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Presidencia
de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
ASISTENCIA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el
resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 311
diputados.
Por lo tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
(a las 11:22 horas):
Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Tercer Año.—
LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 17 de septiembre de 2002.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Protesta de diputados.
Comunicaciones
Del diputado Abel Guerra Garza.
Del diputado Ricardo García Cervantes.
Del Congreso del estado de Coahuila.
De la Junta de Coordinación Política.
Iniciativa del Congreso del estado de Jalisco
Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
(Turno a comisión.)
Iniciativa de diputados
Que reforma el numeral 1 del artículo 17 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes de diversos
grupos parlamentarios. (Turno a comisión.)
Minutas
Proyecto de decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda
conmemorativa de la Presidencia mexicana de APEC 2002. (Turno a comisión.)
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. segundo
párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
(Turno a comisión.)
Comparecencia del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, análisis del II Informe de Gobierno, política social.
Dictamen negativo. (A discusión)
De la Comisión de la Defensa Nacional en relación a la iniciativa
de reformas a diversos artículos de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y
Fuerza Aérea Nacionales, presentada por el diputado Rufino Rodríguez Cabrera, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Proposiciones
Con punto de acuerdo sobre las tarifas eléctricas, a cargo del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, aplique la tarifa 1F para el suministro y venta de energía eléctrica
en aquellas regiones que registran la temperatura media mínima requerida en verano,
tomando en consideración índices de calor y humedad determinados por la
bioclimatología, a cargo del diputado Salvador López Brito, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión, exhorte al
Ejecutivo Federal para que derogue el decreto del 7 de febrero de 2002, por el cual se
eliminan los subsidios y se incrementan las tarifas de energía eléctrica, a cargo del
diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo en relación a los damnificados en el estado de
Zacatecas, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Efemérides
Sobre los acontecimientos en Chile.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Está a consideración el orden del día...
Proceda la Secretaría a poner a discusión y votación de inmediato
el acta de la sesión anterior...
A ver, el diputado Raigosa.
El diputado Alfredo
Hernández Raigosa
(desde su curul):
Señora Presidenta, nada más quiero reclamar mi derecho en los
puntos de acuerdo que se leyeron.
De conformidad con el orden, como se fue aplazando el punto de
acuerdo que presenta su servidor, debiera de aparecer en primer orden el punto de acuerdo
que el suscrito presentó. Quisiera a usted pedirle que revise en qué momento se quedó
mi punto de acuerdo en las sesiones anteriores; usted encontrará ahí la razón de mi
dicho. Por lo tanto, le solicito, amén de que algunos compañeros diputados de varias
fracciones proponían la posibilidad de encontrar un acuerdo en ese sentido... Si no hay
ese acuerdo, solicitaría se revisara el turno que corresponde a la presentación de mi
punto de acuerdo.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Hernández Raigosa: sobre este tema, en la sesión anterior
tuvo usted larguísimas conversaciones con el vicepresidente que le mostró el acuerdo de
la Junta de Coordinación Política y no vamos a hacer un item de este asunto. Yo estaré atenta para el caso
de que los grupos parlamentarios lleguen a la conclusión de que sólo sea un punto de
acuerdo.
Y si no, dado que prefiere usted ignorar el planteamiento de la
Junta de Coordinación Política, que nos giró una comunicación, haremos el ajuste a la
orden del día que usted señala y le comunicaremos a la Junta de Coordinación Política,
que coordina el diputado Martí Batres, de su deseo.
Continúe, la secretaria Adela Cerezo.
ACTA DE LA
SESION ANTERIOR
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, celebrada el jueves doce de septiembre de dos mil dos, correspondiente al Primer
Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava
Legislatura
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
En el Palacio Legislativo en San Lázaro de la capital de los
Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con
la asistencia de doscientos ochenta diputados a las diez horas con cincuenta y seis
minutos del jueves doce de septiembre de dos mil dos, la Presidenta declara abierta la
sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y desde su curul, el
diputado Mauricio Enrique Candiani Galaz solicita información en relación con el
apartado de proposiciones con punto de acuerdo. La Presidenta hace las aclaraciones
correspondientes.
La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en votación
económica.
Comunicación del diputado Herbert Taylor Arthur, con la que
solicita licencia para separarse por tiempo indefinido del cargo de diputado federal
electo en la primera circunscripción plurinominal. La Asamblea aprueba los puntos de
acuerdo respectivos, en votación económica.
Comunicaciones de los congresos de los estados de:
México, con acuerdo por el que solicita revisar y en su caso
reformar, la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Se turna a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
Yucatán, dos, con las que informa de actividades propias de su
legislatura. De enterado.
La Presidenta informa que a las puertas del salón de sesiones se
encuentra el ciudadano Juan Rigoberto Garza Faz, electo como diputado federal suplente en
la segunda circunscripción plurinominal y acompañado de una comisión designada, rinde
su protesta de ley y entra en funciones de inmediato.
Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que
concede permiso a los ciudadanos Carlos Roberto Villasana Suverza, Aldona Carolina Parra
Hall y Elsa Carrasco Stankiewicz, para prestar servicios en las embajadas en México de la
República de Filipinas, del Reino Unido y de Suiza, respectivamente. Se turna a la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Escrito del ciudadano Ricardo Franco Guzmán, por el que solicita el
permiso constitucional necesario para prestar servicios en la Embajada de los Países
Bajos en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Escrito del ciudadano Adrián Franco Zevada, por el que solicita el
permiso constitucional necesario para prestar servicios en la Embajada de los Países
Bajos en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Análisis del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, administración dos mil- dos mil seis. Política económica.
La Presidenta informa que en el salón de recepción se encuentra el
secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Francisco Gil Díaz y designa a los
integrantes de las mesas directivas de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de
Presupuesto y Cuenta Pública, para introducirlo y acompañarlo al lugar que le ha sido
asignado.
La Presidenta concede la palabra al secretario de Hacienda y
Crédito Público, licenciado Francisco Gil Díaz, para exponer el estado que guarda su
respectivo ramo.
Para fijar la posición de su
respectivo partido político o grupo parlamentario, se concede la palabra a los diputados:
José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político
Nacional; José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social; Rosalía Peredo
Aguilar, del Partido del Trabajo; Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de
México; José Antonio Magallanes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática;
Julián Hernández Santillán, del Partido Acción Nacional y David Penchyna Grub, del
Partido Revolucionario Institucional.
Antes de la intervención del diputado José Antonio Magallanes
Rodríguez, la Secretaría informa del registro de trescientos setenta y cinco diputados y
a las doce horas con once minutos, ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia
y votación.
En el primer turno de preguntas y respuestas, con derecho de
réplica, sube a la tribuna el diputado Víctor Antonio García Dávila, del Partido del
Trabajo,
Presidencia del diputado
Jaime Vázquez Castillo
A quien el Secretario de Hacienda y Crédito Público da respuesta.
El diputado García Dávila ejerce el derecho de réplica.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
Sube a la tribuna para formular sus preguntas el diputado Alejandro
Rafael García Sainz Arena, del Partido Verde Ecologista de México, a quien el Secretario
de Hacienda y Crédito Público da respuesta. El diputado García Sainz Arena ejerce el
derecho de réplica.
Formula sus preguntas la diputada María Miroslava García Suárez,
del Partido de la Revolución Democrática,
Presidencia del diputado
Jaime Vázquez Castillo
Y el Secretario de Hacienda y Crédito Público da respuesta.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La diputada García Suárez ejerce el derecho de réplica.
Presidencia del diputado
Jaime Vázquez Castillo
Para formular sus preguntas sube a la tribuna el diputado Julio
Castellanos Ramírez, del Partido Acción Nacional,
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
A las que el Secretario de Hacienda y Crédito Público responde.
El diputado José Manuel Minjarez Jiménez ejerce el derecho de
réplica en lugar del diputado Castellanos Ramírez.
Los diputados Jorge Alejandro Chávez Presa y David Penchyna Grub
solicitan la palabra para responder alusiones personales y la Presidenta instruye a la
Secretaría dar lectura al artículo ciento dos del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidenta explica que el formato para la presente comparecencia
acordado por la Junta de Coordinación Política, no contempla la posibilidad de hacer uso
de la palabra para contestar alusiones personales; pero en virtud de que es un derecho
reglamentario de los diputados establecido en el artículo al que acaba de darse lectura,
informa que se consultará a la Asamblea si autoriza que se conceda la palabra a los
diputados Chávez Presa y Penchyna Grub para ese efecto, en este momento o al término de
la comparecencia en curso.
Hacen consideraciones al
respecto, desde sus curules, los diputados: Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Armando
Salinas Torre, David Penchyna Grub, Tomás Torres Mercado, Ricardo Moreno Bastida y
Augusto Gómez Villanueva.
La Asamblea aprueba, en votación económica, que los diputados
Chávez Presa y Penchyna Grub contesten alusiones personales al término de la presente
comparecencia.
Para concluir la primera ronda de preguntas y respuestas, con
derecho de réplica, se concede la palabra al diputado Enrique Octavio de la Madrid
Cordero, del Partido Revolucionario Institucional, a quien en su oportunidad el Secretario
de Hacienda y Crédito Público responde. El diputado De la Madrid Cordero ejerce el
derecho de réplica.
En el segundo turno de preguntas y respuestas, con derecho de
réplica, hacen uso de la palabra los diputados: Félix Castellanos Hernández, del
Partido del Trabajo;
Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul
José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista de
México; Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática;
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
César Alejandro Monraz Sustaita, del Partido Acción Nacional y
Florentino Castro López, del Partido Revolucionario Institucional, a quienes en su
momento, el Secretario de Hacienda y Crédito Público da respuesta.
Ejercen su derecho de réplica, los diputados: Félix Castellanos
Hernández; José Antonio Arévalo González; Tomás Torres Mercado; Francisco Javier
García Cabeza de Vaca, en lugar del diputado César Alejandro Monraz Sustaita y
Florentino Castro López.
Para dirigir un mensaje final a la Asamblea, se concede la palabra
al licenciado Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público.
La Presidenta dirige un mensaje para agradecer la presencia del
Secretario de Hacienda y Crédito Público, solicita a la comisión designada acompañarlo
al retirarse del salón de sesiones y de conformidad con lo que establece el artículo
siete numeral cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, ordena que la versión estenográfica de esta sesión sea remitida al
Presidente de la República, para su conocimiento.
La Presidenta concede la palabra, para contestar alusiones
personales, a los diputados: Jorge Alejandro Chávez Presa y David Penchyna Grub, del
Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos, suben a la tribuna los diputados: José
Manuel Minjarez Jiménez, del Partido Acción Nacional; Florentino Castro López, del
Partido Revolucionario Institucional y José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón, del
Partido Acción Nacional.
Dictamen negativo de la Comisión de la Defensa Nacional, en
relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la
Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, presentada por el
diputado Rufino Rodríguez Cabrera. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con
punto de acuerdo en relación con los centros de readaptación social. Sin discusión se
aprueba en votación económica.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con
punto de acuerdo para solicitar al Instituto Federal Electoral, refuerce las campañas
publicitarias destinadas a fomentar la participación política de los ciudadanos.
Para hablar al respecto, la Presidenta concede la palabra a los
diputados: Armando Salinas Torre, del Partido Acción Nacional y Ricardo Moreno Bastida,
del Partido de la Revolución Democrática.
Sin nadie más que solicite el uso de la palabra, la Asamblea
aprueba el punto de acuerdo en votación económica.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden
del día de la próxima sesión y la Presidencia clausura la de hoy a las quince horas con
cuarenta minutos, citando para la que tendrá lugar el martes diecisiete de septiembre de
dos mil dos, a las diez horas y en la que comparecerá el Secretario de Agricultura,
Ganadería, De-sarrollo Rural, Pesca y Alimentación.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la
palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.
DIPUTADO SUPLENTE QUE
SE INCORPORA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Luis Eduardo
Jiménez Agraz, diputado suplente electo en el II distrito del estado de Nayarit.
Se designa a las siguientes diputadas y diputados para que nos hagan
el favor de introducirlo a este recinto: Timoteo Martínez Pérez, Lizbeth Evelia Medina
Rodríguez, Mario Cruz Andrade, Arturo Escobar y Vega y Víctor Antonio García Dávila.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su cometido.)
Se pide a los presentes ponerse de pie.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Ciudadano Luis Eduardo Jiménez Agraz: ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar
leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en
todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Luis Eduardo Jiménez
Agraz:
¡Sí, protesto!
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Si así no lo hiciera, que
la nación se lo demande.
DIPUTADO QUE
SOLICITA LICENCIA
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.— Diputado Federal.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Estimada Presidenta:
A fin de estar en aptitud de contender al interior de mi partido, el
Revolucionario Institucional, en el proceso interno de selección de candidato al cargo de
gobernador constitucional del estado de Nuevo León. Conforme a lo marcado en los
artículos 47 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, ruego a usted se sirva someter a aprobación de la Asamblea la
presente solicitud de licencia temporal para separarme del encargo de diputado federal por
el III distrito del estado de Nuevo León, a la LVIII Legislatura de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Esta petición de licencia temporal surtirá sus efectos a partir
del día 18 del mes de septiembre de 2002.
Reciba un cordial saludo.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 5 de septiembre de 2002.— Coordinación
de la fracción parlamentaria priísta por el estado de Nuevo León.— Diputado federal Abel Guerra Garza, coordinador.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión el
punto de acuerdo.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Está a discusión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se concede
licencia temporal al diputado Abel Guerra Garza, para separarse de sus funciones como
diputado federal, electo en el III distrito del estado de Nuevo León, a partir del día
18 de septiembre.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se
pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobado.
RICARDO GARCIA CERVANTES
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo
62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 47 y
48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, me dirijo a usted a fin de que tenga a bien realizar los trámites necesarios,
para que se me otorgue licencia por tiempo indefinido, para separarme del cargo de
diputado federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a partir de
esta fecha.
Aprovecho la ocasión para agradecer el apoyo, la cordialidad y el
respeto que me brindaron mis compañeros diputados integrantes de la LVIII Legislatura.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 17 de septiembre de
2002.— Diputado Ricardo F. García Cervantes.»
El diputado Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta
(desde su curul):
Pido la palabra.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Solamente para solicitar, en nombre del grupo parlamentario del PRD,
una intervención en relación a la solicitud de licencia del diputado García Cervantes.
Diputado Barbosa: usted, que es un experto en el reglamento, sabe que en el capítulo de
comunicaciones no se estila el que haya intervenciones.
Sin embargo, yo le ruego me deje desahogar el trámite respectivo y,
en su caso, si quiere hacer algún comentario, esta Presidencia no tendrá inconveniente.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta
(desde su curul):
Sí, señora Presidenta.
Le agradezco el reconocimiento a mi conocimiento sobre el proceso
legislativo y le hago saber que solicito el uso de la palabra porque es un asunto que se
va a someter a votación y usted misma lo está abriendo a discusión.
Vamos a hablar a favor y en reconocimiento a don Ricardo García
Cervantes.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Sí, diputado.
Están a discusión los puntos de acuerdo y solicitó el diputado
Barbosa hacer uso de la palabra a favor, pero no se han leído los puntos de acuerdo. Por
eso le ruego me permita concluir el trámite que inició la Secretaría.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Están a discusión los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Se
concede licencia por tiempo indefinido al diputado Ricardo Francisco García Cervantes,
para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la segunda
circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al
suplente.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Se concede el uso de la palabra, a favor, al diputado Barbosa.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Gracias, señora Presidenta.
Queremos, los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, intervenir en esta tramitación de la solicitud de licencia del
compañero diputado Ricardo García Cervantes para dejar constancia del reconocimiento que
hacemos a su labor desarrollada como parlamentario de esta LVIII Legislatura.
Encontramos en él al conocedor de nuestro marco normativo de esta
Cámara de Diputados, a un escrupuloso Presidente de la Mesa Directiva en el primer año
de ejercicio; encontramos al político fino, al político cuidadoso, al constructor de
consensos; encontramos al amigo con el que se podría y siempre se encontró la
posibilidad de un diálogo y de un consejo.
Por esta razón, dejamos constancia de nuestro reconocimiento y
queremos desearle la mejor de las venturas en este inicio de una nueva etapa de su vida
política, en la de representante del Estado mexicano en la República de Costa Rica.
Enhorabuena a don Ricardo García Cervantes.
Gracias, compañeros.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias.
Tiene la palabra el diputado Espino Barrientos, del grupo
parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos:
Compañeras y compañeros legisladores:
No podemos dejar pasar desapercibida la ocasión de la separación
de un extraordinario político mexicano, como es el panista Ricardo García Cervantes,
para venir a esta tribuna no solamente a hacer un reconocimiento a su trayectoria:
legislador de la LIII, de la LVI y de la LVIII legislaturas, senador de la República; fue
Presidente distinguido, muy distinguido de esta Cámara de Diputados en el primer año de
sus tareas legislativas.
Ricardo García Cervantes se desprende físicamente de este gran
equipo de legisladores de la LVIII Legislatura y deja un legado, deja una enorme
responsabilidad en aquellos legisladores que han dicho, en público y en privado, que
reconocen la categoría política de Ricardo García Cervantes. Les deja, a diputadas y
diputados de todas las bancadas que han hecho inclusive en esta tribuna ese
reconocimiento, la enorme responsabilidad de la congruencia, porque deja el ejemplo de
saber anteponer ante todo el interés nacional por los intereses particulares y por los
intereses de los partidos políticos en los que se milita. Ese es el enorme reto y hacemos
votos de confianza al momento de la separación de Ricardo de esta legislatura, porque
todas y todos los compañeros diputados presentes y ausentes en este día tomen como
ejemplo esa actitud del licenciado García Cervantes para que en las decisiones de los
próximos días, de las próximas semanas, demuestren en los hechos que esa admiración
por Ricardo García Cervantes es digna de ser tomada como ejemplo.
Muchas gracias y enhorabuena a Ricardo García Cervantes en su nuevo
reto allá, en la hermana República de Costa Rica.
Gracias a todos ustedes.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias.
Tiene la palabra el diputado Efrén Leyva, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Efrén Nicolás Leyva
Acevedo:
Compañeras diputadas; compañeros diputados:
Hay quien en su paso por la Cámara de Diputados sabe hacer amigos y
deja un buen sabor de boca de su trabajo parlamentario y su responsabilidad y hoy no es
usual que se haga en ninguna de las solicitudes de licencia de los compañeros diputados
el venir a discutir el proyecto de decreto que otorga el permiso para separarse de este
encargo, pero hoy lo hacemos en una acción de excepción por un amigo, por un compañero
nuestro, por un compañero, aunque de otro partido pero un hombre que supo ganarse el
afecto de los diputados en su función como Presidente de la Mesa Directiva y como
parlamentario simple.
Nos da mucho gusto el hecho de que vaya a cumplir una función
diplomática en el exterior y que vaya con la frente en alto del deber cumplido y por eso
venimos a sumarnos, simplemente para decir que reiteramos nuestro afecto personal; y lo
vengo a decir en forma personal, no en forma de bancada ni como fracción parlamentaria,
sino he querido venir asumiendo la responsabilidad de lo que digo, porque no quiero dejar
pasar la oportunidad para reiterar nuestro afecto y nuestro reconocimiento a un gran
parlamentario como lo ha sido Ricardo García Cervantes, a quien le dejamos y le deseamos
que le vaya muy bien en su nueva función, que seguramente habrá de mantener el nombre de
México muy en alto.
Muchas gracias y mucho éxito a nuestro amigo.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias.
El diputado Escobar y Vega, del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista.
El diputado Arturo Escobar y Vega:
Gracias, señora Presidenta:
Al igual que los diputados que me antecedieron, en lo particular y
en representación de nuestro grupo parlamentario nos sumamos a las expresiones de
confianza y del legado que deja Ricardo García Cervantes en esta Cámara de Diputados.
Sin duda, para mi grupo parlamentario el diputado García Cervantes
representó no nada más un ejemplo como legislador, sino como amigo. Su trabajo como
Presidente de la Mesa Directiva y como Presidente de la Comisión Especial de Reforma de
Estado dejan huella de lo que es un legislador de vanguardia. Ricardo García Cervantes es
el ejemplo de diputado que todos podríamos hablar en esta legislatura.
En nombre de mi grupo parlamentario, le deseamos la mejor de las
suertes; y por supuesto que se le va a extrañar.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias.
Continúe con el trámite la Secretaría.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Los diputados que estén por la afirmativa respecto a los puntos de
acuerdo leídos referentes a la solicitud de licencia del diputado Ricardo García
Cervantes, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Aprobados, los puntos de
acuerdo.
Y esta Mesa Directiva desea sumarse al reconocimiento al diputado
Ricardo García Cervantes por su profesionalismo parlamentario y le desea el mayor de los
éxitos en la nueva encomienda que le ha dado la República.
Continúe la Secretaría.
DICONSA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo.— Coahuila de Zaragoza.— Poder Legislativo.—
LV Legislatura.— Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza.
Ciudadana diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, Presidenta de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
México, DF.
El honorable Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, en la
decimaprimera sesión de su diputación Permanente, correspondiente al segundo periodo de
receso del tercer año de ejercicio constitucional de esta LV Legislatura, celebrada el
día 3 de septiembre del año 2002, aprobó por votación unánime de sus integrantes el
siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Solicitar, en
forma respetuosa pero con firmeza, a la secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de la
República, licenciada Josefina Vázquez Mota, se fortalezca la infraestructura de Diconsa
para el abasto rural en Coa- huila;
Segundo. Solicitarle que
permanezcan la unidad operativa, los almacenes y las tiendas comunitarias en el estado de
Coahuila, con la estructura con que cuentan actualmente;
Tercero. Comunicarle
nuestra respetuosa oposición al desmantelamiento del sistema de abasto en nuestra
entidad;
Cuarto. Solicitarle se
amplíe el programa de abasto en las zonas rurales y urbanas marginadas de nuestro estado;
Quinto. Que el Congreso
de Coahuila, a través de una comisión plural, participe en la Reunión Regional de
Abasto que se celebrará en Monterrey los días 5 y 6 del presente mes y manifieste ahí
la posición de este Congreso;
Sexto. Que se envíe este
punto de acuerdo a las legislaturas de los estados de: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas,
Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas y San Luis
Potosí, con el propósito de que se les invite a presentar y aprobar puntos de acuerdo
similares y
Séptimo. Asimismo, se
envíe a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que a través de la
Comisión Permanente de Desarrollo Social se obre en consecuencia.
Le comunico lo anterior para la consideración y trámite que estime
oportuno, anexando copia fotostática simple del documento, origen del presente acuerdo.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 4 de septiembre de 2002.— Profesor y
licenciado Alfonso Martínez Pimentel, oficial
mayor del Congreso.»
«Escudo.— Coahuila de Zaragoza.— Poder Legislativo.—
LV Legislatura.— Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza.
Punto de acuerdo que presenta el diputado Ernesto Valdés Cepeda, en
representación del grupo parlamentario “Luis Donaldo Colosio Murrieta” del
Partido Revolucionario Institucional, con relación al programa de abasto rural en el
estado de Coahuila por parte de Diconsa.
Con su permiso señora Presidenta; compañeros legisladores de esta
honorable diputación Permanente.
Las empresas sociales de los consejos del Programa de Abasto Rural
en el estado de Coahuila, están constituidas en sociedades cooperativas, organización
mercantil que se integra con base en intereses comunes y a los principios de libertad de
asociación, retiro voluntario de los socios, administración democrática, distribución
de rendimientos en proporción de la participación de los socios, fomento a la educación
cooperativa y a la economía solidaria.
En Coahuila, la coordinadora estatal de los consejos comunitarios de
abasto, es una organización estatal que agrupa a ocho consejos comunitarios de abasto:
Baján, Morelos, Hermanas, Sacramento, San Lorenzo, Virginias, Gatas Mochas y Matamoros,
formadas por 3 mil 188 integrantes de los comités rurales de abasto en las regiones
“Del Centro”; “Cinco Manantiales”; “Carbonífera”;
“Desierto”;“Sureste y Laguna”; en 585 comunidades del estado de
Coahuila.
Además, la misión de los consejos está encaminada a impulsar y
fortalecer en el Estado, el desarrollo social de las comunidades en corresponsabilidad con
Diconsa, para garantizar el abasto de productos y servicios básicos a precios
competitivos, con eficiencia, oportunidad, suficiencia y calidad que permita avanzar a la
autosuficiencia para satisfacer la demanda de la población en zonas rurales con una
participación comunitaria activa y logrando que en el futuro las comunidades organizadas
participen en torno a proyectos productivos de consumo que activen las economías
microrregionales y su desarrollo.
Los consejos y Diconsa tienen presencia en los 38 municipios del
estado de Coahuila, beneficiando a 71 mil 208 familias y distribuyendo anualmente un
promedio de 23 mil 298 toneladas de productos básicos, teniendo como venta promedio
mensual de $ 10’446,000.00 (Diez millones, cuatrocientos cuarenta y seis mil pesos
00/100 MN), y generando un margen promedio de ahorro al consumidor de 9.43%, esto gracias
al esquema de corresponsabilidad que tiene el programa de abasto rural.
Adicionalmente contribuye a:
— La regulación del mercado.
— El fomento a la organización comunitaria.
— La conformación de un tejido social con mayor equidad y
justicia.
— La generación de empleos directos e indirectos y
— A la estabilidad social.
Las tiendas son propiedad de las comunidades, las cuales en asamblea
se constituyen en comité rural de abasto, actualmente se cuenta con 585 comités
constituidos y éstos han acudido a nosotros con algunos comentarios y consideraciones
sobre el proyecto de regionalización en base a la investigación hecha por el Consejo
Nacional de Población (Conapo), por lo que consideran que se ha iniciado el proceso de
reestructuración sin la participación de los consejos comunitarios.
El modelo que se está impulsando por el corporativo Diconsa es el
desmantelamiento del sistema de abasto en los estados y fortaleciendo varias sucursales
que abarcan varios estados (antes regionales), además de suprimir las unidades operativas
en la mayoría de los estados, como es el caso de la unidad operativa de Coahuila.
Dentro del contexto nacional, a Coahuila lo han clasificado como un
estado de muy baja marginalidad (junto con Aguascalientes, Baja California, Distrito
Federal y Nuevo León), clasificación que le da una ubicación como de los cinco estados
con menores posibilidades de recibir recursos por efectos de marginalidad, es por eso que
se atenta contra el abasto rural de los coahuilenses, ya que nos consideran como un estado
donde contamos con indicadores de estado rico a plenitud.
De acuerdo al INEGI, en el estado de Coahuila existen 4 mil 211
localidades en total, de las cuales, Conapo identifica 625 localidades con marginación
alta y muy alta, con una población de 53 mil 502 habitantes y son estas localidades las
únicas que Diconsa debe atender, de acuerdo a sus reglas de operación 2002.
De esas 625 localidades se atienden como sede 154 (la sede es el
lugar donde se encuentra la tienda) y como áreas de influencia (ai) 204; lo que totaliza
una atención de 358 localidades con una población de 39 mil 695 habitantes.
El nivel de atención en estos dos niveles de marginalidad, en
cuanto al número de localidades, es del 57% y en cuanto al número de habitantes es del
74%.
De estos dos grados de marginación quedan sin atender 267
localidades que representan un 43% del total, sin embargo, estas localidades sin atención
tienen tan sólo el 26% de la población total y no son atendidas por tener un número de
habitantes promedio de 51 personas.
Quinientos noventa y ocho localidades se encuentran en marginación
media, baja y muy baja con 2'229,186 habitantes De éstas, Diconsa tiene tiendas en 280
localidades que benefician a 317,201 personas, tanto de las localidades sede (donde está
la tienda) y sus localidades como área de influencia.
De acuerdo a las reglas de operación del programa rural de abasto
de Diconsa, en ésas 280 localidades no debiera estar ninguna tienda Diconsa porque según
éstas, el programa sólo está para atender las localidades de muy alta y alta
marginación. En estas 280 localidades existen 534 tiendas. En estricto apego a las reglas
de operación 2002, en Coahuila solamente debieran existir 58 tiendas distribuidas en
distintos municipios.
A pesar de las circunstancias que se mencionan, Diconsa corporativo
impulsó un modelo de regionalización que da al traste con los avances y las necesidades,
regionales del medio rural coahuilense, ya que pretende:
1. La eliminación de unidades operativas (que por lo general
representan a una entidad federativa).
2. El cierre de almacenes rurales y centrales.
3. El fortalecimiento de estructuras regionales (que abarcan varias
entidades federativas y que además son costosas e imperantes).
4. La creación de centros regionales de distribución que sólo
logran pasear la mercancía. (Para el caso de Coahuila se pretende atender la zona norte
desde Monterrey, NL y la zona laguna desde la ciudad de Durango) y
5. Por último, la eliminación de empleos de base y de confianza.
Compañeros legisladores, con fundamento en lo anteriormente
expuesto y fieles a nuestros compromisos que como representantes populares tenemos con la
ciudadanía coahuilense, pedimos su voto unánime para el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Solicitar, en
forma respetuosa pero con firmeza, a la secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de la
República, licenciada Josefina Vázquez Mota, se fortalezca la infraestructura de Diconsa
para el abasto rural en Coahuila;
Segundo. Solicitarle que
permanezcan la unidad operativa, los almacenes y las tiendas comunitarias en el estado de
Coahuila, con la estructura con que cuentan actualmente;
Tercero. Comunicarle
nuestra respetuosa oposición al desmantelamiento del sistema de abasto en nuestra
entidad;
Cuarto. Solicitarle se
amplíe el programa de abasto en las zonas rurales y urbanas marginadas de nuestro estado;
Quinto. Que el Congreso
de Coahuila, a través de una comisión plural, participe en la Reunión Regional de
Abasto que se celebrará en Monterrey los días 5 y 6 del presente mes y manifieste ahí
la posición de este Congreso;
Sexto. Que
se envíe este punto de acuerdo a las legislaturas de los estados de Chihuahua, Nuevo
León, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Durango,
Zacatecas y San Luis Potosí, con el propósito de que se les invite a presentar y aprobar
puntos de acuerdo similares y
Séptimo. Asimismo, se
envíe a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que a través de la
Comisión Permanente de Desarrollo Social se obre en consecuencia.
“Año del CDXXV aniversario de la Ciudad de Saltillo.”
Saltillo, Coahuila, a 3 de septiembre de 2002.— Por el grupo
parlamentario “Luis Donaldo Colosio Murrieta” del Partido Revolucionario
Institucional, Ernesto Valdés Cepeda.»
Túrnese a la Comisión de Desarrollo
Social.
BANCA
UNION
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política a través del cual se
resuelve la proposición con punto de
acuerdo de la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
ANTECEDENTES
1. El 24 de agosto de 2000 la Suprema Corte de Justicia de la
Nación dictó sentencia en la controversia constitucional 26/99, en la cual ordenó al
Ejecutivo Federal pusiera a disposición de la Cámara de Diputados, a través de los
órganos competentes para ello, la información que ésta solicitó sobre los fideicomisos
operados por Banco Unión.
2. Como consecuencia del acatamiento a la sentencia mencionada, el
21 de septiembre de 2000, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores puso a disposición
de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados la información
proporcionada por Banco Unión, acompañada de 3 mil 226 fojas útiles que correspondían
a la información solicitada por el propio órgano legislativo.
3. La Cámara de Diputados a través del oficio de fecha 25 de junio
de 2001 y dando cumplimiento a los diversos requerimientos que la Suprema Corte de
Justicia había emitido con relación al cumplimiento de la ejecutoria dictada en la
controversia constitucional mencionada, manifestó su inconformidad respecto al
cumplimiento de dicha sentencia, toda vez que según se desprende de diversos oficios, la
información que fue proporcionada al auditor superior de la Federación estaba
incompleta, en virtud de que no se acompañaron los documentos relativos a las empresas
Real Turismo, S.A. de C.V., San Carlos World Trade de
México, S.A. de C.V., Del Valle Zapata y Asociados. SC, Grupo Comercial Alvi, S.A. de
C.V. y Lomas Mil, S.A. de C.V.
4. El auditor superior de la Federación, mediante oficio de fecha 5
de julio de 2001, informa al diputado García Cervantes y a la diputada Beatriz Paredes,
quienes en esa fecha fungían como Presidente de la Mesa Directiva y Presidenta de la
Junta de Coordinación Política respectivamente, que había recibido los documentos
faltantes descritos en el párrafo anterior y que éstos habían quedado debidamente
resguardados por ese órgano hasta en tanto exista alguna determinación sobre el
particular.
5. El 5 de septiembre de 2001, la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación envió comunicación al ciudadano Gregorio Guerrero
Pozas, auditor superior de la Federación a fin de que el Organo Superior de
Fiscalización concluyera la auditoría respecto de los fideicomisos operados por Banco
Unión y que en su oportunidad rindiera a la Cámara de Diputados el informe de resultados
correspondiente.
6. Con fecha 16 de octubre de 2001, la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados turnó a esta Junta de Coordinación Política una proposición con punto de
acuerdo de la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, a través de la cual solicita que
la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de
Diputados solicite a la Auditoría Superior de la Federación los expedientes relativos a
los fideicomisos de Banco Unión para hacerlos del conocimiento de los diputados que
integran la presente legislatura.
CONSIDERANDOS
Primero. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso en
el considerando noveno de la sentencia recaída a la controversia constitucional 26/99
penúltimo párrafo que: "el Presidente de la República en términos del considerando noveno del mismo, deberá dictar las
órdenes conducentes para que por sí o por conducto de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ponga a disposición de la
Cámara de Diputados a través de los órganos competentes para ello, la información sobre los fideicomisos
operados por Banco Unión, S.A., en los términos solicitados por la Cámara de
Diputados".
Segundo. Que de acuerdo a lo señalado en el anterior considerando y
de conformidad con los artículos 74 fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 1o. y 3o. de la Ley de Fiscalización Superior de la
Federación, el órgano competente para conocer la información a que se refiere la
sentencia, era la Contaduría Mayor de Hacienda, hoy Auditoría Superior de la
Federación, pues este órgano es el facultado para realizar las auditorías y revisiones
necesarios que determinarán el cauce legal que habrá de dársele a dicha información.
Tercero. Que para el caso que nos ocupa, la información solicitada
por la Cámara de Diputados respecto a los fideicomisos de Banco Unión, tenía por objeto
ejecutar el "Programa para la Evaluación Integral de las Operaciones del Fobaproa en
el Saneamiento de las Instituciones Financieras de México", a efecto de revisar la
Cuenta Pública del Gobierno Federal, así pues y de conformidad con el artículo 74
fracción IV párrafo quinto, que a la letra señala: "para la revisión de la Cuenta
Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la Entidad de Fiscalización Superior de
la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieren discrepancias entre las
cantidades correspondientes y las partidas respectivas o no existiera exactitud o
justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las
responsabilidades de acuerdo con la ley", el órgano competente para llevar a cabo la
revisión mencionada es la Auditoría Superior de la Federación.
Cuarto. Que una vez que la Auditoría Superior de la Federación y
en el marco de las atribuciones que la ley de la materia le establece, examine e
investigue si la información y los recursos de dichos fideicomisos se obtuvieron de
manera lícita y se ajustaron a las formas establecidas por las leyes y demás
disposiciones aplicables, deberá poner a disposición de la Cámara de Diputados la
información y resultado correspondiente, mismo que tendrá carácter público.
Quinto. Que si de los
resultados de las auditorías y del informe correspondiente, se desprendiesen operaciones
de mutuo o préstamo otorgados por las instituciones auditadas cuyos recursos se hayan
donado a entidades de interés público que reciban financiamiento público y que por tal
motivo hayan generado quebranto financiero a las instituciones, estas entidades deberán
revolver el monto de las operaciones de crédito involucradas con cargo a los
financiamientos públicos que la ley señala, lo anterior de conformidad con lo
establecido en el artículo séptimo transitorio de la Ley de Protección al Ahorro
Bancario.
Sexto. Que si se actualiza el supuesto señalado en el anterior
considerando, esta Cámara de Diputados, dentro de sus obligaciones para con la sociedad
mexicana y sus propias atribuciones, deberá con relación al rescate bancario, exigir que
las instituciones gubernamentales cumplan con el objetivo diseñado por el Congreso de la
Unión a través de los artículos transitorios de Ley de Protección al Ahorro Bancario,
de "lograr el menor costo fiscal a la Hacienda Pública".
Séptimo. Que este órgano colegiado reconoce la importancia que
tiene el tema y se manifiesta porque sea prioridad establecer las medidas pertinentes para
que se cumpla con lo establecido en los artículos quinto y séptimo transitorios de la
Ley de Protección al Ahorro Bancario, toda vez que su puntual aplicación generaría un
costo menor a la Hacienda Pública y obligaría a las partes involucradas a cumplir con el
mandato de ley.
Octavo. Que ciertamente, se refrendan, con el respeto absoluto al
Estado de Derecho y con el concurso de los tres poderes de la Unión en el marco de las
atribuciones y responsabilidades que asigna a marca cada uno de ellos la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como se desprende de la sentencia citada,
los fundamentos legales y las razones que al efecto se han invocado.
En virtud de los argumentos desarrollados en el presente apartado y
con fundamento en los artículos 74 fracción II, 79 fracciones I y IV de la
Constitución, 1o. y 3o. de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, 33 y 34
de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política adopta el siguiente
ACUERDO
Unico. Se instruye a la
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de
Diputados para que solicite al auditor superior de la Federación los expedientes
relativos a los fideicomisos de Banco Unión para hacerlos del conocimiento de los
diputados, por conducto de los grupos parlamentarios integrantes de la Cámara de
Diputados.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 5 de agosto de 2002.—
Diputados: Martí Batres Guadarrama, presidente
de la Junta y coordinador del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Instutucional; Felipe Calderón Hinojosa, coordinador del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional; Bernardo
de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputada Cerezo: por favor, precise cuáles de los legisladores
rubricaron y cuáles no.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Corrijo, señora Presidenta.
