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Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Ruego a la
Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de
asistencia de los señores diputados.
ASISTENCIA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Se informa a la
Presidencia que existen registrados previamente 282 diputados, por lo tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel(a las 11:14 horas):
Se abre la sesión.
Proceda la
Secretaría a dar lectura al orden del día.
ORDEN DEL
DIA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Primer Periodo
de Sesiones Ordinarias.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 8 de
octubre de 2002.
Acta de la
sesión anterior.
Comunicaciones
De la
Presidencia de la Mesa Directiva.
De la Junta de
Coordinación Política.
Informes de
gestiones en relación a proposiciones con puntos de acuerdo que se encuentran publicados
en la Gaceta Parlamentaria del día 7 de
octubre, remitidos por las comisiones de trabajo.
El Congreso del
Estado de Michoacán invita a la ceremonia que con motivo del CLXXXVIII aniversario de la
expedición del decreto constitucional para la Libertad de la América Latina, tendrá
lugar el día 22 de octubre a las 9:00 horas en la explanada del palacio municipal del
ayuntamiento de Apatzingán de la Constitución, Michoacán.
De los congresos
de los estados de: Guanajuato, Tlaxcala y Zacatecas.
De la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura.
Oficios de la
Secretaría de Gobernación
Cuatro, por los
que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Luis Ernesto
Derbez Bautista, Rodolfo Elizondo Torres, Amanda Mireya Terán Munguía y José Armando
Tamayo Casillas, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de
la República Federativa de Brasil. (Turno a comisión.)
Por el que
solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jesús Ernesto Estrada
Bustamante, pueda aceptar y usar las condecoraciones de la Orden al Mérito “Estrella
de Carabobo”, en su Unica Clase y de la Legión al Mérito Aeronáutico, en su
Segunda Clase, que le confiere el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
(Turno a comisión.)
Con el que
envía el informe de la Secretaría de Economía, relativo a la asignación y el ejercicio
de las cuotas mínimas y adicionales de los productos señalados en el artículo cuarto
transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, correspondiente al primer semestre de
2002.
Iniciativas de
diputados
De Ley de
Amnistía para las personas que hubieren alterado la vida constitucional y la seguridad
pública por móviles de reivindicación social de los indígenas en la región Loxicha
del estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que adiciona el
Capítulo VII y el artículo 23-bis al Título Primero del Código Penal Federal a cargo
del diputado Gumercindo Alvarez Sotelo, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a comisión.)
Que reforma el
Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Petra Santos Ortiz, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma los
artículos 4o., 162, 163 y 209 de la Ley Federal de Derechos de Autor, a cargo del
diputado José Soto Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma la
Ley del IPAB, sobre el monto de los recursos fiscales que serán asignados al IPAB para el
presupuesto de 2003, a cargo del diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma y
adiciona el artículo 94, adiciona un párrafo séptimo a la fracción III del artículo
116 y deroga el párrafo décimo del artículo 100 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Cárdenas Elizondo, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Minuta
Proyecto de
decreto que reforma los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se remite para los efectos
del inciso d del artículo 72 de la
Constitución. (Turno a comisión.)
Excitativas
A la Comisión
de Puntos Constitucionales, a cargo de la diputada Norma Patricia Riojas Santana, del
Partido de la Sociedad Nacionalista.
A la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública, a cargo del diputado Amador Rodríguez Lozano.
Dictámenes a
discusión
De la Comisión
de Comercio y Fomento Industrial con punto de acuerdo relativo a la proposición por el
que se rechaza la eliminación de los subsidios que se otorgan al servicio eléctrico para
uso doméstico y agrícola.
De las
comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes con punto de acuerdo relativo a la
proposición para que se analice en el proceso de Cintra, en relación a los atentados del
11 de septiembre de 2001.
De las
comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural y de Reforma Agraria con punto
de acuerdo relativo a la proposición para solicitar al Gobierno Federal y a la nueva
Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, den a conocer un informe
sobre la situación del campo mexicano.
De la Comisión
de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo relativo a la proposición para que la
Sagarpa y el Banco de Desarrollo Rural, conozcan la situación de los productores de papa
de la región de Perote, Veracruz.
De la Comisión
de Salud con punto de acuerdo relativo a la proposición para exhortar al Presidente de la
República decrete la obligatoriedad de la Cartilla de Salud de la Mujer.
De la Comisión
de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo relativo a la proposición para que se
asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida especial al Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a fin de que realice el censo
agropecuario.
De la Comisión
de Comercio y Fomento Industrial con punto de acuerdo relativo a la proposición del
Congreso del Estado de Nuevo León, por la que solicita la revisión del precio del gas
natural doméstico en el estado de Nuevo León.
De la Comisión
de Comercio y Fomento Industrial con punto de acuerdo relativo a la proposición del
Congreso del Estado de Jalisco, por la que manifiesta su apoyo al proyecto de Norma
Oficial “Jamón: denominación, especificaciones y método de pruebas”.
De la Comisión
de Comercio y Fomento Industrial con punto de acuerdo relativo a la proposición del
Congreso del Estado de Jalisco, por el que solicita apoyo al Congreso de la Unión, para
que la Secretaría de Economía norme la utilización de un sello inviolable en los
cilindros de gas.
De las
comisiones de Comunicaciones y de Comercio y Fomento Industrial con punto de acuerdo
relativo a la proposición de la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, sobre las
demandas de los habitantes del estado de Tabasco en relación a la reducción de las
tarifas telefónicas.
Proposiciones
Con punto de
acuerdo en relación a la consolidación del área de servicio telefónico local,
referente a los municipios de Texcoco, Papalotla, Chiautla, Chiconcuac, San Salvador
Atenco, Tezoyuca, Tepetlaoxtoc y Acolman, a cargo de la diputada Beatriz Cervantes
Mandujano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de
acuerdo para solicitar a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación y a la de Economía informen a esta soberanía las acciones
dirigidas al apoyo del sector porcícola nacional ante el incremento de las importaciones
provenientes de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Martín Gerardo Morales
Barragán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo para que esta Cámara de Diputados, acuerde la integración de una Comisión
Especial que dé Seguimiento a las Investigaciones del Consejo General del IFE, sobre el
financiamiento a las campañas electorales de 2000, a cargo del diputado Luis Miguel
Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno
a comisión.)
Con punto de
acuerdo por el cual se solicita que el Poder Ejecutivo Federal, informe a la Cámara de
Diputados, cómo se ha canalizado la ayuda humanitaria en la zona afectada por el huracán
“Isidore”, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México. (Urgente resolución.)
Con punto de
acuerdo en relación a los derechos de propiedad en el Parque Nacional del Cofre de
Perote, Veracruz, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo para que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, dé cumplimiento a lo establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, con respecto al sur-sureste, a cargo del
diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo sobre el saneamiento, fusión y venta del Banco del Atlántico, a cargo del
diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo sobre el proyecto de gran visión, a cargo del diputado Benito Vital Ramírez, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo en relación a la plaga de langosta en la Huasteca Potosina, a cargo del diputado
Alejandro Zapata Perogordo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Con punto de
acuerdo en relación a la problemática en que se encuentra el municipio de Ocoyoacac,
Estado de México, a cargo del diputado Alejandro Gómez Olvera, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo en torno al Programa de Abasto Rural de Diconsa, a cargo del diputado Alberto
Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Con punto de
acuerdo en relación a las universidades públicas, a cargo del diputado Gregorio Urías
Germán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Con punto de
acuerdo en relación a la inseguridad pública en la capital del país y en la zona
conurbada, a cargo del diputado Jaime Larrazábal Bretón, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo para solicitar que la Auditoría Superior de la Federación revise el destino de
la deuda pública del Gobierno Federal, a cargo del diputado José Antonio Magallanes
Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Efemérides
Sobre el Día
Mundial de los Animales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.
Sobre el
aniversario del asesinato de don Belisario Domínguez, a cargo del grupo parlamentario del
Partido del Trabajo.
Sobre el
aniversario de la muerte de Ernesto “Che” Guevara, a cargo del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Está a
consideración el orden del día... No habiendo ningún comentario, le ruego a la
Secretaría poner a discusión y votación de inmediato el acta de la sesión anterior.
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Acta de la
sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves tres de
octubre de dos mil dos, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del
Tercer Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
En el Palacio
Legislativo en San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos ochenta y
tres diputados, a las once horas con veinticinco minutos del jueves tres de octubre de dos
mil dos, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría
da lectura al orden del día.
La Asamblea
aprueba el acta de la sesión anterior en votación económica.
Comunicación
del diputado Raúl Martínez González, con la que informa que se reincorpora a sus
labores legislativas. De enterado y se le tiene por reincorporado.
Comunicaciones
de los congresos de los estados de:
• Morelos,
con acuerdo por el que solicita al Congreso de la Unión su intervención ante el Gobierno
Federal para que colabore en la reestructuración de los pasivos de la empresa asentada en
el estado de Morelos por más de cinco décadas, denominada Grupo Covarra. Se turna a la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
• Sonora,
con la que informa de actividades propias de su Legislatura. De enterado.
• Tlaxcala,
con acuerdo por el que se adhiere al pronunciamiento del Congreso del Estado de Zacatecas,
en relación con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de
América, respecto a los trabajadores mexicanos en situación migratoria. Se turna a las
comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social.
• Tlaxcala,
con acuerdo por el que solicita se reformen la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la Ley
General de Sociedades Cooperativas y la Legislación Fiscal Federal.
Se turna a las
comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Hacienda y Crédito Público.
Comunicación de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la que informa de actividades propias de
su Legislatura. De enterado.
Comunicaciones
de la Junta de Coordinación Política:
• Con
acuerdo relativo a la creación e integración de una comisión especial encargada de
vigilar que los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales y partidas
extraordinarias que se aprueben, se apliquen para el restablecimiento de las condiciones
de convivencia de la población y la ayuda a los damnificados por el huracán
“Isidore”. Se aprueba en votación económica.
• Dos, en
relación con cambios en la mesa directiva de la Comisión de Turismo. Se aprueban en
votación econó-mica.
La Secretaría
de Hacienda y Crédito Público remite el informe relativo a la evolución de la
recaudación, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de
obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y
externa, correspondientes al mes de agosto de dos mil dos. Se turna a las comisiones de
Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Oficios de la
Secretaría de Gobernación:
• Uno, con
el que remite copia del oficio del Secretario de Energía en relación con el punto de
acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, referente a la revisión de las tarifas de
energía doméstica en las zonas afectadas por el decreto de reducción de subsidios. Se
turna a la Comisión de Energía y al promovente.
• Uno, con
el que remite copia del oficio de la diputada Ana Fabiola Rionda Ornelas, prosecretaria de
la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Guanajuato, en relación con el punto
de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a la problemática que se
presenta en las unidades habitacionales del país. Se turna a la Comisión de Vivienda y
al promovente.
• Uno, con
el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Beatriz Elena
Paredes Rangel, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la
República Federativa de Brasil. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
• Dos, con
los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Manuel
Marrón y González y Carlos Ignacio González Magallón, puedan aceptar y usar las
condecoraciones que les confieren los gobiernos del Principado de Mónaco y de la
República Federal de Yugoslavia, respectivamente. Se turnan a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
Presentan
iniciativas los diputados:
• Olga
Haydee Flores Velásquez, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de
decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Capítulo Segundo del Título
Quinto del Código Civil Federal, en relación con los requisitos para contraer
matrimonio.
Presidencia del diputado Jaime Vázquez
Castillo
Se turna a la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Equidad y
Género.
• Diego
Alonso Hinojosa Aguerrevere, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que
reforma los artículos cuarenta y uno y cincuenta y cuatro de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las comisiones
de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública.
• Diego
Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que
se expide la Ley Federal para la Expedición de Pasaportes y Documentos de Identificación
y Acreditación de Nacionalidad. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
• Augusto
Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por
el que se expide el Reglamento Interior y de Debates de la Cámara de Diputados. Se turna
a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
• José de
Jesús López Sandoval, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que deroga
el tercer párrafo del artículo noventa y siete de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
• Miguel
Angel Martínez Cruz, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma
los artículos setenta y siete y ciento cuarenta y siete de la Ley de Amparo,
reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
Se turna a la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
A las doce horas
con cuarenta y ocho minutos, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos trece
diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.
Dictamen de las
comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, con punto de acuerdo para que el
municipio de San Martín Texmelucan, sea integrado al proyecto carretero de gran visión
del estado de Puebla.
A discusión el
punto de acuerdo, hablan los diputados: Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la
Revolución Democrática, en contra; José Gaudencio Víctor León Castañeda, del Partido
Acción Nacional, en pro, y Narciso Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario
Institucional, en pro.
Sin nadie más
que haga uso de la palabra, la Asamblea aprueba el punto de acuerdo en votación
económica. Procédase como corresponda.
Solicitan
excitativas los diputados:
• Alfredo
Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Energía, en relación con una iniciativa relativa a la
problemática del gas licuado de petróleo, presentada el veinticinco de abril de dos mil
uno. La Presidencia formula la excitativa correspondiente y, en virtud de que es la
segunda, fija a más tardar el quince de noviembre de dos mil dos, para que se presente el
dictamen correspondiente ante la Asamblea.
• María
del Rosario Tapia Medina, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en relación con la iniciativa con proyecto de
decreto para inscribir en letras de oro en los muros de honor de la Cámara de Diputados,
la frase: “A los Mártires del Movimiento Estudiantil de mil novecientos sesenta y
ocho” presentada el tres de octubre de dos mil. La Presidencia hace la excitativa
respectiva y en virtud de que es la segunda, fija a más tardar el ocho de noviembre de
dos mil dos, para que se presente el dictamen respectivo ante la Asamblea.
Desde su curul,
el diputado Martí Batres Guadarrama solicita aclaraciones sobre el procedimiento para las
iniciativas que no son dictaminadas, aun cuando existan antecedentes de excitativas. Por
indicaciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a la fracción decimosexta del
artículo veintiuno del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y la Presidenta hace las aclaraciones correspondientes.
• Norma
Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista, a las comisiones de
Justicia y Derechos Humanos y de Equidad y Género, en relación con la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el artículo doscientos cincuenta y nueve-bis, del Código
Penal Federal, presentada el ocho de noviembre de dos mil uno. La Presidencia formula la
excitativa correspondiente.
La Presidenta
recuerda que en la sesión pasada había quedado pendiente de resolución la proposición
con punto de acuerdo del diputado Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución
Democrática, en relación con la Norma Oficial Mexicana cero veintinueve, anuncia que se
le dará continuidad al procedimiento y consulta a los grupos parlamentarios si existe
alguna propuesta para la Mesa Directiva respecto al asunto.
Desde su curul,
el diputado Concepción Salazar González solicita que la proposición se turne a las
comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo.
La Presidencia
concede la palabra al diputado Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución
Democrática, quien acepta que su proposición sea turnada a comisiones y solicita que sea
a las de Turismo, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Pesca.
La Presidenta
informa que no existe inconveniente en modificar el trámite; sin embargo, dado que el
asunto había sido considerado de urgente resolución en la sesión pasada, instruye a la
Secretaría a consultar a la Asamblea si autoriza a la Presidencia la rectificación del
trámite. La Asamblea lo autoriza en votación económica.
Suben a la
tribuna los diputados: Concepción Salazar González, del Partido Verde Ecologista de
México, y Rigoberto Romero Aceves, del Partido Acción Nacional.
Con la
autorización previa de la Asamblea, la Presidenta turna la proposición a las comisiones
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Pesca y de Turismo.
Presentan
proposiciones con punto de acuerdo los dipu-tados:
• Ramón
León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, para que la Cámara de
Diputados convoque a los interesados a discutir con el Gobierno y los diputados, el
presupuesto destinado a la educación en el ejercicio fiscal de dos mil tres.
Presidencia del diputado Jaime Vázquez
Castillo
Se turna a las
comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios
Educativos.
• José
Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, para
integrar una comisión que investigue el estado de los derechos humanos de los
trabajadores del sindicato Fidel Velázquez, en los municipios de Papantla y Poza Rica,
Veracruz. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
• Juan
Manuel Sepúlveda Fayad, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al
Presidente de la República para que ordene a los representantes de la Asociación Civil
denominada Amigos de Fox, entregar a la Cámara de Diputados y al Instituto Federal
Electoral, información sobre los recursos recaudados y su aplicación desde la fecha de
su constitución hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
Se turna a la
Junta de Coordinación Política.
• Francisco
Javier Flores Chávez, del Partido Acción Nacional, en relación con los activos
remanentes del extinto organismo Ferrocarriles Nacionales de México. Se turna a las
comisiones unidas de Transportes y de Hacienda y Crédito Público.
• Alfredo
Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática, para que la Cámara de
Diputados pida la devolución del patrimonio social y del fondo del fideicomiso
constituido por los cooperativistas de Talleres Gráficos de la Nación, para el pago de
pensiones vitalicias para jubilados. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito
Público y de Trabajo y Previsión Social.
• Diego
Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con la reserva del
Alto Golfo y la especie marítima llamada curvina. Se turna a las comisiones de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y de Pesca.
• Rosalía
Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo, para exhortar al Poder Ejecutivo Federal a fin de
que el Estado de Tlaxcala sea incluido dentro de los programas de desarrollo de la región
sur-sureste de México. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y
Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo
relacionados con la región sur–sureste de México.
• Norma
Enriqueta Basilio Sotelo, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de
integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, para la celebración de un homenaje y
la entrega de un reconocimiento a la atleta mexicana Ana Gabriela Guevara Espinosa y
solicita trámite de urgente resolución.
La Asamblea
considera el asunto de urgente resolución en votación económica.
Hablan en pro
del punto de acuerdo, los diputados:
Olga Patricia
Chozas y Chozas, del Partido Verde Ecologista de México; Clemente Padilla Silva, del
Partido Acción Nacional, y Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución
Democrática.
La Asamblea
considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la
misma manera lo aprueba. La Presidenta felicita a la Comisión de Juventud y Deporte por
el punto de acuerdo presentado y aprobado e informa que la Mesa Directiva se suma al
reconocimiento a la deportista Ana Gabriela Guevara Espinosa.
• Alfredo
Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar la
comparecencia del fiscal especial de los crímenes cometidos en el pasado, ante las
comisiones de Justicia y Derechos Humanos y Especial de Seguridad Pública, para que
informe de los avances de sus investigaciones.
Presidencia del diputadoJaime Vázquez
Castillo
Se turna a las
comisiones de Justicia y Derechos Humanos y Especial de Seguridad Pública.
• Víctor
Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo, para exhortar al Ejecutivo Federal que
los recursos asignados al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a partir del
mes de octubre se canalicen al sector social. Se turna a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
• Antonia
Irma Piñeyro Arias, del Partido Revolucionario Institucional, para crear una comisión
especial encargada de organizar consultas con los pueblos indígenas en relación con las
reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, que han sido objeto
de sentencia de improcedencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se
turna a la Junta de Coordinación Política.
• Rosalía
Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo, para solicitar la comparecencia del titular de la
Comisión Nacional de Pesca y de los secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y
de Marina, a fin de que informen sobre las empresas extranjeras que pescan en los
litorales mexicanos tiburón y especies afines. Se turna a la Comisión de Pesca.
• José
Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón, del Partido Acción Nacional, en relación con las
fechas para la celebración de elecciones en el estado de Veracruz.
Para referirse
al mismo asunto hablan los diputados: Pedro Manterola Sáinz, del Partido Revolucionario
Institucional; Arturo Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, y José
Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional.
Continúan
debatiendo el asunto los diputados: Pedro Manterola Sainz, del Partido Revolucionario
Institucional.
Presidencia de la diputadaBeatriz Elena
Paredes Rangel
Y acepta
interpelaciones del diputado José Manuel del Río Virgen y de la diputada Alba Leonila
Méndez Herrera; Pedro Miguel Rosaldo Salazar y Arturo Herviz Reyes, ambos del Partido de
la Revolución Democrática.
La Asamblea no
considera suficientemente discutido el asunto en votación económica.
Prosiguen el
debate los diputados: Justino Eduardo Andrade Sánchez, del Partido Revolucionario
Institucional, quien es interrumpido por el diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
para solicitar una moción de orden; Manuel Wistano Orozco Garza, del Partido Acción
Nacional; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución
Democrática; José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón, del Partido Acción Nacional;
José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político
Nacional; Arturo Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; Apuleyo
Viniegra Orta, del Partido Acción Nacional, y Justino Eduardo Andrade Sánchez, del
Partido Revolucionario Institucional, quien durante su intervención solicita se dé
lectura a la fracción cuarta del artículo ciento dieciséis de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Presidenta instruye a la Secretaría a
atender la solicitud.
Contesta
alusiones personales el diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la
Revolución Democrática.
La Asamblea
considera suficientemente discutido el tema en votación económica y la Presidenta turna
la proposición a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Para conmemorar
el aniversario luctuoso del ingeniero Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, se concede
la palabra a la diputada Lizbeth Medina Rodríguez, del Partido Acción Nacional, y a
solicitud del diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, atendida por la Presidencia, la
Asamblea guarda un minuto de silencio en su memoria.
Agotados los
asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y
la Presidencia clausura la de hoy a las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos,
citando para la próxima que tendrá lugar el martes ocho de octubre de dos mil dos, a las
diez horas.»
Está a
discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se
pregunta si se aprueba.
Los diputados
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobada el acta.
Pasamos al
capítulo de comunicaciones.
COMISIONES
LEGISLATIVAS
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Ciudadanos
secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Esta Presidencia
recibió informes de actividades, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes
comisiones y comités:
Ciencia y
Tecnología: informe de actividades, noviembre 2000-mayo 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 12 de agosto de 2002.
Energía:
segundo informe de actividades, febrero 2001-febrero 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 6 de agosto de 2002.
Juventud y
Deporte: informe semestral de actividades, septiembre 2001-febrero 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 28 de agosto de 2002.
Presupuesto y
Cuenta Pública: informe semestral, septiembre 2001-febrero 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria 30 de mayo de 2002.
Turismo: tercer
informe semestral; septiembre 2001-fe-brero 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 30 de mayo de 2002.
Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación: informe de actividades, septiembre 2001-febrero
2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 8
de agosto de 2002.
Comité del
Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias: informe de actividades,
septiembre 2001-mayo 2002; publicado en la Gaceta
Parlamentaria el 16 de agosto de 2002.
Seguridad
Social: cuarto informe semestral; 1o. de marzo al 31 de agosto 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 7 de octubre de 2002.
Turismo: cuarto
informe semestral marzo-agosto 2002; publicado en la Gaceta
Parlamentaria el 7 de octubre.
Gobernación y
Seguridad Pública: segundo informe semestral de actividades; octubre 2001-marzo 2002;
publicado en la Gaceta Parlamentaria el 7 de
octubre de 2002.
Fortalecimiento
del Federalismo: informe de trabajo, septiembre 2001-febrero 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 7 de octubre de 2002.
Solicito a
ustedes lo hagan del conocimiento a la honorable Asamblea.
Atentamente.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 4 de octubre de 2002.—Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, Presidenta de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.»
La Presidenta diputada Beatriz
Elena Paredes Rangel:
En virtud de que se encuentran
publicados en la Gaceta Parlamentaria,
remítanse los originales a la Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos y también para que quede registrado en el archivo de la Cámara.
PROPOSICIONES
CON PUNTOS DE ACUERDO
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Relación de
informes de gestiones en relación a proposiciones con punto de acuerdo, mismos que se
encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria
el día 7 de octubre, que remiten las siguientes comisiones de trabajo:
Agricultura y
Ganadería
Para que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice las transferencias necesarias a la
Secretaría de Agricultura, para que ésta dé cumplimiento a los compromisos con los
productores agrícolas de los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua,
pagándoles los apoyos a la comercialización correspondientes a los ciclos
otoño-invierno 2000-2001 y primavera-verano 2001.
Para que la
Comisión de Agricultura y Ganadería solicite a la Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural, información sobre la entidad Mexicana de Acreditación, A.C.
Para solicitar
al Secretario de Agricultura, Ganadería, De-sarrollo Rural, Pesca y Alimentación
intervenga para que sean cumplidos los contratos pactados con todos los cañeros
independientemente de su filiación a cualquier organización campesina.
Comercio y
Fomento Industrial
Por el que
solicita se busque un mecanismo para estabilizar el precio de gas doméstico en apoyo a
las clases más necesitadas del país.
Para solicitar a
los secretarios de Economía y de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía y de
Petróleos Mexicanos realicen los ajustes necesarios para congelar el precio de gas y para
que comparezcan el Secretario de Energía y el director de Petróleos Mexicanos, expliquen
y den solución a la problemática que está viviendo la población de México con el
precio de gas licuado de petróleo.
Comunicaciones y
de Transportes
Para que las
personas y organismos que participaron en la realización de los estudios de impacto
ambiental para la construcción del aeropuerto en el municipio de Texcoco, presenten sus
opiniones, resultados, conclusiones y respectivos fallos, a las comisiones unidas de
Comunicaciones y de Transportes, para que sean éstas las que determinen la transparencia
en el proceso.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 8 de octubre de 2002.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Deseo que quede
claro a las compañeras legisladoras y legisladores, que estamos dándole trámite a
puntos de acuerdo y gestiones que se hicieron de puntos de acuerdo, por las respectivas
comisiones y que las gestiones respectivas han sido publicadas en la Gaceta Parlamentaria del 7 de octubre.
Por lo que se tienen por
desahogados y archívense los expedientes como asuntos concluidos. Márquese una copia al
diputado proponente del punto de acuerdo respectivo en cada caso.
CAMBIO
DE TURNO DE INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Ciudadanos
secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Esta Presidencia
informa que se recibieron solicitudes de diversas comisiones para cambio de turno de
iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo.
Con fundamento
en lo que establece el artículo 23 inciso f de
la Ley Orgánica se modifica el trámite de los siguientes asuntos:
La Comisión de
Cultura solicita se rectifique el turno de la iniciativa de Ley Federal de la Cultura del
Sordo, presentada por la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del PRI, el día 13/11/01,
para que sea un asunto exclusivo de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Declina. Nuevo turno: se modifica el turno a las comisiones de Educación Pública y
Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables.
La Comisión de
Salud declina su participación en la proposición con punto de acuerdo por el que
solicita a la Secretaría de Salud expida la Norma Oficial Mexicana de emergencia para la
determinación de los niveles de concentración de plomo en polvo y suelos, presentada por
el Congreso del Estado de Coahuila el 28 de agosto de 2002.
La proposición
fue turnada únicamente a la Comisión de Salud. Declina. Nuevo turno: se modifica el
turno a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La Comisión de
Hacienda y Crédito Público declina su participación en la iniciativa que reforma y
adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de comercio
electrónico, presentada por el diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, del PAN el 15
de mayo de 2002.
La proposición
fue turnada a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda y Crédito
Público. Declina. Nuevo turno: se modifica el turno a la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial.
La Comisión de
Comercio y Fomento Industrial solicita sea ampliado el turno a la minuta proyecto de Ley
Federal de Protección de Datos Personales, toda vez que ésta es de gran relevancia para
el comercio y la industria nacional, por el impacto que conlleva su dictaminación.
La minuta fue
turnada a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, el 5 de septiembre de 2002.
Ampliación de turno. Nuevo turno: se modifica el turno a las comisiones de Gobernación y
Seguridad Pública y de Comercio y Fomento Industrial.
La Comisión de
Salud declina su participación en la proposición con punto de acuerdo para solicitar al
Gobierno Federal por medio de las instancias responsables, implemente un programa
emergente de atención que alivie la depresión económica y pérdida del empleo de las
familias que están siendo afectadas por la veda temporal, debido al fenómeno de la marea
roja, en las costas del litoral del Pacífico y del golfo de México.
La proposición
fue turnada únicamente a la Comisión de Salud. Declina. Nuevo turno: se modifica el
turno a la Comisión de Pesca.
Solicita a
ustedes lo hagan del conocimiento de la Asamblea y se publique en la Gaceta Parlamentaria.
Atentamente.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 4 de octubre de 2002.— Rúbrica.»
Presidencia de la diputada María Elena
Alvarez Bernal
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Como se solicita, se obsequian las peticiones y
publíquense en la Gaceta Parlamentaria.
Continúe la
Secretaría.
COMISIONES
LEGISLATIVAS
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Con fundamento
en el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado
Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, me permito solicitar a usted, la modificación en la
integración de las siguientes comisiones:
• Que el
diputado Humberto Domingo Mayans Canabal, sustituya al diputado federal con licencia
Auldarico Hernández Jerónimo, en la secretaría de la Comisión Encargada de Coadyuvar y
dar Seguimiento a los proyectos de Desarrollo Regional relacionados con la Región Sur
Sureste de México.
Lo anterior,
para los efectos a que haya lugar.
Sin otro
particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio
Legislativo, México, DF, a 8 de octubre de 2002.— Diputado Martí Batres Guadarrama, presidente.»
En votación
económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Aprobado.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz
Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
—Presente.
Con fundamento
en el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en atención al acuerdo
de la Junta de Coordinación Política, por lo que se propone al pleno la creación de una
Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada de vigilar que los recursos del
Fonden y partidas extraordinarias que se aprueben, se apliquen para el restablecimiento de
las condiciones de convivencia de la población y la ayuda a los damnificados por el
huracán “Isidore”, informo a usted que dicha comisión se integrará con
los siguientes diputados:
José Feliciano
Moo y Can, Edilberto Jesús Buenfil Montalvo y José Alvaro Vallarta Ceceña del PRI, Luis
Artemio Aldana Burgos, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez y Alicia Concepción Ricalde
Magaña del PAN, Uuc kib Espadas Ancona y Eric Eber Villanueva Mukul del PRD, Erika
Elizabeth Spezia Maldonado del PVEM y Rosalía Peredo Aguilar del PT.
Lo anterior,
para los efectos a que haya lugar.
Sin otro
particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio
Legislativo, México, DF, a 8 de octubre de 2002.— Diputado Martí Batres Guadarrama, presidente.»
En votación
económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobado.
ESTADO
DE MICHOACAN
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo.— Morelia.— LXIX Legislatura.
Ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
Presentes.
La LXIX
Legislatura del honorable Congreso del Estado de Michoacán, formula a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, atenta invitación para que asistan a la ceremonia
que con motivo del CLXXXVIII aniversario de la expedición del Decreto Constitucional para
la Libertad de la América Latina, la cual se realizará el próximo día 22 de octubre en
punto de las 9:00 horas, en la explanada del palacio municipal del ayuntamiento de
Apatzingán de la Constitución, Michoacán.
Esperando contar
con su distinguida presencia en tan destacada fecha, les reitero la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
Morelia,
Michoacán, septiembre 20 de 2002.— El presidente de la Junta de Coordinación
Legislativa del Congreso del Estado, diputado Juan
Manuel Iriarte Méndez.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Para asistir a
la ceremonia con motivo del CLXXXVIII aniversario de la Expedición del Decreto
Constitucional para la Libertad de la América Latina se designa a los siguientes señores
diputados, en representación de esta Cámara:
Diputado
Agustín Trujillo Iñiguez, diputado Ramón Ponce Contreras, diputado Donaldo Ortíz
Colín, diputado Félix Castellanos Hernández.
NOE ARMANDO
MARTINEZ NAVA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Compañeras y
compañeros legisladores: esta Mesa Directiva se une a la pena que embarga a nuestro
compañero diputado Juan Manuel Martínez Nava y les ruega a todos ustedes guardemos un
minuto de silencio con motivo del fallecimiento de su hermano, el licenciado Noé Armando
Martínez Nava. Les ruego nos pongamos de pie.
(Minuto de
silencio.)
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias.
Continúe la
Secretaría con los asuntos agendados.
ESTADO
DE GUANAJUATO
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de
Guanajuato.
Honorable
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— México, DF.
En sesión
celebrada el día de hoy por la diputación Permanente del Congreso del Estado, se dio
cuenta con el escrito de fecha 27 de agosto del año en curso, mediante el cual comunica
la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de
ejercido legal, asimismo se instaló la diputación Permanente a fungir durante el segundo
receso del segundo año de ejercicio.
La Presidencia
dictó el siguiente trámite: enterados.
Lo que hago de
su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Reitero a usted
las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Guanajuato,
Guanajuato, 10 de septiembre del año 2002.— Diputada Ana Faviola Rionda Ornelas, prosecretaria de la
diputación Permanente.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
GAS LICUADO
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de
Guanajuato.
Ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.
Para los efectos
conducentes, anexo me permito remitir a ustedes las consideraciones del dictamen y el
acuerdo aprobado por la LVIII Legislatura Constitucional del Estado, en sesión de
diputación Permanente, celebrada en esta fecha, mediante el cual se adhiere al acuerdo
aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco, a efecto de exhortar a diversas
autoridades para que intervengan en el ajuste de los precios del gas licuado por kilo.
Aprovecho la
ocasión para reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Guanajuato,
Guanajuato, 10 de septiembre de 2002.— Diputado Mario
Ernesto Dávila Aranda, presidente de la diputación Permanente del Congreso del
Estado.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de
Guanajuato.
ACUERDO
La diputación
Permanente de la LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, acuerda:
Primero. La diputación Permanente del Congreso
del Estado de Guanajuato se solidariza y se adhiere al acuerdo aprobado por el Congreso
del Estado de Jalisco, a efecto de comunicar a los titulares de las secretarías de
Economía y de Energía, la preocupación por las altas tarifas en el precio por kilo de
gas licuado, solicitando se reconsideren las mismas, en virtud de los importantes impactos
negativos que producen en la economía de la sociedad, particularmente entre la población
más desprotegida, así como asegurar alternativas de orientación a los mecanismos del
mercado para que se favorezcan una cotización justa con base en criterios de equidad y de
justicia distributiva acorde al nivel de vida de la población.
Segundo. Comuníquese a los secretarios de
Economía y de Energía del Gobierno de la República, al honorable Congreso de la Unión
y a las legislaturas locales el acuerdo aprobado, para los efectos conducentes.
Guanajuato,
Guanajuato, 10 de septiembre del año 2002.— Diputados: Mario Ernesto Dávila Aranda , presidente; Ana Faviola Rionda Ornelas, prosecretaria en funciones de
secretaria.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de
Guanajuato.
Ciudadano
Presidente de la diputación Permanente.— Presente.
A la Comisión
de Desarrollo Económico y Social, le fue turnado para su estudio y dictamen, el escrito
firmado por el oficial mayor del honorable Congreso del Estado de Jalisco, al cual anexa
copia del acuerdo económico número 676/02 tomado por la LVI Legislatura de ese estado,
relativo a manifestar a las secretarías de Economía y de Energía, la preocupación por
las altas tarifas en el precio por un kilo de gas licuado de petróleo en dicha entidad,
solicitando reconsiderar las mismas por ser superiores a la inflación acumulada en el
periodo comprendido de enero de 2002 a la fecha.
Analizado el
asunto de referencia y con fundamento en los artículos 137 y 138 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, nos
permitimos presentar el siguiente
DICTAMEN
En el acuerdo
que se dictamina, el Congreso del Estado de Jalisco expone que el precio por un kilo de
gas licuado de petróleo fue fijado por la Secretaría de Economía en 5.68 pesos,
acumulando con ello desde el primer mes del año en curso hasta la fecha de aprobación
del acuerdo que se analiza, un 13.82%, afectándose con ello, a consideración de los
legisladores jaliscienses, la situación económica de las familias de aquella entidad,
toda vez que ese incremento se da en un contexto de aumentos en los precios de otros
servicios básicos. Con esta consideración se indica que el crecimiento del precio para
el combustible ha crecido significativamente más de lo que representa el índice
inflacionario.
De la misma
forma el acuerdo que origina el presente dictamen argumenta que en el establecimiento de
las tarifas para el gas licuado intervienen diversos factores como el margen de
comercialización el costo de distribución, entre otros, pero que no se puede soslayar
que, siendo un producto de primera necesidad para las actividades cotidianas, deben
ponderarse otros aspectos más allá de los económicos, como lo es la difícil situación
social por la que atravesamos.
ACUERDOS
Primero. La diputación Permanente del Congreso
del Estado de Guanajuato se solidariza y se adhiere al acuerdo aprobado por el Congreso
del Estado de Jalisco, a efecto de comunicar a los titulares de las secretarías de
Economía y de Energía, la preocupación por las altas tarifas en el precio por un kilo
de gas licuado, solicitando se reconsidere las mismas, en virtud de los importantes
impactos negativos que produce en la economía de la sociedad, particularmente entre la
población más desprotegida, así como asegurar alternativas de orientación a los
mecanismos de mercado para que se favorezca una cotización justa con base en criterios de
equidad y de justicia distributiva acorde al nivel de vida de la población.
Segundo. Comuníquese a los secretarios de
Economía y de Energía del Gobierno de la República, al honorable Congreso de la Unión
y a las legislaturas locales el acuerdo aprobado, para los efectos conducentes.
Guanajuato,
Guanajuato, a 30 de agosto de 2002.— La Comisión de Desarrollo Económico y
Social.— Diputados: Jorge Ignacio Luna Becerra,
Ernesto Oviedo Oviedo, Karen Burstein Campos, Antonio Osornio Cuadros y Antonio Rico Aguilera.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial.
ESTADO
DE TLAXCALA
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala.— LVII Legislatura.
Diputados
secretarios del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La LVII
Legislatura del Estado de Tlaxcala en su decimotercera sesión pública ordinaria,
correspondiente a su segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio
constitucional, celebrada el pasado 12 de septiembre del presente, aprobó el acuerdo por
el que se pronuncia a favor de los ahorradores tlaxcaltecas, y se solicita su
intervención para que puedan resarcirles sus ahorros.
Adjunto al
presente copia certificada del acuerdo de mérito y copia del expediente parlamentario
número 087/2002.
Aprovecho el
presente para enviarles un cordial y respetuoso saludo.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Tlaxcala de
Xicoténcatl, a 18 de septiembre de 2002.—El secretario parlamentario del honorable
Congreso, Sergio Cuauhtémoc Lima López.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala.— LVII Legislatura.
ACUERDOS
Primero. Esta soberanía se pronuncia a favor de
los ahorradores para que puedan obtener una pronta solución a su problema y de esta
manera ayudar a resarcir sus ahorros.
Segundo. Se gire atento oficio con los anexos y
copia de solicitud de apoyo a la Presidencia de la Mesa Directiva del honorable Congreso
de la Unión, para su conocimiento e intervención.
Tercero. Que a través del secretario
parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, se gire oficio al Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, solicitándole su apoyo para una pronta solución.
Cuarto. Que se gire oficio a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República, con
el fin de que este Congreso local, pueda tener conocimiento del estado que guardan los
bienes que se decomisaron en relación con el problema de los ahorradores.
Dado en la sala
de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a 12 de septiembre de
2002.— Diputados: Melquiades Pérez González, presidente;
Juan Báez Sánchez y José Javier Vázquez Sánchez, secretarios.»
«El suscrito
licenciado Sergio Cuauhtémoc Lima López, secretario parlamentario del honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
CERTIFICA
Que la presente
copia fotostática que consta de una sola foja útil por un solo lado, concuerda fielmente
con su original, la que tengo a la vista y a que me remito, y obra en los archivos de la
secretaría parlamentaria de este honorable Congreso.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.»
Por lo que se
extiende la presente, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 18 días del mes de
septiembre de 2002.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Tlaxcala.— Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
Diputado Víctor
Hugo Cahuantzi González, presidente de la Comisión de Gestoría, Información y
Quejas.— Presente.
Por
instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, en sesión ordinaria celebrada en esta
fecha, dispuso turnar a usted copia del escrito que dirigen a este honorable Congreso del
Estado, los ciudadanos: Carlos Amador Piña Guerrero, Guillermo Carranza E. y Blanca
Sánchez C., presidente, tesorero y secretaria, respectivamente; del consejo de
administración de la Cooperativa Caja Popular número 1 de Tlaxcala, SCL, por el que
solicitan apoyo a fin de encontrar solución al problema de resarcimiento de sus ahorros;
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Tlaxcala de
Xicohténcatl, a 5 de septiembre de 2002.— El secretario parlamentario del honorable
Congreso.— Sergio Cuauhtémoc Lima López.»
