señor Presidente, pediría una
rectificación en ese sentido y a través de que se haga nominal para evitar conflictos...
¿Se puede pedir rectificación?..
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Ya se votó y ya se comunicó
señor diputado… Permítanme, permítanme. Sí, señor diputado.
El
diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su curul):
Me parece inadecuado que se esté
dudando de la honorabilidad de la Mesa Directiva…
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Con objeto de dejar perfectamente
claro… Sí.
El
diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde su curul):
Señor Presidente, con todo respeto
y sin ánimo de cambiar un debate que ya es votado, muy respetuosamente le pedimos al
diputado Zapata retire la afirmación que acaba de hacer; hemos respaldado todas las mesas
directivas de todos los colores y acabamos de anunciar que no tenemos inconveniente señor
Presidente, en que verifique usted el sentido del voto solamente para satisfacción de una
fracción que en todo derecho puede tener dudas pero no de la honorabilidad de la Mesa en
la que cada uno de los integrantes ha demostrado su valía.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Señor diputado, le agradecería
mucho retirara usted su apreciación.
El diputado José Alejandro Zapata Perogordo
(desde su curul):
Señor Presidente, lo único que
sí hemos estado pidiendo es que si tenemos duda y pedimos una reconsideración a la
Presidencia, que no a la Mesa Directiva, mucho agradeceríamos que en ese sentido, en
términos de equidad, pudiera efectivamente aceptar nuestra propuesta.
Tuvo que intervenir otro grupo
parlamentario para ubicarlo y efectivamente, para los efectos de que no haya en ese
sentido malas interpretaciones, retiramos la posición que habíamos hecho en relación a
su persona.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias, señor diputado.
Yo solamente le quiero aclarar que
la Mesa Directiva está compuesta por todos: el Presidente, los vicepresidentes y los
secretarios y que los criterios que hemos seguido durante todo el manejo de la Permanente
han sido equitativos; usted tiene la posibilidad de consultarlo con la gente que ustedes
nombraron para estar aquí y seguramente que ella no tendrá argumentos para decir que se
ha hecho algo en contra de partido alguno.
Se repite la votación, por favor
la Secretaría.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
¿Nominal?.. Se procede a recoger
la votación nominal a solicitud del grupo parlamentario del PAN y concedida por el señor
Presidente de la Mesa Directiva.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 20
votos a favor, 14 en contra, una abstención.
El Presidente
diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Aprobados los puntos de acuerdo,
comuníquense.
Sí, diputado Zapata.
El
diputado José Alejandro Zapata Perogordo(desde su curul):
Nada más, para dejar constancia
que era lo que queríamos efectivamente determinar, que no estaba correcta la votación
anterior como la habían tomado. Por lo tanto cambió.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
Perdón, se incluyeron la
asistencia de compañeros que estaban fuera del recinto, señor Presidente.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Está votado. Por favor si me
permiten, está votado. Se le obsequió su petición y el hecho de que vengan otros
legisladores a votar, no está en el control de esta Mesa.
Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquense.
CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
Se dará lectura a los puntos de
acuerdo en relación a las propuestas en torno a la publicación y promulgación parcial
del Código Financiero del Distrito Federal.
«Primera Comisión de
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión fueron turnadas para su estudio y elaboración del dictamen las
proposiciones con punto de acuerdo presentadas por los diputados federales José Tomás
Lozano y Pardinas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Ramón León
Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Carlos
Aceves y del Olmo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
ANTECEDENTES
1. En sesión de la Comisión
Permanente de fecha 4 de febrero del año en curso, los diputados José Tomás Lozano y
Pardinas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Ramón León Morales, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Carlos Aceves y del
Olmo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron
diversas proposiciones con punto de acuerdo orientadas a solicitar a la Primera Comisión
de Trabajo su intervención, dentro de las facultades legales que le competen, en torno a
la publicación y promulgación parcial del Código Financiero.
2. En esa misma sesión se turnaron
los referidos puntos de acuerdo a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos
Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a
efecto de que se elaboraran los dictámenes correspondientes.
Sin embargo, esta Comisión
coincide en que los puntos de acuerdo presentados por los promoventes concuerdan en
sentido general; por tal motivo, se resuelven en un solo dictamen.
3. Los integrantes de esta Primera
Comisión, en acatamiento al turno dispuesto y en reunión de trabajo, procedimos al
análisis, discusión y elaboración del presente dictamen en conjunto, con base en las
siguientes
CONSIDERACIONES
1a. En sesión del Pleno de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, celebrada el 26 de diciembre de
2002 se aprobó en tiempo y forma el Código Financiero del Distrito Federal.
2a. El paquete financiero fue
enviado al jefe de Gobierno el día 30 de diciembre pasado para que, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 122, base segunda, fracción II, inciso b), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal y 86 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
lo publicara en la Gaceta Oficial y estuviera
en posibilidades de aplicarlo desde el día primero de enero del presente año o que, en
caso de que no estuviera de acuerdo con lo aprobado, hiciera sus observaciones y lo
devolviera a la Asamblea Legislativa para su corrección o ratificación.
3a. Con fecha 31 de diciembre de
2002, el jefe de Gobierno publicó parcialmente el Código Financiero del Distrito
Federal. Lo anterior se constata en el decreto publicado en la Gaceta Oficial, omitiendo publicar 30 artículos
que forman parte del decreto aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
4a. Que la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad aparentemente no se condujo conforme a lo dispuesto por la ley y publicó
parcialmente el Código Financiero omitiendo disposiciones en 30 artículos, acción que
constituye una posible violación a la legalidad, invadiendo la competencia del órgano
legislativo al tratar de anular sus decisiones y erigiéndose como legislador, violentando
con esto el principio constitucional de división de poderes y atentando contra las
instituciones democráticas establecidas.
5a. Que al omitir las disposiciones
del Código Financiero, el Gobierno del Distrito Federal anula de facto una serie de
reglas que la Asamblea Legislativa diseñó para ordenar y dar transparencia a la
aplicación de los recursos públicos y mejorar la rendición de cuentas del Gobierno
durante el ejercicio fiscal del año 2003.
6a. La manera de proceder del
Gobierno de la Ciudad constituye una posible violación a los artículos 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 67, fracción II, del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 86 de la Ley Orgánica de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal; y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Distrito Federal.
7a. El día 8 de enero, la
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa envió un escrito al jefe de Gobierno
solicitándole procediera a publicar de manera inmediata el articulado completo del
Código Financiero.
8a. El pasado 29 de enero, la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por mayoría una propuesta con punto de
acuerdo para interponer una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal por publicar
parcialmente el Código Financiero del Distrito Federal 2003.
9a. Con fecha 27 de febrero de
2003, la diputada Mónica Serrano Peña envió a todos los integrantes de esta Comisión
el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y versión estenográfica
de la sesión de la Asamblea Legislativa con la que se aprueba el Código Financiero del
Distrito Federal. Lo anterior, a efecto de que los legisladores integrantes de esta
Comisión de Trabajo se allegaran de elementos para dictaminar las proposiciones con punto
de acuerdo.
10a. Siendo el Distrito Federal
sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, es menester de
esta Comisión Permanente prestar atención a lo que en éste suceda.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción II, y 78, fracción III, de la
Constitución federal; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; y 58, 60, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión
de Trabajo que suscriben el presente someten a la consideración del Pleno de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión los siguientes
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Los integrantes de esta Primera Comisión
de Trabajo no consideran necesario solicitar más información relativa a la iniciativa,
debate, aprobación y publicación del decreto que contiene diversas reformas y adiciones
al Código Financiero del Distrito Federal 2003, en virtud de que a todos los legisladores
integrantes de esta Comisión con anterioridad se les allegó de la información referente
para su valoración y análisis correspondiente.
Segundo. Se exhorta al jefe de Gobierno del
Distrito Federal a cumplir las obligaciones establecidas en los distintos ordenamientos
jurídicos aplicables y proceda a la inmediata publicación del texto íntegro del decreto
que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal
aprobado por el Pleno de la Asamblea Legislativa el pasado mes de diciembre de 2002.
Dado en el Salón de Comisiones de
la H. Comisión Permanente, a 5 de marzo de 2003.— Primera Comisión de Trabajo:
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.— Sen. Orlando A. Paredes Lara, Presidente; Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica), secretarios;
Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Sen. Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Sen. David Jiménez González, Sen. Antonio García Torres, Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica), Dip. Mónica Leticia Serrano Peña (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández, Dip. Ramón León Morales, Dip. Julieta Prieto Furhken (rúbrica).»
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
En consecuencia, están a
discusión los puntos de acuerdo.
El diputado Ramón León Morales,
para presentar su voto en lo particular.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor Presidente.
Voy a obviar los antecedentes.
Compañeras y compañeros
legisladores: las proposiciones con punto de acuerdo presentadas en la sesión del 4 de
febrero por los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido
Revolucionario Institucional, solicitan en concreto se exhorte al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal para que publique el texto íntegro del decreto que contiene diversas
reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal, aprobado por la Asamblea
Legislativa en el mes de diciembre del año 2002.
La proposición con punto de
acuerdo que presenté a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática solicita a la Asamblea Legislativa y al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, toda la información referente a la iniciativa, debate, aprobación y
publicación del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero
del Distrito Federal del año 2003, con el propósito de que este órgano legislativo tome
las resoluciones pertinentes.
En el capítulo antecedentes del
proyecto de dictamen aprobado en la Primera Comisión se menciona que los puntos de
acuerdo concuerdan en sentido general; sin embargo, el presentado por el PRD no se analiza
ni se valora, por lo que se actúa de manera parcial. Además se menciona que la diputada
Mónica Serrano.
Peña envió a todos los
legisladores integrantes de la comisión el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y versión
estenográfica de la sesión de la Asamblea Legislativa en la que se aprueba, y con esa
información deciden someter el dictamen a discusión de esta Comisión Permanente, sin
tomar en cuenta lo que pudiera agregar la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal.
Además, la Primera Comisión no
consideró que el martes 11 de febrero del año en curso, la diputada Patricia Garduño
Morales, presidenta de la comisión de Gobierno y representante legal de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, presentó ante el licenciado Mariano Azuela Huitrón,
ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, controversia
constitucional en contra de los actos del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y de los
secretarios de Gobierno y de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Cabe señalar que
los actos cuya invalidez se demanda refieren a la promulgación y orden de publicación en
forma parcial del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del
Código Financiero del Distrito Federal y su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de fecha 31 de
diciembre del año 2002.
A su vez, se indica que la demanda
tiene por objeto dirimir conflictos derivados de la invasión de esferas de competencia
constitucional entre la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
indicando en el cuerpo del documento que estos hechos no tienen precedente en la historia
constitucional mexicana.
Adicionalmente se procede a
señalar que la propia Doctrina Constitucional Mexicana es omisa respecto a la existencia
del veto parcial en nuestra Ley Suprema, indicando que se coincide con las tesis de la
Doctrina Constitucional Mexicana que aprecia que el voto parcial no trae aparejada la
promulgación también parcial del proyecto; sin embargo, esa tesis se enfrenta a la
corriente que sostiene que promulgar parcialmente la parte no vetada de un proyecto de ley
objetado en parte por el Ejecutivo, no se sustenta en la reglamentación constitucional
del veto, sino en la facultad discrecional con que cuenta la autoridad ejecutiva en esa
materia.
Lo anterior concuerda con las
argumentaciones que sustentan el punto de acuerdo presentado por un servidor ante el pleno
de esta Comisión Permanente, en el sentido de que estos hechos resultan inéditos en la
relación de poderes locales Legislativo y Ejecutivo, mismos que han rebasado el ámbito
político y requieren de una determinación jurídica de la autoridad competente.
Por lo anterior, el Partido de la
Revolución Democrática reitera que no debe limitarse el derecho constitucional de la
Asamblea Legislativa y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal para acudir y presentar
los alegatos y pruebas procedentes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin
de que conforme a derecho se determine la procedencia de vetar de manera parcial el
proyecto de decreto de reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal.
Frente a este escenario,
consideramos que este Organo Legislativo debe ser respetuoso de las atribuciones
constitucionales otorgadas al Poder Judicial y esperar su resolución, toda vez que al
promover una controversia consti- tucional los legisladores del Distrito Federal utilizan
un recurso que la Carta Magna otorga a un órgano legislativo que considera ha visto
vulneradas sus atribuciones, dado que la Asamblea Legislativa tiene el derecho de acudir a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presentar este recurso, lo cual le da al
Ejecutivo local el derecho de presentar los argumentos jurídicos a que haya lugar.
Por ello, el grupo parlamentario
del PRD considera que no es procedente el exhorto que se pretende realizar al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, ya que primero se deben tener los elementos suficientes que
permitan analizar y resolver lo conducente. Por ello proponemos se procede a invitar a las
partes para que remitan todo tipo de información que se genere al respecto y estar
atentos a las resoluciones que en su momento genere la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
De esta manera, se contribuye a no
violentar el marco jurídico que norma la relación entre dos poderes locales, en este
caso la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, evitando con ello
emitir un acuerdo precipitado que vicie el proceso jurídico en marcha.
Por lo antes expuesto, el suscrito,
se permite presentar voto particular en contra por la forma y fondo del contenido del
dictamen con proyecto de punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, a que procede a la inmediata publicación del texto íntegro del decreto que
contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal 2003.
En consecuencia, sometemos a
consideración de esta Comisión Permanente el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión acuerda solicitar en forma respetuosa ante la honorable Asamblea Legislativa del
Distrito Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, toda la información
referente a la iniciativa, debate, aprobación y publicación del decreto que contiene
diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal 2003, así como
mantener informado a este órgano legislativo en todo momento respecto al avance y
consideraciones legales que se presenten en torno a la controversia constitucional
presentada por la honorable Asamblea Legislativa y los alegatos y pruebas que presente el
Jefe de Gobierno del Distrito Federal con objeto de que esta comisión tome las
resoluciones pertinentes.
Por su atención, muchas gracias.
«Voto particular en contra del
dictamen para exhortar el Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que proceda a la
inmediata publicación del texto íntegro del decreto que contiene diversas reformas y
adiciones al Código Financiero del Distrito Federal aprobado por el pleno de la Asamblea
Legislativa el pasado mes de diciembre que presenta el diputado Ramón León Morales.
Honorables diputados y senadores de
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El suscrito diputado federal,
integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y miembro del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos
78, fracción III, de la Constitución Federal; 94 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, y 88 y 119 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procede a formular voto
particular en contra del dictamen con proyecto de punto de acuerdo para exhortar al Jefe
de Gobierno del Distrito Federal para que proceda a la inmediata publicación del texto
íntegro del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del
Distrito Federal, en los siguientes términos:
ANTECEDENTES
1. En sesión de la Comisión
Permanente de fecha 4 de febrero del año en curso los diputados federales José Tomás
Lozano y Pardinas, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional; Carlos Aceves
del Olmo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y el suscrito,
miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron
proposiciones con punto de acuerdo orientadas a solicitar a la Primera Comisión de
Trabajo su intervención, dentro de las facultades legales que le competen, en torno a la
publicación y promulgación parcial del Código Financiero del Distrito Federal 2003.
2. En dicha sesión se turnaron los
referidos puntos de acuerdo a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos
Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión, a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente.
3. En consecuencia, en sesión de
trabajo de la Primera Comisión, celebrada el 26 de febrero del año en curso, se
analizaron los puntos de acuerdo en cuestión resolviéndose recabar mayor información y
tratar el asunto en la próxima reunión.
4. El pasado 5 de marzo, la Primera
Comisión de la Comisión Permanente aprobó, por mayoría, el proyecto de dictamen que
contiene dos puntos de acuerdo, en el primero se señala que los integrantes de la
comisión no consideran necesario solicitar más información relativa a la iniciativa,
debate, aprobación y publicación del decreto que contiene diversas reformas y adiciones
al Código Financiero del Distrito Federal 2003 y en el segundo se exhorta al jefe de
Gobierno del Distrito Federal a cumplir con las obligaciones establecidas en los distintos
ordenamientos jurídicos aplicables y proceda a la inmediata publicación del texto
íntegro del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del
Distrito Federal, aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa el pasado mes de
diciembre de 2002.
Nuestro grupo parlamentario por no
estar de acuerdo con el dictamen aprobado se permite, por mi conducto, presentar un voto
particular en contra con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
1. Las proposiciones con punto de
acuerdo presentadas en la sesión del 4 de febrero por los grupos parlamentarios del
Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional solicitan en concreto
se exhorte al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que publique el texto íntegro
del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito
Federal aprobado por la Asamblea Legislativa en el mes de diciembre del 2002.
2. La proposición con punto de
acuerdo que presentó el suscrito a nombre del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, determina solicitar a la Asamblea Legislativa y al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal toda la información referente a la iniciativa, debate,
aprobación y publicación del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al
Código Financiero del Distrito Federal 2003, con el propósito de que este órgano
legislativo tome las resoluciones pertinentes.
3. En el capítulo de antecedentes
del proyecto de dictamen aprobado en la Primera Comisión se menciona que los puntos de
acuerdo concuerdan en sentido general, sin embargo, el presentado por el PRD no se analiza
ni se valora por lo que se actúa de manera parcial, además, se menciona que la diputada
Mónica Serrano Peña envió a todos los legisladores integrantes de la comisión el
decreto publicado en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal y la versión estenográfica de la sesión de la Asamblea Legislativa en
la que se aprueba y con esta información deciden someter el dictamen a discusión de esta
Comisión Permanente, sin tomar en cuenta lo que pudiera agregar la Asamblea Legislativa y
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
4. Además, la Primera Comisión no
consideró que el martes 11 de febrero del año en curso, la diputada Patricia Garduño
Morales, Presidenta de la Comisión de Gobierno y representante legal de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, presentó ante el licenciado Mariano Azuela Güitrón,
ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, controversia
constitucional en contra de los actos del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y de los
secretarios de Gobierno y de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
Cabe señalar que los actos cuya
invalidez se demanda refieren a la promulgación y orden de publicación en forma parcial
del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero
del Distrito Federal y su publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal de fecha 31 de diciembre de 2002.
A su vez, se indica que la demanda
tiene por objeto dirimir conflictos derivados de la invasión de esferas de competencia
constitucional entre la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
indicando en el cuerpo del documento que estos hechos no tienen precedente en la historia
constitucional mexicana.
Adicionalmente, se procede a
señalar que la propia doctrina constitucional mexicana, es omisa respecto a la existencia
del veto parcial en nuestra Ley Suprema, indicando que se coincide con las tesis de la
doctrina constitucional mexicana que aprecia que el veto parcial no trae aparejada la
promulgación también parcial del proyecto; sin embargo, esta tesis se enfrenta a la
corriente que sostiene que promulgar parcialmente la parte no vetada de un proyecto de ley
objetado en parte por el Ejecutivo no se sustenta en la reglamentación constitucional del
veto, sino en la facultad discrecional con que cuenta la autoridad ejecutiva en esta
materia.
5. Lo anterior concuerda con las
argumentaciones que sustentan el punto de acuerdo presentado por el suscrito ante el pleno
de esta Comisión Permanente, en el sentido de que estos hechos resultan inéditos en la
relación de poderes locales, Legislativo y Ejecutivo, mismos que han rebasado el ámbito
político y requieren de una determinación jurídica de la autoridad competente.
Por lo anterior, el Partido de la
Revolución Democrática reitera que no debe limitarse el derecho constitucional de la
Asamblea Legislativa y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal para acudir y presentar
los alegatos y pruebas procedentes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin
de que conforme a derecho se determine la procedencia de vetar de manera parcial el
proyecto de decreto de reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal.
Frente a este escenario,
consideramos que este honorable organo Legislativo debe ser respetuoso de las atribuciones
constitucionales otorgadas al Poder Judicial y esperar su resolución, toda vez que al
promover una controversia constitucional, los legisladores del Distrito Federal utilizan
un recurso que la Carta Magna otorga a un órgano legislativo que considera ha visto
vulneradas sus atribuciones; dado que la Asamblea Legislativa tiene el derecho de acudir a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presentar este recurso, lo cual le da al
Ejecutivo local el derecho de presentar los argumentos jurídicos a que haya lugar.
Por ello, el grupo parlamentario
del PRD considera que no es procedente el exhortó que se pretende realizar al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal; ya que primero se deben tener los elementos suficientes que
permitan analizar y resolver lo conducente, por ello, proponemos se proceda a invitar
partes para que remitan todo tipo de información que, se genere al respecto y estar
atentos a las resoluciones que en su momento genere la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
De esta manera, se contribuye a no
violentar el marco jurídico que norma la relación entre dos poderes locales, en este
caso la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, evitando con ello
emitir un acuerdo precipitado que vicie el proceso jurídico en marcha.
Por lo antes expuesto, el suscrito
se permite presentar voto particular en contra por la forma y fondo del contenido del
dictamen con proyecto de punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal a que proceda a la inmediata publicación del texto integro del decreto que
contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal 2003.
En consecuencia, se somete a
consideración de esta Comisión Permanente el siguiente:
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión acuerda solicitar, en forma respetuosa, a la honorable Asamblea Legislativa del
Distrito Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, toda la información
referente a la iniciativa, debate, aprobación y publicación del decreto que contiene
diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal 2003, así como
mantener informado a este órgano legislativo, en todo momento, respecto al avance y
consideraciones legales que se presenten en torno a la controversia constitucional
presentada por la honorable Asamblea Legislativa y los alegatos y pruebas que presente el
jefe de Gobierno del Distrito Federal, con objeto de que esta comisión tome las
resoluciones pertinentes.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 6 de marzo de 2003.— Dip. Ramón
León Morales (rúbrica).»
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Consulte la Secretaría a la
Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado José Tomas
Lozano y Pardinas:
En votación económica se pregunta
a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
En votación económica, se
pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Aprobados los puntos de acuerdo.
Comuníquense.
ESTADO
DE JALISCO
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Primera Comisión de
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, fue turnado para estudio y elaboración del dictamen, la
proposición con punto de acuerdo presentado por el diputado Salvador Cosío Gaona, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar que se
agilice el pago de la indemnización a ejidatarios afectados por la construcción de la
presa Cajón de Peñas, en el municipio de Tomatlán, estado de Jalisco, citando a
comparecer a los funcionarios de las dependencias federales involucradas.
ANTECEDENTES
1. En sesión de fecha 26 de
febrero del año en curso el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional presentó una proposición con punto de acuerdo para
solicitar que se agilice el pago de la indemnización a ejidatarios afectados por la
construcción de la presa Cajón de Peñas, en el municipio de Tomatlán, estado de
Jalisco, citando a comparecer a los funcionarios de las dependencias federales
involucradas.
2. En esa misma fecha, se turnó el
referido punto de acuerdo a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales
y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a efecto de que se
elaborara el dictamen correspondiente.