Diputados: Martí Batres Guadarrama, presidente de la Junta y
coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Felipe
Calderón Hinojosa, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional;
Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México; Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del
Partido del Trabajo.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Continúe con el trámite, diputada.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobado.
Continúe.
LEY
DE COORDINACION FISCAL
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de
Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.
Honorable Congreso de la Unión:
la LVI Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión de fecha 30 de
agosto del presente año, aprobó el acuerdo económico número 699/02, del que le anexo
copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se envía iniciativa que
reforma el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
Por instrucciones de la directiva de esta soberanía jalisciense,
hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos
legales subsecuentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, 2 de septiembre de 2002.— El oficial
mayor, Leonardo García Camarena.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de
Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.
Señores diputados: el que suscribe, diputado José Trinidad Muñoz
Pérez, haciendo uso de la facultad que me confiere el artículo 28 fracción I de la
Constitución Política del Estado y de conformidad con las disposiciones de los
artículos 85, 88 y 90 tercer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a
la consideración de este honorable Congreso, iniciativa de acuerdo económico que remite
una iniciativa de ley al honorable Congreso de la Unión, misma que presento con base en
los siguientes
CONSIDERANDOS
I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece como forma de gobierno para el país la de una República Federal, sistema
jurídico en el que los estados conservan su autonomía en todo lo referente a su régimen
interior, pero a la vez, ceden diversas facultades a un ente denominado Federación, a fin
de que éste promueva el bienestar del país en su conjunto, objetivo que sería más
difícil de alcanzar de no existir la concurrencia o en su caso, exclusividad de
facultades propias del sistema federalista. La coordinación entre los niveles de gobierno
tiene como expresión más básica, aunque no por ello menos importante, a los municipios,
base de la organización política y administrativa de los estados.
La tradición eminentemente centralista del gobierno colonial, así
como los acontecimientos histórico-políticos vividos desde la conformación de México
como país independiente, dieron un matiz muy particular al modo práctico en que se
implementó el federalismo, el cual, contrario a la naturaleza del mismo, se caracterizó
por una centralización de las decisiones y de los recursos por parte de la autoridad
federal, hechos que entorpecieron gravemente el desarrollo de los estados y, sobre todo,
de los municipios, que tienen como una de sus tareas fundamentales el gobierno directo
sobre su jurisdicción territorial y la prestación de los servicios públicos
fundamentales para sus habitantes.
II. En sintonía con la visión de que un verdadero federalismo
sólo puede lograrse dotando de una mayor autonomía a los municipios, pues es el nivel
más cercano y que está en contacto directo con las necesidades de los ciudadanos, se
realizaron reformas de gran importancia al artículo 115 constitucional, mismas que
reconocieron su calidad de gobierno y ampliaron las facultades que hasta entonces
detentaba. En este orden de ideas, se eliminaron atribuciones de otras instancias que
contradecían el espíritu de autonomía propio de este orden de gobierno y que impedían
el ejercicio directo de las competencias que la misma Constitución le otorga, en
específico tratándose de cuestiones que comprometen el patrimonio o recursos de los
municipios.
Así, el texto constitucional señala que las legislaturas de los
estados deberán expedir las leyes que señalen los casos en que se requiera el acuerdo de
las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que
afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que
comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento. Dicha
disposición deroga tácitamente la facultad que se atribuían las legislaturas estatales
para autorizar actos que afectaran el patrimonio de los municipios o que excedieran de los
tres años correspondientes a la administración municipal, atribución que actualmente es
exclusiva del órgano colegiado de gobierno y que reitera su autonomía para decidir sobre
los asuntos propios de su competencia.
III. Con el propósito de buscar una distribución más equitativa
de los recursos, sabiendo de antemano que sin éstos la implementación del federalismo
deriva en una utopía, se expidió la Ley de Coordinación Fiscal, ordenamiento que si
bien no ha sido la solución definitiva a esta problemática histórica, ha buscado, sobre
todo a partir de los últimos años, impulsar el crecimiento de las entidades y sacar del
rezago en que se encuentran gran parte de los municipios del país.
La ley en comento tiene como objeto coordinar el sistema fiscal de
la Federación con los de los estados y municipios, estableciendo la participación y
distribución que de los ingresos federales les corresponden, a través de reglas de
colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales. Sin embargo, la Ley
de Coordinación Fiscal contempla una disposición que contradice la reforma
constitucional antes señalada. De esta manera, el artículo 9o. de la ley establece que
las participaciones que correspondan a las entidades y municipios son inembargables, sin
que puedan afectarse a fines específicos ni estar sujetas a retención, salvo para el
pago de obligaciones contraídas por las entidades o municipios, previa autorización de
las legislaturas locales.
Como puede notarse, el único requisito para constituir las
participaciones provenientes de la Federación como garantía de obligaciones es el
acuerdo de la mayoría simple de los integrantes del ayuntamiento o, en el caso de que se
trascienda el periodo municipal, la voluntad de las dos terceras partes de sus
integrantes. En ambos casos, la participación de los congresos estatales para autorizar
estos actos es contraria a la Constitución.
No obstante la supremacía de la norma constitucional respecto al
marco legal secundario, el sistema jurídico exige coherencia entre todas sus
disposiciones a efecto de evitar la ambigüedad en la interpretación de las normas,
garantizar el principio de seguridad y evitar controversias posteriores que sólo
entorpecen el buen funcionamiento de las instituciones. Por ello, es necesario que el
honorable Congreso de la Unión proceda a reformar el artículo 9o. de la Ley de
Coordinación Fiscal, adecuándolo a las reformas del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 71
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que concede a
las legislaturas de los estados el derecho de iniciar leyes o decretos en materia federal,
someto a la consideración de este honorable Congreso, el siguiente punto de
ACUERDO ECONOMICO
Unico. El Congreso del
Estado Libre y Soberano de Jalisco pone a consideración del honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política
Federal, iniciativa de decreto mediante la cual se reforma el artículo 9o. de la Ley de
Coordinación Fiscal, en los siguientes términos:
Iniciativa de decreto
Mediante la cual se reforma el artículo 9o. de la Ley de
Coordinación Fiscal.
Unico. Se reforma el
artículo 9o. párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
“Artículo 9o. Las
participaciones que correspondan a las entidades y municipios son inembargables; no pueden
afectarse a fines específicos ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de
obligaciones contraídas por las entidades, con la autorización de las legislaturas
locales o por los municipios, cuando así lo autorice el ayuntamiento por mayoría simple
de sus miembros o con el acuerdo de las dos terceras partes cuando se trascienda el
periodo de la administración municipal; en ambos casos, inscritas a petición de dichas
entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las
instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas
físicas o morales de nacionalidad mexicana.
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .”
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Guadalajara, Jalisco a 30 de agosto de 2002.— Diputado: José Trinidad Muñoz Pérez.
La Presidenta diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
MESA DIRECTIVA
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder
Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Iniciativa de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 17 de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Honorable Asamblea.— Presentes.
Con el propósito de dar cauce a que la Cámara de Diputados proceda
a la elección inmediata de su órgano de dirección legislativa, se propone la reforma
del numeral 1 del artículo 17 de la Ley Orgánica, para lograr la flexibilidad requerida
y con ello la posibilidad de acuerdos parlamentarios que tomen los grupos y partidos para
fraccionar los periodos de Presidencia de la Mesa Directiva, acuerdos que sin duda, se
traducirán en la unidad que deben revestir las funciones de este órgano de dirección
camaral.
Se trata de que la norma mencionada se redacte de tal forma que se
entienda que la elección de Mesa Directiva será por un año, pero que la anualidad es un
periodo máximo, de manera que pudieran sus miembros en lo individual o todos en conjunto
ser electos para periodos menores y que, además, en un mismo acto inicial y en una misma
boleta pueda elegirse la directiva o los cargos que funcionarían en todos y cada uno de
los lapsos en los que se acuerde dividir el año legislativo.
Por los argumentos anteriormente expuestos y en razón de la
inminente solución que reclama la elección de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
se somete a la consideración de la honorable Asamblea la presente iniciativa de reforma
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tiempo de
rogar se le considere como asunto de urgente resolución, en los términos del artículo
60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.
En consecuencia, los suscritos, diputados de la presente LVIII
Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, proponemos a
la Asamblea la presente
INICIATIVA DE DECRETO
Que reforma el numeral 1 del artículo 17 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se
reforma el artículo 17 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
“Artículo 17.
1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el
pleno; se integrará por un Presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios; podrán
durar en sus funciones hasta un año y podrán ser reelectos.
2 al 7 ...”
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente
decreto entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación por ambas cámaras del
honorable Congreso de la Unión, de conformidad con el párrafo final del artículo 70 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. La Cámara de
Diputados procederá inmediatamente después de la aprobación de este decreto a la
elección de las mesas directivas que fungirán durante el tercer año legislativo de la
LVIII Legislatura, sujeta a las siguientes bases:
A. Para el año legislativo
comprendido del 5 de septiembre de 2002 al 31 de agosto de 2003, incluirá los siguientes
lapsos: el primero, del 5 de septiembre al 15 de diciembre de 2002; el segundo, del 16 de diciembre de 2002 al 14 de marzo de 2003 y el tercero, del 15 de marzo al 31 de agosto de
2003.
B. La lista de los legisladores que integrarán las mesas directivas
durante el tercer año de ejercicio de la LVIII Legislatura según lo expuesto en la base
A, será presentada en una sola cédula y será votada en un mismo acto.
C. Por esta única vez, se elegirán para cada lapso cinco
secretarios.
D. Las mesas elegidas conforme a las bases anteriores tomarán
posesión de pleno derecho en las fechas previstas en este decreto y ejercerán todas las
atribuciones que la ley les confiere.
Tercero. Publíquese en
su oportunidad el presente decreto en la Gaceta
Parlamentaria de ambas cámaras y envíese para su publicación al Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 5 de septiembre de 2002.
— Diputados: Tomás Torres Mercado, Jorge
Carlos Ramírez Marín y Cuauhtémoc Cardona
Benavides.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Esta Presidencia informa que, acompañada de la solicitud de
incorporación de esta iniciativa al orden del día, se recibió solicitud del Presidente
de la Junta de Coordinación Política para que fuese turnada a la comisión
correspondiente, por lo que el trámite de urgente y obvia resolución que dice en el
cuerpo del texto leído queda sin soporte de acuerdos y se turna a la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
MATERIA LABORAL
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del
Partido Alianza Social, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a diversos
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia
laboral.
La diputada Beatriz Patricia Lorenzo
Juárez:
Con el permiso de la Presidencia.
“Iniciativa de decreto de reformas a diversos artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión:
Los suscritos, diputados federales Beatriz Patricia Lorenzo Juárez
y José Antonio Calderón Cardoso, de la representación parlamentaria del Partido Alianza
Social, y con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 inciso a, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Cámara baja la siguiente iniciativa
con proyecto de decreto de reformas y adiciones a los artículos 123, 73 fracción X, 74
fracciones VI y VII, 78 fracción IX, 89 fracción XVII, 107 fracción V incisos d y e,
115 y 116 fracciones VI y VIII, de la misma Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de conformidad con la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Congreso Constituyente de 1917 instituyó por primera vez en
México y en el mundo la tutela jurídica de los derechos sociales a nivel constitucional,
entendidos como los principios e instituciones que garantizan condiciones laborales
justas. Gracias a este esfuerzo, el artículo 123 de la Constitución General de la
República sienta las bases para darle al trabajador los elementos mínimos que le
corresponden por la prestación de sus servicios, en base a su inteligencia y fuerza
física.
Un Estado de Derecho, entre sus objetivos fundamentales, debe
considerar la libertad y el derecho al trabajo; esto es, proporcionar al individuo una
tarea o actividad útil en donde pueda desarrollar su potencialidad y aptitudes como ser
humano y que pueda contribuir, en consecuencia, al desa-rrollo de la sociedad de la cual
forma parte y, en base a ello, obtener los recursos monetarios o económicos que le
permitan tener a él y su familia un nivel de vida verdaderamente digno.
El anteproyecto de reforma laboral del Partido Alianza Social es en
esencia una propuesta integral que implica reformar el artículo 123 y otros artículos
constitucionales, así como abrogar la Ley Federal del Trabajo vigente desde el 1o. de
mayo de 1970 y crear un Código Laboral Federal y de Procedimientos, que en iniciativa
aparte se presentará a esta soberanía.
Se sustituye de inicio, como principio, el término patrón por el
de empleador, con el sano propósito de desaparecer la idea costumbrista que hemos
asociado por generaciones en el concepto de patrón con la subordinación, propiedad,
pleitesía, arrogancia y autoritarismo para con el trabajador y, por otra parte, para
estar acorde a los nuevos tiempos, en donde los conceptos han evolucionado, entre otras
cosas por la inclusión de nuestra nación en un mundo cada vez más globalizado, de
consumo y de competencia. Se propone en esta propuesta de reforma al artículo
constitucional hacer de los trabajadores un conjunto de iguales; por lo tanto, romper con
barreras que lo separa y hacen de los unos una clase trabajadora superior a los de otros.
Para ello, se propone derogar los apartados A y B para otorgar
derechos colectivos plenos a los trabajadores de los poderes de la Unión y del Gobierno
del Distrito Federal, haciendo extensivas sus disposiciones a los trabajadores de las
entidades federativas y municipios de la República, conservando los logros que aquéllos
tenían en el apartado correspondiente. Se abrogaría en ese sentido la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado.
Con la avanzada idea de actualizar el campo laboral de los
servidores públicos, se establece que el ingreso, la captación, los ascensos, la
permanencia y separación en el servicio se regirá por un conjunto de normas tendientes a
crear y garantizar el servicio civil de carrera, el cual se regirá por la ley
reglamentaria creada para este efecto.
En virtud de la supresión del apartado B, se establece la
competencia de las autoridades federales en los asuntos relativos a los trabajadores de
los municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas, del Distrito
Federal y de los poderes de la Unión. Haciendo nuestra añeja demanda de los
trabajadores, se establece la jornada semanal de 40 horas, con apego de 56, que será
distribuida de común acuerdo entre las partes.
Se amplían a 15 los días de vacaciones a partir del primer año de
servicio y se concede a la mujer trabajadora durante el embarazo un descanso pre y
posnatal de cuando menos 14 semanas, que será repartidas de acuerdo a la recomendación
médica, tomando en cuenta las condiciones de salud de la madre y del recién nacido.
Se precisa que, en ningún caso, el trabajo extraordinario será
obligatorio y se prohíbe expresamente para los menores de 16 años.
Con la firme intención de promover y propiciar la equidad de
género en las relaciones de trabajo, se propone que la ley reglamentaria establezca los
métodos, procedimientos y sistemas a través de los cuales los empleadores deberán
cumplir con la obligación de capacitar a sus trabajadores, dicho esto sin distinción de
género, adoptando las providencias necesarias a fin de garantizar condiciones realmente
efectivas de igualdad entre el hombre y la mujer.
Se suprimen las áreas geográficas para el establecimiento de los
salarios mínimos generales para que rija, en todo el país, un solo salario mínimo
general, toda vez que actualmente es a través de la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos como se establecen o determinan dichos salarios, con la consecuente influencia o
control gubernamental.
Ahora, mediante la propuesta, se traslada dicha determinación de su
monto a la Cámara de Diputados y las facultades de proponer a dicha Cámara los
incrementos de los salarios y del porcentaje de utilidades repartibles, así como las
funciones técnicas y de estudio correspondientes a un organismo descentralizado, al que
denominaremos Instituto Nacional de Salarios Mínimos y Prestaciones.
Para alentar y proteger la autonomía e independencia de los
sindicatos respectivos en relación al Estado, se propone prohibir y sancionar cualquier
acto de injerencia o conducta indebida de las autoridades públicas en el desarrollo de la
vida sindical. En ese mismo sentido, queda estrictamente prohibida la afiliación
obligatoria y corporativa de los trabajadores y de los empresarios, en forma individual o
colectivamente, a las organizaciones políticas.
Con esto se pretende eliminar una de las conductas más bochornosas,
denigrantes y antidemocráticas de nuestro sistema político, el corporativismo sindical.
Asimismo, y para efectos de mejorar y dignificar la impartición de
la justicia laboral y poner fin a décadas de vicios y corrupción, se sustituyen las
juntas de Conciliación y Arbitraje por jueces laborales, mismos que serán dependientes
del Poder Judicial de la Federación y quienes conocerán y resolverán las diferencias o
conflictos que se susciten entre trabajadores y empleadores.
Seguidamente, presentamos la propuesta de reforma al artículo 123
constitucional y otro de la misma Carta Magna para hacer posible una nueva ley laboral.
Por lo anteriormente expuesto, se emite el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
De reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se
reforman y adicionan los artículos 123, 73 fracción X, 74 fracciones VI y VII, 78
fracción IX, 79 fracción XVII, 107 fracción V incisos d y e,
115 y 116, fracciones VI y VIII, de la Constitución General de la República, para quedar
como sigue:
Solicito a la Presidencia que, con respecto al tiempo de los
compañeros legisladores, sea impresa en su totalidad la presente iniciativa tanto en la Gaceta Parlamentaria como en el Diario de los
Debates.
Muchas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
Los suscritos, diputados federales, Beatriz Patricia Lorenzo Juárez
y José Antonio Calderón Cardoso de la representación parlamentaria del Partido Alianza
Social y con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 inciso a de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Cámara baja, la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto, de reformas y adiciones a los artículos 123; 73 fracción X; 74 fracciones VI y VII; 78 fracción
IX; 89 fracción XVII; 107 fracción V, incisos d
y e; 115 y 116 fracciones VI y VIII de la misma
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Congreso Constituyente de 1917, instituyó por primera vez en
México y en el mundo, la tutela jurídica de los derechos sociales a nivel
constitucional, entendidos como los principios e instituciones que garantizan condiciones
laborales justas. Gracias a este esfuerzo, el artículo 123 de la Constitución General de
la República, sienta las bases para darle al trabajador los elementos mínimos que le
corresponden por la prestación de sus servicios en base a su inteligencia y fuerza
física.
Un Estado de Derecho, entre sus objetivos fundamentales, debe
considerar la libertad y el derecho al trabajo. Esto es, proporcionar al individuo una
tarea o actividad útil, en donde pueda desarrollar su potencialidad y aptitudes como ser
humano y que pueda contribuir, en consecuencia, al desarrollo de la sociedad de la cual
forma parte y en base a ello, obtener los recursos monetarios o económicos que le
permitan tener a él y su familia un nivel de vida verdaderamente digno.
El anteproyecto de reforma laboral del Partido Alianza Social, es,
en esencia, una propuesta integral que implica reformar el artículo 123 y otros
artículos constitucionales, así como abrogar la Ley Federal del Trabajo vigente desde el
1o. de mayo de 1970 y crear un Código Laboral Federal y de Procedimientos, que en
iniciativa aparte se presentará a esta honorable soberanía.
Se sustituye de inicio, como principio, el término patrón por el
de empleador, con el sano propósito de desaparecer la idea costumbrista que hemos
asociado por generaciones, en el concepto de patrón con la subordinación, propiedad,
pleitesía, arrogancia y autoritarismo para con el trabajador y; por otra, para estar
acorde a los nuevos tiempos en donde los conceptos han evolucionado, entre otras cosas,
por la inclusión de nuestra nación en un mundo cada vez más globalizado, de consumo y
de competencia.
Se propone en esta propuesta de reforma al artículo constitucional,
hacer de los trabajadores un conjunto de iguales, por lo tanto romper con barreras que los
separa y hacen de los unos una clase trabajadora superior a los otros. Para ello se
proponen derogar los apartados "A" y "B" para otorgar derechos
colectivos plenos a los trabajadores de los poderes de la Unión y del Gobierno del
Distrito Federal, haciendo extensivas sus disposiciones a los trabajadores de las
entidades federativas y municipios de la República, conservando los logros que aquéllos
tenían en el apartado correspondiente. Se abrogaría en este sentido la Ley Federal de
los Trabajadores al Servicio del Estado.
Con la avanzada idea de actualizar el campo laboral de los
servidores públicos, se establece que el ingreso, la capacitación, los ascensos, la
permanencia y separación en el servicio, se regirá por un conjunto de normas tendientes
a crear y garantizar el Servicio Civil de Carrera, el cual se regirá por la ley
reglamentaria, creada para este efecto.
En virtud de la supresión del apartado "B", se establece
la competencia de las autoridades federales en los asuntos relativos a los trabajadores de
los municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas, del Distrito
Federal y de los poderes de la Unión.
Haciendo nuestra una añeja demanda de los trabajadores, se
establece la jornada semanal de 40 horas con pago de 56, que será distribuida de común
acuerdo entre las partes. Se amplían a 15 los días de vacaciones a partir del primer
año de servicio y se concede a la mujer trabajadora durante el embarazo un descanso pre y
posnatal de cuando menos 14 semanas; que serán repartidas de acuerdo a la recomendación
médica, tomando en cuenta las condiciones de salud de la madre y del recién nacido.
Se precisa que en ningún caso el trabajo extraordinario será
obligatorio y se prohibe expresamente para los menores de 16 años.
Con la firme intención de promover y propiciar la equidad de
género en las relaciones de trabajo, se propone que la ley reglamentaria establezca los
métodos, procedimientos y sistemas a través de los cuales los empleadores deberán
cumplir con la obligación de capacitar a sus trabajadores, dicho esto sin distinción de
género, adoptando las providencias necesarias a fin de garantizar condiciones realmente
efectivas de igualdad entre la mujer y el hombre.
Se suprimen las áreas geográficas para el establecimiento de los
salarios mínimos generales, para que rija en todo el país un solo salario mínimo
general. Toda vez de que actualmente es a través de la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos, como se establecen o determinan dichos salarios con la consecuente influencia o
control gubernamental. Ahora, mediante la propuesta, se traslada dicha determinación de
su monto, a la Cámara de Diputados y las facultades de proponer a dicha Cámara los
incrementos de los salarios y del porcentaje de utilidades repartibles, así como las
funciones técnicas y de estudio correspondientes, a un organismo descentralizado al que
denominaremos Instituto Nacional de Salarios Mínimos y Prestaciones.
Para alentar y proteger la autonomía e independencia de los
sindicatos respectivos, en relación al Estado, se propone prohibir y sancionar cualquier
acto de injerencia o conducta indebida de las autoridades públicas en el desarrollo de la
vida sindical. En ese mismo sentido, queda estrictamente prohibida la afiliación
obligatoria y corporativa de los trabajadores y de los empresarios, en forma individual o
colectivamente, a las organizaciones políticas; con esto, se pretende eliminar una de las
conductas más bochornosas, denigrantes y antidemocráticas de nuestro sistema político:
el corporativismo sindical.
Asimismo y para efectos de mejorar y dignificar la impartición de
la justicia laboral y poner fin a décadas de vicios y corrupción, se sustituyen las
juntas de Conciliación y Arbitraje por jueces laborales, mismos que serán dependientes
del Poder Judicial de la Federación y quienes conocerán y resolverán las diferencias o
conflictos que se susciten entre trabajadores y empleadores.
Seguidamente presentamos la propuesta de reforma al artículo 123
constitucional y otros de la misma Carta Magna, para hacer posible una nueva ley laboral.
Por lo anteriormente expuesto se emite el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
De reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo unico. Se
reforman y adicionan los artículos 123, 73 fracción X; 74 fracciones VI y VII; 78
fracción IX; 89 fracción XVII; 107 fracción V incisos d y e;
115 y 116 fracciones VI y VIII de la Constitución General de la República, para quedar
como sigue:
TITULO SEXTO
Del Trabajo y de la
Previsión Social
Artículo 123.
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo,
conforme a la ley.
El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley sobre el Trabajo, la
cual regirá toda relación laboral, sea ésta con los obreros, jornaleros, empleados,
profesionales, domésticos y artesanos. Así como los trabajadores de los municipios, de
los poderes de cada uno de los estados, del Gobierno del Distrito Federal, de los poderes
de la Unión y, de manera general, todo contrato de trabajo, sin contravenir lo siguiente:
I. La jornada semanal diurna no podrá exceder de 40 horas y la
diaria de 10. La jornada semanal mixta no deberá ser mayor de 37 horas y 30 minutos y la
diaria de nueve. La jornada semanal nocturna no excederá de 35 horas y la diaria de ocho.
II. Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el
trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las 10 de la noche, de los
menores de 16 años.
III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de
14 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de
seis horas.
IV. Por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el trabajador
de dos días de descanso, cuando menos. Los trabajadores disfrutarán de un periodo anual
de vacaciones que consistirá por lo menos de 15 días continuos.
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que
exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la
gestación; gozarán forzosamente de un descanso de 12 semanas, distribuidas por
instrucción médica acreditada entre las etapas pre y posnatal, debiendo percibir su
salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la
relación de trabajo.
VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores
serán generales o profesionales. Los primeros se regirán para todo el país; los
segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones,
oficios o trabajos especiales.
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y
cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos
profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas
actividades económicas.
Los salarios mínimos se fijarán por la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, a propuesta del Instituto Nacional de los Salarios Mínimos y
Prestaciones, que será un organismo público autónomo, de carácter permanente,
independiente en sus acciones y decisiones y con personalidad jurídica y patrimonio
propios.
VII. Los salarios, aguinaldos y vacaciones de los trabajadores de
los municipios, los poderes de los estados, de la Federación y del Gobierno del Distrito
Federal, deberán ser considerados en los presupuestos de egresos anuales respectivos, sin
que su cuantía, pueda ser disminuida durante la vigencia de los mismos.
VIII. Para trabajo igual deberá corresponder salario igual, sin
tener en cuenta sexo o nacionalidad.
IX. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación
o descuento.
X. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las
utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas:
a) El Instituto Nacional de los Salarios Mínimos y Prestaciones
propondrá por lo menos cada dos años, a la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, el porcentaje que deba repartirse entre los trabajadores, de las utilidades
anuales de las empresas.
b) El Instituto Nacional de los Salarios Mínimos y Prestaciones,
practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para
conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en
consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el interés
razonable que debe percibir el capital y la necesidad de reinversión de capitales.
c) La ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades
a las empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de años, a
los trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y
condiciones particulares.
d) Para determinar el monto de utilidades de cada empresa se tomará
como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular, ante la oficina correspondiente de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las objeciones que juzguen convenientes,
ajustándose al procedimiento que determine la ley.
XI. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso
legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías ni con vales, fichas o
cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda.
XII. Cuando, por circunstancias extraordinarias, deban aumentarse
las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo
fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario será
obligatorio ni podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas. Queda
prohibido el trabajo extraordinario a los menores de 16 años.
XIII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra
clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a
proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, esta obligación se
cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la
vivienda, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un
sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para
que adquieran en propiedad tales habitaciones.
Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la
creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los
trabajadores y de los empleadores, que administre los recursos del Fondo Nacional de la
Vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los
trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas.
Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta
fracción, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas,
enfermería y demás servicios necesarios a la comunidad.
Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su población
exceda de 200 habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será menor de
5 mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de
edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos.
Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de
expendios de bebidas embriagantes y de casas de juegos de azar.
XIV. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán
obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el
trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos
conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación.
Las empresas garantizarán que mujeres y hombres por igual,
participen de este beneficio.
XV. Los actos de ingreso, capacitación, promoción al escalafón y
retiro de los trabajadores al servicio de los municipios, los poderes de los estados, la
Federación y el Gobierno del Distrito Federal, estarán sujetos a las normas que
dictamine la Comisión Nacional del Servicio Civil de Carrera, organismo dependiente de la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal.
XVI. Los empresarios serán responsables de los accidentes del
trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en
ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los empleadores deberán
pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la
muerte o simple incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las
leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el empleador
contrate el trabajo por un intermediario.
XVII. El empleador estará obligado a observar, de acuerdo con la
naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las
instalaciones de su establecimiento y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir
accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a
organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de
los trabajadores y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas,
las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso.
XVIII. Tanto los trabajadores como los empresarios tendrán derecho
para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones
profesionales etcétera.
Está prohibido y será sancionado de acuerdo con la ley
reglamentaria, la injerencia, en cualquiera de sus formas, de las autoridades públicas en
la vida de los sindicatos. De igual forma se tratará a quién promueva la afiliación,
individual o colectiva, de los trabajadores o empleadores a partidos políticos o
cualquier organización de carácter social.
XIX. Las leyes reconocerán como un derecho de los trabajadores y de
los empleadores las huelgas y los paros.
XX. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir
el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del
trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los
trabajadores dar aviso con 10 días de anticipación, al juez laboral, de la fecha
señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas
únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las
personas o las propiedades o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los
establecimientos y servicios que dependan del Gobierno.
Los trabajadores de los municipios, los poderes de los estados, la
Federación y el Gobierno del Distrito Federal, podrán hacer uso del derecho de huelga,
respecto de una o varias dependencias, en los términos y modalidades consignados en la
ley.
XXI. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de
producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite
costeable, previa aprobación del juez laboral.
XXII. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo
se sujetarán a la decisión de un juez laboral que estará integrado al Poder Judicial de
la Federación.
XXIII. Si el empleador se negare a someter sus diferencias al juicio
laboral y atentar la sentencia que surgiera como consecuencia del mismo, se dará por
terminado el contrato de trabajo y quedará obligado el empleador a indemnizar al
trabajador con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le
resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones
consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará
por terminado el contrato de trabajo.
XXIV. El empleador que despida a un trabajador sin causa justificada
o por haber ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte en una huelga
licita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a
indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La ley determinará los casos en que
el empleador podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago
de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con
el importe de tres meses de salario cuando se retire del servicio por falta de probidad
del empleador o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su
cónyuge, padres, hijos o hermanos. El empleador no podrá eximirse de esta
responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que
obren con el consentimiento o tolerancia de él.
XXV. Los trabajadores de los municipios, los poderes de los estados
o de la Federación y del Gobierno del Distrito Federal sólo podrán ser suspendidos o
cesados en aquellos casos que estén previstos en la ley reglamentaria.
En caso de separación injustificada, tendrán derecho a optar por
la reinstalación en su trabajo, previo el pago del tiempo transcurrido entre la
separación y la reinstalación o la indemnización correspondiente. En los casos de
supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue
otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley.
XXVI. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o
sueldos devengados en el último año y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre
cualquiera otros en los casos de concurso o de quiebra.
XXVII. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus
empleadores, de sus asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo
trabajador y en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los miembros de su
familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del
trabajador en un mes.
XXVIII. El servicio para la colocación de los trabajadores será
gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por
cualquiera otra institución oficial o particular.
En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda
de trabajo y, en igualdad de condiciones, tendrán prioridad quienes representen la única
fuente de ingresos en su familia y aquellas mujeres u hombres, que manifiesten
discapacidad alguna que no impida el desarrollo de la actividad para la cual estén siendo
convocados.
XXIX. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un
empresario extranjero deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y
visado por el cónsul de la nación a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de
que, además de cláusulas ordinarias, se especificara claramente que los gastos de
repatriación quedan a cargo del empresario contratante.
XXX. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes,
aunque se expresen en el contrato:
a) Las que estipulen una jornada inhumana, por lo notoriamente
excesiva, dada la índole del trabajo.
b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio del juez
laboral competente.
c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la
percepción del jornal.
d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna,
cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en
esos establecimientos.
e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los
artículos de consumo en tiendas o lugares determinados.
f) Las que permitan retener el
salario en concepto de multa.
g) Las que constituyan renuncia hecha por el trabajador de las
indemnizaciones a que tenga derecho por accidente de trabajo y enfermedades profesionales,
perjuicios ocasionados por el incumplimiento
del contrato o por despedírsele de la obra.
h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún
derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los
trabajadores;
XXXI. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el
patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a
gravámenes reales ni embargo y serán transmisibles a título de herencia con
simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios.
XXXII. Es de utilidad pública
la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de
cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de
guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores,
campesinos no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
XXXIII. La seguridad social de los trabajadores de los municipios,
los poderes de los estados y de la Federación, así como los del Gobierno del Distrito
Federal, se regirá sobre las siguientes bases:
a) El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado para la Federación y el Distrito Federal y su análogo para cada
una de las entidades federativas, proveerá las normas que protejan al trabajador en los
casos de accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y
maternidad y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.
b) En caso de accidente o enfermedad, se conservara el derecho al
trabajo por el tiempo que determine la ley.
c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que
exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la
gestación; gozarán forzosamente de un descanso pre y posnatal de 12 semanas, que se
distribuirá por recomendación médica, según sea la necesidad de la madre y su recién
nacido debiendo percibir en este tiempo su salario integro y conservar su empleo y los
derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia
tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a
sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de
ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.
d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia
médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.
e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación,
así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.
f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en
arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado
mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de
constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de
financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que
adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas o bien para construirlas,
repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos las aportaciones que
se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social,
regulándose en su ley en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los
cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos
respectivos.
XXXIV. Serán consideradas de utilidad social, las sociedades
cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser
adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determinados y
XXXV. La aplicación de la Ley del Trabajo es de la competencia
exclusiva del Poder Judicial de la Federación.
XXXVI. Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y
sus servidores serán resueltos por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación;
XXXVII. Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de
seguridad pública, así como el personal de servicio exterior, se regirán por sus
propias leyes.
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f de la fracción XXXI de este apartado, en
términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social y de los
componentes de dichas instituciones.
SECCION TERCERA
De las facultades del Congreso
Artículo 73.
El Congreso tiene facultad:
I a la IX. . .
X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos,
minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos,
intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir la
Ley del Trabajo reglamentaria del artículo 123.
XI a la XXX. . .
Artículo 74.
Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I a la V. . .
VI. Determinar los salarios mínimos generales y profesionales a
propuesta del Instituto Nacional de Salarios Mínimos y Prestaciones y fijar el factor que
las empresas aplicarán sobre sus utilidades, para el reparto de estas a los trabajadores,
también a propuesta del mismo instituto.
VII. Elegir a los miembros del cuerpo colegiado del Instituto
Nacional de los Salarios Mínimos y Prestaciones de las propuestas que el Poder Ejecutivo
del Gobierno Federal les haga.
VIII. . .
SECCION CUARTA
De la Comisión Permanente
Artículo 78. La
Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta
Constitución, tendrá las siguientes:
I a la VIII. . .
X. Determinar en su caso, las facultades que las fracciones VI y VII
del artículo 74, otorgan a la Cámara de Diputados.
CAPITULO III
Del Poder Ejecutivo
Artículo 89. Las
facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
I a la XVI. . .
XVII. Proponer a la Cámara de Diputados a los candidatos que
formarán el cuerpo colegiado del Instituto Nacional de los Salarios Mínimos y
Prestaciones.
XVIII. . .
CAPITULO IV
Del Poder Judicial
Artículo 107.
Todas las controversias de que habla el artículo 103. . .
I a la IV. . .
V. . .
a) al c) . . .
d) Se deroga.
e) En materia laboral, cuando se reclamen laudos definitivos y
resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales judiciales.
TITULO QUINTO
CAPITULO I
De los estados de la Federación
y del Distrito Federal.
Artículo 115.
Los estados adoptarán. . .
I a la VIII. . .
Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores,
se regirán por el Código Laboral Federal y la Ley Reglamentaria del artículo 123 de
esta Constitución.
Artículo 116.
El poder público de los estados. . .
I a la V. . .
VI. Derogada.
VII. . .
VIII. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus
trabajadores, se regirán por lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias y
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 17 de septiembre de
2002.— Diputados: Beatriz Patricia Lorenzo
Juárez y José Antonio Calderón Cardoso.»
La Presidenta Beatriz Elena Paredes
Rangel:
Gracias, diputada.
Obséquiese la solicitud de
la diputada, publíquese en la Gaceta y en el Diario de los Debates de manera íntegra y túrnese
a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
Para presentar una iniciativa que recoge de la Ley Agraria en
materia de restitución de tierras, suscrita por diputados del grupo parlamentario del PRI
y del grupo parlamentario del PT, tiene la palabra el diputado Juan Paredes Gloria.
El diputado Juan Paredes Gloria… Se pospone la presentación
para la próxima sesión.
Pasamos al capítulo de minutas.
MONEDA CONMEMORATIVA
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Senadores.— México, DF.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a
ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se autoriza la
emisión de una moneda conmemorativa de la Presidencia Mexicana de Apec 2002.
Atentamente.
México, DF, a 12 de septiembre de 2002.— Senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Senadores.— México, DF.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa de la
Presidencia Mexicana de Apec 2002
Artículo único. Se
autoriza la emisión de una moneda de plata con valor nominal de 10 pesos, conmemorativa
de la Presidencia Mexicana de Apec 2002,
de conformidad con el inciso c del artículo
2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a
continuación se señalan:
Valor nominal: 10 pesos.
Diámetro: 48 mm (cuarenta y ocho milímetros).
Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de
plata.
Peso: 62.206 g (sesenta y dos gramos, doscientos seis miligramos)
equivalente a 2 (dos) onzas troy de plata pura.
Contenido: 2 (dos) onzas troy de plata pura.
Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más o en menos.
Tolerancia en peso: por unidad 0.350 g (trescientos cincuenta
miligramos) en más o en menos.
Canto: estriado.