«Cooperativa
caja popular la número 1 de Tlaxcala, SCL.
Solicitud de
apoyo que presentan los ahorradores de la cooperativa caja popular la número 1 de
Tlaxcala, a los diputados del Congreso local del Estado de Tlaxcala.
Honorable
Congreso local del Estado de Tlaxcala.— Palacio Legislativo, Tlaxcala, Tlaxcala.
En cumplimiento
al acuerdo asentado en la reunión celebrada el día 9 de los corrientes en el honorable
Congreso local de Diputados, en la cual estuvo presidida por los diputados: Perfecto
Xochipostequi Vázquez y Silvestre Velázquez, presentes 33 ahorradores de la Cooperativa
Caja Popular la número 1 de Tlaxcala, cuyas inversiones son mayores a los 190 mil pesos,
mismos que a pesar de hacer gestiones ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión de la República desde hace más de dos años, no hemos obtenido solución
alguna para el resarcimiento de nuestros ahorros, motivo por el cual acudimos a esa
Cámara de Diputados del honorable Congreso local, en solicitud de apoyo a fin de
encontrar solución a nuestro problema de resarcimiento de nuestros ahorros, con motivo de
esta reunión se integró comisión de ahorradores, misma que el día 22 del mes y año en
curso presentarán amplio y detallado informe los diputados: Perfecto Xochipostequi
Vázquez y Silvestre Velázquez, comisionados para atender el problema que hoy se les
plantea y que desde hace tiempo nosotros los ahorradores venimos afrontando.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Seguramente
señores diputados que en cuanto representantes del pueblo de Tlaxcala, estarán
debidamente enterados que debido a la arbitraria prepotente e ilegal intervención del
Gobierno Federal, por conducto de la Procuraduría Federal de la República en complicidad
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mantiene asegurados los bienes del
apoderado legal de las cooperativas cajas populares de ahorro, de 24 entidades
federativas, sin que hasta a la fecha se haya podido concluir el proceso correspondiente
por lavado de dinero y crimen organizado, delitos que supuestamente se han fincado en
contra del mencionado representante legal de las referidas cajas de ahorros.
Como solución
para atender a los ahorradores afectados en 24 estados de la República por la ilegal y
prepotente intervención de la Procuraduría Federal de la República y de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, el honorable Congreso de la Unión legisló en materia y
aprobó la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el fortalecimiento
de Sociedades Cooperativas y de Ahorro y Préstamo y de pago a sus ahorradores, en
adelante fideicomiso de pago, la cual fue publicada el 29 de diciembre del año 2000 en el
Diario Oficial de la Federación, se acompaña a
este informe copia de la citada ley.
En los meses de
noviembre y diciembre del año 2001, fueron turnadas a las comisiones de Hacienda y
Crédito Público y de fomento Industrial de la LVIII Legislatura de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión para su discusión y resolución
constitucional, dos iniciativas con proyecto de decreto por lo que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la ley que crea el fideicomiso que administra el fondo
para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a
sus ahorradores.
La primera de
las iniciativas fue presentada en el pleno, el día 27 de noviembre del año 2001, por el
diputado Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional y la segunda que trata la misma problemática y busca también dar solución
a los sectores de ahorradores del país que no han podido participar de los beneficios de
dicha ley por tener inversiones mayores a 190 mil pesos, la cual fue presentada esa misma
fecha a esa Asamblea por el diputado José Delfino Garcés Martínez, integrante de la
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
Ambas
iniciativas son coincidentes en el operativo de dar mayor rango de equidad y de
universalidad a la citada ley y con la finalidad de encontrar solución de fondo para
resolver en definitiva la problemática que actualmente afrontan los ahorradores y sus
respectivas familias en 24 entidades federativas, en el caso particular de este Estado son
40 familias de las cajas populares de préstamo y ahorro, familias de ahorradores que
atraviesan por una lamentable y precaria situación económica, por falta del
resarcimiento de sus ahorros, a la fecha algunos de los ahorradores han fallecido, por
enfermedades que no pudieron atender por falta de recursos económicos, familias que se
han desintegrado porque el padre, hermanos mayores han tenido la imperiosa necesidad de
emigrar al extranjero, jóvenes que se han visto obligados a dejar de estudiar para
dedicarse a trabajar y así poder contribuir al gasto de su familia, personas de la
tercera edad que depositaron sus ahorros, productos de toda una vida de trabajo para
asegurar su vejez, en fin existen graves tragedias familiares y personales ocasionadas por
la falta del resarcimiento de sus correspondientes ahorros.
No obstante que
la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, tiene pleno conocimiento de
la grave situación económica por la que atravesamos aproximadamente 3 mil familias de
ahorradores de 24 entidades federativas de la nación, no le han prestado la debida
atención que requiere este problema, pues a partir del mes de noviembre del año próximo
pasado, en que fueron presentadas las citadas iniciativas a las correspondientes
comisiones parlamentarias han transcurrido más de ocho meses y sin que hasta la fecha no
haya sido posible agendar esas iniciativas para su discusión y aprobación.
Se adjunta copia
de las iniciativas en comento.
Solicitud de
apoyo de los ahorradores del estado a la Cámara de Diputados de este Congreso local.
1. Que las
próximas sesiones que se lleven a efecto de la Cámara local de Diputados se someta a
discusión y aprobación un punto de acuerdo que comprendan enviar a las siguientes
autoridades federales los oficios que a continuación se detallan para apoyo y solución
al problema que en lo particular piden 40 ahorradores y sus respectivas familias de este
estado para tratar de resolver nuestro problema que hoy planteamos a esta Cámara de
Diputados local.
2. Girar oficio
a la diputada federal por este estado de Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel y presidenta del
honorable Congreso de la Unión pidiéndole que en virtud que en el mes de noviembre del
año próximo pasado existen presentadas a las comisiones parlamentarias correspondientes
de ese honorable Congreso, dos iniciativas que obtienen proyecto de decreto que reforman y
adicionan la ley que crea el fideicomiso para administrar el fondo para el fortalecimiento
de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores, tenga a
bien girar sus respectivas instrucciones para que sean agendadas las citadas iniciativas
para que una vez de que el honorable Congreso de la Unión reanude sus sesiones
parlamentarias, sea discutida y en su caso aprobadas las iniciativas que contienen
proyectos de decreto a lo que hemos venido refiriendo.
3. Oficio girado
por ese honorable Congreso local al Presidente de la República pidiéndole su apoyo para
encontrar a la brevedad posible una pronta solución a la problemática que afrontamos
aproximadamente 3 mil ahorradores y sus respectivas familias a nivel nacional toda vez que
nos ha ofrecido en diversas ocasiones tanto al Congreso Nacional de Ahorradores y
Representantes, en el país el resarcimiento de nuestros ahorradores.
4. Oficio
dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Procuraduría General de
la República, solicitándoles envíen informes a nuestro consejo nacional de ahorradores,
del estado que actualmente guardan los bie-nes que le fueron decomisados por esa
procuraduría al entonces representante legal de ahorradores de las cajas populares de 24
entidades federativas, ya que desde el inicio de este problema en que fue privado de su
libertad el mencionado representante legal de esas cajas populares de ahorro que fue en
enero del año 2002, a la fecha los ahorradores a nivel nacional ignoramos el estado que
guardan la administración de los mencionados bienes incautados y el destino de los
mismos.
Atempan,
Tlaxcala, a 16 de julio de 2002.— Por el Comité de Administración: Carlos Amador Piña Guerrero, presidente; Guillermo Carranza E., tesorero; Blanca Sánchez C., secretaria de vigilancia; Jaime López Molina, J. Angel Aguinaga B., Amparo
Fuentes Barrios y Elvira Montaño Durán.»
«Por lo
anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a la
consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente
DECRETO
Por el que se
expide la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento
de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y se
adiciona el artículo 51-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares
del Crédito.
Artículo primero. Ley que crea el Fideicomiso que
Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y
Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
Artículo 1o. Se crea el Fideicomiso que
Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y
Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
Artículo 2o. El Fideicomiso tendrá por objeto:
I. Fortalecer el
esquema financiero de las sociedades de ahorro y préstamo y cooperativas de ahorro y
préstamo que cumplan con los requisitos que establece esta ley, con el objeto de fomentar
la cultura del ahorro popular y
II. Apoyar a los
ahorradores de las sociedades de ahorro y préstamo y de las cooperativas de ahorro y
préstamo que se encuentren en estado de insolvencia comprobada.
Artículo 3o. El fideicomiso será público y
contará con un comité técnico que estará integrado por un representante de cada una de
las siguientes instituciones: de las secretarías, de Hacienda y Crédito Público, quien
lo presidirá; de Gobernación; de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como un
representante de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un representante de la
Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros
y dos representantes de la Comisión Consultiva quienes serán los representantes de los
gobiernos de las entidades federativas con mayor número de ahorradores afectados,
conforme a los resultados de las auditorías, y que hayan celebrado los convenios a que se
refiere el artículo 10 de esta ley.
Este fideicomiso
no tendrá estructura orgánica propia, por lo que no queda comprendido en los supuestos
de los artículos 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 40 de la
Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Artículo 4o. La Comisión Consultiva a la que se
refiere el artículo anterior estará integrada por los representantes de los gobiernos de
las entidades federativas en las cuales existan ahorradores afectados, que hayan celebrado
los convenios a que se refiere el artículo 10 de esta ley y por dos presidentes de los
consejos de Administración de las sociedades que cumplan los requisitos a que se refiere
la misma, electos de entre ellos mismos a convocatoria del Comité Técnico del
Fideicomiso.
Todos los
miembros de esta comisión tendrán los mismos derechos.
Artículo 5o. El fondo, que será el patrimonio
administrado por el fideicomiso, se constituirá por:
I. Las
aportaciones del Gobierno Federal por 1 mil 785 millones de pesos a que se refiere el
artículo 9o. de esta ley y de 500 millones a que se refiere el artículo 12 de la misma.
Estos montos se administrarán en subcuentas independientes entre sí y distintas a
aquellas en que se administre el resto de las aportaciones;
II. Las
aportaciones que hagan las entidades federativas;
III. Los
productos que se generen por la inversión y la administración de los recursos y bienes
con que cuente dicho fondo;
IV. Los bienes
que se aporten al fondo y
V. Los demás
que, por otros conceptos, se aporten para el mejor cumplimiento de sus fines.
Artículo 6o. El fideicomitente del fideicomiso a
que se hace referencia en el artículo anterior será el Gobierno Federal, a través de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La fiduciaria
será Nacional Financiera, SNC y los fideicomisarios los ahorradores afectados que cumplan
con los requerimientos que se señalan en esta ley o, en su caso, las sociedades que sean
objeto de fortalecimiento, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 13 de este
ordenamiento y a lo que en concordancia con ellas determine el Comité Técnico. Dicho
Comité Técnico tendrá de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes
facultades:
I. Aprobar los
términos mínimos de referencia, conforme a los cuales deben practicarse las auditorías
a las sociedades para su fortalecimiento, con el propósito de que los recursos de este
fideicomiso se apliquen de forma transparente a los fideicomisarios;
II. Aprobar las
bases y procedimientos a través de los cuales se reconocerán los montos a pagar, así
como la identidad de los ahorradores afectados; los procedimientos para determinar las
cantidades que se podrán entregar a los mismos, así como los procedimientos para
documentar dichas entregas;
III. Determinar
mediante reglas de carácter general los requisitos que deben reunir los títulos de
crédito o documentos comprobatorios de los derechos de crédito de los ahorradores
afectados para ser considerados válidos;
IV. Determinar
con base en la auditoría correspondiente y en las reglas que emita, cuando es viable la
recuperación financiera de una sociedad que presente problemas de solvencia y en su caso,
aprobar el monto necesario para su saneamiento;
V. Determinar
las reglas y procedimientos para la enajenación de los bienes aportados al fideicomiso;
así como aprobar las mismas;
VI. Autorizar la
celebración de los actos, convenios y contratos de los cuales puedan derivar afectaciones
para el patrimonio del fideicomiso, así como aquellos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus fines;
VII. Autorizar,
con cargo al patrimonio del fideicomiso, los gastos que necesarios, para el manejo del
mismo, incluyendo los honorarios que correspondan al fiduciario, así como aquellos que
deriven del proceso de extinción del mismo.
VIII. Instruir
al fiduciario, por escrito respecto de la inversión de los fondos líquidos del
fideicomiso;
IX. Evaluar
periódicamente los aspectos operativos del fideicomiso;
X. Revisar y
aprobar, en su caso, los informes que rinda el fiduciario sobre el manejo del patrimonio
fideicomitido;
XI. Vigilar que
los recursos que se aporten al fideicomiso, se destinen al cumplimiento de sus fines;
XII. Definir los
criterios y dictar las decisiones sobre el ejercicio de las acciones que procedan con
motivo de la defensa del patrimonio del fideicomiso, comunicando dichos criterios y
decisiones por escrito a la fiduciaria;
XIII. Girar
instrucciones a la fiduciaria acerca de las personas a quienes deberá conferirse mandato
o poderes para que se cumplan las funciones secundarias, ligadas y conexas a la encomienda
fiduciaria o para la defensa del patrimonio fideicomitido, indicando expresamente cuándo
el (los) mandatario (s) o apoderado (s) podrán delegar sus facultades a terceros;
XIV. Proponer
las modificaciones que se pretendan realizar al fideicomiso, y
XV. Cualesquiera
otras derivadas de la legislación aplicable y de la presente ley, necesarias para el
cumplimiento de los fines del fideicomiso.
Artículo 7o. Se entenderá por sociedades a las
sociedades de ahorro y préstamo y a las cooperativas de ahorro y préstamo a que hace
referencia la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y la Ley
General de Sociedades Cooperativas, respectivamente.
Se entenderá
por saldo neto de ahorro, el resultado del monto que conste en los títulos de crédito o
documentos equivalentes que comprueben los depósitos realizados por ahorrador, menos los
créditos no cubiertos por el mismo. Para los efectos de dicho cálculo no se computarán
intereses.
Artículo 8o. Sólo podrán acogerse al contenido
de esta ley, las sociedades que cumplan los siguientes requisitos:
I. Haberse
constituido legalmente por lo menos con un año de anticipación a la vigencia de la
misma;
II. Haber
iniciado los trámites para efectuar los procesos de auditoría con el propósito de
determinar su insolvencia con antelación al 30 de noviembre de 2000 y que dichos procesos
se hubiesen pagado con recursos públicos o sea, en su caso, aprobados por el Comité
Técnico a que se refiere el artículo 3o. de esta ley y
III. Realizar
los actos corporativos necesarios para que estas sociedades procedan a su disolución y
liquidación; en los plazos que fije el Comité Técnico de este fideicomiso, en los casos
que así proceda.
Artículo 9o. El Presupuesto de Egresos de la
Federación dispondrá de una partida de 1 mil 785 millones de pesos para realizar los
pagos previstos en esta ley.
Artículo 10. La aplicación de los recursos
federales estará condicionada a la suscripción de convenios que realice el fideicomiso
creado por esta ley, con los gobiernos de las entidades federativas, en donde existan
problemas de ahorradores afectados. En cada convenio se establecerán los montos de
aportación de las partes.
Una vez suscrito
el convenio con alguna entidad federativa, se aplicarán los recursos federales respecto
de ésta, con independencia de la firma de otros convenios.
Artículo 11. El fideicomiso efectuará los pagos
derivados de sus fines a los ahorradores plenamente identificados como afectados, siempre
y cuando éstos soliciten su pago al fideicomiso en los términos establecidos en esta
ley, dentro de los 60 días naturales a partir de la fecha en que el Comité Técnico
publique el procedimiento conforme al cual se llevará a cabo el pago correspondiente,
mismo que deberá ser publicado en el Diario Oficial
de la Federación y, por lo menos, en dos diarios de circulación nacional, durante dos
días consecutivos.
Tratándose de
las sociedades de ahorro y préstamo, el fideicomiso sólo efectuará los pagos a los
ahorradores que se encuentren, en su caso, reconocidos dentro del procedimiento de quiebra
respectivo.
Los pagos que se
realicen a ahorradores afectados se efectuarán de acuerdo a las siguientes
Bases generales:
Primera. El
monto básico de pago, será la mitad del promedio del saldo neto de ahorro en cada
sociedad a que se refiere el artículo 7o. de esta ley. El promedio del saldo neto de
ahorro, se determinará dividiendo el monto total de los depósitos realizados con saldo
acreedor en la sociedad de que se trate, entre el número de ahorradores con saldo
acreedor de la misma.
En ningún caso
el monto básico podrá ser superior a 10 mil pesos, esto se aplicará para cualquiera de
las sociedades que se encuentren en estado de insolvencia, en los términos del artículo
2o. de esta ley.
Segunda. Todo
ahorrador que tenga un saldo neto de ahorro igual o menor a 19 veces el monto básico
recibirá el 70% de dicho saldo.
Tercera. Los
ahorradores cuyo saldo neto de ahorro rebase el equivalente a 19 veces el monto básico
podrán recibir la recuperación de dicho saldo con recursos provenientes de otras
fuentes, quedando a salvo sus derechos a ejercer las acciones legales que correspondan.
Cuarta. Los
ahorradores sujetos a estos apoyos deberán de cumplir con los requisitos previstos en
este mismo ordenamiento para ser elegibles para recibir los pagos a que se refieren estas
bases.
El Comité
Técnico del Fideicomiso previsto en la presente ley queda facultado para decidir las
reglas y determinar los procedimientos para los actos de administración y dominio que
realice sobre los bienes a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 5o. de esta
ley.
Quinta. El
ahorrador deberá manifestar por escrito que cede sus derechos de crédito a favor del
fideicomiso; que renuncia expresamente al pago de los intereses que se hayan generado a su
favor y los que puedan generarse hasta el momento en que se efectúe el pago y que no se
reserva acción ni derecho alguno que pueda existir a su favor, en contra de la sociedad
insolvente de que se trate, del fideicomiso o de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, por los actos que deriven de esta ley.
Los títulos de
crédito o los documentos comprobatorios deberán ser entregados al fiduciario contra el
pago realizado.
Sexta. La
fiduciaria podrá subrogarse en todos los derechos tanto de crédito como de carácter
litigioso que deriven de los títulos de crédito o los documentos entregados por los
ahorradores, conforme lo determine el Comité Técnico.
La fiduciaria en
ningún caso podrá beneficiarse de algún saldo remanente a favor, en cambio estará
obligada a coadyuvar con el Ministerio Público en las causas penales vinculadas con los
procesos que se contemplan en esta ley, hasta su conclusión.
Séptima. El
Comité Técnico del Fideicomiso determinará mediante reglas de carácter general los
requisitos que deben reunir los títulos de crédito o documentos comprobatorios para ser
considerados válidos y los métodos de identificación de los ahorradores.
Octava. Los
ahorradores que tengan obligación de presentar declaración anual del Impuesto Sobre la
Renta deberán adjuntar las declaraciones realizadas durante los años en que hubieran
sido ahorradores de una sociedad, hasta por un máximo de cinco años o bien, durante el
tiempo que hubiesen estado obligados a presentarla, si ésta es menor a la vigencia del
título de crédito o documento comprobatorio correspondiente.
Artículo 12. El Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal del año 2001 dispondrá de una partida de 500
millones de pesos que se destinará exclusivamente para las, acciones que el fideicomiso
realice con el propósito de apoyar el fortalecimiento de las sociedades que registren
problemas graves de liquidez y/o solvencia.
Artículo 13. El Comité Técnico del Fideicomiso
con base en la información de la auditoría correspondiente, determinará cuándo es
viable la recuperación financiera de una sociedad que presente problemas de liquidez y/o
solvencia, en su caso, el monto necesario para su fortalecimiento, al que se refiere el
artículo anterior.
Las sociedades
que se encuentren en este supuesto, deberán cumplir además con los siguientes
requisitos:
I. Justificar la
viabilidad operativa y financiera de la sociedad y la idoneidad del apoyo mediante la
práctica de una auditoría, que reúna los requisitos que determine el Comité Técnico
del Fideicomiso;
II. Determinar
que como consecuencia de los resultados de la auditoría, es más conveniente que dicha
sociedad se mantenga en operación, porque tal opción se considere razonablemente menos
costosa que liquidarla;
III. Presentar
un programa de saneamiento;
IV. Acreditar
que durante los seis meses anteriores a la entrada en vigor de la presente ley, las tasas
de interés pactadas para los depósitos de dinero e inversiones de sus ahorradores,
fueron inferiores al 80% de la tasa de interés interbancaria de equilibrio, o en su
defecto, la tasa de interés que en su caso la sustituya y
V. Otorgar
garantías a satisfacción del Comité Técnico.
Artículo 14. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público podrá emitir reglas de carácter general a efecto de proveer a la mejor
observancia de los preceptos de esta ley.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. Para efectos de esta ley el fideicomiso
se considerará constituido en la misma fecha a que se refiere el artículo anterior.
Tercero. El periodo durante el cual operará el
fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y
cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores será de dos años
contados a partir del inicio de sus actividades o cuando se extinga su patrimonio en los
términos de esta ley, lo que ocurra primero.
Si al término
de su operación existiesen remanentes de recursos públicos, éstos se aplicarán al
fondo o fondos que existan para asegurar el debido funcionamiento de las sociedades
dedicadas al ahorro y crédito popular, que sean regulados mediante una ley que tenga por
objeto regular, promover y facilitar el servicio de captación de recursos, colocación de
crédito y otorgamiento de otros servicios financieros por parte de las mismas. De no
existir tales fondos se reintegrarán a la Tesorería de la Federación.
Cuarto. Los pagos a los ahorradores afectados se
iniciarán a más tardar 10 días hábiles después del día en que se hayan cumplido los
requisitos previstos en esta ley y continuarán en el orden sucesivo en que se presenten
dichos ahorradores, efectuando pagos hasta agotar el patrimonio del fideicomiso conforme a
lo previsto al artículo 5o. de esta ley, con excepción de los recursos previstos para el
saneamiento de las sociedades a que se refiere el artículo 12 de este mismo ordenamiento.
Sin menoscabo de
lo anterior, una vez que el saldo del patrimonio del fideicomiso sea igual o inferior a
175 millones de pesos, éste deberá iniciar los trámites necesarios para su extinción.
Quinto. Para efectos de la aportación que deberá
fideicomitir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos del artículo 9o.
de esta ley, ésta se realizará a través de ampliación líquida con cargo a un monto
adicional de gasto programable al previsto en los artículos 35 fracción I inciso e y 84, penúltimo párrafo del decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000. En caso
de que esta ampliación no sea suficiente, se deberá prever la erogación correspondiente
con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año
2001.
Sexto. Para los propósitos de esta ley, se
adiciona el primer párrafo del artículo 51-B de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares de Crédito.
Artículo segundo. Se adicciona el primer párrafo
del artículo 51-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de
Crédito, para quedar como sigue:
“Artículo 51-B. El Gobierno Federal y las
entidades de la administración pública paraestatal no podrán responsabilizarse ni
garantizar el resultado de las operaciones que realicen las organizaciones auxiliares de
crédito y casas de cambio, así como tampoco asumir responsabilidad alguna de las
obligaciones contraídas con sus socios o con terceros. Lo anterior salvo que, en el caso
de las organizaciones auxiliares de crédito a que se refiere el artículo 38-A de esta
ley, exista provisión presupuestaria específica, aprobada por autoridad
competente.”
ARTICULO TRANSITORIO
Primero. La adición al artículo 51-B de la ley
mencionada en el artículo anterior entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, 18 de diciembre de 2000.— Diputados: Oscar Guillermo Levín Coppel, PRI; Jorge Alejandro Chávez Presa, PRI; José Manuel Minjares Jiménez, PAN; César Alejandro Monraz Sustaita, PAN; Rosalinda López Hernández, PRD; Enrique Alonso Aguilar Borrego, PRI; Manuel Añorve Baños, PRI; Miguel Arizpe Jiménez, PRI; Florentino Castro López, PRI; Enrique Octavio de la Madrid Cordero, PRI; Roberto Javier Fuentes Domínguez, PRI; Guillermo Hopkins Gámez, PRI; Salvador Rocha Díaz, PRI; Reyes Antonio Silva Beltrán, PRI; José Luis Ugalde Montes, PRI; José Francisco Yunes Zorrilla, PRI; Enoch Araujo Sánchez, PAN; Julio Castellanos Ramírez, PAN; Francisco de Jesús de Silva Ruiz, PAN; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, PAN; Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, PAN; Luis Alberto Pazos de la Torre, PAN; Francisco Raúl Ramírez Avila, PAN; Arturo San Miguel Cantú, PAN; Hugo Adriel Zepeda Berrelleza, PAN; José Antonio Magallanes Rodríguez, PRD; Emilio Ulloa Pérez, PRD; Francisco Agundis Arias, PVEM y Gustavo Riojas Santana, PSN.»
«De la
Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley que Crea el Fideicomiso que
Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y
Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y se adiciona el artículo 51-B de la Ley General
de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.
Aprobado el
martes 19 de diciembre, con 446 votos en pro, uno en contra y dos abstenciones.
Votación.
Turnado al Senado de la República para los efectos constitucionales. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 29 de
diciembre de 2000. Gaceta Parlamentaria, número
654, martes 19 de diciembre de 2000.»
«Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que
Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y
Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, presentada por el diputado Omar Fayad Meneses, del
grupo parlamentario del PRI, en la sesión del martes 27 de noviembre de 2001.
El suscrito
diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, de la LVIII legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio
de la facultad que otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55 fracción II del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a la consideración de este honorable pleno la presente iniciativa de decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso
que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro
y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, de conformidad con la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
En el primer
periodo de sesiones ordinarias del primer año de gestión de esta LVIII Legislatura,
motivados por la problemática que había suscitado la mala operación de las llamadas
cajas de ahorro, fue aprobada la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo
para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a
sus Ahorradores, y publicada en el Diario Oficial de
la Federación del 29 de diciembre del año 2000, con la noble intención de dar una
pronta solución a este conflicto social, que fue calificado como de interés público.
A 10 meses de
haber sido aprobada la creación de este instrumento, los resultados obtenidos por el
Gobierno Federal, en convenio con los gobiernos de los estados afectados, en el proceso de
restitución del patrimonio a cientos de mexicanos, ha sido sólo parcial.
Debido a la
experiencia derivada de la aplicación del objeto del fideicomiso, consideramos que la
solución planteada no fue suficiente, en virtud de que los lineamientos marcados por la
ley que lo regula, sólo apoyó a un número determinado de sociedades de ahorro y
crédito, pero no así, a muchas otras instituciones que si bien se crearon de manera
distinta a lo previsto por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de
Crédito o a la Ley General de Sociedades Cooperativas, sí realizaban actividades de
ahorro y crédito, por lo que en estricto sentido, cumplían con la misma finalidad.
Al razonar esto,
debemos tomar en cuenta que esta situación nada tuvo que ver con la voluntad de los
ahorradores defraudados, ya que es entendible que por desconocimiento del complicado marco
jurídico en esta materia, no supieron advertir el riesgo que implicaba confiar y dejar
sus ahorros en manos de personas que no sólo los despojaron de su patrimonio, sino que
hicieron caso omiso de las disposiciones y previsiones financieras y legales para operar
esta clase de negocios.
Ahora, con
profunda pena y preocupación les refiero que la desesperante e impotente situación que
desde hace años han venido padeciendo muchos ahorradores defraudados del país, aún
subsiste.
Esto es
provocado porque la ley que crea el fideicomiso, en su artículo 7o., prevé que sólo
serán beneficiarias del mismo, las sociedades y cooperativas que se hayan constituido
bajo la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y la Ley
General de Sociedades Cooperativas, impidiendo que muchos ahorradores en el país, cuyas
agrupaciones de ahorro y préstamo que los defraudaron se constituyeron bajo otras figuras
jurídicas como sociedades civiles, sociedades anónimas de capital variable, asociaciones
civiles o sociedades cooperativas de responsabilidad limitada, sean beneficiados.
En estas
circunstancias, existen diversos ejemplos en Hidalgo, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa,
Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco, Aguascalientes, Chihuahua, Nayarit,
Durango, Baja California, Baja California Sur, Estado de México y Zacatecas, lo que
denota que el fideicomiso resolvió parcialmente la problemática de sólo algunos de los
ahorradores de las cajas que cumplían los requisitos establecidos por la ley.
Adicionalmente a
lo anterior, también debemos sumar la limitante que establece la base segunda del
artículo 11 de esta ley, respecto del monto de pago a los ahorradores, al referir que
será de 19 veces el monto básico (190 mil pesos); precepto que dejó fuera del beneficio
del fideicomiso a muchos ahorradores, cuyas cajas sí reúnen los requisitos establecidos
en el artículo 8o. para ser beneficiadas, pero el monto de lo que reclaman haber ahorrado
rebasa, aunque sea en una cantidad mínima, el límite fijado en el propio artículo 11.
Debido a estas
restricciones establecidas en el texto publicado, los diputados de diversos estados de la
República que recibimos de viva voz el reclamo de nuestros representados, consideramos
que gran parte del problema social que dio origen a este fideicomiso aún existe, habiendo
cientos de ahorradores de bajos recursos que por simples tecnicismos jurídicos, aún
siguen reclamando ayuda para restituir, en alguna medida, su patrimonio.
Por ello, es
necesario y urgente reformar la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo
para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a
sus Ahorradores, para que también sean beneficiados los ahorradores cuyas cajas de ahorro
se constituyeron bajo otras figuras jurídicas diversas a las que ahora se exigen como
requisito y para aumentar el monto de pago que permita beneficiar a los ahorradores que
reclaman montos superiores a 190 mil pesos y que ahora, no tienen ninguna posibilidad de
recuperar su dinero.
La reforma que
aquí se plantea, propone reformar el artículo 7o., para incluir en su texto a las
entidades legalmente constituidas como sociedades civiles, sociedades anónimas de capital
variable, asociaciones civiles y cooperativas de responsabilidad limitada, cuya actividad
era la de ahorro y préstamo.
Como
consecuencia de la reforma a este artículo, se plantea también la reforma a la fracción
II del artículo 8o., para adicionar los requisitos de haber presentado las denuncias
penales correspondientes y el haber dejado de realizar actividades de ahorro y préstamo
con antelación al 30 de noviembre de 2000, para que sean cumplidos por las cajas de
ahorro que están siendo incluidas por esta reforma, ya que si se está ampliando el
número de cajas beneficiadas, esto permitiría controlar el acceso para que realmente
sean apoyados quienes demuestren fehacientemente tener derecho a ser incluidos por el
fideicomiso.
Esta iniciativa
propone también la reforma a las bases primera, segunda y tercera del artículo 11, para
aumentar de 19 veces (190 mil pesos) a 24 veces el monto de pago básico (240 mil pesos)
con el 70% de dicho saldo; así como para establecer que aquellos ahorradores de más de
24 veces el monto de pago básico (240 mil pesos), que así lo decidan, puedan optar por
apegarse al beneficio de la ley para recibir el 70% de 24 veces el monto de pago básico
(240 mil pesos); reformas que permitirán dar acceso a los ahorradores de todo el país
que en mayor medida resultaron perjudicados con los fraudes.
Para la
obtención de los recursos con los que se hará frente a la reforma que se plantea, se
hace necesaria la reforma y adición del artículo 12 de este ordenamiento.
El artículo 12
actualmente establece la cantidad de 500 millones de pesos para destinarse exclusivamente
a las acciones que el fideicomiso realice con el propósito de apoyar el fortalecimiento
de las sociedades que registren problemas graves de liquidez y/o solvencia.
Este párrafo,
se reformaría quitando la palabra “exclusivamente” y adicionando al final de su
texto la frase “y/o para apoyo al pago de los ahorradores”, con lo que abre la
posibilidad de que el uso de este dinero se reoriente con un mayor sentido social,
conformando la primera aportación inicial para resarcir a los ahorradores defraudados que
abarcan los supuestos que incluye esta reforma.
Consideramos que
es necesario darle una mayor rentabilidad social al dinero que contempla este artículo
12, ya que de usarse únicamente para lo que actualmente dispone su texto, se estaría
beneficiando a un reducido número de personas que dirigen y reciben los beneficios de los
negocios de las cajas de ahorro. Además de que se estaría dando la posibilidad de que
los titulares de dichos negocios, tomen a la ligera la responsabilidad de responder a sus
obligaciones, debido a que visualicen la posibilidad de ser apoyados con recursos del
fideicomiso para hacer frente al mal manejo de sus cajas de ahorro.
La redacción
actual de este artículo 12, dispone el rescate de los dueños y el saneamiento de esta
clase de negocios, lo que bajo las circunstancias que padecen aún ahorradores de
fraudados de varios estados del país, definitivamente debe de pasar a un segundo plano y
los recursos que ahí se prevén, deben ser destinados en su totalidad al resarcimiento de
un número mayor de ahorradores que no tienen ninguna esperanza de ver recuperado su
dinero.
Es importante
mencionar, que al día de la presentación de esta iniciativa, este fondo de 500 millones
de pesos, se encuentra intacto en su monto y se está en aptitud de aplicarlo en beneficio
de los ahorradores y no de los defraudadores.
Además de esta
reforma, se propone adicionar un nuevo párrafo al artículo 12, para prever una partida
adicional por 1 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal del año 2002.
Como lo prevé
la ley en cuestión, los ahorradores al momento de ser beneficiados al 70% por el
fideicomiso, ceden sus derechos de crédito al 100% a favor del mismo, por lo que la
Federación repondrá las cantidades señaladas, que ahora se solicita se aporten para el
pago a los ahorradores, a través de las sumas de dinero y bienes que con toda seguridad
obtendrá a la conclusión de los juicios respectivos.
Esta cantidad
que se solicita del Presupuesto 2002, adicional a los ya existentes 500 millones de pesos
que prevé el propio artículo 12, permitiría contar con un fondo total de 1 mil 500
millones de pesos más, que estarían destinados a dar una solución ampliamente
incluyente y prácticamente total, a este grave problema social que sigue aquejando a
muchos mexicanos de escasos recursos, en su mayoría amas de casa, viudas, jubilados y
pensionados, que fueron engañados y que vieron perdido de manera espontánea su
patrimonio producto de muchos años de trabajo y esfuerzo y que hasta el día de hoy, no
obstante la expedición de la ley que creó el fideicomiso, ven nulas posibilidades de
recuperarlo, aunque sea, en algún porcentaje.
Por último, se
hace necesario reformar la fracción I del artículo 5o., con el propósito de adecuarlo a
las cantidades que se están solicitando del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal del año 2002, así como modificar su vigencia de dos a cuatro años,
contados a partir del inicio de actividades del fideicomiso o cuando se extinga su
patrimonio, lo que ocurra primero.
Por lo
anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo
71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción II del
artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este honorable pleno el presente proyecto
de
INICIATIVA
De decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso
que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro
y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
Artículo primero. Se reforma la fracción I del
artículo 5o. para quedar como sigue:
“Artículo 5o. ...
I. Las
aportaciones del Gobierno Federal por 1 mil 785 millones de pesos a que se refiere el
artículo 9o. de esta ley y de los recursos a que se refiere el artículo 12 de la misma.
Estos montos se administrarán en subcuentas independientes entre sí y distintas a
aquella en que se administre el resto de las aportaciones.”
Artículo segundo. Se reforma el párrafo primero
del artículo 7o. para quedar como sigue:
“Artículo 7o. Se entenderá por sociedades a
las sociedades de ahorro y préstamo y a las cooperativas de ahorro y préstamo a que hace
referencia la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y la Ley
General de Sociedades Cooperativas, respectivamente; así como a las sociedades civiles,
sociedades anónimas de capital variable, asociaciones civiles y sociedades cooperativas
de responsabilidad limitada, que hayan ofrecido y prestado servicios al público,
similares o equivalentes, a las actividades de ahorro y préstamo autorizadas.”
Artículo tercero. Se reforma la fracción II del
artículo 8o., para quedar como sigue:
“Artículo 8o. ...
I. ...
II. Haber
iniciado los trámites para efectuar los procesos de auditoría con el propósito de
determinar su insolvencia con antelación al 30 de noviembre de 2000 y que dichos procesos
se hubiesen pagado con recursos públicos o sean, en su caso, aprobados por el Comité
Técnico a que se refiere el artículo 3o. de esta ley, y/o haber presentado las denuncias
penales correspondientes y haber dejado de realizar actividades de ahorro y préstamo con
antelación al 30 de noviembre de 2000.”
Artículo cuarto. Se reforman las bases primera,
segunda y tercera del artículo 11, para quedar como sigue:
“Artículo 11. ...
...
...
Bases generales
Primera. Todo
ahorrador que tenga un saldo neto de ahorro igual o menor a $240,000.00 recibirá el 70%
de dicho saldo.
Segunda. Los
ahorradores cuyo saldo neto de ahorro rebase la cantidad de 240 mil pesos, podrán
apegarse al beneficio de la presente ley, para recibir el 70% de 240 mil pesos cediendo
sus derechos de crédito a favor del fideicomiso, de conformidad con lo establecido en la
base quinta del artículo 11 de esta ley.
Tercera. Para
los ahorradores que no se acojan a esta ley, quedarán a salvo sus derechos para ejercer
las acciones legales que correspondan.”
Artículo quinto. Se reforma y adiciona el
artículo 12 para quedar como sigue:
“Artículo 12. El Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001 dispondrá de una partida de 500
millones de pesos que se destinará para las acciones que el fideicomiso realice con el
propósito de apoyar el fortalecimiento de las sociedades que registren problemas graves
de liquidez y/o para apoyo al pago de los ahorradores.
De igual forma,
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2002, se
dispondrá de una partida de 1 mil millones de pesos, que se destinarán para los pagos a
ahorradores previstos en esta ley.”
Artículo sexto. Se reforma el artículo tercero y
cuarto transitorios, para quedar como sigue:
“ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. ...
Segundo. ...
Tercero. El periodo durante el cual operará el
fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y
cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores será de cuatro años
contados a partir del inicio de sus actividades o cuando se extinga su patrimonio en los
términos de esta ley, lo que ocurra primero.
...
Cuarto. Los pagos a los ahorradores afectados se
iniciarán a más tardar 10 días hábiles después del día en que se hayan cumplido los
requisitos previstos en esta ley y continuarán en el orden sucesivo en que se presenten
dichos ahorradores, efectuando pagos hasta agotar el patrimonio del fideicomiso conforme a
lo previsto al artículo 5o. de esta ley.”
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se
opongan a lo previsto por este decreto.
Tercero. El Comité Técnico del Fideicomiso
deberá publicar nuevamente dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del
presente decreto, el procedimiento conforme al cual se llevará a cabo el pago
correspondiente a que alude el artículo 11 de la ley, respetando las formalidades y
plazos consignados en este numeral para que el fideicomiso efectúe los pagos derivados de
sus fines.
Diputado Omar Fayad Meneses.»
«De reformas a
la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de
Sociedades Coo-perativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, presentada
por el diputado José Delfino Garcés Martínez, del grupo parlamentario del PRD, en la
sesión del martes 27 de noviembre de 2001.
CONSIDERANDO
Que los
ahorradores de diversas cajas de ahorro cooperativas y sociedades de ahorro y préstamo
fueron afectados en su patrimonio por acciones y omisiones del Gobierno Federal.
Que tanto por la
razón anteriormente expuesta como por el amplio número de afectados el Congreso de la
Unión tuvo a bien crear el fondo referido y proceder al resarcimiento hasta el 70% a
todos los afectados con hasta 190 mil pesos de ahorro e inversión mediante la aprobación
de la ley que nos ocupa.
Que al momento
de tomarse esa decisión el Gobierno Federal aseguró a los diputados que el resto de los
afectados podrían recuperar sus ahorros por vía de la liquidación de los bienes de
dichas sociedades y que hasta la fecha no se ha podido liquidar bien alguno y los
ahorradores no han recibido en consecuencia ningún pago.
