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Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
ASISTENCIA
La Presidenta diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de
esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 377
diputados; por lo tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
(a las 11:38 horas):
Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
ORDEN DEL DIA
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Tercer Año.—
LVIII Legislatura.
Orden del día
Lectura del acta de la sesión anterior.
Jueves 19 de septiembre de 2002
Comunicaciones
Del diputado Gustavo Buenrostro Díaz.
De los congresos de los estados
de Aguascalientes y Oaxaca.
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura.
De la Junta de Coordinación Política.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite copia del oficio del Consultor Jurídico de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, en relación al punto de acuerdo aprobado por la
Comisión Permanente, para que el Estado mexicano impulse la abolición de la pena de
muerte a nivel mundial.
Comparecencia del Secretario de Energía, análisis del II Informe
de Gobierno.
Iniciativas de diputados
Que reforma el artículo 49 de la Ley Agraria, en materia de
restitución de tierras, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Que adiciona el artículo veinticuatro transitorio de la Ley del
Seguro Social, en materia de trabajadores ferroviarios jubilados antes del 1o. de enero de
1982, a cargo del diputado Francisco Ramírez Cabrera, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Que adiciona una fracción VIII
al artículo 25 y un artículo 45-bis de la Ley de Coordinación Fiscal, para crear un
fondo de aportaciones para los adultos mayores, a cargo del dipu- tado Alejandro Gómez
Olvera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno
a comisión.)
Dictamen a discusión
De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con
proyecto de decreto por el que se convoca a una sesión solemne de la Cámara de Diputados
del Congreso General el día 24 de septiembre de 2002 para conmemorar el CLXXVIII
aniversario de la incorporación del estado de Chiapas a los Estados Unidos Mexicanos.
Proposiciones
Con punto de acuerdo en relación a los damnificados en el estado de
Zacatecas, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a los fondos sobre VIH/SIDA, suscrita por diputadas integrantes de la
Comisión de Equidad y Género del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con puntos de acuerdo sobre la resolución de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en materia de pueblos indígenas, a cargo de los grupos
parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para nombrar a la comunidad de Atotonilco,
municipio de San Miguel de Allende, estado de Guanajuato, “Atotonilco, Santuario de
la Patria”, a cargo del diputado Luis Alberto Villarreal García, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la destrucción de la reserva de
la biosfera de Calakmul, ubicada al sur de Campeche y que forma parte del “Corredor
Biológico Mesoamericano”, a cargo de la diputada Erika Elizabeth Spezia Maldonado,
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la seguridad del recinto
parlamentario, el día 1o. de septiembre de 2002, a cargo del diputado Amador Rodríguez
Lozano. (Turno a comisión.)
Efemérides
Sobre los sismos del 19 de septiembre de 1985, a cargo de los grupos
parlamentarios y partidos políticos que integran la Cámara de Diputados.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Proceda la Secretaría a poner a discusión y votación de inmediato
el acta de la sesión anterior.
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Secretario diputado Rodolfo
Dorador Pérez Gavilán:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, celebrada el martes diecisiete de septiembre de dos mil dos, correspondiente al
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima
Octava Legislatura.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
En el Palacio Legislativo en San Lázaro de la capital de los
Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con
la asistencia de trescientos once diputados, a las once horas con diecinueve minutos del
martes diecisiete de septiembre de dos mil dos, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y desde su curul, el
diputado Alfredo Hernández Raigosa solicita información sobre su proposición con punto
de acuerdo. La Presidenta hace las aclaraciones correspondientes.
La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en votación
económica.
La Presidenta informa que a las puertas del salón de sesiones se
encuentra el ciudadano Luis Eduardo Jiménez Agraz, electo como diputado federal suplente
en el segundo distrito del estado de Nayarit y acompañado de una comisión designada,
rinde su protesta de ley y entra en funciones de inmediato.
Comunicación del diputado Abel Guerra Garza, por la que solicita
licencia para separarse temporalmente del cargo de diputado federal electo en el tercer
distrito electoral del estado de Nuevo León. La Asamblea aprueba, en votación
económica, los puntos de acuerdo respectivos.
La Secretaría da lectura a una comunicación del diputado Ricardo
Francisco García Cervantes, por la que solicita licencia para separarse por tiempo
indefinido del cargo de diputado federal electo en la segunda circunscripción
plurinominal y a los puntos de acuerdo respectivos.
Hablan en pro los diputados: Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta,
del Partido de la Revolución Democrática; Manuel de Jesús Espino Barrientos, del
Partido Acción Nacional; Efrén Nicolás Leyva Acevedo, del Partido Revolucionario
Institucional, y Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México.
Se aprueban los puntos de acuerdo en votación económica.
Comunicación del Congreso del estado de Coahuila, con acuerdo por
el que solicita a la Secretaría de Desarrollo Social, fortalecer la infraestructura de la
Distribuidora de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Sociedad Anónima. Se
turna a la Comisión de Desarrollo Social.
Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con acuerdo
por el que se instruye a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación solicite al auditor superior de la Federación los expedientes relativos a los
fideicomisos de Banco Unión, a fin de darlos a conocer a los diputados por conducto de
los grupos parlamentarios. Se aprueba en votación económica.
El Congreso del estado de Jalisco remite iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el artículo noveno de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaría da lectura a una iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el numeral primero del artículo diecisiete de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados de diversos grupos
parlamentarios. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y ocho, ochenta y nueve,
ciento siete, ciento quince, ciento dieciséis y ciento veintitrés de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede la palabra a la diputada Beatriz
Patricia Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social. Se turna a las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
Dos minutas de la Cámara de Senadores, con proyectos de decreto por
los que:
Se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa de la
presidencia mexicana del Consejo Económico Asia-Pacífico, dos mil dos. Se turna a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se reforma el artículo cuarto párrafo segundo, de la Ley Orgánica
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se turna a las comisiones de
Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda y Crédito Público.
Análisis del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, administración dos mil-dos mil seis. Política social.
La Presidenta informa que en el salón de recepción se encuentra el
secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero
Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, y designa a los integrantes de las mesas directivas de
las comisiones de Agricultura y Ganadería, Especial de Ganadería, y de Desarrollo Rural,
para introducirlo y acompañarlo al lugar que le ha sido asignado en el salón de
sesiones.
A las doce horas con dieciséis minutos, la Secretaría informa del
registro de cuatrocientos quince diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de
asistencia y votación.
La Presidenta concede la palabra al secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero Javier Bernardo Usabiaga
Arroyo, para exponer el estado que guarda su respectivo ramo.
Para fijar la posición de su respectivo partido político o grupo
parlamentario, se concede la palabra a los diputados: Beatriz Patricia Lorenzo Juárez,
del Partido Alianza Social;
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
Bertha Alicia Simental García, del Partido de la Sociedad
Nacionalista; Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo; José Rodolfo Escudero
Barrera, del Partido Verde Ecologista de México; Alfonso Oliverio Elías Cardona, del
Partido de la Revolución Democrática; Ramón Ponce Contreras, del Partido Acción
Nacional;
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
Y Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, del Partido Revolucionario
Institucional.
En el primer turno de preguntas
y respuestas, con derecho de réplica, suben a la tribuna los diputados: Félix
Castellanos Hernández, del Partido del Trabajo; Concepción Salazar González, del
Partido Verde Ecologista de México; Arturo Herviz Reyes, del Partido de la
Revolución Democrática; José Roque Rodríguez López, del Partido Acción Nacional, y
Silverio López Magallanes, del Partido Revolucionario
Institucional, a quienes en su oportunidad, el Secretario de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación da respuesta.
Ejercen el derecho de réplica los diputados: Félix Castellanos
Hernández, Concepción Salazar González, Arturo Herviz Reyes, Juan Carlos Sáinz Lozano,
en lugar del diputado José Roque Rodríguez López y César Horacio Duarte Jáquez, en
lugar del diputado Silverio López Magallanes.
En el segundo turno de preguntas y respuestas, con derecho de
réplica, suben a la tribuna los diputados: Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del
Trabajo; Julieta Prieto Fuhrken, del Partido Verde Ecologista de México; Petra Santos
Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática; Sergio García Sepúlveda, del Partido
Acción Nacional, y Martha Ofelia Meza Escalante, del Partido Revolucionario
Institucional, a quienes en su turno, el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación da respuesta.
Ejercen el derecho de réplica
los diputados: Rosa Delia Cota Montaño; Diego Cobo Terrazas, en lugar de la
diputada Julieta Prieto Fuhrken; Petra Santos Ortiz; Juan Mandujano Ramírez, en lugar del
diputado Sergio García Sepúlveda, y Rubén García Farías, en lugar de la diputada
Martha Ofelia Meza Escalante.
Para dirigir un mensaje final a la Asamblea, se concede la palabra
al ingeniero Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, secretario de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
La Presidenta dirige un mensaje para agradecer la presencia del
Secretario, solicita a la comisión designada acompañarlo al retirarse del salón de
sesiones y, de conformidad con lo que establece el artículo siete numeral cinco, de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, instruye para que la
versión estenográfica de esta sesión sea remitida al Presidente de la República, para
su conocimiento.
Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias,
con proyecto de decreto por el que se convoca a una sesión solemne de la Cámara de
Diputados el veinticuatro de septiembre de dos mil dos, para conmemorar el centésimo
septuagésimo octavo aniversario de la incorporación del estado de Chiapas a los Estados
Unidos Mexicanos. Es de primera lectura.
Dictamen negativo de la Comisión de la Defensa Nacional, en
relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la
Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea nacionales, presentada por el
diputado Rufino Rodríguez Cabrera. Es de segunda lectura.
Se aprueba en votación económica. Archívese el expediente como
asunto totalmente concluido.
Suben a la tribuna para presentar proposiciones con punto de
acuerdo, los diputados:
Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución
Democrática, para que el Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo Federal para que
derogue el decreto del siete de febrero de dos mil dos, por el cual se eliminan los
subsidios y se incrementan las tarifas de energía eléctrica y solicita trámite de
urgente resolución.
Por indicaciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los
artículos cincuenta y ocho, cincuenta y nueve y sesenta del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En votación económica, la Asamblea no considera el asunto de
urgente resolución y la Presidenta turna la proposición a la Comisión de Energía.
Marco Antonio Dávila Montesinos, del Partido Revolucionario
Institucional, en relación con las tarifas domésticas de energía eléctrica en algunas
zonas del país y solicita trámite de urgente resolución.
La Asamblea, en votación económica, considera el asunto de urgente
resolución.
A solicitud del diputado Mauricio Enrique Candiani Galaz, la
Secretaría da lectura al resolutivo de la proposición y para hacerle una corrección, la
Presidenta concede la palabra al diputado Marco Antonio Dávila Montesinos, del Partido
Revolucionario Institucional.
Hablan al respecto los diputados: Marcos Pérez Esquer, del Partido
Acción Nacional; Lorena Beaurregard de los Santos, del Partido Revolucionario
Institucional, y J. Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática.
Desde su curul, el diputado Martí Batres Guadarrama informa que el
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará en pro, aunque
considere insuficiente el punto de acuerdo. Regístrese en el Diario de los
Debates.
La Asamblea aprueba el punto de acuerdo en votación económica.
Comuníquese.
Salvador López Brito, del Partido Acción Nacional, para solicitar
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la aplicación de la tarifa eléctrica
uno F, en regiones que registran la temperatura media mínima requerida en verano,
considerando índices de calor y humedad determinados por la bioclimatología. Se turna a
las comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público.
Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que
informa de cambios en la integración de las comisiones de Asuntos Indígenas y Especial
de Ganadería. De enterado.
Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que
informa de cambios en la mesa directiva de la Comisión del Distrito Federal. Se aprueba
en votación económica.
Para hablar sobre los acontecimientos del once de septiembre de mil
novecientos setenta y tres en la República de Chile, se concede la palabra al diputado
Uuc-kib Espadas Ancona, del Partido de la Revolución Democrática.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden
del día de la próxima sesión y la Presidencia clausura la de hoy a las dieciséis horas
con cincuenta y cuatro minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves diecinueve de
septiembre de dos mil dos, a las diez horas, y en la que comparecerá el secretario de
Energía, Ernesto Martens Rebolledo.»
Está a discusión el acta... No
habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobada, el acta.
DIPUTADO QUE
SOLICITA LICENCIA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 y 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 47 y 48 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
le manifiesto de manera respetuosa lo siguiente:
Primero. Se me conceda licencia a partir del día 17 de septiembre
de 2002, para ausentarme del cargo de diputado federal de manera indefinida.
Segundo. Llamar a la ciudadana Magdalena Yunuén Pazarán Navarijo,
quien es mi compañera de fórmula y suplente, a fin de que tome posesión del cargo
durante el periodo de mi ausencia.
Tercero. Se sirva realizar los trámites necesarios para aprobar lo
solicitado.
Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva prestar a
la presente.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 17 de septiembre de 2002.— Diputado Gustavo Buenrostro Díaz.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los
puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Están a discusión los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Se concede
licencia, por tiempo indefinido, al diputado Gustavo Buenrostro Díaz para separarse de
sus funciones como diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal a
partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al
suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se
pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados.
ESTADO DE AGUASCALIENTES
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.— Poder Legislativo.
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
México, DF.
La LVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes,
en sesión solemne celebrada el 31 de julio del año en curso llevó a cabo la clausura
del segundo periodo de sesiones ordinarias correspondiente al primer año de ejercicio
constitucional, habiéndose integrado la Mesa Directiva que actuará durante el periodo de
receso, en la forma siguiente:
Diputados: José de Jesús Landeros Loera, presidente; Humberto
Gallegos Escobar, vicepresidente; Miguel Bess Oberto Díaz, José Alfredo Cervantes
García, secretarios; Edna Lorena Pacheco Chávez, prosecretaria; Luis Santana Valdés,
Martín Orozco Sandoval y Herminio Ventura Rodríguez, suplentes.
Al informar a ustedes lo anterior, nos es grato renovarles las
seguridades de nuestra alta consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Aguascalientes, Aguascalientes, a 7 de agosto de 2002.—
Diputados: José de Jesús Landeros Loera,
presidente; Miguel Bess Oberto Díaz y José Alfredo Cervantes García, secretarios.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
MIGRANTES
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno
Constitucional del estado de Oaxaca.— Poder Legislativo.
Ciudadanos diputados secretarios de la Cámara de Dipu-tados del
honorable Congreso de la Unión.— México, DF.
La LVIII Legislatura Constitucional del Estado, en sesión ordinaria
efectuada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
ACUERDO
“Primero. La LVIII
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, manifiesta su total
apoyo a los trabajadores braceros y sus beneficiarios, a efecto de que obtengan el pago
del fondo de ahorro del 10%, mismo que les fue descontado conforme a los acuerdos
binacionales celebrados entre los países de Estados Unidos de América y México, en los
años de 1942 y 1964, así como los intereses generados de dicho fondo de ahorro a la
fecha.
Segundo. De manera
conjunta, las comisiones permanentes de Asuntos Migratorios y de Asuntos Indígenas, así
como la Coordinación de Atención al Migrante Oaxaqueño y las organizaciones de
braceros, soliciten al Congreso de la Unión, se destine una partida especial para poder
cubrir esos recursos que merecidamente deben llegar a los braceros oaxaqueños y del
país.
Tercero. Para que
obtengan mayores beneficios los braceros de 60 a 90 años de edad, se propone que el
Ejecutivo Federal elabore una iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social y a sus
reglamentos y que previa aprobación de la legislatura federal, se considere a dichas
personas como derechohabientes de esa institución; asimismo, se les expida la visa
humanitaria que exigen actualmente bajo la normatividad de las leyes de migración.
Cuarto. Solicítese al
Centro Estatal de Apoyo al Migrante Oaxaqueño, sea la única institución en nuestro
estado, receptora de los documentos entregados por los braceros y gestora ante la
institución o dependencia que vaya a ejecutar el acuerdo a la Federación.
Quinto. Comuníquese esta
determinación al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Congreso de la Unión,
para los efectos legales procedentes.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente
acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
Salón de sesiones del honorable Congreso del Estado.— Oaxaca
de Juárez, Oaxaca, a 4 de julio de 2002.— Dipu-tados: José Manuel Mendoza Miguel,
presidente; Florencia Carolina Aparicio Sánchez, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez,
secretarios.”
Lo que nos permitimos comunicar a ustedes, para los efectos legales
consiguientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
“El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.”
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 4 de julio de 2002.— La oficial
mayor del honorable Congreso del Estado: diputados: Florencia
Carolina Aparicio Sánchez y Luis de Guadalupe
Martínez Ramírez, secretarios.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de
Relaciones Exteriores y a la Comisión Especial para el Problema de los Trabajadores
vinculado con este punto.
ASAMBLEA LEGISLATIVA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.— II Legislatura.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Por este conducto, me permito comunicar a usted que la mesa
directiva que coordinará los trabajos durante el primer periodo de sesiones ordinarias
del tercer año de ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II
Legislatura, correspondiente al periodo comprendido del 17 al 30 de septiembre de 2002,
quedó integrada por los siguientes diputados: Gilberto Ensástiga Santiago, presidente;
Víctor Hugo Gutiérrez Yánez, Héctor Gutiérrez de Alba, Ana Laura Luna Coria, Eugenia
Flores Hernández, vicepresidentes; Carlos Ortiz Chávez, Eleazar R. López Granados,
secretarios; Edgar R. López Nájera, Enoé Margarita Uranga Muñoz, prosecretarios.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración atenta y
distinguida.
Recinto Legislativo, a 13 de septiembre de 2002. — Por la mesa
directiva Alicia Irina del Castillo Negrete y Barrera, presidenta.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
ANALISIS II INFORME DE
GOBIERNO
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados.— Presente.
Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi distinguida
consideración.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, DF, a 17 de septiembre de 2002.—
Diputado Martí Batres Guadarrama, presidente.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado, y esta
Presidencia procederá a hacer las comunicaciones correspondientes al Ejecutivo y a las
comisiones respectivas.
COMISIONES LEGISLATIVAS
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVIII
Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados.— Presente.
Por este medio, con fundamento en el artículo 34 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle la sustitución de la diputada Olga
Patricia Chozas y Chozas de la Comisión de Ciencia y Tecnología, por el diputado Diego
Cobo Terrazas, ambos del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 18 de septiembre de 2002.— Diputado
Martí Batres Guadarrama, presidente de la
Junta.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
JUNTA DE APOYO
ADMINISTRATIVO
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se deroga
el acuerdo que crea la Junta de Apoyo Administrativo, emitido el 12 de octubre de 2000.
Con fundamento en los artículos 30, 33 y 34 incisos d y f
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de
Coordinación Política, toma el siguiente acuerdo, considerando que:
1. La Junta de Coordinación Política tiene como atribuciones
exclusivas las de elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara, así como
asignar los recursos humanos, materiales, financieros y los locales que correspondan a los
grupos parlamentarios y también a los dipu-tados que no forman parte de ellos.
2. Las atribuciones que en materia administrativa tiene encomendadas
la Junta de Coordinación Política, se encuentran en la ley.
3. La ejecución de los lineamientos administrativos que acuerda la
Junta de Coordinación Política, debe darse por las instancias administrativas de la
Cámara de Diputados, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin que la ley prevea
instancias políticas o administrativas intermedias para la transmisión de los acuerdos.
4. La Junta de Coordinación Política reconoce ampliamente los
esfuerzos y el trabajo desplegado por las diputadas y diputados integrantes de la Junta de
Apoyo Administrativo.
Por las anteriores consideraciones, la Junta de Coordinación
Política toma el siguiente
ACUERDO
Primero. Se deroga el
acuerdo que crea la Junta de Apoyo Administrativo emitido por esta Junta de Coordinación
y ratificado por el pleno el 12 de octubre de 2000.
Segundo. La Junta de
Coordinación Política, de conformidad con los artículos 30, 33 y 34 incisos d y f
de la Ley Orgánica del Congreso, decidirá las orientaciones que en materia
administrativa le correspondan, a partir de la participación colectiva de sus
integrantes.
A las reuniones de la Junta donde se aborden temas administrativos,
podrán asistir diputados que designen en cada caso, los coordinadores de los grupos
parlamentarios a fin de que participen en las deliberaciones y en la elaboración de las
propuestas que se hagan.
De ser necesario, a convocatoria
de la propia Junta de Coordinación Política, podrán reunirse dichos diputados
para elaborar proyectos administrativos específicos que se llevarán a la sesión de la
Junta de Coordinación Política para su resolución definitiva.
Tercero. Las instancias
administrativas de la Cámara de Diputados se coordinarán entre sí para ejecutar
directamente las resoluciones que dicte esta Junta de Coordinación en uso de sus
atribuciones legales.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 18 de septiembre de
2002.— La Junta de Coordinación Política.— Diputados: Martí Batres Guadarrama, presidente de la Junta de
Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del PRD; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo
parlamentario del PRI; Felipe Calderón Hinojosa,
coor-dinador del grupo parlamentario del PAN; Bernardo
de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del PVEM y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo
parlamentario del PT.»
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobado.
SECCION INSTRUCTORA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
La siguiente comunicación, de la Junta de Coordinación Política,
es la relativa al acuerdo para la constitución de la Sección Instructora. En virtud de
que el día de hoy está programada la comparecencia del Secretario de Energía y que
éste es un tema del cual la Mesa Directiva está enterada, habrá participación de
diversos legisladores. Este asunto se desahogará al término de la comparecencia del
Secretario de Energía.
Continúe la Secretaría.
PENA DE MUERTE
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio número CP/2R/2AE.-1472 de fecha 7 de agosto
del presente año, suscrito por el senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente
de la Comisión Permanente, con el presente les acompaño para los fines que estimen
procedentes, copia del similar número CJA 3764, signado por el ciudadano Juan Manuel
Gómez Robledo, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como
el anexo que en el mismo se cita, en relación al punto de acuerdo promovido por el
diputado Sergio Acosta Salazar, sobre la propuesta para que el Estado mexicano impulse la
abolición de la pena de muerte a nivel mundial.
Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 10 de septiembre de 2002.— El subsecretario M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Relaciones Exteriores.— México.
Licenciado José Luis Carmona Ruiz, director general de
coordinación política con los poderes de la Unión de la Secretaría de
Gobernación.— México, DF.
Me permito hacer referencia a su atento oficio............
SFC/211/1268/02 del 8 de agosto último, mediante el cual comunico a esta Secretaría los
puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión en su sesión del 8 de los corrientes.
Sobre el particular y en relación con el primer punto del acuerdo
adoptado por dicha Comisión, pronunciándose porque “... el Estado mexicano impulse
la abolición de la pena de muerte a nivel mundial”, me permito exponer lo siguiente:
• Derivado del carácter prioritario que la protección de los
derechos humanos tiene en la agenda de política exterior del Ejecutivo Federal, la
Cancillería, a través de sus misiones ante organismos multilaterales, mantiene una
participación activa en los foros internacionales en los que se debate el tema de la pena
capital.
• En este sentido, el Gobierno de México ha respaldado de
manera constante diversas iniciativas tendientes a suprimir la aplicación de la pena de
muerte. Así por ejemplo, cada año desde 1998, la delegación mexicana ante la Comisión
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza,
ha apoyado y promovido la adopción de una resolución de dicho órgano, con el fin de
decretar una moratoria de todas las ejecuciones a nivel mundial, con miras a lograr su
completa abolición. Acompaño al presente una copia de la resolución (2002/77) adoptada
el presente año.
• Igualmente y en materia de extradición, la Cancillería ha
mantenido invariablemente la posición, recogida en los tratados bilaterales
correspondientes, de no conceder solicitudes de extradición en aquellos casos en los que
exista la posibilidad de que el individuo extraditado sea condenado a la pena de muerte, a
menos que el Estado requeriente ofrezca garantías suficientes de que no le será aplicada
dicha pena.
• Sin embargo y como no escapará a su atención, el activismo
internacional del Gobierno de México en materia de abolición de la pena capital se ve
limitado debido a que, si bien en nuestro país la pena de muerte no se aplica en la
práctica, nuestro texto constitucional aún la contempla para ciertos delitos.
Como resultado de dicha situación, México no es parte de
instrumentos internacionales fundamentales en la materia como es el caso, por ejemplo, del
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
destinado a abolir la pena de muerte, adoptado por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas, el 15 de diciembre de 1989.
Mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para transmitir al
honorable Congreso de la Unión la anterior información, así como el documento anexo y
me reitero a sus órdenes para cualquier información adicional.
Atentamente.
México, DF, a 29 de agosto de 2002.— El consultor jurídico Manuel Gómez Robledo.»
«Cuestión de la pena capital.
Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2002/77.
La Comisión de Derechos Humanos.
Recordando el artículo 3o. de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, que afirma el derecho de todos los individuos a la vida, el artículo 6o. del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 6o. y el apartado A
del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Recordando también las resoluciones de la Asamblea General 2857
(XXVI), de 20 de diciembre de 1971, y 32/61, de 8 de diciembre de 1977, relativas a la
pena capital, así como la resolución 44/128, de 15 de diciembre de 1989, en la que la
Asamblea aprobó y abrió a la firma, ratificación y adhesión el Segundo Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir
la pena de muerte.
Recordando además las resoluciones del Consejo Económico y Social
1984/50, de 25 de mayo de 1984; 1985/33, de 29 de mayo de 1985; 1989/64, de 24 de mayo de
1989; 1990/29, de 24 de mayo de 1990; 1990/51, de 24 de julio de 1990 y 1996/15, de 23 de
julio de 1996.
Recordando sus resoluciones 1997/12, de 3 de abril de 1997; 1998/8,
de 3 de abril de 1998; 1999/61, de 28 de abril de 1999; 2000/65, de 26 de abril de 2000 y
2001/68, de 25 de abril de 2001, en las que manifestaba su convicción de que la
abolición de la pena de muerte contribuye a realzar la dignidad humana y el desarrollo
progresivo de los derechos humanos.
Observando que en algunos países se impone a menudo la pena capital
tras un juicio que no cumple las normas internacionales de equidad y que los miembros de
minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas parecen ser
desproporcionadamente objeto de condena a la pena capital.
Acogiendo con beneplácito la exclusión de la pena capital de las
penas que están autorizados a imponer el Tribunal Penal Internacional para la ex
Yugoslavia, el Tribunal Internacional para Rwanda y la Corte Penal Internacional,
Acogiendo también con beneplácito la abolición de la pena capital
desde el último periodo de sesiones de la Comisión, en algunos estados, en particular
los que han abolido la pena capital respecto de todos los delitos.
Elogiando a los estados que han ratificado en fecha reciente el
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
destinado a abolir la pena de muerte.
Celebrando las recientes firmas del Segundo Protocolo Facultativo
por algunos estados.
Celebrando también el hecho de que muchos países, si bien
mantienen la pena capital en su legislación penal, suspenden las ejecuciones.
Remitiéndose al informe de la Relatora Especial sobre las
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias......... (E/CN.4/2001/9 y Corr.1), por
lo que se refiere a las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de
los condenados a la pena de muerte, establecidas en el anexo de la resolución 1984/50 del
Consejo Económico y Social.
Profundamente preocupada porque
varios países imponen la pena de muerte haciendo caso omiso de las limitaciones
especificadas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención
sobre los Derechos del Niño.
Preocupada porque varios países, al imponer la pena de muerte, no
tienen en cuenta las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los
condenados a la pena de muerte.
1. Recuerda el sexto informe quinquenal del Secretario General sobre
la pena capital y la aplicación de las salvaguardias para garantizar la protección de
los derechos de los condenados a la pena de muerte, presentado de conformidad con la
resolución 1995/57 del Consejo Económico y Social, de 28 de julio de 1995 (E/2000/3), y
aguarda con interés la recepción del suplemento anual sobre los cambios en las leyes y
las prácticas relativas a la pena de muerte en todo el mundo, de conformidad con lo
solicitado en la resolución 2001/68 de la Comisión;
2. Reafirma la resolución 2000/17 de la subcomisión de Promoción
y Protección de los Derechos Humanos, de 17 de agosto de 2000, sobre el derecho
internacional y la imposición de la pena capital a los menores de 18 años en el momento
de la comisión de delitos;
3. Exhorta a todos los Estados partes en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos que todavía no se hayan adherido al Segundo Protocolo
Facultativo del Pacto, destinado a abolir la pena de muerte ni lo hayan ratificado a que
estudien la posibilidad de hacerlo;
4. Insta a todos los Estados que todavía mantienen la pena de
muerte a:
a) Cumplir plenamente las obligaciones contraídas en virtud del
Pacto y la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente la obligación de no
imponer la pena capital salvo en el caso de los más graves delitos y sólo tras la
emisión de un fallo definitivo por un tribunal competente, imparcial e independiente, de
no imponerla por delitos cometidos por menores de 18 años de edad, de excluir de esa pena
a las mujeres embarazadas y de asegurar el derecho a un juicio justo y a solicitar el
indulto o la conmutación de la sentencia;
b) Cerciorarse de que todos los procedimientos jurídicos, y en
particular los procesos por delitos que acarrean la pena capital, cumplen las garantías
procesales mínimas contenidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, comprendido el derecho a ser oído pública y equitativamente por un
tribunal competente, independiente e imparcial, la presunción de inocencia, el derecho a
una asistencia letrada adecuada y el derecho de apelación a un tribunal superior;
c) Velar porque el concepto de
“más graves delitos” se limite a los delitos intencionales con consecuencias
fatales o extremadamente graves y porque no se imponga la pena de muerte por delitos
financieros no violentos, por la expresión no violenta de convicciones o la práctica
religiosa o por relaciones sexuales entre adultos que consienten en el acto;
d) No formular nuevas reservas en relación con el artículo 6o. del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que puedan ser contrarias al objetivo
y los propósitos del pacto y a retirar las reservas ya formuladas, en vista de que en el
artículo 6o. del Pacto se consagran las normas mínimas para la protección del derecho a
la vida y las normas generalmente aceptadas en esta esfera;
e) Observar las salvaguardias para garantizar la protección de los
derechos de los condenados a la pena de muerte y a cumplir plenamente sus obligaciones
internacionales, en particular las contraídas en virtud del artículo 36 de la
Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963 y especialmente el derecho a
recibir información sobre la asistencia consular en el contexto de un procedimiento
jurídico;
f) No imponer la pena capital ni ejecutar a ninguna persona que
sufra una forma de trastorno mental;
g) No ejecutar a ninguna persona mientras esté pendiente cualquier
otro procedimiento jurídico conexo en el plano internacional o nacional;
5. Exhorta a los Estados que todavía mantienen la pena de muerte a
que:
a) Limiten progresivamente el número de delitos por los que se
puede imponer esa pena;
b) Suspendan las ejecuciones, con miras a abolir completamente la
pena de muerte;
c) Pongan a disposición de la población la información relativa a
la imposición de la pena de muerte;
d) Faciliten al Secretario General y a los órganos competentes de
las Naciones Unidas información sobre la aplicación de la pena capital y la observancia
de las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la
pena de muerte contenidas en la resolución 1984/50, de 25 de mayo de 1984, del Consejo
Económico y Social;
6. Exhorta a los Estados que no aplican ya la pena capital, pero la
mantienen en su legislación a que procedan a abolirla;.
7. Pide a los Estados que hayan recibido una solicitud de
extradición por un delito punible, con la pena capital a reservarse expresamente el
derecho a denegar la extradición a menos que las autoridades competentes del Estado
solicitante den seguridades de que no se ejecutará la pena capital;
8. Pide al Secretario General que, en consulta con los gobiernos,
los organismos especializados y las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, siga presentando a la Comisión, en su 59 periodo de sesiones, un informe
sobre los cambios en las leyes y las prácticas relativas a la pena de muerte en todo el
mundo, como suplemento anual de su informe quinquenal sobre la pena capital y la
aplicación de las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los
condenados a la pena de muerte, prestando especial atención a la imposición de la pena
de muerte a personas que en el momento de cometer el delito, tenían menos de 18 años;
9. Decide seguir examinando esta
cuestión en su 59 periodo de sesiones en relación con el mismo tema del programa.
México, DF, 25 de abril de 2002.— Cincuenta y seis sesión.»
Aprobada en votación registrada por 25 votos contra 20 y ocho
abstenciones. (Véase Capítulo XVII)
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese copia al
promovente y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
DIPUTADAS SUPLENTES QUE SE
INCORPORAN
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se encuentran a las puertas de este recinto las ciudadanas Martha
Ruth del Toro Gaytán y Magdalena Yunuén Pazarán Navarijo, diputadas suplentes electas
en la primera y segunda circunscripción plurinominal.
Se designa en comisión para que las acompañen en el acto de rendir
la protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes diputados:
Juan José Nogueda Ruiz, Nelly Campos Quiroz, José de Jesús
Hurtado Torres, Erika Spezia Maldonado y Jaime Cervantes Rivera.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su cometido)
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Ciudadanas Martha Ruth del Toro Gaytán y Magdalena Yunuén Pazarán
Navarijo: ¿Protestan guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas que el pueblo les ha conferido,
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Las ciudadanas Martha Ruth del Toro
Gaytán y Magdalena Yunuén Pazarán Navarijo:
¡Sí, protesto!
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Si así no lo hicieran, que la
nación se los demande.
SISMOS DE 1985
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Esta Presidencia recibió
solicitud, suscrita por diversos dipu-tados de distintos partidos de la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública, para que fuésemos el conducto para solicitar a
nombre del grupo de trabajo en materia de protección civil a este pleno pudiésemos
guardar un respetuoso minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas a causa del
sismo del 19 de septiembre de 1985.
Les ruego nos pongamos de pie.
(Minuto de silencio.)
ANALISIS II INFORME DE
GOBIERNO.
POLITICA ECONOMICA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se encuentra en el salón de recepción de esta Cámara de Diputados
el ciudadano Ernesto Martens Rebolledo, Secretario de Energía, invitado a la sesión de
esta fecha, en que se llevará a cabo el análisis del II Informe de Gobierno.
A efecto de que lo trasladen a este recinto, se designa a los
integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Energía y se les ruega cumplan con su
cometido.
(La comisión cumple su encargo)
De conformidad con el acuerdo parlamentario aprobado por esta
Asamblea y que norma el procedimiento para el análisis del II Informe de Gobierno, nos
acompaña el ciudadano Ernesto Martens Rebolledo, Secretario de Energía.
Para dar inicio a la comparecencia, le ruego atentamente a nuestros
colegas legisladores tengan a bien ocupar sus curules.
Para dar cumplimiento al
punto segundo, numerales 1, 2 y 3, del mencionado acuerdo, se le concede el uso de la
palabra a Ernesto Martens Rebolledo, hasta por 15 minutos.
El Secretario de Energía, Ernesto
Martens Rebolledo:
Señora Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados;
señoras y señores legisladores:
Tengo el privilegio de comparecer nuevamente ante esta soberanía en
cumplimiento al mandato del artículo 93 constitucional y convencido de la enorme
importancia de fortalecer el diálogo republicano entre los Poderes de la Unión, a fin de
informar sobre el estado del sector.
Hace poco más de un año, en este mismo recinto manifestamos
nuestro compromiso por construir una política energética con visión integral,
consensuada y de largo plazo, acorde con las aspiraciones de la sociedad y con los retos
que nos plantea el desarrollo de la nación.
El programa sectorial de energía define con precisión los
objetivos y estrategias que orientan las decisiones del Gobierno Federal en materia de
energía: asegurar el abasto de energía con estándares internacionales de calidad y
precios competitivos; hacer del ordenamiento legal un sustento al desarrollo del sector,
otorgando certeza jurídica a los agentes económicos, garantizando la soberanía
energética y la rectoría del Estado; incrementar la utilización de fuentes renovables y
promover el ahorro y uso eficiente de energía; impulsar la generación y ampliación del
conocimiento científico y tecnológico.
Avances del sector.
Para el logro de los objetivos propuestos, hemos emprendido acciones
en los diferentes rubros que comprende la política energética, entre los que destacan
los siguientes:
La contribución de México a la estabilización del mercado
petrolero internacional que, en coordinación con la OPEP y otros países productores
independientes, ha rendido resultados alentadores.
Durante el periodo de enero a agosto de 2002 se observó un balance
petrolero más equilibrado y una recuperación importante en los precios. Como resultado,
el precio promedio de la mezcla mexicana fue de 20 dólares 71 centavos por barril, cifra
superior a los 15.50 dólares por barril estimados para el Presupuesto de Egresos de la
Federación.
Los ingresos por exportaciones para dicho periodo ascendieron a 8
mil 220 millones de dólares, cifra superior en 2 mil 30 millones de dólares al ingreso
programado.
En este año se invertirá una cifra histórica en la exploración y
producción: 105 mil millones de pesos, la mayor inversión en 20 años, lo que permitió
alcanzar durante el periodo de enero a agosto de este año el mayor nivel histórico de
producción del petróleo, al llegar a 3 millones 169 mil barriles diarios.
Durante el año 2001 se terminaron 53 pozos exploratorios y 406
pozos de desarrollo, cifra que no se alcanzaba desde hace 15 y 33 años, respectivamente.
Se descubrió el primer yacimiento marino de gas seco no asociado en
el país, que hace evidente el alto potencial de la zona de Campeche. Destacan además los
descubrimientos de La Alcahuaza Playuela, frente a las costas de Veracruz. Estos tres
campos permitirán incorporar cerca de 1.8 billones de pies cúbicos a nuestras reservas,
que es un poco más de la cuarta parte de las reservas probadas.
En el periodo de enero a julio, las ventas internas de gas natural
promediaron 2 mil 362 millones de pies cúbicos diarios, volumen 23% superior al mismo
periodo del año anterior. Frente a ello, la producción se incrementó única- mente el
3%, por lo que hubo necesidad de aumentar en un 144% las importaciones para abastecer el
mercado.
Hoy, el sector eléctrico es el principal consumidor, con el 53% de
las ventas. La dinámica de consumo de gas natural por dicho sector es uno de los
desafíos más importantes que tiene el país; para enfrentarlo se requiere dar máxima
prioridad al desarrollo del gas natural no asociado.
Productos petrolíferos.
Durante los primeros siete meses, el mercado interno de
petrolíferos fue de 1 millón 306 mil barriles diarios y fue abastecido en un 93% con
producción nacional, contra 87% del año anterior.
Se concluyeron los proyectos de reconfiguración de las refinerías
de Tula y Salamanca. En Cadereyta se han terminado todas las plantas, excepto la
Copisadora, que entrará en operación el próximo año, mientras que en Madero todas sus
plantas se encuentran en pruebas preoperativas.
Estas acciones permitirán incrementar la producción de gasolina en
un 6.5% el próximo año, lo que conlleva a una reducción en las importaciones de
gasolina y otros petrolíferos.
Seguridad.
En los últimos años, los indicadores de seguridad, que miden la
frecuencia y la gravedad de accidentes, ha mostrado una tendencia general a la baja. Sin
embargo, este año se ha registrado un repunte como resultado de seis accidentes, en los
que desafortunadamente se perdieron ocho vidas humanas.