3. Los integrantes de esta Primera
Comisión de Trabajo, en acatamiento al turno dispuesto y en reunión de trabajo
procedimos al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen, tomando en
cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES
El punto de acuerdo presentado por
el diputado Salvador Cosío Gaona, a la letra dice:
Unico. Que esta Comisión Permanente solicita al
Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de la
Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, la información oficial en cuanto a la
expropiación y el pago a los afectados por la construcción de la presa Cajón de Peñas,
en el ejido Nuevo Santiago, en Tomatlán, Jalisco, citando a comparecer a los funcionarios
de las dependencias federales involucradas en el proceso, exhortando a liquidar de
inmediato el pago que se adeuda a los ejidatarios afectados.
Los integrantes de esta Primera
Comisión estiman pertinente reproducir textualmente los antecedentes que motivan el punto
de acuerdo que se dictamina, tal y como fue presentada por el proponente y que contiene el
punto de vista personal del legislador:
“A principios de los años 90
se construyó la presa denominada Cajón de Peñas, que es una de las más grandes e
importantes de Jalisco y la región occidental del país.
Para efectuar la construcción del
envase citado, el Ejecutivo Federal expropió aproximadamente mil hectáreas del ejido
Nuevo Santiago, enclavado en Tomatlán, Jalisco, mediante decreto de fecha 11 de marzo de
1991 a favor de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Desde esa fecha de expropiación,
transcurrieron casi cinco años de gestión administrativa infructuosa que incluye un
centenar de visitas de la directiva ejidal para un número muy grande de oficinas
gubernamentales federales, tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México, con el
consecuente desgaste físico y la erogación de sumas cuantiosas de recursos económicos a
cargo de los campesinos, con traslados costosos desde Tomatlán a cinco horas de
Guadalajara y en ocasiones obligados a venir a la Ciudad de México.
Ninguna instancia federal resolvió
nada a favor de ellos y fue en el año 1997, que con el argumento de requerir fundamentar
la acción de pago a los ejidatarios afectados, la entonces Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos, solicitó a la mesa directiva del ejido Nuevo Santiago que
procediera a presentar demanda ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Guadalajara,
como requisito indispensable a fin que la Tesorería General de la Federación pudiera
entregar el pago correspondiente al afectado, con la promesa de allanarse a dicha demanda
y emitir de inmediato el documento de pago a favor de ellos.
Sin embargo, el Ejecutivo Federal
decidió alargar el trámite en forma injusta, producto de su influencia y en la
complacencia de autoridades agrarias, encontrando diversas formas de continuar evadiendo
el pago, inventando pretextos fútiles para dilatar el proceso y ocasionar gastos
millonarios a los campesinos, que llevan ya más de 10 años en busca de obtener la
compensación que les corresponde por la afectación que recibieron y casi 6 años de
batallar en un proceso legal muy desigual, 6 años de enfrentar la influencia del gobierno
que se niega a pagar lo que debe y que no le importa que el procedimiento dure muchos
años más y sea cada vez más costoso para los campesinos, que continúan gastando
elevadas sumas de honorarios de abogados, peritajes, certificaciones, traslados diversos,
entre otros y para los que, cuando llegue el pago que merecen, será de un valor muy
menoscabado en relación de los bienes que poseían.
Finalmente la lucha de los
campesinos en busca de justicia tuvo un primer fruto, e1 Tribunal Agrario Unitario Décimo
Cuarto de Distrito, emitió resolución el 5 de abril del año pasado, en el expediente
489/97 y determinó una sentencia que condenó al Ejecutivo Federal, a través de la
Sagarpa, al pago inmediato de indemnización correspondiente a las hectáreas afectadas a
los ejidatarios de Nuevo Santiago en Tomatlán, Jalisco.
No obstante la promesa que hiciera
la Sagarpa de liquidar el pago en cuanto resultará sentencia condenatoria y evitar
recurrirla. Esto fue de nuevo una promesa incumplida, fue un engaño más. Más aún, la
Sagarpa ha obstaculizado sistemáticamente por casi un año, la ejecución de la sentencia
del Tribunal Agrario con recursos denostables, como la ausencia premeditada en audiencias
judiciales, para promover se fije nueva fecha, misma que en contubernio con la autoridad
agraria se determina sistemáticamente a mucha distancia, para dilatar aún más, el
procedimiento de ejecución de sentencia.
Además de incumplir sistemática y
premeditadamente también, con la presentación de documentos como peritajes y avalúos
para dilatar más las audiencias y seguir complicando el proceso. Es muy claro, la Sagarpa
se niega por mero capricho a pagar a los afectados campesinos y se propone alargar el
proceso con artimañas legaloides y la complicidad de autoridades agrarias para, en su
caso, quizá, cumplir y pagar pesos alrededor de corcholatas en al menos 5 ó 6, años
más.
El promovente manifiesta que por
ello solicita la intervención inmediata del Poder Legislativo, a favor de los campesinos
de Nuevo Santiago en Tomatlán, Jalisco, los cuales su único reclamo es de justicia, es
decir, que cese el imperio legal del más fuerte o sea el Gobierno Federal, sobre el más
débil, que son ellos, los campesinos. La exigencia de los campesinos es muy clara y es
muy justa que el Poder Ejecutivo Federal, cumpla con su responsabilidad de pagarles por lo
afectado.
Por los motivos expuestos, solicito
que esta Comisión Permanente intervenga y requiera de inmediato al Poder Ejecutivo
Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, de la Sagarpa, la Secretaría de la
Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, la información oficial del caso, exhortando a
liquidar de inmediato a los campesinos de Nuevo Santiago, en Tomatlán, Jalisco, y de ser
necesario, para hacer este exhorto requiera la comparecencia de cualquier funcionario que
esté involucrado en el asunto que venga a aportar la información que esclarezca el
fundamento del por qué la negativa a liquidar lo que les corresponde. Ante hechos como
éste no podemos quedarnos callados y dejar en la desesperación a campesinos que son
pisoteados por el único reclamo de exigir lo que se les expropió, dejándolos en el
desamparo, sin tierras y sin pago.
Los miembros de esta Primera
Comisión de Trabajo consideran conveniente solicitar la información oficial relativa a
la expropiación de terrenos ejidales ubicados en el ejido Nuevo Santiago en Tomatlán,
Jalisco, con relación a la construcción de la presa Cajón de Peñas, y se turne para su
análisis y seguimiento a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados
a efecto que determine lo conducente.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción II, 78 fracción III de la
Constitución Federal; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; y 58, 60, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión
de Trabajo que suscriben el presente, someten a la consideración del Pleno de la
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el presente dictamen, con el siguiente:
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Esta Comisión Permanente solicita al Poder
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de la
Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, la información oficial en cuanto a la
expropiación de terrenos ejidales relativos al ejido Nuevo Santiago, en Tomatlán,
Jalisco, con relación a la construcción de la presa Cajón de Peñas, y se turne para su
análisis y seguimiento a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados
a efecto que determine lo conducente y solicite toda la información y/o documentación
ulterior que requiera para la posible agilización del procedimiento respectivo.
Dado en el salón de comisiones de
la H. Cámara de Diputados, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil
tres.— Sen. Orlando A. Paredes Lara, Presidente;
Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica),
secretario; Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica),
secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo, Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Sen. Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Sen. David Jiménez González, Sen. Antonio García Torres, Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica), Dip. Mónica Leticia Serrano Peña, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Furhken.»
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
En consecuencia está a discusión
el punto de acuerdo.
Se abre el registro de oradores.
Consulte la Secretaría a la
Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
Se pregunta a la Asamblea si se
considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Suficientemente discutido el punto de
acuerdo.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
En votación económica se pregunta
a la Asamblea…
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Permítame Secretaria. Sí,
senador.
El senador Jorge Zermeño Infante (desde su
curul):
Para aclarar nada mas que estamos
votando, se acordó en la comisión que este punto de acuerdo no se votó, sino que se
turnara la propuesta del diputado a las comisiones de campo, pues, para que se le diera
seguimiento a este asunto y se atendiera la petición de los ejidatarios que no han sido
liquidados en esta expropiación. No estamos votando el punto de acuerdo tal como lo
propone el diputado sino que el asunto se turne a las comisiones, ¿eso es lo que estamos
votando?
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Activen el sonido en la curul del
diputado Cosío.
El diputado Salvador Cosío Gaona (desde su
curul):
Como promovente y a nombre de la
comisión, secretario de la misma, en lo que se aprobó en la comisión es el texto que
está planteado en el punto de acuerdo sujeto a consideración de este pleno, en el
sentido de solicitar la información, y que ésta sea una vez que llegue, derivada a las
comisiones de Recursos Hidráulicos y de Agricultura de la Cámara de Diputados. Así
viene planteado el punto de acuerdo, es en los términos en que se aprobó en la
comisión, se pide la información y ésta se decide, se turna a las comisiones de
Recursos Hidráulicos y de Agricultura de la Cámara de Diputados.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias. Continúe la Secretaría.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:
En votación económica, se
pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Aprobado el punto de acuerdo.
Comuníquese.
SECTOR
AGROPECUARIO
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
Se procede a dar lectura al punto
de acuerdo en relación a la proposición de solicitar al Ejecutivo Federal la revisión
del Capítulo VII al sector Agropecuario.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.
DICTAMEN
A la Segunda Comisión de
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente
del honorable Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del
dictamen respectivo el punto de acuerdo, presentado por el Dip. Ramón León Morales,
sobre la renegociación del Capítulo VII del TLCAN.
Esta comisión, con fundamento en
los artículos 86, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedió al examen y
discusión de la proposición con punto de acuerdo que dispone de los siguientes
ANTECEDENTES
1. La proposición con punto de
acuerdo presentada en la sesión del 8 de enero de 2003 por el Dip. Ramón León Morales
para que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo
Federal a renegociar el Capítulo Séptimo, Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
2. El dictamen presentado en la
sesión del día 26 de junio del año 2002 de la Tercera Comisión de la Comisión
Permanente del segundo año de la LVIII Legislatura, que contiene punto de acuerdo para la
instauración de una política agropecuaria trilateral de cooperación dentro del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, presentada por los legisladores Lauro Díaz
Castro, Fidel Herrera Beltrán y Juan Manuel Martínez Nava.
En acatamiento al turno dispuesto,
los integrantes de la comisión que suscribe analizaron la proposición referida, la cual
se fundamenta en la exposición de las siguientes
CONSIDERACIONES
1. Que a partir de la entrada en
vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a pesar de que se han
conseguido avances y beneficios para México en lo referente a los rubros industriales y
comerciales, en el agropecuario se han profundizado las diferencias con nuestros socios
comerciales.
2. Que en nueve años de su
aplicación, se han generado una serie de controversias entre los países firmantes dado
que las importaciones agropecuarias han sido mucho mayores a las exportaciones, ampliando
con ello el déficit de la balanza comercial agropecuaria de nuestro país.
3. Que las importaciones de
productos agrícolas se han incrementado considerablemente, llegando en muchos casos a
desplazar a los productos nacionales. Por lo cual se violan los principios de cooperación
y competencia equitativa del mismo tratado.
4. Que Estados Unidos de América
apoya sustancialmente a su sector agropecuario, orientando mayores recursos al mismo; con
la implementación de la Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural 2000, avalada
por el gobierno de ese país se destinaron 183 mil 500 millones de dólares, mismos que se
distribuirán a lo largo de los próximos 10 años, a un promedio anual de 18.3 mil
millones de dólares, los cuales se canalizarán en programas de apoyo directo a
productores y programas de conservación ambiental en el campo.
5. Que la eliminación de barreras
comerciales, según la Organización Mundial de Comercio, debe estar ligada con mecanismos
que propicien una política subsidiaria con niveles similares.
6. Que el proceso de desregulación
arancelaria contenido en el TLCAN ha tenido graves repercusiones en el sector
agropecuario, sobre todo porque el mismo presenta, desde hace varias décadas, una crisis
permanente, además de que la apertura al sector no esta acompañada de una política
integral que incluya a la agricultura como motor de la actividad económica y la contemple
como un mero agregado dependiente de las demás actividades del resto de la economía.
7. Que uno de los objetivos del
TLCAN es el de “eliminar barreras al comercio de bienes y servicios con el fin de
auspiciar condiciones para una competencia justa”, situación que actualmente en
nuestro país no se da, dado que los productos agropecuarios importados tienen un precio
menor a los costos de producción de los nacionales.
8. Que con la eliminación de
aranceles a los productos agropecuarios estipulado en el Capítulo VII del TLCAN el
objetivo anteriormente señalado, de una competencia justa, no se dará, dado que las
condiciones de competencia serán cada vez más desiguales entre los productores de los
países del norte y el nuestro.
9. Que en ocasiones las normas
jurídicas contenidas en los tratados internacionales requieren ser adaptadas a la
realidad actual.
10. Que la revisión de un tratado
consiste en un acuerdo de voluntades entre los estados parte para proceder a examinarlo
con objeto de modificarlo y adaptarlo a las nuevas circunstancias imperantes.
11. Que el propio Tratado de Libre
Comercio de América del Norte cuenta con disposiciones jurídicas que hacen posible su
revisión, concretamente los artículos 801 y 2002.
Artículo 801. “Una parte
podrá adoptar una medida bilateral de emergencia con posterioridad a la terminación del
periodo de transición a fin de hacer frente a los casos de daño serio o amenaza del
mismo a una industria nacional que surjan de la aplicación de este tratado, únicamente
con el consentimiento de la parte cuyo bien se aplicaría a la medida”
Artículo 2002. “Las partes
podrán convenir cualquier modificación o adición a este tratado. Las modificaciones y
adiciones acordadas y que se aprueben según los procedimientos correspondientes de cada
parte constituirán parte integral de este tratado”.
12. Que las decisiones tomadas por
cada país deben ser soberanas, pero así mismo deben prever esfuerzos para contrarrestar
los impactos adversos que se pudieran presentar en cualquiera de las partes, cumpliendo
así, con el fundamento sobre cooperación, suscrito en el propio tratado.
13. Que los acuerdos
complementarios pueden representar una solución paralela, viable que interceda por el
sector agropecuario en México, dada la crisis por la que atraviesa éste sector, pero a
su vez, fortalezca el tratado en el largo plazo.
14. Que lo anterior implicaría un
replanteamiento de las políticas comerciales de Estados Unidos, a fin de que estén
fundamentadas en la cooperación con sus socios comerciales, principalmente con nuestro
país, con el cual enfrenta serias diferencias que ponen en peligro el sostenimiento del
tratado.
15. Que el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, contempla como una posibilidad, el incorporar proyectos de
cooperación toda vez que estos sean para beneficio del Tratado. Lo anterior se encuentra
en el artículo 102 del Capítulo I, es el sexto de los objetivos básicos: f)
“Establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y
multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado”
16. Que a petición de Estados
Unidos se han realizado acuerdos paralelos como respuesta a las implicaciones que el TLCAN
generaría en materia de medio ambiente y laboral.
17. Que basado en lo anterior es
necesario la negociación urgente de acuerdos de cooperación basados en un acuerdo
trilateral que homogenice las políticas agropecuarias de los países firmantes del TLCAN.
18. Que el Capítulo VIII del
Tratado de Libre Comercio para América del Norte establece la posibilidad de aplicar
medidas de emergencia a través de salvaguardas cuando las importaciones provenientes de
otro país miembro del TLC cause o amenace causa, daño serio a una industria nacional. En
este caso, un país signatario del tratado podrá adoptar medidas de emergencia que
suspendan temporalmente la eliminación de las tasas arancelarias acordadas o bien,
restablecer la tasa anterior a la entrada en vigor del TLC.
19. Que ante las diversas opiniones
de diferentes sectores de la sociedad mexicana y el debate que ha generado la posible
revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio para América del
Norte, sería conveniente llevar a cabo un análisis exhaustivo y responsable que tenga
por objeto determinar la viabilidad de proponer una acción de esta naturaleza.
Atendiendo a lo anterior, los
integrantes de la Comisión que dictamina, reunidos en fecha 12 de marzo de 2003, han
considerado pertinente someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente
del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo
Federal que instruya, a las dependencias correspondientes, que efectúen a la brevedad
posible una revisión del Capítulo VII, Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, a fin de iniciar una
urgente negociación con las contrapartes firmantes que nos lleve a la realización de
acuerdos complementarios de cooperación que protejan la producción agropecuaria nacional
y coadyuven a sustentar dicho tratado en el largo plazo.
México, DF, a 12 de marzo de
2003.— Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública.—
Sen. Fidel Herrera Beltrán, Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez, Dip. Alfredo Ochoa Toledo, Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González, Sen. Héctor Larios Córdova, Dip. José Tomás Lozano y Pardinas, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Dip. Raúl Martínez González, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández, Dip. Ramón León Morales, Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés.»
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
En consecuencia está a discusión
el punto de acuerdo.
Se abre el registro de oradores.
Se inscribe el senador Héctor
Larios, ¿a favor o en contra?, ¿a favor o en contra, senador?
El senador Héctor Larios Córdova (desde su
curul):
A favor.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
A favor el senador Héctor Larios.
¿Hay algún otro orador, oradora
que quiera inscribirse?..
A favor el diputado León Morales.
Tiene la palabra hasta por cinco
minutos, el senador Héctor Larios.
El senador Héctor Larios Córdova:
Gracias, señor Presidente.
Simplemente para fijar la posición
del Partido Acción Nacional en relación a este punto de acuerdo.
El dictamen que está a discusión,
no fue firmado por los legisladores que integran esta comisión del Partido Acción
Nacional y no lo firmamos, no por tener desacuerdo con el contenido del punto de acuerdo,
sino porque nos parece que no es oportuno entrar a la discusión de temas que llegan a
conclusiones, cuando están en proceso las mesas de diálogo para la solución a los
problemas del campo.
Están en proceso las nueve mesas
que fueron convocadas para definir una política de Estado, en donde participan todos los
actores incluyendo a los legisladores; de tal forma que no nos parecía prudente y
oportuno el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se pronunciara por una
conclusión antes de que estas mesas, en donde insisto, participan todos los actores,
tomaran una definición con respecto a todos estos temas.
Pero además, me parece que es
importante precisar que el punto de acuerdo no instruye una renegociación del Capítulo
VII del Tratado de Libre Comercio referente a la cuestión agropecuaria, sino que se
revise por parte de los funcionarios mexicanos para que, en base a esa revisión, podamos
impulsar todos los acuerdos paralelos que mejoren la posición de competitividad de
México con respecto a nuestros socios comerciales de América del Norte.
En ese tema, el Partido Acción
Nacional está totalmente de acuerdo y aunque no hemos firmado este dictamen por
considerar que no era oportuno, como decía hace ratito, estándose realizando las mesas
de diálogo en torno al campo, sí estamos de acuerdo con el contenido y nuestro voto
será a favor.
Es cuanto, señor Presidente.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el diputado Ramón
León Morales.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor Presidente.
Hubiéramos querido, desde el
Partido de la Revolución Democrática, impulsar un punto de acuerdo mucho más
contundente, un punto de acuerdo efectivamente donde se pudiera exhortar al Ejecutivo a
una renegociación del Tratado de Libre Comercio.
Sin embargo, queremos reconocer que
en el ámbito del cabildeo que se hizo con las otras fuerzas políticas, se pudo suavizar,
quiero decirles, no nos gusta este suavizamiento en el punto de acuerdo, pero finalmente
estaremos de acuerdo y lo votaremos en contra.
Efectivamente, estamos haciendo un
llamado... Perdón, lo votaremos a favor, disculpen, disculpen. Ya me hice bolas.
Lo votaremos a favor, claro.
Se suaviza en el sentido de que se
hace un exhorto al Ejecutivo para que, a través de los órganos pertinentes, de las
instancias correspondientes, se haga una profunda revisión del Tratado de Libre Comercio
y, a partir de esta revisión, consideramos nosotros, se hagan los ajustes con las
contrapartes, con los socios comerciales de Canadá y de Estados Unidos.
Nos congratulamos de que el Partido
Acción Nacional vaya a votar a favor este punto de acuerdo. Los compañeros del PRI, del
PT, del Verde así lo han expresado y que podamos sacar unánimemente este exhorto al
Ejecutivo para que se haga la revisión del Tratado de Libre Comercio y, en base a esto,
las posibles renegociaciones que se den.
Gracias.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias, diputado Ramón León
Morales.
Consulte la Secretaría a la
Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
Con mucho gusto, señor Presidente.
Se consulta al pleno si el anterior
punto de acuerdo se considera suficientemente discutido.
Las legisladores que estén por la
afirmativa les rogamos manifestarlo...
Quienes están por la negativa...
El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Suficientemente discutido el
punto de acuerdo.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
En consecuencia, en votación
económica se pregunta si se aprueba el anterior punto de acuerdo.
Quienes estén por la afirmativa
les rogamos manifestarlo...
Quienes estén por la negativa...
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Aprobado el punto de acuerdo.
Comuníquese.
PENA DE
MUERTE
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
«Primera Comisión de
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, fue turnada para estudio y elaboración del dictamen, la
proposición con punto de acuerdo presentada por el senador Rutilio C. Escandón Cadenas,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que el titular
del Poder Ejecutivo Federal, exhorte respetuosamente al Gobierno de Texas, para que acate
el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia y adopte en consecuencia, las
medidas necesarias para respetar la vida de nuestros connacionales Osvaldo Torres
Aguilera, Roberto Moreno Ramos y César Roberto Fierro Reyna.
ANTECEDENTES
1. En sesión de fecha 19 de
febrero del año en curso el senador Rutilio Cruz Escandón Cadenas, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una proposición con
punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal, exhorte
respetuosamente al Gobierno de Texas, para que acate el fallo emitido por la Corte
Internacional de Justicia y adopte en consecuencia, las medidas necesarias para respetar
la vida de nuestros connacionales Osvaldo Torres Aguilera, Roberto Moreno Ramos y César
Roberto Fierro Reyna.
2. En esa misma fecha, se turnó el
referido punto de acuerdo a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales
y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a efecto de que se
elaborara el dictamen correspondiente.
3. Los integrantes de esta Primera
Comisión de Trabajo, en acatamiento al turno dispuesto y en reunión de trabajo
procedimos al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen, tomando en
cuenta las siguientes
CONSIDERACIONES
La propuesta con punto de acuerdo
presentada por el senador Rutilio Escandón Cadenas, a la letra dice
Unico. Que el titular del Poder Ejecutivo Federal
exhorte respetuosamente al Gobierno de Texas; para que acate el fallo emitido por la Corte
Internacional de Justicia y adopte en consecuencia, las medidas necesarias para respetar
la vida de nuestros connacionales Osvaldo Torres Aguilera, Roberto Moreno Ramos y César
Roberto Fierro Reyna.
El pasado 5 de febrero del año en
curso, la Corte Internacional de Justicia, máximo órgano judicial de las Naciones
Unidas, con sede en La Haya, emitió un fallo cautelar en el que se exhorta a Estados
Unidos de América a detener temporalmente la ejecución de tres de los 51 mexicanos
condenados a muerte en ese país, dos de ellos en el estado de Texas y el otro en
Oklahoma.