Cuños:
Anverso: al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico
circundado con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". Rodeando a éste y
siguiendo el contorno del marco, la reproducción de diferentes escudos utilizados a
través de la historia de nuestro país, así como del águila que se encuentra en la
parte central de la primera página del Códice Mendocino. El marco liso.
Reverso: del centro desfasado hacia abajo, el logotipo de "Apec 2002 México". Rodeando a éste y
siguiendo el contorno del marco, la leyenda Presidencia Mexicana del Mecanismo de
Cooperación Económica Asia-Pacífico. En el campo superior izquierdo el signo de pesos
$, continuo el número 10; en el campo superior derecho la Ceca de la Casa de Moneda de
México; en el campo inferior derecho el año de acuñación (2002). El marco liso.
ARTICULO Transitorio
Unico. El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.— México, DF, a
12 de septiembre de 2002.— Senadores Carlos
Chaurand Arzate, vicepresidente y Sara I.
Castellanos Cortés, secretaria. Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos
constitucionales.— El secretario general de Servicios Parlamentarios, Arturo Garita.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Senadores.— México, DF.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a
ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 4o. segundo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa.
México, DF, a 12 de septiembre de 2002.— Senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Senadores.— México, DF.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se reforma el artículo 4o. segundo párrafo de la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Artículo único. Se
reforma el artículo 4o. segundo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, para quedar como sigue:
"Artículo 4o. . .
Es causa de retiro forzoso de un magistrado, padecer incapacidad
física o mental para desempeñar el cargo o cumplir 75 años de edad."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. Este decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.— México, DF, a
12 de septiembre de 2002.— Senadores Carlos
Chaurand Arzate, vicepresidente y Sara I.
Castellanos Cortés, secretaria.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos
constitucionales.— El secretario general de Servicios Parlamentarios, Arturo Garita.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a las comisiones
de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda y Crédito Público.
ANALISIS II INFORME DE
GOBIERNO.
POLITICA SOCIAL
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Como es del conocimiento de la honorable Asamblea, el día de hoy
corresponde la comparecencia del ingeniero Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, secretario de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el marco del
análisis del II Informe de Gobierno.
Dado que el señor Secretario se encuentra en un recinto aledaño a
este salón de sesiones, le ruego a las mesas directivas de las comisiones de Agricultura
y Ganadería, a la Comisión Especial de Ganadería y a la Comisión de De- sarrollo Rural
nos hagan el favor de introducirlo a este recinto.
(La comisión cumple su cometido.)
REGISTRO
DE ASISTENCIA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se solicita a la Secretaría dé informe de la asistencia en el
sistema electrónico e instruir su cierre.
La Secretaria diputada Adela
Cerezo Bautista
(12:16 horas):
Se informa a la Presidencia que hasta el momento registra la
asistencia de 415 diputados.
Ciérrese el sistema electrónico.
ANALISIS
II INFORME DE GOBIERNO.
POLITICA SOCIAL
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De conformidad con el acuerdo parlamentario aprobado por esta
Asamblea que norma el procedimiento para el análisis del II Informe de Gobierno, nos
acompaña el ingeniero Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali- mentación (Sagarpa).
Para dar cumplimiento al punto segundo, numerales 1, 2 y 3, del
mencionado acuerdo, se le concede el uso de la palabra al ingeniero Javier Bernardo
Usabiaga Arroyo, hasta por 15 minutos.
El Secretario de la Sagarpa, Javier
Bernardo Usabiaga Arroyo:
Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:
Permítanme que mis primeras palabras frente a ustedes sean de
reconocimiento a este cuerpo legislativo, que ha puesto al sector agroalimentario de
nuestro país en un lugar prioritario que le corresponde.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley de Capitalización
del Procampo son expresiones legales de nuestro tiempo que tienen como base una visión de
largo alcance para el desarrollo sustentable y sostenido del campo de México.
Los debates que se han generado en esta legislatura en relación al
sector alimentario y pesquero del país se han traducido en un beneficio palpable, con un
mejor marco legal para su desarrollo y mayores recursos para apoyo a los productores. Este
es un hecho destacable en las diferentes regiones del país y se aprecia en toda su
magnitud.
Cuando se haga el recuento del quehacer de esta LVIII Legislatura,
habrá que reconocerse que en esta casa de la ley prevaleció la bandera de México y que
desde las muy respetables posiciones partidistas se logró acompañar el compromiso de
avanzar hacia un objetivo de progreso compartido para todos los mexicanos.
México construye una etapa de su historia que abre paso a una
dinámica plural, de participación plena que nos distingue ya como una nación moderna.
La visión de las políticas públicas que se impulsan desde el Estado son, por una parte,
detonadores directos del cambio pero, por otro, moderadora de las fuerzas económicas y
sociales que lo generan para desembocar en un desarrollo rural equitativo.
Comparezco ante esta soberanía, en cumplimiento de los preceptos
legales correspondientes, para informar sobre las actividades que la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación durante el segundo año
de Gobierno y que ha sido regida por seis líneas básicas de acción.
Primero, propiciar que el productor reciba una mayor retribución
por sus productos; lograr y mejorar los índices de productividad;
incrementar el acceso al crédito agropecuario y
pesquero; garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos de origen agropecuario y
pesquero; fomentar la sustentabilidad, la conservación y el uso racional de los recursos
naturales; consolidar el concepto de un buen Gobierno.
Todas estas acciones tienen como fin último la construcción de una
nueva sociedad rural, con un acceso a mejores ingresos, educación, salud, oportunidades
de desarrollo, recreación y esparcimiento; en una palabra, una mejor calidad de vida.
En un entorno económico internacional complicado y que ha limitado
las expectativas de crecimiento de las distintas economías del continente, el sector
agroalimentario ha sido capaz de mantener un ritmo positivo de crecimiento.
Durante el año de 2001, el Producto Interno Bruto sectorial
registró un crecimiento del 2.6; y en los primeros seis meses del año 2002, el
crecimiento es del 2.8 respecto a igual periodo del año anterior.
La dinámica de producción y comercialización de los productos
agroalimentarios significa fuente de sustento y empleo para miles de familias. El comercio
internacional se ha sumado a este dinamismo al revertir la tendencia deficitaria que
veníamos atravesando. A diferencia del año 2001, en que registramos un déficit en la
balanza comercial por 1 mil 117 millones de dólares, ya en el primer semestre de 2002
experimentamos un saldo acumulado positivo de 44 millones de dólares.
Estos datos macroeconómicos del sector no tendrían ningún sentido
si no los traducimos en oportunidades de sustento para las familias campesinas. Estos
datos no tendrían sentido sin una reorientación plenamente social que cumpla el objetivo
máximo de los esfuerzos gubernamentales a favor del campo, un digno nivel de vida para
cada hombre y para cada mujer que ha hecho del campo su vocación y su ámbito de vida.
Si bien es cierto que el crecimiento no siempre acompaña al
desarrollo, es imposible lograr éste sin el acompañamiento del crecimiento económico.
Por ello, a fin de que el productor obtenga un mayor beneficio en el retorno por sus
productos, hemos impulsado una mejor integración y organización de las cadenas
productivas con un solo objetivo: hacerlas competitivas. Se han integrado a los sistemas,
producto de las áreas agrícolas, ganaderas y pesqueras, hemos impulsado la capacitación
de 150 mil productores y el fortalecimiento de 5 mil organizaciones económicas, a fin de
que tengan acceso a nuevos procesos, sistemas más eficientes de administración y puedan
incursionar en mejores mercados.
Para propiciar un mayor acercamiento al mercado, se ha impulsado la
creación y la consolidación de más de 1 mil empresas comercializadoras en manos de los
productores, impulsando la apropiación de los procesos comerciales.
Se ha fomentado la creación de una nueva cultura de agronegocios, a
fin de generar alternativas de ocupación y fuentes de riqueza para las familias de la
sociedad rural. Así, este año contamos ya con más de 500 nuevas empresas en el agro,
que dan valor agregado a sus productos y diversifican su ingreso.
Nos unimos a esta honorable representación para impulsar la Ley de
Capitalización del Procampo, fundamental para romper el esquema netamente asistencial del
subsidio, para convertirlo en una herramienta de capitalización a fin de que el productor
cuente con los recursos necesarios para emprender su modernización, la mejora de su
infraestructura productiva y la adquisición de activos capitalizables.
La mejoría en los índices de productividad se debe al desa-rrollo
de tecnología y a la mejora en los procesos agronómicos. Y ésta ha sido posible
encauzarla a través de la generación, validación y adopción de 910 proyectos de
investigación tendientes a incrementar la productividad de las actividades del sector.
El impulso a los instrumentos del crédito agropecuario y pesquero
se ha establecido mediante diferentes vías y mecanismos: el financiamiento a los
productores, como son los esquemas de riesgo compartido, que cuenta con un fondo de 65
millones de pesos este año, de los cuales se han autorizado 42 millones de pesos para
financiar 29 proyectos en 18 estados del país; la creación de sociedades financieras de
objeto limitado para el ámbito rural en manos de los productores, tales como las
organizaciones de Tabasco y del sur de Sonora.
La formación de un sistema financiero rural que se someterá a esta
soberanía pretende dar paso a la creación de nuevos instrumentos de crédito, con la
coparticipación responsable de los productores y el regreso de la banca privada al campo,
a través del soporte que da la Ley de Capitalización del Procampo.
Para garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos de origen
agropecuario y pesquero, se perfeccionaron los instrumentos de certificación que permiten
mejorar el nivel de competitividad, la prevención, vigilancia y el control y
erradicación de enfermedades y plagas que afectan la producción, así como el
establecimiento de herramientas jurídicas para regular la calidad de los alimentos.
La aplicación de los productores en esta materia, así como la
puntualidad de los programas, ha permitido que en dos años no se registre un solo rechazo
de exportación por cuestiones de sanidad. Parte importante de este tema es la revisión y
la comentación del esquema de normas oficiales mexicanas para los productos
agroalimentarios.
La sustentabilidad y la conservación y el uso racional de los
recursos agropecuarios y pesqueros significó para este periodo un conjunto de acciones
para proteger y administrar adecuadamente los recursos naturales.
Así emprendimos acciones para la protección del recurso agua, a
través de la tecnificación de 81 mil hectáreas, con un ahorro hasta del 50% del vital
líquido. Impulsamos la reconversión productiva en aquellas zonas de escasa
disponibilidad hídrica hacia cultivos con baja exigencia de líquido; suman ya 237 mil
hectáreas reconvertidas en diferentes partes del país.
La pesca responsable es y deberá ser una prioridad en el quehacer
diario de todos los mexicanos. Aunque mucho falta, hemos avanzado en el reordenamiento
pesquero, la normalización, la captura, el establecimiento de fronteras y tiempos y
lugares para fomentar la repoblación de los recursos. Esto ha sido posible gracias a la
participación de todos los actores que han sido y serán y deberán ser siempre tomados
en cuenta.
Reconoce la Secretaría el
trabajo de representación social de la Comisión de Pesca de esta Cámara de Diputados,
cuya colaboración y participación en el quehacer diario ha sido determinante para formar
consensos y emprender acciones.
Existe la convicción en la administración pública de que mediante
el impulso a la mejora de la calidad de la gestión pública y el reordenamiento y la
consolidación del sistema de participación ciudadana y la promoción del federalismo se
ejerce a un buen gobierno que garantice un crecimiento económico con calidad, un marco de
estabilidad estructural en beneficio de la sociedad.
Los caminos para que los ciudadanos participen en las decisiones que
atañen al campo mexicano están abiertos gracias a la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable. La creación de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural
Sustentable integra nueve dependencias con responsabilidad en el campo y el programa
especial concurrente que permite ordenar y coordinar las acciones para atender de manera
integral a la población rural.
Damos un combate frontal a la deshonestidad y al abuso a través de
la apertura de instancias de la sociedad, como la instalación de 28 consejos estatales de
transparencia y combate a la corrupción. El cambio en el campo y la pesca es una realidad
que no se puede soslayar.
El trabajo y la decisión de los integrantes de la sociedad rural
han sido determinantes para plantar en el campo la semilla del cambio.
La tendencia favorable de la recuperación económica, por segundo
año consecutivo, debe de modificar la percepción de desaliento por una de confianza y
certidumbre como constante en la vida y en la producción rural. El desarrollo de la
actividad agroalimentaria y pesquera lo dirigen y lo realizan los productores con su
iniciativa.
Las políticas públicas actuales no pueden suplirlas; están
diseñadas para apoyarlos y promover las condiciones generales para su desarrollo, pero no
para dirigirlos ni para intervenir de manera directa en los procesos productivos de
transformación o de comercialización. Esta premisa de cambio se debe de traducir en
confianza.
El Presidente de la República, en su mensaje con motivo del segundo
informe, afirmó: "el esfuerzo cotidiano de miles de familias campesinas no es
debidamente retribuido; no dejaremos solos a nuestros productores y no permitiremos
prácticas desleales de comercio".
Este es el hilo conductor de las acciones del Poder Ejecutivo que
hoy se reportan en el informe que analizamos el día de hoy, donde los hechos y realidades
del sector agroalimentario, más allá de su propia enumeración concisa, reflejan una
profunda voluntad transformadora.
Avanzamos con el respeto a las diferencias, vigorizamos las
coincidencias, convencidos de la vitalidad del país radica en su capacidad de
renovación. Estamos dispuestos a reforzar las acciones con firmeza, voluntad, con una
política incluyente que tome en cuenta las deliberaciones serias y comprometidas.
El campo mexicano... Las necesidades nacionales las mandan, no los
intereses de grupo.
Las políticas públicas para equilibrar el desarrollo regional
adquieren nitidez y mayor vigor en el marco de un federalismo basado en la
descentralización de funciones, con el fin de alcanzar una distribución más equitativa
de los recursos.
Los datos y las proyecciones que presentamos en este informe
proporcionan certidumbre, racionalidad y una visión de futuro hacia el campo.
No negamos las realidades
difíciles que tiene el sector, pero no respondemos con inmovilidad o parálisis, sino que
actuamos y proponemos la agenda para superar los desafíos.
El objetivo de lograr que la sociedad rural tenga, al menos, el
mismo nivel de oportunidades que la sociedad urbana está al alcance; lograrlo no será
obra de un solo actor o de un grupo de ellos, sino responsabilidad y mérito de la
sociedad entera.
El camino por recorrer es arduo, pero nuestro paso es seguro, firme
y comprometido.
Señoras y señores legisladores, estoy a sus órdenes.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor Secretario.
Para fijar posición a nombre de sus grupos parlamentarios, de
conformidad con el acuerdo que rige estas comparecencias, han solicitado hacer uso de la
palabra:
Beatriz Lorenzo Juárez, a nombre del Partido Alianza Social, hasta
por cinco minutos; Bertha Alicia Simental García, a nombre del Partido Sociedad
Nacionalista, hasta por cinco minutos; Juan Carlos
Regis Adame, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos; José
Rodolfo Escudero Barrera, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
hasta por 10 minutos; Alfonso Oliverio Elías Cardona, del grupo parlamentario del PRD,
hasta por 10 minutos; Ramón Ponce Contreras, del grupo parlamentario de Acción Nacional,
hasta por 10 minutos y Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, del grupo parlamentario del
PRI, hasta por 10 minutos.
En consecuencia, tiene el
uso de la palabra la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez.
La diputada Beatriz Patricia Lorenzo
Juárez:
Con el permiso de la Presidencia; secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Usabiaga Arroyo; señoras y
señores legisladores:
Hoy, a pesar de la alternancia en el Ejecutivo Federal, el discurso
oficial sobre los grandes éxitos macroeconómicos basados en la estabilización y
apertura económica, siguen siendo avances ajenos a millones de mexicanos, para los cuales
el bienestar real y palpable en su vida diaria aún no ha llegado, aún sigue siendo una
promesa.
Desconfianza, incredulidad, desesperanza y pobreza, son las
características de la mayoría de los miembros del campesinado mexicano, las cuales no
son gratuitas sino son fruto de las políticas agropecuarias del pasado y desgraciadamente
de las políticas de hoy día.
Han sido el control político, la imposición burocrática, la
corrupción, la ineficiencia y las políticas agropecuarias ajenas a la realidad nacional,
las que han dado lugar a los históricos fracasos nacionales, en cuanto a producción
agropecuaria se refiere.
Décadas de sacrificio y sufrimiento por parte del sector campesino,
no han servido para mejorar su situación; al contrario, cada sacrificio al parecer los ha
empobrecido aún más.
El 50% de los productores agropecuarios son dueños de tierras
improductivas, los salarios que reciben los trabajadores del campo son ofensivos, ya que
oscilan entre menos de un salario mínimo y hasta dos como máximo; únicamente 0.1% de la
población rural dedicada a las actividades agropecuarias, cuenta con capacitación
técnica y únicamente el 15% de la producción total agropecuaria y forestal, tiene
oportunidad real de participación de los beneficios de la globalización.
Por todo lo anterior, es claro que el campo está envejecido y
abandonado y por el nulo acceso al crédito, lo que provoca su improductividad y por ende
su incompetitividad.
Si el insertarnos en el proceso de globalización económica da
lugar a la destrucción de la naturaleza y por ende de condiciones
de vida aceptables para el ser humano, algo está mal y es necesario identificarlo
y corregirlo; así, el dejar de considerar a los campesinos como no rentables cuando una
parte del país vive y trabaja en el campo, sería un cambio real, sería un buen
comienzo.
La iniquidad en la práctica de las relaciones comerciales con el
extranjero y la no defensa del mercado interno por parte del Gobierno Federal, hace del
TLC no un instrumento de desarrollo, sino de subordinación.
Señor Secretario: en el Partido Alianza Social estamos convencidos
que la dispersión y la descoordinación en los apoyos al campo mexicano han sido el gran
obstáculo al desa-rrollo de este sector, así como el ignorar a los sectores principales
de este último: los campesinos.
Los subsidios a la actividad productiva agropecuaria nacional son
prácticamente incomparables a los que se promueven en la Unión Americana, nuestro gran
socio comercial, ya que mientras este año el Congreso norteamericano aprobó un subsidio
a los agricultores norteamericanos por 180 mil millones de dólares, contrariamente en
nuestro país los campesinos no son ni siquiera sujetos de crédito, cuando el acceso al
capital es indispensable para el desa-rrollo económico.
Por ello el subsidio al campo debe otorgarse en tiempo y forma, ya
que la producción agrícola está contrarreloj. No podemos continuar vendiendo y
comprando un futuro que no existe. El desarrollo del sector agropecuario es prioritario,
ya que de él depende la principal seguridad de toda nación: la seguridad alimentaria.
En el Partido Alianza Social
estamos convencidos que cada vez que es utilizada esta alta tribuna, debe ser para
formar parte quizá de lo que hace a las sociedades más humanas; es decir, hacer que la
ley y la justicia se sobrepongan a las ambiciones humanas. No reinventemos el sector
agropecuario nacional, simplemente apoyémosle.
Señor Secretario: estoy seguro que si usted continuara siendo
diputado federal, defendería el sector agropecuario nacional desde este recinto. Hoy como
responsable de este sector no sólo puede proponer, sino puede actuar a favor de millones
de pobres, de olvidados, de explotados. Sólo necesita para ello de una cosa que menciona
en su discurso: voluntad.
Por lo anterior, en Alianza Social esperamos y deseamos que el
Gobierno Federal y la dependencia a su digno cargo, corrijan la forma con la cual se ha
desarrollado la política agropecuaria nacional.
Estoy por terminar, un espacio.
Es algo que la ciudadanía exige y merece de su parte.
Señor Secretario: honestamente le deseamos que en lo futuro su
actuación sea digna de reconocimiento y aplausos. Todos tenemos derecho a mejorar
nuestras actitudes, corregir nuestros errores y con ello a ser respetados en todo momento.
Esperamos que nuestra modesta contribución para mejorar la
política agropecuaria del país, sea tomada en cuenta en beneficio del país y de las
generaciones futuras.
Muchas gracias.
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
La
Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Gracias, señora diputada.
Se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la
diputada Bertha Alicia Simental García, del Partido de la Sociedad Nacionalista.
La diputada Bertha Alicia Simental
García:
Con el permiso de la Presidencia; secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo;
compañeras y compañeros legisladores:
El Partido de la Sociedad Nacionalista, en un ejercicio comprometido
y responsable, ha analizado detenidamente el informe entregado a esta soberanía por el
Poder Ejecutivo.
El mensaje del presidente Fox, de los logros obtenidos durante su
segundo año de gobierno, más que resultados en ciertos rubros, nos parecen buenas
intenciones y no hechos fehacientes que vayan encaminados a resolver la problemática que
sufren millones de mexicanos.
Durante la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito
Público, Francisco Gil, nos mencionaba que la economía mexicana se encontraba en un
momento de estabilidad y de crecimiento sostenido y que el recuento de hechos que nos
presenta, de ninguna manera pretendía parecer un gesto triunfalista. Pero los
nacionalistas nos preguntamos, señor Secretario de Agricultura, ¿también le parece a
usted que el campo se encuentra en crecimiento sostenido, según su visión?
Si el optimismo de su informe se basa en los reportes de sus
colaboradores, puede estar usted engañándose, señor Secretario, ya que los ejidatarios,
las comunidades, los pueblos y la mayoría de los agricultores, viven en una amplia y
profunda crisis de desigualdad social.
En el segundo informe que nos presentan sobre su sector se hacen
varias afirmaciones: que se está buscando la competitividad del sector agropecuario por
la vía de asegurar precios internacionales para los principales insumos de la producción
agropecuaria; que la competencia del terreno agrícola es profundamente desigual entre los
socios del TLC, por lo que se están utilizando todos los mecanismos de protección
establecidos en las legislaciones internacional y nacional para asegurar sus derechos; que
para proteger a los productos mexicanos ante los posibles efectos negativos originados por
la nueva Ley Agrícola de Estados Unidos, se instruyó a los secretarios de Agricultura,
Economía y Hacienda para instrumentar un blindaje agropecuario.
Señor Secretario: la realidad del campo y de todo el sector que
usted se rencuentra dirigiendo, no es nada alentadora. La intensidad de la pobreza y el
número de pobres y miserables en el campo mexicano ha crecido, así como las personas que
emigran al país vecino del norte en busca del sueño americano. Es clara la dependencia
que tenemos con Estados Unidos en la cuestión alimenticia y la investigación
agropecuaria y que en México hay escasa inversión para poder revertir el deterioro de
estos recursos naturales.
Los nacionalistas queremos conocer cuál es la realidad del campo
mexicano; no queremos las cifras maquilladas de siempre, queremos verdades y respuestas.
Todos y cada uno de los integrantes de esta honorable asamblea
sabemos y estamos conscientes que el TLC, a siete años de su puesta en marcha, ha
resultado gravemente lesivo para el sector que usted preside, si bien, durante la
negociación de dicho tratado, el Gobierno mexicano logró reestablecer un tratamiento
especial para la desgravación a muy largo plazo, de los productos agropecuarios
extremadamente sensibles para la agricultura, la economía y la seguridad nacional.
Sin embargo, también sabemos que se ha rebasado el cupo de
importación libre de arancel de estos productos y no se ha cobrado ni un solo centavo de
impuestos a las importaciones acordadas en el TLC.
El fracaso e inviabilidad de estas políticas neoliberales en el
campo es visible. Preguntamos: ¿continuará usted aplicando estas mismas políticas
heredadas en deterioro de los productores nacionales y en qué consisten específicamente
las medidas de blindaje económico que implementará en conjunto con el Secretario de
Economía y Hacienda y Crédito Público para competir en igualdad de condiciones con los
productos agropecuarios estadounidenses? ¿Y cuáles son los mecanismos que se
instrumentarán a este respecto?
Señor Secretario, los nacionalistas queremos plantearle las
siguientes preguntas: ¿qué debemos esperar y qué deben esperar los productores
mexicanos en el 2003, cuando exista la apertura comercial total con el TLC, con Estados
Unidos y Canadá?
Si un pueblo que no produce lo que consume es un pueblo condenado al
fracaso, yo pregunto: ¿México está condenado al mismo? Sabemos que hay 10 mil
productores de carne de cerdo que están presionando para que se detenga la alta
importación de carne porque están lesionando a esta industria; queremos saber ¿qué
mecanismos está usted instrumentando?
Con respecto a la industria azucarera, sabemos que México ocupa el
octavo lugar a nivel mundial como consumidor, con 42 kilogramos anuales per capita y el séptimo en producción de azúcar
en más de 100 países.
A este respecto, ¿qué medidas instrumentará la Secretaría de
Agricultura para hacer respetar la exportación a Estados Unidos, de nuestros excedentes
de azúcar y detener las altas importaciones de fructosa que lesionan a la industria
azucarera mexicana? ¿Qué respuesta deben de esperar los productores de piña, maíz,
cebada, frijol, arroz y oleaginosas?
Por último, señor Secretario, los nacionalistas demandamos nuestro
derecho a que se produzcan los alimentos que los mexicanos pueden producir para superar la
pobreza y miseria en que vive el campo.
Los nacionalistas sabemos y
reconocemos que nuestro país y el pueblo mexicano enfrenta retos y demandas
cruciales; pero también sabemos que si los poderes Ejecutivo y Legislativo unen
esfuerzos, lograremos construir políticas públicas que reviertan la desigualdad, los
rezagos sociales, principalmente en el campo. Que se creen las iniciativas y oportunidades
para un desarrollo social igualitario y sustentable para que se cree un México para los
mexicanos.
Trabajemos todos juntos, señor Secretario, bajo la premisa de que
la patria es primero y no pierda usted la oportunidad de servirle a su país. Dele
resultados a millones de campesinos hoy.
Gracias.
La
Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Gracias, señora diputada.
Tiene la palabra hasta por 10 minutos, el diputado Juan Carlos Regis
Adame, del Partido del Trabajo.
El diputado Juan Carlos Regis Adame:
Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados,
señor secretario Javier Usabiaga:
El informe que presenta usted a esta soberanía no contiene
resultados sustanciales a favor de los campesinos de este país; por el contrario, la
aproximidad de la entrada en vigor de la desgravación arancelaria de casi todos los
productos del sector agropecuario, como parte de los acuerdos suscritos en el marco del
TLC, será sin duda la última puñalada que el Estado mexicano propinará a los hombres
del campo, para llevarlos a su ruina total.
Con esta acción se culminará el largo proceso de creación de
condiciones por parte del Estado mexicano, para despojar de su tierra a los productores
rurales y favorecer la concentración de estas tierras en manos de unos cuantos grandes
agroindustriales.
Esta política por parte del Gobierno Federal tiene ya resultados
muy claros. Al igual que en la industria, en el campo mexicano tenemos dos México: por un
lado, observamos una enorme concentración de la producción comercial agrícola en manos
de unos cuantos empresarios modernos y eficientes que se dedican a la producción de
hortalizas y de frutas para el mercado exterior; por otro, tenemos a una considerable masa
de productores comunales, ejidales y pequeños propietarios, con técnicas de producción
que rayan en el atraso, provocando que la mayoría de los habitantes del campo se debatan
entre la miseria y la ignorancia, así como entre la exigencia de abandonar a sus familias
y emigrar hacia la búsqueda de mejores oportunidades.
Señor Secretario: los hombres del campo están excluidos de la
política de fomento agropecuario que realiza la Secretaría a su cargo. Los programas de
capitalización y de formación de cadenas productivas de que habla su informe sobre el
sector no concuerdan con la situación que prevalece en la economía campesina.
A nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo le queda claro
que el Estado mexicano se convirtió en el enemigo más poderoso de nuestros productores
rurales. La incorporación del sector agropecuario al TLC con Estados Unidos y Canadá
así lo demuestra.
Para nadie era desconocido el atraso en que se encontraban la
economía campesina y los pequeños propietarios rurales de este país; pero el Gobierno
Federal no tuvo oídos para escuchar sus demandas.
Hoy tenemos que importar grandes cantidades de productos
agropecuarios, poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentarias; todo por querer
favorecer los intereses de unos cuantos grandes capitalistas, que son quienes tienen y han
sido los mayores beneficiados del TLC. Hoy somos grandes importadores de maíz.
En el campo como en la ciudad hemos transitado hacia un nuevo modelo
de exportación capitalista. En el sector agropecuario se ha impuesto el modelo
agroexportador basado en el uso de técnicas de producción más modernas, como por
ejemplo, la utilización del riego por goteo en la producción de hortalizas y de frutas,
así como la hidroponia, sin dejar de lado la reconversión productiva orientada a la
utilización de la biotecnología y la biogenética.
Asimismo, observamos cómo boyantes empresas agroindustriales
diversifican sus cultivos y los orientan hacia aquellos de consumo masivo y de mayor
rentabilidad, así como la producción de materias primas para la industria nacional o
para las transnacionales dedicadas al procesamiento de productos.
Estas son las empresas que se han beneficiado del tratado, señor
Secretario. También son las que se benefician de los mayores recursos que destina el
Gobierno Federal hacia el sector agropecuario.
En cambio, para los productores rurales, asentados en la producción
social, así como para los pequeños propietarios, para ellos no hay beneficios. Han sido
los mayores sacrificados del modelo neoliberal y de la política de exclusión hacia el
campo.
Compañeras y compañeros diputados: tenemos claro que el actual
Gobierno Federal no representa ya una alternativa real para solucionar los problemas de
nuestros hombres del campo. Su respuesta tardía a las demandas campesinas así lo
demuestran.
Ahí está su actuación en el caso de nuestros productores de
piña, caña de azúcar, café, ganado bovino, por citar sólo algunos.
Señor Secretario: ¿deben los hombres del campo trasladarse de
lejanos lugares y protestar por semanas o meses, ante la Secretaría a su cargo para que
sus demandas sean escuchadas y solucionadas? ¿Acaso el Gobierno Federal piensa darles
solución a sus demandas mediante la política del desgaste y la frustración?
Resulta verdaderamente risible creer que con un presupuesto de 24
mil 630.7 millones de pesos destinados a los programas del campo "Alianza
Contigo" y "Apoyos a la Comercialización"
para el presente año, se pueda hacer algo serio a favor de los campesinos de este
país. Con 2 mil 643 millones de dólares no se puede llegar muy lejos en materia
agropecuaria, señor Secretario.
Recientemente el Gobierno de esta nación aprobó una nueva ley
mediante la cual se prevé incrementar por arriba de 180 mil millones de dólares, en los
próximos 10 años, los apoyos a la producción de cinco productos del campo.
En nuestra nación tenemos un gobierno que está pensando cómo
acabar con los campesinos.
A la promesa de establecer un blindaje al sector agropecuario como
respuesta a la política norteamericana de apoyar a sus productores agropecuarios con
mayores recursos, no le vemos sustento, porque el actual Gobierno está más preocupado en
garantizar el pago del costo financiero de los grandes pagarés que administra el
Fobaproa-Ipab, que en destinar mayores
recursos al campo.
Por otra parte, señor Secretario, nos preocupa y nos parece
inadmisible que la dependencia a su cargo haya impulsado una norma que atenta contra la
biodiversidad y el equilibrio ecológico en México, tal como se pretende hacer con la
entrada en vigor de la norma 029, sobre pesca responsable de tiburón y especies afines.
Asimismo, queremos solicitar la intervención enérgica de la
Sagarpa para que se extiendan los beneficios de las tarifas preferenciales de electricidad
para la extracción de agua y apoyar con ello a los campesinos con menores ingresos.
Por esta razón, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha
planteado ante usted y en diversos foros, la urgencia de darle un nuevo rumbo al campo
mexicano. Para ello proponemos que de forma inmediata se excluya del TLC al sector
agropecuario para evitar la competencia desleal que sufren los productores agropecuarios,
quienes objetivamente no pueden competir con una economía que a todas luces ha mostrado
ser superior en todos los niveles a la nuestra.
Asimismo, hemos propuesto revalorar el papel de la economía
campesina para darle viabilidad de desarrollo mediante la implementación de esquemas de
desarrollo que reconozcan la exigencia de vincular los centros de educación superior con
la producción agrícola, así como la permanente capacitación en áreas básicas
relacionadas con el uso de las técnicas modernas de cultivo.
Asimismo, hemos planteado la urgencia de canalizar recursos
adicionales de forma paulatina al campo, para que en el primer año se destinen arriba de
los 50 mil millones de pesos y así sucesivamente hasta alcanzar por lo menos el 3% del
Producto Interno Bruto (PIB), combinando con una política de acceso preferente del
crédito de parte de la banca de fomento de nuestra nación.
Es cuanto. Por su atención, muchas gracias.
La
Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos, el diputado José
Rodolfo Escudero Barrera, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado José Rodolfo Escudero
Barrera:
Con el permiso de la Presidencia; señor Secretario; compañeras y
compañeros diputados:
La conciencia de novedad en las situaciones agrarias y agrícolas
presentes, requieren, como lo han reiterado muchos estudiosos, de nuevos planeamientos
sociales, económicos, políticos y normativos correspondientes. A partir de algunos
problemas agrícolas y agrarios nos indica que la dinámica global de desarrollo
capitalista ha impuesto como una de las características contradictorias el hecho de la
concentración de la producción agrícola nacional, simultánea a la concentración de
diversos recursos como la maquinaria y el agua para riego y otros insumos, además el que
la concentración de la producción no es ajena al hecho de la neoconcentración de la
tierra, de la labor, estimulada por el Estado.
Los jornaleros, población que vende fuerza de trabajo y que no
posee tierra o que la posee y la usufructúa en escala mínima, es una parte muy alta de
la población económicamente activa y se compone básicamente de jóvenes menores de 30
años de edad, mas la situación de los jornaleros continúa agravándose, ya que año
tras año disminuyen sus días laborales y por lo tanto su ingreso real. El trabajo de los
jornaleros se configura así como un nuevo problema global y no solamente agrario, ya que
supera en gravedad la etapa de la simple distribución de la propiedad territorial.
Ahora bien, éstas son las problemáticas que han afectado las
actividades del sector primario durante sexenios y es justo
reconocer que no son los problemas generados o cuya solución pueda darse en el
corto plazo, los problemas que pudiesen tener solución inmediatamente o a corto plazo y
que con un esfuerzo de coordinación interinstitucional y de trabajo con los productores
podrán resolverse para disminuir la vulnerabilidad del campo mexicano frente a la
competencia extranjera.
Estos problemas, señor Secretario, en primer lugar debemos ponerle
atención a la competencia desleal que significan los subsidios agrícolas que otorgan
otros países y que dañan a nuestra economía agrícola. Pensados como instrumentos
compensatorios para el productor los subsidios al campo terminan distorsionando el libre
comercio, mientras en México, el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) se
limita a una ayuda para la agricultura de subsistencia con Estados Unidos, el principal
exportador de productos agrícolas que se extiende a los cultivos comerciales en
magnitudes de miles de millones de dólares.
A la fecha las medidas tomadas por la Sagarpa se han concentrado
más en el aspecto de transparencia y anticorrupción en la entrega de los apoyos, que en
una estrategia y una capacitación que arroje resultados satisfactorios que se reflejen
tanto en la mejora del sector como en el propio bolsillo de los campesinos que acuden al
Procampo.
Los subsidios deben entenderse de manera urgente, por ejemplo: las
cuotas del Procampo, continúan disminuyendo en términos reales, mientras que Estados
Unidos para competir contra los fuertes subsidios de la Unión Europea y posicionar sus
productos primarios considera a los subsidios como la piedra angular de su política
agraria.
¿Qué hacer frente a esta competencia desleal? El grupo
parlamentario del Partido Verde considera que se debe ampliar la cobertura del Procampo
elevando el número de predios elegibles, actualizar los apoyos a cuotas asignadas y que
debemos reorientar la táctica para que aumente la productividad. Asimismo, compartimos la
inquietud que nos han manifestado muchos productores en el sentido que el Procampo
involucre a un universo mayor de agricultores, como son los pequeños productores, con el
fin de impulsarlos a participar en cultivos más rentables.
Señor secretario Usabiaga: compartimos su preocupación de
transparentar la entrega de los recursos públicos. El Partido Verde Ecologista de México
siempre se ha opuesto al manejo electoral del Procampo. Por lo tanto, consideramos que es
tiempo de transformarlo de un programa asistencialista a uno auténticamente productivo.
Para lograrlo debemos acortar la brecha en tecnología agrícola que aún nos separa de
los grandes exportadores de productos primarios. En México, sólo dos de cada 10
agricultores pueden acceder a un tractor y a una cosechadora-trilladora, mientras que en
el país vecino 20 agricultores acceden a un promedio de 150 máquinas.
En Canadá, nuestro otro socio del tratado libre, tiene a su
disposición la misma cantidad de maquinaria pero para 33 agricultores. La disparidad se
ahonda aún más si tomamos en cuenta que de cada 10 agricultores mexicanos, nueve carecen
de apoyo para tecnificar sus labores, tanto en la siembra como en el riego o al cosechar.
Por lo tanto, se requiere reactivar el crédito agrícola y establecer fondos
gubernamentales para mejorar el acceso a las tecnologías y por ende a la productividad.
Muy relacionado a lo anterior está la falta de vinculación entre
la investigación académica, las empresas o comunidades agrarias. Las universidades
especializadas en estudios agrícolas deben de participar más y ser agente de este cambio
hacia la productividad del campo y no conformarse con el rol de espectadores.
El fuerte rezago productivo y tecnológico en el que se encuentra la mayoría de las unidades productivas rurales,
hace que se mantengan en un deterioro constante al igual que los recursos
naturales. Es necesario echar a andar un nuevo sistema nacional de financiamiento y
crédito rural que reactive el crédito al sector con tasas preferenciales para la
agricultura y la ganadería. Esta nueva estructura de financiamiento rural debe integrarse
a todas las figuras existentes de la banca social.