La empresa ha tomado las medidas necesarias para restablecer los
niveles de seguridad que ya se habían logrado.
Electricidad.
Para este año, la inversión total de la CFE y Luz y Fuerza
asciende a 48 mil 447 millones de pesos, con un crecimiento de 28.5% respecto al año
anterior. De este monto, el 66% corresponde a
proyectos Pidiregas desarrollados por la iniciativa privada dentro del marco legal que nos
rige.
Capacidad de generación. Durante la presente administración se
terminó la construcción de 15 nuevas centrales, con lo que la capacidad instalada de
energía eléctrica para el servicio público, incluyendo productores independientes, se
incrementó en un 12%, pasando de 36 mil 700 megawatts a 41 mil 180.
Con las plantas existentes y las que se encuentran en construcción,
será posible satisfacer la demanda de energía eléctrica durante la presente
administración. Sin embargo, cabe recordar que el 23% de la capacidad instalada depende
de centrales hidroeléctricas, lo que implica un riesgo de abasto debido a la falta de
lluvias. Actualmente, la planta de Grijalva, cuyas presas se encuentran a niveles mínimos
históricos...
Adicionalmente, por limitaciones presupuestales, las plantas
térmicas no han recibido mantenimiento oportuno, por lo que se ha reducido su capacidad
eléctrica.
De esta manera, si persiste la falta de lluvias, se tiene el riesgo
de no poder cubrir la demanda máxima en los próximos meses.
Transmisión. El sistema eléctrico mexicano se encuentra
interconectado por la red nacional de transmisión, por lo que éste juega un papel
esencial en la seguridad y confiabilidad del abasto.
En los últimos dos años, la red se incrementó en 3 mil 326
kilómetros, para alcanzar una extensión total de casi 39 mil. Este año se triplicó el
presupuesto de inversiones para transmisión, pasando de 5 mil 315 millones de pesos en 2001 a 15 mil 838 millones de pesos en 2002.
Cobertura. Las dos empresas públicas de electricidad abastecen a
25.5 millones de usuarios. La CFE extendió el contrato al cliente número 20 millones el
pasado 23 de julio.
Para electrificar las casi 4 mil comunidades con más de 100
habitantes que aún carecen de este servicio, es necesaria una inversión cercana a los 6
mil 500 millones de pesos.
Se requiere que este Congreso autorice a la CFE que dé recursos
para este fin o bien, que se etiqueten adecuadamente los recursos que hoy se asignan a los
municipios.
Tarifas eléctricas. Como informamos en su oportunidad a este
honorable Congreso, a principios del año 2002, debido a insuficiencias en el presupuesto
autorizado, que limitaban peligrosamente la capacidad de la CFE y Luz y Fuerza para
cumplir de manera mínima con sus funciones, fue necesario contemplar diversas medidas,
que incluyeron una reducción al subsidio en las tarifas eléctricas, así como un
incremento a las tarifas de las diferentes dependencias del Gobierno Federal.
Con objeto de proteger a la población de menores ingresos, para
cada tarifa se estableció un consumo promedio dentro del cual se mantuvo la totalidad del
subsidio, lo que permitió que el 72.6% de los usuarios no fueran afectados por esta
medida.
Como ustedes recuerdan, no fueron incluidas las tarifas de bombeo
para uso agrícola, alumbrado público o servicio de agua potable y aguas negras. La
medida tampoco afectó a los gobiernos del Distrito Federal, estatales y municipales.
Mediante el diálogo con gobernadores, diputados y senadores, así
como con diversas asociaciones civiles, se lograron instrumentar programas de apoyo a los
usuarios de las regiones más afectadas.
Por instrucciones del Presidente de la República, se amplió el
fideicomiso Ahorra Así para financiar medidas específicas de ahorro de energía a
consumidores domésticos en las zonas más cálidas.
De la misma manera, para brindar un mayor beneficio a los usuarios
de las localidades que registran temperaturas extremas en el barómetro de consumos de
energía son más elevados, se creó la misma tarifa doméstica 1F y se ha reclasificado a
20 poblaciones y nueve estados con base en la información proporcionada por la Comisión
Nacional del Agua.
En relación al acuerdo de la Cámara de Diputados para que se
realice un análisis minucioso de las tarifas domésticas en las zonas cálidas o de alta
humedad relativa, quiero informar a este honorable Congreso que existe la voluntad del
Gobierno para llevar a cabo esta revisión y proceder a una rectificación en todos los
casos en que se haya incurrido en excesos, omisiones o equivocaciones.
Por ello hemos girado instrucciones a su Secretario de Electricidad
y a nuestro director de la CFE para que, junto con los representantes de la Comisión
Nacional del Agua, la Secretaría de Hacienda y este honorable Congreso, se proceda a
revisar los procedimientos de cálculo de tarifas en las zonas con condiciones extremas de
temperatura; y esperamos que sea en un tiempo lo menor posible.
Eficiencia energética. México continúa avanzando en el uso más
eficiente de la energía, lo que permitió reducir la intensidad energética de nuestra
economía para alcanzar el nivel más bajo desde 1977. El pasado mes de marzo se publicó
en el Diario Oficial de la Federación el
decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados
Unidos Mexicanos. Esta medida nos ha permitido obtener ahorros importantes en la demanda,
que se traduce en un diferimiento de inversiones por 8 mil millones de pesos y con una
reducción en contaminantes emitidos al ambiente, entre otros beneficios. Por ello,
nuestro reconocimiento profundo, señoras y señores congresistas.
Tanto Pemex como la CFE y Luz y Fuerza han disminuido
sustancialmente las emisiones totales de gases contaminantes a la atmósfera, así como el
volumen de agua utilizado por unidad de producción. Pemex es una de las primeras empresas
que ha implementado un mercado interno de permisos de emisiones de gases de efecto
invernadero, y esto es a nivel mundial.
Desarrollo tecnológico. Un logro importante ha sido el que las tres
empresas del sector cuenten con un programa de investigación y desarrollo en que se
identifican tanto las brechas tecnológicas como los proyectos específicos que vamos a
requerir para mejorar sus capacidades competitivas.
Con el fin de promover una mayor participación de las autoridades
estatales y de los diferentes sectores involucrados en el proceso de planeación regional,
el pasado mes de marzo se pusieron en marcha los consejos técnicos de energía para el
desarrollo regional. A la fecha se han instalado los consejos de las zonas centro,
centro-occidente y noreste, y antes de finalizar el año estarán instalados los consejos
de zona sureste y noroeste.
Como es de su conocimiento, el Presidente Fox envió al Senado de la
República una propuesta de reforma al sector eléctrico. Esta iniciativa se une a las
presentadas por legisladores del PRI y del PRD, con las que existen más coincidencias que
diferencias, mismas que ciertamente esperamos sea posible conciliar.
Entre las coincidencias, podemos resaltar las siguientes: preservar
la rectoría del Estado, transformar a la CFE y Luz y Fuerza de empresas de Gobierno a
empresas del Estado, otorgar a las empresas mayor autonomía de gestión y un régimen
fiscal diferenciado, respetar obviamente los derechos de los trabajadores, mantener la
participación privada en la generación de electricidad, conservar la red nacional de
transmisión y los sistemas de distribución bajo la exclusividad del Estado, fortalecer
el órgano regulador y establecer una política de subsidios ajena a las finanzas de las
empresas y, además, preservar el compromiso del Estado de atender de manera prioritaria
los rezagos en materia de rectificación. Sin embargo, para el Ejecutivo se requieren
reformas a la Constitución que den certidumbre a las inversiones y despejen las
inquietudes expresadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la
participación privada en la generación de electricidad.
Por su importancia, a riesgo de ser reiterativo, insistimos en lo
que tantas veces ha señalado el señor Presidente de la República: la reforma no plantea
privatización de la CFE y Luz y Fuerza sino, por el contrario, busca fortalecerlas,
modernizarlas, dotándolas de una mayor autonomía de gestión y de mejores sistemas
normativos y de operación. Sólo así podrán
convertirse en verdaderas empresas del Estado.
La Presidenta diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel:
Señor Secretario, vamos a continuar con la comparecencia. Nos hizo
usted favor de utilizar menos del tiempo previsto, lo cual se aprecia. Y para fijar
posición general, a nombre de su partido o de su grupo parlamentario, se han inscrito los
siguientes diputados:
Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, a nombre del Partido Alianza
Social, hasta por cinco minutos; Bertha Alicia Simental García, a nombre del Partido de
la Sociedad Nacionalista, hasta por cinco minutos; Víctor Antonio García Dávila, del
grupo parlamentario del PT, hasta por 10 minutos; Sara Figueroa Canedo, del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por 10 minutos; la diputada María del
Rosario Tapia Medina, del grupo parlamentario del PRD, hasta por 10 minutos; Mauricio
Enrique Candiani Galaz, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por 10 minutos;
y Raúl Sicilia Salgado, del grupo parlamentario del PRI, hasta por 10 minutos.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Beatriz
Patricia Lorenzo Juárez, de Alianza Social.
La
diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez:
Con el permiso de la Presidencia; ingeniero Ernesto Martens
Rebolledo, secretario de Energía, bienvenido; señoras y señores legisladores:
El dinamismo social y económico que exige la globalización implica
dar origen a soluciones eficaces para realidades rezagadas, pero principalmente debemos de
empezar a preocuparnos en plural y dejar de pensar en singular.
El cambio de actitudes es lo primero que debe darse en el contexto
de la globalización. En algunas ocasiones es indispensable para tomar decisiones
acertadas el mirar al pasado y aprender de él.
Los ejemplos de desastres en materia energética sobran, y no
tomarlos en cuenta es una irresponsabilidad.
La Unión Americana, Inglaterra, España y Argentina dan ejemplos de
regulaciones energéticas fallidas; éstos son hechos que nadie puede refutar.
En Alianza Social nos rehusamos a aceptar que en esta materia el
Congreso mexicano libra una batalla de antemano perdida y es ahora cuando el Legislativo
Federal debe responder a los electores y hacer de las leyes un instrumento de la justicia
y no de la dominación.
Señor Secretario: sabemos que, de no realizarse las reformas
estructurales que México necesita, como la energética, las consecuencias negativas a
todos los plazos serían de no poca importancia, ya que se reflejarían en una menor
productividad y, por ende, competitividad nacional.
La gran interrogante no es si se desregula el sector energético
sino de qué manera, ya que este tipo de reformas deben en todo momento beneficiar al
país; de lo contrario, de nada sirven.
Pemex ocupa el séptimo lugar en el mundo en materia de reservas
probadas de crudo y condensados y la CFE es la sexta empresa más importante como
proveedor de electricidad en el mundo, por el número de usuarios atendidos: 20 millones
aproximadamente.
Tanto en Pemex como en la CFE, el problema no es de ninguna manera
su incompetitividad sino es, por un lado, la corrupción en su interior y, por el otro, un
sinfín de normas fiscales y disposiciones hacendarias que asfixian su autonomía de
gestión. La CFE paga a Hacienda el 9% de cuotas sobre activos.
Sustentar el desarrollo nacional en algo tan variable como es el
precio del petróleo, que a fin de cuentas es determinado por el mercado mundial, es
arriesgarlo todo por nada, es dar lugar a que México continúe planeando su desarrollo
sobre las bases de la incertidumbre y la zozobra.
Ante un sector caótico, moral y económicamente, como lo es hoy el
sector energético nacional, ¿por qué no poner orden al mismo antes de abrirlo? Es
verdad, es una decisión que conlleva a un costo político, pero un Estado para eso, para
hacer lo correcto.
Es indispensable hacer notar que, a pesar de encontrarnos en la
antesala del proceso electoral federal 2003, no debemos considerar a la reforma
energética como un botín político, ya que ello nos llevaría sin duda alguna a un nuevo
fracaso nacional.
Señor Secretario: para el Partido Alianza Social, sólo contando
con un auténtico Estado de Derecho, finanzas públicas sanas y una administración
pública eficiente México puede aspirar a ser una nación exitosa, pero no en el discurso
sino en la práctica.
El Gobierno Federal, al parecer, se preocupa más por la decepción
que puedan tener los inversionistas extranjeros que por la decepción y el daño que pueda
sufrir la nación entera ante las políticas públicas implementadas a la fecha, a lo cual
basta un ejemplo:
En el sector eléctrico, como un servicio público prioritario para
cubrir las necesidades básicas de toda familia, los incrementos a las tarifas eléctricas
han sido desproporcionados y anticonstitucionales. El subsidio no es un regalo a la
población; es una obligación del Estado, en apoyo a los sectores de la sociedad de más
bajos recursos y como impulsor de los sectores económicos y entidades federativas que
más lo requieran, como es el caso de Sonora, Baja California, Chihuahua y Coahuila, entre
otros. Acciones que mejoren su calidad de vida es lo que exige y merece la sociedad y no
excusas constantes para justificar la inacción u omisión gubernamental.
En el Partido Alianza Social estamos convencidos de que es tiempo de
que todos los sectores políticos asuman la responsabilidad que les corresponde y evitar
así que las presiones extranjeras sean las que determinen qué es prioritario y qué no
lo es para el país.
Señor Secretario, en Alianza Social esperamos que sean las
políticas energéticas, lógicas y acordes a la realidad nacional y las reglas
respetuosas de la ley, las que sean apoyadas por la dependencia que usted dignamente
dirige, dando con ello lugar a un nuevo y mejor proyecto de nación, en donde usted sea no
sólo espectador sino impulsor del mismo.
No esperemos la desgracia para unirnos. Hagámoslo hoy; evitémosla,
estamos a tiempo. Cuenta usted con el Congreso, esperamos contar con usted.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señora diputada.
Hará uso de la palabra la diputada Bertha Alicia Simental García,
del Partido de la Sociedad Nacionalista, hasta por cinco minutos.
La diputada Bertha Alicia Simental
García:
Con el permiso de la Presidencia; Secretario de Energía Ernesto
Martens Rebolledo; compañeras y compañeros legisladores:
Los nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista,
haciendo uso de nuestro derecho, venimos a expresarle nuestro posicionamiento político
respecto a los grandes temas del sector a su encargo, pronunciándonos desde esta tribuna
que los nacionalistas sólo apoyaremos proyectos que fortalezcan a México y a los
mexicanos y que no soslayen la soberanía nacional ni a las empresas públicas mexicanas.
A los nacionalistas nos queda claro que, dentro de las perspectivas
del Presidente de la República, se encuentra dar respuesta cabal a las necesidades
energéticas que tiene la población mexicana, que se ha propuesto impulsar al sector
energético para convertirlo en instrumento eficaz para impulsar el crecimiento económico
y promover el desarrollo humano.
Sin embargo, en el Partido de la Sociedad Nacionalista sostenemos
que la independencia y la soberanía nacional son los principios rectores que deben
permanecer y ser la base en la reestructuración de nuestro sistema político, económico
y social, lo cual incluye un “no” rotundo a otorgar permisos y concesiones para
explotar las áreas estratégicas del país, como son el petróleo y demás hidrocarburos,
la petroquímica básica, minerales radiactivos y la generación de energía nuclear,
electricidad y comunicaciones dentro del territorio nacional.
Sostenemos que es el Estado mexicano quien debe de ejercer en ella
su rectoría, proteger la seguridad y soberanía de la nación. Señor Secretario, éste
debe ser su encargo.
Sabemos que el sector energético se encuentra en momentos de cambio
y transformaciones profundas. Reconocemos que es un elemento estratégico para el
desarrollo económico y social de nuestro país, pero también es momento de tomar
decisiones fundamentales para garantizar a la población mexicana el abasto presente y
futuro de energía y sentar las bases de una política energética integral, sustentable a
largo plazo. Señor Secretario, ésta es su tarea.
Por ello, los nacionalistas proponemos que, con base en la
estabilidad económica de la que hoy goza nuestro país y en la confianza que se tiene de
nuestra economía y desarrollo, se soliciten los empréstitos necesarios para transformar
a nuestra industria eléctrica e incluirla en la modernidad y tecnología de los países
más avanzados.
Ahora bien, si existe el interés por parte de los inversionistas
extranjeros en la participación económica y de desarrollo de nuestra industria
eléctrica, es porque consideran que estos proyectos serán de alta rentabilidad
económica; por lo tanto, obtendrán ganancias millonarias, que difícilmente se
reflejarán en derramas económicas en beneficio de la mayoría de los mexicanos.
Señor Secretario, no sea usted parte de esto. Nuestro deber es
velar porque las industrias eléctricas-petroleras se manejen con la mayor transparencia
para que los beneficios sean para el pueblo y del pueblo. No podemos seguir pensando que
los mexicanos no somos capaces de administrar correctamente las empresas que la nación
tenga bajo su custodia y control.
Los nacionales creemos que si los poderes Ejecutivo y Legislativo
unimos esfuerzos y voluntad política, podemos construir una política energética con una
visión integral, consensuada, de largo plazo, acorde a las necesidades, oportunidades,
retos y aspiraciones que la nación demanda. Hoy es momento que sirvamos a nuestro país
garantizándole un suministro de energía suficiente, de calidad, económicamente viable y
sustentable.
Señor Secretario, los legisladores del Partido de la Sociedad
Nacionalista le manifestamos que estamos dispuestos a analizar y a debatir toda propuesta
de reforma al sector energético anteponiendo en todo momento los intereses de la nación
mexicana y bajo la premisa fundamental de que “la patria es primero” y México
es de los mexicanos.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señora diputada.
Se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Antonio García
Dávila, del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.
El diputado Víctor Antonio García
Dávila:
Con el permiso de la Presidencia; ingeniero Ernesto Martens
Rebolledo, secretario de Energía:
El cambio en México ya nadie lo para; la reversa también es
cambio.
La continuación de comparecencias de algunos de los titulares de
las dependencias del Ejecutivo Federal ante esta Cámara se ha convertido en una pasarela
a la que vienen ustedes a hablar quién sabe de qué país, seguramente se trate de un
mundo creado por algún escritor de cuentos o novelas inventadas por la fantasía
desmedida de su ingenio y creatividad: “foxilandia”.
Además, en las preguntas que aquí se formulan recibimos respuestas
evasivas o ajenas a México. Esto es una lástima, sin duda, porque este ejercicio
representa el dispendio de recursos y tiempo, que lo único que ha logrado es profundizar
la falta de credibilidad en el Gobierno por parte de la población.
De verdad, señor Secretario, esperamos que en esta ocasión no sea
así. Esperamos que usted nos hable de lo que realmente está ocurriendo en este país en
materia energética para bien de los mexicanos, pero sobre todo de los grupos más
necesitados.
Para ello es necesario contar con una política energética
nacionalista y al servicio de los mexicanos, no para beneficiar a usuarios extranjeros o a
empresas vinculadas con intereses del exterior.
En el informe de su dependencia se indica que en el ejercicio de la
democracia, el respeto a la división de poderes, se ha buscado fortalecer las formas de
trabajo entre la Secretaría de Energía y el honorable Congreso de la Unión y se ha
avanzado en la construcción de espacios permanentes de diálogo y cooperación. De
verdad, ingeniero Martens, deseamos que así sea.
Después de revisar el Segundo Informe del Presidente Fox, en la
parte correspondiente al ramo de energía nos encontramos sin novedad, de que todo está
bien, todo es perfecto y que todo va viento en popa. Es curioso que en el primer párrafo
del Informe se indique que el sector energético representa un motor del progreso nacional
y uno de los activos más valiosos para el bienestar social.
En términos reales se incrementó la inversión física, a fin de
mantener la soberanía energética, garantizar el abasto de insumos energéticos,
modernizar y elevar los niveles de productividad y eficiencia de las empresas del sector y
contribuir al desarrollo sustentable y al uso eficiente de la energía.
Lo anterior, señor Secretario, a lo más, son sólo discursos
vacíos o un catálogo de buenas intenciones que ustedes jamás podrán cumplir porque su
objetivo es contrario a los intereses del pueblo de México.
La política energética que usted encabeza es contradictoria,
errática y antinacionalista. Es contradictoria porque tiene como base real atender los
intereses y las necesidades de los sectores de la población minoritarios, de favorecer a
los grupos empresariales y de beneficiar a inversionistas extranjeros, permitiendo
paulatinamente la inversión de particulares en esta actividad industrial, estratégica en
grado superlativo.
Es una política errática porque mientras, por una parte, indican
que su compromiso es tener en el sector energético un instrumento eficaz para estimular
el desarrollo económico, promover la justicia social y garantizar en el largo plazo un
desarrollo sustentable orientado fundamentalmente por el uso responsable de la energía,
por otra parte, insisten en dejar al libre juego del mercado a esta industria retirando
los subsidios a los sectores más necesitados y manteniendo aquellos destinados a las
grandes empresas por considerarlas consumidoras mayoristas.
Es antinacionalista y es falso que la política del país en este
sector pretenda mantener la soberanía energética nacional, ya que se ha avanzado en un
acuerdo energético regional con nuestro vecino del norte, en el que el mayor beneficio es
para ellos.
Se dice en el informe de su dependencia que la Secretaría ha
definido como misión conducir la política energética del país dentro del marco
constitucional vigente y, por otro lado, insisten en realizar modificaciones
constitucionales a los artículos 27 y 28 indicando que, de no realizarse dichas reformas,
tendremos desabasto en los próximos años.
Ningún Gobierno, por más liberal que se presuma, deja al olvido a
sus empresas estratégicas de la manera como se ha hecho en México. Ya lo sabemos: en las
medidas que afectan al país, nuestro Gobierno es más papista que el Papa. Esto es, los
organismos financieros internacionales condicionan su apoyo a la mayor apertura económica
y financiera, y nosotros vamos más allá. En este aspecto, México se ostenta como
ejemplo a seguir ante el mundo.
Con la política neoliberal aplicada desde principios de los años
ochenta, sistemáticamente se ha mantenido la política de desmantelar al sector
energético. Dentro de esas medidas, se ha procurado que el régimen fiscal que ha
mantenido la Secretaría de Hacienda a Pemex y la CFE ha provocado la descapitalización
de dichas empresas.
Como usted sabe, el sector energético mexicano requiere de flujos
permanentes de recursos, sobre todo cuando se trata de cubrir la necesidad de modernizar y
adecuar sus procesos productivos o cuando se requiere de incursionar en métodos
renovables o no convencionales de producción de energía.
El propio sector energético genera recursos suficientes para que se
modernicen y para incursionar en la investigación y adaptación de métodos no
convencionales.
Nuestro país es muy rico en recursos naturales, que pueden
utilizarse en la generación de energía eléctrica. Sin embargo, hasta la fecha han sido
utilizados de manera marginal o casi nula.
Resulta incongruente que, hasta hace dos meses, todas las...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Un momentito, al orador, por favor.
Se ruega guardar silencio. Las personas invitadas y a los señores
legisladores, ocupen sus lugares y presten atención al orador.
Continúe por favor. Se le descontará el tiempo que fue suspendido.
El diputado Víctor Antonio García
Dávila:
El propio sector energético genera recursos suficientes para que se
modernicen y para incursionar en la investigación y adaptación de métodos no
convencionales.
Nuestro país es muy rico en recursos, que pueden utilizarse en la
generación de energía eléctrica.
Resulta incongruente que, hasta hace dos meses, todas las
autoridades involucradas en el sector pugnaran por modificaciones y reformas a la
legislación secundaria. Sin embargo, tal como ya lo sabíamos, el mes pasado el titular
del Ejecutivo envió al Senado sendas iniciativas para modificar desde la Constitución hasta leyes secundarias, bajo
el argumento de que es preciso dar certidumbre a los inversionistas del exterior y para
tratar de desprestigiar al Congreso y crear una imagen falsa en la sociedad, iniciaron
antes de presentar sus iniciativas una campaña mediática a favor de sus propuestas. Por
otra parte, en los últimos años, pero particularmente desde el Presidente Zedillo,
presentó la iniciativa para modificar los artícu-los 27 y 28.
Tanto el Ejecutivo como sus voceros se han dedicado a sostener que
en muy pocos años tendremos déficit en el suministro de electricidad. Este argumento ha
sido retroalimentado tanto por la Secretaría a su cargo como por la Comisión Federal de
Electricidad, incluso a costa de inflar la demanda futura de electricidad, bajo el
argumento de que la economía crecería en cantidades fabulosas y, por tanto, se
requeriría de más oferta de energía eléctrica.
En nuestro caso, la capacidad fiscal, que había sido una de las
principales herramientas para fincar el desarrollo de nuestras industrias estratégicas,
ha sido nulificada por la ofensiva ideológica a favor de un Estado liberal que retire
sistemáticamente sus inversiones.
Señor Secretario: no es correcto ni honesto para el pueblo de
México que, por una parte, recorten el presupuesto y los subsidios a las empresas del
sector impidiéndoles modernizarse y actualizar sus procesos productivos para estar dentro
del mercado mundial y, por otra, digan que es necesario permitir la inversión particular,
principalmente extranjera o, de lo contrario, el suministro de energético se verá
disminuido.
Esto no es más que la estrategia de dejar de alimentar a una
organización por falta de financiamiento y después argumentar que, por estar raquítico,
no merece existir.
El proceso de privatización en México, encabezado por los últimos
gobiernos, desde los años ochenta ha permitido la extranjerización de empresas, que no
la creación de otras nuevas. Esto ha sucedido en todos los campos: desde la industria
hasta los servicios bancarios y financieros.
Sabemos que la privatización de la industria eléctrica en muchas
partes del mundo ha fracasado. El caso más elocuente ha sido en el estado de California,
en Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina.
Como mera curiosidad solamente lo menciono. La información
proporcionada por el titular del Ejecutivo y el presentado por la dependencia a su cargo
no dan los mismos datos para el mismo concepto. Mientras que en el primero se indica que
para el presente año el presupuesto del sector es del orden de 174 mil 500 millones de
pesos, lo cual representa más del doble respecto de 1998, en la segunda dice 180 mil
501.5 millones de pesos. Esto, como sabemos, sólo ocurre en México.
¿Qué pasa, señor Secretario? Es muy ostensible su simpatía,
junto con la de toda la administración del Presidente Fox, por abrir de par en par la
puerta a la inversión privada en la generación de electricidad, en la producción de
toda la petroquímica, incluso en la explotación y exploración de hidrocarburos.
Entonces, ¿en dónde está su compromiso de velar por los intereses
de los recursos de nuestro país?
Por otra parte, tenemos interés en saber si existe, si existe,
cuál es la política instrumentada por esa dependencia del Ejecutivo Federal en lo que se
refiere a fuentes alternativas de energía. Pero que esto no se encuentre solamente en el
papel.
Es preciso que se diseñen medidas de vanguardia, para las que es
indispensable que el Estado asuma su papel de manera integral y no únicamente en la
promoción de la venta de los recursos que pertenecen al pueblo de México.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Para fijar la posición del Partido Verde Ecologista de México,
hará uso de la palabra la diputada Sara Figueroa Canedo hasta por 10 minutos.
La diputada Sara Guadalupe Figueroa Canedo:
Con el permiso de la
Presidencia; señor secretario de Energía, Ernesto Martens; compañeras y compañeros
diputados:
El país se encuentra en plena transición sobre el rumbo que
tomará nuestro sector energético. En nuestra historia moderna destaca la lucha y la
voluntad de la nación por desa-rrollar una industria energética sólida y al servicio de
los mexicanos.
El progreso de este sector se debe a las tareas desempeñadas por
varias generaciones de trabajadores y técnicos mexicanos que entregaron su mejor esfuerzo
y a las decisiones históricas que supieron tomar nuestros gobernantes.
Nuestro sector energético alcanzó grandes éxitos durante la etapa
de sustitución de importaciones. Hoy tenemos que reconocer que este modelo se encuentra
rebasado y nos enfrentamos a una nueva realidad, a retos diferentes y a la necesidad de
introducir modificaciones profundas en nuestra industria energética.
En la actualidad, el asunto energético tiene para el país
verdaderos alcances estratégicos. Si sabemos conducirlo adecuadamente, nos dará, como
país, más desarrollo y soberanía y, en consecuencia, mayor bienestar para los
mexicanos.
Sin embargo, para lograrlo hay que despejar dudas y tener la
capacidad, como país, de adoptar la mejor estrategia.
En el presente, nuestro sector energético atraviesa por graves
problemas. Es imposible soslayar que la crisis de la industria energética se encuentra
vinculada a la estrategia económica que hemos seguido en los últimos años.
Una irreflexiva apertura comercial destruye empleos y empresas, deja
a la industria sin apoyos para su conversión y afecta la recaudación fiscal del Estado.
La liberación de los mercados de capital nos llevó a la muy lamentable crisis económica
en 1995, con la carga de su pasivo sobre el presupuesto de la Federación.
La privatización, sin la imprescindible infraestructura
institucional, llevó más a la liquidación de activos que a la creación de riqueza. El
ajuste fiscal fue drástico e indistinto.
Con excepción de pequeños grupos, la globalización todavía no ha
compartido beneficios con nuestro país. Quisimos aprovechar las potencialidades de este
proceso mundial sin haber primero estructurado un proceso sólido de desarrollo. Actuar de
esta manera nos ha provocado más daño que beneficios.
A la luz de esta perspectiva es como debemos examinar el sector
energético nacional de los últimos tiempos, y podemos confirmar que los problemas de las
empresas sólo se han acumulado en un proceso creciente de deterioro.
Aunque han respondido en condiciones desfavorables, en su interior
se han gestado dificultades que en cualquier momento pueden hacer crisis.
El director de Petróleos Mexicanos se refirió al papel
desempeñado por esta empresa con una frase singular, al observar que el país pretendió
resolver su desarrollo a través de Petróleos Mexicanos.
La nación depende cada vez más de las aportaciones de Pemex. Entre
1988 y 1994 representaron en promedio 28% de los ingresos del presupuesto público y para
el año 2000 aumentaron al 37%.
A partir de los años ochenta, Pemex ha tenido que sobreponerse a un
verdadero handicap en materia de modernización:
mientras la industria petrolera internacional desarrollaba innovaciones en actividades de
exploración y de producción para valorizar zonas ya demasiado explotadas y para
desarrollar actividades en el mar, Pemex encontraba serias dificultades para hacer frente
a los nuevos desafíos tecnológicos.
Nuestra empresa petrolera depende cada vez más de la tecnología
extranjera para desarrollar sus actividades. Por su organización y carencia de recursos,
Pemex parece haber abandonado el objetivo de desarrollar una capacidad tecnológica
autónoma. Sin embargo, una visión pasiva de acceso a la tecnología nos llevará
necesariamente a profundizar la actual brecha de actividad del energético.
Estas limitaciones se han traducido en el deterioro de las
actividades del sector energético. Así, el país está sobreexplotando sus recursos
petroleros. Este año lleva el promedio más alto de explotación de petróleo, se ha
reducido la producción de crudo ligero, han aumentado las importaciones de gas natural y
de productos refinados, la producción de bienes petroquímicos se ha derrumbado.
El problema esencial de la situación en que se encuentran nuestras
empresas públicas es la falta de desarrollo de nuestra economía, que afecta directamente
la recaudación fiscal del Gobierno y que ha llevado a una acentuada descapitalización de
las empresas del sector. Esta situación nos la confirma la falta de dinamismo de nuestra
economía, que en los dos últimos sexenios sólo ha tenido un crecimiento promedio anual
del producto interno bruto (PIB) de apenas 2%.
El Partido Verde Ecologista de México ha insistido en que es
necesario que se revise también prudentemente la actual estrategia económica.
El fondo de la cuestión es la transformación integral de la
sociedad, ya que para realizar las reformas en un sector deben de tomarse también los
otros en cuenta; si no, podrían empeorar las cosas.
No podemos pasar por alto mencionar el incalculable valor
geopolítico que tiene el petróleo en el actual escenario internacional y nuestra
estrecha vinculación con Estados Unidos. Sólo basta mencionar un dato: en los próximos
años, este país dependerá en más del 60% de sus requisitos energéticos de fuentes
extranjeras y, por supuesto, nuestra riqueza energética se encuentra contemplada en los
planes de energía del país de Norteamérica.
La necesidad de incrementar los índices de producción de energía
y el pronóstico alentador del crecimiento de hidrocarburos ha hecho que el Gobierno
deposite grandes expectativas en las centrales del ciclo combinado.
Sin embargo, los beneficios estimados por los que se construyeron
tales expectativas serán desmentidos en poco tiempo, debido al déficit creciente en el
suministro de gas natural por el funcionamiento de dichas plantas.
Para rebasar las deficiencias en el suministro de gas natural, se
han propuesto los contratos de servicios múltiples. Sobre este tema, hay una gran
diversidad de duras interrogantes que se deberán de aclarar.
La pregunta es si debemos de introducir en nuestro terreno empresas
extranjeras sin antes contar con un sólido control institucional. Una variante sobre este
tema es la propuesta de reformas para el sector eléctrico. Parecen impecables los
argumentos a favor de abrir el sector a la inversión privada, ya que se contaría con
mayor volumen de recursos, se promueve la competencia y se incorpora la tecnología de
punta.
La pregunta nuevamente es si tendremos la capacidad y si hemos
desarrollado las instituciones para el control y regulación de las grandes empresas
multinacionales.
En un principio, las cuestiones pueden marchar de maravilla. El
problema es después, cuando, una vez generado un grupo de interés, éste cuente con el
incentivo y los recursos para mantener su posición monopólica, paralizar las
regulaciones y la competencia y distorsionar el proceso político.
Hemos insistido en que de ninguna manera el Partido Verde resta
importancia a la función que tiene la inversión privada en el desarrollo del país. Lo
que planteamos es un mayor equilibrio entre las funciones propias del capital privado y el
papel que debe de desempeñar el Estado mexicano.
Recientemente, en la Cumbre de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, la Unión Europea propuso que, para
el 2010, el 15% de la producción energética dependiera de fuentes de energía
renovables. La oposición de los productores de petróleo, con el apoyo de Estados Unidos,
logró cancelar dicho acuerdo. Sólo permaneció una iniciativa de compromisos voluntarios
para impulsar este tipo de energías, en donde países como Brasil mostraron un gran
interés por adherirse a la propuesta; en cambio, México no tuvo pronunciamiento alguno.
Otro tema que quisiera destacar es el problema de la planta
nucleoeléctrica de Laguna Verde. Este problema permanece. Como es de su conocimiento,
señor Secretario, esta Cámara de Diputados formó una comisión para investigar
principalmente las condiciones de seguridad de la planta, que tanto preocupan a diversas
organizaciones y grupos civiles.
Independientemente de los resultados que presenta esta Comisión,
quisiera hacer hincapié en la actitud institucional de las autoridades responsables de la
planta, que dista mucho de una posición de rendición de cuentas y transparencia que
deberían regir y conducir las tareas de un gobierno del cambio.
Asimismo, quisiera destacar el costo-beneficio de esta planta,
debido a que hasta ahora no nos queda claro el costo de producir energía, tomando en
cuenta diferentes variables, como son inversión acumulada, así como los recursos
necesarios para su mantenimiento y modernización, desmantelamiento de la planta y
confinamiento de desechos radiactivos.
La reciente Cumbre sobre Desarrollo Sostenible nos ha mostrado
palpablemente lo difícil que es luchar y avanzar en contra de los intereses mercantiles
de nuestros sistemas económicos. Los países industrializados dieron muestra clara de su mezquindad en los compromisos asumidos para
la preservación del medio ambiente.
Lo acontecido es una muestra palpable del poco interés que existe
en preservar las condiciones de vida de las generaciones futuras. Por ello, las tareas de
un partido como el nuestro confirman la necesidad de preservar y profundizar en las
acciones en defensa del medio ambiente y, en esta estrategia, es necesario contar con un
sector energético que de manera responsable y creciente se comprometa con la producción
de energías limpias.
Muchas gracias.
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
En el siguiente turno hará uso de la palabra la diputada María del
Rosario Tapia Medina, para fijar la posición del Partido de la Revolución Democrática,
hasta por 10 minutos.
La
diputada María del Rosario Tapia Medina:
Gracias, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados; señor Secretario:
Es una verdad incuestionable que el sector energético de nuestro
país requiere de cambios urgentes que permitan su sano desarrollo, su modernización,
crecimiento y expansión. Pero parece ser que ésta es la única coincidencia de la actual
administración foxista con el Partido de la Revolución Democrática.
Para el PRD, el petróleo y la electricidad son sectores
estratégicos de la nación por el papel que juegan en nuestro desarrollo económico y por
la riqueza que generan para el bienestar social de los mexicanos. Por ello mismo es que
hemos propuesto que los cambios que decidamos en este sector deben estar orientados hacia
el fortalecimiento de nuestras industrias nacionales, de manera que se garantice nuestra
independencia energética.
Para ustedes, la administración foxista, todos los problemas se
resuelven con la participación de los inversionistas extranjeros. Esta es la esencia de
sus acciones y de sus propuestas, aunque reiterada y falsamente en el discurso intenten
decir lo contrario. No dan marcha atrás a su decisión de seguir permitiendo la
construcción de plantas de generación eléctrica que consumen gas natural y si con este
pretexto hay que producir más gas natural, inventan los contratos de servicios múltiples
para que vengan los grandes capitales extranjeros a invertir.
Si se requieren cambios en el sector eléctrico que se abra la
participación a inversionistas extranjeros y que se aumenten las tarifas eléctricas
sólo a los usuarios residenciales, a la vez que se permite la instalación de plantas
privadas de generación eléctrica en la frontera norte del país para resolverle el
problema a Estados Unidos y no a los mexicanos.
Si hay que producir más petrolíferos y petroquímicos igual hay
que acudir a las grandes empresas transnacionales.
A ustedes, señor Secretario, no les interesa que con estas
propuestas se le vaya entregando al capital extranjero hoy, ¡hoy!, el control y las
ganancias de nuestra industria estratégica. No importa que a largo plazo haya menos
beneficios sociales para la población. No importa que perdamos soberanía energética. No
importa que se esté afectando cada día más a los empresarios mexicanos. No importa que
se esté lesionando la materia de trabajo y despidiendo a trabajadores de base y de
confianza de Petróleos o de la CFE, y especialmente si son trabajadores que defienden la
democracia sindical y la propiedad estatal de las empresas.
Igualmente, la reforma que hizo Fox al Reglamento de la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica, tuvo como único objetivo permitir que los
privados pudieran generar más electricidad para que pudieran vender más excedentes. Era
una reforma para beneficio de los privados transnacionales, no para fortalecer nuestra
industria eléctrica ni para beneficio de la población. Intentaron dar un
“albazo” al Legislativo, pero afortunadamente la Suprema Corte de Justicia
resolvió en contra del titular del Ejecutivo.
Estos temas, señor Secretario, son los que no se abordan en su
informe, pero a algunos de ellos queremos hacer referencia explícita en esta
comparecencia y sobre los cuales le solicitamos su respuesta.
