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Presidencia
de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
ASISTENCIA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Se informa a la Presidencia que
existen registrados previamente 421 diputados.
Por lo tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (a
las 12:42 horas):
Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a dar
lectura al orden del día.
ORDEN DEL
DIA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 1o. de octubre de 2002.
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del Congreso del Estado de Oaxaca.
De la Junta de Coordinación
Política.
Iniciativa del
Congreso del Estado de Baja California
De reformas a los artículos 51 y
133 de la Ley Federal del Trabajo. (Turno a comisión.)
Oficio del
gobernador del Banco de México
Para dar cumplimiento al artículo
51 fracción II de la Ley del Banco de México, remite el informe sobre la ejecución de
la política monetaria durante el primer semestre de 2002. (Turno a comisión.)
Iniciativas de
diputados
Que adiciona un párrafo al inciso a de la fracción III del artículo 5o. de la Ley
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Celia Martínez
Bárcenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Que reforma la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, a cargo del
diputado Víctor Manuel Ochoa Camposeco, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De Ley de Asistencia y Seguridad
Social para el Campo, a cargo de la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
De reformas a los artículos 38, 43
y 83 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Soto Martínez, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 106 de la
Ley Aduanera, a cargo de la diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma el Título Quinto
Capítulo II del Código Civil Federal, referente a los requisitos para contraer
matrimonio, a cargo de la diputada Olga Haydee Flores Velásquez, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Oficios de la
Secretaría de Gobernación
Con el que remite copia del oficio
del director general Adjunto de lo Contencioso, de la Secretaría Adjunta Jurídica del
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en relación al punto de acuerdo
referente al estado jurídico en que actualmente se encuentra el asunto relativo al ex
secretario adjunto jurídico del IPAB, aprobado por la Cámara de Diputados.
Con el que se remite copia del
oficio del diputado Edgar Alonso Cañete, secretario del honorable Congreso del Estado de
Puebla, en relación al punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente, relativo a
la actualización de la legislación en materia de adopción de menores.
Excitativas
A la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, a cargo de la diputada Araceli Domínguez Ramírez, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Puntos
Constitucionales, a cargo de la diputada Teresa Romo Castillón, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional.
Efemérides
Sobre la conmemoración del 2 de
octubre de 1968, a cargo de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de
Diputados.
Sobre el Día Mundial del Turismo,
a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos: Acción Nacional y Revolucionario
Institucional.
Sobre el aniversario del natalicio
del general José María Morelos y Pavón, a cargo del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo.
Proposiciones
Con punto de acuerdo en relación
al voto de México en el Consejo de Seguridad respecto al posible ataque de Estados Unidos
a Irak, a cargo del diputado Angel Meixueiro González, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo para solicitar
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que instruya al INEGI a realizar el VIII
Censo Nacional Agrícola-Ganadero, así como el VIII Censo Ejidal, a cargo del diputado
Tomás Ríos Bernal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
la paz mundial, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
las vías y el destino de los recursos públicos enviados a los estados afectados por el
huracán “Isidore”, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para exhortar
al titular del Ejecutivo Federal para que los recursos asignados al IPAB, a partir del mes
de octubre se canalicen al sector social, a cargo del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
la inseguridad pública en la capital del país y en la zona conurbada, a cargo del
diputado Jaime Larrazábal Bretón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
la autorización por parte de la Comisión Federal de Electricidad de la tarifa eléctrica
1-C en los estados de Coahuila y Durango, a cargo del diputado Francisco Ramírez Avila,
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la Norma
Oficial Mexicana 029, a cargo del diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar
a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, se auditen los
ingresos del Fondo de la Recaudación Federal Participable, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación
al desvío de recursos en el Conaliteg, a cargo del diputado Miguel Bortolini
Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo en torno a la
construcción de la autopista México-Tulancingo-Huauchinango-Nuevo
Necaxa-Tihuatlán-Tuxpan, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación
al despido de trabajadores del área de control de la Secretaría de Educación Pública,
a cargo de la diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la
ampliación de las tarifas de verano para los estados afectados por el huracán
“Isidore”, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para la
creación de una comisión que vigile la utilización de recursos federales en el estado
de Yucatán, destinados al apoyo a damnificados y rescate de infraestructura, a cargo del
diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo sobre
maternidad adolescente, a cargo de la diputada Olga Haydee Flores Velásquez, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la
Cámara de Diputados apruebe en el Presupuesto de Egresos una partida destinada a
subsidiar hasta en un 50% el costo de energía eléctrica a pensionados, jubilados, madres
solteras y habitantes de unidades habitacionales de interés social, a cargo del diputado
Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para exhortar
al Poder Ejecutivo Federal la aplicación efectiva del presupuesto destinado a mujeres y a
la promoción de la perspectiva de género, en la Administración Pública Federal,
suscrita por integrantes de la Comisión de Equidad y Género. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la
Cámara de Diputados pida la devolución del patrimonio social y del fondo del fideicomiso
constituido por los cooperativistas de Talleres Gráficos de la Nación, para el pago de
pensiones vitalicias a jubilados, a cargo del diputado Alfredo Hernández Raigosa, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para dar
seguimiento a las irregularidades detectadas en la Dirección de Servicios Médicos de la
Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados y la
necesidad de su desaparición, a cargo del diputado Ramón León Morales, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la
Cámara de Diputados convoque a los interesados a discutir con el Gobierno y diputados, el
presupuesto 2003, destinado a educación, a cargo del diputado Ramón León Morales, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
la seguridad del recinto parlamentario, el día 1o. de septiembre de 2002, a cargo del
diputado Amador Rodríguez Lozano. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para integrar
una comisión de legisladores que investiguen las causas políticas que no permiten el
arreglo laboral entre Transportes Papantla y el Sindicato de Trabajadores de
Autotransportes al Servicio de Transportes Papantla, S.A. de C.V., “Fidel
Velázquez”, CTM, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia
por la Democracia Partido Político Nacional. (Turno a comisión.)»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se consulta si hay alguna
observación al orden del día.
No habiendo observaciones, le ruego
a la Secretaría proceder a someter a discusión y votación de inmediato el acta de la
sesión anterior.
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Acta de la sesión de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintiséis de septiembre de
dos mil dos, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de
Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura
Presidencia del diputado Eric Eber
Villanueva Mukul.
En el Palacio Legislativo en San
Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos noventa y dos diputados, a las once
horas con ocho minutos del jueves veintiséis de septiembre de dos mil dos, el Presidente
declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden
del día.
La Asamblea aprueba el acta de la
sesión anterior en votación económica.
Comunicación de la Junta de
Coordinación Política con la que informa de cambios en la integración de la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública. De enterado.
Oficio del Ayuntamiento
Solidaridad, del estado de Quintana Roo, con el que comunica que se decreta como Día
Cívico Municipal, el día veintiocho de julio. De enterado.
Dos comunicaciones de la
Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, con las que invita a las
ceremonias cívicas conmemorativas:
Del centésimo octogésimo primer
aniversario de la Consumación de la Independencia Nacional. Se designa comisión para
representar a la Cámara de Diputados.
Del bicentésimo trigésimo
séptimo aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón. Se designa comisión
para representar a la Cámara de Diputados.
Presentan iniciativas con proyecto
de decreto, los diputados:
Rigoberto Romero Aceves, del
Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley
de Pesca. Se turna a la Comisión de Pesca.
Jorge Urdapilleta Núñez, del
Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley
del Seguro Social, en materia de prestaciones sociales y subcontratación de servicios
internos. Se turna a las comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.
Rufino Rodríguez Cabrera, del
Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos veinticinco y treinta y
siete de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Se turna a la
Comisión de Defensa Nacional.
Mauricio Enrique Candiani Galaz,
del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Ley Minera. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Desde su curul, el diputado César
Horacio Duarte Jáquez hace comentarios sobre la iniciativa presentada por el diputado
Candiani Galaz.
Juvenal Vidrio Rodríguez, del
Partido Acción Nacional, que reforma la fracción vigesimaprimera del artículo setenta y
tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la
Comisión de Puntos Constitucionales.
Moisés Alcalde Virgen, del Partido
Acción Nacional, que adiciona un inciso g al
numeral cuatro del artículo cuarenta y ocho de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.
La Presidencia informa del sensible
fallecimiento del señor Javier Sandoval Leana, esposo de la diputada María de los
Angeles Sánchez Lira, y expresa sus condolencias.
A las doce horas con dieciocho
minutos, a solicitud de la Presidencia, la Secretaría informa del registro de
cuatrocientos ocho diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y
votación.
Salvador López Brito, del Partido
Acción Nacional, que adiciona un capítulo séptimo-bis al Título Tercero de la Ley
General de Salud, en materia de reproducción asistida.
Presidencia del diputado Jaime Vázquez
Castillo
Se turna a la Comisión de Salud.
Manuel Wistano Orozco Garza, del
Partido Acción Nacional, que adiciona los artículos ciento siete y ciento nueve, y
reforma el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Población y reforma el
artículo trescientos veintidós de la Ley General de Salud, para la expedición de una
credencial única de población que fomente la donación de órganos para trasplantes. Se
turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Salud.
Lucio Fernández González, del
Partido Acción Nacional, que reforma el artículo octavo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Minuta de la Cámara de Senadores,
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Federal de Defensoría Pública. Se turna a las comisiones de Justicia y Derechos
Humanos y de Asuntos Indígenas.
Para presentar excitativas suben a
la tribuna los diputados:
Narciso Alberto Amador Leal, del
Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, en relación con la proposición con punto de acuerdo para el saneamiento
integral del sistema hidrológico de la cuenca de Necaxa, presentada el once de septiembre
de dos mil uno. El Presidente formula la excitativa correspondiente y, en virtud de que es
la segunda, fija el día quince de octubre de dos mil dos para que la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales presente el dictamen correspondiente.
Miguel Bortolini Castillo, del
Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Energía, en relación con la
proposición con punto de acuerdo sobre la corrupción en la Comisión Federal de
Electricidad, presentada ante la Comisión Permanente el día diecisiete de julio de dos
mil dos. El Presidente obra en consecuencia.
Ramón León Morales, del Partido
de la Revolución Democrática, a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, en
relación con la proposición con punto de acuerdo para que se declare el veintinueve de
septiembre “Día Nacional del Trabajador Migrante”, presentada el diecisiete de
septiembre de dos mil uno. El Presidente hace la excitativa correspondiente.
Para pasar al capítulo de
proposiciones con punto de acuerdo, la Secretaría, por indicaciones de la Presidencia, da
lectura al artículo decimosegundo del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Integración
del Orden del Día, las Discusiones y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado
el catorce de diciembre de dos mil uno.
Presentan proposiciones con punto
de acuerdo los diputados:
María Elena Chapa Hernández, del
Partido Revolucionario Institucional, en relación con los fondos destinados al combate
del virus de inmunodeficiencia humana y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Se
turna a la Comisión de Salud.
Héctor Sánchez López, en
relación con el conflicto en el Estado de Chiapas y con la iniciativa de reformas
constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, presentada en los términos
de los acuerdos de San Andrés Larráinzar. Se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
Habla sobre el mismo tema el
diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político
Nacional.
Luis Alberto Villarreal García,
del Partido Acción Nacional, para nombrar a la comunidad de Atotonilco del municipio de
San Miguel Allende, Guanajuato, “Atotonilco, Santuario de la Patria”. Se turna a
la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Erika Elizabeth Spezia Maldonado,
del Partido Verde Ecologista de México, en relación con la destrucción de la reserva de
la biosfera de Calakmul, ubicada al sur del Estado de Campeche y que forma parte del
corredor biológico mesoamericano. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
María Luisa Araceli Domínguez
Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, en torno al financiamiento de los
hospitales del Niño y de la Mujer ubicados en Puebla, Puebla. Se turna a las comisiones
de Salud y Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo
relacionados con la región Sur-Sureste de México.
Sobre el mismo asunto habla la
diputada Victoria Ruth Sonia López Macías, del Partido Acción Nacional, y solicita que
la proposición sea turnada también a la Comisión de Equidad y Género. El Presidente
atiende la solicitud y turna la proposición también a la Comisión de Equidad y Género,
para que emita su opinión.
Adela del Carmen Graniel Campos,
del Partido de la Revolución Democrática, sobre la educación de personas con síndrome
de Down en comunidades dispersas. Se turna a las comisiones de Educación Pública y
Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables.
Jorge Esteban Sandoval Ochoa, del
Partido Revolucionario Institucional, en relación con las tarifas eléctricas.
Presidencia del diputado Eric Eber
Villanueva Mukul
Se turna a la Comisión de Comercio
y Fomento Industrial.
Patricia Aguilar García, del
Partido Revolucionario Institucional, para solicitar al Gobierno Federal se destinen
recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales a todos los pescadores afectados por el
huracán “Isidore”, en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas,
Tabasco, Veracruz y Tamaulipas y solicita trámite de urgente resolución.
La Asamblea considera el asunto de
urgente resolución, en votación económica, y sin discusión aprueba el punto de acuerdo
de la misma manera. Comuníquese.
La Secretaría da lectura a una
proposición con punto de acuerdo para que se declare al estado de Campeche como zona de
desastre y se le destinen recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, suscrita por
diversos diputados, que solicitan trámite de urgente resolución.
La Asamblea considera el asunto de
urgente resolución, en votación económica, y sin discusión aprueba el punto de acuerdo
de la misma manera. Comuníquese.
Continúan la presentación de
proposiciones con punto de acuerdo, los diputados:
Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez,
del Partido Revolucionario Institucional, para crear una Comisión Especial de evaluación
y seguimiento de los programas públicos federales dirigidos o que impactan al estado de
Chiapas. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Mercedes Hernández Rojas, del
Partido Acción Nacional, para solicitar a la Secretaría de Economía la ampliación del
periodo de vigencia del esquema arancelario de transición al régimen comercial general
del país, para los sectores de comercio, restaurantes, hoteles y ciertos servicios
ubicados en la región fronteriza. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial.
Adela del Carmen Graniel Campos,
del Partido de la Revolución Democrática, para que los cítricos puedan ser incluidos en
los desayunos escolares. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos.
Para hablar sobre la situación en
Petróleos Mexicanos, se concede la palabra a los diputados: Félix Salgado Macedonio, del
Partido de la Revolución Democrática, y Juan Carlos Regis Adame, del Partido del
Trabajo.
Comunicación de la Junta de
Coordinación Política, con la que informa de los diputados que integrarán la comisión
especial que vigile que no se desvíen recursos públicos federales en el proceso
electoral del seis de octubre de dos mil dos, en el estado de Guerrero. De enterado.
Agotados los asuntos en cartera, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidencia clausura
la de hoy a las quince horas, citando para la sesión solemne que tendrá lugar el martes
primero de octubre de dos mil dos, a las diez horas y, al concluir, a la sesión
ordinaria.»
Está a discusión el acta... No
habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobada el acta.
Pasamos al capítulo de
comunicaciones.
AGUAS
NACIONALES
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.— Poder
Legislativo.
Ciudadanos secretarios del
honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.
La diputación Permanente de la
LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión
celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente pronunciamiento:
La diputación Permanente de la
LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, hace atenta
excitativa al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox
Quesada, titular del Poder Ejecutivo Federal para que exente del pago de los derechos por
concepto de uso, aprovechamiento y explotación de aguas nacionales que viene ejecutando
la Comisión Nacional del Agua en los municipios y comunidades del estado, en cumplimiento
al decreto de fecha 19 de diciembre de 2001 publicado en el Periódico Oficial el 21 del mismo mes y año, así
como en los municipios que se encuentren en las mismas condiciones de los que conforman el
estado de Oaxaca. Asimismo se solicita la comparecencia del gerente regional de la zona
pacífico-sur de la Comisión Nacional del Agua, con la finalidad de que explique a
detalle en que se emplean los derechos que están cobrando por afectación del artículo
222 de la Ley Federal de Derechos. Remítase el presente pronunciamiento al honorable
Congreso de la Unión para su conocimiento y a la honorable Asamblea Legislativa del
Distrito Federal y a todas las legislaturas de la República Mexicana solicitándoles su
adhesión al mismo.
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico. El presente pronunciamiento entrará en
vigor el día de su aprobación, publíquese en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado y hará
que se publique y se cumpla.
Dado en el salón de sesiones del
honorable Congreso del Estado.— Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 12 de septiembre de
2002.— Diputados: Juan Ramón Díaz Pimentel, presidente; José Manuel Mendoza
Miguel, secretario.
Lo que nos permitimos transcribir a
ustedes, para su conocimiento y efectos legales consiguientes.
Atentamente.
“El Respeto al Derecho Ajeno
es la Paz”.— Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 12 de septiembre de 2002.—
Diputados: Juan Ramón Díaz Pimentel, presidente;
José Manuel Mendosa Miguel, secretario.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
ENERGIA
ELECTRICA
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.
Ciudadanos diputados secretarios
del Congreso de la Unión.— México, D.F.— Presentes.
La diputación Permanente de la
LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión
celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente pronunciamiento:
“La diputación Permanente de
la LVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se proclama en contra de la
privatización de la energía eléctrica, porque corresponde exclusivamente a la nación,
generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer el fluido eléctrico. Comuníquese
este pronunciamiento al honorable Congreso de la Unión, al titular del Poder Ejecutivo
Federal, para su conocimiento y a todas las legislaturas de los estados del país,
miembros del Pacto Federal, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para
que se sumen a este pronunciamiento.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente pronunciamiento entrará en
vigor el día de su aprobación. Publíquese en el Periódico
Oficial del gobierno del estado. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado y hará
que se publique y se cumpla. Dado en el salón de sesiones del Congreso del
Estado.—Oaxaca, Oaxaca, a 12 de septiembre de 2002.— Diputados: Juan Ramón
Díaz Pimentel, presidente. Rúbrica.— José Manuel Mendoza Miguel, secretario.
Rúbrica.
Lo que nos permitimos transcribir a
ustedes, para su conocimiento y efectos legales consiguientes.
Atentamente.
“El Respeto al Derecho Ajeno
es la Paz”.— Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 12 de septiembre de 2002.—
Diputados: Juan Ramón Díaz Pimentel,
presidente y José Manuel Mendoza Miguel,
secretario.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Energía.
COMISIONES
LEGISLATIVAS
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel,
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34
numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc
Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la
integración de la siguiente comisión:
• Que el diputado Julio
Castellanos Ramírez sustituya al diputado Fernando Josaphat Martínez Cue, como
secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Lo anterior, para los efectos a que
haya lugar.
Sin otro particular, quedo de
usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F.,
a 30 de septiembre de 2002.— Diputado Martí
Batres Guadarrama, presidente.»
En votación económica se pregunta
si se aprueba.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Aprobado.
El
Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel,
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34
numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de
relaciones internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito
solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:
Que la diputada Magdalena Yunuen
Pazaran Navarijo, se integre a la Comisión de Equidad y Género, para ocupar un lugar
vacante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Lo anterior, para los efectos a que
haya lugar.
Sin otro particular, quedo de
usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F.,
a 30 de septiembre de 2002.— Diputado Martí
Batres Guadarrama, presidente.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
LEY
FEDERAL DEL TRABAJO
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo.— Poder Legislativo
de Baja California.— XVII Legislatura.
Diputada Beatriz Elena Paredes
Rangel, presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
México, D.F.
Por medio del presente, nos
permitimos hacer de su conocimiento, que en sesión ordinaria de la XVII Legislatura
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, celebrada el día 15 de
agosto del año en curso, se acordó remitir a esa Cámara de Diputados, dictamen número
135 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba
la iniciativa de reformas a los artículos 51 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a
efecto de que se inicie el proceso legislativo federal correspondiente.
Agradeciendo de antemano la
atención que se sirvan otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad de reiterarle
nuestra distinguida consideración y respeto.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, BC, a 6 de septiembre de
2002.— Diputados: Jesús Alejandro Ruiz Uribe,
presidente y Laura Sánchez Medrano,
secretaria.»
«Escudo.— Poder Legislativo
de Baja California.— XVII Legislatura.— Oficialía Mayor del Congreso del
Estado.
Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales:
Dictamen número 135. En lo
general: aprobado. Votos a favor: 21, cero en contra y cero abstenciones. En lo
particular: aprobado.
Una vez aprobado en lo general y en
lo particular, se declara aprobado el dictamen número 135 de la Comisión de Legislación
y Puntos Constitucionales, en los términos que fue leído por el diputado Leopoldo Morán
Díaz.
Dado en el salón de sesiones
licenciado Benito Juárez García, del Poder Legislativo, en sesión ordinaria de la XVII
Legislatura, a los 15 días del mes de agosto de 2002.— Diputados: Jesús Alejandro Ruiz Uribe, presidente y Laura Sánchez Medrano, secretaria.»
«Escudo.— Poder Legislativo
de Baja California.— XVII Legislatura.
Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales. Dictamen número 135.
Honorable Asamblea: la comisión
que suscribe, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 62 fracción
III, 110 fracción I, 115 fracción I, 116 fracción I, 117 y 118 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Baja California, recibió para su estudio, análisis y
elaboración de dictamen respectivo, iniciativa de reforma y adición al artículo 133 de
la Ley Federal del Trabajo, presentada a esta soberanía por el diputado Leopoldo Morán
Díaz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la XVII Legislatura
constitucional, misma que se dictamina con base en los siguientes
ANTECEDENTES
I. En fecha 28 de junio de 2002, el
diputado Leopoldo Morán Díaz, presentó en sesión ordinaria de la XVII Legislatura
Constitucional del Estado, iniciativa de reforma y adición al artículo 133 de la Ley
Federal del Trabajo;
II. Recibida que fue la iniciativa
en comento, el Presidente de la Mesa Directiva, de acuerdo a la facultad conferida por el
artículo 50 fracción II inciso f de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la turnó a esta Comisión
de Legislación y Puntos Constitucionales;
III. Una vez recibida la iniciativa
de referencia y analizada que fue en todos y cada uno de sus términos, la comisión que
suscribe en cumplimiento con lo previsto en la fracción III del artículo 62 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, elaboró el presente dictamen, bajo los términos
siguientes:
ANALISIS
Y VALORACION
1. De la motivación del
legislador.
Expone el inicialista en su
propuesta que la incorporación de los derechos sociales en el texto de la Constitución
Mexicana de 1917, constituye un mérito indiscutible de la Asamblea Constituyente de
Querétaro, quienes dieron muestra de su proyección social.
La aportación de la Asamblea
Constituyente fue “un paso tan vigoroso en el camino de justicia social”, en el
que la Revolución Mexicana en el aspecto social, quiso ser el mensajero y el heraldo de
un mundo nuevo. Esta contribución del Constituyente fue la más original y de mayor
trascendencia, ya que con ella se impuso al Estado un hacer, una conducta positiva que
cuide la condición justa y libre de los hombres del proletariado, frente a los amos y
señores de la economía y el capitalismo.
Los derechos sociales nacen, pues,
de los reclamos y exigencias del pueblo, los cuales tienen su origen en un movimiento
social armado que dio inicio a la Revolución Mexicana.
Fue de esta guisa como el
Constituyente de Querétaro, retomando el espíritu de lucha revolucionario, plasmó en la
Ley Fundamental de 1917, una nueva forma de regular las relaciones de trabajo mediante la
creación del artículo 123, el cual cimentó las bases de una innovadora legislación del
trabajo, única en el mundo, inspirada en principios de elemental justicia y en razones de
humanidad y dignidad de los operarios.
En aquel entonces, el trabajo
remunerado que se realizaba fuera de la casa, era conformado principalmente por los
hombres. Eran ellos quienes desempeñaban el papel de proveedores económicos en el hogar.
En los últimos años, este orden
se fue alterando en la medida que el desarrollo económico en México ha estado
requiriendo que cada vez más mujeres trabajen fuera del hogar no sólo por desarrollo
personal o profesional, sino por necesidad económica. Con el ingreso masivo de las
mujeres al mercado de trabajo, la composición de la fuerza laboral se ha modificado. En
la actualidad las mujeres constituyen más del 40% de la fuerza laboral mundial.
Una de las prioridades contenidas
en la lucha por los derechos humanos, es alcanzar la verdadera igualdad jurídica de las
mujeres, en comparación con los hombres; si bien es cierto, nuestra Carta Fundamental en
su artículo 4o. expresamente menciona que el varón y la mujer son iguales ante la ley;
en materia del trabajo aún estamos distantes de alcanzar esa verdadera igualdad, en
virtud de que la actual legislación secundaria no ha podido equiparar a la mujer con el
hombre en su igualdad laboral ni desterrar la discriminación de la mujer cuando aspira a
obtener una fuente de trabajo.
En México, es muy común que los
patrones soliciten el examen de no gravidez a las mujeres aspirantes de un empleo, para
demostrar que no están embarazadas y así ser contratadas. Estas prácticas van en contra
de los derechos de las mujeres, pues además de ser discriminatorios, violan los
principios de igualdad de contratación previstos en nuestras leyes laborales y en
diversos acuerdos, convenios y tratados internacionales.
El derecho a la no discriminación
de las mujeres fue reconocido a nivel mundial en la Convención para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, celebrada en México en 1981, el cual
define la discriminación de las mujeres como:
Toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo (sic) que tenga por objeto o por resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o
en cualquier otra esfera estableciendo además que ninguna mujer debe ser discriminada por
las leyes, reglamentos, costumbres, prácticas o patrones de conducta sociales o
culturales.
En nuestro estado, las mujeres
bajacalifornianas, confrontan diariamente esta problemática; un ejemplo de ello es que en
las más de 800 empresas ubicadas en la ciudad de Tijuana, es muy usual exigir exámenes
de no gravidez dentro de sus mismas instalaciones para permanecer laborando en las
empresas o lo solicitan como requisito para la solicitante de empleo. Cabe hacer mención
que en dicho sector, el 80% del personal es de sexo femenino.
En la capital de la República
Mexicana el examen de gravidez quedó suprimido en las dependencias públicas, desde hace
siete años, debido a la recomendación 6/95, emitida por la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal.
Hoy día, el Gobierno Federal ha
adoptado medidas para la eliminación del examen de gravidez en las dependencias de
Gobierno, pero aún falta que estas acciones sean extendidas a la iniciativa privada,
debido a que es en estas instancias donde la contratación de personal femenino es mayor y
donde es más frecuente esta práctica discriminatoria y degradante para la dignidad del
ser humano; por ello, se reconoce la necesidad de una reforma laboral que incorpore los
derechos de las mujeres y para responder a tales derechos se debe considerar una igualdad
laboral que integre a las mujeres y les reconozca derechos similares.
El objeto de la presente
iniciativa, es abatir la desigualdad de las mujeres en el mercado de trabajo, garantizar
su acceso a una fuente de trabajo y lograr su permanencia en él, sin que para ello tengan
que someterse a un examen de no embarazo.
2. Del marco jurídico.
La Constitución Política del
Estado de Baja California es la norma primaria por cuyo conducto se nutren de validez los
actos que realizan los funcionarios y representantes populares de esta entidad federativa.
En este tenor, el artículo 13 del citado ordenamiento, dispone que el ejercicio del Poder
Legislativo se deposita en una Asamblea de representantes del pueblo, al cual se denomina
Congreso del Estado.
Por otra parte, la Constitución
General de la República previene la distribución competencial aplicable a que deben
ceñirse los distintos órganos de gobierno y en el caso particular, es el artículo 124
de la citada Carta Magna donde se establece que las facultades que no están expresamente
concedidas a la Federación, se encuentran reservadas a los estados; por lo que toda
iniciativa de reforma de ley debe circunscribirse a las materias propias sobre las cuales
goza de competencia la entidad federativa.
Por su parte, el artículo 71 de la
Constitución General de la República otorga el derecho de iniciar leyes o decretos en el
ámbito federal, tanto al Presidente de la República, a los diputados y senadores del
Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados; y se prevé que las iniciativas
presentadas por las diputaciones de las legislaturas de los estados, pasarán desde luego
a comisión.
En tal virtud, y toda vez que la
materia sobre la cual el inicialista propone la reforma en estudio, versa sobre la
legislación laboral, siendo ésta una materia exclusiva de legislar en el ámbito federal
por disposición expresa de la misma Carta Magna en su artículo 73 fracción X en
relación con el artículo 123 del mismo cuerpo normativo fundamental; en consecuencia, le
compete a esta comisión conforme lo establecen los artículos 118 y 120 de la Ley
Orgánica del Congreso del Estado de Baja California, elaborar el dictamen correspondiente
para posteriomente someterlo a votación del honorable Congreso del Estado de Baja
California y, en su caso, enviar la propuesta de reformas al honorable Congreso de la
Unión.
Por lo tanto, le compete a esta
comisión el análisis de la iniciativa y la emisión del dictamen correspondiente, previo
estudio de la misma, donde se expresen de manera clara y suficiente los razonamientos
jurídicos pertinentes.
3. Análisis y estudio de la
propuesta.
A fin de ser claros en el análisis
de la iniciativa se transcriben a continuación los preceptos vigentes cuya reforma se
propone, así como el texto propuesto por el legislador y, posteriormente se emiten los
comentarios respectivos.
Texto vigente:
Artículo 133.- Queda prohibido a
los patrones:
I a la IX. ...
X. Portar armas en el interior de
los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones y
XI. Presentarse en los
establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un narcótico o droga
enervante.
Propuesta del
legislador:
Artículo 133. Queda prohibido a
los patrones:
I a la IX. ...
X. Portar armas en el interior de
los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones;
XI. Presentarse en los
establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un narcótico o droga
enervante y
XII. Exigir como requisito de
contratación o permanencia en el trabajo la presentación de un certificado de no
embarazo.
Comentario:
La propuesta del legislador
consiste en otorgar protección y seguridad en el trabajo a las mujeres que se encuentren
laborando y se embaracen, tanto como aquellas que al solicitar algún empleo, éste se les
niegue, ante la eventualidad de encontrarse en estado de gravidez.
Como se aprecia en el comparativo
presentado, dicha pretensión legislativa se propone llevar a cabo mediante la
incorporación de una fracción adicional al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo,
siendo con ello necesario reformar las fracciones antecedentes a fin de guardar la debida
coherencia normativa y gramatical en el precepto en comento. En tal virtud, se propone que
la letra “y” misma que tiene una función conjuntiva y que actualmente se
encuentra en la fracción X, ubicarla en la fracción XI y adicionar la prohibición
propuesta por el inicialista mediante la inclusión de una nueva fracción XII.
En cuanto a lo sustantivo de la
iniciativa, lo cual consiste en incorporar la prohibición a los patrones de no negar el
derecho al empleo o a la permanencia en el mismo como consecuencia de que las mujeres
trabajadoras se encuentren embarazadas y que en principio pretende salvaguardar con ello
la protección a la mujer trabajadora, en un noble y loable propósito de evitar la
discriminación por virtud del proceso natural de la maternidad; resulta sana la
intención, empero, se hace necesario analizar jurídicamente la pertinencia de la misma
para determinar, en su caso, su procedencia y congruencia con la propia Ley Federal del
Trabajo.
El artículo 123 de la
Constitución General de la República es la piedra angular de donde derivan las
legislaciones secundarias en materia del trabajo y por ende, la propia Ley Federal del
Trabajo.
Como órgano tutelador de las
clases trabajadoras y también de las clases más desposeídas, el Constituyente de 1917
implementó en la Constitución una serie de innovaciones, en la rama del derecho, hoy
día conocida como derecho social. Es así como se incorporan una serie de garantías en
favor del trabajador (a) que elevados a rango constitucional le otorgan a la clase
trabajadora el reconocimiento de lo que le pertenece y la dignificación de sus reclamos
más preciados.
En el caso particular de la mujeres
trabajadoras se establece en la Norma Fundamental que durante el embarazo no realizarán
trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en
relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas
anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al
mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que
hubieren adquirido por la relación de trabajo. Finalmente, se establece que en el periodo
de lactancia, tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para
alimentar a sus hijos.
Ahora bien, la Ley Federal del
Trabajo, reglamentaria del artículo 123 constitucional, fija entre sus principios que las
normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones
entre trabajadores y patrones, tanto como la estabilidad en el empleo a favor de los
trabajadores.
Es así, como mediante una serie de
disposiciones previstas en la propia ley, de manera general, se establecen prohibiciones a
los patrones y se señala la nulidad de estipulaciones que se establezcan en los contratos
o convenios entre ambas partes donde se atente contra los derechos consagrados en la
propia ley. Tal es el caso del artículo 5o. en su fracción XIII donde se establece la
nulidad a la renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o
prerrogativas consignados en las normas de trabajo.
Por su parte en el Capítulo IV de
la multicitada Ley Federal, se establece lo correspondiente a la rescisión de las
relaciones de trabajo, ya sea por causas imputables al patrón o al trabajador. En el
artículo 47 se establecen las causales que no acarrean responsabilidad para el patrón;
es decir, aquellas causas atribuibles al trabajador por las cuales pueda el patrón
rescindir la relación de trabajo sin responsabilidad alguna. Fuera de estos supuestos,
toda circunstancia con la cual se pretenda acreditar la rescisión de la relación de
trabajo sin responsabilidad para el patrón, dará lugar a la reinstalación o a la
indemnización constitucional en favor del trabajador.
Debe decirse que no existe como
causal de rescisión sin responsabilidad para el patrón el estado de gestación o
gravidez de la trabajadora, por lo que, en caso de despido sustentada en tal
circunstancia, deberá indemnizársele o reinstalársele en el empleo.
Por otra parte, de las
prohibiciones establecidas en el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, se contempla
en la fracción VII: “ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores de los
derechos que les otorgan las leyes”. En tal virtud, cualquier acto de los patrones
que suponga una discriminación en razón del estado de gravidez de las mujeres
trabajadoras se encuentra implícitamente prohibido en la disposición de referencia.
En el mismo sentido el artículo
5o. de la citada Ley Federal laboral establece en su fracción XIII que no producirá
efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal la
estipulación que establezca la renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los
derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo. Por ende, será inválido
toda solicitud de certificado de no embarazo, cláusula contractual, decisión unilateral
de la parte patronal, acuerdo o pacto, por el cual se le obligue a la mujer trabajadora a
renunciar a sus derechos laborales o a su empleo; como consecuencia de un embarazo.
Ahora bien, se estima que de
implementarse la prohibición de solicitar a las trabajadoras un certificado de no
gravidez como requisito de ingreso al empleo, dicha disposición se traduciría en lo que
se denomina una norma imperfecta, pues su inobservancia por parte de la clase patronal
carecería de sanción, ya que ante la negativa de contratación de una mujer en estado de
embarazo, se carece de acción legal en contra del oferente del empleo ante las
autoridades en la materia en virtud de que aún no se ha establecido la relación laboral;
volviéndose nugatoria la prohibición incorporada al texto de la ley.
4. Modificaciones de la comisión a
la iniciativa.
Con sustento en los argumentos
vertidos por esta comisión en el análisis que antecede, tanto como los razonamientos
expresados respecto a la iniciativa en estudio; este órgano dictaminador considera
acertada la loable intención legislativa por lo que se refiere a procurar preservar el
principio de que gozan los trabajadores y en este caso, las trabajadoras, a la estabilidad
en el empleo.
En tal virtud se sugieren las
siguientes modificaciones a la propuesta originalmente presentada por el legislador:
Texto vigente:
Artículo 133. Queda prohibido a los patrones:
I a la IX. . . .
X. Portar armas en el interior de
los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones y
XI. Presentarse en los
establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un narcótico o droga
enervante.
Propuesta de
reformas de la comisión:
Artículo 133. Queda prohibido a los patrones:
I a la IX. . . .
X. Portar armas en el interior de
los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones.
XI. Presentarse en los
establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un narcótico o droga
enervante y
XII. Exigir como requisito de
contratación o de permanencia en el trabajo la presentación de una constancia o
certificado médico de no embarazo.
Comentario:
La fracción XII que se incorpora
al texto del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, establece una prohibición a los
patrones en aras de preservar el derecho al empleo y a la estabilidad en el mismo en favor
de las trabajadoras que se encuentren en estado de gravidez o embarazadas.
Al respecto, se considera que el
abuso por parte de los patrones al instrumentar medidas tendientes a separar de su empleo
a las mujeres embarazadas vulnera el espíritu de la propia ley y atenta contra los
principios mínimos de seguridad laboral. En este sentido se señala que la estabilidad en
el empleo es un principio que otorga carácter permanente a la relación de trabajo y hace
depender su disolución únicamente de la voluntad del trabajador y sólo excepcionalmente
de la del patrono, del incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y de
circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación que hagan imposible su
continuación.
Se considera necesario a fin de
darle claridad al precepto cuya propuesta se estudia, el incorporar al documento
denominado “certificado” que resulta genérico, el concepto de “constancia
o certificado médico”, pues con ello se complementa el dispositivo y se le da una
mayor precisión.
Texto vigente:
Artículo 51. Son causas de rescisión de la
relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:
I a la VII. . . .
VIII. Comprometer el patrón, con
su imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del establecimiento o de las personas
que se encuentren en él y
IX. Las análogas a las
establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias
semejantes, en lo que al trabajo se refiere.
Propuesta de
reformas de la comisión:
Artículo 51. Son causas de rescisión de la
relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:
I a la VII. . . .
VIII. Comprometer el patrón, con
su imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del establecimiento o de las personas
que se encuentren en él;
IX. Impedir el patrón la
permanencia del trabajador en el empleo por embarazo o gravidez del mismo y
X. Las análogas a las establecidas
en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes, en lo
que al trabajo se refiere.
Comentario:
Se incorpora una fracción
adicional donde se establece como causal de rescisión de la relación laboral sin
responsabilidad para la trabajadora, el que se le impida la permanencia al trabajador en
el empleo por embarazo o gravidez del mismo. De esta forma y de manera correlativa con la
adición propuesta al artículo 133 de la propia ley laboral, se complementa la figura
procurativa de protección a la mujer embarazada donde, ante su falta de observancia,
aparejadamente conlleva la sanción rescisoria al patrón y por ende la obligación
indemnizatoria en favor de la trabajadora.
En tal virtud, esta comisión
considera que el derecho a la estabilidad en el empleo que se viene vulnerando en
perjuicio de las trabajadoras embarazadas, emerge del espíritu de la propia legislación
laboral y con esta reforma se incorpora de forma explícita en el texto legal dando nuevo
vigor al dispositivo legal, tanto como certeza y seguridad jurídica al destinatario de la
norma.
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico. Las presentes reformas entrarán en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Comentario:
Los artículos transitorios son
aquellos que regulan situaciones especiales relativas a las leyes que se crean, reforman o
abrogan. En el caso particular se considera necesario señalar el inicio de la vigencia de
las reformas propuestas a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En tal virtud, se incorpora el
texto del proyecto un artículo único transitorio que regule el inicio de la vigencia de
las reformas en los términos expresados, cumpliendo con ello la formalidad establecida en
la ley de publicar en el órgano oficial toda reforma a la ley, a fin de que surta sus
efectos legales y en consecuencia, se exija su debida observancia.
Una vez realizado el anterior
análisis e incorporadas las modificaciones pertinentes, se da cuenta de los razonamientos
que llevaron a esta comisión a resolver la viabilidad del proyecto en comento, por lo que
se exponen los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero. Que es facultad del
Congreso del Estado, legislar sobre todos los ramos de la administración pública que
sean competencia del estado; asimismo, es facultad de los diputados presentar iniciativas
de leyes y decretos, de conformidad con lo previsto por los artículos 27 y 28 ambos en su
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
Segundo. Que es facultad del
Congreso del Estado, conocer de las iniciativas de reformas presentadas por los diputados
de su propia legislatura que afecten al ámbito de competencia federal y dictaminar sobre
la procedencia o improcedencia de las mismas para en su caso, dar curso al proceso
legislativo correspondiente ante el honorable Congreso de la Unión.
Tercero. Que la propuesta en
estudio, pretende incorporar a la Ley Federal del Trabajo prohibiciones a los patrones a
fin de que se abstengan de solicitar certificados de no embarazo tanto a las mujeres
trabajadoras, como a las solicitantes de empleo, pretendiendo con ello evitar la
discriminación y el inherente perjuicio social y económico a la clase trabajadora
femenina.
Cuarto. Que la iniciativa en
estudio deriva de una realidad social y una práctica patronal evidentemente
discriminatoria en perjuicio de las trabajadoras embarazadas o en estado de gravidez y en
consecuencia, demanda la propuesta de soluciones jurídicas donde se prevean sanciones a
los patrones que incurran en tales conductas.
Quinto. Que la propuesta de
establecer la prohibición a los patrones de solicitar certificados de no embarazo a las
trabajadoras solicitantes de empleo, se estima necesaria, incorporándose además como
causal de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador, el
impedir el patrón la permanencia en el empleo del trabajador en virtud su estado de
embarazo.
Sexto. Que en la Ley Federal del
Trabajo, figura como uno de sus principios la estabilidad en el empleo y por ende, el
irrenunciable derecho de las trabajadoras o no separarse de su trabajo ante la
eventualidad de estar embarazadas o en estado de gravidez.
Séptimo. Que se considera
necesario e impostergable la inclusión de la prohibición a los patrones, de exigir a las
mujeres trabajadoras como condición para su permanencia en el empleo, la entrega de una
constancia o certificado de no embarazo o no gravidez y, correlativamente, la sanción
rescisoria sin responsabilidad para el trabajador con la inherente carga patronal
indemnizatoria, ante la inobservancia de dicho dispositivo.
Octavo. Que como representantes
populares, debemos atender las demandas y reclamos más sentidos de la ciudadanía y
buscar la realización de aquellas acciones que tiendan al beneficio de todos los sectores
de la población, particularmente para quienes se encuentran en una situación vulnerable.
Por lo anteriormente expuesto, la
comisión que suscribe somete a la consideración de esta honorable Asamblea de la XVII
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, el siguiente
PUNTO
RESOLUTIVO
Unico. Se aprueba la remisión a la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de reformas a los artículos
51 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que se inicie el proceso legislativo
federal correspondiente, lo anterior para quedar como siguen:
Artículo 51. Son causas de rescisión de la
relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:
I a la VII. . . .
VIII. Comprometer el patrón, con
su imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del establecimiento o de las personas
que se encuentren en él.
IX. Impedir el patrón la
permanencia del trabajador en el empleo por embarazo o gravidez del mismo y
X. Las análogas a las establecidas
en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes, en lo
que al trabajo se refiere.
Artículo 133. Queda prohibido a los patrones:
I a la IX. . . .
X. Portar armas en el interior de
los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones.
XI. Presentarse en los
establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un narcótico o droga
enervante y
XII. Exigir como requisito de
contratación o de permanencia en el trabajo, la presentación de una constancia o
certificado médico de no embarazo.
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico. Las presentes reformas entrarán en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Sala de comisiones “doctor
Francisco Dueñas Montes” de este Poder Legislativo en la ciudad de Mexicali, capital
del Estado de Baja California, a 24 de julio de 2002.— Diputados: Fernando Jorge Castro Trenti, presidente; Ricardo Rodríguez Jacobo, secretario; Enrique Acosta Fregozo, Jesús Alejandro Ruiz Uribe
y Raúl Felipe Ruiz, vocales.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Trabajo Previsión Social.
BANCO DE
MEXICO
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Banco de México.—
Gobernador
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
El artículo 51 de la Ley del Banco
de México contiene disposiciones para conciliar la autonomía del Instituto Central con
la necesaria rendición de cuentas sobre su gestión. La fórmula que el Legislativo ha
considerado más apropiada para dicho fin es la presentación por el Banco Central de
informes sobre sus políticas y actividades. El artículo citado señala en su fracción
II, que en septiembre de cada año este Instituto Central enviará al Ejecutivo Federal y
al Congreso de la Unión, un informe sobre la ejecución de la política monetaria durante
el primer semestre del ejercicio de que se trate.
En cumplimiento de lo anterior y
por acuerdo de la Junta de Gobierno de este Instituto Central tomado con fundamento en la
fracción IX del artículo 46 de la ley que lo rige, este Banco de México adjunto envía
el Informe sobre la Política Monetaria*
aplicada durante el primer semestre de dos mil dos. En apego al ordenamiento legal, el
citado Informe se concentra en las acciones de política monetaria instrumentadas durante
dicho semestre. Cabe mencionar que las referidas acciones fueron oportunamente reseñadas
en los informes sobre la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso,
los cuales también se anexan al presente documento.
La Junta de Gobierno del Banco de
México acordó publicar informes trimestrales sobre la inflación en los meses de enero,
abril, julio y octubre de cada año. Los informes sobre la inflación contienen una
descripción detallada de la evolución de la inflación y de los principales factores que
la afectaron, así como la evaluación del entorno económico que sirvió de fundamento
para las medidas de política monetaria instrumentadas durante el periodo de referencia.
Por último, hacemos de su conocimiento que los informes sobre la inflación
correspondientes al primero y segundo trimestres del presente año fueron enviados en su
oportunidad a los miembros de las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara
de Senadores, de Hacienda y Crédito Público, así como de Presupuesto y Cuenta Pública
de la Cámara de Diputados y al Ejecutivo Federal.
Atentamente.
México, D.F., a 25 de septiembre
de 2002.— Guillermo Ortiz.»
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Recibo y túrnese a las comisiones de Hacienda y
Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
* El informe se encuentra en el Volumen II, página
119.
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Pasamos al capítulo de iniciativas
de diputados.