Lo anterior en virtud, de que el
pasado 21 de enero, el Gobierno de México presentó ante este tribunal una demanda para
suspender la aplicación de la pena de muerte a 51 connacionales detenidos en Estados
Unidos, por considerar que existieron irregularidades en su proceso judicial.
Dos de los mexicanos citados en el
fallo: César Roberto Fierro Reyna, Roberto Moreno Ramos, se encuentran en el pabellón de
la muerte en Texas. El tercero, Osvaldo Torres Aguilera, enfrenta el riesgo de ser
ejecutado en Oklahoma, los cuales corrían riesgo de ser ejecutados “de forma
inminente”, según los jueces del tribunal.
Dicho fallo se sustentó
primordialmente en los argumentos hechos valer por el Gobierno mexicano sobre la
violación del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Asuntos Consulares de 1963 de
la cual Estados Unidos forma parte y que consiste en la transgresión al derecho de todo
ciudadano de contar con asistencia legal por parte del Consulado de su país de origen al
momento de ser detenido y sujeto a proceso migratorio o penal, situación que no fue
respetada.
Esta dictaminadora considera, que
no nos encontrarnos ante una situación excepcional, toda vez que a lo largo del tiempo,
se ha venido constatando la reiterada violación de garantías procesales a que son
sujetos nuestros connacionales en el vecino país del norte, lo cual representa un vivo
ejemplo de la tradicional y continua actitud de discriminación racial y de vejación a la
dignidad humana que en ese país se practica y que tiende a colocarse frecuentemente por
encima del Derecho Internacional, desconociendo tratados internacionales en materia de
Derechos Humanos. Prueba de que el procedimiento judicial en diversos Estados de la Unión
Americana, están plagados de irregularidades, es que el acontecimiento suscitado el 11 de
enero del presente año en donde el gobernador saliente del estado de Illinois, George
Ryan, decidió otorgar un indulto a 167 sentenciados a muerte manifestando que “el
Sistema de Penas Capitales de su entidad que los condenó había sido caprichoso e
inmoral”. La citada medida incluyó a tres connacionales de nombres Juan Caballero,
Gabriel Soloache y Mario Flores.
No obstante lo anterior, resultan
aún más preocupantes las recientes declaraciones del gobernador de Texas, quien
manifestó “que el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia no afecta en
nada la situación jurídica de los sentenciados a muerte y que tal solicitud es una
intromisión injustificable tanto en el sistema de justicia estadounidense como en su
soberanía”.
Resulta oportuno mencionar a esta
soberanía que en el Estado de Texas se ejecuta a más personas que en cualquier otra
jurisdicción de occidente. Como paradigma de ello, se hace alusión que en dicho Estado
se ha roto récord de ejecuciones llevándose a cabo de agosto del año 2001, 251
ejecuciones desde el restablecimiento de la pena de muerte en el año de 1982, según
datos emitidos por Amnistía Internacional.
Esta comisión dictaminadora
considera que la pena de muerte, resulta ser evidentemente inhumana, la transgresión a
las normas internacionales en materia de dignidad de los ciudadanos y la vida misma de las
personas.
Asimismo se registran severas
violaciones legales en el juicio que atentan en contra de las garantías procesales
aceptadas internacionalmente en los convenios de la materia, los cuales no hay que olvidar
tienen carácter obligatorio y que no sólo benefician a los mexicanos, sino también a
los nacionales de otros países firmantes que se encuentren en el territorio americano en
situación semejante.
Por tal motivo, no podemos pasar
inadvertidos los incidentes aludidos en donde se juzga de manera inequitativa e injusta.
Esta Primera Comisión de Trabajo,
no pretende de ninguna forma intervenir en el sistema judicial norteamericano, sin
embargo, expresamos firmemente nuestro apoyo a las gestiones emprendidas por el Gobierno
mexicano, pronunciándonos enérgicamente en pro del respeto y cumplimiento a los
instrumentos y organismos internacionales que rigen la convivencia de las naciones que lo
suscriben y ratifican.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción II, 78 fracción III de la
Constitución Federal; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; y 58, 60, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión
de Trabajo que suscriben el presente, someten a la consideración del pleno de la
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el presente dictamen con el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión solicita al Poder Ejecutivo Federal que, a través de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, envíe una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos de
América para exhortar a los Estados de Texas y de Oklahoma a que acaten el fallo emitido
por la Corte Internacional de Justicia y adopten en consecuencia, las medidas necesarias
para respetar la vida de nuestros connacionales Osvaldo Torres Aguilera, Roberto Moreno
Ramos y César Roberto Fierro Reyna.
Segundo. El Senado mexicano se dirigirá al Senado
de Estados Unidos de América para expresar su preocupación ante el incumplimiento del
citado fallo en que están incurriendo sistemática e injustificadamente las autoridades
del estado de Texas y Oklahoma, con objeto de que en el marco de sus facultades, actúen
haciendo valer los términos del mismo.
Tercero. El Senado de la República se dirigirá
al gobernador del estado de Texas y Oklahoma para manifestarle su preocupación ante el
incumplimiento del fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia e invitarlos a su
aplicación correspondiente.
Salón de comisiones de la
Comisión Permanente, a 12 de marzo de 2003.— Primera Comisión de Trabajo,
Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia.— Sen. Orlando A. Paredes Lara, Presidente; dip. José Tomás Lozano Pardinas, secretario; dip. Salvador Cosío Gaona, secretario; dip. Alfredo Ochoa Toledo, dip. César Augusto Santiago Ramírez, sen. Jorge Zermeño Infante; sen. Gerardo Buganza Salmerón, sen. Federico Ling Altamirano, sen. David Jiménez González, sen. Antonio García Torres, dip. Bernardo Borbón Vilches, dip. Mónica Leticia Serrano Peña, sen. Raymundo Cárdenas Hernández, dip. Ramón León Morales y dip. Julieta Prieto Furhken.»
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
En consecuencia está a discusión
el punto de acuerdo.
Se abre el registro de oradores.
Consulte la Secretaría a la
Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
En votación económica se pregunta
a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado
Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Suficientemente discutido el punto
de acuerdo.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
En votación económica se pregunta
si se aprueba el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Aprobado el punto de acuerdo.
Comuníquese.
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Primera Comisión de
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión, fue turnada para estudio y elaboración del dictamen, la
Proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Juan Manuel Carreras López,
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que la Comisión
Permanente designe un grupo plural de diputados y senadores, para atender e informar sobre
la integridad física y el respeto a los derechos de los defendidos involucrados en
denuncias contra la Asociación Amigos de Fox, AC.
ANTECEDENTES
1. En Sesión de fecha 5 de marzo
del año en curso el diputado Manuel Carreras López, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presento ante el pleno, una Proposición con punto de
acuerdo para que la Comisión Permanente designe un grupo plural de diputados y senadores,
para atender e informar sobre la integridad física y el respeto a los derechos de los
defendidos involucrados en denuncias contra la Asociación Amigos de Fox, AC.
2. En esa misma fecha, se turno el
referido punto de acuerdo a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales
y Justicia, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a efecto de
que se elaborara el dictamen correspondiente.
3. Los integrantes de esta Primera
Comisión de Trabajo, en acatamiento al turno dispuesto y en reunión de trabajo
procedimos al análisis, discusión y elaboración del presente Dictamen, tomando en
cuenta las siguientes
CONSIDERACIONES
La propuesta con punto de acuerdo
presentada por el diputado Juan Manuel Carreras López, a la letra señala:
Unico. Que esta Comisión Permanente designe un
grupo plural de diputados y senadores para atender e informar sobre la integridad física
y el respeto a los derechos de los dos detenidos involucrados en denuncias contra la
asociación Amigos de Fox, Asociación Civil.
1a. La Proposición con punto de
acuerdo que se dictamina surge a partir de la propuesta presentada ante esta Soberanía
por el diputado Juan Manuel Carreras López, integrante del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, como consecuencia de la detención y arraigo del ex
presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández García, y
su exsecretario particular, Luis Felipe González Villarreal, los mencionados
exfuncionarios fueron detenidos y arraigados en casas de seguridad por parte de la
Procuraduría General de la República, por estar supuestamente involucrados en denuncias
contra la asociación amigos de Fox, AC, hecho que a los ojos de la mayoría de los
mexicanos ha representado una grave y preocupante violación al Estado de Derecho del
país.
2a. Al punto de acuerdo que se
dictamina se adhirieron legisladoras y legisladores, del Partido Verde Ecologista de
Mexico.
3a. En sesión de la honorable
Comisión Permanente de fecha 5 de marzo, se leyeron cartas, fechadas el cuatro de marzo,
de Mónica Ballesteros y Arely Manning, esposas de Eduardo Fernández y Luis Felipe
González, respectivamente, en las que se quejan de que sus cónyuges estén incomunicados
y posiblemente se les violan diversas garantías constitucionales; además, manifestaron
su temor de que les imputen delitos que no han cometido, por lo que demandaron la
intervención de los legisladores.
4a. La carta de Mónica Ballesteros
de Fernández, expone a los legisladores la situación en que se encuentra su esposo, a
quien, dice, no se le permite comunicarse con el exterior, y que las conversaciones que
tiene con ella son grabadas permanentemente, y lo que más teme es que se le imputen
inadecuadamente responsabilidades por supuestas violaciones a la ley, como romper la
secrecía bancaria y “lavar dinero”, las cuales, dice, no hay indicio alguno de
haberlos cometido.
En su misiva, demandó la
intervención urgente de los legisladores y nombrar una comisión para que acudan los
senadores que se determinen, con el fin de que observen las condiciones y el trato de
delincuente que se le da a su cónyuge y manifestó su temor personal y la suerte de su
marido.
5a. En su comunicación la señora
Arely Manning, actual esposa de Luis Felipe González, en la que denuncia la persecución
política a la que está sometido su esposo por la Presidencia de la República y la PGR,
y la forma violenta e ilegal en que se le detuvo con violación a la Constitución.
6a. Es imperativo responder a la
demanda que han formulado sus familiares, y que ya se han hecho públicas, para que este
honorable Congreso intervenga en dicho caso.
En este asunto un primer nivel y
elemental sentido de intervención es el de verificar el estado de salud de los detenidos,
su condición jurídica y la certeza, si es que pudiera haberla, de que, por el carácter
de las acusaciones que se les han formulado, no son objeto de tratamiento alguno que
busque inhibir o alterar el sentido de las acusaciones que estas personas han emitido a la
opinión pública.
7a. Existe un criterio muy
razonable para esto, ya que los detenidos están señalando a personas íntimamente
ligadas o relacionadas con el poder político, en especial con el Poder Ejecutivo y sus
estados de ánimo. Es decir, se trata de un asunto de la mayor trascendencia nacional, en
el que están en juego, viéndose desde cualquier ángulo, el Estado de Derecho e
intereses políticos y económicos.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción lI, 78 fracción III de la
Constitución Federal; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; y 58, 60, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión
de Trabajo que suscriben el presente, someten a la consideración del Pleno de la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el presente dictamen con el
siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión designa un grupo plural de diputados y senadores para atender e
informar sobre la integridad física y el respeto a los derechos de los dos detenidos
involucrados en denuncias contra la asociación Amigos de Fox, Asociación Civil.
Dado en el Salón de Comisiones de
la honorable Comisión Permanente, a 12 de marzo de 2003.— Primera Comisión de
Trabajo. Senador Orlando A. Paredes Lara, Presidente; diputado José Tomás Lozano y
Pardinas, Salvador Cosío Gaona, secretarios; diputados: Alfredo Ochoa Toledo, César
Augusto Santiago Ramírez, Bernardo Borbón Vilches, Mónica Leticia Serrano Peña, Ramón
León Morales, Julieta Prieto Furhken, senadores: Jorge Zermeño Infante, Gerardo Buganza
Salmerón, Federico Ling Altamirano, David Jiménez González, Antonio García Torres y
Raymundo Cárdenas Hernández.»
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
En consecuencia está a discusión
el punto de acuerdo.
Se abre el registro de oradores...
Consulte la Secretaría a la
Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
En votación económica se pregunta
a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente
diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Suficientemente discutido el punto de
acuerdo.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
En votación económica se pregunta
si se aprueba el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Aprobado el punto de acuerdo.
Comuníquese.
AMIGOS DE
FOX
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Primera Comisión de
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, fue turnada para estudio y elaboración del dictamen
correspondiente, la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Jorge
Carlos Ramírez Marín, a nombre de legisladores integrantes de los grupos parlamentarios
de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde
Ecologista de México, para que el titular del Poder Ejecutivo Federal ordene de inmediato
la designación de un fiscal especial para llevar a cabo la investigación del caso de la
organización denominada Amigos de Fox, AC.
ANTECEDENTES
1. En sesión de fecha 5 de marzo
del año en curso, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario de
Partido Revolucionario Institucional, presentó, a nombre de legisladores integrantes de
los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática y Verde Ecologista de México, una proposición con punto de acuerdo para
solicitar que el titular del Poder Ejecutivo Federal ordene de inmediato la designación
de un fiscal especial para llevar a cabo la investigación del caso de la organización
Amigos de Fox, AC.
2. En esa misma fecha, se turnó el
referido punto de acuerdo a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales
y Justicia, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a efecto de
que se elaborara el dictamen correspondiente.
3. Los integrantes de esta Primera
Comisión de Trabajo, en acatamiento al turno dispuesto y en reunión de trabajo
procedimos al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen, tomando en
cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES
La propuesta con punto de acuerdo
presentada por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, a nombre de legisladores
integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, de
la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, a la letra dice:
Unico. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión solicita al Presidente de la República ordene de inmediato la
designación de un fiscal especial para llevar a cabo la investigación del caso de la
organización denominada Amigos de Fox, AC., cargo que deberá recaer en una persona de
probada honorabilidad y reconocimiento profesional y de reconocida imparcialidad
política.
La agrupación Amigos de Fox, AC.
fue fundada por los ciudadanos Vicente Fox Quesada y Lino Korrodi Cruz con objeto de
obtener recursos para el financiamiento de la campaña presidencial del Partido Acción
Nacional del año 2000.
En efecto, la agrupación funcionó
como medio para la obtención de recursos para el financiamiento de la campaña electoral
del ciudadano Vicente Fox Quesada, candidato del PAN a la Presidencia de la República.
A raíz de algunas denuncias
realizadas por diversos partidos políticos, se deduce que esta organización pudo haber
sido el conducto para que ingresaran a dicha campaña electoral recursos procedentes del
extranjero, lo cual no está permitido de acuerdo a la legislación electoral mexicana
vigente.
Asimismo, la agrupación Amigos de
Fox, AC., ha sido señalada como probable responsable de la utilización del sistema
bancario mexicano para realizar operaciones con los recursos anteriormente mencionados.
La gravedad de estas acusaciones
resulta de particular interés y trascendencia para la vida política y jurídica del
país, por lo que se hace indispensable que estas denuncias se analicen a fondo, con
responsabilidad e imparcialidad y una vez estudiadas, se actúe conforme a derecho.
Esta comisión dictaminadora
reconoce que la facultad de investigación y persecución de los delitos corresponde a la
Procuraduría General de la República, dependencia del Poder Ejecutivo Federal y que
sólo a través de ella se podrán realizar las investigaciones correspondientes.
Es por ello, que las
investigaciones sobre el caso de la organización Amigos de Fox, AC., deberán recaer, a
juicio de esta dictaminadora, en la persona de un fiscal especial que cuente con el debido
reconocimiento profesional y ético, además de imparcialidad política, que garantice la
objetividad en el desarrollo de las investigaciones.
Con ello, esta comisión
dictaminadora no pretende, de ninguna manera, hacer a un lado las responsabilidades de la
Procuraduría General de la República ni interferir en las facultades y competencias que
por ley le corresponden, sino únicamente garantizar la imparcialidad en el desarrollo de
las investigaciones y la adecuada aplicación de la ley.
La Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, en el párrafo segundo de su artículo 13, faculta
al Procurador General de la República para crear fiscalías especiales para el
conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia,
interés y características así lo ameriten.
Esta comisión considera que la
trascendencia, interés y características de los posibles delitos que pudieran resultar
de las investigaciones en el caso de la organización Amigos de Fox, AC., ameritan la
creación de una fiscalía especial que garantice, en favor de las instituciones del
país, una plena objetividad e imparcialidad.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción II, 78 fracción III de la
Constitución Federal; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; y 58, 60, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión
de Trabajo que suscriben el presente, someten a la consideración del pleno de la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el presente dictamen con el
siguiente:
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión solicita al Presidente de la República que instruya de inmediato al
Procurador General de la Republica para que designe un fiscal especial para llevar a cabo
la investigación del caso de la organización denominada Amigos de Fox, AC, cargo que
deberá recaer en una persona de probada honorabilidad y reconocimiento profesional y de
reconocida imparcialidad política.
Salón de comisiones de la
Comisión Permanente, a 12 de marzo de 2003.— Primera Comisión de Trabajo,
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.— Senador Orlando A. Paredes Lara, Presidente; diputado José Tomás Lozano y Pardinas, secretario; Salvador Cosío Gaona, secretario; diputado Alfredo Ochoa Toledo, diputado César Augusto Santiago Ramírez; en contra,
senador Jorge Zermeño Infante, senador Gerardo Buganza Salmerón; en contra, senador Federico Ling Altamirano, senador David Jiménez González, senador Antonio García Torres, diputado Bernardo Borbón Vilches, diputada Mónica Leticia Serrano Peña, senador Raymundo Cárdenas Hernández, diputado Ramón León Morales y diputada Julieta Prieto Furhken.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
En consecuencia está a discusión
el punto de acuerdo.
Se abre el registro de oradores...
En contra el diputado Zapata
Perogordo; en pro el senador Paredes y el senador Raymundo Cárdenas.
Tiene la palabra el diputado Zapata
Perogordo, hasta por cinco minutos.
El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:
Gracias, señor Presidente;
compañeros legisladores:
Creo que una de las premisas
fundamentales que hemos intentado los legisladores del grupo parlamentario de Acción
Nacional es fortalecer las instituciones democráticas de este país.
He leído con detenimiento el
dictamen que presenta la Primera Comisión a este pleno de la Comisión Permanente. En
principio yo coincido con la posición de que se establece de que en la propia
Procuraduría General de la República debe trabajarse pues con honorabilidad, con
reconocimiento profesional, con imparcialidad política. ¡Por su- puesto, porque han sido
esos principios que Acción Nacional siempre ha defendido!
Lo que no encuentro en ese dictamen
es, ¿de dónde proviene la duda de que la Procuraduría General de la República no está
trabajando bajo ese tenor? Y miren, ustedes verán, en principio el titular de la
Procuraduría General de la República, de la institución del Ministerio Público, pues
es el Procurador General de la República; que no se elige solamente por una persona, sino
que se conforma su ratificación a través del Senado de la República, donde podemos
señalar que en esta ocasión no solamente se ha tratado de una persona que no está
definida por ningún partido político, sino que además se analizó en su momento y en su
oportunidad para que fuera de reconocida honorabilidad y profesionalismo.
Habré de señalar también de que
se ha elogiado el trabajo que ha estado realizando la Procuraduría General de la
República por su combate permanente al narcotráfico, por estar tratando inclusive de
evitar y resolver esos grandes delitos sociales que impactan como el secuestro. Podemos
señalar que los mismos legisladores, de todos los grupos parlamentarios, han elogiado ese
trabajo y esa labor.
Por lo tanto, creo que no es justo
el que ahora se esté señalando en un dictamen que se requieren los atributos que
nosotros mismos hemos reconocido en la Procuraduría General de la República para formar
una fiscalía especial. Por otro lado, tampoco podemos sustituirnos en las facultades que
tiene el propio Procurador General de la República.
¡Yo no veo elemento alguno para
que en este momento se ponga en duda la honorabilidad, la responsabilidad y el
profesionalismo de esa institución; por el contrario, creo que no solamente se ha ido
fortaleciendo, pero que dictámenes de esta naturaleza, que los hemos llevado a la
politización, hacen que después nuestras instituciones sean frágiles!
Compañeros: yo creo que no existe
elemento alguno en estos momentos ni bajo estas circunstancias para estar poniendo en
riesgo las instituciones democráticas del país. Yo los exhorto a que en ese sentido
podamos dejar que la propia Procuraduría esté cumpliendo con sus atribuciones, tal como
lo ha venido haciendo hasta el día de hoy y que no estemos polarizando, politizando,
situaciones del orden jurídico o jurisdiccional con posiciones partidistas con tal de
estar, como lamentablemente lo hemos observado, haciendo una permanente descalificación.
Creo que no hay elemento alguno
para hacer una solicitud de esta magnitud, que debemos finalmente, por la conducción que
ha tenido la propia Procuraduría, no solamente en confiar en su imparcialidad y en
confiar en su profesionalismo y en su capacidad, sino que fundamentalmente con la
confianza que se ha ido ganando podemos, dejándola actuar, fortalecer una de las más
grandes instituciones de este país.
Muchas gracias.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el senador Orlando
Paredes Lara, hasta por cinco minutos.
El senador Orlando Paredes Lara:
Con su venia, señor Presidente;
honorable Asamblea:
Hace una semana, haciendo uso de
esta tribuna, las fracciones del Partido Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática y del Verde Ecologista de México, presentamos una proposición con punto de
acuerdo para que esta soberanía solicite al titular del Poder Ejecutivo ordene la
designación de un fiscal especial para llevar a cabo la investigación del caso de la
organización Amigos de Fox, AC.
Como es de todos conocido, dicha
agrupación fue fundada por Vicente Fox y por Lino Korrodi, con el afán de hacerse de
recursos para la campaña del hoy Presidente de México.
Desde el año 2000, semanas antes
de la elección presidencial, se hizo del conocimiento de la opinión pública que dicha
organización habría sido el canal para que recursos del extranjero se aportaran al
financiamiento de la larga actividad política de Vicente Fox, lo que contravino a las
disposiciones del artículo 33 párrafo final de la Constitución General de la
República.
A casi tres años de dicha
denuncia, un exservidor público reveló hace algunos días que ese asunto existió y que
presumiblemente los “Amigos de Fox”, podrían haber incurrido en delitos graves,
al haber utilizado el sistema bancario nacional para llevar a cabo operaciones con
recursos de procedencia ilícita.
Como es de todos ya conocido, a
través de los medios de comunicaciones de las distintas posturas que los partidos
políticos de oposición han hecho al respecto, el hoy denunciante, por consigna del
denunciado, se ve envuelto en una de las creaciones de este Gobierno, con el fin de
distraer a la opinión pública de las investigaciones que requiere el hecho.
Es indudable que la poca
transparencia y la falta de voluntad política para ventilar las investigaciones del caso
conforme a derecho por parte del Ejecutivo Federal, empaña el ambiente de certidumbre que
debe existir, invitando al encono y al rompimiento de los consensos y los acuerdos.