En relación a los despidos selectivos de trabajadores de base de la CFE y Pemex y de trabajadores de confianza, sólo
en el caso de Pemex, que casualmente recaen en
aquellos que se han distinguido por pugnar por prácticas democráticas al interior de su
sindicato y por ser los más críticos hacia las políticas privatizadoras del actual
Gobierno, reiteradamente le hemos exigido que la administración de las empresas rompa con
el maridaje que mantiene con las dirigencias sindicales y detenga estos despidos que no
tienen ninguna justificación laboral. Hasta hoy su respuesta ha sido nula.
¿No cree usted que esta política contradice abiertamente las
promesas de Fox a favor de la democracia sindical y contra la corrupción? ¿O es que
usted está de acuerdo con acabar con todo brote de disidencia sindical, haciéndose
cómplice de las direcciones sindicales actuales? ¿No será acaso que su proyecto
privatizador requiere de estos despidos para garantizarse un sindicalismo corruptible y
dócil? ¿Por qué Pemex se empeña en despedir a la inteligencia representada por miles
de experimentados trabajadores de confianza, para sustituirlos por yuppies, que sólo están aptos para administrar
los contratos con inversionistas extranjeros?
¿Esta es su política general de empleos, señor Secretario, para
fortalecer a la empresa pública?
En cuanto al aumento de tarifas eléctricas sólo para usuarios
domésticos, decretado el 7 de febrero pasado, el PRD seguirá apoyando los reclamos de
amplios sectores de la población afectada, a favor de la derogación de dicho decreto,
esperando que en algún momento toquen la difícil sensibilidad del Ejecutivo Federal o
bien estando ya en puerta el dictamen sobre el sector eléctrico nacional, el Legislativo
rectifique a favor de la población esta medida autoritaria e injusta del Ejecutivo.
Nuestro partido quiere ser muy claro y contundente en relación a su
proyecto de explotación de gas natural, con base en los llamados “contratos de
servicios múltiples”. No estamos de acuerdo porque no le convienen al país, son un
retroceso en el desarrollo de la industria petrolera nacional y pretenden sustituir al
Estado en una actividad exclusiva para la nación.
No estamos de acuerdo, porque Pemex tiene la capacidad laboral,
técnica, financiera y crediticia para enfrentar los retos de la producción de gas y
porque es mentira que no se violente el marco constitucional.
¿No le parece, señor Secretario, que esta propuesta de contratos
de riesgo, pero sin riesgo para los inversionistas extranjeros, es sólo para beneficio de
ellos y no del país y de Pemex?
En el supuesto imaginario de que usted pensara en los 53 millones de
pobres de este país, ¿por qué no han escuchado la propuesta de nuestros expertos
mexicanos para construir las llamadas “refinerías energéticas” siete veces
más baratas que la inversión prevista en gas con estos contratos de servicios
múltiples, que usa materia prima que sí tenemos y que generaría por lo menos 7 mil 200
megawatts de energía eléctrica?
¿No le parece contradictoria toda esta política a favor del gas,
con el discurso de Fox en la Cumbre de la Tierra, a favor de la urgente utilización de
energías renovables y a favor del Protocolo de Kyoto?
¿Qué está haciendo la Secretaría a su cargo para desarrollar la
investigación tecnológica nacional en energías alternas y qué promoción hay para la
industria nacional en este ramo?
Desde esta tribuna le aseguramos, señor Secretario, que si en los
próximos meses ustedes licitan los contratos de servicios múltiples, el Legislativo
interpondrá una controversia constitucional que seguramente volveremos a ganar en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Ejecutivo Federal finalmente presentó hace poco su iniciativa de
reforma eléctrica, sobre ella quiero expresarle las siguientes consideraciones:
El primer principio al que se sujetará la reorganización de la
industria eléctrica, según su propia propuesta, es el fortalecimiento de la Comisión
Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, señor Secretario,
¿cómo pretenden cumplir este principio quitándole a la CFE y a Luz y Fuerza los grandes
ingresos que representan los grandes consumidores, cuando ustedes proponen entregárselos
precisamente a los inversionistas extranjeros que construirán más plantas de generación
eléctrica?
¿Puede usted decirnos, señor Secretario, cuánto dinero va a dejar
de ingresar a la CFE y Luz y Fuerza anualmente, en caso de entregar este mercado a los
privados?
Su propuesta la basan en una artificiosa división del servicio
público de energía eléctrica que hoy protege la Constitución, dejando como servicio
público sólo a los usuarios medianos y menores, a los que debía atender la empresa
pública y sacando de este servicio público a los usuarios mayores o calificados como
ustedes les llaman, que, según su iniciativa, deben ser atendidos por las empresas
transnacionales.
¿Acaso no han proyectado que esta reorganización del sector
eléctrico incrementará el peso de los subsidios en las finanzas del sector, obligando al
Estado a mayores apoyos fiscales o bien, orillando a las empresas públicas a su
inviabilidad y hacia la quiebra?
Afirman que otro principio de su propuesta es el pleno respeto a los
derechos laborales y contractuales de los trabajadores de la CFE y Luz y Fuerza ¿Puede
usted explicarnos cómo es que con mucho menores ingresos lograrán cumplir este
compromiso?
Señor Presidente, le pido unos segundos más para terminar.
Asimismo, lo que proponen sobre autonomía de gestión dista mucho
de lo que nosotros proponemos para el fortalecimiento de las empresas, ya que en lugar de
darle mayores facultades para la toma de decisiones en aspectos centrales del sector, la
sujetan más al Ejecutivo de lo que ahora están llegando incluso a suprimirles facultades
que hoy tienen.
Esto, señor Secretario, es una caricatura de autonomía, por estos
motivos y con esto termino: el Partido de la Revolución Democrática rechaza la reforma
al 27 y 28 constitucionales que ustedes proponen, porque ésta de ninguna manera fortalece
a la empresa pública; por el contrario, compromete gravemente el futuro del servicio
público de energía eléctrica y despoja a nuestro país de la independencia energética
que tanto requerimos y que reivindica nuestra Constitución.
Gracias.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
En el siguiente turno hará uso de la palabra el diputado Mauricio
Enrique Candiani Galaz.
El diputado Mauricio Enrique Candiani
Galaz:
Señora Presidenta; señoras y señores diputados; señor Secretario
de Energía; señoras y señores invitados:
En el mundo que nos da cabida hoy la vida del ser humano está llena
de movilidad, de relación con la tecnología hasta en las formas más discretas y
elementales y de una relación intensa con un conjunto de instrumentos que funcionan
gracias a la muy diversa presentación que los energéticos del mundo les proporciona.
Con una velocidad y aceleración impensada en el pasado, la
disponibilidad, la calidad y la competitividad técnica y económica de los energéticos
se han vuelto indispensables para poner un país en la cancha de los que tienen
posibilidades sostenidas de desarrollo.
Muchos paradigmas se transforman para encontrar alternativas que
hagan factible sacar adelante los retos que la realidad impone.
Todo lo anterior hace indispensable que la administración de la
Secretaría a su cargo sea más asertiva y no sólo activa, sea muy creativa no sólo
efectiva y sobre todo que sea audaz, no sólo ejecutiva.
Permítame ser claro: del análisis de la información que el
Ejecutivo ha hecho llegar a este recinto sin menoscabo de la reflexión que cada cifra o
cada dato exige, se desprenden grandes retos que la gente energética ha puesto frente a
nosotros.
Primero, la necesaria reforma del modelo de nuestro sector
eléctrico que ha entrado en una nueva etapa a partir de la muy exigida, por cierto,
presentación de la iniciativa que el Presidente Fox envió al Congreso para el efecto.
Mucho más moderada que la propuesta de la administración anterior,
reconociendo los retos técnicos y financieros que el sector enfrenta.
A partir de un diagnóstico actualizado y sustentado en una tasa
moderada de crecimiento de la economía, el proyecto, señores, plantea el reto de que
todos los actores y permítanme subrayarlo, todos los actores involucrados no
reproduzcamos discursos, resistencias o argumentos viejos cuando la visión, el alcance de
la propuesta y las proyecciones son nuevas al alcance de todos.
Plantea también el reto de ser asertivos en la comunicación a la
opinión pública, para que tanto la Secretaría a su cargo como los legisladores que
comprendemos y apoyamos la reforma del Ejecutivo, respondamos a una simple pregunta: ¿en
qué beneficia al ciudadano común esta reforma? Por ello no es menor la necesidad
reiterada de comunicar que la reforma plantea, entre muchas otras cosas, un obligado
cambio en el método de definición de las tarifas para todos los usuarios, trasladándole
la responsabilidad operativa de hacerlo a la Comisión Reguladora de Energía e
introduciendo la regulación del servicio público de energía eléctrica en beneficio del
cliente. Esto hay que explicarlo bien, sobre todo a partir de la sensibilidad comprensible
de la gente ante las modificaciones recientes sobre este punto.
Podríamos afirmar muchas cosas más sobre la reforma,
relacionándola quizá con el creciente endeudamiento del sector a partir de la
complejidad del sistema, sin duda mejorable, de la contabilidad nacional relacionada con
la energía eléctrica, pero para el grupo parlamentario del PAN resulta prioritario poner
el acento en el cambio que mejora y no en el pasado que explica esa complejidad.
En suma, más que señalar el problema-efecto, amigos, como otros,
nos interesa resolver el problema-causa.
En segundo lugar y ante la agenda petrolera del país, no son
pequeñas las circunstancias que el horizonte muestra. Alineado con la estrategia
eléctrica, esta administración tiene la enorme responsabilidad de garantizar la oferta
de gas natural para el presente y para el futuro inmediato. Como lo señala su informe,
esta Cámara autorizó el mayor incremento de recursos para las empresas de Pemex de la
historia reciente, pero lo hizo con un mandato explícito: hay que garantizar la demanda
proyectada.
México, señores, ya no puede tolerar que por falta de inversión
bien aplicada se siga quemando una sola molécula de gas aprovechable en cualquier campo,
como en el pasado y tampoco podemos caer en el absurdo de generar un sistema de
importaciones estructurales crecientes que además presionen el precio a la alza en la
región de Norteamérica que compartimos.
Celebramos que la Crea haya publicado ya las reglas para la
instalación de plantas de regasificación, pero ponemos el dedo en el renglón para que
la dedicación que Pemex está poniendo en el programa estratégico de gas en el proyecto
de contratos de servicios múltiples para la región de Burgos, no baje su ritmo ni se
detenga por contingencias evitables, hasta su éxito.
Pemex, sin embargo, tiene retos muy relevantes de coyuntura y de
corto plazo que superar. Paradójicamente no es la incertidumbre mundial en el mercado
petrolero la que requiere monitoreo extraordinario; Pemex tiene frente a sí una
circunstancia interna que se debe manejar con profesionalismo y cautela para evitar que
actos de irresponsabilidad nacional extrema caigan en la tentación de provocar daños
irreparables a la nación para mostrar una fuerza mal entendida.
Con un clima delicado será muy positivo que la administración a su
cargo resuelva esta encrucijada con la regla básica de la política: prudencia, paciencia
y persistencia, pero además permítaseme agregar, con una sana anticipación ante
escenarios probables.
Señor Secretario, compañeros legisladores: el ejercicio
constitucional que el análisis del informe implica, si bien presenta oportunidades para
el debate, para la crítica, para la reflexión, presenta también un acicate natural para
apurar los asuntos importantes del país. Qué mejor razón, por tanto, para recordar que
la industria eléctrica y la industria petrolera conforman el cuarto de máquinas del
desarrollo del país. Con ellos, la alternativa de crecer, de desarrollase, de abrir
oportunidades para regiones y para personas son posibilidad objetiva; sin ellos o aun con
su sola limitación, las oportunidades se restringen,
se acortan y lo que es peor, se dejan ir.
Que todo el mundo escuche, integrantes de su equipo y compañeros
legisladores: no basta con tener, es necesario eficientar su uso; no es suficiente
cuantificar, es necesario invertir en forma eficiente para extraer y procesar en
condiciones de competitividad mundial; no es sólo conservar, es un asunto de utilizar en
forma correcta y responsable. No basta con decir lo que hay que hacer, es indispensable
instrumentar. En suma, no es un asunto de discurso, es un asunto de correcta y atinada
operación.
Concluyo, amigos, afirmando que para el grupo de Acción Nacional no
sólo por coyuntura, sino por convicción y pensamiento de estructura, México tiene más
oportunidad de ponerse, como diría el Presidente de la República, al día y a la
vanguardia, si sus instituciones son mejores para resolver el reto energético que este
siglo nos ha puesto aquí ahora y para ejecutarse sin dilación y con diligencia los
profundos cambios que se requieren en todo el sector.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
REGISTRO DE ASISTENCIA
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de
asistencia e instruya a su cierre.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
Se informa a la Presidencia que hasta el momento, el sistema
registra la asistencia de 430 diputados.
Ciérrese el sistema electrónico.
ANALISIS II INFORME DE GOBIERNO.
POLITICA ECONOMICA
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Para concluir la etapa de posicionamiento de los partidos, se
concede el uso de la palabra al diputado Raúl Sicilia Salgado, del Partido Revolucionario
Institucional, hasta por 10 minutos.
El
diputado Raúl Efrén Sicilia Salgado:
Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros
legisladores; señor Secretario, Ernesto Martens.
Inicio mi participación con la trascripción textual de lo asentado
en el Informe presidencial. Cito: “El sector energético, representa un motor del
progreso nacional y uno de los activos más valiosos para el bienestar social. La
administración decidió incrementar el presupuesto a fin de mantener la soberanía
energética, garantizar el abasto de insumos energéticos, modernizar y elevar los niveles
de productividad y eficiencia de las empresas del sector y contribuir al desarrollo
sustentable y al uso eficiente de la energía”. Termino cita.
Las actitudes del Ejecutivo nos demuestran exactamente lo contrario
de lo ahí asentado. La política energética presidencial nos hace vislumbrar un panorama
nebuloso que trastocará negativamente en el desarrollo futuro del país. Hay
inconsistencia entre lo dicho y lo hecho, son del dominio público los efectos
devastadores en la población de esas incongruentes políticas. Estamos de acuerdo en
mantener la soberanía energética, el Ejecutivo con su iniciativa no lo demuestra así.
Hoy más que nunca, debemos hacer un esfuerzo mancomunado, para
garantizar el futuro energético de 100 millones de mexicanos y ese esfuerzo debe
canalizarse a lograr consensos entre las fuerzas políticas, a evaluar, social, jurídica
y políticamente los reclamos ciudadanos y en consecuencia tomar decisiones pensando en
algo que nos une e identifica: México.
Es momento de rectificar el camino, lograr un acercamiento real,
patriótico y definitorio entre los poderes. El PRI está abierto, el PRI busca y buscará
las mejores soluciones para el país, la energía es vital para nuestra subsistencia,
considerémoslo. No es posible tomar decisiones unilaterales, en algo que atañe tan
profundamente a la patria, no podemos ofertar la soberanía al exterior, no es aceptable,
comprometer a nombre de otros, en este caso el Congreso de la Unión, el futuro
energético de la nación.
Nuestro partido, en la Asamblea Nacional, nos mandató a los
congresistas a buscar el fortalecimiento del sector energético, sin modificar la
prescripción constitucional.
No estamos aferrados a ser una oposición destructiva, cerrada o
intolerante, por el contrario somos una fuerza política constructiva, en donde buscamos
las mejores decisiones para nuestra patria, en la que afortunadamente vivimos, lo hemos
demostrado y lo seguiremos haciendo.
En materia petrolera, entre otros muchos conceptos, señor
Secretario, nos preocupan los referentes a conocer, si existe un equilibrio entre las
reservas comprobadas y la explotación de crudo y gas, ya que según los medios se están
sobreexplotando los yacimientos, principalmente el crudo.
Sustentar el crecimiento en el despilfarro de nuestros recursos
naturales, sería el peor error, lo que legítimamente nos reclamarían las futuras
generaciones.
La explotación racional de nuestras reservas petroleras, nos da
fuerza hoy y en el futuro, en contrapartida, la irracional y exagerada, fortalecerá
momentáneamente nuestras finanzas públicas, pero sentencia al país a una dependencia
externa cada día más lacerante.
Nos urge una interrogante, no estaremos con esas acciones acercando
el fin de ese valioso y fundamental recurso, ¿nos puede decir la verdad de esos datos,
señor Secretario?
Igualmente, señor Secretario, ¿nos puede afirmar o negar, si los
contratos de servicios múltiples ya están en operación? y en caso afirmativo ¿desde
cuándo, con quién y en qué términos? También, señor ingeniero, ¿en cuánto se han
incrementado los gastos de operación de Pemex, en detrimento de los de inversión?
La costosa organización administrativa en cinco áreas, ¿se
cambiará con ánimo de economía de esos gastos o por el contrario seguirá creciendo?
¿Qué acciones implementa la Secretaría a su cargo, para resucitar a la petroquímica
secundaria, a la que asfixia, entre otros, los precios de transferencia?
Ingeniero Martens, la energía eléctrica es un tema que seguramente
requiere no una comparecencia, sino un estudio, análisis, evaluación y toma de
decisiones muy puntual y profunda, que tanto el Ejecutivo como el Legislativo debemos
atender bajo el manejo legal constitucional.
Las iniciativas pendientes de análisis y dictamen, presentan
planteamientos que no se deben resolver a la ligera, el PRI tiene la disposición de
analizarlas, de considerarlas, estimando que reformando las leyes secundarias de la
materia, llegaríamos a un planteamiento muy consistente, para garantizar el futuro del
sector energético-eléctrico del país.
Hablo también y en paralelo a las iniciativas, de considerar muy
seriamente en invertir en el sector eléctrico, parte de los recursos económicos que
conforman las Afore. Ya mi partido ha promovido iniciativa al respecto, tal vez se diga
que esos recursos no son suficientes, pero si adicionalmente le otorgamos autonomía de
gestión, real y verdadera a la Comisión Federal y Luz y Fuerza y además se cambia el
régimen fiscal a la que están sujetos, indudablemente tendríamos un panorama, una
visión objetiva, real, de la solución al problema eléctrico, sin necesidad de abrirlo a
la inversión extranjera, con sus consecuencias negativas para el desarrollo nacional.
Cerremos filas ante estas opciones, salvaguardemos con ellas no
sólo la intocable soberanía nacional, sino también fortaleceremos a los trabajadores
del sector, quienes siempre han demostrado con su responsabilidad y eficiencia su cariño
a la patria.
Debemos reconocer la importancia que tiene el gremio de los
trabajadores mexicanos; a través de la historia esta fuerza laboral ha garantizado el desarrollo y progreso en el
país.
Recordemos a los “Mártires de Río Blanco” y de ese hecho
histórico a la fecha, las mujeres y hombres que diariamente se esfuerzan en el surco, en
la fábrica, en la industria, aportan y sostienen la capacidad productiva nacional. La Ley
Federal del Trabajo consagra su derecho de asociación a través del sindicalismo, ese
sindicalismo que se ha caracterizado por su decisión de fortalecer no sólo a las
instituciones y a la planta productiva, sino al país mismo.
Por eso el PRI apoyará y defenderá el sindicalismo mexicano de las
agresiones internas y externas. Es válido hacer ese reconocimiento a esos trabajadores
que han demostrado históricamente su capacidad y patriotismo.
No permitiremos presiones o chantajes que vulneren y trastoquen los
derechos y las legítimas demandas de los trabajadores.
Exigimos respeto absoluto a los contratos colectivos de trabajo, a la autonomía y
libertad de las organizaciones y de sus trabajadores.
Existe hoy día un ambiente enrarecido en las negociaciones entre
Pemex y el sindicato petrolero por la revisión contractual. Se acentúa la agresión
oficial en contra del sindicato en una clara persecución política sin un ápice de
legalidad. El nuestro es un país de leyes, el PRI defenderá el sindicalismo y a la ley a
cualquier costo.
Los diputados priístas, nuevamente hacemos un llamado para que en
el marco jurídico se propicie el diálogo y el entendimiento, siempre pensando en el
interés supremo que es nuestra generosa patria.
¿Qué le decimos los diputados, señor Secretario, a la gente
cuando nos reclama los aterradores incrementos en los costos de energía eléctrica?
¿Qué contesta el Ejecutivo cuando el titular públicamente les dice a los electricistas
que no habrá privatización y el espíritu de la iniciativa va en vertiente contraria?
¿Cuándo, el señor Presidente actuará congruentemente con su equipo? Y así
enumeraríamos una serie interminable de cuestionamientos.
Señor Secretario, es una responsabilidad moral, legal y patriótica
hablar con la verdad. Esta es su oportunidad, no dé margen a que mañana cualquier
compañero diputado o cualquier ciudadano ponga en evidencia lo que hoy diga en este
recinto. La verdad es valiosa en cuanto es coincidente con los hechos; la verdad a medias
es un engaño a la ciudadanía. La mentira es una agresión al pueblo de México. Así,
señor Secretario, usted tiene la palabra, ésta es una oportunidad para avanzar a un
futuro promisorio.
El Ejecutivo puede, si quiere, demostrar su buena intención y
voluntad, resolviendo el problema de reducción de subsidios en energía eléctrica. No
despertemos la inquietud social, no acabemos de irritar al pueblo; si ello ocurre la
responsabilidad histórica será de ustedes.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
Para dar cumplimiento al punto segundo, numeral 3 incisos a, b y c, para la primera ronda de preguntas hasta por
tres minutos, con derecho a réplica, también la réplica de tres minutos, para la parte
de las preguntas se han inscrito los diputados: Juan Carlos Regis Adame, del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo; Erika Spezia Maldonado, del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México; Humberto Mayans Canabal, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática; Jaime Aceves Pérez, del grupo parlamentario de
Acción Nacional, y Narciso Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, para formular sus
preguntas, el diputado Juan Carlos Regis Adame. El diputado Jaime Cervantes ha sido
nombrado por su grupo en sustitución del diputado Regis Adame.
El diputado Jaime Cervantes Rivera:
Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Desde el gobierno del Presidente Salinas, el grupo hegemónico que
controla el poder político de nuestra nación, descubrió la fórmula para evadir el
precepto constitucional que reserva al Estado mexicano el uso exclusivo de los recursos
naturales, entre ellos los recursos petrolíferos.
Esa decisión se complementó con la modificación que se hizo a la
Ley General de Deuda Pública, que permite que Pemex y la Comisión Federal de
Electricidad puedan ser financiados sus proyectos productivos mediante el esquema de los
Piridegas.
El propósito que perseguía la apertura al capital privado en los
negocios de esas empresas paraestatales, era que esos proyectos fueran rentables y por sí
mismos generaran los recursos necesarios para amortizar las obligaciones financieras que
se derivaran de su utilización. Sin embargo, las cosas no fueron así. Hoy los
contribuyentes de este país entre los que se encuentran de forma cautiva los
trabajadores, son quienes pagan el costo financiero de los Piridegas.
Los datos son concluyentes. Durante el presente año esta soberanía
aprobó un presupuesto de cerca de 10 mil millones de pesos para destinarlos al costo
financiero de la inversión financiada a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.
La propia Secretaría de Hacienda ha manifestado su inquietud por el
abuso que se está haciendo del esquema de los Piridegas, por el impacto que ha tenido en
la deuda externa, pues esos recursos provienen de la iniciativa privada del exterior al
representar en el primer trimestre del presente año, la cantidad de 20 mil millones 543
mil millones de dólares.
En estas circunstancias, señor Secretario, ¿por qué razón la
inversión destinada a Pemex bajo el esquema de los Piridegas, no está generando los
recursos necesarios para amortizar las obligaciones financieras que se derivan de esta
inversión? ¿Qué está pasando para que esos proyectos en lugar de ser rentables se han
convertido en un lastre para el erario federal, pero sobre todo para los bolsillos de los
contribuyentes?
Por otra parte, México no está adecuándose a los cambios
tecnológicos que en materia de producción de energía se están operando en otras
naciones. Nos preocupa que en su informe no se diga nada al respecto. Nuestra inquietud
surge del hecho de que los recursos energéticos no son renovables. En ese sentido no
vemos que el Gobierno Federal esté pensando hacia el futuro para prever los cambios en el
ámbito de la producción de energía mediante otros métodos.
Por esta razón, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo,
desea formular la siguiente pregunta: ¿qué está haciendo la Secretaría a su cargo en
materia de fuentes alternativas de energía?
Y por otra parte, señor Secretario, diversas organizaciones de la
sociedad civil del estado de Sonora, han expresado su preocupación por el arribo de un
barco norteamericano con un cargamento que contiene dos componentes de reactores
nucleares. Sobre todo les preocupa que la Secretaría a su cargo, la Semarnap, la Profepa,
tengan información al respecto. ¿Qué puede informar o aclarar sobre este punto?
Por sus respuestas, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Gracias, diputado Cervantes.
Señor Secretario, el acuerdo prevé que en este capítulo tenga
usted intervención para dar respuestas hasta por cinco minutos.
El Secretario de Energía, Ernesto
Martens Rebolledo:
Con su permiso, señora Presidenta; diputado Regis Adame:
Muchas gracias por sus planteamientos y sus preguntas.
Menciona usted el tema del Piridegas. Efectivamente, del Piridegas
es un método muy interesante que ha permitido que este país en los últimos 10 años
para todo fin práctico, aproveche ese beneficio para que México tenga energía razonable
y que el día de hoy podemos decir que los proyectos han generado su ingreso.
Sin embargo, recordemos que el régimen fiscal actual toma el
ingreso completo y devuelve vía presupuesto anual, los egresos correspondientes. No se
iguala el ingreso del proyecto con el egreso del costo financiero; sin embargo, recordemos
que este mecanismo ha permitido subsanar lo que usted conoce muy bien, la falta de
recursos que el día de hoy nuestro país tiene para asignarlos a estos medios y al
desarrollo de la energía que México requiere.
En cuanto a cambios tecnológicos, señor diputado, mencioné en mi
intervención inicial que ya hoy se cuenta con programas muy claros de desarrollo
tecnológico que nos permitirán, como así se busca, estar al frente de este campo tan
importante.
En la energía renovable o energía alterna estamos tranquilos,
señor diputado, de que vamos avanzando en forma cierta a que estos procesos de
implementen en México recordando, sin embargo, que el día de hoy estos procesos por
ahora no tienen un costo adecuado para poderlos manejar en forma natural o requieren de
una aceptación de un costo mayor o requieren de subsidios que debemos, en su momento
discutir, si ustedes así lo ven pertinente.
Sin embargo, podemos decirles que están en proceso de
implementación proyectos importantes eólicos en distintas regiones del país. Está
México, recuerden, es el país número dos en el mundo en el uso de la energía
geotérmica. No lo olviden. Ya venimos, ya sabemos usar esas herramientas.
En cuanto al uso de la biomasa, podemos decirle que hay proyectos
tanto en Hidalgo como en Nuevo León para que podamos avanzar en este campo. Es además
conveniente mencionarles que uno de los proyectos importantes de nuestra empresa, la CFE
en Baja California incluye un volumen importante de casi 100 megawats de energía solar.
Con ello quisiera pasar a la última pregunta, que es el barco en
tránsito. Efectivamente, ha habido barcos que han pasado por las costas mexicanas en
tránsito a su destino final en que, por norma internacional, se les autoriza el
tránsito, siempre y cuando cumplan con todos los reglamentos internacionales.
Espero haber dado respuesta a sus preguntas, diputado Regis Adame y
estoy a su servicio para el futuro.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor Secretario.
Para hacer uso de su derecho de
réplica, tiene la palabra el diputado Jaime Cervantes Rivera, hasta por tres minutos.
El diputado Jaime Cervantes Rivera:
Gracias por sus respuestas, pero sí queremos señalar que para el
grupo parlamentario del Partido del Trabajo las respuestas que ha dado el señor
Secretario de Energía a nuestros cuestionamientos no satisfacen las expectativas que
sobre las mismas se ha planteado un sector mayoritario del pueblo mexicano, porque como se
sabe, el esquema de los Pidiregas fue planteado justamente con la idea de que las empresas
privadas financiaran a las paraestatales, que requerían inversión adicional, pero con la
idea clara y precisa de que esos proyectos tenían que tener como característica básica
el ser rentables.
Sin embargo, estamos asistiendo a un punto en que ese esquema en
lugar de mejorar las cosas las está empeorando. En ese sentido no entendemos cómo es que
el Gobierno Federal insiste en incrementar anualmente el monto de recursos que son
licitados para financiar a Pemex y a la CFE.
Por cierto, tenemos claro que quienes aprovechan las bondades de los
Pidiregas son las empresas extranjeras, porque las nuestras no tienen capacidad para
competir con los grandes consorcios petroleros y energéticos de otras partes del mundo
que regularmente son norteamericanas o bien de origen turco, tratándose de construcción
de torres para el cableado eléctrico.
Señor Secretario: tenemos claro que el esquema del Pidiregas se ha
utilizado de forma abusiva por parte de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Nos
queda claro también que en la planeación de esa inversión no se están aplicando los
criterios de rentabilidad, tal como fue el espíritu que se asentó en la Ley General de
Deuda Pública.
En los hechos el Gobierno
Federal está endeudando al país por la vía de este esquema y esto es sumamente
peligroso para un gobierno que está endeudado por todos lados.
Por esta razón el grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha
planteado en reiteradas ocasiones la urgencia de fortalecer los ingresos públicos y
limitar estas fuentes de financiamiento, como son los Pidiregas.
Con relación a las fuentes alternativas de energía creemos, señor
Secretario, que la dependencia a su cargo está respondiendo de forma inmediatista a
circunstancias que exigen la planeación del futuro energético del país.
Creemos que México no debe abandonar la idea de contribuir al
cuidado del medio ambiente a través de incorporarse a la explotación de fuentes
alternativas de generación de energía eléctrica. Esas fuentes alternativas de energía
contribuyen sin duda a la posibilidad de explotar recursos ilimitados y establecer
controles a la solución del entorno ambiental.
En estas circunstancias, señor Secretario, el grupo parlamentario
del Partido del Trabajo considera que es importante que el Estado mexicano le dé mayor
énfasis a una política integral de desarrollo y explotación racional de nuestros
recursos no renovables que en estar pensando transferirlos a la iniciativa privada, porque
en manos de ella no tendremos posibilidad de planear nuestro futuro económico en función
de los intereses fundamentales del país, sino a la garantía de que en manos de los
particulares los criterios de rentabilidad y de explotaciones racionales de esos recursos
serán las perspectivas que habrán de conseguir si se insiste en la idea de subordinar la
soberanía nacional a la dictadura del mercado; pero sobre todo a los amigos de Fox y al
gran capital extranjero. Es cuanto, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista nos ha informado
que la pregunta en este turno la va a formular la diputada Julieta Prieto Fuhrken, y tiene
la palabra hasta por tres minutos.
La
diputada Julieta Prieto Fuhrken:
Con el permiso de la Presidencia; señor Secretario; compañeras y
compañeros diputados:
La demanda de gas natural en México aumentará de manera
significativa en los próximos años debido al requerimiento de los nuevos proyectos de
generación de energía eléctrica y en menor medida el crecimiento que se espera de la
planta industrial del país.
Se estima que ambas demandas llegarán a representar en los
próximos años dos terceras partes del consumo nacional de gas natural.
De no alcanzar la inversiones necesarias para cubrir este déficit,
es evidente que la importancia de este producto será creciente, que actualmente se
calculan en millones de dólares anuales.
Una alternativa para cubrir este faltante de gas, es recurrir a los
contratos de servicios múltiples tales como los ha planteado Pemex.
De acuerdo a las especificaciones de estos contratos, las empresas
que ganen la licitación se obligan a prestar los servicios para la explotación y
expansión de campos de gas natural en una cierta área geográfica a cambio de un pago
predeterminado en efectivo.
En razón de los anteriores planteamientos y en virtud de las dudas,
cuestionamientos, interrogantes que los contratos de servicios múltiples se han planteado
en diversos ámbitos y grupos de nuestra sociedad, quisiera pedirle nos diera su punto de
vista sobre estos contratos, pero sobre todo que nos explique en qué se basan las
autoridades para hacer una concesión de esta naturaleza y los riesgos que corre el país
en su contar, en qué nos beneficia con tal estrategia. Por su atención y respuesta,
gracias.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, diputada.
Tiene la palabra el Secretario Ernesto Martens, hasta por cinco
minutos.
El
Secretario de Energía, Ernesto Martens Rebolledo:
Gracias, señora Presidenta.
Bien, diputada Prieto. Muchas gracias por su pregunta y con gusto le
haré la siguiente reflexión:
Este contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios en
el cual la propiedad de los hidrocarburos y las obras ejecutadas, las mantiene siempre
nuestra empresa Pemex... Repito, el contrato a que usted hace referencia, es un contrato
de obra pública sobre la base de precios unitarios en el cual la propiedad de los
hidrocarburos y las obras ejecutadas, las mantiene siempre nuestra empresa Pemex.
Sin importar el nivel de producción el contratista simplemente
recibe un pago en efectivo basado en precios unitarios por la ejecución de las obras. Por
consecuencia este esquema contractual no es ni concesión ni contrato de participación de
riesgo ni de producción o de ganancias compartidas ni tampoco es un contrato que se
iguale con lo que acaba de mencionar.
Insisto, el contrato a que usted hizo referencia, es un contrato de
obra pública sobre la base de precios unitarios en el cual la propiedad de los
hidrocarburos y las obras ejecutadas las mantiene siempre en este caso Pemex.
Espero haber dado respuesta a su
pregunta, diputada Prieto.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor Secretario.
Para hacer uso de su derecho de
réplica, tiene la palabra la diputada Sara Guadalupe Figueroa Canedo, hasta por tres
minutos.
La diputada Sara Guadalupe Figueroa
Canedo:
Con el permiso de la Presidencia.
Señor Secretario: aparentemente los contratos de servicios
múltiples están sólidamente fundamentados en el artículo 6o. de la Ley Reglamentaria
del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo y en el artículo 3o. de la Ley
de Obras Públicas. Estos artículos especifican las reglas para que Petróleos Mexicanos
celebre contratos de obras y servicios, así como el tipo de obras que puede contratar y
las remuneraciones que puede otorgar.
Sin embargo, hay expertos que señalan presuntas violaciones a los
artículos 25, 27 y 28 constitucionales en estos contratos, ya que el Estado supuestamente
estaría cediendo su exclusividad sobre áreas estratégicas definidas en el artículo 28,
es decir, sobre los hidrocarburos y la petroquímica básica.
Nosotros planteamos que sería apropiado que un diagnóstico
técnico, jurídico y económico, realizado en forma independiente por un Consejo Nacional
de Energía, antecediera la toma de las grandes decisiones en la política energética.
Por otra parte, nosotros consideramos que si el Ejecutivo considera
que los mejores proyectos y las mejores decisiones requieren cambios constitucionales o
jurídicos para que participe la inversión privada, lo deberá plantear al Congreso de
manera abierta y fundamentar bajo todos los aspectos y así evitar falsos anuncios y
confusión entre la opinión pública.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Gracias, diputada.
Tiene la palabra para plantear preguntas a nombre del grupo
parlamentario del PRD, el diputado Humberto Mayans Canabal, hasta por tres minutos.
El diputado Humberto Domingo Mayans
Canabal:
Con su venia, señora Presidenta:
Señor Secretario de Energía: usted no podrá olvidar que fue en el
año de 1937, en que el general Lázaro Cárdenas creó la Comisión Federal de
Electricidad y se consideró así a la industria eléctrica como una actividad de utilidad
pública en beneficio de los intereses generales de la nación.
En 1960 las empresas extranjeras que controlaban al sector
eléctrico del país fueron adquiridas por el Gobierno del Presidente López Mateos,
debido a que sólo operaban en regiones y zonas urbanas de alta rentabilidad financiera,
manteniendo a medio país sin energía eléctrica, limitándose el desarrollo social e
industrial de la nación.
En 1992 se hicieron reformas a la ley reglamentaria, mediante las
cuales se facultó a la Secretaría a su cargo y a la Comisión Reguladora de Energía a
otorgar permisos a particulares para el autoabastecimiento, cogeneración y producción
independiente, contrariándose así la Constitución General de la República y como una
imposición del Gobierno de Estados Unidos y de los organismos financieros internacionales
como prerrequisito para la firma del Tratado de Libre Comercio.
Hoy, señor Secretario, se discute en el honorable Congreso de la
Unión las iniciativas enviadas por el Presidente Fox de reforma eléctrica. Buscan
enajenar la industria eléctrica nacional mediante la desagregación vertical al entregar
al capital privado, especialmente extranjero, el sector más rentable y dinámico y conservar bajo tutela pública las
áreas no rentables como son la electrificación rural y el uso doméstico popular,
condenando de esta manera a la Comisión Federal y a Luz y Fuerza del Centro a su
debilitamiento financiero y tecnológico y a su consecuente desaparición en el mediano
plazo.
Propuesta temeraria sobre todo porque la Comisión es una empresa
sana que trabaja con números negros, aporta recursos importantes al fisco, posee
técnicos y trabajadores altamente capacitados que durante años han construido la
infraestructura que ha dotado a este país de una cobertura cercana al 96%.
El grupo parlamentario del PRD, señor Secretario, desea hacerle las
siguientes preguntas:
1. ¿Por qué entregar al capital y empresas extranjeras el mercado
eléctrico nacional, si los mexicanos podemos técnica y financieramente reformar y
modernizar la industria eléctrica para garantizar un abasto suficiente de calidad y con
tarifas justas en el futuro?
2. ¿Por qué el Presidente Fox y usted ignoran el gravísimo
fracaso de las privatizaciones en México, la banca, las carreteras, los ferrocarriles,
los ingenios? ¿No aprendemos del pasado, señor Secretario?
3. ¿Qué compromisos asumió el Gobierno del Presidente Fox con los
organismos financieros internacionales y con el Gobierno del Presidente Bush en el marco
del Alca y de los llamados consensos de
Washington, que no hayan informado al Congreso de la Unión y al pueblo de México?
4. ¿Por qué el Gobierno que usted representa desestima las
recomendaciones del Premio Nóbel de Economía 2001 y ex funcionario del Banco Mundial,
Joseph Stiglizt, cuando afirma: “privatizar todo en un país lleva al desastre”.
¡Recuerde Argentina, señor Secretario!
5. ¿Cuáles son, bajo qué esquemas y con qué autorización,
empresas extranjeras construyen plantas de generación de energía eléctrica en el norte
del país, para abastecer a Estados Unidos, especialmente al estado de California?
Por sus respuestas, gracias.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor ingeniero Ernesto Martens, secretario de
Energía, hasta por cinco minutos.
El Secretario de Energía, Ernesto
Martens Rebolledo:
Gracias, señora Presidenta.
Diputado Humberto Mayans, muchas gracias por sus preguntas y
quisiera irlas contestando en el orden que usted las planteó.