En lo que respecta a los microcréditos y los programas de
financiamiento no convencionales, deberán estar disponibles en toda las regiones rurales.
Entre 1994 y 2001, las importaciones agroalimentarias a México
pasaron de 3 mil millones de dólares a 5 mil millones de dólares, lo que significó un
crecimiento del 51.5% desde la apertura del Tratado de Libre Comercio.
Existen disparidades diferentes. Mientras que Estados Unidos fija
una cuota máxima de importación, nosotros aquí en México ponemos una cuota mínima de
importación de los productos norteamericanos, en tanto las cuotas máximas de
importación en Estados Unidos permanecen constantes y sí pagan impuestos. Contrariamente
las cuotas de importación que impone a México están libres de arancel y crecen 3%
anual.
Estados Unidos y Canadá protegieron sus mercados, mientras que los
productores mexicanos quedaron indefensos frente a la competencia externa; para ellos no
hubo un periodo de gracia.
En cuanto al Tratado de Libre Comercio, México tiene una gran
desproporción a comparación de su socio del norte. Nos vamos a ver afectados al momento
de abrir la frontera en el año 2003. Los agricultores mexicanos bien podrían pasar a ser
jornaleros de los canadienses y los estadounidenses, debido a la eliminación del subsidio
y el olvido de nuestro Gobierno para nuestros campesinos.
Se debe intentar la adecuación de políticas agropecuarias a las
circunstancias globales y particularmente en el marco de las fallas, deficiencias y
desventajas que han acarreado para los productores nacionales con este tratado.
La balanza agroalimentaria para el periodo de enero a julio de 2002,
presentó un saldo negativo de 643.9 millones de dólares, por lo que el déficit se
redujo en 2.7% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el saldo
deficitario fue de 661.7 millones de dólares.
La ganadería también se encuentra en una situación deplorable, al
igual que la agricultura. Debido a la competencia desleal por la asimetría de los
subsidios de Estados Unidos y Canadá, la falta de créditos a tasas preferenciales, la
falta de tecnología y sistema de comercialización, lo que ya hemos mencionado, ponen en
peligro la supervivencia de esta actividad.
Los subsidios de la agricultura y ganadería deben ser equitativas
para ambos sectores, pues tienen la misma importancia
en nuestro país. Los problemas son iguales, pero este último, o sea, los
ganaderos, están más desprotegidos. ¿Cómo puede ser posible que de los 35 mil millones
de pesos presupuestados para el campo mexicano, solamente mil millones de pesos fueron, o
sea el 3%, fueron destinados a esta actividad?
Los compromisos adquiridos por su Secretaría de cierta forma no han
sido cumplidos en su totalidad. Existen compromisos de revisar y resolver en lo que se
refiere a la internación de cerdo en pie e importaciones y en el correspondiente pago de
impuestos.
La industria porcícola se encuentra al borde de la quiebra y el
Gobierno Federal no responde al cumplimiento de detener la importación. De igual forma se
ha pedido a la Sagarpa que gestione ante la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales, la compra de carne de cerdo nacional con financiamiento y
a crédito...
Si me permite por favor, ya para terminar.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Sí, termine señor diputado, se ha agotado su tiempo.
El diputado José Rodolfo Escudero
Barrera:
Sí, muy amable. Gracias, ciudadana.
El contrabando y la importación descontrolada de productos
alimenticios es un problema adicional que afecta también a nuestros productores y a
nuestra economía.
El grupo parlamentario, señor Secretario, queremos reiterarle la
solicitud de abrogar y no entrar en vigor definitiva de la norma 029, ya que ésta tiene
insuficiencias que acarrean violaciones a diferentes artículos de diferentes leyes y
tratados internacionales.
A los legisladores del Partido Verde Ecologista de México nos
interesa analizar y conocer las políticas y programas que la Secretaría a su cargo
implementa para cumplir con los compromisos adquiridos por el gobierno del presidente
Vicente Fox, ya que mejorar el campo mexicano es sin duda una de las prioridades y
preocupaciones de todos.
No podemos hablar de un gobierno democrático cuando se tienen
rezagos...
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Señor diputado, se ha agotado su tiempo.
El diputado José Rodolfo Escudero
Barrera:
Si me permiten, compañeros diputados, yo nunca les he chiflado a
ustedes y quiero el respeto que yo les doy a ustedes también.
No podemos hablar de un Gobierno democrático cuando se tienen
rezagos sociales tan importantes como los que aquí se han señalado, no podemos hablar de
un gobierno del cambio cuando no escuchamos a todos los actores y organizaciones
ganaderas, agrícolas y campesinas
Tampoco podemos hablar de un gobierno que todos los mexicanos
esperamos, cuando no se cumplen con eficacia y eficiencia las metas trazadas.
Por su tiempo, muy amables.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado:
Se hace un atento llamado a los señores legisladores para que
respeten el tiempo señalado en el convenio.
Tiene la palabra el diputado Alfonso Oliverio Elías Cardona, del
Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.
El diputado Alfonso Oliverio Elías
Cardona:
Con el permiso de la Presidencia y de todas mis compañeras y
compañeros diputados; señor Secretario de Agricultura; señoras y señores:
México vive un proceso de cambios profundos y definiciones
fundamentales colocándose ante nuevos retos sociales, económicos y políticos, en donde
el sector rural ocupa un lugar central.
La historia moderna del espacio rural en México nos ha mostrado que
las políticas públicas, hasta ahora instrumentadas, no sólo no han resuelto las
aspiraciones de los actores del sector rural, ni del país en su conjunto, sino en unos
casos han sido insuficientes y en otros inadecuados e inoperantes.
Muestra de ello es la caída de la aportación del sector
agropecuario al producto interno bruto, pero no sólo esta situación hace que volvamos
los ojos hacia el sector rural.
Son alarmantes las condiciones en que se encuentra la cuarta parte
de la población nacional y donde el 55% vive en condiciones de pobreza, de acuerdo con la
Cepal.
Internamente se ha dado un fuerte encarecimiento de los insumos
básicos para la producción agropecuaria, como la electricidad, los combustibles y los
fertilizantes; las organizaciones de productores rurales han reiterado su reclamo de
acceso al crédito con tasas preferenciales y competitivas, el cual se ha visto limitado
por diferentes causas internas y externas a las instituciones de crédito.
Además la generalizada es de atención especial y urgente; el hecho
de que en los últimos tres años hayamos tenido que importar un promedio de 18 millones
de toneladas anuales de productos agropecuarios para complementar el abasto en el mercado
interno, muestra la peligrosidad de una creciente dependencia alimentaria y un pródigo
déficit en la balanza comercial agroalimentaria de México y en el mundo.
Es preocupante que en los últimos años un alto porcentaje de las
exportaciones de petróleo se hayan destinado a la importación de productos
agroalimentarios.
A pesar de este escenario, no podemos dejar de lado la importancia
del sector agroalimentario como elemento estratégico para la economía nacional. De
acuerdo con datos oficiales, este sector genera una derrama económica para otros sectores que equivale aproximadamente a tres de cada
10 pesos de las ventas totales del sector manufacturero; el sector agropecuario contribuye
en promedio con casi el 21% del total de los empleos del país, aun cuando muchos de ellos
están mal remunerados
El campo es estratégico, de él depende la soberanía alimentaria,
la conservación de los recursos naturales y los servicios ambientales, así como la
mitigación de los desastres naturales.
Los legisladores del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática entendemos la atención al campo mexicano como un proceso social
y político, centrado y creado desde los intereses y la acción de los propios actores
rurales.
La solución a la crítica y compleja situación contemporánea que
vive el sector rural en su conjunto, no se resolverá con visiones e instrumentos
parciales y desarticulados; la problemática rural no se restringe ni a las carencias de
normas que otorguen seguridad en los distintos modelos de tenencia de la tierra ni en la
debilidad de los procesos administrativos y judiciales, tampoco a la inequitativa e
injusta distribución de los recursos económicos entre el campo y la ciudad o a la
instrumentación de las políticas que favorecen la producción orientada a la
exportación y abandonan la soberanía alimentaria y el ingreso de los productores.
Las soluciones tampoco se reducen al proteccionismo mecánico frente
a la apertura comercial e indiscriminada o a la orientación productivista que amenaza con
transgénicos y control corporativo de la política rural frente a la baja productividad
inducida por el abandono.
La situación se agudiza cuando estamos frente a una clarísima
competencia desleal asimétrica y subsidiada en el comercio internacional. México, con 10
tratados internacionales, es el país con el mayor número de tratados de libre comercio
en el mundo, lo cual le otorga acceso preferencial a 31 países.
Al Partido de la Revolución Democrática le preocupan las
implicaciones de estos tratados internacionales, particularmente con nuestros socios
comerciales en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A partir de la
aplicación de este tratado, el volumen de importaciones se ha duplicado, mientras que el
crecimiento de la producción nacional ha sido marginal.
Estamos convencidos de que la versión 2002 de la Ley Agrícola de
Estados Unidos de América, conocida como Farm Bill,
es más de lo mismo. Internamente es un retroceso en la vinculación de los productores
norteamericanos con las señales del mercado.
Para los productores de otros
países como el nuestro, la inducción en la caída de los precios entraña una amenaza a
las premisas de libre comercio, de libre mercado, que se enarbolaron para firmar el
Tratado de Libre Comercio deAmérica del Norte. Es urgente fortalecer la iniciativa
esbozada por el Poder Ejecutivo, relativo a la construcción de una política de blindaje
y de sus instrumentos correspondientes mediante la participación de los productores
rurales sin desechar la alternativa de revisar sus
tiempos de aplicación.
De igual manera, en el plano de las negociaciones agrícolas en la
Organización Mundial de Comercio, la casi unánime respuesta mundial a la ley agrícola
estadounidense nos abre la oportunidad de avanzar en el planteamiento urgente y de
reconocer e instrumentar el trato especial y diferenciado a las agricultoras campesinas e
indígenas.
Cualquiera que sea la orientación de los productores, ya sea de
traspatio o al mercado mundial requiere novedosos instrumentos que fortalezcan la
producción nacional a la luz de un escenario internacional competido. Limitarnos al
planteamiento de suprimir subsidios, cuando la lógica dominante es lo contrario, puede resultar no sólo ingenuo,
sino peligroso para el país.
Además, la respuesta del Gobierno mexicano debe ser firme, para dar
la atención necesaria a las demandas de la población rural, incluyendo el acceso a la
energía eléctrica a bajos costos, así como a otros insumos no sólo directamente
relacionados con el campo, como los fertilizantes, sino en la parte de subsidios y apoyos
financieros.
Para los legisladores del Partido de la Revolución Democrática,
como la mayoría de las organizaciones rurales, la solución es compleja, porque la
situación es igualmente compleja. Por consiguiente, existe la necesidad elemental de
reconocer que ninguna alternativa de solución de uniformidad responderá a la diversidad
de factores que inciden en ella.
Coincidimos con estos actores rurales, en que el espacio rural ya no
puede orientar su desarrollo bajo la dirección centralizada del Estado ni mucho menos
diseñarse siguiendo los intereses de las grandes corporaciones que monopolizan el
mercado, sino desde la dirección de los intereses y la participación de los propios
productores con el apoyo del Estado y el mercado bajo una perspectiva y un control
democrático y sustentable.
Este es el meollo político de una alternativa compleja al
desarrollo rural sustentable.
Esta LVIII Legislatura se ha distinguido por su enorme interés por
el campo y la población rural, muestra de ello son la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
y la Ley de Capitalización del Procampo.
De manera conjunta, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo
coincidimos en la creación de este marco legal indispensable para sentar las bases del
desarrollo en el campo mexicano, razón de más para que el Poder Ejecutivo, como
responsable de la política hacia el sector rural, lleve a cabo los mandatos establecidos
en estos ordenamientos.
Los legisladores del Partido de la Revolución Democrática
mantenemos nuestro compromiso para coadyuvar en la instrumentación de ambas leyes y
especialmente en la asignación de un Presupuesto de Egresos de la Federación que sea
coherente con la magnitud de las necesidades del campo mexicano.
Bajo estas premisas mínimas, el compromiso del Ejecutivo para dotar
de mejores condiciones de vida a esos 25 millones de mexicanos que viven en el campo, debe
cumplirse cabalmente.
Señor Secretario: su homólogo, el que dirige las finanzas de este
país, el señor Secretario de Hacienda, compareció hace unos días ante este pleno y se
comprometió a un proyecto y programa energético para el campo. Espero de usted su
comprensión y su solidaridad con la expresión hecha por su homólogo de la Secretaría
de Hacienda.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado Ramón Ponce Contreras, del
Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.
El diputado Ramón Ponce Contreras:
Con su permiso, señora Presidenta; señoras y señores diputados;
señor Secretario de Agricultura:
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ha revisado con
responsabilidad y objetividad el informe de las actividades realizadas por la dependencia
a su cargo durante el segundo año del gobierno del presidente Vicente Fox Quesada. El
evaluar las acciones dirigidas al cumplimiento de los compromisos adquiridos es lo que
motiva este ejercicio republicano, ya que el cambio democrático del país exige un
análisis de los actos y resultados de este Gobierno, que permita observar y dar cuenta
del desempeño de las entidades que conforman la Administración Pública Federal y de sus
servidores públicos.
Si bien debemos reconocer en su justa dimensión los avances que ha
alcanzado nuestro país en materia agrícola, pecuaria, forestal y pesquera, es preciso,
pues, identificar al mismo tiempo los puntos que requieren de mayor atención por parte de
la Secretaría a su cargo, para responder a los compromisos establecidos por la
Administración Pública Federal para el periodo 2000-2006 y que se encuentran plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo, en el
Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y
en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.
Para Acción Nacional la obligación de hacer un ejercicio de
evaluación objetiva sobre los avances de la Administración Pública Federal refleja una
congruencia histórica. Aunque estamos conscientes de que éste es un sector que requiere
de grandes esfuerzos para integrarlo a la dinámica del desarrollo nacional, sin embargo,
ello no es justificante para no cumplir con las metas establecidas; por el contrario,
demanda un esfuerzo adicional de la dependencia a su cargo, la cual se traduzca en medidas
concretas que brinden a la población del campo mexicano la certidumbre de que el Gobierno
emanado de la voluntad popular del 2 de julio de 2000, es un gobierno comprometido con la
sociedad, que promueve la transparencia en sus acciones, la transparencia en la rendición
de cuentas, la dignificación del productor mexicano promoviendo el bien común.
Han quedado atrás los tiempos en que la política agrícola se
basaba en acciones demagógicas y populistas, que no comprometían o no pretendían
ningún compromiso real con el agro, puesto que la utilidad del sector sólo era apreciada
en términos de su valor electoral y por lo tanto las acciones hacia el sector sólo
pretendían implementar el corporativismo con fines políticos y partidistas. Esta, señor
Secretario, fue una de las razones por las que no existieron políticas públicas
adecuadas y dirigidas a nuestros productores para proporcionarles herramientas necesarias
para hacer frente a un mercado cada vez más competitivo frente a una apertura comercial
global y que dieron por resultado un sector rural marginado, con abuso de autoridad y la
falta de respeto a la dignidad de la sociedad rural.
Dadas estas circunstancias antes mencionadas, debemos reconocer el
gran esfuerzo y la responsabilidad que usted ha asumido al frente de la Secretaría de
Agricultura con el objetivo de dinamizar el sector mediante la integración de cadenas
productivas, fortaleciendo así los procesos de producción, de comercialización y de
promoción al consumo.
Este esfuerzo se ve reflejado en un crecimiento del 2.8% del
Producto Interno Bruto pecuario, silvícola y pesquero en el primer semestre de este año,
lo cual lo convierte en el más dinámico de toda de la economía, a pesar de las
condiciones que privan en el entorno económico internacional.
Sin embargo, de acuerdo con las cifras del Banco de México, el
saldo de la balanza comercial agropecuaria y pesquera muestra en el periodo enero-julio de
2002 un decremento del 3% en las exportaciones agropecuarias, lo que se traduce en un
saldo del 43.4% inferior al del mismo periodo del año pasado.
En Acción Nacional nos queda claro que la Secretaría a su cargo ha
puesto en práctica políticas públicas enfocadas a reestablecer la confianza en los
productores, a dar transparencia al manejo de los recursos, a cambiar la visión
asistencialista de las políticas para convertirla en una visión de negocio la cual se
vea traducida en beneficios tangibles para los hombres y mujeres del campo.
Reconocemos también, en la Secretaría a su cargo, el esfuerzo que
ha implementado en lo respectivo al federalismo, puesto que existe un marco de
corresponsabilidad en la toma de decisiones y un absoluto compromiso de todos los sectores
tanto gubernamentales, productivos y sociales.
Esta actitud federalista del Gobierno del Presidente de la
República, Vicente Fox, se ha manifestado mediante la aplicación del 70% del presupuesto
total de la Secretaría a su cargo a través de los estados, en la instrumentación de
políticas regionales y locales con el único propósito de asegurar la eficacia en el uso
de los recursos.
Hemos de reconocer los esfuerzos implementados para el fomento de
proyectos productivos en la organización de productores, en la formación de cadenas
agroalimentarias y en el apoyo a productores de café y de leche.
En lo que respecta al Procampo, es hoy transparente y más humano,
al convertirse en una herramienta de cambio. La entrega se hace directamente a cada
productor con nombre y apellido y a través de un padrón en revisión para su
saneamiento, el cual hoy es público, en donde evitan así el control político, dudas y
confusiones.
La aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley de
Capitalización del Procampo, de manera unánime por los grupos parlamentarios aquí
representados, revela una decisión contundente por parte de la administración del
presidente Fox de trabajar en un mismo sentido con el Congreso de la Unión.
Asimismo, existen compromisos que son corresponsabilidad de la
Secretaría de Agricultura y de la Comisión Intersecretarial, derivados de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, que aún no han sido cumplidos a cabalidad, tal es el caso
de la emisión, de la tipología de los productores y sujetos de desarrollo rural
sustentable, previstas en el artículo 9o. de la mencionada ley, lo cual esto es un insumo
básico para focalizar y dirigir los recursos presupuestarios hacia quienes realmente lo
necesitan.
En ese sentido, no podrá existir un verdadero desarrollo integral
en el campo mexicano mientras no se atienda de una manera eficaz los requerimientos de los
diferentes tipos de productores que integran el sector.
Frente al desafío que representa la política de subsidios
anunciada por Estados Unidos y que será implementada a partir de enero del próximo año,
es preciso avanzar de una manera firme, conjunta y corresponsable en las políticas
públicas dirigidas hacia mayores niveles de especialización productiva y eficiencia
económica, a través del impulso a las cadenas productivas, el mejoramiento de la
comercialización, la reconversión productiva de cultivos, el desarrollo de un nuevo
sistema financiero rural y de la instrumentación de programas de investigación y
transferencia en tecnología.
Tenemos presente que, en la plataforma de Alianza por el Cambio, se
planteó como una propuesta fundamental para el desarrollo del sector agropecuario la
necesidad de una política de financiamiento en donde por ningún motivo se confundiera el
combate a la pobreza con las políticas de fomento agropecuario, a fin de evitar una
asignación inadecuada de recursos presupuestarios. Por lo tanto, esperamos que la
dirección que tome la estrategia de financiamiento agropecuaria se conduzca bajo estas
dos premisas.
La modificación del marco que rige al sector azucarero es
imprescindible e impostergable, señor Secretario. Es por ello que nos sumamos y exigimos
se cumpla el compromiso del presidente Fox, realizado en su Informe de Gobierno el pasado
1o. de septiembre, donde dice: "que el hacer frente a la corrupción y contraponer un
ejercicio ético de la autoridad, impulsar una acción pública transparente frente al
hermetismo, anteponer la tolerancia y el diálogo frente a la intransigencia y la
imposición y pasar a la plena autonomía de las organizaciones frente al
corporativismo".
Por otra parte, requerimos información puntual del grado de avance
del Programa Nacional Azucarero 2002-2006, ya que estamos próximos a iniciar la siguiente
zafra y el último reporte fue anunciado en la ciudad de Jalapa, Veracruz, el pasado mes
de mayo.
En Acción Nacional existe una preocupación y un compromiso
permanente para lograr un desarrollo rural integral que tenga como eje central el
desarrollo de las personas, que permita incrementar de manera sostenible los niveles de
bienestar de la población rural.
Muchas gracias, señor Secretario.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Gandarilla Carrasco del
grupo parlamentario del PRI, hasta por 10 minutos.
El diputado Víctor Manuel Gandarilla
Carrasco:
Señora Presidenta; señor secretario, Javier Usabiaga:
Esta es su segunda comparecencia en pleno y los requerimientos que
le hicimos en relación a un campo que enfrenta una muy difícil situación y que día a
día se agrava, y usted y sus colaboradores no lo ven, pues vemos que sólo se ha
continuado una política que ha sumido al campo en una permanente crisis. Observamos la
misma falta de interés de la política gubernamental, que se manifiesta en una baja
prioridad del sector, agravado por el incremento de los servicios que proporciona el
Gobierno, las tarifas eléctricas, los combustibles y, por supuesto, el encarecimiento de
los insumos agrícolas, que ha puesto a los productores ante una disyuntiva de abandonar
sus predios.
Quisiera recordar a usted que esta posición ha sido claramente
manifestada en toda su incongruencia, cuando la propuesta de presupuesto del Poder
Ejecutivo tuvo que ser modificada por esta Cámara, incrementándola en más de 5 mil 200
millones de pesos para el ejercicio 2001, y en el presupuesto para el presente año en 4
mil 330 millones y que se habrán de agravar seguramente para el próximo año.
Si no hubiera participado en forma tan responsable el Congreso,
imaginémonos cuál hubiera sido la situación de los productores, agobiados por la caída
de los precios y la falta de estímulos.
No se puede decir que el Congreso no ha estado dispuesto a apoyar al
campo y, por esa vía, a la propia gestión de la Secretaría a su cargo. Y así lo
manifestamos después de que fuera vetada la Ley de Desarrollo Rural y, en una posición
responsable, presentamos un proyecto que satisfizo las aspiraciones de campesinos y
productores y que fue consensada en esta Cámara.
No obstante los incrementos que hicimos los diputados en la
asignación de recursos, percibimos signos de subejercicio presupuestal en programas que
tienen alta prioridad en agricultura campesina; tal es el caso del Fondo de
Estabilización del Café, que con una asignación de 1 mil 440 millones de pesos y donde
se nos informa que al haberse concluido el padrón de productores, el ejercicio
presupuestal reportado a septiembre es de apenas del 57%.
Sin embargo, las propias
organizaciones de productores del café nos han informado que hay un retraso en la
medición de las superficies y fuertes inconformidades con las ya rea-lizadas. Los
cafetaleros están desesperados, ya que son de los grupos donde la miseria se concentra y
cualquier retraso e ineficiencia en la operación de los fondos resulta de grave
responsabilidad social y una ineficaz función gubernamental.
Y en la cuestión azucarera, ¿qué ha pasado? Se expropiaron los
ingenios para poder satisfacer los justos reclamos de los cañeros y, sin embargo, siguen
sin créditos y esperando el cambio prometido. La incongruencia del Gobierno fue haber
suspendido el impuesto especial de la fructosa, que agravó más el problema. Se anunció
la política azucarera nacional 2002-2006, la revisión del decreto cañero y el contrato
ley de la industria. Todavía desconocemos los avances, por lo que es necesario informar a
esta soberanía de los avances de esta información.
Queremos manifestar nuestra preocupación por la situación que vive
la importante actividad pesquera, sector del cual vive una parte muy importante de la
población nacional y que es quizá el que más ha sufrido del abandono gubernamental y de
la falta de seriedad en el cumplimiento de los compromisos internacionales, especialmente
por nuestros vecinos del norte.
Día a día, nuestra ganadería se enfrenta a los difíciles
problemas de una competencia desleal de productos extranjeros, que la han llevado a la
incosteabilidad.
Las importaciones de carne, y si se puede llamar "carne" a
los despojos animales, la tienen al borde de la quiebra. Recuerde usted que los
porcicultores le ofrecieron que les diera el mismo tratamiento que a los ingenios que
tienen problemas, pues también ellos le informaron a usted que le vendían sus granjas
por la misma razón de que ya no son rentables en esta actividad.
Así como la ganadería porcina, los precios de nuestros productos,
llámense maíz, trigo, algodón, carne, frijol, sorgo etcétera, que a precios constantes
han caído de 1985 a la fecha en más del 50%; y salvo contingencias climatológicas, la
tendencia seguirá la misma dirección por la capacidad de subsidio que tienen nuestros
vecinos del norte y las asimetrías climáticas, económicas y tecnológicas, además de
la certidumbre comercial con la que Estados Unidos apoya a sus productores.
Dentro del II informe, que señala que mientras México otorgó
subsidio a su sector agroalimentario por cerca de 8 mil millones de dólares, la Unión
Europea entregaba más de 105 mil millones; Japón va de 59 mil millones y Estados Unidos,
con el que tenemos la mayor competencia comercial, más de 95 mil millones de dólares,
sin considerar todavía el fuerte incremento que esos apoyos tendrán gracias a la ley
agrícola aprobada por el Congreso de Estados Unidos, que incrementa violentamente esta
cifra.
Como usted sabe, señor Secretario, el año pasado importamos más
de 20 millones de toneladas de productos básicos y con ello aumentamos nuestra
dependencia alimentaria; pero lo más grave es que cada kilo de productos agrícolas que
importemos es empleo, es ingreso, es capacidad de compra que le arrebatamos a los
productores mexicanos.
Los resultados están a la vista: la emigración hacia el norte del
país y a Estados Unidos es una realidad incontrolable. Imagínese usted si la ubicación
geográfica no les diera a los campesinos esa salida desesperada, donde dejan familia y
arriesgan su vida, estaríamos en este país al borde de la violencia.
Ante la amenaza que representa la ley agrícola de Estados Unidos y
el compromiso de abrir nuestras fronteras a casi todos los productos pactados, le exigimos
a usted, que maneja la política agropecuaria, nos aclare la visión del Ejecutivo sobre
el blindaje agropecuario, que es confuso y es una tímida respuesta a un problema de esta
magnitud que vamos a enfrentar.
Consideramos que los efectos negativos del tratado han sido de tal
magnitud, que se justifica la petición de productores y empresarios agroindustriales del
sector de revisar el tratado en el capítulo agropecuario.
Desde el 2001, los trabajos de comisiones de esta legislatura han
propuesto que la revisión del capítulo agropecuario del tratado se oriente a una
negociación de una estrategia de cooperación y desarrollo en materia agropecuaria,
diferente al contenido estrictamente comercial que equivocadamente aceptamos y firmamos.
En forma simultánea, consideramos que es de alta prioridad darle
mayor agresividad a las denuncias de prácticas desleales de comercio y buscar un mayor
uso de las salvaguardas que el propio tratado permite para detener el desmedido
crecimiento de nuestras importaciones, pues nuestra dependencia ya alcanza más del 43% de
nuestro consumo alimentario.
La estrategia, sin embargo, sería incompleta si no abordamos
también rectificaciones profundas en las políticas de financiamiento rural, gasto e
inversión pública. Es necesario enfocar la problemática del campo en forma integrada y
con una amplia visión de futuro. La diputación de nuestro partido ya está haciendo
esfuerzos para buscar consensar una iniciativa de ley de financiamiento rural.
Consideramos necesario que se aplique en toda su amplitud la Ley de
Desarrollo Rural y, por la vía de ella, se aplique la Ley de Capitalización del
Procampo.
Ante la falta de financiamiento y la reducción de la inversión
pública, el sector agropecuario ha crecido. Habría que abonarle este resultado a los
campesinos.
Si el Producto Interno Bruto agropecuario alcanza niveles
significativos de crecimiento y alberga a la mayoría de los pobres, ¿por qué no
dedicarle mayores recursos, por qué seguir castigando al sector agropecuario?
Señor Secretario, es necesario que el Gobierno esté a las
expectativas de los campesinos, ya que es un hecho que el campo no puede esperar más.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
Como es conocimiento de los señores diputados, el acuerdo
parlamentario que rige estas comparecencias prevé la intervención de diputados que
formularán preguntas con derecho de réplica. En ese sentido, vamos a iniciar la primera
ronda con la intervención del diputado Félix Castellanos Hernández del grupo
parlamentario del PT, hasta por tres minutos.
El
diputado Félix Castellanos Hernández:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros
legisladores; señor Secretario:
Tal como ya lo señalamos en nuestro posicionamiento, no vemos en el
informe que usted presenta a esta soberanía que la Sagarpa se encuentre realizando
acciones que vayan a revertir el deterioro en el que se encuentran los productores de
tierras ejidales, comunales y de la pequeña propiedad.
Junto a lo anterior se encuentra la enorme presión que significa
para ellos la apertura total del sector agropecuario para enero de 2003, como parte de los
acuerdos que suscribió nuestra nación en el marco del TLC.
El Partido del Trabajo cuestionó siempre la apertura indiscriminada
de la economía mexicana y alertó sobre los peligros que existían al abrir el sector
agropecuario a la competencia exterior en el contexto del atraso que viven los productores
del campo de nuestro país.
Conforme fue transcurriendo el tiempo, se fue imponiendo la idea de
que la apertura comercial del sector agropecuario en el marco del TLC, sin compensar las
asimetrías entre los costos de producción de México y los costos de producción de
Estados Unidos, llevarían a nuestros productores a la ruina.
El tiempo nos dio la razón. Los hechos son contundentes y no
admiten discusión. El TLC profundizó esas asimetrías en el campo. El atraso en que se
encontraba el sector agropecuario tarde que temprano se convertiría en una traba seria
para el crecimiento de la producción y de la productividad agrícola. El TLC simplemente
se encargó de poner las cosas en su lugar y de evidenciar la miopía de nuestras
autoridades.
Por otra parte, señor Secretario, a pesar de que los subsidios que
se otorgan en México a los productores agropecuarios son sumamente raquíticos, tenemos
todavía el agravante de que el 20% de los agricultores se lleva la mayor parte de esos
apoyos y un 80% no alcanzan los recursos destinados a la comercialización.
Incluso, conforme a cifras que
proporcionan los responsables del programa de apoyos a la comercialización, en el caso
del maíz los productores que más apoyos directos reciben del Gobierno Federal son los de
alto rendimiento, que se encuentran asentados en zonas de riego como Sinaloa.
En esas circunstancias, el grupo parlamentario del Partido del
Trabajo desea formular las siguientes preguntas, señor Secretario:
¿Qué programas adicionales tiene contemplado implementar la
Secretaría a su cargo para compensar la pérdida de competitividad que significará la
desgravación total del sector agropecuario para el próximo año, como parte de los
acuerdos dentro del TLC?
Asimismo, ¿cuál es el monto de recursos que se destinarán a los
productores de tierras ejidales, comunales y pequeños propietarios para evitar que se
consume su ruina, como parte del blindaje al sector agropecuario que tiene contemplado el
Gobierno Federal para compensar la política de incremento de subsidios al campo por parte
de Estados Unidos?
Por su atención y respuestas, señor Secretario, muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, diputado; y gracias por ceñirse con toda puntualidad al
tiempo previsto.
Tiene la palabra el secretario Usabiaga, para dar su respuesta,
hasta por cinco minutos.
El Secretario de la Sagarpa, Javier
Bernardo Usabiaga Arroyo:
En el campo de México sigue habiendo iniquidades. Estas iniquidades
cada día lastiman más a la sociedad rural. Por eso debemos de buscar las líneas de
acción para que las políticas públicas incidan en combatir firmemente todas aquellas
iniquidades.
Tenemos que cambiar la visión del subsidio, de un subsidio
asistencial a un subsidio productivo. Tenemos que ser más justos y más equitativos en el
reparto, dando más a los que menos tienen.
Y por eso tendremos que hacer una diferenciación muy atenta y muy
puntual del tipo de productor que tenemos en el medio rural para dar a cada uno de ellos
el tratamiento que requiere para superar sus márgenes de estabilidad y de calidad de vida
y que, al mismo tiempo, abramos para ellos las oportunidades que se merecen.
Los programas de competitividad se harán apegados a las ventajas
competitivas que tienen nuestros productores y tratando de cerrar la puerta a las ventajas
competitivas que enfrentan nuestros productores.
La materia será administrativa, legal y de recursos. No podemos
pensar en un programa de competitividad que no abarque el carácter legislativo, el
carácter administrativo y el carácter suplementario o supletorio de recursos.
El monto de recursos será definido a este honorable Congreso a
través de la Secretaría de Hacienda en la presentación del presupuesto.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Para hacer uso de su derecho de réplica, el diputado Félix
Castellanos, del grupo parlamentario del PT.
El diputado Félix Castellanos
Hernández:
Con el permiso de la Presidencia; señor Secretario:
Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, queda claro que
el Estado mexicano está dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias la política
de desmantelamiento del campo mexicano. No le interesa la suerte de más de 24 millones de
nuestros compatriotas que viven en el medio rural. Tiene claro que su objetivo fundamental
es que se imponga la política de impulsar el desarrollo de la economía mercantil
capitalista en el campo, que ha implicado, entre otras cosas, el desplazamiento masivo de
los hombres del campo hacia las grandes ciudades de nuestro país y de los Estados Unidos
de América.
Impulsar la producción de autoconsumo no forma parte de la
política agropecuaria de los regímenes neoliberales. La consigna es seguir las
recomendaciones de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial, así como el de las agencias internacionales vinculadas
a la producción agropecuaria en el sentido de dar prioridad al cultivo y a las formas de
producción en donde se utilizan semillas mejoradas, semillas transgénicas,
fertilizantes, insecticidas y créditos para el gran capital agroindustrial.
Los campesinos pobres de este país no forman parte de la política
agrícola de Fox.
La visión de este Gobierno es creer que sólo impulsando de forma
decidida la introducción y consolidación de las relaciones capitalistas en el campo, en
detrimento de la economía campesina, es como podemos llegar a ser una potencia agrícola
de primer mundo.
Se les olvida que los productores rurales tienen un arma muy
poderosa que han utilizado cada vez que las exigencias ante el reclamo de injusticia ha
llegado a su límite. Al Gobierno Federal se le está olvidando el potencial de
resistencia y de combatividad que tienen los hombres del campo cuando se trata de defender
sus tierras. La historia de nuestra nación es aleccionadora al respecto. Para muestra,
ahí está el caso de los campesinos de San Salvador Atenco, en el estado de México, sin
olvidar la resistencia de nuestros indígenas en Chiapas y en otras partes de la
República.
Nos queda claro que la visión del régimen de Fox y de la Sagarpa
es creer que nuestros campesinos no son capaces de superar por sí solos el atraso en que
viven y que la mejor manera de apoyarlos es impulsar su desaparición mediante la
aplicación de políticas que prioricen la expansión de los negocios del gran capital
agroindustrial y del transnacional.
Sin embargo, este Congreso tiene facultades legales y políticas
para modificar el rumbo de la economía nacional. Esta Cámara tiene facultades para
discutir y proponer el incremento de recursos públicos para destinarlos al campo. Así lo
vamos a hacer en su debido momento. Vamos a demostrarle a este Gobierno que sí existen
alternativas viables para refuncionalizar a la producción social en el campo y para
apoyar de forma decidida a los pequeños propietarios rurales de este país.
Le decimos, señor Secretario, que esta Cámara está cumpliendo con
su trabajo. Le pedimos, señor Secretario, que usted cumpla con el suyo.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Para preguntar, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, se ofrece la palabra al diputado Concepción Salazar González,
hasta por tres minutos.
El diputado Concepción Salazar
González:
Con el permiso de la Presidencia; señor Secretario; compañeras y
compañeros diputados:
La conservación de los recursos marinos se enmarca dentro de
diferentes compromisos contraídos por México, desde el Convenio sobre Biodiversidad, el
Mandato de Yakarta sobre Diversidad Biológica Marina y Costera, derivada de dicho
convenio la Comisión de Naciones Unidas sobre la Ley del Mar, la Agenda XXI, el Convenio
de Cartagena para la Protección y Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran
Caribe, el Código de Conducta para la Pesca Responsable, firmada en Cancún, entre otros.
La Norma 029, llamada "de pesca responsable y especies
afines", norma, lejos de promover, la pesca responsable. Pone en gran riesgo el
principio fundamental de la sustentabilidad, violando disposiciones internacionales y, al
mismo tiempo, pone en gran peligro de extinción a los tiburones. Esta norma pone en gran
peligro de extinción a los tiburones, además de poner en riesgo a las áreas naturales
protegidas establecidas por la Ley General de Equilibrio Ecológico, ya que incluye dichas
áreas, se permite el uso de palangres hasta de 12 mil metros. Pone en riesgo de
extinción al tiburón y viola la Ley General de Vida Silvestre, así como el Reglamento
de Areas Naturales Protegidas. Pone en peligro de riesgo de extinción al tiburón y,
además, permite la eliminación de vísceras y cabezas, con lo cual se pierde la
posibilidad de identificar a la especie. La medida, el alto riesgo es controlar los
volúmenes de captura.
Pone en riesgo de extinción al tiburón y, además, no regula la
utilización de carnada viva ni el encalado de anzuelo, lo cual pone en riesgo a picudos y
otras especies.
Asimismo, pone en riesgo a los sistemas lagunarios, poniendo su
productividad primaria.
Señor Secretario: es de mi conocimiento que usted es un prominente
empresario en el ramo de una actividad, pero también, de acuerdo a las arbitrariedades
que ha cometido en relación a la norma 029, pueda afirmar su desconocimiento total en
nuestros recursos pesqueros.