De ser ciertas las denuncias
públicas sobre el financiamiento ilícito por parte de los amigos del hoy Presidente de
la República, las instituciones, entre ellas la presidencial y la de justicia, se
enfrentan ante una circunstancia seria y muy grave, en donde el estado de derecho se pone
en entredicho.
Por encima de todo, por encima de
la figura presidencial, de las instituciones políticas, de los ciudadanos, la
procuración de justicia, la aplicación de la ley, debe ser siempre aplicada con
imparcialidad y debe ser pareja para todos.
Lo dilatado de algunos casos, sobre
todo éste y la celeridad que se le da a otros, crean escenarios que muchas veces se
confunden con la realidad. Lo dijimos hace una semana, es sospechoso y por ello
inaceptable, que en un asunto legal los denunciados estén libres y los denunciantes
secuestrados.
Nos resulta inaceptable que ante la
falta de claridad jurídica, existan personalidades privilegiadas por el actual Gobierno
Federal, como es el caso de Lino Korrodi, quien a los pocos días de la denuncia fue
citado en lo oscurito, sin ser molestado por la prensa y al que se le encargó presentar
su declaración por escrito.
Asimismo, es inaceptable que se
apliquen prácticas autoritarias al crear pruebas, al falsear declaraciones y al destruir,
por medio del descrédito y la descalificación, el prestigio de las instituciones y la
verdad de los ciudadanos.
Con hechos como éstos y los que
seguramente faltan, se pone en riesgo, se vulnera la confianza, la gobernabilidad, la
credibilidad y la legitimidad del arduo esfuerzo democrático que México ha desarrollado
en los últimos años.
A fin de evitar mayor deterioro de
las instituciones y de la imagen y las funciones del titular del Ejecutivo, exigimos el
análisis más escrupuloso de la denuncia hecha en días pasados en contra la asociación
“Amigos de Fox”, con la premisa principal de garantizar que la ley se aplique
sin distingos y de manera equitativa.
Por ello, la propuesta hecha hace
una semana para que el Presidente de la República ordene de inmediato, hoy mismo si es
preciso, la designación de un Fiscal Especial para llevar a cabo la investigación del
caso.
Para nosotros es determinante para
darle certidumbre al ambiente político y a los acuerdos que la nación requiere, lo es,
porque nuestro país no es rehén de unos amigos, mucho menos si son del Presidente de
México es una nación de instituciones construidas con el esfuerzo de muchos mexicanos a
través de décadas, el titular del Ejecutivo es el jefe de las instituciones y de los
esfuerzos del pueblo mexicano, el Presidente Vicente Fox nos debe respeto, justicia e
imparcialidad.
Muchas gracias.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias, señor senador:
Para el mismo tema, tiene la
palabra el senador Raymundo Cárdenas del Partido de la Revolución Democrática.
El senador Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias, diputado Presidente;
compañeras y compañeros:
En la PGR existe una Fiscalía
Especial para Delitos Electorales, es esta la que estudió el tema del Temescay, está
estudiando ese tema y a nuestro juicio debería investigar también el tema de
“Amigos de Fox” y pensamos que lo podría hacer a través de un agente del
Ministerio Público especial que se dedique única y exclusivamente a este tema y que este
agente del Ministerio Público Especial fuera una persona que le diera confianza a todos
los actores políticos dado que este es un asunto en el que está siendo enjuiciado el
propio Presidente de la República. Como ya hemos señalado, en septiembre del año pasado
nuestro compañero Pablo Gómez presentó pruebas que involucran directamente no sólo a
la grupo Amigos de Fox sino al Presidente de la República y pensamos que la lentitud en
los trabajos desarrollados hasta ahora alrededor de este tema conduce a que sea necesario
que haya este Fiscal Especial o Agente del Ministerio Público Especial yo creo que
nuestros amigos del PRI no deberían de tener dificultad en la denominación de este
personaje.
La idea que a mi juicio unifica
nuestra posición con ellos y explica nuestro voto a favor es que sea una persona que nos
garantice a todos que esta investigación va a hacerse a fondo, rápido y que va a tener
resultados que fortalecerán tanto a las instituciones de procuración de justicia como
coadyuvarán al fortalecimiento del IFE para que también pueda resolver ya de una vez por
todas en lo que corresponde a su ámbito este asunto de “Amigos de Fox”.
Yo no creo que al Presidente le
ayude mucho el que simplemente no haya respuesta a este planteamiento o que se diga
“es que se socava la autoridad de la PGR o el prestigio”; el hecho es,
compañeras y compañeros, que el tema “Amigos de Fox” está en la opinión
pública desde el propio año 2000; el sexenio está llegando a la mitad y sigue habiendo
obstáculos para que el IFE obtenga la información debida no de las finanzas ordinarias y
extraordinarias del PAN sino que no recibe la información a fondo del dinero de los
fideicomisos que creó “Amigos de Fox” y que presumiblemente, por las pruebas
que el PRD ha presentado, se usaron en la campaña de ése candidato.
Ese es el tema. Porque se ha
intentado decir “No, el PAN siempre ha querido que le fiscalicen sus cuentas”.
No, si ése no es el problema; el problema son las cuentas de “Amigos de Vicente
Fox”, los fideicomisos, y resulta que quien administraba compañeras y compañeros,
quien decidía a dónde iban esos dineros de esos fideicomisos era el propio candidato
Vicente Fox, por eso está involucrado él.
Ahora bien, está probado que por
la vía de la simple fiscalía especial por delitos electorales, este tema no avanza con
la rapidez necesaria y eso no le ayuda ni al Presidente, ni al PAN, ni a las propias
instituciones, ni al país. Por esa razón no creo que sea incorrecto pedirle al
Presidente que ya se disponga a cabildear lo necesario para nombrar a una persona que él
nombra, él propiamente o a través del Procurador nombraría pero que sería una persona
que nos dé confianza a todos de que va a trabajar con la celeridad necesaria para que
pronto el país recupere en ése ámbito la confianza en instituciones fundamentales para
México, para esta transición democrática como el IFE y como estas fiscalías especiales
de la Procuraduría General de la República.
Por eso yo insistiría, el
Presidente Fox, que ojalá haya salido bien de su operación, el Presidente Fox debe ser
el primer interesado en facilitar que esta investigación llegue a fondo y rápido. Ojalá
que pronto podamos dar nuestra opinión sobre nombres que él proponga para este fiscal
especial o este agente del Ministerio Público especial adscrito a la Fiscalía Especial
de Delitos Electorales que ya existe y que con ello se nombre muy rápidamente.
Gracias.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias, señor senador.
Sí senador, ¿con qué objeto?..
Para rectificar hechos tiene la
palabra hasta por cinco minutos el senador Jorge Zermeño, del Partido Acción Nacional.
El senador Jorge Zermeño Infante:
Es evidente que un tema de esta
naturaleza que se ha politizado tanto ante la opinión pública, el PAN ha declarado de
manera contundente, en donde quiera que ha habido oportunidad de señalar cuál es la
posición de nuestro partido, que se le ha ordenado a la Comisión Nacional Bancaria que
le entregue todas las cuentas del PAN, ingresos y gastos, tanto a la Comisión de
Fiscalización del IFE como a la autoridad competente que tenga que revisar los gastos y
los ingresos de campaña y los ingresos ordinarios y los gastos ordinarios de nuestro
partido.
No tenemos absolutamente nada que
ocultar. En este punto de acuerdo nos parece que parte de un error, el Presidente de la
República no tiene ninguna facultad para nombrar ningún fiscal especial. Hemos
modificado desde 1994, la Ley Orgánica de la Procuraduría en donde el Procurador General
de la República, dejó de ser el abogado general de la nación; en donde la Procuraduría
tiene una autonomía funcional y en donde corresponde precisamente y en las propias
modificaciones aprobadas por este Congreso, entre las atribuciones del Procurador está,
este de nombrar unidades especializadas para determinado tipo de delitos específicos y
por supuesto entre sus atribuciones se encuentra esta posibilidad de nombrar fiscales
especiales. Pero de ninguna manera le corresponde al Ejecutivo Federal, no es a él a
quien se le puede estar pidiendo a través, de un exhorto, un punto de acuerdo, que nombre
algún fiscal especial.
Pero nos parece que el tema es
político, no es un tema que se esté buscando con seriedad hacer justicia. Aquí ya hay
juicios y prejuicios, aquí ya hay cantidades, hay señalamientos específicos, hay
afirmaciones de que se trató de tal o cual conducta, de que los recursos provinieron de
tal o cuáles personas, empresas, etcétera.
Nosotros lo que decimos, en
cualquier asunto de esta naturaleza las violaciones a la Ley Electoral o alguna otra ley
que pudieran existir, que se sancionen. Las presuntas violaciones, si es que existen, que
se sancionen. Pero dejemos que la autoridad competente haga su trabajo, exijámosles a las
autoridades competentes que llevan a cabo los trabajos de desahogo de cualquier denuncia,
llámese ésta, como se llame y no queramos en un afán de venganza, en un afán de
pretender decirle a la opinión pública que tan sucio fue el comportamiento de unos como
de otros, porque ni se parecen sus orígenes ni los recursos provienen del erario público
ni los recursos provienen de lavado de dinero ni los montos son los mismos ni se trata de
asuntos iguales. Pero en todo caso a nosotros nos interesa que se haga justicia en esto o
en cualquier otro asunto. Pero digamos la verdad y no estemos buscando que si se sancionó
al PRI, por una actitud incorrecta de desviar recursos públicos para apoyo de una
campaña política, se pretenda frente a la opinión pública exigir comportamientos
iguales, cuando se trata de conductas distintas en sus orígenes, en sus montos y en su
manera de actuar y quién tenga pruebas que las presente frente a las autoridades
competentes y frente a la opinión pública.
Volvemos a repetir, Acción
Nacional no tiene nada que ocultar en ese asunto ni estamos solapando a nadie, cualquier
ciudadano que haya cometido alguna falta, algún delito, alguna irregularidad, que la
autoridad actúe conforme a las atribuciones y a las facultades que tiene, pero que le
demos a los asuntos, que le demos a este tipo de temas la seriedad que merecen y que
busquemos en todo caso, en el caso del IFE, que haga su trabajo, que en el caso de la
Procuraduría y del Ministerio Público, que es y debe ser una institución de buena fe,
actué conforme a las facultades y a las atribuciones que establecen las leyes.
Por otro lado, yo terminaría
diciendo, hay temas que tenemos que legislarlos y que nos corresponde aquí al Poder
Legislativo. Qué lastima que iniciativas que presentamos que habían sido firmadas de
manera conjunta con legisladores de otros partidos, precisamente sobre este tema, para que
no existiera por ejemplo el secreto bancario en materia electoral, para que en esta
materia ningún ciudadano, ninguna empresa pudiera estar bajo alguna otra cuestión legal
y que no pudieran abrirse las cuentas cuando el Instituto Federal Electoral requiriera
información, que es necesaria para aclarar flujos, para aclarar aportaciones a partidos
políticos y a candidatos.
Tenemos que legislar en las
precampañas, valdría la pena revisar los gastos, enormes gastos realizados en
precampañas. Ahí están los gastos realizados en la campaña del PRI, que nunca fueron
fiscalizados ni se habló de topes a los mismos. Ahí están los enormes gastos realizados
en precampañas en muchas entidades federativas. Tenemos que legislarlo y eso es tarea
nuestra y me parece muy importante, porque el Cofipe únicamente regula los gastos de
campaña y sanciona a partidos políticos y quien tenga, vuelvo a repetir, pruebas que
aportar en éstos asuntos, que las presente en las instancias correspondientes.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el diputado Felipe
Solís Acero, para el mismo tema.
El diputado Felipe Solís Acero:
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Yo no termino de entender la razón
por la que nuestros amigos del Partido Acción Nacional una y otra vez se niegan a aceptar
la integración de un órgano técnico con autonomía y presidido por un personaje
conocedor del derecho, de reconocida honorabilidad e imparcialidad política, para
analizar este tema. Y me parece que la argumentación que ha traído a la mesa el senador
preopinante, es una argumentación carente absolutamente de base no sólo legal, sino
constitucional.
Ha dicho aquí que el Presidente de
la República no tiene facultades para nombrar a personal de la Procuraduría General de
la República, para nombrar a los agentes del Ministerio Público y lo vuelve a ratificar
en este momento.
Señor Presidente le pido que con
descuento de mi tiempo, ordene a la Secretaría pueda dar lectura a los tres primeros
renglones del apartado A del artículo 102 de la Constitución General de la República.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Adelante la Secretaría con la
petición del diputado Solís Acero.
La Secretaria senadora Yolanda González Hernández:
Artículo 102 inciso A: “La
ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán
nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva”.
El diputado Felipe Solís Acero:
Muchas gracias, señor Presidente
Es evidente que existe fundamento
de carácter no sólo legal sino constitucional, por eso se está haciendo el exhorto al
Presidente de la República, de manera que la petición del PRI es una petición fundada
en la Constitución y en la ley, y éste es un asunto que está exactamente en la
ubicación de la hipótesis que el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República establece con toda claridad.
Dice el artículo 13 que el
Procurador General de la República puede crear, cito: “Fiscalías especiales para el
conocimiento, atención y persecución de delitos específicos, que por su trascendencia,
interés y características, así lo ameriten”. Son tres los elementos que pide la
ley para que haya una fiscalía; los tres están dados en este caso.
¿Alguien podría tener duda de que
el caso de “Amigos de Fox”, el ya escandaloso caso de “Amigos de Fox”,
le falta trascendencia?, cuando es un asunto que está incluso en los medios
internacionales, no sólo en el debate cotidiano, diario de la opinión pública nacional.
Es evidente que estamos enfrente de un asunto trascendente.
Segundo. ¿Alguien podría suponer
que no hay interés? Probablemente sólo en el PAN evidentemente no hay interés, pero en
la opinión pública existe interés en que el asunto se resuelva. Luego entonces, ¿por
qué no aceptar que se cree una fiscalía especial para que pueda atender estas dos
razones y la tercera, que son las características de la averiguación?
Estamos enfrente de un asunto de un
expediente de averiguación previa que por sus características es un asunto complejo.
Ahí hay presunción de delitos de lavado de dinero; ahí hay presunción de delitos de
defraudación fiscal. Está abierta una averiguación en la Procuraduría General de la
República, de la que por cierto se tuvo el cuidado de mantener con todo el sigilo. Nos
enteramos a partir de una fe familiar que ocurrió hace 10 días en este país, que había
una averiguación previa en contra de señores involucrados con el asunto de “Amigos
de Fox”.
Concluyo. El grupo parlamentario
del PRI en la Comisión Permanente hemos solicitado, con pleno fundamento en el artículo
102 constitucional y en acatamiento de lo que dice con toda claridad el artículo 13 de la
Ley Orgánica de la Procuraduría, que se cree una fiscalía especial. Se trata, amigos
del PAN, compañeras y compañeros legisladores, de darle certidumbre a una averiguación
que por alguna razón se ha manejado con sigilo. Han sido llamados a comparecer, se ha
dicho, pero hay que volverlo a repetir, algunos, sólo algunos de los involucrados en la
madrugada, con todo cuidado, sin aviso a los medios de comunicación, mientras que en el
otro asunto ha habido escándalo, porque el escándalo reditúa interés de carácter
electoral y eso es lo que están buscando.
Si el PAN, como han dicho aquí en
la tribuna, no tiene nada que esconder, entonces que acepte que se cree una fiscalía
especial.
Yo estoy seguro que si el PAN con
la altura de miras lo acepta, el Presidente de la República lo aceptará. Estoy seguro
que el Presidente lo aceptará si esta Comisión Permanente aprueba el punto que lo
exhorte a crear la fiscalía, no queremos un fiscal identificado con el PRI, tampoco lo
queremos identificado con el PAN, queremos un fiscal auténtica y genuinamente imparcial
que garantice justicia pronta y expedita igual que los demás casos.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias, señor diputado.
Para rectificar hechos tiene la
palabra el senador Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución
Democrática.
El senador Jorge Zermeño Infante (desde su
curul):
Señor Presidente.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Permítame senador. ¿Sí, senador?
El senador Jorge Zermeño Infante (desde su
curul):
Para contestar alusiones
personales.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Se había inscrito el senador
Raymundo Cárdenas antes, pero para contestar alusiones personales, tiene la palabra el
senador Jorge Zermeño.
El senador Jorge Zermeño Infante:
Gracias, senador Cárdenas.
¡Pues qué lástima que no leyó
completo el 102! Efectivamente es facultad del Ejecutivo el nombrar y remover a estos
funcionarios de acuerdo con la ley respectiva.
Y luego sigue diciendo que el
Ministerio Público de la Federación estará presidida por un Procurador General de la
República designado por el titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado.
Pero pues yo creo que cualquiera
puede entender que en este asunto existe autonomía de gestión de la propia Procuraduría
y que hemos creado una Fiscalía Especial para Delitos Electorales. Ya existe, creada por
nosotros, de tal manera que si estamos hablando de fiscales especiales, la ley establece
cuál es la figura especial que debe tener a su cargo y bajo su responsabilidad denuncias
que tienen este carácter.
Que es un asunto escandaloso, pues
así lo han querido ustedes, así han querido que sea. De nuestra parte nos parece que
éste o cualquier otro asunto debiera tener el ámbito de investigación que corresponda a
la justicia.
No nos interesa el escándalo ni
nos interesa tampoco ocultar nada, por lo que al PAN corresponde, éste o el asunto de
ustedes o cualquier otro, nos interesa que se haga justicia y que la autoridad
jurisdiccional resuelva conforme a derecho, conforme a las pruebas y a los elementos que
se presenten, pero que no estemos litigando en los medios ni juzgando ni prejuzgando,
cualquier persona tiene derecho a que realice una adecuada función jurisdiccional, de tal
manera que a nadie le ayuda que un asunto de esta naturaleza se politice, se pretenda que
el Ejecutivo asuma funciones de Ministerio Público que no tiene, que se pretenda que
invada funciones en la Procuraduría que tampoco ayudan a nadie. Nos parece que debemos
fortalecer a una institución de buena fe; fortalecer a esta fiscalía especial de delitos
electorales para que asuma su responsabilidad y a las instancias jurisdiccionales que
atraigan el caso y con la mayor seriedad resuelvan lo que conforme a derecho deben
resolver.
Creo que hay instancias y en el
caso del Pemex-Gate y en el caso de los Amigos de Fox, no se ha dicho la última palabra,
las instancias jurisdiccionales están revisando el tema y quien tenga, vuelvo a repetir,
pruebas y argumentos y elementos que probar, pues que los pruebe en las instancias
correspondientes.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Tiene la palabra, hasta por cinco
minutos para el mismo tema, el senador Raymundo Cárdenas, del Partido de la Revolución
Democrática.
El senador Raymundo Cárdenas Hernández:
Señor Presidente; compañeras y
compañeros:
Ya se abordó aquí de que no es
imposible crear fiscalías especiales, ya está una, la señora María de los Angeles
Fromow Rangel, es la fiscal especial para delitos electorales. Tiene a su servicio
también agentes del Ministerio Público, ¿qué más da nombrar un agente del Ministerio
Público Especial, que sea una persona que nos de garantías a todos, de que esa
investigación se va a desarrollar con la celeridad, con la profundidad que el caso
requiere? Yo creo que no hay razón válida para oponerse a ello. Le va a ayudar al propio
Presidente de la República, probar rápido sus dichos, de que no hay nada, de que todos
fueron problemas menores.
¿Quiénes están obstaculizando el
desarrollo de la investigación? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores que no
informa todo lo que el IFE le está pidiendo. También está clarísimo que el señor Lino
Korrodi, estuvo insistiendo con los amparos en detener la investigación, entonces el
escándalo se ha vuelto cada vez más grande, por este tipo de resistencias, y
evidentemente por la denuncia que hace Eduardo Fernández y la forma como reacciona el
Gobierno, metiéndolo a la cárcel, primero en un arraigo y después en no se que figura.
Bueno, yo quisiera concluir,
señalando que el señor Eduardo Fernández hizo declaraciones estridentes señalando que
tenía pruebas de lavado de dinero, ya no ha vuelto a decir lo mismo ni sus abogados. Dijo
al principio que a esto no lo paraba nadie, que tenía pruebas en el exterior, el IFE ya
lo emplazó a que dé sus pruebas.
El pidió, incluso, que
nombráramos una comisión de legisladores para darle seguimiento. Yo les digo que aunque
hemos hecho una propuesta para formar esa comisión, que discutirán las juntas de
Coordinación Política de ambas cámaras, yo les señalo que los senadores del PRD,
estamos a disposición del señor Eduardo Fernández, para que sin dilación nos haga de
nuestro conocimiento también, las pruebas que dice tener y que se las entregue al IFE
pronto, porque de otro modo simplemente va a estar evadiéndose y hacer creer que por el
hecho de que se le sigue proceso, que lo tienen arraigado, por esa razón no entrega las
pruebas que tiene la obligación de entregar, sobre todo al IFE.
Porque éste ahora es un actor que
entró al escenario de manera abrupta, escandalosa, y ya se convirtió en un elemento que
obstaculiza la investigación del IFE.
Entonces le exigimos al señor
Eduardo Fernández, a sus abogados, que le entreguen la información también al Congreso
de la Unión y nosotros nos declaramos ya listos para recibir esa información, de tal
modo que la investigación no se detenga por falta de las pruebas que dice tener.
Gracias.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Para el mismo tema y hasta por
cinco minutos tiene la palabra el senador Antonio García Torres, del Partido
Revolucionario Institucional.
El senador Antonio García Torres:
Gracias, señor Presidente.
Creo que el propósito que persigue
el Partido Revolucionario Institucional en este caso, es el lograr que estos hechos se
transparenten, que esta investigación se aclare y que no queden dudas ante la opinión
pública, porque así lo está reclamando.
¿Por qué digo esto? Porque hemos
observado que en el caso del señor Korrodi, se le llama a declarar a las 22:00 horas y se
le permite que rinda su declaración por escrito, cuando no es un alto funcionario, lo
cual contraviene la ley. En el otro caso se arraiga a la persona, se le priva de sus
garantías y se le somete a un régimen especial.
Yo creo que todos, absolutamente
todos los legisladores, queremos que esto se aclare y que las cosas queden como
ocurrieron, con la verdad histórica ante la luz de todos.
No veo por qué surja tanta
rispidez en este caso, cuando se han creado en muchas ocasiones las fiscalías especiales,
como la del caso Ovando, la del caso Posadas, la del caso Colosio, la del caso Ruiz
Massieu y ésta es una más que se pide a satisfacción del pueblo de México. Yo creo que
hoy día ya nada se puede ocultar, hoy día no se puede poner nada abajo de la mesa
y que el pueblo no lo sepa.