Plantea usted por qué entregar el mercado a los extranjeros y
plantea usted también por qué la privatización. Quisiera repetir para estar seguro de
que establecemos un vínculo de comunicación, que la propuesta del Presidente Fox en
ningún momento busca privatizar las empresas del Estado, empresas que hoy operan como
empresas de gobierno y que pedimos que operen como empresas de Estado.
¿Por qué se requiere lo que el Presidente plantea? El Presidente
plantea, al igual que la propuesta del PRD y del PRI, el complemento de la inversión del
Estado con la inversión privada. Las tres propuestas tienen la misma similitud. Buscamos
empresas fuertes, que mantengan nuestra soberanía, que mantengan el camino que debe
llevar la energía en nuestro país, pero por otro lado requerimos como ustedes están
conscientes, que México hoy no tiene los recursos para sacar adelante la energía que
este país de más de 100 millones de habitantes requiere y que anticipándome a
comentarios finales yo diría, señores diputados, que creo que todos ustedes y nosotros
queremos un México más iluminado y no un México más apagado.
El Presidente Fox en sus compromisos que ha adquirido, puedo
asegurarle que no hay ningún compromiso que comprometa a México hacia delante ni a su
esquema de energía y sus compromisos de energía para su país y su soberanía.
En cuanto a las plantas que se están construyendo en México para
exportar, están dentro del marco legal que este Congreso legisló en el año de 1992,
consecuentemente están haciéndose dentro del marco que permite el generar energía para
exportar y, efectivamente, van a un mercado que en fecha reciente tuvo necesidades
importantes de energía complementaria.
No, el Presidente Fox, y nuestra propuesta, no busca en ninguna
forma entregar el mercado a los extranjeros, en primer lugar porque hemos insistido, y el
día de hoy uno de los participantes que tuvo un discurso en esta tribuna, aclaró la
importancia de que las Afore complementen a los inversionistas mexicanos, para que podamos
tener inversiones por parte de nosotros mismos dentro del país y, por otro lado, porque
en la forma que lo propone el Presidente Fox se tienen suficientes dientes para poder
asegurar que la soberanía de nuestro país se mantendrá, participe quien participe, pero
sobre todo porque tenemos empresas muy fuertes, bien estructuradas y reconocemos, como
reconocen las propuestas que están actualmente en el Congreso, que el día de hoy no
tenemos los recursos ni tampoco, con todo respeto, las empresas si son capaces de
tenerlos, para darle a México la energía que México requiere.
Gracias, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor Secretario.
Para hacer uso de su derecho de réplica, el diputado Humberto
Mayans Canabal, hasta por tres minutos.
El diputado Humberto Domingo Mayans
Canabal:
Señor Secretario, yo utilicé el concepto de enajenación no de
privatización pero de cualquier manera es una privatización silenciosa de facto el hecho de que se le quita a la Comisión
Federal el 70% de sus recursos ¿o cómo le podríamos llamar a esto?
Usted reconoce también que efectivamente se necesita, es
imprescindible en la reforma eléctrica el capital extranjero, usted debe saber, señor
Secretario, que las transnacionales del sector eléctrico actúan mafiosamente, son como
las ha llamado el representante demócrata por California, Bob Fildner, un cártel de
electricidad.
Usted debe saber, señor Secretario, que el mercado mundial del gas,
del agua y de la electricidad está dominado por 43 grandes consorcios, 29 tienen
presencia en varios continentes, Enron, Vivendi, todos los más importantes se encuentran
en proceso de requiebra este año tras conocerse el fraudulento manejo de su contabilidad.
La primera tiene una deuda de 60 mil millones de dólares señor
Secretario; usted debe saber que la crisis energética de California la ocasionaron
intencional y fraudulentamente empresas como Enron, Sempra, Southern, Intergen, mediante
apagones injustificados y presiones de todo tipo para obligar a subir tarifas en 1500% y
recibir por parte del gobierno estatal 50 mil millones de dólares de subsidio, un
verdadero robo a los ciudadanos de California.
¿Sabía usted que conforme a información del legislador Bob
Fildner, Sempra, Intergen son dos de las empresas de este cártel eléctrico que participa
en la construcción de plantas eléctricas en el norte del país sin respetar las normas
ambientales? Pregunta que no me respondió por cierto, señor Secretario.
¿Sabía usted que los fraudes de la empresa Enron y de la
telefónica Worldcom causaron pérdidas por 400 mil millones de dólares a la bolsa de
Nueva York? ¿Sabía usted, señor Secretario, que dos de los principales bancos
norteamericanos el City Bank que gracias al Presidente Fox compró Banamex y el City
Morgan, jugaron un papel relevante en los turbios financiamientos de la empresa Enron en
diciembre pasado?
¿Sabía usted que el actual vicepresidente de Estados Unidos, Dick
Cheney fue acusado junto a su empresa energética Halliburton Corporation por un fraude de
445 millones de dólares en contra de sus accionistas, empresa que opera en México?
¿Sabía usted que la empresa Halliburton recibió subsidio millonario del Gobierno
norteamericano para obtener contratos con Pemex a mediados de 1990 y que en1998 se
benefició de un contrato en Cantarell junto con Buffet Industrial? Usted debe saber,
señor Secretario, que el consorcio inglés British Energy ha sido llevado a la bancarrota
después de seis años de operar en manos privadas las acciones de este grupo, el más
importante del Reino Unido, llegaron a finales de agosto pasado la cotización más baja
de su historia y ha hecho pensar al Gobierno inglés el regresarlo a la administración
del Estado.
Es por todo ello, señor Secretario y muchos otros ejemplos más,
que al grupo parlamentario del PRD nos preocupa de manera central las características de
las empresas y de los capitales extranjeros que vendrían a salvar la modernización
eléctrica en México y de aprobarse la reforma propuesta por el Presidente Fox, estamos
seguros que estas empresas en nada servirán al desarrollo eléctrico nacional pues son
parte de un cártel internacional, como ya se ha venido demostrando.
Yo espero que la inteligencia, la sensibilidad y el amor de los
legisladores y senadores de este honorable Congreso de la Unión lo impidan.
Concluyo, señora Presidenta.
De no ser así, más vale que vayamos constituyendo una bolsa que
resuelva el Fobaproa eléctrico que tendremos.
Sin duda alguna en el futuro cercano y que podríamos bautizar con
el nombre…
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Concluya, diputado.
El diputado Humberto Domingo Mayans
Canabal:
...de Fondo Nacional para el Rescate de la Energía Eléctrica.
Muchas gracias, señor Secretario.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Para formular sus preguntas, tiene la palabra el diputado Jaime
Aceves Pérez, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado González Reza sustituye a petición del grupo
parlamentario al diputado Jaime Aceves Pérez, para preguntar.
El diputado Héctor González Reza:
Muchas gracias, señora Presidenta: señora Vicepresidenta; señoras
y señores diputados; señor secretario don Ernesto Martens Rebolledo:
Desde 1958 los contratos para obras y servicios se realizan por
conducto de Petróleos Mexicanos al amparo del artículo 6o. de la Ley Reglamentaria del
artículo 27 constitucional, también del artículo 16 del reglamento de esa Ley
Reglamentaria y del artículo 3o. de la Ley de Trabajos Petroleros. Lo que pretenden los
contratos de servicios múltiples es reorganizar, actualizar y conducir de mejor manera
esa actividad de Petróleos Mexicanos que viene realizando desde hace 40 años, por lo
tanto no se están inventando los contratos de servicios múltiples.
Sobre este tema, señor Secretario, quiero transmitir a usted la
siguiente pregunta sugerida por mi compañero diputado César Reyes Roel. Hay una planta
de amoniaco en el estado de Chihuahua parada por falta de gas natural, producto muy
importante y básico en la elaboración del fertilizante. Al igual que ésta, hay otras
seis en el territorio nacional que están urgidas de este combustible. En esta
perspectiva, señor Secretario, ¿qué panorama enfrentamos en los próximos años
respecto, y cuáles son las estrategias para estructurar una política que nos garantice
el abasto de este energético en el corto plazo?
Por otra parte, señor Secretario, ¿qué panorama enfrentaremos en
los próximos años sobre la importación de petrolíferos? La demanda en nuestro país
cabe aclarar que supera en algún rango, aunque breve pero significativo finalmente, al
índice, al incremento a nivel mundial por petrolíferos. Estamos importando gasolinas,
qué paradoja, no sólo porque aquí tenemos el petróleo crudo, sino que por falta de
inversión preferimos o así lo prefieren algunos, comprarle gasolinas y comprarle el gas
a los extranjeros del país vecino y no comprarlo a los nacionales que podrían estarlo
produciendo y podrían estar refinando esos petrolíferos. Eso es una incongruencia.
Finalmente, señor Secretario, sabemos de la lectura de su informe,
que se ha estado combatiendo el comercio, el mercado ilegal de combustibles, sin embargo,
también ha habido actos delictivos y éstos todavía persisten en el robo de gasolina y
de diesel de muchas de nuestras instalaciones y ductos, y eso además de significar una
pérdida económica para una empresa que es de todos los mexicanos, pone en grave riesgo
no sólo a las instalaciones estratégicas sino a los muchos habitantes que están y se
encuentran asentados alrededor de esas instalaciones. ¿Qué medidas enérgicas habremos
de tomar en adelante ante esas situaciones?
Por sus respuestas, señor Secretario, como siempre muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el ciudadano Ernesto Martens Rebolledo, secretario
de Energía.
El Secretario de Energía, Ernesto
Martens Rebolledo:
Con permiso, señora Presidenta:
En respuesta a las preguntas del diputado Héctor González Reza, y
en específico sobre el programa de amoniaco en el país y ya en detalle sobre la planta
de Chihuahua, el día de hoy, efectivamente, existe falta de gas en el sistema, porque las
inversiones para aumentar la compresión del gasoducto que la alimenta y que alimenta ese
sector del país no fueron hechas oportunamente en años pasados. Estimamos que esté
terminado este problema para fines de año y consecuentemente que la planta de urea y
amoniaco que está instalada en el estado de Chihuahua, empiece a operar.
Para la operación y la satisfacción de fertilizantes en nuestro
país, aparte de hacer un esfuerzo importante para que la capacidad actual instalada que
sea competitiva, opere normalmente se requiere y estamos trabajando muy de cerca con la
Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Economía, para garantizarle al productor de
amoniaco y de urea y, consecuentemente, a nuestro agricultor que va a ser competitivo en
los precios que reciba.
Consecuentemente, estimamos que el año que entra tengamos
disponible el gas necesario para operar las plantas, por un lado; y, por otro lado,
tengamos el esquema por parte de la Secretaría de Economía, de Agricultura y nosotros
para abastecer en forma adecuada y recapturar el mercado que se perdió hace algunos
años.
En cuanto al abasto de gas, en el corto plazo tenemos tres áreas de
importancia: la primera es la eliminación de la quema de gas, que estimamos se tenga
básicamente a cero para fines de este año; segundo, es el incrementar la presión a que
operan nuestros ductos y terminar una serie de ductos que están en procesos de
instalación, entre ellos, principalmente, el de San Fernando, que será la vena arterial
cuando se mueva el gas natural hacia delante.
En cuanto a importación de petrolíferos, diputado González Reza,
coincidimos con usted. La renovación y modernización de nuestras refinerías, como dije
en mi presentación, permitirá reducir del orden del 7% la importación de gasolinas al
país.
Sin embargo, requerimos de más refinerías y es importante que
tomemos en cuenta que si el día de hoy, dada la dimensión de inversiones que se requiere
es de tal naturaleza que, como ya sabemos, el Estado y nuestras empresas no pueden hacerle
frente a estas inversiones.
Sin embargo, si lo hacemos bien y, en lugar de construir refinería
en Texas, lo hacemos aquí en México como lo hicimos en el pasado y como está
haciéndose actualmente en Texas, podemos empezar no sólo a sustituir lo que hoy
importamos sino empezamos a exportar barriles de 70 dólares, en lugar de 20 dólares.
Espero haber contestado esa parte de su pregunta.
En cuanto al mercado ilegal de combustibles, es un mercado que es
realmente preocupante. Yo digo que es tan preocupante como la droga en concepto y en
dimensión; y para ello está trabajando Pemex, la Secretaría, la PGR, Hacienda y Secodam
para encontrar los caminos, ir cerrando las válvulas que han permitido que esta
dimensión de mercado se cree.
Espero haber contestado sus preguntas, diputado.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor Secretario.
Para formular su réplica, a nombre del grupo parlamentario de
Acción Nacional, el diputado Noé Navarrete González.
El diputado Noé Navarrete González:
Con el permiso de la Presidencia; señor Secretario, gracias por su
respuesta; compañeras y compañeros diputados:
Hemos escuchado con atención el desarrollo de esta comparecencia.
Sin duda, el sector energético nacional representa grandes retos y oportunidades. Los
requerimientos de infraestructura son bastantes y exigen grandes cantidades de dinero. Los
escenarios de este sector son una encrucijada, están llenos de situaciones difíciles
que, por la falta de acuerdo, podrían convertirse en situaciones muy críticas.
México ha dejado de ser un país exportador de petrolíferos y nos
hemos convertido en un país importador. Hoy por hoy, compramos más de lo que vendemos,
tenemos una balanza comercial con saldo negativo. Tan sólo gasolinas, gas natural y gas
LP representan un gasto de mil 767 millones de dólares.
¡Qué ironía! Vendemos petróleo y luego lo compramos, ya
procesado, más caro.
¡Qué ironía! Tenemos reservas
de gas natural que nos harían autosuficientes, pero tenemos que importar.
Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué hace falta? ¿En manos de
quién están las decisiones para revertir esta triste historia?
Es claro que las respuestas no sólo dependen de un actor. La
solución a la problemática del sector energético implica corresponsabilidad entre el
Ejecutivo y entre esta soberanía.
Hoy, la sociedad exige a sus diputados resultados. Nos exige
acuerdos, no exige tener una visión de Estado, nos exige tener una visión de Estado, nos
exige un debate serio y honesto.
La iniciativa privada ya está participando en hidrocarburos y
electricidad. Sin embargo, el esquema en el que lo hace es un endeudamiento lento, que
representa un peligro financiero al país en el mediano plazo y que esto sí nos podría
llevar a tener un rescate energético en el futuro.
Necesitamos hacer cambios urgentes; no podemos hablar con medias
verdades o con medias mentiras. Necesitamos hablar con toda la honestidad que el puesto
nos lo exige. Coincidimos: la patria no se vende, pero tampoco la podemos condenar al
subdesarrollo. Tomemos nuestra responsabilidad y hagamos nuestro trabajo.
Es cuanto, diputada Presidenta.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Para plantear preguntas a nombre del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, se ofrece el uso de la palabra al diputado Alberto Amador
Leal hasta por tres minutos.
El diputado Narciso Alberto Amador
Leal:
Gracias, señora Presidenta; compañeras, compañeros diputados:
Por la estrechez del diálogo que nos ocupa, apunto sólo algunos
temas pendientes y aclarar en la agenda, motivo de esta tentativa de diálogo republicano.
¿Qué ha pasado, señor Secretario, con la integración del balance
de energía, documento esencial e imprescindible para la planeación del sector y para
abordar de manera efectiva los problemas inmediatos y de largo plazo de esta área
estratégica de nuestra economía?
Y, junto con ello, cabe también preguntar: ¿cuál es el avance en
la generación de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de los excedentes de
energía térmica de los diversos procesos de las empresas subsidiarias de Petróleos
Mexicanos, derivado del Plan Nacional de Energía del Presidente George W. Bush, de las
medidas de seguridad global adoptadas por ese país después del 11 de septiembre, así
como de la estrategia desplegada en torno al golfo Pérsico? Es de conocimiento general
que el Gobierno de Estados Unidos ha desplegado una estrategia de convencimiento y de
promoción de acuerdos para supeditar la política energética de América Latina a sus
propios intereses.
¿Cuál es la realidad de esos acuerdos con México, señor
Secretario? ¿Cuál será el efecto, de darse el ataque militar de Estados Unidos a Irak,
en el mercado petrolero? ¿Cuáles son las plantas privadas o de Pemex que están sujetas
a control por parte de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas? ¿Cuál
es el porcentaje del Presupuesto de Egresos destinado al pago de la deuda de Pidiregas?
¿Cuál es, señor Secretario, el monto del pasivo laboral de Pemex y cuáles son las
medidas para regularizarlo?
¿Se ha aplicado el fondo de estabilización petrolera que, según
sus datos, asciende a 8 mil millones de pesos, a fines productos como lo establece el
decreto de Presupuesto de Egresos? ¿Cuál considera usted, señor Secretario, que es el
obstáculo para modificar el régimen fiscal de Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro y
otorgarles autonomía financiera?
¿Cómo explicar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
ha disminuido las participaciones a estados y municipios, argumentando menores ingresos
por derechos pagados por Pemex?
¿Cuál es, en suma, señor Secretario, el límite del
financiamiento viable para las finanzas públicas nacionales, con el esquema actual de la
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica?
Muchas gracias por sus respuestas.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el ingeniero Ernesto Martens, secretario de
Energía, hasta por cinco minutos.
El Secretario de Energía, Ernesto
Martens Rebolledo:
Gracias, señora Presidenta; diputado Amador:
En cuanto a sus preguntas, en específico a la integración del
balance de energía, éste estará publicado en el mes de noviembre.
En cuanto al avance de energía eléctrica, en el concepto de
cogeneración en las empresas nuestras, específicamente Pemex, podemos decirle que el
día de hoy Pemex está operando a plena capacidad sus plantas actuales y que existen
cuando menos dos proyectos incluidos en su programa de inversiones del año 2003, que
atenderán precisamente a cogenerar una parte del volumen estimado de energía que,
pensamos, se pueda generar de ahí, que anda del orden de 4 mil a 4 mil 500 megawatts.
En cuanto al concepto de acuerdos con los Estados Unidos que
impliquen alguna preocupación de parte nuestra en cuanto a la disposición de nuestros
hidrocarburos, puedo darle la tranquilidad que no existe ningún compromiso y, como es
obvio, el día de hoy que la OPEP anuncia su decisión de mantener la plataforma petrolera
para los próximos tres meses, México la anunció semanas antes, dado que es lo que
pensábamos que convenía a nuestro país, dadas las circunstancias que estamos viviendo.
En cuanto al uso de nuestras plantas químicas o petroquímicas para
fines bélicos, la respuesta es, no hay ningún compromiso con ningún Estado ni ningún
país.
El pasivo laboral es una enfermedad, un cáncer que tenemos en
nuestro país porque no sólo afecta a las empresas de
nuestro sector sino afecta a otras instituciones en el país. Les pedimos su apoyo
para que, en reflexión a la importancia que tiene ese pasivo en el bienestar de nuestros
trabajadores, nos apoyen a que efectivamente se empiecen a fondear a partir del año que
entra.
En cuanto a la importancia y conveniencia del régimen fiscal
diferente y autonomía de gestión, como hemos comentado, las tres propuestas que hoy
tiene el Congreso en análisis, las tres conllevan este concepto y será cuestión de
sentarnos y buscar el mejor mecanismo de trabajo para que las empresas realmente tengan la
capacidad de ejercer su función. Y su función, señores, es exclusivamente darle riqueza
a este país.
Espero haber contestado a las
preguntas que me hizo, diputado Amador. Y estoy a sus órdenes en el futuro, por si
algo adicional fuera importante platicar.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor Secretario.
Para hacer uso de su derecho de réplica, el diputado Alberto Amador
Leal, del grupo parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.
El diputado Narciso Alberto Amador
Leal:
En su comparecencia del año pasado, señor Secretario, nos
permitimos convocarlo a ejercer a plenitud la rectoría del Estado en materia energética.
Es lamentable que, a pesar de ello, no tengamos avances satisfactorios.
En efecto, a propósito del nudo de competencias y del confuso
entramado burocrático, no sabemos bien a bien en qué dependencias se ejerce, en los
hechos, la función rectora del sector energético: en la Secretaría de Hacienda, en la
dependencia a su cargo o en la Secretaría de la Contraloría.
Probablemente, señor Secretario, dada la fragilidad estructural de
la dependencia a su cargo, no haya sido decisión de usted el impertinente aumento de las
tarifas residenciales de energía eléctrica, que afecta la economía popular y ha
disparado el proceso inflacionario.
Queremos percibir también que tampoco ha estado en sus manos
detener la política de extracción de los recursos de las empresas energéticas del
Estado, motivado por una política hacendaria errática e imprevisible.
También queremos asumir que en su dependencia no se confunden los
compromisos y responsabilidades claramente ubicadas en el ámbito laboral y aquellas que
tienen que ver con una verdadera rendición de cuentas y de transparencia de uso de los
recursos públicos.
Menos aún nos pasa por la mente que desde su dependencia se
pretenda socavar la vida interna de los sindicatos de la industria energética, poniendo
en juego de manera insensata el riesgo, la fortaleza y la operación de Petróleos
Mexicanos.
En fin, queremos creer, señor Secretario, que su dependencia es
ajena a la lucha que protagonizan diversos grupos al interior del Gobierno para tomar el
control de esta empresa estratégica, no importando el escandaloso aumento del gasto
corriente asignado a los altos funcionarios, la duplicidad de funciones, la parálisis, la
pérdida de mística en el trabajo y la eventualidad de ahondar la tendencia decadente de
los índices de productividad.
Hoy, señor Secretario, por el contrario, pensamos que están a
prueba los principios y las convicciones de quienes estamos en el servicio público en la
construcción de una verdadera política de Estado que afiance la seguridad y la
soberanía energética; es decir, de una verdadera ética pública comprometida con el
cambio y la transformación de nuestra industria energética nacional.
Por ello, señor Secretario, hoy lo convocamos nuevamente a
construir esta política de Estado para bien de la nación. Por nuestra parte, lo hemos
reiterado, estamos dispuestos al diálogo y a la construcción de acuerdos por el bien de
México.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Ha concluido el primer turno de preguntas y réplicas y tenemos en
esta Mesa Directiva el registro del segundo turno. En ese sentido, se ofrece el uso de la
palabra al diputado Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, para formular su pregunta, hasta por tres minutos.
El diputado Jaime Cervantes Rivera:
Señor Secretario: aunque a usted no le guste, el Partido del
Trabajo va a seguir hablando de privatización de la energía eléctrica.
Como usted bien sabe, esta legislatura, dentro del presente periodo
ordinario, tendrá que tomar cartas en el asunto y discutir a fondo este polémico asunto.
No tenemos ninguna duda respecto a la postura que el Ejecutivo Federal tiene al respecto.
La Secretaría a su cargo tuvo un papel central en la elaboración
de las cinco iniciativas de ley que se enviaron a esta soberanía en dicha materia. La
privatización del sector eléctrico es una prioridad esencial para el gobierno foxista: de conformidad con los cambios estructurales que en el país
se han venido dando desde que se instauró el modelo neoliberal, las privatizaciones
constituyen el eje de la política económica.
En su caso personal, por su trayectoria como exitoso empresario y
por la filosofía y concepción que de ello se deriva, su postura al respecto es sin duda
que la inversión privada es la mejor opción para dotar al país del suministro de
energía eléctrica. Pero también seguramente está usted muy bien enterado de las
experiencias recientes que en el plano internacional se han tenido, que son de muy diversa
índole.
Hubo casos en los que la privatización de este insumo básico para
el desarrollo económico es altamente favorable, pero también las experiencias en las que
hubo sonoros fracasos que han desembocado en escandalosos fraudes financieros, como fue el
de la compañía Enron, en Estados Unidos, que detonó por cierto una de las crisis más
graves que dicho país haya tenido en el mercado de valores y que ha tenido repercusiones
en el sector productivo de la economía, de la cual todavía no se ha repuesto.
La generación de energía eléctrica, por sus características
particulares, es una industria que no responde a los patrones clásicos de los mercados.
Sin dejar de lado su papel estratégico como insumo básico en la marcha de la economía,
la generación de electricidad tiene que responder a una demanda que varía rápidamente
en las llamadas “horas pico”.
También, como es sabido, no es susceptible el almacenamiento o de
que se acumulen los excedentes producidos. Estas características, entre otras, determinan
que los gobiernos tengan una participación decisiva en la regulación de dicha industria
para garantizar su abastecimiento oportuno y eficiente a las empresas y a las familias.
En suma, señor Secretario, de lo dicho anteriormente se desprende
que, independientemente de la postura que se tenga en esta materia tanto en la cuestión
técnica y económica, así como en términos de las experiencias internacionales
recientes, la privatización de este insumo básico es polémica por sí misma.
Por ello quisiéramos que, ante esos cuestionamientos y reflexiones,
usted vertiera en este pleno sus opiniones al respecto, en el entendido de que su punto de
vista será considerado con toda responsabilidad y seriedad en el debate que esta Cámara
de Diputados tendrá que dar en esta materia.
Es cuanto.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
Tiene el uso de la palabra el ingeniero Ernesto Martens, secretario
de Energía.
El Secretario de Energía, Ernesto
Martens Rebolledo:
Con su permiso, Presidenta:
Al planteamiento del diputado Cervantes en cuanto al aprender de los
problemas que una empresa hoy mundialmente reconocida y en algunos casos hasta maldecida,
Enron, quisiera hacer referencia a la diferencia entre una empresa de energía y una
empresa especuladora en el campo financiero sobre energéticos. Son dos cosas totalmente
diferentes.
Enron era una empresa que se convirtió, de ser empresa productora
de energía, a ser una empresa especuladora en el campo financiero en el tema de energía.
En cuanto al concepto de privatización, recogemos con interés sus
puntos de vista. Insistimos, con el debido respeto, en que nuestras empresas... el
Presidente Fox ha repetido hasta el cansancio que no serán privatizadas y que tendremos
una empresa fuerte, empresas fuertes que puedan salir adelante y darle a México la
energía que México requiere, complementadas por la iniciativa privada y el capital
social.
En cuanto a la regulación, creo que el analizar las empresas o los
países con éxito y los países con fallas nos permite crear un sistema regulatorio a
través de la CRE y del sistema de transmisión y despacho que aseguren, además de que
hemos reservado derechos específicos a las empresas nuestras para actuar en caso de que
un actor privado no cumpla con su responsabilidad. Sentimos que existen, si nos sentamos a
estudiar la propuesta del Presidente Fox, los dientes para poder morder y mantener un
mercado ordenado, bien regulado y, sobre todo, nuestro país con soberanía.
En cuanto a su invitación para participar en el foro que ustedes
nos inviten, estamos listos para darles nuestro punto de
vista y que ustedes, en su momento, legislen lo que crean pertinente.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias.
Para hacer uso de su derecho de réplica, el diputado Jaime
Cervantes Rivera, del PT, hasta por tres minutos.
El diputado Jaime Cervantes Rivera:
Con el permiso de la Presidencia; señor Secretario:
Muchas gracias por sus respuestas.
De la misma forma en que hemos considerado sus opiniones,
quisiéramos, señor Secretario, que usted tomara en cuenta nuestros puntos de vista al
respecto.
Desde que el Presidente Zedillo
presentó, en el año de 1998, su iniciativa de ley para privatizar la energía
eléctrica, la ciudadanía ha expresado su punto de vista al respecto.
Los empresarios mexicanos y extranjeros han mostrado su beneplácito
de que se privatice la industria eléctrica. El PAN y algunos sectores del PRI muestran su
total acuerdo en que se lleve a efecto tal medida.
Nuestro partido, como usted bien sabe, siempre ha estado en total
desacuerdo en que se privatice la energía eléctrica. Queremos reiterarle que nuestros
argumentos no residen únicamente en la
preservación en manos del Estado de este insumo básico. No es tan sólo un simple
rasgo nacionalista, como se le ha querido caracterizar. Tenemos otras razones más
poderosas que ésas; entre ellas, cabe destacar que el análisis de las experiencias de la
privatización en otros países debe verse a la luz de nuestras condiciones específicas y
en nuestra opinión, no hay razones que apunten a que dicha medida nos beneficie.
Los titulares del Ejecutivo que han privatizado, por ejemplo, bancos
y carreteras, han mostrado una total incapacidad para llevar a buen puerto dicha
política.
En materia eléctrica tampoco las cosas han ido bien. Los Pidiregas,
que fueron concebidos como proyectos autofinanciables, representan un alto porcentaje del
costo financiero de la deuda pública, como a usted bien le consta.
Si la política fiscal de México se ajustara tan sólo a las
condiciones medias que tienen los países de la OCDE, que tanto encomiamos, la Comisión
Federal de Electricidad estaría totalmente capacitada para enfrentar no tan sólo la
demanda doméstica sino también podría abastecer con toda solvencia los requerimientos
de exportación a Estados Unidos y Centroamérica en la lógica de integración del ALCA.
Es decir, señor Secretario, hasta los propósitos regionales que el
“Coloso del Norte” nos quiere imponer, que por cierto no compartimos, serían
satisfechos.
Señor Secretario: se van a cumplir en fecha muy próxima, el 27 de
septiembre, 42 años de la nacionalización de la industria eléctrica. Los mexicanos
tuvimos que pagar un alto costo para fortalecer nuestra soberanía. No hay ninguna razón válida para que tengamos hoy que hacer lo contrario.
Y, tal como en esa fecha, el pueblo de México tendrá la palabra. Esperemos que,
en lo que a usted le corresponda, actúe en congruencia con este sentir mayoritario.
Es cuanto y muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
Tiene la palabra, para formular preguntas, a nombre del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Erika Spezia Maldonado,
hasta por tres minutos.
La diputada Erika Elizabeth Spezia Maldonado:
Con el permiso de la Presidencia; señor Secretario; compañeras y
compañeros diputados:
Como usted y sus funcionarios bien lo han dicho en numerosas
ocasiones, México tiene un altísimo potencial de energía renovable. Tenemos regiones
con gran potencial eólico en Hidalgo, Oaxaca y Baja California. Además, nos encontramos
en una de las regiones con mayor insolación tenemos
amplios potenciales geotérmicos e hidráulicos. Es
evidente que nuestro país bien podría aprovechar estos recursos y ponerse a la
vanguardia o, cuando menos, ir como el resto de los países. Sin embargo, nada se ha
hecho.
Nos congratula que las metas del Programa Sectorial de Energía
2001-2006 sea el de contar con 1 mil megawatts más de
energía renovables. Sin embargo, nos preocupa que, a menos de cuatro años de
alcanzar la fecha establecida, no se haya iniciado ningún proyecto, sobre todo si
recordamos que las plantas de generación eléctrica no se construyen en un mes.
¿Por qué la Secretaría a su cargo se compromete a algo y
establece metas que no ha cumplido y no va a cumplir? ¿Por qué México no desarrolla
energía renovable?
Al contestarme las anteriores preguntas, quisiera que omitiera
referirse a que somos un país en vías de desarrollo que no se puede dar el lujo porque,
tan sólo en geotermia, Filipinas genera el 25.6% de su electricidad; Costa Rica, el 13%;
El Salvador, el 15.8%. Además de tener los ejemplos de amplios proyectos eólicos como
los de India, con 1 mil megawatts instalados, o España, Dinamarca y Alemania. Dinamarca,
con 14% de su generación eléctrica por ese medio. Además de Noruega, que genera con
hidroeléctricas casi toda la totalidad de su electricidad.
Es evidente que se pueden hacer las cosas, pero éstas no se hacen
por sí solas. Por eso, señor Secretario, ¿se compromete
usted a elevar la generación eléctrica por medios renovables en un 3% durante su
sexenio? ¿Sí o no? Si piensa usted que esto lo tienen que hacer los mercados, entonces
tiene que instaurar mecanismos como los establecidos en otros países donde se otorgan
precios preferenciales, obligaciones de compras mínimas, incentivos fiscales,
depreciaciones aceleradas, exenciones arancelarias y de impuestos etcétera. Cuestiones
que, por supuesto, no observamos en su reforma al sector eléctrico.
Por ello le pegunto, señor Secretario, ¿está realmente
comprometido con las energías renovables o sólo son palabras para llenar su espacio en
el informe?
Señor Secretario: ¿se compromete aquí y ahora a apoyar una
iniciativa de ley que incluya, además de lo antes mencionado, amplios beneficios a las
energías renovables y porcentajes mínimos de generación por estos medios?
Por su atención y respuestas, muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias.
Ingeniero Martens, para su respuesta, por favor, tiene la palabra
hasta por cinco minutos.
El Secretario de Energía, Ernesto
Martens Rebolledo:
Con su permiso, señora Presidenta:
Atendiendo a la pregunta tan específica de la diputada Spezia,
quisiera resaltar dónde está México el día de hoy y partiré del año 2000.
En el año 2000, el 20.3% del total de generación bruta de energía
eléctrica en México se satisfizo a través de fuentes renovables de energía; quiero
especificar: siendo las grandes hidroeléctricas las fuentes renovables más
representativas, el 17.3%. Después de ella, la geotermia es la segunda fuente importante
de energía renovable en nuestro país, con una capacidad instalada de 860 megawatts.
Sigue la capacidad eólica, que entonces era muy incipiente, con 2.37 megawatts, y la
fotovoltaica, con 13 megawatts.
Efectivamente, tenemos identificadas importantes áreas de fuentes
de energía renovable eólica, que estimamos sean superiores a los 5 mil megawatts, en
Oaxaca, Baja California y Yucatán, así como con tensiones superiores a los 3 mil 850
megawatts en mini y microeléctricas. Y, además, como 1 mil 500 megawatts adicionales en
campos geotérmicos y alrededor de 1 mil megawatts provenientes del uso de biomasa como
concepto y en específico de la industria cañera, así como 150 megawatts adicionales
provenientes de biogás de rellenos sanitarios.
En suma, diputada, esta posición son 11 mil 500 megawatts de
potencial probado de energía renovables. En el programa sectorial de energía, el
Gobierno reconoce el retraso que tiene nuestro país en el desarrollo de fuentes
renovables y resalta la importancia de incrementar su participación como instrumento para
el desarrollo sustentable del país.
Consecuentemente, coincidimos con su punto de vista: se requiere que
analicemos juntos, este Congreso y la Secretaría, la forma de motivar, incentivar, apoyar
la instalación o bien, el costo de generación de estas plantas.
Como ustedes bien saben, el generar energía hoy todavía bajo estos
esquemas, principalmente la eólica, sigue siendo de costo alto y tenemos que encontrar la
forma inteligente de llevarlo adelante.
Espero haber dado respuesta a sus preguntas y contestado a su forma
matemática planteada.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor Secretario.
Para formular su réplica, la diputada Erika Spezia Maldonado, del
grupo parlamentario del Verde Ecologista, hasta por tres minutos.
La diputada Erika Elizabeth Spezia
Maldonado:
Con la venia de la Presidencia; señor Secretario:
Lo que dijo me parece el desglose completo de algo a lo que todavía
le hace falta muchos ceros por delante, muchos watts que podríamos generar, que México
podría generar y que aún en esta nueva etapa de cambio no se han dado los elementos para
que puedan hacerse así.
Es necesario planificar y organizar a largo plazo cómo vamos a
utilizar las fuentes alternativas para satisfacer a la cada vez más grande demanda
energética, de forma que suponga un mínimo impacto sobre el medio ambiente. Para poder
desarrollar políticas energéticas adecuadas, es preciso contar con toda la gama de
opciones energéticas posibles. No hay duda de la necesidad de disponer de energía para
desarrollar las actividades humanas, nada más que la diferencia radica en que los
ecologistas y diferentes sectores de la sociedad queremos un progreso que lleve un
desa-rrollo justo, equitativo, sostenible, armónico, entre los recursos naturales y el
hombre.
La producción de energía mediante fuentes alternas tiene mucho que
ofrecer, pues las ventajas que aporta son diversas. Todas nuestras principales fuentes de
energía actuales, como lo son el petróleo y el carbón, dañan el medio ambiente, siendo
además la energía nuclear la más peligrosa y dañina de todas. Tecnologías combinadas
que utilizan calor y energía, utilizadas en conjunto con combustibles fósiles
convencionales, jugarán un papel útil en la transición, dada su viabilidad económica y
sus ventajas ambientales.
Los diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
proponemos las alternativas ambientalmente limpias, a las que tendrán efectos a corto,
mediano y largo plazo.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, diputada.
El grupo parlamentario del PRD, a través del diputado Jesús
Garibay García, planteará sus preguntas. Y tiene hasta tres minutos el diputado.
El diputado J. Jesús Garibay García:
Con su venia, señora Presidenta:
“Hablemos de tiempos nuevos”, acabo de escuchar aquí.
¡Sí, cómo no! Hablemos de un jubilado, de una jubilada: María Hernández Molina recibe
una pensión de 1 mil 360 pesos y en el mes de julio del 2001 pagaba 83 pesos de luz y en
el mes de enero de este 2003 paga 2 mil 123 pesos. Quisiera hacer entrega a usted, señor
Secretario, de estos recibos para que vea que hablamos con hechos y no con palabras.
Y, como decía anteayer en esta misma tribuna, ¡va de nuevo! El
decreto publicado el 7 de febrero del 2002, mediante el cual se reestructuran las tarifas
eléctricas del servicio doméstico, el Partido de la Revolución Democrática lo
considera extremadamente lesivo para la economía, ahí tiene los recibos de ejemplo de un
segmento importante de la población, y que adolece de inconsistencias y complicaciones,
que dan por resultado facturaciones, además de excesivas, sin racionalidad ni equidad.
Para los consumidores en zonas de alta temperatura en verano, la
medida fue una burla para lo mismo. Tuvieron que corregirla después.
El Partido de la Revolución Democrática tiene la percepción de
que esos incrementos y la disminución del carácter social de ese servicio tiene la
intención de preparar las condiciones para entregar la industria eléctrica y mejorar las
expectativas de ganancia de futuros inversionistas.
Captar recursos para mejorar la infraestructura eléctrica y la
confiabilidad del servicio eléctrico mediante ajustes tarifarios puede ser válido si se
vincula con un fortalecimiento del sector eléctrico nacionalizado y sin distorsionar la
solidaridad social.
Sin estar clara y explícita esta vinculación, es legítima y
necesaria la resistencia social para evitar vaciar de contenido social a las empresas
públicas de ese sector, por lo cual el Partido de la Revolución Democrática ratifica su
pronunciamiento por la derogación de los decretos del 7 de febrero y 8 de abril del
presente año.
Señor Secretario, quisiera hacerle a usted una pregunta y
quisiéramos pedirle que, como dijo alguna senadora del pasado, “a calzón
quitado”, díganos la verdad: ¿qué piensa hacer la Secretaría a su cargo para
corregir esta distorsión?
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiempo, diputado.
El diputado J. Jesús Garibay García:
Tiempo denle al señor Secretario para que pueda dar respuesta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado: por favor, concluya.
El diputado J. Jesús Garibay García:
Señor Secretario, ¿qué puede esperar la población de esta
situación que ahora está sufriendo impune y descarnadamente? Esperaría una respuesta
puntual.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Tiene la palabra el señor ingeniero Ernesto Martens, secretario de
Energía.