Ante esta disyuntiva, me gustaría preguntarle: la autorización de
la norma 029, ¿a qué intereses responde, cuando no protege ni al tiburón y mucho menos
a especies incidentales? ¿Cómo hará su Secretaría para respetar las áreas naturales
protegidas marinas, en especial la reserva de la biosfera del alto Golfo de California,
cuando ha levantado la veda de camarón y permite la entrada a la misma de barcos
arrastreros, con la consecuencia de explotación y devastación irracional de las especies
marinas, violando todas las disposiciones ambientales?
Por sus respuestas, gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Se ofrece el uso de la palabra para su respuesta al señor
secretario Usabiaga, hasta por cinco minutos.
El Secretario de la Sagarpa, Javier
Bernardo Usabiaga Arroyo:
Gracias.
La norma 029 es necesaria, como son necesarias todas las normas para
regular las actividades económicas. La pesca de tiburón se viene realizando solamente
bajo disposiciones administrativas establecidas en los permisos de pesca comercial.
Para la emisión de esta norma, en cumplimiento de la Ley de
Normatividad, se consultó con los sectores productivos, grupos académicos y de
investigación científica, además de haber sido la norma sometida a la consulta
pública. El procedimiento de publicación de la norma se agotó cabalmente, con estricto
apego a los derechos y disposiciones de la Ley Federal de Metrología e inclusive fue
aprobada por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Sin embargo, la inquietud de grupos del estado de Baja California y
grupos de esta legislatura llamaron la atención a la autoridad para revisar puntualmente
omisiones que se habían cometido en el ordenamiento de esta norma 029.
El pasado 23 de agosto, junto con el gobierno de Baja California, el
Instituto Nacional de la Pesca y con el acompañamiento de la Comisión de Pesca de la
Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, se efectuó un foro, donde la primera
conclusión fue que la norma es necesaria, pero que esta norma tiene que ser adecuada a
las necesidades que permitan el aseguramiento de la conservación de la especie y de la
buena administración del recurso pesquero.
Necesitamos, por lo tanto, rehacer la norma para que satisfaga todas
las necesidades. Pueden ustedes estar seguros que la participación de esta honorable
Cámara de Diputados será determinante. Invito a los señores diputados del Partido Verde
Ecologista a sumarse a ésa gran apertura que tiene la Comisión de Pesca de esta Cámara
para que todos sus planteamientos queden plasmados en la norma y que todas sus inquietudes
sean satisfechas.
Las áreas naturales protegidas son una riqueza de la nación. Sin
embargo, en ellas se desarrollan también actividades económicas de un grupo de mexicanos
que no pueden hacer o no saben hacer otra cosa y a este grupo de mexicanos que han
dedicado su vida a esa actividad no podemos cerrarle las puertas. El compromiso de la
autoridad es diseñar las tecnologías que no dañen el área protegida y que permitan una
pesca responsable y bien administrada. No podemos seguir excluyendo, protegiendo las
áreas de los habitantes de las mismas. Los habitantes de las mismas tienen el derecho que
les ha dado la nación, el derecho que les ha dado el tiempo de seguir desarrollando sus
actividades productivas.
No nos equivoquemos, señores diputados: las actividades económicas
y la conservación de los recursos naturales tienen que confluir con un mismo objetivo, la
conservación de los mismos y el retorno económico de los recursos naturales.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Para hacer uso de su derecho de réplica, el diputado Concepción
Salazar González, del grupo parlamentario del PVEM.
El diputado Concepción Salazar
González:
Con el permiso de la Presidencia; señor Secretario; compañeros:
Hablar de sustentabilidad lo dejamos al final; hablar de que vamos a
unir esfuerzos lo dejamos al final y nos confrontamos con otras secretarías. Señor
Secretario, usted ha tenido muchas contradicciones con otras secretarías, como la
Semarnat y como la misma de Turismo, que han dicho y han contradicho esta norma.
Y sabemos que, en lo que se refiere a la pesquería del tiburón,
específicamente se reconoce que no existe ninguna información biológica suficiente
acerca de las 40 especies que sustentan la pesquería en México, así como tampoco el
esfuerzo pesquero y equipos de pesca utilizados; que no existe información del tamaño y
composición de la pesca incidental con suficiente cobertura espacial y temporal.
Asimismo, en cuanto a las
características de los tiburones, se sabe que son depredadores, que ocupan el último
lugar de la cadena atrófica, que poseen una fecundidad muy baja, con madurez sexual
tardía y, por tanto, un crecimiento poblacional bajo, que constituye una especie
migratoria y transoceánica, altamente susceptible a los efectos de la pesca. Pero, sobre
todo, existe el desconocimiento de las dinámicas poblacionales que sustentan las tasas de
aprovechamiento.
No podemos tener o querer avanzar contradiciendo con lo que ya hemos
avanzado y retrocediéndolo.
Señor Secretario: la Norma Oficial Mexicana para regular la
pesquería del tiburón no es una norma que tienda a la conservación sino a la
depredación de nuestros recursos marinos. Es por esto que el grupo parlamentario del
Partido Verde sostiene y agradece esta invitación tardía a las consultas que va a hacer.
Sin embargo, le vamos a hacer llegar nuestros documentos, en los cuales el porqué pedimos
que ésta sea derogada y no tan sólo posponer su aplicación para el día 12 de
noviembre.
Señor Secretario: finalmente, ¿qué hará usted para responder
ante la ley, ante la sociedad y, sobre todo, señor Secretario, ante futuras generaciones?
El concepto de sustentabilidad no es el compartido por todos.
Asimismo, señor Secretario, el
decir que únicamente los científicos que aprueban esta norma son los científicos que
son los verdaderos estamos en una contradicción, puesto que también son científicos
aquellos que la están rechazando.
Señor Secretario: finalmente, le entrego a usted este ejemplar de
identificación de especies de tiburones, ejemplar publicado por su Secretaría y que
seguramente va a ser el único legado que dejará a estas generaciones, a sus propios
nietos, ya que, con su administración de recursos pesqueros y la norma sobre tiburones,
será la única forma en que sus nietos conocerán por qué en los mares mexicanos ya no
existen.
Gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Para formular su pregunta a nombre del grupo parlamentario del PRD,
se ofrece el uso de la palabra, hasta por tres minutos, al diputado Arturo Herviz Reyes.
El diputado Arturo Herviz Reyes:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros
diputados; señor Secretario:
Es importante reflexionar que el Gobierno de Vicente Fox Quesada
heredó el campo mexicano desvastado. La herencia de los gobiernos priístas, por más de
71 años en el poder, explican la miseria de los campesinos y el enriquecimiento de los
líderes de las organizaciones campesinas, o ¿acaso estos representantes viven como el
común de los trabajadores agrícolas?
Pero también es cierto que, a dos años de la administración
foxista, el Gobierno Federal que representa no ha tenido la capacidad de definir
claramente qué políticas públicas se aplicarían para iniciar la recuperación del
campo mexicano.
La situación del campo atraviesa por una profunda crisis por no
contar con una política agropecuaria encaminada a resolver los reclamos de los
productores de maíz, de frijol, de arroz, de sorgo, de trigo, de café, de piña, de
cacao, de cítricos, de caña de azúcar, por citar algunos. Dentro de estos sectores de
producción del campo mexicano, citaré el caso concreto de la crisis de los productores
de la caña de azúcar, situación que creíamos tendría resultados muy positivos con la
expropiación de los 27 ingenios por el Gobierno Federal.
Pero esta medida solamente resolvió el problema de las
preliquidaciones y de las liquidaciones. Los productores siguen sin crédito; no hay
crédito en el campo cañero ni suficiente ni
oportuno como dice el decreto. No hay financiamiento para la industria azucarera. El
Programa Nacional Azucarero se ha quedado ahí, en buenas intenciones.
Por eso, señor Secretario, me voy a permitir plantearle tres
preguntas, esperando tener respuestas a éstas:
Primero, a más de un año de haberse expropiado los 27 ingenios,
quisiéramos saber cuál es la situación financiera de esto, además de que nos informe
qué destino tuvieron los 12 mil 500 millones de pesos de la zafra 2000-2001. En este
mismo sentido, los dividendos, por 15 mil millones de pesos, de la zafra 2001-2002, ¿qué
destino han tenido estos recursos?
Segundo, ¿en qué etapa del proceso jurídico se encuentran los
juicios de amparo que interpusieron los ex propietarios? Porque se dice que el Gobierno no
compareció a los informes justificatorios.
Tercero, ¿qué compromiso tiene usted o el presidente Fox con
Enrique Molina Sobrino, porque ahora todos los administradores de este grupo Casel están
regresando a ser los gerentes de estos ingenios expropiados?
Por sus respuestas, muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
Se le ofrece el uso de la palabra al secretario Javier Usabiaga,
hasta por cinco minutos, para formular sus respuestas.
El Secretario de la Sagarpa, Javier
Bernardo Usabiaga Arroyo:
La política pública, la política nacional azucarera sigue en
marcha, el financiamiento al campo cañero por primera vez en nuestra historia es una
realidad.
Hemos fortalecido las políticas públicas primero que nada
mecanizando el campo cañero, la gran oportunidad de economías de costo que enfrenta el
campo cañero mexicano está básicamente en incrementar su productividad y abaratar sus
costos principalmente de cosecha.
Se han comprometido 28 asadoras y 30 cosechadoras para la Alianza
para el Campo para 10 estados cañeros, se ha iniciado un proceso de financiamiento a
través de giras que contemplan recursos por 741 millones de pesos, los cuales ya están
radicados 257 millones de pesos.
Se ha dado una nueva visión al financiamiento al campo cañero con
una corresponsabilidad de los productores, hoy día son los productores y no dependen de
los ingenios para la radicación de los recursos, el crédito de esta manera es
corresponsable, ya que los productores aportan garantías líquidas hasta por un 33%.
El Gobierno Federal se ha sumado en esta idea destinando recursos
fiscales para aportar hasta el 5% de las mismas garantías y de esta manera hacer llegar
al campo cañero los recursos de una manera responsable.
Para el esquema de siembras nuevas se ha autorizado ya la superficie
a reponer para este año y mediante Fira, Banco de México y la Banca Comercial, se
empezarán a ejercer los créditos. La modernización de los ingenios está en marcha,
pero sobre todo el ordenamiento de la industria azucarera nacional.
De los ingenios expropiados, perdón diputado, no son 15 mil
millones de pesos los ingresos de la zafra 2001-2002, fueron por 11 mil y piquito de
millones de pesos, de los cuales el 57% de esos recursos se fue directamente al pago de
los productores; el 13% se fue a la operación; el 5% se ha dedicado a gastos de
administración y el 14% a gastos de logística y comercialización.
Ni el señor Presidente de la República ni un servidor tenemos
compromiso con nadie más que él con México y un servidor, con el Presidente de México
y con el campo de México.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Para hacer uso de su derecho de réplica, tiene la palabra el
diputado Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.
El diputado Arturo Herviz Reyes:
Creo que se repite lo mismo con todos los secretarios: todo está
muy bien, hay financiamiento en el campo cañero. Hace tres meses en la evaluación del
Programa Nacional Azucarero en Jalapa, Veracruz, se prometió el crédito suficiente a los
cañeros.
Al día de hoy, no hay un solo centavo que esté llegando a los
productores de caña, hay la buena intención del señor Secretario, de hacer llegar los
recursos; no sabemos cuándo nos está diciendo que a través de Fira. Qué bueno, pero
esto es ya.
Por otro lado, hablamos de aumentar la productividad. Es necesario
para la globalización o la competitividad internacional, es necesario, es cierto,
tecnificar el campo y modernizar la fábrica pero si no están ni siquiera reparando los
ingenios en este momento, mucho menos se va a estar modernizando los ingenios; si no hay
recursos de crédito en el campo, cómo vamos a ser competitivos. Esto es grave, sin
embargo, lo están diciendo aquí.
Hay 741 millones de pesos, nos lo dijeron hace tres meses y va a
iniciar la zafra en el mes de noviembre y el crédito para avío a los cañeros, no les
llegó en esta zafra.
Siembras nuevas, esperamos que se den. Es cierto, hay que reponer
cepas pero se requiere el recurso y ése es el grave problema que tenemos en el campo
cañero.
Mencioné la relación de Enrique Molina Sobrino y la situación del
amparo que no nos contestaron porque los ex dueños están manejando que el Gobierno no
compareció a presentar los informes justificatorios, esto significa que los amparos se
pueden perder y el Grupo Santos, el Grupo Gam y el Grupo Machado podrían recuperar
ingenios y entonces el Gobierno tendría que indemnizarles más de 10 mil millones de
pesos a estos empresarios.
El único que no se amparó fue Enrique Molina Sobrino y entonces
estaríamos pensando que precisamente la expropiación fue para beneficiar a Enrique
Molina Sobrino, más ahora que los gerentes que tenía Enrique Molina Sobrino están
regresando a administrar estos ingenios.
Por eso, señor Secretario, es importante que analice la situación
de estos gerentes; por eso planteábamos y preguntábamos la relación que hay, el
compromiso que hay, porque deja mucho que decir la situación, que los que quebraron la
industria azucarera ahora vengan otra vez a administrar los ingenios del Gobierno para
hacer lo mismo.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Para plantear preguntas a nombre del grupo parlamentario de Acción
Nacional, se ofrece el uso de la palabra al diputado Sergio García Sepúlveda, hasta por
tres minutos. El grupo parlamentario del PAN cambió su ponente y será el diputado
Rodríguez López.
El diputado José Roque Rodríguez
López:
Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea, señor
Secretario:
Los legisladores de Acción Nacional asumimos el reto de la
globalización y por ello estamos conscientes de la necesidad de adecuarse al entorno
internacional caracterizado por una competencia voraz que contradice el paradigma de un
comercio sin barreras, pues en ningún otro sector se da tan profunda la desigualdad, como
es en el campo mexicano.
Señor Secretario: sabemos que estos minutos son insuficientes para
manifestar todas las inquietudes sobre el campo, sin embargo, en calidad de representante
popular es mi deber requerir de usted algunas precisiones en torno a la problemática por
la que atraviesan algunos productores frutícolas, los cuales se han visto afectados como
resultado de las excesivas importaciones de frutas que se realizan en nuestro país. Esta
situación afecta de manera importante la actividad de los productores nacionales, cuya
fuente principal de ingresos depende de la producción y comercialización de sus
productos.
En este sentido requerimos que nos informe sobre qué medidas
concretas se han implementado para defender nuestros productores y nuestros productos,
tanto exportable como de consumo interno, ante los subsidios que otros países aplican a
sus productores agropecuarios. ¿Qué medidas ha establecido la Secretaría a su cargo
para atenuar el impacto de esta situación desfavorable y promover alternativas de
desarrollo para este tipo de productores?
Por otra parte, los problemas de financiamiento y de incumplimiento
de pago a los productores cañeros condujeron a la industria nacional azucarera hacia un
punto crítico que hizo preciso la intervención del Gobierno Federal para llevar a cabo
la expropiación de 27 ingenios. Superando las dificultades inmediatas que plantean un
obligado esquema de reparación y fábrica, se logró en el balance final de la zafra
2001-2002 un resultado histórico de eficiencia en planta para los 27 ingenios
expropiados.
De 11.49 que arrojó como cifras oficiales una producción de 2
millones 299 mil 321 toneladas de azúcar, cabe destacar también que la cantidad de
azúcar producida en esta zafra por los ingenios expropiados, fue superior a la
producción de las dos últimas cifras, desde 1999 hasta 2002; sin embargo, el verdadero
problema del sector azucarero no se sitúa hoy día solamente en la fábrica, en el
ordenamiento del mercado y en la comercialización de los excedentes, sino del
envejecimiento en el que actualmente se encuentra el campo cañero.
En este sentido, ¿hasta cuándo, señor Secretario, tendremos que
esperar para contar con un sistema de financiamiento eficaz que permita a los productores
cañeros recibir créditos de manera oportuna?
Por sus respuestas, muchas gracias, señor Secretario.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el ciudadano Secretario, Javier Usabiaga Arroyo
para dar respuesta, hasta por cinco minutos.
El Secretario de la Sagarpa, Javier
Bernardo Usabiaga Arroyo:
Las políticas públicas tienen como planteamiento fundamental el
proteger a los productores nacionales. Para esto deberemos de emprender una serie de
medidas legislativas para modificar la Ley de Comercio Exterior, la de Metrología y la de
Normalización para responder más eficazmente a las prácticas desleales de comercio.
Debemos de emprender medidas administrativas para que la
coordinación entre las secretarías de Economía, Hacienda, Salud y Agricultura mejoren
sustancialmente el manejo de los cupos, la operación de las aduanas y la elaboración de
normas sanitarias.
Debemos de utilizar medidas presupuestales, amplitud y flexibilidad
y oportunidad en el presupuesto, será necesario, para atacar los problemas estructurales,
coyunturales para generar certidumbre a través de ejercicios de presupuestos
multianuales.
Estamos emprendiendo acciones sin esperar a que la planeación de
las acciones antes mencionadas permitan la libre concurrencia de nuestros productores y
acrecentar su competitividad. Y en casos concretos, hemos implementado cuotas
compensatorias a las importaciones de manzana hasta en un 45% a fin de proteger a los
productores nacionales de la caída de precios.
El financiamiento a cañeros se ha llevado a cabo de una manera
puntual. El ejercicio de crear fincas cañeras, ha sido y está a la disposición de los
productores, se han comprometido ya recursos por 285 millones de pesos donde se encuentran
ya radicados en diferentes ingenios, podría mencionar algunos de ellos.
Sin embargo, no creo que sea realmente el caso de hacer un debate.
La Secretaría de Agricultura está cumpliendo con sus compromisos, los productores tienen
que hacer su parte. Apelo a la representación social que tiene esta Cámara para que nos
mantengan informados de donde no están llegando los recursos a el campo cañero.
Aprovecharía este espacio para informar sobre la marcha que llevan
los amparos en contra del Gobierno Federal respecto a la expropiación de los ingenios
azucareros. Es una demanda de esta soberanía que pido disculpas por no haber atendido
puntualmente en la pregunta anterior.
El Gobierno de la República ha defendido el decreto expropiatorio
ante los tribunales de la mejor manera posible, pero será una decisión del Poder
Judicial de la Federación.
En base a la resolución se podrán definir situaciones y
determinaciones hacia el futuro de los ingenios, indemnizaciones, pagos a terceros
etcétera.
Quiero informar a esta soberanía que de los 16 juicios de amparo se
han resuelto 4 ya con sobreseimiento a favor de la Federación y quedan pendientes otros
recursos y resoluciones.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor Secretario.
Para hacer uso del derecho de réplica, a nombre del grupo
parlamentario de Acción Nacional, tiene la palabra el diputado Juan Carlos Sáinz Lozano,
hasta por tres minutos.
El diputado Juan Carlos Sáinz Lozano:
Con el permiso de la Presidencia; honorable asamblea; señor
Secretario Javier Usabiaga:
Los legisladores del Partido Parlamentario del PAN, no dudamos de la
transparencia y manejo de la Secretaría a su cargo, nos identificamos con el compromiso
expresado por el presidente Vicente Fox y así reiteramos nuestra intención de
incrementar la coparticipación entre de los poderes Legislativo y Ejecutivo en todo lo
concerniente al sector agropecuario.
Sabemos que la responsabilidad que implica al estar al frente de una
Secretaría que involucra a un sector de tantas aristas como el agropecuario, es una tarea
compleja.
Sin embargo, ello no es pretexto para tomar las medidas conducentes
que requieran cada uno de los siguientes subsectores.
Más aún si consideramos que el problema de la industria azucarera
no está en las unidades industriales, es decir, que bajo este esquema de expropiación de
los ingenios, resultaron ser eficientes, y eso es un hecho que no puede dejar de
mencionarse. Sin embargo, debemos de enfatizar y dejar claro, que el campo cañero está
envejeciendo y la inversión es escasa.
Entendemos, señor Secretario, que no es fácil tomar las medidas
adecuadas para estabilizar el esquema de los precios del sector, dada la situación
internacional. No obstante creemos que debe de continuar y perfeccionar, por parte de su
Secretaría, una acción perfectamente dirigida mitigar esta situación, mediante la
colaboración, el diálogo, con todos los factores de la industria azucarera, para
encontrar la solución más benéfica para todos.
En lo relativo al comercio exterior, resulta imprescindible contar
con una coordinación intersecretarial, siempre, siempre consultar al Consejo Nacional
Agropecuario para obtener los mejores resultados, para los hombres y mujeres que en el
campo esperan.
Lo que usted expresa, revela la complejidad de la actividad
azucarera, por lo que se hace necesario ampliar el panorama y cuestionar, ¿qué se hace
para llevar el financiamiento al sector agropecuario, pues la producción estará al nivel
de la inversión que se haya efectuado?
Sin embargo, señor Secretario, reiteramos la necesidad de concretar
reformas estructurales dentro del sector azucarero, que garanticen a corto plazo y a
mediano plano, no sólo la viabilidad de la industria sino también su crecimiento y
consolidación, ya que es necesario mantener un seguimiento en los avances alcanzados a
partir de este 24 de mayo pasado.
Por su amable atención, muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Para plantear pregunta a nombre del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, se ofrece el uso de la palabra al diputado Silverio López
Magallanes hasta por tres minutos.
El diputado Silverio López
Magallanes:
Diputada Presidenta; compañeros diputados; señor Secretario:
El campo mexicano se encuentra en estado de emergencia, dada la
total ausencia de una política de Estado. Los ganaderos hemos reclamado la mala
conducción del sector, y lo único que obtuvimos es la indiferencia del Ejecutivo
Federal, ya que en el informe omite los programas vertebrales para activar la economía, y
para muestra un botón: ¿qué pasó con los productores que en Chihuahua y Nuevo Laredo,
bloquearon los puntos de entrada al país de productos cárnicos?
¿No cree, señor Secretario, que a dos años de gobierno ya debe
ponerse de acuerdo con los secretarios de Economía, de Hacienda y de Salud? Es tiempo de
aplicar programas que protejan a los ganaderos de las importaciones desmesuradas, durante
su gestión no ha sido planteada una política de Estado que apoye a la ganadería, ¿por
qué, pregunto, no elaborar un programa a 30 años para estimular la producción de carne
bovino, porcino y leche, que nos dé seguridad en las inversiones y garantice la venta de
nuestros productos, sin competencias desleales, como lo que está viviendo el país, con
más de 165 mil toneladas importadas de leche de Uruguay, país con fiebre aftosa?
Las importaciones son necesarias para complementar la producción
nacional, no para desplazarla, pero éstas son desmedidas, ¿por qué no ordena una
investigación por subvención, discriminación de precios o salvaguarda? La Ley de
Comercio Exterior lo faculta, ¡hágalo señor Secretario!
¿Cuándo va a utilizar los instrumentos que le proporciona o que le
proporcionó esta legislatura en materia de puntos de inspección y verificación para
productos cárnicos de importación, por conducto de la Ley Federal de Sanidad Animal.
¿Qué es el blindaje agropecuario?, ¿considera el blindaje
agropecuario la revisión del TELECAN?, ¿considera el blindaje agropecuario precios
preferenciales en el diesel y en la luz eléctrica?, ¿considera el blindaje agropecuario
las tan mencionadas sociedades financieras de objeto limitado? Y por supuesto, ¿considera
el blindaje la comercialización y el ordenamiento de mercados?, que por cierto el
Presidente lo menciona y al igual que el blindaje sólo en papel lo conocemos.
La actividad pecuaria que aporta el 30% del Producto Interno Bruto
del sector agropecuario, recibe menos del 3% del gasto de esa Secretaría a su cargo.
Señor Secretario, está acabando con la ganadería nacional.
Termino, diputada Presidenta.
Y no se trata sólo de vacas, se trata de mexicanos, de empleos, de
la industria del calzado, del vestido y de la industria farmacéutica.
¿A quién va a culpar ahora el Ejecutivo Federal de la falta de una
política de apoyo al campo?
Le pido, señor Secretario, que no nos diga que para solucionar los
problemas del campo, es necesario que los ganaderos se conviertan en importadores.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Para dar su respuesta, tiene el uso de la palabra el Secretario
Javier Usabiaga hasta por cinco minutos.
El Secretario de la Sagarpa, Javier
Bernardo Usabiaga Arroyo:
Los instrumentos que da la ley para ordenar los mercados se han
ejercido con eficiencia y con transparencia.
Desde que yo tengo uso de razón en el sector agropecuario, nunca
había habido información a todos y a cada uno de los sectores involucrados en qué,
cómo, cuánto y por qué se asignan los cupos de importación; sin embargo, sigue
habiendo ineficiencias, ineficiencias que tendremos que corregir; ineficiencias que
tendremos que hacer para dar mayor transparencia, pero sobre todo mayor orden a los
mercados.
Los mercados están ordenados, prueba de ello es que no hemos
sufrido durante este año ningún problema de comercialización de los productos
agropecuarios. Las cosechas excedentarias del noreste del país que tradicionalmente
ponían en jaque a el Ejecutivo Federal, este año transcurrieron con orden, con
tranquilidad y con utilidades para los productores.
El blindaje contemplará, efectivamente, precios justos no precios
preferenciales; el productor mexicano no necesita precios justos, no necesita precios
justos, no precios preferenciales. Estos serán en energía, en granos y sobre todo en
incentivos a la capitalización y a la competitividad.
Las Sofoles están funcionando, tenemos ya junto con Banco de
México, las primeras diez solicitudes aprobadas y están a la disposición de esta
soberanía.
Seguiremos esforzándonos para que las herramientas que tenemos a
nuestras manos les demos transparencia y les demos eficacia para que el ordenamiento de
los mercados agrícolas llegue a beneficio de todos los productores.
No por esto vamos a subsanar muchas de las iniquidades, pero sí
daremos un principio que dé certidumbre al productor para planear hacia el futuro lo que
requiera hacer con su inversión.
Es tiempo de que demos horizonte a la actividad agropecuaria en
nuestro país; es tiempo que demos una visión de futuro a la actividad agropecuaria; es
tiempo que lo estamos haciendo y que estamos fundamentando los pilares para dar esa
certidumbre en el tiempo a los productores nacionales.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Para hacer uso del derecho de réplica a nombre del grupo
parlamentario del PRI, tiene la palabra el diputado César Horacio Duarte Jáquez.
El diputado César Horacio Duarte
Jáquez:
Señor Secretario:
Hay represión al movimiento campesino.
Armando Villarreal Marta, que usted conoce muy bien, es el primer
preso político del régimen y está confinado en el Cereso de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Usted se comprometió en Matamoros, Tamaulipas, a intervenir ante la Secretaría de
Gobernación y no hay respuesta. Nuestra lucha sigue. Hoy están tomados los puentes
internacionales de Ciudad Juárez, de Palomas y Ojinaga, Chihuahua, en protesta a la
represión que se ha impuesto a esta causa.
Usted sabe muy bien señor Secretario, que no sólo sabemos
manifestarnos; conoce nuestra iniciativa de Ley de Inducción de Energía al Campo, la Ley
20 de Noviembre, pretendemos resolver de fondo el costo de insumos de los energéticos, de
la electricidad y diesel principalmente. Este es nuestro delito, luchar por equilibrar
nuestros insumos, los costos de nuestros insumos con nuestros socios comerciales.
Los energéticos se han incrementado su costo en más de un 500%
mientras los productos agropecuarios siguen al mismo precio, en el mejor de los casos. Y
muchos otros valen mucho menos que hace más de 10 años. Hay irritación y desesperanza.
No hay resultados. El Tratado de Libre Comercio y el
Farm Bill son la guillotina que se asoma para todos los productores nacionales que hoy
pagan por trabajar.
Si bien corresponde a esta soberanía la aprobación de esta
iniciativa de ley, también es cierto y usted lo sabe, que requerimos de la voluntad del
gobierno y en especial del grupo parlamentario de su partido, del partido en el gobierno y
también de la respectiva publicación de la ley pues tenemos ya el antecedente del veto
presidencial precisamente en el tema agropecuario.
El cambio nadie lo para, reza la publicidad gubernamental en la cual
aparecen campesinos diciendo que ya están regresando los paisanos al campo mexicano. Si
esa percepción con la que se quiere impactar a los ojos y oídos al pueblo de México,
señor Secretario gobiernan un país que no conocen. Y es en todo sentido una falsa
realidad.
Señor Secretario, requerimos ser realistas. Necesitamos consensos y
voluntad de establecer o restablecer el diálogo. Exigimos la libertad de Armando
Villarreal Marta.
Construyamos con respeto y verdadera decisión los caminos para
cambiar la desastrosa realidad que hoy vive el campo mexicano. Usted tiene la palabra,
señor Secretario.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Pasamos a la segunda ronda de preguntas con derecho a réplica y se
han registrado en esta Mesa Directiva a nombre del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, la diputada Rosa Delia Cota Montaño; a nombre del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, la diputada Julieta Prieto Furken; a nombre del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Petra Santos Ortiz;
a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, diputado Sergio García Sepúlveda;
y a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada
Martha Ofelia Meza Escalante.
Tiene la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta la
diputada Rosa Delia Cota Montaño, del PT.
La diputada Rosa Delia Cota Montaño:
Con el permiso de la Presidencia; señor Secretario Usabiaga:
Para Baja California Sur, la pesca representa una actividad
económica de vital importancia. Pero sobre todo tiene un alto contenido social, ya que
para gran número de familias es su principal fuente de sustento.
Así reconocemos que para un uso responsable de los recursos
naturales se requiere el apropiamiento de los mismos y esto se logrará arraigando a los
usuarios a las zonas donde habitan y realizan sus actividades productivas. Esta es una
tarea pendiente por realizar para alcanzar una adecuada administración de los recursos
pesqueros.
En el caso de Baja California Sur, exigimos que para el otorgamiento
de permisos de pesca en los litorales estatales, se considere como requisito indispensable
que se trate de habitantes de las comunidades pesquero-ribereñas. No permitiremos que
sigan explotando nuestros mares supuestos pescadores que llevan a cabo esta actividad al
amparo de permisos de escritorio.
Además le recordamos que es necesario implementar una estrategia
integral para el ordenamiento pesquero estableciendo límites de esfuerzo pesquero por
región y pesquería para, cuando así se requiera, limitar la creación de cooperativas y
diseñar esquemas de fortalecimiento de las organizaciones ya existentes.
Señor Secretario: nos han informado pescadores del estado que desde
hace dos años solicitaron permisos para continuar con su actividad; sin embargo, la
Sagarpa no les ha respondido. ¿Podría informarnos por qué no ha enviado la respuesta,
al menos como una atención a la solicitud que cualquier ciudadano tiene derecho? Es
cuanto. Gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias.
Tiene la palabra, para formular su respuesta, el secretario Javier
Usabiaga, hasta por cinco minutos.
El Secretario de la Sagarpa, Javier
Bernardo Usabiaga Arroyo:
Pienso, señora diputada, que debemos de trabajar Ejecutivo y
Legislativo en esta nueva dinámica y reclamo de los pescadores de ribera.
Creo que hoy necesitamos juntos hacer las propuestas de
modificación a las leyes correspondientes para poder ser un poco más atentos a las
necesidades de todos aquellos que habitan a la orilla del mar y poder encontrar los
caminos de desarrollo para los mismos.
El sobreesfuerzo pesquero que tenemos en nuestro país es de todos
conocido, sobre todo en todas aquellas especies que tienen un mayor valor económico. Por
eso necesitamos crear alternativas, desarrollar alternativas en la maricultura y en la
acuacultura, de tal manera que vayamos guiando esos excedentes de población que tenemos
hoy y que son sabedores y conocedores de la actividad pesquera y de la biología marina a
actividades que le permitan un uso más racional de los recursos.
Tenemos que establecer estas alternativas en beneficio de todos los
pescadores. Estamos limitados por la carta nacional pesquera a emitir permisos de pesca de
todas aquellas especies que se encuentran ya sobreexplotadas o aquellas especies que
están limitadas por la misma Ley de Pesca o reservadas para determinados sectores.
Ante esto no hemos emitido esos permisos de los que usted me
platica. Pido una disculpa porque tiene usted mucha razón, un no también es respuesta y
es obligación de nosotros dar respuestas afirmativas o negativas con el sustento de la
ley.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias.
Para hacer uso de su derecho de réplica, tiene la palabra la
diputada Rosa Delia Cota Montaño, hasta por tres minutos.
La diputada Rosa Delia Cota Montaño:
Señor Secretario:
En muchas ocasiones los verdaderos pescadores han recibido como
respuesta, en el mejor de los casos, que se requiere de mayor tiempo para responder a su
petición. En otros casos la respuesta ha sido que no se permitirá el incremento al
esfuerzo pesquero, como lo está diciendo; sin embargo, en términos objetivos no se da el
caso ya que de cualquier forma se está pescando, pero al margen de la ley, como pescador
libre.
Por tanto, sólo se estaría solicitando su regularización.
Recuerde, señor Secretario, que de esta actividad dependen familias surcalifornianas y no
se trata únicamente de un fin comercial, sino de una forma de vida.
En ocasiones también los verdaderos pescadores, los que viven, su
sustento diario, de la pesca, tienen que salir a otras comunidades a ejercer algún otro
trabajo; sin embargo, hay pescadores de fuera que sí van a pescar precisamente a su zona.
Puede crearse un serio conflicto si no se determina rápidamente
esta actividad en cada una de estas comunidades.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, diputada.
Para formular una pregunta a nombre del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada
Julieta Prieto.
La diputada Julieta Prieto Fuhrken:
Con el permiso de la Presidencia; señor Secretario:
Al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos
preocupa enormemente que en el informe de actividades que usted envió a esta soberanía,
no hay ninguna referencia al importantísimo tema de la alimentación. Lo único que
logramos detectar fueron una serie de referencias a la inocuidad alimentaria y
regulaciones concernientes a los alimentos de origen agrícola, pecuario y acuícola.
Compartimos con la Sagarpa la imperiosa necesidad de contar con
alimentos que cumplan con la regulación sanitaria y que sean inocuos. De hecho estamos
convencidos de que por la salud de los consumidores deberíamos de reactivar y elevar el
uso de los rastros tipo inspección federal (TIF) que se hallan subutilizados; sin
embargo, nos preocupa que dentro de los programas, proyectos y servicios de la Sagarpa no
se le dé la importancia debida al rubro de la alimentación.
En su gestión no vemos que ninguna línea estratégica esté
orientada a informar a la población sobre el valor alimenticio o a incentivar el consumo
de hortalizas o productos marinos entre las clases populares, así como la capacitación
para la preparación de alimentos que reduzcan la desnutrición de menores de cinco años
y de mujeres embarazadas.
Mucha de la desnutrición crónica podría atenuarse con una labor
de organización social y la ayuda de promotores en nutrición en aquellas áreas donde
los estudios del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición han detectado los
grados más graves de este mal.
¿Qué programa prevé la Secretaría a su cargo para implementar
una estrategia alimenticia para el resto del sexenio?
Por su respuesta, gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, diputada.
Tiene la palabra para formular su respuesta el señor secretario
Javier Usabiaga Arroyo, hasta por cinco minutos.
El Secretario de la Sagarpa, Javier
Bernardo Usabiaga Arroyo:
El concepto de alimentación, como
responsabilidad de la Secretaría, es un concepto mucho más amplio, es el concepto de que
el productor vaya apropiándose de los procesos de transformación para hacer llegar a la
mesa de los mexicanos, alimentos sanos y nutritivos. En este concepto hemos venido
fortaleciendo primero que nada la inocuidad alimentaria, inocuidad alimentaria que es
imprescindible el día de hoy, no solamente porque así lo exijan los mercados
internacionales, sino porque es una demanda de salud pública en nuestro país y así
hemos impulsado, fomentado, incentivado inclusive a través de la transferencia de
recursos fiscales, la implementación de rastros tipo inspección federal, la
normalización de productos mexicanos a través de un sello de México Calidad Selecta,
donde se cumple no solamente con el aspecto normativo e inocuo, sino con un espectro de
duración, de conservación y de calidad de los alimentos.
La información del valor alimenticio está considerada y
conceptualizada en nuestra Ley de Información y Protección al Consumidor que en breve
mandaremos a esta soberanía y estamos impulsando fuertemente las normas para que estas
normas sirvan como regulatorias para impulsar la calidad de los productos, la
diferenciación de los mismos por el consumidor y que de esta manera logren los
productores no solamente un mayor valor agregado, sino el consumidor el valor nutricional
de sus productos. Tal es la propuesta de la leche... de la norma de la leche que hemos
venido impulsando y que se encuentra ya en operación y que está ahorita en
consideración de la cadena productiva la elaboración de la norma de leche cruda para dar
valor agregado a los productos. Hemos diseñado y hemos apoyado los institutos de
evaluación de calidad alimenticia a través de nuestro país. Tal es el caso como la
Comisión para la Normalización de la Leche o Copalec, en el estado de Jalisco.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Para hacer uso de su derecho de réplica tiene la palabra el
diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta
por tres minutos.
El diputado Diego Cobo Terrazas:
Buenas tardes.
Compañeras y compañeros diputados; señor Secretario:
Qué bueno que sale a relucir el tema del derecho a la información,
el derecho a la información que debe tener el consumidor y qué bueno que la Secretaría
a su cargo presentará propuestas a este respecto. Ojalá y en esas alternativas, señor
Secretario, se incluya el derecho de los consumidores a saber si consumen o no elementos
transgénicos en los diferentes alimentos que hoy podemos encontrar en el mercado. Porque
aquí hubo ya varias iniciativas de ciudadanos diputados que han sido detenidas por
sectores interesados en que los consumidores no conozcan el tipo de productos que estamos
adquiriendo en los centros de mercado.