Es por eso que si en un momento
dado se piensa que ya existe una Fiscalía Especial para Delitos Electorales, correcto,
vamos a irnos con esa fiscalía, pero vamos a nombrar un fiscal, un agente del Ministerio
Público, una persona que toda la ciudadanía tenga confianza en él, que los legisladores
estemos de acuerdo y que sepamos que va a ser una persona que no se va a prestar a ningún
mal manejo de la ley.
No estamos aquí, y que quede
también claro, no estamos aquí enjuiciando al señor Procurador de la República, pero
para nada; estamos solamente pidiendo que esto se transparente y que quede claro. Esa es
la posición del Partido Revolucionario Institucional.
Muchas gracias.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias, señor senador.
Consulte la Secretaría a la
Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
Con mucho gusto, señor Presidente.
Se consulta al pleno si el anterior
punto de acuerdo se encuentra suficientemente discutido y en su caso se pone a votación
de inmediato.
Las señoras y señores
legisladores que estén por la afirmativa, les rogamos manifestarlo...
Los que estén por la negativa...
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Suficientemente
discutido el punto de acuerdo.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
En votación económica, se
consulta al pleno si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo.
Las señoras y señores
legisladores que estén por la afirmativa, les rogamos manifestarlo... Gracias.
Las legisladoras y legisladores que
estén por la negativa...
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Aprobado el punto de acuerdo.
Comuníquese.
HURACAN
KENNA
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
Se dará lectura al punto de
acuerdo en relación a la proposición para solicitar auditoría urgente a la aplicación
de los recursos federales otorgados a los damnificados del huracán “Kenna” en
el estado de Jalisco.
«Primera Comisión Gobernación,
Puntos Constitucionales y Justicia
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, fue turnado para estudio y elaboración del dictamen, la
proposición con punto de acuerdo presentado por el diputado Salvador Cosío Gaona, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar auditoría
urgente a la aplicación de los recursos federales, otorgados a los damnificados del
huracán “Kenna”, en el estado de Jalisco y, en su caso, se realice el pago a un
numeroso grupo de afectados que no fueron cubiertos debidamente por esos recursos
ANTECEDENTES
1. En sesión de fecha 19 de
febrero del año en curso el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional presentó una proposición con punto de acuerdo para
solicitar auditoría urgente a la aplicación de los recursos federales, otorgados a los
damnificados del huracán “Kenna”, en el estado de Jalisco y en su caso, se
realice el pago a un numeroso grupo de afectados que no fueron cubiertos debidamente por
esos recursos.
2. En esa misma fecha, se turnó el
referido punto de acuerdo a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales
y Justicia, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a efecto de
que se elaborara el dictamen correspondiente.
3. Los integrantes de esta Primera
Comisión de Trabajo, en acatamiento al turno dispuesto y en reunión de trabajo
procedimos al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen, tomando en
cuenta las siguientes
CONSIDERACIONES
La propuesta con punto de acuerdo
presentado por el diputado Salvador Cosío Gaona, a la letra dice:
Primero. Que se pida de inmediato a la
Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, la
información que tenga esta instancia federal y sea remitida por conducto de la Mesa
Directiva a la Primera Comisión de Trabajo para su análisis.
Segundo. Se solicita se instaure de inmediato una
auditoría especial de la Auditoría Superior de la Federación a la aplicación de estos
recursos federales, otorgados a damnificados del huracán “Kenna” en el estado
de Jalisco por la presunción de manejo ilegal y se realice el pago inmediato al numeroso
grupo de afectados, a quienes se omitió otorgar el apoyo con dichos recursos federales.
Asimismo, en la propuesta con punto
de acuerdo que se dictamina, el promovente señala sus fundamentos, que a la letra dicen:
Al haberse afectado severamente a
la población de varios municipios de Jalisco, por efectos directos del huracán
“Kenna” el pasado 25 de octubre del 2002, el Ejecutivo Federal y el Gobierno de
la República, emitieron declaratoria oficial de zona de desastre a los municipios de
Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatián, Zihuatlán y La Huerta, para otorgarle apoyo
directo por medio de recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), y otras partidas
de programas ordinarios y extraordinarios, acordes al presupuesto que asigna el Gobierno
Federal.
Asimismo, a los municipios que
fueron declarados zona de desastre, se canalizaron por conducto del Gobierno del estado de
Jalisco, recursos del Fonden, así como del denominado Programa de Empleo Temporal
Emergente, y además recursos federales de programas ordinarios de apoyo a productores
agropecuarios, afectados por pérdida parcial o total de cultivos por efectos de
siniestros.
También se menciona que a los
municipios no declarados como zona de desastre, sólo les fueron otorgados apoyos
económicos de recursos federales del programa de apoyo a agroproductores.
Una vez que han transcurrido casi
cuatro meses del desastre, la situación de entrega de los mencionados recursos federales
es incierta, quedando cientos de damnificados, a quienes no se les ha cubierto con
recursos económicos de apoyo y a otros a lo que sólo se les ha pagado parcialmente, sin
que a la fecha exista información oficial o explicación alguna.
Cabe resaltar que el Gobierno de
Jalisco no ha demostrado, con información adecuada y detallada, el adecuado manejo de
más de 11 millones de pesos, relativos al denominado Programa de Empleo Temporal
Emergente, sólo mencionan que se entregó a los ayuntamientos respectivos, y la norma
establece que deben de entregarse a los afectados directamente.
El proponente sostiene que
personalmente ha consultado con los ayuntamientos involucrados, y ese recurso jamás les
ha sido entregado.
Más adelante, también manifiesta
que por lo que respecta a la reparación del sistema hidráulico, hay información en
cuanto a que se repararon 2 mil 14 kilómetros cuadrados, es decir, una extensión
sumamente grande, inverosímil, de lozas de revestimiento de canales, bordos y puentes a
un costo de más de 3 millones de pesos y no se establece ninguna información de dónde
están esos miles de kilómetros cuadrados de loza de revestimiento de puentes, bordos y
canales y expresa que para el:
Un punto importante es que se
informa que se han reparado 587.5 kilómetros de caminos rurales a un costo superior a los
2 millones de pesos, es decir, la distancia entre Guadalajara y México y los datos que
aportan como ubicación de los caminos son inexactos, mencionando el mismo promovente que
ha recorrido la gran mayoría de esos tramos que señalan y es falso que se hayan reparado
esos caminos, y finalmente el legislador solicitante opina que: “en virtud de que es
claro que no hay información adecuada, y existe presunción de un mal manejo de los
recursos y para que esta presunción, en su caso, se determine y se aclare y se pueda
agilizar el pago a los muchos ciudadanos afectados a quienes no se les ha apoyado”;
es que debe solicitarse la información oficial y clarificarse el destino del recurso
público, apoyando a quienes en su caso por alguna razón aún no hubieran recibido
respaldo gubernamental y tengan derecho a ello.
Considerando que el promovente
asegura que le constan los hechos en que basa sus planteamientos y porque no resulta
inadecuado solicitar a la autoridad Federal competente la información oficial relativa,
es de solicitarse a fin que se canalice al promovente a cualquier legislador interesado, y
especialmente, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a
fin que sea analizada y resuelva en su caso la necesidad de realizar una auditoría
especial en cuanto a la adecuada aplicación de dichos fondos federales, y en su caso
realizar el exhorto correspondiente al Poder Ejecutivo Federal, en cuanto a que si se
localizan omisiones en la entrega de recursos de apoyo a los afectados se clarifique y se
entreguen de inmediato.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción II, 78 fracción III de la
Constitución Federal; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; y 58, 60, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión
de Trabajo que suscriben el presente, someten a la consideración del pleno de la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el presente dictamen con el
siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Se solicita a la Coordinación General de
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, proporcione toda la información y
documentación relativa con respecto a la administración de los recursos federales
otorgados a los afectados por el huracán “Kenna” en el estado de Jalisco. Se
otorgue a los legisladores interesados y se turne formalmente ésta a la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a fin que analice y considere la
necesidad de realizar una auditoría especial en cuanto a la adecuada aplicación de
dichos fondos federales; propiciando en su caso, se clasifique si existen omisiones en la
entrega de recursos de apoyo a afectados, y de ser así, se exhorte su inmediata
liquidación.
Dado en el salón de comisiones de
la Cámara de Diputados, a 5 de marzo de 2003.— Primera Comisión de Trabajo
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.— Sen. Orlando A. Paredes Lara,
Presidente; Dip. José Tomás Lozano y Pardinas, secretario; Dip. Salvador Cosío Gaona,
secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo, Dip. César Augusto Santiago Ramírez; Sen. Jorge
Zermeño Infante, Sen. Gerardo Buganza Salmerón, Sen. Federico Ling Altamirano, Sen.
David Jiménez González, Sen. Antonio García Torres, en contra, Dip. Bernardo Borbón
Vilches, Dip. Mónica Leticia Serrano Peña, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández, Dip.
Ramón León Morales, Dip. Julieta Prieto Furhken.»
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
En consecuencia está a discusión
el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a
la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
En votación económica, se
pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Suficientemente discutido el punto de acuerdo.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
En votación económica, se
pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Aprobado el punto de acuerdo.
Comuníquese.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Ha llegado a esta Presidencia un
documento que envía el titular de la Mesa Directiva y que leo.
«Esta Presidencia hace del
conocimiento de la Asamblea que el grupo plural de las cámaras del Congreso de la Unión
para que se entrevisten con miembros del Congreso de Estados Unidos de América y del
Parlamento de Canadá, con objeto de plantear iniciativas y acuerdos que aseguren el
cumplimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Estará integrado con los
siguientes legisladores:
Dip. Beatriz Paredes Rangel (PRI),
Dip. Jesús Burgos Pinto (PRI), Sen. Estaban Angeles Cerón (PRI), Dip. Francisco Ortiz
Esquivel (PAN), Sen. Héctor Larios Córdova (PAN), Dip. Tomás Ríos Bernal (PAN), Dip.
Ramón León Morales (PRD), Sen. Rutilio Cruz Escandón Cadenas (PRD), Dip. Julieta Prieto
Furhken (PVEM), Dip. Víctor Antonio García Dávila (PT).»
Pasamos al capítulo de
excitativas.
MARIANO DE LA BARCENA Y RAMOS
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Tiene la palabra el diputado
Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para presentar una excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de
la Cámara de Diputados.
El diputado Salvador Cosío Gaona:
Con la venia de la Presidencia:
En los términos de nuestra
legislación aplicable, acudo a presentar excitativa a la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados a efecto de emplazarla a emitir de
inmediato el dictamen correspondiente que se ha presentado en el pleno de dicha Cámara en
relación con la iniciativa de decreto para que se inscriba en letras de oro, en el
muro de honor de la Cámara de Diputados, el nombre de don Mariano de la Bárcena y Ramos.
Con fecha 7 de noviembre del año
2002 el que suscribe presentó, a nombre propio y de varios diputados priístas
jalicienses, iniciativa de decreto para que se inscriba en letras de oro, en el muro de
honor de la Cámara de Diputados, el nombre de don Mariano de la Bárcena y Ramos.
Lo anterior en relación a que es
en dicho muro en el que se reconoce a los mexicanos que han contribuido con su obra a
construir nuestra nación y ahí se encuentran quienes han dado su aportación y esfuerzo
en las distintas actividades de la sociedad y con ello han dado lustre a México, como es
el caso del ameritado jaliciense Mariano de la Bárcena y Ramos, quien como sabio erudito
desplegó una impresionante versatilidad, incursionando con talento en la ciencia, la
plástica, literatura y humanismo y también en la función pública.
Dada la importancia de la vida de
este ilustre jaliciense, que dejó profunda huella en la República y trascendió
inconmensurablemente las fronteras de México, considero importante que la comisión de
referencia, a la cual se emplaza y se excita, haga el esfuerzo para dictaminar la
iniciativa que he presentado en el siguiente periodo de sesiones de esta Legislatura.
De la Bárcena y Ramos fue un
científico luminoso de talla universal, descubridor de fósiles de minerales muy valiosos
que llevan su nombre, como la barcenita, así como de especies biológicas que clasificó
y están a consideración de la humanidad.
Fue fundador del Observatorio
Meteorológico Nacional y director de él hasta su muerte y de la Casa de Moneda de
México.
Representó a nuestra nación en
diversas exposiciones mundiales, como Filadelfia, Nueva Orleans y París, entre otras.
Asimismo, ese intelectual
jaliciense de talla universal nos legó obras muy ameritadas que acreditan sus sólidos
conocimientos y sabiduría comentada tanto en nuestro continente como en Europa en materia
de ciencia, biología, palentología, historia, botánica, geografía y estadística.
Son muy relevantes sus obras en
relación con la historia de México, los elementos acerca de los restos humanos del valle
de México y el hombre del Peñón y es una muy larga lista de obras editadas que tuvieron
una gran difusión a nivel nacional y mundial en su época en los siglos pasados.
Además de ello, De la Bárcena y
Ramos fue un respetable servidor público que llegó a ser senador y gobernador de
Jalisco.
Por ello y por insistir en lo
adecuado que significa llevar a este ilustre mexicano al lugar que merece en el muro de
honor de la Cámara de Diputados, es que someto la excitativa de mérito para que la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias dictamine de inmediato y someta al
pleno para su discusión y aprobación, en su caso, de la iniciativa presentada en su
momento y se inscriba en el muro de honor el nombre de don Mariano de la Bárcena y Ramos.
Muchas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Salvador Cosío Gaona, diputado
federal del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
39, 45 párrafo sexto, inciso e, de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a
la Presidencia de esta Comisión Permanente, tengo a bien turnar y formular una excitativa
a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, a
efecto de emplazarla a emitir el dictamen correspondiente y sea presentado ante el pleno
de la Cámara de Diputados la iniciativa de decreto para que se inscriba en letras de oro
en el muro de honor de la Cámara de Diputados el nombre de don Mariano de la Barcena y
Ramos.
ANTECEDENTES
Con fecha noviembre 7 del año
2002, el que suscribe, presentó a nombre propio y de varios diputados priístas
jaliscienses, iniciativa de decreto para que se inscriba en letras de oro en el muro de
honor de la Cámara de Diputados el nombre de don Mariano de la Barcena y Ramos. Lo
anterior teniendo como antecedente de gran importancia que el honorable Congreso de la
Unión, reconoce a los mexicanos que han contribuido con su obra a consolidar nuestra
nación y lo expresa en el muro de honor de este recinto parlamentario, en el que se
encuentra quien ha dado su aportación y esfuerzo en las distintas actividades de la
sociedad y que con ello han dado lustre a México, como es el caso del ameritado
jalisciense don Mariano de la Barcena y Ramos, quien como sabio y erudito desplegó una
impresionante versatilidad, incursionando con talento y excelsitud en la ciencia, la
plástica, la literatura, el humanismo y el ejercicio de la función pública.
CONSIDERACIONES
Dada la importancia de la vida de
este ilustre jalisciense que dejó profunda huella en la República y trascendió
inconmensurablemente las fronteras de México, es de suma importancia realizar el esfuerzo
de dictaminar la iniciativa anteriormente citada, por esta LVIII Legislatura.
Mariano de la Barcena y
Ramos, fue un científico luminoso de talla universal, descubridor de fósiles y de
minerales valiosos que llevan su nombre, como la barcenita, así como de especies
biológicas que clasificó y puso a disposición de la humanidad.
Fue fundador del Observatorio
Meteorológico Nacional y de la Casa de Moneda de México, representó a la nación en
diversas exposiciones mundiales, como en Filadelfia, Nueva Orleáns y Paris, entre otras.
Asimismo, este intelectual
jaliscience nos legó obras ameritadísimas que acreditan los sólidos conocimientos de su
sabiduría comentada tanto en nuestro continente como en Europa, siendo entre otras,
“Discripción del Crustáceo Fósil del Género Sphyromo” y “Reseña
Geológica del Valle de Ameca, Jalisco (México)”, “Ensayo Estadístico del
estado de Jalisco”.
De igual relevancia, son sus obras
“El Hombre Prehistórico de México”, y “Noticia Acerca de Hallazgo de
Restos Humanos Prehistóricos en el Valle de México”, así como su obra denominada
“Elementos Aplicables a la Agricultura, a la Ingeniería y a la Industria”, y de
todo esto se advierte cuan larga es la lista y qué completos son los trabajos editados de
este fecundo sabio en todos los órdenes de la ciencia.
Además de ser un servidor público
que llegó a ser gobernador sustituto y senador.
Refiero a ustedes, que la LV
Legislatura del Congreso del estado de Jalisco, aprobó el decreto por el cual se eleva a
la calidad de Benemérito del estado en grado heroico a don Mariano de la Barcena y Ramos
y que sean trasladados sus restos mortales a la Plaza de la Rotonda Jalisciense de los
Hombres Ilustres de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Como diputado representante del
estado de Jalisco, soy portavoz del rechino de los jaliscienses, que solicitan se apruebe
de inmediato la inscripción en letras de oro en el muro de honor del recinto
parlamentario del ilustre mexicano don Mariano de la Barcena y Ramos.
CONSIDERACIONES
DE DERECHO
Por todo lo anterior y con
fundamento en el artículo 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento esta excitativa a la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarios a efecto de que dictamine a la
brevedad posible, respecto a la iniciativa en mención.
Por lo anterior expuesto,
Presidente de la Comisión Permanente, solicito a usted:
Unico. Tenga por presentada esta solicitud de
excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que presente
dictamen a la iniciativa mencionada.
Palacio Legislativo, marzo 12 de
2003.— Diputado Salvador Cosío Gaona.»
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias, señor diputado.
De conformidad con lo que establece el
artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias de la Cámara de Diputados para que emita el dictamen correspondiente.
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Para presentar una excitativa a la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, suscrita por los diputados Rubén Aguirre
Ponce y Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, tiene el uso de la palabra el diputado Ramón León Morales.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor Presidente:
Con fecha del 3 de diciembre del
año 2002, fue turnada a la Comisión de Comercio Fomento Industrial, la iniciativa de
decreto que reforma y adiciona el artículo 7o.-bis de la Ley de la Propiedad Industrial,
que presentó el diputado Ramón Aguirre Ponce, integrante de la fracción parlamentaria
del PRD.
La iniciativa tiene su origen en el
hecho de que en el proceso de registro de patentes por parte del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, deben de participar las asociaciones independientes de inventores, y
con ello transparentar los procedimientos de registros, marcas, inventos y patentes.
El Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial debe abrir su consejo de administración e incluir a las asociaciones
de inventores para contribuir a la confianza de los mismos en dicho Instituto.
Por la serie de irregularidades que
presenta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el Registro y Aprobación de
las Marcas y Patentes, se hace necesario que los mismos inventores sean los protagonistas
de este proceso y no continúen siendo meros espectadores en el transcurso del registro,
donde la falta de claridad es la constante.
Por obviedad del tiempo, señor
Presidente, voy a pedir que se publique íntegramente en las instancias correspondientes
el documento y voy a leer solamente la excitativa:
En los términos del artículo 21
fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosa mente:
Unico. Se envíe excitativa a la Comisión de
Comercio y Fomento Industrial para que emita el dictamen respecto de la iniciativa de
decreto que reforma y adiciona el artículo 7o.-bis de la Ley de la Propiedad Industrial,
la cual fue turnada a la misma el martes 3 de diciembre del año 2002.
Signamos esta excitativa el
diputado Rubén Aguirre Ponce y un servidor.
«Excitativa a la Comisión de
Comercio y Fomento Industrial para que se dictamine la iniciativa de decreto que reforma y
adiciona el artículo 7o.-bis de la Ley de la Propiedad Industrial, que presentan los
diputados Ramón León Morales y Rubén Aguirre Ponce del grupo parlamentario del PRD
ANTECEDENTES
Con fecha del martes 3 de diciembre
del año 2002, fue turnado a la Comisión de Comercio y de Fomento Industrial la
iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o.- bis de la Ley de la
Propiedad Industrial que presentó el diputado Rubén Aguirre Ponce, integrante de la
fracción parlamentaria del PRD.
La iniciativa tiene su origen en el
hecho de en el proceso de registro de patentes por parte del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, deben participar las asociaciones independientes de inventores y con
ello transparentar los procedimientos del registro de marcas, inventos y patentes.
El Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, debe abrir su consejo de administración e incluir a dos
asociaciones de inventores para contribuir a la confianza de los mismos en dicho
instituto.
Por la serie de irregularidades que
presenta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el registro y aprobación de
las marcas y patentes se hace necesario que los mismos inventores sean los protagonistas
de este proceso y no continúen siendo meros espectadores en el transcurso del registro,
donde la falta de claridad es la constante.
CONSIDERACIONES
En México el sistema de patentes
se regula por la Ley de la Propiedad Industrial cuya aplicación corresponde al Ejecutivo
Federal a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; desde la década
pasada la importancia de las patentes ha aumentado, pero al mismo tiempo han sido
constantes las denuncias sobre el robo de las mismas sin que las autoridades hayan hecho
algo al respecto, inclusive se habla de corrupción de los altos mandos del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, encargados de velar por los intereses de quien
patenta y registra un invento.
Las autoridades mexicanas mencionan
que los niveles de protección patentaria se han incrementado en el país, desde la
década pasada en forma permanente y destacada. Se dice que ofrecen a los titulares
protección legal adecuada y eficiente; sin embargo el índice de patentes de inventores y
empresas nacionales, (que no rebasan las 500 anuales), sigue mostrando las debilidades de
un sistema que aún no permea sus bondades a la comunidad inventora y empresarial.
El ejemplo que ilustra este hecho,
es el caso de las compañías Kolitas y Corporación Rolmar. Los accionistas y
representantes legales de las mismas, han denunciado al actual director del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por supuestos malos manejos en el otorgamiento
y registro de marcas que han afectado sus intereses comerciales y económicos. Los dos
casos anteriores se refieren a registros de marcas, que en promedio llevan 8 años
defendiendo sus derechos otorgados por el Instituto. Con relación a derechos de patente y
de modelos de utilidad, podemos mencionar el caso del señor Uriel Gastón Sabido
Mendiburu, titular de un modelo de utilidad otorgado por el Instituto con 2 años de
anterioridad y que está en conflicto con otro invento otorgado posteriormente a una
empresa nacional. El modelo de utilidad aparece ahora con características propias de
otros modelos internacionales olvidándose el instituto de que “el primero en tiempo,
es primero en derecho” establecido en los artículos 10-bis y 42 de la Ley de
Propiedad Industrial.
El inventor debe tener el respaldo
del gobierno para el desarrollo y la comercialización de su invención a nivel nacional e
internacional, al mismo tiempo se debe apoyar con recursos para generalizar el invento.
Ante el conjunto de irregularidades
en el proceso de registro de las patentes, es indispensable que el gremio de los
inventores pueda contar con información oportuna y transparente, sobre el curso que lleva
su trámite, y al mismo tiempo deben ser copartícipes de la misma.