Tiene la palabra la diputada Celia
Martínez Bárcenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para presentar una iniciativa que adiciona un párrafo al inciso a de la fracción III del artículo 5o. de la Ley
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
La diputada Celia Martínez Bárcenas:
Con su permiso, señora Presidenta;
con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados:
La que suscribe, Celia Martínez
Bárcenas, diputada federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión,
con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso de la Unión, me permito someter a la consideración del
pleno de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que
adiciona un párrafo segundo al inciso a de la
fracción III del artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores,
en base a la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
Con fecha 25 de junio de 2002, fue
publicada la Ley de las Personas Adultas Mayores aprobada por el Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos. En este ordenamiento se creó una Ley de Orden Público, de
Interés Social y de Observancia General en la República y que tiene por objeto
garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores y establecer los
deberes que corresponden al Estado, la sociedad y la familia en la atención de vida
insuficiente a este sector sensiblemente vulnerable de la población.
Esta iniciativa se inscribe en el
propósito de fortalecer e instrumentar la parte relativa a la satisfacción del derecho
básico e insoslayable de la alimentación de nuestros adultos mayores.
Se orienta a procurar que cada
persona adulta mayor, aún los que no sean beneficiarios de alguna prestación social,
puedan cuando menos contar con la asistencia alimenticia básica.
Recordemos que en México, al igual
que en el resto del mundo, el número de mujeres y hombres de edad avanzada es mayor cada
día. Lo anterior, como resultado exitoso de las políticas de salud que gracias al avance
en la tecnología preventiva y curativa de muchas enfermedades, amplía las expectativas
de llegar a la tercera edad en mejores condiciones.
En todos los foros nacionales e
internacionales, se ha reconocido esa tendencia y expresado la preocupación de que las
expectativas de más vida se complementen en una mejor calidad de ésta.
En este contexto, el derecho a la
alimentación básica pero suficiente para todos, resulta requerimiento primario e
insoslayable, esto es, lo menos que podemos ofrecer a aquellos que durante su avanzada
existencia han contribuido invaluablemente en la construcción de este país y que, sin
embargo, se ven condenados muchas veces a una condición de pobreza extrema y
marginación.
La Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó una resolución que incluye los principios de las Naciones Unidas a favor
de las personas de edad para que los países afiliados los incorporen a sus programas
nacionales de salud, con el propósito fundamental de dar mejores condiciones a los años
que el desarrollo ha permitido se agreguen a la vida de nuestros mayores.
La Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores, recientemente enfrenta ese reto y responde adecuadamente a las
recomendaciones internacionales; sin embargo, preocupa la situación de extrema pobreza en
que viven muchas mexicanas y mexicanos en edad adulta, quienes al final de sus días se
encuentran sin asistencia y apoyo para sus necesidades más elementales, olvidados en los
lugares más recónditos del país.
Es cierto que la legislación civil
dispone que son los familiares quienes en primer término tienen la obligación de
proporcionarles alimentos, pero lo es también que la evolución social nos enseña que
esto en muchos casos no es suficiente.
Es cierto también que la reciente
aprobada Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores crea normas, instituciones,
políticas, programas y hasta instrumentos para atender este problema, pero también lo es
que los propósitos y políticas no han llegado a aterrizar y que los beneficios y
resultados esperados todavía no son una realidad.
La propuesta contenida en esta
iniciativa se enfoca a establecer obligaciones concretas y urgentes para atender
principalmente a las familias campesinas a fin de evitar que quienes han aportado su
fuerza de trabajo a través de toda una vida para proveernos de los productos básicos de
alimentación, sean precisamente los que ante la merma progresiva de sus capacidades
padezcan hambre y sean quienes vivan en la miseria extrema.
Esta propuesta asistencial también
considera a la población urbana de mayor edad, cuya situación se ve agravada por el
debilitamiento de los lazos familiares en las grandes urbes y las particulares tensiones
sociales de éstas.
La vejez, como ha dicho Elena
Poniatowska, no debe ser la antesala de la muerte.
Esta propuesta pretende regular e
instrumentar el derecho de entrega de una canasta básica mensual para asegurar la
erradicación del hambre que padecen muchas personas adultas mayores que no cuentan con
ninguna prestación social y que son precisamente las que más difícilmente tienen acceso
a la asistencia pública y que muchas veces no tienen familiares o que teniéndolos no
reciben de ellos ningún apoyo.
La condición de tales personas
será determinada a través del estudio socioeconómico que se realice; la garantía del
cumplimiento de la obligación respectiva tendrá que ser el resultado de una acción
colectiva en la que participen las instituciones de la Federación, de las entidades
federativas, los municipios, la sociedad civil organizada, coordinada por el Instituto
Nacional de las Personas Adultas Mayores, concertada y regulada operativamente por los
acuerdos o convenios de cooperación específicos.
La entrega de la canasta básica
deberá ser a través de los ayuntamientos y delegaciones del Distrito Federal, quien por
la vinculación estrecha y cercanía de sus autoridades con la comunidad, tiene mayor
conocimiento de la problemática social de su entorno.
Es importante mencionar que existen
diversas iniciativas presentadas por compañeros diputados de esta Legislatura en las que
se propone la reforma y adiciona al artículo 4o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos para asegurar el derecho general a la alimentación como
responsabilidad compartida de la sociedad, la familia y el Estado.
Para garantizar a la población que
no cuente con ingreso suficiente la provisión de una canasta básica, nos adherimos y
hacemos propios los principios y objetivos de esas iniciativas para dar mayor sustento y
motivación a esta iniciativa.
También es pertinente destacar que
la iniciativa se apoya y fundamenta igualmente en la reciente reforma al artículo 1o. de
la Constitución General de la República, concretamente en la adición de un párrafo
tercero a dicha disposición constitucional para prohibir categóricamente toda forma de
discriminación, incluyendo específicamente aquella motivada por la edad, que menoscabe
los derechos y libertades de las personas.
Por lo antes expuesto y con
fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en
el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la
Unión, me permito someter a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la
presente
INICIATIVA
Con proyecto de decreto por el que
se adiciona un párrafo segundo al inciso a de
la fracción III del artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores, para quedar como sigue:
“Artículo 5o.
III. . . . .
a). . . .
Para garantizar el derecho a la
alimentación de las personas adultas mayores, se establecerá un programa de entrega de
una canasta básica mensual por parte de los sujetos responsables de la aplicación y
seguimiento de esta ley, para cada una de dichas personas que por no contar con alguna
prestación social que les permita la satisfacción de este derecho básico y previo
estudio socioeconómico que se realice, requerirán de la asistencia pública para
satisfacerlo. El instituto promoverá la concertación y colaboración interinstitucional
e intersectorial para que se dé pleno cumplimiento a esta disposición, así como para
excitar a las autoridades correspondientes a efecto de que se hagan las asignaciones
presupuestales necesarias.”
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Agradezco mucho su atención.
Presidencia de la diputadaMaría Elena
Alvarez Bernal
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, diputada Martínez
Bárcenas.
Túrnese la iniciativa a la Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables.
La siguiente iniciativa agendada en
el orden del día, a petición del grupo parlamentario del PRD, se pospone para próxima
sesión.
LEY DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL CAMPO
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra la diputada
Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar
una iniciativa de Ley de Asistencia y Seguridad Social para el Campo.
La diputada Rosalía Peredo Aguilar:
Con su permiso, señora Presidenta;
secretarios de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de
la Unión:
Los suscritos diputados federales a
la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de la fracción
parlamentaria del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno
de la Cámara de Diputados por el digno conducto de ustedes, la presente iniciativa con
proyecto de decreto de la Ley de Seguridad y Asistencia Social para el Campo, con base en
la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
Desde la época prehispánica hasta
nuestros días, los productores del campo han sido esclavizados, desposeídos,
congregados, desplazados y en el mejor de los casos reconocidos o dotados de tierra para
su usufructo, sin que en ninguna etapa de la vida agraria de nuestro país exista alguna
mínima garantía de bienestar social.
La lucha social agraria a lo largo
de más de cinco siglos permitió la distribución de la tierra y la existencia hoy de las
diferentes expresiones en la tenencia. Sin duda, el mayor de los éxitos fue el siglo
pasado al alcanzar un peldaño en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos el artículo 27, mismo que permitió acabar con los latifundios y poner un alto
al despojo masivo y sistemático de los bienes comunales y ejidales.
Es de destacarse también los
terribles medios de dominación y explotación de que fueron víctima los habitantes del
México antiguo en la época de la Conquista por parte de los españoles, al despojar de
manera brutal de sus propiedades a los habitantes, pues las tierras eran repartidas entre
los conquistadores, el clero y el trono español, obligando a la población a trabajar las
tierras dando lugar a la creación de diversas formas de explotación legalizadas por el
trono español, entre las que podemos encontrar a la que se le llamó “la
encomienda”, que conservaba el auténtico señorío feudal de percibir servicios y
tributos mediante cesión real. Estos señores feudales titulares de este derecho, como
retribución a estas canonjías explotaban mediante la fuerza a los pobladores,
obligándolos a trabajar la propiedad social en beneficio directo del gobierno
monárquico.
El movimiento de Independencia de
1810 permitió el surgimiento pleno de la nación mexicana. La soberanía de nuestro
territorio y el nacimiento del federalismo fueron sin duda conquistas invaluables para
nuestro pueblo, sin embargo, los trabajadores del campo percibieron pocos o nulos
beneficios del movimiento insurgente. Las grandes propiedades en manos de la Iglesia y de
los hacendados convienen con las formas de propiedad comunal, que no fueron beneficiadas
por un esquema que seguía manteniendo las condiciones de explotación de la población
dedicada al campo.
Incluso, las reformas juaristas que
propiciaron la desaparición del poder económico de la Iglesia en nuestro país,
vulneraron a la propiedad comunal porque las disposiciones jurídicas impulsadas por los
liberales permitieron que dicha propiedad se incorporara al mercado de la tierra.
Con ello se dio lugar al despojo
del único bien que po- seían los campesinos. Por ello una de las causas fundamentales
del movimiento armado de 1910, fue la terrible injusticia de la que seguían siendo
víctimas los campesinos, pues los hacendados despojaban al campesino de sus pequeñas
propiedades, la gente del campo era explotada al ser obligada a trabajar con salarios
miserables que se pagaban en especie sin acceso a los servicios de salud ni mucho menos
existía la posibilidad de que las autoridades les proporcionaran los medios legales para
mejorar sus condiciones de vida.
Como resultado del movimiento
armado, las demandas sociales fueron el eje fundamental que dio forma a la Constitución
de 1917 en cuyo texto por primera vez se contemplan las garantías individuales y las
garantía sociales. O sea, el derecho que tienen los habitantes de la República para
llevar una existencia digna y el deber del Estado para asegurar que así se cumpla.
Sin embargo y desde que el
Constituyente de 1917 incorporó al texto constitucional la figura jurídica de las
garantías sociales, éstas no se han observado y aplicado en forma general a todos lo
sectores de nuestra sociedad, pues si bien es cierto que existe en nuestra actual
Constitución el artículo 123, éste únicamente determina los lineamientos jurídicos a
los que se deberá sujetar la relación laboral de los obreros, jornaleros, empleados,
artesanos y de una manera general todos aquellos que estén sujetos a un contrato de
trabajo.
Como consecuencia de lo anterior,
el gobierno está obligado a proteger a este sector de la población trabajadora a través
de dependencias oficiales como la Secretaría de Educación Pública, instituciones de
seguridad social entre las que se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, así
como institutos de vivienda que garantizan el bienestar de los trabajadores.
Sin embargo, en forma indebida e
inexplicable quienes obtienen ingresos del campo para subsistir han sido excluidos
parcialmente de estos beneficios, pues la mayor parte de los campesinos no cuentan con
contrato de trabajo alguno y por lo tanto no tienen acceso a los servicios de salud que le
permitan vivir en condiciones físicas adecuadas, no cuentan con el beneficio de tener una
pensión por incapacidad física, por accidente o por vejez.
Tampoco cuenta con el apoyo del
Estado para tener una vivienda digna, el campesino no puede asegurar su futuro ni el de su
familia por no contar con seguros de vida, de vejez, es decir, el campesino hasta este
momento no cuenta con una ley que le permita gozar de los beneficios que tiene el
trabajador de la industria petrolera, de la industria eléctrica o de algunos trabajadores
al servicio del Estado, por citar algunas actividades.
Los trabajadores del campo no han
sido valorados en su real dimensión, pues su trabajo ha sido fundamental para el
desarrollo económico del país, sin el concurso de este sector de trabajadores, la
industrialización en México no hubiera sido posible.
Como sabemos, enormes flujos de
excedentes de nuestro producto agropecuario, a mediados del siglo pasado fueron utilizados
para desarrollar la industria y los servicios que eran necesarios para la modernización
de nuestro país.
Existe una desproporción entre los
beneficios que este sector aporta al país y el apoyo a su desarrollo casi nulo que otorga
el Estado a los trabajadores de la propiedad social, pues según datos de la oficina para
el desarrollo de los pueblos indígenas de la Presidencia de la República, existe una
elevada tasa de mortalidad infantil en el sector rural ocasionado por la desnutrición,
por la escasa infraestructura en saneamiento ambiental, baja cobertura en los servicios de
salud, deficiente capacidad resolutiva de los mencionados servicios de salud.
Por estas mismas razones y al no
existir una institución específica de atención a este sector de la nación, las mujeres
embarazadas tienen serias deficiencias alimentarias que dan origen a nacimientos de seres
humanos con defectos físicos o síquicos, que las mujeres embarazadas no cuenten con un
centro hospitalario que les brinde atención en sus partos, que los campesinos puedan,
perecer incluso por una simple enfermedad intestinal, peor aún, por enfermedades más
graves como lo es la diabetes, el cáncer y demás problemas de salud pública de
carácter complejo.
Por otra parte debe observarse que
no obstante que el artículo 4o. constitucional reconoce la composición pluricutural de
la nación mexicana y que en dicho precepto constitucional se reconoce la obligación del
Estado de pro- porcionar a los habitantes de la nación mexicana, servicios en materia de
salud, derecho a la pensión, el derecho a la vivienda digna, aún enfrentamos ausencias
de orden legal que debemos subsanar.
En este sentido, creemos que la Ley
de Seguridad y Asistencia social para el campo reconocería el derecho que asiste a este
sector de la población que está desprotegido.
Por esta causa es necesario que
esta Cámara de Diputados legisle sobre la materia y que se consolide con esta iniciativa
de ley con proyecto de decreto, que va a dotar de los elementos jurídicos necesarios para
que los trabajadores de la propiedad social y pequeña propiedad en el campo, tengan a su
servicio instituciones de salud, así como todos los beneficios que presuponen las
garantías sociales contenidas en nuestra Carta Magna.
Esta ley reivindica los derechos de
los campesinos, proporcionando además las instituciones con personalidad jurídica y
patrimonio propio que se encargarán de mejorar su nivel de vida. De ahí que resulte
necesario que esta legislatura proceda a aprobar este proyecto de ley, realizando incluso
modificaciones al texto constitucional en sus artículos 3o., 4o., 27 y 123 para
determinar con precisión los alcances de esta ley.
Por esta razón y por razón de
tiempo, solicito a esta Presidencia instruya una inserción íntegra de esta iniciativa en
el Diario
de los Debates y sea turnada a la Comisión de Seguridad Social.
Muchas gracias.
«Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.—
Presentes.
Los suscritos diputados federales a
la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes de la fracción
parlamentaria del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno
de la honorable Cámara de Diputados, por el digno conducto de ustedes, la presente
iniciativa con proyecto de decreto de la Ley de Seguridad y Asistencia Social para el
Campo, con base en la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
Desde la época prehispánica hasta
nuestros días, los productores del campo han sido esclavizados, desposeídos,
congregados, desplazados y en el mejor de los casos reconocidos o dotados de tierras para
su usufructo, sin que en ninguna etapa de la vida agraria de nuestro país, exista alguna
mínima garantía de bienestar social.
La lucha social agraria a lo largo
de más de cinco siglos permitió la redistribución de la tierra y la existencia hoy de
las diferentes expresiones en la tenencia.
Sin duda, el mayor de los éxitos
fue el siglo pasado, al alcanzar un peldaño en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos: el artículo 27, mismo que permitió acabar con los latifundios y poner
un alto al despojo masivo y sistemático de los bienes comunales y ejidales.
Es de destacarse también los
terribles medios de dominación y explotación de que fueron víctimas los habitantes del
México antiguo, en la época de la Conquista, por parte de los españoles, al despojar de
manera brutal de sus propiedades a los habitantes, pues las tierras eran repartidas entre
los conquistadores, el clero y el trono español, obligando a la población a trabajar las
tierras, dando lugar a la creación de diversas formas de explotación, legalizadas por el
trono español, entre las que podemos encontrar, a la que se le llamó la encomienda, que
conservaba el auténtico señorío feudal de percibir servicios y tributos mediante
cesión real, estos señores feudales titulares de este derecho, como retribución a estas
canonjías, explotaban mediante la fuerza a los pobladores, obligándolos a trabajar la
propiedad social, en beneficio directo del gobierno monárquico.
El movimiento de Independencia de
1810 permitió el surgimiento pleno de la nación mexicana. La soberanía de nuestro
territorio y el nacimiento del federalismo fueron, sin duda, conquistas invaluables para
nuestro pueblo.
Sin embargo, los trabajadores del
campo percibieron pocos o nulos beneficios del movimiento insurgente. Las grandes
propiedades en manos de la Iglesia y de hacendados convivían con las formas de propiedad
comunal, que no fueron beneficiadas por un esquema que seguía manteniendo las condiciones
de explotación de la población dedicada al campo.
Incluso, las reformas juaristas que
propiciaron la desaparición del poder económico de la Iglesia en nuestro país,
vulneraron a la propiedad comunal porque las disposiciones jurídicas impulsadas por los
liberales, permitieron que dicha propiedad se incorporara al mercado de la tierra. Con
ello, se dio lugar al despojo del único bien que poseían los campesinos.
Por ello, una de las causas
fundamentales del movimiento armado de 1910, fue la terrible injusticia de la que seguían
siendo víctimas los campesinos, pues los hacendados, despojaban al campesino de sus
pequeñas propiedades, la gente del campo era explotada al ser obligada a trabajar, con
salarios miserables que se pagaban en especie, sin acceso a los servicios de salud ni
mucho menos existía la posibilidad de que la autoridad le proporcionara los medios
legales para mejorar sus condiciones de vida.
Como resultado del movimiento
armado, las demandas sociales fueron el eje fundamental que dio forma a la Constitución
de 1917, en cuyo texto por primera vez, ya se contemplan las garantías individuales y las
garantías sociales, o sea el derecho que tienen los habitantes de la República, para
llevar una existencia digna, y el deber del Estado, para asegurar que así se cumpla.
Sin embargo y desde que el
Constituyente de 1917 incorporó al texto constitucional la figura jurídica de las
garantías sociales, éstas no se han observado y aplicado en forma general a todos los
sectores de la sociedad, pues si bien es cierto que existe en nuestra actual Constitución
el artículo 123, éste únicamente determina los lineamientos jurídicos a los que se
deberá sujetar la relación laboral de los obreros, jornaleros, empleados, artesanos, y
de una manera general todos aquellos que estén sujetos a un contrato de trabajo.
Como consecuencia de lo anterior,
el Gobierno está obligado a proteger a este sector de la población trabajadora a través
de dependencias oficiales como la Secretaría de Educación Pública, instituciones de
seguridad social entre las que se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, así
como institutos de vivienda, que garantizan el bienestar de los trabajadores.
Sin embargo, en forma indebida e
inexplicable, quienes obtienen ingresos del campo, para subsistir, han sido excluidos
parcialmente de estos beneficios, pues la mayor parte de los campesinos no cuenta con
contrato de trabajo alguno y por lo tanto no tienen acceso a los servicios de salud que le
permitan vivir en condiciones físicas adecuadas, no cuentan con el beneficio de tener una
pensión, por incapacidad física, por accidente o por vejez.
Tampoco cuentan con el apoyo del
Estado para tener una vivienda digna. El campesino no puede asegurar su futuro ni el de su
familia, por no contar con seguros de vida, de vejez, es decir, el campesino hasta este
momento no cuenta con una ley que le permita gozar de los beneficios que tiene un
trabajador de la industria petrolera, de la industria eléctrica o de los trabajadores al
servicio del Estado, por citar algunas actividades.
Los trabajadores del campo no han
sido valorados en su real dimensión, pues su trabajo ha sido fundamental para el
desarrollo económico del país, sin el concurso de este sector de trabajadores la
industrialización en México no hubiera sido posible. Como sabemos, enormes flujos de
excedentes de nuestro producto agropecuario a mediados del siglo pasado, fueron utilizados
para desarrollar la industria y los servicios que eran necesarios para la modernización
de nuestro país.
Existe una desproporción entre los
beneficios que este sector aporta al país, y el apoyo a su desarrollo casi nulo que
otorga el Estado a los trabajadores de la propiedad social. Pues según datos de la
Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República,
existe una elevada tasa de mortalidad infantil en el sector rural, ocasionada por la
desnutrición, por la escasa infraestructura en saneamiento ambiental, baja cobertura en
los servicios de salud, deficiente capacidad resolutiva de los mencionados servicios de
salud.
Por estas mismas razones y al no
existir una institución específica de atención a este sector de la nación, las mujeres
embarazadas tienen serias deficiencias alimentarias, que dan origen a nacimientos de seres
humanos con defectos físicos o psíquicos, que las mujeres embarazadas no cuenten con un
centro hospitalario que les brinde atención en sus partos, que los campesinos, puedan
perecer, incluso por una simple enfermedad intestinal, peor aún, por enfermedades más
graves, como lo es la diabetes, el cáncer y demás problemas de salud pública de
carácter complejo.
Por otra parte, debe observarse,
que no obstante que el artículo 4o. constitucional, reconoce la composición
pluricultural de la nación mexicana, y que en dicho precepto constitucional, se reconoce
la obligación del Estado de proporcionar a los habitantes de la nación mexicana,
servicios en materia de salud, derecho a la pensión, el derecho a la vivienda digna, aún
enfrentamos ausencias de orden legal que debemos subsanar. En este sentido creemos que la
Ley de Seguridad y Asistencia Social para el Campo reconocería el derecho que asiste a
este sector de la población que está desprotegido.
Por esta causa, es necesario, que
esta Cámara de Diputados, legisle sobre la materia, y que se consolide con esta
iniciativa de ley con proyecto de decreto, que va a dotar de los elementos jurídicos
necesarios, para que los trabajadores de la propiedad social y pequeña propiedad en el
campo, tengan a su servicio instituciones de salud, así como todos los beneficios que
presuponen las garantías sociales contenidas en nuestra Carta Magna.
Esta ley reivindica los derechos de
los campesinos, proporcionando además las instituciones con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que se encargarán de mejorar su nivel de vida
De ahí que resulte necesario que
esta Legislatura, proceda a aprobar este proyecto de ley, realizando incluso
modificaciones al texto constitucional en sus artículos 3o., 4o., 27 y 123, para
determinar con precisión los alcances de esta ley.
Compañeras y compañeros
diputados: por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción
II, 56, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la
presente
INICIATIVA
De ley, con proyecto de decreto,
mediante el cual se crea la Ley de Seguridad y Asistencia Social para el Campo, para
quedar como sigue:
LEY
DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL CAMPO
TITULO PRIMERO
CAPITULO
UNICO
Disposiciones
Generales
Artículo 1o. La presente ley es de observancia
general en toda la República, en la forma y términos que en ella se establecen, sus
disposiciones son de orden público y de interés social para proteger a los trabajadores
del campo.
Artículo 2o. El Estado, a través de esta ley,
garantizará la protección integral del trabajador del campo, y de su familia, mediante
un régimen de seguridad social y un régimen de asistencia social.
Artículo 3o. El régimen de seguridad social
ofrece protección al trabajador del campo, en los casos de enfermedad y accidente de
origen común o relacionado con su trabajo desarrollado; maternidad, invalidez y vejez, y
en caso de muerte del trabajador protege a su familia.
Artículo 4o. El régimen de asistencia social
incluye la protección a los ancianos; a las personas no aptas para trabajar, pero que
pertenezcan a este sector de la población, así como aquellas personas, cuyas necesidades
esenciales no estén aseguradas por otras instituciones del sector, o que por sus
condiciones de vida o de salud, requieran protección y no puedan solucionar sus
dificultades sin ayuda institucional.
Artículo 5o. La seguridad social para el campo,
tiene por objeto hacer efectivo el mandato constitucional de garantizar el derecho a la
salud, a recibir asistencia médica; a garantizar y proporcionar los medios de
subsistencia, así como los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y
colectivo de los trabajadores del campo y de sus familias.
Artículo 6o. Se establece el derecho que tiene el
trabajador del campo a percibir una pensión a cargo del erario público, previas las
condiciones y requisitos que esta ley determine para tal efecto.
Artículo 7o. La Federación será la encargada de
proporcionar la seguridad social para los trabajadores del campo, en forma primordial, sin
embargo, ésta podrá celebrar convenios con los estados integrantes del pacto federal,
con organismos públicos descentralizados, o con los municipios, conforme a los
lineamientos establecidos por esta ley y demás leyes relacionadas con la materia.
Artículo 8o. Se establece que la seguridad social
para los trabajadores del campo es un servicio público de carácter nacional en los
términos de esta ley, por lo que se crea la institución a la que se le denomina,
Instituto Mexicano de Seguridad y Asistencia Social para los Trabajadores del Campo.
Artículo 9o. El Instituto Mexicano de Seguridad y
Asistencia Social para los Trabajadores del Campo, es una institución pública
descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Artículo 10. Los servicios de seguridad y
asistencia social que preste la institución, son de carácter gratuito, por lo que la
afiliación al Instituto Mexicano de Seguridad y Asistencia Social para los Trabajadores
del Campo, no tendrá más limitaciones que las que esta propia ley determina.
TITULO SEGUNDO
Regimen de Seguridad Social
CAPITULO
I
Personas
protegidas
Artículo 11. Están protegidos por esta ley:
I. Los trabajadores del campo que
desarrollan sus actividades primordialmente en tierras de propiedad social,
comprendiéndose éstas, las tierras comunales, el sistema ejidal, o la pequeña
propiedad.
Artículo 12. La familia del trabajador del campo,
comprendiéndose como tal, a quienes, en línea directa ascendente o descendente dependan
económicamente del trabajador, así como quienes se encuentren incorporados a su
domicilio en forma permanente.
Artículo 13. El trabajador del campo, que se
encuentre estudiando, en instituciones oficiales, cualquiera que sea el grado de estudios
que llegare a cursar, demostrando previamente, el aprovechamiento técnico, científico o
cultural que vaya obteniendo, en forma satisfactoria.
Artículo 14. Las personas que se encuentren
privadas de su libertad y sus familias, siempre y cuando el recluso realice alguna
actividad que genere ingresos a su familia o a la sociedad.
Artículo 15. La familia del recluso, en los casos
de invalidez y muerte ocasionada por accidente de trabajo.
CAPITULO
II
Prestaciones
Artículo 16. Las prestaciones a que tiene derecho
el trabajador del campo y su familia, así como las personas que se establecen en el
capítulo anterior se clasifican en:
I. Prestaciones en servicios.
II. Prestaciones en especie.
III. Prestaciones monetarias.
Artículo 17. Son prestaciones en servicios, y que
el Estado ofrecerá gratuitamente:
A) La asistencia médica,
preventiva, curativa, hospitalaria general y especializada.
B) La rehabilitación física,
psíquica y laboral.
Artículo 18. Se determinan como prestaciones en
especie, y que el Estado suministrará en forma gratuita, a las siguientes:
A) Los medicamentos y la
alimentación que se requiera, mientras el paciente se encuentra hospitalizado.
B) Los aparatos de ortopedia,
prótesis, aparatos auditivos, anteojos, y demás aparatos científicos, que ayuden a
mejorar la calidad de vida, de quienes sufran accidentes de trabajo, enfermedades comunes,
o enfermedades profesionales.
C) Los medicamentos, que requiera
el paciente, en los casos de enfermedades comunes, accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales que no requieran hospitalización.
D) La rehabilitación.
Artículo 19. Son prestaciones monetarias, las
siguientes:
A) La pensión por enfermedad o
accidente.
B) La pensiones, por invalidez
total o parcial.
C) La pensión por jubilación.
D) La pensión originada por la
muerte del trabajador.
E) El seguro de sobrevivencia, para
el caso de fallecimiento, del incapacitado, que otorgue a sus beneficiarios las pensiones
y demás prestaciones económicas a que tengan derecho, en los términos de esta ley.
Artículo 20. Las prestaciones monetarias, pueden
alcanzar, hasta el pago de cinco salarios mínimos diarios, de los asignados a la región,
considerándose las necesidades del asegurado, así como de las personas que dependan
económicamente del mismo, previo estudio socioeconómico que practique el personal
autorizado de la institución.
Artículo 21. El pago de la pensión por invalidez
parcial se determinará de acuerdo al grado de incapacidad física, la incapacidad para
desarrollar cualquier actividad productiva que le pueda proporcionar ingresos económicos,
su edad, sus dependientes económicos, su status
económico, previo procedimiento de evaluación que se practique conforme a las reglas que
esta ley fija al respecto.
Artículo 22. El pago por invalidez total, se
determinará, conforme a las necesidades reales del asegurado, y considerándose, su edad,
sus dependientes económicos, si éstos se encuentran estudiando en escuelas oficiales, si
alguno de ellos sufre alguna enfermedad o grado de discapacidad física o mental, una vez
realizado el procedimiento de certificación que practicará el personal competente de la
institución.
Artículo 23. El pago de pensión por edad
avanzada, se hará a partir de los 60 años de edad, que acredite tener el asegurado, o
antes si se demuestra la existencia de la pérdida de capacidades físicas síquicas o
intelectuales del asegurado, por causas atribuibles a su edad. Este pago será por lo
menos de tres salarios mínimos, que previamente el Gobierno haya determinado para la
región que corresponda. Teniendo como máximo el pago de cinco salarios mínimos, previa
determinación que haga el personal autorizado para tal fin, por esta ley.
Artículo 24. No puede percibirse,
simultáneamente, más de una prestación de seguridad social, por vía de pensión. La
persona que pudiera tener derecho a más de una de ellas, deberá optar por la que
considere más conveniente, pudiendo variar la opción en cualquier momento.
Artículo 25. Para la realización de los
trámites que se lleven a cabo, para otorgar las prestaciones a que se refiere este
capítulo, se procurará simplificar el procedimiento administrativo, limitándose la
institución a recibir de manera inmediata las solicitudes de los asegurados, así como a
determinar el derecho existente para reclamar la prestación respectiva, conforme a las
reglas que esta ley determina, sin que pueda excederse el procedimiento, por más de 30
días naturales.
Artículo 26. Los derechos de seguridad social, y
las acciones para demandar su reconocimiento son imprescriptibles. Salvo los casos
específicos que esta ley determina.
Artículo 27. La institución está obligada a
prestar la asesoría y auxilio necesario a los asegurados para realizar los trámites
administrativos a que se refiere este capítulo, trámites de los que se encargará el
departamento jurídico del Instituto.
CAPITULO
III
Tiempo
de servicios
Artículo 28. Se entiende por año de servicios,
el tiempo normal de trabajo que se desarrolle en el campo, comprendiendo en el periodo de
12 meses consecutivos.
Artículo 29. El tiempo de servicios, por la
naturaleza misma del trabajo, puede acreditarse mediante prueba documental, testimonial o
constancia que expida la autoridad agraria o municipal.
Artículo 30. Corresponde al departamento
jurídico-administrativo de la institución, valorar en todos los casos las pruebas
aportadas, a fin de admitirlas o rechazarlas, para el ofrecimiento y desahogo, así como
la valoración de las pruebas aportadas, se estará a lo previsto por el Código Federal
de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.
Artículo 31. Se acreditará y se computará como
tiempo activo de servicio, los siguientes casos:
a) La inactividad del trabajador
debida a enfermedad o incapacidad causada por accidente de cualquier tipo, así como el
tiempo que dure su invalidez parcial y el tratamiento de rehabilitación.
b) Licencia retribuida de
maternidad.
c) El tiempo de disfrute de
vacaciones retribuidas.
d) El tiempo utilizado por los
trabajadores del campo para cursar estudios, o recibir formación profesional, en el país
o en el extranjero.
e) El tiempo que haya dedicado el
trabajador del campo para desempeñar cargos de elección popular, sindicales o
representación política.
f) El no laborado por despido o
separación definitiva o temporal ilegales, siempre que hubiere recaído resolución firme
de la autoridad competente, ordenando la reinstalación del trabajador.
g) La prisión preventiva, cuando
el acusado resultare absuelto.
CAPITULO
IV
Invalidez
temporal
SECCION
PRIMERA
Enfermedad
y accidente
Artículo 32. Se establece el subsidio, por
invalidez temporal del trabajador del campo, cuando éste sufra una enfermedad de origen
común o profesional, o sufra un accidente común o del trabajo, que le incapacite
transitoriamente para desarrollar su actividad laboral.
Artículo 33. Para los efectos de protección que
brinda el Estado, por conducto de esta ley, se equipara al accidente del trabajo agrícola
social, el sufrido por el trabajador, en los siguientes casos:
a) Durante el trayecto normal o
habitual de ida y regreso al lugar donde desempeñe su trabajo.
b) El trabajo voluntario,
desarrollado en beneficio comunitario, promovido por las asociaciones de campesinos, por
quienes gobiernen sus núcleos de población de conformidad con sus usos y costumbres, o
por la autoridad municipal.
c) Salvando vidas humanas, o
defendiendo legítimamente el orden legal.
d) Desarrollando funciones de
defensa civil, de manera voluntaria sin que se perciba alguna remuneración económica por
esta actividad.
e) En el caso de la instrucción
militar obligatoria, o al prestar servicios de carácter militar.
Artículo 34. Para que proceda el otorgamiento de
la pensión por invalidez temporal, originada por enfermedad o accidente, se requiere que
el trabajador se encuentre realizando el trabajo agrícola que corresponda, y que no haya
ocurrido alguna de estas causas:
a) Que la lesión se haya producido
en riña y por causa imputable al trabajador.
b) Que la lesión se haya sufrido,
con motivo de cometer un delito de carácter intencional, o que se haya pretendido su
comisión.
c) Que la lesión se haya provocado
intencionalmente, ya sea por conducto del mismo trabajador, o por un tercero, con el que
haya concierto previo para inferir la lesión y obtener un lucro indebido.
SECCION
SEGUNDA
Invalidez
Permanente
Artículo 35. Al declararse la incapacidad
permanente total del trabajador del campo éste recibirá una pensión mensual definitiva,
que no podrá ser inferior a dos salarios mínimos vigente en el área donde resida el
asegurado, y como máximo la cantidad de dinero que corresponda a cinco salarios mínimos
en la región.
Artículo 36. El incapacitado recibirá por parte
de la institución, un seguro de sobrevivencia, el cual tendrá como efecto, garantizar el
pago de pensiones, y demás prestaciones económicas, a sus beneficiarios, legalmente
reconocidos por la institución para el caso de fallecimiento.
Artículo 37. El seguro de sobrevivencia que
otorgue la institución, tendrá efectos para la esposa o concubina del asegurado, hasta
su fallecimiento, y por cuanto hace a sus hijos, éste tendrá efecto hasta que adquieran
mayoría de edad, o hasta que concluyan sus estudios de manera satisfactoria; o cuando sus
descendientes adquieran la autosuficiencia económica. De igual manera el seguro dejará
de surtir efectos, cuando los beneficiarios dejen de trabajar en el campo.
Artículo 38. El seguro será de carácter
vitalicio a la esposa o concubina, así como a los ascendentes o descendientes del
asegurado, siempre y cuando hayan vivido como dependientes económicos del asegurado. Por
lo que hace a los descendientes, hasta cuando éstos adquieran la mayoría de edad, o
terminen sus estudios.
SECCION
TERCERA
Prestaciones
por Enfermedad y Accidente
Artículo 39. El trabajador enfermo o lesionado,
recibe hasta su curación o rehabilitación las prestaciones en servicios y en especie que
requiera.
Artículo 40. Durante el periodo de incapacidad se
concede al trabajador enfermo o lesionado, como prestación económica un subsidio diario,
por el importe de dos días de salario mínimo vigente en la región, excluyendo los días
sábados y domingos o los de descanso obligatorio
SECCION
CUARTA
Forma
de Pago del Subsidio
Artículo 41. El subsidio se paga por conducto de
la institución a partir de que se justifique la incapacidad en forma personal, o mediante
persona autorizada por el beneficiario, debidamente identificada.
Artículo 42. El subsidio se pagará durante el
periodo que subsista el estado de incapacidad física, demostrado con las constancias
médicas de la institución, o se conceda la pensión por invalidez total o parcial.
Artículo 43. Cuando se deba efectuar el pago de
subsidio, en enfermedad o lesión de larga duración o recuperación, se requiere que, por
lo menos cada cuatro meses, exista una evaluación médica por parte del personal de la
institución para determinar si la enfermedad se ha estabilizado o si se ha recuperado de
las lesiones sufridas.
Artículo 44. El subsidio se pagará en forma
semanal, en efectivo, y en las instalaciones que ocupa la institución, que se encuentre
más cercana al domicilio del asegurado, o en su caso en alguna institución bancaria, que
se encuentre cercana al domicilio del beneficiario, para lo cual el Instituto abrirá la
cuenta respectiva.
Artículo 45. Para los fines del subsidio, la
administración del Instituto llevará a cabo el control de los reportes médicos y de los
dictámenes periciales del enfermo o lesionado, durante el tiempo de su invalidez. A su
vez el trabajador, estará obligado a justificar su incapacidad, mientras ésta se
mantenga, mediante las certificaciones médicas que le expida el personal médico de la
institución.
Artículo 46. Si el trabajador sufre alguna
recaída, después de 72 horas de haber sido dado de alta, contados a partir del momento
en que fue dado de alta o incorporado a su trabajo, tiene derecho a seguir percibiendo la
cantidad de dinero que se le otorgó por subsidio, hasta su total recuperación.
Artículo 47. Cuando el tratamiento médico llegue
a más de seis meses consecutivos, la administración remitirá el expediente del
subsidiado, a la Comisión de Peritaje Médico, para que esta Comisión evalúe la
gravedad de la lesión o de la enfermedad, o su evolución, previo examen físico que del
paciente, se realice.
Artículo 48. Después de practicado el examen,
por la Comisión de Peritaje Médico de la institución ésta determinará si se suspende
el subsidio, o se continúa, para este caso, se lo hará saber a la administración de la
institución, estableciéndose en el dictamen, la fecha del próximo examen de evaluación
médica.
Artículo 49. La administración del Instituto
suspenderá el pago del subsidio, en los siguientes casos:
A) Cuando el trabajador no acuda a
realizarse los exámenes y reconocimientos médicos ante el personal médico del hospital
que corresponda, para probar su estado de incapacidad;
B) Retarda voluntariamente su
curación; no concurre a recibir el tratamiento médico adecuado; no cumple con las
indicaciones médicas que se le ordenan, o negarse a observar las prescripciones médicas
o instrucciones establecidas en el tratamiento de rehabilitación al que se encuentra
sujeto.
C) Cuando se determine una
autoprovocación tendiente a seguir inhabilitado.
D) Cuando cometa un delito de
carácter intencional, y el ilícito tenga una penalidad mayor a los dos años de cárcel.
CAPITULO
V
Pensión
por Edad
Requisitos
Artículo 50. Toda persona que desarrolle su
trabajo en el campo, y que señala esta ley, tiene derecho a una pensión por edad y años
de servicios.
Artículo 51. La pensión por edad, se clasifica
en ordinaria y extraordinaria, de conformidad a las causas y requisitos que posteriormente
se establecen para su concesión.
Artículo 52. Con la finalidad de fijar la edad
para obtener el derecho a la pensión ordinaria y extraordinaria, quedan clasificados,
conforme a las condiciones laborales, de acuerdo a lo siguiente:
Categoría ordinaria: Los trabajos
realizados en condiciones normales;
Categoría extraordinaria: Los
trabajos realizados en condiciones en que el gasto de energía física, mental o ambas es
excesivo, que origina una reducción de la capacidad laboral, no acorde con el que
corresponde a su edad, o por laborar en condiciones físicas que producen desgaste,
debilitamiento o enfermedades de carácter físico o síquico, que origina un
envejecimiento prematuro.
Artículo 53. Para obtener la pensión ordinaria
se requiere:
I. Tener los hombres 60 años de
edad y las mujeres 50 años de edad.
II. Haber desarrollado su trabajo
en el campo, cuando menos 20 años anteriores al tiempo de solicitar la pensión
ordinaria.
III. No tener ninguna otra pensión
de cualquier especie otorgada por el Estado o por particulares.
Artículo 54. Para obtener la pensión
extraordinaria, se requiere:
I. Tener los hombres 50 años de
edad y las mujeres 40 años de edad, al momento de solicitar este beneficio.
II. Haber prestado, cuando menos 15
años de servicio.
III. Si la necesidad fuera
evidente, aun antes del tiempo que aquí se establece, cuando menos encontrarse trabajando
al 75% del tiempo requerido por la fracción II de este artículo.
IV. No recibir ningún subsidio, ya
sea oficial o particular, debiendo en su caso escoger el que más le convenga.
Artículo 55. Para la comprobación de la edad, no
se requiere, sino únicamente la presentación ante la institución, de la solicitud
respectiva, así como del acta de nacimiento del solicitante, o en su caso certificación
eclesiástica o ad perpetuam, ante la autoridad
judicial, para el caso ordinario, y para el caso extraordinario, independientemente de los
requisitos aquí enunciados, el peritaje médico que emita el personal autorizado del
Instituto.
SECCION
SEGUNDA
Prestaciones
por Edad
Artículo 56. Los trabajadores que fueren
beneficiados con la pensión ordinaria, tendrán derecho a un subsidio que no podrá ser
inferior a dos salarios mínimos y como máximo cuatro salarios mínimos que se hayan
determinado por la comisión de gobierno respectiva, en la región donde tenga establecido
su domicilio particular el beneficiario
Artículo 57. Los trabajadores beneficiados con la
pensión extraordinaria, independientemente de las prestaciones que prevé el artículo
anterior, tendrán derecho a la asistencia médica necesaria, por el detrimento de sus
capacidades físicas.
Artículo 58. El otorgamiento de las prestaciones
establecidas en este capítulo, no es impedimento, para que el asegurado pueda desarrollar
alguna actividad laboral, que le permita obtener ingresos económicos adicionales.
Artículo 59. Para determinar el monto de la
pensión que se asignará, se practicará un estudio socioeconómico del solicitante, para
determinar el grado de necesidad de la pensión, el cual se enviará al departamento de
servicio social de la institución el cual emitirá su dictamen, dentro del improrrogable
término de tres días después de practicado el estudio, poniéndolo a disposición de la
Junta Directiva de la institución.
Artículo 60. La Junta Directiva, dentro de tres
días improrrogables, después de contar con el dictamen que emita el departamento de
trabajo social, determinará el derecho a percibir la pensión y su monto.
SECCION
TERCERA
Pensión
Provisional
Artículo 61. La pensión provisional es la
protección económica inmediata, que brinda el Estado, y que recibe la familia de un
trabajador fallecido, del pensionado por invalidez o edad y se otorgara a los presuntos
beneficiarios, que al momento del fallecimiento estén incorporados al domicilio del
trabajador, como dependientes económicos.
Artículo 62. El presunto beneficiario, a quien se
abone la pensión provisional, está obligado a distribuir ésta entre los demás
beneficiarios, figuren o no en el núcleo familiar del fallecido, previa comprobación del
derecho a percibir este beneficio.
Artículo 63. Preferentemente el pago de la
pensión se entregará a la esposa o esposo del trabajador fallecido, o concubina o
concubino, al ascendente en línea directa, o al descendiente mayor en línea directa,
previa acreditación de este derecho.
Artículo 64. El término y la cuantía de la
pensión provisional es:
A) Si fallece el trabajador en
activo, el 100% del salario, por los primeros 30 días, contados a partir de la fecha de
su fallecimiento, y el 50% del salario por los siguientes 60 días, en una sola emisión.
B) Si fallece un trabajador
subsidiado, se pagará el monto total de la pensión percibida durante el término de los
60 días posteriores a la fecha del fallecimiento, en un solo pago.
C) Cuando ocurra el fallecimiento
de un pensionado por invalidez o edad, se pagará a los beneficiarios, un pago en dinero,
equivalente a la prestación que estaba percibiendo, por el término de tres meses, en una
sola emisión.
Artículo 65. En la prestación que se ocupa en
esta sección, se integrará la ayuda por gastos funerarios del trabajador del campo, la
cual se entregará a los deudos, sin más trámite que demostrar el fallecimiento y su
afiliación a la institución.
Artículo 66. Prescribe el derecho para reclamar
el pago de la pensión provisional, una vez que hayan transcurrido los términos que para
cada caso fijan los artículos anteriores.
SECCION
CUARTA
Pensión
Definitiva
Artículo 67. La pensión definitiva, es una
prestación que concede el Estado, y que se entiende como la protección económica, que
con carácter de estable, se otorga a los familiares del asegurado, que tengan derecho a
ella, siempre y cuando no concurran circunstancias de exclusión o extinción de este
derecho.
Artículo 68. El pago de esta prestación es
exigible, a la fecha de la presentación de la solicitud respectiva, o a partir de que
finalice el término de la pensión provisional.