Que el Gobierno
Federal por conducto de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público mantiene asegurados los bienes a nombre del apoderado legal
de las cooperativas de ahorro en 24 entidades federativas sin que se haya podido concluir
el proceso correspondiente por lavado de dinero y crimen organizado.
Que el proceso
que se sigue a José Cirilo Ocampo Verdugo, virtud al cual no han podido recuperar los
ahorradores de dichas cooperativas sus recursos habrá de ser ganado por la
autoridad responsable según la información oficial proporcionada y ello hará inviable
la operación del fideicomiso denominado FICAH establecido por el Gobierno anterior en
julio de 2000 puesto que los bienes ingresarán como lo manda la ley al dominio público.
Que en la ley en
comento el honorable Congreso dispuso se dotara al fondo de 500 millones de pesos
correspondientes al ejercicio del año 2001 para efectos de apoyar el fortalecimiento de
las sociedades que registren problemas graves de liquidez y/o solvencia.
Que hasta el
momento dichos recursos no han sido destinados al fondo ni éste ha ejercido ninguna
acción con el fin referido puesto que el propio Congreso ha resuelto por mandato de la
ley establecer el Banco Nacional de Ahorro Popular con esos fines.
Que según la
información que ha proporcionado tanto el FICAH como el Sistema de Bienes Asegurados a
los diputados los bienes asegurados representan al menos 490 millones de pesos y que como
se ha expuesto ingresarán al dominio público en el futuro:
Que los
ahorradores, como lo demuestra la auditoría ordenada por el Gobierno Federal son
ahorradores legítimos y no se derivan de sus depósitos operaciones delictuosas y que han
sido privados de su patrimonio indefinidamente por actos de particulares pero también y
de manera destacada, por las acciones de la autoridad por lo que se actualiza el principio
de la reparación del daño que el honorable Congreso de la Unión acertadamente
estableció en la ley de referencia.
Que se propone
la utilización de los 500 millones ya dispuestos por el honorable Congreso para
aplicarlos al pago de los ahorradores con inversiones superiores a los 190 mil pesos y a
cambio que el Gobierno Federal mantenga desde luego la totalidad de los bienes asegurados
comentados, a fin de resarcir completamente al erario público.
Que los 500
millones referidos se aplicarían para los casos de las sociedades incluidas en la ley de
conformidad a la proporción que establezca el Comité Técnico del Fideicomiso que
administrara el fondo que tuvo a bien establecer el honorable Congreso considerando la
disponibilidad de bienes proveniente de cada sociedad con los que pueda resarcirme al
erario público para evitar presiones adicionales a las finanzas públicas:
Que a dos meses
del término del ejercicio fiscal correspondiente al año 2001 los 500 millones referidos
no han sido aplicados por lo que es de concluirse que la urgencia de su utilización
en los fines originalmente previstos no se ha actualizado. Por lo que se propone que en
vez de ser devueltos a la Tesorería de la Federación se apliquen como se ha descrito
para subsanar el sentido discriminatorio que originalmente tuvo la ley en contra de
quienes tenían ahorros superiores a los 190 mil pesos a la luz de la información que
proporcionaba el gobierno anterior en cuanto a la existencia de los bienes referidos y a
los plazos próximos que se planteaban para la culminación de los juicios y
procedimientos a cargo de la autoridad federal.
Que la ley de
referencia estableció limitaciones para apoyar a sociedades distintas a las de Ahorro y
Préstamo y Cooperativas por lo que quedaron excluidos numerosos ahorradores que enfrentan
condiciones similares a las de aquellos que la ley en referencia permitió resarcir y que
debe hacerse un esfuerzo para dar trato igual a quienes resultaron afectados por problemas
similares.
Se presenta a su
consideración la siguiente iniciativa de reformas y adiciones a la ley en comento:
Artículo 11,
base tercera:
Tercera: Los
ahorradores cuyo saldo neto de ahorro rebase el equivalente a 19 veces el monto básico
podrán recibir la recuperación de dicho saldo con recursos provenientes de otras
fuentes, quedando a salvo sus derechos a ejercer las acciones legales que correspondan,
así como de los pagos que pueda acordar el comité técnico cuando existan los recursos
necesarios y se reúnan las condiciones que apruebe.
Artículo 12. El Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2001 dispondrá de una partida de 500
millones de pesos que se destinará a las acciones que el fideicomiso realice con el
propósito de apoyar el fortalecimiento de las sociedades que registren problemas graves
de liquidez y/o solvencia, así como para el pago a ahorradores previsto en el artículo
11 base tercera.
ARTICULOSTRANSITORIOS
Artículo séptimo. Para el caso de los recursos
previstos en el artículo 12 para el ejercicio fiscal de 2001 que no se hubiese ejercicio
con antelación al mes de octubre, el comité técnico podrá disponer su aplicación al
pago de los ahorradores previsto en el artículo 11 base tercera de la presente ley. En
ese caso, no serán necesarios los convenios que dispone el artículo 10 y el Comité
Técnico deberá publicar los procedimientos de pago antes del 31 de diciembre para
proceder al pago a los beneficiarios.
Los pagos que se
efectúen al amparo de esta disposición no podrán exceder en ningún caso el 70% del
saldo neto del ahorro del beneficiario, y de un monto de hasta 300 mil pesos.
Por otro lado,
existen algunas cajas de ahorro que con la fórmula jurídica de sociedades civiles o
mercantiles o aún de simples asociaciones, enfrentaron problemas similares a los de las
sociedades de ahorro y préstamo y cooperativas de ahorro popular e iniciaron
procesos de carácter penal y mercantil quedando, sin embargo fuera de los
preceptos de ley de referencia principalmente debido a que en ese entonces esta Cámara de
Diputados legisló con base a la información parcial e incompleta que le remitió
el Ejecutivo Federal a la fecha, una vez conocida la dimensión de dichos casos,
especialmente en los estados de Hidalgo, Sinaloa, Coahuila y Jalisco, se propone que se
repare la iniquidad que involuntariamente se generó al dar un trato diferente a
ahorradores afectados en circunstancias similares, de ahí que el Partido de la
Revolución Democrática presenta la iniciativa correspondiente para que en el Programa de
Apoyo a Entidades Federativas del ejercicio 2002 se transfieran a las entidades
federativas, afectadas la suma de 700 millones de pesos para sufragar el pago a los
ahorradores referidos ejerciendo dichos recursos con arreglo a lo que disponga el
presupuesto de Egresos de la Federación y las disposiciones aplicables de las
legislaturas estatales.
Palacio
Legislativo, a 27 de noviembre de 2001.— Diputado José Delfino Garcés Martínez.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a las comisiones de Fomento Cooperativo y
Economía Social y de Hacienda y Crédito Público.
ESTADO
DE ZACATECAS
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVII Legislatura.— Zacatecas.
Diputados
secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
De conformidad
con lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 32 y 41
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por este conducto me permito comunicar a
ustedes que, en sesión solemne de esta misma fecha, la LVII Legislatura del Estado Libre
y Soberano de Zacatecas dio inicio a su primer periodo de sesiones ordinarias, dentro del
segundo año de su ejercicio constitucional, quedando integrada la Mesa Directiva que
presidirá los trabajos del primer mes de la manera siguiente:
Diputados:
Santos Antonio González Esparza, presidente; Filomeno Pinedo Rojas, vicepresidente; Joel
Arce Pantoja, primer secretario; Ismael Murillo Murillo, segundo secretario.
Lo que hacemos
de su conocimiento para los efectos correspondientes.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Zacatecas,
Zacatecas, a 8 de septiembre de 2002.— La LVII Legislatura del Estado.— Diputado
Ismael Murillo Murillo, secretario.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVII Legislatura.— Zacatecas.
Diputados
secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Por este
conducto me permito comunicar a ustedes que, a partir del día 7 de los actuales mes y
año, el diputado profesor Marco Vinicio Flores Chávez asumió la presidencia de la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, órgano de gobierno de la LVII
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.
Lo que hago de
su conocimiento para los efectos correspondientes.
Les reitero las
seguridades de mi distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Zacatecas,
Zacatecas, a 9 de septiembre de 2002.— La LVII Legislatura del Estado.—
Licenciado José Guadalupe Rojas Chávez, oficial
mayor.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.— II Legislatura.
Diputada Beatriz
Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presente.
Por este
conducto me permito comunicar a usted que la Mesa Directiva que coordinará los trabajos
durante el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, correspondiente al periodo
comprendido del 1o. al 31 de octubre de 2002 quedó integrada por los siguientes
diputados:
Miguel Angel
Toscano Velasco, presidente; Fernando Espino Arévalo, Adolfo López Villanueva, Maximino
A. Fernández Avila, Lorena Ríos Martínez, vicepresidentes; Federico Mora Martínez,
Alicia Irina del Castillo Negrete y Barrera, secretarios; Marcos Morales Torres y Jaime
Guerrero Vázquez, prosecretarios.
Sin otro
particular, reitero a usted mi consideración atenta y distinguida.
Recinto
Legislativo, a 26 de septiembre de 2002.— Por la Mesa Directiva.— Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, presidente.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
BRASIL
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a esta Secretaría de Gobernación solicitando se
tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción
III apartado c del artículo 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el doctor Luis Ernesto
Derbez Bautista pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de Cruzeiro do
Sul en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República Federativa de
Brasil.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del
interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión solicitando el permiso respectivo,
copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su curriculum vitae y de la notificación en que le
comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Agradezco a
ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
24 de septiembre de 2002.— Licenciado M.
Humberto Aguilar Coronado, subsecretario.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a esta Secretaría de Gobernación solicitando se
tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción
III apartado c del artículo 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Rodolfo
Elizondo Torres pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de Cruzeiro do
Sul en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa de
Brasil.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del
interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión solicitando el permiso respectivo,
copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su curriculum vitae y de la notificación en que le
comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Agradezco a
ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
25 de septiembre de 2002.— Licenciado M.
Humberto Aguilar Coronado, subsecretario.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando se tramite ante
el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III apartado c del artículo 37 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para que la embajadora Amanda Mireya Terán Munguía pueda
aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul en grado de Gran
Cruz, que le confiere el Gobierno de la República Federativa de Brasil.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta de la
interesada dirigida al honorable Congreso de la Unión solicitando el permiso respectivo,
copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su curriculum vitae y de la notificación en que le
comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Agradezco a
ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
25 de septiembre de 2002.— Licenciado M.
Humberto Aguilar Coronado, subsecretario.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a esta Secretaría de Gobernación solicitando se
tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción
III apartado c del artículo 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el general de brigada
DEM José Armando Tamayo Casillas pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de
Río Branco en grado de Gran Cruz que le confiere el Gobierno de la República Federativa
de Brasil.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del
interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión solicitando el permiso respectivo,
copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su curriculum vitae y de la notificación en que le
comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Agradezco a
ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
24 de septiembre de 2002.— Licenciado M.
Humberto Aguilar Coronado, subsecretario.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
VENEZUELA
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante
el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado c del artículo 37 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para que el general de brigada DEM Jesús Ernesto Estrada
Bustamante, pueda aceptar y usar las condecoraciones de la Orden al Mérito “Estrella
de Carabobo” en su Unica Clase y de la Legión al Mérito Aeronáutico en su Segunda
Clase, que le confiere el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, los originales de las cartas del
interesado dirigidas al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso
respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su curriculum vitae y de las notificaciones en las que
se le comunica la intención de otorgarle las condecoraciones de que se trata.
Agradezco a
ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
27 de septiembre de 2002.—Licenciado M.
Humberto Aguilar Coronado, subsecretario.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
SECRETARIA
DE ECONOMIA
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
Presentes.
Se recibió en
esta Secretaría el oficio número 400.2002.0319 de fecha 17 del mes en curso, signado por
los ciudadanos María del Rocío Ruiz Chávez, subsecretaria de Comercio Interior de la
Secretaría de Economía y Francisco Javier Mayorga Castañeda, director en jefe de Apoyos
y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, mediante el que solicitan se les haga
llegar el informe trimestral relativo a la asignación y el ejercicio de las cuotas
mínimas libres de arancel acordadas por nuestro país en diversos tratados de libre
comercio; así como sobre las cuotas adicionales que se determinen en términos del
artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2002.
Por lo anterior
y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción XIV de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño el informe de
referencia.
Reitero a
ustedes la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
27 de septiembre de 2002.—Licenciado M.
Humberto Aguilar Coronado, subsecretario.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a las comisiones de
Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
LEY DE
AMNISTIA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Pasamos al
capítulo de iniciativas. En consecuencia, se ofrece el uso de la palabra a la diputada
Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa de Ley
de Amnistía para las personas que hubieren alterado la vida constitucional y la seguridad
pública por móviles de reivindicación social de los indígenas en la región Loxicha
del estado de Oaxaca.
La diputada Antonia Irma Piñeyro
Arias:
Con su permiso,
señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Iniciativa de
Ley de Amnistía para las personas que hubieren alterado la vida institucional y la
seguridad pública por móviles de reivindicación social de los indígenas de la región
Loxicha del estado de Oaxaca.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La vigencia de
la ley es un bien inestimable en toda sociedad. Ese es un principio que nos hemos
acostumbrado a valorar como ordenador de la vida social. No todos los seres humanos
estamos sometidos a la misma realidad ni tenemos por supuesto las mismas oportunidades de
optar por destinos dentro de satisfactores y normas establecidas y aceptadas por el orden
jurídico.
Muchos de
nuestros compatriotas han optado, suponemos que se han visto obligados a hacerlo, por
otras soluciones para su vida y la de los suyos. El elegir un camino diferente para
encauzar sus demandas, el decidir quebrantar las normas tiene motivos muy fuertes y
raíces muy hondas.
La necesidad de
ser escuchados, de plantear sus peticiones que nuestras leyes reconocen pero no siempre
facilitan, ha llevado a hermanos oaxaqueños a tomar las armas. Tal vez ignorando que la
violencia no es el camino fácil ni idóneo para la solución de problemas de cambio
estructural que necesitan de coyunturas apropiadas y voluntades conjuntas.
Aunque la
ignorancia de la ley no sirve de excusa para su incumplimiento, los legisladores tenemos
que tener presente que no siempre se les trató de acuerdo a su desigualdad económica,
social y cultural. La cuesta de la marginación, la pobreza, la falta de oportunidades, no
es fácil de remontar en situaciones adversas muy difíciles.
Estas
consideraciones no conllevan una disculpa, que no la hay para la violación de la ley,
pero sí a la comprensión de la desesperanza, a la explicación de conductas fuera del
marco legal que han sido inspiradas como reivindicación ante situaciones inequitativas,
son indígenas pobres entre pobres.
Tampoco
olvidamos la situación de las mujeres loxichas que han vivido ancestralmente en la
marginación, monolingües en su mayoría, con un elevado índice de analfabetismo,
múltiples embarazos, desnutrición y excesivas jornadas de trabajo. Que se han visto
enfrentadas a situaciones que les obligaron a tomar actitudes sin precedentes en sus vidas
de usos y costumbres. El temor las desplazó de la vida comunitaria, resquebrajó los
lazos tradicionales, las dejó a un lado del devenir cotidiano, lo cual significó otra
forma de violencia.
La historia nos
habla sólo de los hombres. Cinco años de investigaciones, actuaciones y testimonios no
nos refieren el destino de estas mujeres loxichas que tomaban el lugar de los hombres de
su familia y además se organizaron en comités para luchar por su libertad, en medio del
temor y la discriminación.
Si bien los
procesos a quienes delinquieron en la región Loxicha del estado de Oaxaca los estamos
revisando bajo la perspectiva de la justicia y los derechos humanos, tenemos claro que la
posible excarcelación bajo la forma que sea, debe ser realizada sólo por las vías
jurídicas correspondientes dentro de la técnica legal más inobjetable, para no
violentar un Estado de Derecho que a todos debe proteger.
La paz como bien
de la comunidad debe ser preservada mediante los medios que nuestra Constitución
Política nos proporciona. Entendemos que una ley es medio apropiado para curar las
heridas de un grupo humano que ha sido lastimado por la historia y soslayado por el
desarrollo. Se han girado cientos de órdenes de aprehensión para sus integrantes. Hay
que dejar claro que una amnistía general es un asunto de Estado, que impacta a la
sociedad y a las autoridades competentes para su aplicación. Por lo cual proponemos un
proyecto específico, diseñado de la manera que creemos más apropiada para su acuciosa
delimitación que facilite la reinserción de los involucrados de manera pacífica en sus
familias, comunidades, municipios y regiones.
En el marco de
este espíritu conciliador y por iniciativa del gobernador de la entidad, José Murat, la
LVIII Legislatura del Estado de Oaxaca, aprobó el 8 de diciembre del año 2000 una Ley de
Amnistía para el Estado de Oaxaca, para los delitos del ámbito estatal, por la cual
obtuvieron la libertad 214 personas comprendidas en sus supuestos. Asimismo, se exhortó a
este honorable Congreso de la Unión, a fin de que legisle en términos similares para
brindar amnistía por delitos del orden federal.
El proyecto de
Ley de Amnistía para las personas que hubieren alterado la vida institucional y seguridad
pública por móviles de reivindicación social de los indígenas de la región Loxicha
del estado de Oaxaca, es un texto que acota los sujetos, el espacio y el tiempo y se
refiere a delitos del orden federal.
La intención es
que su aplicación sea cierta, eficiente y no se presente la posibilidad de hacer una
interpretación extensiva a casos que no estén comprendidos en esta iniciativa, cuyo
objetivo es el logro de la distensión y la paz social en el estado.
Es por eso que
en esta iniciativa de Ley de Amnistía, se ha tenido en cuenta la necesidad de una
definición clara de los tres elementos enunciados: a) sujetos, b) ámbito espacial de
aplicación de la norma y, c) delimitación del tiempo que comprenderán los actos objeto
de esta ley.
a) Los sujetos
de esta norma serán los enunciados en el título, es decir, las personas que impulsadas
por motivaciones sociales cometieron actos presuntamente delictivos que alteraron la
seguridad y la normalidad de las instituciones y de la sociedad.
b) El ámbito
espacial queda delimitado en el artículo 1o., de la región Loxicha del estado de Oaxaca,
relacionándose en el texto los municipios en los cuales ocurrieron los hechos que motivan
esta iniciativa de ley.
c) El tiempo se
establece en el artículo 4o., que comprenderá los hechos ocurridos a partir del 28 de
agosto de 1996 hasta la fecha de la comisión del último presunto delito por parte de las
personas cuyos expedientes penales son objeto de esta iniciativa.
Por lo expuesto
fundado y motivado de acuerdo a las facultades que otorga a esta honorable Cámara de
Diputados, el artículo 73 fracción XXII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los
tribunales de la Federación, me permito presentar el
PROYECTO DE LEY DE AMNISTIA
Para las
personas que hubieren alterado la vida institucional y la seguridad pública por móviles
de reivindicación social de los indígenas de la región Loxicha del estado de Oaxaca.
Artículo 1o. Se decreta amnistía a favor de
todas aquellas personas que hubieren alterado la vida institucional y seguridad pública
por móviles de reivindicación social de los indígenas de la región Loxicha del estado
de Oaxaca, formando parte de grupos armados, participando en los hechos ocurridos en La
Crucecita y Santa Cruz, ambos del municipio de Santa María Huatulco, Macuilxóchitl,
municipio de Tlacolula y en los municipios de Tlaxiaco y San Agustín Loxicha, todos del
estado de Oaxaca, y hayan incurrido en conductas tipificadas por la ley como delitos
federales, como consta en los expedientes instaurados a este respecto y contra los cuales
se hayan ejercitado o pudiera ejercitarse acción penal ante los tribunales del Poder
Judicial de la Federación.
Artículo 2o. La aplicación de esta ley
comprenderá los casos concretos de las personas que, como consecuencia de acciones
ministeriales o judiciales, se encuentren en las siguientes hipótesis:
a) Personas
privadas de su libertad por sentencia ejecutoriada;
b) Personas
privadas de su libertad por sentencia que aún no haya causado ejecutoria;
c) Personas
privadas de su libertad y sujetas a proceso;
d) Personas en
libertad provisional, bajo caución y sujetas a proceso;
e) Personas a
favor de las cuales se haya dictado auto de libertad con las reservas de ley por parte del
juez de la causa en forma directa, por su superior o por cualquiera de ellos, en
cumplimiento a una resolución de un tribunal federal;
f) Personas en
contra de las cuales exista librada orden de aprehensión y
g) Personas en
contra de las cuales se esté integrando averiguación previa.
Artículo 3o. La aplicación de esta ley
comprenderá los hechos ocurridos entre el 28 de agosto de 1996 hasta la entrada en vigor
de la presente ley.
Artículo 4o. Las personas que al momento de
entrar en vigor la presente ley se encuentren sustraídas a la acción de la justicia
dentro o fuera del país por los motivos a que se refiere el artículo anterior, podrán
beneficiarse de la amnistía condicionada a la entrega, si las tuvieran de todo tipo de
instrumentos: armas, explosivos u otros objetos empleados en la comisión de las conductas
tipificadas como delitos, previa solicitud ante las autoridades competentes dentro del
plazo de 120 días contados a partir de la iniciación de la vigencia de la presente ley.
Artículo 5o. La amnistía extingue las acciones
penales y las sanciones impuestas respecto de las personas y delitos que comprenden
dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan
exigirlas.
Artículo 6o. Se guardará confidencialidad
respecto a la identidad de los amnistiados quienes quedarán sin antecedentes penales
respecto de los delitos motivo de esta ley.
Artículo 7o. En cumplimiento a lo dispuesto por
esta ley, las autoridades judiciales y administrativas observarán su exacta aplicación
en el ámbito de sus respectivas competencias. El Ministerio Público Federal declarará
extinguida la acción persecutoria en las averiguaciones previas, la autoridad judicial
sobreseerá los procesos en trámite y revocará las órdenes de aprehensión libradas y
la autoridad ejecutora de la pena pondrá en inmediata libertad a los beneficiados que
estén a su disposición.
Artículo 8o. Para el caso de las personas que se
encuentren en el supuesto de esta ley y hayan promovido juicio de amparo contra las
determinaciones emanadas para los hechos a que se contrae la misma, es deber de las
autoridades responsables remitir copia certificada de las actuaciones levantadas con
motivo de la aplicación de la presente a los tribunales que tramiten los juicios de
amparo para los efectos legales consiguientes.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Esta ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. La presente ley será difundida a través
de los medios de comunicación en todo el territorio del estado de Oaxaca y deberá
fijarse en bandos en las diversas poblaciones de la entidad, tanto en idioma español o en
las lenguas indígenas de cada región.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 8 de octubre de 2002.— Firman los diputados por
Oaxaca: Abel Trejo González, Jaime Larrazábal
Bretón, Lilia Mendoza Cruz, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Cándido Coheto Martínez, Miguel
Angel Moreno Tello, Angel Artemio Meixueiro González, José Soto Martínez, Edith Escobar
Camacho, diputados del Partido Verde Ecologista, del Partido del Trabajo, del Partido
de la Revolución Democrática y un buen número de diputados del PRI.
Es cuanto,
señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias,
diputada.
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
CODIGO
PENAL FEDERAL
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
el diputado Gumercindo Alvarez Sotelo, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para
presentar una iniciativa que adiciona el Capítulo VII, así como el artículo 23-bis al
Título Primero del Código Penal Federal.
El diputado Gumercindo Alvarez Sotelo:
Gracias, señora
Presidenta; honorable Asamblea; compañeras y compañeros diputados:
Los suscritos,
diputados federales de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a su
consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de decreto
por el que se adiciona un Capítulo VII, así como un artículo 23-bis al Título Primero
del Código Penal Federal a efecto de establecer como circunstancia agravante de cualquier
delito cuando la comisión de dicha conducta delictiva haya sido motivada por cuestiones
de índole discriminatorio.
Acción Nacional
siempre ha sostenido, la persona humana tiene una inminente dignidad y un destino
espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben
asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente este
destino.
En efecto, el
ser humano es una persona con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus
propias acciones y con derechos universales, inviolables e inalienables a los que
corresponden obligaciones inherentes a la naturaleza humana individual y social.
Por su dignidad,
los hombres, iguales por naturaleza, no deben ser reducidos a la categoría de mero
instrumento de personas, grupos o instituciones privada o públicas, con menoscabo de su
propio destino por cuestiones étnicas nacionales, de género, condición social, estado
civil, religión, entre otras pues toda persona tiene derechos y la obligación de
ejercitar responsablemente su libertad e igualdad para crear, gestionar, aprovechar las
condiciones políticas, sociales y económicas para una mejor convivencia humana.
El respeto a las
prerrogativas que la dignidad a la persona humana impone es esencial para la vida de toda
sociedad, es por ello que en un Estado en el que la vida las formas esenciales de la
libertad, la igualdad y la propiedad de los ciudadanos no se encuentren garantizadas con
firmeza, se considera intolerable.
Por tal motivo
es obligación ineludible de todos y cada uno de nosotros respetar la dignidad y la
libertad de las demás personas y cooperar no sólo a la conservación, sino también al
desenvolvimiento de un orden social justo que armonice los aspectos individuales y
sociales de la vida humana. Asimismo, se hace necesario propiciar la convivencia justa,
libre y ordenada entre las personas con miras a lograr su perfeccionamiento.
Actualmente el
máximo ordenamiento de nuestro país prevé en su artículo primero la garantía de
igualdad de todos los individuos que se encuentren en territorio nacional, sin distinción
alguna por cuestiones de nacionalidad, origen étnico, raza, religión, sexo, condiciones
sociales, económicas, opiniones, estado civil o cualquier otra.
En tal sentido
debemos señalar que la igualdad como garantía individual constituye un elemento
consustancial al individuo en su situación de persona humana frente a sus semejantes,
independientemente de sus condiciones particulares que igual pudiese reunir en otras
palabras.
La garantía de
igualdad constituye una situación negativa en toda diferencia entre los hombres
proveniente de circunstancias y atributos originarios emanados de la propia personalidad
humana en particular, por lo que esta garantía es inherente a todo hombre desde que nace;
es así que en nuestros días la igualdad la podemos concebir como un principio de
no discriminación.
En este sentido,
diversas han sido las definiciones que se le han conferido a la discriminación; sin
embargo, en términos prácticos por discriminación podemos entender todo aquel acto que
basado en prejuicios, convicciones u omisiones relacionadas con el sexo, raza, pertenencia
étnica, color de piel, nacionalidad, lengua, religión, creencias políticas, origen y
condición social o económica, estado civil, estado de salud, trabajo o profesión,
carácter físico, preferencias, discapacidad física, intelectual o sensorial o una
combinación de éstas u otros atributos que generen injustamente la anulación, menoscabo
o la restricción del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, las
libertades fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las personas.
En este orden de
ideas bien es sabido que la discriminación constituye hoy en día un fenómeno complejo
con múltiples vertientes que puede tener lugar en la escala social, económica,
política, cultural, jurídica, civil o cualquier otra de la vida pública o privada, el
cual tiene presencia en todas partes del mundo manifestándose en algunos lugares de
manera más aguda que en otros.
En tal contexto,
debemos señalar que a nivel internacional la lucha contra la discriminación ha
emprendido por la comunidad internacional, tiene su punto de partida en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948 adoptada y proclamada por la resolución de la
Asamblea General de la ONU.
En la
exposición de motivos anexo una serie de argumentos ya ratificados por el Senado de la
República, son convenios internacionales en la materia que en la exposición de motivos
puesta a su consideración podrán conocer a detalle.
Como resultado
de estos esfuerzos y por la mayoría de los países integrantes de la comunidad
internacional, las cláusulas de no discriminación incluidas en la mayoría de las
constituciones del mundo han llegado a constituir instrumentos jurídicos fundamentales
que permiten concretar el principio general de igualdad entre los hombres.
En tal sentido,
nuestro país reconoce y concurre que desde varias décadas en esta convicción
internacional en la que la dignificación y el respeto e igualdad de la persona humana
como tal constituye un derecho humano y que por tanto el Estado se encuentra obligado a
proteger y garantizar las condiciones de igualdad que deben existir entre todas las
personas, independientemente de creencias, razas, condiciones sociales, entre otros
factores. Sin embargo, a pesar de la participación de México en diversos convenios,
pactos y pronunciamientos internacionales en contra de las prácticas discriminatorias,
hasta el momento nuestro país no ha quedado al margen de dichas prácticas tendientes a
menoscabar la igualdad y dignidad de las personas, pues desgraciadamente el daño que con
el paso del tiempo han causado estas prácticas en México es tan agudo que no sólo ha
logrado impedir el pleno desarrollo de la persona humana y las formas de convivencia
social, sino que consecuentemente continúa afectando hasta nuestros días la estructura
fundamental de nuestras instituciones.
Abrevio varias
hojas de esta exposición de motivos solamente para solicitarles su aprobación a esta
iniciativa y decirles que Acción Nacional en un afán de congruencia con sus ideales
proclamados desde 1939 y en la prevención y lucha contra toda forma de discriminación en
nuestro país, así como el respeto a la dignidad e igualdad humana como unidad
indisoluble de toda persona, se presenta con todo respeto a consideración de esta Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto con el que se
adiciona un capítulo VII, así como un artículo 23-bis al Título Primero del Código
Penal Federal, a efecto de establecer como circunstancia agravante de cualquier delito
cuando la comisión de dicha conducta delictiva haya sido motivada por cuestiones de
índole discriminatorio.
Artículo único. Se adiciona un capítulo VII
así como un artículo 23-bis al Título Primero del Código Penal Federal, para quedar
como sigue:
“Capítulo
VII, de las circunstancias que agravan la responsabilidad. Artículo 32-bis: las
penas previstas a los delitos contemplados en el presente código, se aumentarán hasta en
una cuarta parte cuando éstos sean cometidos por motivos de origen étnico o nacional,
género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud,
religiones, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otro que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.
Firman la
presente iniciativa: diputada Beatriz Grande, diputada Alba Leonila, diputada Silvia
Alvarez Bruneliere y el de la voz.
Muchas gracias,
con su permiso.
«Ciudadano
Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.— Presente.
Los suscritos,
diputados federales de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a la
consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de decreto
por el que se adiciona un Capítulo VII así como un artículo 23-bis al Título Primero
del Código Penal Federal, a efecto de establecer como circunstancia agravante de
cualquier delito, cuando la comisión de dicha conducta delictiva haya sido motivada por
cuestiones de índole discriminatorio, fundamentada al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Acción Nacional
siempre ha sostenido: “La persona humana tiene una inminente dignidad y un
destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus
órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir
dignamente ese destino”.
En efecto, el
ser humano es una persona con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad
sobre sus propias acciones, y con derechos universales, inviolables e inalienables, a los
que corresponden obligaciones inherentes a la naturaleza humana individual y social.
Por su dignidad,
los hombres, iguales por naturaleza, no deben ser reducidos a la categoría de mero
instrumento de personas, grupos o instituciones privadas o públicas, con menoscabo de su
propio destino, por cuestiones étnicas, nacionales, de género, condición social,
estado civil, religión, entre otras, pues toda persona tiene el derecho y
obligación de ejercitar responsablemente su libertad e igualdad, para crear, gestionar y
aprovechar las condiciones políticas, sociales y económicas, para una mejor convivencia
humana.
El respeto a las
prerrogativas que la dignidad de la persona humana impone, es esencial para la vida de
toda sociedad, es por ello que un Estado en el que la vida, las formas esenciales de la
libertad, la igualdad y la propiedad de los ciudadanos no se encuentran garantizadas con
firmeza, se considera intolerable.
Por tal motivo,
es obligación ineludible de todos y cada uno de nosotros, respetar la dignidad y la
libertad de las demás personas y cooperar no sólo a la conservación, sino también al
desenvolvimiento de un orden social justo que armonice los aspectos individuales y
sociales de la vida humana, asimismo, se hace necesario propiciar la convivencia justa,
libre y ordenada entre las personas, con miras a lograr su perfeccionamiento.
Actualmente, el
máximo ordenamiento jurídico de nuestro país, prevé en su artículo primero, la
garantía de igualdad de todos los individuos que se encuentren en territorio
nacional, sin distinción alguna por cuestiones de nacionalidad, origen étnico,
raza, religión, sexo, condiciones sociales o económicas, opiniones, estado civil y
cualquier otra.
En tal sentido,
debemos señalar que la igualdad como garantía individual, constituye un elemento
consustancial al individuo en su situación de persona humana frente a sus semejantes,
independientemente de sus condiciones particulares que aquél pudiese reunir; en otras
palabras, la garantía de igualdad, constituye una situación negativa de toda diferencia
entre los hombres, proveniente de circuns- tancias y atributos originarios emanados de la
propia personalidad humana en particular, por lo que ésta garantía, es inherente a todo
hombre desde que nace. Es así que en nuestros días, la igualdad la podemos concebir,
como un principio de no discriminación.
En ese sentido,
diversas han sido las definiciones que se le han conferido a la discriminación, sin
embargo, en términos prácticos, por discriminación podemos entender todo
aquel acto que basado en prejuicios, convicciones u omisiones relacionadas con el sexo,
raza, pertenencia étnica, color de piel, nacionalidad, lengua, religión, creencias
políticas, origen y condición social o económica, estado civil, estado de salud,
trabajo o profesión, carácter físico, preferencias, discapacidad física, intelectual o
sensorial, o una combinación de estos u otros atributos, que genere injustamente la
anulación, menoscabo o la restricción del reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las
personas.
En éste orden
de ideas, bien es sabido que la discriminación constituye hoy en día, un fenómeno
complejo y con múltiples vertientes, que puede tener lugar en la escala social,
económica, política, cultural, jurídica, civil, o en cualquier otra de la vida pública
o privada; el cual tiene presencia en todas partes del mundo, manifestándose en
algunos lugares de manera más aguda que en otros.
En tal contexto,
debemos señalar que a nivel internacional, la lucha contra la discriminación emprendida
por la comunidad internacional, tiene su punto de partida en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, adoptada y proclamada por la Resolución de la
Asamblea General de la ONU 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948 la cual proclama,
entre otras cosas, los siguientes postulados en materia discriminatoria:
• Todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. (artículo
1o.)
• Toda
persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición. (artículo 2o.)
• Todos son
iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta
declaración y contra toda provocación a tal discriminación. (artículo 7o.)
Esta
declaración, constituyó el punto de partida para que la comunidad internacional
comenzara a realizar diversos convenios, pactos y pronunciamientos en contra de
cualquier acción y practica discriminatoria o circunstancias que vulnere el principio de
igualdad entre las personas.
Entre los
principales convenios, pactos y pronunciamientos a nivel internacional, destacan la
Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial del 20 de noviembre de 1963; la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial del 21 de diciembre de
1965; el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales del 16 de
diciembre de 1966; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 21 de
diciembre de 1966; Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia
y Discriminación Fundadas en la Religión o Convicciones del 25 de noviembre de 1981;
Como resultado
de todos estos esfuerzos realizados por la mayoría de los países integrantes de la
comunidad internacional, las cláusulas de no discriminación, incluidas en la mayoría de
las constituciones del mundo, han llegado a constituir instrumentos jurídicos
fundamentales que permiten concretar el principio general de igualdad entre los hombres.
En tal sentido,
nuestro país, reconoce y concurre desde hace varias décadas de ésta convicción
internacional, en la que la dignificación y el respeto e igualdad de la persona humana
como tal constituye un derecho humano y que, por tanto, el estado se encuentra obligado a
proteger y garantizar las condiciones de igualdad que deben existir entre todas las
personas, independientemente de creencias, razas, etnias, condiciones sociales, entre
otros factores.
Sin embargo, a
pesar de la participación de México, en diversos convenios, pactos y
pronunciamientos internacionales en contra de las prácticas discriminatorias, hasta el
momento, nuestro país no ha quedado al margen de dichas prácticas tendientes a
menoscabar la igualdad y dignidad de las personas, pues desgraciadamente, el daño que con
el paso del tiempo han causado las prácticas discriminatorias en México, es tan agudo
que no sólo ha logrado impedir el pleno desarrollo de la persona humana y las formas de
convivencia social, sino que consecuentemente continua afectando, hasta nuestros días, la
estructura fundamental de nuestras instituciones así como el tejido social básico de
nuestro país, elementos que constituyen la base fundamental de nuestra unidad nacional.
Es por ello, que
preocupados por tal situación y conscientes de que nuestro país es producto de la unión
de pueblos y culturas diferentes, en donde la unidad nacional no puede sustentarse en la
imposición de una cultura sobre las demás, sino que debe ser el resultado de la
colaboración fraterna entre los distintos pueblos y comunidades que integran nuestra
nación, el Constituyente Permanente estableció en el artículo 1o. de nuestra Ley
Fundamental, por primera vez en la historia del constitucionalismo mexicano, una cláusula
relativa a la discriminación, la cual prohíbe toda forma de discriminación motivada por
origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Dicha acción
legislativa se encontró principalmente motivada y enfocada en nuestros indígenas, los
cuales históricamente, han sido afectados por la desigualdad, marginación, falta
de identidad plena, falta de educación y oportunidades de desarrollo y demás actos de
naturaleza discriminatoria, llegando a representar sin lugar a dudas, un gran avance en el
reconocimiento constitucional del principio de no discriminación entre las personas así
como el afianzamiento del principio de igualdad por la ley y ante la ley, que debe
existir entre todas las personas.
No obstante lo
anterior, dicho avance constituye sólo el primer paso de un camino largo que se tendrá
que recorrer en todos los ámbitos y contextos que encierra el sistema jurídico, social,
económico y político de nuestro país, a efecto de poder lograr el pleno desarrollo de
la persona humana, pues los actos discriminatorios se encuentran tan diversificados
que pueden tener lugar en todas las vertientes, espacios y circunstancias tanto de la vida
pública como de la vida privada.
Si bien es
cierto que México ha modernizado su marco normativo constitucional en materia de
igualdad, ampliando su tutela jurídica contra cualquier conducta discriminatoria, no
debemos dejar pasar inadvertido determinadas circunstancias que impiden la realización
plena de dicha prerrogativa constitucional, tales como la escasez de disposiciones legales
que en cumplimiento de lo establecido en el artículo primero constitucional, se encarguen
de prevenir y en su caso sancionar la comisión de toda conducta que haya sido
motivada por cuestiones de índole discriminatorio, garantizando de manera eficaz los
derechos de igualdad que deben prevalecer entre todos los gobernados sin distinción
alguna.
Por tal motivo,
es obligación del Estado, seguir avanzando en todas las materias y ámbitos
existentes, especialmente en el plano legislativo, para poner fin a la situación de
la discriminación que padecen actualmente un número considerable de las personas en
nuestro país, principalmente nuestros indígenas, y poder aspirar a un país que
verdaderamente vele por la observancia al principio de igualdad y el respeto a los
derechos humanos de todos los gobernados que formamos parte de éste indisoluble vínculo
llamado Estado, pues no debemos olvidar que del reconocimiento relativo a la no
discriminación, que hace nuestra Carta Magna en su artículo 1o. deriva para el Estado, a
través de los poderes de la Unión, un compromiso ineludible de acciones tendientes a
prevenir, desalentar y en su caso sancionar a través de medidas protectoras en los planos
de lo jurídico, económico, político y social, toda práctica que atente o menoscabe la
dignidad e igualdad entre las personas.
Compromiso que
como legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, no hemos querido
dejar pasar por alto, motivo por el cual se presenta ante ésta soberanía la
presente iniciativa, la cual se creó con el propósito de combatir este agudo
problema que atañe a toda la sociedad y que consideramos que constituirá un avance
significativo en la búsqueda de soluciones a ésta grave situación social que aqueja
preocupantemente a un sector considerable en nuestro país, como los son nuestros
indígenas, marginados, analfabetas, ancianos, grupos altamente vulnerables, entre otros.