El Secretario de Energía, Ernesto
Martens Rebolledo:
Con su permiso, Presidenta:
Diputado Garibay, muchas gracias por su planteamiento.
Recibimos los documentos que nos entregó y estoy pidiendo aquí, ya
que está presente, al licenciado Luis de Pablo de inmediato se reúna con usted para que
vean estos recibos y se aclare lo que, obviamente, debe ser un error en la facturación.
El diputado Alfredo
Hernández Raigosa
(desde su curul):
He mandado 1 mil y no los han
resuelto. He mandado 1 mil.
El Secretario de Energía, Ernesto
Martens Rebolledo:
Gracias, diputado. Le pediremos que lo resuelva ya.
Muchas gracias, diputado.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Continúe, señor Secretario.
El Secretario de Energía, Ernesto
Martens Rebolledo:
Recuerde usted: cuando nos ponemos a trabajar, diputado, lo hacemos
bastante bien.
En cuanto a la búsqueda y el deseo de resolver y concluir el tema de tarifas, esta Legislatura de esta Cámara de Diputados
en fecha reciente acordó proponerle al Ejecutivo un grupo de trabajo que se siente a
resolverlo y yo pedí, en mi presentación, diputado, que tanto el Subsecretario de
Energía Eléctrica como el director de la CFE la Luz y Fuerza se aboquen, junto con el
grupo de trabajo, para resolverlo a la brevedad posible.
Yo estaré pendiente que la gente nuestra esté disponible para que
esto se haga lo más pronto que se pueda.
Eso es lo que yo le ofrezco “a calzón quitado”.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias.
Para hacer uso de su derecho de réplica, el diputado Garibay
García, hasta por tres minutos.
El diputado J. Jesús Garibay García:
Señor Secretario, hablemos de tiempos actuales, aunque el tema sea
antiguo.
Quiero expresar a usted que en Internet y en el Congreso de la
República de Perú, se circula y están trabajando sobre un documento que dice:
“Ernesto Martens bajo sospecha”.
Señala el informe: “Detrás de múltiples operaciones
irregulares realizadas en la empresa AeroPerú se encuentra el ahora secretario Ernesto
Martens, funcionario zedillista que fue presidente del Consejo General y director general
de Cintra y ahora Secretario de Energía.”
Desde Perú se está requiriendo al secretario Martens
para que rinda cuentas sobre el manejo de la empresa
aérea de ese país que en un momento
estuvo fusionada con Aeroméxico.
Según Eduardo Walley los accionistas minoritarios de AeroPerú en
1998 el señor secretario Martens hizo una simulación de reestructuración con un aporte
de 50 millones de dólares que nunca llegaron a su destino y que al parecer se perdieron
en el camino.
Los peruanos descubrieron, ya que durante la administración del
secretario Martens, se presentaron cinco balances diferentes sobre...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
¿Sí, diputado Candiani? Un momento diputado. Activar el sonido en
la curul del diputado Candiani en donde está.
El diputado Mauricio Enrique
Candiani Galaz
(desde su curul):
Señora Presidenta, quisiera pedirle que fuera usted tan amable de
pedirle al orador que se suscriba al tema que estamos debatiendo, no veo que el contenido
de su aclaración tenga que ver con energía.
Por favor una moción de orden para que el orador se circunscriba al
tema de la materia.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Candiani, diputado, yo le ruego que su réplica precise
cómo se vincula con el tema. Diputado, continúe por favor.
El diputado J. Jesús Garibay García:
Gracias, para su tranquilidad es sobre el tema.
Los peruanos descubrieron ya que durante dicha administración se
presentaron cinco balances diferentes sobre la balanza de AeroPerú con la intención de
confundir a los auditores y con la protección del ex presidente Alberto Fujimori, hoy
ciudadano japonés, refugiado en Tokio.
La reestructuración que dejó a Cintra a los peruanos les llevará
15 años de intenso trabajo para saldarla. Por el momento los accionistas presentarán
denuncia en Perú, después lo harán en México.
Señor secretario Martens, esto es lo que allá está circulando y
está trabajando.
Regreso al tema, señores diputados. Señor Secretario: ¿es con
este tipo de esquemas y de acciones, como pretenden fortalecer a la Comisión Federal de
Electricidad, a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y a Petróleos Mexicanos, con
acciones encubiertas?
Señores, la nación requiere de respuestas claras y no acciones
encubiertas.
Señor Secretario: hago entrega a usted de los documentos a que he
hecho mención y ojalá dispusiera usted de tiempo para orientarnos e ilustrar al país...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado, concluya por favor.
El diputado J. Jesús Garibay García:
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Jaime Aceves Pérez, del grupo
parlamentario de Acción Nacional, para formular sus preguntas, hasta por tres minutos.
El diputado Jaime Aceves Pérez:
Con el permiso de la Presidencia:
Secretario de Energía, Ernesto Martens Rebolledo: la Ley de
Servicio Público de Energía Eléctrica faculta a la Junta de Gobierno de la CFE y Luz y
Fuerza del Centro, que tienen entre otras potestades acordar el ajuste a las tarifas
eléctricas, de acuerdo con el estado patrimonial y financiero de los organismos.
Haciendo un examen del decreto, no sólo cuestionamos la
reestructuración, ajuste y modificación tarifario, sino además el por qué se
establecen excesivos mínimos mensuales para la tarifa doméstica de alto consumo, como lo
es el cobrar el equivalente a 100 kilowatt/horas mas un cargo fijo mensual. Esto
representa que un usuario cuyo consumo sea de cero kilowatt-horas, es decir no consuma
electricidad, tenga que pagar mas de 9 salarios mínimos.
En las diversas divisiones de la CFE, por qué no se respeta el
numeral ocho del artículo 2o, el cual indica que cuando el usuario mantenga durante
cuatro meses consecutivos un consumo mensual promedio inferior al límite de alto consumo
fijado para su localidad, el suministrador aplicará la tarifa correspondiente a que se
refiere el artículo 3o, es decir, de las tarifas 1 a la 1-F, motivo por el cual
nuevamente Jalisco y el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional exigimos que a
los usuarios afectados en el país se les reembolse lo cobrado en exceso o se tome en
cuenta de futura energía consumida.
Le entrego recibos para su análisis.
Es excesivo el costo de las reconexiones que cobran las
paraestatales, que es casi de dos salarios mínimos, por lo cual reclamamos su revisión.
En los avisos-recibos aparece un historial gráfico por dos años,
debiendo ser numérico. Observamos mensajes de facturación estimada sin indicar las
razones o motivos. El usuario debe contar con información clara y suficiente para cuidar,
corregir el consumo y defenderse de las inconsistencias administrativas de la
facturación, así como la legalidad de la aplicación de la Ley de Servicio Público.
El alto índice de pérdidas no
técnicas, pero sobre todo para evitar el robo y clandestinaje en las colonias,
proponemos:
Realizárseles un cobro como servicio directo con base a la carga
real del usuario y que estos recursos se depositen en una cuenta exclusiva para
electrificaciones futuras.
Que la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro
observen lo indicado en el artículo 13 de la Ley de Servicio Público de Energía
Eléctrica y los casos y comisiones establecidos...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Termine, por favor diputado.
El diputado Jaime Aceves Pérez:
Termino Presidenta, establecidos para que les otorguen aquellos
servicios que están a 200 metros de la red...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Concluya, diputado.
El diputado Jaime Aceves Pérez:
La expectativa respecto a los productores de energía privado,
respecto a la reforma eléctrica, ¿qué problemática vive al respecto en el
financiamiento?
Por su respuesta, gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Tiene la palabra el secretario de Energía, Ernesto Martens
Rebolledo, hasta por cinco minutos.
El Secretario de Energía, Ernesto
Martens Rebolledo:
Diputado Aceves, muchas gracias por su planteamiento.
Como hemos mencionado, tomamos
nota de los recibos, vemos que son del estado de Jalisco y sabemos que hay una mesa ya
instalada en Guadalajara y en los principales municipios para atender esas solicitudes y
le pediremos al ingeniero Alfredo Elías que por favor instruya sobre el tema.
En cuanto a sus recomendaciones, las recibimos con especial interés
y pediríamos que en el grupo de trabajo que ustedes ya nos propusieron y que empezará a
trabajar lo más pronto posible, se incluyan para que se analicen y se resuelvan.
En cuanto a su planteamiento de 200 metros, ya está establecido por
CFE que sí se puede hacer.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias.
Para hacer uso de su derecho de réplica, hasta por tres minutos, el
diputado Javier Castañeda Pomposo.
El diputado Javier Julián Castañeda
Pomposo:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeros legisladores; señor
Secretario:
Agradezco su respuesta y me permito reiterar la importancia que
tiene para Acción Nacional el establecer criterios claros y transparentes en cada
decisión que se toma, más aún cuando éstas tienen un impacto directo sobre la
economía de las familias mexicanas.
En materia de energía eléctrica, el grupo parlamentario de Acción
Nacional, asume que la población requiere del suministro permanente y seguro de
electricidad y de que ésta se proporcione al menor costo posible.
En ese sentido, señor Secretario, que planteamos las siguientes
consideraciones:
Es necesario reflexionar en el hecho de que a la fecha no se cuenta
con la información y elementos suficientes para determinar en qué medida han resultado
afectados los usuarios de energía eléctrica a los que se redujo el subsidio.
En ese sentido y aunque cabe señalar que los ajustes para la
disminución del subsidio se determinaron bajo criterios diferenciados y a partir de la
premisa de afectar al menor número posible de usuarios, es importante considerar el
descontento que en relación con dichos ajustes, se manifiesta en distintas regiones del
país.
Por ello, señor Secretario, me permito solicitarle nos haga llegar
por conducto de la Presidencia de la Cámara de Diputados, información lo más
desagregada posible sobre quiénes y en qué regiones se han visto los mayores y más
seriamente afectados ciudadanos por la disminución en el subsidio a la energía
eléctrica, así como cuáles fueron los aspectos que fueron tomados en cuenta para
establecer la diferenciación de tales subsidios.
Acción Nacional desea garantizar la transparencia absoluta en el
otorgamiento de subsidios, así como asegurarse que éstos se canalizan efectivamente a
quienes más lo necesitan. Con ello, no sólo contribuirá a mejorar las condiciones de
bienestar de las familias mexicanas, sino que significará una optimización en el manejo
de los recursos públicos.
También es conveniente subrayar la relevancia de que el Congreso de
la Unión aprueba la asignación y monto de los subsidios siempre a la luz de una
información real que le permita tomar decisiones con base en las necesidades
diferenciadas de la población.
En otro tema no menos importante, el momento actual registra la
menor claridad jurídica para el sector energético, puesto que la conocida incertidumbre
a la que están sujetos los productores por las resoluciones de la Corte y cuya capacidad
de generación representa un porcentaje importante del total del sector, hecho que resulta
grave si se considera que las inversiones en curso nos darían electricidad para cinco
años.
Por último, es preciso destacar el compromiso, señor Secretario,
de mi partido Acción Nacional con la reforma al sector eléctrico, pues estamos
convencidos de la necesidad de ajustar el marco jurídico a efecto de garantizar desde una
visión de Estado que mira al futuro, que el suministro de energía eléctrica se
proporcione con eficiencia y a bajo costo.
Muchas gracias, señor Secretario.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Para plantear preguntas a nombre del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, se ofrece el uso de la palabra al diputado Marco Dávila
Montesinos, hasta por tres minutos.
El diputado Marco Antonio Dávila
Montesinos:
Con su permiso, señora Presidenta; señor Secretario:
Quiero precisar en esta tribuna que la semana pasada, el
planteamiento del punto de acuerdo al que usted ha hecho referencia en sus intervenciones,
fue presentado por el Partido Revolucionario Institucional, tanto en el Senado de la
República como en la Cámara de Diputados, y a la cual se sumaron todos los grupos
parlamentarios representados en ambas cámaras.
Todos los estados del norte, señor Secretario, y aquellos en
condiciones climáticas de humedad, demandan una respuesta urgente, y que su respuesta y
la de la Secretaría de Hacienda, no sea una estrategia únicamente para salir del paso.
Le preguntaría a usted, muy respetuosamente, ¿si serían solamente
los criterios técnicos que definen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
Secretaría de Energía y Comisión Federal, lo que defina las tarifas preferenciales o
serán como hasta la fecha hemos podido apreciar, criterios flexibles,
político-electorales, los que determinan estas tarifas, con el claro objetivo de lograr
simpatías en aquellos municipios que interesan al partido en el poder?
En seguimiento a mi pregunta le solicito, señor Secretario, se nos
informe, si en el tema de la gasolina en la frontera norte del país, se están utilizando
los mismos criterios políticos-electorales, ya que sólo en Ojinaga y Ciudad Juárez,
Chihuahua, tienen el beneficio de un costo menor desde el mes de mayo, y en el resto de
las ciudades fronterizas, no se han autorizado precios preferenciales, para lograr
competitividad, pese a los esfuerzos que mi grupo parlamentario ha realizado en el Senado,
en la Comisión Permanente y en esta Cámara.
Por sus respuestas muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor ingeniero Ernesto Martens, secretario de
Energía hasta por cinco minutos.
El Secretario de Energía, Ernesto
Martens Rebolledo:
Gracias, señora Presidenta:
A su planteamiento, diputado Marco Antonio Dávila, y primera
pregunta sobre el criterio a seguir: el criterio es estrictamente técnico. En cuanto al
beneficio o ajuste en precios de gasolinas en la frontera y a reserva de poderlo en su
momento platicar, cuando usted lo vea pertinente en más detalle, puedo contestarle que la
prueba de ajustar el precio de la gasolina, para buscar una solución al contrabando de la
misma, se inició en distintos lugares de la República, tanto en la frontera sur con
Belice como en distintos estados de la República.
Recientemente se acaba de autorizar una nueva sección, y si hay
alguna que esté pendiente, diputado, con mucho gusto yo la llevo conmigo, para platicarla
con la Secretaría de Hacienda que es la responsable de este programa.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor Secretario.
Tiene la palabra el diputado Marco Dávila para hacer uso de su
derecho de réplica hasta por tres minutos.
El diputado Marco Antonio Dávila
Montesinos:
Señor Secretario, la respuesta de la dependencia a su cargo y de la
Secretaría de Hacienda son diametralmente opuestas, por un lado, se comenta que la medida
podría generar distorsiones en el mercado, contrabando, así como la distancia y el
abasto de la refinería de Cadereyta sería insuficiente, entre otras razones, y por otro
lado, la respuesta de Hacienda, es de que se trata de un plan piloto, que curiosamente se
opera en municipios gobernados por Acción Nacional y tengo las dos respuestas que nos
turna Hacienda y que nos turna la dependencia a su cargo.
Por otro lado, señor
Secretario, las evidencias son muy contundentes, en municipios que sin duda alguna merecen
tarifas preferenciales por las condiciones climatológicas en que viven, se advierte que
han sido beneficiados por aspectos distintos a los meramente técnicos, ya que todos
tienen un común denominador: procesos electorales en puerta.
Señor Secretario, en política no hay coincidencias, lo que se
advierte es una clara intencionalidad política, no quiero dejar citar las recientes
declaraciones del presidente del Partido Acción Nacional y de uno de sus senadores, las
cuales rechazo categóricamente desde esta tribuna en el sentido de que en Coahuila se
operaba un sabotaje perverso para perjudicar a sus candidatos por el cobro tan elevado de
tarifas eléctricas, tratando de justificar sin duda, su escasa presencia entre el
electorado coahuilense y la preferencia de los coahuilenses por el Partido Revolucionario.
Hoy, con sorpresa...
Señora Presidenta, ¿detiene el reloj? Merezco atención.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Dávila, vincule con el tema su exposición.
El diputado Marco Antonio Dávila
Montesinos:
Gracias, el reloj me debe cinco segundos.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Adelante, señor diputado.
El diputado Marco Antonio Dávila
Montesinos:
Hoy, con sorpresa nos enteramos que el mismo senador y los
candidatos de Acción Nacional, dan a conocer reasignación de tarifas, señores, en
municipios de La Laguna y en dos del norte del estado de Coahuila. ¿No le parece, señor
Secretario, otra rara coincidencia?; o el caso de un municipio de Nuevo León, que al mes
del decreto del 7 de febrero se le reasigna su tarifa.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Señor diputado Dávila, un momento, por favor.
Compañeros diputados, yo les ruego que respeten el recinto y si
quieren sostener un debate, permitamos que concluya esta sesión.
Por favor, vincule su comentario, vincule su comentario con el tema,
diputado Dávila y continúe.
Diputado Leyva, diputado Minjares: por favor, les ruego guarden
respeto al recinto.
El diputado Marco Antonio Dávila
Montesinos:
Señores diputados, no se vale politizar una acción de respaldo a
una demanda popular que fue el acuerdo.
En los casos que he citado compañeros diputados, señor Secretario,
de los municipios a los que hice referencia de reasignación de tarifas tengo información
oficial, aquí está, del Servicio Meteorológico Nacional y de Conagua donde no reúnen
los aspectos técnicos para la reasignación a la que he hecho referencia. No se vale ser
tan flexibles en esto, en aras de otra tendencia.
Gracias.
La
Presidenta Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Señor secretario Martens, el acuerdo que rige esta comparecencia,
tiene prevista una intervención final de usted hasta por ocho minutos. Se le ofrece el
uso de la palabra.
El Secretario de Energía, Ernesto
Martens Rebolledo:
Señoras y señores legisladores:
Como dije en un principio, estamos comprometidos a impulsar una
política energética integral y con visión de largo plazo. Las principales líneas de
política e nergética que presenta la
administración son claras: preservaremos la soberanía y la propiedad de los recursos
energéticos de México.
Proponemos construir empresas públicas de Estado competitivas, sin
renunciar nunca a su compromiso social. Buscamos complementar la inversión pública con
la inversión de los sectores social y privado.
Tal vez sea oportuno hacer una reflexión sobre el futuro del
sector, que va más allá de las cifras y de las acciones que se están llevando a cabo y
que en manera resumida se han presentado en esta participación ante esta importante sala.
Unas y otras hablan del compromiso que hemos asumido para asegurar el abasto de energía,
pero poco nos dicen del futuro incierto que podemos esperar, de no tomarse decisiones
adecuadas y oportunas sobre las reformas que el sector requiera.
México es un país a media luz, su consumo eléctrico per capita es
de apenas mil 700 kilowatts hora por persona, que se compara muy desfavorablemente con la
media mundial de dos, 400, sobre todo si consideramos que el PIB per capita de nuestro
país, es 23% superior al medio mundial. Este nivel es inferior a los países como
Argentina, España y muy alejado obviamente de Estados Unidos y de la OCDE.
En los próximos 10 años se estima que habrá un crecimiento
promedio anual del 5.5% en la demanda. Quisiera dejarlo como reflexión: esto es lo que
crecimos en los últimos 20 años. Esto implica la necesidad de incrementar en 32 mil
megawatts la capacidad de generación y reforzar y ampliar el sistema de transmisión y
distribución.
Sin embargo, este esfuerzo apenas nos permitirá alcanzar en 10
años el promedio mundial actual: 2 mil 400 kilowatts/hora por persona por año. Para
hacer frente a esta demanda, únicamente a esta demanda, se requieren inversiones
cuantiosísimas que estimamos del orden de 55 mil millones de pesos anuales, a las que no
podemos hacer frente ni el Gobierno Federal ni nuestras empresas del sector. Asumiendo ya
como dado, que tengan plena autonomía de gestión y un régimen fiscal diferente.
Si el reto financiero es considerable, no es a lo único que tenemos
que hacerle frente, porque el sector eléctrico para que sea más competitivo requiere
incorporar oportunamente las nuevas tecnologías de ciclo combinado y generación
distribuida; capturar el nombre potencial que ofrecen los proyectos de cogeneración;
promover el desarrollo de energías nuevas y renovables; desarrollar rápida y eficazmente
nuestras reservas de gas no asociado y adicionalmente, para ser competitivos como país,
estamos obligados a perfeccionar nuestros instrumentos legales y administrativos para dar
certeza jurídica a todos los participantes públicos, privados y sociales.
Introducir esquemas flexibles de participación, brindar a las
empresas de nuestro país la oportunidad de acceder a productos y servicios energéticos
bajo las mejores condiciones de confiabilidad, calidad y precio.
El Ejecutivo ha puesto sobre la mesa de debate una iniciativa sobre
las reformas que consideramos necesarias para dar certidumbre legal a los esquemas de
participación vigentes desde la reforma de 1992.
Y para modernizar el sistema eléctrico del país de manera que
éste sea competitivo y esté mejor preparado para hacerle frente a los grandes retos
planteados por el desarrollo.
No se plantea en ningún momento sustituir al Estado con la
iniciativa privada, ni se cuestiona su capacidad de llevar a cabo la tarea que debe hacer
el sector eléctrico, lo que se propone es una adecuada complementariedad para las
ventajas que ofrece de contar con recursos de capital privado y social para sacar adelante
a nuestro país.
La propuesta del Ejecutivo busca preservar dentro del mandato de
servicio público, la atención de aquellas necesidades sociales que deben ser cubiertas
de manera satisfactoria a través de un servicio público de calidad. Ello no implica de
ninguna manera que las empresas de servicio público deban dejar de participar en aquellas
actividades y procesos que deben guiarse por su justificación económica y por su
rentabilidad, en las que deben concurrir conjuntamente con el sector privado.
Y una y otra deben reforzarse para asegura un futuro cierto en el
abastecimiento de energía del país. Una mejor calidad de nuestros servicios y una mayor
competitividad de nuestras empresas.
Mucho tendremos que discutir a lo largo del camino, pero el inicio
sin duda ha sido bueno. Los otros proyectos de reforma del sector eléctrico propuestos
por el PRI y por el PRD, guardan similitud en muchos de sus puntos y sobre todo coinciden
en la necesidad de llevar a cabo cambios en la forma de conducir y operar las empresas
públicas del sector eléctrico.
Por ello, el Ejecutivo y el Poder Legislativo debemos trabajar de la
mano para preservar la soberanía de nuestros recursos energéticos y establecer las
condiciones que permitan que estos recursos con que nos favoreció la naturaleza, puedan
ser utilizados para generar más riqueza para México y mejores condiciones de vida para
todos los mexicanos.
Señoras y señores diputados: ¿queremos seguir teniendo un país a
media luz o queremos un país que por su progreso, esté iluminado? Yo los invito a que
trabajemos juntos por México, para que México tenga la energía que requiere para que
sea un país que, con energía, tenga futuro para sus hijos y para mis nietos.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor Secretario.
Esta Presidencia dará cuenta,
de conformidad con el artículo 7o. numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la versión estenográfica de esta
sesión sea remitida al Presidente de la República, para su conocimiento.
Apreciamos el que haya comparecido ante este pleno en un tema que
sin lugar a dudas es estratégico para el desarrollo del país y de suma importancia para
la sensibilidad nacional.
Le ruego a la comisión designada acompañar al secretario Ernesto
Martens cuando desee retirarse del recinto.
Gracias por su participación.
(La comisión cumple su cometido)
SECCION INSTRUCTORA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Compañeros legisladores, tengan la gentileza de ocupar sus curules
para darle continuidad a la sesión.
Nuevamente ruego a los compañeros legisladores ocupar sus curules
para que reinicie la sesión de manera natural. Por favor, les ruego ocupar sus curules.
Vamos a dar continuidad a la sesión y les solicito atentamente a
los grupos parlamentarios que están haciendo consultas, soliciten también a sus colegas
diputadas y diputados que ocupen sus curules, por favor.
Compañeras y compañeros, vamos a dar continuidad a la sesión. A
ver si entrando en materia logramos que nos hagan el favor de ocupar sus curules.
Como se anunció en la lectura del orden del día, pospusimos para
inmediatamente posterior a la presentación del secretario Martens el tratamiento de una
comunicación de la Junta de Coordinación Política.
Le ruego a la Secretaría dar lectura a la comunicación de la Junta
de Coordinación Política respecto del tema.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel,
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión.— Presente.
Con fundamento en el artículo
36 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitarle la inclusión en el orden
del día de la sesión del 17 de septiembre del año en curso, del acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, relativo a la integración de la sección instructora, a efecto
de que se someta a votación del pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del día
de mañana.
Reciba un cordial saludo.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 18 de septiembre de 2002.— Diputado Martí
Batres Guadarrama, Presidente de la Junta.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Esta Presidencia solicita atentamente a todos los diputados, dada la
trascendencia del punto que se va a presentar en unos momentos, tengan la gentileza de
ocupar sus lugares para proceder a desahogar la lectura del documento de tal relevancia.
Solicito atentamente a los diputados pongan atención y vamos a dar
continuidad al tratamiento del asunto que nos ocupa.
Le ruego a la Secretaría continúe con la lectura de la propuesta
de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta
de Coordinación Política.
Acuerdo de integración de la Sección Instructora de la Cámara de
Diputados.
De conformidad con los artículos 11 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 34, punto 1, inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política cuenta con la facultad y
obligación de proponer al pleno de esta Cámara de Diputados la integración de la
Sección Instructora que tendrá competencia, conforme a los ordenamientos legales
citados, para intervenir en los procedimientos de Juicio Político y Declaración de
Procedencia previstos en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; en tal virtud, la Junta de Coordinación Política procede a formular el
siguiente Acuerdo de Integración de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados
bajo los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero. Con fundamento en el artículo 34, punto 1, inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, esta Junta de Coordinación Política propuso al pleno de esta
Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, la integración de la Comisión
Jurisdiccional, conformada por 16 miembros de la siguiente manera:
Mesa Directiva:
Diputados: Arturo Herviz Reyes, presidente; Eduardo Andrade
Sánchez, Jorge Carlos Ramírez Marín, José Francisco Blake Mora y José Tomás Lozano
Pardinas, secretarios.
Integrantes:
Diputados: Francisco Agundis
Arias, Cuauhtémoc Cardona Benavides, Fernando Díaz de la Vega, Jesús López Sandoval,
Ricardo Moreno Bastida, Raúl Gracia Guzmán, Salvador Rocha Díaz, José Elías Romero
Apis, Felipe Solís Acero, José Sergio Vaca Betancourt Bretón y Roberto Zavala
Echavarría.
Segundo. Con fundamento en los artículos 11 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 34, punto 1, inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, a esta Junta de Coordinación Política le corresponde proponer
al pleno de esta Cámara de Diputados, de entre los integrantes de la Comisión
Jurisdiccional a quienes habrán de conformar la Sección Instructora de este órgano
legislativo para intervenir en los procedimientos a que se refiere la Ley Reglamentaria
del Título Cuarto Constitucional.
Tercero. Esta Junta de Coordinación Política acuerda proponer la
conformación de la Sección Instructora de esta Cámara de Diputados, a efecto de que
desarrolle la parte respectiva del procedimiento de Juicio Político y que intervenga en
el procedimiento de Declaración de Procedencia, ambos previstos en el Título Cuarto de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conformada por cuatro
diputados propietarios integrantes de la Comisión Jurisdiccional, de la siguiente manera:
Diputados: Ricardo Moreno Bastida, presidente; Francisco Blake Mora,
secretario; Cuauhtémoc Cardona Benavides, integrante.
Cuarto. En términos del artículo 11 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, por cada integrante de la Sección
Instructora se designará un suplente que sólo podrá asumir sus funciones en caso de
ausencia temporal o definitiva de quien se trate, sin necesidad de acuerdo o aprobación
por parte de algún órgano o comisión de la Cámara. Los que son respectivamente:
Diputados:
1. Arturo Herviz Reyes.
2. José Tomás Lozano y Pardiñas.
3. Jesús López Sandoval.
4.
Quinto. Una vez que el pleno de esta Cámara haya aprobado el
presente acuerdo, la Sección Instructora para los procedimientos de Juicio Político y
Declaración de Procedencia se instalarán en el lugar que les sea asignado y se les
proveerá de los recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo de sus
funciones.
Por lo anteriormente expuesto y fundado esta Junta de Coordinación
resuelve el siguiente
ACUERDO
Unico. Sométase a la
consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
los puntos primero al quinto de las consideraciones descritas como si se insertaran a la
letra del presente texto.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 12 de septiembre de 2002.— Diputados: Martí Batres Guadarrama (rúbrica), presidente de
la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del PRD; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo
parlamentario del PRI; Felipe Calderón Hinojosa
(rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PAN; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo
parlamentario del PVEM y Alberto Anaya Gutiérrez,
coordinador del grupo parlamentario del PT.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Señor Secretario, le ruego vuelva a leer el inciso tercero y quede
claro que hay la palabra “integrante” en el margen izquierdo y un espacio en
blanco. Lea el inciso tercero tal y como está en el documento.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
“Tercero. Esta Junta de Coordinación Política acuerda
proponer la conformación de la Sección Instructora de esta Cámara de Diputados a efecto
que de que desarrolle la parte respectiva del procedimiento de Juicio Político y que
intervenga en el procedimiento de declaración de procedencia, ambos previstos en el
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conformada
por cuatro diputados propietarios integrantes de la Comisión Jurisdiccional, de la
siguiente manera:
Diputados: Ricardo Moreno Bastida, presidente; Francisco Blake Mora,
secretario; Cuauhtémoc Cardona Benavides, integrante y un espacio en blanco.
Cuarto. En términos del artículo 11 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, por cada integrante de la Sección
Instructora se designará un suplente que sólo podrán asumir sus funciones en caso de
ausencia temporal o definitiva de quien se trate, sin necesidad de acuerdo o aprobación
por parte de algún órgano o comisión de la Cámara. Los que son respectivamente:
1o. Diputado Arturo Herviz Reyes.
2o. Diputado José Tomás Lozano Pardinas.
3o. Diputado Jesús López Sandoval
4o. Espacio en blanco
Quinto. Una vez que el pleno de esta Cámara haya aprobado el
presente acuerdo, la Sección Instructora para los procedimientos de Juicio Político y
Declaración de Procedencia se instalarán en el lugar que le sea asignado y se le
proveerá de los recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo de sus
funciones.
Por lo anteriormente expuesto y fundado esta Junta de Coordinación
resuelve el siguiente
ACUERDO
Unico. Sométase a la
consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
los puntos primero al quinto de las consideraciones descritas, como si se insertaran a la
letra del presente texto.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 12 de septiembre de
2002.— Diptuado Martí Batres Guadarrama,
presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario
del PRD (rúbrica); diputado Rafael Rodríguez
Barrera, coordinador del grupo parlamentario del PRI (sin rúbrica); diputado Felipe Calderón Hinojosa, coordinador del grupo
parlamentario del PAN (rúbrica); diputado Bernardo
de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México (sin rúbrica) y diputado Alberto Anaya
Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del PT (sin rúbrica)”
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias. Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.
El
diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul):
Señora Presidenta, solicitarle muy atentamente que en virtud de las
conversaciones que hemos estado realizando en este momento, consulte a la Asamblea si
estarían dispuestos a aceptar un receso.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Pardes Rangel:
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, estoy entendiendo que está
solicitando el grupo parlamentario del PRI, formalmente, un receso.
El
diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul):
Efectivamente.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Proceda la Secretaría dar lectura al artículo 23 de la Ley
Orgánica.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
Artículo 23 de la Ley Orgánica:
“Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva las
siguientes:
a) Presidir las sesiones del Congreso General, las de la Cámara y
las de la Comisión Permanente, así como las reuniones de la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Cuando la Presidencia de la
Comisión Permanente corresponda a la Cámara de Diputados, el Presidente de la Mesa
Directiva formará parte de la propuesta de diputados que deberán integrarla.
b) Citar, abrir, prorrogar, suspender y levantar las sesiones del
pleno y aplazar la celebración de las mismas en los términos de la parte final del
artículo 68 constitucional.
c) Conceder el uso de la palabra, dirigir los debates, discusiones y
deliberaciones, ordenar se proceda a las votaciones y formular la declaratoria
correspondiente.
d) Disponer lo necesario para que los diputados se conduzcan
conforme a las normas que rigen el ejercicio de sus funciones.
e) Exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo
cuando hubiere motivo para ello.
f) Dar curso a los asuntos y negocios en los términos de la
normatividad aplicable y determinar los trámites que deben recaer sobre las cuestiones
con que se dé cuenta a la Cámara.
g) Firmar, junto con uno de los secretarios y con el Presidente y
uno de los secretarios de la Cámara de Senadores, las leyes y decretos que expida el
Congreso General y suscribir, también con uno de los secretarios, los decretos, acuerdos
y resoluciones de la Cámara.
h) Convocar a las reuniones de la Mesa Directiva de la Cámara, a
las de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y
cumplir las resoluciones que les correspondan...”
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Hasta ahí, diputado.
RECESO
La Presidenta diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
(a las 15:49 horas):
Esta Presidencia estima pertinente abrir un receso de 15 minutos que
permitirá también a la Junta de Coordinación Política complementar la propuesta en
virtud de que como está presentada, resulta incompleta en función de lo que establece el
artículo 11 de la Ley de Responsabilidades.
(Receso.)
(A las 16:34 horas) Vamos a reanudar la sesión, compañeras y
compañeros legisladores, por lo que les solicito atentamente ocupen sus respectivas
curules.
Se reanuda la sesión.
SECCION INSTRUCTORA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Esta Presidencia solicitó atentamente al Presidente de la Junta de
Coordinación Política complementara la propuesta presentada en el acuerdo que presenta a
consideración de esta Cámara. Hemos recibido un escrito de la Junta de Coordinación
Política y le ruego a la Secretaría dé cuenta de él, para posteriormente dar cuenta de
manera sucesiva de cómo quedarían los considerandos del acuerdo previo a esta
complementación.
Le ruego a la Secretaría dé cuenta del documento remitido por el
diputado Batres.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
De la Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación a la
Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
De conformidad con el artículo 11 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 34 punto 1, inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del
pleno el siguiente
ACUERDO
Unico. El cuarto
integrante de la Sección Instructora será el diputado Eduardo Andrade Sánchez y su
suplente el diputado Roberto Zavala Echavarría.
Atentamente.
Diputado Martí Batres
Guadarrama (rúbrica), presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador
del grupo parlamentario del PRD; diputado Felipe
Calderón Hinojosa (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del PAN; diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo
parlamentario del PRI; diputado Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México y diputado Alberto Anaya
Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del PT.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias.
Diputado Rodríguez Barrera.
El diputado Rafael Rodríguez
Barrera
(desde su curul):
Señora Presidenta: con todo respeto, para que la Asamblea tenga
claridad en cuanto a los términos de esta incorporación de los dos nombres de diputados
priístas, le ruego permita usted que se dé lectura por parte de la Secretaría al
documento que acompañamos, que establece en qué carácter hacemos la propuesta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Entréguelo a la Secretaría, por favor. Dé lectura.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«De la coordinación del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Diputada Presidenta:
Para el efecto de que la propuesta de la integración de la Sección
Instructora colme los extremos del artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos, en el sentido de que la misma debe quedar formada por cuatro
miembros de la Comisión Jurisdiccional y ratificando la ilegalidad de la propuesta hecha
por la Junta de Coordinación Política, la cual carece de facultades y competencia para
ese efecto, según ya hemos alegado y probaremos jurídicamente en el debate que sigue, el
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional propone ad cautelam y bajo protesta, a un miembro
propietario y un suplente en dicha Sección Instructora, los cuales son:
Propietario: diputado Eduardo Andrade Sánchez
Suplente: diputado Roberto Zavala Echavarría.
Con esta propuesta, dejamos en claro que el grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional no apuesta al obstruccionismo ni a impedir la
aplicación de las leyes hasta sus últimas consecuencias, pero ello no implica la
aceptación de las muestras de ilegalidad, parcialidad y falta de objetividad de quienes
proponen un acuerdo a todas luces improcedente.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
Queda debidamente registrado y se incorpora en el expediente.
Le ruego al Secretario dé
lectura entonces al artículo 3o. y al artículo 4o. de la propuesta original de la Junta
y agregue en su lectura los nombres del documento complementario.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
“Tercero. Esta Junta de Coordinación Política acuerda
proponer la conformación de la Sección Instructora de esta Cámara de Diputados a efecto
de que desarrolle la parte respectiva del procedimiento de juicio político y que
intervenga en el procedimiento de declaración de procedencia, ambos previstos en el
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conformada
por cuatro diputados propietarios integrantes de la Comisión Jurisdiccional de la
siguiente manera:
Diputados: Ricardo Moreno Bastida, presidente; Francisco Blake Mora,
secretario; Cuauhtémoc Cardona Benavides y Eduardo Andrade Sánchez, integrantes.
Cuarto. En términos del artículo 11 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, por cada integrante de la Sección
Instructora se designará un suplente, que sólo podrán asumir sus funciones en caso de
ausencia temporal o definitiva de quien se trate, sin necesidad de acuerdo o aprobación
por parte de algún órgano o comisión de la Cámara, los que son respectivamente:
1o. Diputado Arturo Herviz Reyes
2o. Diputado José Tomás Lozano Pardinas
3o. Diputado Jesús López Sandoval
4o. Diputado Roberto Zavala Echavarría”
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Para que la Asamblea tenga claridad, proceda a leer el considerando
quinto y el acuerdo específico.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
“Quinto. Una vez que el pleno de esta Cámara haya aprobado el
presente acuerdo, la Sección Instructora para los procedimientos de Juicio Político y de
Declaración de Procedencia se instalarán en el lugar que les sea asignado y se les
proveerá de los recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo de sus
funciones.
Por lo anteriormente expuesto y fundado esta Junta de Coordinación
resuelve el siguiente
ACUERDO
Unico. Sométase a la
consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
los puntos primero al quinto de las consideraciones descritas, como si se insertaran a la
letra del presente texto.”
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
Para el registro, el expediente respectivo quedará integrado por la
propuesta original de la Junta, a la que se le dio lectura, la propuesta complementaria de
la Junta, el escrito de la coordinación del grupo parlamentario del PRI y la versión
textual estenográfica de esta presentación.
En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. Se abre el
registro de oradores.
Voy a dar lectura al registro de oradores a favor y en contra.
Diputados: Eduardo Andrade, en contra; Blake Mora, a favor; Jaime
Cervantes, en contra; Miguel Barbosa, a favor, Francisco Agundis, en contra, Tomás
Torres, a favor, José Elías Romero Apis, en contra, y Sergio Vaca, a favor.
Voy a leer primero el orden y, si falta algún legislador de
registrarse, con gusto lo haremos; y, posteriormente, voy a ordenar en función de pro y
contra y como tenga el registro esta Secretaría y esta Presidencia.
Diputados: Jorge Carlos Ramírez Marín, en contra; Alejandro
Zapata, a favor; Roberto Zavala, en contra; Sotelo, a favor; Lorena Beauregard, en contra;
Efrén Leyva, en contra.
¿Falta algún diputado de registrarse?
Diputados: Carreras, en contra; Eddie Varón, en contra; Francisco
Cárdenas, en contra; Rafael Hernández, a favor; Lozano, a favor; Ruiz Angeles, en
contra; Rodolfo González Guzmán, en contra.