Artículo 69. La cuantía de la pensión por causa
de muerte, se determina, considerando el salario del trabajador al momento del deceso, el
subsidio que recibía por concepto de pensión por invalidez o edad avanzada. Asimismo,
los dependientes económicos que se consideran como beneficiados por esta ley.
Artículo 70. El monto de esta pensión no podrá
ser inferior a dos salarios mínimos, y como máximo cinco salarios mínimos, que para la
zona haya decretado la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
Para determinar el monto se
atenderá a un estudio socioeconómico que practique el departamento de trabajo social del
Instituto, el cual emitirá el dictamen correspondiente dentro del término de tres días
a partir de la solicitud, y será la Junta de Gobierno de la institución o quien
legalmente la sustituya, para aprobar el dictamen, dentro del término ya indicado,
procediéndose inmediatamente al pago de esta prestación.
SECCION
QUINTA
Pensión
por Causa de Muerte
De
las causas y personas con derecho a la pensión
Artículo 71. La muerte del trabajador o la
presunción justificada de su fallecimiento por desaparición, genera a favor de su
familia, el derecho a la pensión definitiva en los casos siguientes:
A) Si al ocurrir el deceso, o la
desaparición, se encontraba desarrollando labores agrícolas, dentro de la propiedad
social, comunal o pequeña propiedad.
B) Si se encontraba pensionado por
edad, invalidez, ya fuera parcial o total.
C) Si se encontraba en inactividad
agrícola por causa debidamente justificada en un término no mayor a seis meses,
anteriores al deceso o desaparición.
D) Para el caso de presunción de
muerte por desaparición, debe acreditarse este hecho, mediante resolución judicial.
Artículo 72. Son familiares con derecho a
pensión por causa de muerte los siguientes:
I. La viuda de matrimonio civil que
estuviere viviendo al lado del trabajador del campo, al momento de su fallecimiento,
siempre y cuando el matrimonio tuviera no menos de un año de celebrado, o en cualquier
término, si existen hijos procreados en dicho matrimonio.
II. La mujer que estuviera viviendo
en concubinato con el fallecido por un término mínimo de un año anterior al deceso, y
en cualquier momento, si existen hijos nacidos a raíz de la relación de concubinato.
III. El viudo de matrimonio civil o
el concubino que tenga más de 60 años de edad, o se encuentre incapacitado para el
trabajo, que en cualquiera de ambos casos, carezca de medios de subsistencia y haya
integrado el núcleo familiar de la trabajadora y dependiendo económicamente de ella
hasta su fallecimiento, ya sea por causa común o de trabajo.
IV. Los hijos menores de 18 años
de edad y solteros, y aun los mayores de dicha edad, cuando se encuentren solteros,
incapacitados física o mentalmente.
V. Los hijos mayores de 18 años de
edad que al momento del fallecimiento, se encuentren estudiando, en instituciones
educativas, de carácter oficial, y que dependan económicamente del trabajador, hasta la
conclusión de sus estudios.
Para este caso específico, el
beneficiario, deberá justificar, al término de cada ciclo escolar, que sigue cursando
sus estudios, así como el aprovechamiento adecuado de sus estudios conforme a los medios
de control que para tal fin se establezcan.
VI. La madre y el padre, incluyendo
a los adoptivos, siempre y cuando carezcan de medios de subsistencia y dependieran
económicamente del fallecido, aun cuando no estuvieren incorporados al domicilio del
asegurado.
Artículo 73. El derecho a percibir la pensión
por causa de muerte, es procedente, aun cuando la viuda se encuentre percibiendo ingresos,
por concepto del empleo o trabajo que desempeñe.
Artículo 74. Si la viuda es menor de 40 años de
edad, y no tiene la condición de trabajadora habitual, estando apta para el trabajo, y
sin hijos que atender o padres que requieran su cuidado permanente, al no poderse valer
por sí mismos, tiene derecho a la pensión hasta el término de tres años.
Artículo 75. Tanto la pensión provisional como
la definitiva, pueden ser solicitadas por:
A) El familiar con derecho a la
totalidad o parte de la pensión.
B) El padre o la madre
sobreviviente, no privado de la patria potestad del menor con derecho.
C) El tutor del menor o
incapacitado, con derecho.
D) A falta de los ascendientes, en
primer grado, en línea recta, el familiar que tenga incorporado a su domicilio, al menor
o menores, o al incapacitado, y quede a cargo de la custodia de los mismos.
Artículo 76. Los beneficiarios, con derecho a la
pensión provisional o definitiva, son:
A) La viuda o viudo.
B) Los hijos menores de edad, y que
a la fecha del fallecimiento convivían con el asegurado.
C) Los ascendientes, en línea
recta, y en primer grado, siempre y cuando se encontraren incorporados al domicilio del
asegurado, al momento de su fallecimiento.
Artículo 77. El familiar, que en representación
de los demás efectúe el cobro, ya sea de la pensión provisional o de la definitiva,
está obligado a administrar correctamente la misma, y a su equitativa distribución,
entre los demás beneficiarios.
Artículo 78. En caso de una distribución
inequitativa, o mala administración, cualquier beneficiario, podrá denunciar este hecho
a la institución, la cual previo procedimiento en el que se escuche a la parte acusada,
dictaminará lo que corresponda, pudiendo cambiar la autorización de la persona que cobre
esta prestación, hasta el desconocimiento de este derecho, como sanción a su actitud
contraria al derecho de los demás beneficiarios.
TITULO SEGUNDO
Régimen de Asistencia Social
CAPITULO
I
Disposiciones
Generales
Artículo 79. El régimen de asistencia social,
concede las prestaciones necesarias, para la debida protección de las personas, que por
cualquier circunstancia, se encuentren en estado de necesidad y que por sí mismas, no
puedan obtener los medios necesarios para sufragar sus más elementales necesidades,
independiente de lo anterior se consideran beneficiarias a las siguientes personas:
A) Los ancianos que tengan más de
sesenta años de edad, que no cuenten con ningún tipo de prestaciones sociales, y que no
cuenten con empleo o ingreso económico.
B) Los niños que quedaren
huérfanos de padre y madre y aun los que cuenten con un solo progenitor, siempre y cuando
éste no pueda por sí solo proporcionar los medios necesarios para la subsistencia de los
menores de edad, beneficio que subsistirá, hasta que cumplan dieciocho años de edad.
C) Los estudiantes de la población
rural o citadina, que demuestren un aprovechamiento escolar superior a nueve, calculado
sobre 10 puntos, y que no cuenten con ningún apoyo económico para continuar con su
preparación académica. Este beneficio subsistirá hasta la total conclusión de sus
estudios.
D) Los niños abandonados.
Artículo 80. Los requisitos que deban cumplir las
personas que pretendan ser consideradas dentro de este régimen, se determinarán de
conformidad a la normatividad que administrativamente determine el departamento de trabajo
social del Instituto.
Artículo 81. Sin embargo, por tratarse de casos
de necesidad extrema, desde el momento de la solicitud de inscripción al régimen de
asistencia social, el Instituto de manera provisional, proporcionará alimentación y
medicinas a los solicitantes, asistencia que puede ser en efectivo o en especie.
Artículo 82. Las prestaciones que se indican en
los preceptos anteriores de este título, por lo que se refiere al auxilio provisional, se
proporcionarán en forma discrecional por el departamento administrativo de la
institución, el cual puede ser modificado o confirmado, una vez que trabajo social emita
su dictamen de procedencia a otorgar este beneficio al solicitante.
Artículo 83. Cuando así fuere justificada la
necesidad y el derecho del solicitante, para ser considerado en el régimen de asistencia
social, la institución lo inscribirá dentro del padrón de ciudadanos mexicanos con
derecho a este beneficio.
Artículo 84. En el caso de los menores de edad,
que hayan quedado en la orfandad, en forma inmediata, el Instituto determinará las
medidas necesarias, para salvaguardar su integridad física, síquica y emocional.
Artículo 85. Por lo que respecta a los ancianos,
se proveerá de ayuda médica y económica, y en el caso de los ancianos indigentes o sin
hogar, se les ingresará a las casa para ancianos, que el propio Instituto creará para
tal fin de conformidad a los lineamientos que establezca la ley orgánica respectiva.
CAPITULO
II
De
los ancianos
Artículo 86. Tendrán derecho a ser considerados
sujetos de este beneficio de asistencia social, que establece el Estado para la
protección de los ancianos de más de 60 años de edad, en los siguientes casos:
1. No contar con ingresos propios.
2. No tener familiares que se
puedan hacer cargo de su manutención y cuidado.
3. No contar con domicilio propio.
4. Padecer alguna enfermedad, que
lo imposibilite a valerse por sí mismo. Quienes estén en cualquiera de estos supuestos,
tendrán derecho a la asistencia social, la cual comprenderá:
a). Asistencia médica y
sicológica, así como económica.
b). Incorporación a la casa hogar
para ancianos que se establezca para tal fin y que dependerá del Instituto Mexicano de
Seguridad y Asistencia Social para los Trabajadores del Campo.
c). Las demás que por sus
necesidades personales se deban proporcionar al beneficiario.
Esta ayuda que otorga el Estado, es
personal y no podrá ser extensiva a sus familiares.
De
los huérfanos
Artículo 87. Los huérfanos que tengan menos de
18 años de edad, tendrán derecho a ser considerados beneficiarios del régimen de
asistencia social, en los siguientes casos:
1. Haber perdido a sus dos
progenitores o a uno sólo y el sobreviviente no cuente con los medios económicos para la
manutención de sus hijos, ya sea el padre o la madre.
2. Que se encuentren cursando la
educación obligatoria que imparte el Estado.
3. Que no tengan ningún seguro de
vida que les hayan dejado sus padres o que no cuenten con hermanos mayores de edad, que
puedan hacerse cargo de ellos.
4. Cuando no cuenten con hogar
propio.
En cualquiera de estos supuestos,
el Estado proporcionará los siguientes beneficios:
a). Asistencia médica, física y
sicológica, para su correcto desarrollo.
b). Asistencia legal, para el caso
de los que tengan bienes, a fin de que éstos sean preservados a su favor en forma
equitativa, para cuando adquieran la mayoría de edad.
c). Ayuda económica, que les
permita su pleno desarrollo como seres humanos, además de proporcionales la educación
pública a que tienen derecho, hasta la conclusión de sus estudios, siempre y cuando
demuestren el correcto aprovechamiento.
d). Cuando el huérfano, no se
encuentre recibiendo la instrucción educativa obligatoria, el Instituto procurará por
los medios a su alcance que reciba la educación básica.
De
los estudiantes
Artículo 88. Los habitantes del país que se
encuentren estudiando, sean del medio rural o urbano, tendrán derecho a un subsidio, en
el régimen de asistencia social, en los siguientes casos:
1. Carezcan de recursos
económicos.
2. Se encuentren recibiendo
educación, en instituciones educativas oficiales.
3. Que cuenten con un nivel de
aprovechamiento de nueve, calculado en una escala de diez puntos.
4. Que su economía familiar sea
insuficiente para ayudarlo a mejorar sus condiciones de vida y la de su familia, mediante
la debida preparación académica.
5. Cuando teniendo alguna
posibilidad económica para estudiar, ésta sea insuficiente para cursar alguna
especialidad en materia agraria.
En cualquiera de los casos
enunciados, el Estado por conducto de la institución denominada Instituto Mexicano de
Seguridad y Asistencia Social para los Trabajadores del Campo, garantizará lo siguiente:
a). El otorgamiento del subsidio
necesario para cursar la instrucción educativa elemental y si así fuera el caso, hasta
lograr el máximo grado de estudios del beneficiario.
b). La ayuda en especie, con el
material didáctico que se requiera para el pleno desarrollo intelectual y educativo del
beneficiario.
Estos subsidios podrán ser
retirados, en cualquier momento, cuando se advierta que el beneficiario incumple con los
supuestos que prevea este artículo, los cuales podrán ser restituidos, cuando las causas
de impedimento sean superadas.
De
los niños abandonados
Artículo 89. Los menores de edad, sean del medio
rural o citadino, que sean abandonados o se encuentren abandonados, el Estado, por
conducto de esta ley, proporcionará los medios necesarios, para lograr su supervivencia y
reintegrarlos a la sociedad, para lo cual se adoptarán las siguientes medidas:
1. En forma inmediata que la
institución tenga conocimiento del abandono de un menor de 18 años de edad, procederá a
decretar las medidas de seguridad social, tendientes a garantizarle seguridad personal,
alimentación, medicinas y vestimenta, para lo cual tendrá bajo su administración las
casas hogar que el presupuesto determine, en las que se instalará a los menores de edad
agraviados.
2. Se les brindará el auxilio
sicológico, que les ayude a comprender su situación y adaptarse a su forma de vida fuera
del núcleo familiar y de convivencia en menores en igualdad de circunstancias.
3. Se le proporcionarán los medios
necesarios para recibir instrucción educativa, hasta lograr su total desarrollo armónico
como ser humano, así como tener la oportunidad de ser persona con preparación
académica, que le ayude a superar su condición social.
4. Cuando fuere posible, la
institución procurará investigar el origen del menor abandonado y de ser posible
realizará los trámites necesarios para la reintegración del menor a su familia, siempre
y cuando en el núcleo familiar, existan las condiciones mínimas que no atenten en contra
de su integridad física o moral.
5. La institución promoverá en
forma permanente entre la sociedad, la adopción de los menores que tenga bajo su
custodia, con el fin de que éstos se desarrollen dentro de un ambiente familiar adecuado.
Artículo 90. La determinación sobre qué
personas son sujetos de los beneficios de este capítulo, recae en la Comisión de
Asistencia Social del Instituto.
Artículo 91. Para determinar al respecto, la
Comisión de Asistencia Social del Instituto recabará la información, estudios y
dictamen sobre la procedencia, de brindar el subsidio en los casos previstos en este
capítulo.
Artículo 92. Las resoluciones administrativas que
rinda la Comisión de Asistencia Social, podrán ser recurribles en queja, dentro de los
tres días de ser notificadas, sin que se requiera tramitación especial.
La resolución que se pronuncie
sobre la inconformidad es irrecurrible.
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico. La presente ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Atentamente.
México, D.F., a 1o. de octubre de
2002.— Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo.— Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; José Narro Céspedes, vicecoordinador (rúbrica);
Rosalía Peredo Aguilar (rúbrica); Jaime Cervantes Rivera (rúbrica); Rosa Delia Cota Montaño; Félix Castellanos
Hernández; Víctor Antonio García Dávila (rúbrica); Juan Carlos Regis Adame (rúbrica).»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias a usted, señora diputada.
De acuerdo a su petición, insértese el texto
íntegro en el Diario de los Debates y túrnese
la iniciativa a las comisiones de Desarrollo Rural y de Seguridad Social.
REGISTRO
DE ASISTENCIA
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Se pide a la Secretaría dar cuenta
del registro electrónico de asistencia e instruya a su cierre.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Se informa a la Presidencia que
hasta el momento el sistema registra la asistencia de 426 diputados. Ciérrese el sistema
electrónico.
LEY
GENERAL DE SALUD
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra el diputado José
Soto Martínez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
presentar una iniciativa de reformas a los artículos 38, 43 y 83 de la Ley General de
Salud.
El diputado José Soto Martínez:
Con su permiso, diputada
Presidenta:
El suscrito, diputado José Soto
Martínez, integrante de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en
ejercicio de la facultad que me confiere el párrafo segundo del artículo 71 de nuestra
Carta Magna y con apoyo, además, en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el
pleno de esta Cámara de Diputados, una iniciativa de decreto para reformar los artículo
38, 43 y 83 de la Ley General de Salud, basándome para ello en la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
Medicina popular es el conjunto de
concepciones y creencias populares, sin base científica, crítica, relativas a la
enfermedad y su tratamiento. Los procesos curativos de las culturas indígenas responden a
la herencia de un saber y una tradición colectiva que se han mantenido por siglos y las
prácticas de medicina tradicional para muchos de nuestros pueblos es el único mecanismo
de sobrevivencia ante el desabasto, los horarios rígidos y la incomprensión de los
médicos y funcionarios de salud de cualquier parte del país.
En el estado de Oaxaca, del cual
ostento la representación por el distrito I, hay más de 600 médicos tradicionales. En
la región mazateca están registrados al menos 62, sobre todo en los municipios de
Huautla de Jiménez, San Antonio, Eloxochitlán, San José Buenavista y San José Tenango.
La sociedad demanda servicios de
salud más eficientes, más accesibles, pero sobre todo más humanos y sin tratamientos
selectivos que retarden la atención de los pacientes.
El objetivo prioritario en las
prestaciones de los servicios médicos, es la satisfacción del paciente y no olvidemos
que la medicina es una ciencia inexacta, por lo que debemos abrirnos a otras opciones,
como la medicina popular o tradicional.
No olvidemos también que el
artículo 4o. de nuestra Constitución Federal, establece que toda persona tiene el
derecho a la protección de la salud y que este derecho se hace nugatorio para muchos
mexicanos, pues nuestro actual sistema de seguridad social deja desprotegidos a muchos de
nuestros compatriotas.
El artículo 2o. de nuestra Carta
Magna en su apartado A, fracción IV, establece que esta Constitución reconoce y
garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y
en consecuencia a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y
todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
Asimismo, en el apartado B
fracción III del mismo precepto dice: “...la Federación, los estados y municipios
para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier
práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo
integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas
conjuntamente con ellos para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y
comunidades indígenas. Dichas autoridades tienen la obligación de asegurar el acceso
efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la apertura del sistema
nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición
de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población
infantil”.
El artículo 5o. de nuestra
Constitución Federal, determina que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique
a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícito. No obstante
lo anterior, en nuestro país, el médico para ejercer su derecho de quitar y curar el
dolor debe tener título otorgado por una universidad reconocida, registrado el mismo en
la Secretaría de Salud y con autorización de la Secretaría de Educación Pública a
través de una cédula profesional para ejercer la medicina y la cirugía.
Considerando que la falta de
reconocimiento legal a las prácticas médicas tradicionales en México, nos puede llevar
a que en un futuro muy cercano, los mexicanos deban pagar a trasnacionales extranjeras
derecho por el uso de remedios a base de hierbas que han sido usadas por siglos en el
país y específicamente en las comunidades indígenas.
En mérito de lo anteriormente
expuesto y con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 70 de nuestra Carta
Magna, se presenta la siguiente
INICIATIVA
De decreto para que se reformen los
artículos 38, 43 y 83 de la Ley General de Salud.
Artículo 38. Son servicios de salud privados los
que presten personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios
y sujetas a los ordenamientos legales civiles y mercantiles.
En materia de tarifas, se aplicará
lo dispuesto en el artículo 43 de esta ley. Estos servicios pueden ser contratados
directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o
colectivos. Se exceptúa de lo anterior la medicina tradicional que siendo un servicio de
salud privado, se rige por los usos y costumbres de las comunidades respectivas.
Artículo 43. Los servicios de salud de carácter
social y privado, con excepción del servicio personal independiente y de los servicios de
medicina tradicional, estarán sujetos a las tarifas que establezca la Secretaría de
Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud.
Artículo 78. El ejercicio de la profesión de las
actividades técnicas y auxiliares y de las especialidades para la salud, estarán sujetos
a:
Primero. La ley reglamentaria del
artículo 5o. constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito
Federal; las bases de coordinación que conforme a la ley se definan entre las autoridades
educativas y las autoridades sanitarias.
Las disposiciones de esta ley y
demás norma jurídicas aplicables y las leyes que expidan los estados con fundamento en
los artículos 5o. y 121 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo 79. Para el ejercicio de actividades
profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología,
bacteriología, enfermería, trabajo social, química, sicología, ingeniería sanitaria,
nutrición, dietología, patología y sus ramas y las demás que establezcan otras
disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o
certificados de especialización, hayan sido legalmente expedidos y registrados por las
autoridades educativas competentes, para el ejercicio de actividades técnicas y
auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la medicina,
odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia
física, terapia funcional, terapia de lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social,
nutrición, sitotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica,
bioterios, farmacia, saneamientos, histopatología y embalsamientos y sus ramas, se
requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados
por las autoridades educativas competentes”.
Artículo 83. Quienes ejerzan las actividades
profesionales, técnicas y auxiliares y las especialidades a que se refiere este
capítulo, deberán poner a la vista del público un anuncio que indique la institución
que les expidió el título, diploma o certificado y en su caso, el número de su
correspondiente cédula profesional.
Iguales menciones deberán
consignarse en los documentos y papelería que utilicen en el ejercicio de tales
actividades y en la publicidad que realicen al respecto.
Lo dispuesto en el párrafo que
antecede, así como lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de esta ley, no es aplicable al
ejercicio de la medicina tradicional.
Para obviar el tiempo les pido que
sea insertada en el Diario de los Debates y para conocimiento de
todos que la envíe a las comisiones respectivas.
Muchas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— LVIII Legislatura del Congreso de la Unión.
Iniciativa de decreto para reformar
los artículos 38, 43, y 83 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Soto
Martínez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Ciudadanos integrantes de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
El suscrito, diputado José Soto
Martínez, integrante de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en
ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 de nuestra Carta
Magna y con apoyo además en el artículo 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de
esta Cámara de Diputados una iniciativa de decreto para reformar los artículos 38, 43 y
83 de la Ley General de Salud, basándome para ello en la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
1. Medicina popular es el conjunto
de concepciones y creencias populares, sin base científica crítica, relativas a la
enfermedad y su tratamiento.
2. Los procesos curativos de las
culturas indígenas responden a la herencia de un saber y una tradición colectiva que se
ha mantenido por siglos y las prácticas de medicina tradicional, para muchos de nuestros
pueblos, es el único mecanismo de sobrevivencia ante el desabasto, los horarios rígidos
y la incomprensión de los médicos o funcionarios de salud de cualquier parte del país.
3. En el estado de Oaxaca, del cual
ostento la representación por el distrito I, hay más de 600 médicos tradicionales; en
la región mazateca están registrados al menos 62, sobre todo en los municipios de
Huautla de Jiménez, San Antonio Eloxochitlán, San José Buenavista y San José Tenango.
4. La sociedad demanda servicios de
salud más eficientes, más accesibles, pero sobre todo más humanos y sin trámites
excesivos que retarden la atención de los pacientes. El objetivo prioritario en la
prestación de los servicios médicos es la satisfacción del paciente; y no olvidemos que
la medicina es una ciencia inexacta, por lo que debemos abrirnos a otras opciones, como la
medicina popular o tradicional.
5. No olvidemos también que el
artículo 4o. de nuestra Constitución federal establece que toda persona tiene derecho a
la protección a la salud; y que este derecho se hace nugatorio para muchos mexicanos,
pues nuestro actual sistema de seguridad social deja desprotegidos a muchos de nuestros
compatriotas.
6. El artículo 2o. de nuestra
Carta Magna, en su apartado A, fracción IV, establece que “esta Constitución
reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus
lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”.
Asimismo, en el apartado B, fracción III, del mismo precepto, dice: “la Federación,
los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas
y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y
determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
“Para abatir las carencias y
rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la
obligación de asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la
ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina
tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de
alimentación, en especial para la población infantil”.
7. El artículo 5o. de nuestra
Constitución Federal determina que “a ninguna persona podrá impedirse que se
dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo
lícitos...”
8. No obstante lo anterior, en
nuestro país, el médico, para ejercer su derecho de quitar y curar el dolor, debe tener
título otorgado por una universidad reconocida, registro del mismo en la Secretaría de
Salud y autorización de la SEP, a través de una cédula profesional, para ejercer la
medicina y la cirugía.
9. Considerando que la falta de
reconocimiento legal a las prácticas médicas tradicionales en México nos puede llevar a
que, en un futuro muy cercano, los mexicanos deban pagar a transnacionales extranjeras
derechos por el uso de remedios a base de yerbas que han sido usados por siglos en el
país y, específicamente, en las comunidades indígenas.
10. Considerando que los diputados
federales nos debemos a los intereses de la sociedad, en tanto representantes de la misma,
y que, al tomar posesión de nuestro cargo, protestamos guardar y hacer guardar la
Constitución Federal y las leyes que de ella emanen.
En mérito de lo anteriormente
expuesto y con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 70 de nuestra Carta
Magna, se presenta la siguiente iniciativa de decreto para que se reformen los artículos
38, 43 y 83 de la Ley General de Salud
DECRETO
Por el que se reforman los
artículos 38, 43 y 83 de la Ley General de Salud.
Artículo único. Se reforman los artículos 38,
43 y 83 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
LEY
GENERAL DE SALUD
TITULO TERCERO
Prestación de los servicios de salud
CAPITULO
III
Prestadores
de servicio de salud
Artículo 38. Son servicios de salud privados los
que presten personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios,
y sujetas a los ordenamientos legales, civiles y mercantiles.
En materia de tarifas, se aplicará
lo dispuesto en el artículo 43 de esta ley.
Estos servicios pueden ser
contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros, individuales
o colectivos.
Se exceptúa de lo anterior la
medicina tradicional que, siendo un servicio de salud privado, se rige por los usos y
costumbres de la comunidad respectiva.
Artículo 39. . .
Artículo 40. . .
Artículo 41. . .
Artículo 42. . .
Artículo 43. Los servicios de salud de carácter
social y privado, con excepción del servicio personal independiente y de los servicios de
medicina tradicional, estarán sujetos a las tarifas que establezca la Secretaría de
Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud.
TITULO CUARTO
CAPITULO
I
Profesionales,
técnicos y auxiliares
Artículo 78. El ejercicio de las profesiones, de
las actividades técnicas y auxiliares y de las especialidades para la salud estará
sujeto a:
I. La Ley Reglamentaria del
artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito
Federal;
II. Las bases de coordinación que,
conforme a la ley, se definan entre las autoridades educativas y las autoridades
sanitarias;
III. Las disposiciones de esta ley
y demás normas jurídicas aplicables; y
IV. Las leyes que expidan los
estados, con fundamento en los artículos 5o. y 121 fracción V de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 79. Para el ejercicio de actividades
profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología,
bacteriología, enfermería, trabajo social, química, sicología, ingeniería sanitaria,
nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras
disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o
certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las
autoridades educativas competentes.
Para el ejercicio de actividades
técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la
medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología,
terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y ortesis, trabajo
social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica,
bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamamiento y sus ramas, se
requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados
por las autoridades educativas competentes.
Artículo 83. Quienes ejerzan las actividades
profesionales, técnicas y auxiliares y las especialidades a que se refiere este capítulo
deberán poner a la vista del público un anuncio que indique la institución que les
expidió el título, diploma o certificado y, en su caso, el número de su correspondiente
cédula profesional. Iguales menciones deberán consignarse en los documentos y papelería
que utilicen en el ejercicio de tales actividades y en la publicidad que realicen a su
respecto.
Lo dispuesto en el párrafo que
antecede, así como lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de esta ley, no es aplicable al
ejercicio de la medicina tradicional.
ARTICULOS
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones
legales y administrativas que se opongan a lo dispuesto por este decreto.
Tercero. Se exhorta a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal y a los Congresos locales de las entidades federativas para que, en uso
de sus atribuciones, adecuen en lo relativo, la primera, la Ley Reglamentaria del
artículo 5o. constitucional para el Distrito Federal; y las demás, sus respectivas leyes
del ejercicio profesional.
Pongo a consideración de ustedes
la presente iniciativa, y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 del
Reglamento para el Gobierno Interior, solicito pase desde luego a comisión.
Sala de sesiones de la Cámara de
Diputados.— México, D.F., a 1o. de octubre de 2002.— Diputado federal José Soto Martínez.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado Soto
Martínez.
Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a la
Comisión de Salud.
La siguiente iniciativa agendada
por el grupo parlamentario del PRD, a petición del mismo grupo se pospone para próxima
ocasión.
Tiene la palabra la diputada Olga
Hayde Flores Velásquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para presentar una iniciativa que reforma el Título Quinto Capítulo II del Código Civil
Federal, referente a los requisitos para contraer matrimonio...
No está la diputada. Se pospone
para la próxima sesión.
Continúe la Secretaría con los
oficios.
IPAB
La diputada Adela Cerezo Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados.— Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio número
D.G.P.L. 58-II-2-858 de fecha 5 del mes en curso, suscrito por los secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño
para los fines que estimen procedentes copia del similar número IPAB/SACS/ 147/2002,
signado por el ciudadano José Antonio Monte Arriola, director general adjunto de lo
contencioso de la Secretaría Adjunta Jurídica del Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario, por el que da contestación al punto de acuerdo referente al estado
jurídico en que actualmente se encuentra el asunto relativo al ex secretario adjunto
jurídico del IPAB.
Reitero a ustedes la seguridad de
mi consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 24 de septiembre
de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar
Coronado.— Rúbrica»
«Escudo.—Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario.— Secretaría Adjunta Jurídica.
Licenciado M. Humberto Aguilar
Coronado.— Secretaría de Gobernación.— Subsecretario de Enlace
Legislativo.— Presente.
Me refiero a su oficio número
SEL/397/02 de fecha 9 de septiembre del año en curso, mediante el cual se solicita a este
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario informe del estado jurídico en que
actualmente se encuentra el asunto relativo al ex secretario adjunto jurídico del IPAB.
Sobre el particular, le informo que
ese organismo público descentralizado no conoce el estado jurídico en que actualmente se
encuentra el asunto, toda vez que no es competente en el asunto en cuestión, ya que
compete a la Procuraduría General de la República, en términos de lo dispuesto en el
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
investigación e integración de la averiguación previa correspondiente y en su caso, la
consignación de la misma ante la autoridad judicial.
Atentamente.
México, D.F., a 13 de septiembre
de 2002.— José Antonio Monte Arriola,
rúbrica.»
Remítase a la Junta de Coordinación Política y al
promovente.
El diputado Víctor Roberto Infante González (desde
su curul):
Pido la palabra.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Diputado Infante.
El diputado Víctor Roberto Infante González
(desde su curul):
Sí, señora Presidenta,
únicamente para ilustrar a la Asamblea.
Refiere la Secretaría que este
oficio fue turnado por el subsecretario de Gobernación. Pero está signado por el
director adjunto del IPAB. Como usted sabe, señora Presidenta, el único facultado para
emitir informes a esta Cámara de Diputados es el secretario ejecutivo, tal como lo
establece el estatuto orgánico del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
Creo que debe subsanarse esta falta
de respeto a la Cámara de Diputados de que un funcionario de segundo nivel esté turnando
este reporte de la Cámara de Diputados.
Me parece que es importante,
señora Presidenta, para no dejar un precedente tan negativo en este sentido.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias por sus presunciones,
señor diputado.
Haremos las observaciones
correspondientes a la Secretaría respectiva.
Continúe la Secretaría.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su
curul):
Señora Presidenta:
Con su permiso, solicitarle, si
fuera procesalmente posible, que también se turnara a la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación la respuesta de la que hace mención.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Cómo no. Que se turne también a
dicha comisión.
ADOPCION
A MENORES
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Subsecretaría de Enlace
Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio número
CP/2R/2AE.-1723 de fecha 28 de agosto del año en curso, suscrito por el senador Diego
Fernández de Cevallos Ramos, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente,
con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes copia del similar
número 2314, signado el 17 del presente mes, por el diputado Edgar Alonso Cañete,
secretario del honorable Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual informa que el
punto de acuerdo relativo a la actualización de la legislación en materia de adopción
de menores, de conformidad a los convenios y tratados internacionales firmados por nuestro
país; promovido por la diputada Beatriz Grande López, fue remitido a la Comisión de
Equidad y Género, para los efectos procedentes.
Reitero a ustedes la seguridad de
mi consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 24 de septiembre
de 2002.— El subsecretario M. Humberto Aguilar
Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Puebla.
Licenciado M. Humberto Aguilar
Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.
Por acuerdo de este honorable
Congreso, manifestamos a usted(es) que a su comunicación citada en antecedentes, recayó
el siguiente trámite:
Se acusa recibo y se remite a la
Comisión de Equidad y Género para los efectos procedentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 17 de
septiembre de 2002.— Diputado. Jesús Edgar
Alonso Cañete, rúbrica.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Remítase al promovente.
LEY
DE COORDINACION FISCAL
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
El siguiente punto se refiere a
excitativas y para ese fin tiene la palabra la diputada Araceli Domínguez Ramírez, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una
excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La diputada María Luisa Araceli
Domínguez Ramírez:
Con su permiso, señora Presidenta:
Los diputados federales suscritos,
con fundamento legal correspondiente, solicitamos se emita una excitativa a la Comisión
de Hacienda y Crédito Público en materia de salud para que se presente ante este pleno
su dictamen al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
El 27 de septiembre de 2001 su
servidora, a nombre de un grupo de más de 100 legisladores de todas las fracciones
parlamentarias, presentó un punto de acuerdo ante esta soberanía referente a los
problemas de iniquidad presupuestal en materia de salud que sufren los estados de Chiapas,
Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis
Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
En dicho punto de acuerdo
advertimos de los altos costos sociales que implican estas iniquidades para los estados
mencionados y se estableció que la Comisión de Salud convocaría a servidores públicos
del sector a efecto de analizar la dimensión y los factores que están originando el
déficit presupuestal y por ende de los recursos humanos.
Habían pasado casi tres meses de
que se había aprobado el punto de acuerdo citado y no se había convocado a los
servidores públicos del sector salud. El proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2002 contemplaba recursos mínimos para promover la equidad en los servicios
de salud y sólo consideraba la distribución del remanente.
El 11 de diciembre de 2001 los
legisladores firmantes del punto de acuerdo sometimos a consideración de esta soberanía
una iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 31 de la Ley de
Coordinación Fiscal.
En dicha iniciativa propusimos:
Primero. Crear un fondo
compensatorio de aportaciones para los servicios de salud, el cual estaría asignado para
atender las iniquidades presupuestales que afectan a las entidades de la Federación.
Ha transcurrido más de un año
desde que se aprobó el punto de acuerdo inicial. Los legisladores que suscribimos el
presente documento hemos tenido reuniones de trabajo con diversos grupos sociales,
organismos del sector salud, con el mismo Consejo Nacional de Salud y, después de un
amplio proceso de consulta y profundo y minucioso análisis, se ha enriquecido la
propuesta, misma que se anexa para adecuar la Ley de Coordinación Fiscal con el fin de
mejorar el mecanismo de asignación presupuestal ya existente y vincularlo de manera más
explícita con los objetivos del Programa Nacional de Salud.
Dicha propuesta considera los
siguientes indicadores:
Primero. Razón estandarizada de
mortalidad. inciso a donde se incorpora como variable de ajuste la utilización relativa
de servicios de primer y segundo nivel, según grupos de sexo y edad, como aproximación
de las necesidades de salud que se traducen en morbilidad y no necesariamente en
mortalidad.
b) Además de aproximar la carga de
la enfermedad, considera las diferencias demográficas entre entidades federativas,
indicador muy importante para medir las necesidades de salud, ya que los niños, las
mujeres en edad fértil y las personas de la tercera edad, quienes no están igualmente
distribuidos por entidad, utilizan más los servicios de salud que el resto de la
población.
Segundo. Indice de Marginación.
La fórmula vigente usa este
índice como aproximación de las necesidades de salud relacionadas con las condiciones
socioeconómicas de la entidad, el cual como se actualiza con el censo económico y
demográfico, tiene la desventaja de que se mantiene estático por 10 años, por lo que
proponemos sustituir esta variable por la probabilidad de morir en menores de cinco años
de edad, que está altamente correlacionada con el índice de marginación y que se
actualiza anualmente.
Nuestra propuesta enriquecida para
distribuir los recursos del FASSE entre las entidades, se constituye por un irreductible y
un remanente. El irreductible se estima a partir del presupuesto del año anterior,
excluyendo inversión pero considerando el ajuste por incremento salarial e inflación
para garantizar el servicio de salud prestado durante el ejercicio y dado que representa
más del 90% del FASSE, el margen de acción a partir del remanente es ilimitado, por lo
tanto el impacto de la fórmula será a lo largo del tiempo.
El remanente se compone de tres
elementos que son: una asignación según el esfuerzo estatal, una asignación por
necesidad de salud una asignación por desempeño.
Con base en estos lineamientos se
proponen modificar los artículos 29, 30 y 31 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Como ventajas de nuestra nueva
propuesta le puedo decir que el mecanismo para el cálculo de las asignaciones
presupuestales converge hacia una distribución más equitativa al excluir inversión del
irreductible, se podrá vincular el crecimiento por inversión con los componentes
necesarios del esfuerzo y desempeño.
Señora Presidenta: por lo expuesto
en esta tribuna solicito a usted que con base en las facultades que le otorga esta
soberanía, emita una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que a
la brevedad someta a la consideración de este pleno el dictamen correspondiente para el
caso que nos ocupa previa consideración de los nuevos elementos que hoy aportamos, mismos
que se anexan para distribuir equitativamente los recursos del Fondo de las Aportaciones
para los Servicios de Salud en las Entidades.
Es cuanto.
«Diputada Beatriz Paredes Rangel,
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Con fundamento en la fracción II
del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
fracción II del artículo 55, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la de la voz, Araceli
Domínguez Ramírez, solicita se emita una excitativa a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, en materia de salud, para que presente ante este pleno su dictamen, al
tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
El 27 de septiembre del año 2001,
su servidora, a nombre de un grupo de más de 100 legisladores de todas las fracciones
parlamentarias, presentó un punto de acuerdo ante esta soberanía, referente a los
problemas de iniquidad presupuestal en materia de salud, que sufren los estados de
Chiapas, Chihuahua, México, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis
Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
En dicho punto advertimos de los
altos costos sociales que implican estas iniquidades para los estados mencionados, y se
estableció que la Comisión de Salud convocaría a servidores públicos de la Secretaría
de Salud, del IMSS, del ISSSTE y de los servicios de salud de los gobiernos de los estados
referidos, a efecto de analizar la dimensión y los factores que están originando el
déficit presupuestal y por ende de los recursos humanos.
Habían pasado casi tres meses de
que se había aprobado el punto de acuerdo citado y no se había convocado a los
servidores públicos del sector salud, y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2002 contemplaba recursos para cubrir los requerimientos mínimos de los
estados citados en materia de infraestructura médica, servicios personales y gasto en
operación e inversión; sin embargo, en lo que se refiere a los recursos destinados
expresamente a promover la equidad en los servicios de salud, sólo contemplaba la
distribución del remanente. El 11 de diciembre del año 2001, los legisladores firmantes
del punto de acuerdo, a través de la que habla, sometieron a consideración de esta
soberanía una iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 31 de la Ley de
Coordinación Fiscal.
En dicha iniciativa se considera
que el Programa Nacional de Salud 2001-2006, reconoce explícitamente que existen
importantes desigualdades en la distribución de los recursos para la salud, no sólo
entre instituciones sino, sobre todo, entre grupos de población, niveles de atención y
estados, se reconocen no sólo las limitaciones metodológicas de los mecanismos de
distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
(Fassa), sino también las que contiene la fórmula de distribución de los recursos,
misma que se basa en criterios contables más que sociales.
También, en nuestra iniciativa
mencionamos que los recursos del Fondo se obtienen a partir del gasto histórico del
ejercicio presupuestal inmediato anterior y del número de plazas existentes, más los
ajustes e incrementos que esta soberanía autorice en el ámbito federal. Una vez
cubiertos estos requerimientos mínimos, el sobrante se distribuye equitativamente entre
los estados. Es evidente que este criterio:
a) No considera los criterios para
establecer gastos mínimos per capita como punto
de partida de la asignación presupuestal.
b) Privilegia necesidades de salud
asociadas a padecimientos que causan más incapacidad que mortalidad.
c) No considera mecanismos de
evaluación y estímulo a la eficiencia. Aunado a lo anterior, el Presupuesto de Egresos
de la Federación ejercido en pesos corrientes para los años 2000 y 2001 y autorizado
para el 2002, contempló recursos para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud (Fassa) por un total de 22 mil 832 millones de pesos, 25 mil 336 millones y 26 mil
90 millones de pesos, respectivamente, de donde se observa un incremento de 2.97% en el
último ejercicio; es decir estos recursos están sirviendo únicamente para mantener los
esquemas de atención y cobertura que se ha dado en años anteriores para aquellos estados
de la Federación que se han visto afectados por las iniquidades propias del esquema de
asignación de recursos del Fassa.
Como lo apuntamos en la iniciativa
presentada, durante 1999 el gasto per capita en
el sector salud en el Distrito Federal fue de $4,314; en Baja California Sur de $2,292;
Colima $1,579; Nuevo León $1,465; Baja California $1,302; y el gasto per capita promedio a nivel nacional es de
$1,214.8%; mientras que entre los 10 estados con mayor iniquidad estuvo entre $604 y $804.
También constatamos que la
proporción de médicos por cada 10 mil habitantes en las 13 entidades con mayor
iniquidad, son las que presentan los promedios más bajos.
Indices similares se presentan en
el caso de enfermeras, odontólogos, gineco-obstetras y pediatras; en términos generales,
el desequilibro presupuestal se refleja en graves problemas en el abasto de medicamentos y
déficit de personal médico y paramédico.
Por todo lo anterior, como
conclusión de la iniciativa propuse un conjunto de modificaciones a la Ley de
Coordinación Fiscal, en la parte correspondiente a la distribución de los recursos del
Fassa, las cuales consisten básicamente en:
1. Crear un Fondo Compensatorio de
Aportaciones para los Servicios de Salud, el cual estaría asignado para atender las
iniquidades presupuestales que afectan a las entidades de la Federación.
2. Los recursos del fondo
equivaldrían al 50% de los recursos remanentes del Fassa, de la fracción IV del
artículo 30, que son sujetos de distribución entre el total de entidades de la
Federación a partir de la aplicación de la fórmula vigente establecida en el artículo
31 de la Ley de Coordinación Fiscal.
3. Los recursos del Fondo
Compensatorio serían adicionales a los asignados en la ley vigente.
4. Los recursos del Fondo
Compensatorio se distribuirían entre los estados de la Federación de acuerdo con los
siguientes criterios:
a) A partir del establecimiento de
un techo mínimo de gasto per capita en salud,
mismo que se propuso sea de 900 pesos.
b) A partir de la aplicación de
una fórmula de distribución a las entidades cuyo gasto per capita del año inmediato anterior, haya sido
menor a 900 pesos.
Tomando en cuenta lo comentado
anteriormente y que ha transcurrido más de un año desde que se aprobó el punto de
acuerdo inicial, los legisladores que suscribimos el presente documento hemos tenido
reuniones de trabajo con diversos grupos sociales, organismos del sector salud, con el
mismo Consejo Nacional de Salud, y después de un amplio proceso de consulta y profundo y
minucioso análisis, se ha enriquecido la propuesta, misma que se anexa, para adecuar la
Ley de Coordinación Fiscal, con el fin de mejorar el mecanismo de asignación
presupuestal ya existente y vincularlo de manera más explícita con los objetivos del
Programa Nacional de Salud 2001-2006.
Dicha propuesta considera los
siguientes indicadores:
1. Razón estandarizada de
mortalidad.
a) Donde se incorpora como variable
de ajuste la utilización relativa de servicios de primer y segundo nivel, según grupos
de sexo y edad, como aproximación de las necesidades de salud que se traducen en
morbilidad y no necesariamente en mortalidad.
b) Además de aproximar la carga de
la enfermedad, considera las diferencias demográficas entre entidades federativas.
Indicador muy importante para medir
las necesidades de salud, ya que los niños, las mujeres en edad fértil y las personas de
la tercera edad, quienes no están igualmente distribuidos por entidad, utilizan más los
servicios de salud que el resto de la población.
2. Indice de marginación.
En la fórmula vigente se usa este
índice como aproximación de las necesidades de salud relacionadas con las condiciones
socioeconómicas de la entidad, el cual como se actualiza con el Censo Económico y
Demográfico, tiene la desventaja que se mantiene estático por 10 años, por lo que se
propone sustituir esta variable por la probabilidad de morir, en menores de cinco años de
edad, que está altamente correlacionada con el índice de marginación y se actualiza
anualmente.
En lo que se refiere a nuestra
propuesta para distribuir los recursos del Fassa entre las entidades:
El presupuesto del Fassa se
constituye por un “irreductible” y un “remanente”.
El irreductible se estima a partir
del presupuesto del año anterior, excluyendo inversión, pero considerando el ajuste por
incremento salarial e inflación, para garantizar el servicio de salud prestado durante el
último ejercicio. El remanente se compone de tres elementos que son:
a) Una asignación según el
esfuerzo estatal. Misma que apoya en mayor medida a las entidades que más invierten en
salud.
b) Una asignación por necesidades
de salud. Se refiere a la asignación para cubrir las necesidades de atención de salud y
medicina preventiva de las entidades.
c) Una asignación por desempeño.
La cual se asigna con base en la evaluación del desempeño de cada una de las entidades.
Con el irreductible garantizaremos
la continuidad en los servicios prestados actualmente y dado que representa más del 90%
del Fassa, el margen de acción a partir del remanente es limitado, por lo tanto el
impacto de la fórmula será a lo largo del tiempo.
Con base en estos lineamientos se
modifican los artículos 29, 30 y 31 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Por último, como ventajas de
nuestra nueva propuesta les puedo decir:
• Que el mecanismo para el
cálculo de las asignaciones presupuestales converge hacia una distribución más
equitativa.