Conscientes de
la necesidad de establecer dentro del ámbito de nuestra competencia, los mecanismos
jurídicos necesarios, para combatir de manera enérgica el problema de la discriminación
en nuestro país, se propone establecer dentro del Código Penal Federal, una
circunstancia agravante aplicable a cualquier delito de orden federal tipificado por el
Código Penal Federal, la cual se actualizará en el caso de que la comisión de un
determinado delito halla sido motivada por cuestiones de índole discriminatorio referidas
al origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Dicha
agravante tendrá por efecto incrementar la pena respectiva, hasta en una cuarta parte.
A través de
ésta medida legislativa, se estaría en posibilidad de poder castigar de manera
más severa al sujeto activo de un determinado delito, que haya motivado y guiado su
actuar delictivo, por cuestiones de índole discriminatorio, pues independientemente del
daño causado por la comisión de la conducta delictiva determinada, dicha conducta
también vulnera de manera directa los valores fundamentales que posee cualquier
persona por el solo hecho de serlo, tales como el respeto a los derechos humanos, a la
dignidad y la igualdad ante la ley.
Cabe señalar
que a nivel internacional, algunos códigos penales y disposiciones legales de diversos
países ya contemplan éste tipo de agravantes de naturaleza penal, las cuales se
actualizan ante el caso de que la realización de una determinada conducta delictiva sea
motivada por cuestiones discriminatorias, referidas a la raza, la etnia, ideología,
religión, sexo, entre otros factores. Entre las principales legislaciones penales que
prevén dicha situación podemos encontrar las siguientes: el Código Penal español, en
su artículo 22 numeral 4o. del Código Penal colombiano en su artículo 58 numeral 3o.,
la Ley 23.592 de la Penalización de Actos Discriminatorios de la República de
Argentina en su artículo 2o., entre otras.
Es importante
señalar que a efecto de evitar posibles problemas de interpretación competencial que se
pudieren suscitar con la presente iniciativa, en el sentido de que el legislar en el
ámbito penal, cuestiones de índole discriminatorio corresponde al ámbito local, tal y
como lo prevén algunas constituciones de las entidades federativas de nuestro país, como
la de Chiapas en su artículo 13 párrafo décimo, la de Oaxaca en su artículo 16
párrafo tercero, la de Campeche en su artículo 7o. párrafo sexto, entre otras, la
presente iniciativa se ha enfocado a establecer la discriminación, únicamente como una
circunstancia agravante aplicable a cualquier delito, sin que ello signifique que se
esté legislando directamente sobre el tipo penal en materia discriminatoria, pues es
importante aclarar que con la presente propuesta, no se esta creando una conducta
típica, antijurídica, culpable y punible que sancionan las leyes penales, en materia
discriminatoria, sino que solamente se pretende conceptualizar una determinada
circunstancia, que en caso de concurrir tendría como efecto el incremento de la penalidad
prevista para el delito en que se haya actualizado ésta circunstancia, tal y como
lo prevé en otros casos el propio Código Penal Federal, como en el caso del delito de
abuso sexual, cuando se haya empleado violencia física o moral para su comisión, sin que
ello signifique que se éste legislando directamente sobre la materia de violencia física
o moral, tal y como sucede en el caso que nos ocupa.
Con tal
propuesta, nuestro país se encontraría en posibilidad de dar un paso fundamental
en la lucha contra todas las formas de discriminación existentes actualmente en México,
así como se estaría reafirmando el compromiso de nuestro país contraído ante la
comunidad internacional en la lucha contra la realización de éstas conductas, con miras
a lograr la realización personal y el pleno desarrollo de nuestros gobernados, lo cual
redituará en la conformación de una verdadera unidad nacional, con independencia de la
pluralidad cultural, étnica, racial, social, religiosa, económica, intelectual existente
en nuestro país.
Señoras y
señores diputados, estamos convencidos que el recto ejercicio de la autoridad tiene por
fin la realización del bien común, que simultáneamente implica la seguridad y la
justicia. Estos son elementos esenciales que le corresponde garantizar y fortalecer al
Estado, y en particular a nosotros como legisladores, los cuales sólo se podrán
garantizar en la medida en que se encamine el conjunto de nuestras acciones así
como las de la sociedad, en la generación de las condiciones jurídicas, sociales,
económicas, culturales y políticas que las posibiliten.
Es por ello
compañeros diputados, que en un afán de congruencia con los ideales proclamados por
Acción Nacional, en la prevención y lucha contra toda forma de
discriminación en nuestro país así como en el respeto a la dignidad e igualdad humana
como unidad indisoluble de toda persona, se presenta con todo respeto a
consideración de ésta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente
INICIATIVA DE DECRETO
Por el que se
adiciona un Capítulo VII así como un artículo 23-bis al Título Primero del Código
Penal Federal, a efecto de establecer como circunstancia agravante de cualquier delito,
cuando la comisión de dicha conducta delictiva haya sido motivada por cuestiones de
índole discriminatorio.
Artículo único. Se adiciona un Capítulo VII
así como un artículo 23-bis al Título Primero del Código Penal Federal, para quedar
como sigue:
Artículo 1o. al
23. . .
CAPITULO VII
De las circunstancias que agravan la responsabilidad.
Artículo 23-bis. Las penas previstas a los
delitos contemplados en el presente Código se aumentarán hasta en una cuarta parte
cuando éstos sean cometidos por motivos de origen étnico o racial, género, edad,
capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión,
opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Artículo 24 al
429. . .
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 8 de octubre de 2002. Diputados: Gumercindo Alvarez Sotelo y Silvia Alvarez Bruneliere.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos.
El diputado Gumercindo Alvarez Sotelo:
Perdón, señora
Presidenta, quisiera solicitar el turno también para la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se turna entonces a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables. Es a comisiones unidas.
CODIGO
FISCAL
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
la diputada Petra Santos Ortiz, para presentar una proposición con punto de acuerdo que
reforma el Código Fiscal de la Federación. Una iniciativa.
Corrige esta
Presidencia, es una iniciativa de ley que reforma el Código Fiscal de la Federación.
La diputada Petra Santos Ortiz:
Con su permiso,
señora Presidenta:
Iniciativa de
decreto que adiciona una fracción VI-bis al artículo 105 del Código Fiscal de la
Federación para evitar el indiscriminado decomiso generalizado de toda clase de
vehículos en las regiones fronterizas de la República Mexicana.
La suscrita
diputada Petra Santos Ortiz, integrante de la LVIII Legislatura propone la siguiente
iniciativa.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La migración
internacional es uno de los grandes fenómenos globales de nuestros días; la mayoría de
los movimientos poblacionales en todas las regiones geográficas del mundo tienen como
objetivo primordial la búsqueda de mejores condiciones de vida, a este proceso social le
subyacen diversos y complejos factores estructurales entre los cuales se incluyen
fundamentalmente las diferencias económicas y sociales entre las naciones.
La creciente
interdependencia económica y las intensas relaciones e intercambio de todo tipo
establecido entre los diversos países, también influyen en este fenómeno diversos
factores que dan lugar a movimientos de población en condiciones forzosas o
involuntarias, prácticamente ningún país, como tampoco ninguna región del mundo,
escapa a la dinámica de las migraciones o puede mantenerse ajeno a sus resultados y
consecuencias.
Nuestro país,
además de ser territorio de destino y tránsito de la migración internacional, es país
de origen de cuantiosos flujos migratorios hacia Estados Unidos, con nuestros vecinos del
norte compartimos una frontera de casi 4 mil kilómetros, en ella se registran alrededor
de 310 millones de cruces al año, lo que revela el intenso y complejo entramado de
contactos humanos que se desarrollan en esa zona.
En lo que
corresponde a los migrantes mexicanos que forman la corriente migratoria a Estados Unidos,
estos no constituyen un conjunto homogéneo sino que forman diversos grupos relativamente
diferenciales, entre estos grupos se puede incluir por su importancia los siguientes:
A) Individuos
con residencia más o menos fija en el vecino país del norte, residentes.
B) Los
trabajadores migratorios sin residencia fija en ese país pero que regularmente entran y
salen del territorio norteamericano, una o muchas veces al año.
Los dos tipos de
trabajadores migrantes, particularmente aquellos que por su necesidad de trabajo cruzan la
frontera varias veces a la semana, y aquí es donde entra su vía crucis para estas familias y que emplean para
dicha acción un automóvil comprado en Estados Unidos, enfrentan, por este solo hecho,
infinidad de problemas con personal de aduanas, las cuales comúnmente terminan
desfavorablemente para este tipo de migrantes con el decomiso de su vehículo y con el
establecimiento de responsabilidades administrativas y fiscales en su contra al no poder
comprobar las condiciones de residencia en los Estados Unidos, tal como lo establece
el Código Fiscal de la Federación.
La acusación de
contrabando y de importación ilegal de mercancía extranjera no sólo desata una
persecución abierta sobre el migrante y su propiedad, sino que incluso desata todo un
tipo de terrorismo fiscal que socava la convivencia social en la frontera, dejando a
miles de trabajadores que realizan sus actividades productivas en Estados Unidos en
indefensión, limitando además sus posibilidades de traslado propio a dicho país
dependiendo para ello de las innumerables flotillas de vehículos particulares situados en
la franja fronteriza que cobran un ojo de la cara por prestar dicho servicio.
La magnitud del
problema es sumamente relevante ya que el decomiso de los automóviles de estos mexicanos
que viven en la frontera norte desde Tijuana hasta la frontera de Tamaulipas, pasando por
Ciudad Juárez y Piedras Negras, ha provocado la existencia de más de 20 mil
procedimientos administrativos en materias aduaneras.
La existencia de
este fenómeno, producto de una visión limitada del gobierno y de sus operadores con
relación a la problemática que produce nuestra interdependencia con la primera economía
del mundo en aquellos lugares, que por su ubicación geográfica son zonas directas de
intercambio económico y social como lo son las zonas fronterizas, lastima profundamente a
la población de estos lugares ya que no pueden aprovechar las ventajas de que de dicha
relación se desprenden como lo serían el bajo precio de los automóviles, que al ser
adquiridos por los migrantes, configuran en nuestro país diversos delitos de carácter
fiscal que no sólo amenazan sus propiedades, sino incluso atentan contra su libertad
personal.
El tipo de
sanciones que se desprenden del contrabando violentan las garantías individuales de los
mexicanos expresados en nuestra Constitución, en el artículo 14 el cual indica: que
nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el
que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes
expedidas con anterioridad al hecho.
En el mismo
sentido el artículo 16, también asienta en su primer párrafo: que nadie puede ser
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de las autoridades competentes, que funde y motive la causa legal del
procedimiento.
Estas
disposiciones son violadas permanentemente en la vida diaria, al aplicar sin
consideración alguna para el migrante el artículo 105 del Código Fiscal fracción VI
que dice; será sancionado con las mismas penas de contrabando quien; fracción VI. Tenga
en su poder algún vehículo de procedencia extranjera, sin comprobar su legal
importación o estancia en el país o sin previa autorización legal, en el caso de
automóviles y camiones, cuando se trate de modelos correspondientes en los últimos cinco
años.
Esta estricta
aplicación del artículo 105, pasa por alto, ignora las múltiples necesidades y
emergencias cotidianas de las miles de familias que viven en las zonas fronterizas, tales
como recurrir a servicios médicos, administrativos o escolares, que obligan en momentos
críticos a hacer uso del automóviles de procedencia extranjera, propiedad del familiar
trabajador.
Ello ocasiona
que la persona al ser detenida y no acreditar su propiedad, se le decomisa. El que una
persona pueda tener acceso sobre el automóvil, no significa que tenga posesión sobre el
mismo; en consecuencia, tiene que distinguirse el acto de entrega al de custodia y
préstamo.
En el Código
Civil en sus artículos 790 y 791 para el Distrito Federal en Materia Común y para toda
la República en Materia Federal, se define la posesión de un bien de la siguiente
manera: artículo 790, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder el hecho,
salvo lo dispuesto en el artículo 793, o sea, un derecho el que goza de él.
El primero de
dichos artículos no define la posesión sino al poseedor; el segundo, establece que
existen dos clases de posesión: la originaria y la derivada. La posesión originaria es
aquella que se tiene el título de dueño por su parte al poseedor derivado de quien
recibe un bien, en virtud del acto jurídico que tiene por objeto directo, inmediato del
uso del bien especificado.
Con lo que se
busca en esta iniciativa, es permitir el uso dentro de la región fronteriza de los
parientes, propietarios del vehículo, sin salir de ella. Al mismo tiempo este hecho
degenera desconfianza en nuestros compatriotas, que procuran desligarse de toda actividad
en México es irse a radicar a los Estados Unidos, ocasionando con ello una baja sensible
en la aportación económica al país.
No entender la
interdependencia económica y social existente en la frontera y, en consecuencia, no
reconocer que la misma crea problemáticas específicas en esta zona del país, genera un
ambiente lesivo para el pueblo, y sobre todo da pie al autoritarismo, a la prepotencia y a
la escasa sensibilidad de la aplicación de las leyes, tal es como el caso que exponemos.
En el Programa
Diputado Amiga-Amigo, nos hemos dado cuenta de todas las injusticias que se han cometido y
cuando les hemos denunciado, nos dicen que esos vehículos no aparecen expedientes ni
siquiera tienen una idea si fueron decomisados.
Por lo tanto,
proponemos: artículos 6o.-bis. En el caso señalado por y la fracción VI de este
artículo, no procederá el decomiso del vehículo ni se tendrá por configurado el delito
de contrabando, cuando estos vehículos de procedencia extranjera, sean tripulados por el
cónyuge, ascendientes, descendientes y parientes consaguíneos en primer grado del
propietario del vehículo, si este último comprueba fehacientemente que su calidad
migratoria, le permite tripular el vehículo en que se trata, sin necesidad de previo
permiso o autorización, dentro de la región fronteriza o en el entendido que por el solo
hecho de encontrarse el vehículo fuera de la región fronteriza, se estará en el caso
señalado por la fracción VI de este mismo artículo 105.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico: Este presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Firman: Petra
Santos, Hortensia Aragón, Alfredo Hernández, Héctor Sánchez, Miguel Bortolini e Irma
Piñeyro, del PRI.
Muchas gracias.
«Iniciativa de
decreto que adiciona una fracción VI-bis al artículo 105 del Código Fiscal de la
Federación para evitar el indiscriminado decomiso generalizado de toda clase de
vehículos en las regiones fronterizas de la República Mexicana.
La suscrita,
diputada Petra Santos Ortiz, integrante de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II; 56 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la
consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que adiciona una fracción
VI-bis al artículo 105 del Código Fiscal de la Federación.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La migración
internacional es uno de los grandes fenómenos globales de nuestros días. La mayoría de
los movimientos poblacionales en todas las regiones geográficas del mundo tienen como
objetivo primordial la búsqueda de mejores condiciones de vida.
A este proceso
social, le subyacen diversos y complejos factores estructurales, entre los cuales se
incluyen fundamentalmente las asimetrías económicas y sociales entre las naciones, la
creciente interdependencia económica y las intensas relaciones e intercambios de todo
tipo establecidas entre los diversos países. También influyen en este fenómeno diversos
factores que dan lugar a movimientos de población en condiciones forzosas o
involuntarias. Prácticamente ningún país, como tampoco ninguna región del mundo,
escapa a la dinámica de las migraciones o puede mantenerse ajeno a sus resultados y
consecuencias.
Nuestro país,
además de ser territorio de destino y tránsito de la migración internacional, es país
de origen de cuantiosos flujos migratorios hacia Estados Unidos. Con nuestro vecino del
norte compartimos una frontera de casi 4 mil kilómetros, en ella, se registran alrededor
de 310 millones de cruces por año, lo que revela el intenso y complejo entramado de
contactos humanos que se desarrollan en esa zona.
En lo que
corresponde a los migrantes mexicanos que forman la corriente migratoria, a Estados
Unidos, éstos no constituyen un conjunto homogéneo, sino que forman diversos grupos
relativamente diferenciales. Entre estos grupos se pueden incluir por su importancia los
siguientes:
a) Individuos
con residencia más o menos fija en el vecino país del norte (residentes).
b) Los
trabajadores migratorios sin residencia fija en ese país, pero que regularmente entran y
salen del territorio norteamericano, una o muchas veces al año.
Los dos tipos de
trabajadores migrantes, particularmente aquellos que por su necesidad de trabajo cruzan la
frontera varias veces a la semana y que emplean para dicha acción un automóvil comprado
en Estados Unidos, enfrentan por este solo hecho, infinidad de problemas con personal de
aduanas, los cuales comúnmente terminan desfavorablemente para este tipo de migrante con
el decomiso de su vehículo y con el establecimiento de responsabilidades administrativas
y fiscales en su contra, al no poder comprobar las condiciones de residencia en Estados
Unidos, tal como lo establece el Código Fiscal de la Federación.
La acusación de
contrabando y de importación ilegal de mercancía extranjera, no sólo desata una
persecución abierta sobre el migrante y su propiedad, sino que incluso desata todo un
tipo de terrorismo fiscal que socava la convivencia social en la frontera dejando a miles
de trabajadores que realizan sus actividades productivas en Estados Unidos, en
indefensión, limitando además sus posibilidades de traslado propio a dicho país,
dependiendo para ello de las inumerales flotillas de vehículos particulares situados en
la franja fronteriza que cobran un ojo de la cara por prestar dicho servicio.
La magnitud del
problema es sumamente relevante, ya que el decomiso de los automóviles de estos mexicanos
que viven en la frontera norte es tal, que desde Tijuana, Baja California, hasta la
frontera de Tamaulipas, pasando por Ciudad Juárez y Piedras Negras, ha provocado la
existencia de más de 20 mil procedimientos administrativos en materia aduanera, iniciados
e incoados en un 99% a personas con status de
emigrado.
La existencia de
este fenómeno, producto de una visión limitada del Gobierno y de sus operadores, con
relación a la problemática que produce nuestra interdependencia con la primera economía
del mundo en aquellos lugares que por su ubicación geográfica son zonas directas de
intercambio económico y social, como lo son las zonas fronterizas, lástima profundamente
a la población de estos lugares, ya que no puede aprovechar las ventajas que de dicha
relación se desprenden, como lo serían el bajo precio de los automóviles, que al ser
adquiridos por los migrantes, configuran en nuestro país, diversos delitos de carácter
fiscal, que no sólo amenazan sus propiedades, sino incluso atentan contra su libertad
personal.
El tipo de
sensaciones que se desprenden del "contrabando" violentan las garantías
individuales de los mexicanos están expresadas en nuestra Constitución, en el artículo
14, el cual se indica que:
"Nadie
podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos,
sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con
anterioridad al hecho."
En el mismo
sentido, el artículo 16 también asienta, en su primer párrafo que:
"Nadie
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento."
Estas
disposiciones son violadas permanentemente en la vida diaria al aplicar sin consideración
alguna para el migrante, el artícuo 105 del Código Fiscal fracción VI que dice:
"Artículo 105.
Será sancionado
con las mismas penas del contrabando, quien:
. . .
VI. Tenga en su
poder algún vehículo de procedencia extranjera sin comprobar su legal importación o
estancia en el país, o sin previa autorización legal, en el caso de automóviles y
camiones, cuando se trate de modelos correspondientes a los últimos cinco años.
. . .
Esta estricta
aplicación del artículo 105, pasa por alto e ignora las múltiples necesidades y
emergencias cotidianas de las miles de familias que viven en la zona fronteriza, tales
como recurrir a servicios médicos administrativos o escolares que obliguen en momentos
críticos, hacer uso de automóviles de procedencia extranjera propiedad del familiar
visitante, ello ocasiona que la persona al ser detenida y no acreditar su propiedad se le
decomisa.
El que una
persona pueda tener acceso sobre el automóvil, no significa que tenga posesión sobre el
mismo, en consecuencia tiene que distinguirse el acto de entrega del de custodia y
préstamo.
En el Código
Civil en sus artículos 790 y el 791 para el Distrito Federal en materia común y para
toda la República en materia federal se define la posesión de un bien de la siguiente
manera:
"Artículo 790. Es poseedor de una cosa el
que ejerce sobre ella un poder de hecho salvo lo dispuesto en el artículo 793 posee un
derecho el que goza de él."
Mientras el
artículo 791 se señala: "Cuando en virtud de un acto jurídico el propietario
entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder
en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro
título análogo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de
propietario tiene una posesión originaria; el otro, una posesión derivada."
El primero de
dichos artículos no define la posesión sino al poseedor, el segundo, establece que
existen dos clases de posesión: la originaria y la derivada. La posesión originaria es
aquella que se tiene a título de dueño. Por su parte, el poseedor derivado es quien
recibe un bien en virtud de un acto jurídico que tiene por objeto directo e inmediato el
uso del bien específico.
La posesión
puede definirse como una relación o estado de hecho, que confiere a una persona el poder
exclusivo de retener una cosa para ejecutar actos materiales de aprovechamiento como
consecuencia de un derecho real o personal.
El artículo 793
del Código Civil se establece al detentador subordinado quien es al que le prestan un
bien; no se considera poseedor, dado que éste recibe del dueño el derecho de retener el
bien temporalmente pero no puede ejercer ningún acto de dominio.
En el Código
Fiscal de la Federación no se aclara este hecho y todo automóvil extranjero utilizado
por una persona que no acredite ser el dueño inmediatamente es confiscado, sin reparar
que si se atienen a los ordenamientos del Código Civil se podrían impedir injusticias
que afectan a las familias mexicanas y a los mexicanos residentes en Estados Unidos en su
estancia en México.
Con lo que se
busca en esta iniciativa es permitir el uso dentro de la región fronteriza de los
parientes del propietario del vehículo sin salir de ella. Al mismo tiempo este hecho
genera desconfianza de nuestros compatriotas que procuran desligarse de toda actividad en
México e irse a radicar a Estados Unidos ocasionando con ello una baja sensible en la
aportación económica al país. No entender la interdependencia económica y social
existente en la frontera y en consecuencia, no reconocer que la misma crea problemáticas
específicas en estas zonas del país, genera un ambiente lesivo para el pueblo y sobre
todo da pie al autoritarismo, a la prepotencia, y a la escasa sensibilidad en la
aplicación de las leyes. Tal como es el caso que exponemos.
Por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo
71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55
fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, pone a
consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa al
artículo 105 que adiciona una fracción VI-bis del Código Fiscal de la Federación.
Artículo único. Se adiciona la fracción VI-bis
del artículo 105, para quedar como sigue:
“Artículo 105.
Será sancionado
con las mismas penas del contrabando, quien:
I. . .
VI-bis. En el
caso señalado por y la fracción VI de este artículo, no procederá el decomiso del
vehículo ni se tendrá por configurado el delito de contrabando cuando estos vehículos
de procedencia extranjera, sean tripulados por el cónyuge, ascendientes, descendientes y
parientes consanguíneos en primer grado del propietario del vehículo si este último
comprueba fehacientemente que su calidad migratoria le permite tripular el vehículo de
que se trata sin necesidad de previo permiso o autorización dentro de la región
fronteriza en el entendido, que por el solo hecho de encontrarse el vehículo fuera de la
región fronteriza se estará en el caso señalado por la fracción VI, de este mismo
artículo 105.
. . .
XIII. . .”
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
México, D.F., a
8 de octubre de 2002.— Diputados: Petra Santos
Ortiz, Hortensia Aragón Castillo y Alfredo
Hernández Raigosa .»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Muchas gracias,
diputada.
Túrnese a la Comisión de Hacienda
y Crédito Público.
LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se ofrece el uso
de la palabra al diputado José Soto Martínez, del grupo parlamentario del PRI, para
presentar una iniciativa que reforma los artículos 4o., 162, 163 y 209 de la Ley Federal
de Derechos de Autor.
El diputado José Soto Martínez:
Con su permiso,
diputada Presidenta; compañeras diputadas y diputados:
El suscrito,
diputado José Soto Martínez, integrante de la LVIII Legislatura del honorable Congreso
de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confiere la fracción II del artículo
71 de nuestra Carta Magna y con apoyo además en el artículo 55 fracción II del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados una iniciativa de decreto para
reformar los artículos 4o., 162, 163, 164 y 209 de la Ley Federal de Derechos de Autor,
con base en la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los procesos
creativos de la cultura indígena, responden a la herencia de un saber y una tradición
colectiva que se ha mantenido por siglos como lo testifican artesanías, indumentarias,
cerámicas, códices, arquitecturas, música popular en la actualidad, que no tienen
ninguna protección autoral.
Uno de los
mayores riesgos que enfrentan las expresiones artísticas de los pueblos indígenas es la
falta de registro de autor. La voracidad del mercado, el avance de empresas
transnacionales y leyes internacionales que privilegian el registro de fórmulas sobre los
usos y tradiciones milenarias, son una amenaza constante para las manifestaciones
culturales de nuestros pueblos indígenas, pues pretenden imponer el registro sobre el
derecho de autor o se adueñan de tradiciones, como ocurrió con el "pozol",
alimento utilizado por los mayas para curar problemas intestinales y limpiar heridas
infectadas y del cual obtuvieron una patente una empresa transnacional americana y la
Universidad de Minnesota.
Considerando que
la falta de registro de los derechos colectivos de autor en México nos puedan llevar a
que en un futuro muy cercano, los mexicanos deban pagar a transnacionales extranjeras
derechos por el uso de remedios a base de hierbas que han sido usados por siglos en el
país y específicamente en las comunidades indígenas y a que las tejedoras de rebozos,
cobijas, gabanes en un telar de cintura, tengan que pagar por mantener sus tradiciones.
Considerando que
la Ley Federal de Derechos de Autor tiene por objeto, entre otros, la salvaguarda y
promoción del acervo cultural de la Nación; que las obras literarias o artísticas de
arte popular o artesanal, cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a
una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana, forman parte del
acervo cultural de la Nación y que la ley que nos ocupa no da la base para salvaguardar y
promocionar dicho acervo.
Considerando que
los diputados federales nos debemos a los intereses de la sociedad en tanto representantes
de la misma y que al tomar posesión de nuestros cargos protestamos guardar y hacer
guardar las leyes, la Constitución y las leyes que de ella emanan, presento ante ustedes
el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se reforman los artículos 4o,
162, 163, 164 y 209, de la Ley Federal de Derechos de Autor.
Artículo 4o. Las obras objeto de protección
pueden ser a: según su autor.
Fracción IV. De
arte popular o artesanal, cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuibles a
una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana.
Artículo 162. El Registro Público del Derecho de
Autor, tiene por objeto la salvaguarda del acervo cultural de la nación constituido por
las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyo autor no sea
identificable y que pueda ser atribuida a una comunidad o etnia originada o arraigada en
la República Mexicana; garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares
de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus
causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a
través de su inscripción.
Las obras
literarias y artísticas y los derechos conexos quedarán protegidos aun cuando no sean
registrados.
Artículo 163. En el Registro Público de Derecho
de Autor, deberán inscribirse además las obras literarias o artísticas de arte popular
o artesanal, cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o
etnia originadas o arraigadas en la República Mexicana.
Para lo anterior
el Instituto Nacional de Derecho de Autor, se coordinará con las dependencias de gobierno
correspondientes, y la omisión de este registro será motivo de responsabilidades.
Artículo 164. El Registro Público de Derecho de
Autor tiene las siguientes obligaciones:
Fracción IV.
Inscribir con auxilio de las dependencias de gobierno correspondientes, las obras
literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyos autores no sean identificables
y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República
Mexicana.
Artículo 209. Son funciones del Instituto:
Fracción VI. La
salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación y al efecto llevar un registro
de las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal, cuyo autor no sea
identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada y arraigada en
la República Mexicana.
En obvio de
tiempo, le suplico que sea insertada en el Diario de los Debates para el conocimiento de
todos los diputados.
Muchas gracias,
compañeras diputadas y diputados.
«Iniciativa de
decreto para reformar los artículos 4o., 162, 163, 164 y 209 de la Ley Federal de
Derechos de Autor, a cargo del diputado José Soto Martínez, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Ciudadanos
integrantes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
Presentes.
El suscrito,
diputado José Soto Martínez, integrante de la LVIII Legislatura del honorable Congreso
de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71
de nuestra Carta Magna y con apoyo además en el artículo 55 fracción II del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento
ante el pleno de esa Cámara de Dipu-tados una iniciativa de decreto para reformar los
artículos 4o., 162, 163, 164 y 209 de la Ley Federal de Derechos de Autor, basándome
para ello en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
1. Los procesos
creativos de las culturas indígenas responden a la herencia de un saber y una tradición
colectiva que se ha mantenido por siglos, como lo testifican artesanías, indumentaria,
cerámica, códices, arquitectura y música popular en la actualidad, que no tienen
ninguna protección autoral.
2. Uno de los
mayores riesgos que enfrentan las expresiones artísticas de los pueblos indígenas es la
falta de registro de autor. La voracidad del mercado, el avance de empresas trasnacionales
y leyes internacionales que privi- legian el registro de fórmulas sobre los usos y
tradiciones milenarias, son una amenaza constante para las manifestaciones culturales de
nuestros pueblos indígenas, pues pretenden imponer el registro o copyright sobre el
derecho de autor o se adueñan de tradiciones como ocurrió con el pozol, alimento
utilizado por los mayas para curar problemas intestinales y limpiar heridas infectadas, y
del cual obtuvieron una patente una empresa trasnacional gringa de alimentos y la
Universidad de Minnesota.
3. Considerando
que, la falta de registro de los derechos colectivos de autor en México nos puede llevar
a que, en un futuro muy cercano, los mexicanos deban pagar a trasnacionales extranjeras
derechos por el uso de remedios a base de yerbas que han sido usados por siglos en el
país y, específicamente en las comunidades indígenas, y a que las tejedoras de rebozos,
cobijas y gabanes en un telar de cintura tengan que pagar por mantener una tradición.
4. Considerando
que la Ley Federal de Derechos de Autor tiene por objeto, entre otros, la salvaguarda y
promoción del acervo cultural de la nación; que las obras literarias o artísticas de
arte popular o artesanal cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a una
comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana. Forman parte del acervo
cultural de la nación y, que la ley que nos ocupa, no da las bases para la salvaguarda y
promoción de dicho acervo.
5. Considerando
que los diputados federales nos debemos a los intereses de la sociedad, en tanto
representantes de la misma y, que al tomar posesión de nuestro cargo, protestamos
guardar, y hacer guardar la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen.
En mérito de lo
anteriormente expuesto, nos debemos, y con fundamento además en lo dispuesto por el
artículo 70 de nuestra Carta Magna, se presenta la siguiente iniciativa de decreto para
que se reformen los artículos 4o., 162, 163, 164 y 209 de la Ley Federal de Derechos de
Autor:
DECRETO
Por el que se
reforman los artículos 4o., 162, 163, 164 y 209 de la Ley Federal de Derechos de Autor.
Artículo único. Se reforman los artículos 4o.,
162, 163, 164 y 209 de la Ley Federal de Derechos de Autor, para quedar como sigue:
Artículo 4o. Las obras objeto de protección
pueden ser.
A. Según su
autor:
I a la III. . .
IV. De arte
popular o artesanal cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a una
comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana.
B al D. . .
Artículo 162. El Registro Público del Derecho de
Autor tiene por objeto la salvaguarda del acervo cultural de la nación constituido por
las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyo autor no sea
identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada o arraigada en
la República Mexicana; garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares
de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus
causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a
través de su inscripción.
Las obras
literarias y artísticas y los derechos conexos quedarán protegidos aun cuando no sean
registrados.
Artículo 163. En el Registro Público del Derecho
de Autor se podrán inscribir:
I a la X. . .
Deberán
inscribirse además, las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyo
autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada o
arraigada en la República Mexicana.
Para lo anterior
el Instituto Nacional de Derecho de Autor se coordinará con las dependencias de gobierno
correspondientes y, la omisión de este registro será motivo de responsabilidad.
Artículo 164. El Registro Público del Derecho de
Autor tiene las siguientes obligaciones:
I a la III. . .
IV. Inscribir,
con auxilio de las dependencias de gobierno correspondientes, las obras literarias o
artísticas de arte popular o artesanal cuyo autor no sea identificable y que puedan ser
atribuidas a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana.
Artículo 209. Son funciones del Instituto:
I a la V. . .
VI. La
salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación; y, al efecto llevar un
registro de las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyo autor no
sea identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada o
arraigada en la República Mexicana.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones
legales y administrativas que se opongan a lo dispuesto por este decreto.
Sala de sesiones
de la Cámara de Diputados.— México, D.F., a 8 de octubre de 2002.— Diputados José Soto Martínez, Efrén Leyva Acevedo, Jaime
Larrazábal Bretón, Abel Trejo González y
Cándido Coheto Martínez.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias,
diputado José Soto Meléndez.
Insértese de manera íntegra la
iniciativa presentada, en la Gaceta Parlamentaria
y en el Diario de los Debates y se turna a la
Comisión de Cultura.
REGISTRO
DE ASISTENCIA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se pide a la
Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruir su cierre.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
Se informa a la
Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 441 diputados.
Ciérrese el
sistema electrónico.
IPAB
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Para
información de la Asamblea, comentamos que levantaremos la sesión a las 4:00 de la
tarde, a efecto de que los diputados interesados en asistir a la comparecencia de la
Secretaria de Desarrollo Social, que será a las 5:00 horas, puedan tomar las providencias
necesarias.
Tiene la palabra
el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, para
presentar una iniciativa que reforma la Ley del IPAB, sobre el monto de recursos fiscales
que serán asignados al IPAB para el Presupuesto 2003.
El diputado José Antonio Magallanes
Rodríguez:
Con el permiso
de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
Derivado de la
crisis económica y financiera del país a finales de 1994 y de sus agudos efectos sobre
el comportamiento de la economía de 1995, el sistema bancario enfrentó un severo
problema que obedecía, entre otras cosas, a rezagos en la supervisión y control
financiero.
Segundo. Esto
orilló a que el mecanismo financiero de protección al ahorro, Fobaproa, se viera
ampliamente rebasado para enfrentar un rescate bancario. No obstante, el Gobierno Federal
decidió utilizar el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa, para llevar a cabo
el rescate del sistema bancario nacional.
Para tal efecto
se implementaron programas para apoyar a los deudores de la banca y programas para apoyar
a los bancos.
Los programas de
apoyo a los bancos se dieron en dos modalidades: los llamados programas de capitalización
y compra de cartera, cuyo propósito fundamental fue que los bancos incrementaran su
capital mediante la sustitución de un activo financiero de baja calidad, carteras con
problemas, por pagarés emitidos por el Fobaproa.
Estos apoyos se
dieron a Banamex, Bancomer, Bital, Banorte y Serfin y los programas de intervención y
saneamiento. Los programas de intervención y saneamiento buscaron solucionar los
programas de liquidez y descapitalización a través de aportaciones de capital contra la
participación accionaria, asumiendo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el
control de las instituciones, lo cual estaba previsto en la Ley de Instituciones de
Crédito.
Así, durante el
periodo de 1994-1998 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino 12
instituciones financieras: la primera, Banca Unión, el 1o. de septiembre de 1994 y la
última Banca Confía en agosto de 1997.
Paralelamente se
llevaron a cabo procesos de saneamiento de los bancos, que consistían en el otorgamiento
de líneas de crédito para que éstos pudiesen cumplir con sus obligaciones, ser
rehabilitados y posteriormente vendidos. Los bancos que fueron objeto de apoyos tendientes
a sanearlos fueron Serfin, Atlántico, Del Centro, Promex, Banco Bilbao Vizcalla
Argentaria y Santander.
Como resultado
de estas operaciones, el impacto sobre las finanzas públicas, de acuerdo al informe sobre
la revisión de la Cuenta Pública del 2000, al mes de marzo de 2001 ascendieron a 876 mil
254 millones de pesos.
CONSIDERANDO
Primero. Que en
1998 la Cámara de Diputados aprobó la Ley que Creó al Instituto de Protección al
Ahorro Bancario, IPAB y que la misma es la que rige el funcionamiento, operación y
control del Instituto.
Que el artículo
quinto transitorio de la Ley del IPAB, que establece el procedimiento para realizar el
canje de pagarés de capitalización y compra de cartera a cargo del Fobaproa. Por
obligaciones a cargo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, pagarés IPAB.
Que el citado
artículo quinto transitorio establece la realización de auditorías a los programas de
capitalización y compra de cartera, como requisito fundamental para realizar el canje de
pagarés.
Que la
Auditoría Superior de la Federación encontró, en su revisión de la Cuenta Pública de
2000, que en el caso del Banamex la adquisición de cartera por parte del Fobaproa se hizo
con todo e intereses moratorios.
Que actualmente
la Auditoría Superior de la Federación se encuentra revisando las operaciones de compra
de cartera en Banamex, Bital y Banorte.
Que en
septiembre de 2000 la propia Junta de Gobierno determinó la necesidad de auditar las
operaciones de compra de cartera a los bancos citados anteriormente.
Que los bancos
referidos se han opuesto a la realización de estas auditorías.
Que el artículo
séptimo transitorio de la Ley del IPAB señala textualmente lo siguiente: "el
Instituto asume la titularidad de las operaciones de los programas de saneamiento
diferentes a aquellos de capitalización de compra de cartera.
Que lo anterior
implica que los pagarés derivados del programa de capitalización y compra de cartera son
responsabilidad del Fobaproa y no del IPAB, por lo que en ellos no aplica la garantía ni
el reconocimiento por parte del Congreso de la Unión de esa deuda.
Que a pesar de
lo anterior el IPAB ha incluido esos pasivos como parte de los pasivos totales del
Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
Que este hecho
es improcedente en virtud de que el monto de pasivos que por ese concepto asumirá el IPAB
depende de las auditorías correspondientes.
Que la evidencia
encontrada por la Auditoría Superior de la Federación señala que existen amplias
posibilidades de reducir el monto de los pagarés derivados de los programas de
capitalización y compra de cartera.
Que el incluir
los pasivos originados por esos programas ha inflado los recursos fiscales que le han sido
asignados al IPAB desde su creación en 1999.
Que la propia
Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha permitido que los bancos registren a estas
obligaciones a cargo del IPAB como parte del activo de las instituciones bancarias.
Que esta
situación no tiene razón de ser en virtud de que nuevamente el monto de ese activo está
sujeto a lo que se determine en la auditoria.
Que en suma las
operaciones de capitalización y compra de cartera representan 200 mil millones de pesos.
Que es
inaceptable que el Ejecutivo Federal esté destinando recursos para subsidiar la
operación de los bancos, mientras descuida por ello la inversión social y productiva.
Por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General, someto a su consideración la siguiente
INICIATIVA
De reformas al
artículo 68 fracción II de la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.
Artículo 68. Para la consecución de su objeto,
el instituto tendrá las siguientes atribuciones:
Segundo. Recibir
y aplicar en su caso los recursos que se autoricen en los correspondientes presupuestos de
egresos de la Federación para apoyar de manera subsidiaria el cumplimiento de las
obligaciones que el propio Instituto asuma en los términos de esta ley, así como para
incrementar y para administrar programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.
La modificación
será para quedar como sigue:
"Artículo 68. Para la consecución de su
objeto, el Instituto tendrá las atribuciones siguientes:
Segundo. Recibir
y aplicar en su caso, los recursos que se autoricen en los correspondientes presupuesto de
egresos de la Federación, los cuales serán únicamente para apoyar de manera subsidiaria
el cumplimiento de las obligaciones que el propio Instituto haya asumido en los términos
de esta ley, exceptuando aquellos derivados de los programas de Capitalización y Compra
de Cartera que sigan a cargo del Fobaproa, así como para instrumentar y administrar
programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca".
Es cuanto,
señor Presidente.
Presidencia del diputado Eric Eber
Villanueva Mukul
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a las comisiones de
Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
PODER
JUDICIAL
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra
el diputado Francisco Cárdenas Elizondo, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona el
artículo 94, adiciona un párrafo séptimo a la fracción III del artículo 116 y deroga
el párrafo décimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
El diputado Francisco Cárdenas
Elizondo:
Muchas gracias,
señor Presidente; con su permiso:
Ante esta
Cámara de Diputados tengo el privilegio de presentar una iniciativa de decreto que
reforma y adiciona el artículo 94, adiciona el séptimo párrafo a la fracción III del
artículo 116 y deroga el párrafo décimo del artículo 100 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es suscrita por un número importante de
diputados, más de 50 diputados de varios partidos.