Señor Secretario: a dos años de iniciada la actual administración
los saldos en Sagarpa son negativos, el cambio prometido no ha llegado al campo mexicano.
Los subsidios agrícolas de los países desarrollados aunados a la ausencia de políticas
nacionales, a la falta de recursos tecnológicos y a la desprotección de los recursos
naturales, están fulminando lo que queda de nuestro campo.
Por si fuera poco, la Sagarpa ha privilegiado a determinados
intereses dentro del sector: a los grandes productores, que siguen siendo los más
beneficiados. Es el caso de los pescadores de altura y la norma 029 que aquí se ha
mencionado, que tiene dedicatoria en perjuicio de los pescadores ribereños y deportivos,
cuyas áreas de influencia pretenden ser explotadas por los grandes productores. Ese es el
fondo de la norma 029 y no de una falsa discusión entre conservación y protección de la
economía; el fondo es un negocio de unos pocos en perjuicio de muchos.
Por otro lado, señor Secretario, seguimos importando maíz
transgénico sin control alguno y pese a que científicamente se ha demostrado la
contaminación de variedades de maíz nativo la autoridad no ha hecho nada para aplicar un
principio universal de protección ambiental, que es el principio precautorio.
En resumen, señor Secretario, fertilizantes químicos, plaguicidas,
transgénicos sin control sobre explotación del agua, expoliación pesquera, alimentos
contaminados y mal elaborados, pobreza y marginación, es el resumen del saldo hasta el
día de hoy en Sagarpa. ¿Hasta cuándo, señor Secretario, llegará el cambio prometido?
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
Para formular preguntas a nombre del grupo parlamentario del PRD,
tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Petra Santos Ortiz.
La diputada Petra Santos Ortiz:
Buenas tardes, compañeras y compañeros; con su permiso:
En el II Informe de Gobierno una vez más el presidente Vicente Fox
le mintió al pueblo de México y muy especialmente a los campesinos y productores
agropecuarios. Con gran sorpresa y sin poder creerlo escuchamos lo siguiente:
"avanzamos en el ordenamiento de los mercados agropecuarios, hemos dado un cambio
radical a la política de apoyos a la comercialización, con la entrega directa, sin
intermediarios, de los apoyos a los productores; ello ha permitido que reciban un mayor
ingreso. Nuestros agricultores se quedan ahora con 30 centavos de cada peso que paga el
consumidor por los productos del campo, en lugar de los 20 centavos que recibían antes de
esta administración".
Y si así fuera, la aseveración anterior ofende profundamente a los
productores, ya que hoy, ¡hoy!, se debaten todos los sectores rurales en la más severa
crisis que haya sufrido el campo mexicano. Hoy se preguntan ¿dónde estarán estos 30
centavos de cada peso que no se han visto en ningún lado, ni siquiera en el informe y
documentos oficiales? En su afán populista, Fox se lo sacó de la manga para tener algo
qué decir del campo.
Señor Secretario: con las cifras manejadas en el informe, se
demuestra que los intermediarios no han desaparecido en el campo, como lo planteó el
Presidente, ya que se apropian del 70% del valor del producto agropecuario. Infórmele
bien a su jefe, que no porque usted es Secretario del ramo ha dejado de ser intermediario.
Esta política del Gobierno que usted representa, ha generado
sistemas de cadenas productivas destruidas de producciones básica y de consumo industrial
a punto de extinguirse y ha generalizado una migración masiva rural, en consecuencia una
gran criminal miseria para las mayorías rurales. No sólo con las balas se mata, sino
también con las incapacidades gubernamentales.
Nos preocupa mucho lo del blindaje. ¿Qué es el blindaje? ¿A
cuánto asciende el monto del blindaje? ¿Por qué se niega sistemáticamente a renegociar
el Tratado de Libre Comercio en el sector agropecuario? ¿Por qué no protegen al campo
como lo hacen a quienes ustedes copian tanto, a los norteamericanos?
México ha dejado de ser un país con soberanía alimentaria,
gracias a las políticas destructivas que se le han aplicado al sector desde hace 20 años
y que sin recato han sido seguidas al pie de la letra por el Gobierno actual del
continuismo y profundización neoliberal.
¿Dónde está realmente el cambio para el campo y por qué tienen
un subejercicio que aquí queremos que nos lo diga?
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señora diputada.
Tiene la palabra el señor secretario Javier Usabiaga, para su
respuesta, hasta por cinco minutos.
El Secretario de la Sagarpa, Javier
Bernardo Usabiaga Arroyo:
Al principio de la actual administración uno de los principales
problemas que detectamos era la poca proporción que conseguía el productor de lo que
pagaba el consumidor. La Secretaría de Agricultura, a través del Sistema de Información
Agropecuaria y Pesquera, ha desarrollado una metodología para una mejor estimación de
los precios al productor y que sería demasiado amplia explicarla en esta tribuna, pero
que está a disposición de todos ustedes en la página de la Secretaría.
Podemos señalar que una buena administración de los mercados, el
acceso oportuno a la información de los mismos, ha venido trayendo como consecuencia, que
los precios de algunos productos se hayan venido modificando; podría yo dar algunos
ejemplos.
En el caso del frijol en Zacatecas, la primera visita que tuve yo de
productores inconformes, fue porque ellos estaban recibiendo dos pesos de un producto que
valía 11 pesos en el consumidor final. Ahí nos dimos a la tarea de ordenar los mercados
a través de una serie de estímulos fiscales, estímulos a capacidad de mercado, la
conformación de diferentes entidades que permitieran al productor retener al valor hasta
lograr que hoy día el productor reciba en ese caso hasta el 40%.
Igual podría enumerar en el caso del mango, donde en el 2000 el
productor apenas recibía un 11%. Toda esta información la publicamos mes a mes y está a
la disposición de esta soberanía para su información.
El ordenamiento de los mercados es una realidad, no podemos
engañarnos. Hoy día no encontramos importaciones al mismo tiempo que las cosechas
nacionales. Hoy día los cupos se dan en tiempo y en forma. En su estado, señora
diputada, hemos tenido la comercialización del ciclo otoño-invierno pasado en un orden
casi perfecto.
La transferencia de recursos a los productores es totalmente
transparente y se encuentran con nombre y apellido; hoy día podemos darle a ustedes los
nombres de los 256 mil productores que recibieron durante el ciclo otoño-invierno apoyos
a la comercialización.
Estamos haciendo un gran esfuerzo para eliminar los intermediarios,
no podemos eliminarlos de la noche a la mañana porque son factores indispensables en el
comercio, hay que eliminar los muchos eslabones de intermediación que existen y utilizar
únicamente aquellos que tengan la necesidad de existir para el buen funcionamiento de los
mercados.
Desconozco a qué subejercicio se refiera, nosotros vamos en tiempo
y en forma con la aplicación presupuestal de acuerdo con lo programado en un 95%.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor Secretario.
Para hacer uso de su derecho de réplica, tiene la palabra la
diputada Petra Santos Ortiz hasta por tres minutos.
La diputada Petra Santos Ortiz:
Es cierto que en tres minutos es muy difícil, pero mire, señor
Secretario, empiezo.
Usted ha hablado de la transparencia y combate a la corrupción y
quiero entregarle aquí con este sobre donde usted cuando era titular del desarrollo
agropecuario de Guanajuato, junto con los funcionarios estatales y que ahora también
siguen estando como funcionarios federales, le presento toda una gran corrupción,
presunta corrupción que me dan los agricultores de Guanajuato. Este dinero, nos dicen
ellos, que este dinero si no se ampara podría saberse si salen de los Amigos de Fox que
fue para la campaña.
Y con relación al conflicto de los pescadores que en el estado de
Sinaloa donde estuvimos y firmamos con usted, con el gobierno del estado y su servidora,
ahora su delegado allá, yo creo que se siente más fuerte que usted porque dice que no va
a hacer caso a los acuerdos que aquí se firmaron y esta situación es muy grave porque
esperamos que no suceda lo que el año pasado, que hubo cuatro muertos, esperamos que no
corra sangre en el mar porque de otra manera usted puede ser el responsable, ya que lo
hemos firmado por escrito.
Ahí se lo dejo para que se llame a su delegado o dígame si es más
fuerte que usted, pues para que me firme él y no venir con usted y perder el tiempo, como
lo hicimos en días pasados.
Y al momento en que dice usted de que no ha quedado nadie que no le
ha dado el apoyo de la comercialización, todavía me quedan 18 del 2000-2001 que no se
les ha dado el apoyo a la comercialización. También le dejo los nombres para que no me
diga como la vez anterior, que no era real.
Yo quiero decirle que antes de que le entreguen el agua a Estados
Unidos, esta Cámara debe tener decisión para eso, no es posible que se entregue el agua
a Estados Unidos y lo felicito, señor Usabiaga, porque el 15 tuvo usted un valor de
gritar: ¡Viva el campo mexicano! Cuando usted es el que le ha dado el tiro de gracia.
Lo reconozco como extraordinario productor de ajo, pero en el país
sólo ha sembrado enojo, encono, coraje y desesperanza; no lo siga cultivando así, el
campo, queremos cambio, queremos que realmente los programas le lleguen, si es cierto que
está todo ahí en las páginas, como dice usted oficiales, pero no está como debe de
darse, no hay un programa, no hay un rumbo real. Se sacaron también esto del blindaje, yo
pensaba que era lo de los carros ó no sé, pero del sector agropecuario no le veo rumbo y
pido la libertad del compañero Armando Villarreal Maza, que ya que por andar tomando las
aduanas él está en la cárcel y pido su libertad.
Gracias, compañeros panistas, no les afecta a ustedes; estoy
defendiendo al campo.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Tiene la palabra para plantear sus preguntas el diputado Sergio
García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por tres minutos.
El diputado Sergio García Sepúlveda:
Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea; señor
Secretario:
Apoyamos todos los programas que beneficien a los productores
agropecuarios, pero queremos trasmitirle lo que en nuestras giras por las diferentes
regiones del país nos reclaman los productores agropecuarios, me refiero específicamente
a los pequeños y medianos productores agrícolas y pecuarios que quieren mantener la
confianza en este Gobierno y muy particularmente en la Sagarpa.
A quienes trabajan en el desarrollo agropecuario del país, se les
han creado muchas expectativas sobre las operaciones de sus actividades, pero necesitan
más comunicación con usted, quieren acciones concretas que les devuelvan esperanzas de
vivir de y para el campo.
Por lo tanto, nos gustaría saber qué acercamientos y acuerdos se
han realizado entre la Sagarpa y asociaciones de pequeños productores pecuarios,
básicamente de bovinos, lecheros, porcicultores, avicultores y otros para servir de
interlocutor con otras dependencias, fortalecer el mercado interno y lograr acciones
concretas que aterricen en proyectos y propuestas para consolidarse ante una competencia
abierta que ya se está dando con productores de importación.
Y cómo se coordina la Sagarpa con la Secretaría de Economía y
cómo orienta a ésta para la defensa de los productores ante importaciones depredatorias
para la producción nacional y cómo inspecciona la Sagarpa esas importaciones
sanitariamente y ante el contrabando técnico.
Qué cambios institucionales puede implementar para que al interior de la Sagarpa las delegaciones estatales ya no rea-licen
trabajo político y respondan así al papel de interlocutor que reclaman los trabajadores
del campo, agrícola y pecuario, para recibir apoyos confiables e independientes a las
inclinaciones políticas.
Y en cuanto a pesca, los legisladores del grupo del PAN entendemos
que la norma 029 requiere adecuaciones, pero creemos que sin embargo es necesaria para
proteger el recurso y tiene muchas bondades que regulan la captura, la pesca y protege a
las playas de tortugas.
Por su respuesta, señor Secretario, muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Se ofrece el uso de la palabra al secretario Usabiaga Arroyo, hasta
por cinco minutos, para su respuesta.
El Secretario de la Sagarpa, Javier
Bernardo Usabiaga Arroyo:
Uno de los mayores retos que enfrenta la Secretaría es
definitivamente la organización de los pequeños productores.
Exigimos muchas veces a los pequeños productores proyectos cuando
ellos solamente tienen ideas; requerimos de ellos muchas acciones que no están
capacitados para hacerlas y en esta tarea es donde hemos querido hacer el verdadero
cambio, hay que capacitar y acompañar en los procesos productivos para que los
productores puedan cristalizar de una vez y para siempre sus proyectos de inversión, para
que vayan acompañados de una visión a largo plazo y que el día de mañana lo puedan
convertir en una visión de un proyecto de agronegocios.
La orientación y la coordinación entre la Secretaría de
Agricultura y la Secretaría de Economía es el quehacer diario de nosotros para enfrentar
las prácticas desleales de comercio, para emprender las acciones de defensa que debamos
de realizar juntos, para concretar las acciones en beneficio de los productores creando a
través de los mismos programas de la Secretaría de Economía, programas para pequeños
productores, sobre todo el erario, en la rama del sector de pequeños productores
lecheros, ahí enfrentamos un gran reto.
El pequeño productor debe de enfrentar no solamente el reto de la
competitividad, sino debe de enfrentar también el reto de que hoy día nuestros
consumidores exigen calidad y sanidad. Ahí es donde estamos enfocando las mayores
baterías.
Tenemos ejemplos ya de establos consolidados de pequeños
productores en el estado de Jalisco, donde los resultados en rentabilidad y en calidad del
producto terminado son sorprendentes.
Las delegaciones y los señores delegados no están para hacer
quehacer político, son servidores públicos al igual que el Secretario y como servidores
públicos nuestro compromiso está con todos los mexicanos.
No podemos atender preferencialmente a ningún partido político ni
a ninguna organización campesina; estamos aquí para servir a todos los hombres del campo
de México, a servirlos con nuestra mayor voluntad y con el mayor respeto, dándoles
siempre la oportunidad de que recobren su dignidad, de que esa dignidad que tanto ha
perdido el hombre del campo vuelva a nacer para que haga de ellos hombres libres que
tengan acceso a las oportunidades.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor Secretario.
Para hacer uso del derecho de réplica a nombre del grupo
parlamentario de Acción Nacional, tiene la palabra el diputado Juan Mandujano Ramírez,
hasta por tres minutos.
El diputado Juan Mandujano Ramírez:
Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea; secretario
Javier Usabiaga:
El compromiso que todos los legisladores asumimos con el campo
mexicano, se hace realidad al impulsar diversos cambios legales orientados a fortalecer la
capacidad de gestión de la Sagarpa. Prueba de ello son las aprobaciones de la Ley de
Desarrollo Rural y la Ley de Capitalización del Procampo, así como las reformas a la Ley
Federal de Sanidad Animal.
En los años sesenta se ha provocado una caída constante de esta
actividad económica. Aunado a lo anterior, en los últimos 11 años la participación de
este sector en el empleo total del país se ha contraido a niveles del 18%, cuando llegó
a representar poco más de una cuarta parte de eso, es el 26.8% a principios de la década
de los años noventa.
Históricamente observamos que los factores detonantes del
crecimiento en el sector agrícola han sido en superficie cosechado por un lado y los
aumentos en el rendimiento en la superficie por el otro. Es así que actualmente el único
medio que tenemos para hacer de éste un sector generador de bienestar es el aumento de la
productividad en todas las actividades vinculadas en el campo. Es por ello que el gran
reto es hacer redituable la actividad del sector agropecuario.
En este sentido requerimos saber: ¿qué medidas se están tomando
para atenuar la caída sistemática de los precios de granos básicos, como maíz, frijol,
sorgo, trigo etcétera? ¿Qué medidas son las que ha tomado la Sagarpa para inspeccionar
las importaciones de productos agropecuarios que no cubren los estándares de calidad
requeridos para el campo? ¿Cuál es la participación de la Sagarpa en la determinación
de los cupos y sobrecupos de las importaciones, las cuales han resultado cuestionables por
gran parte de los productores nacionales? Por lo que le exhortamos a que a la brevedad
posible nos sea proporcionada esta información por parte de la Secretaría que preside.
Por su atención, muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
Para plantear preguntas a nombre del grupo parlamentario del PRI, se
ofrece el uso de la palabra a la diputada Martha Ofelia Meza Escalante, hasta por tres
minutos.
La diputada Martha Ofelia Meza
Escalante:
Con su permiso señora Presidenta; señor Secretario:
Me ha correspondido el uso de la voz para expresarle los puntos
conyunturales que han frenado el crecimiento de la industria pesquera que requieren y
demandan los cientos de miles de mexicanos que viven de esta noble actividad económica.
Deseo que sea usted el conducto para informarle al presidente Fox,
que en México practican la pesca con registro o sin registro, el más de medio millón de
mexicanos que generan alimentos al país y que constituyen una economía que da empleo
indirecto a un número, aún mayor, lo que ofrece, una forma de vida a más de 1 millón
de familias mexicanas, que seguramente esperaban escuchar, cuando menos, un renglón sobre
pesca dentro del mensaje político en su II Informe de Gobierno.
En principio deseo expresar a usted la preocupación de los
diputados que integramos la Comisión de Pesca por el raquítico presupuesto que se asigna
por el Ejecutivo Federal a esta rama y que impide atender las necesidades básicas del
sector pesquero nacional, siendo que dentro del techo presupuestal asignado a la
Secretaría a su cargo, menos del 2% destinado a la pesca.
Quiero afirmarle categóricamente, que cuando menos debe usted dedicarle el 10% del presupuesto de la Sagarpa del próximo
año con un destino preciso y sin recortes a la actividad pesquera nacional, demostrando
con ello la congruencia de su actitud positiva hacia los pescadores mexicanos.
Por otro lado, inexplicable resulta que a más de 15 meses de
constituida la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, no se haya instalado en el país
una sola delegación regional que permita la descentralización de funciones y resuelva de
formal más justa y expedita los problemas del sector pesquero nacional.
Cómo devolverá, señor Secretario, los inmuebles, los recursos
materiales y humanos que perdió la extinta Secretaría de Pesca por la falta de
sensibilidad y capacidad de quienes intervinieron en los procesos de transferencia.
También vemos con preocupación, como año con año, miles de
mexicanos que viven en regiones rurales, marginadas y semimarginadas, emigran
principalmente a Estados Unidos y Canadá en busca de alternativas de trabajo para obtener
el sustento de sus familias, es lamentable que sus apreciaciones sobre el trabajo de la
Sagarpa en el campo y en la pesca, no demuestran congruencia, nuevamente los hechos son
distintos a sus palabras.
Nadie puede demostrar lo contrario en el campo y en la pesca, se
encuentran los ejemplos más contundentes de desigualdad social en México, ahí radica la
mayor pobreza, analfabetismo, la salubridad. ¡Cuidado! No sea demasiado tarde.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Ha concluido su tiempo diputada.
La diputada Martha Ofelia Meza
Escalante:
Permítame tantito, señora Presidenta, si es tan amable.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputada, termine a la brevedad.
La diputada Martha Ofelia Meza
Escalante:
Otro factor que frena las políticas de desarrollo al campo, se
refleja en el burocratismo y la falta de sensibilidad social de mucho de los
funcionarios...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputada, le ruego terminar y el texto que falta se lo incorporen a
la réplica.
La diputada Martha Ofelia Meza
Escalante:
Por lo que complica y orilla a los pescadores y a los productores a
tener que manifestarse. ¿Qué va a hacer, señor Secretario, para evitarlo?
Muchas gracias, por su respuesta.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Tiene la palabra el secretario Javier Usabiaga Arroyo, hasta por
cinco minutos para formular su respuesta.
El Secretario de la Sagarpa, Javier
Bernardo Usabiaga Arroyo:
Efectivamente coincido con la diputada, que la pesca requiere
diversificación, ordenamiento, adecuaciones presupuestales, ordenamiento de los mercados
pero sobre todo transparencia.
Es la pesca una de las actividades que se encuentra más
distorsionada por la falta de orden y de cumplimiento de la leyes, reglamentos y normas.
Totalmente de acuerdo con usted en reforzar los presupuestos, pero
estos presupuestos tendrán que ir enfocados a reordenar, a rehabilitar los sistemas
lagunarios mexicanos que se encuentran tan deteriorados.
A buscar nuevas alternativas, no podemos seguir manteniendo las
esperanzas a los productores, cuando el proceso biológico está prácticamente agotado en
muchas de las especies.
Necesitamos encontrar nuevas alternativas, nuevas alternativas que
lleven al orden a las posibilidades de crear oportunidades de desarrollo económico, que
den certidumbre a los pescadores, para que no estén expuestos a las inclemencias
biológicas y climatológicas.
Las delegaciones regionales se empezarán a instalar a partir del
próximo 1o. de octubre, pero hemos en cambio habilitado todas las delegaciones estatales,
cada estado de la República Mexicana tiene un subdelegado de pesca, que es el
representante del Secretario y que está atento a las necesidades de la pesca.
Coincido con usted, señora diputada, que las mayores de-sigualdades
se encuentran, en donde algunos casos existen las mayores riquezas, tal es el caso de
muchos de nuestros pescadores que capturan aquellas especies de alto valor comercial y que
se encuentran sumidos en la desigualdad económica y en el deterioro social.
Ahí es donde tenemos que caminar juntos a encontrar las verdaderas
respuestas, cómo vamos a atender las manifestaciones, vamos a atender a los productores,
para que éstos cuando se manifiesten, encuentren en nosotros una respuesta.
Una respuesta que daremos con voluntad y con empeño, una respuesta
que daremos, siempre, con la visión de resolver el problema en el largo plazo, resolver
el problema en el tiempo es nuestra misión, no resolver el problema coyuntural.
La crisis, para nosotros, no es mas que el punto de inflexión,
donde empieza el proceso de cambio.
Muchas gracias
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor Secretario.
Tiene la palabra para hacer uso de su derecho de réplica a nombre
del PRI el diputado Rubén García Farías, hasta por tres minutos.
El diputado Rubén García Farías:
Señora Presidenta; señores diputados:
La agricultura nacional, la ganadería, la pesca, la alimentación
del pueblo atraviesan por una severa crisis, para enfrentarla es necesario algo más que
criterios empresariales, se requiere en México una visión política que contemple muchos
aspectos, un apego a la verdad, sin manipulaciones ni maquillajes, sin propaganda, con un
acendrado patriotismo, con un concepto de solidaridad y respeto a la existencia de las
clases campesinas pobres, energía para domeñar a la fuerza del mercado y a sus
representantes, especuladores, acaparadores y coyotes, sean nacionales o extranjeros,
limitar las formas capitalistas más destructivas y depredatorias el agro mexicano, que
ahora mismo se preparan para dar a los campesinos de México el golpe de gracia, con el
pretexto de la globalización y la apertura, total e indiscriminada, de nuestras
fronteras.
La manipulación de las cifras y de la realidad, es práctica
constante de este Gobierno, así se advierte del bombardeo publicitario, que el pueblo de
México está sufriendo.
Se requiere un patriotismo que no va con lo obsecuente, como se
condujo usted, cuando surgió el problema del agua del río Bravo, en que se reveló
deseoso de cumplir con las exigencias del gobierno de Bush.
En el agro se están reproduciendo toda clase de especuladores e
intermediarios, pero ahora son brokers, son
los mismos coyotes pero en inglés; usted lo sabe, secretario Usabiaga, muy bien, así
maneja sus empresas. El Gobierno los debe de limitar aunque algunos como usted, sean el
mismo gobierno.
En cuanto a la propaganda del régimen, ¿sería mucho pedir que la
equilibraran con versiones televisivas en las que se han dado manifestaciones en contra de
sus políticas?, ¿las rechiflas de los congresos campesinos, las de los porcicultores
agraviados en Guadalajara, las tomas de oficinas públicas del sector etcétera? Pero no,
un gobierno mediático vive de la propaganda política.
Señor secretario Usabiaga, pregunto, ¿ante la inminencia de
nuestra total inserción en el mercado mundial, ante el acoso de productores más
avanzados y apoyados por sus gobiernos habrá veracidad?
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Concluya, señor diputado.
El diputado Rubén García Farías:
Nada más las preguntas, gracias.
¿Se abandonará la propaganda y la manipulación?, ¿habrá
patriotismo?, ¿se abandonarán los conceptos empresariales para dar paso a principios
políticos de desarrollo justo y equitativo?
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Concluya, señor diputado.
El diputado Rubén García Farías:
¿Se atreverá el Gobierno a ser rector y promotor del de-sarrollo
rural y no sólo comparsa de las fuerzas del mercado?
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Concluya, señor diputado.
El diputado Rubén García Farías:
¿Ya están listas las tarjetas, señores?
Gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Ha concluido la etapa de preguntas y réplicas y corresponde, según
el acuerdo suscrito por la junta, al señor Secretario tener una intervención general de
hasta por ocho minutos.
El Secretario de la Sagarpa, Javier
Bernardo Usabiaga Arroyo:
Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:
El diálogo entre pares que hemos tenido es de importancia capital
para el sector agropecuario.
Quiero destacar aquí un concepto que nos es común y que ha sido
expresado de diferentes maneras porque tendremos que tener diferencias en el qué, en el
cómo y en el cuándo hacer las cosas; pero todos coincidimos que en el campo y en la
pesca nacional hay desigualdades e iniquidad que debemos de corregir.
Paradójicamente ese es un principio básico de encuentro para que
con las ideas, propuestas, iniciativas y no con ataques e insolencias, resolvemos juntos
la problemática que vive la sociedad rural mexicana.
Apelo, sí, a una visión de Estado. A todos nos corresponde cumplir
nuestra responsabilidad para llegar juntos a la meta de contar con una sociedad rural que
tenga acceso a su pleno desarrollo. Los productores de manera individual, sus
asociaciones, sus representantes, los partidos políticos y los tres niveles de gobierno,
hemos realizado y seguiremos realizando importantes avances con la vista puesta siempre en
el progreso del campo.
Por ello, con toda certeza les digo que contamos con el andamiaje
necesario para construir un avance definitivo, sólido y permanente para con el Gobierno
Federal, las políticas públicas son instrumentos de estado para resolver las
problemáticas existentes.
Con este sentir han sido diseñadas las acciones de la Secretaría
de Agricultura, de frente a la sociedad porque así cumplimos su mandato. No hay
ocultamiento ni escamoteo de información; son acciones verificables, comprobables nada
más, pero tampoco nada menos.
Falta mucho por hacer pero vamos por el camino correcto. Ha habido
imprecisiones, ustedes las han registrado, nos han evidenciado donde hemos carecido de la
sensibilidad para resolver la problemática.
Hemos recogido y corregido todas sus indicaciones porque tenemos un
respeto muy grande por el quehacer político. La política para nosotros significa la
forma de construir en el diálogo permanente, en el espacio para construir a partir de las
diferencias y construir sólidamente a partir de las coincidencias buscando siempre un
objetivo común y un bien común. Las acciones que este gobierno ejerce en el sector
alimentario son perfectibles, ahí están y de ellas les hemos informado.
El sector agroalimentario ha registrado una vez más una tendencia
positiva al crecimiento económico y es éste no un hecho casual, como tampoco lo es el
ordenamiento de los mercados agropecuarios.
Tampoco es casual que el buen manejo de los cupos de información de
importación haya permitido ir con pasos seguros hacia la estabilización de los mercados
agrícolas y diferenciando los productos del mismo.
No es casual que el fortalecimiento de algunos productos sea más
adecuado debido a este mandato.
No es casualidad que haya la Secretaría emprendido acciones para
que en un futuro el crédito al campo sea una verdadera realidad. No es casualidad que el
productor primario reciba hoy mayor retorno de lo que el consumidor final paga por sus
productos.
Lo logrado ha sido posible
gracias al compromiso y al esfuerzo de los productores, al cambio de orientación de las
políticas públicas es el sector que va más allá de la eficiencia productiva, para
generar una visión de valor agregado, aprovechamiento del mercado, impulso a los
proyectos de desarrollo autosostenibles con efectos multiplicadores. Pero sobre todo con
una visión a largo plazo.
Todas las acciones del Gobierno del Presidente Fox para el campo han
sido concebidas con visión de campo y para el campo; con conciencia plena de que hay
tiempos de siembra y tiempos de cosecha; que la siembra y la cosecha podemos hacerlas
juntos.
Estamos convencidos que a través de la diversificación de las
actividades económicas del sector rural se podrá resolver parte del problema de las
desigualdades que permean en el campo mexicano.
Nuestros empeños están encaminados hacia la capacitación de los
habitantes de las zonas rurales para que dependan cada vez menos de los ingresos primarios
y fiscales y cada vez más de la diversidad que ofrece la economía rural.
Para concluir, les ruego a ustedes su generosidad de compartir con
ustedes una reflexión: para el campo y la pesca de México es necesario, imprescindible,
corregir las políticas públicas hacia un sector más dinámico.
El Estado mexicano tiene puesta su mirada y la dirige en conjunto
hacia el campo. Juntos debemos de lograr el de-sarrollo del campo, no sólo porque estamos
haciendo políticamente lo correcto, sino por algo mucho más categórico; porque son las
razones del campo y las razones de la tierra, las que han hecho posible la historia de
México.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor Secretario; compañeras legisladoras; compañeros
legisladores; señor Secretario:
La trascendencia que la Cámara de Diputados otorga al desarrollo
agropecuario del país, se hace evidente al haber acordado su comparecencia frente a este
pleno.
En la LVIII Legislatura el tema del sector agropecuario ha sido un
eje de las prioridades de los legisladores. Ya lo dijimos en otra oportunidad, la apertura
total de nuestra agricultura prevista para el próximo año como consecuencia de los
acuerdos contenidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, puede plantear
al sector agropecuario un conjunto de circunstancias que lleven a la actividad productiva
a una crisis muy severa.
Es opinión generalizada de la sociedad mexicana que el campo
mexicano debe disponer de los recursos y de los apoyos que permitan condiciones de equidad
ante una agricultura tan asimétrica con la nuestra, como es la de América del Norte. La
Cámara de Diputados estará atenta para que en el presupuesto público estas prioridades
se reflejen y esperamos la responsabilidad pertinente en los funcionarios públicos para
que sus propuestas correspondan a esta sensibilidad.
Aprecio su comparecencia ante este pleno y le ruego a las comisiones
designadas acompañen al señor secretario Usabiaga, cuando desee retirarse de este
recinto.
Muchas gracias, señor Secretario y se turnará copia de la versión
estenográfica a la Presidencia de la República, de conformidad como lo establece el
artículo 7o. numeral 5 de la Ley Orgánica.
ESTADO DE CHIAPAS
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con
proyecto de decreto por el que se convoca a una sesión solemne de la Cámara de Diputados
del Congreso General el día 24 de septiembre de 2002 para conmemorar el CLXXVIII
aniversario de la incorporación del estado de Chiapas a los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.
Dictamen con proyecto de decreto por el que se resuelve convocar a
una sesión solemne de la Cámara de Diputados del Congreso General para conmemorar el
CLXXVIII aniversario de la Federación del estado de Chiapas a los Estados Unidos
Mexicanos.
Ciudadano secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias fue
turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto para conmemorar
el CLXXVIII aniversario de la Federación del estado de Chiapas a la República Mexicana,
suscrita por el diputado Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, del grupo parlamentario del
PRI, a la que se agregan las firmas de 12 diputados federales del mismo grupo; dos del
PAN, así como senadores del PRI y del PRD por el estado de Chiapas y Veracruz.
Con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 71
último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 40 y
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
87, 88 y demás, relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos esta comisión somete a la consideración de los
integrantes de esta Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes
ANTECEDENTES
La iniciativa con proyecto de decreto propone, cómo artículo
único que: "se efectúe una sesión solemne del honorable Congreso de la Unión el
día 14 de septiembre del año 2002 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado
de Chiapas, para conmemorar el CLXXVIII aniversario de la Federación de Chiapas a la
República Mexicana".
La iniciativa se funda en lo dispuesto por el artículo 71 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En su exposición de motivos los autores de la iniciativa hacen un
breve comentario histórico sobre las diferentes posiciones que asumieron los habitantes
de la provincia de Chiapas, cuando se consumó la Independencia en México en 1821.
En principio, la población decidió adoptar el Tratado del Plan de
Iguala y el Tratado de Córdoba, por lo que reconocieron al imperio mexicano encabezado
por Agustín de Iturbide.
El 4 de junio de 1823, se instaló la Junta General de Gobierno de
la Provincia, después de años de lucha y de condiciones difíciles en el país; sin que
dicha Junta fuera reconocida por el Gobierno mexicano, el 31 de julio de ese año se
decretó la separación de Chiapas, declarándose libre e independiente de México.
El Gobierno de México disolvió la junta provisional gubernativa
creada a partir de la declaratoria de Independencia, ordenando efectuar elecciones para
diputados a fin de formar un Segundo Congreso Constituyente.
La imposición provocó alteraciones del orden, la sublevación de
la población, y se declaró en Comitán "El Plan de Chiapas Libre".
El 23 de enero de 1824, los ayuntamientos de Ciudad Real y Comitán
pidieron su incorporación a México; no ocurrió lo mismo con el ayuntamiento de Tuxtla,
que propuso la conveniencia de unirse a Guatemala.
Ante la actitud de los ayuntamientos, el Congreso del Estado hizo un
vehemente alegato argumentando ante los integrantes de los mismos la importancia de unirse
a una nación que pudiera solucionar los problemas económicos que enfrentaban las
provincias.
Simultáneamente, la importante región del Soconusco intentó
separarse del territorio nacional para formar parte de Guatemala.
Ante esa actitud, se decidió llevar a cabo una consulta pública
para determinar el destino de la provincia cuyos resultados fueron a favor de la
Federación de Chiapas a la República Mexicana.
El 14 de septiembre de 1824, fue proclamada definitivamente la
Federación de Chiapas a México.
CONSIDERACIONES
La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias considerando
que:
• Para bien de la Federación, la comunidad chiapaneca decidió
hace CLXXVIII años formar parte de la República Mexicana, tras de una consulta pública
realizada el día 14 de septiembre de 1824.
• Durante la celebración del CL aniversario de la anexión de
Chiapas a México, el 28 de diciembre de 1973, la XLIX Legislatura resolvió celebrar una
sesión solemne del honorable Congreso General, por considerarla una fecha importante para
la unión e integridad de la República.
• Atender la propuesta de cambiar la sede del Congreso General
a la capital del estado de Chiapas interrumpiría el periodo ordinario de sesiones y
ocasionaría gastos considerables, tanto por el traslado de legisladores y personal de
apoyo, como por la instalación de la Asamblea y la Mesa Directiva, por lo cual la
comisión concluye que lo procedente es realizar una sesión solemne de la Cámara de
Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal.
Como resultado de los razonamientos anteriormente expuestos, esta
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con fundamento en los artículos 77
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40 de la Ley
Orgánica del Congreso General; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General, somete a la consideración del pleno de Cámara de Diputados, el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se convoca a una sesión solemne de la Cámara de
Diputados del Congreso General el día 24 de septiembre de 2002 para conmemorar el
CLXXVIII aniversario de la incorporación del estado de Chiapas a los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo primero. Se
resuelve llevar a cabo una sesión solemne de la Cámara de Diputados el día 24 de
septiembre del año 2002, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito
Federal, para conmemorar el CLXXVIII aniversario de la Federación de Chiapas a los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo segundo. La
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados definirá el orden del día y el protocolo de la
sesión solemne referida en el artículo anterior y deberá invitar de manera oficial a
los integrantes de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política y de las
comisiones de Federalismo y Desarrollo Municipal; Gobernación y Puntos Constitucionales
de la Cámara de Senadores, al gobernador y a la Mesa Directiva del Congreso del estado de
Chiapas.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. Este decreto
entrará en vigor el día de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados.— México, DF, a
10 de septiembre del año 2002.— Diputados: Augusto
Gómez Villanueva, presidente; Manuel Medellín
Milán, Sergio R. Vaca Betancourt Bretón, Miguel Angel Martínez Cruz, Cristina Moctezuma
Lule, secretarios; Eduardo Andrade Sánchez;
Manuel Garza González; Gustavo Nabor Ojeda Delgado; Juan Manuel Martínez Nava; Rafael
Rodríguez Barrera; Jesús Alí de la Torre; Francisco Javier Chico Goerne Cobián, Luis
Villegas Montes, José de Jesús Hurtado Torres, José de Jesús López Sandoval, Ricardo
Francisco García Cervantes, Lorenso Rafael Hernández Estrada, Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta y Ricardo Moreno Bastida.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
En virtud de que el dictamen ha sido distribuido con toda
oportunidad, queda de primera lectura.
Continúe la Secretaría, por favor.
LEY DE ASCENSOS Y RECOMPENSAS
DEL
EJERCITO Y FUERZA AEREA NACIONALES
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Defensa Nacional.
Honorable Asamblea: a la
Comisión de Defensa Nacional le fue turnado para su estudio y dictamen, por la
Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la iniciativa de ley, por la
que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Ascensos y
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, presentada ante el pleno de la
Cámara de Diputados por el diputado Rufino Rodríguez Cabrera del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
La Comisión de Defensa Nacional, de conformidad con las facultades
que le confieren los artículos 39, 40 y 45 numeral 6 incisos e y f de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 60,
65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el presente
dictamen, de conformidad con los siguientes
ANTECEDENTES
I. Con fecha 24 de abril del
año 2002, mediante expediente con número 1857, índice “E”, Año Segundo,
Sección Cuarta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se turnó a la Comisión
de Defensa Nacional la iniciativa con proyecto de decreto que modifica la Ley de Ascensos
y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, mediante reformas y adiciones de
la misma ley, en sus artículos 2o., 18, 29, 30 fracción IV, 52 fracción II y V, así
como el artículo segundo transitorio del ordenamiento citado.