Esta Presidencia informa que está cerrando.
Diputados: Hilda Anderson, en contra; Arturo Escobar y Vega, en
contra; Cuauhtémoc Cardona, a favor; María Guadalupe López Mares, a favor; Martha Ruth
del Toro, a favor; Tomás Coronado, a favor; Ranulfo Márquez, en contra; Rubén García
Farías, en contra; Salvador Cosío Gaona, en contra.
¿Sí, diputado Barbosa?
Sonido en la curul del diputado Barbosa.
El diputado Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta
(desde su curul):
Señora Presidenta, hemos visto cómo se han listado sinnúmero de
compañeras y compañeros diputados en este debate tan interesante. Lo único que quiero
dejar establecido es que, de acuerdo con la facultad de interpretar la ley por parte de la
Mesa Directiva, durante el transcurso del debate se dé interpretación y aplicación del
artículo 114 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Para ilustrar a la Asamblea, le
ruego que dé lectura al artículo 114 del Reglamento para el Gobierno Interior.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Reglamento para el Gobierno Interior, artículo 114:
Antes de cerrarse, en lo general, la discusión de los proyectos de
ley y, en lo particular, cada uno de sus artículos, podrán hablar seis individuos en pro
y otros tantos en contra, además de los miembros de la Comisión Dictaminadora y de los
funcionarios a que alude el artículo 53 de este Reglamento. En los demás asuntos que
sean económicos de cada Cámara, bastará que hablen tres en cada sentido, a no ser que
ésta acuerde ampliar el debate.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Dé lectura al artículo 115, señor Secretario.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Reglamento para el Gobierno Interior, artículo 115:
Cuando hubieren hablado todos los individuos que puedan hacer uso de
la palabra, el Presidente mandará preguntar si el asunto está o no suficientemente
discutido. En el primer caso, se procederá inmediatamente a la votación; en el segundo,
continuará la discusión, pero bastará que hable uno en pro y otro en contra para que se
pueda repetir la pregunta.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor Secretario.
Con el propósito de ilustrar a la Asamblea, vamos a dar inicio al
debate con la intervención de los primeros diputados registrados en contra y en pro.
Inmediatamente terminando ambos diputados su intervención, daremos lectura a la lista que
tenemos registrada para que la Asamblea esté informada de qué legisladores están
registrados, y, en su oportunidad, procederemos como lo señala el artículo 114 y, en su
caso, el artículo 115.
Tiene la palabra en contra el diputado Eduardo Andrade Sánchez.
El diputado Justino Eduardo Andrade
Sánchez:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros
diputados:
En primer lugar, quisiera dejar muy claramente establecido que mi
intervención impugna los fundamentos jurídicos mismos del acto que se pretende poner a
votación de este pleno. No sería procedente que se pretendiera argumentar aquí en la
tribuna que, porque hay una propuesta ad cautelam
y bajo protesta que me incluye, eso signifique de ninguna manera que estamos aceptando el
procedimiento, la naturaleza del acto y los métodos empleados para su consumación.
El primer punto que hay que dilucidar es justamente la naturaleza
del acto jurídico. Se está planteando como un acuerdo parlamentario, cuando debería
procederse a la emisión de un decreto. Estamos por configurar, si se procediera de la
manera que se propone, un órgano absolutamente ilegítimo porque tiene esencialmente una
naturaleza jurisdiccional. La Sección Instructora tiene funciones de carácter judicial,
es una autoridad; estamos constituyendo una autoridad, sus actos tienen imperio. Es un
órgano que puede, por ejemplo, dar una instrucción a un Juez de Distrito.
¿Con qué carácter podría un órgano de esta Cámara dar
instrucciones a un Juez de Distrito para que desahogue una diligencia, por ejemplo, si no
le reconocemos el carácter de una autoridad de naturaleza jurisdiccional? Y no podemos
instituir una autoridad jurisdiccional por medio de un acuerdo parlamentario.
El acuerdo parlamentario tiene por objeto la resolución de un
asunto económico interno de cada Cámara, de su administración, de sus tareas, de sus
procedimientos, pero no de una institución que va a surtir efectos frente a terceros;
ésa es una autoridad y no es la vía un acuerdo parlamentario. Esa es la primera razón
por la que está viciado de origen este procedimiento.
El decreto —dice la doctrina—, es toda resolución o
disposición de un órgano del Estado sobre un asunto o negocio de su competencia que crea
situaciones jurídicas concretas, que se refieren a un caso particular relativo a
determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos y que requiere de cierta formalidad
la publicidad, a efecto de que sea conocido por las personas a las que va dirigido; es, en
consecuencia, un acto que requiere todas las formalidades que se establecen en la
Constitución para la emisión de un decreto.
Ahora bien, segundo motivo de ilegalidad. La Junta de Coordinación
Política carece de facultades para proponer a los miembros de la Sección Instructora. Se
me dirá que el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades establecía esta
función para la antigua Gran Comisión, que ya no existe y que esa Gran Comisión ha sido
sustituida por la Junta de Coordinación Política y que la Junta de Coordinación
Política propone a las comisiones. Admitiendo que sea así, en los dos casos, en las dos
disposiciones legales, se trata de propuestas para integrar comisiones, no la Sección
Instructora. En ninguna parte, que alguien me diga en dónde, en qué ley, en qué
precepto, en qué punto concreto, en qué fracción, existe la atribución expresa para la
Junta de Coordinación Política de proponer la designación de los miembros de la
Sección Instructora.
En cambio, sí existe disposición expresa, artículo 40 párrafo
quinto de la Ley Orgánica que nos rige, que establece que la Comisión Jurisdiccional se
crea para el efecto, "a efecto", dice textualmente y la primera interpretación
que hay que hacer de una ley es la gramatical y, ¿qué dice el diccionario? "A
efecto" es con la finalidad de conseguir algo; es un objetivo, un propósito, una
finalidad.
Y ¿cuál la finalidad de la Comisión Jurisdiccional? Que de entre
sus miembros se designen a quienes formarán la Sección Instructora. ¿Se designe por
quién? Por supuesto que por el pleno. ¿Pero a propuesta de quién? De la Comisión
Jurisdiccional. ¡Si no, para qué existe la Comisión Jurisdiccional!
¿Querrían aquellos que me objeten mi argumento, decir que los
miembros de la Comisión Jurisdiccional somos una lista, por ejemplo, para escoger
jurados? No es así. Las comisiones —dice nuestra Ley Orgánica—, son órganos
de esta Cámara, órganos; no son listas para insacular, como en otro tiempo existieron. Y
como órgano, tienen que tener una función. Y ¿cuál es la única función que se da a
la Comisión Jurisdiccional? Justamente la de proponer a los miembros de la Sección
Instructora de entre quienes integran esta Comisión. Estaría actuando la Junta de
Coordinación Política en contra de una disposición legal explícita, clara, definitiva
y posterior a todas las otras que se han aplicado en condiciones anteriores.
De manera que no hay fundamento jurídico. Otros compañeros
extenderán algunos argumentos importantes, pero a mí me resta sólo hacer una reflexión
adicional: ¿es válido el criterio partidista para formar un órgano jurisdiccional, el
órgano que implica una tarea de revisión de pruebas, de calificación de los documentos
del expediente, de realización de diligencias? ¿Podemos pensar, como parece suponer la
sugerencia que ha trascendido de la Junta de Coordinación Política, que cada diputado
que vaya a ese órgano lo hará con la consigna que le dé su partido? Me parece una
ofensa a la propia Junta de Coordinación Política y a la Sección Instructora.
No podemos admitir la idea de que se trabaje con el criterio
preestablecido de ir contra el adversario político sólo porque lo es. Quienes integren
esa Comisión van a juzgar. La primera característica, el primer requisito que se exige
de un juez es su imparcialidad.
Y, si presuponemos que va a ser el criterio partidista y político
el que va a imperar, estamos atentando contra la dignidad de esta Cámara.
Creo, en consecuencia, que la Junta de Coordinación Política
debería respetar las facultades de la Comisión Jurisdiccional. Que la Comisión
Jurisdiccional, de entre sus miembros, designe, con un criterio no partidista, viendo el
perfil de sus miembros, su capacidad jurídica probada, su actuación en órganos de
administración de justicia y, sobre todo, la confianza que deben merecernos a todos,
porque hay miembros de distintos partidos que pueden ser objeto de los procesos
establecidos en la ley y no podrían esperar de sus jueces, que son sus pares, que partan
de un prejuicio, sin ver a fondo con la conciencia, limpia y clara, lo que está en el
expediente.
Yo sé que estoy propuesto. Si en mí llegase a recaer esa
responsabilidad, estoy seguro que el líder de mi fracción parlamentaria no me daría una
consigna ni yo la admitiría.
Y eso, a quienes se ríen, les digo, que creo que si juzgamos a los
demás como nosotros obraríamos, yo esperaría que cada miembro de los demás partidos,
actuara en conciencia y pensara que van a cumplir una función jurisdiccional y no una
tarea de venganzas o de arreglos o de componendas de carácter político.
Muchas gracias.
La Presidenta Beatriz Elena Paredes
Rangel:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra en pro el
diputado José Francisco Blake Mora, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado José Francisco Blake
Mora:
Con el permiso de la Presidencia; compañeros legisladores:
Una de las obligaciones de esta Cámara de Diputados es atender con
diligencia el desahogo de los asuntos que se le vayan encomendando; entre ellos, los
procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, los cuales, sin lugar a
dudas, son trámites de excepción nada gratos, pero que hay que atender en función de la
legalidad y pensando en la salud de las instituciones.
Nuestro compromiso no es eludir la responsabilidad ni tampoco
polarizar pasiones con afanes de venganza. Ahora bien, dentro del marco normativo que nos
rige, esta Cámara tiene mecanismos establecidos para sustanciar el procedimiento de
juicio político y declaración de procedencia, previstos en el Título Cuarto de la
Constitución, mismos que remite a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión,
particularmente en el artículo 40 apartado 5 y a la Ley Federal de Responsabilidad de los
Servidores Públicos, en especial el artículo 11.
En dichos ordenamientos se nos establece la obligación de conformar
una Comisión Jurisdiccional, cuyo cumplimiento ha quedado satisfecho por esta Cámara.
Reconocemos los esfuerzos que se han realizado para conformar las
instituciones legislativas relativas al juicio político y en lo que se refiere a incoar
los procedimientos específicos en la conformación de la Subcomisión de Examen Previo,
que deriva de las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia y
Derechos Humanos.
Por otra parte, la debida atención de los asuntos de declaración
de procedencia... Ha quedado pendiente la conformación de la Sección Instructora, que
debe estar integrada por cuatro miembros designados de entre aquellos que integran la
Comisión Jurisdiccional. En tal virtud, resulta procedente el acuerdo de la Junta de
Coordinación Política de esta Cámara de Diputados que se somete a consideración de
este pleno para contar con un órgano cuya existencia es indispensable para el trámite de
los asuntos que nos han sido encomendados y de los que en el futuro surjan.
No ignoramos que existen diversos cuestionamientos por parte de
otros grupos parlamentarios, cuyas objeciones se han constreñido fundamentalmente a
impugnar la competencia de la Junta de Coordinación Política, arrojando dicha facultad a
la propia Comisión Jurisdiccional. Sobre este particular, no coincidimos por las
siguientes razones:
Primero. La Junta de Coordinación Política es un órgano que ha
sustituido a la Gran Comisión, la cual tiene la facultad de poner a consideración del
pleno la conformación de comisiones, subcomisiones y grupos de trabajo, razón por la
cual consideramos que este acto se encuentra dentro de esas facultades.
Segundo. La Ley Orgánica del Congreso de la Unión vigente hasta
septiembre de 1999 no establecía claramente lo concerniente a la integración de la
Sección Instructora. Simplemente, en términos lacónicos, en su artículo 53 señalaba:
“son comisiones jurisdiccionales las que se integran en los términos de la ley para
los efectos de la responsabilidad de los funcionarios públicos”. No descono- cemos
que el interés de la LVII Legislatura consistió en la regulación específica para
conformar la Sección Instructora con miembros de la Comisión Jurisdiccional, de acuerdo
a la interpretación jurídica de los artículos 40 apartado 5, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Unión y el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.
Tercero. Cabe mencionar la existencia de un precedente legislativo,
en este sentido, que es el acuerdo parlamentario relativo a la Comisión Jurisdiccional y
a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, propuesto por la CRICP y aprobado en
la sesión efectuada el 30 de abril de 1998, por el cual se estableció que, de acuerdo
con la Ley Orgánica del Congreso General, el Reglamento para el Gobierno Interior del
mismo, así como el acuerdo parlamentario aprobado por el pleno el 4 de septiembre de
1997, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política ejercerá las funciones
de gobierno de esta Cámara de Dipu-tados y que, en ejercicio de las funciones de la Gran
Comisión, deberá proponer la integración de una Comisión Jurisdiccional y de una
Sección Instructora para sustanciar los procedimientos previstos en esta ley.
Para mayor abundamiento, solicito a la Presidencia tramitar ante la
Secretaría la lectura de dicho acuerdo en lo conducente.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Atienda la solicitud del diputado, señor Secretario; que le precise
cuáles son los párrafos que desea se dé lectura.
El diputado José Francisco Blake
Mora:
Solicito también se detenga el reloj.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Dé lectura la Secretaría.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Del Diario de los Debates de la Cámara de
Diputados. Abril 30 de 1998:
“Comisión de Jurisdicción. Sección Instructora de la Cámara
de Diputados.
CONSIDERANDO
1o. Que, de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, así como el acuerdo parlamentario aprobado por este
pleno el pasado 4 de septiembre de 1997, la Comisión de Régimen Interno y Concertación
Política ejerce las funciones de Gobierno de esta Cámara.
2o. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Comisión de Régimen Interno
y Concertación Política, en ejercicio de las funciones de la Gran Comisión, deberá
proponer la integración de una comisión y una Sección Instructora para sustanciar los
procedimientos consignados en la mencionada ley.
3o. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones que se
integran en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, para los efectos de las responsabilidades de los servidores, se considerarán
comisiones de jurisdicción.”
“Acuerdo parlamentario relativo a la Comisión de Jurisdicción
y a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
Artículo 2o. La Comisión de Jurisdicción prevista en el artículo
11 párrafo primero, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
así como el artículo 42 numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, se integrará de 30 miembros: 14 diputados del PRI, 7 del PRD, 7
del PAN, un diputado del Partido del Trabajo y uno del Partido Verde Ecologista de
México.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Que la Comisión
Jurisdiccional prevista en el artículo 42, numeral 5, de la Ley Orgánica señalada se
integre de la siguiente manera:
Segundo. Que la Sección
Instructora prevista en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos se integra de la siguiente manera:
Integrantes: del PRI, Miguel Quiroz Pérez; del PRD, Alvaro Arceo
Corcuera; del PAN, Juan Marcos Gutiérrez González; del PT, Ricardo Cantú Garza.
Palacio Legislativo, México, DF, a 30 de abril de 1998.”
La Presidenta diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel:
Hasta ahí, Secretario.
Son los documentos conducentes.
Sí, diputado Efrén Leyva.
El diputado Efrén Nicolás
Leyva Acevedo
(desde su curul):
Señora Presidenta, ¿puedo hacer una pregunta al orador?
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado, ¿admite usted una pregunta?
El diputado José Francisco Blake
Mora:
Voy a concluir; y si quiere hacer una argumentación, que utilice la
tribuna.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
No admite la pregunta en este momento. Al final de su intervención
lo puede usted volver a plantear.
Continúe.
El diputado José Francisco Blake
Mora:
Por otra parte, adicionalmente a estos planteamientos y a estos
argumentos jurídicos interpretación que se han dado, el presidente de la Comisión
Jurisdiccional, en diversas ocasiones, de manera formal y por escrito, ha solicitado a la
Junta de Coordinación Política, que integre la Sección Instructora correspondiente.
En otro contexto, es menester señalar que la propuesta contiene
elementos de pluralidad y proporcionalidad que si bien, dada la composición actual de la
Cámara frente a lo exigido por la regla normativa que se refiere a la Sección
Instructora en la formación de cuatro miembros, es evidente que en cualquier fórmula que
se proponga, existirá subrepresentación y sobrerrepresentación, en tanto que la
pluralidad implica la inclusión de miembros de las diferentes fuerzas políticas.
La proporcionalidad obliga a que la composición procure una
aproximación en términos de la representatividad respecto de cada uno de los grupos
parlamentarios.
Esta situación está complementada en la propuesta que se presenta
al pleno dado a que, por una parte, se integran las tres principales fuerzas políticas y
por otra, representa cerca del 93% de los legisladores que integran esta Cámara.
En tal virtud el acuerdo es legal, es plural y es proporcional.
Hasta aquí nuestra interpretación jurídica de la competencia que
es propia de la Junta de Coordinación Política.
Señores diputados: debemos velar porque la Sección Instructora
cumpla con los fines de legalidad, imparcialidad y objetividad, de manera tal que su
función no se vea afectada por presiones políticas, partidistas o de cualquier otro tipo
de intereses que sustraigan de la equidad.
No desconocemos que esta tarea es trascendente y puede llegar a
alterar ánimos.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado, un segundo. Diputado Martínez Nava.
El
diputado Juan Manuel Martínez Nava (desde su curul):
Diputada Presidenta:
Le quiero preguntar, por conducto de usted al orador si acepta que
se lea el artículo 40 numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado, hay una solicitud. ¿Tiene usted inconveniente, para
ilustrar?
El diputado José Francisco Blake
Mora:
No acepto.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
No aceptó, diputado.
Continúe, diputado.
El diputado José Francisco Blake
Mora:
No debemos prejuzgar, menos aún corporativizar; no se trata de un
tribunal administrativo de justicia. Es competente al ámbito de Poder Judicial.
Tampoco es un órgano persecutor, dado que esa facultad es exclusiva
del Ministerio Público. Así, respetuosos de los ámbitos competenciales, manifestamos
que esta tarea no es sencilla; se trata de una gran responsabilidad, pero estamos seguros
que los legisladores sabremos llevarla con dignidad y con apego a los principios de
legalidad, rectitud, con prudencia y mesura.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
No aceptó la interpelación, diputado Leyva.
Vamos a dar lectura a la relación de diputados que se han inscrito,
sin menoscabo de que en su oportunidad consultemos a la Asamblea y apliquemos lo relativo
a los artículos 114 y 115.
El diputado Eduardo Andrade Sánchez y José Francisco Blake Mora,
quienes ya hicieron uso de la palabra.
Diputados en contra: Jaime Cervantes Rivera, Francisco Abundis
Arias, José Elías Romero Apis, Jorge Carlos Ramírez Marín, Roberto Zavala Echeverría,
Arturo Escobar y Vega, Lorena Beaurregard de los Santos, Efrén Leyva Acevedo, Juan Manuel
Carreras López, Eddie Varón Levy, Francisco Cárdenas Elizondo, Rafael Ramírez, Rodolfo
Gerardo González Guzmán, Roberto Ruiz Angeles, Hilda Anderson Nevárez, Ranulfo
Márquez, García Farías y Salvador Cosío Gaona.
Diputados en pro: además de Blake, Luis Miguel Barbosa Huerta,
Tomás Torres Mercado, José Vaca Betancourt Bretón, Alejandro Zapata Perogordo, David
Augusto Sotelo Rosas, Rafael Ramírez Agama, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, José
Tomás Lozano Pardinas, Cuauhtémoc Cardona Benavides, María Guadalupe López Mares,
Martha Ruth del Toro Gaytán y Tomás Coronado Olmos.
En consecuencia, tiene el uso de
la palabra en contra, Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo.
El diputado Jaime Cervantes Rivera:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros
diputados:
En este asunto tan importante para la vida política de la Cámara y
de interés para millones de mexicanos, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo
acude a esta tribuna con objeto de fijar su posición acerca de la propuesta presentada
por la Junta de Coordinación Política para integrar la Sección Instructora, señalando
que nosotros siempre nos hemos pronunciado por el respeto a los criterios de pluralidad y
proporcionalidad en la integración de las comisiones.
En nuestra opinión, la Ley Orgánica del Congreso es clara en
cuanto a la integración de la Comisión Jurisdiccional, ya que la propuesta de
composición de la misma, es formulada por la Junta de Coordinación Política y es
aprobada por el pleno de la Cámara.
Sin embargo, una vez que dicha Comisión se integra conforme a lo
que establece el artículo 40 numeral 5 de la Ley Orgánica, corresponde a ella la
designación de quiénes formarán la Sección Instructora. En consecuencia, estamos
ciertos que la propuesta que nos presenta la Junta invade el ámbito de competencia de la
Comisión Jurisdiccional para hacer dicha designación.
A manera de ejemplo, podemos señalar que el artículo 44 numeral 4,
permite que al interior de las comisiones se puedan constituir subcomisiones o grupos de
trabajo, pero en ningún caso la Junta de Coordinación Política ha pretendido sustituir
esa facultad de las comisiones de dictamen.
Nos queda claro cuál es la función legal que a la Sección
Instructora corresponde y precisamente porque la Instructora debe actuar conforme a la
legalidad en la presentación de sus dictámenes, nosotros nos pronunciaremos porque se
respete la facultad de la Comisión Jurisdiccional para hacer dicha designación.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo se pronuncia a favor
del combate a la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones. Lo mismo en la probable
comisión de delitos en Pemex, que en el uso ilegal de recursos públicos para remodelar
el rancho del presidente Fox en San Cristóbal, Guanajuato. Al igual que la negativa de
investigación de la asociación denominada “Amigos de Fox”, la cual tanto en el
IFE como en el gobierno, ha sido bloqueada por quienes ven en ella un riesgo de que se
establezca con claridad el uso ilegal de recursos para financiar la campaña presidencial
de Vicente Fox.
Conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
a la Sección Instructora corresponde el conocimiento inicial de las solicitudes de
declaración de procedencia que le sean turnadas.
Hasta el momento de entre ellas destacan la formulada por el
Ministerio Público del Distrito Federal en contra de un diputado de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, y la realizada el 10 de septiembre por el Ministerio
Público de la Federación en contra de un diputado federal, un senador de la República y
un diputado local en el estado de Tamaulipas.
Sin embargo, nuestro grupo parlamentario reivindica el criterio de
pluralidad, de proporcionalidad y de inclusión que debe prevalecer en la composición de
la Sección Instructora.
La modalidad de dicha composición resulta a todas luces
inapropiada, ya que se excluye de la integración al Partido Verde bajo el argumento
pueril de que puede hacer alianza con el PRI para bloquear las solicitudes de declaración
de procedencia; como si el contenido del presente dictamen que discutimos no fuera una
alianza entre el PAN y el PRD para impulsar esta composición de la Sección Instructora.
Pero además nos parece grave que el PRD decida otorgar al PAN un
cheque en blanco en la composición de la Sección Instructora, pues el que sí estaría
en la posibilidad de bloquear cualquier solicitud de esta naturaleza es el PAN. Recordemos
tan sólo cómo en el asunto de las toallas de la Presidencia, de la residencia
presidencial, los responsables de dicha compra no fueron sancionados; antes al contrario,
hubo total impunidad.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha sido congruente
con el respeto a los principios de proporcionalidad y pluralidad para la integración de
las comisiones, precisamente en el mismo criterio que el PRD esgrimió para pretender
legítimamente presidir los trabajos de esta Cámara de Diputados. Pero lo que no
admitimos es que únicamente se es plural e incluyente cuando algún miembro de nuestro
partido forma parte de una comisión y no cuando se trata de dar espacio a otro grupo
parlamentario, como en el caso del Partido Verde, al que se ha dejado fuera.
Reiteramos, nos pronunciamos porque la Sección Instructora quede
integrada para que esté en posibilidad de conocer las distintas solicitudes de
declaración de procedencia, pero que se haga con base en la ley y sin ánimos facciosos.
Queremos una Sección Instructora que actúe no como un comité de salud pública o de
tribunal sumario, sino que analice debidamente las solicitudes presentadas y que resuelva
conforme a derecho, para que posteriormente el pleno de la Cámara decida si retira o no
la protección constitucional.
Además entendemos perfectamente que la resolución de la
instructora o del pleno de la Cámara, en su caso, no prejuzga sobre la responsabilidad
penal del servidor público sujeto a esta solicitud, sino que ésta es función exclusiva
del órgano jurisdiccional en cuanto a determinar si el indiciado sí es o no responsable.
Compañeras y compañeros legisladores: los integrantes de esta
soberanía tenemos la obligación ética, política y jurídica de sujetar nuestra
conducta a las disposiciones legales aplicables y también estamos obligados a no actuar
con ánimo faccioso.
Por ello, desde esta tribuna hacemos un respetuoso llamado a los
compañeros legisladores Carlos Antonio Romero Deschamps, Luis Ricardo Aldama Prieto y
Jesús Olvera Méndez, para que envíen una señal positiva a la opinión pública y de
que están convencidos de que no hicieron nada indebido.
En consecuencia, los exhortamos a que soliciten licencia a sus
respectivas cámaras para enfrentar el correspondiente proceso penal, en el entendido de
que como resultado de su defensa si resultaran absueltos regresarán a ocupar sus cargos
de representación popular.
Es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Compañeras y compañeros legisladores:
Esta sesión, de suyo complicada, requiere de la disposición de
ustedes para escuchar a quienes hagan uso de la palabra. Es probable en un debate en donde
hay oradores en pro y en contra, que quienes simpatizan con las diversas posiciones
pretendan interrumpir con exclamaciones.
En ese sentido la Presidencia tiene que aplicar un criterio que
logre que prevalezca el respeto por el recinto parlamentario al que todos pertenecemos.
Les ruego sean respetuosos de las expresiones de todos los oradores, porque podemos entrar
en una competencia de exclamaciones y exabruptos que hagan daño a la naturaleza de este
debate.
Tiene la palabra el diputado Luis
Miguel Barbosa Huerta, en pro.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Gracias, Presidenta.
Doy inicio a mi intervención solicitando disponga que la
Secretaría dé lectura al artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, al artículo 34 incisos b y c de la Ley Orgánica y al artículo 40
párrafo quinto de la misma ley, sin que el tiempo que se tome en dar la lectura, sea a
cargo del que se me concede para mi intervención.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Proceda la Secretaría atendiendo la solicitud del orador.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
Artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.
Al proponer la Gran Comisión de cada una de las cámaras del
Congreso de la Unión, la constitución de comisiones para el despacho de los asuntos,
propondrá la integración de una comisión para sustanciar los procedimientos consignados
en la presente ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.
Aprobada la propuesta a que hace referencia el párrafo anterior,
por cada Cámara se designarán de cada una de las comisiones cuatro integrantes para que
formen la Sección Instructora en la Cámara de Diputados y la de enjuiciamiento en la de
senadores.
Las vacantes que ocurran en la sección correspondiente de cada
Cámara, serán cubiertas por designación que haga la Gran Comisión de entre los
miembros de las comisiones respectivas.
Artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General.
1. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:
b) Presentar a la Mesa Directiva y al pleno proyectos de puntos de
acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que entrañen una posición
política del órgano colegiado;
c) Proponer al pleno la integración de las comisiones, con el
señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas, así como la
designación de delegaciones para atender la celebración de reuniones interparlamentarias
con órganos nacionales de representación popular de otros países o de carácter
multilateral; con respecto a estas reuniones, en los recesos, la Junta de Coordinación
Política podrá hacer la designación a propuesta de su Presidente.
Artículo 40, de la misma ley, numeral 5. La Comisión
Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto
de que entre ellos se designe a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la
Sección Instructora encargada de las funciones a que se refiere la ley reglamentaria del
Título Cuarto de la Constitución en materia de responsabilidades de los servidores
públicos.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Gracias, señor Secretario.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Continúe, señor orador.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Hemos escuchado la lectura de los artículos que son fundamento para
que sea perfectamente legal la propuesta de acuerdo que está formulando la Junta de
Coordinación Política para integrar la Sección Instructora de esta Cámara de
Diputados. Las razones son las siguientes.
Cuando en el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos se refiere a la Gran Comisión, la ley orienta y se refiere al
órgano de gobierno de la Cámara que propondrá la integración de las comisiones de
trabajo y que hoy, cuando ya hay una nueva Ley Orgánica, se refiere a la Junta de
Coordinación Política. Antecedentes, señores priístas, ustedes los conocen, se
construyeron en otras legislaturas. Consta aquí y lo presento para ustedes, para recordar
que así ocurrió:
Los acuerdos de la Legislatura LVII, cuando se instruyó el
procedimiento en contra de Oscar Espinosa Villarreal y de la Legislatura LII, cuando se
instruyó el procedimiento en contra de Jorge Díaz Serrano. En ambos casos el órgano de
gobierno, primero en la LII, que era la Gran Comisión, y después en la LVII, que era la
CRICP, en ambos casos sometieron a consideración del pleno la aprobación de un acuerdo
de la Cámara para que así se integrara la Sección Instructora de la Cámara de
Diputados. Ahí están los antecedentes y ustedes participaron en ellos.
La Sección Instructora, señores juristas del Partido
Revolucionario Institucional, no es un órgano de la Comisión Jurisdiccional; es un
órgano de la Cámara. Su integración tiene una característica: todos los que la
componen requieren de una condición subjetiva: ser miembros de la Comisión
Jurisdiccional, pero quien los designa es el órgano de gobierno de la Cámara de
Diputados y por tanto hoy la Junta de Coordinación Política...
La Presidenta Beatriz Elena Paredes
Rangel:
Diputado Barbosa...
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Le voy a honrar responder a la pregunta de don Eduardo Andrade al
final de mi intervención.
La Presidenta Beatriz Elena Paredes
Rangel:
Al final de la intervención, diputado Andrade.
Continúe el orador.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Decía yo a los “turistas” del PRI que la Sección
Instructora no es un órgano de la Comisión Jurisdiccional; es un órgano de la Cámara
de Diputados y como tal, su integración debe ser producto de la propuesta que haga este
órgano de gobierno que es la Junta de Coordinación Política.
Pero vayamos a los antecedentes: la historia no es pequeña. Aquí
están y muestro los oficios, los oficios que hizo llegar la Comisión Jurisdiccional a la
Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, que fue producto del
acuerdo de los integrantes de la Comisión Jurisdiccional, dentro del cual se encuentra el
señor Eduardo Andrade como miembro de una secretaría y ahí se dirigen al señor Felipe
Calderón, entonces Presidente de la Junta de Coordinación Política y después a Martí
Batres, para que fuera la Junta de Coordinación la que propusiera e iniciara el trámite
de la integración de la Sección Instructora.
¿Por qué cambian de parecer hoy? ¿De qué se trata, señores?
Aquí se ha dado lectura en otra intervención, sobre la
comunicación que en la pasada legislatura hizo el órgano de gobierno, la CRICP, para
integrar esta Sección Instructora. Aquí traemos los documentos de pasadas legislaturas.
Ahí están los antecedentes. No es nuevo y sí es legal que estemos procediendo de esta
forma.
No se puede acudir a esta tribuna a deslegitimar a los posibles
integrantes. Se ha propuesto a cuatro diputados distinguidos, a cuatro miembros honestos y
con una trayectora importante de esta Cámara. No es legal ni es honesto que aquí de
antemano se venga a calificar de lo contrario, señor diputado Andrade. Estamos ante la
posibilidad de una tipicidad sobre una posible excusa que tuviera que hacer al
conocimiento de los casos por estar, aquí sí, mostrando posiciones de parcialidad en
relación a la función que esperamos desempeñe con toda atingencia.
El otro argumento jurídico: aquí se dice que está a discusión la
naturaleza de si es acuerdo o es decreto. Quien lo planteó está más preocupado por el
nombre que por el contenido. Las resoluciones de la Cámara valen por su contenido,
llámense acuerdos o llámense decretos, así es que ése no es un argumento válido para
poder atacar de nulidad lo que aquí vamos a votar en los siguientes minutos.
Pero todo esto, para nosotros en el PRD, ésas son piruetas
legaloides. El fondo del asunto es impedir a toda costa que se instale la Sección
Instructora para que prevalezca la impunidad que tanto preocupa, está en duda para los
señores que por 70 años gobernaron al PRI.
¿Cuánto tiempo, señores, nos tardamos para integrar la
subcomisión de examen previo? Año y medio. ¿Quiénes obstaculizaron la integración de
ese órgano que tiene que ver también con el análisis de las responsabilidades de los
servidores públicos?
Sabemos quiénes fueron y fue año y medio, ¿cuánto tiempo nos
estamos tardando para instalar esta Sección Instructora?, dos años, en el último año
del ejercicio de esta legislatura.
¿Quiénes son los responsables, señores? Los conocemos y sabemos
cuáles son las razones, ¿por qué venir a hablar aquí de legalidad? ¿Cuánto o a
partir de cuándo es la preocupación por ella? Era un término que no se conocía, el
poder era absoluto y el poder corrompía. ¿No es así, señores?
Finalmente, deberíamos hacer un esfuerzo para que aquí en esta
Cámara todos hiciéramos un compromiso de combate a la impunidad, de eso debe de
tratarse. Debemos de dar un mensaje a la nación para que podamos instalar todos los
órganos que tengan vinculación con la tramitación de las responsabilidades de los
servidores públicos, eso es lo que tenemos que hacer y esperamos su voto a favor de
cuatro diputados honestos que ha propuesto la Junta de Coordinación Política.
Muchas gracias y ahora sí espero la pregunta de don Eduardo
Andrade.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Andrade.
El diputado Justino Eduardo
Andrade Sánchez
(desde su curul):
Para contestar alusiones personales, Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Andrade, tiene usted derecho a solicitar la palabra para
contestar alusiones personales, pero había usted solicitado antes formular una pregunta
al orador que él había aceptado. ¿Todavía desea usted formular la pregunta?
El diputado Justino Eduardo
Andrade Sánchez
(desde su curul):
Sí, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Adelante.
El diputado Justino Eduardo
Andrade Sánchez
(desde su curul):
Cuando solicité hacer la pregunta el señor orador se refería a
una supuesta facultad de la Junta de Coordinación Política como órgano de gobierno. Mi
pregunta es, y la hice desde la tribuna también, que me digan en qué parte de la ley, en
qué disposición, en qué artículo, en qué precepto, se encuentra contenida esa
facultad de la Junta de Coordinación Política.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Sí, Presidenta.
Parece ser que no se escuchó la lectura de los señores
secretarios. Le voy a pedir nuevamente que den lectura al artículo 34 incisos B y C, así
voy a articular la respuesta, Eduardo.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Por favor, a la
Secretaría.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
De la Ley Orgánica, artículo 34, numeral 1: "A la Junta le
corresponden las atribuciones siguientes:
B. Presentar a la Mesa Directiva y al pleno proyectos de puntos de
acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara, que entrañen una posición
política del órgano colegiado.
C. Proponer al pleno la integración de las comisiones con el
señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas
directivas, así como la designación de delegaciones para atender la celebración
de reuniones interparlamentarias con órganos nacionales de representación popular, de
otros países o de carácter multilateral. Con respecto a estas reuniones, en los recesos,
la Junta de Coordinación Política podrá hacer la designación a propuesta de su
presidente".
La Presidenta Beatriz Elena Paredes
Rangel:
Gracias.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Señor diputado Andrade, está
respondida la pregunta, ¿no?, entonces encáucela, por favor. Con mucho gusto.
Yo quisiera que pudiéramos aquí, en esta Asamblea reflexionar,
tengo tiempo, porque estoy contestando una pregunta. Consulte el Reglamento, señor
diputado.
Yo quisiera que hiciéramos una reflexión que tiene que ver con el
futuro de México y en eso estamos involucrados todos y tiene que ver con el combate a la
impunidad, con la transparencia. Aquí estamos integrando un órgano de la Cámara que
tiene que ver con la tramitación de las responsabilidades de los servidores públicos,
finalmente es nuestro compromiso...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Barbosa...
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
No se desnuden, señores, aquí es la lucha contra la impunidad, no
contra los priístas. Si hay impunidad dentro del priísmo, por favor refléjenlo.
Gracias, señores.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
Dé lectura, por favor la Secretaría, al artículo 102 del
Reglamento para el Gobierno Interior.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Del Reglamento para el Gobierno Interior.
"Artículo 102. Los
individuos de la Cámara, aun cuando no estén inscritos en la lista de los oradores,
podrán pedir la palabra para rectificar hechos o contestar alusiones personales, cuando
haya concluido el orador y sin que puedan hacer uso de la palabra más de cinco
minutos."
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Tiene la palabra para contestar alusiones personales, el diputado
Eduardo Andrade.
El diputado Justino Eduardo Andrade
Sánchez:
Con su permiso, señora Presidenta:
Bueno, yo quiero dejar constancia que no se contestó o por lo menos
se contestó mal la pregunta o para ser más preciso, la respuesta nos da la razón,
porque no hay, yo lo dije desde la primera intervención, ¿dónde está la facultad
expresa del órgano de la Junta de Coordinación Política para este efecto? Tan no la hay
que lo que se nos leyó dice: "proponer al pleno la integración de las
comisiones". Esto no es una Comisión, es la Sección Instructora, órgano de la
Cámara, yo nunca dije que no fuera órgano de la Cámara.
Y es más, esa función ya se cumplió. La Junta de Coordinación
Política propuso, en ejercicio de esas facultades, a la Comisión Jurisdiccional, ya la
propuso, ya la aprobó el pleno, la Comisión ya existe y no es una mera lista, como ya
dije, es una Comisión que es un órgano, ése es también un órgano por definición,
aquí lo dice la propia Ley Orgánica y como órgano su función es la designación de los
miembros de la Sección. En consecuencia no hay ninguna referencia a esa facultad expresa
por parte de la Junta.
En cambio, y aquí se ha dicho algo que es muy importante para el
Derecho Parlamentario, ¿de veras la Junta de Coordinación Política es el órgano que
sustituye a la Gran Comisión? ¿Se subroga plenamente en las facultades que la ley
concedía a la Gran Comisión? ¿Es el mismo tipo de órgano? Por supuesto que no.
En primer lugar, por su propia naturaleza, la Gran Comisión de la
Cámara de Diputados y la de la Cámara de Senadores estaba concebida en función de una
representación territorial; la Junta de Coordinación Política está concebida en
función de una representación partidista de los grupos parlamentarios. Sus orígenes,
sus raíces son diferentes.
Pero además, las funciones atribuidas a la Gran Comisión antigua,
no se trasladaron automáticamente a la Junta de Coordinación Política, eso también es
falso. Se trasladaron parte a la Junta, parte a la Mesa Directiva y parte a la Conferencia
para la Conducción de los Trabajos Parlamentarios.
Entonces que no nos vengan a decir que hay aquí una sustitución
automática de facultades.