Lo anterior es
con la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La división de
poderes constituye un elemento esencial del Estado de Derecho y se consagra en nuestra Ley
Fundamental en los artículos 49 y 116.
Al establecerse
que el poder público de los estados y el supremo poder de la Federación se divide para
su ejercicio en: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
La mera
división de poderes en la actualidad, no es suficiente para lograr su equilibrio,
característica que constituye el espíritu original del principio político de la
división de poderes.
Por ello en
nuestro país observamos que en los últimos años se ha registrado una evolución gradual
de la disminución del predominio del Poder Ejecutivo paralela al fortalecimiento del
Poder Legislativo.
Sin embargo no
se puede afirmar lo mismo respecto del Poder Judicial Federal y de los estados, cuya
evolución no ha sido en el mismo sentido, toda vez que las reformas a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos de los años de 1987, 1994, 1996 y 1999 han
abordado cuestiones relativas a las llamadas garantías constitucionales de la
jurisdicción, la estructura, organización interna y funcionamiento de los órganos de
justicia, pero no a sus relaciones con los otros poderes.
En efecto, en la
primera de las reformas constitucionales antes aludidas se dieron las bases mínimas para
el establecimiento de la carrera judicial al ordenarse en el artículo 116 fracción III
entre otras cuestiones que la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de
sus funciones deberá estar garantizada por las constituciones y las leyes orgánicas de
los estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y
permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales de los estados.
En la reforma de
1994, entre otros temas, se abordaron las cuestiones relativas a la modificación de la
integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ampliación de sus
facultades en el artículo 105 para conocer de controversias constitucionales. Se
introduce en la estructura del Poder Judicial al Consejo de la Judicatura y se alude ya de
manera expresa a la carrera judicial en los artículos 97 párrafo cuarto, 100 párrafo
sexto y 122 fracción VII.
Las reformas de
1996 y 1999, en cuanto al tema que aquí abordamos, comprendieron la inclusión del
Tribunal Federal Electoral como otro órgano jurisdiccional depositario del ejercicio del
Poder Judicial de la Federación, ampliando sus atribuciones para resolver cuestiones
sobre el análisis de la constitucionalidad de actos y resoluciones controvertidos, la
organización del tribunal, su administración, vigilancia y disciplina en la que
participa el Consejo de la Judicatura Federal y finalmente, se eliminó el Consejo de la
Judicatura Federal y se precisó que a dicho consejo le corresponde la administración,
vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Esto es, se determinó cual era la naturaleza jurídica
del Consejo de la Judicatura porque inicialmente se había incluido como depositario del
propio Poder Judicial.
Como podemos
observar de lo antes expuesto, el tema de la autonomía financiera del Poder Judicial y de
los estados no fue abordado en las últimas reformas constitucionales. Por tanto, de poco
o nada sirven los preceptos constitucionales que aluden a la independencia, autonomía y
carrera judicial, si no se cuenta con la garantía de la autonomía financiera. Sin ella,
dichas reformas se traducen sólo en un buen propósito del Constituyente Permanente y no
podrán tener plena vigencia hasta en tanto no se incorpore la autonomía financiera al
propio texto constitucional.
En los tiempos
que vive el país el Poder Judicial representa una institución toral para el equilibrio
de los poderes del Estado y de su buen desempeño depende, en gran medida, la armonía en
las instituciones públicas, pues los requerimientos de la sociedad han aumentado de
manera considerable. Las controversias que se someten al conocimiento de los tribunales
rebasan sus posibilidades de trabajo, lo que impide dar cabal cumplimiento a la garantía
de justicia expedita, completa e imparcial que consagra el artículo 17 constitucional.
La cuestión que
en esta iniciativa se aborda ha sido objeto de análisis y comentarios de estudiosos de la
materia, de los representantes de los poderes judiciales e incluso ha despertado el
interés de diversos diputados de esta Legislatura. Así, se han presentado dos
iniciativas con la finalidad de garantizar constitucionalmente la autonomía financiera
del Poder Judicial Federal, elaboradas por los compañeros diputados César Augusto
Santiago y Luis Miguel Barbosa Huerta.
Esta iniciativa
coincide en lo esencial con lo propuesto por nuestros compañeros diputados es decir, en
el propósito de fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal, pero
para quien ha vivido como el que habla, la experiencia en el ámbito del Poder Judicial
local, resulta de igual o mayor importancia fortalecer también la independencia y
autonomía de los poderes judiciales de los estados, así lo hemos propuesto ya en
diversas ocasiones, como en el foro celebrado en la Ciudad de México el 5 de marzo de
1996, ante la subcomisión de Administración de Justicia de la Comisión Plural del
Senado de la República para la Reforma del Estado y en el primero Encuentro de los
Consejos Mexicanos de la Judicatura, celebrado el 28 de junio del mismo año.
Es importante
destacar que en las reuniones celebradas por la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el tema que hoy nos ocupa ha sido
materia de análisis y discusiones, concluyendo en la preocupación general de lograr este
objetivo.
Así, baste
mencionar que en el mes de octubre de los años de 1999 y 2001, dicha comisión se
pronunció públicamente en las declaraciones de Yucatán y de Chihuahua, en el sentido
que los gobiernos locales contemplen en sus respectivos presupuestos un porcentaje fijo no
menor al 3% destinado a los poderes judiciales estatales y en la necesidad de que los
tribunales locales tengan un manejo autónomo de su presupuesto sobre la premisa de que el
mismo debe representar un porcentaje prioritario del presupuesto general de cada Estado.
Ahora bien, ¿en
qué consistiría la autonomía financiera de los poderes judiciales en nuestro país?
Primero. En un
porcentaje fijo mínimo del Presupuesto de Egresos, cuya resultante no podrá ser inferior
a la asignada en el ejercicio inmediato anterior, que se traduzca en la no injerencia de
los otros dos poderes para determinarlo, esto, es, que haya un margen suficiente para que
el Poder Judicial no quede sometido a los otros dos poderes, a fin de obtener su
presupuesto, con el propósito que aquél pueda darse una planeación adecuada en los
programas de modernización y crecimiento y que los mismos sean elaborados sobre una base
confiable, es decir, nunca más sobre la incertidumbre del presupuesto que finalmente le
sería asignado.
Segundo. Que el
Poder Judicial tenga la posibilidad de determinar libremente el monto de las partidas en
función de sus necesidades de administrar justicia en forma expedita, completa e
imparcial, lo cual implica que aún en el supuesto de recortes al presupuesto general del
Estado, tratándose del Poder Judicial, éste deberá determinar las partidas
presupuestales en las que se deberá aplicar la reducción correspondiente con la
aprobación del Poder Legislativo y no del Ejecutivo. En otras palabras, el Ejecutivo no
podrá disminuir durante el ejercicio el monto del presupuesto aprobado al Poder Judicial,
correspondiendo a la Cámara de Diputados o a las legislaturas locales, según el caso,
autorizar la reducción, tomando en cuenta la determinación del Poder Judicial, ya que
éste es quien mejor conoce las necesidades más apremiantes que no pueden dejar de
atenderse y los gastos que están en condiciones de diferirse o racionalizarse.
Tercero. La
autonomía no debe traducirse en arbitrariedad en el manejo del presupuesto, esto es, se
deberá observar la normatividad para la correcta aplicación de los gastos autorizados
conforme a los planes y programas aprobados por el Legislativo en su respectivo
presupuesto. En otras palabras, esta nueva garantía que proponemos para el Poder Judicial
no lo releva de la obligación de rendir cuentas del manejo de los recursos asignados y
por ende, de estar sujeto a la labor de fiscalización de carácter externo encomendada a
la entidad de fiscalización dependiente de la Cámara de Diputados o de las legislaturas
locales, según el caso
Por esta razón
se propone que, en aras de la transparencia en el manejo de los recursos asignados al
Poder Judicial, el Organo Superior de Fiscalización de la Federación o los
correspondientes de las entidades federativas deberán comprobar que las sumas no erogadas
al término del ejercicio se enteren a la hacienda pública atendiendo al principio
presupuestal de unidad de caja.
Una vez
precisado lo anterior, la cuestión es determinar qué porcentaje fijo del presupuesto es
el que debe establecerse para el Poder Judicial Federal y para los poderes judiciales de
los estados.
¿Qué criterio
debemos adoptar para determinar dicho porcentaje? ¿Se deberá tomar como referencia el
presupuesto general o total del Estado o bien sólo el gasto programable del mismo?
Hay quienes han
aprobado en otras legislaciones…
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Señor diputado, le suplico
concluya usted.
EL diputado Francisco Cárdenas
Elizondo:
Correcto, sí
cómo no, muy amable. Entro a la cuestión toral, actualmente los recursos asignados al
Poder Judicial Federal representan, según información proporcionada por el Centro de
Estudios de Finanzas Públicas de esta Cámara, el 1.50 del gasto programable y el 1.09
del Presupuesto General de la Federación, el presupuesto ejercido por el Poder Judicial
muestra en los últimos 10 años un incremento gradual, de 1992 representó el 0.30 del
Presupuesto de Egresos y el 0.51% del gasto programable, en tanto que en el presente año,
como ya señalamos, representa el 1.09 y el 1.50 lo cual significa aumentos del 200% del
gasto programable y más del 235 del presupuesto general.
Por eso
proponemos que el presupuesto sea del 2% del gasto programable que implica un aumento del
33% a precios actuales más el incremento normal del presupuesto; y para los estados,
proponemos igualmente un 2% del gasto programable tomando en cuenta que, según estudios
del Centro de Finanzas, fluctúa en el año 2002 entre el 0.6% al 2.8 del presupuesto
general y el 0.7 al 3.8 del gasto programable y la media nacional es de 1.4.
En obvio del
tiempo pues yo le pediría al señor Presidente que se reprodujera íntegra nuestra
propuesta, pues al parecer el tiempo asignado fue corto.
Muchas gracias.
«El que
suscribe, diputado Francisco Cárdenas Elizondo, integrante del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional de LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que
me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
presento ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que
reforma y adiciona el artículo 94; adiciona un séptimo párrafo a la fracción III del
artículo 116; y deroga el párrafo décimo del artículo 100 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La división de
poderes constituye un elemento esencial del Estado de Derecho y se consagra en nuestra Ley
Fundamental en los artículos 49 y 116, al establecerse que el poder público de los
estados y el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial.
La mera
división de poderes, en la actualidad, no es suficiente para lograr su equilibrio,
característica que constituye el espíritu original del principio político de la
división de poderes. Por ello, en nuestro país observamos que en los últimos años se
ha registrado una evolución gradual de la disminución del predominio del Poder
Ejecutivo, paralela al fortalecimiento del Poder Legislativo; sin embargo, no se puede
afirmar lo mismo respecto al Poder Judicial Federal y de los estados, cuya evolución no
ha sido en el mismo sentido, toda vez que las reformas a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos de los años 1987, 1994, 1996 y 1999 han abordado cuestiones
relativas a las llamadas garantías constitucionales de la jurisdicción, la estructura,
organización interna y funcionamiento de los órganos de justicia, pero no a sus
relaciones con los otros poderes.
En efecto, en la
primera de las reformas constitucionales antes aludidas, se dieron las bases mínimas para
el establecimiento de la carrera judicial, al ordenarse en el artículo 116 fracción III
entre otras cuestiones, que: "la independencia de los magistrados y jueces en el
ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las constituciones y las leyes
orgánicas de los estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso,
formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales de los estados".
En la reforma de
1994, entre otros temas, se abordaron las cuestiones relativas a: la modificación de la
integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la ampliación de sus
facultades en el artículo 105, para conocer de controversias constitucionales; se
introduce en la estructura del Poder Judicial al Consejo de la Judicatura y, se alude ya,
de manera expresa, a la carrera judicial en los artículos 97 párrafo cuarto, 100
párrafo sexto y 122 fracción VII.
Las reformas de
1996 y 1999, en cuanto al tema que aquí abordamos, comprendieron: la inclusión del
Tribunal Federal Electoral como otro órgano jurisdiccional depositario del ejercicio del
Poder Judicial de la Federación, ampliando sus atribuciones para resolver cuestiones
sobre el análisis de la constitucionalidad de los actos y resoluciones controvertidos; la
organización del tribunal, su administración, vigilancia y disciplina, en la que
participa el Consejo de la Judicatura Federal y, finalmente, se eliminó al Consejo de la
Judicatura como parte depositaria del Poder Judicial de la Federación y, se precisó que
a dicho Consejo le corresponde la administración, vigilancia y disciplina del Poder
Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como podemos
observar de lo antes expuesto, el tema de la autonomía financiera del Poder Judicial
Federal y de los Estados no fue abordado en las últimas reformas constitucionales. Por
tanto, de poco o nada sirven los preceptos constitucionales que aluden a la independencia,
autonomía y carrera judicial, si no se cuenta con la garantía de la autonomía
financiera. Sin ella, dichas reformas se traducen sólo en un buen propósito del
Constituyente Permanente y no podrán tener plena vigencia, hasta en tanto no se incorpore
la autonomía financiera al propio texto constitucional.
En los tiempos
que vive el país, el Poder Judicial representa una institución toral para el equilibrio
de los poderes del Estado, y de su buen desempeño, depende en gran medida la armonía en
las instituciones públicas, pues los requerimientos de la sociedad han aumentado en
manera considerable; las controversias que se someten al conocimiento de los tribunales
rebasan sus posibilidades de trabajo, lo que impide dar cabal cumplimiento a la garantía
de justicia expedita, completa e imparcial, consagrada en el artículo 17 constitucional.
La cuestión que
en esta iniciativa se aborda ha sido objeto de análisis y comentarios de estudiosos de la
materia, de los representantes de los poderes judiciales e incluso, ha despertado el
interés de diversos diputados de esta legislatura. Así, se han presentado dos
iniciativas con la finalidad de garantizar constitucionalmente la autonomía financiera
del Poder Judicial Federal, elaboradas por los compañeros diputados César Augusto
Santiago Ramírez y Luis Miguel Barbosa Huerta.
Esta iniciativa
coincide en lo esencial con lo propuesto por nuestros compañeros diputados, es decir, en
el propósito fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal. Pero
para quien ha vivido, como el que habla, la experiencia en el ámbito del Poder Judicial
local, resulta de igual o mayor importancia fortalecer también la independencia y
autonomía de los poderes judiciales de los estados. Así lo hemos propuesto ya en
diversas ocasiones, como en el foro celebrado en la Ciudad de México el 5 de marzo de
1996, ante la subcomisión de Administración de Justicia de la Comisión Plural del
Senado de la República, para la Reforma del Estado y en el Primer Encuentro de los
Consejos Mexicanos de la Judicatura, celebrado el 28 de junio de 1996.
Es importante
destacar que en las reuniones celebradas por la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el tema que hoy nos ocupa ha sido
materia de análisis y discusiones, concluyendo en la preocupación general de lograr este
objetivo. Así, baste mencionar que en el mes de octubre de los años 1999 y de 2001,
dicha comisión se pronunció públicamente en las declaraciones de Yucatán y de
Chihuahua, en el sentido de que: "los gobiernos locales contemplen en sus respectivos
presupuestos, un porcentaje fijo no menor al 3% destinado a los poderes judiciales
estatales" y en la necesidad de que los tribunales locales tengan un manejo autónomo
de su presupuesto, sobre la premisa de que el mismo, debe representar un porcentaje
prioritario del presupuesto general de cada Estado.
Ahora bien: ¿en
qué consistiría la autonomía financiera de los poderes judiciales en nuestro país?
Primero. En un
porcentaje mínimo fijo del presupuesto de egresos, cuya suma resultante no podrá ser
inferior a la asignada en el ejercicio inmediato anterior, que se traduzca en la no
injerencia de los otros dos poderes (Ejecutivo y Legislativo) para determinarlo. Esto es,
que haya un margen suficiente para que el Poder Judicial no quede sometido a los otros dos
poderes a fin de obtener su presupuesto, con el propósito de que aquel pueda darse una
planeación adecuada en los programas de modernización y crecimiento y que los mismos,
sean elaborados sobre una base confiable; es decir, nunca más sobre la incertidumbre del
presupuesto que finalmente le sería asignado.
Segundo. Que el
Poder Judicial tenga la posibilidad de determinar libremente el monto de las partidas en
función de sus necesidades de administrar justicia en forma expedita, completa e
imparcial, lo cual implica que aún en el supuesto de recortes al Presupuesto General del
Estado, tratándose del Poder Judicial, éste deberá determinar las partidas
presupuestales en las que se deberá aplicar la reducción correspondiente, con la
aprobación del Poder Legislativo y no del Ejecutivo. En otras palabras, el Ejecutivo no
podrá disminuir durante el ejercicio el monto del presupuesto aprobado al Poder Judicial,
correspondiendo a la Cámara de Diputados o las legislaturas locales, según el caso,
autorizar la reducción, tomando en cuenta la determinación del Poder Judicial, ya que
éste es quien mejor conoce las necesidades más apremiantes que no pueden dejar de
atenderse y los gastos que están en condiciones de diferirse o racionalizarse.
Tercero. La
autonomía no debe traducirse en arbitrariedad en el manejo del presupuesto. Esto es, se
deberá observar la normatividad para la correcta aplicación de los gastos autorizados
conforme a los planes y programas aprobados por el Legislativo, en el respectivo
presupuesto. En otras palabras, esta nueva garantía que proponemos para el Poder Judicial
, no lo releva de la obligación de rendir cuentas del manejo de los recursos asignados y,
por ende, de estar sujeto a la labor de fiscalización de carácter externo encomendada a
la entidad de fiscalización dependiente de la Cámara de Diputados o de las legislaturas
locales, según el caso. Por esta razón, se propone que, en aras de la transparencia en
el manejo de los recursos asignados al Poder Judicial, el Organo Superior de
Fiscalización de la Federación o los correspondientes de las entidades federativas,
deberán comprobar que las sumas no erogadas al término del ejercicio se enteren a la
hacienda pública, atendiendo al principio presupuestal de unidad de caja.
Una vez
precisado lo anterior, la cuestión es determinar qué porcentaje fijo del presupuesto es
el que debe establecerse para el Poder Judicial Federal y para los poderes judiciales de
los estados. ¿Qué criterio debemos adoptar para determinar dicho porcentaje? ¿Se
deberá tomar como referencia el presupuesto general o total del Estado o bien, sólo al
gasto programable del mismo?
Hay quienes han
aprobado en otras legislaciones o propuesto en diversos foros, que el porcentaje mínimo
deberá estar referido al presupuesto de egresos general. Nosotros estamos de acuerdo con
el criterio adoptado en las iniciativas presentadas por nuestros compañeros diputados
César Augusto Santiago y Luis Miguel Barbosa Huerta, pues el gasto programable, es la
suma destinada a las instituciones del gobierno, para que éstas, a su vez, puedan prestar
los servicios públicos y cumplir las responsabilidades señaladas en la ley y en los
programas aprobados; es decir, no comprende aquellos gastos referidos al cumplimiento de
obligaciones como: el pago de deuda pública, sus intereses, ciertos compromisos
contractuales derivados de ejercicios fiscales anteriores y las participaciones a
entidades y municipios.
Actualmente, los
recursos asignados al Poder Judicial Federal representan, según información
proporcionada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara, el
1.50% del gasto programable y el 1.09% del Presupuesto de Egresos de la Federación. El
presupuesto ejercido por el Poder Judicial muestra, en los últimos 10 años, un
incremento gradual. En efecto, en 1992 representó el 0.30% del Presupuesto de Egresos de
la Federación y el 0.51% del gasto programable; en tanto que en el presente año, como ya
señalamos, representa el 1.09% del presupuesto general y el 1.50% del gasto programable,
lo cual significa un incremento del 200% del gasto programable y más del 235% del
presupuesto general en los últimos 10 años. Por tales razones, consideramos que el
porcentaje mínimo fijo que debe establecerse en la Constitución, es del 2% del gasto
programable, toda vez que en estos términos su presupuesto se incrementa en un 33% a
precios actuales, adicionado con la inercia de incremento en los gastos del Estado, que
propiciará un aumento constante en el propio presupuesto del Poder Judicial y,
finalmente, en atención a la previsión constitucional que se propone, en el sentido de
que el presupuesto asignado al Poder Judicial no podrá ser inferior al asignado en el
ejercicio inmediato anterior.
En cuanto al
Poder Judicial de los estados, la propuesta de un porcentaje mínimo fijo reviste mayor
dificultad, pero la necesidad es más evidente que en el Poder Judicial Federal, ante la
situación actual que enfrentan la mayoría de ellos, como advertimos de los diagnósticos
realizados por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que concluyen en la existencia de serias
deficiencias en cuanto a la suficiencia de los recursos asignados a los poderes judiciales
de las entidades federativas. Así, por ejemplo, el porcentaje del presupuesto estatal
asignado al Poder Judicial, según información proporcionada por el Centro de Estudios de
las Finanzas Públicas de ésta Cámara, para el año 2002 fluctúa entre el 0.6% al 2.8%
del presupuesto general y entre el 0.7% y el 3.8% del gasto programable, correspondiendo
la mayor asignación al Distrito Federal y la menor a los estados de Guerrero y
Tamaulipas. En tales condiciones, si la media nacional del presupuesto asignado a los
poderes judiciales de las entidades federativas corresponde a un 1.4% del presupuesto
general y 1.7% del gasto programable, consideramos que un porcentaje moderado respecto a
las necesidades de modernización y fortalecimiento de los poderes judiciales locales,
debe establecerse en un 2% del gasto programable.
Ahora bien,
nuestra propuesta, como ya mencionamos al principio de nuestra intervención, coincide en
lo fundamental con otras ya presentadas en esta Cámara, pero difiere en el aspecto de
forma o técnica jurídica y en la cantidad que se propone como porcentaje mínimo fijo
del presupuesto. Los compañeros César Augusto Santiago y Miguel Barbosa proponen
reformar y adicionar el párrafo décimo del artículo 100 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y por nuestra parte, sostenemos que tal párrafo debe
derogarse, para incluirlo como un tercer párrafo del artículo 94 de la Constitución y
en consecuencia, los actuales párrafos tercero al décimo primero del artículo citado en
último término deberán pasar, en su orden, a ser párrafos cuarto a décimo segundo,
respectivamente, toda vez que tratándose del Poder Judicial Federal, lo correcto es
integrar la garantía de autonomía en el manejo del presupuesto en este último
artículo, que incide en todos los presupuestos de la institución, a diferencia del
contenido del artículo 100, que es una norma específica para regular al Consejo de la
Judicatura Federal. Asimismo, estimamos conveniente incluir la referencia al órgano
superior de Fiscalización, como encargado de comprobar, anualmente, que las sumas no
erogadas al término del ejercicio, se enteren a la Hacienda Pública, como una sana
práctica de transparencia y rendición de cuentas.
Finalmente,
proponemos adicionar con un séptimo párrafo la fracción III del artículo 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lograr también la
autonomía financiera de los poderes judiciales de los estados, pues las mismas razones
que informan la necesidad de contar con un Poder Judicial Federal fortalecido, en su
autonomía e independencia desde el punto de vista financiero, subyacen tratándose del
Poder Judicial de los estados.
Compañeros
legisladores, no podemos pasar por alto uno de los reclamos de la sociedad mexicana más
apremiantes: contar con un Poder Judicial fortalecido e independiente en todos sus
ámbitos. Independencia que debe ser defendida por los representantes populares. Sin duda,
el país atraviesa momentos difíciles, pero estoy plenamente convencido, que dotar de
autonomía financiera al Poder Judicial de la Federación y de los estados, contribuirá a
crear un entorno de estabilidad y paz social.
La justicia debe
ser garantía de moralidad de la vida pública y de estabilidad en la convivencia entre
los hombres. México está urgido por alcanzar los más altos niveles en el desempeño de
la judicatura. Consolidemos una nación en la cual el imperio de la justicia y la ley
ampare a todos los mexicanos.
En consecuencia,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía,
la siguiente
Iniciativa
De decreto que
reforma y adiciona los artículos 94 y 116 fracción III y deroga el décimo párrafo del
artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Primero. Se deroga el párrafo décimo del
artículo 100 y se adiciona el artículo 94 con un párrafo tercero, ambos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en consecuencia, los actuales
párrafos tercero al decimoprimero del artículo citado en último término, pasarán en
su orden a ser párrafos cuarto a decimosegundo, respectivamente, para quedar como sigue:
Artículo 94. . .
. . .
La
administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación corresponde a su presidente.
La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo de la
Judicatura Federal lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin
perjuicio de lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 99 de esta Constitución.
Los presupuestos así elaborados serán remitidos al Ejecutivo Federal para su inclusión
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. El Poder Judicial es autónomo
en el manejo de su presupuesto y el Ejecutivo Federal no podrá modificarlo,
correspondiendo a la Cámara de Diputados aprobar, en su caso, la disminución del
presupuesto, tomando en cuenta la determinación del Poder Judicial sobre las partidas
presupuestales en las que se deberá aplicar la reducción correspondiente. En el
Presupuesto de Egresos de la Federación se asignará al Poder Judicial una cantidad
equivalente a, por lo menos, el 2% del gasto programable del mismo y, la suma resultante
no podrá ser inferior a la asignada en el ejercicio inmediato anterior. La Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación deberá comprobar que las sumas no erogadas al
término del ejercicio se enteren a la Tesorería de la Federación.
. . .
Artículo 100. . .
. . .
Se deroga.
Segundo. Se
adiciona un séptimo párrafo a la fracción III del artículo 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 116. . .
I a la III. . .
. . .
El Poder
Judicial de los estados será autónomo en el manejo de su presupuesto y el Ejecutivo
estatal no podrá modificarlo, correspondiendo a la legislatura aprobar, en su caso, la
disminución del presupuesto, tomando en cuenta la determinación del Poder Judicial sobre
las partidas presupuestales en las que se deberá aplicar la reducción correspondiente.
En el Presupuesto de Egresos se asignará al Poder Judicial una cantidad equivalente a,
por lo menos, el 2% del gasto programable del mismo y, la suma resultante no podrá ser
inferior a la asignada en el ejercicio inmediato anterior. La entidad de fiscalización
estatal deberá comprobar que las sumas no erogadas al término del ejercicio se enteren a
la Hacienda Pública a través del órgano competente.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor 30
días después de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, Distrito Federal, a 8 de octubre de 2002.— Diputados:
Francisco Cárdenas Elizondo, Miguel Arizpe
Jiménez, Víctor Díaz Palacios, Marco Antonio Dávila Montesinos, Adrián Valdés
Torres, Aarón Irízar López, Fernando Díaz de la Vega, Policarpo Infante Fierro,
Delfino Garcés, Melitón Morales Sánchez, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Jorge Schettino
Pérez, José Luis González, Roberto Zavala Echavarría, Edilberto Buenfil Montalvo,
Efrén Leyva Acevedo, Salvador Cosío Gaona, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Roberto Preciado
Coronado, Enrique Meléndez Pérez, Jorge Luis García, Carlos Aceves del Olmo, José
Guadalupe Villarreal Gutiérrez, María del Rosario Oroz Ibarra, Arturo de la Garza
Tijerina, Arturo León Lerma, Laura Pavón Jaramillo, Agustín Trujillo Iñiguez, Javier
García González, Jaime Martínez Veloz, Jesús Burgos Pinto, Hermilo Monroy Pérez,
César Duarte Jáquez, Silvia Romero Suárez, Tomás Torres Mercado, Santiago Guerrero
Gutiérrez, Juan José Nogueda Ruiz, Jesús Alí de la Torre, Jaime Vázquez Castillo,
Miguel Barbosa Huerta, Manuel Duarte Ramírez, Alfonso Elías Cardona, Mario Cruz Andrade,
Héctor Sánchez López, Miguel Bortolini Castillo, Magdalena Núñez Monreal, Hortensia
Aragón Castillo, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Arturo Hervis Reyes, Jesús Garibay
González y José Narro Céspedes.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias señor
diputado.
Insértese completa la iniciativa en el Diario de los Debates; igualmente en la Gaceta Parlamentaria.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Estamos en el
apartado de minutas.
DISTRITO
FEDERAL
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII
Legislatura.— Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
Presentes.
Hago de su
conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores resolvió
desechar en su totalidad la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 73,
76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
En cumplimiento
a lo dispuesto por el inciso d del artículo 72
de la Constitución General, esta Cámara de Senadores devuelve a esa colegisladora, el
expediente completo de la minuta referida.
México, D. F.,
a 1o. de octubre de 2002.— Senador Enrique
Jackson Ramírez, presidente.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a las comisiones unidas de
Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.
POLITICA
EXTERIOR
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
En el apartado
de excitativas, tiene la palabra la diputada Norma Patricia Riojas Santana del Partido de
la Sociedad Nacionalista para presentar una iniciativa de las comisiones de Puntos
Constitucionales.
La diputada Norma Patricia Riojas
Santana:
Con el permiso
de la Presidencia:
La que suscribe,
diputada federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión integrante
del Partido de la Sociedad Nacionalista, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
21 fracción XVI y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente de esta Presidencia
tenga a bien formular una excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales para que
a la brevedad posible dictamine para su presentación en el pleno de esta soberanía la
iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76 fracción I; 89
fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor
de los siguientes
ANTECEDENTES
El 11 de abril
del año en curso, la que suscribe presentó a nombre de los diputados integrantes del
Partido de la Sociedad Nacionalista, la iniciativa con proyecto que reforma los artículos
73, 76 fracción I, 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos con objeto de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de analizar,
revisar y evaluar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo además de aprobar
los tratados internacionales y convenciones que celebra el Ejecutivo de la Unión.
El Presidente de
la Cámara de Diputados turnó la iniciativa de reformas a la Comisión de Puntos
Constitucionales por ser un tema de su competencia para que emitiera el dictamen
correspondiente; en razones de lo anterior se expresan las siguientes
CONSIDERACIONES
La división de
poderes que actualmente vive el Estado mexicano no implica enemistad ni confrontación
entre los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo Judicial; por el contrario,
dicha práctica fomenta la creación de un verdadero estado de derecho.
Con base en los
principios de división de poderes, el Poder Legislativo Federal tiene la misión
primordial de crear y actualizar las normas jurídicas que rigen la convivencia justa y
pacífica entre los hombres e individuos de una sociedad. En este sentido existen normas
jurídicas que materialmente tienen las características de ley pero formalmente son actos
emanados de otros dos poderes como es el caso de los tratados y convenciones
internacionales que suscribe el titular del Poder Ejecutivo Federal en uso de la facultad
que le otorga en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Frente a la
comunidad internacional en la firma y ratificación de los tratados, quien se obliga es el
Presidente de la República y el Senado; ahora bien, en el orden interno de la Federación
y los estados salen obligados y a los gobernados se les impone derechos y obligaciones
como consecuencia de la aprobación de los tratados internacionales, por lo que es válido
cuestionarnos: ¿hace falta la participación de la Cámara de Diputados como
representantes del pueblo en la aprobación de los tratados internacionales en virtud de
que el Senado interviene por parte de la Federación?
La suscripción
y aprobación de los tratados internacionales no sólo son obligación del Ejecutivo de la
Unión y el Senado de la República sino que recae sobre la población mexicana en su
totalidad y es la Cámara de Diputados quien representa a la nación, fundamentalmente en
su aspecto popular; por lo tanto resulta obvio, necesario y congruente con los principios
constitucionales que rige el estado de derecho mexicano que sea el Congreso de la Unión
el facultado en aprobar los tratados internacionales y evaluar la política exterior
realizada por el Ejecutivo.
Si bien la
posición de la Cámara de Senadores es significativa no es suficiente, pues no se logra
un equilibrio entre los órganos que intervienen en la elaboración de las normas en
cuestión, es necesario la intervención de la Cámara de Diputados ya que en el ámbito
interno los tratados internacionales son ley suprema de la Unión y abarcan materias que
puedan estar reservadas a los estados o bien atribuciones exclusivas del Congreso.
Es urgente la
reforma de los artículos antes mencionados para lograr una verdadera representatividad de
toda la población mexicana en la toma de decisiones del poder público.
Señores
diputados, no podemos permitir que la aprobación de los tratados sea facultad exclusiva
del Senado. Tenemos la responsabilidad de verificar que todas las leyes que se aplican en
nuestro país no contravengan a nuestra ley suprema.
Como
representantes de la nación tenemos la obligación de revisar la constitucionalidad de
todos los concordatos que firma el Ejecutivo Federal, no dejemos que esta iniciativa siga
durmiendo el sueño de los justos; convirtamos a este Poder Legislativo en un verdadero
contrapeso.
Que en virtud de
que ha transcurrido en exceso el término de cinco días señalados en el artículo 87 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
para que la Comisión de Puntos Constitucionales emita el dictamen correspondiente de la
iniciativa presentada en este pleno el 11 de abril del año en curso, …solicito unos
segundos para concluir, señor Presidente. Hoy acudo ante esta Asamblea invocando el
artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Presidencia de esta Mesa Directiva excite a
la comisión antes mencionada, a efecto de que dictamine la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma los artículos 73, 76 fracción I 89 fracción X y 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo
anteriormente expuesto y fundado, a usted señor Presidente de la Cámara de Diputados de
la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:
Unico. En los términos de los antecedentes y
consideraciones expuestas, así como de conformidad con los preceptos legales invocados,
se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen
que corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76
fracción I 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Firma la
presente por el Partido de la Sociedad Nacionalista, Norma Patricia Riojas Santana y
solicitaría, señor Presidente, se inserte íntegra la presente en el Diario de
losDebates y en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto,
señor Presidente.
«Escudo
Nacional de los Estados Unido Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Ciudadana
Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente.
La suscrita
diputada federal a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante
del Partido de la Sociedad Nacionalista, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
21, fracción XVI y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos solicito respetuosamente de esta Presidencia,
tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que a
la brevedad posible dictamine para su presentación en el pleno de esta soberanía, la
iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76, fracción I 89
fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor
de los siguientes
ANTECEDENTES
El 11 de abril
del año en curso, la que suscribe, presentó a nombre de los diputados integrantes del
Partido de la Sociedad Nacionalista, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 73, 76 fracción I 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, con objeto de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de
analizar, revisar y evaluar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal;
además de aprobar los tratados internacionales y convenciones que celebre el Ejecutivo de
la Unión.
El Presidente de
la Cámara de Diputados turnó la iniciativa de reformas a la Comisión de Puntos
Constitucionales, por ser un tema de su competencia, para que emitiera el dictamen
correspondiente.
En razón de lo
anterior se expresan las siguientes
CONSIDERACIONES
Primero. La
división de poderes es uno de los principios fundamentales de los estados democráticos
de derecho modernos, convirtiéndose en un verdadero dogma, cuyo significado
histórico-político se suele desconocer, pero sus fines prácticos son más que conocidos
y constituyen la piedra angular por la que dirigen su actuación los órganos del Estado,
con el fin de racionalizar el poder y equilibrar los órganos que lo integran.
La división de
poderes que actualmente vive el Estado mexicano no implica enemistad, ni confrontación
entre los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por el contrario
dicha práctica fomenta la creación de un verdadero Estado de Derecho.
Segundo. Con
base en el principio de división de poderes, el Poder Legislativo Federal tiene la
misión primordial de crear y actualizar las normas jurídicas que rigen la convivencia
justa y pacífica entre los individuos de la sociedad.
Tercero. Las
leyes creadas por el Congreso de la Unión tienen las características de ser
impersonales, abstractas, generales y de observancia general. En este sentido existen
normas jurídicas que materialmente tienen las características de ley, pero formalmente
son actos emanados de los otros dos poderes, como es el caso de los tratados y
convenciones internacionales que suscribe el titular del Poder Ejecutivo Federal en uso de
la facultad otorgada en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Cuarto. Un
tratado internacional es el acuerdo de voluntades de dos o más estados, por medio del
cual se crean, modifican y se otorgan derechos e imponen obligaciones a las partes
contratantes; se establecen reglas de conducta a los participantes, produciendo efectos en
su régimen jurídico, que impactan en las políticas económicas y sociales y modifican
la vida de todos los mexicanos.
Quinto. La
doctrina establece una jerarquía donde la Constitución está en la cúspide y en segundo
plano se encuentran todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y
que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado; asimismo,
el artículo 133 constitucional señala que estos tratados serán "la Ley Suprema de
toda la Unión".
Sexto. Frente a
la comunidad internacional, en la firma y ratificación de los tratados quienes se obligan
son el Presidente de la República y el Senado; ahora bien, en el orden interno la
Federación y los estados salen obligados y a los gobernados se les imponen derechos y
obligaciones como consecuencia de la aprobación de los tratados internacionales, por lo
que es válido cuestionarnos: ¿No hace falta la participación de la Cámara de Diputados
como representantes del pueblo en la aprobación de los tratados internacionales, en
virtud de que el Senado interviene por parte de la Federación?
Séptimo. La
suscripción y aprobación de los tratados internacionales no sólo obliga al Ejecutivo de
la Unión y al Senado de la República, sino que recae sobre la población mexicana en su
totalidad y es la Cámara de Diputados quien representa a la nación fundamentalmente en
su aspecto popular, por lo tanto resulta obvio, necesario y congruente con los principios
constitucionales que rigen el Estado de derecho mexicano, que sea el Congreso de la Unión
el facultado en aprobar los tratados internacionales y evaluar la política exterior
realizada por el Ejecutivo. Si bien la posición de la Cámara de Senadores es
significativa, no es suficiente, pues no se logra un equilibrio entre los órganos que
intervienen en la elaboración de las normas en cuestión. Es necesaria la intervención
de la Cámara de Diputados, ya que en el ámbito interno los tratados internacionales son
Ley Suprema de la Unión y abarcan materias que pueden estar reservadas a los estados o
bien ser atribuciones exclusivas del Congreso; es urgente la reforma a los artículos
antes mencionados para lograr una verdadera representatividad de toda la población
mexicana en la toma de decisiones del poder público.
Octavo. Que en
virtud de que ha transcurrido en exceso el término de cinco días señalado en el
artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, para que la Comisión de Puntos Constitucionales emita el dictamen
correspondiente, de la iniciativa presentada a este pleno el 11 de abril del año en
curso; hoy acudo ante esta honorable Asamblea invocando el artículo 21, fracción XVI,
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, para que la Presidencia de esta Mesa Directiva excite a la comisión antes
mencionada a efecto de que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 73, 76 fracción I, 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto
y fundado, a usted, Presidenta de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:
Unico. En los términos de los antecedentes y
consideraciones expuestos, así como de conformidad con los preceptos legales invocados,
se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que presente el dictamen
que corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76
fracción I, 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Suscriben la
presente por el Partido de la Sociedad Nacionalista.
Palacio
Legislativo, a 8 de octubre de 2002.— Diputada Norma
Patricia Riojas Santana.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Cómo no. Insértese íntegra la
excitativa en la Gaceta Parlamentaria,
igualmente en el Diario de los Debates, y de
conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la
Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
El siguiente
punto del orden del día, la presentación de una excitativa a cargo del diputado Amador
Rodríguez Lozano, se pospone para próxima sesión.
Pasamos al
siguiente punto del orden del día y es el relativo a discusión de dictámenes de puntos
de acuerdo turnados a comisiones.
En virtud de que
se están distribuyendo entre los diputados los dictámenes de referencia, consulte la
Secretaría a la Asamblea si se autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de
acuerdo.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Por
instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se autoriza que se dé
lectura a los puntos de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se dará
exclusivamente lectura a los puntos de acuerdo.