II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dispuso el turno de la iniciativa del ley
con proyecto de decreto a la Comisión de Defensa Nacional, para los efectos legislativos
correspondientes.
III. El grupo de trabajo responsable del análisis y estudio de la
presente iniciativa presentó ante el pleno de esta comisión un proyecto de dictamen para
su discusión y aprobación.
IV. La Comisión de Defensa Nacional en reunión plenaria y de
trabajo de fecha 15 de agosto del año 2002 y de conformidad con estos antecedentes
expresamos las siguientes
CONSIDERACIONES
1. La iniciativa con proyecto de decreto que modifica la Ley de
Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, busca reformar y
adicionar los artículos 2o., 18, 29, 30 fracción IV, 52 fracciones II y V, así como el
artículo segundo transitorio de la ley en mención.
2. La iniciativa plantea reformar el artículo 2o. de la Ley de
Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, cuyo texto actual y el de
la propuesta de referencia se incluyen para ilustrar el juicio de la Asamblea:
• Texto actual de la Ley de Ascensos y Recompensas del
Ejército y Fuerza Aérea Nacionales:
“Artículo 2o. Es
facultad del Presidente de la República, ascender a los generales, jefes y oficiales del
Ejército y Fuerza Aérea, con arreglo a las leyes.
Cuando se trate de oficiales, el Secretario de la Defensa Nacional,
con acuerdo del Presidente de la República, podrá autorizar los ascensos.”
• Texto que propone la iniciativa:
“Artículo 2o. Es
facultad del Presidente de la República ascender a los generales, a los coroneles y a los
tenientes coroneles con arreglo a las disposiciones legales aplicables.
El Secretario de la Defensa Nacional, con acuerdo del Presidente de
la República, podrá autorizar los ascensos de los mayores, capitanes primeros, capitanes
segundos, tenientes y subtenientes con arreglo a las propias leyes.”
Esta comisión considera que la actual ley vigente hace una
cuidadosa separación de competencias y facultades, al responsabilizar al Secretario de la
Defensa Nacional de los ascensos de los oficiales de subteniente a capitán primero y al
Presidente de la República, de los ascensos a jefes y generales del Ejército y Fuerza
Aérea Nacionales.
La iniciativa pretende dividir, sin razón alguna, la categoría de
jefes al proponer el ascenso de los mayores, a cargo del Secretario de la Defensa
Nacional, toda vez que es facultad del Presidente de la República.
De lo anterior, debe mencionarse que el ascenso a mayor no debe
sustraerse a esta consideración, ya que demeritaría la calidad del ascenso a dicha
jerarquía, debido a que la propuesta de la iniciativa en mención obligaría a que las
patentes de mayor dejaran de llevar el gran sello de la nación, y por tanto a que
perdieran su registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Esta comisión advierte que la propuesta de reforma a este artículo
2o. carece de motivación y fundamentación jurídica, si consideramos que en la propia
iniciativa se involucran otros ordenamientos legales.
3. La iniciativa del diputado Rufino Rodríguez Cabrera, propone
derogar el artículo 18 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aéreas
Nacionales. Al respecto, esta comisión considera que el citado artículo es
complementario de los artículos 15 y 17 de la mencionada ley y no debe derogarse por las
siguientes razones:
El personal de oficiales y jefes que se designen como ayudantes del
Presidente de la República, secretario, subsecretario y oficial mayor de la Secretaría
de la Defensa Nacional, de las jerarquías de tenientes, capitanes y mayores, como lo
señala el artículo 18 de la ley en vigor, son militares seleccionados y distinguidos por
su capacidad profesional, lealtad y discreción para desempeñar funciones de mando
castrense de alta responsabilidad en el Estado Mayor Presidencial y los pequeños
cuarteles generales existentes en la subsecretaría y oficialía mayor de la Secretaría
de la Defensa Nacional.
Los militares encuadrados en los estados mayores y en los cuarteles
generales de grandes unidades elementales y superiores son elementos de las mismas
características, con gran capacidad de trabajo que los hace aptos para desempeñarse en
los altos escalones de mando castrense y también para ejercer el mando directo de tropas.
En razón a lo anterior, el personal militar de referencia no debe
perder sus derechos para participar en los concursos de selección para efectos de
promoción, debiéndoseles computar el tiempo que duren en esa situación para los mismos
efectos que establece la fracción III de los mencionados artículos 15 y 17, siempre y
cuando, reúnan también, los demás requisitos señalados en dichos preceptos.
4. Las reformas planteadas en la propia iniciativa buscan modificar
y adicionar el artículo 29 de la ley en mención, que se relaciona con los ascensos del
Ejército y Fuerza Aérea nacionales. En vista de ello esta comisión expresa los
siguientes motivos que fundamentan la negativa de reforma a este artículo:
a) El párrafo primero del artículo 29 de la propuesta, adiciona en
este artículo los requisitos de tiempo de servicios, antigüedad en el grado, aptitud
profesional, “buena conducta militar o civil”, buena salud y capacidad física,
circunstancias que están contenidas en el artículo 7o. de la ley en vigor, con la
salvedad, de que ésta considera como requisitos indispensables la observancia de buena
conducta civil y militar y no únicamente atender a una de las dos como puede
interpretarse en el texto de la iniciativa.
b) En relación con la “Junta” que propone la iniciativa
para calificar los méritos de los aspirantes al ascenso, ésta resulta de más bajo nivel
comparada con “la Comisión de Evaluación de la Promoción Superior”, que desde
1989 juzga tales hechos y que es del más alto nivel en la cadena de mando. Está
integrada por el subsecretario de la Defensa Nacional como presidente e incluye como
vocales al oficial mayor, al inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea,
al comandante de la Fuerza Aérea mexicana y al jefe del Estado Mayor de la Secretaría de
la Defensa Nacional, así como el jefe de la Sección Primera, como secretario, quien
está directamente relacionado con la función específica relativa a los ascensos.
Es de hacer notar que los elementos citados en la “Junta”
de la propuesta, se consideran como auxiliares de la comisión vigente para la promoción
superior.
c) En lo que respecta a la fracción I del citado artículo 29, debe
mencionarse que actualmente el instructivo para la promoción superior establece cuatro
años de antigüedad en el grado como mínimo para ser considerado en los estudios y
análisis para los ascensos al grado inmediato superior, tanto para los jefes como para
los generales, aumentar a cinco años la antigüedad para los generales sólo lograría
envejecer sin motivo a los ascendidos. El personal de arma que ingresa al Heroico Colegio
Militar con 21 años de edad podría, en condiciones óptimas, alcanzar el grado de
general de división a los 59 años como mínimo, como se detalla a continuación por el
análisis del tiempo de servicios.
VER DOCUMENTO 2
El ingreso con 21 años de edad produce en el primer caso un general
de división de 59 años, en el mismo caso el procedimiento vigente produce un general de
división de 56 años de edad.
La práctica establece que rara vez se logran los ascensos en los
tiempos mínimos de antigüedad en el grado.
d) Al analizar la fracción II que se propone adicionar al artículo
29, relativa a que la acreditación profesional de los coroneles para efectos de ascenso
sea mediante la aprobación de la maestría en seguridad y defensa nacionales que se
imparte en el plantel correspondiente, esto sería improcedente, ya que lesionaría la
carrera de los militares en los grados superiores, debido a que existe una proporción
considerable de coroneles egresados de escuelas militares de formación y actualizados en
diferentes cursos que los mantienen aptos profesionalmente, quienes no podrían acceder al
Colegio de Defensa Nacional por no acreditar alguna licenciatura, requisito indispensable
para la admisión en dicho plantel o bien por razones de cupo debido a restricciones
presupuestales. Esto coartaría la carrera de dichos jefes que nunca alcanzarían la
jerarquía de general a pesar de su capacidad profesional y méritos personales.
e) En el párrafo tercero del citado artículo se acredita la
antigüedad y el ejercicio del mando en situaciones que no corresponden a esas jerarquías
ya que son propias de coroneles.
f) Por lo que se refiere a la fracción V del mismo artículo 29
relativo a que los nombramientos que acreditan los ascensos tendrán validez hasta que el
Senado de la República los ratifique, como lo establece la fracción II del artículo 76
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión dictaminadora
advierte que este mecanismo constitucional previsto también en la fracción VII del
artículo 78 como atribución de la Comisión Permanente, ha sido observado plenamente en
todos los nombramientos realizados por el Presidente de la República de conformidad con
la fracción IV del artículo 89 constitucional.
De aprobarse las modificaciones propuestas se afectaría al personal
ascendido cuya promoción seria incierta al no concederle validez inmediata al
nombramiento correspondiente. La ratificación por parte del Senado o la Comisión
Permanente por razones de su agenda legislativa podría producirse en el mediano o largo
plazo impidiendo al militar obtener oportunamente la patente del nuevo grado y ubicarse en
un lugar del escalafón, además pudiendo verse afectado para la participación oportuna
en la promoción siguiente que le correspondiera.
5. La iniciativa que se analiza, propone derogar la fracción IV del
artículo 30 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales,
que se refiere a la suspensión del ascenso a los militares que hayan estado sujetos a
proceso, en el que se haya retirado la acción penal dentro del último año de su
antigüedad. Al respecto, esta comisión señala que de acuerdo al Código de Justicia
Militar, es facultad discrecional del Secretario de la Defensa Nacional y del Procurador
General de Justicia Militar el retiro de la acción penal, lo cual implica un perdón
sobre la conducta de la que conocen los tribunales militares. Se trata de una persona que
está sujeta a un proceso donde la superioridad le concede una gracia. Por el hecho de
encontrarse sujeto a proceso, se entiende que existe una investigación judicial que debe
tener consecuencias para los militares, ya que, se le han suspendido la continuidad de sus
servicios y la acreditación de buena conducta civil y militar.
6. Plantea la iniciativa en mención, que deben derogarse las
fracciones II y V del artículo 52 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y
Fuerza Aérea Nacionales, relativos a la interrupción de los servicios para efectos de
cómputo, en la negativa de tener el derecho a la condecoración de Perseverancia en las
clases que corresponda.
Al respecto, debe mencionarse que la característica fundamental
para otorgar la condecoración de Perseverancia es premiar los servicios ininterrumpidos
en el activo, por lo que no es procedente la derogación de la fracción II que expresa
con claridad los casos en que éstos se interrumpen y llevan al militar a perder este
derecho.
Las fracciones II y V del artículo 52 de la Ley de Ascensos y
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales en vigor, no deben derogarse por las
razones siguientes:
La fracción II especifica con claridad los casos en que el militar
pierde el derecho para que se le otorguen condecoraciones de Perseverancia en las clases
que corresponda, por haber gozado de alguna licencia, ya sea ilimitada, que es la
separación del servicio activo o de licencia especial en cualquiera de sus tres formas: 1
el desempeño de cargos de elección popular, 2 comisiones nombradas por el Presidente de
la República ajenas al servicio militar y 3 actividades o empleos civiles en dependencias
en cualquiera de los niveles Federal, estatal o municipal y otras dependencias, cuando
estas actividades o empleos requieran la separación del militar del servicio de las
armas.
El artículo 52, en las fracciones mencionadas es determinante para
el cómputo de servicios para el otorgamiento de condecoraciones de Perseverancia, cuenta
habida de que las licencias en sí, interrumpen los servicios de los militares en el
activo, ya que se atiende al desempeño de actividades ajenas al servicio militar aún en
el caso de licencias especiales nombradas por el Presidente de la República para el
desempeño de comisiones ajenas al servicio, como lo establece la ley en vigor.
Ahora bien, por lo que se refiere a la fracción V del mismo
artículo 52, el cual establece que en un proceso en que se pronuncie sentencia que
declare extinguida la acción penal por prescripción o extinguida la pena por el mismo
motivo, es evidente que implica perder el derecho a la condecoración por Perseverancia,
siendo ésta una causal que la misma ley señala, además, de no poder acreditar buena
conducta civil y militar, requisitos indispensables que se consideran para el otorgamiento
de condecora- ciones.
Debe aclararse en todo caso, que no es una cuestión de justicia, ya
que, los requisitos para el otorgamiento de condecoraciones por perseverancia, nacen de la
propia naturaleza del servicio, por tanto se trata de un estímulo previsto y sancionado
en la propia ley. Al respecto, el artículo 35 de la Ley para la Comprobación, Ajuste y
Cómputo de Servicios en el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos; establece en sus
fracciones V, VI y VII las situaciones en las que se harán las deducciones en el tiempo
de servicios y antigüedad. Así por ejemplo:
a) La fracción V del artículo en mención establece que: “a
los que hayan estado sujetos a proceso, en el que dicte resolución de sobreseimiento, por
retiro de la acción penal, se les deducirá en el tiempo de sus servicios y antigüedad,
todo el de la duración del procedimiento”;
b) La fracción VI señala que: “a los que hayan estado sujetos
a proceso en el que pronuncie sentencia que declare extinguida la acción penal por
prescripción o extinguida la pena por el mismo motivo, se les deducirá en la antigüedad
y tiempo de servicios, en el primer caso, el tiempo marcado para la prescripción del
delito y en el segundo, todo el tiempo requerido para realizarse esa prescripción, más
el que transcurra en presentarse y”
c) Finalmente la fracción VII establece que: “el tiempo que
exceda de seis meses de licencia ordinaria concedida para asuntos particulares en cada
periodo de 10 años de servicios.”
7. El artículo segundo transitorio establece que los concursos de
selección de 1956 y 1957 se sujetarán a lo establecido a la ley anterior, únicamente
por lo que se refiere al tiempo de servicio en filas. No procede por tanto, la derogación
de esta norma, ya que este artículo señala con claridad que a partir de 1958 la ley se
ha aplicado como fue diseñada. En caso de derogar este artículo, se perdería el dato
fundamental que cubre el mismo.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Defensa Nacional
presenta a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente
DICTAMEN
Unico. En términos de
las consideraciones y conclusiones del presente dictamen, la iniciativa que reforma,
adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y
Fuerza Aérea Nacionales, se considera improcedente, en tal sentido, archívese el
expediente como un asunto total y definitivamente concluido.
Atentamente.
Diputados: Alfredo Ochoa
Toledo, presidente; José Alvaro Vallarta
Ceceña, Francisco de Jesús de Silva Ruiz, José Benjamín Muciño Pérez, Enrique
Herrera y Bruquetas, secretarios; José Alfredo
Botello Montes, Gustavo C. Jesús Buenrostro Díaz, Alfonso Guillermo Bravo y Mier, Manuel
B. Martínez Ramírez, Rodrigo David Mireles Pérez, Ulises Ramírez Núñez, Javier
Rodríguez Ferrusca, Mauricio Enrique Candiani Galaz, Néstor Villarreal Castro, Vicente
Pacheco Castañeda, Jaime Alcántara Silva, Oscar Alvarado Cook, Oscar Alfonso del Real
Muñoz, César Horacio Duarte Jáquez, Guillermo Díaz Gea, Manuel Garza González, Miguel
Ortiz Jonguitud, Laura Pavón Jaramillo, Carlos Rodolfo Soto Monzón, Marcelo García
Morales, José Antonio Hernández Fraguas, Félix Salgado Macedonio, Rufino Rodríguez
Cabrera, Julieta Prieto Fuhrken y Gustavo Riojas
Santana.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Está a discusión el punto resolutivo.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se
pregunta si se aprueba el punto resolutivo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta Beatriz Elena Paredes
Rangel:
Aprobado.
Archívese el expediente como
asunto totalmente concluido.
Pasamos al capítulo de proposiciones.
TARIFAS
ELECTRICAS
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo
parlamentario del PRD, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que el
Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo Federal para que derogue el decreto del 7 de
febrero de 2002.
El diputado Alfredo Hernández
Raigosa:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros
diputados:
El día 20 de marzo pasé a esta tribuna a presentar un punto de
acuerdo, en aquel momento para que se iniciara una controversia constitucional por la
eliminación del subsidio y el incremento en las tarifas en aquel momento.
Quiero señalar que ese día aquí se perdió la votación y no
pasó esta controversia. Anunciábamos ya en aquel momento que iba a haber problemas, hoy
los hay ya en todo el país, particularmente en el norte, en el centro, de toma de
carreteras, de bloqueos y de diferentes acciones para impedir que este decreto siga
afectando a millones y millones de familias mexicanas, sin embargo, no se hizo nada.
Nosotros aquí evidenciamos la votación y claramente identificamos
que no había consenso para esta circunstancia.
Desde ese tiempo hemos venido señalando que actualmente las tarifas
eléctricas son injustas, son arbitrarias. No puede pagar una familia mexicana que no
tiene recursos, una tarifa que se disparó por más allá del 184% y que impacta
severamente su dieta y que hoy jubilados, pensionados, amas de casa, pequeños
empresarios, madres solteras jóvenes, están en la disyuntiva ya de definir entre pagar
la luz o alimentarse.
Yo he expresado la necesidad de plantear este punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución en la tribuna y he sido tolerante en la medida que buscar un
acuerdo sería lo más óptimo. Sin embargo, quiero señalar que desde mi punto de vista
la propuesta que se hace no resuelve el problema de
fondo, porque el Ejecutivo si quería verdaderamente diferenciar el subsidio a los
sectores más desprotegidos de esta población, otorgárselos, debió haber planteado un
análisis exhaustivo de ¿cuál era la aplicación?, ¿cómo era la aplicación?, y
¿quiénes iban a ser los beneficiados?
Sin embargo, no se hizo y a rajatabla se aplicó un decreto que hoy
por hoy es verdaderamente dañino, lacerante y está provocando reacciones que en muchos
lugares son poco previsibles en virtud de la condición económica en la que estamos.
Esto nos ha llevado a una reflexión intensa, buscando vehículos,
vías, accesos para encontrar una solución a este problema, sin embargo, no lo hemos
encontrado. No hemos visto la sensibilidad del Ejecutivo para reconocer que esta tarifa
está dañando a los más pobres, a la clase media, pero también a un sector productivo
de la población que hoy se encuentra también en esta disyuntiva.
Aunado a esto hemos señalado
que tan sólo en la zona metropolitana, en la zona centro del país que atiende Compañía
de Luz y Fuerza del Centro, hay más de 1 millón 200 mil medidores que funcionan
inadecuadamente y que provocan disparos en el consumo eléctrico. Ya hemos detectado más
de 1 millón de personas, de usuarios de Luz y Fuerza del Centro, que no están pagando la
luz, en virtud de no tener dinero para poder solventar esta tarifa. No hablo de los de la
CFE porque ahí el número está creciendo indeterminadamente.
Por lo tanto la gente pobre nos dice en todas las colonias: "Yo
quiero pagar, pero quiero pagar lo justo. No puedo pagar donde no me alcanza para
pagarlo".
Y hoy estamos en el momento oportuno para poder corregir esta
circunstancia y me parece que la vía de que este Congreso se manifieste por la
derogación del decreto del 7 de febrero del año en curso, es la vía más idónea para
encontrar una solución a que el Ejecutivo entienda que puede provocar estallidos sociales
esta circunstancia.
Por lo tanto, compañeras y compañeros, en nuestra calidad de
representantes populares, yo los exhorto a que si queremos verdaderamente solventar este
problema, exhortemos al Ejecutivo a que derogue el decreto y entremos después de esto a
una revisión exhaustiva de cómo, a dónde, a quiénes se les debe de aplicar un
subsidio, pero también donde se corrija la irregularidad que priva en este sector tan
importante para la población.
Por lo tanto, propongo el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
De urgente y obvia resolución:
“Unico. Que la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo Federal para que
derogue el decreto del 7 de febrero del año en curso, con el que se cancelan los
subsidios a tarifas domésticas y se aumentan las tarifas del servicio público de
energía eléctrica hasta en un 185%. Insisto: las tarifas actualmente son injustas.”
«Propuesta de punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión proponga al Ejecutivo Federal, derogar el decreto presidencial del 7
de febrero de 2002, con el que se cancelan los subsidios a las tarifas domésticas y se
aumentan las tarifas del servicio público de energía eléctrica hasta un 185%.
Diputada federal Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Compañeras legisladoras y legisladores: el suscrito diputado
federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento que rige el trabajo parlamentario
de esta soberanía, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de
acuerdo como urgente y de obvia resolución, a fin de que el Ejecutivo Federal derogue el
decreto del 7 de febrero mediante el cual se cancelan los subsidios a las tarifas
domésticas y se aumentan las tarifas del servicio público de energía eléctrica hasta
en 185%.
Este punto lo sustento en los miles de reclamos que a diario hacen
millones de familias mexicanas, así como para proteger los intereses de millones de
consumidores de energía eléctrica, así como en las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera. La Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz
y Fuerza del Centro atienden en conjunto a más de 25 millones de clientes, de ellos 20
millones son atendidos por la CFE y más de 5 millones por LFC.
Segunda. De los 25 millones de clientes en el país, el 87.95% son
usuarios domésticos, el 10.32% corresponden al sector comercio, el 0.65% al sector
servicios, el 0.59% al sector industrial y el 0.49% al sector agrícola.
Tercera. El 7 de febrero del año en curso, se emitió un decreto
donde se elimina el subsidio y se incrementan las tarifas de energía eléctrica. La
publicación de este decreto violentó nuestro máximo ordenamiento, en diversos preceptos
constitucionales además de quebrantarse lo estipulado por el artículo 11 del Presupuesto
de Egresos de la Federación, pues esta soberanía no fue notificada en tiempo y forma de
los movimientos presupuestales hechos por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría
de Hacienda.
Cuarta. Para denunciar estas violaciones a nuestra Constitución, el
pasado 20 de marzo presente ante esta tribuna un punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, mediante el cual solicitaba se interpusiera controversia constitucional ante
la Suprema Corte de Justicia, sin embargo, no se alcanzó el consenso requerido de las dos
terceras partes.
Quinta. Es claro que cuando se publica el decreto del 7 de febrero,
los usuarios no tenían idea del grave problema al que se enfrentaban, sino después de la
aplicación de la tarifa por parte de la CFE y LFC incrementándose aún más el rechazo
cuando a miles de usuarios les llega su recibo de luz con un incremento criminal en
promedio de más del 100%.
Sexta. Además en el caso de las ciudades y estados donde se viven
climas extremos, el consumo de energía es mayor, debido al uso intensivo de energía por
el empleo de aparatos que refrescan o calientan el ambiente. El consumo promedio es de
alrededor de 1700 kilowatts, muy superior a lo establecido por el Gobierno para respetar
la aplicación de los subsidios a las tarifas domésticas.
Séptima. Para la población de estas ciudades el subsidio en el
consumo eléctrico de ninguna manera significa un acto paternalista, tal como lo considera
Vicente Fox; por el contrario es un derecho y un acto de justicia, debido a la necesidad
de subsistencia de su población ante las condiciones extremas de un clima poco benigno
para la vida humana.
Octava. Pero el problema no radica en el norte o en el sur de la
República Mexicana, está en todo lo largo y ancho del país, por esto, millones de
usuarios se han pronunciado por un total rechazo a los estratosféricos aumentos en las
tarifas de energía eléctrica; se han hecho marchas, cierres de calles y carreteras, se
realizan cotidianamente protestas públicas en varias partes de México con un solo
objetivo, solicitar dar marcha atrás al aumento de las tarifas eléctricas.
Novena. De hecho varios sectores de la sociedad denunciaron desde la
entrada en vigor del decreto del 7 de febrero, que el incremento y eliminación del
subsidio a las tarifas eléctricas causaba estragos en la economía de más del 80% de la
población y que se incrementaría la burbuja inflacionaria, hoy confirmada con la
declaración del gobernador del Banco de México.
Décima. Para muestra basta mencionar que con el incremento y la
eliminación del subsidio a las tarifas eléctricas, usuarios del sector eléctrico que
pagaban en promedio 179 pesos bimestrales, su pago se incrementó de la noche a la mañana
en un 81.34% o de familias que pagaban 249 pesos en promedio al bimestre hoy pagan 183%
más cara la luz.
Decimaprimera. Hoy basta salir a la calle para ser testigos de cómo
familias completas que viven en zonas populosas del país y que su ingreso no alcanza,
sino para medio sobrevivir se han visto en la necesidad de colgarse de la luz, pues los
funcionarios de Hacienda, de la CFE y Luz y Fuerza del Centro han colocado a millones de
mexicanos en la disyuntiva de comer o pagar la luz.
Decimosegunda. Esta coyuntura se ve agravada con el desplazamiento
mensual del 1% que sigue teniendo el precio de la electricidad, por tanto de no darse
marcha atrás al decreto del 7 de febrero, el Gobierno Federal estará orillando a que
millones de familias estén en la clandestinidad al preferir colgarse del servicio
eléctrico que dejar de comer.
Decimatercera. Además del incremento de las tarifas de energía
eléctrica, actualmente los usuarios están padeciendo las amenazas de corte o hasta de
cárcel que funcionarios de Luz y Fuerza del Centro hacen en contra de ellos, pues la
política de pagar la luz es irrestricta para los pobres, pero de exigir el pago a las
empresas millonarias que tienen enormes adeudos con Luz y Fuerza del Centro no se dice
nada.
Decimocuarta. Otro punto más es la infinidad de irregularidades en
el proceso comercial del cobro de la energía eléctrica; dichas irregularidades van desde
toma de lecturas erróneas; estimados de consumos de hasta 1000 Kw/h por encima del
consumo promedio entre otras más.
Decimoquinta. De hecho según un informe de LFC, se desprende que
alrededor de 1 millón de usuarios con contrato de servicio de suministro de energía
eléctrica con esta compañía tienen algún problema de los ya mencionados.
Decimosexta. Como diputado federal tengo la convicción de que esta
soberanía no entiende por modernizar la entrega del país y sus recursos estratégicos al
capital trasnacional ni entiende por ajuste de balanza de pagos, el dejar sin comer a
millones de mexicanos.
Decimoséptima. Por eso celebramos que el Senado de la República se
haya pronunciado a favor de la derogación del decreto del 7 de febrero y estamos
solicitando lo mismo de esta soberanía, ya que de lo contrario se corre el riesgo de que
exista un estallido social en el país.
Por estos motivos someto a la consideración de esta soberania el
siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorte al Ejecutivo Federal para que
derogue el decreto del 7 de febrero del año en curso, con el que se cancelan los
subsidios a tarifas domésticas y se aumentan las tarifas del servicio público de
energía eléctrica hasta un 185%.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 13 de agosto de 2002.— Diputado federal
por el XIX distrito electoral, Alfredo Hernández
Raigosa.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Como es del conocimiento de las compañeras y los compañeros
legisladores, los puntos de urgente y obvia resolución son planteados por la Junta de
Coordinación Política y se supone que hay acuerdo previo. En este caso no tenemos esta
indicación, por lo que vamos a desahogar el trámite, dado que de cualquier manera fue
planteado como de urgente y obvia resolución.
Le ruego a la Secretaría dar lectura al artículo 58 del
Reglamento.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Reglamento para el Gobierno Interior.
“Artículo 58. Las
proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la
Cámara, sin formar los que las suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los
trámites siguientes:
I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al
Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean
presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y
razones de su proposición o proyecto.
II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y
otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición y
III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a
discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a
quienes corresponda y en el segundo se tendrá por desechada.”
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
El siguiente artículo, el 59.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Reglamento para el Gobierno Interior.
Artículo 59. "En
los casos de urgencia u obvia resolución calificados por el voto de las dos terceras
partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de
alguno de sus miembros dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la
señalada y ponernos a discusión inmediatamente después de su...
La Presidenta Beatriz Elena Paredes
Rangel:
El primer párrafo del artículo 60.
El Secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Reglamento para el Gobierno Interior.
Artículo 60. Ninguna
proposición o proyecto podrá discutirse sin que primero pase a la comisión o comisiones
correspondientes y éstas hayan dictaminado. Sólo podrá dispensarse este requisito en
los asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara se calificaren de urgente o de obvia
resolución.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias.
Consulte la Secretaría si hay intervenciones respecto del tema de
urgente y obvia resolución.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si hay
intervenciones por parte de los diputados en este tema.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
No habiendo intervención, le ruego a la Secretaría consulte en
votación económica si es de considerarse de urgente y obvia resolución.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Por instrucciones de la Presidencia, de conformidad con lo que
establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se
considera de urgente resolución el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Dorador...
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Perdón, mayoría por la negativa. Le pido una disculpa, me
equivoqué, es mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Hernández Raigosa la voy a turnar a la Comisión de
Energía, pero le pregunto si quiere también a la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial.
El diputado Alfredo
Hernández Raigosa
(desde su curul):
No.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
No.
Túrnese a la Comisión de
Energía.
TARIFAS ELECTRICAS
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se concede el uso de la palabra al diputado Marco Dávila para
presentar una proposición relativa al tema de las tarifas.
El diputado Marco Antonio Dávila
Montesinos:
Con su permiso, diputada Presidenta; señoras y señores
legisladores:
La semana pasada en el Senado del a República el grupo
parlamentario del PRI planteó un acuerdo de urgente y obvia resolución que mereció la
aprobación de la mayoría de sus integrantes, en el sentido de plantear firmemente al
Ejecutivo la solicitud de que se restituyan los subsidios a las tarifas eléctricas
domésticas, para hacer frente a la parte final del verano y a los onerosos pagos de los
recibos que se están presentando en todo el país.
En este contexto y por enésima ocasión, hago uso de esta tribuna
para reiterar una vez más los argumentos que sobre este tema se han analizado desde todos
los ángulos.
Se ha establecido lo improcedente e inequitativo de los criterios
que tiene la CFE para la asignación de tarifas eléctricas. Se ha mencionado con
insistencia que la media aritmética no es la correcta, debe ser una ponderada por lo
injusto que resulta para los estados con climas húmedos y extremosos. Se ha dicho
también que la CFE no cuenta con los aparatos de medición de temperaturas y que depende
de la Conagua y del Sila, quienes reportan las temperaturas desde los lechos de los ríos
y las cortinas de las presas y se les ha demostrado también la diferencia abismal de las
temperaturas que se registran en las colonias populares y las que ellos toman de sus
aparatos de medición.
También se ha señalado que existen diferencias muy marcadas entre
los registros de las dependencias estatales y las federales y por eso la gente se pregunta
y nosotros nos preguntamos: ¿por qué hay criterios no tan amplios para la asignación y
tan elásticos para la medición de las temperaturas?
Un cuestionamiento más se refiere principalmente a que es
humanamente posible el tomar la lectura de 10 municipios de una región en el norte del
país, con distancias de más de 90 kilómetros a una población de cerca de 300 mil
habitantes con tan sólo 11 lecturistas.
Se ha señalado también que la cláusula 16 del Manual de Servicio
Público de la CFE le permite estimar las lecturas y las estima una vez cada seis meses,
porque eso le da la facultad.
Hemos citado también que en estados húmedos y de climas
extremosos, más que un lujo los ventiladores y el modesto aparato de aire acondicionado
son una apremiante necesidad para soportar las extremas temperaturas. Este tema ha sido
motivo de discusión en muchas ocasiones y son muy preocupantes las acciones de
inconformidad que en varias partes del país se están realizando.
La desesperación puede tomar cauces incontrolables, como ya se
puede observar en el norte del país, donde han pasado ya de la protesta pacífica a la
toma de oficinas y hoy incluso se ha iniciado bloqueo de carreteras y toma de puentes
internacionales en varios estados del norte del país.
Si el impacto de las tarifas ha sido alto entre la población
económicamente activa, imaginemos la situación de desesperación que viven los miles de
jubilados y pensionados que con sus raquíticas pensiones se ven imposibilitados de hacer
frente a estos nuevos embates del Gobierno.
Como se puede apreciar, antes del decreto del 7 de febrero, el 12 de
febrero en la comparecencia tanto del Secretario de Hacienda como del Secretario de
Energía y del Director de la Comisión Federal, se les ha insistido sobre el tema.
Desde la LVI Legislatura hemos luchado por cambiar las bases
técnicas que sirven de fundamento para la asignación de las tarifas. El esfuerzo ha
tenido resultados raquíticos y sólo hemos encontrado una actitud rígida de la
dependencia.
Los argumentos técnicos no han dado los resultados esperados, por
lo que también hemos hecho en reiteradas ocasiones señalamientos desde el punto de vista
humano. Hemos señalado la situación de desesperación en que viven muchos de nuestros
compatriotas que se ven en la necesidad de sacrificar la necesidad de su alimentación o
incluso la alimentación misma, para pagar los altos costos de la energía eléctrica.
Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía
el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se exhorta al
Poder Ejecutivo Federal, para que permita a la Comisión de Energía de esta Cámara de
Diputados, realice de inmediato, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y de
Energía, un análisis minucioso, con la finalidad de restituir el subsidio a las tarifas
domésticas de energía en aquellas zonas del país que se han visto más afectadas por el
decreto publicado el 7 de febrero de 2002.
Firman este punto de acuerdo diputados del PRI de los estados del
norte: Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y de
Querétaro, Tabasco, Chiapas, Veracruz, entre otros.
Es cuanto.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si
se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Por instrucciones de la Presidencia, de conformidad con lo que
establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se
considera de urgente resolución el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De urgente y obvia resolución.
¿Sí, diputado Candiani?
Activen el sonido en la curul en donde está el diputado Candiani.
El diputado Mauricio Enrique
Candiani Galaz
(desde su curul):
Señora Presidenta, quisiéramos
solicitarle una vez que hemos agotado el procedimiento que va a privar en este punto de
acuerdo, si puede usted ser tan amable para entrar a la discusión de leer exactamente, de
ordenar la lectura exactamente del punto de acuerdo que va a ser materia del debate.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Le ruego a la Secretaría dar lectura al punto de acuerdo tal y como
le entregaron el texto.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se exhorta al
Poder Ejecutivo Federal para que a través de sus ramos de Hacienda y Energía realice un
análisis minucioso con la finalidad de restituir el subsidio a las tarifas domésticas...
Corrijo, Presidenta, hay una corrección a mano:
Punto de acuerdo. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que a
través de sus ramos de Hacienda y Energía, en conjunto con la Comisión de Energía de
esta honorable Cámara, se realice un análisis minucioso con la finalidad de restituir el
subsidio a las tarifas domésticas de energía eléctrica, en aquellas zonas del país que
se han visto más afectadas por el decreto publicado el 7 de febrero de 2002.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Le ruego al proponente pueda dialogar con el grupo parlamentario del
PAN para verificar el tema. Diputado Marco Dávila ¿quiere usted hacer una corrección?
El diputado Marco Antonio
Dávila Montesinos
(desde su curul):
Sí, señora Presidenta:
Si, me permite quisiera hacer una corrección al punto de acuerdo.
Como estuvimos tratando de hacer un consenso entre las diferentes
fracciones parlamentarias que integramos esta honorable Cámara, hubo varios puntos de
acuerdo, al momento de leerlo yo omití únicamente un renglón que si usted me permite
pudiera corregirlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Por favor dé lectura íntegra al punto de acuerdo tal y como
estaría planteándolo, íntegra, no sólo al renglón que falta.
El diputado Marco Antonio
Dávila Montesinos
(desde su curul):
Muy bien.
"Punto de acuerdo. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para
que a través de sus ramos de Hacienda y Energía, en conjunto con la Comisión de
Energía de esta Cámara de Diputados, realice un análisis minucioso con la finalidad de
restituir el subsidio a las tarifas domésticas de energía eléctrica, en aquellas zonas
del país que por su naturaleza climática se han visto más afectadas por el decreto
publicado el 7 de febrero de 2002."
Así sería.
La Presidenta diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
Ese es el texto específico. Es claro que es de urgente y obvia
resolución.
Está a discusión el punto de acuerdo...
El diputado Marcos Pérez Esquer en pro. Tiene el uso de la palabra
el diputado.
El diputado Marcos Pérez Esquer.
Con su venia, diputada Presidenta; compañeras y compañeros
diputados:
Este tema de las tarifas eléctricas es y ha sido de enorme
preocupación para el grupo parlamentario del PAN. No debemos olvidar que fue Acción
Nacional quien pidió se rectificara la intención inicial del Gobierno de que fueran 10
mil millones de pesos los que se recortaran del subsidio a la energía eléctrica; con
esto evitamos se perjudicara a los que menos tienen.
Hoy, nuevamente Acción Nacional
ratifica su compromiso social en este complejo tema. Antes y después de la publicación
del decreto del 7 de febrero pasado, con toda responsabilidad el grupo parlamentario de
Acción Nacional ha atendido las inquietudes y escuchado las expresiones de muchos
ciudadanos que se nos han acercado. En Sonora, en Baja California, en Chihuahua, en
Coahuila, en todo el país el trabajo de análisis de Acción Nacional ha sido intenso.
En consecuencia, ni desconocemos
la realidad ni pretendemos ocultarla, vemos que el esquema actual de subsidios no puede
subsistir tal cual, pero sabemos también que el análisis de esta problemática no puede
hacerse de forma aislada; debe hacerse dentro de un contexto general replanteando no
solamente la distribución de los subsidios, sino la estructura de todo el sector
eléctrico mexicano; modernicémoslo.
Hay iniciativas en el Congreso de la Unión, que en su momento
llegarán a esta Cámara, en las que existe la coincidencia de otorgarle a la Comisión
Reguladora de Energía la facultad de decidir sobre las tarifas. Trabajemos en este
sentido. En manos del Congreso está la solución estructural que México exige, hagamos
nuestro trabajo todos los grupos parlamentarios a través de análisis responsables,
generosos, a conciencia, que no sólo resuelvan los problemas en el corto plazo, sino que
resuelvan de una vez por todas el origen de los mismos.