• Al excluir inversión del
irreductible, se podrá vincular el crecimiento por inversión con los componentes de
necesidades, esfuerzo y desempeño.
• Se hacen explícitos los
criterios para determinar el irreductible y los porcentajes del remanente que se
destinarán a cada componente.
Señora Presidenta: por lo expuesto
en esta tribuna, solicito a usted que con base en las facultades que le otorga esta
soberanía, emita una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que
a la brevedad someta a consideración de este pleno el dictamen correspondiente para el
caso que nos ocupa, previa consideración de los nuevos elementos que hoy aportamos,
mismos que se anexan, para distribuir equitativamente los recursos del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud en las entidades.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 30 de septiembre de 2002. Diputados:
Araceli Domínguez Ramírez, Jaime Alcántara Silva, Alberto Amador Leal, Cutberto
Cantorán Espinoza, Melitón Morales Sánchez, Benito Vital Ramírez, Víctor Díaz
Palacios, Concepción González Molina y Adela
Cerezo Bautista (rúbricas).»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señora diputada.
De
conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público para que emita el dictamen correspondiente.
PENA DE
MUERTE
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra la diputada Teresa
Romo Castillón, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una
excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La diputada María Teresa de Jesús
Romo Castillón:
Con su permiso, señora Presidenta:
Acción Nacional reconoce la
dignidad de la persona humana. Sostenemos que el valor de los seres humanos debe de ser
respetado desde el momento de su concepción hasta su muerte natural.
La discriminación de cualquier
persona por razón de sexo, edad, raza, lugar de nacimiento, religión, pensamiento o
posición social, atenta contra la dignidad esencial de todo ser humano; debe de ser
rechazada y condenada.
Sólo la persona que respete a la
persona humana como el eje central de la vida, es auténticamente libre. La
responsabilidad de la persona implica el deber de responder ante sí y ante la sociedad
por las decisiones que libremente ha asumido. La libertad responsable consta en la
capacidad de las personas para desarrollarse según su criterio de bien en la familia, en
la escuela, en el trabajo y en la sociedad en general.
La dignidad de los seres humanos
implica también el reconocimiento del Estado de sus derechos naturales y constituyen el
objeto de los derechos humanos, los cuales son la columna vertebral de nuestra
civilización.
La dignidad humana. Sostenemos que
el Estado no sólo está obligado a consagrarla, sino también a crear las condiciones
para que tal dignidad sea efectiva y a remover todos los obstáculos que puedan dificultar
su pleno respeto.
Los derechos humanos no son
elegibles ni sujetos al consenso de la mayoría, son universales y varios para todas las
mujeres y hombres en todas las circunstancias de tiempo y lugar.
El Estado no sólo debe de
respetarlos, sino además debe salvaguardarlos y protegerlos. Su violación quebranta el
Estado de Derecho y limita la libertad de los seres humanos, con independencia de quien
cometa las violaciones a los derechos humanos deben castigarse y sancionarse con todo
rigor. Los derechos esenciales de la persona humana son inherentes ante todo sistema
democrático, pues la autoridad democráticamente elegida surge y se fundamenta en ello y
en ellos tiene su límite y objetivo.
Creemos en un sistema no
jurisdiccional de defensa de los derechos humanos que proteja las garantías de la
persona, que observe la actuación de los gobiernos para que su conducta y decisiones se
ajusten a la ley, que emita recomendaciones cuando las autoridades las violentan y que
divulguen y promuevan su respeto.
Para nosotros su salvaguarda exige
que estos organismos públicos que defiendan los derechos humanos adquieran una completa
autonomía en los ámbitos estatales, al mismo tiempo que impulse una responsable
fiscalización de la actualización de los defensores por parte de las comisiones
legislativas, sin que ello signifique subordinación o suplementación de sus deberes.
La pena de muerte ha sido desde
hace mucho tiempo objeto de controversia y de campañas internacionales en pro de la
abolición de la practicada en tiempo de paz. El debate ha sido siempre sobre la validez o
no de sancionar con esta forma de castigo. Bajo la presión atendible las sociedades
reclaman sanciones más eficientes que logren realmente abatir la delincuencia y la
ferosidad con que ésta actúa.
La pena de muerte es un desafío
directo al derecho a la vida. Cuando se aplica deteriora el valor a la vida ante los ojos
de la sociedad. Con ello no se avanza, sólo se endurece el Estado. La pena de muerte ha
sido y sigue siendo aplicada en una serie de países con el fin de luchar contra los
atracos a mano armada, contra la oleada de asesinatos e incluso por delitos abominables
que nadie justifica y que deben ser sancionados con medidas eficaces pero humanas.
Sin embargo, no es exacto deducir
que la pena de muerte sea conveniente porque algunos países industrializados la sigan
aplicando. No es responsabilidad nuestra decidir acerca de la vida y de la muerte de un
delincuente. Nos concierne mejorar nuestro ámbito social, debemos evitar que el Estado,
la autoridad pública, actúe recurriendo a la violencia que trate de erradicar la vida
social. El asesino mata inocentes, niños o cualquiera otra persona; luego el Estado mata
a los asesinos y lo único que se logra es incrementar la violencia.
Recientemente el titular del
Ejecutivo Federal se ha manifestado abiertamente en contra de la pena capital. Así en
nuestra visita a Nigeria hizo un claro señalamiento condenando la pena de muerte.
Como sabemos, el artículo 22 de
nuestra Constitución faculta al legislador para reglamentar la pena de muerte. No
obstante el artículo 18 del mismo ordenamiento señala que el sistema penal se organiza
sobre las bases del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios
para readaptación social del delincuente. Es decir, la doctrina penal lógica que inspira
este numeral no es retribucionista, pero el artículo 22 lo contradice dándole la pena en
este último párrafo: un carácter incluso de venganza pública.
Por lo que en el ánimo de los
legisladores que se han dado a la tarea de presentar la iniciativa para la renovación del
homicidio judicial, está presente la absolución de dicha pena.
Por lo anterior, resulta poco
congruente con la contradicción humanista que nos caracteriza como nación conservar
aunque sólo sea este nivel constitucional tan salvaje y primitivo castigo. Ya desde 1856
era severamente cuestionado por el visionario de humanismo que señalaba lo que hoy
desgraciadamente algunos intentan denostar. No es función de la razón, sino el simple
utilitarismo. Citamos el discurso pronunciado en la sesión del 21 de agosto de 1856:
“y con qué derecho la sociedad puede imponer la pena de muerte”.
Por lo anterior, hacemos un llamado
urgente a todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso para hacer de los
principales humanistas una realidad en nuestro marco jurídico, acercándolo a la
modernidad.
En tal virtud, señora Presidenta
de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, atentamente
pido se sirva, en los términos dispuestos por el artículo 21 fracción XVI del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
excite y envíe el presente documento a las comisiones de Puntos Constitucionales y de
Justicia y Derechos Humanos, para que se presente el dictamen respectivo y de ser el caso
en su conjunto a la iniciativa de reformas a los artículos 14 y 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos señalados anteriormente.
Muchas gracias.
«Posicionamiento de la excitativa
para la dictaminación de diversas iniciativas de reforma constitucional para abolir la
pena de muerte.
Acción Nacional reconoce la
dignidad de la persona humana. Sostenemos que el valor de los seres humanos debe ser
respetado desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. La discriminación
de cualquier persona por razón de su sexo, edad, raza, lugar de nacimiento, religión,
pensamiento o posición social, atenta contra la dignidad esencial de todo ser humano,
debe ser rechazada y condenada.
Sólo la persona que respete a la
persona humana como eje central de la vida es auténticamente libre. La responsabilidad de
las personas implica el deber de responder ante sí y ante la sociedad por las decisiones
que libremente ha asumido. La libertad responsable consiste en la capacidad de las
personas para desarrollarse según su criterio de bien en la familia, en la escuela, en el
trabajo y en la sociedad, en general.
La dignidad de los seres humanos
implica también el reconocimiento del Estado de sus derechos naturales y constituye el
objeto de los derechos humanos, los cuales son la columna vertebral de nuestra
civilización: la dignidad humana. Sostenemos que el Estado no sólo está obligado a
consagrarlos, sino también a crear las condiciones para que tal dignidad sea efectiva, y
a remover todos los obstáculos que puedan dificultar su pleno respecto.
Los derechos humanos no son
elegibles ni sujetos al consenso de la mayoría, son universales y válidos para todos los
hombres y mujeres en todas las circunstancias de tiempo y lugar. El Estado no sólo debe
respetarlos, sino además debe salvaguardarlos y protegerlos, su violación quebranta el
Estado de Derecho y limita la libertad de los seres humanos, con independencia de quien
cometa las violaciones a los derechos humanos, deben castigarse y sancionarse con todo
rigor. Los derechos esenciales de la persona humana son inherentes a todo sistema
democrático, pues la autoridad democráticamente elegida surge y se fundamenta en ello y
en ellos tiene su límite y objetivo.
Creemos en un sistema no
jurisdiccional de defensa de los derechos humanos que proteja las garantías de la
persona, que observe la actuación de los gobiernos para que su conducta y decisiones se
ajusten a la ley, que emita recomendaciones cuando las autoridades los violenten y que
divulguen y promuevan su respeto. Para nosotros, su salvaguarda exige que estos organismos
públicos de defensa de los derechos humanos adquieran una completa autonomía en los
ámbitos estatales, al mismo tiempo que impulse una responsable fiscalización de la
actuación de los defensores por parte de comisiones legislativas, sin que ello signifique
subordinación o suplantación de sus deberes.
La pena de muerte ha sido desde
hace mucho tiempo, objeto de controversia y de campañas internacionales en pro de la
abolición de practicarla en tiempo de paz. El debate ha sido siempre, sobre la validez o
no, de sancionar con esta forma de castigo.
Bajo la presión atendible, las
sociedades reclaman sanciones más eficientes que logren realmente abatir la delincuencia
y la ferocidad con que ésta actúa.
La pena de muerte es un desafío
directo al derecho a la vida que cuando se aplica, deteriora el valor a la vida ante los
ojos de la sociedad, con ello, no se avanza, sólo se endurece el Estado.
La pena de muerte ha sido y sigue
siendo aplicada en una serie de países con el fin de luchar contra los atracos a mano
armada, contra las oleadas de asesinatos e incluso por delitos abominables que nadie
justifica y que deben ser sancionados con medidas eficaces pero humanas.
Sin embargo, no es exacto deducir
que la pena de muerte sea conveniente porque algunos países industrializados la sigan
aplicando. No es responsabilidad nuestra decidir acerca de la vida o la muerte de un
delincuente, nos concierne mejorar nuestro ámbito social. Debemos evitar que el Estado,
la autoridad pública, actúe recurriendo a la violencia que trata de erradicar de la vida
social. El asesino mata inocentes, niños o cualquier otra persona. Luego el Estado mata a
los asesinos y lo único que se logra es incrementar la violencia.
Recientemente el titular del
Ejecutivo Federal se ha manifestado abiertamente en contra de la pena capital. Así, en su
visita a Nigeria hizo un claro señalamiento condenando la pena de muerte por lapidación
de Amina Lawal y exhortó al Presidente de aquella nación a evitar que dicha pena fuera
aplicada a esta mujer. Ayer la Unión Europea llamó a la comunidad internacional a
renunciar a la práctica de la pena de muerte y a considerar a los tribunales
internacionales para juzgar casos de genocidio o crímenes contra la humanidad.
“La UE emite un firme llamado
a todos los gobiernos a renunciar a la pena de muerte en cualquier forma, a introducir y
mantener una moratoria en ejecuciones y eventualmente abolir el uso de la pena capital en
sus sistemas legales.”
La Unión Europea considera
“injustificable” el uso de la pena capital para crímenes no violentos y aspira
a ver su abolición en la ley y en la práctica en todos los países del mundo.
Los 15 países miembros de la UE
han abolido esta pena de sus legislaciones internas y ha apoyado a tribunales
internacionales para tratar el genocidio y crímenes contra la humanidad.
Aquí en nuestro país, ya desde
Legislaturas anteriores pero de manera notoria en la presente, se ha puesto de manifiesto
a través de iniciativas de reforma constitucional, posicionamientos, puntos de acuerdo y
opiniones, la urgente necesidad de abolir la pena de muerte en nuestro país. Así lo
demuestran las iniciativas de los diputados Tarcisio Navarrete y Silvia López, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional; la del diputado Angel Artemio Meixueiro
González, del grupo parlamentario del Partido Revolución Institucional, y las de los
diputados Benito Mirón Lince y Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, entre otras. Es más, observamos muchos puntos de
coincidencia que nos llevan a presentar la excitativa correspondiente para que la voluntad
del Congreso en contra de la pena de muerte se vea plasmada en su supresión de nuestro
marco constitucional.
En este sentido, hoy podemos
afirmar con satisfacción que existe un consenso evidente entre las diversas fuerzas
políticas representadas en el Congreso, para dejar atrás, ya no la aplicación de este
atávico castigo, sino la simple amenaza de que pueda ser reglamentado.
Como sabemos, el artículo 22 de
nuestra Constitución faculta al legislador para reglamentar la pena de muerte. No
obstante, el artículo 18 del mismo ordenamiento señala que el sistema penal se organiza
sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para
la readaptación social del delincuente; es decir, la doctrina penal lógica que inspira
este numeral no es retribucionista, pero el artículo 22 lo contradice dándole a la pena
en su último párrafo, un carácter incluso de venganza pública, por lo que en el ánimo
de los legisladores que se han dado a la tarea de presentar las iniciativas para la
derogación del homicidio judicial, está presente la obsolescencia de dicha pena.
Por su parte, el artículo 14 de la
Carta Magna conserva la posibilidad de aplicar la pena de muerte. Se desprende, pues, la
posibilidad del homicidio judicial irónicamente respetando las rigurosas formalidades
esenciales del procedimiento. La pena capital es destructiva, pues elimina, de modo
radical e inmediato, la existencia humana, por lo que descarta la enmienda, la
reeducación o la readaptación social del sentenciado. La pena capital es también
irreparable en cuanto a su aplicación, en el supuesto no extraño de ser injusta, impide
toda posterior reparación. Finalmente es rígida, toda vez que no puede ser graduada,
condicionada o dividida.
Por lo anterior, resulta poco
congruente con la tradición humanista que nos caracteriza como nación, conservar aunque
sólo sea a nivel constitucional, tan salvaje y primitivo castigo. Ya desde 1856 era
severamente cuestionada por adelantados visionarios de humanismo que señalaban lo que
hoy, desgraciadamente, algunos aún intentan denostar, no en función de la razón, sino
del simple utilitarismo. Citamos el discurso pronunciado en la sesión del 21 de agosto de
1856: “Y con qué derecho la sociedad puede imponer la pena de muerte. Es indudable
que en la hipótesis del pacto social, hipótesis que es el fundamento del sistema
democrático, el individuo no ha podido ceder aquello de que él mismo no puede disponer.
El hombre no puede quitarse la vida, menos puede tener la sociedad derechos que el mismo
hombre no tiene”.
Ahora bien, por otra parte, hemos
podido observar cómo este tema reúne a los diversos actores políticos, muy marcadamente
en los diversos casos de ejecuciones de mexicanos en el vecino país del norte, en donde
las manifestaciones de reproche a tan irreparable sanción son por demás consistentes.
Nuestro país debe dar el paso,
como ya lo ha hecho la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, en el
sentido de la congruencia no sólo ideológica, sino intelectual y legitimarse así de
manera formal para poder alzar la voz y condena al nivel internacional del homicidio
judicial.
Aunado a éste, nuestro gobierno ha
reiterado en múltiples ocasiones, como parte de su política externa e interna, que
México considera a la pena de muerte como una violación del más elemental de los
derechos humanos: el derecho a la vida. Por ello se ha unido al llamado de la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU para que, aquellos países que aún imponen la pena de muerte,
decreten una moratoria a las ejecuciones, con miras a su abolición definitiva y avanzar
en la dirección del respeto a los derechos humanos.
Por lo anterior, hacemos un llamado
urgente a todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso para hacer de los
principios humanistas una realidad en nuestro marco jurídico acercándolo a la
modernidad.
En tal virtud, a usted, Presidenta
de la Cámara de Diputados, en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión,
atentamente pido se sirva
Unico. En los términos de lo dispuesto por el
artículo 21 fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a las comisiones de
Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos para que presenten el dictamen
respectivo y, de ser el caso en su conjunto, a las iniciativas de reforma a los artículos
14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señaladas
anteriormente.
Diputada: Teresa Romo Castillón (rúbrica).»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
De
conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la
Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente.
1968
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Continuando con el siguiente punto
del orden del día, que se refiere a efemérides, tenemos la conmemoración del 2 de
octubre de 1968, a cargo de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de
Diputados.
Para referirse a este tema, han
solicitado el uso de la tribuna los siguientes diputados, a quienes se les concederá
hasta por cinco minutos: por el Partido del Trabajo, Víctor Antonio García Dávila; por
el Partido de la Revolución Democrática, Uuc-kib Espadas Ancona; por el Partido Acción
Nacional, Raúl García Velázquez y por el Partido Revolucionario Institucional, José
Francisco Yunes Zorrilla.
Por lo tanto, tiene la palabra el
señor diputado Víctor Antonio García Dávila, hasta por cinco minutos.
El
diputado Víctor Antonio García Dávila:
Con la venia de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
“El cambio en México ya nadie
lo para”, la reversa también es cambio.
El 2 de octubre de 1968 representa
el momento más culminante de la historia política contemporánea de nuestra nación, por
haber sido el parteaguas que marcó el derrumbe estrepitoso de los regímenes autoritarios
que habían emanado de la Revolución Mexicana. Representa también la expresión más
nítida del entallamiento de todas las contradicciones del capitalismo mexicano que se
habían incubado a lo largo de casi 30 años y que era la base para explotar a los obreros
mexicanos y para promover el desa- rrollo de la gran empresa y la concentración de la
Iglesia.
En este contexto, el movimiento
estudiantil de 1968 representa la expresión del grado de descomposición social del
sistema económico y político que había beneficiado a unos cuantos y que los regímenes
priístas habían alentado y promovido para apoyar el surgimiento y la consolidación del
gran capital que hoy no sólo puede caminar por pies propios, sino que todavía sigue
recibiendo los beneficios de un Estado que nació para apoyarlos.
Justo es decirlo, las demandas que
planteaban los jóvenes mexicanos en aquel tiempo no perseguían la toma del poder
político central de nuestra nación. Sus demandas fundamentales se inscribían en la
exigencia de mayores espacios de libertad política.
No debemos olvidar que durante el
régimen de Díaz Ordaz y los subsecuentes regímenes priístas, el país se desenvolvía
en medio de la degradación cívica, la corrupción política y la ausencia de libertades
cuya expresión concreta era la inexistencia de partidos políticos independientes que
representaran verdaderamente al pueblo.
Los estudiantes mexicanos de 1968
repudiaban la farsa y la alquimia electoral que había sido el expediente favorito
utilizado por el PRI para ganar de forma abrumadora todas las elecciones en cualesquiera
de los niveles de gobierno del país. No estaban de acuerdo con la forma escandalosa que
había adoptado la corrupción de los funcionarios públicos de nuestro país. Sabían que
la transformación de los políticos en empresarios o accionistas de grandes empresas era
el resultado de los malos manejos del dinero público.
¿Cómo olvidar los políticos
populistas y corruptos de ése entonces, que se cobijaban bajo el escudo del nacionalismo
para cometer a nombre de la nación toda clase de rapacidades y de atropellos a los más
elementales derechos humanos?
La prueba fehaciente del
autoritarismo de esos regímenes priístas lo tenemos con la matanza de cientos de
jóvenes inocentes que tuvieron la valentía de oponerse a un poder estatal que estaba
putrefacto y que no había representado ni representaba los intereses fundamentales del
pueblo mexicano.
La matanza de Tlatelolco y la
represión sistemática y sostenida contar la disidencia política del México de esa
época, no terminaría con la muerte de una parte valiosa de la juventud mexicana. El
autoritarismo y la defensa a ultranza de los escandalosos privilegios de la clase
gobernante y de los empresarios beneficiarios de esa política, serían la tónica de los
siguientes años.
El año 1968 sería la
continuación de la represión que había caracterizado al Estado mexicano en contra de
los movimientos sociales que pugnaban por un México democrático y transparente. La
guerra sucia contra todo movimiento que se opusiese a los dictados del Estado mexicano, se
convirtió desde ése entonces en una forma muy poderosa para eliminar a todo aquel que se
atreviese a expresar su inconformidad contra el sistema vigente.
El Gobierno Federal no dudó en
utilizar al Ejército mexicano y a todas las fuerzas del orden para lanzarlas en contra de
la población civil que se manifestara contra el orden imperante, ya fuese en el campo o
en la ciudad.
A 34 años de iniciada esa guerra
sucia, la memoria colectiva no olvida todavía que hay culpables que continúan
transitando a lo largo y ancho de nuestro territorio sin ninguna restricción a sus
libertades individuales, el nuevo régimen tiene miedo a tocarlos, teme desencadenar una
lucha de facciones que altere el orden y la legalidad que permite la explotación de
muchos y el enriquecimiento de unos cuantos
Tienen miedo de reconocer la
autenticidad y la verdadera dimensión del pasado histórico de nuestro país, porque eso
significaría hablar con la verdad y comprometerse con ese valor humano que los políticos
han distorsionado, el nuevo régimen tiene miedo a juzgar a los responsables directos de
esa guerra sucia, la creación de la fiscalía para la investigación de los delitos
cometidos en el pasado simplemente es una cortina de humo para cubrir a esos responsables.
Por esta razón el grupo
parlamentario del Partido del Trabajo desea rendir, desde esta tribuna, un merecido
homenaje a todos los caídos en el movimiento revolucionario del 2 de octubre de 1968,
incluso propusimos en la XXXVII Legislatura que se inscriba en letras doradas en los muros
de esta Cámara de Diputados, para honrar la memoria de los Mártires por la Democracia
del 2 de octubre de 1968.
Tenemos claro que el movimiento
revolucionario de 1968 sigue en marcha, por eso, por ejemplo cuando menos debe servir de
ejemplo para que la impunidad sea desterrada y ello sólo se logrará si se castiga a los
autores intelectuales de la guerra sucia y de la masacre del 2 de octubre de 1968 y de las
masacres posteriores a este movimiento.
Es cuanto.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
Se concede el uso de la palabra al
diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del Partido de la Revolución Democrática.
El
diputado Uuc-kib Espadas Ancona:
Señora Presidenta, señores
diputados:
El 2 de octubre de 1968 fue sin
duda uno de esos días que sintetizan años, se sintetizó ahí la intolerancia del
régimen, el espíritu autoritario con el que el México de la posguerra había crecido,
el espíritu intolerante de quienes consideraban la estructura del poder como un aparato
establecido en su beneficio y no como un instrumento al servicio de la sociedad.
Pero también se sintetizó ahí la
decisión de un pueblo que transitara nuevas formas de convivencia, el reclamo de
democratizar una sociedad que bajo aquellos esquemas autoritarios no podía ya hacer
crecer a nuestro México. El final brutal que tuvo el movimiento estudiantil de 1968 fue
sin embargo, la muerte de aquel régimen autoritario, 34 años después México sigue en
un penoso transitar a la democracia que no acaba de concluir pero que, sin embargo,
tampoco ha podido ser detenido.
Aquellos jóvenes que salieron a
tomar las calles, aquellas amas de casa, aquellos obreros que se incorporaron al
movimiento no tenían posiblemente una perspectiva clara del papel que en la historia
estaban jugando, no importaba, se abrían puertas, como en tantas ocasiones previas en la
historia universal la sabiduría del pueblo trascendía a los propios actos.
Quedaron ahí en esa Plaza de las
Tres Culturas, no enterrados los sueños de los estudiantes asesinados, se enterró bajo
aquella represión brutal la última posibilidad de un régimen autoritario de proyectarse
indefinidamente al futuro.
Es por eso que hoy, las mexicanas y
mexicanos tenemos la obligación de mirar hacia ese 1968, de reconocernos en ese 1968 y de
ver que, de lo que hoy hemos hecho con nuestro país, que de lo que en el proceso
democrático hemos construido es resultado directo indiscutible de aquellas acciones de
jóvenes ingenuos que entregaron su sangre por el país.
Estamos también en deuda, no hemos
sido capaces como nación de cerrar las heridas de 1968 y no podemos serlo, la verdad esto
se ha recordado tanto en estos años, nos lo han recordado tanto otros pueblos, nos lo ha
recordado la República de España, nos lo ha recordado el socialismo chileno, la verdad
es un instrumento ineludible para lograr la conciliación de los pueblos, la verdad es un
instrumento ineludible para alcanzar el olvido y finalmente la verdad, es un instrumento
ineludible para seguir avanzando en este proceso que no ha concluido
No podemos olvidar y, sin embargo,
las voces más autoritarias en nuestro país siguen proponiendo olvidar. No sabemos hoy,
no tenemos hasta el día de hoy una expresión pública oficial de reconocimiento pleno de
los terribles hechos acaecidos en aquel año de 1968.
Más allá de lo que todo el mundo
puede reconocer en la calle, más allá de lo que todos los mexicanos saben, más allá de
lo que crecimos sabiendo generaciones y generaciones, el Estado mexicano hasta el día de
hoy no ha dicho nada sobre lo ocurrido el 2 de octubre de 1968. No podemos continuar si
queremos alcanzar el olvido, no podemos continuar ocultando los hechos.
Es imprescindible que en este país
seamos capaces de explorar los nuevos instrumentos de la democracia; seamos capaces de
responder al reclamo democratizador de la ciudadanía y sepamos de una vez que fue
precisamente lo que ocurrió ese 2 de octubre y quiénes son precisamente los responsables
de lo ahí ocurrido.
Finalmente tenemos todavía como
Poder Legislativo, una deuda que pagar: es cierto que a este recinto han llegado varias
veces propuestas para inscribir en letras de oro la alusión a los Mártires del 2 de
octubre de 1968. Nos hemos negado a hacerlo; hemos sido así cómplices del ocultamiento,
cómplices de la construcción de una verdad oficial que nada tiene qué ver con la verdad
del pueblo.
Estamos seguros de que pronto en
esta Cámara, mucho más pronto de lo que podríamos esperar, se inscribirá finalmente la
alusión a los mártires de 1968 y estaremos ahí puestos ya en el camino para olvidar, en
el camino para reconciliar y en el camino precisamente para saber aprovechar el gran
caudal democrático que esos jóvenes entregaron a la patria.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
Se concede el uso de la palabra al
diputado Raúl García Velázquez, del Partido Acción Nacional.
El
diputado Raúl García Velázquez:
En 1968 yo estudiaba la carrera de
leyes en la Facultad de Derecho de la UNAM. Esa tarde del 2 de octubre será imborrable
para mí, será una tarde que jamás olvidaré.
Ese día había estado yo con mi
brigada dando a conocer el pliego petitorio que el movimiento estudiantil tenía en sus
manos. Ya no recuerdo si eran seis o siete puntos, como la abrogación del artículo 145,
145-bis, que eran los de la disolución social; la destitución del jefe de policía; la
destitución del jefe de granaderos; el esclarecimiento de las víctimas de aquel
movimiento de 1968; en fin, no recuerdo ya todos los puntos que traería el pliego
petitorio del movimiento estudiantil.
Después de dar a conocer en los
camiones, en las plazas públicas, nuestro pliego petitorio con mi brigada, acudimos al
llamado del movimiento… de ese mitin, en la Plaza de las Tres Culturas. Estando en la
explanada, vi sobrevolar el helicóptero que lanzó aquellas bengalas, aquellas bengalas
que anunciarían un tronadero como no se imaginan.
Poquito después de las 6:00 de la
tarde, fue cuando oímos algunos truenos que se venían acercando poco a poco hasta el
centro de la explanada donde yo me encontraba. Corrí junto con los demás muchachos,
hacia el frente, hacia el edificio Chihuahua, ahí vi a unos individuos que no parecían
estudiantes por su edad, que con un guante o pañuelo blanco no distinguía claramente;
disparaban hacia la parte superior del edificio, ¿a quién?, nunca lo sabré.
Mis compañeros y yo corrimos hacia
un costado del Chihuahua, ahí nos esperaban unos soldados que con fusiles nos apuntaron
fijamente. Corrimos nuevamente por sobre nuestros pasos y nos escondimos el pequeño grupo
y yo en un departamento que estaba a espaldas del Chihuahua, ahí estuvimos hasta la media
noche.
Al cabo de la media noche,
decidimos salir acompañados hombre y mujer, según nosotros para despistar a las llamadas
“fuerzas del orden”. Cuando a mí me tocó salir, a eso de la 1:00 de la
mañana, las mujeres se habían agotado, así es que me tocó salir con un compañero de
la ESIME. Al salir fui detenido por un compañero mío de la facultad de derecho, que en
realidad no era estudiante, sino policía.
Aquí es donde viene una
reflexión; que ese movimiento estudiantil en el cual yo participé, estaba infiltrado por
fuerzas tan oscuras que todavía el día de hoy me pregunto, ¿qué es lo que
pretendían?, ¿qué es lo que querían?, y 34 años después de esa tragedia, de esa
masacre del 2 de octubre de 1968 me sigo preguntando, ¿qué es lo que pretendían esas
fuerzas oscuras con esa masacre, con ese derramamiento de sangre pura, de sangre limpia,
de sangre joven, de sangre de estudiantes que lo único que querían era un cambio en las
altas esferas de la política, que nunca se interesó por realizar el bien común dentro
de nuestra patria, sino únicamente estaba interesado en mezquinos intereses?
Y la pregunta ha quedado en el
aire. No sé si ahora la Fiscalía Especial para Delitos del Pasado esté dando frutos.
Hace un tiempo muy breve vimos en los medios a un señor Luis Echeverría que se burló de
esta fiscalía, no contestó las preguntas, hizo lo que quiso. Hemos visto a otras
personas que han llegado a esta fiscalía burlándose también de la misma y la pregunta
sigue en el aire: ¿llegará el momento en que se esclarezca este crimen, llegará el
momento en que lleguemos a conocer la verdad? Ojalá, el pueblo mexicano está deseoso de
saber la verdad de lo que ocurrió ese 2 de octubre de 1968.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
Finalmente para referirse a este
tema de la conmemoración del 2 de octubre de 1968, hará uso de la palabra el diputado
José Francisco Yunes Zorrilla, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco
minutos.
El
diputado José Francisco Yunes Zorrilla:
Con el permiso de la diputada
Presidenta y agradeciendo la atención de las señoras y las señores diputados:
Me voy a permitir compartir con
ustedes algunas reflexiones con respecto a esta fecha tan relevante y tan importante para
la historia contemporánea de nuestro país.
Me corresponde recordar en nombre
de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, desde esta
tribuna, no sólo los complejos sucesos que culminaron el 2 de octubre de 1968, sino
principalmente las múltiples consecuencias que esa causa generó en beneficio de la
organización futura de nuestro país. Por eso, antes de cualquier comentario, en esta
fecha, con mucha convicción y con mucho respeto lamentamos enérgicamente, de nueva
cuenta, la distorsión que sufrió en el trance un movimiento legítimo en su origen,
distorsión que implicó la participación de actores ajenos a la causa, que confundió
los medios por los cuales conducirse y que desembocó, para tristeza de todos, en la
profusión de la violencia, en la lógica de la fuerza y en la vergüenza de la pérdida
irreparable. Esas pérdidas las recordamos hoy con pesar y con gratitud.
Para los millones de jóvenes
mexicanos que nacimos después de 1968, la participación estudiantil de ese año es algo
más que un evento histórico, algo superior a la existencia de sólo trauma social,
significó el despertar de una clase media ilustrada que a la fecha contribuye al
desarrollo nacional; consolidó un marco jurídico que prepondera las libertades
ciudadanas y los derechos individuales; evidenció fallas en los elementales canales de
comunicación entre gobernantes y gobernados, cuestionando los mecanismos de
representación política y obligando a su transformación; impulsó la pluralidad
democrática que en la actualidad campea en todos los niveles de participación electoral;
reafirmó a base de lagrimas y dolor, valores públicos esenciales ceñidos a la
tolerancia y a la posibilidad de discrepar.
Para los millones de jóvenes
mexicanos que nacimos después de 1968 los sucesos ocurridos en ese años alcanzan varias
interpretaciones. Sabemos lo que para la izquierda mexicana significan, por lo que le
representaron como consecuencia de su participación. Igualmente sabemos el dolor, el
inefable dolor que estos hechos guardan para los actores directamente involucrados.
Sin embargo, sabemos también lo
que esta fecha no puede, bajo ninguna circunstancia significar. No puede ser bandera para
la venganza, tampoco instrumento de posicionamiento ante la opinión pública, jamás
pretexto para violentar la justicia por la justicia ni la ley en nombre de la misma.
Por tanto, no se trata de negar el
pasado ni sus errores, tampoco se trata de impedir su conocimiento a fondo, pero es
preciso no usar el simbolismo de estos hechos en beneficio de unos y en linchamiento de
otros.
Para los miembros del Partido
Revolucionario Institucional el esclarecimiento de todo acontecimiento histórico resulta
básico. La respuesta a las responsabilidades en el ejercicio público, una obligación.
El Partido Revolucionario
Institucional está porque la transparencia prevalezca siempre, pero nunca para que en
nombre de algo noble se viole el marco de derecho, para que a favor de los derechos
humanos se pudieran cometer persecuciones y arbitrariedades.
El 2 de octubre que hoy buscamos
recuperar trasciende la violencia regada ese día, es una fecha que nos obliga a no
olvidar, a evitar la repetición de escenarios trágicos y a priorizar en el diálogo
entre los diversos.
El 2 de octubre de 1968 nos obliga
a superar la política del rencor, del resentimiento, de la venganza sobre la cual estoy
completamente seguro que coincidimos, nada serio y duradero se construye.
Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias diputado.
DIA
MUNDIAL DEL TURISMO
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Para referirse a la conmemoración
del Día Mundial del Turismo, han solicitado hacer uso de la palabra la diputada María
Cruz Martínez Colín del Partido Acción Nacional y el diputado Jaime Arturo Larrazábal
Bretón del Partido Revolucionario Institucional.
Se concede el uso de la palabra a
la diputada María Cruz Martínez Colín, hasta por cinco minutos.
La
diputada María Cruz Martínez Colín:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
En representación del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LVIII Legislatura, el día de hoy
quiero hacer uso de esta máxima tribuna para expresar nuestro posicionamiento y
conmemorar una fecha importante para el sector turístico internacional, el Día Mundial
del Turismo.
Este Día Mundial del Turismo fue
instituido por la Organización Mundial en su Tercera Reunión en la ciudad de
Torremolinos, España en septiembre de 1979. La participación y compromiso de los
diferentes agentes internacionales interesados en estas actividades, supone un mayor
recomiendo de las bondades que el ecoturismo puede traer para comunidades, regiones y
ecosistemas.
En el marco del Año Internacional
del Ecoturismo, el turismo, y en particular el ecoturismo, tiene un enorme potencial para
contribuir a la disminución de la pobreza en zonas rurales y marginadas en todos los
países, sobre todo aquéllos en vías de desarrollo. En países desarrollados el
ecoturismo es la mejor herramienta de educación ambiental y de sensibilización, respecto
a la necesidad de proteger nuestros ecosistemas.
El Día Mundial del Turismo nos
deja como enseñanza que los gobiernos, autoridades locales, empresas turísticas y todos
aquellos responsables de lograr que el turismo se convierta en la base del desarrollo
sostenible, entre ellos los propios turistas, debemos actuar conjuntamente por el bien
propio de los países.
El grado de la participación y
compromiso del turismo con nuestro país, ha sido en diversas ocasiones objeto de la
intervención de varios compañeros diputados en esta tribuna.
El día de hoy, es nuevamente
oportuno hacer mención de las bondades que el turismo representa para México. Durante
los primeros siete meses de este año, se observó una tendencia positiva y sostenida de
recuperación, esto lo demuestra el cierre estimado para el 2002, con un flujo de 20
millones de turistas internacionales hacia nuestro país y una derrama estimada del orden
de los 8 mil 400 millones de dolares.
El turismo doméstico, que
representa el 70% del gasto total, presenta un crecimiento del 5.3%.
Aplaudimos también que la Sectur
está llevando a cabo políticas que hacen del turismo una prioridad nacional, reconocemos
que se esté trabajando por fortalecer la promoción, la calidad, la sustentabilidad, la
competitividad, la diversificación y el desarrollo de nuevos mercados, segmentos y
productos.
Los diputados del grupo
parlamentario del PAN, también otorgamos un reconocimiento a la participación de la
inversión privada en el sector turístico, que en forma acumulada supera los 35 mil
millones de dolares; esta cifra se refleja en la amplia oferta de bienes y servicios
turísticos en el territorio nacional.
El trabajo conjunto e intenso entre
el Gobierno Federal, gobiernos estatales y locales, legisladores, empresarios y
trabajadores, demostró que el sector turístico mexicano pudo superar favorablemente la
crisis que afectó el turismo mundial. Podemos seguir trabajando conjuntamente,
construyendo una senda de crecimiento de la actividad turística.
Todos los aquí presentes sabemos
que el turismo puede contribuir positivamente a conciliar la protección ambiental, el
desarrollo económico y la lucha contra la pobreza. El turismo es una vía importante para
desarrollar nuestra economía.
Compañeros diputados: todas estas
bondades deben ser tomadas en cuenta por esta Legislatura, la mejor manera de demostrar
nuestra convergencia con estas ideas y sumarnos al esfuerzo que todo el sector turístico
está realizando, es dictaminando las iniciativas que busquen el cabal cumplimiento de
estos ideales.
Por ello, en nombre del grupo
parlamentario del PAN, los invito insistentemente a todos, a buscar con acciones y como
participantes de la industria turística, fomentemos políticas que permitan desarrollar
todo el potencial económico de este sector.
El turismo en México es una
alternativa real, para generar los recursos económicos que nuestro país requiere. No
dejemos pasar esta enorme oportunidad.
Muchas gracias.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputada.
Para referirse al mismo tema, se
concede el uso de la palabra al diputado Jaime Larrazábal Bretón, del grupo
parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
El
diputado Jaime Arturo Larrazábal Bretón:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras diputadas; compañeros diputados:
La XIV Asamblea General de la
Organización Mundial del Turismo, celebrada este año, no dudó en elegir el lema
“Ecoturismo, Clave del Desarrollo Sostenible”, retomando con esta decisión la
declaración hecha por la Asamblea General de las Naciones Unidas, una proclamación que
reconoce la comunidad internacional sobre las posibilidades que ofrece el turismo, el
ecoturismo en particular, de contribuir al desarrollo sostenible.
El Año Internacional del
Ecoturismo no debe de ser considerado como un fin en sí mismo, sino más bien como un
punto de inflexión en el camino del desarrollo sostenible. El turismo y en particular el
ecoturismo, tienen un gran potencial para contribuir al mejoramiento de la pobreza en las
zonas remotas y en los espacios rurales de los países en desarrollo.
En este mundo desarrollado el
ecoturismo puede ser la mejor herramienta de educación ambiental y de sensibilización
del gran público, respecto a la necesidad de proteger ecosistemas frágiles, además de
un remedio que puede poner freno al abandono de las zonas rurales y de los pueblos
tradicionales.
La sustentabilidad ambiental
implica la conservación y el respeto de los recursos y valores naturales que son la base
de la propia actividad turística, cuya existencia ha de ser garantizada en el futuro para
el propio sostenimiento de la actividad y para asegurar el disfrute del medio por parte de
las generaciones futuras.
Aunado a lo anterior, otro gran
objetivo debe ser el logro de la equidad social, aquella que supone que el turismo ha de
generar un reparto, tanto de costos como de beneficios. No existe un proceso de desarrollo
turístico equilibrado si aumentan las diferencias sociales y económicas o si se persigue
el beneficio excesivo de determinados grupos sociales o regiones frente a la marginación
o empobrecimiento de otros.
Para que lo antes expuesto se
convierta en una realidad, es necesario un esfuerzo concertado de planificación y
gestión, así como instrumentos de supervisión adecuados que impidan excesos como los
cometidos en destinos turísticos más convencionales. Así deben de entenderlo los
gobiernos, las autoridades locales, las empresas turísticas y todos aquellos responsables
de lograr que el turismo se convierta en la fuerza impulsora del desarrollo sostenible,
entre ellos los propios turistas.
Para avanzar, se requiere
fortalecer y consolidar esta actividad mediante la aplicación de programas y estrategias
que permitan coordinar esfuerzos de los tres poderes del gobierno con los sectores social
y privado del país para desarrollar infraestructura, fomentar la profesionalización de
los servicios, promover el producto ecoturístico mexicano a nivel internacional y
sensibilizar al sector turístico de la importancia de su participación en la
conservación del ambiente.
Compañeros diputados: el Año
Internacional del Ecoturismo ofrece una oportunidad para revisar las experiencias
ecoturísticas positivas en todo el mundo, con el fin de consolidar los instrumentos y
marcos institucionales que garanticen su desarrollo sostenible en el futuro.
Esta Cámara de Diputados, a
través de su Comisión de Turismo, ha demostrado su preocupación por el desarrollo
turístico nacional y que nos llamó la atención que el Ejecutivo aparentemente no nos
demuestra su interés, debido a la breve referencia que hizo sobre este tema en el pasado
informe de su gestión rendido ante esta soberanía.
Para el caso que nos ocupa, quiero
mencionar a ustedes que se tiene elaborado un anteproyecto de dictamen para reformar la
Ley Federal de Turismo en materia de ecoturismo y que esperamos que sea aprobado
próximamente por este pleno.
Por convicción, seguiremos
apoyando al sector que nos permita contribuir al abatimiento de la pobreza en nuestro
país y al mismo tiempo, ser competitivos a nivel internacional.
En este sentido, la Comisión de
Turismo ha avanzado, pero quisiera mencionar que no se encuentra satisfecha por los logros
obtenidos, porque aún nos falta mucho que hacer.
Debemos lograr que la prioridad
nacional de la que se menciona de manera recurrente, no sólo se reconozca en el discurso,
sino que se refleje en el presupuesto. Se requiere devolver al sector una retribución
justa, para lo que realmente aporta a la economía nacional. Si bien se ha logrado una
mayor reetiquetación a la promoción turística, queremos que ésta sea del 100% de su
captación.
En materia fiscal dos son las metas
prioritarias: tasas cero para grupos y convenciones y reintegrar el IVA a las compras que
realicen los turistas extranjeros que nos visitan.
En el marco jurídico, impulsaremos
el acuerdo para que el Congreso pueda legislar en materia turística. Sí, el turismo
nacional reclama y exige el fortalecimiento y competitividad, mayores inversiones,
incentivos fiscales y niveles dignos para los sectores que trabajan y viven de él.
Hagamos nuestros mayores esfuerzos
para responder a estos reclamos. Si efectivamente todos deseamos un cambio, entonces que
cada quien aporte lo que le corresponde y trabajemos de manera plural e incluyente por el
bien del turismo y por el bien de México.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias diputado.
Esta Presidencia autoriza la
intervención del diputado Rafael Servín Maldonado, del grupo parlamentario del PRD, que
se notificó a ésta apenas, hasta por cinco minutos con el mismo tema.
El
diputado Rafael Servín Maldonado:
Con su permiso, señora Presidenta:
Ha pasado más de un año de los
atentados terroristas del 11 de septiembre que conmocionaron al mundo y conmocionaron al
mundo del turismo. El tráfico aéreo internacional de pasajeros se vio seriamente
afectado y tuvo repercusiones en el sector hotelero y afectó seriamente a los grandes
centros turísticos.
Los años 2000 y 2001, fueron años
excepcionales para el turismo; el turismo representó un crecimiento de 45 millones de
entradas y alcanzaban cuotas sin precedentes. En el 2001 una baja sensible disminuía en
el 6% en el primer año negativo de crecimiento internacional desde 1982.
Sin embargo, pese a las cifras que
afectaron sensiblemente al turismo mundial, para países como México que ocupa el octavo
lugar en el mundo en llegadas de turistas, se abren expectativas grandes, ya que durante
enero y junio del 2002, la llegada de turistas internacionales ascendió a más de 10
millones de turistas.
Los ingresos por visitantes
internacionales representaron 4 mil 560 millones de dólares. Los principales mercados
emisores de turistas al interior de México fueron Estados Unidos, Canadá y Europa.
Por lo que es sumamente importante
que México a través del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, respalde la
resolución del pasado mes de julio, que permitiría la conversión de la Organización
Mundial de Turismo en un organismo especializado de la Organización de las Naciones
Unidas.
Esa resolución dispone el inicio
de un proceso de negociaciones que podría llevar a que la Organización Mundial de
Turismo tuviera relevancia y reconocimiento internacional como un organismo especializado
de las Naciones Unidas.
En el caso de la conclusión
favorable, el nuevo estatuto de la Organización Mundial de Turismo, requeriría la
aprobación final de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asamblea General
de la Organización Mundial de Turismo.
La transformación representaría
un notable avance para el turismo internacional, tendría un reconocimiento que se
tomaría al turismo como un componente firme, ineludible de nuestras sociedades modernas.
Habría más eficiencia para ser el turismo multidisciplinario como una fuente de
eficiencia para muchos organismos que contribuiría en su expansión y el gran impulso
para mayor proyección de los diferentes países captadores del turismo.