TARIFAS
ELECTRICAS
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Honorable
Asamblea: a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, de la Cámara de Diputados,
correspondiente a la LVIII Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la
proposición con punto de acuerdo, por el que se rechaza la eliminación de los subsidios
que otorgan al servicio eléctrico para uso doméstico y agrícola, a fin de que las
tarifas no sufran aumentos significativos que vulneren aún más la precaria economía de
las familias mexicanas, presentada el 3 de abril de 2001, por la diputada Petra Santos
Ortiz, a nombre de los diputados de los grupos parlamentarios de los partidos de la
Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, que en ejercicio de la fracción
II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
sometió a la consideración del honorable Congreso de la Unión.
La Comisión de
Comercio y Fomento Industrial de la LVIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39
y 45 párrafo sexto incisos d, e y f,
así como en el tercero transitorio fracción IV inciso a, de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento
Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y
análisis del punto de acuerdo descrito a continuación.
ANTECEDENTES
Primero. En
sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 3 de abril de 2001, los
secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la proposición con punto de acuerdo
que presentó la diputada Petra Santos Ortiz, a nombre de los diputados de los grupos
parlamentarios de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.
Segundo. El
Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite "túrnese a la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial".
Tercero.
Mediante oficio CCFI/001140/2002, con fecha 14 de febrero de 2002, se dio cuenta a los
integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del contenido del mencionado
punto de acuerdo.
Cuarto. La
proposición con punto de acuerdo de referencia, tiene por objeto:
Rechazar
tajantemente la eliminación de los subsidios que se otorgan al servicio eléctrico para
uso doméstico y agrícola, a fin de que las tarifas no sufran aumentos significativos que
vulneren aún más la precaria economía de millones de familias mexicanas.
Que el honorable
Congreso de la Unión haga un llamado al Ejecutivo Federal, a fin de que los proyectos de
refinanciamiento de la industria eléctrica, no sea la óptica empresarial ni la
privatización su valuarte, sino los principios de la justicia distributiva, pagando más
quien más tiene.
CONSIDERANDOS
Primero. Con
base en los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con las
atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar el punto de acuerdo de referencia.
Segundo. El día
7 de febrero de 2002 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, las tarifas de energía eléctrica con vigencia para lo que
resta del presente año, en donde se registraban seis tarifas residenciales autorizadas:
1, 1A, 1B, 1C, 1D y 1E. En esa fecha, el Gobierno Federal decidió disminuir los subsidios
a las tarifas eléctricas con la finalidad de obtener recursos por 5 mil millones de
pesos, además de que aplicaría una tarifa especial al consumo eléctrico de las
instalaciones del Estado para captar otros 4 mil millones.
En este acuerdo
se anuncia que el 75% de los hogares mexicanos quedarán exentos del incremento de las
tarifas, es decir, mantendrán el subsidio eléctrico.
De acuerdo con
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los consumos bimestrales de
hasta 280 kilowatts-hora, la factura se mantendrá en el mismo nivel y el pago de usuario
será de 165 pesos, con una tarifa de 58 centavos. En caso de que el consumo llegue hasta
los 300 kilowatts-hora, la factura será de 250 pesos, es decir, se incrementa el precio a
razón de 1.21 pesos por día, lo que representa una tarifa de 83 centavos. En caso de
superar los 400 kilowatts-hora, la factura ascendería a 438 pesos, a razón de 3.27 pesos
por día, con una tarifa de 1.09 pesos por kilowatts-hora.
Tercero. El día
8 de abril de 2002, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación, el acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a
las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica en donde la SHCP autorizó a la
Comisión Federal de Electricidad la creación de una nueva tarifa eléctrica, denominada
1F. Considerando necesaria su creación a fin de brindar mayor beneficio a usuarios de
localidades que registran temperaturas extremas en el verano y cuyos consumos de energía
son más elevadas, beneficiando a las ciudades de Mexicali, Baja California y San Luis
Río Colorado, Sonora y sitios donde se registraron temperaturas elevadas en tres de los
cinco años anteriores.
Dicha tarifa se
aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso doméstico
exclusivamente, para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo con lo
establecido en la tarifa DAC, conectadas individualmente a cada residencia, apartamento,
apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura media mensual en
verano sea de 33 grados centígrados como mínimo.
Los consumos que
seguirán teniendo subsidio en temporadas de verano serán los hogares que utilicen hasta
750 kilovatios-hora al mes, volumen que será considerado como bajo. Si se usan más de
750 kilovatios-hora y hasta 1 mil 999 al mes, será calificado consumo intermedio y
recibirá subvención. Pero si el consumo supera los 2 mil kilovatios-hora se le quitará
el subsidio.
La nueva tarifa,
al igual que el resto de las domésticas, tendrán un ajuste mensual, según lo
establecido en el artículo 2o. del acuerdo que autoriza el ajuste a las tarifas para
suministro y venta de energía eléctrica publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre
de 2000, excepto para los cargos del rango intermedio de los numerales 2.1.2 y 2.2.2, a
los que se les aplicará a partir del día 1o. de cada mes un factor de ajuste acumulativo
de 1.023.
Cuarto. Con base
en un estudio elaborado por el Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de
Diputados (*), se concluye:
• Con la
tarifa residencial promedio únicamente los deciles de ingreso I, II y III mantendrían el
subsidio eléctrico (25.29% de los hogares que demanda el servicio eléctrico), implicando
que el tope de consumo que se tendría que establecer para mantener el subsidio al 75% de
los hogares, sería de 283.90 Kw/h mensuales.
• Con las
tarifas residenciales ponderadas, ningún decil de ingreso mantendría el subsidio
eléctrico, el tope de consumo que se tendría que establecer para mantener el subsidio al
75% de los hogares, sería de 200.68 Kw/h al mes.
Quinto. El
argumento central a favor de los subsidios es la ayuda a la población y en particular a
la de bajos ingresos mediante la presentación de un servicio básico a precios
accesibles. Sin embargo, aproximadamente 10% de los pobres extremos urbanos y 35% de los
rurales no cuentan con el servicio, de tal forma que los subsidios al consumo no están
llegando a los hogares más necesitados y haciendo hincapié en que el subsidio a la
energía eléctrica no es un servicio gratuito, se paga con impuestos.
Por otro lado,
México cuenta con un sector eléctrico poco eficiente y que presenta costos muy por
arriba de los observados en países tanto desarrollados como en desarrollo. La
eliminación drástica de los subsidios y el hecho de que el Banco de México no fuera
informado con anterioridad ocasionará repercusiones en las metas inflacionarias para este
año.
Los esfuerzos
por reducir el robo de energía eléctrica han sido pocos y tampoco existe el esfuerzo por
aumentar la productividad de la Comisión Federal de Electricidad y de la Compañía de
Luz y Fuerza del Centro. Un ejemplo de la poca productividad existente en estas empresas,
es que en México hay un trabajador por aproximadamente 225 usuarios mientras que en Chile
un trabajador atiende a casi 500 usuarios, es decir, la diferencia de productividad de
ambos países es de dos por uno. Lo anterior viene acompañado con el cálculo que
pronostica que la demanda de electricidad crecerá en los próximos años a una tasa anual
superior a 5%.
Ello requerirá
la realización de inversiones muy cuantiosas, lo que implica que los legisladores pongan
particular atención en el tema y legislen con responsabilidad.
Sexto. De lo
anterior, se desprenden las seis iniciativas presentadas en la Cámara de Senadores y una
en la Cámara de Diputados encaminadas a resolver los problemas señalados en el párrafo
anterior:
1. Proyecto de
decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, presentado el 3 de febrero de 1999, por el Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.
2. Proyecto de
decreto que reforma los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de energías renovables, presentada el 29 de marzo de 2001,
por la senadora Gloria Lavara Mejía, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México.
3. Proyecto de
decreto que reforma los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica; la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y la Ley de Inversión
Extranjera, presentada el 21 de noviembre de 2001, por la senadora Verónica Velasco
Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
4. Proyecto de
decreto que reforma los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, presentada el 4 de diciembre de 2001, por el senador Juan José
Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
5. Proyecto de
decreto que crea, reforma, modifica, adiciona, deroga y abroga diversas disposiciones y
ordenamientos relacionados con el sector energético, presentada el 11 de abril de 2002,
por el senador Antonio Soto Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
6. Iniciativa de
reformas en materia de energía eléctrica, presentada el 13 de marzo de 2002, por el
senador Ernesto Gil Elorduy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional en el Senado de la República, en la sesión de la Comisión Permanente.
7. Iniciativa
que reforma diversas disposiciones relacionadas con el servicio público de energía
eléctrica, presentada el 13 de febrero de 2002, por la diputada Rosario Tapia Medina, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los miembros
integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial que dictaminan, reconocen y
coinciden que la petición de la diputada Petra Santos debe ser atendida y apoyada en
función de que se revisen los criterios en el suministro de energía eléctrica.
RESULTANDO
Primero. Con base en los considerandos anteriores
se exhorta al Gobierno Federal a realizar un análisis minucioso de las tarifas
eléctricas que actualmente operan en el territorio nacional, a fin de considerar la
viabilidad en la reducción de las mismas.
Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la
fracción II del artículo 77 constitucional, envíese el punto de acuerdo, motivo del
presente dictamen a la Cámara de Senadores, a efecto de que sea considerado, en el
dictamen que sea realizado en materia energética.
Dado en Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 24 de abril de 2002.— Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, presidente; José Ramón Mantilla y González de la Llave,
Ildefonso Guajardo Villarreal, Antonio Silva Beltrán, secretarios; José Bañales Castro, Orlando García Flores, Moisés
Alcalde Virgen, Francisco Javier Ortiz Esquivel, María Teresa Tapia Bahena, Jorge
Urdapilleta Núñez, Carlos Nicolás Villegas Flores, Manuel Yoselevitz Fraustro, Hermilo
Monroy Pérez, Roberto Ruiz Angeles, Miroslava García Suárez, Rafael Servín Maldonado y Gregorio Urías Germán.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Este dictamen ha
sido distribuido y es un dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en
relación a la proposición con punto de acuerdo por el que se rechaza la eliminación de
los subsidios que se otorgan al servicio eléctrico para uso doméstico y agrícola.
En ese sentido,
están a discusión los puntos de acuerdo a que ha dado lectura la Secretaría.
Se abre el
registro de oradores.
No habiendo
quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera
suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
En votación
económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de
acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Continúe la
Secretaría.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
En votación
económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el punto de acuerdo.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Comuníquese al Ejecutivo e infórmese al Senado.
CINTRA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Baustista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes.
Honorable
Asamblea: a las comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes, les fue turnada para
su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para que se analice en el
proceso de venta de la Cintra, el impacto de los eventos del 11 de septiembre, perpetrados
en las ciudades de Washington y Nueva York y se determinen las mejores condiciones para su
desincorporación, con la participación del Estado que permita garantizar que México
siga conservando una industria de aviación que sirva al interés nacional, presentada por
el diputado Raúl Cervantes Andrade, integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Revisada,
discutida y analizada la proposición con punto de acuerdo de referencia, las comisiones
dictaminadoras en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 39, 40
punto dos inciso b 45 punto cinco inciso e y demás concordantes de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 58, 60, 87, 88
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, emiten el siguiente dictamen al tenor de los siguientes
I. Antecedentes.
1. Con fecha 27
de septiembre de 2001, el diputado federal Raúl Cervantes Andrade, integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la
Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo citada en el proemio del
presente dictamen.
2. En la misma
fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 fracción f
de la Ley Orgánica que rige el citado Congreso, acordó turnar la proposición con punto
de acuerdo a las comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes, para su estudio y
dictamen.
3. Con el fin de
dar cumplimiento al mandato de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 párrafo tercero 45 párrafo sexto en los
incisos e y f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
así como en los numerales 60, 85, 87, 88 y demás relativos aplicables del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas
comisiones unidas se abocaron al análisis detallado de la proposición para emitir el
presente dictamen en atención al siguiente:
II. Contenido de la proposición.
La proposición
con punto de acuerdo en cuestión señala en la exposición de motivos, que la venta de
las aerolíneas incluidas en el corporativo Cintra es una cuestión de suma trascendencia
para la vida económica y social de nuestro país.
Resalta la
participación del Poder Legislativo en el diseño de la política aeronáutica convocada
por el Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Asimismo, el
legislador hace referencia a los ataques terroristas realizados en Estados Unidos el
pasado 11 de septiembre de 2001, para señalar sus graves repercusiones en la aviación
nacional e internacional, que en muchos de los casos, han puesto en riesgo su operación y
existencia.
Recomienda que,
la evaluación de las repercusiones que dichos atentados terroristas tendrán en nuestra
aviación comercial se realice sólo a mediano plazo, cuando se reconozcan los recursos
que se utilizarán en la casi inevitable respuesta a estos atentados.
De igual forma
comenta en la exposición de motivos que, es necesario contar con todos los elementos que
permitan tomar una decisión idónea en relación con la venta de Cintra, así como la
adecuación, transformación y actualización de la industria de la aviación nacional que
la hagan competitiva y productiva, evaluando lo adecuado e inadecuado de que el Estado
participe, así como lo indispensable que el Estado Mexicano apoye a las empresas de este
sector como ha sucedido en otros países.
En concreto, se
propone que se analice en el proceso de venta de Cintra, el impacto de los eventos del 11
de septiembre, perpetrados en las ciudades de Washington y Nueva York, en las empresas
aéreas nacionales y se determinen las mejores condiciones para su desincorporación. Así
también, que con base en la experiencia de lo acontecido a las empresas de transporte
aéreo de la Unión Americana, deberán revisarse las condiciones de desincorporación de
Cintra, a fin de que se garantice que las empresas hasta hoy mexicanas, queden en manos de
mexicanos y estudiándose la conveniencia de mantener una participación del Estado que
permita garantizar que México seguirá conservando una industria de aviación que sirva
al interés nacional, más allá de consideraciones puramente comerciales o de mercado.
Las comisiones
dictaminadoras se abocan al estudio y dictamen de la presente proposición con punto de
acuerdo tomando en cuenta los siguientes:
III. Considerandos
En concordancia
con los argumentos expresados por el legislador en la exposición de motivos de la
proposición con punto de acuerdo en estudio, las comisiones dictaminadoras coinciden en
señalar que los acontecimientos terroristas ocurridos en Estados Unidos el pasado 11 de
septiembre de 2001, han ocasionado repercusiones graves a la aviación comercial nacional
e internacional.
Asimismo, como
resultado de un largo debate entre los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, el
11 de diciembre de 2001, a finales del periodo de sesiones ordinarias, se aprobó una
iniciativa de ley que autoriza al Ejecutivo Federal, para otorgar apoyos tendientes a
salvaguardar los servicios de transporte aéreo, presentada por el Ejecutivo Federal el 31
de octubre de 2001, turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de
Comunicaciones de la Cámara de Diputados y remitida al Senado de la República para sus
efectos constitucionales, donde fue aprobada el 15 de diciembre de 2001.
En el dictamen a
la iniciativa mencionada en el párrafo anterior, las dictaminadoras reconocieron que los
desafortunados actos de terrorismo realizados en septiembre pasado, han derivado en
múltiples problemas para la economía mundial y, de forma muy particular, para las
actividades asociadas a la transportación aérea y el turismo, así como para el ramo
asegurador, poniendo en condiciones de fragilidad extrema numerosas fuentes de empleo
productivo. De ello dan prueba clara los recortes de personal y los programas de apoyo
emergente que han instrumentado en las últimas semanas diversos países, tanto
industrializados como en desarrollo, para evitar la quiebra y cierre de sus principales
aerolíneas comerciales.
Asimismo en el
dictamen en comento las dictaminadoras señalaron, que sobre esta contingencia, se observa
el carácter oportuno de la decisión adoptada por el Legislativo de suspender por el
momento la privatización de las empresas que componen el corporativo de Cintra, dado que
todas estas circunstancias determinan la necesidad de replantear la política aeronáutica
nacional.
En consecuencia,
las comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes han acordado recomendar a las
autoridades correspondientes, que en el proceso de venta de Cintra, se analice el impacto
de los eventos del 11 de septiembre de 2001, perpetrados en las ciudades de Washington y
Nueva York, en las empresas aéreas nacionales y se determinen las mejores condiciones
para su desincorporación.
Asimismo, las
dictaminadoras han acordado recomendar a las autoridades correspondientes, que con base en
la experiencia de lo acontecido a las empresas de transporte aéreo en la Unión
Americana, se revisen las condiciones de desincorporación de Cintra, a fin de que se
garantice que las empresas, hasta hoy mexicanas, queden en manos de mexicanos y se estudie
la conveniencia de la participación del Estado que permita garantizar que México siga
conservando una industria de aviación que sirva al interés nacional más allá de
consideraciones comerciales y de mercado.
En atención a
todas las consideraciones que se han expresado en el cuerpo del presente dictamen los
suscritos, miembros de las comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 40 inciso b, 45 punto 5 inciso e y demás concordantes de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88 y demás
relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la aprobación de esta alta tribuna se
dictamine en el siguiente sentido:
Primero. Se recomienda al Instituto de Protección
al Ahorro Bancario (IPAB) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que en
el proceso de venta de Cintra, se analice el impacto de los eventos del 11 de septiembre
de 2001, perpetrados en las ciudades de Washington y Nueva York, en las empresas aéreas
nacionales y se determinen las mejores condiciones para su desincorporación.
Segundo. Se recomienda al Instituto de Protección
al Ahorro Bancario y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que con base en la
experiencia de lo acontecido a las empresas de transporte aéreo en la Unión Americana,
se revisen las condiciones de desincorporación de Cintra, a fin de que se garantice que
las empresas, hasta hoy mexicanas, queden en manos de mexicanos y se estudie la
conveniencia de la participación del Estado que permita garantizar que México siga
conservando una industria de aviación que sirva al interés nacional más allá de
consideraciones comerciales y de mercado.
Tercero. Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las
comisiones dictaminadoras solicitan al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, y a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informen de las acciones que se realicen para
dar cumplimiento a los puntos primero y segundo, aprobados por esta soberanía.
Cuarto. En consecuencia, se ordene archivar el
expediente como asunto concluido.
Dado en el
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 6 de marzo de 2002.— Por la Comisión
de Comunicaciones:, diputados: Jesús Orozco Alfaro
(PRI), presidente, rúbrica; Bulmaro Rito Salinas (PRI)
secretario, rúbrica; Emilio R. Goicoechea Luna
(PAN), secretario, rúbrica; Alonso Ulloa Vélez (PAN),
secretario, rúbrica; Alejandro García Sainz Arena
(PVEM), secretario, rúbrica; Edilberto Jesús
Buenfil Montalvo (PRI); Gustavo Carvajal
Moreno (PRI); José Gerardo de la Riva Pinal
(PRI), rúbrica; César Horacio Duarte Jáquez
(PRI), rúbrica; Omar Fayad Meneses (PRI); Javier García González (PRI), rúbrica; Jaime Arturo Larrazábal Bretón (PRI), rúbrica; Marcos Paulino López Mora (PRI), rúbrica; Roberto Preciado Cuevas (PRI), rúbrica; Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI); Francisco Javier Sánchez Campuzano (PRI),
rúbrica; Manuel Castro y del Valle (PAN),
rúbrica; Tereso Martínez Aldana (PAN); Noé Navarrete González (PAN); Orestes Eugenio Pérez Cruz (PAN); Francisco Ramírez Cabrera (PAN); José Rivera Carranza (PAN), rúbrica; Arturo San Miguel Cantú (PAN), rúbrica; Martín Hugo Solís Alatorre (PAN); José Ramón Soto Reséndiz (PAN), rúbrica; Felipe Velasco Monroy (PAN), rúbrica; Víctor Manuel O. Camposeco (PRD); Bonifacio Castillo Cruz (PRD); Enrique Herrera y Bruquetas (PRD) y Bertha Alicia Simental García (PSN).
Por la Comisión
de Transportes, diputados: Juan Manuel Duarte
Dávila (PAN), presidente, rúbrica; Raúl
Cervantes Andrade (PRI), rúbrica; José Rodolfo
Barrera Escudero (PVEM), rúbrica y Orestes
Eugenio Pérez Cruz (PAN), secretarios, rúbrica; Arturo Bonifacio de la Garza Tijerina (PRI),
rúbrica; Ismael Estrada Colín (PRI), rúbrica;
Alonso Ulloa Vélez (PRI), rúbrica; Mercedes Hernández Rojas (PAN), rúbrica; Noé Navarrete González (PAN), rúbrica; Jesús Orozco Alfaro (PRI), rúbrica; Francisco Patiño Cardona (PRD), rúbrica; Francisco Raúl Ramírez Avila (PAN), rúbrica; Arturo San Miguel Cantú (PAN), rúbrica; Esteban Sotelo Salgado (PAN), rúbrica; José Ramón Soto Reséndiz (PAN), rúbrica; Jesús Adelfo Taracena Martínez (PRI), rúbrica y Emilio Ulloa Pérez (PRD), rúbrica.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Están a
discusión los puntos de acuerdo a que ha dado lectura la Secretaría.
Se abre el
registro de oradores...
No habiendo
registro de oradores, consulte al Secretaría a la Asamblea si se considera
suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
En votación
económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de
acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Suficientemente discutido.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
En votación
económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobado. Comuníquese al
Ejecutivo.
CAMPO
MEXICANO
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisión de Agricultura y Ganadería.— Comisión de Desarrollo
Rural.— Comisión de Reforma Agraria.
De las
comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural y de Reforma Agraria con
proyecto de punto de acuerdo, para solicitar al Gobierno Federal y a la Comisión
Intersecretarial para el Desarrollo Rural sustentable, den a conocer a esta soberanía y
al pueblo de México, antes del término de este periodo de sesiones ordinarias, un
informe pormenorizado de la actual situación política, jurídica y social del campo
mexicano
Honorable
Asamblea: a las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural y de Reforma
Agraria, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la
proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Gobierno Federal y a la Nueva
Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, den a conocer a esta
soberanía y al pueblo de México, antes del término de este periodo de sesiones
ordinarias, un informe pormenorizado de la actual situación política, jurídica y social
del campo mexicano, presentada al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión por el diputado José Manuel del Río Virgen, integrante del grupo parlamentario
del Partido Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional y de diputados
integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos: Revolucionario Institucional, de
la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo y del Partido
Acción Nacional.
Por lo anterior
y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 numeral 1 y 3 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y 65, 87 y 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado el
contenido de la iniciativa de referencia, someten a la consideración de los integrantes
de esta Asamblea, el presente dictamen bajo la siguiente
METODOLOGIA
Las comisiones
encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron su trabajo
conforme al procedimiento que a continuación se describe:
I. En el
capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso
legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido punto de acuerdo y de los
trabajos previos de la comisión.
II. En el
capítulo de “Consideraciones”, los integrantes de estas comisiones expresan
argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de
respaldar en lo general la iniciativa de análisis.
I. ANTECEDENTES
Primero: con
fecha 11 de abril del 2002, el diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo
parlamentario del Partido Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional,
presentó al pleno de esta Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo, para
solicitar al Gobierno Federal y a la nueva Comisión Intersecretarial para el Desarrollo
Rural Sustentable, den a conocer a esta soberanía y al pueblo de México, antes del
término de este periodo de sesiones ordinarias, un informe pormenorizado de la actual
situación política, jurídica y social del campo mexicano.
Segundo: en
sesión celebrada 11 de abril de 2002, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de
la Unión, turnó a las comisiones de Agricultura y Ganadería, de De-sarrollo Rural y de
Reforma Agraria, para su estudio y dictamen, la iniciativa anteriormente referida.
Tercero: con
fecha 19 de abril de 2002 las comisiones conocieron la propuesta de punto de acuerdo,
procediendo a dictaminar la presente iniciativa bajo los siguientes
II.
CONSIDERANDOS
Primero: en
términos sociales, existe un rezago extremo en el campo, el 25% de la población nacional
vive en el sector rural, este sector genera alrededor del 5% del PIB. La pobreza extrema
lesiona al 55% y la pobreza moderada al 81% de la población del sector rural. Además, la
escolaridad promedio de la población rural es de 3.3 años de primaria, la media nacional
es de 7.1 años.
Segundo: de 1994
a 1999 han emigrado 900 mil mexicanos a Estados Unidos para totalizar 8 millones de
mexicanos.
Tercero: los
recursos naturales son amplios, pero también se encuentran en un proceso de degradación.
De los 200 millones de hectáreas con que cuenta el país (sector agropecuario y
forestal), entre 130 y 170 millones están sujetos a diversos grados de erosión (80
millones con severos daños ecológicos). El sector agropecuario utiliza el 85% del agua
disponible y se estima un desperdicio de alrededor del 50%.
Cuarto: en las
áreas rurales se presenta la atomización de las unidades de producción. En el campo
existen 3.8 millones de unidades de producción con superficie de labor, la superficie
promedio por unidad es de 8.03 hectáreas. El 15% de las unidades de producción generan
excedentes comerciables, otro 35% cuenta con potencial productivo y el restante 50% no
cuenta con potencial productivo.
Quinto: también
se observa una desintegración de las cadenas productivas, resistencia a atender las
señales del mercado e ineficientes canales de distribución (alrededor del 30% de la
producción se pierde debido a problemas de almacenamiento y transporte) son comunes en el
campo mexicano.
Sexto: el país
en su conjunto se encuentra en un entorno económico adverso, que se manifiesta en precios
mundiales deprimidos desde 1997, una balanza comercial deficitaria de 3 mil 728 millones
de dólares, un creciente costo de los insumos y nuevos impuestos para el sector, tales
como IMSS e ISR, en tanto que en los países desarrollados se observa una tendencia a
incrementar los apoyos.
Séptimo:
asimismo, con la apertura comercial, tendrá lugar la eliminación de los aranceles para
los productos del campo a partir del año 2003.
Octavo: existe
una abundancia de programas canalizados al campo con objetivos de producción, combate a
la pobreza, desarrollo de infraestructura, conservación ambiental y otros, pero a falta
de una integración, no se ha alcanzado el desarrollo deseado del medio rural.
Noveno: la
promulgación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, establece un marco para promover
el desarrollo rural integral del país a través de sus tres ámbitos de gobierno,
desarrollando políticas, programas y acciones que consideren a la agricultura, a la
ganadería y a la silvicultura como actividades prioritarias para el desarrollo del país.
Décimo: en el
marco de esta ley, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural sustentable,
propondrá al Ejecutivo Federal el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural
Sustentable que comprenderá las políticas públicas orientadas a la generación y
diversificación de empleo y a garantizar a la población campesina el bienestar y su
participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de
alta y muy alta marginación y a las poblaciones socialmente débiles.
Undécimo: de
acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Comisión Intersecretarial estará
integrada por los titulares de las siguientes dependencias del Ejecutivo Federal:
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cuyo
titular la presidirá; Secretaría de Economía; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Comunicaciones y
Transportes; Secretaría de Salud; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de la
Reforma Agraria; Secretaría de Educación Pública y las dependencias y entidades del
Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate.
Estas dependencias en el marco de la comisión son importantes promotores del mejoramiento
de la calidad de vida de la población del campo.
Duodécimo: esta
Comisión Intersecretarial es responsable de atender, coordinar y dar el seguimiento
correspondiente a los programas sectoriales y especiales que tengan como propósito
impulsar el desarrollo rural sustentable. Asimismo, es responsable de promover y coordinar
las acciones y la concertación de la asignación de responsabilidades a las dependencias
y entidades federales competentes en las materias que aborda la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable.
Por lo
anteriormente expuesto los integrantes de las comisiones de Agricultura y Ganadería, de
Desarrollo Rural y de Reforma Agraria nos permitimos someter a la consideración del pleno
de esta Asamblea el siguiente
DICTAMEN
Unico. Se solicita al Gobierno Federal y a la
nueva Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, den a conocer a
esta soberanía y al pueblo de México, un informe pormenorizado por escrito de la actual
situación política, jurídica y social del campo mexicano.
Salón de
sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 30 de abril de
2002.— Por la Comisión de Agricultura y Ganadería rubrican el presente dictamen los
diputados: Jaime Rodríguez López, presidente; Miguel Ortiz Jonguitud, J. Jesús Dueñas Lleneras,
Mario Cruz Andrade y Ramón Ponce Contreras, secretarios; Oscar Alvarado Cook, José
María Anaya Ochoa, Francisco Arano Montero, Francisco Calzada Padrón, Francisco Castro
González, Miguel Castro Sánchez, Arturo B. de la Garza Tijerina, José Rodolfo Escudero
Barrera, Francisco Esparza Hernández, Francisco Javier Flores Chávez, José Luis
González Aguilera, Santiago Guerrero Gutiérrez, Arturo Herviz Reyes, José de Jesús
Hurtado Torres, José Jaimes García, Silverio López Magallanes, Juan Mandujano Ramírez,
Martha Ofelia Meza Escalante, Martín Gerardo Morales Barragán, María del Rosario Oroz
Ibarra, Francisco Javier Ortiz Esquivel, Juan Carlos Regis Adame, Jaime Tomás Ríos
Bernal, José Roque Rodríguez López y Petra
Santos Ortiz. Por la Comisión de Desarrollo Rural rubrican el presente dictamen los
diputados: Alfonso Oliverio Cardona, presidente;
Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, Francisco Javier
Chico Goerne Cobián, Edgar Consejo Flores Galván y Miguel Angel de Jesús Mantilla
Martínez, secretarios; Rubén Aguirre Ponce, Alberto Anaya Gutiérrez, José Jaime
Barrón Fonseca, J. Timoteo Martínez Pérez, Lilia Mendoza Cruz, Martín Gerardo Morales
Barragán, J. Melitón Morales Sánchez, Francisco Javier Ortiz Esquivel, Héctor Pinedo
Velásquez, Rafael Ramírez Sánchez, Valdemar Romero Reyna, Roque Rodríguez López, Juan
Carlos Sainz Lozano, Rafael Barrón Romero, Jorge Carlos Berlín Montero, Andrés Carballo
Bustamante, Maricruz Cruz Morales, José Manuel Díaz Medina, Gustavo Alonso Donis
García, Manuel Duarte Ramírez, Abelardo Escobar Prieto, Juan Mandujano Ramírez, Miguel
Vega Pérez y Juvenal Vidrio Rodríguez. Por
la Comisión de Reforma Agraria los diputados: Félix
Castellanos Hernández, presidente; Jorge
Esteban Sandoval Ochoa, José Ignacio Mendicuti Pavón y Edgar Eduardo Alvarado García,
secretarios; Rubén García Farías, José Jaimes García, José Luis González Aguilera,
Martha Ofelia Meza Escalante, José Jacobo Nazar Morales, Juan Paredes Gloria, Jorge
Schettino Pérez, José Antonio García Leyva, Juan Leyva Mendívil, J. Timoteo Martínez
Pérez, J. Melitón Morales Sánchez, Valdemar Romero Reyna, Rafael Barrón Romero, Mario
Reyes Oviedo, David Rodríguez Torres, José María Anaya Ochoa, Alicia Concepción
Ricalde Magaña, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, Ramón Ponce Contreras, Rafael Ramírez
Sánchez, J. Jesús Dueñas Llerenas, José Rodolfo Escudero Barrera, Petra Santos Ortiz,
Cuauthémoc Montero Esquivel y Rogaciano Morales
Reyes.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Está a
discusión el punto de acuerdo.
Se abre el
registro de oradores...
No habiendo
quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría con la Asamblea si se considera
suficientemente discutido el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
En votación
económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de
acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Suficientemente discutido.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
En votación
económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
ESTADO
DE VERACRUZ
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisión de Agricultura y Ganadería.
Honorable
Asamblea: a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, le fue
turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo, presentada por el
diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, proposición que pretende que la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, junto con el Banco de Desarrollo
Rural, conozcan la situación que enfrentan los productores de papa de la región de
Perote en el Estado de Veracruz.
Con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, a esta comisión corresponde dictaminar la presente proposición
con punto de acuerdo a partir de los siguientes
ANTECEDENTES
El 2 de abril
del año 2002, el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, presentó la proposición con
punto de acuerdo, para que la Sagarpa, junto con el Banco de Desarrollo Rural, conozcan la
terrible situación por la que atraviesan los productores de papa de la región de Perote
en el Estado de Veracruz.
En la misma
fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición para
su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Con base en los
antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes
CONSIDERACIONES
Que la
situación que guarda la región de Perote en el Estado de Veracruz, en particular los
productores de papa es acorde a lo establecido en el punto de acuerdo del diputado Yunes
Zorrilla, esto es, bastante crítica y desoladora, por lo que se requiere que la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, no sólo
conozca la problemática de cerca, sino que instrumente algún programa de apoyo a esta
región del país.
Que la
Secretaría a través de su delegación estatal en Veracruz debe ser la encargada de
remitir un informe pormenorizado de la situación que en aquella región está sucediendo,
para que una vez que se cuente con la información correspondiente se establezca un
programa de apoyo emergente.
Con base en las
consideraciones anteriormente establecidas los integrantes de la Comisión de Agricultura
y Ganadería sometemos a la consideración del pleno el siguiente
DICTAMEN
Primero. Envíese el contenido del punto de
acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, así como al Banco de Desarrollo Rural, para que conozcan la situación por
la que atraviesan los productores de papa de la región de Perote en el Estado de
Veracruz.
Segundo. Se exhorta para que una vez que la
Secretaría cuente con el diagnóstico pertinente, establezca un pro- grama de apoyo a
favor de los productores de papa de la región de Perote, Veracruz.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 30 de abril de 2002.- Por la Comisión de Agricultura y
Ganadería.— Diputados: Jaime Rodríguez López,
presidente; Miguel Ortiz Jonguitud, J. Jesús
Dueñas Llerenas, Mario Cruz Andrade y Ramón Ponce Contreras, secretarios; Oscar Alvarado Cook, José María Anaya Ochoa,
Francisco Arano Montero, Francisco Calzada Padrón, Francisco Castro González, Miguel
Castro Sánchez, Arturo B. de la Garza Tijerina, José Rodolfo Escudero Barrera, Francisco
Esparza Hernández, Francisco Javier Flores Chávez, José Luis González Aguilera,
Santiago Guerrero Gutiérrez, Arturo Herviz Reyes, José de Jesús Hurtado Torres, José
Jaimes García, Silverio López Magallanes, Juan Mandujano Ramírez, Martha Ofelia Meza
Escalante, Martín Gerardo Morales Barragán, María del Rosario Oroz Ibarra, Francisco
Javier Ortiz Esquivel, Juan Carlos Regis Adame, Jaime Tomás Ríos Bernal, José Roque
Rodríguez López y Petra Santos Ortiz.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Está a
discusión el punto de acuerdo.
No habiendo
quien haga uso de la palabra, le ruego a la Secretaría consulte si está suficientemente
discutido.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
En votación
económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de
acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Suficientemente discutido.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
En votación
económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobado el punto de acuerdo.
Comuníquese al Ejecutivo.
Pasamos al
siguiente punto de acuerdo, cuyo dictamen se ha distribuido.
CARTILLA
NACIONAL DE SALUD DE LA MUJER
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisión de Salud.
Honorable
Asamblea: a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le
fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo, relativa a la
instrumentación efectiva por parte del Ejecutivo Federal de la Cartilla de la Salud de la
Mujer, presentada por las diputadas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Esta comisión
dictaminadora, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39
numerales 1 y 3, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la
consideración de los integrantes de esta honorable soberanía el presente dictamen, de
acuerdo con los siguientes
ANTECEDENTES
1. El 6 de marzo
de 1998, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el entonces
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León,
expidió un decreto mediante el cual se estableció la Cartilla Nacional de la Mujer.
2. La cartilla
fue concebida como un instrumento para impulsar un mayor bienestar de las mujeres
mexicanas a través del conocimiento sobre sus condiciones de salud durante su edad
productiva. La cartilla de las mujeres permitiría a los prestadores de servicios dar
puntual seguimiento a sus pacientes. Adicionalmente, favorecer a las mexicanas, en
solicitar la atención a sus problemas de salud conforme a la capacidad y normatividad
vigentes en las instituciones del Sistema Nacional de Salud.
3. Desde su
implementación en 1998, la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer, a pesar de sus logros,
ha encontrado dificultades para extenderse a todas las mujeres que lo requieren. Si
revisamos las cifras vemos cuan lejos estamos de solucionar algunos de los problemas para
los que fue creada. Anualmente más de 800 mujeres desarrollan cáncer cervicouterino,
causando desafortunadamente su deceso.
4. De ahí la
necesidad de ampliar la cobertura y volver eficaz la implementación de dicho instrumento.
MARCO JURIDICO
Artículo 4o. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de
Salud.
Artículos: 33
fracciones I y II, 57, 112 fracciones I y II, 133 fracción III, 134 fracciones VIII y
XIII, así como también lo referente a los artículos 158, 159, 160 y 161.
Decreto por el
que se establece la Cartilla Nacional de la Mujer DOF 6-marzo-1998.
Derivado del
estudio de los antecedentes esta Comisión de salud hace las siguientes
CONSIDERACIONES
A. Los
integrantes de esta Comisión de Salud coinciden en que las mujeres son una parte
importante de nuestra sociedad y requieren que las políticas de Estado, en los tres
niveles de gobierno, estén basadas en planes y políticas de desarrollo social que
fortalezcan el respeto y el ejercicio de sus derechos.
B. También se
requiere que dichas políticas atiendan sus necesidades en las que se encuentra la
protección a la salud de acuerdo a lo establecido en el artículo 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
C. Asimismo la
Ley General de Salud en su artículo 33 en sus fracciones I y II relativas a la atención
médica establece:
Las actividades
de atención médica son:
I. Preventivas
que incluyen las de promoción general y las de protección específicas.
II. Curativas
que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno.
De igual manera
el artículo 112 del cuerpo normativo invocado, correspondiente a la educación para la
salud, hace referencia en sus incisos I y II a lo siguiente:
I. Fomentar a la
población el desarrollo de actitudes y conductas que permitan participar en la
prevención de enfermedades, colectivas y accidentes y protegerse de los riesgos que
pongan en peligro su salud.
II. Proporcionar
a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños
provocados por lo efectos nocivos del ambiente en la salud.
Asimismo el
artículo 133 en su fracción III establece que deberán realizarse los programas y
actividades que estimen necesarios para la prevención y control de enfermedades y
accidentes.
Al igual que el
Capítulo III. En sus artículos 158, 159, 160 y 161 hacen referencia a las actividades de
prevención y control de enfermedades no transmisibles, mismas que a continuación se
retoman:
D. Que de
acuerdo a los resultados de las estadísticas realizadas por el sector salud, en 1999 los
tumores malignos ocupan el segundo lugar como causa de muerte en el territorio nacional.
E. Que la
mortalidad hospitalaria por tumores (neoplasias) ocurrida en 1999 fueron de 11 mil 830
casos, de los cuales 5 mil 883 le ocurrieron a mujeres.
F. Que los
tumores malignos de mama, cuello de útero y ovario, causaron la muerte de 1 mil 624
mujeres en el año de 1999, 688 corresponden a tumores malignos de mama, 671 por tumores
malignos de cuello de útero y 265 por tumores malignos de ovario.
G. Que en el
caso de los tumores malignos de mama 553 mujeres murieron entre los 15 y 64 años y 147
fueron mayores de 65 años.
H. Que en el
caso de los tumores malignos de cuello de útero 506 mujeres murieron entre los 15 y 64
años y 165 mujeres murieron por la edad arriba de los 65 años.
I. En el rubro
de la morbilidad hospitalaria durante 1999 el Sistema Nacional de Salud atendió 12 mil
693 casos de tumores malignos, de los cuales 12 mil 748 correspondieron a tumores malignos
de mama y 12 mil 987 a tumores malignos de cuello de útero.
J. En los casos
de los tumores malignos de mama fueron atendidas 10 mil 324 mujeres de 15 a 64 años de
edad y 2 mil 405 mujeres mayores de 65 años, igualmente en el caso de los tumores
malignos de cuello de útero se atendieron a: 10 mil 604 mujeres entre los 15 y 64 años
de edad y 2 mil 78 mujeres mayores de 65 años.