A partir de 1994 en el artículo
7o.-bis se introduce en la Ley de la Propiedad Industrial en sus órganos de
administración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que la Junta de
Gobierno se integrará por 10 personas; entre las cuales no hay representantes de los
principales actores de la inventiva como son los inventores, siendo totalmente factible
que estuvieran por ser un organismo descentralizado.
Por lo anterior es conveniente
incluir en el Consejo de Administración a dos asociaciones de inventores para que
conozcan de primera mano los trámites que se llevan en el IMPI. Sabemos que un país sin
desarrollo tecnológico propio es un país que dependerá enormemente de los grandes
centros industriales, tenemos que ser capaces de desarrollar tecnología propia que
coadyuve al desarrollo económico del país y no sean las instituciones las que frenen la
inventiva nacional.
Por lo anterior y en términos del
artículo 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente lo siguiente
Unico. Se envíe excitativa a la Comisión de
Comercio y Fomento Industrial para que emita el dictamen respecto de la iniciativa de
decreto que reforma y adiciona el artículo 7o.-bis de la Ley de la Propiedad Industrial,
la cual fue turnada a la misma el martes 3 de diciembre de 2002.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro.— Diputado Ramón León Morales y Rubén Aguirre Ponce.»
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias, señor diputado.
A petición del diputado, publíquese
íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el
Diario de los Debates, y de conformidad con lo
que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial de la Cámara de Diputados para que emita el dictamen correspondiente.
En el turno siguiente está
inscrita una intervención del diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del
PRI, para presentar una excitativa a las comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales,
y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. ¡La retira el diputado Cosío!
MUJERES
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Tiene la palabra el senador Héctor
Larios Córdoba, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una
proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, realice un llamado a los partidos políticos a no limitarse al
cumplimiento de las reformas hechas al Cofipe en sus artículos 175-A, B y C, con respecto
a dar igualdad de oportunidades a las mujeres.
El senador Héctor Larios Córdova:
Con el permiso de la Presidencia y
en obviedad del tiempo, dada la hora, omitiré la lectura de la exposición de motivos del
punto de acuerdo.
Solamente señalar que hay un
consenso general en el país de impulsar acciones afirmativas que garanticen igualdad de
oportunidades a las mujeres para llegar a los cargos legislativos. Y en este consenso
nacional primeramente se impulsaron cambios al Cofipe para que se estableciera la
obligación a los partidos políticos de un porcentaje mínimo de candidaturas que fueran
ocupadas por mujeres. Pero se dio esto en la elección de 2000, que la mayor parte de los
partidos políticos cumplieron con este requisito, otorgando candidaturas de suplentes a
las mujeres. Todos estuvieron dentro de la ley, pero no cumplieron con el espíritu que
tenía la reforma.
Por ello, el año pasado reformamos
el Cofipe de nueva cuenta para garantizar que al menos el 30% de las candidaturas de todos
los partidos a diputados sean ocupadas por mujeres. Y adicionalmente reformas a la forma
de integrar las listas de representación proporcional para que también se garantice el
acceso de las mujeres por esta vía.
Sin embargo, hay la posibilidad de
que todos los partidos cumplan con la ley, sin embargo no con su intención: dando las
candidaturas a las mujeres que tienen menos probabilidad para cada partido de llegar a la
Cámara y entonces encontrarnos con que una Cámara de Diputados no tiene, cuando menos,
el 30% de integrantes de mujeres y estamos a 20 días de que inicie el periodo de registro
de candidaturas a diputados para la próxima legislatura. Y la propuesta es que esta
Comisión Permanente exhorte a los partidos políticos a no atenerse al cumplimiento con
la ley, sino con la intención y el espíritu del legislador de garantizar al menos que la
próxima Cámara de Diputados se integre, cuando menos, por 150 mujeres.
En consecuencia doy lectura a la
propuesta de
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión hace un llamado de exhorto a los partidos políticos a no limitarse
al cumplimiento de las reformas establecidas en el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales en sus artículos 175-A, B y C, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el lunes 24 de
junio de 2002, encaminadas a dar igualdad de oportunidades a las mujeres para la
postulación de cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, sino que
atendiendo al espíritu de la ley se brinden las condiciones reales para que al menos el
30% de los diputados que sean electos por ambas vías sean mujeres, asignándoles
candidaturas con posibilidades reales de triunfo.
Señor Presidente: en virtud de que
hay acuerdo de los diversos grupos parlamentarios para que sea tratado de urgente y obvia
resolución, le pido proceda con este trámite.
Es cuanto, señor Presidente.
«Punto de acuerdo por el cual se
solicita a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión realice un llamado
de exhorto a los partidos políticos a no limitarse al cumplimiento de las reformas hechas
al Cofipe en sus artículos 175-a, 175-b y 175-c, con respecto a dar igualdad de
oportunidades a las mujeres para la postulación a cargos de elección popular en el
Congreso de la Unión, sino que, se den las condiciones reales, y se garantice que al
menos el 30% de los integrantes de la próxima Cámara sean mujeres
Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Con el permiso de la Presidencia:
El senador que suscribe, integrante
de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter
a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente
propuesta con punto de acuerdo
ANTECEDENTES
Desde sus inicios el PAN ofreció a
las mujeres un espacio abierto para luchar por el progreso de la nación, siendo el primer
partido político en reconocer sus derechos políticos.
Ya antes de que a la mujer se le
reconocieran sus derechos políticos en la Constitución, varias mujeres ocuparon cargos
directivos al interior del PAN.
En México fue el 17 de octubre de
1953 cuando se aprobaron las reformas constitucionales obteniendo las mujeres el derecho a
votar en igualdades frente a los hombres, como ciudadanas. Las primeras candidatas
panistas a puestos de elección, participan en 1955, en la elección inmediata al
reconocimiento del voto femenino.
El reconocimiento de la ciudadanía
plena a la mujer, simbolizado en el derecho a votar y ser votada, son los primeros pasos
que se dieron en la construcción de una democracia plena. Pero en este sentido en Acción
Nacional estamos convencidos de la necesidad de tener acciones afirmativas que garanticen
en forma real el acceso de las mujeres a cargos de elección popular.
CONSIDERACIONES
Hace casi un año, las legisladoras
y legisladores que conformamos la LVIII Legislatura, aprobamos las reformas y adiciones a
diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
el ánimo de equilibrar la representación en términos de género en el Congreso Federal,
sin embargo, más allá de este espíritu, lo que impulsó las modificaciones fue la firme
decisión de abrir oportunidades reales para la participación femenina en la vida
política de la nación.
Antes del proceso electoral del
año 2000, se establecieron en el Cofipe reglas para que al menos un porcentaje de las
candidaturas fuera ocupado por mujeres, sin embargo, la mayor parte de los partidos
cumplieron con las disposiciones a través de otorgar a las mujeres muchas candidaturas
suplentes y pocas de propietarias.
Por ello esta legislatura hizo las
adiciones de los artículos 175-A, B, y C para establecer un mínimo del 30% de candidatas
propietarias mujeres y reglas para que dentro de las candidaturas de representación
proporcional garanticen espacios para las mujeres.
Sin embargo, el reto no termina con
estas modificaciones, dado que puede darse el cumplimiento de la ley otorgando por parte
de los partidos las candidaturas de menores posibilidades de triunfo a las mujeres o en el
caso de representación proporcional después de los nueve primeros lugares ocupar con
hombres los demás que tienen posibilidades reales en cada lista de circunscripción.
El verdadero reto de los partidos
no sólo es tener al menos el 30% de candidaturas encabezadas por mujeres, sino lograr que
en la próxima Cámara lleguen al menos 30% de mujeres.
Es de considerarse también que la
Cámara de Diputados ha declarado al año 2003 como “Año de los Derechos Políticos
de las Mujeres Mexicanas”.
En consecuencia, a nombre del
Partido Acción Nacional me permito proponer el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. A 20 días de que sea abierto el registro
para candidatos a diputados federales, la Comisión Permanente del honorable Congreso de
la Unión, hace un llamado de exhorto a los partidos políticos, a no limitarse al
cumplimiento de las reformas establecidas en el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales en sus artículos 175-A, 175- B y 175-C, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del lunes 24 de
junio de 2002, encaminadas a dar igualdad de oportunidades a las mujeres para la
postulación a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, sino que,
atendiendo al espíritu de la ley, se brinden las condiciones reales, para que al menos el
30% de los diputados que sean electos por ambas vías sean mujeres asignándoles
candidaturas con posibilidades reales de triunfo.
Comisión Permanente del Congreso
de la Unión a 5 de marzo de 2003.— Senador Héctor
Larios Córdova.»
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias, señor senador.
En el guión con el que se maneja
esta Presidencia no viene solicitado como de urgente y obvia resolución. Por lo que si
hubo consenso entonces pues lo pondremos inmediatamente a votación.
Se encuentra a discusión el punto
de acuerdo para consultar con las señoras y señores legisladores si se considera de
urgente y obvia resolución.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
En votación económica se pregunta
a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente
resolución la proposición anterior.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Se considera de urgente resolución.
En consecuencia está a discusión
la proposición. Se abre el registro de oradores.
La senadora Yolanda González, en
pro.
La senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
La propuesta de nuestro compañero
senador me da la oportunidad de hacer un reconocimiento a las señoras diputadas de la
LVIII Legislatura, por la definición que tuvieron para convencer a sus compañeros
diputados para hacer realidad esta reforma del Cofipe. Reconozco y aplaudo la decisión y
el reconocimiento de mis compañeras legisladoras.
Efectivamente, es una reforma
importante, es una reforma importante que ha costado mucho trabajo, como todos los logros
de las mujeres. El artículo 175 habla de que el 30% deben ser las candidatas propietarias
y mujeres. Y si hablamos de logros y hablamos de posibilidades habría que analizar hasta
dónde este tema de las mujeres en algún momento se consideró que era exclusivamente un
tema y un asunto de mujeres. Yo creo que éste ha sido el error, este tema no es exclusivo
de las mujeres, es un tema de los hombres y de la ciudadanía en general.
Hablar de avances. Si hablamos de
que desde 1916, que fue el Primer Congreso de Yucatán, a un avance importante que
logramos hace 50 años con el reconocimiento del voto a la mujer y pudiéramos hablar de
que en 1996 se había hecho un esfuerzo más de las legisladoras para cambiar el término
en el Cofipe de que se hablara de que se promoverá y en 1996 ya se hablaba de un logro
importante. Por eso es que ahora reconocemos con gran claridad que hoy sí se pudo avanzar
en el término y en el marco legal de que se garantizará; se cambió la palabra
promoverá, por garantizará; éstos son los logros que hemos dado la lucha para poder
considerar el respeto a nuestros derechos.
Las mujeres no somos ni queremos
ser invasoras de espacios, no, las mujeres somos ciudadanas en plenitud. Por esta razón
es de que exigimos el espacio, un espacio de la democracia que es el espacio de los
derechos. Y en este mismo sentido establecemos que la democracia no puede ser restrictiva,
las mujeres exigimos igualdad por capacidad.
El gran debate que se da es de que
si se seguirán dando acciones afirmativas y las mujeres decimos que mientras tengamos que
seguir luchando para el espacio que por derecho nos corresponde, diremos sí a las
acciones afirmativas, pero también dejamos claro que tenemos la capacidad, la honestidad,
la responsabilidad para exigir los lugares que nos corresponden.
Queremos igualdad, queremos poder,
pero no el poder tradicional, sino el poder para vivir sin el riesgo que hoy significa la
vulnerabilidad de género, poder para ser respetadas en nuestra integridad; éste es el
reto, ésta debe ser la nueva cultura, la cultura de la equidad y género.
Yo confío, estimados compañeros
legisladores, que con su voto afirmativo en este acuerdo, se ratifique su compromiso en
pro de la igualdad de oportunidades. Y hacer un exhorto sí a los partidos políticos,
pero hacer un exhorto también al Instituto Federal Electoral, que ojalá hoy sí tome en
cuenta su responsabilidad de un órgano ciudadanizado y sea aliado en la conquista de los
derechos de las mujeres.
Muchas gracias.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias senadora.
Para el mismo tema tiene la palabra
la diputada Mónica Serrano, del Partido Acción Nacional.
La diputada Mónica Leticia Serrano Peña:
Con su permiso, señor Presidente.
Agradezco al senador la inclusión
de este punto de acuerdo, es sumamente importante dados los avances que se tienen. Ya
existen mujeres en el Congreso, ya existen mujeres, pero ahora nos falta que existan más
mujeres, que haya esa igualdad.
El punto cubre algo sumamente
importante, que las candidaturas no se le otorguen a la mujer en aquellos lugares en los
que existe una gran posibilidad de perderlos por los diversos partidos, que se les otorgue
en una igualdad; que tengan esa oportunidad es algo fabuloso.
Hoy día lo veíamos las mujeres en
nuestros distintos partidos, que decían: “sí, pero te voy a mandar aquí al cerro,
que sé que no lo vas a ganar.
Eso era una discriminación; por
ello aplaudo este punto de acuerdo. Las mujeres somos iguales ante la ley pero queremos
ser iguales ante la sociedad, el que tengamos esa garantía, el que tengamos ese apoyo por
parte de los hombres nos da mucho gusto porque los hombres están reconociendo nuestra
capacidad.
Es importante que las mujeres
salgamos a trabajar, no al lado, no atrás, haciendo el llamado por nuestros respectivos
partidos políticos, debemos de estar también encauzando, encabezando esa lucha a la que
tenemos derecho.
Yo les pido a nuestros compañeros
que este punto de acuerdo lo voten a favor en beneficio de la sociedad.
Muchas gracias.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias, señora diputada.
Para el mismo tema tiene la palabra
el senador Rafael Morgan, del Partido Acción Nacional.
El senador Rafael Gilberto Morgan Alvarez:
Con permiso de la Mesa Directiva;
señor Presidente:
Voy a ser muy breve, sólo quiero
expresar, no sólo el beneplácito de la propuesta que hiciera mi compañero, consensada
con todos los grupos parlamentarios, la que hiciera su compañero senador de la República
por el estado de Sonora, sino también beneplácito que seguramente ya esperábamos puesto
que lo aprobamos de inmediato y que fuera de urgente resolución y no por contradecir a
una compañera que haya dicho alguna cosa parecida, porque los dos la hicieron, hablaban
de la capacidad.
Si fuese por capacidad habría que
poner precisamente el 50% no, máximo el 70% para que quede el 30% como mínimo, por
capacidades mitad y mitad, nadie puede afirmar que un hombre tiene más capacidad que una
mujer o que una mujer tiene más capacidad que un hombre, tendríamos que estar a la
mitad.
Vengo a dar testimonio, porque esto
se había tratado en muchas reuniones de la Comisión de Equidad, de la cual soy parte en
el Senado de la República y se tenía y se tiene ahora en un momento tan oportuno como no
se imaginan, esto iba a ser una propuesta muy fuertemente discutida para el día de
mañana que es el día que se inicia el parlamento de las mujeres aquí teniendo como sede
San Lázaro.
Entonces este tema ahora se
convierte en un obsequio para la Reunión del Parlamento de las Mujeres de mañana, es un
obsequio muy digno que le hace la Permanente ahora por casi con motivo del Día
Internacional de la Mujer pero sobre todo por el Día Nacional de la Mujer Mexicana que
poco a poco se empieza a perfilar por una voluntad y una decisión del hombre que tenía
este compromiso para con las mujeres de México y un reconocimiento a su capacidad, a su
honorabilidad que están fuera de toda duda y sobre todo, a su deseo de compartir la
responsabilidad de gobernar este país y que esto trascienda hacia todos los estados de la
República Mexicana, se haga un ejemplo de lo que ha presentado mi compañero Héctor
aquí hace un momento y que el apoyo que aquí se le está brindando sea el mismo que
brinden todos los partidos políticos en todas las entidades de la República. Enhorabuena
que llegue esto y que todos aprobemos con gusto el acuerdo.
Muchas gracias, señor.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias, señor senador.
Para rectificar hechos tiene la
palabra la senadora Yolanda Eugenia González, hasta por cinco minutos.
La senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
Que lo que tradicionalmente se da
en seguir considerando acciones afirmativas tampoco nosotros las queremos estimado
compañero, pero quizá ahorita tuvo un lapsus usted al decir y hablar de que era un
obsequio, un obsequio, no señor Senador, es un reconocimiento, entonces quizá es parte
de la tradición del concepto con respecto a las mujeres.
Gracias.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias, señora senadora.
Consulte la Secretaría a la
Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
En votación económica se pregunta
a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado
Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Suficientemente discutida.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
En votación económica se pregunta
si se aprueba la proposición.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Carlos Humberto
Acevesy del Olmo:
Aprobada. Comuníquese.
Llegamos al turno de las propuestas
de señoras y señores diputados con punto de acuerdo; en virtud de que es un número muy
importante de las mismas, yo haría un llamado muy cordial a todas las legisladoras y
legisladores para que se concretaran, si es posible, a leer lo sustantivo de su punto de
acuerdo y se enviara a comisiones en virtud de que a las tres y media cumplimos las cuatro
horas reglamentarias para llevar a cabo esta sesión.
Tiene la palabra el senador Héctor
Larios, con esta súplica de ser posible, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional para presentar una proposición con punto de acuerdo… Entonces ya vamos más
rápido.
El punto de acuerdo que tenía
inscrito el Partido Revolucionario Institucional en relación a las tarifas del estado de
Yucatán, se retira.
AUTOTRANSPORTE TRANSFRONTERIZO
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Tiene la palabra la senadora
Yolanda Eugenia González Hernández, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un
punto de acuerdo en relación a la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y
Transportes.
La
senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
Gracias, señor Presidente:
La Asociación Transportista de
Pasaje Transfronterizo, Asociación Civil, es una organización conformada por empresarios
mexicanos que prestan los servicios de transporte a nuestros paisanos radicados en Estados
Unidos y que frecuentemente tienen la necesidad de trasladarse de un lado a otro de la
frontera por motivo de trabajo, comercio, estudio o simplemente para visitar a sus
familiares.
Esta asociación se conformó como
una medida de autoprotección y defensa de un grupo de fuertes empresarios que tienen
nuestros compañeros de esta asociación por parte de la Cámara Nacional del
Autotransporte de Pasaje y Turismo que generalmente está integrada por grupos
empresariales fuertes como es el ADO, la Estrella Blanca, la Flecha Amarilla, Omnibus de
México y Grupo Senda, entre otros.
La asociación de estos empresarios
a lo largo de 20 años de trabajo, que es una asociación de transportistas, como ya lo
dije, que se ha caracterizado por un servicio basado en una amplia cobertura de municipios
y poblados de la República Mexicana, para facilitar el traslado de los viajeros en camino
a Estados Unidos y viceversa, se distinguen de sus competidores porque las unidades de
esta asociación recorren diversas poblaciones con un tránsito constante hacia la
frontera del norte, lo cual representa una gran ventaja en el servicio para los migrantes,
principalmente los que conciernen a costo, seguridad y tiempo de desplazamiento.
Según datos, el movimiento de
nuestros paisanos se da principalmente en los estados de California, que tiene una
población de más de siete millones de connacionales; en Illinois con más de 1 millón y
medio; en Arizona con cerca de 1 millón; en Texas, en todos estos lugares en donde hay
una presencia importante de connacionales.
El problema de nuestros compañeros
es que han sentido por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una fuerte
presión en el sentido de que ellos han estado cumpliendo con todas las disposiciones que
les ha pedido la Secretaría de Comunicaciones. Sin embargo, insisto, ellos sienten que
por parte de empresas importantes y grandes como son, insisto, el ADO, la Estrella Blanca
y la Flecha Amarilla, pretenden, con conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones, el
invadir este espacio que ellos durante 20 años han conquistado.
Por eso es que ellos han cumplido
con todas las disposiciones que les ha dado la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, pero son constantes, según dicho por ellos, el que la Secretaría de
Comunicaciones les exige más que a las otras empresas que tienen mayor poder económico.
Es por esa razón que solicitamos
la anuencia de este pleno, para que se pueda citar a comparecer ante la Comisión de
Comunicaciones y Transportes, al ciudadano Pedro Cerisola Weber, titular de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, a fin de que informe acerca de las presuntas
irregularidades que señalan nuestros compañeros en prácticas monopólicas en la
prestación del servicio del autotransporte, transfronterizo, así como las denuncias y
solicitudes presentadas por la Asociación de Transportistas de Pasaje Fronterizo.
En obvio de tiempo solamente
solicito, que pudiera turnarse a la Comisión de Transporte del Senado de la República,
para poder hacer un seguimiento del mismo.
Gracias.
«Propuesta con punto de acuerdo
por el que se solicita la comparecencia del ciudadano Secretario de Comunicaciones y
Transportes, Pedro Cerisola Weber, que presenta la senadora Yolanda Eugenia González
Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La suscrita senadora de la
República representando al estado de San Luis Potosí e integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me
confieren los artículos 93 constitucional, párrafo segundo, 67 numeral 1 inciso b de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a
consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base
en las siguientes
CONSIDERACIONES
La Asociación Transportista de
Pasaje Transfronterizo AC (ATRAPAT), es una organización conformada por empresarios
mexicanos que prestan los servicios de transporte a nuestros paisanos radicados en Estados
Unidos, que frecuentemente tienen la necesidad de trasladarse de un lado a otro de la
frontera por motivos de trabajo, comercio, estudio o simplemente para visitar a sus
familiares.
La Asociación Transportista de
Pasaje Transfronterizo AC, se conformó como una medida de autoprotección y defensa de
los empresarios transportistas independientes, ante el embate de la competencia del
monopolio ejercido por la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo
(CANAPAT), integrada por grandes grupos empresariales que operan en todo el territorio
nacional, como ADO, Estrella Blanca, Flecha Amarilla, Omnibus de México, Grupo Senda,
entre otros.
A lo largo de 20 años de trabajo,
la ATRAPAT (Asociación de Transportistas) se ha caracterizado por un servicio basado en
una amplia cobertura de municipios y poblados de la República Mexicana para facilitar el
traslado de los viajeros en camino a Estados Unidos y viceversa, lo que la distingue de
sus competidores, ya que las unidades de ATRAPAT recorren diversas poblaciones con un
tránsito constante hacia la frontera norte, lo cual representa una gran ventaja en el
servicio para los migrantes, principalmente en lo que concierne a costos, seguridad y
tiempo de desplazamiento.
El impacto económico que
representan los movimientos migratorios en nuestro país, hacen del autotransporte
fronterizo un sector estratégico: según datos oficiales de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, los principales receptores de migrantes mexicanos en la Unión Americana, son
los estados de California, con una población de 7 millones 471 mil 729; Texas, con 4
millones 569 mil 098; Illinois, con un millón 400 mil; Arizona con 849 mil 140 y Utah,
con 750 mil.