El turismo se ha convertido en una
de las actividades dominantes en el Siglo XXI, a pesar de la crisis experimentada el año
pasado, se desplazaron más de 693 millones de turistas de un país a otro y se gastaron
cerca de 462 millones de dólares, que pone al turismo en los primeros lugares de
intercambio de divisas.
En México, a pesar de las buenas
intenciones para que sea prioridad nacional, no se ha invertido lo suficiente en
promoción y difusión de nuestro país. Para diseñar también una verdadera política de
Estado en materia de turismo, que bien pudiera ser la fuente principal de ingresos de
nuestro país.
Urgen cambios estructurales. El
respaldo económico y social para el turismo. La reforma al artículo 73 constitucional
que por cierto está estancada en esta soberanía, la reforma planteada por la Comisión
de Turismo.
No podemos aspirar a que el turismo
en México sea prioridad nacional si desde este Poder Legislativo no agilizamos las
reformas pendientes. Hacemos un llamado desde esta tribuna al Partido Revolucionario
Institucional para que designe al presidente de la Comisión de Turismo, ya que está
acéfala desde hace más de dos meses.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias.
JOSE
MARIA MORELOS Y PAVON
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Continuando con efemérides, para
referirse al aniversario del natalicio del general José María Morelos y Pavón se han
registrado los diputados: Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del PT;
Salvador López Orduña, del grupo parlamentario de Acción Nacional y Agusto Gómez
Villanueva, del grupo parlamentario del PRI.
En consecuencia se ofrece el uso de
la palabra a la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del PT, hasta
por cinco minutos.
La diputada Rosalía Peredo Aguilar:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido
del Trabajo acude a esta tribuna para conmemorar un aniversario más del natalicio del
egregio y preclaro mexicano José María Morelos y Pavón, quien naciera el 30 de
septiembre de 1767, en la colonial ciudad de Valladolid, en la actual Morelia,
perteneciente al hoy Estado de Michoacán.
De cuna humilde, conoció la
geografía del sur de su patria en el oficio de arriero, para más adelante, ya adulto,
ingresa al ilustre Colegio de San Nicolás, cuyo rector era don Miguel Hidalgo y Costilla,
donde inició una fructífera relación que más adelante se traduciría en acciones
positivas para la patria.
Cuando en septiembre de 1810
Hidalgo convoca a los mexicanos a la lucha por la libertad, Morelos se presenta ante el
jefe insurgente con el propósito de ser nombrado capellán del nuevo ejército.
Sin embargo, Hidalgo le otorga el
grado de coronel y le instruye para que extienda la revolución por el sur de la Nueva
España.
De los hechos de armas más
destacados del generalísimo José María Morelos y Pavón, sin duda, tiene lugar
preponderante el sitio de Cuautla del 18 de febrero al 1o. de mayo de 1812, en el que el
férreo temple del jefe insurgente fue ejemplo para cada uno de los miembros de su
ejército.
Es de señalarse que cuando Calleja
ofreció amnistía a los sitiados, Morelos contestó el documento anotando: “otorgo
igual gracia a Calleja y a los suyos”.
También destaca la toma de
Acapulco del 20 de agosto de 1813 y que era la instrucción original de don Miguel Hidalgo
y Costilla cuando Morelos se incorporó a su ejército.
Indudablemente el nombre de José
María Morelos y Pavón está asociado a lo más grande del patriotismo de los mexicanos.
Sus hechos de armas constituyen por sí mismos ejemplo de destreza militar, pero aunado a
esto se debe reconocer en el genio inmortal de Morelos su ánimo de subordinación a la
ley.
Profundo creyente de la soberanía
del pueblo, reconoció que el país necesitaba instituciones jurídicas que sirvieran de
basamento a la creación del naciente Estado nacional.
Por ello y una vez que las
desavenencias surgidas entre los integrantes de la Junta de Zitácuaro y los éxitos
militares de Morelos, que hacen de facto que
éste asuma la dirección del movimiento insurgente. Al contar con dicha autoridad,
convoca a un Congreso que se instala el 14 de septiembre de 1813, en Chilpancingo.
En la sesión inaugural de dicho
Congreso, Morelos da a conocer los 23 puntos del documento conocido como Sentimientos de
la Nación, entre los que destaca el contenido del numeral uno que señala:
“Que la América es libre e
independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía y que así se
sancione dando al mundo la razón.”
Convencido creyente del imperio de
la ley, en el numeral 12 de dicho documento señala:
“Que como la buena ley es
superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a
constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente
el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el
hurto.”
Es de destacarse que Morelos
plantea aquí la independencia total y absoluta de España, para que los naturales de
estas tierras tengan un gobierno propio y que no dependieran de la familia real de España
para tener un gobernante.
Otro histórico documento emitido
por este Congreso es la declaratoria de la independencia total y absoluta del trono
español.
Las azarosas vicisitudes de la
guerra hicieron que el Congreso de Chilpancingo anduviera de pueblo en pueblo y su obra
cimera fue la Constitución de Apatzingán, el 14 de octubre de 1814, conocida como
Decreto Constituyente para la Libertad de la América Mexicana.
Aunque la Constitución de
Apatzingán careció de vigencia práctica, constituye el hermoso ejemplo de un pueblo de
la capacidad para dotarse de una constitución. La convicción de que el Congreso es el
representante de la nación mexicana, lo hizo subordinarse a él y con el ánimo de
protegerlo de los avatares de la guerra, Morelos fue capturado el 3 de noviembre y
fusilado en la vecina población de San Cristóbal el 22 de diciembre de 1815.
Compañeras y compañeros
diputados: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo desea hacer desde esta alta
tribuna un merecido homenaje al héroe, cuyo nombre está inscrito en letras doradas en
los muros de honor de esta Cámara.
Indudablemente los actuales tiempos
donde la discusión sobre si el nacionalismo o la soberanía existen o si el que estos
conceptos deben de ser manejados de manera estratégica para no incomodar a nuestros
vecinos del norte, conocer y explicar los privilegios que rigieron la vida personal y
pública del General José María Morelos y Pavón, serán de gran utilidad para todos los
mexicanos.
Honrar a nuestros héroes no es
sólo un mero acto de efemérides, sino rescatar lo mejor de su pensamiento y hacerlo
vigente en nuestros días.
Es cuanto.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señora diputada.
Tiene la palabra el diputado
Salvador López Orduña, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para referirse al
mismo tema.
El diputado Salvador López Orduña:
Con el permiso de la Presidencia;
honorable Asamblea:
Como diputado por Michoacán, hijo
de la vieja Valladolid, hoy Morelia, tengo la excepcional y grandiosa oportunidad de
rendir homenaje a uno de los hombres más grandes de nuestra historia. Don José María
Morelos y Pavón.
Así pues, hoy conmemoramos el
natalicio de uno de los próceres de nuestra patria, quien nació el 30 de septiembre de
1765 en el jardín de la Nueva España, como él propio la llamó.
Morelos, hombre de instituciones y
prodigiosa figura militar, grande entre los caudillos de la insurgencia, fue un hombre que
soñó como ninguno de los iniciadores de nuestra independencia, con una nación
organizada, sobre la base del reconocimiento de que el pueblo es el titular primario del
poder político y de que el pueblo mismo es el beneficiario último de la existencia de
este poder.
Dos son las geniales vertientes de
José María Morelos y Pavón: la de sus acciones como gran estratega en los eventos
militares y la sustanciada y esencial visión que trazó magistralmente el destino
superior de una nación.
Hombre visionario, miró más allá
de la guerra y supo que su esfuerzo no debía agotarse en la lucha, sino en alcanzar el
fin propuesto, la meta señalada: la libertad de México.
En su ser de mestizo, Los
Sentimientos de la Nación encontraron carne y espíritu. El documento recogía sus ideas
políticas, la independencia de México, el reparto de la propiedad, la abolición de la
esclavitud y la disolución de las castas y la creación de un sistema republicano sobre
la base de la igualdad y la libertad.
Morelos proclamó la decisión
incoercible de la independencia nacional y apuntó los principios fundamentales en que se
inspira ésta: republicano y demócrata impulsó e hizo posible la existencia del Congreso
de Chilpancingo, inspiró el decreto constitucional de Apatzingán en el cual se
consagraban los principios de la ciudadanía para todos, de equilibrio, de la autoridad
pública, por la división de los poderes y de las libertades y los derechos humanos
frente al Estado.
Finalmente entregó su persona y su
esfuerzo al servicio de las instituciones surgidas de su propia obra y murió por ellas.
Asimismo Morelos no sólo pensó en
una nación libre, democráticamente constituída y justamente gobernada, sino que con
anticipación genial contempló las urgencias sociales de nuestro pueblo y sus problemas
más graves como el del campo mexicano, los cuales todos lo sabemos bien, esperan todavía
nuestra solución tan cumplida como sea posible.
Ante el Congreso de Chilpancingo
fue precisamente ante quienes Morelos declaró ser Siervo de la Nación, y así nosotros,
el pueblo que representamos en torno de figuras como la de Morelos, hemos de afirmar los
vínculos claros de la solidaridad nacional, de buscar la inspiración e ímpetu que se
requiere para continuar por la vía indeclinable. De la democracia que soñó y la cual no
sólo se refiere solamente a lo político, sino también a lo social y a lo económico y a
lo cultural a la edificación inalcanzable de una comunidad humana, ordenada, justa y
generosa.
A Morelos se le ama por su
contribución a nuestra libertad, se le venera por el dolor de su sacrificio, se le rinde
homenaje porque ofrendó su vida en aras de una patria que fuera libre. Pero como ser
amado y venerado como un padre no sólo es tanto como cuanto merece sus virtudes de
héroe, su talento, su amor por los humildes, su valor sereno que supo ser audaz frente al
peligro y dominó tranquilo frente a la muerte.
Tenemos los mexicanos una deuda con
él, que no es saldable hasta levantar los bronces, es la de estudiarlo más, de conocer
más hondamente sus pensamientos y su obra, porque la figura de Morelos es más grande de
lo que aprendimos en los textos de historia.
El grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional en el CCXXXVII aniversario de su natalicio de José María Morelos rinde
homenaje y reconocimiento al hombre que como pocos habrá de conjuntar el pensamiento con
la acción, los ideales y la decisión con la lucidez de la nación.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado
Augusto Gómez Villanueva, a nombre del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco
minutos.
El
diputado Augusto Gómez Villanueva:
Muchas gracias, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Resulta una labor difícil el
intentar en esta tribuna agregar nuevos pensamientos a las brillantes expresiones de los
compañeros que me han antecedido: nuestra compañera del Partido del Trabajo, nuestro
compañero del Partido Acción Nacional, que han hecho un excelente perfil de nuestro
héroe de la patria.
Sin embargo, es nuestra obligación
desde esta tribuna no sólo evocar los pasajes históricos. Debemos de articular la
historia con el pensamiento y con los frutos de su propia acción y de su proyección en
el México actual y en el trazo del México del futuro.
Morelos, unos minutos antes de
morir, ante sus propios carceleros, les dijo: “brindo por España hermana, más no
dominadora de América”. El héroe, el caudillo, el pensador, el legislador, el
patriota, en síntesis don José María Morelos y Pavón, perseguido por la Santa
Inquisición y por el ejército virreinal español, tuvo la lucidez unos minutos antes de
su muerte, antes de que fuera fusilado en Ecatepec el 30 de septiembre de 1814, pronunció
esta frase dilapidaria, que mostraba además de su entereza y energía su gran convicción
de que para lograr darle vigencia al principio de igualdad entre las naciones, por el cual
había luchado, era necesario ofrendar la vida con la serenidad y la grandeza de quien
sabe que sus actos de heroicidad finalmente tendrían como resultado la libertad de su
patria.
Porque Morelos logró encender la
fe del patriotismo la energía y el valor de sus seguidores; el primer ejército popular
de seguidores campesinos, mineros, labradores, que desde entonces y a través de su
contacto en la confesión o en la bendición del cura, encontraban e intuían la esperanza
y el aliento para ser libres como individuos y que tenían que alcanzar la libertad no
sólo de su patria sino la libertad de sus conciencias, para que desde ahí naciera la
nueva nación.
Hoy el Congreso mexicano ha querido
rendirle un homenaje a José María Morelos y Pavón, para destacar sus virtudes y su
ejemplo, pero básicamente para que no olvidemos que él fue el gran arquitecto de la
nación mexicana, no sólo a través de las ideas de su lúcido pensamiento sino de la
vitalidad, de su coraje, de su valor para contagiar a quienes conspiraron en su lucha
heroica, indomable, desafiante contra el gran poder monárquico que apuntaba ya en los
albores del Siglo XIX a su proceso desintegrador frente al embate de las ideas liberales
de la Revolución Francesa que conmovieron al mundo.
Desde entonces aquel proceso
globalizador que había mantenido enajenado al mundo en las formas de dominación que
unían al poder divino con el poder político y el poder económico, había que encontrar
una expresión que sumara los sentimientos de los oprimidos que parecían condenados a la
pérdida eterna de su libertad y de su dignidad como seres humanos.
Las ideas, el pensamiento
libertario de esa época, infundió no solamente la ideología de Morelos. Don Miguel
Hidalgo, el caudillo popular, logró reunir las voluntades que finalmente dieron origen a
esta República.
Hoy a nombre de nuestro partido, el
Partido Revolucionario Institucional, queremos señalar que venimos a rendir homenaje no
solamente a Morelos como héroe, no solamente a Morelos como patriota, sino a Morelos como
el legislador que hizo posible que hoy por hoy gozáramos de la existencia de esta
República en la cual predomina el valor de la independencia y de la libertad que hoy
gozamos.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
ANALISIS II INFORME DE GOBIERNO
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Informamos a ustedes que han sido
reprogramadas algunas de las comparecencias y que la comparecencia del señor Secretario
de Educación Pública, que estaba prevista para el día de hoy en la tarde, se realizará
el próximo 9 de octubre de 2002 por la tarde; la comparecencia de la Secretaria de
Desarrollo Social, de la licenciada Vázquez Mota, que estaba programada para el día 2 de
octubre en la mañana, se realizará el 8 de octubre en la tarde; y la comparecencia del
Secretario de Trabajo y Previsión Social, que estaba programada para el 3 de octubre en
la tarde, se llevará a cabo el 7 de octubre por la tarde.
Le ruego a las comisiones ante
quienes comparecerán los funcionarios mencionados, tomen las previsiones correspondientes
para la organización de las comparecencias.
Pasamos al capítulo de
proposiciones.
Deseamos informar que con acuerdo
de los grupos parlamentarios, la proposición del diputado Tomás Ríos Bernal, en torno a
temas del INEGI, pasa al punto tercero del orden de las proposiciones e inmediatamente de
la proposición primera entrará la proposición con punto de acuerdo en relación a la
paz mundial.
Y con objeto de que puedan ustedes
hacernos el favor de organizar sus agendas, les informamos que la sesión va a continuar
hasta las cinco de la tarde.
IRAK
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Angel
Meixueiro González del grupo parlamentario del PRI para presentar una proposición con
punto de acuerdo en relación con el voto de México en el Consejo de Seguridad de la ONU
respecto al posible ataque de Estados Unidos a Irak.
El diputado Angel Artemio Meixueiro
González:
Con su permiso señora Presidenta;
compañeras diputadas y compañeros diputados:
El 11 de septiembre de 2001 deja
una nueva configuración global tras el ataque a la potencia mundial por un grupo de
extremistas, una configuración que si no es guiada por los elementales rectores de la paz
y del derecho internacional, puede provocar una espiral de violencia aún más aguda que
contribuirá a mayores espacios para la anarquía internacional.
Un posible conflicto entre Estados
Unidos y el Reino Unido contra Irak realizado de manera unilateral, vulnera la paz y la
convivencia internacional, el prestigio de conocimiento, la clásica diplomacia mexicana
tiene una insoslayable tarea para contribuir al respecto jurídico internacional y más
aun cuando hoy México es uno de los miembros no permanentes del consejo de seguridad de
la ONU.
La reacción de los Estados Unidos
a los ataques del 11 de septiembre, fue de la revancha y la venganza, eligió un camino
que complicó este delicado asunto para Washington pero también para la paz y seguridad
internacional.
Así fue la guerra de Afganistán
en donde no hay frutos de estabilidad y ni siquiera los Estados Unidos pudieron detener al
jefe de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Lo más importante en este delicado momento mundial es
el de acudir al valor diplomático del multilateralismo, es decir, del sistema de la ONU,
no hacerlo crearía una olla de presión en que la atención podría derivar en conflictos
mayores por el referido Praxis Sistema de Alianzas.
Si llegara a actuar Estados Unidos
sin el mandato específico del consejo de seguridad, la atención diplomática se
agravaría notablemente hasta el punto de que la vía diplomática naufragara en el mar de
la venganza por la venganza.
Hoy México no puede desconectarse
de lo ocurrido, su claro y permanente compromiso con la paz y seguridad internacional, la
variable geográfica con los Estados Unidos, su asociación en el Tratado de Libre
Comercio América del Norte, además de su señalada posición como miembro no permanente
del consejo de seguridad en la ONU lo obligan a pronunciarse con firmeza que debe dejar
ver que la política exterior de México no parte de influencias personales ni de grupo,
sino parte de una visión de Estado que vela por el interés, salvaguarda y desarrollo de
la nación.
Por ello que la decisión y
posicionamiento de México ante una posible guerra en Irak debe de darse atendiendo al
consejo interno y a los intereses nacionales que están por encima en circunstancias o
variable de cercanía geográfica.
Es por ello que ante la inminente
amenaza de Estados Unidos de derribar al gobierno de Irak, que México a través de la
cancillería, externó su opinión antes de que se provoquen los que parecen ser los
inminentes ataques a la soberanía de Irak.
Si bien este cuerpo legislativo
celebra que la Secretaría de Relaciones Exteriores haya adoptado una posición a favor
del multilateralismo, también invita al Gobierno Federal a no cambiar la posición a la
hora de la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU.
México, al haber externado su
punto de vista y posición, no fue indiferente, hacerlo hubiera sido lo mismo que tener
una actitud de ojos y boca cerradas ante un hecho que vulnera la soberanía de otro Estado
y que debilita al derecho internacional.
De igual manera, México no puede
condenar a Irak por atender lógicas geopolíticas de vecinidad con el gobierno de
Washington, México no debe de prestarse al juego de sus posiciones falsas para atacar a
un país, hacerlo sería retroceder en política exterior y violar el principio más
elemental de convivencia internacional.
México debe sostener que la
violación de los derechos humanos, la hambruna, la falta de oportunidades, las
democracias dirigidas desde los centros de poder, la disparidad económica, el deterioro
del medio ambiente, la desvalorización de la política son los verdaderos desafíos
globales que de continuar, son perfecto caldo de cultivo para grupos terroristas
Por ello pido a la Presidencia
turnar a la Comisión de Relaciones Exteriores el siguiente punto de acuerdo, que
establece lo siguiente:
Para México no habrá mayor
espacio que actuar guiado por sus principios constitucionales que tienen plena vigencia,
tal como lo demuestra la solución pacífica de las controversias su tradicional apego a
la carta de la ONU y su vocación pacifista de antaño lo habilitan para declararse por
las vías diplomáticas. Ante la vía señalada, cualquier votación que México realice
en el Consejo de Seguridad de la ONU debe ser conducida por los tradicionales principios
de política exterior, establecidos en el artículo 89 fracción X de la Constitución
Política.
Asimismo, debe tenerse en cuenta
que México no tiene ningún problema de política exterior que erosione su relación con
la comunidad árabe y segundo, por lo tanto y ante el conflicto de Estados Unidos contra
Irak, México debe favorecer soluciones pacíficas a los conflictos entre estados.
Es cuanto, señora Presidenta.
«Punto de acuerdo referente al
voto de México en el Consejo de Seguridad respecto al posible ataque de los Estados
Unidos a Irak.
El 11 de septiembre de 2001 deja
una nueva configuración global tras el ataque a la potencia mundial por un grupo de
extremistas. Una configuración, que si no es guiada por los elementales vectores de la
paz y del derecho internacional, puede provocar un espiral de violencia aún más agudo
que contribuiría a mayores espacios para la anarquía internacional. Además del
debilitamiento de las economías para acelerar el tan siempre demandado y justo desarrollo
que demandan los pueblos.
Un posible conflicto entre Estados
Unidos y el Reino Unido contra Irak, realizado de manera unilateral, vulnera la paz y la
convivencia internacional. El prestigio y reconocimiento a la clásica diplomacia
mexicana, tiene una insoslayable tarea para contribuir al respeto jurídico internacional
y más cuando México es hoy uno de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad
de la ONU.
Aun ante una paz frágil, la
diplomacia en foros como el de Naciones Unidas, fortaleció un área común y una tribuna
para los países del mundo donde la codificación del derecho internacional y los
principios rectores de la Carta de San Francisco, eran los principios básicos para la
solución pacífica de las controversias. La ausencia de ellos hubiera incrementado el
índice de conflictos.
La reacción de los Estados Unidos
al ataque del 11 de septiembre, fue la de la revancha y la venganza. Eligió un camino que
complicó este delicado asunto para Washington, pero también para la paz y seguridad
internacional. Así fue la guerra de Afganistán, en donde no hay frutos de estabilidad y
ni siquiera los Estados Unidos pudieron detener al jefe de Al Qaeda, Osama Bin Laden.
Si bien la condena contra el
terrorismo es global, ésta no puede ser encabezada por un solo país. Ni siquiera en el
posible conflicto bélico con Irak, en el que todavía no hay pruebas palpables del poder
militar de Bagdad. Francia y Alemania, tradicionales aliados de Washington, no comparten
la idea de recurrir al bombardeo que pretenden los Estados Unidos.
Lo más importante en este delicado
momento mundial, es el de acudir al valor diplomático del multilateralismo, es decir, del
sistema de la ONU. No hacerlo crearía una olla de presión en que la tensión podría
derivar en conflictos mayores por el referido frágil sistema de alianzas. Si llegara a
actuar Estados Unidos sin el mandato específico del Consejo de Seguridad, la tensión
diplomática se agravaría notablemente hasta el punto de que la vía diplomática
naufragara en el mar de la venganza por la venganza. La legislación internacional sería
derruida, tal cuando la OTAN, liderada por Washington, bombardeó Yugoslavia por espacio
de casi tres meses. En ese sentido, Estados Unidos estaría conformando un terrorismo de
Estado.
Hoy México no puede desconectarse
de lo ocurrido. Su claro y permanente compromiso con la paz y seguridad internacionales,
la variable geográfica con los Estados Unidos, su asociación en el TLCAN, además de su
señalada posición como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, lo
obligan a pronunciarse.
Con firmeza, se debe dejar ver que
la política exterior de México no parte de influencias personales ni de grupo, sino
parte de una visión de Estado que vela por el interés, salvaguarda y desarrollo de la
nación. Por ello, la decisión y posicionamiento de México ante una posible guerra en
Irak, debe de darse atendiendo al consenso interno y a los intereses nacionales, que
están por encima de circunstancias o variables de cercanía geográfica.
Es por ello y ante la inminente
amenaza de Estados Unidos de derribar al gobierno de Irak, que México, a través de la
cancillería, externó su opinión antes de que se provoquen los que parecen ser los
inminentes ataques a la soberanía de Irak. Si bien, este cuerpo legislativo celebra que
la SRE haya adoptado una posición a favor del multilateralismo, también invita al
Gobierno Federal a no cambiar la posición a la hora de votación en el Consejo de
Seguridad de la ONU. México al haber externado su punto de vista y posición, no fue
indiferente. Hacerlo hubiera sido lo mismo que tener una actitud de ojos y boca cerrados
ante un hecho que vulnera la soberanía de otro Estado y que debilita al derecho
internacional.
De igual manera, México no puede
condenar a Irak sólo para atender lógicas geopolíticas de vecindad con el gobierno de
Washington. México no lo debe de hacer y no debe de prestarse al juego de suposiciones
falsas para atacar a un país. Hacerlo sería retroceder en política exterior y violar
los principios más elementales de convivencia internacional. México, acorde a su
historia debe respaldar que el derecho a un nuevo sistema de gobierno para el pueblo de
Irak, es una decisión soberana y única de sólo ellos y nadie más.
México debe de sostener que la
violación a los derechos humanos, la hambruna, la falta de oportunidades, las democracias
dirigidas desde los centros de poder, la disparidad económica, el deterioro del medio
ambiente, la desvalorización de la política, son los verdaderos desafíos glo- bales,
que de continuar son perfecto caldo de cultivo para grupos terroristas.
Cualquier decisión de México en
el Consejo de Seguridad debe de ser unificada y debe de aislar cualquier controversia
personal o de poder entre los actores. La discoordinación sería en perjuicio de la
posición de México ante el máximo órgano de seguridad mundial.
Por ello, pido a la Presidencia de
esta Asamblea someter a votación el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Para México no habrá mayor espacio que
actuar guiado por sus principios constitucionales que tienen plena vigencia, tal como lo
demuestra la solución pacífica de las controversias. Su tradicional apego a la Carta de
la ONU y su vocación pacifista de antaño lo habilitan para declarase por las vías
diplomáticas. Ante la vía señalada, cualquier votación que México realice en el
Consejo de Seguridad de la ONU, debe ser conducida por los tradicionales principios de
política exterior establecidos en el artículo 89 fracción X, de la Constitución
Política. Asimismo, se debe de tener en cuenta que México no tiene ningún problema de
política exterior que erosione su relación con la comunidad árabe.
Segundo. Por lo tanto y ante el conflicto de
Estados Unidos con Irak, México debe de favorecer soluciones pacíficas a los conflictos
entre estados.
Palacio Legislativo, a 30 de
septiembre de 2002.— Diputado Angel Meixueiro
González (rúbrica).
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
PAZ MUNDIAL
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se ofrece el uso de la palabra al
diputado Enrique Herrera y Bruquetas, del grupo parlamentario del PRD para presentar una
proposición con punto de acuerdo en relación con la paz mundial.
El diputado Angel Enrique Herrera y
Bruquetas:
Señora Presidenta; compañeras y
compañeros diputados:
Están soplando peligrosos vientos
de guerra en estos días.
El petróleo se coloca en el centro
de las disputas internacionales por disposición del gobierno norteamericano. No es la
lucha por la libertad, no es solamente la lucha contra el terrorismo, no es la pobreza, no
es la devastación ecológica, no; son motivos de dominación, son estrategia militar de
preeminencia económica, de estrategia geográfica, de asunción, de hegemonía mundial.
El presidente de Estados Unidos se
empecina en hacer su guerra contra Irak para destruir a un gobierno e implantar otro más
cómodo a sus intereses en materia de petróleo. Estados Unidos bajo la consigna de
“quien no está conmigo está contra mi”, busca impunidad, alineamiento y
abyección de toda la comunidad internacional.
Una prueba irrefutable de este
afán es el documento presentado en el Congreso de aquel país por el presidente Bush el
pasado 20 de septiembre, denominado “la estrategia de seguridad nacional de Estados
Unidos” y en el que se plantea de manera literal y sin rubor lo siguiente:
1. Estados Unidos es el poder
supremo del mundo y no tolerará desafíos a su ventaja de poder.
2. Estados Unidos tiene el derecho
de intervención en cualquier parte del mundo con ataques preventivos.
3. La supremacía estadounidense no
tolerará ninguna competencia a su poder, no hay ninguna intención de permitir que algún
poder extranjero alcance la enorme delantera que Estados Unidos ha logrado desde la caída
de la Unión Soviética hace más de una década.
4. (Son citas textuales): las
fuerzas norteamericanas, serán lo suficientemente fuertes para disuadir a potenciales
adversarios de promover una acumulación militar con la esperanza de superar o igualar el
poder de Estados Unidos (seguramente aquí está pensando en Alemania).
5. Estados Unidos tiene la
capacidad de utilizar la fuerza para moldear al mundo de la manera que considere mejor.
6. Estados Unidos actuará en
conjunto o en solitario, sólo si es necesario para ejercer los derechos de autodefensa al
actuar preventivamente.
7. Estados Unidos actuará de
manera anticipada aun si permanece la incertidumbre sobre los tiempos y lugares de un
ataque enemigo.
8. El gobierno norteamericano
jamás sujetará a sus ciudadanos a la nueva corte penal internacional cuya jurisdicción
no se extiende a los estadounidenses.
Todas éstas son citas textuales.
Las intenciones no se ocultan ni tampoco se justifican ni siquiera después de los
lamentables hechos del 11 de septiembre del año pasado, que todos condenamos.
La guerra tal vez ya empezó y
quizá no pueda pararse si persiste la actitud de gobiernos de países como el nuestro,
que pretenden hacer a un lado sus principios, su historia y su condición para alinearse a
la potencia imperial sin explicación y sin motivo. Es urgente llamar la atención del
Gobierno Federal, del Secretario de Relaciones Exteriores, siempre obsecuente y muy sumiso
con los deseos de Estados Unidos, para decirle que los mexicanos no aceptamos la
inclinación a los designios de la potencia vecina y que la equidad global es el principio
que mejor coloca a nuestro país en el concierto internacional.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado, presento a esta soberanía el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Se hace un exhorto al Ejecutivo Federal
para que el único alineamiento que tenga nuestro país ante la delicada situación
internacional, sea a nuestros principios constitucionales de solución pacífica de las
controversias, no intervención y libre determinación de los pueblos, a nuestra
condición de país agredido injustamente a lo largo de su historia y siempre, siempre
pacifista por convicción.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
SECTOR
AGROPECUARIO
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Tomás
Ríos Bernal, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una proposición
con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que
instruya al INEGI a realizar el VIII Censo Nacional Agrícola-Ganadero y el VIII Censo
Ejidal.
El diputado Jaime Tomás Ríos Bernal:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento
el siguiente punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda que instruya al
INEGI el levantamiento del VIII Censo Nacional Agrícola-Ganadero, así como el VIII Censo
Ejidal denominados Censo Agropecuario.
CONSIDERACIONES
El desarrollo nacional requiere
formular e implementar políticas públicas que se encuentren sustentadas en un análisis
preciso de las necesidades, requerimientos, ventajas y capacidades de los diferentes
sectores productivos del país. De ahí se deriva la necesidad de contar con diagnósticos
detallados que reflejen las condiciones sociales, económicas, productivas, de bienestar,
ambientales entre otras, en las que se encuentra la población nacional. Estos
diagnósticos son la punta de lanza para definir la planeación estratégica que permita
atender de manera eficiente los requerimientos y demandas de los diversos sectores de la
población.
En este sentido, la información se
convierte en un insumo de importancia trascendental para el diseño de los programas
institucionales, regionales y nacionales por parte de los tres órdenes de gobierno, para
la toma de decisiones por parte de los empresarios, para la formación e investigación
académica y en general para que cualquier ciudadano pueda acceder al conocimiento de las
condiciones por las que atraviesa el país.
Bajo este contexto resulta evidente
la necesidad de contar con información actualizada de cada uno de los sectores
económicos nacionales, sin embargo, vemos con preocupación carencias significativas de
este insumo en uno de los sectores productivos que enfrenta enormes retos para el
desarrollo: el sector agropecuario.
Efectivamente, el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), como órgano responsable de
la elaboración, publicación y difusión de las estadísticas nacionales, se ha retrasado
en la actualización de la información oficial de dicho sector, puesto que las cifras
oficiales más recientes son derivadas del Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal que data de
1991. Más aún, los resultados del mismo se publicaron en 1994, esto constituye un grave
problema ante el cual no debemos de ser indiferentes.
El reglamento de la Ley de
Información, Estadística y Geo-gráfica establece que los censos de población y
vivienda se efectuarán cada 10 años para los años terminados en cero y los censos
económicos se realizarán cada cinco años para los años terminados en uno y en seis.
De lo anterior se desprende que el
INEGI debió haber elaborado el censo agrícola, ganadero y ejidal correspondiente en los
años 1996 y 2001. Sin embargo, ello no ha sucedido, lo cual resulta muy preocupante,
puesto que implica un retraso importante en la conformación de la estadística nacional
agropecuaria.
En Acción Nacional estamos
convencidos de que es necesario contar con información suficiente y actualizada para que
los productores, empresarios, académicos y los tres órdenes de gobierno se encuentren en
posibilidad de conocer el estado real de sector y así desempeñar su labor con mayor
eficiencia.
Por ello, debe establecerse que la
información proporcionada por el INEGI sea objetiva, actualizada, comparable entre sí y
con la que proporcionan otros organismos nacionales e internacionales.
Por las consideraciones
anteriormente expuestas y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
los suscritos sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea los siguientes
PUNTOS
DE ACUERDO
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en el ámbito de sus respectivas facultades, instruya al INEGI a
realizar a la brevedad posible el levantamiento del octavo Censo Nacional
Agrícola-Ganadero, así como el octavo Censo Nacional Ejidal.
Segundo. Se solicita al titular del INEGI informe
a esta representación social la fecha límite para la publicación del censo mencionado
anteriormente.
Tercero. Se solicita al titular del INEGI informe
a esta representación social la difusión oportuna de la calendarización de los
siguientes estudios relacionados con el sector agropecuario, incluyendo el conteo de los
censos agrícola, ganadero y ejidal.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias.
Túrnese el primer numeral del punto de acuerdo, a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Y el numeral segundo y tercero, a la Mesa Directiva
para que solicite de manera directa la información al titular del INEGI.
He recibido solicitud de agrupar la
discusión vinculada con los puntos de acuerdo que se vinculan con el tema del huracán
“Isidore”, para que el planteamiento, dado que son puntos de acuerdo afines,
pueda hacerse de manera consecutiva y eso permita que la Asamblea esté debidamente
informada sobre ello.
Esta Presidencia considera
pertinente esa solicitud; sin embargo, dado que tenemos un punto de acuerdo registrado
desde sesiones anteriores que se ha tenido que posponer, vamos a darle primero curso a ese
punto de acuerdo.
CAMARA
DE DIPUTADOS
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Quiero solicitar al diputado Amador
Rodríguez Lozano pueda hacer uso de la tribuna para presentar su proposición con punto
de acuerdo, en relación a la seguridad del recinto parlamentario.
El diputado Amador Rodríguez Lozano:
Gracias, señora Presidenta; amigas
y amigos legisladores:
Hace 15 años en un debate intenso
en esta Cámara de Diputados, los entonces diputados Alcocer, por el PSUM, y Juan de Dios
Castro, por el Partido Acción Nacional, con energía protestaron en esta tribuna porque
las fuerzas armadas se habían apoderado prácticamente del recinto durante un informe
presidencial.
Después de su protesta digna y
enérgica, se acordó que la Cámara no podía compartir la responsabilidad, que era una
responsabilidad de la Cámara de Diputados. Desde entonces, este punto de acuerdo
congruente con el artículo 12 de la ley y con el artículo 213 del Reglamento fue
positivo y fue vigente.
Sin embargo, el 1o. de septiembre
pasado, nos encontramos con la invasión de la Policía Federal Preventiva. Según los
medios de comunicación, más de 200 elementos armados hasta los dientes, estaban
presentes a todo lo largo del basamento y de los baños de este edificio, violando así
las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica y en el Reglamento, de que no tiene
cabida la fuerza armada en este recinto parlamentario y que si así fuese, a solicitud de
su presidente, debería estar bajo su responsabilidad.
El presidente Fox en su discurso
ante esta Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión, expresó con claridad, que no
se puede atacar a los individuos y a los delincuentes violando la ley, que los primeros
obligados a respetar la ley son precisamente las autoridades.
Felipe Calderón, coordinador de la
bancada de Acción Nacional, en un extraordinario artículo el 26 de este mes que pasó,
repite esta idea, cuando establece la necesidad de la certeza jurídica. La certeza
jurídica significa que las autoridades deben limitarse a las atribuciones que tienen
establecidas en las disposiciones que las crea y las regula y que los individuos tenemos
el derecho de ejercer nuestra libertad, nuestro espacio de libertad individual, con toda
discrecionalidad, sabiendo que nuestros límites son los derechos de los otros individuos.
La PFP está violando
constantemente la Constitución General de la República, la ley que la crea, que
establece claramente en el artículo 3o. que no puede usurpar ninguna función que le
corresponda a las policías municipales o a las policías estatales. Que en el artículo
4o. establece su función de policía preventiva, en recintos fundamentalmente federales,
en carreteras federales; no tiene por qué estar la PFP, amigas y amigos legisladores, en
Polanco, en la Zona Rosa, en los centros urbanos, en los centros comerciales de todo el
país.
Leía unas declaraciones de un
general de la PFP que fue a Nuevo León, diciendo que les habían otorgado 100 órdenes de
aprehensión, que las autoridades no habían podido llevar a la práctica y que ellos las
iban a llevar a la práctica, usurpando así las funciones de la Policía Judicial del
Estado.
Aquí vinieron a usurpar una
función que nadie les pidió, la Cámara de Diputados con la coordinación del Estado
Mayor Presidencial, son suficientes para salvaguardar la seguridad del titular del
Ejecutivo Federal, de los invitados, gobernadores de todo el país, de los miembros del
Poder Legislativo.
Por eso presento estos puntos de
acuerdo, que intentan evitar que se repita esa violación del recinto parlamentario por la
Policía Federal Preventiva.
PUNTOS
DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Diputados protesta
enérgicamente por la violación del recinto parlamentario realizado el 1o. de septiembre
por personal de la Policía Federal Preventiva.
Segundo. La Cámara de Diputados no permitirá
que, en futuras actividades donde se requiera seguridad, cuerpos armados se apoderen de
sus instalaciones.
Tercero. La seguridad de las personalidades que
visiten este recinto parlamentario, estará a cargo de la propia Cámara y sus
dependencias.
Firmamos: el de la voz, Amador Rodríguez Lozano, los diputados: César Augusto Santiago Ramírez y Jaime Martínez
Veloz.
Ustedes tienen la palabra.
Muchas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados.— Presentes.
CONSIDERANDO
Primero. Que el artículo 61, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera clara y
precisa la inviolabilidad de los recintos en los cuales se reunen a sesionar diputados y
senadores. En este artículo se consagra también como atribución del Presidente de la
Cámara, velar tanto por el fuero de los legisladores como por la inviolabilidad del
recinto parlamentario.
Segundo. Que el día 1o. de
septiembre pasado, fecha de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión,
así como ocasión para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presente un
informe por escrito del estado que guardan los asuntos de la nación a su cargo, fue
motivo para la violación del recinto parlamentario. En efecto adicionalmente a la
seguridad que se suele brindar al titular del Ejecutivo Federal por miembros del Estado
Mayor y del heroico Ejército Mexicano, en esta ocasión el basamento y los pasillos y
hasta los baños de la Cámara de Diputados se vieron invadidos por personal de la
Policía Federal Preventiva, fuertemente armada, la cual deambulaba por los edificios.
Tercero. Que la presencia de esta
policía es a todas luces violatoria del recinto camaral, no sólo porque de manera
flagrante rebasa las facultades de la ley federal que la crea, la cual establece con
claridad las atribuciones de esta policía, sino además porque la ostentación de las
armas poderosas de fuego que portan estos policías, son a todas luces intimidatorias para
los legisladores y su alta función constitucional.
Cuarto. Que el artículo 12 de la
Ley Orgánica establece con claridad la inviolabilidad de los recintos parlamentarios y
señala con precisión que toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los
mismos, salvo con el permiso del Presidente del Congreso, bajo cuyo mando quedará.
Disposición que es reiterada por
el Reglamento para el Gobierno Interior de la Cámara, el cual establece con claridad en
su artículo 213, que cuando por cualquier circunstancia concurriera alguna guardia
militar o de la policía al recinto de las cámaras, éstas quedarán bajo las órdenes
exclusivas del Presidente de cada una de las Cámaras o del Congreso de la Unión.
Quinto. Que los legisladores
entendemos la necesidad y la obligación que el Congreso tiene de velar por la seguridad
del titular del Ejecutivo Federal, o de cualquier otra alta personalidad cuando visita
nuestra casa, pero cualquier grupo de seguridad que esté presente para realizar tales
actividades, debe estar subordinado a la Presidencia de la Cámara y a los encargados de
seguridad del Poder Legislativo. Pero bajo ninguna circunstancia, se puede y se debe
tolerar que personal fuertemente armado, de manera ilegal realice funciones que la ley no
le otorga y que tampoco son necesarias en el Poder Legislativo.
Sexto. Que en México existe como
garantía individual el principio de la autoridad competente; es decir, que las
autoridades están restringidas a actuar única y exclusivamente en las materias y
atribuciones que la propia ley les señala, en otras palabras, la Policía Federal
Preventiva no tiene por qué estar ni patrullando la Zona Rosa ni Polanco ni los centros
comerciales en las ciudades urbanas, como si fueran policías municipales, al hacerlo
están usurpando funciones de otros cuerpos policiacos y violando las disposiciones
legales que la rigen. A mayor abundamiento, el artículo 3o. de la Ley de la Policía
Federal Preventiva, le establece a esta corporación, que deberá actuar con estricto
respeto a la competencia de las instituciones policiales, locales y municipales.
Séptimo. Que la función
específica de la Policía Federal Preventiva, en los términos del artículo 21 de la
Constitución y del artículo 4º de la ley que la creó, esta corporación tiene
atribuciones para prevenir el delito, entre otros, en aeropuertos, en aduanas, en puertos
marítimos, en carreteras, todos ellos de jurisdicción federal.
Octavo. Que según los medios de
comunicación, en el basamento de San Lázaro, había más de 200 policías federales
preventivos, invadiendo funciones que no les corresponden y vulnerando la inviolabilidad
del recinto parlamentario.
Por lo anterior, independientemente
de la protesta e indignación que hacemos pública los suscritos legisladores, diputados
federales exponemos ante esta Asamblea, el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Diputados protesta
enérgica- mente por la violación de su recinto parlamentario realizado el 1o. de
septiembre por personal de la Policía Federal Preventiva.
Segundo. La Cámara de Diputados no permitirá que
en futuras actividades, donde se requiera seguridad, cuerpos armados se apoderen de sus
instalaciones.
Tercero. La seguridad de las personalidades que
visiten este recinto parlamentario, estará a cargo de la propia Cámara y sus
dependencias.
Atentamente.
Palacio Legislativo, D.F., a 9 de
septiembre de 2002.— Diputados: Amador
Rodríguez Lozano (rúbrica), César Augusto
Santiago (rúbrica), Jaime Martínez Veloz,
Cuauhtémoc Montero Esquivel (rúbrica), José
Manuel del Río Virgen (rúbrica) y Rodolfo G.
González Guzmán (rúbrica).
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Sí, diputado Del Río.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde su
curul):
Gracias, señora Presidenta:
Para solidarizarme con el punto de
acuerdo que ha presentado el diputado Amador Rodríguez Lozano.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado, ¿con el mismo
propósito?.. Se incorpora la firma del diputado Del Río y del diputado Cuauhtémoc
Montero.
Gracias.
La proposición del diputado Rodríguez Lozano, se
turna a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
HURACAN
ISIDORE
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Queda entonces informada la
Asamblea de que vamos a dar curso a los puntos de acuerdo vinculados con la temática del
huracán “Isidore”, que son uno propuesto por la diputada Sara Guadalupe
Figueroa Canedo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, uno propuesto por
el diputado Edilberto Jesús Buenfil Montalvo, del grupo parlamentario del PRI y uno
propuesto por el diputado Uuc-kib Espadas Ancona.
Tiene la palabra la diputada Sara
Guadalupe Figueroa Canedo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.
La diputada Sara Guadalupe Figueroa
Canedo:
Gracias, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Desde hace años, fenómenos
naturales reiterados, debido principalmente a diversos fenómenos climáticos que po-
dían ser previstos desde hace tiempo, han ocasionado devastación y miseria en el
territorio nacional. Baste recordar la presencia de los huracanes “Paulina”,
“Nitch”, “Juliette” y sus efectos destructores.
El cambio climático es uno de los
fenómenos que más impacta a nuestro territorio nacional por la posición que
geográficamente ocupa, a la vez que cada temporada evoluciona de manera distinta sin que
tengamos a ciencia cierta una visión correcta del fenómeno para poder prever sus efectos
y prevenir sus consecuencias.
Hasta ahora, dicho fenómeno ha
pasado desapercibido para las autoridades, sin que adopten medidas adecuadas para mitigar
y revertir sus efectos que cada vez serán más evidentes, en perjuicio de las poblaciones
costeras.
Los programas implementados hasta
ahora por el Gobierno, han servido sólo para colmar necesidades de corto plazo, sin
lograr detener los efectos que año con año se vienen dando. Así, las soluciones del
Gobierno sirven sólo para un año hasta en tanto llega el próximo temporal de lluvias
que de acuerdo a las condiciones de cambio climático, se prevé que serán cada vez más
intensas y extremosas.
La política de prevención de
desastres ha servido de poco para evitar los efectos negativos que los huracanes producen
a la economía nacional, pero sobre todo al bienestar de los pobladores, por lo que la
adopción de una política nacional de protección civil entre las diversas comunidades es
ya un imperativo impostergable.
Como es de todos sabido, el
huracán “Isidore” dejó a su paso por el sureste del país numerosos
damnificados, devastación cuantiosa, daños a la infraestructura carretera y de
servicios; en particular la región norte de la península de Yucatán sufrió los mayores
daños, aunque los estados de Campeche y Quintana Roo también sufrieron graves estragos.
En toda la zona de influencia, se
estima, hay cerca de 300 mil damnificados por el huracán, que requieren de nuestro apoyo,
la mayor parte de ellos en Progreso, Tizimín y Mérida.