K. Que de
acuerdo al Programa Nacional de Salud 2001-2006 establecido por el Ejecutivo Federal en su
línea de acción 1.3 hace referencia a promover la perspectiva de género en el sector
salud, en el que se incluye el fortale- cimiento del acceso de las mujeres a los servicios
de salud durante todo el ciclo de vida.
L. En su línea
de acción 2.5 establece como meta la disminución de los casos de cáncer
cérvico-uterino, así como alcanzar y mantener en 80% la cobertura de detención temprana
de cáncer cérvico-uterino en el grupo de mujeres de 25 a 64 años de edad,
particularmente entre las que nunca se han realizado el examen del papanicolaou.
Disminuir para
el año 2006 la tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino en mujeres de 25 años y
más en 15% respecto a la del año 2000.
Garantizar para
el año 2006 el manejo y tratamiento del 90% de los casos detectados de displasias y
cáncer in situ, así como garantizar para el
año 2006 el manejo y tratamiento de 80% de los casos de cáncer invasor.
M. En su línea
de acción 3.8 se proyecta la atención de las neoplasias malignas, teniendo como meta
para el año 2006:
• Evitar
que la tasa de mortalidad de cáncer de mama supere las 17 defunciones por 100,000 mujeres
de 25 años y más.
•
Establecer en todas las instituciones de salud protocolos obligatorios de tratamiento para
cáncer de acuerdo al estadío clínico de la enfermedad.
•
Garantizar el tratamiento de 90% de los casos detectados de cáncer.
Por lo expuesto
y con fundamento en los artículos 45 numeral 6 incisos e y f de
la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para
el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la comisión
dictaminadora emiten el siguiente
RESOLUTIVO
Unico. Se exhorta al Poder Ejecutivo para que a
través de la Secretaría de Salud, se instrumenten las medidas necesarias, a fin de poner
en marcha de manera operativa y sistemática el empleo de la Cartilla Nacional de la Salud
de la Mujer, a efecto de garantizar un adecuado control de la salud de las mujeres
mexicanas.
Así lo
acordaron y firmaron los diputados integrantes de la Comisión de Salud.
Sala de
comisiones de la Cámara de Diputados, a 29 de mayo de 2002.— Diputados: María Eugenia Galván Antillón, presidenta; Eduardo A. Leines Barrera, Rafael Orozco Martínez,
Adela Del C. Graniel Campos, Héctor Esquiliano Solís, secretarios; Samuel Aguilar Solís, Juan Alcocer Flores, Francisco
J. Cantú Torres, María Domínguez Ramírez, María de las Nieves García Fernández,
Policarpo Infante Fierro, Francisco S. López Brito, Enrique Meléndez Pérez, Felipe
Olvera Nieto, Julieta Prieto Fuhrken, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Ernesto Saro Boardman,
Carlos A. Valenzuela Cabrales, Juvenal Vidrio Rodríguez, Juan Alcocer Flores, Celia
Martínez Bárcenas, Neftalí S. Escobedo Zoletto, Federico Granja Ricalde, Arturo León
Lerma, Santiago López Hernández, Magdalena Núñez Monreal, Manuel Wistano Orozco Garza,
Víctor Antonio García Dávila, Luis Miguel Santibáñez García; Olga M. Uriarte Rico,
José S. Velázquez Hernández (rúbricas).
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Está a
discusión el punto de acuerdo.
Se abre el
registro de oradores.
No habiendo
quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra
suficientemente discutido.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
En votación
económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto
de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Suficientemente
discutido.
El secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
En votación
económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Vuelva usted a
consultar, señor Secretario.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
En votación
económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobado el punto de acuerdo.
En virtud de que
los siguientes dictámenes no han sido distribuidos, quedan de primera lectura.
Le ruego a la
Secretaría dar lectura a los enunciados de los dictámenes respetivos e instruyo para
que, además de distribuirse, se publiquen en la Gaceta
Parlamentaria para que puedan discutirse la próxima sesión.
De la Comisión
de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo relativo a la proposición...
Continué la
Secretaría la lectura.
CENSO
AGROPECUARIO
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisión de Agricultura y Ganadería.
Honorable
Asamblea: a la Comisión de Agricultura y Ganadería, le fue turnada para su estudio y
dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Heriberto
Huicochea Vázquez, a nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario
Institucional, Revolución Democrática y del Trabajo, el 15 de diciembre de 2001,
proposición que pretende que en el Presupuesto de Egresos se destine una partida
presupuestal al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para que
realice el censo agropecuario mismo que debió haberse realizado en el presente año.
Con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87 y demás aplicables
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería, corresponde dictaminar la
proposición en comento, por lo que se somete a la consideración de esta Asamblea el
presente dictamen, a partir de los siguientes
ANTECEDENTES
El 15 de
diciembre de 2001, el diputado anteriormente referido, presentó la proposición con punto
de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asigne una partida
presupuestal especial al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
para que efectué el censo agropecuario en el año 2002.
En la misma
fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición para su
estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Con base en los
antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes
CONSIDERACIONES
Que el censo
agropecuario se ha realizado cada 10 años desde 1930 con la única excepción de 1980, en
la que el proceso fue fallido y no cubrió los requisitos técnicos. La ausencia de éste
generó un periodo de 20 años sin información agropecuaria, con un déficit de graves
consecuencias, ahora, en el 2001 correspondería realizar un nuevo censo agropecuario, ya
que el último que se realizó fue en 1991.
Que después de
este último censo, han ocurrido importantes transformaciones de carácter económico y
social que requieren de mediciones estadísticas, entre ellas destacan: la firma de los
compromisos comerciales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte;
modificaciones del mercado y el uso del suelo; y un rápido incremento de la pobreza
rural.
Que la inminente
entrada en vigor de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable implicará, entre otros
aspectos sobresalientes, la especialización en la planeación del sector y del uso y
difusión de la información estadística agropecuaria, por lo que el censo constituye una
necesidad ineludible y un punto de partida seguro para el arranque de la nueva etapa del
desarrollo social y productivo del medio rural.
Que el proyecto
de Presupuesto de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, no considera recursos
para que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática realice este
censo y considerando que sus techos financieros tienen escasos márgenes de holgura, se
plantea que deberá ser una prioridad en el destino de los recursos que en forma
adicional, por diversas vías, se obtengan en dicho año.
Que una vez que
el dictamen del proyecto de Presupuesto de la Federación para el año 2002, está siendo
elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados es
indispensable que esa instancia legislativa tome en consideración el resolutivo del
presente dictamen.
Por las
consideraciones anteriormente expuestas los integrantes de la Comisión de Agricultura y
Ganadería sometemos a la consideración del pleno el siguiente
DICTAMEN
Unico. Que en el proyecto de dictamen de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2002, se dote de recursos suficientes
para que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, realice el
censo agropecuario durante el transcurso de dicho año, con objeto de que la información
básica sirva para la toma de decisiones en beneficio del desarrollo del campo de México.
México, DF, a 8
de octubre de 2002.— Diputados: Jaime
Rodríguez López, presidente; Miguel Ortiz
Jonguitud, J. Jesús Dueñas Llerenas, Alfonso Oliverio Elías Cardona, Ramón Ponce
Contreras, secretarios; Oscar Alvarado Cook,
Feliciano Calzada Padrón, Francisco Castro González, Miguel Castro Sánchez, Arturo B.
de la Garza Tijerina, José Luis González Aguilera, Santiago Guerrero Gutiérrez, José
Jaimes García, Silverio López Magallanes, Martha Ofelia Meza Escalante, María del
Rosario Oroz Ibarra, Francisco Arano Montero, Francisco Esparza Hernández, Francisco
Javier Flores Chávez, José de Jesús Hurtado Torres, Juan Mandujano Ramírez, Martín
Gerardo Morales Barragán, Francisco Javier Ortiz Esquivel, Jaime Tomás Ríos Bernal,
José María Anaya Ochoa, José Roque Rodríguez López, Petra Santos Ortiz, Arturo Herviz
Reyes, José Rodolfo Escudero Barrera y Juan
Carlos Regis Adame.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
A fin de que se
realice el censo agropecuario.
Queda de primera lectura.
Continúe la
Secretaría.
GAS
DOMESTICO
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Honorable
Asamblea: a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados,
correspondiente a la LVIII Legislatura, le fue turnado para su estudio y dictamen, el
comunicado del estado de Nuevo León, por el que transcribe el punto de acuerdo en el que
solicita se verifique y revise el precio vigente del gas (natural) doméstico en el estado
de Nuevo León y se analice la posible implementación de una tarifa preferencial,
presentado el 5 de abril de 2001, lo anterior en ejercicio de la fracción III del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la
consideración del honorable Congreso de la Unión.
La Comisión de
Comercio y Fomento Industrial de la LVIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39
y 45 párrafo sexto, incisos d, e y f,
así como en el tercero transitorio fracción IV inciso a de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior
para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis
de los puntos de acuerdo descritos, al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. En
sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 5 de abril de 2001, los
secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno del comunicado del honorable Congreso del
Estado de Nuevo León. El Presidente de la Mesa Directiva, acordó dar el siguiente
trámite: "túrnese a la Comi- sión de Comercio y Fomento Industrial".
Segundo.
Mediante oficio CCFI/000733/2001 de fecha 10 de octubre de 2001, se dio cuenta a los
integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del contenido del mencionado
comunicado.
Tercero. El
comunicado solicita a las secretarías de Economía y de Energía verifiquen el precio
vigente del gas natural doméstico y de ser posible que se implemente un precio
preferencial al Estado de Nuevo León.
CONSIDERANDOS
Primero. Que con
base en los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con las
atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar el comunicado de referencia.
Segundo. Que
México cuenta con reservas importantes de gas natural y es uno de los primeros 15
productores a escala internacional de este energético. En América ocupa el tercer lugar
en producción, después de Estados Unidos y Canadá. En cuanto a consumo, nuestro país
se coloca en decimosegundo lugar en el ámbito mundial.
Tercero. Que el
consumo nacional de gas natural de 1993 a 2000 creció a un ritmo del 5.2% de promedio
anual. Donde el sector petrolero ha mantenido el mayor consumo de gas natural, cuya
participación en el mercado asciende al 43% y le sigue la industria con 32%, el sector
eléctrico con 23% y finalmente el consumo residencial y de servicios con apenas el 2%.
Cuarto. Que el
gas natural se encuentra presente en la ciudad de Monterrey desde 1927 y cuenta con una
infraestructura sumamente extensa y en crecimiento constante. Actualmente, existen cerca
de 1 mil industrias y 470 mil usuarios residenciales y comerciales, dada la población en
el área conurbada el 85% consume gas natural y aproximadamente el 90% de la industria que
consume combustible depende del gas natural.
Quinto. Que la
región noreste del país conformada por los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas, es la segunda región más consumidora de gas natural con el 24%
y concentra el 87% del consumo residencial a nivel nacional.
Sexto. Que la
política energética de precios en México reconoce la competitividad y cotizaciones del
mercado internacional1, por lo que Petróleos
Mexicanos (Pemex) toma como precio de referencia los precios internacionales2. Esto ocasiona que los precios del gas mexicano
registren notables variaciones que responden a factores estructurales y coyunturales, así
como de una compleja interacción de oferta y demanda internacional.
Séptimo. Que el
artículo 90 del Reglamento del Gas Natural, indica que el precio al usuario final se
compone del precio de adquisición del gas (venta a primera mano) + tarifa de transporte +
tarifa de almacenamiento + tarifa de distribución. De esta manera, el componente de
variación del precio del gas natural al consumidor final, es precisamente el precio de
adquisición del gas que contempla las cotizaciones del energético a nivel mundial.
Octavo. Que el
artículo 91 del Reglamento del Gas Natural, señala que los distribuidores podrán
trasladar a sus usuarios finales las variaciones que sufra el precio de adquisición de
gas y las tarifas de transporte y almacenamiento, de acuerdo a lo establecido en las
condiciones generales para la prestación del servicio. En consecuencia, los usuarios
finales se ven afectados por la volatilidad del precio internacional de gas natural que
incide en el precio del gas natural mexicano.
Noveno. Que el
precio del gas natural en el mes de enero de 2001, alcanzó su precio de referencia más
alto en varios años de 9.57 dólares de Estados Unidos de América por 1 millón de
unidades térmicas británicas USD/MMBtu. Lo cual perjudicó directamente a los
consumidores nacionales, particularmente a los consumidores residenciales del Estado de
Nuevo León.
Décimo. Que
para mitigar el alza inusual de los precios internacionales del gas natural, Pemex firmó
un convenio con sus clientes industriales para establecer un precio fijo de venta a
primera mano de 4 USD/MMBtu3. Actualmente,
existe una gran inquietud entre los clientes de Pemex-Gas que se adhirieron al convenio,
debido a la disminución de los precios internacionales del gas natural que se cotiza por
debajo de ese precio.
Decimoprimero.
Que dado lo anterior y atendiendo las peticiones de diversos sectores consumidores de gas
natural, esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial en el ámbito de sus atribuciones
ha coadyuvado en la solución de este problema, ya que el pasado 24 de abril de 2002
aprobó el punto de acuerdo del diputado Abel Guerra Garza del Partido Revolucionario
Institucional, por el cual se exhorta al Gobierno Federal para que instruya a las
secretarías de Energía, Economía y Hacienda y Crédito Público, Comisión Reguladora
de Energía y dirección general de Pemex-Gas y Petroquímica Básica a que renegocien y
modifiquen el convenio de ventas de primera mano por un plazo de tres años, comprendido
del 1o. de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003, por cantidades de gas determinadas y
a un precio de referencia fijo de 4 USD/MMBtu que firmó con sus clientes industriales,
distribuidores y sociedades de autoabastecimiento de gas natural.
Decimosegundo.
Que los miembros integrantes de esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial que
dictaminan, reconocen y concluyen que el Gobierno Federal ha tratado de mitigar el impacto
de la volatilidad de los precios del gas natural en la economía nacional. Sin embargo,
dado el gran número de consumidores domésticos de gas natural en el Estado de Nuevo
León, se considera procedente solicitar una revisión a los precios del gas natural
doméstico y se determine un precio preferencial a esos consumidores.
3 Resolución número RES/012/2001 de la Comisión
Reguladora de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de febrero
de 2001, México.
RESULTANDOS
Primero. Que con base en los considerandos
vertidos en el presente dictamen, se estima procedente la petición del honorable Congreso
del Estado de Nuevo León.
Segundo. Que los miembros integrantes de la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial exhortan al Poder Ejecutivo Federal, para que
instruya a las secretarías de Energía y de Economía verifiquen el precio vigente del
gas natural doméstico y se analice, lo posible implementación una tarifa preferencial al
consumidor residencial del Estado de Nuevo León.
Tercero. Que se informe a esta soberanía sobre
las acciones de esas secretarías.
Cuarto. Remítase el presente dictamen al
honorable Congreso de Nuevo León, para su atención.
Dado en Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 19 de junio de 2002.- Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, presidente; José Ramón Mantilla y González de la Llave,
Ildefonso Guajardo Villarreal, Reyes Antonio Silva Beltrán, secretarios; José Bañales Castro, Orlando Alfonso García
Flores, Moisés Alcalde Virgen, Jaime Salazar Silva, Francisco Javier Ortiz Esquivel,
María Teresa Tapia Bahena, Jorge Urdapilleta Núñez, Carlos Nicolás Villegas Flores,
Samuel Yoselevitz Fraustro, María Luisa Domínguez Ramírez, Hermilo Monroy Pérez,
Roberto Ruiz Angeles, Rafael Servín Maldonado, Gregorio Urías Germán y Norma Patricia Riojas Santana.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Queda de primera lectura.
GAS
DOMESTICO
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Honorable
Asamblea: a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados,
correspondiente a la LVIII Legislatura, le fue turnado para su estudio y dictamen, el
comunicado del Congreso del Estado de Jalisco, por el cual remite el acuerdo por el que se
solicita al Congreso de la Unión, su apoyo para que la Secretaría de Economía norme la
utilización de un sello inviolable en los cilindros del gas doméstico, presentado el 6
de marzo de 2002. Lo anterior, en ejercicio de la fracción III respectivamente del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la
consideración del honorable Congreso de la Unión.
La Comisión de
Comercio y Fomento Industrial de la LVIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39
y 45 párrafo sexto inciso d, e y f,
así como en el tercero transitorio fracción IV inciso a de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del
Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al
estudio y análisis del comunicado descrito al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. En
sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 6 de marzo de 2002, los
secretarios de la misma dieron cuenta al pleno del comunicado del Congreso del Estado de
Jalisco.
Segundo. El
Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "túrnese a la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial".
Tercero.
Mediante oficio número CCFI/001236/2002 de fecha 14 de marzo de 2002, se dio cuenta a los
integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del contenido del mencionado
comunicado.
Cuarto. El
comunicado sostiene lo siguiente:
"El pasado
12 de enero del año en curso en la colonia San Pedro, en el municipio de Tlaquepaque, el
camión repartidor de cilindros de gas de la empresa Servicios Integrales en Gas sufrió
una explosión, (...)
Desafortunadamente
lo ocurrido en el municipio de Tlaquepaque fue producto del llamado ordeñamiento de los
cilindros de gas que realizan los repartidores para ganarse algunos pesos de más.
El citado fraude
no es más que el traspaso de un cilindro lleno a uno vacío, vendiendo ambos al
consumidor, por lo menos con la mitad del gas que debe contener el cilindro.
...
Es importante
que la Secretaría de Economía establezca, a través de una norma mexicana, la
obligación a las empresas distribuidoras de gas doméstico a utilizar un sello inviolable
alrededor de la válvula de los cilindros de gas (licuado de petróleo). Asimismo,
solicitarle al Congreso de la Unión que se legisle en esta materia al ser el gas
doméstico competencia de legislación federal."
CONSIDERANDOS
Primero. Con
base en los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con las
atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar el comunicado de referencia.
Segundo. Que la
petición de instrumentar un sello inviolable en los cilindros portátiles contenedores de
gas licuado de petróleo (Gas LP) ha sido tema de discusión en pasadas legislaturas.
Tercero. Que a
la Comisión de Comercio de la LVII Legislatura, le fue turnada para su estudio y
dictamen, la iniciativa de reforma a la Ley Federal sobre Metrología y Normalizacion,
presentada por el honorable Congreso del Estado de Chihuahua.
La iniciativa
tenía por objeto erradicar la "ordeña" o disminución del gas LP que es
distribuido en los cilindros o envases que los usuarios adquieren para esos efectos. Los
repartidores de gas LP realizan maniobras indebidas para sustraer parte del gas de los
cilindros, sustituyendo el contenido sustraído por agua.
El Congreso
proponente pretendía que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (ahora de
Economía) regulara y en su caso, expidiera normas oficiales mexicanas en lo referente al
almacenamiento, transportación y distribución de gas LP, estableciendo la obligación de
todas las empresas que distribuyan y vendan el mencionado combustible en el sentido de
establecer un mecanismo técnico o un sello inviolable, a fin de evitar la ordeña o
disminución injustificada del gas LP.
El Congreso del
Estado de Chihuahua propuso la reforma al artículo 13 de la Ley Federal de Metrología y
Normalización, para quedar como sigue
“Artículo 13. Los recipientes que no siendo
instrumentos para medir, se destinen reiteradamente a contener o transportar materias
objeto de transacciones cuya masa se determine midiendo simultáneamente el recipiente y
la materia, deberán ostentar visible e indeblemente con caracteres legibles su tara, la
que podrá verificarse en la forma y lugares que fije la Secretaría; así también,
cuando su llenado reiterado y sistemático lo permita y requiera, deberán contar en cada
ocasión al llenado, con el sello de inviolabilidad que garantice la cantidad, cualidad y
calidad de la materia.
Sin embargo, la
Comisión de Comercio de la LVII Legislatura que dictaminó, consideró que dada la
generalidad del texto de la iniciativa de reforma que se proponía podría inducir a
absurdos no previsibles, así como por la falta eventual de su debida instrumentación
para su cumplimiento, por lo que se hizo necesario indicar que los sellos de referencia
serán exigibles en los términos que indique la Norma Oficial Mexicana
correspondiente.”
Cuarto. Que el
19 de mayo de 1999, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley Federal
de Metrología y Nomalización, para quedar como sigue:
“Artículo 13. Los recipientes que, no siendo
instrumentos para medir, se destinen reiteradamente a contener o transportar materias
objeto de transacciones cuya masa se determine midiendo simultáneamente el recipiente y
la materia, deberán ostentar visible e indeleblemente con carac- teres legibles su tara,
la que podrá verificarse en la forma y lugares que fije la Secretaría; así también,
cuando su llenado reiterado y sistemático lo permita y requiera, previa expedición de la
Norma Oficial Mexicana que corresponda, deberán contar en cada ocasión al llenado, con
el sello de inviolabilidad que garantice la cantidad, cualidad y calidad de la
materia.”
Quinto. Que el
artículo 13 de la Ley Federal de Metrología y Normalización, establece la necesidad de
que los recipientes que no sean instrumentos de medición pero que cuenten con sustancias
que no se puedan pesar o medir, cuenten con un sello con las características que
especifique la Norma Oficial Mexicana que para el efecto se expida.
Sexto. Que la
expedición de una Norma Oficial Mexicana que implemente el uso de un sello inviolable en
los cilindros portátiles de gas LP, terminaría definitivamente con la
"ordeña" de los cilindros que solamente erosiona la economía familiar, además
de poner en riesgo la vida de los repartidores y consumidores y realmente se atendería el
espíritu del decreto que reformó el artículo 13 de la Ley Federal de Metrología y
Normalización.
Séptimo. Que el
artículo 19 de la Ley Federal de Protección al Consumidor señala que la Secretaría de
Economía está facultada para expedir normas oficiales mexicanas respecto a la tolerancia
admitida en lo referente a peso y contenido de los productos ofrecidos en envases o
empaques, así como lo relativo a distribución y manejo de gas LP.
Octavo. Que el
sello de inviolabilidad en los cilindros de gas LP sugerido, no representa un incremento
ni siquiera considerable en el costo total del bien o servicio. Es más, algunos
distribuidores de gas LP, han puesto un sello de inviolabilidad de aluminio tipo
"corcholata" con una membrana de plástico en la válvula de salida del gas,
habiéndose observado que esta medida no repercute significativa- mente en el costo total
de los cilindros de gas LP.
Noveno. Los
diputados integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial reconocen la
problemática relativa a la "ordeña" de los cilindros portátiles contendores
de gas LP, para remediar esta situación, la que dictamina considera necesario el
establecimiento de una Norma Oficial Mexicana que garantice la cantidad y calidad de este
producto de primera necesidad que consumen millones de familias mexicanas.
RESULTANDOS
Primero. Con base en los considerandos vertidos en
el presente dictamen, se estima procedente la petición del honorable Congreso del Estado
de Jalisco.
Segundo. Los diputados integrantes de la Comisión
de Comercio y Fomento Industrial que dictaminan, exhortan al Poder Ejecutivo Federal para
que instruya a la Secretaría de Economía para que expida una Norma Oficial Mexicana, a
efecto de que los cilindros portátiles contenedores de gas licuado de petróleo tengan un
sello inviolable alrededor de la válvula de los cilindros.
Lo anterior, en
atención al decreto que reformó el artículo 13 de la Ley Federal de Metrología y
Normalización, aprobado por este honorable Congreso de la Unión y que fue publicado el
19 de mayo de 1999, en el Diario Oficial de la
Federación.
Tercero. Remítase el presente dictamen al
honorable Congreso del Estado de Jalisco, para su atención.
Cuarto. Archívese el presente asunto, como total
y definitivamente concluido.
Dado en el
Palacio Legislativo.— de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2002. Los diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, presidente; Ildefonso Guajardo Villarreal y Antonio Silva
Beltrán, secretarios; José Bañales Castro,
Orlando Alonso Agundis Flores, Moisés Alcalde Virgen, Jaime Salazar Silva, Francisco
Javier Ortiz Esquivel, María Teresa Tapia Bahena, Jorge Urdapilleta Núñez, Carlos
Nicolás Villegas Flores, Samuel Yoselevitz Fraustro, Rubén Benjamín Félix Hays, Adolfo
Zamora Cruz, Rafael Servín Maldonado, Gregorio Urías Germán y Norma Patricia Riojas Santana.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Queda de primera lectura.
TARIFAS
TELEFONICAS
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisiones unidas de Comunicación y de Comercio y Fomento Industrial.
Honorable
Asamblea: a las comisiones de Comunicaciones y de Comercio y Fomento Industrial, de la
Cámara de Diputados, correspondientes a la LVIII Legislatura, les fue turnada para su
estudio y dictamen, una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados
turne a las comisiones de Comunicaciones y de Hacienda y Crédito Público, las demandas
de los habitantes del Estado de Tabasco, así como toda la República Mexicana, en
relación a la reducción en el pago de tarifas telefónicas; para que en el ámbito de
sus atribuciones coadyuven a la pronta solución del problema, presentada el 31 de octubre
de 2001 por la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, a nombre de los integrantes de
los grupos parlamentarios de los partidos: de la Revolución Democrática, Revolucionario
Institucional, Acción Nacional y del Trabajo, que en ejercicio de la fracción II del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la
consideración del honorable Congreso de la Unión.
Las comisiones
dictaminadoras, con fundamento en los artículos 39 y 45 párrafo sexto incisos d, e y f, así como en el tercero transitorio
fracción IV inciso a de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del
punto de acuerdo descrito, al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
1. En sesión
celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 31 de octubre de 2001, los secretarios de
la misma, dieron cuenta al pleno del punto de acuerdo que presentó la diputada Adela del
Carmen Graniel Campos, a nombre de integrantes de los grupos parlamentarios de los
partidos: de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y
del Trabajo.
2. La
Presidencia de la Mesa Directiva, acordó dar el siguiente trámite "túrnese a las
comisiones de Comunicaciones y de Comercio y Fomento Industrial".
3. En sesión de
trabajo de la Comisión de Comunicaciones, celebrada el 8 de noviembre de 2001, se dio
cuenta a los integrantes de la comisión, del contenido del mencionado punto de acuerdo.
4. En sesión de
trabajo de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, se dio cuenta a los integrantes
de la misma, del contenido y alcance de la proposición citada en el proemio del presente
dictamen.
CONTENIDO DE LA PROPOSICION
1. El punto de
acuerdo establece que Teléfonos de México (Telmex) ha venido aumentando la renta del
servicio desde la privatización en diciembre de 1990.
2. Que
generalmente son cargadas llamadas a la cuenta del usuario sin haber sido efectuadas.
3. Que dada la
insuficiente cobertura de los servicios de telefonía, para muchos habitantes rurales
existe una situación de exclusión de este servicio.
4. Que se
gestiona ante las instancias competentes para que sea otorgada una reducción en el pago
de la renta telefónica y que se abrogue el servicio medido, con lo cual se permitirá que
los servicios de comunicaciones puedan ser accesibles a un mayor número de mexicanos.
CONSIDERANDOS
I. Con base en
los antecedentes indicados, las comisiones dictaminadoras, con las atribuciones antes
señaladas se abocaron a dictaminar el punto de acuerdo de referencia.
II. Que en el
pasado reciente, las telecomunicaciones han sido herramientas indispensables para apoyar
el desarrollo económico, política y social de las naciones. Hoy en día las modernas
telecomunicaciones se perfilan como un factor estratégico para aprovechar las ventajas y
oportunidades del mundo globalizado y satisfacer los bienes y servicios que se demandan.
III. Que en
México, la evolución de las telecomunicaciones se orientó hacia la privatización,
desregulación y el libre mercado.
IV. Que con
fecha 7 de junio de 1995, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, la Ley Federal de Telecomunicaciones que fijó el marco
regulatorio y jurídico de la liberalización y el desarrollo competitivo de los servicios
de telecomunicaciones: telefonía local y de larga distancia, telecomunicaciones móviles
y de vía satélite.
V. Que con fecha
9 de agosto de 1996, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, por parte del Ejecutivo Federal, la creación de la
Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), como órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con autonomía
técnica y operativa, confiriéndole las atribuciones necesarias para regular y promover
el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones.
VI. Que el
artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, establece que los concesionarios y
permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en
términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de
calidad, competitividad, seguridad y permanencia.
VII. Que el
artículo 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, faculta a la SCT para establecer al
concesionario de redes públicas de telecomunicaciones, que tenga poder relevante
sustancial en el mercado de acuerdo a la Ley Federal de Competencia Económica;
obligaciones especificas relacionadas con tarifas, calidad pie servicio e información.
VIII. Que con
fecha 1o. de julio de 1994 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, los lineamientos básicos de interconexión para los
operadores de redes públicas de larga distancia con objeto de celebrar contratos de
interconexión. Asimismo se estableció, que a partir del 1o. de enero de 1997 hasta el
2001 se abriría gradualmente el mercado de larga distancia.
IX. Que
actualmente existe una comisión especial constituida por miembros de la Cámara de
Diputados y Cámara de Senadores e integrantes de la SCT, así como un comité de
organizaciones gubernamentales y de iniciativa privada para revisar la Ley Federal de
Telecomunicaciones de 1995, a fin de actualizarla y proveer al mercado de las herramientas
necesarias para que la libre competencia sea el detonador para el desarrollo de las
telecomunicaciones en nuestro país.
X. Que en 1989,
el Gobierno mexicano emprendió el proceso de privatización de Telmex, que finalizó en
diciembre de 1990. Los nuevos concesionarios obtuvieron una concesión para explotar hasta
el 2026 los servicios de telefonía local y de larga distancia.
XI. Que entre
las obligaciones que adquirió Telmex como parte del título de concesión se encuentran
la de cumplir con el aumento sustancial de la cobertura telefónica, en términos de
crecimiento de poblaciones con servicio, metas de telefonía pública, la identificación
funcional de sus actividades, telefonía local, larga distancia nacional e internacional,
con una separación contable; la prohibición de prácticas monopólicas y de
discriminación, la obligación de ofrecer interconexión a nuevos operadores de
telecomunicaciones bajo el concepto de arquitectura abierta a la red y el control de los
precios de los servicios bajo un sistema de precios tope.
XII. Que Telmex
no ha cumplido con las obligaciones contenidas en el título de concesión:
En México, la
penetración del servicio telefónico medido a través de líneas residenciales es de
aproximadamente el 35%, nivel inferior en comparación a otros países latinoamericanos
como Argentina, Colombia, Costa Rica o Chile donde el 60% de los hogares cuenta con línea
telefónica.
El crecimiento
de la penetración del servicio telefónico en México desde la privatización de Telmex,
esto es, de 1990 a 1999 tuvo un crecimiento promedio anual del 4%, en cambio en Chile y
Perú se creció a un ritmo de más del 14%.
El 70% del
servicio telefónico se concentra en el Distrito Federal donde es más rentable, por el
contrario, en los estados de Chiapas y Oaxaca solamente el 12% de los hogares tienen este
servicio.
Telmex solamente
ha buscado el beneficio económico de la empresa y no el de la población mexicana; puesto
que por cada 100 habitantes del Distrito Federal existen 29 líneas telefónicas, en
cambio en los estados más desfavorecidos como Tabasco existen solamente tres líneas y en
Chiapas y Oaxaca tan sólo dos.
La cobertura del
servicio de telefonía rural ha sido llevado a cabo por la SCT, ya que de 1990 a 1999 el
programa de Telefonía Rural tuvo un crecimiento del orden del 60% como promedio anual, en
tanto Telmex, tuvo un ritmo de penetración del 16% en el mismo lapso de tiempo.
XIII. Que con
fecha 4 de diciembre de 1997, la Comisión Federal de Competencia (CFC), emitió una
declaratoria en el sentido de que Telmex es un agente económico con poder sustancial en
los mercados relevantes de telefonía básica local, de acceso, larga distancia nacional,
transporte interurbano y larga distancia internacional.
XIV. Que con
fecha 24 de abril de 1998, Telmex interpuso un recurso de reconsideración en contra de la
declaratoria emitida por la CFC del 4 diciembre de 1997.
XV. Que con
fecha 17 de julio de 1998, la CFC emitió la resolución en torno al recurso de
reconsideración interpuesto por Telmex y lo consideró procedente pero infundado. La CFC
sostuvo que el análisis, lejos de modificar la resolución impugnada lleva a confirmarla:
a) Con respecto
a los mercados relevantes, se hicieron las siguientes consideraciones:
• El
régimen regulatorio a que está sujeto Telmex no lo exime de la declaratoria de poder
sustancial en los mercados relevantes ni descarta la existencia del mismo.
• El
planteamiento. de Telmex en el sentido de distinguir los servicios residenciales de los
comerciales en los mercados relevantes, carece de fundamentación en términos de la
legislación de competencia. Asimismo, la argumentación del recurrente no aporta
elementos suficientes para separar el tráfico conmutado en un mercado relevante distinto
a los determinados por la autoridad.
• La
inclusión de los servicios celulares y PCS, así como de las redes de transmisión de TV
por cable en el mercado relevante de telefonía básica local es improcedente:
• La
asimilación del mercado relevante de transporte interurbano al mercado relevante de larga
distancia nacional, planteada por Telmex, desconoce entre otros aspectos, que el primero
es un servicio intermedio y el último un servicio final.
b) En relación
al poder sustancial sobre los mercados relevantes determinados en la resolución
impugnada, se reiteró que:
•
Telefonía básica local. Telmex tiene una participación cercana al 100%, misma que no
disminuirá significativamente en los próximos años. Además, debe reconocerse la
existencia de fuertes barreras de entrada a este mercado.
• Mercado
de acceso o interconexión. Telmex puede fijar los precios al controlar las tarifas de los
servicios complementarios y los enlaces. Además, este mercado no cuenta hoy en día con
competidores y presenta importantes barreras de entrada.
• Larga
distancia nacional. Telmex mantiene una alta participación de mercado, la cual en los
últimos meses registra una tendencia al alza. Asimismo, su integración vertical le
otorga importantes ventajas frente a sus competidores.
•
Transporte interurbano. La cobertura de la red de Telmex es nacional y enlaza todos los
grupos de servicio local. Aunado a esto, persisten importantes barreras económicas y
normativas a la expansión de las redes. Asimismo, Telmex tiene capacidad para fijar los
precios en este mercado.
• Larga
distancia internacional. La participación de mercado de Telmex se estima en el 75%,
contando además con la ventaja, de negociar las tarifas de liquidación de tráfico
internacional. No se ha encontrado que las telefónicas mexicanas reciban un trato
discriminatorio favorable de parte de sus socios extranjeros.
• Telmex
reconoce expresamente su poder sustancial en los mercados relevantes, confesión
suficiente para desvirtuar sus agravios. Al respecto en la página 66 del recurso de
reconsideración asevera... "las situaciones de hecho que se describen en la
resolución que se impugna existen desde antes de la entrada en vigor de las leyes de
Competencia y Telecomunicaciones. La SCT en su momento, dio por hecho que, en principio,
no existían condiciones de competencia efectiva en los mercados en los que Telmex
participa..."(sic).
XVI. Que de lo
anteriormente expuesto se puede concluir que Telmex es una empresa con poder sustancial en
los mercados relevantes y por tanto el Ejecutivo tiene con fundamento en el artículo 63
de la Ley Federal de Telecomunicaciones facultades suficientes para establecer
obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información.
Por las
consideraciones anteriormente expuestas, las comisiones dictaminadoras proponen a esta
honorable soberanía los siguientes
RESULTANDOS
Primero. Que con base en los considerandos
decimotercero, decimoquinto y decimosexto, se considera procedente la petición expresada
por la diputada Adela del Carmen Graniel Campos.
Segundo. Notifíquese a la Presidencia de la Mesa
Directiva de esta Cámara de Diputados, para que se proceda a someter al pleno de esta
honorable Asamblea, la discusión y aprobación del punto de acuerdo y se exhorte a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que con fundamento en el artículo 63 de la
Ley Federal de Telecomunicaciones, realice las acciones necesarias a fin de que la empresa
Telmex haga una disminución en las tarifas que actualmente cobra bajo los rubros de
"Renta del Servicio Telefónico" y "Servicio Medido" y dé, una mayor
claridad en el sistema de salidas de llamadas, dado que aparecen frecuentemente en los
recibos llamadas no realizadas, además de que en todos los estados y en cada línea, se
muestre a detalle en el recibo telefónico el cobro de cada rubro, lo anterior con el fin
de apoyar la economía familiar y permitir que cada día más mexicanos tengan acceso a
las telecomunicaciones.
Aunado a lo
anterior, esta comisión considera procedente que la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes verifique el cumplimiento de los compromisos señalados en la concesión
otorgada a la empresa Telmex, a efecto de que en un plazo no mayor a seis meses presente
una propuesta de acciones y trabajo, que se encaminen a incrementar el servicio
telefónico en los estados de Tabasco, Oaxaca y Chiapas a los niveles que observan las
demás entidades federativas, atendiendo a las circunstancias económicas y demanda que
imperen en esos estados.
En relación al
antecedente quinto del presente dictamen, se solicita a la Procuraduría Federal del
Consumidor que dé estricto seguimiento a las demandas de los usuarios y proceda en su
caso a imponer las sanciones que en derecho proceda, a fin de erradicar esta práctica
altamente demandada por la sociedad.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a la
aplicación cabal del marco regulatorio a fin de hacer realidad un mercado competitivo en
el sector que permita la disminución efectiva de las tarifas y en su caso, sí el marco
regulatorio es insuficiente, que promueva y realice las medidas necesarias para asegurar
la competencia en el sector.
Cuarto. Se solicite a esa Secretaría de
Comunicaciones y Transportes que comunique a las comisiones dictaminadoras, de manera
formal, las acciones que tome, en cumplimiento del presente dictamen.
Atentamente.
Dado en el
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 28 de agosto de 2002.— Comisión de
Comunicaciones; diputados: Jesús Orozco Alfaro,
presidente; Alonso Ulloa Vélez, Alejandro García
Sainz Arena, secretarios; César Horacio Duarte
Jáquez, Javier García González, Marcos Paulino López Mora, Roberto Preciado Cuevas,
Orestes Eugenio Pérez Cruz, Francisco Ramírez Cabrera, José Rivera Carranza, Arturo San
Miguel Cantú, Martín Hugo Solís Alatorre, José Ramón Soto Reséndiz, Víctor Manuel
Ochoa Camposeco, Bonifacio Castillo Cruz y Berta
Alicia Simental García.»
Comisión de
Comercio y Fomento Industrial; diputados: Diego
Hinojosa Aguerrevere, presidente; Jesús Mario
Garza Guevara, Ildefonso Guajardo Villarreal, secretarios; José Bañales Castro, Orlando Alfonso García Flores,
Moisés Alcalde Virgen, José Ramón Mantilla y González de la Llave, Francisco Javier
Ortiz Esquivel, María Teresa Tapia Bahena, Jorge Urdapilleta Núñez, Carlos Nicolás
Villegas Flores, Samuel Yoselevitz Fraustro, María Luisa Domínguez Ramírez, Jaime
Hernández González, Hermilo Monroy Pérez, Miroslava García Suárez y Norma Patricia Riojas Santana.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Queda de primera lectura.
JAMON
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Honorable
Asamblea: a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, de la Cámara de Diputados,
correspondiente a la LVIII Legislatura, le fue turnado para su estudio y dictamen punto de
acuerdo para que el Congreso de la Unión manifieste su apoyo al proyecto de norma oficial
denominada "jamón, denominación, especificaciones y métodos de prueba",
enviado por el Congreso del Estado de Jalisco, turnado a esta comisión el día 26 de
marzo de 2002, que en ejercicio de la fracción III del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del honorable
Congreso de la Unión.
La Comisión de
Comercio y Fomento Industrial, con fundamento en los artículos 39 y 45 párrafo sexto
incisos d, e
y f, así como en el tercero transitorio
fracción IV inciso a, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del
punto de acuerdo descrito, al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. En
sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 26 de marzo de 2002, los
secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno del punto de acuerdo que envió el
Congreso del Estado de Jalisco. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el
siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial
Segundo.