Asimismo, los estados con mayor
número de residentes de origen mexicano son California, con 8.5 millones 455 mil 926 ;
Texas, 5 millones 71 mil 963, Illinois, con un millón l44 mil 390; Arizona, con un
millón 65 mil 578 y Colorado, con 500 mil 760.
Sin mencionar los censos de otras
regiones de la Unión Americana, estas cifras advierten que de la población total que
habita en Estados Unidos, los mexicanos representan el 7.3%.
Ahora bien, tomando en cuenta que
Los Angeles, Harris, Cook, Orange, San Diego, Marilopa, San Bernardino, Dallas, Bexar,
Riverside y El Paso (correspondientes a los estados de California, Texas, Illinois y
Arizona), son los condados que concentran a la mayor población de origen mexicano, los
factores que intervienen en las necesidades de transporte vía terrestre se multiplican,
ya que tanto los residentes y sus familias, como todos aquellos que tienen la necesidad de
viajar a Estados Unidos por razones médicas, de estudios o trabajo, contribuyen a un
tejido comercial muy amplio, donde es preciso combatir las prácticas monopólicas y la
competencia desleal.
De acuerdo con estimaciones de
flujo migratorio, el 10.8% del total de migrantes que cada año cruza la frontera norte,
proviene del estado de Zacatecas, el 8.7% de San Luis Potosí, el 8.5% de Guanajuato, el
8.1% de Durango, el 8.0% de Michoacán, el 6.0% de Nayarit, el 5.9% de Guerrero, el 5.2%
de Jalisco, el 4.8% de Morelos y el 3.5% de Chihuahua, donde la mayoría de ellos comienza
su tránsito hacia al país vecino desde Tijuana, Ciudad Juárez, Piedras Negras y Nuevo
Laredo.
El problema no es menor, si
consideramos que cada año se espera un ingreso promedio de dos millones de paisanos a
nuestro país, tan sólo en el periodo vacacional, además de las aproximadamente 30 mil
personas que emigran cada año a Estados Unidos.
En el grupo parlamentario del PRI,
consideramos que tal flujo de personas en la frontera norte del país, merece algo más de
atención de las autoridades correspondientes.
Resulta inaceptable que a pesar de
la importancia de los migrantes mexicanos como grupo social, la atención hacia sus
problemáticas y necesidades es prácticamente nula, o en el mejor de los casos de
importancia menor con respecto a la de otros grupos sociales.
Según datos del Banco de México,
el envío de dinero de los connacionales representó al año 2000, la tercera fuente de
ingreso de divisas, después de la exportación de petróleo y el turismo.
Sin embargo, a pesar de la
trascendencia que tienen para la economía nacional las remesas enviadas por nuestros
compatriotas migrantes, la calidad y eficacia de los servicios que reciben, en este caso
relativo a su traslado y transportación, son comúnmente menospreciados por las
autoridades federales e incluso subvencionados a los intereses de grandes corporativos.
Lo anterior se desprende de la
actitud de las autoridades de la Secretaría de Transporte con respecto a la ATRAPAT,
empresa que a lo largo de dos décadas se ha distinguido por prestar un servicio
especializado y de alta calidad a los migrantes mexicanos a precios altamente
competitivos, situación que no se ha valorado socialmente en su justa dimensión, ya que
hasta el momento la Secretaría de Transporte únicamente ha puesto en la balanza
consideraciones técnicas y empresariales, para la resolución de tales controversias, sin
considerar los posibles efectos que esto conlleva para los miles de mexicanos que
necesitan de tal servicio.
Y es que a decir de los integrantes
de la Asociación Transportista de Pasaje Transfronterizo, la propia Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, a petición expresa de la CANAPAT, ha implementado
operativos en contra de sus agremiados, afectando seriamente su estabilidad financiera, y
por ende, su viabilidad empresarial.
A pesar del clima de agresión y
las múltiples presiones que han ejercido autoridades de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes en contra de los integrantes de la Asociación Transportista de Pasaje
Transfronterizo, esta asociación ha cumplido las obligaciones impuestas por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la prestación de sus servicios.
No obstante, la ATRAPAT ha
denunciado un presunto acoso orquestado por la CANAPAT en combinación con la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, con el fin de desplazarla del mercado de transporte de
pasajeros entre México y Estados Unidos.
La ATRAPAT manifiesta que tras la
persecución y los operativos implementados en su contra por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, se ocultan los intereses de estas compañías por acaparar
todo el territorio nacional, y que para lograr sus objetivos, dichos consorcios pretenden
apoderarse del espacio que la empresa conquistó a lo largo de dos décadas de
funcionamiento.
Como ejemplo, la ATRAPAT consigna
que cuando sus autobuses son infraccionados y remitidos al corralón, la compañía debe
pagar multas que oscilan de los 52 a los 60 mil pesos, montos que resultan onerosos para
una agrupación cuyo principal sostén lo representan los migrantes mexicanos.
Y es que por instancias de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hace unos años esta empresa se vio obligada
a adquirir un predio en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas (inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y Comercio del estado, bajo los números 45386, Legajo 908,
Sección I, con fecha del 15 de diciembre de 1997), cuyo costo fue de 345 mil dólares.
Si bien esta inversión fue erogada
por la ATRAPAT para mantenerse dentro de la normatividad que impone la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, lo cierto es que representó un enorme sacrificio para los
socios y los empleados, ya que la compañía aún no puede resolver otro problema que
repercute fuertemente en sus ganancias: la regularización de sus unidades, mismas que a
pesar de ser de manufactura mexicana, fueron adquiridas en el vecino país del norte,
debido a que los esquemas crediticios son más ligeros en la Unión Americana.
Aunado a este hecho, la ATRAPAT
enfrenta actualmente una difícil situación financiera, debido, entre otras cosas, a que
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pretende imponerle la inmediata
construcción de una terminal de origen, cuyo costo aproximado sería de $1.500, 000. 00
(un millón quinientos mil pesos), más otra terminal de destino en la frontera por un
valor de $2.000,000.00 (dos millones de pesos), así como la urgente adquisición de por
lo menos dos autobuses mexicanos de segunda mano por cada compañía integrante de la
ATRAPAT, lo cual implica una inversión de $1.700,000.00 (un millón setecientos mil
pesos).
Ante esta situación, las
compañías integrantes de la ATRAPAT no podrían recuperarse a corto plazo, pues la suma
global de tales medidas asciende a $5.200,000.00 (cinco millones doscientos mil pesos),
erogación que, a decir de los propios transportistas, requiere de un plazo mínimo de 5
años para poder ser cubierta, eso sin contar que todavía quedaría pendiente la
construcción de una central para albergar a todas las compañías que conforman la
ATRAPAT.
En este sentido, resulta
incongruente que después de dos décadas en que la Cámara Nacional del Autotransporte de
Pasaje y Turismo (CANAPAT) no ha podido desplazar a la Asociación Transportista de Pasaje
Transfronterizo (ATRAPAT) con calidad de servicio, ahora se pretenda eliminarla del
mercado a través de presiones que pudieran estar auspiciadas por la propia Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
Por tanto, para contribuir al
fomento empresarial en el país y la sana competencia comercial en el sector
transportista, así como para garantizar la cobertura de las necesidades y demandas de
transporte de los migrantes en la frontera norte, me permito presentar ante esta
Soberanía el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Que se cite a comparecer, ante la Comisión
de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, al ciudadano Pedro Cerisola
Weber, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que informe
acerca de las presuntas irregularidades y prácticas monopólicas en la prestación del
servicio de autotransporte transfronterizo, así como de la denuncias y solicitudes
presentadas por la Asociación Transportista de Pasaje Fronterizo, AC (ATRAPAT).
Dado en el salón de sesiones de la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los doce días del mes de
marzo de 2003.— Senadora Yolanda Eugenia
González Hernández.»
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias, señora senadora.
Túrnese a la Comisión de
Comunicaciones y Transportes del Senado de la República.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-IRAK
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Tiene la palabra el diputado
Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de
Turismo información sobre acciones que se tomarían ante un eventual conflicto bélico
que afectaría al turismo de nuestro país.
El diputado Salvador Cosío Gaona:
Con la venia, Presidencia:
Es de todos conocido el que en un
lapso breve, habría alguna determinación del vecino país del norte en relación con la
decisión de enfrentar una acción bélica en contra de Irak.
Con la experiencia histórica de
otras cuestiones similares, la más reciente en septiembre de 2001, es de prever que la
actitud de muchos ciudadanos de dicha nación, que además alentados por su gobierno,
habrá de ser el inhibirse sustancialmente y trasladarse a realizar turismo a otros
países, especialmente a México que sería muy acertado, pues es patente que nuestro
principal mercado turístico lo constituyen habitantes de dicho país vecino, quienes es
natural, al contraer su situación turística al exterior, afectarán severamente la
economía mexicana, principalmente aquellos destinos cuya vocación económica se basa
fundamentalmente en los ingresos por el turismo en general.
Ante ello y sin que esto sea
privativo de esta región, de mi natal Jalisco, los prestadores de servicios turísticos,
tanto de hospedaje, gastronómicos, de transportación, entretenimiento y similares de
Puerto Vallarta y de la gran región de Bahía de Banderas, Jalisco y Nayarit, me han
solicitado expresar la gran preocupación que existe por este inminente hecho y los
efectos negativos para México y además el tratar de obtener la información más urgente
y oportuna posible, en relación con las estrategias y programas emergentes que el
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo, tenga ya establecidos en la
búsqueda de nuevos mercados turísticos de ciudadanos de países diversos, para palear
las inclemencias que motivará, sin duda, el deterioro económico o el menoscabo del
número de visitantes provenientes del vecino país del norte con motivo de la tensión
que ya se presenta y de la inminencia de la posibilidad de una conflagración bélica de
orden mundial.
No hace muchos días la Secretaria
de Turismo, Leticia Navarro, anunció que ya contaban con planes emergentes para enfrentar
situación que puede presentarse con motivo de la posible guerra, pero a la fecha se
desconoce todo lo relativo a dicho programa y es porque, confiando en que existe y que
contiene quizá, espero, elementos interesantes que puedan ser apoyo específico al
respecto, es que se plantea solicitar dicha información y estar así en la posibilidad de
coadyuvar participándole a los interesados para que puedan sumarse y cooperar con
cualquier campaña en apoyo a México en materia turística.
Es por esto que someto a la
consideración el punto de acuerdo, que consiste en que solicite a la Secretaría de
Turismo la información relativa a los planes y programas emergentes para la promoción
turística especial, a fin de enfrentar las consecuencias negativas que afectarían a los
servicios turísticos por la merma en la recepción de visitantes del país del norte
motivados por la tensión que provoca el posible conflicto y que esta información se
entregue a los interesados, se canalice a la Comisión de Turismo de la Cámara de
Diputados para que canalice y lleven a cabo cualquier consideración, y adicionalmente se
cite a comparecer a los funcionarios de dicha Secretaría que resulte menester para tener
un punto de vista y una consideración suficiente al respecto.
Solicito en obvio de tiempo, señor
Presidente, que se inserte íntegro el texto de este punto de acuerdo y se turne a la
Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.
Muchas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo
que solicita a la Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo Federal, informe sobre las
acciones que se tomarán ante un posible conflicto bélico mundial que afectaría
sensiblemente el flujo de turismo internacional hacia México, que presenta el diputado
federal Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Es de todos conocido el que en un
lapso muy breve el gobierno del vecino país del norte, Estados Unidos de América,
determinan la posibilidad de iniciar o no acciones bélicas en contra de Irak, por los
supuestos motivos que son del dominio público y que no viene al caso mencionar. Con la
experiencia histórica de otras conflagraciones internacionales, así como la más
reciente, los ataques que sufrió dicho país vecino el 11 de septiembre del año 2001, es
de prever la actitud de muchos ciudadanos de dicha nación, que además, alentados por su
gobierno, se inhibirán sustancialmente para realizar traslados con motivo turístico a
otros países, en este caso México sería de los más afectados, pues es patente, que
nuestro principal mercado turístico es el que representan los habitantes del país
vecino, quienes, al contraer su traslado turístico al exterior afectarán muy
sensiblemente la economía mexicana, principalmente la de aquellos destinos cuya vocación
económica está fundamentalmente ligada a los ingresos por los servicios turísticos en
general.
Ante ello, y sin que esto sea
privativo de esta región, de mi natal Jalisco, los prestadores de servicios turísticos,
tanto de hospedaje, como gastronómicos, de transportación, entretenimiento y otro
similares y conexos, de Puerto Vallarta y de la gran región de Bahía de Banderas en
Jalisco y Nayarit, me han solicitado expresar la gran preocupación que existe por este
inminente hecho, y los efectos negativos para México, además de tratar de obtener la
información más urgente y oportuna posible, en relación con las estrategias y programas
emergentes que el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo, tenga
ya establecidos en la búsqueda de nuevos mercados turísticos, de ciudadanos de diversos
países del orbe, para palear las inclemencias que motivará el deterioro económico por
el menoscabo del número de turistas provenientes de nuestro vecino del norte con motivo
de la tensa situación que ya se presenta y de la inminencia de la posibilidad de una
conflagración bélica de orden mundial.
No hace muchos días, la Secretaria
de Turismo, Leticia Navarro, anunció que ya contaban con planes emergentes para enfrentar
la situación que puede presentarse con motivo de la posible guerra, pero a la fecha, se
desconoce todo lo relativo a dicho programa, por lo que, confiando en que este existe y
que contiene elementos interesantes, es que se plantea solicitar dicha información para
así poder coadyuvar y participarle a los interesados, lo relativo, a fin que puedan
sumarse y cooperar con ello.
Por lo anteriormente expuesto,
someto a la consideración, el presente punto de acuerdo que consiste en que se solicite a
la Secretaría de Turismo la información relativa a los planes y programas emergentes
para la promoción turística especial, para enfrentar las consecuencias negativas que
afectarían a los servicios turísticos por la merma en la recepción de los visitantes
del vecino país del norte, motivados por la tensión que provoca el posible conflicto, y
que, esta información, se entregue a los interesados y se canalice a la Comisión de
Turismo de la Cámara de Diputados, para el análisis y consideraciones correspondientes,
al tenor de la siguiente propuesta con
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Se solicita a la Secretaría de Turismo del
Poder Ejecutivo informe sobre las acciones derivadas de planes y programas emergentes, que
se tomarán ante un posible conflicto bélico mundial que afectaría sensiblemente el
flujo de turismo internacional hacia México, y se entregue a los legisladores interesados
y se remita además a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, para el
análisis y consideraciones correspondientes, y adicionalmente se cite a comparecer a los
funcionarios federales que considere necesario.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 12 de marzo de 2003.— Diputado Salvador
Cosío Gaona.»
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias, señor diputado.
Se turna a la Comisión de Turismo de
la Cámara de Diputados y se instruye para que sea insertado íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
ESTADO
DE MEXICO
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Para presentar un punto de acuerdo
sobre el uso de recursos públicos en el proceso electoral del estado de México, tiene la
palabra el diputado Francisco Guadarrama López, del Partido Acción Nacional.
El diputado Francisco Guadarrama
López:
Con el permiso de la Mesa
Directiva; compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en la Ley Orgánica
del Congreso General y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, integrantes del grupo
parlamentario de Acción Nacional en la LVIII Legislatura, sometemos a consideración el
siguiente punto de acuerdo para solicitar a la entidad de fiscalización de la
Federación, investigue y en su caso realice las auditorías necesarias por el posible
desvió de recursos públicos por parte del Gobierno del estado a favor de las campañas
electorales de Alianza para Todos, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y
el Partido Verde Ecologista, bajo las siguientes consideraciones.
En un Estado de Derecho y
democracia, la ascensión al poder público se logra exclusivamente mediante la práctica
democrática y el ejercicio pleno del sufragio universal. Para que esto sea así es
indispensable contar con el Marco Jurídico electoral que garantice la certeza,
independencia, profesionalismo, imparcialidad, transparencia, equidad y objetividad en los
procesos electorales, pero además de las reglas jurídicas es condición indispensable
que los actores que protagonizan la lucha política tengan y expresen la firme voluntad de
hacer que la norma se traduzca en hechos, que el espíritu de la ley se materialice en
voluntad política del cumplimiento; es decir, debemos aspirar a una democracia que no se
quede en la teoría, en la mera escritura de la ley, sino que sea reflejo fiel en la
práctica y que somos capaces de concretar.
La posibilidad de convivencia y
competencia civilizada y de una institucionalidad estatal capaz de representar y procesar
los intereses de la sociedad, la ofrece la fórmula de gobierno democrático.
Por ello, a todos nos corresponde
defender la democracia, el de no traicionar su esencia; la democracia debe estar exenta de
todos aquellos antiprincipios que la puedan contrariar, al grado que violente la voluntad
ciudadana y la cual debe ser libremente expresada en las urnas.
La competencia entre partidos debe
de llevarse a cabo con el firme basamento en la pluralidad, la tolerancia, la legalidad,
la equidad y la transparencia.
Fiscalizar y transparentar los
recursos empleados en los procesos ha sido una demanda política constante, en virtud de
que la fiscalización trae como consecuencia el dar certeza a la ciudadanía de que la
competencia electoral fue equitativa y que ningún partido participe con ventajas
adicionales que le permitan ganar y menos que esas ventajas sean proporcionadas de manera
ilegal por el propio aparato estatal que está por renovarse.
La libertad del sufragio tiene como
componente básico la vigencia efectiva de las libertades políticas, la cual se traduce
en que el voto no debe estar sujeto a presión, intimidación, compra o coacción alguna,
es así que un aparato de gobierno y el poder de sus recursos públicos no deben emplearse
a favor de un partido político o candidato alguno, ya que ello distorsiona la naturaleza
del sufragio y de la competencia electoral y consecuentemente pervierte la democracia.
México ha vivido en estos años un
proceso de transición a la democracia que se ha reflejado entre otros aspectos en un
cambio importante a los procesos electorales a pesar de lo anterior, en algunos procesos
electorales siguen añejas prácticas clientelares, así como el poco apego a las reglas
éticas de competencia política entre partido.
De ello, da prueba el estado de
México, ocasionando la imposibilidad de afirmar que el proceso de democratización del
país ha llegado a feliz término. Por ejemplo, se tuvo conocimiento de que los empleados
de la Comisión de Aguas del estado de México mejor conocida como CAEM, fueron
materialmente obligados a defender el voto de los priístas en las casillas. Asimismo,
tenían que tocar puertas para que la gente fuera a votar por sus candidatos.
En este sentido, se utilizaron
empleados públicos para la promoción del voto a favor de un partido por parte del
Gobierno estatal en plena violación a la Ley Electoral y al Código Penal del Estado.
Ahora bien, por acuerdo del 9 de
enero de este año, el Consejo General del Instituto Electoral del estado de México
acordó que cada uno de los siete partidos y la coalición que participara en la elección
del 9 de marzo en el estado de México, podrán gastar hasta 366 millones 573 mil 380
pesos en sus campañas proselitistas.
En dicho acuerdo se estableció
además que los candidatos a presidentes municipales que más podrán gastar en sus
actividades proselitistas serán los de Ecatepec, pues el municipio cuenta con un padrón
de un millón 32 mil 560 electores. El tope para los aspirantes a la alcaldía de este
municipio sería de 22 millones 881 mil pesos.
Sin embargo, el PAN y el PRD en
Ecatepec, denunciaron en rueda de prensa que los candidatos de la Alianza para Todos,
gastaron tres veces más de lo que el Instituto Electoral del estado de México les había
asignado originalmente, la pregunta aquí es: ¿De dónde obtuvieron esos recursos?
Asimismo, se denunciaron por
diversos actores políticos que en los municipios de Valle de Chalco, Tultepec y
Huixquilucan, el Gobierno del estado realizó obras públicas y entregó material para
construcción a favor de los candidatos de Alianza para Todos.
En tal sentido, resultado
indispensable desplegar una función fiscalizadora en el proceso efectuado en el estado de
México, a fin de asumir nuestro papel de control y vigilancia de los recursos públicos
federales otorgados a dicha entidad, mediante la investigación y comprobación en el uso
y manejo de los recursos públicos y en su caso la imposición de las sanciones que
correspondan, ya que el Gobierno del estado de México tiene a su cargo el manejo de
fondos públicos para el ejercicio y cumplimiento de las funciones públicas que tiene
encomendadas, pero no para emplearlas con fines distintos y menos aún para inclinar la
balanza electoral y no para convertirse en el gran elector.
El propósito de nuestro punto de
acuerdo tiene la firme intención de que al tratarse de recursos públicos, los principios
de transparencia y control pueden estar garantizados de mejor manera, y para que la
competencia electoral sea precisamente eso: una competencia abierta y libre, sin
cortapisas, con posibilidades reales y equitativas de obtener el ejercicio del Gobierno y
no que se trate de una contienda ritual, en donde la iniquidad ya prevé anticipadamente
ganadores y perdedores.
En este sentido hemos de recordar
el reconocimiento que hiciera el Presidente Ernesto Zedillo, de que el proceso electoral
en el que resultó triunfador, pudo haber sido legal, pero no equitativo, por lo que la
búsqueda de reglas o condiciones justas, claras, legales y equitativas en la contienda
electoral.
Compañeras y compañeros diputados
y senadores. Excepción del financiamiento público de ley, la donación de recursos
públicos por parte de los gobiernos a los partidos políticos y a sus candidatos, no
sólo se prohíbe sino se está considerando como un delito electoral, tipificado por las
leyes penales.
Ante los procesos electorales por
venir, es necesario que se garantice la seguridad con la que se desenvuelvan, no sólo
respecto a lo que implica el procedimiento electoral sino también velar porque los
recursos económicos otorgados por la desviación, no se desvíen a favor de determinada
corriente política, descuidando así el desarrollo democrático del país.
Se trata nada más y nada menos de
dar certeza a la sociedad de que los procedimientos para obtener el voto se apegan a la
ley, y en segundo término fiscalizar también, tiene que ver con la responsabilidad de
mostrar a la sociedad que los recursos públicos que se otorgan a los poderes públicos,
en este caso, al Gobierno del estado de México, fueron o no utilizados en su propio
beneficio y no para un fin electorero de partido o de grupo.
Por las consideraciones antes
expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 y demás relativos del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
sometemos a la de la Cámara, la siguiente
PROPOSICION
Primero. Que la Entidad Superior de la Federación
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, investigue y en su caso realice las auditorías que sean
necesarias, respecto a recursos federales otorgados al Gobierno local del estado de
México, ante el posible desvío de los mismos para hacer utilizados de manera ilícita,
como financiamiento a favor de las campañas electorales de Alianza para Todos.
Segundo. Que en su momento la Entidad Superior de
la Federación informe sobre los resultados de la investigación, así como el fincamiento
de responsabilidades en que hubiere incurrido el Gobierno local del estado de México,
encabezado por el licenciado Arturo Montiel Rojas, derivado del desvío de recursos
federales a favor de las campañas electorales de Alianza para Todos, integrada por el
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, y ponga en
conocimiento del Ministerio Público las conductas que constituyeran delitos.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Muchas gracias.