Hasta el momento las secretarías
de Marina y de Defensa Nacional, han intervenido distribuyendo agua potable, alimentos,
ropa y medicinas, el traslado de enfermos, la realización de vuelos de reconocimiento y
otras labores propias de estos institutos armados. Desde esta tribuna hace- mos un
reconocimiento a esa valiosa labor y los invitamos a continuar apoyando a los
damnificados.
Asimismo, los gobiernos de los
estados en las entidades afectadas, han actuado en mayor o menor grado atendiendo a las
víctimas de este desastre natural.
En el municipio quintanarroense de
“Solidaridad Tulúm”, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, el alcalde
de Benito Juárez fue víctima de supuestos decomisos más parecidos al robo por parte de
policías uniformados, así como detenciones ilegales al tratar de otorgar víveres
recolectados en el municipio de Benito Juárez, Cancún, para las víctimas del desastre
natural.
Por último, queremos exhortar al
Gobierno Federal a que se conduzca con legalidad e imparcialidad y no otorguen ayuda de
manera selectiva a aquellos municipios y estados que gozan de la preferencia del
Presidente de la República.
Por ello el grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, somete a la consideración la siguiente proposición
con
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Que el Poder Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría de Gobernación, informe a la Cámara de Diputados cómo ha
canalizado toda la ayuda humanitaria en la zona afectada por el huracán
“Isidore”.
Segundo. Que el Gobierno del Estado de Quintana
Roo informe a la Cámara de Diputados qué se ha hecho con los víveres que fueron
decomisados al presidente municipal de Benito Juárez, Quintana Roo.
Tercero. Que el Poder Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la
República, investigue y prevenga la posible comisión de delitos por aquellos que
aprovechándose de la tragedia humana realizan conductas delictivas en perjuicio de la
sociedad mexicana.
Firman los partidos que integran el
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Y debido a la importancia del caso
pedimos a la Presidencia se considere de urgente resolución.
Hago entrega a la Secretaría de la
presente proposición.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputada, como usted sabe los temas
de urgente y obvia resolución son comunicados previamente por la junta. Si no son
comunicados previamente por la junta, como es el caso de este punto de acuerdo, tenemos
que desahogar de cualquier manera el trámite. Mi respetuosa sugerencia es que nos permita
que lo turnemos a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, dado que viene un
punto de urgente y obvia resolución, en donde se pretende la integración de una
comisión de seguimiento que probablemente pueda abordar estos temas.
¿Me permite usted darle este
trámite? Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, solicitándole a
esta comisión pueda dictaminar a la brevedad posible.
HURACAN
ISIDORE
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado
Edilberto Jesús Buenfil Montalvo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una
proposición con punto de acuerdo sobre la ampliación de las tarifas de verano para los
estados afectados por el huracán “Isidore”.
El diputado Edilberto Jesús Buenfil
Montalvo:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros legisladores:
Hablar de “Isidore” y
hablar de los daños causados en los estados del sureste, especialmente en Yucatán y
Campeche, incluyendo las costas de Quintana Roo, es hablar de lo mismo. Yo lo que quisiera
es que así como todos han venido a esta tribuna y vendrán para tomar puntos de acuerdo
que beneficien a los pueblos afectados, vengamos unidos, vengamos a apoyar los proyectos
productivos que se darán próximamente cuando analicemos el Presupuesto de Egresos de la
Federación.
Los daños que ha causado
“Isidore”, con daños materiales: techos, energía eléctrica, pérdida de lo
más elemental para vivir, como es la ropa o una pequeña cocineta para poder guisar los
alimentos cotidianos.
El gran problema de
“Isidore” vendrá en los próximos meses, cuando la planta productiva se vea que
no ha sido lo que nosotros consideramos hasta hoy día tomados en cuenta. La planta
productiva ha desaparecido en los dos estados de Campeche y de Yucatán.
En Yucatán los vientos, aunado la
lluvia. Pero en Campeche ha sido el agua.
Veníamos de una seca, de una
sequía tremenda en donde ya la producción se había perdido en más del 30%. Hoy día
viene “Isidore” e inunda las zonas agrícolas y nos hace perder lo que restaba
que podían cosechar los campesinos de la región.
Es por eso que han sido afectados y
tenemos que pensar en el futuro, no pensar en las cosas inmediatas que tanta falta hacen y
como hubo instituciones que ya dieron curso al apoyo al considerar zonas de desastre y el
Ejecutivo hoy día ya está actuando.
Yo lo que quiero es presentarles un
punto de acuerdo, en donde les llevemos algo de beneficio inmediato a esa gente, sin
importar si son ricos, pobres o afectados mucho o poco. Es un acuerdo para que las tarifas
eléctricas que el día de ayer terminó la época de verano y empieza la de invierno y en
donde vamos a pasar de los 750 a los 800 kilowatts financiados a los 200.
Yo creo que podemos ayudar mucho a
los estados que han sido afectados y no me refiero solamente a Campeche, Yucatán,
también a Quintana Roo y la zona afectada de Chiapas y parte también de Guerrero, con
Julio.
No solamente “Isidore”
hizo daños a nuestra población; hay otros estados en donde las regiones, más
específicamente microrregiones, fueron afectadas.
Por eso hoy vengo a presentarles el
siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Artículo único. Que esta Cámara de Diputados
solicite al Ejecutivo Federal la emisión de un decreto que amplíe la tarifa de verano,
dadas las consecuencias de los fenómenos naturales que han afectado a los estados de:
Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, misma que terminó el día de ayer —la
tarifa— y su ampliación sea hasta el mes de marzo.
Darle seis meses más con la tarifa
que se aplica hoy de verano sería algo que la población recibiría como un apoyo de esta
Cámara.
Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a las comisiones de Comercio y Fomento
Industrial y a la de Energéticos.
Se atiende la solicitud del
diputado Rodríguez Lozano para que se inserte el texto íntegro de su propuesta de punto
de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los
Debates.
HURACAN
ISIDORE
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado
Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para la creación de
una comisión que vigile la utilización de los recursos federales en el estado de
Yucatán, destinados al apoyo a damnificados y rescate de infraestructura.
El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:
Señora Presidenta, señores
diputados:
Leeré sintéticamente el punto de
acuerdo que presento, en virtud de que, por su longitud, sería muy difícil resumirlo,
insertarlo plenamente en cinco minutos.
Como todos ya saben, el huracán
“Isidore” causó grandes estragos en el estado de Yucatán, particular, y
adicionalmente en los estados de Campeche y Quintana Roo.
Por dar alguna información, de la
poca con que contamos, a través particularmente de las personas afectadas y algo de los
medios de comunicación, en el estado de Yucatán 100 mil casas han sufrido daños graves,
desde daños graves hasta pérdidas; 100 hectáreas de cultivo han desaparecido; 40 mil
hectáreas de maíz, 8 mil de hortalizas, 10 mil de cítricos; la industria apícola está
totalmente destruida, lo mismo que, en alto porcentaje, la avícola y la porcícola.
En el estado de Campeche, la
Secretaría de Desarrollo Rural del estado estima 90 mil hectáreas de cultivo de maíz,
frijol, chile, hortalizas y cítricos destruidas; 80% de la producción mielera, 70 mil
productores afectados. El 30% de los establecimientos escolares fueron arrasados por el
huracán.
Con base en lo anterior y en la
necesidad evidente de que este Congreso participe, en cumplimiento de sus funciones, en la
vigilancia de la utilización de recursos y en el proceso de rescate que se desarrolla,
presentamos los siguientes
PUNTOS
DE ACUERDOS
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados
acuerda solicitar a los gobiernos Federal y del estado de Yucatán una información
detallada de las condiciones en que se encuentra el estado de Yucatán, después de las
afectaciones provocadas por el huracán “Isidore”.
Segundo. El informe del número de damnificados y
su ubicación geográfica y el tipo de carencias existentes con motivo de la afectación
por la presencia del huracán.
Tercero. Se informe de la cantidad de recursos
económicos y materiales, tanto del Fonden como extraordinarios, si los hay, que se está
destinando y se programen para la atención de las necesidades creadas con motivo de las
afectaciones por la presencia del huracán “Isidore”.
Cuarto. Se integre una comisión especial de la
Cámara de Diputados encargada de vigilar los recursos del Fonden y partidas
extraordinarias que se aprueben y se apliquen para el restablecimiento de las condiciones
de convivencia de la población y la ayuda a los damnificados y se distribuyan entre la
población en general, sin distinción alguna.
Quinto. La comisión especial objeto del presente
acuerdo se integrará por un diputado de cada grupo parlamentario representado en esta
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Sexto. La comisión especial tendrá facultades
para vigilar el ejercicio del gasto público y programático que se haga en cumplimiento
de la ley y por ende, que por ningún motivo dicho ejercicio sea encaminado a fines
proselitistas en beneficio de ningún partido político.
Séptimo. La comisión especial tendrá todas las
atribuciones para presentar las denuncias que procedan ante las autoridades competentes
para el fincamiento de responsabilidades a que haya lugar en contra de los servidores
públicos que utilicen recursos, ya sea en dinero o en especie, materiales humanos, que
tengan por objeto apoyar a cualquier candidato o partido político.
Octavo. La comisión tendrá facultades para
recibir quejas y denuncias relacionados con su objeto, turnarlas a las instancias
legalmente competentes para su trámite y resolución, hacer el seguimiento de su trámite
y, en su caso, la resolución que recaiga.
Noveno. La comisión orientará a aquellas
personas que le soliciten asesoría con el fin de presentar denuncias penales de
declaración de procedencia o de juicio político.
Décimo. La comisión especial contará con los
recursos materiales y humanos necesarios para cumplir con su objeto, los cuales serán
asignados a través de la Secretaría General de la Cámara de Diputados.
Decimoprimero. La comisión especial rendirá cada
mes un informe detallado sobre el trabajo realizado, al pleno de la Cámara de Diputados o
en su caso a la Comisión Permanente.
Decimosegundo. La comisión especial presentará
al pleno de la Cámara de Diputados o en su caso a la Comisión Permanente, un informe
final detallado sobre los trabajos de-sarrollados, a fin de que esta Cámara proceda de
conformidad con sus atribuciones legales.
Decimotercero. La comisión remitirá a la entidad
de Fiscalización Superior de la Federación, una copia del informe final.
Decimocuarto. La comisión especial podrá llevar
a cabo todos los actos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto dentro de su
respectivo ámbito de facultades y atribuciones.
Decimoquinto. En lo no previsto en su
integración, organización y funcionamiento, la comisión se sujetará en lo conducente a
lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
Orgánica del Congreso de la Unión y al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos.
Diputada Presidenta: este punto
había sido inscrito originalmente como de urgente y obvia resolución. Sin embargo, a
partir de comentarios que se han intercambiado con diputados de los tres estados afectados
y dado el contenido e importancia de esta resolución, solicitamos sea, en lugar de ser
resuelto de urgente y obvia resolución, turnado a la Junta de Coordinación Política
para su dictamen.
«Punto de acuerdo para la
constitución de una comisión especial de la Cámara de Diputados encargada de vigilar
que los recursos y partidas ordinarias y extraordinarias que se aprueben y que se apliquen
para el restablecimiento de las condiciones de convivencia de la población y la ayuda a
los damnificados por el paso del huracán “Isidore”, que presenta el diputado
Uuc-kib Espadas Ancona.
El paso del huracán
“Isidore” por nuestro país y en especial por el estado de Yucatán con vientos
que alcanzaron los 195 kilómetros por hora, arrancando árboles de raíz y causando el
desprendimiento de techos, ha dejado saldos que hoy ponemos a consideración de esta
Cámara de Diputados.
La Comisión Nacional del Agua
informó desde el 20 de septiembre de las implicaciones de la presencia del huracán y las
consecuentes maniobras de emergencia que tendrían que ser tomadas.
Los informes con los que contamos
son raquíticos y todo ha sido obtenido a través de las demandas y denuncias de la
población afectada y de los medios de comunicación. Cien mil casas, poco más de 120,000
hectáreas de cultivos, 40 mil hectáreas de maíz, 8 mil de hortalizas y 10 mil de
cítricos se destruyeron; casi totalmente las industrias apícola, avícola y porcícola,
y se dañó severamente la maquiladora; arrasó los caminos rurales.
En Campeche, la Secretaría de
Desarrollo Rural del estado detalló que más de 90 mil hectáreas de cultivos de maíz,
frijol, chile, hortalizas y cítricos fueron destrozadas por las lluvias, el 80% de la
producción de apiarios (miel de abeja) fue arrasada y hay más de 70 mil productores
afectados. El 30% de los establecimientos escolares del estado fueron arrasados por el
huracán que azotó Yucatán durante los días 21 y 22 de septiembre.
Un recuento de la situación nos
dice que el huracán “Isidore” ocasionó daños a la agricultura, ganadería,
pesca y otros sectores productivos; más del 70% de la población yucateca llegó a
carecer de servicios como energía eléctrica y agua potable. Hubo pérdidas millonarias y
varios muertos. El sureste de México se encuentra prácticamente en emergencia sanitaria.
Los daños en la infraestructura de
la Comisión Federal de Electricidad ascienden a 800 millones de pesos, y en materia de
vivienda el meteoro provocó pérdidas superiores a 1 mil millones de pesos.
“Isidore” volteó 5 mil 500 postes de luz.
La zona costera se encuentra
desolada y destruida. Se perdieron casi 1 mil embarcaciones de pesca ribereña. Las playas
y la costa son una franja borrosa con enormes mordidas.
Se estima que 95 mil casas
resultaron con graves daños, cerca de 70 mil personas habían sido evacuadas, pero no se
pudo trasladar a los albergues a otras 14 mil personas de comunidades costeras del oeste
que se encuentran aisladas. Se reporta un total de 500 mil yucatecos afectados.
Hubo cortes en 20 tramos carreteros
del estado, algunos porque se los tragó el mar, otros por las averías que el agua
provocó al camino. Se encontraban varados cientos de tráileres que transportaban
mercancías distintas, y que fueron asaltados por personas en busca de víveres y ropa.
Diez carreteras alimentadoras están bloqueadas, lo cual mantiene incomunicadas a
poblaciones donde habitan aproximadamente 250 mil personas. Por los cinco días que
duraron las lluvias, las empresas de transporte de pasajeros perdieron 5 millones de pesos
y hay alrededor de 600 tráileres varados en los caminos.
Más de 70 mil personas fueron
evacuadas en la península de Yucatán, y la prensa local informó de por lo menos cuatro
muertos en accidentes de tránsito causados por los fuertes vientos y las tormentas.
La paraestatal petrolera Pemex
evacuó a más de 8 mil trabajadores de sus plataformas en el golfo de México.
Ante tales circunstancias, la
coordinadora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, María del
Carmen Segura Rangel, publicó la declaratoria de emergencia para efectos de las reglas de
operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y para prevenir sobre las maniobras
de emergencia que se tomen en varios municipios de Yucatán, afectados por el huracán
“Isidore”.
De acuerdo con las reglas de
operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales esta declaratoria se emite con el fin
de apoyar a la población que pudiere verse afectada, mediante acciones encaminadas a la
protección de la vida, salud, alimentación, suministro de agua y albergue temporal.
Enumeró los municipios.
Para efectos de las reglas de
operación del Fonden se declara en emergencia a los municipios de Baca, Bokobá,
Buctzotz, Cacalchén, Calotmul, Cansahcab, Celestún, Cenotillo, Conkal, Dzidzabtún,
Dzilam de Bravo y Dzilam de González, Dzonacauich, Espita, Chicxulub Pueblo, Hunucmá,
Ixil, Kinchil, Mérida, Mocochá, Motul, Muxupip, Panabá, Progreso, Río Lagartos,
Samahil, San Felipe, Sinanché, Sucila, Suma, Tekal de Venegas, Tekanto, Telchac Puerto,
Temax, Tepakán, Tetiz, Teya, Tizimín, Ucú, Umán, Yaxkuku1 y Yobaín de Yucatán.
La determinación de los apoyos a
estos municipios se hará conforme a los términos del numeral 40 de las reglas de
operación del Fonden vigentes y con base en las necesidades prioritarias e inmediatas de
la población.
Hasta la fecha y con motivo de la
solicitud enviada por un grupo de integrantes de la L Legislatura del Estado de Yucatán
ni el gobierno del Estado ni el Federal han informado oficialmente de la situación de
emergencia, ni mucho menos de los recursos destinados a este objetivo.
Es por ello, y por el temor de que
estos recursos económicos y materiales no se destinen a favor de los damnificados o bien
que sean utilizados discriminadamente a favor de una parte de la población según
intereses políticos, raza, creencia o niveles sociales, es que hacemos esta propuesta de
que sea directamente el Congreso de la Unión a través de una Comisión Especial que se
vigile que su aplicación sea destinada al conjunto de los damnificados sin distinción
alguna.
Por lo anteriormente expuesto, y
con fundamento en lo ordenado en los artículos 74 fracciones V y VIII; 77 fracción I;
108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39.1, 42, 43 y 34
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos
71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se somete a consideración de la Asamblea el siguiente:
ACUERDO
Para la constitución de una
comisión especial de la Cámara de Diputados encargada de vigilar que los recursos del
Fonden y partidas extraordinarias que se aprueben se apliquen para el restablecimiento de
las condiciones de convivencia de la población y la ayuda a los damnificados.
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados
acuerda solicitar a los gobiernos Federal y del estado de Yucatán, una información
detallada de las condiciones en que se encuentra el estado de Yucatán después de las
afectaciones provocadas por el huracán “Isidore”.
Segundo. Se informe del número de damnificados y
su ubicación geográfica y el tipo de carencias existentes con motivo de la afectación
por la presencia del huracán.
Tercero. Se informe de la cantidad de recursos
económicos y materiales tanto del Fonden como extraordinarios, si los hay, que se está
destinando y se programen para la atención de las necesidades creadas con motivo de las
afectaciones por la presencia de huracán “Isodore”.
Cuarto. Se integre una Comisión Especial de la
Cámara de Diputados encargada de vigilar que los recursos del Fonden y partidas
extraordinarias que se aprueben, se apliquen para el restablecimiento de las condiciones
de convivencia de la población y la ayuda a los damnificados y se distribuyan a la
población en general sin distinción alguna.
Quinto. La Comisión Especial objeto del presente
acuerdo se integrara por un diputado de cada grupo parlamentario representado en esta
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Sexto. La Comisión Especial tendrá facultades
para vigilar que el ejercicio del gasto público y programático se haga en cumplimiento a
la ley y, por ende, que por ningún motivo dicho ejercicio sea encaminado a fines
proselitistas en beneficio de algún partido político.
Séptimo. La Comisión Especial tendrá todas las
atribuciones para presentar las denuncias que procedan ante las autoridades competentes
para el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar, en contra de los servidores
públicos que utilicen recursos públicos, ya sea en dinero o en especie, materiales y
humanos, que tengan por objeto apoyar a cualquier candidato o partido político.
Octavo. La comisión tendrá facultades para
recibir quejas y denuncias relacionadas con su objeto, turnarlas a la instancia legalmente
competente para su trámite y resolución, hacer el seguimiento de su trámite y en su
caso, la resolución que les recaiga.
Noveno. La comisión orientará a aquellas
personas que le soliciten asesoría con el fin de presentar denuncias penales, de
declaración de procedencia o de juicio político.
Décimo. La Comisión Especial contará con los
recursos materiales y humanos necesarios para cumplir con su objeto, los cuales serán
asignados a través del Secretario General de la Cámara de Diputados, a más tardar 15
días después de que le sean requeridos por la Comisión Especial de conformidad con su
plan de trabajo.
Undécimo. La Comisión Especial rendirá cada mes
un informe detallado sobre el trabajo realizado al pleno de la Cámara de Diputados o en
su caso, a la Comisión Permanente. De cualquier forma la Comisión Especial deberá
informar al pleno de la Cámara de Diputados en la segunda y la penúltima sesiones del
primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio legal de la actual
Legislatura.
Duodécimo. La Comisión Especial presentará al
pleno de la Cámara de Diputados o en su caso, a la Comisión Permanente un informe final
detallado sobre los trabajos desa-rrollados, a fin de que esta Cámara proceda de
conformidad con sus atribuciones constitucionales y legales.
Decimotercero. La comisión remitirá a la Entidad
de Fiscalización Superior de la Federación una copia del informe final, a efecto de que
lo tome en cuenta en el cumplimiento de sus atribuciones.
Decimocuarto. La Comisión Especial podrá llevar
a cabo todos los actos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto dentro del
respectivo ámbito de sus facultades y atribuciones.
Decimoquinto. En lo no previsto en su
integración, organización y funcionamiento, la Comisión Especial se sujetará, en lo
conducente, a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
así como en los acuerdos parlamentarios que resulten aplicables.
ARTICULOS
TRANSITORIOS
Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al
día natural siguiente en que resulte aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados.
Segundo. La Cámara de Diputados, a través de su
Presidente, notificará la constitución de la Comisión Especial objeto del presente
acuerdo para los efectos a los que haya lugar, al Poder Judicial Federal, al Poder
Ejecutivo Federal y a la Procuraduría General de la República. Asimismo, se notificará
a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del estado de Yucatán.
Tercero. Publíquese de inmediato en el Diario Oficial de la Federación para su mayor
difusión y debida aplicación y observancia.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 1o. de octubre de 2002. —Diputados: Federico
Granja Ricalde, José Ignacio Mendicuti Pavón, Jorge Carlos Ramírez Marín, Edilberto
Buenfil Montalvo, Uuc-kib Espadas Ancona (rúbrica).
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
Se turna a la Junta de Coordinación Política.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde su
curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Sí, diputado Del Río.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde su
curul):
Para solidarizarme con el punto del
diputado Uuc-kib Espadas.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se incorpora el apoyo del diputado
Del Río Virgen.
Para
referirse al mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos la
diputada Alicia Ricalde Magaña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Alicia Ricalde Magaña:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
En principio de cuentas en el grupo
parlamentario de Acción Nacional vemos con buenos ojos las propuestas de los diputados
que nos antecedieron en el uso de la palabra. Pero consideramos que el huracán
“Isidore” impactó también a Campeche y Quintana Roo, por tal motivo y tratando
de ayudar en la solución de este problema que afecta a toda la península, consideramos
que se turne a la Junta de Coordinación Política y procedamos todos los grupos
parlamentarios a buscar los consensos para darle una pronta solución a esta
problemática.
Tenemos que resaltar que debemos
vigilar que efectivamente la ayuda llegue a la ciudadanía sin distingos partidistas.
Es por eso que la conformación de
una comisión especial de esta Cámara de Diputados encargada de vigilar los recursos del
Fonden, sea necesaria en estos momentos para que las autoridades municipales y estatales
no hagan su agosto en octubre.
Gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Bien, pues ha sido turnado a la
Junta de Coordinación Política.
Dándole continuidad al orden del
día que está en su poder se ofrece el uso de la palabra al diputado José Narro
Céspedes, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Como no se encuentra el diputado en
el salón, pasa su intervención al último punto de las proposiciones listadas.
Tiene la palabra el diputado Jaime
Larrazábal Bretón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Como no se encuentra en el salón,
pasa su intervención al último punto listado de las proposiciones.
Tiene la palabra el diputado
Francisco Ramírez Avila del grupo parlamentario de Acción Nacional, que no se encuentra
en el salón y se retira esta proposición por el grupo parlamentario de Acción Nacional.
NORMA
OFICIAL MEXICANA 029
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Miguel
Bortolini Castillo para hacer una presentación de proposición en torno a la Norma
Oficial Mexicana 029.
El diputado Miguel Bortolini Castillo:
Gracias, señora Presidenta, con su
permiso; compañeras y compañeros diputados:
El pasado 12 de julio fue publicada
en el Diario Oficial de la Federación la
NOM-029-P-2000 denominada pesca responsable de tiburón y especies afines. Previendo su
entrada en vigor en dos meses posteriores a su publicación.
Ante la eminente entrada en vigor
de la norma referida empezaron a dirimirse cuestionamientos e inquietudes en diversos
ámbitos.
El 9 de septiembre de 2002 se
publicó la prórroga para la entrada en vigor de la NOM-029 hasta el 12 de noviembre
próximo, arguyendo que era en atención al interés manifestado por organizaciones no
gubernamentales ambientalistas y prestadores de servicios de pesca deportiva. 1
En esta tribuna, el pasado 17 de
septiembre, el titular de la Sagarpa respondiendo a una pregunta del legislador
Concepción Salazar González sobre la viabilidad de la NOM-029 dijo: no nos equivoquemos,
señores diputados, las actividades económicas y la conservación de los recursos
naturales tienen que confluir con el mismo objetivo, la conservación de los mismos y el
retorno económico de los recursos naturales.2
Nada más difícil de lograr cuando
hay oscuros intereses económicos en pugna.
Hasta ahora la polémica desatada
en torno a esta norma se ha desarrollado con sensacionalismo y superficialidad y con un
enorme desconocimiento de la realidad productiva y social en la que se desenvuelven los
pescadores. En buena medida el debate ha sido contaminado e inducido por los intereses
económicos de los grandes consorcios hoteleros que prestan servicios de pesca deportiva y
de los inversionistas que apuestan a grandes negocios con la Escalera Náutica del Mar de
Cortés.
A pesar de ello se han vertido
también sólidos argumentos que nos hacen considerar la inexorable necesidad de modificar
y perfeccionar a la brevedad las disposiciones de la NOM-029.-PESC-2000.
El dilema es complejo y no puede
abordarse ni con maniqueísmos ni con claroscuros.
Cierto es que la especie de
tiburones está en latente peligro de extinción, también otras especies como la vaquita
marina, la totoaba y los ballenatos, pero esta exhibición obedece a la propia ausencia de
normatividad y a estos factores que no se han discutido suficientemente como la
contaminación del Mar de Cortés.
Es incuestionable que se requiere
de una regulación de la pesquería de tiburón, pero ello debe implicar un análisis más
profundo y riguroso que responda a criterios científicos de aprovechamiento sustentable y
equilibrado de los recursos naturales con la participación de todos los sectores
interesados, principalmente del sector social, pues es precisamente en las comunidades
ribereñas y que tienen en la pesca ribereña su único sostén de vida, donde
repercutiría cualquier decisión que se tome al respecto.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con la solicitud respetuosa de que la
propuesta sea considerada como de urgente y obvia resolución, someto a la consideración
de esta soberanía el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que
instruya al titular de la Conapesca, a fin de garantizar y agilizar el proceso de
modificaciones y perfeccionamiento de la NOM-029-P-2000 antes de su entrada en vigor,
prevista para el 12 de noviembre próximo. En el entendido de que las modificaciones
deberán surgir en función de un consenso emanado de un debate verdaderamente incluyente
entre los diversos sectores involucrados, con el compromiso de eliminar de esta norma
aquellas disposiciones críticas en las que no se hubiera logrado un consenso en los
sectores interesados.
Firman el de la voz y además los
diputados: Rigoberto Romero Aceves, del PAN; Víctor García Dávila, del PT; Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI; Martí Batres Guadarrama, del PRD y Del Río Virgen, de Convergencia Democrática.
Muchísimas gracias, señora
Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado Bortolini.
Me ha solicitado el trámite de
urgente y obvia resolución el diputado Bortolini y esta Presidencia está obligada a dar
turno formal.
Le ruego a la Secretaría dar
lectura a los artículos 58 y 59 del Reglamento.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Artículo 58. Las proposiciones que no sean
iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que
se suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
I. Se presentarán por escrito y
firmadas por sus autores, al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la
sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, exponer
los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.
II. Hablarán una sola vez dos
miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto
o proposición y
III. Inmediatamente se preguntará
a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a
la comisión o comisiones a quienes corresponda y en el segundo se tendrá por desechada.
Artículo 59. En los casos de urgencia u obvia
resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la
Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros, dar
curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y ponerlos a
discusión inmediatamente después de su lectura.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Consulte la Secretaría en
votación económica, si se considera de urgente y obvia resolución.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el punto de acuerdo se
considera de urgente u obvia resolución.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la
afirmativa, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Es de urgente y obvia resolución.
Ha solicitado hacer uso de la
palabra el diputado Rigoberto Romero, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El
diputado Rigoberto Romero Aceves:
Muchas gracias, señora Presidenta:
Los diputados del Partido Acción
Nacional estamos a favor de este punto de acuerdo, sólo que se requería mayor difusión
hacia todos los legisladores para que pudiéramos ir en la obvia y urgente resolución,
pero en los considerandos estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo porque mucho se ha
hablado de la norma 029 y poco fundamento técnico ha habido en el debate en ella.
Todos los tiburones que se pescan
en todo el planeta, que son cerca de 100 especies, en México explotamos como 80 y 40 de
ellas sustentan la pesquería. Estas especies, sin saber exactamente cuáles especies,
tienen una tendencia a la baja en la producción mundial, por tal la FAO en el año de
1980 elaboró un Plan Internacional para la Conservación y Ordenación de los Tiburones,
en el que dice que el estado actual de las condiciones sobre los tiburones y las
prácticas empleadas en su pesca, causan problemas de conservación y ordenamiento a los
tiburones, debido a la falta de datos disponibles sobre las capturas, el esfuerzo,
desembarques y comercio, así como la información limitada de parámetros biológicos de
muchas especies para su identificación.
Precisamente como que nos falta
información internacional, en ningún país hay la información suficiente de todas las
poblaciones y el código de conducta de pesca responsable establece que eso no es causa
para no tener ordenamiento, por eso la pesca del tiburón requiere de un ordenamiento.
En México pescamos tiburón desde
hace cientos de años, ya en 1888 La Paz, la capital de mi Estado exportaba aleta de
tiburón y el resto del organismo era desechado.
Desde 1920 en Guaymas se explota el
tiburón y en los años 40 para surtirle aceite de hígado de tiburón a todos los
soldados de la guerra en Tiacapán se abre una gran industria tiburonera.
Desde los años 60 a los 70 la
flota japonesa entra a lo que hoy son aguas mexicanas, en ese entonces no eran aguas
mexicanas y con palangres de más de 7 millones de anzuelos al año explota al tiburón en
las aguas que ahora es México.
En 1976 se define la zona
económica exclusiva y la flota tiburonera, la flota palangrera japonesa queda en México
de todos modos con programas de conversión.
Según este documento de
pesquerías en México, demuestra que la flota palangrera japonesa opera 480 millones de
anzuelos al año. Aquí en México después de que sale la flota palangrera queda la
pequeña flota nacional. Desde 1998 estamos elaborando una norma para proteger a los
tiburones y es una norma que según lo especifica claro, prohibe la entrada de cualquier
embarcación de altura dentro de las 50 millas de mar territorial, las 50 millas cierran
el golfo de California a la captura y sacan 92 kilómetros a los barcos de altura.
Esta norma prohibe la pesca a 5
kilómetros de las loberas, a 5 kilómetros de las playas donde anida la tortuga, a 2.5
kilómetros de las bocas de esteros y bahías. En la actualidad se puede pescar a 100
metros de las loberas, a 100 metros de las playas de lobos y a 100 metros de las de
caguama.
Además la norma prohibe el uso de
redes en Jalisco y Nayarit, en la zona donde hay ballenas y el uso de redes del 1o. de
diciembre al 28 de febrero, en Baja California Sur, donde hay ballenatos durante esa
época.
Para la flota de altura la Norma
Oficial Mexicana prevé 82 kilómetros de palangres, esto es un palangre, un palangre es
una línea con anzuelo flotando, este palangre en miniatura tiene 80 centímetros y tiene
solamente un anzuelo. Este otro es también un palangre tiburonero con también 80
centímetros de largo pero tiene seis anzuelos.
Es obvio que lo largo del palangre
no es ningún problema, lo que tiene problema es la cantidad de anzuelos.
La flota internacional captura con
3 mil anzuelos en las aguas internacionales, de 1 mil a 3 mil. La Norma Oficial Mexicana a
los barcos de altura, fuera de los 90 kilómetros, únicamente les autorizan 1 mil 500
anzuelos.
Esto es una red de agallar, si
nosotros ponemos una red de agallar de 80 kilómetros de largo, claro que vamos a hacer
una atrocidad, pero si ponemos un anzuelo de éstos o una línea de éstas con 1 mil 500
anzuelos no vamos a generar atrocidades.
La flota de Indonesia que pesca 100
toneladas de tiburón al año, pesca con este recurso, con este arte de pesca.
La flota estadounidense que pesca
tiburón y pez espada en las aguas de California, pesca con este tipo de red, este
tiburón que se pesca en las aguas de California y el espada que se pesca en las aguas de
California, se pesca en estas mismas aguas.
Por lo tanto se ha dicho mucho que
las redes son nocivas, si son nocivas son nocivas en todo el planeta, saquemos toda la
flota palangrera japonesa de todo el mundo, saquemos toda la flota indonesa y paremos toda
la flota de redes de Estados Unidos de América para que entonces no afectemos a los
tiburones y si son redes que se usan en todo el planeta, ¿por qué no las podemos usar
los mexicanos?
Yo creo que debemos de ponernos de
acuerdo en sus tamaños y sus calibres y todo lo que tiene de positivo la Norma Oficial
Mexicana debe de salir, todas esas restricciones que tiene hay que sacarlas y en dado caso
debemos prorrogar en lo que no nos podamos poner de acuerdo.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
No habiendo registro de algún otro
orador, consulte la Secretaría en votación económica, si se considera suficientemente
discutido el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se considera
suficientemente...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
A ver diputado. Perdón diputada
Erika Spezia.
La diputada Erika Elizabeth Spezia Maldonado
(desde su curul):
Gracias, pedimos a nombre del
Partido Verde Ecologista y creo que también del Partido Acción Nacional y Revolucionario
Institucional, se revise y se regrese a las comisiones este punto de acuerdo. Que no sea
de urgente y obvia.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputada, ya lo votaron. Ya lo
votaron... No tengo posibilidades de reponer el procedimiento. Sí, diputada Erika Spezia.
La diputada Erika Elizabeth Spezia Maldonado (desde
su curul):
Gracias. Como es evidente la
ausencia de los diputados en el salón de sesiones, entonces diputada Presidenta, le pido
se revise el quórum de esta sesión.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputada, yo puedo revisar el
quórum, pero el trámite de urgente y obvia resolución está dado.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su
curul):
Señora Presidenta:
El grupo parlamentario del PRI le
solicita que se ponga en votación para terminar con el trámite.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Diputado Calderón.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde
su curul):
Diputada Presidenta:
El tema es evidentemente un tema
muy complejo, parece que el punto tal como está redactado podría leerse como de
resolución obvia; sin embargo, dada la interesante exposición que fue presentada hace un
momento aquí y las inquietudes que de la misma surgen de otros y de distintos grupos
parlamentarios, me parece que lo que es obvio es que no es un tema obvio y de fácil
resolución, por lo cual pediríamos como parte proponente del acuerdo, de ser posible,
porque en este momento no tengo el Reglamento del Congreso a la mano, una petición para
que la propuesta antes de ser votada fuera turnada a comisiones respectivas para su
análisis.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Calderón, yo quisiera me
permitan desahogar reglamentariamente este punto con algunas opciones que sí son posibles
de manera reglamentaria.
En primer lugar le haría una
respetuosa exhortación a la diputada Erika Spezia para que retire su solicitud de conteo
de quórum; entiendo que su solicitud está en el marco de un procedimiento que se está
dando, que está en marcha y le ruego retire… le agradezco a la diputada Erika Spezia
el retiro de su solicitud.
En segundo lugar, le consulto al
diputado Bortolini, quien presenta la propuesta de punto de acuerdo… diputado, quien
está presentando la propuesta de punto de acuerdo me permita posponer este trámite para
la próxima sesión. Yo le ofrezco enlistarlo en el primer lugar de las proposiciones a
efecto de que puedan consultar con los grupos parlamentarios el trámite.
En el caso de que los grupos
parlamentarios estén dispuestos a que sea de urgente y obvia resolución, le damos ese
trámite de manera inmediata la próxima sesión y esto permitirá a ustedes hacer las
consultas pertinentes. En el caso de que esto no se dé, los grupos parlamentarios tienen
la opción de votar en contra el punto de acuerdo y en ese caso nosotros abriríamos para
la presentación de un próximo punto de acuerdo con el mismo tema.
El
diputado Bortolini… diputado Bortolini, ¿acepta retirar el punto de acuerdo? Y se
pospone en el estado de trámite que lo dejamos en esta sesión, para la próxima sesión.
Continuando con el orden del día
tenemos comunicaciones de la Junta de Coordinación Política respecto de cambios en
comisiones. Le ruego a la Secretaría dar lectura.
COMISIONES
LEGISLATIVAS
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel,
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34
numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Rafael
Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, me permito solicitar a usted sean procesados los siguientes cambios en
comisiones y comités:
• Que el diputado Oscar del
Real Muñoz, sustituya al diputado Claudio Mario Bres Garza, en la Secretaría de la
Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y éste a su vez salga de la
comisión.
• Que el diputado Aarón
Irizar Arias, sustituya al diputado Heriberto Huicochea Vázquez, en la Secretaría de la
Comisión de Ciencia y Tecnología, y éste a su vez salga de la comisión.
• Que el diputado César
Horacio Duarte Jáquez, sustituya al diputado Bulmaro Rito Salinas, en la Secretaría de
la Comisión de Comunicaciones, y éste a su vez salga de la comisión.
• Que la diputada Rosa Elena
Baduy Isaac, sustituya a la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, en la Secretaría del
Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, y ésta a su vez salga del
comité.
Lo anterior, para los efectos a que
haya lugar.
Sin otro particular, quedo de
usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F.
a 1o. de octubre de 2002.— Diputado Martí
Batres Guadarrama, presidente.»
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
En votación económica, se
pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobada.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel,
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34
numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc
Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la
integración de la siguiente comisión:
• Que la diputada Alba Leonila
Méndez Herrera, sustituya al diputado Fernando Josaphat Martínez Cué, como integrante
de la Comisión de Participación Ciudadana.
Lo anterior, para los efectos a que
haya lugar.
Sin otro particular, quedo de
usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 1o. de
octubre de 2002.— Diputado Martí Batres
Guadarrama, presidente.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Diputado Martí Batres Guadarrama,
presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.—
Presente.
Sirva el presente para enviarle un
cordial saludo y para remitirle la siguiente sustitución:
Que la diputada Alba Leonila
Méndez Herrera entra a la Comisión de Participación Ciudadana, como integrante en
sustitución del diputado Fernando Josaphat Martínez Cué.
Lo anterior para que se notifique a
la comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.
Sin otro particular de momento, le
reitero las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 30 de
septiembre de 2002.— Diputado Cuauhtémoc
Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
SALUD
Y EDUCACION
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado José
María Guillén Torres, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una proposición
con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Federación se auditen los ingresos del Fondo de la Recaudación Federal
Participable.
El diputado José María Guillén
Torres:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Con punto de acuerdo para solicitar
a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, se auditen los
ingresos del Fondo de Recaudación Federal Participable, a cargo del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
Considerando que en materia de
recaudación federal participable el actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
nació con la finalidad de crear un régimen globalizador de los ingresos a distribuir,
participaciones; establecer un procedimiento de participaciones que en su conjunto
resultara más dinámico y efectuar entre los órdenes de gobierno un reparto equitativo
de las fuentes de ingresos. No obstante, lo único que se ha logrado es el fortalecimiento
del centralismo fiscal y en consecuencia la clara dependencia de las entidades federativas
de la recaudación federal, llegando a parámetros que en promedio representan un 90% de
los ingresos locales, esto sin incluir los fondos de aportaciones ramo 33.
Que de conformidad con la Ley de
Coordinación Fiscal, la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales ha delegado en un
comité la facultad de vigilar la creación e incremento de los fondos participables, así
como su determinación, distribución, liquidación y pago que formule la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Este comité de vigilancia ha venido solicitando a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera reiterada una explicación clara y
oportuna sobre las bases de integración de la recaudación federal participable y, en
particular, los papeles de trabajo que permitan identificar el proceso bajo el cual se
establecen dichas bases, información que resulta de suma importancia, máxime en este
año en el que dicha dependencia ha determinado una drástica disminución y por lo tanto
una importante reducción de las participaciones federales estimadas.
Que la información de que se
dispone es incompleta, informal y poco confiable, lo que no sólo implica falta de
transparencia, sino que también genera inconformidad de los municipios hacia los
gobiernos estatales, ya que les hace suponer que éstos les disminuyen sus participaciones
sin razón alguna.
Que además de la disminución de
las participaciones federales, las entidades federativas enfrentan problemas financieros
graves ocasionados por la descentralización del gasto en salud y educación, la
insuficiencia de recursos y el incumplimiento de cláusulas de los acuerdos firmados, ha
ocasionado un déficit en estos rubros mismos que se ha venido incrementando en cada
ejercicio presupuestal. A lo anterior debemos agregar la situación generada a raíz de
los recortes y violaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al
Presupuesto de Egresos aprobado por este Congreso.
Que en materia de salud la
realización de acuerdos a nivel central con el sindicato, sin pedir la opinión de las
entidades federativas respecto de las condiciones generadas de trabajo, ha repercutido en
las finanzas en relación a la homologación salarial, máxime que las entidades
federativas no tienen total autoridad sobre el personal transferido por la Federación,
creándose una absoluta dependencia de los organismos estatales hacia la Federación.
Que las bases y procedimientos
mediante los que la Federación asigna los presupuestos para los servicios
descentralizados, no responden a las necesidades reales de cada entidad, careciendo de
certeza respecto de los parámetros utilizados para su determinación, por lo que no
existe equidad ni transparencia en la asignación y distribución de los recursos.
A esto se suma la disminución
irreductible del FASA, por la inobservancia de la Ley de Coordinación Fiscal durante el
presente ejercicio presupuestal, originando que las entidades federativas no puedan
responder adecuadamente en la prestación de los servicios.
Que por lo que se refiere a la
descentralización de los servicios de educación básica y normal, la situación es aún
más grave, dada la creciente diferencia entre la demandas y la capacidad para atenderlas;
en parte, debido a un proceso irregular para llevar a cabo esta descentralización que
indebidamente mantiene una doble relación con respecto a los trabajadores de la
educación. Esta circunstancia, origina la toma de decisiones respecto de los incrementos
salariales entre la Federación y el sindicato, sin intervención de los gobiernos
estatales, mismos que tienen repercusiones directas en las finazas estatales por las
homologaciones que de dichos acuerdos deriva para el personal a cargo del gobierno
estatal.
Por la inducción irresponsable que
hace el Gobierno Federal, al dejar sin respuesta los planteamientos presentados por el
magisterio y la falta de un control que implica el otorgamiento de prestaciones
desproporcionadas entre estados que conlleva a enfrentar erogaciones que superan su
capacidad.
Que la asignación de recursos se
realiza con base en el registro común de escuelas y de plantilla de personal que cada
entidad federativa tenía al momento de la descentralización, criterio que se instituye
con la adición efectuada a la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que en este momento los
reconocimientos o actualizaciones a las cifras asignadas no responden a la necesidad real
de los servicios de educación.
Que la fórmula para la
distribución de los recursos...
Presidencia del diputado Eric Eber
Villanueva Mukul
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Señor diputado, favor de concluir
su intervención, se le ha vencido su tiempo.
El diputado José María Guillén
Torres:
Con mucho gusto, señor Presidente:
Le pediré que incluya completo el
punto de acuerdo.
Concluiré con el punto de acuerdo.
Primero. Se señala que la Auditoría Superior de
la Federación, la necesidad de que se auditen las cifras de los ingresos que integran la
recaudación federal participable, su registro en las cuentas de la Tesorería de la
Federación y los procedimientos para determinar lo que le corresponde a cada entidad
federativa de los fondos participables y los impuestos asignables con base a la Ley de
Coordinación Fiscal.
Segundo. Igualmente se señala la necesidad de que
en materia de descentralización del gasto en salud y educación, se auditen en las
secretarías respectivas las cifras con las que se determinó la distribución de estos
recursos entre las entidades federativas.
Comuníquese a la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para que por su conducto se haga
saber a ésta, el contenido del presente acuerdo.
Atentamente, diputados: Andrade
Sánchez, Juan Nicolás Callejas, entre otros.
Muchas gracias.
«Escudo.— LVIII
Legislatura.— Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Acuerdo parlamentario por el que se
señala a la Auditoría Superior de la Federación la necesidad de que se auditen los
ingresos que integran la recaudación federal participable y las cifras con las que se
determina la distribución de recursos en materia de salud y educación por parte del
Gobierno Federal.
CONSIDERANDO
Que, en materia de Recaudación
Federal Participable, el actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal nació con la
finalidad de crear un régimen globalizador de los ingresos por distribuir
(participaciones;), establecer un procedimiento de participaciones que en su conjunto
resultara más dinámico y efectuar entre los órdenes de gobierno un reparto equitativo
de las fuentes de ingresos. No obstante, lo único que se ha logrado es el fortalecimiento
del centralismo fiscal y, en consecuencia, la clara dependencia de las entidades
federativas de la recaudación federal, llegando a parámetros que en promedio representan
un 90% de los ingresos locales. Esto, sin incluir los fondos de aportaciones (Ramo 33).
Que, de conformidad con la Ley de
Coordinación Fiscal, la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales ha delegado en un
comité la facultad de vigilar la creación e incremento de los fondos participables, así
como su determinación, distribución, liquidación y pago que formule la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Este Comité de Vigilancia ha venido solicitando a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera reiterada una explicación clara y
oportuna sobre las bases de integración de la Recaudación Federal Participable y, en
particular, los papeles de trabajo que permitan identificar el proceso bajo el cual se
establecen dichas bases, información que resulta de suma importancia, máxime en este
año, en el que dicha dependencia ha determinado una drástica disminución y, por tanto,
una importante reducción de las participaciones federales estimadas.