Recordemos que en los últimos siete años el subsidio se
incrementó drásticamente, llegando hasta los 50 mil millones de pesos, rebasando por
mucho lo destinado a programas de índole social como la salud, el combate a la pobreza,
Procampo, por señalar algunos. De ahí surgió la necesidad manifestada en su momento por
diferentes partidos políticos, de reestructurar el esquema de subsidios.
Respecto del decreto del 7 de febrero, es necesario sin duda
verificar si las medidas adoptadas concuerdan con los anuncios realizados por las
autoridades en su momento, sobre todo en dos aspectos fundamentales: el porcentaje de
usuarios afectados y el incremento promedio en sus recibos. Es necesario aclararlo y si
hubo errores, corregirlo.
En el PAN somos sensibles ante los numerosos movimientos y protestas
ciudadanas que como vamos por Sonora y otras, pugnan por tarifas eléctricas más justas;
sabemos de la carga que significa para muchas familias del país afrontar el pago de este
elemental servicio. Conocemos el problema y ofrecemos nuestro apoyo y nuestra solidaridad.
No desconocemos empero los indicios encontrados en muchos lugares
del país que señalan que, derivado de la modificación a las tarifas eléctricas,
algunos empleados de la Comisión Federal de Electricidad, de muy mala fe, están
cometiendo abusos distorsionando la facturación, lo que implica una forma de sabotaje de
parte de estos supuestos servidores públicos en contra del Ejecutivo Federal y con
intenciones claramente electorales.
La problemática es pues compleja y por lo pronto diríamos dos
cosas: primero, el grupo parlamentario del PAN se pronuncia en el sentido de exhortar al
Ejecutivo Federal para que previo el análisis correspondiente, se restituya el subsidio a
las tarifas domésticas de energía eléctrica en aquellas zonas del país que por sus
temperaturas extremas se han visto más afectadas por el decreto del l7 de febrero.
Y segundo, hacemos un atento llamado a todas las fuerzas políticas
representadas en esta Cámara para que esta Cámara de Diputados, a través de sus
comisiones correspondientes, se aboque de inmediato al análisis de la reforma al sector
eléctrico que implique la solución integral no sólo del problema de la distribución de
los subsidios, sino de la estructura de todo el sector eléctrico mexicano.
Muchas gracias.
Es cuanto.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
Se han registrado para hablar en pro, la diputada Lorena Beaurregard
de los Santos, por el grupo parlamentario del PRI y el diputado Jesús Garibay García,
por el grupo parlamentario del PRD.
Tiene la palabra la diputada Lorena Beaurregard.
La diputada Lorena Beaurregard de los
Santos:
Con su permiso, señora Presidenta:
Debo decirles que este punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución que se acaba de plantear quizá no sea lo óptimo. No es lo óptimo en el caso
del estado al que yo represento, en el caso del estado de Tabasco.
Debo confesarles que yo esperaba
más, sin embargo, es sumamente difícil construir acuerdos y lo que hemos construido
digamos que no es lo mejor, pero dadas las condiciones en este momento sobre un tema tan
importante para muchas entidades del país, es lo mejor que pudimos haber hecho, es lo
menos que espera la ciudadanía: la evaluación, el análisis del retiro de los subsidios
en materia de tarifa eléctrica.
Yo personalmente, lo aclaro, estaba porque la Cámara de Diputados
solicitara al Ejecutivo la derogación del decreto del 7 de noviembre, sin embargo, no se
pudo construir ese acuerdo. Yo esperaría que lo que hoy se ha planteado en esta tribuna
estrictamente en lo que respecta a la revisión de los subsidios por entidades
federativas, ya que muchas entidades tienen serios problemas con la aplicación de las
tarifas eléctricas. El estado de Tabasco es uno de ellos y seguramente en otras entidades
del país es una demanda muy sentida.
Insisto, yo convocaría al Ejecutivo a que este punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución no duerma el sueño de los justos, que por primera vez tomemos
esta demanda de los mexicanos que tanto nos ha dañado, que tanto nos ha lesionado y que
por primera vez seamos eficientes y que de una manera sumaria se hagan los estudios que
corresponde en este sentido, que no tengamos que esperar meses para que se resuelva la
restitución de los subsidios.
Creo que lo justo sería que se hiciera por entidad federativa.
Efectivamente, no pega a todos el retiro de los subsidios con la misma intensidad. Yo
hablo por mi estado, por Tabasco y por aquellos estados del país que se han visto
seriamente afectados por este retiro de subsidios.
Yo en relación a lo que plantea el PAN hace un momento, en cuanto a
la revisión de la reforma eléctrica, me parece que esto es harina de otro costal, me
parece que en este momento lo que tenemos que resolver, porque insisto, es una demanda, es
el hecho de que revisemos minuciosamente la aplicación, la restitución de los subsidios
en materia de tarifas eléctricas.
Ojalá que el Ejecutivo no ponga oídos sordos a este exhorto de la
Cámara de Diputados, como ya se ha hecho en otras ocasiones que la Cámara ha exhortado
al Ejecutivo a implementar una serie de medidas y uno de ellos sería lo del Escudo y
desafortunadamente no hubo una respuesta. Yo como legisladora espero que el Ejecutivo tome
nota de esto y haya una respuesta positiva.
A mis compañeros diputados de Acción Nacional, entiendo
perfectamente la posición que ustedes guardan, sin embargo también pido a ustedes que
entiendan cuál es la posición de los ciudadanos en el caso de Tabasco, que es una
demanda muy sentida que nos acosan.
Yo quisiera que resolviéramos esto en los mejores términos
posibles y que dejemos a un lado los intereses partidistas, que más que cuidar posiciones
de carácter político cuidemos el verdadero interés, el interés superior que nos tiene
en esta Cámara de Diputados, que es el interés de la ciudadanía, el interés de los
mexicanos.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señora diputada.
Tiene la palabra el diputado Jesús Garibay García, del grupo
parlamentario del PRD, en pro.
El diputado J. Jesús Garibay García:
Con su permiso, señora Presidenta:
Recuerdo que en el mes de mayo, en esta misma tribuna, les decía a
todos ustedes que en Uruapan, allá en mi distrito, la gente empezaría a tomar acciones
en contra del decreto del 7 de febrero.
¿Qué dice la gente? ¿Qué origen le da? Y se acaba de confirmar
ahorita, con el punto de acuerdo que propuso el compañero Hernández Raigosa. La gente
dice: "¡Ah, qué mis diputados! ¡Cómo no pasó el IVA en medicamentos y medicinas,
el Ejecutivo con el poder de su firma restituye, afecta y golpea a la Cámara y a la
población también! ¡Ah, qué mis diputados!"
Pero había que pasar a los hechos y la población lo ha hecho. Se
sorprenden, se sorprenden de que estén tomando carreteras, de que bloqueen puentes, pues
¡qué nos pasa! ¡Qué les pasa! ¡Pues qué esperaban!, ¿qué la gente permaneciera con
los brazos cruzados? Obviamente no lo iba a hacer.
Ahora se acuerdan que los pensionados, que los jubilados, que los
desempleados, que los que no tienen un ingreso están en situación difícil, ya no pueden
pagar la luz, ¿pues qué no lo sabían? ¿En qué país viven? ¿O qué no se acercan con
la población o ustedes creen que allá, donde están pagando la tarifa eléctrica, donde
han quitado los subsidios cuentan como en otras áreas, como aquí mismo, con energía
suficiente, con recursos suficientes? Yo espero que aquí sí estemos pagando la luz, no
como en otras dependencias del Ejecutivo Federal y en otras áreas donde pues tampoco la
pagan.
Yo esperaba que mis compañeros diputados, uno de ellos aquí, de
Apatzingán, del PAN, yo esperaba que te acordaras de tu tierra, que te acordaras que
allá también la gente está sufriendo. Señores, la medida que ahora toman es
insuficiente, la medida que ahora toman no resuelve el problema de fondo.
Nosotros vamos a seguir luchando para que se derogue ese decreto, no
hay la menor duda de ello, continuaremos, continuaremos en la lucha porque la historia
misma nos ha demostrado que sólo luchando es como hemos logrado salir adelante.
Yo aprovecho esta tribuna para exhortar a los señores diputados del
PAN y a los señores diputados del PRI para que recuerden que por eso la población a unos
les dio la espalda y a otros paulatinamente se las está dando.
Yo les quiero recordar que esta Cámara no necesita permiso del
Ejecutivo para tomar acuerdos y decisiones, recuerden eso, esas son inercias del pasado,
vamos a seguir luchando, vamos por la derogación de ese decreto, vamos con la gente,
nosotros no vamos a abandonar a la gente, a los michoacanos, a los de Guanajuato, a los de
Tabasco, a los de Baja California, a los habitantes de este país, les decimos que a pesar
de la prisa que tienen para que termine, habremos de ir por ese decreto. Yo creo que con
el apoyo de la población lo vamos a lograr.
Compañero, regresa a Apatzingán, explícale a tu gente del PAN que
pasó.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado ha concluido su tiempo.
Es de urgente y obvia
resolución, comuníquese a los involucrados en el punto de acuerdo.
El siguiente punto del orden del día es la presentación de una
proposición del diputado Salvador López Brito del grupo parlamentario…
El diputado Martí Batres Guadarrama
(desde su curul):
¿No se va a votar?
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Correcto diputado Martí, es correcto, le ruego a la Secretaría en
votación económica… si, activen el sonido en la curul del diputado Martí Batres.
El diputado Martí Batres
Guadarrama
(desde su curul):
Diputada, efectivamente quería comentarle dos cosas, una de ellas
es que debe de votarse, quiero solamente comentar que el PRD votará a favor, aunque
consideramos que es un punto insuficiente, es una parte de lo que hay que resolver,
nuestro voto será a favor de este punto.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Así queda registrado en el Diario de los Debates.
Consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse
el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se
pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el punto de acuerdo.
Comuníquese.
TARIFAS ELECTRICAS
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Salvador López Brito del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de
acuerdo, en relación a la tarifa 1F.
El diputado Francisco Salvador López
Brito:
Con su permiso señora Presidenta; compañeros diputados:
Los suscritos diputados del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos el siguiente punto de acuerdo, para
solicitarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aplique la tarifa 1F para el
suministro y venta de energía eléctrica en aquellas regiones, que registren la
temperatura media-mínima en verano requerida, tomando en consideración índices de calor
y de humedad, determinados por la bioclimatología bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
La normatividad vigente en materia de pagos de tarifas de energía
eléctrica en la República Mexicana, de acuerdo a los artículos 1o., 2o., 3o. y 4o. del
acuerdo que autoriza el ajuste, suministro y venta de energía eléctrica y reduce el
subsidio a las tarifas domésticas, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 6 de febrero del 2002, mantiene tarifas diferenciales en
los servicios de uso doméstico, aplicables por región y localidad del país, de acuerdo
al consumo medio de cada consumidor en los últimos seis bimestres.
Dentro de cada tarifa se distinguen entre consumo básico,
intermedio y excedente, con diferentes rangos.
Las zonas que reciben mayores subsidios, son aquellas cuya
temperatura media-mínima en verano oscila entre los 25 y 33 grados centígrados. Para
saber qué tarifa corresponde a cada localidad, se observa la temperatura media-mínima
mensual en verano de acuerdo a la tabla que se anexa.
La investigación climatológica moderna, especialmente la
bioclimatología, es la que pretende hacer un uso adecuado y efectivo de la información
disponible, con el objetivo de encontrar soluciones prácticas a los problemas sociales,
económicos y ambientales que impactan al ser humano, las cuales son generadas por las
fluctuaciones climatológicas.
En los últimos años ha sido de especial interés en el mundo
entero el estudio del mejoramiento de los índices y registros, que miden la incomidad
humana ante los efectos del clima, tomando en cuenta no sólo los parámetros de calor, es
decir, temperaturas sobre el individuo, sino los relativos a la humedad y por supuesto la
combinación de ambos factores.
Los nombres que han sido asignados a estas variables se conocen
convencionalmente como "índices de calor", "temperatura aparente" o
"temperatura-humedad". Estos índices fueron calculados para determinar
sensaciones de incomodidad y comúnmente se les conoce como "índices de
stidman". Este índice se basa en los efectos que tienen el calor y la humedad sobre
la fisiología de los humanos.
En las conclusiones de estudios realizados se encontró que la
temperatura saturada del aire o humedad relativa, tenía una relación directa con los
requerimientos energéticos para los sistemas de enfriamiento de aire acondicionado y
ventilación.
La población que habita las costas, experimentan durante la mayor
parte de los meses de verano, temperaturas muy altas acompañadas de un elevado porcentaje
de humedad relativa en el aire, como ya lo ha investigado la Universidad Autónoma de
Sinaloa.
Debido a que los efectos de la temperatura y la humedad atmosférica
sobre los hombres son inseparables, en los paí-ses industrializados se utilizan los
índices desarrollados por "stidman" para evaluar y prevenir el impacto que
estos dos parámetros tiene sobre el confort, la salud y las actividades humanas.
Los efectos físicos de las altas temperaturas y humedad van desde
la fatiga por actividad física, agotamiento, contracciones musculares hasta la
hipertermia, insolación, dese-quilibrios hidroelectrolíticos y la muerte. Se ha mostrado
que la gente se torna incluso más irritable y disminuye la capacidad para realizar
eficientemente tanto tareas físicas como mentales.
Compañeros diputados: los argumentos y evidencias con los que se
cuenta, son muchos y suficientes para solicitar su anuencia, a fin de que juntos
solicitemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la aplicación de la Tarifa
1F para el suministro y venta de energía eléctrica en aquellas regiones que registren la
temperatura media mínima en verano requerida, tomando en consideración índices de calor
y humedad determinados por la bioclimatología.
Esto sin duda, revertirá, al menos en alguna medida, los efectos
adversos que se ha provocado en los habitantes de varios estados de la República, algunos
de ellos ancestralmente pobres por la aplicación de las tarifas fundamentadas en estudios
climatológicos de muy poca objetividad e improcedente certeza científica. Concluyo.
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Solicitamos a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aplique la Tarifa 1F para el suministro y
venta de energía eléctrica en aquellas regiones que registren la temperatura media
mínima en verano requerida, tomando en consideración índices de calor y humedad
determinados por la bioclimatología tomando en cuenta la tabla que se anexa.
VER DOCUMENTO 1
Solicito, señora Presidenta, su turno de este punto de acuerdo a
las comisiones de Energía y Hacienda de esta Cámara.
Muchas gracias.
«Punto de acuerdo para solicitarle a la Secretaría de Hacienda Y
Crédito Público, aplique la tarifa 1F para el suministro y venta de Energía Eléctrica,
en aquellas regiones que registren la temperatura media mínima en verano requerida,
tomando en consideración índices de calor y humedad determinados por la
bioclimatología.
Ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
de la LVIII Legislatura.
Compañeros diputados: los suscritos, diputados del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos el
siguiente punto de acuerdo para solicitarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, aplique la tarifa 1F para el suministro y venta de energía eléctrica, en
aquellas regiones que registren la temperatura media mínima en verano requerida, tomando
en consideración índices de calor y humedad determinados por la bioclimatología, bajo
las siguientes
CONSIDERACIONES
La normatividad vigente en materia de pagos de tarifas de energía
eléctrica en la República Mexicana, de acuerdo a los artículos 1o., 2o., 3o. y 4o. del
acuerdo que autoriza el ajuste, suministro y venta de energía eléctrica y reduce el
subsidio a las tarifas domésticas, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 6 de febrero de 2002, mantiene tarifas diferenciales en
los servicios de uso doméstico, aplicables por región y localidad del país, de acuerdo
al consumo medio de cada consumidor en los últimos seis bimestres.
Dentro de cada tarifa, se distingue entre consumo básico,
intermedio y excedente, con diferentes rangos. Las zonas que reciben mayores subsidios son
aquéllas cuya temperatura media mínima en verano, oscila entre 25 y 33 grados
centígrados (°C).
Para saber qué tarifa corresponde a cada localidad, se observa la
temperatura media mínima mensual en verano, de acuerdo a lo siguiente:
Nombre de la tarifa Temperatura
de verano
de verano
Tarifa 1-A
25ºC
Tarifa 1-B
28ºC
Tarifa 1-C
30ºC
Tarifa 1-D
31ºC
Tarifa 1-E
32ºC
Tarifa 1-F
33ºC
Se define como verano el periodo que comprende los seis meses
consecutivos más cálidos del año, fijados por el suministrador de acuerdo con las
siguientes observaciones termométricas:
Se considera que una localidad alcanza la temperatura media mínima
en verano (25, 28, 30, 31, 32 ó 33 grados centígrados), cuando alcance el límite
indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la
información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite
indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o
más, según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
Por otra parte, de acuerdo a las disposiciones señaladas por la
Comisión Federal de Electricidad, la información sobre el registro del clima disponible
para municipios como El Fuerte, Guasave, Ruiz Cortínez, Los Mochis, Ahome e Higueras,
ubicados en el estado de Sinaloa, están comprendidos en la tarifa 1-D, lo cual pareciera
tener alguna validez. Sin embargo, para la elaboración del presente punto de acuerdo,
hemos atendido a estudios científicos más correctos y perfeccionados, que dan lugar a
una mejor medición de las condiciones climáticas y su percepción, de la que ha sido
establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La investigación climatológica
moderna, especialmente la llamada bioclimatología, es la que pretende hacer un uso
adecuado y efectivo de la información disponible, con el objetivo de encontrar soluciones
prácticas a los problemas sociales, económicos y ambientales que impactan al ser humano,
los cuales son generados por las fluctuaciones climáticas.
En los últimos años, ha sido de especial interés en el mundo
entero, el estudio del mejoramiento de los índices y registros que miden la
"incomodidad" humana ante los efectos del clima, tomando en cuenta, no sólo los
parámetros de calor (temperatura) sobre el individuo, sino los relativos a la humedad y
por supuesto, la combinación de ambos factores.
Los nombres que han sido asignados a estas variables se conocen
convencionalmente como "índices de calor", "temperatura aparente" o
"temperatura-humedad".
Estos índices fueron calculados para determinar sensaciones de
incomodidad y comúnmente se les conoce como índice de Steadman. Este índice se basa en
los efectos que tienen el calor y la humedad sobre la fisiología humana.
En las conclusiones de estudios realizados, se encontró que la
temperatura saturada del aire o humedad relativa, tenía una relación directa con los
requerimientos energéticos para los sistemas de aire acondicionado.
En este sentido, es de esperarse que en zonas que presenten altos
niveles de humedad, la demanda de energía para los sistemas de aire acondicionado sea
mucho mayor que en otras zonas.
En México para efectos de la medición de la incomodidad, no se han
hecho estudios que relacionen los factores de temperatura y humedad, los únicos trabajos
se han elaborado con la sola excepción de aquellos relativos al diseño de edificios
inteligentes (confortables).
El Servicio Metereológico Nacional y la Secretaría de Medio
Ambiente, en sus estadísticas climatológicas no reportan los índices de calor, tan
sólo registran las temperaturas al medio ambiente, esto, a pesar de las inmensas zonas
calientes y húmedas que existen en nuestro país.
La humedad relativa de la que se ha hablado, se refiere a la
cantidad de vapor de agua en el aire. Así, la combinación de una temperatura moderada,
acompañada de un alto porcentaje de humedad, hace que predomine una sensación de
incomodidad durante periodos más cálidos como el verano.
El bienestar físico, durante tales condiciones, depende de la
capacidad del cuerpo de perder calor mediante el enfriamiento evaporativo o sudoración,
de tal manera que entre mayor humedad haya en el ambiente, menor será el gradiente de
presión del vapor y por tanto, menor el agua que se evapora de la piel, lo cual hará que
una persona experimente un mayor grado de incomodidad. De esta manera, puede entenderse
fácilmente el sentimiento de una mayor incomodidad en climas calientes con un alto grado
de humedad.
La población que habita las costas, experimentan durante la mayor
parte de los meses de verano, temperaturas altas, acompañadas de un elevado porcentaje de
humedad relativa en el aire, como lo ha investigado ya la Universidad Autónoma de
Sinaloa.
Debido a que los efectos de la temperatura y la humedad atmosférica
son inseparables, en los países industrializados se utilizan los índices desarrollados
por Steadman para evaluar y prevenir el impacto que estos dos parámetros tienen sobre el
confort, la salud y las actividades humanas.
El índice de calor, desarrollado por Steadman, es una medida de la
incomodidad que experimenta una persona debido a la combinación del calor y un elevado
nivel de humedad, es decir, este índice es en realidad una temperatura ambiental
corregida y equivalente, que refleja la verdadera percepción de la temperatura por un
individuo, tomando en cuenta tanto el calor como la humedad relativa en el ambiente.
Así por ejemplo, a una temperatura de 30°C y una humedad relativa
del 90%, la tensión e incomodidad que percibe un individuo corresponde en realidad a una
temperatura de 40°C, cosa que nunca se toma en cuenta a la hora de medir las temperaturas
y, sobre todo, al momento de definir las temperaturas medias mínimas de verano para la
aplicación de las tarifas eléctricas.
Los efectos físicos de las altas temperaturas y humedad, van desde
la fatiga por actividad física, agotamiento y contracciones musculares, hasta la
hipertermia e insolación. Además, se ha mostrado que la gente se torna más irritable y
disminuyen las capacidades para realizar eficientemente tanto tareas físicas como
mentales.
Se ha establecido que la forma más fácil de evitar o combatir
todos estos efectos es la utilización de equipos de aire acondicionado, medidas que
generan, indiscutiblemente, mayor consumo de energía eléctrica y por consiguiente,
encarecen la vida de la población.
La Comisión Federal de Electricidad en México, ha establecido
tarifas nacionales preferenciales, sin embargo, como señalamos desde el inicio de esta
argumentación, sólo utilizan un parámetro metereológico (calor del aire) como criterio
evaluador de las condiciones ambientales, lo que perjudica a los habitantes de las zonas
húmedas al otorgarles subsidios más bajos e insuficientes, de los que les
corresponderían, si se tomarán en cuenta los índices de calor del aire aunado al de
humedad.
En este sentido, la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya desde el
año de 1995, apoyaba las demandas de los usuarios, con base en estudios científicos,
sobre el impacto al confort, el bienestar, la salud y obviamente a la economía de los
usuarios, que tenía el establecimiento de tarifas eléctricas, las cuales se basaban
sólo en un parámetro meteorológico, lo que resulta insuficiente para medir las
verdaderas temperaturas que experimenta la población.
El compromiso que el Estado mexicano aceptó desde 1996, fue el de
aceptar la petición de cientos de miles de mexicanos para aplicar una nueva tasa y el
subsidio correspondiente si se comprobaban los efectos fisiológicos que se aducían por
la conjunción de las variables: calor y humedad.
Por otro lado, el ajuste, modificación y reestructuración de las
tarifas eléctricas del año 2002, ha tenido como consecuencia un notable encarecimiento
en los pagos de energía eléctrica, los cuales sumados a los efectos negativos del bajo
crecimiento económico sobre el empleo, han resultado en perjuicio, no sólo de la
economía de millones de mexicanos, sino de su salud, su bienestar físico y del mínimo
de confort.
Compañeros diputados, los argumentos y evidencias con los que se
cuenta, son suficientes para solicitarles su anuencia, a fin de que juntos, solicitemos a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la aplicación de la tarifa 1F para el
suministro y venta de energía eléctrica, en aquellas regiones que registren la
temperatura media mínima en verano requerida, tomando en consideración índices de calor
y humedad determinados por la bioclimatología.
Esto, sin duda revertirá, al menos en alguna medida, los efectos
adversos que se han provocado a los habitantes de varios estados de la República, algunos
de ellos ancestralmente pobres, por la aplicación de tarifas fundamentada en estudios
climatológicos de muy poca objetividad e improcedente certeza científica.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y en ejercicio de
nuestras facultades constitucionales, los suscritos diputados a la LVIII Legislatura de la
Cámara de Diputados, sometemos ante esta Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Solicitamos a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aplique la tarifa 1F para el suministro y
venta de energía eléctrica, en aquellas regiones que registren la temperatura media
mínima en verano requerida, tomando en consideración índices de calor y humedad
determinados por la bioclimatología, tomando en cuenta la siguiente tabla:
VER DOCUMENTO 1
(A todas aquellas regiones del país con índices de calor y
humedad, que se encuentren ubicadas en las áreas marcadas en sombra, se les asignará la
tarifa 1F)
Atentamente.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— México,
Distrito Federal, a 17 de septiembre de 2002.— Diputados: Francisco Salvador López Brito, Emilio Rafael
Goicoechea Luna, Arcelia Arredondo García, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Clemente
Silva Padilla, Carlos Alberto Valenzuela Cabrales, Eugenio Bueno Campos, Eduardo Rivera
Pérez, Felipe Olvera Nieto, Francisco J. Cantú
Torres, Francisco R. Sheffield Padilla, Gabriela Cuevas Barrón, Hilario Esquivel
Martínez, José María Rivera Cabello, Juan Alcocer Flores, Juan Camilo Mouriño Terrazo,
Juvenal Vidrio Rodríquez, Luis Alberto Villarreal, Luis Miguel Santibáñez García, Ma.
Eugenia Galván Antillón, Manuel W. Orozco Garza, María Isabel Velasco Ramos, Mario
Sandoval Silvera, Mauro Huerta Díaz, Neftalí S. Escobedo Zoletto, Pedro Pablo Cepeda
Sierra, Rafael Orozco Martínez, Ramón Paniagua Jiménez, Rodolfo Ocampo Velázquez y
Rómulo Garza Martínez.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a las comisiones de
Energía y de Hacienda.
Tiene la palabra el diputado Regis Adame del grupo parlamentario del
Partido del Trabajo, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a
los damnificados en el estado de Zacatecas.
Lo pospone, diputado. ¿Se pospone para la próxima sesión?
Pasamos al capítulo de efemérides y tiene la palabra el
diputado... me acaba de llegar una solicitud de la Junta de Coordinación en torno a
cambio de comisiones.
Le ruego a la Secretaría dar cuenta de la solicitud de la Junta de
Coordinación de cambio de miembros de comisión.
COMISIONES LEGISLATIVAS
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión .— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle que el diputado Lázaro Méndez López del
grupo parlamentario del PRD, se incorpora a la Comisión de Asuntos Indígenas, en
sustitución del diputado federal con licencia Auldarico Hernández Gerónimo y a la
Comisión de Ganadería en sustitución del diputado Arturo Herviz Reyes.
Lo anterior para los efectos correspondientes.
Reciba un cordial saludo.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 17 de septiembre de
2002.— Diputado: Martí Batres Guadarrama, presidente
de la junta.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.— Coordinación del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
Presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Con fundamento en el artículo
44 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me
permito informarle que el diputado Lázaro Méndez López se incorpora a la Comisión de
Asuntos Indígenas, en sustitución del diputado federal con licencia Auldarico Hernández
Gerónimo y a la Comisión Especial de Ganadería en sustitución del diputado Arturo
Hervis Reyes.
Lo anterior para los efectos correspondientes.
Reciba un cordial saludo.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 17 de septiembre de
2002.— Diputado: Martí Batres Gudarrama,
coordinador general.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle que la diputada Magdalena García
González, del grupo parlamentario del PRD, se incorpora a la Comisión del Distrito
Federal como secretaria de la misma, en sustitución del diputado federal con licencia
Víctor Hugo Cirigo Vázquez.
Lo anterior para los efectos correspondientes.
Reciba un cordial saludo.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 17 de septiembre de
2002.— Diputado Martí Batres Guadarrama,
presidente de la Junta.»
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobado
REPUBLICA DE CHILE
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Continuando con la orden del día, se
ofrece el uso de la palabra al diputado Uuc kib Espadas Ancona, para presentar efeméride
en torno a los acontecimientos en Santiago de Chile, en 1973.
El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:
Señora Presidenta; señores diputados:
El 11 de septiembre es, sin duda, una fecha trágica para
Latinoamérica. No lo es por cierto desde el año pasado, lo fue y lo ha sido desde 1973.
En aquel año, en uno de los más amargos momentos de la historia del subcontinente. Un
golpe militar segó la vida del presidente Salvador Allende y con ella la esperanza de un
pueblo y una historia democrática que no era fácil encontrar en nuestras tierras.
Con ese golpe se acabaron no sólo la esperanza de los pobres de
Chile, que trabajaron por construir una patria mejor, sino también se acababa por una
tradición democrática para enterrarla durante largas décadas en la oscuridad.
Atrás quedaron aquellos momentos de la elección presidencial de
1970. El 4 de septiembre cuando Allende finalmente pudo tomar posesión. Las marchas de
las juventudes demócratas cristianas que ante el temor de los jerarcas de su partido
tomaron las calles de Santiago gritando: "Tomic presente, Allende presidente".
No es fácil hablar en estas fechas y tratar de decir cosas nuevas.
Es por eso que me permitiré simplemente leer las últimas palabras pronunciadas por el
presidente Salvador Allende: "compatriotas: ésta será seguramente la última
oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. La fuerza aérea ha bombardeado las torres
de Radio Portales y Radio Corporación.
Mis palabras no tienen amargura, sino decepción y serán ellas el
castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Ante estos hechos
sólo me cabe decir a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito
histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza que
la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá
ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos pero no se detienen los
procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los
pueblos.
Trabajadores de mi patria: quiero agradecerles la lealtad que
siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de
grandes anhelos de justicia; que empeñó su palabra de que respetaría la Constitución y
la ley y así lo hizo.
En este momento definitivo el último en que yo pueda dirigirme a
ustedes, espero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo unido a
la reacción, creó el clima para que las fuerzas armadas rompieran su tradición, la
señalara Snyder y reafirmara el comandante Aralla, víctimas del mismo sector social que
hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir
defendiendo sus granjerías y privilegios.
Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la
campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo de
nuestra preocupación por los niños.
Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales
patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por
los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que una
sociedad capitalista les dio a unos pocos.
Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su
alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino,
al intelectual, a aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya
estuvo hace muchas horas presente: en los atentados terroristas, volando los puentes,
cortando las líneas férreas, destruyendo los oleoductos y los gaseoductos, frente al
silencio de los que tenían la obligación de proceder. Estaban comprometidos. La historia
los juzgará.
Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de
mi voz no llegará hasta ustedes. No importa. La seguirán oyendo. Siempre estaré junto a
ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno, que fue leal a la lealtad
de los trabajadores.
El pueblo debe defenderse pero no sacrificarse. El pueblo no debe
dejarse arrastrar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.
Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y en su destino.
Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse.
Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde se abrirán
las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.
¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi
sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral
que castigará la felonía, la cobardía y la traición".
Con estas palabras cerró Salvador Allende su última alocución al
pueblo de Chile. Minutos después fue asesinado en un magnicidio que hasta hoy lastima a
estas tierras. Fue asesinado en un golpe encabezado por quien desde ese momento le puso su
nombre propio a la traición.
Es el momento en que los parlamentarios del mundo y los
parlamentarios de México recordemos a éste gran parlamentario, a éste gran presidente.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Deseo informar a la Asamblea que la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos nos ha comunicado que la comparecencia ante la comisión del Procurador General de
la República, programada para el día de mañana, se reprogramará para una nueva fecha.
Proceda la Secretaría, dado que se han agotado los asuntos en
cartera, a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Se va a dar lectura a la orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Tercer Año.—
LVIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 19 de septiembre de 2002.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del diputado Gustavo Buenrostro Díaz.
Iniciativa de diputados
Que reforma el artículo 49 de la Ley Agraria, en materia de
restitución de tierras, a cargo del diputado Augusto Gómez Villanueva, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite copia del oficio del consultor jurídico de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, en relación al punto de acuerdo aprobado por la
Comisión Permanente, para que el Estado mexicano impulse la abolición de la pena de
muerte a nivel mundial.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con
proyecto de decreto por el que se convoca a una sesión solemne de la Cámara de Diputados
del Congreso General, el día 24 de septiembre de 2002, para conmemorar el CLXXVIII
aniversario de la Incorporación del estado de Chiapas a los Estados Unidos Mexicanos.
Comparecencia del Secretario de Energía, Análisis del II Informe
de Gobierno.
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
La Presidenta diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
(a las 16:34 horas):
Se levanta la sesión y se
cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 19 de septiembre, a las 10:00 horas, en
la que comparecerá el Secretario de Energía, Ernesto Martens Rebolledo.
RESUMEN DE TRABAJOS
• Comparecencia del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, ingeniero Javier Bernardo Usabiaga Arroyo
• Tiempo de duración: 5 horas 35 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 311 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 415 diputados.
• Diputado suplente que se incorpora: 1.
• Diputados que solicitan licencia: 2.
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 2.
• Acuerdo aprobado de la Junta de Coordinación Política: 1.
• Proposiciones con punto de acuerdo: 2.
• Puntos de acuerdo aprobados: 1.
• Efemérides: 1.
• Oradores en tribuna: 51.
PRI-8; PAN-8; PRD-9; PVEM-6; PT-5; PSN-1; PAS-2; Secretario de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación-12.
Se recibió:
• 1 comunicación del Congreso del Estado de Coahuila;
• 1 iniciativa del Congreso del Estado de Jalisco;
• 1 iniciativa de PRI, PAN y PRD;
• 1 iniciativa del PAS;
• 2 minutas;
• 2 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, con las que informa de
cambios en la integración de comisiones.
Dictámenes de primera lectura:
• 1 de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de
decreto por el que se convoca a una sesión solemne de la Cámara de Diputados el 24 de
septiembre de 2002, para conmemorar el CLXXVIII aniversario de la incorporación del
estado de Chiapas a los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes aprobados:
• 1 en sentido negativo de la Comisión de la Defensa Nacional, en relación con la
iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de dicha ley,
presentada por el diputado Rufino Rodríguez Cabrera el 24 de abril de 2002;
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
( en orden alfabético )
|
• Barbosa Huerta, Luis Miguel Gerónimo (PRD). . . . . |
Ricardo Francisco García Cervantes: 15 |
|
• Beaurregard de los Santos, Lorena (PRI). . . . . . |
Tarifas Eléctricas: 87 |
|
• Castellanos Hernández, Félix (PT). . . . . . . . . . . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Social: 52, 54 |
|
• Cobo Terrazas, Diego (PVEM). . . . . . . . . . . . . . . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Social: 65 |
|
• Cota Montaño, Rosa Delia (PT). . . . . . . . . . . . . . . . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Social: 63, 64 |
|
• Dávila Montesinos, Marco Antonio (PRI). . . . . . . . . . |
Tarifas Eléctricas: 84 |
|
• Duarte Jáquez, César Horacio (PRI). . . . . . . . . . . . .
. |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Social: 62 |
|
• Elías Cardona, Alfonso Oliverio (PRD). . . . . . . . . . . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Social: 47 |
|
• Escobar y Vega, Arturo (PVEM). . . . . . . . . . . . . . . . |
Ricardo Francisco García Cervantes: 16 |
|
• Escudero Barrera, José Rodolfo (PVEM). . . . . . . . . . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Social: 44 |
|
• Espadas Ancona, Uuc-kib (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . |
República de Chile: 95 |
|
• Espino Barrientos, Manuel de Jesús (PAN). . . . . . . . |
Ricardo Francisco García Cervantes: 15 |
|
• Gandarilla Carrasco, Víctor Manuel (PRI). . . . . . . . . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Social: 50 |
|
• García Farías, Rubén (PRI). . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Social: 71 |
|
• García Sepúlveda, Sergio (PAN). . . . . . . . . . . . . . .
. . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Social: 68 |
|
• Garibay García, J. Jesús (PRD). . . . . . . . . . . . . . .
. . |
Tarifas Eléctricas: 88 |
|
• Hernández Raigosa, Alfredo (PRD). . . . . . . . . . . . . . |
Tarifas Eléctricas: 80 |
|
• Herviz Reyes, Arturo (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Social: 56, 58 |
|
• Leyva Acevedo, Efrén Nicolás (PRI). . . . . . . . . . . . .
|
Ricardo Francisco García Cervantes: 16 |
|
• López Brito, Salvador (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . .
. . |
Tarifas Eléctricas: 90 |
|
• López Magallanes, Silverio (PRI). . . . . . . . . . . . . .
. . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Social: 61 |
|
• Lorenzo Juárez, Beatriz Patricia (PAS). . . . . . . . . . . |
Materia Laboral: 25 |
|
• Lorenzo Juárez, Beatriz Patricia (PAS). . . . . . . . . . . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Social: 40 |
|
• Mandujano Ramírez, Juan (PAN). . . . . . . . . . . . . . . .
|
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Social: 69 |
|
• Meza Escalante, Martha Ofelia (PRI). . . . . . . . . . . . . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Social: 69 |
|
• Pérez Esquer, Marcos (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . .
. . |
Tarifas Eléctricas: 86 |
|
• Ponce Contreras, Ramón (PAN). . . . . . . . . . . . . . . .
. |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Social: 49 |
|
• Prieto Fuhrken, Julieta (PVEM). . . . . . . . . . . . . . . .
. |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Social: 64 |
|
• Regis Adame, Juan Carlos (PT). . . . . . . . . . . . . . . .
. |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Social: 42 |
|
• Rodríguez López, José Roque (PAN) |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Social: 58 |
|
• Sáinz Lozano, Juan Carlos (PAN). . . . . . . . . . . . . . .
. |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Social: 60 |
|
• Salazar González, Concepción (PVEM). . . . . . . . . . . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Social: 54, 56 |
|
• Santos Ortiz, Petra (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Social: 66, 67 |
|
• Simental García, Bertha Alicia (PSN). . . . . . . . . . . .
. |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Social: 41
|
|