Voy más lejos, si ustedes revisan los transitorios de la nueva Ley
Orgánica, que es la que rige el proceso actual, se nos viene a decir que hay un acuerdo
parlamentario de 1998, bueno pues sí hay un acuerdo parlamentario de 1998 bajo la
vigencia de otra ley, con otro órgano que era aquella CRICP, la Junta de Régimen
Interno, eso ya no existe ni existe ese órgano ni existe esa ley; en consecuencia no se
puede regir la decisión que vamos a tomar por acuerdos que corresponden al pasado.
Y, revisando los transitorios de la nueva ley emitida en 1999, sólo
hay un caso que se refiere a la Junta de Coordinación Política.
Cuando traslada facultades de las comisiones que existían antes a
las actuales, se señala que sólo lo que era la Comisión de Administración, inciso a de la fracción IV del tercero transitorio, es el
único caso en que la ley señala que se traslada una facultad a la Junta de Coordinación
Política, en consecuencia no existe fundamento para que la Junta tome esta decisión.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
El diputado Barbosa ha solicitado la palabra para rectificar hechos,
hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Fíjense que queriendo recordar lo que ha ocurrido en relación a
los órganos que están vinculados con la responsabilidades de los servidores públicos en
esta legislatura, recuerdo un comentario que me hizo don Eduardo Andrade en relación a la
Subcomisión de Examen Previo. Y me voy a permitir decírselos aunque suena a incidencia.
Me dijo: "es una ocurrencia de nosotros para impedir que las
cosas caminen". Probablemente ya se le olvidó a don Eduardo, pero sostengo que es
verdad lo que digo. Que quede como constancia.
Y en cuanto a las facultades de la Junta de Coordinación Política
para proponer a los integrantes de esta Sección Instructora, de la misma ley se
desprende.
Hoy no voy a acudir a los secretarios para que den lectura, porque
parece que su voz ya no se escucha bien en este recinto. Dice el artículo 34: "a la
Junta le corresponden las atribuciones siguientes: inciso b. Presentar a la Mesa Directiva y al pleno,
proyectos de puntos de acuerdo.
De lo que llamamos es de un acuerdo de esta Asamblea, que está
propuesto por la Junta de Coordinación Política, su contenido es lo importante, no su
nombre, lo importante es la naturaleza no la denominación.
Y por lo otro, voy a ayudar a que se interprete de manera correcta
el artículo 40, párrafo quinto, dice así: "la Comisión Jurisdiccional se
integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que entre ellos
se designen a los que habrán de conformar a la Sección Instructora". Repito:
"…a efecto de que entre ellos se designen…" distinto Efrén, distinto
a que se dijera "…a efecto de que entre ellos designen…" Si dijera
así, efectivamente la Comisión Jurisdiccional tendría que designar a los integrantes de
la Sección Instructora, pero cuando dice: "… a efecto de que entre
ellos…" a lo único que se está refiriendo es a la calidad subjetiva de los
integrantes de la Sección Instructora, de que deben de ser miembros de la Comisión
Jurisdiccional.
Está muy claro, señores, hay todos los antecedentes parlamentarios
para sostenerlo y en esos antecedentes hay muchos diputados que han sido de otra
legislatura, del Partido Revolucionario Institucional, que formaron parte de estos
acuerdos y que hoy los desconocen.
Pero volvamos al fondo, para el PRI, ojalá y nunca hubiera Sección
Instructora, ésa es la realidad, no pongamos piruetas legales, para venir a convencer de
cosas que no existen.
Gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra en contra el
diputado Francisco Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.
El diputado Francisco Agundis Arias:
Muchas gracias, señora Presidenta.
Yo quisiera mi
participación en el aspecto político de este asunto, el aspecto legal ha sido aclarado
de manera sobrada. La composición que hoy se pretende aprobar de la Sección Instructora,
tiene una finalidad clara y específica, es la impunidad y la presión política.
Esta Sección Instructora será un simple órgano de represión
política, que buscará ajusticiar a funcionarios de todos los partidos y poderes de la
Unión. Además de esto, que es lo más grave, dará impunidad a todos los funcionarios
del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales que pertenezcan al Partido Acción
Nacional.
Con esta decisión se busca impedir cualquier intento de desafuero
de miembros del Poder Ejecutivo, del gabinete foxista. Pero no sólo eso, existen
solicitudes de juicio político en contra de magistrados del Poder Judicial y esto incluye
a magistrados del Tribunal Electoral.
La conformación de esta Sección Instructora, permitirá que un
solo partido, Acción Nacional, tenga la capacidad de decidir el resultado de cualquier de
estas solicitudes y todo ello en un año electoral, que apenas comienza.
El Ejecutivo, a través de un partido político, tendrá una valiosa
herramienta para los próximos comicios electorales.
La composición de este órgano no es una decisión consensada y
mucho menos es una decisión aceptada, por la simple y sencilla razón de que ésta no se
basa en el principio de pluralidad; pero más grave aún, tampoco se basa en el principio
de proporcionalidad. En este caso, esta Comisión Instructora debiera haber sido integrada
con dos diputados del PRI y dos diputados del PAN.
¿Cómo fue, cómo sucedió que este 42% que alegaba tener el
Partido Acción Nacional hace unas semanas y el 10% que despectivamente le señalaba al
PRD, ahora se convierte en un 50% y en un 25%?
El PAN defiende la proporcionalidad cuando le conviene y el PRD
defiende la pluralidad cuando le beneficia.
Otra vez más se juega con la ley, una vez más el contubernio, las
negociaciones en lo oscuro son ejes de acción de esta Cámara de Diputados. Esos
consensos, esos acuerdos en la pluralidad, esa legalidad, ese cambio del que hablan el
Ejecutivo y su partido, son una estrategia meramente mediática.
¿Por qué no se había instalado la Comisión Instructora antes? No
fue la falta de voluntad de un partido o grupo parlamentario; como hoy vemos, esta
decisión se pudo haber tomado hace mucho tiempo, ¿por qué no se tomó? Porque no
existía...
El diputado Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta (desde su curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Agundis, ¿me permite un segundo?
Diputado Barbosa. Quiere hacer una pregunta el diputado Barbosa,
¿lo acepta usted, diputado?
El diputado Francisco Agundis Arias:
No, no la acepto.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
No la acepta.
Continúe, diputado Agundis.
El diputado Francisco Agundis Arias:
¿Por qué esta decisión no se tomó antes? Porque no existía la
componenda, el chanchullo y el cochupo que hoy se da. Les quiero dar la definición que
encontré en un libro, de la palabra "cochupo". La palabra "cochupo"
es de origen incierto, pero podría significar "chupar simultáneamente" y por
extensión, quiere decir "un arreglo benéfico para ambas partes".
Esta decisión se toma porque existen líderes sindicales de
distintos partidos que quieren ser enjuiciados por los dos partidos que hoy componen esta
ilegal mayoría. Estos dos partidos se quieren adjudicar el 75% de la Cámara de
Diputados. Yo recuerdo que la ciudadanía les dio poco más de 50.
Hoy se somete a votación la conformación de un órgano legislativo
de suma importancia, no se somete a votación el desafuero de algunos legisladores.
Primero la convicción, primero los principios, primero la legalidad; no la coyuntura y
mucho menos la impunidad.
Algunos miembros del Partido Acción Nacional han hecho
declaraciones, en contra del partido al que yo pertenezco, infundadas; las basan en puros
supuestos y suposiciones. Yo quisiera, compañeros, compartir con ustedes una situación,
que se presentó hoy, que puede servir para esclarecerles a todos lo que aquí está
pasando.
Hoy recibimos la oferta de un diputado del Partido Acción Nacional
de formar parte de la Sección Instructora. Querían que esta conformación quedara: dos
del PAN, uno del PRD y uno del Verde. Lo rechazamos porque no vamos a participar en
componendas oscuras; no les vamos a contribuir y mucho
menos a alimentar la impunidad que buscan obtener.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
En pro, tiene la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, del
grupo parlamentario del PRD...
Diputados, les ruego guarden silencio para escuchar al orador.
Diputado Tomás Torres.
El diputado Tomás Torres Mercado:
Gracias, diputada Presidenta.
Existe un órgano del Congreso General que registra las participaciones y las votaciones, de manera puntual, de cada
una de las fuerzas políticas.
Para abundar, señora Pesidenta, omitiré que se consulte quién
emitió el voto que empató la votación en la Sección Instructora, para evitar el
enjuiciamiento de un líder de otro partido político...
Diputados, diputados...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputados y diputadas:
Le ruego al orador continúe con su intervención.
El diputado Tomás Torres Mercado:
Diputadas, diputados:
Un diputado, un abogado está obligado desde esta alta tribuna a
rendir culto a ciertos principios fundamentales del pacto social. Está obligado a
reconocer y a reclamar juicio justo. Está obligado a sostener la legalidad como principio
fundamental de la convivencia...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Torres, está solicitando hacer uso de la palabra el
diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.
El diputado Tomás Torres Mercado:
Le ruego, amigo, querido diputado, reserve para mejor momento y con
todo gusto acepto su cuestionamiento.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Continúe, diputado.
El diputado Tomás Torres Mercado:
La virtud del ser humano, la virtud del gobernado ante la
acusación, fundada o infundada, es dar la cara ante la autoridad y ante la sociedad.
Cuando haya razón, el artículo 111 de la Constitución Federal de
la República establece: "...que absuelto el encausado, se le restituya de la capa
soberana que la ley le da".
Se ha debatido, compañeros diputados, la legalidad en la
instalación de la Sección Instructora. Se ha pretendido diferenciar la naturaleza
jurídica entre el acuerdo y el decreto. Por obvio, no citaré ni pediré la lectura
nuevamente. ¿Qué, no hubo acuerdo en el precedente histórico, de esta Cámara, de
acuerdos para sustanciar y dar trámite a aspectos internos? ¿Y que no, juristas, el
acuerdo parlamentario que no es una fuente de derecho y que no tiene efectos
vinculatorios?
¿Por qué, entonces, reclamamos ilegalidad cuando, si este pleno ha
tenido potestad para integrar las comisiones y comités, el que puede lo más puede lo
menos?
Quizá la estrategia jurídica de un partido ha fallado. La
integración de la Sección Instructora es de cuatro y aquí cuatro partidos políticos
hicieron ya sus propuestas de cuatro dignos, imparciales, independientes, objetivos y
probos diputados, en los que se incluye uno del PRI, y su suplente.
En esta materia, diputadas y diputados, no hay propuestas ad cautelam. El “a ver si”, sí me
favorece; en el “no”, no voy. Eso es para las acciones de los leguleyos en los
procedimientos mercantiles o de otra índole, en las que se debaten intereses
estrictamente privados; éste es un asunto público.
El Congreso y la Cámara deben asumir una responsabilidad. El que
habla, el que habla va por el principio de legalidad. ¿Quién les enseñó que la
Sección Instructora juzga? ¿No les dijeron que es sólo para salvar un obstáculo legal
de procedimiento? Porque, finalmente, el servidor público del rango que la Constitución
señala es un representante de la sociedad.
¿Quién les dijo que juzgaba? La función jurisdiccional le toca al
juez del orden común o federal. No estaré cuestionando, no estaré cuestionando el
derecho de defensa. No estaré cuestionando seguridad jurídica. No cuestionaré tampoco
la garantía fundamental de la libertad. Es más, en su ejercicio, el que se sienta
aludido debe anteponerla, escúchenlo, incluso al voto de una asamblea, incluso al voto de
una asamblea.
Por eso habrá que quedarnos con la duda si en el entramado
jurídico para sustanciar el juicio político y la declaración de procedencia, en ese
entramado jurídico, que es el mismo no para estos enjuiciamientos sino para otros temas
que mantiene a nuestro país atado, será posible que haya dictamen. Dejo la reflexión
presente porque medios jurídicos de impugnación los hay.
Si en el procedimiento se violan normas que lo rigen, que lo impugne
el que sienta que le cause un agravio personal, jurídico o directo. Por lo demás, vamos,
vayamos a un compromiso de legalidad de que dé la cara el que tenga que darla para que
pueda luego ver de frente a sus compañeros y a la sociedad.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
Tiene la palabra, en contra, el
diputado José Elías Romero Apis, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado José Elías Romero Apis:
Con su venia, señora Presidenta; muy honorable Asamblea:
De nueva cuenta, nos seduce más el querer que el deber, que nos
olvidamos que la justicia es una victoria del hombre sobre sí mismo, de su razón, sobre
su puro apetito.
La integración de la Sección Instructora ciertamente se enfrenta a
vacíos, a oscuridades y a contradicciones normativas. Pero también es cierto que ello no
constituiría un problema mayor si nos atuviéramos a las reglas básicas de la
interpretación jurídica.
Para comenzar, sería sencillo y conducente tener en cuenta que toda
interpretación, sea aplicativa o integrativa, debe atender ontológica y
teleológicamente a posibilitar la realización de la ley y no a imposibilitarla.
Para comenzar, se trata de una integración que sólo corresponde a
la propia Comisión Jurisdiccional y nunca a la Junta de Coordinación Política, como
ahora indebidamente pretende hacerse.
Ya ha quedado asentado en esta tribuna por mis predecesores que la
Gran Comisión no fue un antecedente de la actual Junta de Coordinación Política.
Pero, además, en este asunto sólo caben dos métodos de
interpretación aplicativa, según nos atengamos al criterio de pluralidad o de
proporcionalidad.
El de pluralidad pareciera el obligatorio, atendiendo a lo dispuesto
por el artículo 5o. del acuerdo parlamentario del 30 de abril de 1998. En esta virtud,
sin contar con las proporciones en el tamaño de cada grupo parlamentario, los cuatro
escaños debieran ser ocupados por los cuatro grupos con mayor número de curules.
Se dirá que ésta no es una norma recia, pero lo cierto es que es
única. Más allá de ésta, no hay otra para aplicar al caso.
Así, en este caso, estas sitiales de la Sección Instructora
corresponderían al PRI, al PAN, al PRD y al Partido Verde Ecologista, en número de uno
por cada uno. En la pluralidad se pretende que quepa el mayor número de fuerzas
políticas, en este caso hasta el límite de cuatro. Pero no la aberración de dos al PAN,
uno al PRI, uno al PRD, con lo que se despoja al Partido Verde Ecologista, en beneficio
indebido del PAN. O ¿a qué lógica de pluralidad corresponde esta aberración?
Si nos atenemos al criterio de proporcionalidad, la fórmula es
igualmente sencilla: los cuatro escaños divididos entre el total de la Cámara nos indica
que cada sitial debe de ser ocupado por los grupos que representan un 25%, más un resto,
el que sea mayor. Solamente dos partidos en esta Cámara tienen ese 25%. Entonces, al PRI
y al PAN les corresponderían los dos primeros sitiales; el tercero lo debiera ocupar el
PRI, con su 17%, estoy redondeando excedente llamado "primer resto mayor", y el
cuarto, al PAN, con su 16%, excedente también redondeando, llamado "segundo
resto".
La siguiente proporción es inferior que los restos aludidos. En
este caso, el PRI y el PAN ocuparían dos escaños cada uno, pero la aberración
mencionada nos vuelve a preguntar ¿bajo qué lógica de proporcionalidad se da la
propuesta que se ha hecho?
Yo creo que los compañeros diputados que están a favor de la
propuesta le profesan una amistad encubierta, pero muy sólida, hasta en nivel de
sacrificio, a quienes han sido denunciados en juicios políticos y en juicios de
procedencia. Solamente así se explica este desbarranco; es la única manera como puede
entenderse que se instalen en un desafío jurídico y político, apartándose de su
tradicional inteligencia y limpieza en lo que concierne a las cuestiones legales. Los he
conocido limpios, listos y elegantes, y por ello he aprendido a respetarlos y a
reconocerlos. Pero la amistad, cuando es verdadera, es recia, aunque sea clandestina.
Por eso hoy les reparan a los inculpados una enorme victoria
anticipada. Si los inculpados resultan victoriosos en su paso por estos trances judiciales
congresionales, será para ellos una triple victoria. Habrán demostrado su inocencia, se
la habrán reconocido no, en su caso, sus sospechosos correligionarios, sino sus
credibilísimos adversarios, y la habrán obtenido de una instancia tribunalicia que,
desde su inicio, se obstinó por estar en su contra sin pudor de disimulo.
Tendrán la victoria moral, la política y la jurídica. En una sola
contienda habrán ganado la de oro, la de plata y la de bronce, respectivamente.
Por esas mismas razones si, por el contrario, resultan perdidosos en
juicios tan amañados desde su instalación, obtendrían una derrota jurídica tan falta
de credibilidad y de respetabilidad que, aun arrebatándole la de bronce, les
confirmarían la de oro y la de plata. Es decir, en el peor de los casos, los acusados
saldrían cargados de medallas. Sus amigos, de las bancadas propositivas, les habrán
asegurado que no necesariamente podrán asegurarles ni sus abogados ni sus copartidarios.
Así de valiosos son los dones de la amistad.
Se utilizaría una vez más el viejo truco al que recurren los
jueces amigos cuando no pueden complacernos y que en el mundo delicticio se ha bautizado
como gracia encubierta: "te resuelvo en
contra, pero te resuelvo mal para que puedas destruir mi sentencia adversa".
Es un simple silogismo condicional o irregular: o se trata de un
gesto de amistad o se trata de un golpe de arbitrariedad.
Es claro que la bancada del Partido Revolucionario Institucional no
está en contra de los castigos que a cada quien correspondan. Está en contra de que esta
Sección Instructora que, por cierto, aclaro que la entendemos no como un tribunal, sino
la entendemos como lo que es, como una instancia de instrucción; entendemos su nombre y
sabemos que la sentencia solamente es de los plenos: en el juicio político del Senado y
en el juicio de procedencia de esta Cámara.
Pero el propio Partido Revolucionario Institucional, recuerdo en uso
de memoria, que es el único que ha promovido el desafuero de legisladores federales y por
cierto de legisladores federales priístas, en un compromiso con el Estado de Derecho y
con el debido castigo.
Estamos viviendo los mexicanos el riesgo de que los asuntos de la
justicia, en ellos, se instale el seudoapotegma de que los fines justifican los medios, de
que el interés político debe triunfar con la ley, sin la ley o contra la ley. Que se
entronice la ley guanga, la ley sirviente; la ley no ley está en manos de ustedes,
señores diputados, evitarlo una vez más en la historia de México.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra, en pro, el
diputado José Sergio Vaca Betancourt Bretón.
El
diputado José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt
Bretón:
Con su autorización, señora Presidenta:
Se afirmó en esta tribuna que la Sección Instructora propuesta por
la Junta de Coordinación Política es ilegal de origen,
aseveración completamente falsa. La Junta de Coor-dinación Política sí tiene
facultades para nombrar a los integrantes de la Sección Instructora, así se advierte del
artículo 34, párrafo c, de la Ley Orgánica del Congreso General mexicano.
El diputado Torres Mercado, que me precedió, hizo alusión a un
principio general de derecho que es aplicable al caso: “quien puede lo más puede lo
menos”. Si la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de proponer la
integración de las comisiones, resulta indudable que también puede hacerlo en lo que
atañe a la Sección Instructora, que forma parte de una comisión.
También se dijo que es a la Comisión Jurisdiccional a quien toca
nombrar a los cuatro diputados que formarán la referida sección, pretendiendo apoyarse
en el artículo 40, párrafo quinto, de la citada ley, lo que no es cierto y basta leer el
precepto respectivo para entender el error en que incurrió quien eso expresó y, de paso,
lo voy a leer para obsequiar la petición del diputado Martínez Nava, que sé que es
cuidadoso en el lenguaje.
El párrafo quinto dice: "la Comisión Jurisdiccional se
integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que entre ellos
se designe a los que habrán de conformar..." etcétera. "A efecto de que entre
ellos se designe", no dice: "a efecto de que entre ellos designen", que
significaría que ellos escogieran entre sí mismos.
Además, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
responde categóricamente, en el último párrafo de su numeral 11, que las vacantes que
ocurran en las secciones instructoras de ambas cámaras, la de Senadores y la de
Diputados, serán cubiertas por designación que haga la Gran Comisión, que ya sabemos no
existe y cuyas funciones casi íntegramente asumió la Junta de Coordinación Política.
He leído con atención el artículo 44 de nuestra Ley Orgánica,
que se refiere al funcionamiento de las comisiones de esta soberanía, así como el
acuerdo parlamentario de noviembre 26 de 1997, que a muchos parece se les olvidó,
concerniente a la organización de las comisiones, que tiene 14 artículos, en los que se
detallan de manera específica las atribuciones de las mismas, estando entre ellas las de
crear subcomisiones y grupos de trabajo, pero no he encontrado siquiera una mención de
que la Comisión Jurisdiccional pueda formar también la Sección Instructora.
La propuesta sujeta a discusión es plural, porque están
representados los tres grupos parlamentarios más numerosos de esta soberanía. Es
proporcional: los cuatro diputados federales que la integrarían, de ser aprobada, suman
exactamente el 93.8% de los 500 legisladores. Es obvio que guarda correspondencia con el
todo; eso significa la propor- cionalidad.
No hay fórmula mágica ni que pueda inventar ser humano viviente,
que permita incluir a todos los grupos en atención al número de diputados que tienen.
Quizá no estar en la Sección Instructora sea lo que motivó a un diputado de diverso
partido para que en esta tribuna, haciendo gala de lenguaje de carretonero, con perdón de
los carretoneros, crea que los dos diputados del PAN que están propuestos para la
Sección Instructora, tratarán de convertir a la Sección Instructora, a la misma, en la
inquisición de siglos pasados, pretendiendo olvidar que no son los únicos que la
conforman y que, además de los nuestros, también estará ahí un diputado del PRD y otro
del PRI.
Y, en lo particular, me parece impensable que Ricardo Moreno Bastida
y Eduardo Andrade, a quienes conozco, se prestaran a semejantes turbios manejos.
Termino: además, es equitativa; su desempeño será justo. La
preside un diputado del PRD, no de mi partido y tampoco del PRI. Actuará con templanza y
espíritu de justicia; eso es lo que México y nosotros esperamos de ellos.
Diputados del PRI: no se preocupen, no tengan miedo, no somos como
ustedes. Ninguno de nosotros trataría de facilitar que entrara a la cárcel un
inocente...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Vaca. Diputado Raúl Cervantes...
Activen el sonido en la curul en donde se encuentra el diputado
Raúl Cervantes.
El diputado Raúl Cervantes
Andrade (desde su curul):
Diputado Vaca, ¿aceptaría una pregunta?
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
¿Diputado Vaca...?
El
diputado José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt
Bretón:
Como ya terminé, sí la acepto.
El diputado Raúl Cervantes Andrade (desde su curul):
Gracias, qué amable.
En su exposición dijo que eran cuatro miembros y tres partidos
mayoritarios de esta Cámara; no hay proporcionalidad, la habría. Y la pregunta concreta
es ¿su partido está dispuesto a retirar uno de los dos nombramientos y que quede uno del
PRI, uno del PRD y uno del PAN? Eso sí sería distribución y pluralidad.
¿Le puedo contestar?
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Por favor, diputado.
El diputado Raúl Cervantes Andrade (desde su curul):
Yo no soy el coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional
y no puedo contestar, pero tampoco soy adivino y, de paso, le respondo al que por allá
gritó que si ya pedí perdón: en mi casa me enseñaron a arrodillarme en las iglesias,
no ante cualquiera.
Gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
El diputado Martínez Nava está
solicitando hacer uso de la palabra para contestar alusiones personales. Efectivamente,
fue usted aludido en la intervención del diputado Vaca en términos del artículo 102.
El diputado Juan Manuel Martínez
Nava:
Gracias, señora Presidenta.
Honorable Asamblea:
Insistiría en el planteamiento que se hizo al orador que me
antecedió en la palabra respecto de la equidad, de la proporcionalidad y de la
pluralidad. Si hubiera voluntad política por la imparcialidad, por la objetividad y por
los principios que he mencionado, esperaríamos una respuesta afirmativa de parte de su
fracción parlamentaria para que retirara a uno de los dos diputados que tiene propuestos
para esta Comisión.
Por otra parte, quisiera decir que el régimen jurídico mexicano es
un régimen de competencias expresas; es decir, que los órganos de autoridad sólo están
facultados para hacer lo que la ley les faculta expresamente.
En este caso, el artículo 34 inciso c, de la actual Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, no los antecedentes sino la actual,
la que nos rige, sí le da facultades a la Junta de Coordinación Política para proponer
comisiones o subcomisiones, pero no le da facultad expresa para proponer la Sección
Instructora.
Este es un grave error de procedimiento y esto haría faltar a la
legalidad, asunto delicado sobre el cual me permito y nos permitimos llamar la atención
de todos ustedes y de este pleno.
Por otra parte, quisiera decir también, que ya lo menciona el
artículo 40 de la Ley Orgánica, numeral 5, que la Comisión Instructora se integrará
con determinados legisladores a efecto de que de entre ellos se designe a los que habrán
de conformar, cuando así se requiera, como es este delicado caso, la Comisión
Instructora.
Esta es una facultad de esta Comisión y no es una facultad de la
Junta de Coordinación Política.
Llamo la atención de los integrantes de la Junta de Coordinación
Política para que nos apeguemos a la legalidad, para que no hagamos una interpretación
estirada de lo que dice expresamente la ley, y la ley que nos rige... en estos asuntos
delicados una invitación atenta para que seamos objetivos, para que nos ajustemos a lo
que dice la ley, para que se respete la pluralidad, para que en todo caso acepten que un
partido tenga, cada uno de los cuatro partidos con mayores integrantes en esta Cámara
tengan un representante en esta Comisión o bien para que se tenga claro que hay un manejo
tendencioso, toda vez que se asigna en esta propuesta dos diputados al Partido Acción
Nacional, cuando no es la fracción parlamentaria que tiene la mayoría de integrantes en
esta Cámara; se asigna un diputado y la presidencia al Partido de la Revolución
Democrática, cuando es la tercera fuerza electoral y cuando hace unos días la presidenta
de ese partido declaró que sus legisladores votarán aquí por el desafuero de los
legisladores que se han inculpado o que se mencionan como supuestos responsables y se
asigna solamente un diputado al Partido Revolucionario Institucional, que es el que tiene
el mayor número de integrantes en esta Cámara.
Esas interpretaciones son amañadas; esos argumentos son estirados.
Los hechos son otros y la ley y el cumplimiento de la ley, objetiva e imparcialmente en
estos asuntos tan delicados, son muy importantes y yo los invito a ello, porque la
Sección Instructora tiene por objeto discernir si ha lugar a proceder penalmente contra
el inculpado, que en este caso es un diputado. Para llegar a esa conclusión tan delicada
deben realizar diligencias diversas, en las que deben presentarse y desahogarse pruebas,
escuchar al acusador y escuchar al inculpado y presentar a este pleno una propuesta de
resolución.
Esta perversa inquisición que se quiere crear tiene propósitos
políticos y tiene un vicio de origen que le hace faltar a la legalidad. Esa es nuestra
objeción, nuestro reclamo y nuestra invitación a ustedes para que corrijan y
rectifiquen.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra, en contra, el
diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín:
Con su permiso, señora Presidenta; señores diputados:
Prestarnos al juego de los calificativos fáciles, de las etiquetas,
de las descalificaciones en nada fortalece ni el trabajo ni la misión de la Cámara de
Diputados. Hacer un análisis estrictamente legal, objetivo de las tareas que nos
corresponden debiera ser nuestra principal preocupación.
Hemos enfocado aquí, y desde hace varias semanas, el esfuerzo y el
crédito público de la Cámara de Diputados en un solo caso, en un solo asunto, como si
fuera efectivamente el único que tuviéramos. Hoy nos preocupa que no solamente lo
hayamos convertido en tema, sino que, además, sea el objeto principal para avasallar el
derecho, para olvidarnos de nuestras funciones, de nuestra misión, del compromiso que
hicimos cuando venimos aquí, un compromiso que en otras ocasiones —no me canso de
recordarlo—, nos hemos visto salir orgullosos, con la frente en alto, todas las
fracciones de acuerdo.
Hoy, si ustedes votan a favor de la resolución presentada por la
Junta de Coordinación Política, será la primera resolución de la junta que va avalada
únicamente por dos fracciones. Hemos tenido muchas resoluciones en donde una no va, pero
van todas las demás. Esta es la primera en la que únicamente dos fracciones suscriben y
es el término; utilizan su mayoría de sólo 10 para pasar por encima de los demás.
No deben dejarse a un lado las preocupaciones sinceras expresadas
por el diputado José Elías Romero Apis, de a quién estaremos sirviendo y a quién le
estaremos haciendo el favor con esta prisa. Se ha citado aquí, compañeros, el hecho del
principio de que el que puede lo más puede lo menos, válido en el derecho privado,
inadmisible en el derecho público, donde la autoridad únicamente puede hacer lo que
está expresamente facultada para hacer y nada más.
Se ha multicitado en esta tribuna el artículo 11 de la Ley de
Responsabilidades, pero solamente citamos el primer párrafo; nos olvidamos de citar los
párrafos siguientes.
El primer párrafo dice que la Gran Comisión debe integrar una
comisión, se refiere a la de las dos cámaras, para sustanciar los procedimientos
consignados en la Ley de Responsabilidades y en la Ley Orgánica.
Pero, en el párrafo tercero, esa ley dice, este artículo dice:
"las vacantes que ocurran en la sección correspondiente de cada Cámara serán
cubiertas por designación que haga la Gran Comisión".
Entonces, donde quiere decir qué hace la Gran Comisión lo dice:
que forme la Comisión Jurisdiccional, que sustituya las vacantes. Pero en el párrafo
segundo dice: "aprobada la propuesta a que hace referencia el párrafo anterior, por
cada Cámara se designarán cada una de las comisiones, cuatro integrantes para que forme
la Sección Instructora". Lo dijo en el primero, lo dijo en el tercero, ¿por qué no
lo dijo en el segundo? Porque no le da esa facultad expresa, no le da esa facultad expresa
a la Gran Comisión, que como se ha argumentado aquí, pudiera no ser lo mismo que la
Junta.
El diputado José Sergio
Rodolfo Vaca Betancourt
Bretón (desde su curul):
Señora Presidenta...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Ramírez Marín...
El diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín:
Sí, diputada.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Ramírez Marín, el diputado Vaca está solicitando hacer
uso de la palabra.
El diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín:
No, no acepto la interpelación del diputado Vaca.
Ese es el punto. Vayamos ahora al argumento de pluralidad. Ustedes
saben que estirando la cobija, por donde la estiremos, no va a dar.
Las cuentas no cazan. Para mayor abundamiento, la Comisión
Jurisdiccional reconoce la participación de cuatro fracciones, en un gesto que distingue
al Partido Acción Nacional, porque el Partido Acción Nacional le cedió ese lugar al
Partido Verde Ecologista de México, al que ustedes acaban de repudiar. Ustedes le dieron
el lugar en la Comisión Jurisdiccional y ahora ustedes son los que le niegan la
oportunidad de significar la pluralidad de la Cámara, haciendo que sea parte de la
Sección Instructora. No hay ningún argumento posible para justificar las cuentas.
Se ha dicho aquí que se representa el 93% de la Cámara de
Diputados, no lo estiremos, no da.
El partido que tiene el 40% de la Cámara está representado con el
25% de la sección y ¿saben qué? No reclamamos más. Se ha dicho aquí que nosotros no
queríamos que se instalara la Sección Instructora; el PRI presentó seis propuestas
diferentes de cómo podría instalarse la Sección Instructora y en ninguna de ellas
teníamos dos lugares.
El PRI está consciente de la responsabilidad de resolver el asunto
del empate, por eso solicitamos que, antes de pasar a esta arbitrariedad que hoy
consumaría con su voto, hiciéramos la consulta obligada al departamento jurídico de la
Cámara y ni siquiera, con un plazo abierto, solicitamos que la propia Junta le fije al
departamento jurídico un plazo perentorio para que dé su opinión, estaríamos en otro
tenor de discusión y estaríamos hablando de la certeza de un acto jurídico que vamos a
hacer y estaríamos hablando de todos los partidos representados en esta Cámara
participando en la Sección Instructora, los que están en la Comisión Jurisdiccional.
No se trata de ganar impunidades, pero tampoco podemos cerrar los
ojos a lo que significa. Dicen ustedes, se ha dicho aquí, se ha dicho aquí, que no
sabemos cuál va a ser el sentido del voto. Ustedes perdonen: en la página 1 de El Universal del día de hoy ya dice cuál es el
sentido de su voto con respecto a un caso.
Ustedes perdonen: en los discursos expresados por la presidenta
Nacional del Partido de la Revolución Democrática ya dice cuál es el sentido de su
voto.
No se trata, caballeros, de la defensa de un caso; se trata también
de ver al futuro. Ahí están los Estrada Cajigal, ahí están los gobernadores de
Querétaro, ahí está el gobernador de Yucatán, al que ustedes hoy le están dando una
patente de impunidad de aquí hasta el próximo 1o. de septiembre. Eso es lo que preocupa,
no solamente un caso; está mucho más en juego.
Y ustedes, que se han preocupado por encarnar esa legalidad, que se
han preocupado por incluirla en su publicidad, hoy tienen la oportunidad de hacerlo
verdadero. Tampoco es nuevo que exista una alianza, no sólo no nos asusta: es
absolutamente natural y es un recurso de la vida parlamentaria; desearíamos que fueran
más productivas. La última alianza de este tipo fue precisamente la del impuesto a los
suntuarios y ya conocemos las consecuencias.
Quiero, finalmente, utilizar uno de los argumentos que se han
vertido aquí, cuando se habla de la honorabilidad de los diputados que integran la
Sección Instructora propuesta por la Junta, aclarando en primer lugar que el PRI hizo
esta protesta, bajo protesta y con un solo objetivo: que este debate pudiera darse con una
sola coincidencia, que es necesario que el pleno conozca todos los argumentos que en
privado casi hemos estado discutiendo en la Junta de Coordinación Política.
De ninguna manera significa que avalamos el procedimiento, de
ninguna manera justifica que avalaríamos un resultado que atropella a las demás
fracciones. Que si creemos cómo van a ser los votos del PAN, eso no importa; se está
sospechando del voto de una u otra fracción. El mismo argumento con el que invocan que no
descalifiquemos la honorabilidad de los votos del PAN nos hace preguntarles: ¿por qué se
descalifica el voto y la honorabilidad de una fracción?
No necesitan mi defensa, pero yo sí, de manera personal, quiero
aquí señalar que si una fracción ha rejuvenecido esta Cámara y si un coordinador ha
sido aportante en la Junta de Coordinación Política, ése ha sido el Partido Verde
Ecologista de México. No necesitan mi defensa, pero no quiero ser omiso, reconociendo a
los que sí trabajan.
Eso es fundamental, compañeros diputados. Ciertamente, estamos ante
una oportunidad: la sola venganza, el instrumento para el ataque o la sección que
signifique nuestra defensa como institución o la sección que signifique nuestra dignidad
como institución.
Ese es el dilema y no nos equivoquemos descalificándonos e
inventando términos. El dilema es hoy: hacemos un acto de venganza o hacemos un acto que
dignifique a la Cámara de Diputados para siempre.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra, en pro, el diputado Alejandro Zapata Perogordo.
El
diputado José Alejandro Zapata Perogordo:
Con el permiso de la Presidencia; compañeros legisladores:
Sí, estoy convencido que hemos hecho esfuerzos importantes dentro
de la Junta de Coordinación Política para privilegiar en estas etapas de consolidación
democrática del país los consensos y nos ha extrañado cómo, lamentablemente, en la
conformación de la Sección Instructora no se han podido dar los consensos. Se dio el
acuerdo, pero tampoco por qué descalificarse el acuerdo; los acuerdos también se hacen
cuando se requiere y se necesitan mayorías y ésa es la vida democrática a que aspiran
todas las naciones.
En esta ocasión sí, estuvimos buscando la forma en que pudiéramos
cumplir con una tarea específica que encomienda la propia ley y la Constitución a la
Cámara de Diputados como es darle cauce a los procedimientos de juicio político, por un
lado o a aquellas peticiones que por motivo de declaración de procedencia soliciten
diversas instituciones, como la que ahora nos ocupa, también propuesta por la
institución del Ministerio Público.
Sí, tratamos de dialogar, a efecto de que se pudiera lograr la
equidad, como lo han mencionado, a que se pudiera conformar la pluralidad y la
representatividad por el otro.
La propuesta que se hizo es una propuesta que contiene todos estos
elementos y no voy a abundar lo que ya han estado mencionando mis compañeros
legisladores. Pero, en principio, esta propuesta no carece de legalidad, menos aún de
legitimidad, si está tratando incluso de convencer a las demás fuerzas políticas,
avalada por más de la mitad de los miembros representados en esta Cámara de Diputados.
En consecuencia de ello, no solamente tiene legalidad, también contiene legitimidad.
Aquí se ha mencionado una cuestión que creo que nos atañe a
todos: se ha señalado, a través de las descalificaciones, de que se está prejuzgando,
no caigamos en la trampa, no nos vayamos realmente a poner en entredicho, menos aún el
descalificar con estas menciones a todas aquellas personas que están propuestas para
integrar esta Sección Instructora. Yo creo que tenemos que reconocerles una labor que
seguramente les tocará hacer, difícil, una labor que no es grata para nadie: el meterse
en juicios políticos, a hacer jueces y, en materia de declaración de procedencia, a
emitir un dictamen donde finalmente la última palabra la tendrá el pleno, pero que la
parte difícil le tocará realizarla a nuestros compañeros legisladores. Aquí, creo que
tenemos que reivindicarlos en tanto que son personas serias, honestas, probas.
No vamos de acuerdo tampoco con los señalamientos
técnico-jurídicos que se han mencionado, por las mismas razones que ya se han expuesto a
profundidad. Creo que eso ha sido agotado con mucho y pudiéramos abundar aún más, lo
relativo al artículo 77 constitucional, que también establece la posibilidad y la
facultad que tiene este pleno para normar su propia vida interna y para tomar acuerdos en
relación a su vida interna.
Más aún, podríamos inclusive invocar otra serie de artículos y
máximas jurídicas en eso de que el que puede lo más puede lo menos. Por supuesto que,
en la vida interna de esta Cámara, la autoridad máxima lo es el pleno. En consecuencia
de ello, el sometimiento y la ratificación del pleno de la Sección Instructora no
solamente es válido, sino es evidente que con ello se revestiría de una formalidad
dentro de lo que es nuestra propia vida interna. Ahí sí se vale lo que el que puede lo
más, es obvio que puede lo menos. En consecuencia de ello, no solamente se refiere a la
cuestión del derecho público o del derecho privado esta máxima, sino es fundamental
que, en relación a la vida interna, sí se puede aplicar la máxima de la cual hemos
estado hablando.