Que la información de que se
dispone es incompleta, informal y poco confiable, lo que no sólo implica falta de
transparencia sino que también genera inconformidad de los municipios hacia los gobiernos
estatales, ya que les hace suponer que éstos les disminuyen sus participaciones sin
razón alguna.
Que, además de la disminución de
las participaciones federales, las entidades federativas enfrentan problemas financieros
graves, ocasionados por la descentralización del gasto en salud y educación. La
insuficiencia de recursos y el incumplimiento de cláusulas de los acuerdos firmados han
ocasionado un déficit en estos rubros, mismo que se ha venido incrementando en cada
ejercicio presupuestal. A lo anterior debemos agregar la situación generada a raíz de
los recortes y violaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al
Presupuesto de Egresos aprobado por este Congreso.
Que, en materia de salud, la
realización de acuerdos a nivel central con el sindicato, sin pedir la opinión de las
entidades federativas respecto de las condiciones generales de trabajo, ha repercutido en
las finanzas en relación con la homologación salarial, máxime que las entidades
federativas no tienen total autoridad sobre el personal transferido por la Federación,
creándose una absoluta dependencia de los organismos estatales hacia la Federación.
Que las bases y procedimientos
mediante los que la Federación asigna los presupuestos para los servicios
descentralizados no responden a las necesidades reales de cada entidad, careciendo de
certeza respecto de los parámetros utilizados para su determinación, por lo que no
existe equidad ni transparencia en la asignación y distribución de los recursos. A esto
se suma la disminución “irreductible” del Fassa por la inobservancia de la Ley
de Coordinación Fiscal durante el presente ejercicio presupuestal, originando que las
entidades federativas no puedan responder adecuadamente en la prestación de los
servicios.
Que, por lo que se refiere a la
descentralización de los servicios de educación básica y normal, la situación es aún
más grave, dada la creciente diferencia entre las demandas y la capacidad para
atenderlas, en parte debido a un proceso irregular para llevar a cabo esta
descentralización, que indebidamente mantiene una doble relación respecto a los
trabajadores de la educación. Esta circunstancia origina la toma de decisiones respecto
de los incrementos salariales entre la Federación y el sindicato sin intervención de los
gobiernos estatales, mismos que tienen repercusiones directas en las finanzas estatales
por las homologaciones que de dichos acuerdos se derivan para el personal a cargo del
gobierno estatal, por la inducción irresponsable que hace el Gobierno Federal al dejar
sin respuesta los planteamientos presentados por el magisterio, y la falta de un control
que impida el otorgamiento de prestaciones desproporcionadas entre estados, que conlleva a
enfrentar erogaciones que superan su capacidad.
Que la asignación de recursos se
realiza con base en el registro común de escuelas y de plantilla de personal que cada
entidad federativa tenía al momento de la descentralización, criterio que se instituye
con la adición efectuada a la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que en este momento los
reconocimientos o actualizaciones a las cifras asignadas no responden a la necesidad real
de los servicios de educación.
Que la fórmula para la
distribución de los recursos del FAEB contenida en la citada ley ya no enfrenta la
problemática actual, por lo que es necesario la implantación de una nueva fórmula que
se apegue a la eficiencia, transparencia y equidad, misma que pueda solventar el pago de
los compromisos adquiridos, incentive la participación de los estados y promueva el
mejoramiento che la educación.
Que los procesos de
descentralización han significado para las entidades federativas la obligación de facto de completar, con recursos propios o
provenientes de las participaciones, las transferencias que reciben, a fin de atender la
prestación de estos servicios.
Que la Auditoría Superior de la
Federación, de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución, tiene la misión de
apoyar a la Cámara de Diputados para la revisión de la Cuenta Pública, y nuestra
Cámara cuenta con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación;
es necesario que dicha comisión haga del conocimiento de la mencionada Auditoría el
contenido del presente acuerdo.
Los diputados que suscribimos
proponemos a este honorable pleno la aprobación de los siguientes
PUNTOS
DE ACUERDO
Primero. Se señala a la Auditoría Superior de la
Federación la necesidad de que se auditen las cifras de los ingresos que integran la
Recaudación Federal Participable, su registro en las cuentas de la Tesorería de la
Federación y los procedimientos para determinar lo que le corresponde a cada entidad
federativa de los fondos participables y los impuestos asignables con base en la Ley de
Coordinación Fiscal.
Segundo. Igualmente, se señala la necesidad de
que, en materia de descentralización del gasto en salud y educación, se auditen en las
secretarías respectivas las cifras con que se determinó la distribución de estos
recursos entre las entidades federativas.
Tercero. Comuníquese a la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación para que, por su conducto, se haga saber a
ésta el contenido del presente acuerdo.
Atentamente.
México, D.F., a 1o. de octubre de
2002.— Diputados: José María Guillén Torres,
Francisco Ríos Alarcón, Jorge Schettino Pérez, Marcos Paulino López Mora, Pedro
Manterola Sainz, Ranulfo Márquez Hernández, Eduardo Andrade Sánchez, Enrique Ramos
Rodríguez, Eduardo Abraham Leines Barrera, Jaime Mantecón Rojo, Martha Silvia Sánchez
González y Roque Joaquín Gracia Sánchez (rúbricas).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, diputado.
El diputadoTomás Torres Mercado (desde su curul):
Señor Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
¿Diputado Tomás Torres?
El diputado Tomás Torres Mercado (desde su
curul):
Para rectificar hechos, señor
Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
No hay el rubro de hechos en este
tema. Para el mismo tema.
El diputado Tomás Torres Mercado (desde su
curul):
Para el mismo tema, señor
Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene usted la palabra, hasta por
cinco minutos.
El
diputado Tomás Torres Mercado:
Con su permiso y para el mismo
tema, señor Presidente:
En el tránsito al atril encontraba
voces que dicen que al mismo tiempo de que un servidor, con la autorización de quien ha
presentado el punto de acuerdo, lo suscriba, desde la posición del PRD, también otros
compañeros diputados se están sumando.
Consideramos que conforme a la
estructura actual en la integración del ingreso de los estados del país, en donde
pudiéramos decir que hay una dependencia total de los estados para con la Federación, es
necesario pugnar por modificar esa forma de cómo el ingreso nacional se distribuye a cada
una de las entidades federativas.
Virtud por ello, señor Presidente,
y para el compañero diputado Guillén Torres que hizo la presentación del punto de
acuerdo, del Partido Revolucionario Institucional, con su venia, para que signemos
también como una función de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución
Democrática.
Yo solamente recordaría que en una
reunión apenas el fin de semana pasada, los gobernadores de algunas entidades del país,
gobernadas por el Partido de la Revolución Democrática y de otras entidades que gobierna
el Partido Revolucionario Institucional, vieron necesario un pronunciamiento político de
esta naturaleza.
Ya los miembros de la Asociación
Nacional de Gobernadores de Tlaxcala, del Distrito Federal, de Michoacán, de Baja
California Sur y de Zacatecas, habían dicho a la sociedad mexicana, de que es necesario
que las entidades y la gente sepa cuál es el ingreso, cuál es el importe de la
recaudación, para poder establecer una correspondencia con relación al gasto.
Hay una problemática muy seria
para los estados del país, en el marco de un proceso de descentralización no se ve por
dónde se pueda incrementar el gasto público, sobre todo en dos rubros fundamentales:
salud y educación.
Por eso, en el marco de la Reforma
del Estado, también el PRD ha establecido de que hay rubros prioritarios en los que no se
puede permitir, uno, los recortes, tampoco las transferencias, a la medida de la
discrecionalidad que todavía el texto del decreto de presupuesto para este año lo
contempla.
De esa suerte consideramos entonces
necesario, no solamente ir avanzando en la transparencia de las finanzas públicas, es
necesario también que cada una de las entidades del país, conozca con anticipación los
anexos. Es decir, ¿cuántas aulas podrán construirse? ¿Cuántos hospitales equiparse?
De otra manera sigue, como en el
pasado, dominando la decisión del titular del Ejecutivo Federal.
Por esa virtud es que la fracción
nuestra, hace suyo un pronunciamiento necesario, de que se verifique el ingreso por parte
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo que tiene qué ver a los fondos
generales participables y tiene qué ver también con la asignación para cada uno de los
estados del país.
Es cierto que hemos avanzado en la
transparencia en lo que hace al gasto público con los informes trimestrales, pero
todavía no es suficiente y dejamos temas que tienen qué ver con la equidad de algunas
entidades del país, en el concierto, en el desarrollo nacional que, finalmente ha sido
por factores de la voluntad del Ejecutivo Federal.
Muchas gracias por su atención y
gracias, señor Presidente, aun fuera del formato de para rectificar hechos por tratarse
de un punto de acuerdo.
El
Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación.
CONALITEG
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra el diputado Miguel
Bortoloni Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
para presentar un punto de acuerdo en relación al desvío de recursos en la Conaliteg.
El diputado Miguel Bortolini Castillo:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Venimos a esta tribuna a plantear
lo que está sucediendo en la Conaliteg, porque con el gobierno de Vicente Fox se
inauguró una nueva etapa de corrupción en México, la “corrupción del
cambio”.
Si el contralor Francisco Barrio
Terrazas anda en busca de “peces gordos”, también los puede encontrar en la
Conaliteg y en sus propias oficinas de la Secodam.
A pesar de las denuncias públicas,
todas ellas documentadas, la Secodam se ha negado a investigar a los funcionarios
corruptos del “foxismo” como lo es Jorge Velasco y Félix, director general de
la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Esta es una de las razones con las
que se puede explicar el porqué este año dimos un salto al avanzar en la lista negra de
transparencia internacional como uno de los países más corruptos. Con documentos, con
hechos, con denuncias públicas, queremos dejar constancia de la corrupción en la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
Al frente de esta subdependencia
que a su vez es la empresa editora más importante del sector público, su director Jorge
Velasco y Félix se ha dedicado a hacer nuevos favores políticos a editores amigos y,
desde luego, también a favorecer a la Fundación “Vamos México”, a través de
un contrato que está absolutamente fuera de toda legalidad.
Para la impresión de 1 millón de
libros “¿Cómo proteger a tus hijos contra las drogas?”, obra en nuestro poder
copia de este contrato con el que podemos demostrar una serie de múltiples
irregularidades, como el millonario desvío de fondos públicos a favor de “Vamos
México”.
Contamos también con pruebas
documentales que conforman un amplísimo expediente donde se pueden comprobar las
adjudicaciones y asignaciones sin que medie licitación o cuando indebidamente se han
declarado las licitaciones abiertas. También casos de despidos y sanciones injustificadas
a funcionarios y empleados de la subdependencia, operaciones y omisiones que implican un
escandaloso quebranto patrimonial, entre muchos otros ilícitos. Menciono sólo un
pequeño ejemplo:
La Conaliteg de Jorge Velasco y
Félix, ha pasado por encima de la Ley de Licitaciones Públicas; indebidamente adjudicó
la impresión de más de 6 millones de libros a la empresa Grupo Gráfico Editorial
mediante las asignaciones de diversos libros. Inexplicablemente se firmaron los contratos
de estas adjudicaciones el 25 de febrero de 2002, pero los libros, aún más
inexplicablemente, estaban ya editados 20 días antes de la firma del contrato, mismo que
el Grupo Gráfico Editorial obtuvo por haberse declarado de-sierta la licitación.
En lugar de gritar “al
ladrón, al ladrón”, Velasco y Félix debe aclarar las irregularidades de su
antecesor Antonio Meza, ex secretario de Ernesto Zedillo, no sin antes aclarar sus
irregularidades al amparo de la alianza con la señora Martha Sahagún de Fox.
A la larga lista de ilícitos, hay
que agregar las denuncias penales y mercantiles en diversos tribunales que existen
actualmente contra la Conaliteg y cuyos documentos también están en nuestro poder.
Así como ha puesto énfasis en el
Pemex-gate, el Gobierno del presidente Fox, debe
predicar con el ejemplo limpiando su propia casa, empezando con el “libro-gate” de este documento azul.
Si el gobierno panista quiere
pescar “peces gordos”, ahí los tiene también en la Conaliteg; el contralor
interno Roberto Niebla; el contralor interno de la Secodam, Rosendo Villarreal y el
director de la Conaliteg, Jorge Velasco, son peces de colores blanquiazules. Pero el
gobierno foxista parece que sufre de daltonismo.
Hago entrega a la Presidencia de
esta Cámara de Diputados, de un expediente azul completo, que demuestra lo que hemos
aseverado.
Por todo lo anterior y con
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Cámara de
Diputados, el siguiente:
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Que esta Cámara de Diputados solicite a
la Secretaría de Educación Pública y a la Conaliteg, un informe detallado sobre lo
relacionado a las irregularidades en la edición de libros de texto gratuitos y sobre los
fundamentos que tuvieron para editar el libro promovido por la Fundación “Vamos
México”.
Segundo. Que esta Cámara de Diputados solicite
información a la Secodam, sobre el otorgamiento de contratos que durante la actual
administración ha realizado la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
Muchísimas gracias, señor
Presidente.
Dejamos aquí en tribuna y a la
Mesa Directiva, el expediente azul de la Conaliteg.
«Conaliteg y Secodam: estanques de
“Peces Blanquiazules”
Con el gobierno de Vicente Fox se
inauguró una nueva etapa de corrupción en México... “La corrupción del
cambio”. Si el contralor Francisco Barrio Terrazas anda en busca de “peces
gordos”, también los puede encontrar en la Conaliteg y en sus propias oficinas de la
Secodam.
A pesar de las denuncias públicas,
todas ellas documentadas, la Secodam se ha negado a investigar a los funcionarios
corruptos del foxismo, como lo es Jorge Velasco y Félix, director general de la Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
Esta es una de las razones con las
que se puede explicar el porqué este año dimos un salto al avanzar en la lista negra de
transparencia internacional como uno de los países más corruptos.
Con documentos, con hechos, con
denuncias públicas queremos dejar constancia de la corrupción en la Comisión Nacional
de Libros de Texto Gratuitos.
Al frente de esta subdependencia,
que a su vez es la empresa editora más importante del sector público, su director,
Velasco y Félix, se ha dedicado a hacer nuevos favores políticos a editores amigos y
desde luego también a favorecer a la Fundación “Vamos, México”, a través de
un contrato que está absolutamente fuera de toda legalidad, para la impresión de millón
y medio de ejemplares del libro “¿Cómo proteger a tus hijos contra las
drogas?”
Obra en nuestro poder copia de este
contrato, con el que podemos demostrar una serie de múltiples irregularidades, como el
millonario desvío de fondos públicos a favor de “Vamos, México”.
Contamos también con pruebas
documentales que conforman un amplísimo expediente donde se pueden comprobar las
adjudicaciones y asignaciones sin que medie licitación, o cuando indebidamente se han
declarado las licitaciones desiertas, también casos de despidos y sanciones
injustificadas a funcionarios y empleados de la subdependencia; operaciones y omisiones
que implican un escandaloso quebranto patrimonial entre otros muchos ilícitos.
Menciono sólo un pequeño ejemplo:
La Conaliteg de Jorge Velasco y
Félix ha pasado por encima de la Ley de Licitaciones Públicas.
Indebidamente adjudicó la
impresión de más de 6 millones de libros a la empresa Grupo Gráfico Editorial, mediante
las asignaciones directas de los siguientes textos: Matemáticas de Tercer Grado, Ciencias
Naturales y Desarrollo Humano, de Sexto Grado, y el Atlas de México. En todos estos casos
se firmaron los contratos el 25 de febrero de 2002, pero los libros, inexplicablemente
estaban ya editados 20 días antes de la firma del contrato, mismo que Grupo Gráfico
Editorial obtuvo por haberse declarado desierta la licitación.
En lugar de gritar... “¡al
ladrón!, ¡al ladrón!”..., Velasco y Félix debe aclarar las irregularidades de su
antecesor Antonio Meza, ex secretario de Ernesto Zedillo, no sin antes aclarar sus
irregularidades al amparo de la alianza con la señora Martha Sahagún de Fox.
A la larga lista de ilícitos hay
que agregar las denuncias penales y mercantiles en diversos tribunales que existen
actualmente contra la Conaliteg y cuyos documentos también están en nuestro poder.
Así como ha puesto énfasis en el
Pemex-gate, el gobierno del presidente Vicente
Fox debe predicar con el ejemplo limpiando su propia casa, empezando por el Libro-gate.
Si el gobierno panista quiere
pescar “peces gordos”, ahí los tiene también en la Conaliteg.
El contralor interno de la
Conaliteg, Roberto Niebla; el contralor interno de la Secodam, Rosendo Villarreal y el
director de la Conaliteg, Jorge Velasco, son “peces de colores blanquiazules”,
pero el gobierno Foxista sufre de daltonismo.
Hago entrega a la Presidencia de
esta Cámara de Diputados, de un expediente completo que demuestra lo que hemos aseverado.
Por todo lo anterior y con
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Cámara de
Diputados, el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Que esta Cámara de Diputados solicite a
la Secretaría de Educación Pública y a la Conaliteg un informe detallado sobre todo lo
relacionado a las irregularidades en la edición de libros de texto gratuitos y sobre los
fundamentos que tuvieron para editar el libro promovido por la Fundación “Vamos
Mexico”.
Segundo. Que esta Cámara de Diputados solicite
información a la Secodam sobre el otorgamiento de contratos que durante la actual
administración ha realizado la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 1o. de octubre de 2002.— Diputado Miguel
Bortolini Castillo (rúbrica).
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación.
MEXICO-TUXPAN
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra el diputado
Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para presentar una proposición con punto de acuerdo en torno a la construcción de la
autopista México-Tulancingo-Huauchinango-Neonecaxa-Tihuatlán-Tuxpan.
El diputado Narciso Alberto Amador
Leal:
Muchas gracias, señor Presidente:
Se trata en efecto de la autopista
México-Tuxpan, un proyecto largamente construido y fue precisamente en la LIV Legislatura
de esta Asamblea, que un grupo de legisladores de los estados de Tamaulipas, Veracruz y
Puebla, así como del estado de Hidalgo, se dieron a la tarea de impulsar este proyecto.
Para este fin la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes otorgó a un fideicomiso privado la concesión de la
autopista México-Pachuca y del puente Tuxpan, ambos en operación y hasta 1994
pertenecientes a la red propia de Capufe. Este fideicomiso denominado de autopistas y
puentes del golfo-centro, ha sido administrado por el Banco Nacional de México, S.A., de
C.V. y a través de él se han financiado obras en tramos de la autopista México-Tuxpan,
con créditos bancarios, que se pagarán con los ingresos generados por la autopista
México-Pachuca y precisamente por el puente Tuxpan.
En este marco es justo reconocer el
empeño y el esfuerzo del licenciado Roberto Hernández, distinguido tuxpeño, quien ha
sido promotor permanente de este proyecto.
Se anexa, compañeras y compañeros
diputados, al presente punto de acuerdo, la información de las regiones que muestran la
importancia estratégica del proyecto motivo de este acuerdo.
La autopista México-Tuxpan tendrá
una longitud total de 262 kilómetros a partir del inicio del tramo modernizado
Pirámides-Tulancingo. Ofrecerá un acortamiento de 21 kilómetros, así como la
reducción en tiempo de traslado desde el puerto de Tuxpan a la zona metropolitana, de
entre tres y tres horas y media.
Los trabajos se iniciaron con la
construcción del tramo Tihuatlán-Tuxpan, de 37 kilómetros en el extremo norte de la
autopista. Este tramo se construyó en 1994 y 1995, año desde el cual se encuentra en
operación.
Simultáneamente, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes amplió a cuatro carriles la carretera Pirámides-Tulancingo
y construyó el libramiento de San Juan Teotihuacán, con lo que contribuyó en forma
significativa al mejoramiento de las condiciones de circulación a lo largo del eje.
Posteriormente se ejecutaron las
obras correspondientes a los tramos Asunción Tejocotal y libramiento de Tulancingo, ambos
de 22 kilómetros de longitud. Hoy día la situación de los tramos, entonces, está a la
altura de los límites entre el estado de Hidalgo y el estado de Puebla.
Resta el tramo nuevo
Necaxa-Tejocotal, de 28 kilómetros de distancia, que tiene un monto de inversión de 550
millones de pesos y que será financiado con los recursos disponibles en el fideicomiso.
El problema fundamental estriba en
la construcción del tramo de Nuevo Necaxa a Tihuatlán, que es la parte más difícil de
la sierra de Puebla y que tiene aproximadamente 85 kilómetros, con una inversión de 2
mil 500 millones de pesos. El esquema del fideicomiso no sería suficiente, así lo
comentamos recientemente con el señor secretario de Comunicaciones, Pedro Cerisola, quien
gentilmente ha puesto atención a este asunto.
Es por ello que proponemos el
siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Que el Ejecutivo Federal, por conducto de
la SCT, realice las gestiones pertinentes para que este mismo año se inicie la
construcción del tramo de El Tejocotal a la Presa de Necaxa.
Segundo. Que la SCT Federal proceda a la
definición de un esquema adecuado para financiar el tramo de Necaxa a Tihuatlán, que
considere el fortalecimiento y participación del fideicomiso, así como la participación
federal presupuestal.
Tercero. Que las comisiones de Comunicaciones y
Transportes de esta Cámara integren un grupo de trabajo, al que se sumen los diputados
federales de los distritos involucrados para asegurar una partida presupuestal que haga
posible el avance del proyecto en el ejercicio 2003.
Es cuanto, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Los suscritos, diputados federales,
integrantes de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en
la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta
soberanía el siguiente punto de acuerdo en torno a la construcción de la autopista
México-Tuxpan.
ANTECEDENTES
En 1991 durante el periodo de la
LIV Legislatura de esta Cámara, un grupo de legisladores federales de Hidalgo, Puebla,
Veracruz y Tamaulipas, propusieron al Gobierno Federal la construcción de una autopista
financiada con recursos públicos privados. Fue así que los gobiernos Federal y de
Veracruz decidieron iniciar los estudios para la construcción de la autopista
México-Tuxpan como vía de cuota de dos carriles de circulación mediante un esquema para
construirla con apoyo del sector privado.
Para este fin la SCT otorgó a un
fideicomiso privado la concesión de la autopista México-Pachuca y del puente Tuxpan,
ambos en operación y hasta 1994 pertenecientes a la red propia de Capufe. Este
fideicomiso, denominado Fideicomiso de Autopistas y Puentes del Golfo Centro, ha sido
administrado por el Banco Nacional de México, S.A. de C.V., y a través de él se han
financiado obras en tramos de la autopista México-Tuxpan con créditos bancarios que se
pagarán con los ingresos generados por la autopista México-Pachuca y por el puente
Tuxpan.
En este marco es justo reconocer el
empeño y esfuerzo del Lic. Roberto Hernández distinguido tuxpeño quien ha sido promotor
permanente de este proyecto.
Se anexa al presente la
información de las regiones que muestran la importancia estratégica del proyecto motivo
de este acuerdo.
La autopista México-Tuxpan tendrá
una longitud total de 262 kilómetros; a partir del inicio del tramo modernizado
Pirámides-Tulancingo; ofrecerá un acortamiento de 21 kilómetros respecto a la ruta
actual y, sobre todo, una reducción del tiempo de recorrido, de entre una y media y dos
horas; generará ahorros en costos de operación estimados en 15% para los automóviles y
20% para los autobuses y los camiones, así como significativos incrementos en los
índices de seguridad para los usuarios. Independiente- mente de ello, la autopista
ofrecerá a las regiones del Valle de Tulancingo, Sierra Norte de Puebla, Zona Norte de
Veracruz y Tuxpan una moderna vía de comunicación que les permitirá acelerar su
desarrollo y aprovechar sus estratégicas ventajas de localización.
Avances
Los trabajos se iniciaron con la
construcción del tramo Tihuatlán-Tuxpan, de 37 kilómetros, en el extremo norte de la
autopista. Este tramo se construyó en 1994 y 1995 y desde entonces se encuentra en
operación.
Simultáneamente, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes amplió a cuatro carriles la carretera Pirámides-Tulancingo
y construyó el libramiento de San Juan Teotihuacán, con lo que contribuyó en forma
significativa al mejoramiento de las condiciones de circulación a lo largo del eje.
Posteriormente, se ejecutarían las
obras correspondientes a los tramos Asunción-Tejocotal y libramiento de Tulancingo, ambos
de 22 kilómetros de longitud.
Hoy día, la situación de los
tramos que componen la autopista México-Tuxpan es la siguiente:
Tramo: Pirámides-Tulancingo.
Longitud: 68 kilómetros.
Avances: Autopista modernizada a
cuatro carriles de circulación que opera libre de peaje.
Tramo: Libramiento de Tulancingo.
Longitud: 22 kilómetros.
Avances: Se concluyó la
construcción como vía de dos carriles de circulación.
Tramo: Asunción-Tejocotal
(entronque Huayacocotla, Veracruz y Puebla).
Longitud: 22 kilómetros.
Avances: Inició su operación como
vía de cuota de dos carriles de circulación.
Tramo: Tejocotal-Nuevo Necaxa
(entronque Huauchinango).
Longitud: 28 kilómetros.
Avances: Este tramo no se ha
iniciado. El proyecto ejecutivo está terminado, incluyendo estructuras, por lo que su
construcción podría iniciarse este segundo año. Se prevé operarlo como tramo de cuota.
Tramo: Nuevo Necaxa-Tihuatlán.
Longitud: 85 kilómetros.
Avances: Se cuenta con el proyecto
geométrico y está por concluirse el proyecto ejecutivo de pavimentos, estructuras y
obras de drenaje, lo que se prevé ocurra durante este año.
Tramo: Tihuatlán-Tuxpan.
Avances: Este tramo se puso en
operación en 1994 y opera como vía de cuota de cuatro carriles.
Longitud: 37 kilómetros.
Total: 262 kilómetros.
Dada la capacidad del fideicomiso,
se estima que durante éste y el próximo año podrá financiar únicamente el tramo
Tejocotal-Nuevo Necaxa, cuyo costo de construcción es de 560 millones de pesos.
La construcción del tramo Nuevo
Necaxa-Tihuatlán, cuya inversión se calcula en 2,550 millones de pesos, quedaría fuera
de las posibilidades del fideicomiso y tendría que ser parcialmente financiada con
recursos públicos, ya que los volúmenes de tránsito son insuficientes para asegurar una
adecuada tasa interna de retorno. En días pasados, un grupo de diputados federales
sostuvimos una reunión con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, a quien
agradecemos su atención e interés en el tema, quien reiteró en lo general la
información aquí mencionada y mostró disposición para encontrar una vía de solución
al financiamiento del proyecto.
En consecuencia de lo anterior, me
permito proponer el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Que el Ejecutivo Federal, por conducto de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice las gestiones pertinentes para que
este mismo año se inicie la construcción del tramo del Tejocotal-Presa de Necaxa.
Segundo. Que la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del Gobierno Federal proceda a la definición de un esquema adecuado para
financiar el tramo de la presa de Necaxa a Tihuatlán, Veracruz, que considere el
fortalecimiento y participación del Fideicomiso de Autopista y Puentes del Golfo Centro,
y la SCT mediante las asignaciones presupuestales necesarias para hacer viable el
proyecto.
Tercero. Que las Comisiones de Comunicaciones y de
Transportes de esta Honorable Cámara integre un grupo de trabajo al que se sumen los
diputados federales de los distritos involucrados para asegurar una partida presupuestal
que haga posible el avance del proyecto en el ejercicio del 2003.
Palacio Legislativo, San Lázaro, a
1 de octubre de 2002.— Diputados: Alberto
Amador Leal (rúbrica), Marcos López Mora
(rúbrica), Francisco Ríos Alarcón (rúbrica),
Martha Sánchez González (rúbrica), Eduardo Andrade Sánchez, Jaime Alcántara Silva
(rúbrica), Cutberto Cantorán Espinosa
(rúbrica), Adela Cerezo Bautista (rúbrica), Benito Vital Ramírez (rúbrica), Víctor Díaz Palacios (rúbrica), Araceli Domínguez Ramírez (rúbrica), Gustavo González Balderas, Eduardo A. Leines Barrera
(rúbrica), José Manuel del Río Virgen
(rúbrica), Juan N. Callejas Arrollo (rúbrica),
J. Melitón Morales Sánchez (rúbrica).
Anexo
Importancia nacional y regional de
la autopista México-Tuxpan
El eje México-Tuxpan es de enorme
importancia para el desarrollo de amplias franjas territoriales de los estados de
Veracruz, Puebla, Hidalgo y Zona Metropolitana de la Ciudad de México. De ahí que la
autopista que conecta a estos dos centros del país adquiere relevancia de enormes
proporciones. Afortunadamente en la última década, se ha logrado avanzar hasta los
límites entre el estado de Puebla e Hidalgo. Para una mejor comprensión de la propuesta
conviene traer a colación la importancia de las principales regiones beneficiadas.
San Juan Teotihuacán y Valle de
Tulancingo
El primer tramo de este eje
carretero, consistente en una vía de cuatro carriles, benefició a la zona arqueológica
de San Juan Teotihuacán que, por su cerecanía con el DF, tiene una afluencia comercial y
turística de alto impacto.
En el mismo sentido, el municipio
de Tulancingo ha desplegado su potencial económico, industrial y comercial que
históricamente ha tenido en el estado de Hidalgo y que ahora se ha acrecentado por las
facilidades de la comunicación entre esa ciudad y la Zona Metropolitana.
Sierra Norte de Puebla 1
Por cuanto a la Sierra Norte de
Puebla concentra el 12.4% de la población estatal —628 mil habitantes, Censo
2000— ubicada en los municipios de Tlacuilotepec, Xochiapulco, Tlapacoya, Tepango de
Rodríguez, Tepetzintla, Zihuateuala, Zacatlán, Honey, Zongozotla, Coatepec, Venustiano
Carranza, Francisco Z. Mena, Chiconcuautla, Juan Galindo, Amixtlán, Jopala, Chignahuapan,
Tlaola, Ahuacatlán, Tlaxco, Naupan, Jalpan, Olintla, Pantepec, Ahuazotepec, Xicotepec,
San Felipe Tepatlán, Aquixtla, Cuautempan, Huauchinango, Hermenegildo Galeana,
Ixtacamaxtitlán, Pahuatlán, Camocuautla y Tetela de Ocampo; el 44% de la población vive
en 23 municipios de muy alta marginación; el 71.8% de las localidades son de muy alta
marginación y el 97.7% tienen menos de 2,000 habitantes; casi el 40% de la población
tiene menos de 14 años y el 30% es indígena. En los 5 municipios más poblados, el 19.8%
de población mayor de 15 años es analfabeta. En los restantes 30 municipios, es de un
33%; se registran 4 años de escolaridad promedio. La tasa de mortalidad infantil es casi
el doble de la nacional y la desnutrición es la quinta causa de muerte en la región. Las
principales enfermedades son: infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales,
amibiasis intestinal y ascariasis. Representan alrededor del 87.7% de la morbilidad en la
región.
En infraestructura social el 53.2%
no cuentan con drenaje; el 29.2% no tienen agua entubada; el 12.1% no tienen energía
eléctrica y el 48.1% tienen piso de tierra.
La región de la Sierra Norte es
eminentemente agropecuaria, especializada en la producción de café y engorda de ganado,
siendo menor la participación de actividades de sectores económicos distintos. De hecho,
según el Censo de Población y Vivienda 2000, mientras que la población económicamente
activa en el sector agropecuario constituye un 27.9% en el estado, para la Sierra Norte
este indicador se eleva a 55.1%, y salvo en diez municipios, la PEA en el sector absorbe
valores superiores al 60%.
Si bien los sectores secundario y
terciario tienen una cierta presencia en la economía de la región, su importancia se
concentra en los municipios más grandes y poblados. En materia de manufacturas predominan
los municipios de Xicotepec en la zona denominada cafetalera, Huauchinango en la zona de
transición y Zacatlán y Chignahuapan en la zona alta.
La producción bruta total de la
producción manufacturera de acuerdo al Censo Económico de 1994, ascendió en la región
a un total de 167.6 millones de pesos, de los cuales, el 78% se generó en esos
municipios, para los cuales los niveles de concentración poblacional los hacen elegibles
para la localización de la poca actividad de transformación que existe en la región.
La industria extractiva tiene una
presencia relativamente importante en los municipios de Xicotepec, Ahuazotepec, Zacatlán,
Tepango de Rodríguez y Ahuacatlán, con una producción bruta conjunta de 31.3 millones
de pesos, que significan el 98% de la generada en la región en esta rama de actividad.
Por su parte, los servicios se
concentran de manera muy destacada en Xicotepec, Huauchinango, Zacatlán y Chignahuapan,
en los cuales se generó el 85% de los ingresos brutos del sector, al ser los principales
centros comerciales que existen en la Sierra Norte.
Como puede verse, los sectores
distintos al agropecuario se mantienen aglutinados en los mismos municipios de la región,
y su impacto en términos de empleo e ingreso, no constituye un indicador de importancia
para la población regional en su conjunto.
No es aventurado afirmar que la
problemática general de pobreza extrema en que se encuentra una parte significativa de la
población, se explica en buena medida por la nula diversidad en la actividad económica,
frente a la crítica situación del café y del sector agropecuario en general, no sólo
en la región norte, sino también en las aledañas, que demandaban una importante
cantidad de trabajo.
Proyecto Chicontepec 2
El proyecto Chicontepec se localiza
en la planicie costera del golfo de México, frente a la Sierra Madre Oriental y describe
una franja que se extiende al poniente del Cerro Azul, Tuxpan y Poza Rica en el estado de
Veracruz. Cubre una superficie de 3,731 kilómetros cuadrados que geológicamente contiene
a un paleocanal terciario dentro de la cuenca Tampico-Misantla.
La estrategia para Chicontepec
plantea iniciar un programa agresivo de desarrollo en tres áreas que ofrece una serie de
ventajas operativas y de infraestructura: la estrategia genérica está apoyada en
actividades tales como perforación de pozos de avanzada, caracterización de yacimientos,
adquisición de información sísmica 3D, reentradas a pozos exploratorios y reparaciones
mayores.
Asimismo, se ha diseñado un plan
integral de desarrollo que incluye el uso de la más avanzada tecnología en perforación,
terminación de pozos a base de fracturamiento hidráulico, terminaciones múltiples,
pozos multilaterales, aplicación de procesos especiales de recuperación secundaria,
diseño novedoso de infraestructura superficial que comprende el uso de plataformas
multipozos (25 pozos), así como disponibilidad de instalaciones de producción en la
misma plataforma de perforación, lo cual se traduce en un menor impacto ecológico, en
reducción de costos e incremento en la eficiencia operativa.
En un escenario de producción
conservador, sería posible alcanzar una producción de hasta 750 MBPD.
La estimación de reservas de
hidrocarburos al 10 de enero de 2000, en el proyecto Chicontepec ascendió a 19,264
MMBPCE, la cual representa el 32% del total de la reserva nacional y ubica a Chicontepec,
como uno de los más importantes y promisorios proyectos de inversión a nivel nacional.
Puerto de Tuxpan
El puerto de Tuxpan, en el Estado
de Veracruz, es el más cercano a la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero el
aprovechamiento pleno de su potencial no se ha podido lograr por las dificultades de
acceso que aún padece.
La legítima demanda de comunicar
al puerto con carreteras modernas, de altas especificaciones, no se ha concretado por la
dimensión de las inversiones necesarias para construir esta obra. De modo que la
cercanía del puerto con el altiplano no se ha aprovechado y su crecimiento se ha rezagado
respecto de Veracruz y Tampico.
La carretera que comunica a Tuxpan
con la Ciudad de México en la actualidad, si bien le proporciona vías de comunicación
con el resto del país, tiene trazos que la hace muy peligrosa, con velocidades de
circulación muy bajas, que propician largos tiempos de recorrido y elevados costos de
operación vehiculares. Como consecuencia, estas carreteras sitúan al puerto en una
posición desventajosa para atender flujos de carga y pasajeros que demandan seguridad,
oportunidad, confiabilidad, rapidez y economía en sus desplazamientos.
La creciente integración de la
economía mexicana con el exterior, la necesidad de desarrollar más y mejores opciones de
comunicación terrestre y marítima hacia Estados Unidos y Europa y la ubicación
estratégica de Tuxpan como el puerto marítimo más cercano a la zona metropolitana de la
Ciudad de México y punto clave de la comunicación terrestre a lo largo de la costa del
golfo de México obligan a otorgar una alta prioridad al mejoramiento de las vías de
comunicación que acceden al puerto de Tuxpan.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor diputado.
Para hacer uso de la palabra sobre
el mismo tema, hasta por cinco minutos, tiene el micrófono, la tribuna, la diputada
Martha Silvia Sánchez González, del Partido Revolucionario Institucional.
La
diputada Martha Silvia Sánchez González:
Con su permiso, señor Presidente:
El puerto de Tuxpan en el estado de
Veracruz es el más cercano a la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero el
aprovechamiento pleno de su potencial no se ha podido lograr por las dificultades de
acceso que aún padece.
La legítima demanda de comunicar
al puerto con carreteras modernas, de altas especificaciones, no se ha concretado por la
dimensión de las inversiones necesarias para construir esta obra, de modo que la
cercanía del puerto al altiplano no se ha aprovechado y su crecimiento se ha rezagado
respecto a los puertos de Veracruz y Tampico.
La carretera que comunica a Tuxpan
con la Ciudad de México en la actualidad, si bien le proporciona vías de comunicación
con el resto del país, tiene trazos que la hacen muy peligrosa, con velocidades de
circulación muy bajas, que proporcionan largos tiempos de recorrido y elevados costos de
operación vehiculares.
Como consecuencia, estas carreteras
sitúan al puerto en una posición desventajosa para atender flujos de carga y pasajeros
que demandan seguridad, oportunidad, confiabilidad, rapidez y economía en sus
desplazamientos.
La reciente integración de la
economía mexicana en el exterior, la necesidad de desarrollar más y mejores opciones de
comunicación terrestre y marítima hacia Estados Unidos y Europa y la ubicación
estratégica de Tuxpan como el puerto marítimo más cercano a la zona metropolitana de la
Ciudad de México y punto clave de la comunicación terrestre a lo largo de la costa del
golfo de México obligan a otorgar una alta prioridad al mejoramiento de las vías de
comunicación que acceden al puerto de Tuxpan.
Por todo esto creemos que existe la
gran necesidad de que se pueda apoyar este punto de acuerdo, que se integren esas
comisiones que hemos tenido la atención, como decía el diputado Amador, que el
Secretario de Comunicaciones, de que se haga un esfuerzo para que en este presupuesto
podamos incluir alguna parte de este recurso que se requiere, para que, como decía el
Secretario, hacer este eje carretero que vendría a unir toda la zona norte,
prolongándose hacia Tampico, que es un área altamente productiva; el puerto de Tuxpan
tiene mucho que dar y que la economía que el país requiere, esto vendría a beneficiar
grandemente todo lo que nosotros requerimos en la zona norte.
Por eso requerimos de todos ustedes
su apoyo para que podamos integrar esta inversión que requiere la carretera
México-Tuxpan.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señora diputada.
Para referirse al mismo tema, tiene
el uso de la palabra el diputado Francisco Ríos Alarcón del Partido Revolucionario
Institucional, hasta por cinco minutos.
El
diputado Francisco Ríos Alarcón:
Con su autorización, señor
Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Paso a esta tribuna con el
propósito de sumarme al punto de acuerdo presentado por el compañero diputado Alberto
Amador Leal y como representante de uno de los distritos que se verá grandemente
beneficiado con el seguimiento de la construcción de la autopista México-Tuxpan.
Alamo, el distrito al cual yo
represento, es uno de los mayores productores de cítricos y en la zona de Tuxpan tenemos
la zona más importante de la producción de ganado de carne.
Hoy en día los que vivimos y los
que tenemos la necesidad de transitar por este camino que conduce al puerto de Tuxpan,
podemos darnos cuenta de la gran afluencia y de la gran necesidad que tiene la
construcción de esta importante vía de comunicación, dado al congestionamiento brutal
que se vive por parte de tráileres, camiones de carga que trae de esa zona hacia la
Ciudad de México.
Pero aún más allá, hay que
recordar que esta importante vía de comunicación no tan sólo conduce a Tuxpan, sino a
Poza Rica y Martínez de la Torre, que son grandes productores de cítricos y de manera
especial Poza Rica, con la producción petroquímica que se vive en esta importante
ciudad.
Por eso es que venimos a esta
tribuna, para sumarnos a este punto de acuerdo y ojalá podamos encontrar la comprensión
de los diferentes grupos parlamentarios para que se pueda hacer un llamado al Presidente
de la República ,para que se destinen recursos para la construcción de esta importante
carretera que va a beneficiar a estados como: Hidalgo, Puebla y Veracruz.
Gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor diputado.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde su
curul):
Señor Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Sí, diputado José Manuel del Río
Virgen.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde su
curul):
Gracias, señor Presidente. Para
solidarizarme con los proponentes de este punto, porque va a beneficiar básicamente al
estado de Veracruz y particularmente a la playa más bonita del norte de Veracruz, que es
Tecolutla, Veracruz.
También rogarle, señor
Presidente, que con base en las facultades que tiene usted, que tiene la Mesa Directiva,
que los temas que queden pendientes el día de hoy se aborden de acuerdo al orden que
están presentados aquí y que no se vayan a reprogramar, señor Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
No, ésta es una norma y por lo
tanto así será.
Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.
SECRETARIA
DE EDUCACION PUBLICA
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra la diputada
Magdalena Núñez Monreal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación al despido
de trabajadores del área de control de la Secretaría de Educación Pública.
La diputada Magdalena del Socorro
Núñez Monreal:
Con el permiso de la Presidencia:
Dentro de la Administración
Pública Federal corresponde a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental,
inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con el presupuesto
de egresos. Además desarrolla otras importantes funciones de inspección y vigilancia.
En la actualidad la Secodam vive un
proceso de reorganización administrativa. Sin embargo, en ese ejercicio de
reorganización se atacan derechos laborales y humanos de trabajadores que han ayudado por
muchos años a que la Secretaría realice sus atribuciones. Es el caso de profesionales y
técnicos de los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos, Durango,
Colima, Michoacán, Coahuila, Tlaxcala, Jalisco, Guanajuato, Sonora y Sinaloa, cuya
antigüedad oscila entre los dos y 18 años al servicio del órgano interno de control en
la Secretaría de Educación Pública.
Trabajadoras y trabajadores de
estas entidades están siendo notificados de una forma por demás irregular y arbitraria
que serán despedidos, ya que la Secodam ha aprobado la nueva estructura del órgano de
control de la SEP, por lo que sus oficinas en estas entidades cerrarán. Incluso se les
está pidiendo ilegalmente que presenten su renuncia.
El despido de las y los
trabajadores de la SEP es a todas luces injustificado porque la materia de trabajo
subsiste, porque no se siguieron las normas que señala la ley para proceder a una
rescisión ni siquiera se cubrió la formalidad del escrito; porque la determinación
modificó drásticamente sus condiciones de trabajo y porque no se les ofreció
alternativa viable de reubicación para evitar que perdieran su empleo
La problemática que enfrentan
estos trabajadores motivo del presente punto de acuerdo, se configura en un despido masivo
porque los planes de reorganización prevén que sólo se contará con 10 sedes para
atender las unidades de control.
El combate a la corrupción y a la
impunidad es una de las tareas más importantes del actual Gobierno Federal, por lo que
decisiones administrativas que afecten a los órganos encargados de vigilar y exigir el
castigo a quienes cometan delitos y que han demostrado su eficiencia, va en contra de este
objetivo que reclama la sociedad. Por ello, el Congreso de la Unión está obligado a
pronunciarse.
Por lo antes expuesto y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración del pleno el
siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
La Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión se pronuncia porque los derechos laborales y humanos de las
trabajadoras y trabajadores del órgano de control interno en la Secretaría de Educación
Pública adscritos en diversas entidades de la República, cuya fuente de trabajo está en
riesgo, sean respetados.
En tal virtud, se pronuncia porque
se busquen fórmulas legales para readscribir a los afectados por la reorganización
administrativa decidida por la Secodam, en las unidades más cercanas a su domicilio,
respetando su salario, antigüedad, perfil profesional, prestaciones, acceso a la
seguridad social y todos sus derechos adquiridos. Asimismo, que en los casos en que no sea
posible de reubicar se les indemnice conforme a la legislación en vigor, considerándolos
como despidos injustificados.
Es cuanto.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
MATERNIDAD
ADOLESCENTE
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra la diputada Olga
Haydee Flores Velásquez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre maternidad adolescente.
La diputada Olga Haydee Flores
Velásquez:
Con su venia, señor Presidente:
Por obvio de tiempo solamente
presentaré algunas consideraciones sobre este punto de acuerdo que pongo a consideración
de la Asamblea. Es un punto de acuerdo que tiene que ver con la maternidad adolescente.
La pobreza es uno de los mayores
obstáculos para el desa-rrollo de nuestro país. No obstante, no podemos olvidar que la
pobreza tiene múltiples facetas y no hay duda de que es uno de los fenómenos sociales
más complejos de resolver, lo que nos ha obligado a precisar y diferenciar causas y
consecuencias.