Túrnese a la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
CIUDAD
MADERO, TAMAULIPAS
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Para presentar una proposición con
punto de acuerdo sobre la playa de Miramar en Ciudad Madero, Tamaulipas, suscrita por los
diputados Magdalena Núñez Monreal y Ramón León Morales del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la tribuna el diputado Ramón
León Morales.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor Presidente:
Con el fin de avanzar más rápido
en esos trabajos, le voy a solicitar a la Presidencia que el documento en su forma
completa sea publicado en las instancias que competan.
Los suscritos integrantes del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática proponemos el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas y al presidente municipal de Ciudad
Madero, para que en el ámbito de sus atribuciones, suspendan la realización del proyecto
turístico “Playa Miramar” hasta no establecer un diálogo con los habitantes,
el cual permita que éstos sean incluidos y consultados para la toma de decisiones en
torno a la aplicación de proyectos turísticos de esta envergadura.
Atentamente, firmamos el punto de
acuerdo la diputada Magdalena Núñez Monreal y un servidor.
Muchas gracias, señor Presidente.
«Proposición con punto de
acuerdo, sobre la Playa Miramar en Ciudad Madero, Tamaulipas.
La diputada Magdalena Núñez y su
servidor, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
y con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter ante esta
Comisión Permanente una propuesta con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
antecedentes y consideraciones.
ANTECEDENTES
Se han acercado a nosotros
habitantes de Ciudad Madero, Tamaulipas, para denunciar la arbitraria decisión por parte
del Cabildo Municipal, de privatizar la Playa Miramar, dicha playa es un tesoro para todos
los maderenses, quienes acuden ahí para disfrutar sus días de descanso. Y que una vez
privatizándose, las visitas familiares serán objetos de altos cobros, tal es el caso de
otras playas mexicanas, que ya se han privatizado, cobrando como bien sabemos en dólares.
Por otra parte que muchas de las
familias maderenses, sobreviven del comercio con los turistas que visitan las playas, y
que al ofrecer estos servicios promotores privados, dejarán sin empleo a muchos padres de
familia.
A la fracción parlamentaria del
Partido de la Revolución Democrática le preocupa en sobremanera que una vez más se
tomen decisiones a espaldas de la ciudadanía. Al parecer en los distintos niveles de
gobierno, persiste una actitud insensible a las demandas de los habitantes del lugar,
olvidando que se gobierna para ellos, y que las decisiones que se tomen deben de contar
con el respaldo de los gobernados.
El Presidente municipal argumenta
la creación de empleos, el desarrollo de un polo turístico, y entradas económicas por
impuestos a las arcas municipales. No obstante, la población considera que al venderse a
unos cuantos empresarios, estos serán los únicos dueños de la playa y por ende de las
ganancias que esta genera, ahuyentando al turismo familiar y de clase media que los
visita.
Además de que la zona que se
propone para venta es la mejor que se puede encontrar en toda la playa, y con la
privatización solo se dejarán 20 metros de la orilla de la playa y áreas de tercera
categoría a los habitantes del lugar.
Por otra parte en la manifestación
de impacto ambiental se reconoce que el agua y el suelo tendrán un impacto adverso
significativo.
En el caso del primer elemento, se
prevé sobre todo en la etapa de construcción, que se dará una interferencia del drenaje
superficial, calidad y cantidad del recurso hídrico superficial y subterráneo y la
alteración en la calidad del agua marina.
Una vez en servicio dicho proyecto
turístico, el manejo de las aguas residuales pueden representar una grave fuente de
contaminación marítima.
En el caso del suelo resultarán
afectadas: las características topográficas, calidad del mismo, asentamientos y
compactación; al llevar al cabo la revelación y relleno en la etapa de la preparación
del sitio y la explotación de los bancos materiales y en la construcción de
estacionamientos, almacenes, hoteles; finalmente en las actividades de playa una vez
operado el proyecto turístico.
CONSIDERACIONES
I. Que la ciudadanía asegura que
no ha sido consultada en la toma de dicha decisión;
II. Que la privatización de la
Playa Miramar será para el usufructo de los grandes capitales;
III. Que no se puede permitir que
se decida de forma arbitraria, lejana a la ciudadanía el destino de sus playas;
IV. Que el diálogo y consenso con
la ciudadanía permitirá la creación de proyectos incluyentes y
V. Que puede ser muy grave el
impacto ecológico provocado por la construcción y puesta en marcha de dicho proyecto, si
no se toman en cuenta las medidas pertinentes.
Por lo anteriormente expuesto, los
suscritos integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
proponemos el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del estado de Tamaulipas y al presidente
municipal de Ciudad Madero, para que en el ámbito de sus atribuciones, suspendan la
realización del proyecto turístico Playa Miramar, hasta no establecer un diálogo con
los habitantes, el cual permita que éstos sean incluidos y consultados para la toma de
decisiones en torno a la aplicación de proyectos turísticos de esta envergadura.
Atentamente.
México, DF, a 12 de marzo de
2003.— Diputados: Magdalena Núñez Monreal y
Ramón León Morales.»
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias, señor diputado.
Publíquese íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de
Turismo de la Cámara de Diputados.
TIJUANA,
BAJA CALIFORNIA
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Punto de acuerdo por el que se
solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión
Reguladora de Energía, al Gobierno del estado de Baja California y al municipio de
Tijuana que suspendan la construcción de una planta de gas natural en el citado
municipio, en tanto no se demuestre que se ha cumplido con los requerimientos ambientales
y de ordenamiento urbano solicitados para dicha obra, tiene la palabra la diputada Julieta
Prieto Furhken, del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Julieta Prieto Furhken:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
En días pasados, diputados locales
del honorable Congreso de Baja California y distintas organizaciones no gubernamentales,
han manifestado su inconformidad respecto a la instalación de una planta receptora,
gasificadora y almacenadora de gas natural de la empresa “Marathon Oil Gas Natural de
Baja California” en la delegación de playas de Tijuana, por lo que el Partido Verde
Ecologista de México ha querido presentar este punto de acuerdo, en virtud de que la
construcción de la planta de gas natural antes mencionada resulta inadecuada por las
siguientes razones:
Primero. La zona elegida para la
construcción de dicha planta resulta inadecuada debido a que “La Joya”, el
monumento de la delegación de playas de Tijuana, ha sido definida por el programa de
Desarrollo Urbano del Centro de la Población de Tijuana y por el Programa de Desarrollo
Regional del corredor costero de Tijuana-Rosarito-Ensenada como una zona residencial y
turística de bajo impacto, estableciendo además su incompatibilidad con proyectos
industriales de depósitos y almacenamientos de energía.
Segundo. Asimismo, la carta urbana
y la matriz de compatibilidad de la delegación de playas de Tijuana del 2002 al 2025,
establece claramente que no existe posibilidad para llevar a cabo las instalaciones de
industria de riesgo, explosión, contaminación o extracción en esta zona.
Tercero. El proyecto de la
“Marathon Oil Gas Natural de Baja California”, atenta contra la seguridad de las
familias de la zona, ya que los peligros y riesgos de la planta se magnifican por los dos
tanques de almacenamiento de gas natural que se encontrarían ubicados a kilómetro y
medio de distancia de la población de playas de Tijuana, lo cual es considerado de alta
densidad por contar con 250 mil habitantes.
Cuarto. Los riesgos sísmicos de la
zona, representan un obstáculo más para la implantación de esta planta de gas natural.
Quinto. Consideramos que el
proyecto de la empresa “Natural Oil Gas” contribuirá al deterioro de la calidad
del aire en la región, porque contempla dos generadores de energía, los cuales no son
objeto de análisis en la Comisión Reguladora de Energía si no están incluidas en el
extracto del proyecto publicado en el Diario Oficial
de la Federación del 16 de octubre del 2002.
Asimismo, es necesario que la
Comisión Reguladora de Energía, considere la posibilidad de rechazar el proyecto que no
contempla plenamente todas las variables ambientales y de ordenamiento territorial.
En este caso específico, es
fundamental constatar que el proyecto antes mencionado garantiza la seguridad e integridad
de la población de playas de Tijuana.
Por todo lo anterior y con
fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Comisión
Permanente lo siguiente:
Unico. Se solicita a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Energía y su Comisión Reguladora de
Energía, al Gobierno del estado de Baja California y al municipio de Tijuana, informen a
esta soberanía si la empresa “Marathon Oil Gas Natural de Baja California” ha
cumplido con todos y cada uno de los requisitos ambientales y de ordenamiento territorial
necesarios para la construcción y operación de la planta receptora, gasificadora y
almacenadora de gas natural que se encuentra en construcción en la delegación de playas
de Tijuana.
En el caso de que la empresa
“Marathon Oil Gas Natural de Baja California” no hubiese cumplido con las
especificaciones correspondientes, se exhorta a la autoridad antes señalada procedan
conforme a las legislaciones y normas vigentes a sancionar o en su caso suspender la
construcción de la planta mencionada.
Dado en el salón Legisladores de
la República, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos a los 12 días del mes de marzo.
Pido que se turne a la Comisión de
Energía y Medio Ambiente.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión de Energía y
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
TECATE,
BAJA CALIFORNIA
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Se informa a la Asamblea que la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados declina su
participación en el dictamen de la proposición con punto de acuerdo para integrar un
grupo de trabajo que investigue el saqueo de arena en el municipio de Tecate, Baja
California, presentada en sesión del 19 de febrero último por el diputado Ramón León
Morales.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Diputado Eric Eber Villanueva
Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.— Presente.
Por este conducto y en referencia
al oficio número D.G.P.L. 58-II-4-1471, de fecha 19 de febrero de 2003, por el cual fue
turnada a esta comisión la proposición con punto de acuerdo para integrar un grupo de
trabajo para investigar el saqueo de arena en el municipio de Tecate, Baja California,
suscrita por el diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, me permito exponer lo siguiente:
Que de conformidad con el párrafo
tercero del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, las comisiones ordinarias tienen correspondencia en lo general con las
otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Que los permisos para el
aprovechamiento y comercialización de materiales pétreos (arena) corre a cargo de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional de
Agua.
Por lo anterior, le solicito de la
manera más atenta, se modifique el turno de la proposición con punto de acuerdo, en
virtud de que esta unidad parlamentaria no tiene la competencia necesaria para desahogar
este asunto.
Sin más de momento, le agradezco
de antemano la atención a la presente y le reitero la más distinguida de mis
consideraciones.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 24 de
febrero de 2003.— Diputado Diego Alonso
Hinojosa Aguerrevere, Presidente.
Se modifica el trámite y se turna a
la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
ISLAS
CORONADO
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Para presentar un punto de acuerdo
para solicitar a la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores el reclamo del
Archipiélago del Norte, hoy conocido como Islas Coronado, que usufructúa el Gobierno de
Estados Unidos de América, tiene la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila,
del Partido del Trabajo.
El diputado Víctor Antonio García
Dávila:
Con el permiso de la Presidencia.
En obvio del tiempo voy a tratar de
ser lo más conciso.
Desde nuestros días en la escuela
primaria hemos seguido la historia de nuestro país. Los actos heroicos de muchos
valientes dieron la vida por la patria. Pero también hemos sido testigos del despojo que
Estados Unidos nos dio el 2 de febrero de 1848, en donde nos fue arrebatada la mitad de
nuestro territorio.
Ayer, al igual que hoy, un tratado
injusto, ilegal y también apoyado por traidores a la patria hizo que miles de mexicanos
cayeran en desgracia y se concesionaran 295 territorios comunales en la firma del Tratado
de Guadalupe Hidalgo.
Ahí se nos fueron amplios estados
como California, Nuevo México, Nevada, Utah, Arizona y parte de Colorado. También
aprobó la anexión de Texas a cambio de 15 millones de dólares y los norteamericanos,
según la historia, querían todo el país.
Debido a que los instrumentos de
medición para definir las fronteras entre ambos países no fueron los adecuados y ante la
premura por la guerra civil que envolvió a Estados Unidos, se cometieron varios errores,
entre ellos la definición del Archipiélago del Norte, un conjunto de ocho islas que se
encuentran al sur del estado de California y que, de acuerdo a la lista de las concesiones
y a los mapas de la frontera de esa época, no se encuentran dentro del tratado.
Es decir, siguen perteneciendo a
nuestro país legalmente y son usufructuadas por los norteamericanos desde entonces, sin
que ningún presidente ni ningún congreso hasta ahora tenga la valentía de solicitar,
vía tribunales internacionales, lo que es nuestro.
Hace unos años un puñado de
mexicanos y líderes de movimientos chicanos, apoyados en los estudios que han hecho
historiadores y analistas, como Jorge Vargas y Marco Antonio Millán, quien recorre a lo
largo y ancho nuestra República mostrando las evidencias de que esas islas son mexicanas,
plantaron la bandera de México en la Isla Catalina, una de las ocho conocidas como Islas
Coronado.
Compañeras y compañeros
legisladores: no se trata de iniciar hostilidades en un mundo hoy amenazado por guerra de
quienes, al igual que lo hicieron con nosotros en ese tiempo, hoy tratan de seguir
despojando a otros países.
Aquí lo que se trata es de iniciar
los trabajos necesarios para tratar de recuperar lo que nos pertenece de manera legal.
En este punto de acuerdo también
estamos anexando la lista de las 295 concesiones, de manera detallada y con los nombres
originales de los territorios, el mapa antes del despojo y el texto completo del Tratado
de Guadalupe Hidalgo, a manera de contribuir con las investigaciones que, si se apoya el
presente, deberían de iniciar.
El Archipiélago del Norte o Islas
Coronado se encuentra frente a Tijuana y San Diego y en la actualidad es un emporio
turístico con casinos y playas y es usado también como base naval de Estados Unidos. Fue
ocupado sigilosamente por los norteamericanos y desde entonces lo tienen en su poder.
Por las anteriores consideraciones
y con fundamento en lo que disponen los artículos de la ley, exponemos este
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Se exhorta a las juntas de Coordinación
Política de las cámaras que integran el Poder Legislativo para que convoquen al titular
del Poder Ejecutivo a iniciar en las cortes internacionales los juicios correspondientes
para que, quienes se encuentran ocupando estos territorios, los devuelvan y se indemnice a
la nación por el uso que desde 1848 le han venido dando.
Dado en el Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 12 de marzo de 2003.
Este punto de acuerdo, compañeros,
nos dirá quiénes somos patriotas; podremos pasar a la historia. ¿Podremos hacerlo? Yo
creo que podemos hacerlo.
Muchas gracias.
«Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros legisladores:
Este punto de acuerdo que la
fracción parlamentaria del Partido del Trabajo viene a presentar ante esta tribuna, es de
suma importancia para nuestro país, por lo cual pedimos el apoyo de quienes se dicen
mexicanos y de quienes verdaderamente lo son.
Desde nuestros días en la escuela
primaria, hemos seguido la historia de nuestra patria, los actos heroicos de muchos
valientes compatriotas que dieron la vida por la patria, pero también con tristeza
conocemos del despojo que el 2 de febrero de 1848 en donde nos fue arrebatada la mitad de
nuestro territorio por que desde ese entonces ya querían ser los dueños del mundo,
Estados Unidos de América.
Ayer, al igual que hoy, un tratado
injusto, ilegal y también apoyado por traidores a la patria, hizo que miles de mexicanos
cayeran en desgracia y se concesionaran 295 territorios comunales en la firma del Tratado
de Guadalupe Hidalgo, ahí se nos fueron amplios estados como California, Nuevo México,
Nevada, Utah, Arizona y parte de Colorado, también aprobó la anexión de Texas a cambio
de 15 millones de dólares y los norteamericanos... querían todo el país.
Debido a que los instrumentos de
medición para definir las fronteras entre ambos países no fueron los adecuados y ante la
premura por la guerra civil que envolvió a EUA se cometieron varios errores, entre ellos
la definición del Archipiélago del Norte, un conjunto de ocho islas que se encuentran al
sur del estado de California y que de acuerdo a la lista de concesiones y a los mapas de
las fronteras de esa época, no se encuentra dentro del tratado, es decir, siguen
perteneciendo a nuestro país legalmente y son usufructuadas por los norteamericanos desde
entonces, sin que ningún Presidente ni ningún Congreso hasta ahora tenga la valentía de
solicitar vía tribunales internacionales, lo que es nuestro.
Hace unos años, un puñado de
mexicanos y líderes de movimientos chicanos, apoyados en los estudios que han hecho
historiadores y analistas como Jorge A. Vargas y Marco Antonio Millán quien recorre a lo
largo y ancho nuestra República mostrando las evidencias de que esas islas son mexicanas,
plantaron la bandera de México en la Isla Catalina, una de las ocho conocidas como Islas
Coronado.
Compañeras y compañeros
legisladores: no se trata de iniciar hostilidades en un mundo hoy amenazado de guerra por
quienes al igual que lo hicieron a nosotros, hoy tratan de seguir despojando a otros
países, aquí lo que se trata es de iniciar los trabajos necesarios para tratar de
recuperar lo que nos pertenece de manera legal.
Los legisladores somos
sistemáticamente atacados por gente ignorante de las labores legislativas, se nos acusa
de incompetentes, partidistas, holgazanes y muchas cosas más, pero de lo que nunca nos
podrán acusar es de ser traidores a la patria porque, para ser diputado es necesario ser
mexicano y ser mexicano significa algo más, ser patriota, por ello los estoy invitando a
unirse a ese puñado de compatriotas que valientemente plantaron la bandera de México en
las islas mexicanas, son en estas cuestiones cuando de verdad se sabe quien es patriota y
quien es traidor, el reto es también para nuestros gobernantes.
En este punto de acuerdo, también
estamos anexando la lista de las 295 concesiones de manera detallada y con los nombres
originales de los territorios, el mapa antes del despojo y el texto del Tratado de
Guadalupe Hidalgo a manera de contribuir con los investigadores que si se apoya el
presente punto de acuerdo, deberían iniciar.
El Archipiélago del Norte o Islas
Coronado se encuentra frente a Tijuana y San Diego y en la actualidad es un emporio
turístico con casinos y playas y es usado también como base naval de EUA fue ocupado
sigilosamente por los norteamericanos y desde entonces lo tienen en su poder:
Por las anteriores consideraciones
y con fundamento en lo que dispone el artículo 73 de la Constitución Política y los
artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos me permito proponer el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Se exhorta a las juntas de Coordinación
Política de las cámaras que integran al Poder Legislativo para que convoquen al titular
del Poder Ejecutivo a iniciar en las cortes internacionales, los juicios correspondientes
para que quienes se encuentran ocupando estos territorios, los devuelvan y se indemnice a
la nación por el uso que desde 1848 le han venido dando.
Palacio Legislativo, a 12 de marzo
de 2003.— Diputado Víctor Antonio García
Dávila.»
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
DURACION
DE SESIONES
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
En virtud de que se han cumplido
las cuatro horas que corresponden a la presente sesión, según lo dispone el artículo
4o., del acuerdo parlamentario relativo a las sesiones de la Comisión Permanente,
aprobado el 8 de enero, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día,
suplicándole me permita hacer un último...
El senador Raymundo Cárdenas Hernández (desde su
curul):
¡Señor Presidente!
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Sí, señor senador.
El senador Raymundo Cárdenas Hernández (desde su
curul):
¿Me permite el uso de la palabra
para objetar su decisión?
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
¡Adelante!
El senador Raymundo Cárdenas
Hernández:
Compañeras y compañeros
legisladores:
El Reglamento del Congreso de la
Unión señala que efectivamente cuando transcurren cuatro horas de sesión se preguntará
a la Asamblea si continúa trabajando o no. No es una decisión que el Presidente pueda
tomar, el de suspender la sesión. Tiene que consultar a la propia Asamblea.
Y quiero exhortar a los compañeros
legisladores a que no suspendamos en este momento los trabajos, en virtud de que no hemos
tratado un tema de la mayor importancia para esta Comisión Permanente y para el Congreso
de la Unión.
El tema que ya estaba consensado
para ocupar el primer lugar de la agenda política y que corresponde al hecho de que hoy,
como todos sabemos, el Presidente fue intervenido quirúrgicamente. El mismo, previendo
que iba a estar anestesiado por varias horas, delegó algunas de sus facultades en dos de
sus colaboradores. Con esa decisión del Presidente, se violentó gravemente una de las
facultades de esta Comisión Permanente, que tiene la obligación o hubiera tenido la
obligación de recibir comunicación...
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Permítame, señor senador.
Solicitó usted el uso de la palabra para cuestionar y está usted ya planteando un
asunto.
El senador Raymundo Cárdenas
Hernández:
Muy bien. Entonces termino mi
intervención, señor Presidente.
Solicito que pregunte usted a los
legisladores si continuamos la sesión para tratar este asunto o si no. Yo digo,
compañeros, que no podemos abdicar de nuestras facultades; tenemos que tratar este tema.
Gracias.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:
Gracias, señor senador.
Antes de preguntar y dar gusto a la
petición que usted hace, quiero decir que en el Acuerdo Parlamentario que se firmó a
principios del mes de enero, en el artículo 21 dice:
“Son obligaciones del
Presidente abrir y cerrar las sesiones a las horas señaladas por este Reglamento.”
Y el artículo 28 dice: “Son
ordinarias de las sesiones, las que se celebren durante los días hábiles de los periodos
constitucionales”. Serán públicas, comenzarán por regla general a las 12 horas y
durarán hasta cuatro horas. Pero por disposición del Presidente de la Cámara o por
iniciativa de algunos de los individuos de ella, aprobada en los términos de este
Reglamento, podrán ser prorrogadas.
“Serán extraordinarias las
que se celebren fuera de los periodos constitucionales o los días feriados dentro de
ellos. Serán permanentes las que se celebren con este carácter, que de acuerdo expreso
de los miembros de cada Cámara y a efecto de tener un asunto previamente
determinado.”
Ese es el Reglamento. Sin embargo
pregunto a la Asamblea, que emitan su voto los que estén de acuerdo en que continúe la
sesión.
Los que estén en contra de que
continúe la sesión, sírvanse manifestarlo...
Continúe la Secretaría.
Y quisiera decir muy brevemente que
queremos reconocer a todas las comisiones, la Primera, la Segunda y la Tercera por no
haber dejado rezago alguno en sus trabajos y que eso habla del valor que tuvo esta
Comisión Permanente.
ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
Se va a dar lectura al orden del
día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.—
Primer Receso.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Sábado 15 de marzo de 2003.
Lectura del acta de la sesión
anterior.
Informe sobre las actividades por
la Comisión Permanente.
Designación de comisiones
reglamentarias.
Declaratoria de terminación formal
de los trabajos de la Comisión Permanente.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo (a las 15:33 horas):
Se levanta la sesión y se cita para
la próxima que tendrá lugar el día sábado 15 de marzo a las 10:00 horas.
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