Yo quiero hacer dos cuestiones fundamentales:
Primero. Acción Nacional es un convencido de la legalidad y hemos
estado luchando por la propia legalidad; pero no solamente eso, compañero diputado: hemos
sido consistentes y nuestra historia parlamentaria así lo ha establecido. No puedo decir
lo mismo de muchos de ustedes, que lamentable y desgraciadamente han puesto en vergüenza
no solamente a muchos de nosotros sino, desgraciadamente, también a la nación en muchas
ocasiones. Pero también entiendo, también entiendo que estén en un proceso de
transformación, de renovación, y esa parte es adonde yo los vengo a invitar.
Podemos hablar de muchos antecedentes de juicios políticos, podemos
hablar de muchos antecedentes de procedimientos de declaratoria de procedencia. Por aquí
se vino a decir en esta tribuna que solamente habían sido los procuradores de un partido
político los que habían solicitado el desafuero de legisladores de ese mismo partido
político; hay muchos antecedentes que no es así. Pero algo que sí puedo mencionar es
que, desde hace decenas de años, no pasa absolutamente nada en esta Cámara.
Algo nos queda muy claro: hubo excesos en ese sentido, hubo
impunidad, hubo complicidad; y a lo que estamos apelando es a que se rectifique este rumbo
y podamos entrar al camino de la legalidad, al camino de la equidad, al camino de la
responsabilidad. En consecuencia de ello, sí, sí estamos trabajando para que eso pueda
ocurrir; sí estamos tratando de que haya una serie de principios y de valores, pero sobre
todo el respeto a la dignidad de las propias instituciones y al decoro para que, en base a
ello, podamos dignificar las propias instituciones, independientemente del partido al que
pertenezcamos.
Entonces, no hagamos de esto, no hagamos de esto, compañeros, una
contienda partidista. No hagamos de esto ni siquiera, como ustedes lo han mencionado,
actos de venganza.
Vamos haciendo de esto lo que realmente se requiere. Vamos haciendo
de esto actos de legalidad, actos de institucionalidad, actos de respeto. Pero sobre todo,
sobre todo, compañeros, y sé que, efectivamente, a veces cuando se mencionan estas
cosas, pues surgen ciertas molestias, pero estoy tratando de convencerlos a que, dentro de
las propias convicciones nacionales, apelar a su sentimiento nacional, apelar a sus
valores cívicos para que le entren y que le entren realmente por el bien de la nación,
que le entren por la salud de la nación, que le entren por el bienestar que merece la
dignidad de esta Cámara y que le entren por un profundo sentido de legalidad y de
respeto, finalmente, a nosotros mismos.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra, en contra, el
diputado Roberto Zavala Echavarría.
El diputado Roberto Zavala
Echavarría:
Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna con un profundo pesar, con algo de frustración
y un dejo de amargura que casi me obligaron a participar.
Ya mis compañeros de partido han expresado razones contundentes de
la ilegalidad del acto que hoy se pretende llevar a cabo. He escuchado, y perdónenme la
impresión, algunas barbaridades que no son dignas del talento de los diputados de ninguna
fracción parlamentaria.
No quiero pensar tampoco que existe una alianza perversa para llevar
a cabo fines electorales al margen de todas nuestras disposiciones y del mínimo ético
que requerimos como legisladores, como ciudadanos, pero sobre todo como hombres del
servicio público.
La frase que más aborrezco en el mundo es: "te lo dije"
y, desgraciadamente, hoy tengo que repetirla en esta tribuna. Hace unas semanas, en la
primera sesión de trabajo de la Subcomisión de Examen Previo, tuve una agria discusión
con el Presidente de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de esta Cámara. Le
decía y en ese entonces que mi mayor preocupación con respecto a los juicios políticos
era que éstos se llenaran de un tinte partidista. El me juró, me perjuró y me aseguró
que tenía el mismo propósito.
Yo le dije, en el planteamiento inicial que se hizo de 10
procedimientos de los que supuestamente no había elementos para proceder en consecuencia,
le dije: “aquí estoy viendo el tinte partidista”.
La libertad y la vida de las personas, para mí, es lo más sagrado;
y creo que para todo mundo. Nuestra Constitución general le dedica 11 artículos a la
materia penal. La materia penal jurídica es la más minuciosa, la más estricta, la que
no admite analogías, la que nos conduce al castigo y a la ejemplaridad pero, sobre todo,
es la defensa del ciudadano contra el Estado, sobre todo contra los estados arbitrarios.
Y esta decisión que hoy vamos a tomar, esta indebida propuesta de
la honorable Junta de Coordinación Política está llena de lo contrario, precisamente,
de lo que no debemos hacer, de lo que debemos cuidar con mayor celo y con mayor
responsabilidad.
No vamos a instaurar un procedimiento contra un compañero diputado
para que sea sometido a un juicio penal con un órgano de esta Cámara que está tachado
de ilegalidad, que yo creo que todos sus integrantes están afectados de tacha porque, en
voz del coordinador de la bancada panista, Felipe Calderón, él dijo que los diputados
del PAN miembros de la Sección Instructora iban a proponer el desafuero. Lo mismo lo dijo
en la prensa la señora Rosario Robles, presidenta del Partido de la Revolución
Democrática.
Con este comienzo…
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Zavala...
¿Diputado Calderón?
El diputado Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa
(desde su curul):
Señora Presidenta, gracias:
Para no hacer uso de mi derecho a contestar alusiones personales
—y se ha citado dos veces la cita de la primera plana de El Universal— niego categóricamente haber
dicho eso y lamento mucho que eso sea un motivo de discrepancia con los compañeros del
Partido Revolucionario Institucional.
La
diputada Presidenta Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Continúe, diputado Zavala.
El diputado Roberto Zavala
Echavarría:
Gracias, señora Presidenta:
Nuestra participación en la tribuna de los compañeros del Partido
Revolucionario Institucional ni es una táctica dilatoria ni es —como decía mi amigo
Barbosa—, argumentos legaloides.
Por las razones que he expuesto, considero que es de los asuntos
más graves que tenemos, más graves en esta legislatura y que debemos resolver.
Tampoco nos oponemos, compañeros diputados, a que se establezca la
Sección Instructora, a que se analicen los asuntos pendientes y los que están en la
opinión pública. Pero, viendo las irregularidades, nos alarman las tendencias que hemos
escuchado en esta tribuna y que pretenden equiparar nuestra participación para tachar de
ilegal un acto que en esencia es ilegal, que se confunda con que estamos defendiendo la
impunidad y la corrupción.
Antes, al contrario, yo me imagino y quiero pensar con los
compañeros de Acción Nacional, ¿por qué quieren a dos en la Sección Instructora: para
proteger a los corruptos, que seguramente va a haber muchos en este Gobierno? ¿Lo quieren
acaso para sancionar indebidamente y convertirse en tribunal de horca y cuchillo a los
viejos servidores públicos?
Yo creo que, con todo lo que hemos vivido en esta tarde, compañeros
diputados, a mí me preocupa también mi participación, me preocupa que mis hijos me
reclamen lo que seguramente trascenderá a través de la opinión pública, me preocupa
que se diga que los diputados estamos actuando al margen de la ley, que estamos inventando
argumentos para convalidar un acto a todas luces ilegal.
Lo que se ha afirmado aquí, y nomás voy a citar uno de los casos,
ni siquiera voy a mencionar el nombre del diputado, que esta supuesta Sección Instructora
no era un verdadero tribunal. Como muchas de las cosas que podemos alegar jurídica o
gramatical o interpretativamente, ese compañero está muy errado, no ha leído nunca la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y me voy a permitir leer
textualmente el artículo que hace referencia a las facultades, a las decisiones y a la
capacidad, pero sobre todo a las facultades que tiene la Sección Instructora.
Dice el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades:
"Cuando se presente denuncia o querella por particulares o
requerimiento del Ministerio Público, cumplidos —repito, cumplidos—, los
requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, que es la
función del Ministerio Público, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de
algunos de los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo 111
de la Constitución General de la República, se actuará en lo pertinente de acuerdo con
el procedimiento previsto en el capítulo anterior, es decir, en el de juicio político,
ante la Cámara de Diputados, en este caso y aquí está la naturaleza de la Sección
Instructora como tribunal, dice la ley literalmente, la Sección Instructora practicará
todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable
responsabilidad del imputado."
Cualquier abogado, aunque haya pasado a rastras la escuela, sabe que
éstas son decisiones jurisdiccionales.
Compañeras y compañeros diputados: pero visto lo que aquí se
pretende realizar, este bodrio jurídico-político-legislativo que se quiere llevar a cabo
con una mayoría que está tachada de antemano, no hay, compañeras y compañeros
diputados, no hay las condiciones mínimas ni éticas ni morales ni jurídicas, mucho
menos parlamentarias, para iniciar un procedimiento con todos los defectos que este
procedimiento va a tener si no actuamos con legalidad.
Gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado David
Augusto Sotelo Rosas, del grupo parlamentario del PRD, en pro.
El diputado David Augusto Sotelo
Rosas:
Compañeros diputados; señora Presidenta:
Se hace la pregunta y aquí la hizo un compañero diputado, que por
qué se está viendo un caso en lo particular, el que todos sabemos aquí, que estamos
tratando y se hace la pregunta como no sabiendo la importancia que tiene. Pues nada más y
nada menos que se trata de los recursos de la nación, del petróleo, del que rescató
Lázaro Cárdenas y al que ahora el partido que hoy abandona el recinto ha reivindicado
como el padre de la expropiación.
Yo no podría estar más de acuerdo con aquel diputado que dijo que
lo más probable es que los que están siendo indiciados se lleven las medallas de oro, de
plata y de bronce, pues precisamente por eso estamos discutiendo ese asunto porque ya se
las llevaron todas, las de oro, las de plata y las de bronce.
Tengo aquí la opinión que da la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, en junio 29 de 2000, con respecto al caso de Espinosa Villarreal, y
dice: "por ello no debe de estimarse la existencia de derecho alguno en la
declaración de procedencia, ya que por sí misma no prejuzga situaciones jurídicas ni
afecta derechos personales, a diferencia del juicio político, que deriva en sanciones
directas.
Entonces, se sigue, que será menester que su señoría, es decir,
el juez, discurra en la naturaleza del procedimiento de declaración de procedencia para
acertar, como seguramente lo hará, en el sentido de que el mal llamado fuero no es
privilegio personal, intuito persona ni mucho menos personalísimo como para pretender que
al quejoso le asiste el más mínimo interés jurídico por permanecer en el cargo y no
ser procesado. Lo contrario sería crear una especie de casta privilegiada que, de acuerdo
con su espíritu, fue lo que reformó el Constituyente Permanente en el artículo 111
constitucional.”
Más adelante, sigue diciendo que, "de declarar la procedencia,
es poner al ciudadano, a la persona, en condiciones normales e iguales a las que enfrenta
cualquier ciudadano, gozando de derechos de defensa en el proceso ordinario.
Por su parte, la declaración de procedencia es tan sólo la
revisión que hace la Cámara de Diputados sobre la existencia de un delito y la probable
responsabilidad preconfigurada por diversa autoridad el Ministerio Público para remover
un obstáculo procesal de que gozan ciertos servidores públicos, pero no en atención a
sus garantías individuales sino a la importancia de sus cargos públicos, por lo que en
caso de resolverse la procedencia tan sólo se pone al sujeto a disposición de los
tribunales ordinarios, en donde gozará de todos los derechos que el resto de los
justiciables". Hasta ahí la cita.
Pues no el PRI, nos ha restregado y se ha llenado la boca de que el
sistema judicial, que los jueces en México, actúan con toda imparcialidad. ¡Qué miedo,
entonces, de someterse a la justicia mexicana...!
Pero también llama la atención: se llama de que es un bodrio. Ah,
pero eso sí: si me incluyen otro diputado, entonces no es bodrio...
Pero algo más importante, al hablar de porcentajes en la Sección
Instructora, ¿por qué no nuestro compañero diputado se somete, se somete al juicio de
todos sus colegas, donde está representado el 100% de la soberanía nacional?
Y también, ¿no acaso la declaración de principios del PRI
establece la obligación de todos ellos de luchar en contra de todos aquellos que
exaccionen los recursos de la nación? ¡Eso se trata de justicia social, justicia social
que permanece, permea y tiene como lema el Partido Revolucionario Institucional al hablar
de democracia y justicia social! ¡Pues que miedo hay de someterse a la democracia del
Congreso y a la justicia social de los ciudadanos!
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Proceda la Secretaría a dar lectura al artículo 114 del
Reglamento.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
Artículo 114 del Reglamento para el Gobierno Interior:
"Antes de cerrarse en lo general la discusión de los proyectos
de ley y en lo particular cada uno de sus artículos, podrán hablar seis individuos en
pro y otros tantos en contra, además de los miembros de la comisión dictaminadora y de
los funcionarios a que alude el artículo 53 de este Reglamento. En los demás asuntos que
sean económicos de cada Cámara bastará que hablen tres en cada sentido, a no ser que
ésta acuerde ampliar el debate.”
VERIFICACION DE QUORUM
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Leyva...
Activen el sonido en la curul del diputado Efrén Leyva.
El diputado Efrén Nicolás
Leyva Acevedo
(desde su curul):
Diputada Presidenta:
Antes de proceder al trámite parlamentario que va a dar en
relación al artículo que se leyó, mucho agradecería que en base al Reglamento, se
verificara el quórum de la sesión, a efecto de ver si hay suficiente para continuar la
sesión.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Señor Secretario, por favor dé lectura al artículo 106 del
Reglamento.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
Artículo 106 del Reglamento:
“Si durante el curso de una sesión alguno de los miembros de
la Cámara reclamare el quórum y la falta de éste fuera verdaderamente notoria, bastará
una simple declaración del Presidente de la Cámara sobre el particular para levantar la
sesión; en todo caso y cuando la dicha falta de quórum sea dudosa, deberá procederse a
pasar lista y comprobada aquélla, se levantará la sesión."
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Esta Presidencia señala que, para verificar el quórum, es
necesario que la votación de asistencia se haga por tablero.
Diputado Tomás Torres...
Activen el sonido en la curul del diputado Tomás Torres.
El diputado Tomás Torres
Mercado (desde su curul):
Señora Presidenta:
Con respeto a su investidura, con respeto a su responsabilidad en la
conducción de los trabajos del pleno, me parece precipitado su llamado a que se verifique
el quórum en el tablero. Lo que es notorio es visible. Lo que es notorio en este momento
es que hay el número de diputados suficiente para continuar con la sesión.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Tomás Torres:
Le aprecio la gentileza de su comentario y el cuidado en sus
expresiones. Lo que señala el artículo 106 es que, si la falta de quórum fuera
verdaderamente notoria, bastará una simple declaración del Presidente de la Cámara. En
este caso, no se puede interpretar a contrario sensu
y la alternativa que da el propio artículo 106 es que se proceda a pasar lista y
comprobada aquélla, se procede en consecuencia.
En ese sentido, en virtud de que la falta de quórum no es
verdaderamente notoria, la alternativa es la de proceder a su verificación...
Diputado Tomás Torres...
El diputado Tomás Torres
Mercado (desde la curul):
Señora Presidenta:
Con igual respeto, le solicitaría, ante su determinación, en
principio que los señores secretarios certifiquen la presencia de la diputación priísta
que ha solicitado la verificación del quórum, uno. Y dos, señora Presidenta, que
proceda a hacer inmediatamente la comunicación a la Secretaría General para el descuento
de la dieta, como corresponde.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tomo nota, diputado e instruyo a la Secretaría.
Proceda la Secretaría a dar lectura al punto relativo al quórum
del acuerdo parlamentario. Es el artículo decimoquinto del acuerdo parlamentario.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
Artículo decimoquinto del acuerdo parlamentario
“En aquellos casos en que se requiera la verificación del
quórum, la Mesa Directiva ordenará abrir el sistema electrónico de control de
asistencia y votación hasta por 10 minutos para tal efecto. Mientras transcurra ese
lapso, se continuará el desahogo de la sesión.”
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Proceda la Secretaría a hacer los avisos correspondientes.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
Se instruye para que se hagan los avisos a que se refiere el
artículo 161.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Abrase el registro electrónico hasta por 10 minutos.
¿Perdón?.. Diputado Raúl García.
El diputado Raúl García
Velázquez (desde su curul):
En mi opinión, se obvia el trámite de quórum, en función de que el siguiente punto es la
votación en la cual quedaría claramente comprobado si hubiese o no hubiese quórum. Y la intención del diputado que solicitó el
quórum es muy clara; es decir, quiere verificar si hay quórum o no hay quórum. ¿Para qué? Para que si hay quórum, regresen todos los diputados priístas que
intentan boicotear la votación.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Efrén Leyva...
Activen el sonido en la curul del diputado Efrén Leyva.
El diputado Efrén Nicolás
Leyva Acevedo
(desde su curul):
Señora Presidenta:
El trámite ya se dio, debe continuarse con la verificación del
quórum y, posteriormente, si existe, se continúa la sesión. Ya dio usted el trámite,
Presidenta y que se continúe con la sesión: ya están tomando asistencia, que se
continúe con ello.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
(a las 19:20 horas):
Se ordena se abra el registro electrónico de control de asistencia
y votación hasta por 10 minutos, para verificar el quórum a partir de este momento.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
Activen el sonido en la curul de la diputada Del Toro para que emita
su voto de viva voz... Perdón, su asistencia.
Diputado Cano Cortezano, presente.
Se informa a la Presidencia que existen 250 diputados presentes.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Le ruego a la Secretaría dar lectura al artículo 63
constitucional.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
Artículo 63 de la Constitución Política:
“Las cámaras no pueden…"
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Quiero informar a la Secretaría que he solicitado al área de
Servicios Parlamentarios, con la testificación de los señores secretarios, entregaran
inmediatamente el documento que imprime el registro electrónico, para que no haya ninguna
duda sobre la manifestación que hagan los señores secretarios.
Diputado Tomás Torres... Activen
el sonido en la curul del diputado Tomás Torres.
El diputado Tomás Torres
Mercado (desde su curul):
Señora Presidenta:
Dos precisiones: quien le planteó la verificación del quórum y
que usted atendió, está a su vista y no me ha dado usted cuenta de la certificación que
le pedí a los secretarios de su asistencia.
Uno, señora Presidenta, permítame.
Dos: que dé cuenta el señor Secretario si ya concluyó de computar
los diputados presentes que no hicieron uso del tablero electrónico para que proceda al
cómputo correspondiente.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Con todo gusto. Instruí a la Secretaría para que hiciera la
verificación de la asistencia del diputado Leyva y lo precisara; y segundo, instruimos a
la Secretaría para que consultara con los legisladores que no tuvieran funcionando su
registro electrónico o no estuviesen clasificados en sus respectivas curules por haberse
incorporado recientemente para que pudieran notificarlo con toda oportunidad a la mesa y
por ello la Secretaría tomó nota de quienes plantearon esa circunstancia.
Adicionalmente, señalo que el planteamiento del artículo en
cuestión era la apertura por 10 minutos.
Han solicitado la palabra el diputado Leyva y el diputado Barbosa.
Diputado Leyva...
Activen el sonido en su curul e inmediatamente después, el diputado
Barbosa.
El diputado Efrén Nicolás
Leyva Acevedo
(desde su curul):
Señora Presidenta:
Tengo entendido yo, señora Presidenta, si no vieron los señores,
marqué mi asistencia en el pizarrón electrónico. Si los señores no están atentos,
lamento profundamente ese lapsus.
Señora Presidenta, quiero informarle que, de acuerdo a lo que
escuchamos, el Secretario dio cuenta e informó a la Presidencia del número de
legisladores presentes. No ha lugar a los reclamos que están haciendo algunos
legisladores, en tanto ya se dio el número que dio cuenta el tablero y la gente que
tenía problemas con su voto.
Creo que debe proseguirse el procedimiento parlamentario.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Los diputados Barbosa, Blake, Estrada, Martí Batres.
Por favor, activen el sonido en la curul del diputado Barbosa.
El diputado Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta (desde su curul):
Sí, señora Presidenta:
Hemos escuchado cuál es la verificación del quórum. Para poder
declarar lo procedente de su parte, como Presidenta de la Mesa Directiva, quiero dejar
mención de que este órgano del Estado, esta Cámara de Diputados actualmente se compone
de 498 miembros, dado que existen dos diputaciones que no se encuentran sustituidas por
ningún suplente, entre ellas, la de Ricardo García Cervantes.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Blake.
El diputado José Francisco
Blake Mora (desde su curul):
Gracias, señora Presidenta.
Para los mismos efectos que plantea nuestro compañero diputado
Barbosa y para la determinación del quórum en este acto, que se señale, que se agregue,
que se certifique que hay dos diputaciones con licencia y que, en efecto, aún no han sido
los suplentes llamados, de tal manera que tendría que atenderse a 498. Los diputados a
los que me refiero son Ricardo García Cervantes y Abel Guerra Garza.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Rafael Hernández.
El diputado Lorenso Rafael
Hernández Estrada
(desde su curul):
Por las aclaraciones expuestas por los diputados que me
antecedieron, queda claro que el cómputo sobre el cual se debe hacer el cálculo del
quórum de esta Cámara de Diputados es el total de 498. Por lo tanto, la cifra declarada
por la Secretaría da cuenta de que hay quórum suficiente y solicito a la Presidencia
así lo declare y desahogue la votación del comunicado pendiente de la Junta de
Coordinación Política.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Batres.
El diputado Martí Batres Guadarrama (desde su curul):
Señora Presidenta, quiero amablemente, como Presidente de la Junta
de Coordinación Política, solicitarle que se proceda a la votación de la propuesta que
ha enviado a este pleno la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Efrén Leyva.
El
diputado Efrén Nicolás Leyva Acevedo
(desde su curul):
Compañera Presidenta, el artículo 52 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, dice claramente cuál es el número con que se constituye
la Cámara de Diputados. No hay ausencia definitiva ni exceptúa de ninguna manera, son
500 los miembros de la Cámara: 300 de mayoría relativa y 200 de representación
proporcional. No exceptúa, Presidenta, y no hay quórum para continuar la sesión.
RECESO
La Presidenta diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
(a las 19:39 horas):
Esta Presidencia considera de la mayor relevancia el punto a
discusión y abre un receso de cinco minutos para proceder a consultas con los integrantes
de la Junta de Coordinación Política.
(Receso)
(A las 19:57 horas) Se reanuda la sesión.
VERIFICACION DE QUORUM
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Esta Presidencia solicita a la Secretaría dé lectura al artículo
52 constitucional.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Artículo 52. La
Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de
votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales;
y 200 diputados que serán electos el principio de representación proporcional, mediante
el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.”
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Le ruego a la Secretaría dé lectura al artículo 63
constitucional.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
De la Constitución Política.
“Artículo 63. Las
cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una
de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una
y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que
concurran dentro de los 30 días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen
se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los
suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual y, si tampoco lo hiciesen, se
declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas elecciones.”
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Le ruego a la Secretaría se precise para el registro que el
resultado de la verificación del quórum fue compaginado con la lista derivada del
registro electrónico. Precíselo para el registro.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
Se precisa que en el tablero electrónico, para la verificación de
quórum, hubo 247 asistencias y tres diputados que emitieron su asistencia de viva voz,
por lo que dio un total de 250 diputados, lo cual fue verificado con la lista que entrega
la dependencia correspondiente y que tenemos en nuestro poder.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Compañeros legisladores, esta Presidencia ha hecho un esfuerzo en
el curso de esta sesión para dar cauce a un planteamiento de la Junta de Coordinación
Política que tuvo que complementarse dentro de la propia sesión con un documento
adicional.
Quiero señalar que la actuación de esta Presidencia ha tenido como
objeto coadyuvar al cumplimiento de las tareas de los órganos de gobierno,
independientemente de la interpretación personal que tengamos sobre las actuaciones.
En esa virtud, nos encontramos ante un problema de interpretación
constitucional y de interpretación de la verificación del quórum, lo que es un problema de interpretación sobre la
Ley Orgánica.
Si se abriera un gran debate entre juristas, seguramente un conjunto
de juristas argumentarían que el quórum de la Cámara debe verificarse en función de
los artículos constitucionales leídos.
Probablemente otro número importante de juristas argumentaría que,
dado que no están presentes porque no han tomado protesta dos suplentes que solicitaron
licencia, el quórum tiene que verificarse solamente con 498 diputados.
Nos encontramos ante un problema de interpretación. El acuerdo de
esta Mesa Directiva, en consulta con los coordinadores y con el Presidente de la Junta de
Coordinación Política, es el siguiente: levantar votación para el registro y remitir a
la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias el asunto para que, en caso de que se
tenga que reponer el procedimiento, así se le informe a este pleno.
En tal virtud, le ruego a la Secretaría proceda a someter a
votación del punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación
eléctronica el acuerdo de la Junta de Coordinación Política referente al asunto en
cuestión.
Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del
Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a
la votación del punto de acuerdo de referencia.
(Votación.)
Se informa a la Presidencia que se obtuvieron 246 votos en pro, cero
en contra y una abstención.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Con las observaciones previas realizadas por esta Presidencia, que
deben considerarse, se emitieron 246 votos a favor del punto de acuerdo, por lo que está
aprobado y se solicita se hagan las consultas con la Comisión de Régimen y Prácticas
Parlamentarias… Sí, diputado, sobre la validez del procedimiento… Diputado
Calderón.
El diputado Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa
(desde su curul):
Si me permite hacer uso de la palabra, señora Presidenta.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Calderón.
El diputado Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa:
Gracias, señora Presidenta; señoras y señores legisladores:
En primer lugar, quiero manifestar mi convicción de que a pesar de
la profundidad de las diferencias, por razones muy diversas, políticas, ideológicas y de
otra índole, se han externado aquí, entre los diputados del Partido Revolucionario
Institucional y los diputados tanto del PAN como del PRD, que estamos impulsando este
acuerdo, a un servidor queda claro que este debate acerca de la integración de la
Sección Instructora fue uno de los debates más profundos. A pesar de algunos exabruptos
e imprudencias, fue uno de los debates más profundos y más serios que hemos tenido en
esta Cámara de Diputados.
Y, por lo mismo, lamento profundamente la salida de los compañeros
del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del
Partido del Trabajo y de otros partidos.
Hemos debatido también acerca de una cuestión de interpretación,
acerca de la integración del quórum legal de esta Cámara de Diputados y, por razones
que no he de cuestionar en esta tribuna y en este momento, este quórum, a la hora que la votación ha sido levantada, me
parece que, por desgracia, no se integra. Creo que tenemos que ser claros en este punto
con nosotros mismos.
Había una discrepancia legítima, que hacía que, en opinión de
muchos de nosotros, el quórum estuviese integrado cuando fue requerido para ello pero,
para la validez de la votación, ese mismo quórum requiere permanecer y, a juzgar por los
números que da cuenta la Secretaría, ese quórum está, déjenme llamarlo así, aún
más cuestionable.
Pero me parece además, estimadas compañeras y compañeros, que en
decisión tan grave e importante para la vida del país, es preciso restituir a la Cámara
el espíritu de diálogo sólido, fuerte y firme, pero también de respeto que nos permita
constituirnos como órgano colegiado y, a pesar de nuestras discrepancias, poder tomar
decisiones por la vía democrática, que es la del voto: vía democrática que hace que se
construyan mayorías, vía democrática que hace que haya quien tenga propuestas que
tengan más votos y, en consecuencia, sean válidas y vía democrática a la que no
debemos renunciar.
Aunque las decisiones sean por, yo diría, sabiduría democrática
por mayoría, eso no debe excluir la posibilidad de que concurran a la toma de esas
decisiones las voces y los votos de otros partidos políticos.
Yo creo que y lamentando la ausencia de algunos compañeros nuestros
que estaban en la Interparlamentaria México-Cuba, que regresaron a territorio nacional
pero que les fue imposible por razones meteorológicas que se realizara su vuelo, les
permitiera concurrir a esta votación, que estaban en cumplimiento de una misión
parlamentaria, que por esa razón en este específico caso no haya sido posible integrar o
constituir el quórum debido.
Pero, en estas circunstancias, yo prefiero, señora Presidenta, yo
prefiero, compañeras y compañeros diputados, que concurramos a integrar la Sección
Instructora con plena legalidad. No digo que no la tenga la decisión, no quiero entrar en
este momento al debate de fondo sobre esta votación, sino que simplemente no tenemos
necesidad de dejar en entredicho la integración de un órgano tan importante para la
Cámara de Diputados.
No tenemos nada de que se nos llame a sospecha o recriminación; que
podemos válidamente convocar a nuestros compañeros legisladores hoy ausentes a que
concurran y con su voto dejen firme la posición de su partido, que creo que la han dejado
claramente asentada y yo diría que con argumentos muy fuertes, tan fuertes, yo diría,
como los que arguyeron nuestra bancada y la del Partido de la Revolución Democrática,
que concurran a esa votación; que incluso, en ejercicio de las atribuciones del
Presidente de la Junta de Coordinación Política, de ser posible, que logre componerse
este acuerdo de manera tal que concurran todos los votos y, de no ser ello posible, simple
y sencillamente que la votación se dé nuevamente sin vicios, sin sospechas de vicio o de
ilegalidad.
No hay ninguna necesidad de poner a la Cámara en este predicamento.
Yo felicito además a todos los diputados presentes. Me congratulo
de su responsabilidad con el país de no haber abandonado su compromiso con la Cámara de
Diputados, estando aquí presentes.
Protesto mis respetos a mis compañeros de bancada, que aun estando
gravemente enfermos o en condiciones postoperatorias como el diputado Salinas, como Alicia
Ricalde que por condiciones médicas no podía estar aquí, estuvieron hoy aquí.
Pero no tenemos por qué permitir que una estrategia que, admito, es
válida ponga en entredicho algo que estamos decididos a hacerlo de cara a la nación y
con plena legalidad, por lo que exhorto a que, en la próxima sesión del martes, se ponga
a votación este mismo acuerdo o en su caso el que, si se pudiera perfeccionar, el que
mejore la Junta de Coordinación, pero que lo hagamos sin que en un procedimiento tan
importante quede una sola sospecha. Así que exhorto a que concurramos aquí el próximo
martes, que nos citemos aquí, que repongamos este procedimiento y que invitemos a las
otras bancadas a concurrir a este ejercicio democrático.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Ha solicitado hacer uso de la
palabra el diputado Martí Batres.
El diputado Martí Batres Guadarrama:
Con su permiso, señora Presidenta:
Quiero, en primer lugar, señalar que ha habido de parte del grupo
parlamentario del PRD la voluntad para converger en el propósito de instalar la Sección
Instructora, de instalar una Sección Instructora que tenga capacidad para tomar
decisiones y de generar un proceso que permita a la Cámara de Diputados cumplir con una
de sus funciones más importantes. Así, hemos convergido con otra fuerza política en ese
propósito, como podemos hacerlo con otras o con otra en diferentes puntos programáticos.
Y nos parece necesario, adecuado, correcto realizar todas las
convergencias necesarias tendientes a que esta Cámara de Diputados cuente plenamente con
todos sus órganos y pueda tomar las decisiones que le correspondan y también genere un
ánimo y un ambiente de combate a la impunidad.
De parte del grupo parlamentario del PRD, persistirá esta voluntad
para que tengamos una Sección Instructora que sí pueda tomar decisiones, una Sección
Instructora que no se quede congelada, una Sección Instructora que no se quede empatada,
una Sección Instructora que no nazca muerta, una Sección Instructora que tenga sentido
no sólo formal sino histórico y real.
Así manifestamos nuestra voluntad el día de hoy: con toda firmeza
y a pesar de todas las presiones. Y así manifestaremos nuestra voluntad en la siguiente
sesión y a lo largo de todo el proceso. Si en esto hemos convergido con otra fuerza
política, qué bueno. Y nos gustaría converger con todas las demás fuerzas políticas
en ese propósito.
Por ello es que hacemos un llamado fraternal a las demás fuerzas
políticas representadas en esta Cámara a colaborar para que la Cámara de Diputados
pueda cumplir con ese propósito, con ese fin tan importante para esta institución.
Quiero agregar, por lo demás, que queremos que ésta sea una
decisión contundente. Y vemos con beneplácito la definición del conjunto de compañeros
que estuvieron presentes a lo largo de toda esta discusión y de todo este debate.
Nos parece que, cuando uno da un debate y lo pierde, no debe salirse
del pleno sino que debe continuar en él y afrontar el resultado que se desprenda de la
discusión. Y nos parece sin embargo también, quiero decirlo, que estamos en plena
disposición para ratificar nuestra posición en el momento procesal parlamentario
oportuno.
Así las cosas, yo sugiero a la Presidencia de la Cámara de
Diputados, a nuestra Mesa Directiva, no que se haga una consulta, que me parece no sería
ya necesaria. Aquí se hizo una verificación de quórum, y hubo quórum; y por ello continuamos la sesión. Y en el
momento de esta votación, un par de legisladores que formaban parte de ese quórum,
decidieron ya no formar parte del mismo. No tenemos ningún inconveniente en que se vuelva
a votar la propuesta de la Junta de Coordinación Política en la próxima sesión del
martes.
Así es. En esas condiciones, no es necesario acudir a una
interpretación de la Comisión de Prácticas Parlamentarias: simple y sencillamente, al
momento de la votación ya no hubo el quórum que precedió a la misma.
Por lo tanto, solicito de manera clara que este punto vuelva a
incluirse en el orden del día de la sesión del próximo martes de la próxima semana.
De igual manera, seguiremos platicando con los compañeros
coordinadores de las demás fracciones parlamentarias con el ánimo de escuchar, pero
también con la decisión de convencerlos. Platicaremos nuevamente el lunes, en la
reunión de la Junta de Coordinación Política, que se celebrará a las 13:00 horas y
buscaremos seguir convenciéndolos y vendremos el martes a volver a discutir este tema y a
reafirmar la posición que hemos sostenido con firmeza a lo largo de toda esta sesión.
Muchas gracias, señora Presidenta.
CLAUSURA Y CITATORIO
La Presidenta diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel (a las 20:30 horas):
Gracias, diputado Martí Batres.
Se levanta la sesión y se
cita para la que tendrá lugar el próximo martes 24 de septiembre, a las 10:00 horas.
RESUMEN
DE TRABAJOS
• Comparecencia del Secretario de Energía, ingeniero Ernesto Martens Rebolledo.
• Tiempo de duración: 8 horas 52 minutos, con dos recesos, de 45 y 18 minutos,
respectivamente.
• Quórum a la apertura de sesión: 377 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 430 diputados.
• Diputado que solicita licencia: 1.
• Diputados suplentes que se incorporan: 2.
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 2.
• Acuerdos aprobados de la Junta de Coordinación Política: 2.
• Minuto de silencio: 1.
• Oradores en tribuna: 56
PRI-11; PAN-9; PRD-10; PVEM-6; PT-6; PSN-1; PAS-1; Secretario de Energía-12.
Se recibió:
• 2 comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes y Oaxaca;
• 1 comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
• 1 comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación con cambios de
fecha de comparecencias para el Análisis del II Informe de Gobierno;
• 1 comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación con cambios en
la integración de la Comisión de Ciencia y Tecnología;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación.
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
( en orden alfabético )
|
• Aceves Pérez, Jaime (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Económica: 54 |
|
• Agundis Arias, Francisco (PVEM). . . . . . . . . . . . . . . |
Sección Instructora: 77 |
|
• Amador Leal, Narciso Alberto (PRI). . . . . . . . . . . . . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Económica: 46, 48 |
|
• Andrade Sánchez, Justino Eduardo (PRI). . . . . . . . . . |
Sección Instructora: 66, 76 |
|
• Barbosa Huerta, Luis Miguel Gerónimo (PRD). . . . . |
Sección Instructora: 72, 77 |
|
• Batres Guadarrama, Martí (PRD). . . . . . . . . . . . . . .
. |
Verificación de Quórum: 96 |
|
• Blake Mora, José Francisco (PAN). . . . . . . . . . . . . .
. |
Sección Instructora: 68 |
|
• Calderón Hinojosa, Felipe de Jesús (PAN). . . . . . . . . |
Verificación de Quórum: 95 |
|
• Candiani Galaz, Mauricio Enrique (PAN). . . . . . . . . . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Económica: 34 |
|
• Castañeda Pomposo, Javier Julián (PAN). . . . . . . . . . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Económica: 56 |
|
• Cervantes Rivera, Jaime (PT). . . . . . . . . . . . . . . . .
. . |
Sección Instructora: 71 |
|
• Cervantes Rivera, Jaime (PT). . . . . . . . . . . . . . . . .
. . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Económica: 38, 39, 48, 50 |
|
• Dávila Montesinos, Marco Antonio (PRI). . . . . . . . . . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Económica: 56, 57 |
|
• Figueroa Canedo, Sara Guadalupe (PVEM). . . . . . . . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Económica: 30, 41 |
|
• García Dávila, Víctor Antonio (PT). . . . . . . . . . . .
. . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Económica: 27 |
|
• Garibay García, J. Jesús (PRD). . . . . . . . . . . . . . .
. . . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Económica: 52, 53 |
|
• González Reza, Héctor (PAN). . . . . . . . . . . . . . . .
. . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Económica: 44 |
|
• Lorenzo Juárez, Beatriz Patricia (PAS). . . . . . . . . . .
. |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Económica: 25 |
|
• Martínez Nava, Juan Manuel (PRI). . . . . . . . . . . . . .
. |
Sección Instructora: 83 |
|
• Mayans Canabal, Humberto Domingo (PRD). . . . . . . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Económica: 42, 43 |
|
• Navarrete González, Noé (PAN). . . . . . . . . . . . . . .
. . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Económica: 46 |
|
• Prieto Fuhrken, Julieta (PVEM). . . . . . . . . . . . . . . .
. |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Económica: 40 |
|
• Ramírez Marín, Jorge Carlos (PRI). . . . . . . . . . . . .
. . |
Sección Instructora: 84 |
|
• Romero Apis, José Elías (PRI). . . . . . . . . . . . . . .
. . . |
Sección Instructora: 80 |
|
• Sicilia Salgado, Raúl Efrén (PRI). . . . . . . . . . . . .
. . . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Económica: 36 |
|
• Simental García, Bertha Alicia (PSN). . . . . . . . . . . .
. |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Económica: 26 |
|
• Sotelo Rosas, David Augusto (PRD). . . . . . . . . . . . . |
Sección Instructora: 89 |
|
• Spezia Maldonado, Erika Elizabeth (PVEM). . . . . . . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Económica: 50, 52 |
|
• Tapia Medina, María del Rosario (PRD). . . . . . . . . . . |
Análisis II Informe de Gobierno. Política
Económica: 32 |
|
• Torres Mercado, Tomás (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . .
. |
Sección Instructora: 79 |
|
• Vaca Betancourt Bretón, José Sergio Rodolfo (PAN). . . . |
Sección Instructora: 81 |
|
• Zapata Perogordo, Alejandro (PAN). . . . . . . . . . . . . . |
Sección Instructora: 86 |
|
• Zavala Echavarría, Roberto (PRI). . . . . . . . . . . . . .
. . |
Sección Instructora: 87 |
|