Es evidente que no son similares ni
obedecen a las mismas exclusiones la riqueza rural de la urbana y ésta de la indígena,
que no pueden superarse de igual forma la pobreza que viven los hombres de la que viven
las mujeres.
El comportamiento reproductivo
juega un papel importante en la transmisión intergeneracional de la pobreza y por tanto
se ha demostrado que la maternidad adolescente es uno de los principales factores en la
reproducción de la misma.
La maternidad adolescente se
entiende al grupo de mujeres que entre 12 y 18 años de edad que tienen al menos un hijo
vivo. Las cifras nos brinda un mejor entendimiento de esta problemática.
El grupo de madres adolescentes
representa en México cada año un 25% de los embarazos llegados a su término. Según el
dato del último Censo Nacional de Población en el país hay casi 700 mil adolescentes
que en este momento ya son madres; tristemente casi 9 mil de ellas tienen tan sólo entre
12 y 14 años de edad.
La maternidad adolescente es uno de
los principales factores de reproducción de la pobreza y reitero, la mayoría de las
madres adolescentes han sido en términos económicos y de desarrollo pobres, lo que
significa que sus oportunidades han sido escasas. Es así que las madres adolescentes son
obligadas a asumir roles de adultos para los que sicológicamente están poco o no
preparadas.
El primer conflicto para las madres
adolescentes son los servicios de salud: ¿dónde nacerán sus hijos?, ¿qué leyes las
protegen?, ¿seguirán siendo niñas o por ser madres se convierten automáticamente en
adultas? Estas preguntas no sólo debieran ser una preocupación de las madres
adolescentes, deben ser de toda la sociedad y del Estado mexicano y de sus instituciones.
La educación tampoco puede
perderse de vista, ya que muchas de estas madres adolescentes estudiaban al momento de
embarazarse. En este sentido, la expulsión de las adolescentes embarazadas de sus
planteles escolares, bajo el argumento de que han cometido actos impropios, resulta una
violación a los derechos humanos de las mujeres. Lo mismo sucede cuando a las madres
adolescentes se les conmina a continuar sus estudios en planteles especiales para la
educación de adultos, siendo que estas mujeres siguen siendo menores de edad.
El apoyo al ejercicio del derecho a
la educación de estas jóvenes debe acrecentarse, de lo contrario se agrava la
vulnerabilidad de ellas y de sus hijos, ya que permanentemente permanecerán a la sombra
de su pareja y en empleos poco remunerados.
Por lo tanto, expongo los
siguientes
PUNTOS
DE ACUERDO
Primero. Turnar el presente punto de acuerdo a la
Comisión de Educación Pública y Cultura y Ciencia y Tecnología, a efecto de que se
proceda a efectuar una revisión en los cuerpos legales que norman la educación en el
país, para hacer posible que un porcentaje del fondo de becas para educación media y
media superior sea destinado a las madres adolescentes que quieran continuar sus estudios.
Segundo. Turnar el presente punto de acuerdo a la
Comisión de Educación Pública y Cultura y Ciencia y Tecnología, a efecto de que se
proceda a efectuar una revisión en los cuerpos legales que normen la educación en este
país para detectar en las mismas cualquier impedimento a las madres adolescentes para
beneficiarse y terminar su educación en cualquiera de los niveles.
Tercero. Turnar el punto de acuerdo a la Comisión
de Salud y Seguridad Social a efecto de que se proceda a integrar un expediente en el que
se incluya de manera pormenorizada y específica los apoyos con los que en la actualidad
se cuente en la materia para el apoyo de atención a la salud de las madres adolescentes
Cuarto. Turnar el presente punto de acuerdo en la
Comisión de Salud y Seguridad Social y de Equidad y Género a efecto de que se conceda
hacer una revisión de las leyes del IMSS y del ISSSTE a fin de garantizar los servicios
de salud y de maternidad a los menores de edad, hijas y de las afiliadas en dichas
instituciones.
Asimismo, estudiar la posibilidad
de que se les brinde el servicio de guardería en caso de que las menores de edad deseen
continuar en sus estudios hasta que cumplan su mayoría de edad.
Quinto. Turnar el presente punto de acuerdo a la
Comisión de Equidad y Género, a efecto de que se proceda a integrar un expediente en el
que se incluya de manera pormenorizada y específica los apoyos institucionales que en la
actualidad se ofrecen en atención a las madres adolescentes efectuando los destinados a
salud.
Gracias y lo firman diputadas y
diputados de las distintas fracciones parlamentarias.
Solicito que se incluya todo el
documento en su integridad.
Gracias.
«Proposición con punto de acuerdo
sobre maternidad adolescente.
Con su venia, señora Presidente:
Las y los suscritos abajo
firmantes, de diversos grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 fracción II, 58, 60 y demás
relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la
siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
La pobreza es uno de los mayores
obstáculos para el desa-rrollo de nuestro país. Diversos estudios señalan que la
desigualdad social, la distribución de la riqueza, la generación de oportunidades y la
creación de empleos son las grandes líneas de acción para abatir la desigualdad social.
No obstante, no podemos olvidar que
la pobreza tiene múltiples facetas y no hay duda de que es uno de los fenómenos sociales
más complejos de resolver, lo que nos ha obligado a precisar y diferenciar causas y
consecuencias.
Es evidente que no son similares ni
obedecen a las mismas exclusiones la pobreza rural de la urbana y ésta de la indígena,
que no pueden superarse de igual forma la pobreza en que viven los hombres de la que viven
las mujeres.
La dimensión de género de la
pobreza, puede verse como un producto de sistemas entreverados de desventajas.
Las asimetrías de género,
domésticas y en el mercado interactúan con las de clase y edad para asegurar que las
mujeres en condiciones de pobreza se encuentren generalmente entre los grupos con menores
derechos en nuestra sociedad.
El comportamiento reproductivo
juega un papel importante en la transmisión intergeneracional de la pobreza y, por tanto,
se ha demostrado que la maternidad adolescente es uno de los principales factores en la
reproducción de la misma.
Por maternidad adolescente se
entiende al grupo de mujeres de entre 12 y 18 años de edad que tienen al menos un hijo
vivo.
Las cifras nos brindan un mejor
entendimiento de esta problemática:
• El grupo de madres
adolescentes representa en México, cada año, un 25% de los embarazos llegados a
término.
• Según datos del último
Censo Nacional de Población, en el país hay casi 700 mil adolescentes que en este
momento ya son madres. Tristemente, casi 9 mil de ellas tienen tan sólo entre 12 y 14
años de edad.
• Sabemos también que la tasa
de fecundidad adolescente es mayor en las zonas rurales que en las urbanas.
• El estado civil de las
madres adolescentes es casadas (8.89%), en unión libre (57.59%), solteras (28.80%),
separadas, viudas o divorciadas (4.6%).
Desde una perspectiva de derechos
humanos y, sobre todo, desde los compromisos firmados en la Convención de los Derechos de
la Infancia, se considera que la maternidad de las adolescentes es producto de embarazos
precoces que ponen en riesgo su desarrollo e ineludiblemente, su autonomía.
Sin embargo, las madres
adolescentes no son víctimas, en su mayoría, de embarazos no deseados o planeados.
Investigaciones de caso o historias de vida que han estudiado y profundizado en las causas
permiten afirmar que las mujeres tenían conciencia de los riesgos desde su primera
relación sexual, que fue, por supuesto, con su consentimiento y que, aun conociendo
métodos anticonceptivos, prefirieron no utilizarlos, buscando una manera de precipitar el
matrimonio y confirmar, al mismo tiempo, su capacidad reproductiva.
Los hombres, por su parte,
responden como las adolescentes esperaban; es decir, casándose o asumiendo la
responsabilidad mediante una unión libre; algunos otros abandonan a la mujer y al futuro
hijo. Pero los varones tampoco son víctimas de ningún engaño, ya que ellos también
buscan acelerar su condición social. Por su parte, las familias de ambos reaccionan como
las reglas sociales lo establecen; es decir, enojarse, frustrarse y apoyar la realización
de la boda o cuidar al nieto o nieta cuando éste nazca.
Es por ello que es preciso
comprender que el problema fundamental es, en el fondo, la injusticia social, la iniquidad
en las oportunidades de desarrollo personal, agudizadas sobre todo en estas madres
adolescentes, y la casi nula probabilidad de superar la dependencia y, por ende, la
pobreza.
La maternidad adolescente es uno de
los principales factores en la reproducción de la pobreza. Y, reitero: la mayoría de las
madres adolescentes han sido, en términos económicos y de desarrollo, pobres, lo que
significa que sus oportunidades han sido escasas.
Para las mujeres, esto viene a
significar que, en mayor o menor medida, su sexo sigue condicionando su destino,
atribuyéndoles la obligación de ser madres y, en caso de ser casadas, también de
atender el hogar y al marido.
La adolescencia representa una
etapa entre la infancia y la adultez, susceptible al desarrollo de capacidades y la
elaboración de un proyecto de vida. En el caso de las madres adolescentes, y sobre todo
de las esposas adolescentes, este proyecto de vida se representa como forzado en su
conformación atendiendo a necesidades que no son las propias y en esa medida se vuelve
insatisfactorio.
Para las adolescentes, resulta una
opción el matrimonio o la unión libre, pues es una forma de evadir su propia realidad.
Sin embargo, al contraer matrimonio o comenzar una vida en pareja, se les conmina a
depender de la voluntad de un hombre y, al pretender protegerlas en su vulnerabilidad por
el embarazo, en realidad se les excluye de la posibilidad de ejercer sus derechos.
La mayoría de las madres
adolescentes, ya sea que se hayan casado, unido o permanezcan solteras, automáticamente
ven cancelado su derecho a la educación y sometidas a asumir una carga de trabajo que les
impedirá el desarrollo de su autonomía para depender desde ese momento de la voluntad de
su marido o de sus padres.
Es así que las madres adolescentes
son obligadas a asumir roles de adultos, para los que sicológicamente están poco o no
preparadas.
Los menores producto de estos
embarazos nacen ya con desventajas en casi todos los ámbitos del desarrollo humano: de
igual forma que su madre, verán limitadas sus posibilidades educativas, de trabajo y, en
general, de desarrollo.
Las pautas reproductivas de los y
las adolescentes responden en gran medida a la estructura de oportunidades que su
condición social y de género les brinda. Es decir, si el 70% de las embarazadas
adolescentes pertenecen a las familias más pobres de México, podemos concluir que las
opciones de desarrollo de las mujeres adolescentes pobres son muy escasas, ya que el
Estado no considera necesario invertir recursos para brindarles oportunidades de
desarrollo, pues las adolescentes pobres se van a casar y tendrán que dedicarse a cuidar
a sus hijos.
El primer conflicto para las madres
adolescentes son los servicios de salud: ¿dónde nacerán sus hijos, qué leyes las
protegen, seguirán siendo niñas o por ser madres se convierten automáticamente en
adultas?
Estas preguntas no sólo debieran
ser una preocupación de las madres adolescentes; deben ser de toda la sociedad y del
Estado mexicano y sus instituciones.
La educación tampoco puede
perderse de vista, ya que muchas de estas madres adolescentes estudiaban al momento de
embarazarse.
La globalización y los procesos de
modernización en que ya está participando México tienen como motor fundamental el
conocimiento científico-tecnológico. Por eso, cada día es más urgente considerar la
educación de los individuos como la única protección social efectiva y como la mejor
vía para el mejoramiento de la sociedad.
En este sentido, la expulsión de
las adolescentes embarazadas de sus planteles escolares bajo el argumento de que han
cometido “actos impropios” resulta una violación de los derechos humanos de las
mujeres. Lo mismo sucede cuando a las madres adolescentes se les conmina a continuar sus
estudios en planteles especiales para la educación de adultos, siendo que estas mujeres
siguen siendo menores de edad.
El apoyo al ejercicio del derecho a
la educación de estas jóvenes debe acrecentarse; de lo contrario, se agrava la
vulnerabilidad de ellas y de sus hijos, ya que permanentemente permanecerán a la sombra
de su pareja y en empleos poco remunerados.
Por lo antes expuesto y
considerando que México está comprometido en la lucha contra la pobreza y en la
procuración de los derechos de la infancia, nos permitimos proponer a este cuerpo
legislativo el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Turnar el presente punto de acuerdo a la
Comisión de Educación Pública, Cultura y Ciencia y Tecnología, a efecto de que se
proceda a efectuar una revisión en los cuerpos legales que norman la educación en el
país para hacer posible que un porcentaje del fondo de becas para la educación media y
media superior sea destinado a las madres adolescentes que quieran continuar sus estudios.
Segundo. Turnar el presente punto de acuerdo a la
Comisión de Educación Pública, Cultura y Ciencia y Tecnología, a efecto de que se
proceda a efectuar una revisión en los cuerpos legales que norman la educación en este
país para detectar en las mismas cualquier impedimento a las madres adolescentes para
beneficiarse de la educación en cualquiera de sus niveles.
Tercero. Turnar el presente punto de acuerdo a la
Comisión de Salud y Seguridad Social, a efecto de que se proceda a integrar un expediente
en el que se incluyan de manera pormenorizada y específica los apoyos con que en la
actualidad se cuenta en la materia para el apoyo y atención de la salud de las madres
adolescentes.
Cuarto. Turnar el presente punto de acuerdo a la
Comisión de Salud y Seguridad Social y de Equidad y Género, a efecto de que se proceda a
hacer una revisión de las leyes del IMSS y del ISSSTE a fin de garantizar los servicios
de salud y de maternidad a las menores de edad, hijas de las y los afiliados a dichas
instituciones. Asimismo, estudiar la posibilidad de que se les brinde el servicio de
guardería en caso de que las menores de edad deseen continuar con sus estudios y hasta
que cumplan la mayoría de edad.
Quinto. Turnar el presente punto de acuerdo a la
Comisión de Equidad y Género a efecto de que se proceda a integrar un expediente en el
que se incluyan de manera pormenorizada y específica los apoyos institucionales que en la
actualidad se ofrecen en la atención de las madres adolescentes, exceptuando de éstos
los destinados a la salud.
Sexto. Turnar el presente punto de acuerdo a la
Comisión de Equidad y Género, a efecto de que ésta proceda a requerir a la Secretaría
de Desarrollo Social el envío de la información necesaria y suficiente sobre el padrón
de madres específicamente adolescentes beneficiarias del programa
“Oportunidades”, a efecto de emitir las recomendaciones pertinentes para que los
recursos destinados por dicho programa efectivamente se apliquen a elevar la calidad de
vida de las adolescentes en el ejercicio de la maternidad.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 1o. del mes de octubre de 2002.— Diputados: Concepción González Molina, Arturo León Lerma,
Enrique Priego Oropeza, Julio César Vidal Pérez (rúbricas).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Inclúyase íntegro en la Gaceta Parlamentaria así
como en el Diario de los Debates y túrnese a la
Comisión de Salud.
TARIFAS
ELECTRICAS
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra el diputado
Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de
Diputados apruebe en el Presupuesto de Egresos una partida destinada a subsidiar hasta en
un 50% el costo de la energía eléctrica a pensionados, jubilados, madres solteras y
habitantes de unidades habitacionales de interés social.
El diputado Alfredo Hernández
Raigosa:
Muchas gracias, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputadas y diputados:
Para mí es muy importante venir a
la tribuna de esta Cámara de Diputados para una vez más plantear este grave problema que
está aquejando a millones de mexicanos que están condenados a sufrir los estragos de una
tarifa eléctrica que causa severos daños a su vida y a su patrimonio.
De hecho, varios sectores de la
sociedad han venido denunciando desde el 7 de febrero de este año, que el incremento y
eliminación del subsidio a las tarifas eléctricas causaba estragos en la economía de
más del 80% de la población y que este incremento provocaba una burbuja inflacionaria
que ya la confirmó el gobernador del Banco de México.
Sin embargo, uno de los sectores
claramente dañados por esta circunstancia, son sin lugar a duda millones de pensionados,
jubilados, gente de la tercera edad, madres solteras que viven en zonas populosas, en
zonas del campo y en diversas regiones de nuestro país y que muchos de ellos, padres de
familia, han tenido que optar por la disyuntiva cruel de pagar la luz o darle de comer a
sus hijos.
Sin embargo, pocos resultados hemos
encontrado de parte de las autoridades de Hacienda, de la Comisión Federal de
Electricidad y de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, orillando a que en este
momento cerca de un 1 millón de personas en la zona que cubre Luz y Fuerza del Centro
estén dejando de pagar sus recibos de luz.
Esta situación ha obligado
también a otro tanto de la población que recibe el suministro de energía eléctrica, a
tener que “colgarse” ante la imposibilidad de poder pagar esta tarifa que a
todas luces resulta arbitraria, ilegal, inconstitucional y abusiva.
Es por esa razón que la
preocupación que hoy se cierne sobre vastos sectores de la población en México nos
obliga a venir a esta tribuna para de nueva cuenta plantear un problema que tiene diversas
coyunturas de solución y que sin embargo, la autoridad no ha querido abordarlo de esta
manera.
Hemos planteado la necesidad desde
esta tribuna de que se derogue el decreto infamante del 7 de febrero que retiró el
subsidio e incrementó a la tarifa; hemos señalado que es necesario que las
facturaciones, los medidores, la toma de lectura se corrijan, porque están provocando
disparos en la facturación hasta del 1000%; hemos señalado la necesidad de que haya una
mesa de deudores que pueda atender su problemática de manera directa con la Secretaría
de Hacienda y no se quede sin recursos pagados por estos sectores, la Compañía de Luz y
Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad.
Sin embargo, no ha prosperado de
ninguna manera y ya en días pasados, cuando aprobamos el punto de acuerdo que aquí fue
presentado, señalábamos que ese punto era parcial y que no iba a resolver la
problemática de los altos cobros de la energía eléctrica en el país y les digo con
mucha razón a mis compañeros del PRI y el PAN que el punto de acuerdo que aquí se
aprobó, en nada, en nada, en absolutamente nada ha resuelto el problema de la
facturación y de los recibos con altos cobros en la energía eléctrica para millones de
familias pobres en este país y que hoy es necesario tomar otro tipo de alternativas.
Celebramos obviamente que ese
acuerdo sea tomado aquí; celebramos que el Senado se haya pronunciado también en este
sentido, pero hasta la fecha siguen siendo medidas que no resuelven de fondo el problema
que está padeciendo y el agobio que están sufriendo millones de familias mexicanas por
el problema de la facturación de energía eléctrica.
Por esto, por estos motivos someto
a la consideración de esta soberanía el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Que la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión decrete una reducción en el próximo Presupuesto de Egresos de la
Federación, de hasta un 50% en el cobro de la energía eléctrica a los usuarios que sean
jubilados, pensionados, tengan la condición de madres solteras y para el pago de
alumbrado de las unidades habitacionales de interés social.
Le solicito a la Presidencia pueda
insertarse íntegro mi documento en el Diario de los Debates.
Muchas gracias.
«Diputada federal Beatriz Paredes
Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Propuesta de punto de acuerdo para
que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión apruebe en el Presupuesto de Egresos
de la Federación una partida destinada a subsidiar hasta en un 50%el costo de la energía
eléctrica los pensionados, jubilados, madres solteras y a los habitantes de unidades
habitacionales de interés social.
Compañeras legisladoras y
legisladores:
El suscrito diputado federal,
integrante del grupo parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en el artículo 58 del reglamento que rige el trabajo parlamentario de esta
soberanía me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, a fin
de otorgar un subsidio de hasta el 50% de descuento en el costo de la energía eléctrica
a los pensionados, jubilados, madres solteras y a los habitantes de unidades
habitacionales de interés social.
Este punto lo sustento en las
siguientes
CONSIDERACIONES
I. La Comisión Federal de
Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro atienden en conjunto a más de 25
millones de clientes, de ellos 20 millones son atendidos por la CFE y más de 5 millones
por LyFC.
II. De los 25 millones de clientes
en el país, el 87.95% son usuarios domésticos, el 10.32% corresponden al sector
comercio, el 0.65% al sector servicios, el 0.59% al sector industrial, y el 0.49% al
sector agrícola.
III. El 7 de febrero del año en
curso, se emitió un decreto donde se elimina el subsidio y se incrementan las tarifas de
energía eléctrica. La publicación de este decreto violentó nuestro máximo
ordenamiento, en diversos preceptos constitucionales además de quebrantarse lo estipulado
por el artículo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación, pues esta soberanía no
fue notificada en tiempo y forma de los movimientos presupuestales hechos por el Ejecutivo
Federal a través de la Secretaría de Hacienda.
IV. Es claro que cuando se publica
el decreto del 7 de febrero, los usuarios no tenían idea del grave problema al que se
enfrentaban, sino después de la aplicación de la tarifa por parte de la CFE y LyFC.
incrementándose aún más el rechazo cuando a miles de usuarios les llega su recibo de
luz con un incremento criminal en promedio de más del 100%.
V. Además en el caso de las
ciudades y estados donde se viven climas extremos, el consumo de energía es mayor, debido
al uso intensivo de energía por el empleo de aparatos que refrescan o calientan el
ambiente. El consumo promedio es de alrededor de 1 mil 700 kilowatts, muy superior a lo
establecido por el gobierno para respetar la aplicación de los subsidios a las tarifas
domésticas.
VI. Para la población de estas
ciudades el subsidio en el consumo eléctrico de ninguna manera significa un acto
paternalista, tal como lo considera Vicente Fox; por el contrario es un derecho y un acto
de justicia, debido a la necesidad de subsistencia de su población ante las condiciones
extremas de un clima poco benigno para la vida humana.
VII. Pero el problema no radica en
el norte o en el sur de la República Mexicana, está en todo lo largo y ancho del país,
por esto, millones de usuarios se han pronunciado por un total rechazo a los
estratosféricos aumentos en las tarifas de energía eléctrica; se han hecho marchas,
cierres de calles y carreteras, se realizan cotidianamente protestas públicas en varias
partes de México con un solo objetivo, solicitar dar marcha atrás al aumento de las
tarifas eléctricas.
VIII. De hecho varios sectores de
la sociedad denunciaron desde la entrada en vigor del decreto del 7 de febrero, que el
incremento y eliminación del subsidio a las tarifas eléctricas causaban estragos en la
economía de más del 80% de la población y que se incrementaría la burbuja
inflacionaria, hoy confirmada con la declaración del gobernador del Banco de México.
IX. Hoy millones de pensionados,
jubilados, madres solteras que viven en zonas populosas del país se han visto en la
necesidad de colgarse de la luz, pues los funcionarios de Hacienda, CFE y Luz y Fuerza del
Centro los han colocado en la disyuntiva de comer o pagar la luz.
X. Esta coyuntura se ve agravada
con el desplazamiento mensual del 1% que sigue teniendo el precio de la electricidad; por
tanto, de no darse marcha atrás al decreto del 7 de febrero el Gobierno Federal estará
orillando a que millones de familias estén en la clandestinidad al preferir colgarse del
servicio eléctrico que dejar de comer.
XI. Además del incremento de las
tarifas de energía eléctrica actualmente los usuarios están padeciendo las amenazas de
corte o hasta de cárcel que funcionarios de Luz y Fuerza del Centro hacen en contra de
ellos, pues la política de pagar la luz es irrestricta para los pobres, pero de exigir el
pago a la empresas millonarias que tienen enormes adeudos con Luz y Fuerza del Centro no
se dice nada.
XII. De hecho según un informe de
LyFC, se desprende que alrededor de un millón de usuarios con contrato de servicio de
suministro de energía eléctrica con esta compañía tienen algún problema de los ya
mencionados.
XIII. Como diputado federal tengo
la convicción de que esta soberanía no entiende por modernizar la entrega del país y su
recursos estratégicos al capital transnacional ni entiende por ajuste de balanza de
pagos, el dejar sin comer a millones de mexicanos.
XIV. Por eso celebramos que el
Senado de la República se haya pronunciado a favor de la derogación del decreto del 7 de
febrero, pero en un esquema de justicia social es necesario otorgar un apoyo a los
sectores más desprotegidos de la sociedad.
Por estos motivos someto a la
consideración de esta soberanía el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión y la Comisión Permanente decrete una reducción de hasta el 50% en
el cobro de la energía eléctrica a los usuarios que sean jubilados, pensionados, tengan
las condiciones de madres solteras y para el pago del alumbrado de las unidades
habitacionales de interés social.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 13 de agosto
de 2002.— Diputado Alfredo Hernández Raigosa
(rúbrica).
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Con todo gusto, señor diputado:
Insértese íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
El diputado Víctor Infante, sobre
el mismo tema hasta por cinco minutos.
Mientras tanto quiero instruir a la Secretaría para
que la proposición de la diputada Olga Haydée Flores Velásquez, además de turnarse a
la Comisión de Salud, también se turne para que emita opinión la Comisión de Equidad y
Género.
El diputado Víctor Roberto Infante González:
Muchas gracias, Presidente.
Para la fracción parlamentaria del
PRI, el tema tratado por el compañero Alfredo Hernández Raigosa es motivo de apoyo, ya
que no podemos estar más de acuerdo con los compañeros de la fracción parlamentaria del
Partido de la Revolución Democrática en que las circunstancias actuales que están
viviendo millones de familias debemos de apoyar en temas como el de las tarifas de
energía eléctrica.
Se ha planteado ya en esta alta
tribuna del país de que es necesario que regresen los 10 mil millones de pesos que se
venía subsidiando a las tarifas domiciliarias, a las tarifas residenciales, no es posible
para la gente que siga sufriendo embates tan lamentables como éste y como el anunciado el
día de hoy, de un incremento en el precio del gas doméstico. En este tema también he
coincidido con el compañero diputado Alfredo Hernández Raigosa, de que no es posible que
cuando hay un planteamiento de unas tarifas eléctricas tan elevadas también se anuncie
un incremento al gas doméstico, cuando todavía no sabemos ni siquiera la resolución
definitiva de la Comisión Federal de Competencia, cuando no hay una respuesta del
Gobierno Federal, particularmente de la Secretaría de Energía, para la reposición de
cilindros o para el efecto de que se tomen medidas más drásticas contra las gaseras.
Por ello apoyamos la propuesta para
que una partida del Presupuesto de Egresos subsidie con un 50% el costo de energía
eléctrica a pensionados, a jubilados, a madres solteras y habitantes de unidades
habitacionales de interés social.
El día de hoy en la comparecencia
del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Santiago Levy, le hacíamos este
planteamiento y coincidíamos todas las fracciones parlamentarias en que es urgente que
haya apoyos adicionales para nuestros compañeros jubilados y pensionados, que un grupo
representativo de ellos la semana pasada acudió a manifestarse frente a esta Cámara de
Diputados. Por ello estamos de acuerdo con la propuesta presentada por el diputado Alfredo
Hernández Raigosa y volvemos a reiterar la urgente necesidad para que los 10 mil millones
de pesos que fueron retirados del subsidio se reintegren, con objeto de que este subsidio
que es virtual, pueda apoyar a los más necesitados del país.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
MUJERES
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra la diputada Celita
Alamilla Padrón, a nombre de integrantes de la Comisión de Equidad y Género, para
presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal a
la aplicación efectiva del presupuesto destinado a mujeres y a la promoción de la
perspectiva de género en la Administración Pública Federal.
La diputada Celita Trinidad Alamilla
Padrón:
Con su venia, señor Presidente:
Voy a presentar una síntesis por
obviedad de tiempo y rogaría que el documento completo se inserte en la Gaceta y en el Diario de los
Debates.
Las diputadas y los diputados abajo
firmantes de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable
Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, a promover dentro del
ámbito de su competencia la oportuna y efectiva aplicación del presupuesto que este
Congreso aprobó para la atención y apoyo a las mujeres, así como el enérgico impulso
de la perspectiva de género dentro de la Administración Pública Federal, al tenor de
las siguientes consideraciones:
Los tiempos actuales indudablemente
representan el parteaguas de la historia política contemporánea de México y en este
sentido ante la inminente y necesaria Reforma del Estado, nuestro Congreso siempre
perceptivo de las necesidades sociales, no puede permanecer ajeno a las demandas
insatisfechas de las que aún en la actualidad siguen doliéndose las mujeres.
Las legisladoras concluimos el año
2001 festejando el acuerdo y la voluntad política de incrementar los recursos
presupuestales para gran parte de los programas federales destinados a mujeres en los
rubros de salud y atención de la violencia, becas escolares productivas y financiamiento
para mujeres rurales, dando sentido práctico al contenido del artículo 1o.
constitucional contra la discriminación. Ha sido una lucha el respeto a nuestros derechos
y la igualdad de oportunidades, con la exigencia de que los asuntos de mujeres deben ser
una prioridad nacional siendo que representamos más de la mitad de la población.
Es de reconocerse el avance en esta
administración federal, ya que algunas secretarías han venido incluyendo en sus
presupuestos montos y programas destinados a las mujeres. Destaca la Secretaría del
Trabajo, que en su análisis programático a partir del presente ejercicio fiscal ha
incluido un área administrativa de equidad y género. De igual manera, la Secretaría de
Economía en el transcurso del año creó una unidad similar.
Debe reconocerse que aún falta
recorrer un largo camino para hacer más transparente la asignación y el uso de los
recursos destinados para las mujeres. Existen dependencias que todavía no desglosan en el
ejercicio fiscal pasado los recursos de algunos programas, no obstante que cuentan con
recursos específicamente etiquetados. Otros programas no alcanzan a cubrir sus propias
metas o acusan un importante subejercicio.
Estos ejemplos exigen transparentar
y desagregar el presupuesto, de tal forma que se puedan conocer la asignación oportuna de
ellos, el impacto de los programas. También es imperante mayor profesionalización en
materia de equidad y género para la planeación, programación, presupuestación,
ejecución de todas y cada uno de los programas y de las unidades que conforman la
Administración Pública Federal y de manera muy importante revisar el calendario fiscal,
a fin de que los recursos sean liberados por la Secretaría de Hacienda con oportunidad
para que las metas se puedan alcanzar.
También reconocemos que falta
permear la perspectiva de género en los otros poderes federales y en los gobiernos
estatales y municipales.
Es urgente pues, propiciar el
mejoramiento económico, social, cultural y laboral de la mujer, incrementar su calidad de
vida, para eso fueron destinados los recursos. Desde esta tribuna las legisladoras y
legisladores firmantes exhortamos al Ejecutivo a tomar las medidas necesarias para que en
todas las áreas de la administración pública se ejecute su mandato de aplicar la
perspectiva de género.
Este Congreso como representante
social está en el deber de dar seguimiento y evaluar con toda puntualidad la aplicación
de estos recursos, así como de la implementación de los mismos que propicien la
transversalidad de la perspectiva de género en todas las instituciones.
Las mujeres necesitamos que los
beneficios lleguen, que entren en la casa de cada una y que se expandan las familias,
sólo así puede dársele sentido al discurso.
Por todo lo anterior y por la
responsabilidad compartida de los poderes Legislativo y Ejecutivo, de proveer las
condiciones necesarias para garantizar esto, los miembros de la Comisión de Equidad y
Género proponemos los siguientes
PUNTOS
DE ACUERDO
Primero. Que la Cámara de Diputados solicite al
Poder Ejecutivo, a que en el ámbito de su competencia y facultades garantice que las
diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, apliquen de
forma expedita los recursos presupuestales aprobados en el ejercicio fiscal del año 2002
para el apoyo y atención de las necesidades de las mujeres.
Segundo. Que la Cámara de Diputados solicite al
Poder Ejecutivo a que en el ámbito de sus atribuciones gire instrucciones a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a efecto de que a partir
del ejercicio 2003, del ejercicio fiscal, los informes relacionados con la ejecución de
los recursos públicos y acciones que éstas ejerzan, sean diseñados y presentados en
forma desagre- gada por sexo con el fin de conocer y dar seguimiento y evaluar de manera
efectiva el impacto sobre el bienestar de las mujeres.
Tercero. Que la Cámara de Diputados solicite al
Poder Ejecutivo que en el ámbito de sus competencias instruya a las diversas dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal para que cuenten en su organigrama con
un área administrativa de equidad y género, encargada del enfoque de género en el
diseño de sus políticas y programas con el fin de eliminar la discriminación de las
mujeres.
Cuarto. Que la Cámara de Diputados se comprometa
a avanzar sustantivamente en el enfoque de género, exhortando a que la Comisión de
Programación y Presupuesto haga lo concerniente en la Cámara de Diputados en la
elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003.
Esta solicitud es por consenso de
la Comisión de Equidad y Género a este pleno.
Por su atención, muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo
para exhortar al Poder Ejecutivo Federal, a la aplicación efectiva del presupuesto
destinado a mujeres y a la promoción de la perspectiva de género en la Administración
Pública Federal.
Con su venia, señora Presidenta.
Las diputadas y diputados abajo
firmantes, integrantes de la Comisión de Equidad y Género de esta Cámara de Diputados,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la
consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo,
a efecto de exhortar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, a
promover dentro del ámbito de su competencia la oportuna y efectiva aplicación del
presupuesto que este Congreso aprobó para la atención y apoyo a mujeres, así como el
enérgico impulso de la perspectiva de género dentro de la Administración Pública
Federal, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Los tiempos actuales indudablemente
representan el parteaguas de la historia política contemporánea de México, y en este
sentido, ante la inminente y necesaria Reforma del Estado, nuestro Congreso siempre
perceptivo de las necesidades sociales, no puede permanecer ajeno a las demandas
insatisfechas de las que aún en la actualidad siguen doliéndose las mujeres.
Las legisladoras concluimos el año
2001 festejando el acuerdo y la voluntad política de incrementar los recursos
presupuestales para gran parte de los programas federales destinados a mujeres, entre
éstos, los que mayormente se vieron beneficiados fueron los correspondientes a los rubros
de salud y atención de la violencia, becas escolares y financiamiento para mujeres
rurales, dando sentido al contenido del artículo primero constitucional que consagra uno
de los más importantes valores universales: el de la prohibición de la discriminación,
motivada entre otras causas, por razón del género y que indudablemente atenta contra la
dignidad humana.
En esta base legal, las mujeres
ahora hemos respaldado la lucha por el respeto a nuestros derechos y a la igualdad de
oportunidades, manteniendo la exigencia de que el tema de mujeres debe ser parte de la
agenda nacional, siendo que representamos más de la mitad de la población.
Observamos cierto avance en la
transparencia presupuestaria durante los últimos años, respecto de los recursos
etiquetados para programas de mujeres. Tal es el caso de las Secretarías de Desarrollo
Social, de Salud, de Medio Ambiente, de Economía y de Trabajo. Particularmente, esta
última incluye en su análisis programático, a partir del presente ejercicio fiscal, un
área administrativa de equidad y género, y la Secretaría de Economía en el transcurso
del año creó una unidad similar. En sentido contrario, hay importantes secretarías de
Estado que todavía no cuentan con una dirección de equidad de género, como la
Secretaría de Educación y la de Gobernación.
Esto nos indica que aún falta
recorrer un largo camino para hacer más transparente la asignación y el uso de los
recursos destinados para mujeres. En algunas ocasiones, este presupuesto se encuentra en
la misma partida de otros grupos específicos como indígenas y jóvenes, situación que
se presenta este año en la Secretaría de Medio Ambiente. En otras dependencias, como la
Secretaría de Economía, no se desglosaron en el ejercicio fiscal pasado los recursos de
algunos programas como el de Desarrollo Productivo de la Mujer, el Fideicomiso Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales y el Programa de la Mujer Campesina.
Aun cuando cuentan con recursos
específicamente etiquetados, otros programas no alcanzan a cubrir sus propias metas o
acusan un importante suberjercicio.
Estos ejemplos exigen transparentar
y desagregar aún más el Presupuesto, de tal forma que se pueda conocer, además de los
recursos, la asignación oportuna de éstos y el impacto de los programas. Es también
imperante una mayor profesionalización en materia de equidad y género en el proceso de
planeación-programación-presupuestación-ejecución de todas y cada una de las unidades
que conforman la Administración Pública Federal, y de manera muy importante, revisar el
calendario fiscal, a fin de que los recursos sean liberados por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público con oportunidad, para que las metas programadas puedan ser alcanzadas.
Por otra parte, no hay que olvidar
que aún falta permear la perspectiva de género también en los otros poderes federales y
en los gobiernos estatales y municipales.
Por ello, permanecer en la
indiferencia y el desdén frente a nuestras necesidades, invariablemente atenta contra la
estabilidad social y la credibilidad en las instituciones y en los Poderes de la Unión.
Es urgente propiciar el mejoramiento económico, social, cultural y laboral de las
mujeres, incrementar su calidad de vida, para ello fueron destinados los recursos y es
inaceptable que éstos dejen de aplicarse por trámites administrativos y de operación.
La forma de hacer partícipes a las
mujeres en el desarrollo nacional, es poniendo en sus manos los beneficios del incremento
presupuestal conseguido para ellas, transformado en mayores servicios, becas para
educarse, capacitación para el trabajo, financiamiento para hacer producir sus tierras,
otorgarles los títulos de propiedad que durante mucho tiempo han venido gestionando para
la regularización de su patrimonio, abrir y dotarles de guarderías para sus hijos,
ofrecerles de manera oportuna servicios médicos de calidad y especializados en
enfermedades de la mujer, así como los medios de planificación familiar. Sólo así
podremos hablar de un desarrollo social incluyente, justo y democrático.
De tal manera, desde esta tribuna
las legisladoras y legisladores firmantes, exhortamos al Ejecutivo Federal a tomar las
medidas necesarias para que en todas las áreas de la Administración Pública, se ejecute
su mandato de aplicar la perspectiva de género como principio de trabajo en las
dependencias, programas y acciones del Gobierno Federal, de modo que en el centro de
nuestra atención esté siempre la equidad de género. Debiendo de especificar qué se
está haciendo para apoyarlas en la elaboración de presupuestos, en la construcción y el
manejo de la información que exige la desagregación por género de los indicadores
programáticos y en muchos otros ámbitos del quehacer del Gobierno Federal.
Porque el propósito común en el
ejercicio equilibrado de los poderes y dentro del marco de la pluralidad, debe ser el de
inducir invariablemente el enfoque de género como medida afirmativa en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, para la consagración de la equidad de género.
Este Congreso como representante
social, está en el deber de dar seguimiento y evaluar con toda puntualidad, la
aplicación de los recursos presupuestales, así como de la implementación de las
acciones que propicien la transversalidad de la perspectiva de género en todas las
instituciones, sin hostilizar a nadie, pero sin ser condescendientes ni tolerantes frente
a la negligencia, insensibilidad y cerrazón que ha venido retardando los beneficios
conseguidos para las mujeres.
De ahí la necesidad de la presente
exhortación al Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, gire
instrucciones a las dependencias de la Administración Pública Federal, a efecto de
requerir de las mismas, la aplicación de los recursos presupuestales destinados a mujeres
y la ejecución puntual de los programas diseñados para la atención y apoyo de éstas.
Las mujeres necesitan que los
beneficios les lleguen, que entren en su casa y se expandan a sus familias, sólo así
puede dársele sentido al discurso del cambio.
Por todo lo expuesto y siendo que
es responsabilidad compartida de los poderes Legislativo y Ejecutivo, proveer de las
condiciones necesarias para garantizar un nivel de vida digno para todas las mujeres, el
pleno ejercicio de sus derechos y el acceso a la igualdad de oportunidades, se propone el
siguiente:
Punto
de acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados solicite al
Poder Ejecutivo Federal que, en el ámbito de sus competencias y facultades, garantice que
las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, apliquen de
forma expedita los recursos presupuestales aprobados en el ejercicio fiscal del año 2002,
para el apoyo y atención de las necesidades de las mujeres.
Segundo. Que la Cámara de Diputados solicite al
Poder Ejecutivo Federal, que en el ámbito de sus atribuciones, gire instrucciones a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a efecto de que a partir
del ejercicio fiscal del año 2003, los informes relacionados con la ejecución de los
recursos públicos y acciones que éstas ejerzan, sean diseñados y presentados en forma
desagregada por sexo, con el fin de conocer, dar seguimiento y evaluar de manera efectiva
el impacto sobre el bienestar de las mujeres.
Tercero. Que la Cámara de Diputados solicite al
Poder Ejecutivo Federal, que en el ámbito de sus competencias y facultades, instruya a
las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para que
cuenten en su organigrama con un área administrativa de equidad y género, encargada del
enfoque de género en el diseño de sus políticas y programas, con el fin de eliminar la
discriminación de las mujeres.
Cuarto. Que la Cámara de Diputados se comprometa
a avanzar sustantivamente en el enfoque de género dentro del diseño del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2003, con base en la propuesta etiquetada que el Ejecutivo
envía, como punto de partida. Solicitud que por consenso dirige la Comisión de Equidad y
Género a este pleno.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 1o. de octubre de 2002.— Diputados: Concepción
González Molina, Rosa Delia Cota Montaño, Olga Haydee Flores Velásquez, Flor Añorve
Ocampo, Eréndira Cova Brindis, María Elena Chapa Hernández, María Eugenia Galván
Antillón, Beatriz Cervantes Mandujano, Genoveva Domínguez Rodríguez, Nelly Campos
Quiroz, Griselda Ramírez Guzmán, Hortensia Aragón Castillo, Alicia Ricalde Magaña,
Celita Trinidad Alamilla Padrón (rúbricas).
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señora diputada.
Inclúyase el texto íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria y túrnese los puntos de
acuerdo, en términos generales, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y el punto tercero de los resolutivos a la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
El siguiente punto de acuerdo
presentado por el diputado Alfredo Hernández Raigosa, se pospone para la próxima sesión
y como último punto de acuerdo para desahogarse en esta sesión, se ofrece el uso de la
palabra al diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del PRD.
CAMARA
DE DIPUTADOS
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Para presentar un punto de acuerdo
para dar seguimiento a las irregularidades detectadas en la Dirección de Servicios
Médicos de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de
Diputados.
El diputado Ramón León Morales:
Muchas gracias, señora Presidenta;
compañeras y compañeros legisladores:
Voy a dar lectura a una
proposición con punto de acuerdo para dar seguimiento a las irregularidades detectadas en
la Dirección de Servicios Médicos de la Secretaría de Servicios Administrativos y
Financieros de la Cámara de Diputados y la necesidad de su desaparición.
CONSIDERACIONES
Hace sólo unos pocos meses la
Cámara de Diputados se vio envuelta en un escándalo vergonzoso, cuando a la luz pública
salió a relucir el asunto de presupuesto, gastos que por concepto médico erogaron
legisladores del Partido de la Revolución Democrática, sin que hasta la fecha se haya
aclarado dicha situación.
El hecho representa un profundo
agravio, no sólo porque ante las instancias administrativas correspondientes, se
demostró la ausencia de gastos, que atribuidos a diversos legisladores del PRD, sino
porque ante todo los integrantes de esta Legislatura tenemos un fuerte compromiso con
nuestros representados y no es justo que ante la opinión de aquéllos a quienes servimos,
aparezcamos como abusivos de los beneficios que nos corresponden como representantes
populares.
Seguramente más de uno de ustedes,
independientemente del partido al que pertenezcan, se encontrará en una situación
similar a la que nos ocupa, es decir, que sin ser cierto, ante los medios de
comunicación, ya aparecimos como los grandes derrochadores del presupuesto, que para
tales fines la Cámara de Diputados tiene asignado.
Fue positiva la salida de quien
encabezara la Dirección de Servicios Médicos, pero no es suficiente, como una medida
tendiente a garantizar que en el futuro hechos tan ominosos no se vuelvan a repetir, es
necesario que esa dirección desaparezca y en su lugar sea creada una unidad
administrativa que se encargue de coordinar los servicios médicos para los diputados y
sus familiares, a través de la contratación de un seguro de gastos médicos mayores,
mediante un concurso transparente entre las diversas compañías que ofrecen tales
servicios.
Dicha propuesta está encaminada a
transparentar el uso de los recursos asignados a este órgano de representación popular,
pero ante todo no podemos permitir que esto quede así, es necesario se dé a conocer el
resultado de la investigación del caso y la aplicación de las sanciones correspondientes
a los involucrados en las irregularidades señaladas.
La propuesta contenida en el
presente punto de acuerdo no abarca la unidad de atención médica que, desde luego, debe
mantener su funcionamiento actual, para casos de emergencia de algún compañero
legislador.
Mucho ha de servir a la opinión
pública, saber que los diputados de esta Legislatura somos escrupulosos en el cuidado de
los dineros que el pueblo nos da a través de sus impuestos.
Por lo antes expuesto y con
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito somete a la consideración de
ustedes, los siguientes
PUNTOS
DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Diputados acuerda la
desaparición de la Dirección de Servicios Médicos, dependiente de la Secretaría de
Servicios Administrativos y Financieros.
Segundo. Asimismo, acuerda la creación de una
unidad administrativa encargada de llevar el control y registro de la contratación de
servicios médicos para los diputados a través de un seguro de gastos médicos universal.
Tercero. Finalmente, resuelve agotar la
investigación y deslinde de responsabilidades de los involucrados en la comisión de las
irregularidades señaladas en el cuerpo del presente punto de acuerdo.
Por su atención, señora
Presidenta; señores diputados, muchísimas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos.
Le ruego a la Secretaría dar
lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL
DIA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 3 de octubre de 2002.
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos de los estados de
Morelos, Sonora y Tlaxcala.
Proposición
Con puntos de acuerdo sobre la
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia de pueblos
indígenas, a cargo de la diputada Irma Piñeyro, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Y los demás asuntos con los que la
Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (a
las 17:00 horas):
Se
levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 3 de octubre a
las 10:00 horas.
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