Mediante oficio número CCFI/001291/2001, de fecha 2 de abril de 2002, se dio cuenta a los
integrantes de la comisión, del contenido del mencionado punto de acuerdo.
Tercero. El
punto de acuerdo establece que debido a la falta de una normatividad adecuada existen
prácticas desleales entre productores "que ofertan productos cárnicos de alta
calidad y aquellos que, por abaratar sus costos, emplean aditivos o mezclas.
CONSIDERANDOS
Primero. Que el
documento presentado a esta soberanía, contiene un proyecto de Norma Oficial, elaborada
por instituciones públicas y privadas, misma que contiene las especificaciones físicas,
químicas, sensoriales y de calidad que deben cumplir los alimentos cárnicos curados,
emulsionados y cocidos.
Segundo. Que
actualmente solo existen dos normas mexicanas, relacionadas con el jamón, una es la
NMX-F-123-S-1982 Denominada Alimentos, Jamón Cocido, Especificaciones y la NMX-F-124-1970
denominada Jamón Serrano, por lo que en el caso de esta norma se tendría que realizar
todo el procedimiento., establecido en la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización,
Tercero. Que de
elaborarse esta norma, incluso se contribuiría al fomento del sector porcícola, puesto
que se exigiría la utilización de carne de cerdo como materia prima y de esta manera se
evitaría la utilización de aditivos.
Cuarto. Los
miembros integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial que dictamina,
reconocen y coinciden en que las causas que originaron el punto de acuerdo, deben ser
atendidas por la autoridad competente a fin de emitir las normas oficiales
correspondientes.
RESULTANDOS
Primero. Solicítese a la Secretaría de
Economía, a la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la
de Salud, para que de manera conjunta con toda la cadena involucrada en la producción,
industrialización y comercialización de los productos cárnicos curados y cocidos,
evalúen la necesidad de elaborar una Norma Oficial Mexicana, para lo cual deberán
considerar la propuesta hecha por el Congreso del Estado de Jalisco.
Segundo. Envíese el punto de acuerdo antes
mencionado así como el presente dictamen, a la secretarías de Economía, de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Salud, para su conocimiento y
análisis.
Tercero. Envíese el presente dictamen al Congreso
del Estado de Jalisco, para su conocimiento.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 19 de junio de 2002.— Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, presidente, José Mantilla y González de la Llave, Ildefonso
Guajardo Villarreal, Antonio Silva Beltrán y
Francisco Agundis Arias, secretarios; José
Bañales Castro, Orlando Alfonso García Flores, Moisés Alcalde Virgen, Jaime Salazar
Silva, Francisco Javier Ortiz Esquivel, María Teresa Tapia Bahena, Carlos Nicolás
Villegas Flores, Samuel Yoselevitz Fraustro, María Luisa Domínguez Ramírez, Hermilo
Monroy y Pérez, Roberto Ruiz Angeles, Rafael Servín Maldonado, Gregorio Urías Germán
y Norma Patricia Riojas Santana.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Queda de primera
lectura y se instruye al área de Servicios Parlamentarios de que provea su publicación o
distribución para que se voten en la próxima sesión.
Pasamos al
capítulo de proposiciones.
ESTADO
DE MEXICO
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
la diputada Beatriz Cervantes Mandujano, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo en
relación con la consolidación del área de servicio telefónico local referente a los
municipios de Texcoco, Papalotla, Chiautla, Chiconcuac, San Salvador Atenco, Tezoyuca,
Tepetlaoxtoc y Acolman.
La diputada Beatriz Cervantes
Mandujano:
Con su permiso,
señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
El lunes 30 de
noviembre de 1998 el Gobierno Federal a través de un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Telecomunicaciones,
emite una resolución administrativa que define los lineamientos y el procedimiento para
la consolidación de los grupos centrales de servicio local existentes en áreas de
servicio local, así como el calendario de consolidación respectiva.
Esta medida se
desarrolló de manera gradual definiendo geográficamente las nuevas áreas de servicio
local, las cuales se basaron fundamentalmente en una agrupación municipal, lo cual
significa que las áreas de servicio telefónico que existían en ese tiempo, aumentaron
su cobertura de tal manera que las llamadas locales que se venían realizando dentro de un
mismo poblado, con la consolidación se pueden realizar ahora entre localidades vecinas,
eliminando con ello los cargos de larga distancia, lo cual se traduce en un evidente
beneficio para la población de los municipios beneficiados.
Este esfuerzo
del Gobierno Federal ha permitido la consolidación de los 1 mil 464 grupos de centrales
de servicio local existente en 406 áreas de servicio local, lo cual fue posible con el
apoyo decidido de los concesionarios y habitantes de las zonas beneficiadas, lo cual le
permitió a la Cofetel, cumplir en dos años las expectativas establecidas en las reglas
del servicio local, las cuales otorgaban un plazo máximo de cinco años para lograr este
objetivo.
Durante tres
años cada mes se incluyeron diferentes ciudades y comunidades a este programa, lo que
significó una reducción de 72% en los destinos de larga distancia.
Con este
reordenamiento se ha dado respuesta a las necesidades de comunicación de miles de
usuarios de diversas comunidades del país, organizaciones sociales y gobiernos estatales
y municipales. Pero este esfuerzo no puede darse por concluido ya que existen municipios
en distintas partes del país que reúnen los requisitos para ser considerados en este
esfuerzo de consolidación telefónica.
Asimismo, los
lineamientos expresados en la regla sexta transitoria de las reglas de servicio local,
publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 23 de octubre de 1997, establecen un plazo máximo de cinco años para
concluir este proceso, contados a partir de la entrada en vigor de la normatividad de
referencia, lo cual hace posible solicitar la incorporación de localidades o municipios
que cumplan requisitos de la Cofetel.
Adicionalmente
el párrafo sexto de la resolución administrativa emitida por la comisión, señala que
se podrá modificar la definición de las áreas de servicio local y su calendario de
consolidación, cuando así lo exija el interés público.
Por lo anterior
y dado que el objetivo central de todo este proceso es el de conseguir una mayor cobertura
y penetración de servicio telefónico para aumentar la productividad de la economía en
su conjunto, brindar más oportunidades de desarrollo en el país, elevar la calidad y
aumentar la diversidad de los servicios con precios más accesibles en beneficio de un
mayor número de usuarios, me permito a nombre de mi grupo parlamentario y de mis
representados de los municipios de Texcoco, Papalotla, Chiautla, Chiconcuac, San Salvador
Atenco, correspondientes al XII distrito electoral federal, así como a petición expresa
de los habitantes de municipios colindantes como Tezoyuca, Tepletauxtoc y Acolman,
solicitar la aprobación y apoyo de esta honorable Asamblea, para lograr hacer extensivo
el beneficio de la consolidación telefónica de áreas de servicio local de la Ciudad de
México, a los municipios citados.
Dicha petición
se sustenta adicionalmente en los criterios de cercanía geográfica, conurbación y el
hecho de que su actividad económica preponderante está relacionada con el sector
servicios. Por lo que dicha determinación beneficiaría enormemente a los habitantes de
los municipios aludidos.
Por todo lo
expresado anteriormente y con base en el artículo 58 del Reglamento Interior del
Congreso, me permito someter a su consideración el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Solicitar a la Comisión Federal de
Telecomunicaciones incorpore en el Programa de Consolidación Telefónica de Servicio
Local de la Ciudad de México, a los municipios de Texcoco, Papalotla, Chiautla,
Chiconcuac, San Salvador Atenco, Tezoyuca, Tepetlauxtoc y Acolman.
Es cuanto,
señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias,
diputada.
Túrnese a la Comisión de
Comunicaciones.
SECTOR
PORCICOLA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Para presentar
una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía
informen a esta soberanía las acciones dirigidas al apoyo del sector porcícola nacional,
tiene la palabra el diputado Martín Gerardo Morales Barragán, del grupo parlamentario de
Acción Nacional.
El diputado Martín Gerardo Morales
Barragán:
Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento
en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los
artículos 58 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, presento ante ustedes el siguiente punto de acuerdo para
solicitar a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Alimentación y a la Secretaría de Economía informen a esta soberanía las acciones
dirigidas al apoyo del sector porcícola nacional ante el incremento de las importaciones
provenientes de Estados Unidos de América.
CONSIDERACIONES
Nuestro país
enfrenta un incremento de las importaciones de la carne de cerdo proveniente de Estados
Unidos de América, las cuales son superiores a las cuotas autorizadas por la Secretaría
de Economía.
La introducción
de esos productos a nuestro territorio representa un problema de dos dimensiones: de salud
pública y de competencia desleal.
De salud
pública porque existe una denuncia constante por parte de las organizaciones porcícolas
sobre la dudosa calidad de los productos cárnicos, lo cual puede tener efectos negativos
en el mediano plazo en la salud de la población nacional, ya que la carne de cerdo
requiere de un manejo, supervisión y control sanitario que garanticen que su consumo no
represente ningún riesgo.
En este sentido
es indispensable mantener un estricto control en los puntos de entrada de estos productos
y una aplicación estricta de las normas zoosanitarias que son responsabilidad de la
Secretaría de Agricultura.
Por otro lado,
el sector porcícola nacional enfrenta una competencia desleal que está provocando que
los precios del cerdo en pie en el país se hayan reducido en un 20% en los últimos
meses, lo cual representa pérdidas importantes para el sector.
Actualmente la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación cuenta con dos programas
dirigidos al sector porcícola: mejoramiento genético y programa avícola y porcícola;
sin embargo, hasta el momento éstos han resultado insuficientes ante el impacto de las
importaciones excesivas a precio dumping.
Por otro lado,
de conformidad con la Ley de Comercio Exterior y la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, es responsabilidad de la Secretaría de Economía vigilar y aplicar de
manera adecuada las disposiciones relativas a la regulación de estas importaciones.
En este sentido
resulta urgente que dicha Secretaría, sin perjuicio de los convenios internacionales de
los que México sea parte, aplique de manera rigurosa las acciones dirigidas a la
protección de nuestros productores nacionales.
Asimismo, dentro
de esta dependencia existen instancias como la unidad de prácticas comerciales
internacionales encargada de iniciar los procedimientos correspondientes en contra de
aquellos países cuyas prácticas desleales comerciales perjudican a la industria
nacional.
Estamos
conscientes de las asimetrías que guarda nuestro país frente a Estados Unidos; sin
embargo, ello no depende ni debe ser pretexto para permitir abusos y excesos en perjuicio
de nuestros productores.
Por lo
anteriormente expuesto, el suscrito diputado federal de la LVIII Legislatura de la Cámara
de Diputados y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la
consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la de Economía, informen a esta
soberanía en un plazo que no exceda de 15 días a partir de la aprobación del presente
punto de acuerdo, de las acciones dirigidas al apoyo del sector porcícola nacional,
frente a las importaciones provenientes de Estados Unidos de América.
Segundo. Que la Secretaría de Economía informe a
esta representación social si actualmente se encuentra aplicando una cuota compensatoria
o algún otro mecanismo para equilibrar el mercado nacional de productos porcícolas y en
caso de estar aplicándolo, informe los resultados que se han arrojado.
Tercero. Que la Sagarpa lleve a cabo en los
centros de introducción, una supervisión zoosanitaria rigurosa, de los productos
porcícolas provenientes de Estados Unidos de América e informe a esta soberanía los
resultados en un plazo no mayor a 30 días a partir de la aprobación de este punto de
acuerdo.
Cuarto. Que la Secretaría de Economía evalúe la
posibilidad de solicitar la instalación de un panel binacional a efecto de discutir y en
su caso resolver la aplicación de una cuota a las importaciones de cerdo en pie y de
carne de cerdo e informe a esta soberanía sobre la viabilidad de dicha medida.
Dejo el presente
punto de acuerdo en esta Secretaría para su turno a comisión.
Por su
atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a las comisiones de Agricultura y Ganadería
y de Comercio y Fomento Industrial y Especial de Ganadería.
El diputado Rubén García
Farías (desde su curul):
En pro, diputada
Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
El diputado
Rubén García Farías, ¿en pro del punto de acuerdo, diputado?
El diputado Rubén García Farías (desde su
curul):
Desearía que me
permitiera abordar la tribuna.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Sí, diputado.
En el acuerdo respectivo yo estaría en posibilidad de suscribir el registro de dos
intervenciones en pro y dos en contra cuando mucho y quiero que quede claro que en la
presentación de proposiciones, el capítulo para hechos del acuerdo respectivo, no está
contemplado. Por eso le consulto si su intervención es en pro.
El diputado Rubén García Farías (desde su
curul):
Sí, en pro.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
En pro.
Diputado Jaime
Rodríguez.
El diputado Jaime Rodríguez
López (desde su curul):
También en pro,
diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
En pro.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde su
curul):
Presidenta...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Del
Río.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde su
curul):
Señora
Presidenta, solamente para respetar el acuerdo que hay, me voy a solidarizar con el punto
que presentó mi compañero en la tribuna y entonces darle el respeto que usted se merece
y el acuerdo que está firmado por todos los partidos.
Gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se lo aprecio,
diputado.
Se incorpora el
diputado Del Río Virgen en apoyo al punto de acuerdo.
Tiene la
palabra, en pro, el diputado García Farías, hasta por cinco minutos.
El diputado Rubén García Farías:
Muchas gracias,
diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
He solicitado
hacer uso de la palabra para sumarme a la proposición con punto de acuerdo que ha
formulado quien hizo uso de la palabra con anterioridad.
Y deseo
solamente expresar a ustedes, continuando la exposición del ciudadano diputado federal
por Pénjamo, deseo ampliar el concepto de la gravedad del conflicto, del problema de la
porcicultura.
En el municipio
de Pénjamo, en Abasolo, en Santa Ana, en La Piedad, Michoacán, en una región muy amplia
del Estado de Guanajuato, del Estado de Jalisco y de Michoacán, estamos a punto de
conocer de un colapso económico.
Para nuestra
región la porcicultura es muy importante no solamente de una manera intrínseca, sino
porque los productores agrícolas sufren también las consecuencias porque el sorgo, el
principal cultivo de la región, se habría de ver en un decremento muy peligroso. La
economía de la región se habría de ver profundamente alterada.
¿Y cuál es la
razón de esta posible debacle económica? Ni más ni menos que una desigual relación
económica con nuestros dizque socios comerciales. Los cupos que están autorizados para
la introducción de cárnicos no se cumplen, se burlan. Se están introduciendo artículos
perniciosos para la salud, no hay ningún respeto al interés de la higiene y de la salud
de los mexicanos. Se introducen vísceras de pésima calidad. Se introducen grasas. En
fin, hay una invasión de productos que generan los problemas de que he hablado. No cabe
duda, tenemos que resolver este problema por los campesinos y por los ganaderos y por la
salud de todos los mexicanos. Y ojalá que no nos vayan a contestar que tenemos tales o
cuales obligaciones con el Tratado de Libre Comercio, porque el Tratado de Libre Comercio
para nosotros ya solamente es una entelequia que nos perjudica en todos sentidos.
Por eso creo yo
que las comisiones a las que deba de ir esta proposición con punto de acuerdo, la deben
de atender de inmediato y con un criterio nacionalista, con un criterio económico a favor
de los mexicanos; deben de resolver y debemos de presionar, ¿por qué no decirlo?, al
Gobierno de la República, para que ponga un límite a los contrabandos de carne que
perjudican, repito, la economía y la salud de los mexicanos.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
El diputado
Jaime Rodríguez, en pro.
El diputado Jaime Rodríguez
López:
Con su permiso,
señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Venimos a esta
tribuna a expresar de manera contundente que no sólo Rubén García Farías y su
servidor, sino sin duda alguna la fracción del PRI en esta Cámara habrá de sacar lo
más pronto posible este punto de acuerdo, que ha sido presentado por nuestro paisano
Gerardo. Somos de la misma región y conocemos de sobra este problema.
Efectivamente,
es urgente que el Ejecutivo, porque es al que le corresponde, lo más pronto posible haga
algo ya por el sector porcícola del país.
Para
conocimiento de ustedes, los porcicultores en una desesperación y dado que son una
organización fuerte, muy unida en el país, tuvieron que recurrir incluso a movilizarse y
cerrar las fronteras como una manifestación de la problemática que están viviendo y
para que fueran escuchados por el Ejecutivo.
Ante esa
movilización se tuvo una reunión con el Ejecutivo, en la cual participamos y a la fecha
no se tiene una solución del problema.
Al día de ayer,
que estuve en la región del distrito de La Piedad, con datos precisos y platicando aquí
en la Ciudad de México con dueños obradores que manejan la carne de cerdo, sigue
entrando pierna de cerdo a 8 pesos el kilo y esto no sólo golpea a los porcicultores del
país, a los graneleros también que les venden el grano a los porcicultores, vienen a ser
arrasados y lo más grave es que al consumidor le esté llegando esta carne cara, de mala
calidad y que está arrasando con los agricultores, porcicultores y con el consumidor
mismo.
Por ello,
coincidimos en este punto de acuerdo que el compañero Gerardo ha traído a esta Cámara
de Diputados y habremos de trabajar en las comisiones correspondientes para que lo más
pronto posible se busque tener una solución a este sector tan importante para nuestro
país y que no agrede sólo a los grandes porcicultores, como a veces algunos desde el
Gobierno lo ven; viene a arrasar también con el ejidatario y comunero que tiene en su
solar un vientre o dos o tres para su subsistencia, dado que viven con una economía mixta
en el campo todas las familias rurales.
Es nuestra
exposición y por supuesto que de antemano hacemos un llamado a los diputados para cuando
este dictamen esté terminado y listo para su votación, den un voto a favor, para que
pronto se tenga una solución al sector porcícola nacional.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado
Garibay. Hasta por cinco minutos, diputado.
El diputado J. Jesús Garibay
García:
Con su venia,
señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Qué pronto,
qué pronto la necia realidad se impone. Yo recuerdo que en el mes de diciembre del año
2000, en esta misma tribuna expresábamos la necesidad urgente para poner orden en las
importaciones no sólo de cárnicos, sino también de las importaciones indiscriminadas en
granos y en otro tipo de productos que estaban poniendo al campo y a la agroindustria en
contra de la pared.
Qué pronto la
realidad viene a ubicarnos. Recuerdo que en aquél entonces algún interés muy particular
nos venció en la tribuna; recuerdo también que los importadores de pollo, no entero, de
partes, finalmente se impusieron y se burlaron de lo que esta soberanía acordó.
Ahora, qué
bueno que hay más conciencia y que hay compañeros legisladores de las fracciones
parlamentarias que en aquél entonces no lo aceptaron y lo rechazaron, qué bueno que se
empieza a ver a favor de la producción nacional.
Decía un
compañero diputado que me antecedió, que el día de ayer, de una región del Estado de
Michoacán le plantea-ban el problema, esto se ha venido planteando el día de ayer,
antier, hace una semana, hace cinco semanas, hace cinco meses, hace cinco años y no se ha
querido escuchar.
Ahora
descubrimos que el Tratado de Libre Comercio en el sector agropecuario ha venido a dañar
a la población y en nada ha beneficiado a este país. Ojalá no sólo en el punto de
acuerdo, sino cuando dictaminemos aquellas iniciativas, aquellas propuestas que se han
hecho para que se abra el capítulo del sector agropecuario en el Tratado de Libre
Comercio y se haga una renegociación, ojalá no cambien de opinión, ojalá su voto sea
solidario por los agricultores y por el campo de este país.
Ya es tiempo, el
campo no aguanta más, el campo ahí está, por ahora espera, después no esperará,
vendrá a demandarlo. Ojalá, compañeros, no olvidemos esto.
Gracias, señora
Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Esta Presidencia
ha escuchado con interés el desenvolvimiento de la sesión y las intervenciones tanto del
proponente como de los diputados que intervinieron en pro y de quienes se sumaron al punto
de acuerdo y es criterio de esta Presidencia, que el tema tiene tal importancia que el
asunto debe ser considerado como de urgente resolución, si así lo determina este pleno.
Por lo tanto, le
ruego a la Secretaría consultar si es de urgente y obvia resolución.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
Por
instrucciones de la Presidencia, de conformidad con lo que establece el artículo 59 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución
el punto de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se considera de urgente
resolución.
En consecuencia
está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo oradores que hagan uso de la palabra,
le ruego a la Secretaría consulte si se considera suficientemente discutido el punto de
acuerdo.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
En votación
económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de
acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Consulte la
Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
En votación
económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo...
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobado el punto
de acuerdo.
Ruego a la
Secretaría dé lectura a los puntos de acuerdo específicos que se acaban de aprobar como
de urgente y obvia resolución, con lo que se comunicará al Ejecutivo y se rectifique el
anterior trámite de la Presidencia.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que las secretarías de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía, informen a esta
soberanía en un plazo que no exceda de 15 días a partir de la aprobación del presente
punto de acuerdo las acciones dirigidas al apoyo del sector porcícola nacional frente a
las importaciones provenientes de Estados Unidos de América.
Segundo. Que la Secretaría de Economía informe a
esta representación social si actualmente se encuentra aplicando una cuota compensatoria
o algún otro mecanismo para equilibrar el mercado nacional de productos porcícolas y en
caso de estar aplicándolo, informe los resultados que han arrojado.
Tercero. Que la Sagarpa lleve a cabo en los puntos
de introducción, una supervisión zoosanitaria rigurosa de los productos porcícolas
provenientes de Estados Unidos de América e informe a esta soberanía los resultados en
un plazo no mayor a 30 días a partir de la aprobación de este punto de acuerdo.
Cuarto. Que la Secretaría de Economía evalúe la
posibilidad de solicitar la instalación de un panel binacional, a efecto de discutir y en
su caso resolver la aplicación de una cuota a las importaciones de cerdo en pie y de
carne de cerdo e informe a esta honorable Cámara sobre la viabilidad de dicha medida.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se han aprobado estos puntos de
acuerdo de urgente y obvia resolución. Comuníquese al Ejecutivo para su desahogo.
FINANCIAMIENTO
A PARTIDOS POLITICOS
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Continuando con
el orden del día, se ofrece el uso de la palabra al diputado Luis Miguel Barbosa Huerta,
del grupo parlamentario del PRD, para presentar una proposición con punto de acuerdo para
que la Cámara de Diputados acuerde la integración de una comisión especial en torno a
los trabajos del IFE.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Gracias, señora
Presidenta:
Efectivamente
presento una proposición que contiene un punto de acuerdo para que esta Cámara de
Diputados acuerde crear una comisión especial con dos puntos de competencia:
1. Para que dé
seguimiento a las investigaciones que se encuentran en marcha en relación a la campaña
presidencial del año 2000 y
2. Dé
seguimiento al financiamiento de los partidos políticos en el proceso electoral ya en
marcha.
Lo hago al tenor
de las siguientes
CONSIDERACIONES
Sucede que en la
vida política del México posrevolucionario no ha existido una sola elección equitativa;
de recuerdo relevante, la de José Vasconcelos con Pascual Ortiz Rubio, la de Juan Andreu
Almazán con Manuel Avila Camacho y desde luego la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con
Carlos Salinas de Gortari.
Nuestro modelo
de partidos hasta entonces, incluyendo la elección de 1994, se había caracterizado por
un régimen electoral diseñado desde el poder para la conservación del mismo, cuyos
rasgos fundamentales fueron el control gubernamental sobre la contienda electoral y las
condiciones absolutamente inequitativas de competencia entre los partidos, fenómenos que
influyeron decisivamente en los resultados electorales, la desigualdad en las contiendas
estaba determinada por la existencia del partido oficial.
El empuje de la
sociedad y de los principales actores políticos en los últimos años, así como la
necesidad de legitimar un régimen que agotaba sus posibilidades de sobrevivencia, condujo
a sucesivas reformas constitucionales que permitieron dar paso a una mayor pluralidad en
el Congreso de la Unión, a generar condiciones para que los partidos políticos
accedieran en forma creciente al financiamiento público, a los medios electrónicos y a
conseguir que la conducción del proceso electoral estuviera a cargo de un órgano
constitucional autónomo, el Instituto Federal Electoral.
Todo ello no ha
sido suficiente, la elección presidencial del año 2000 también fue inequitativa. En
ella, el PRI y el PAN además de las prerrogativas asignadas por el Estado utilizaron
financiamiento privado nacional y extranjero y desviaron recursos públicos. A más de dos
años de celebrados los comicios, el IFE tiene en marcha dos investigaciones cuyo
resultado podría arrojar la imposición de severas sanciones a estos partidos políticos
y la determinación de que importantes actores políticos hayan cometido delitos
electorales.
La indagatoria
que atañe a la campaña de Vicente Fox y que involucra a dos de sus hermanos, a Lino
Corrodi y a Carlos Robinson, entre otros, salió a la luz pública a través de una
filtración del propio Gobierno, sólo así se entiende el acceso al detalle, el
instrumento: la tribuna de la Comisión Permanente en el año 2000 y la voz del entonces
diputado Enrique Jackson, hoy Presidente de la Mesa Directiva del Senado.
La referente a
la campaña de Francisco Labastida, que se ventila ante la opinión pública como el caso
"Pemex-gate", también se inició como
producto de una filtración de información en posesión del Estado, hoy en manos de
gobernantes que reproducen los vicios que en el pasado tanto combatían al percatarse que
la información es poder y que el poder para ellos es simple disposición.
Sin duda, el
proceso electoral ya iniciado está afectado por el nada limpio proceso electoral del año
2000; el tema del financiamiento electoral de los partidos políticos seguirá dominando
el escenario de la agenda nacional por lo que resta del año y el transcurso del
siguiente. Dos son las razones...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado
Barbosa, el diputado Tomás Torres está solicitando hacer uso de la palabra. Diputado
Tomás.
El diputado Tomás Torres Mercado (desde su
curul):
Gracias, señora
Presidenta.
Solamente si por
su conducto, señora Presidenta, si el señor diputado me acepta un cuestionamiento, una
pregunta.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Con mucho gusto.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado
Barbosa, acepta, entonces, diputado Tomás Torres, puede usted formularle la pregunta.
El diputado Tomás Torres Mercado (desde su
curul):
Diputado
Barbosa, a pesar de su planteamiento diligente y profundo del punto de acuerdo, nos deja,
señor diputado, la inquietud si habla usted de una comisión que se ocupe de revisar los
dineros privados y públicos en el Proceso Federal de 2000 y extender la competencia de
esta comisión al Proceso Federal de 2003. Si puede precisarlo, por favor.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Adelante,
diputado Barbosa.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Desde luego,
diputado Tomás Torres, le reconozco su agudeza que ilustra a la Asamblea.
Decíamos, y va
a estar contenida su respuesta en esta mención que voy a hacer, señor diputado. Sin
duda, el proceso electoral ya iniciado está afectado por el nada limpio proceso electoral
del año 2000. El tema del financiamiento electoral de los partidos políticos seguirá
dominando el escenario de la agenda nacional por lo que resta del año...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado
Barbosa...
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Estoy dando
respuesta, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Está usted
dando respuesta, diputado Barbosa.
Nada más que el
diputado Zapata Perogordo había solicitado hacer uso de la palabra.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Es un honor para
mí.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Zapata.
El diputado José Alejandro Zapata Perogordo (desde
su curul):
Sí, nada más
para dejar constancia que cuando hicieron la pregunta ya se le había terminado el tiempo
para el diputado Barbosa. Creo que contestó adecuadamente el cuestionamiento, pero sí
queríamos, precisamente para que no se considere una artimaña de que quiere utilizar
más tiempo del acuerdo parlamentario, dejar la constancia precisa de que ya había hecho
el uso de su tiempo que le correspondía en tribuna.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
No son
artimañas, diputado Zapata, las artimañas muchas veces se utilizan desde otro lado.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado
Barbosa, concluya la respuesta al diputado Tomás Torres y concluya con la presentación
de su punto de acuerdo, por favor.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Decíamos que
este proceso electoral, el que ya está en marcha, está afectado por el nada limpio
proceso electoral del año 2002 y que tanto duele que se mencione por la ilegitimidad que
genera en la Presidencia de la República.
Estos dos temas
dominan el escenario de la agenda nacional por lo que resta del año y por el transcurso
del siguiente, dos son las razones: la primera, la sustanciación del par de
averiguaciones ante el IFE, que tal parece, están calculadas para que revienten cuando el
proceso electoral del 2003 esté en su punto culminante y la segunda, el control que
deberá operar en los gastos de campaña de los partidos políticos para la elección en
marcha.
Para atender
estas dos razones, esta Cámara de Diputados cuya renovación es el único objeto del
actual proceso electoral, tiene la obligación moral de involucrarse más allá de
posiciones partidarias en un esfuerzo para garantizarle al pueblo de México un órgano
legislativo con la mayor legitimidad.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado
Barbosa, si quiere proponer su punto de acuerdo y concluir.
El diputado Luis Miguel Jerónimo
Barbosa Huerta:
Por eso propongo
a esta Asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
La Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión acuerda crear una comisión especial cuya competencia
será la siguiente:
Dar seguimiento
a las investigaciones que está llevando a cabo el Instituto Federal Electoral sobre el
financiamiento utilizado por los candidatos y partidos políticos en la campaña para
Presidente de la República del año 2000.
Dar seguimiento
al financiamiento electoral de los partidos políticos en el proceso electoral en marcha.
Gracias, señora
Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde su
curul):
Señora
Presidenta, para solidarizarme con el punto de acuerdo del diputado Miguel Barbosa que
además contestó muy bien la interpelación del diputado Tomás Torres.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se registra la
solidaridad del diputado Del Río Virgen, con la propuesta del punto de acuerdo y se
reitera que el turno es a la Junta de Coordinación Política.
HURACAN
ISIDORE
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
la diputada Erika Spezia Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita
que el Poder Ejecutivo Federal informe a la Cámara de Diputados cómo se ha canalizado la
ayuda humanitaria en la zona afectada por el huracán "Isidore".
La diputada Erika Elizabeth Spezia
Maldonado:
Muchas gracias,
señora Presidenta, con su venia:
Desde hace
varios años, fenómenos naturales reiterados han ocasionado devastación y miseria en el
territorio nacional. Basta recordar la presencia de los huracanes Paulina,
“Mitch” y “Julliette” y sus efectos destructores.
El cambio
climático es uno de los fenómenos que más impactan a nuestro territorio nacional por la
posición que geo-gráficamente ocupa. A la vez, que cada temporada evoluciona de manera
distinta, sin que tengamos a ciencia cierta una visión correcta del fenómeno para poder
prever sus efectos y prevenir sus consecuencias.
Hasta ahora,
dicho fenómeno ha pasado desapercibido para las autoridades sin que adopten medidas
adecuadas para mitigar y revertir sus efectos que cada vez serán más evidentes en
perjuicio de las poblaciones costeras.
Los programas
implementados hasta ahora por el Gobierno han servido sólo para colmar necesidades a
corto plazo sin lograr detener los efectos que año con año se vienen dando.
Así, las
soluciones del Gobierno sirven sólo para un año hasta en tanto llegue el próximo
temporal de lluvias que de acuerdo a las condiciones de cambio climático, se prevé que
serán cada vez más intensas y extremosas.
La política de
prevención de desastres ha servido de poco para evitar los efectos negativos que los
huracanes producen a la economía nacional, pero sobre todo al bienestar de los
pobladores, por lo que la adopción de una política nacional de protección civil entre
las diversas comunidades, es ya un imperativo impostergable.
Como es de todos
sabido, el huracán "Isidore" dejó a su paso por el sureste del país,
numerosos damnificados, devastación, cuantiosos daños a la infraestructura carretera y
de servicios. En particular, la región norte de la península de Yucatán sufrió los
mayores daños, aunque los estados de Campeche y Quintana Roo, también sufrieron graves
estragos.
En toda la zona
de influencia se estima que hay cerca de 300 mil damnificados por el huracán que requiere
nuestro apoyo. La mayor parte de ello es en Progreso, Tizimin y Mérida.
Hasta el momento
las secretarías de Marina y Defensa Nacional, han intervenido distribuyendo agua potable,
alimentos, ropa y medicinas, así como el traslado de enfermos, la realización de vuelos
de reconocimiento y otras labores propias de estos institutos armados.
Desde esta
tribuna hacemos un reconocimiento a esa valiosa labor y los invitamos a continuar apoyando
a los damnificados.
En los
municipios quintanarroenses de Solidaridad, Tulúm, Felipe Carrillo Puerto y José María
Morelos, el alcalde de Benito Juárez, fue víctima de supuestos decomisos, más parecido
al robo por parte de policías uniformados, así como de detenciones ilegales, al tratar
de otorgar víveres recolectados en el municipio de Benito Juárez, como ustedes saben,
Cancún, para las víctimas del desastre natural.
Por último,
queremos exhortar al Gobierno Federal, para que se conduzca con legalidad e imparcialidad
y no otorgue la ayuda de manera selectiva, en los municipios y estados que gozan de la
preferencia del Presidente de la República.
Por todo lo
anterior, es que solicitamos al pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo
dispuesto del artículo del Reglamento Interno del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se someta y se
ACUERDE
Primero. Que el Poder Ejecutivo Federal por
conducto de la Secretaría de Gobernación, informe a la Cámara de Diputados cómo ha
canalizado toda la ayuda humanitaria, en la zona afectada por el huracán
"Isidore".
Segundo. Que los poderes Ejecutivo Federal y
estatal de Quintana Roo informen a la Cámara de Diputados qué se ha hecho con las tres
toneladas de víveres, que fueron decomisadas al presidente municipal de Benito Juárez,
Quintana Roo.
Tercero. Que el Poder Ejecutivo Federal por
conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la
República, investigue y prevenga la posible comisión de delitos por aquellos que
aprovechándose de la tragedia humana, realizan conductas delictivas en perjuicio de la
sociedad mexicana.
En este sentido,
los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
en esta Cámara de Diputados, sometemos el presente punto de acuerdo, en virtud de que
miles de mexicanos lo necesitan y por tanto se turne a la Junta de Coordinación Política
el presente.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Dado que hay un
asunto similar en torno al seguimiento turnado a la Junta de Coordinación Política, para
la integración de una comisión especial y que el día de hoy fue integrada la comisión
especial de referencia, le consulto si puedo turnar este punto a la comisión especial,
que ya fue integrada para dar seguimiento y a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
Gracias, señora
diputada.
Túrnese a la Comisión Especial
para dar seguimiento a los respaldos a la zona afectada por el huracán
"Isidore" y a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
ESTADO
DE VERACRUZ
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Continuando con
el orden del día, se ofrece el uso de la palabra al diputado José Francisco Yunes
Zorrilla del grupo parlamentario del PRI, para presentar una proposición con punto de
acuerdo en relación al Parque Nacional del Cofre de Perote, Veracruz.
El diputado José Francisco Yunes
Zorrilla:
Con el permiso
de la diputada Presidenta y agradeciendo de antemano la atención de las diputadas y
diputados, sobre un tema en el cual descansa una enorme preocupación y un gran interés,
de una parte importante de la población veracruzana sentada en el centro del Estado.
Vengo a platicar
con ustedes, vengo a compartir con ustedes un asunto vinculado con distintos problemas de
orden social y que está relacionado de manera directa con el Cofre de Perote.
Los problemas
son de orden social, en virtud de la población que está asentada en la parte alta de
esta montaña, son de orden económico, porque sin lugar a dudas está implicando una
combinación de esfuerzos y de recursos, que tienen su origen precisamente en esta
circunscripción y de orden político porque evidentemente siempre es un factor a
considerar, cuando la cuestión económica y social pueden conjugarse.
El Cofre de
Perote, desde 1937 por decreto presidencial es Parque Nacional; el decreto delimita esta
circunscripción por encima de los 3 mil metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, antes
de la puesta en marcha de este decreto, había ya resoluciones presidenciales de dotación
ejidal en esta región.
Convergen cinco
municipios y cerca de 15 comunidades y después de 65 años de promulgar este decreto con
objeto de dar certidumbre en las cuestiones ecológicas, con el objeto de fincar una
reserva ambiental que pudiese significar condiciones favorables tanto en la provisión de
agua como oxigeno para las ciudades bajas, aledañas, entre las que figura la ciudad de
Jalapa, vemos que estos esfuerzos no han sido suficientes y con muchísima consternación
entendemos que algo nuevo debe de hacerse; y aun cuando este problema puede, sin lugar a
dudas resolverse desde distintos ángulos, el que yo pongo a la consideración de los
señores diputados aquí reunidos, tiene que ver con los derechos de propiedad.
Me parece que es
pertinente, me parece que es insoslayable la necesidad de hacer convertir de nueva cuenta
los derechos comunales sobre el Parque Nacional con los derechos de propiedad que pueden
tener los ejidatarios de estas dotaciones, así como los pequeños propietarios que
conjugan y que coinciden en esta área geográfica del Parque Nacional.
Es importante,
porque estoy plenamente convencido, que la delimitación de incentivos a través de los
derechos de propiedad puede hacer, sin lugar a dudas, que los intereses particulares
coincidan en algo más general y más importante y en la medida en la cual los habitantes
de la parte alta del Cofre de Perote tengan plena convicción de que los recursos
naturales, de que los recursos maderables ahí asentados pueden ser parte de su patrimonio
y pueden aprovecharse con racionalidad y con cultura ecológica y con sentido práctico,
sin lugar a dudas habrá fuerzas naturales, relevantes que hagan que estos mismos
pobladores cuiden de esos bosques para beneficio de todas las poblaciones que de manera
directa e indirecta, en este sentido nos beneficiamos.
Por estas
razones, me atrevo a poner a consideración de ustedes, con fundamento en el artículo 58
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, la
siguiente proposición de
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que la Secretaría de la Reforma Agraria,
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal,
instrumenten acciones tendientes a definir y en su caso, rectificar los derechos de
propiedad sobre el suelo y los recursos naturales de los ejidos de la colonia Agrícola y
del Parque Nacional asentados arriba de la curva de los 3 mil metros sobre el nivel del
mar del Cofre de Perote, con objeto de alinear los incentivos particulares de sus
pobladores con las metas de la conservación ecológica.
Por su atención
y por el apoyo que puedan brindar a esta propuesta, de antemano en nombre de todos los
habitantes de esa región, dejamos nuestra gratitud.
«Punto de
acuerdo en relación con los derechos de propiedad en el Parque Nacional Cofre de Perote.
El tratamiento
dado a bosques, manantiales, mantos acuíferos, fauna salvaje y flora es un tema que ocupa
intensamente la atención de grandes sectores de la población. Es claro que el manejo
sustentable de los recursos naturales, para que sea eficiente, equitativo y perdurable,
requiere de un conjunto de disposiciones institucionales que modulen la participación de
los distintos actores involucrados en su aprovechamiento y conservación. Entre este
conjunto de disposiciones institucionales, sobresale la claridad y protección que se le
dé a los derechos de propiedad sobre los recursos naturales, en cualquiera de sus tres
modalidades1.
En consecuencia,
a través de la presente proposición con punto de acuerdo, se pretende incorporar a las
dependencias federales competentes, en la revisión de los derechos de propiedad sobre los
suelos y los recursos naturales que delimitan el Parque Nacional del Cofre de Perote. Hay
elementos suficientes para suponer que la contradicción existente en los títulos de
propiedad sobre un mismo bien dentro del parque, ha contribuido al deterioro ecológico
del lugar, toda vez que proyecta pocos incentivos para la conservación de los recursos
naturales entre las personas ahí asentadas.
Derechos de
propiedad
El tema de los
derechos de propiedad es un asunto con importantes repercusiones. Un desempeño económico
eficiente requiere de derechos de propiedad claramente definidos, con objeto de acreditar,
sin ninguna duda, al individuo que cuenta con la titularidad sobre un bien, a fin de
facilitar intercambios, ponderar beneficios y calcular costos. Una sociedad articulada,
proclive a la buena convivencia, requiere también de instituciones encargadas de hacer
respetar dichos derechos, diseñando mecanismos confiables para la solución de disputas
sobre la propiedad de ese bien, con el propósito de promover así, certeza jurídica y
certidumbre patrimonial.
Detentar los
derechos sobre la propiedad de un bien, permite excluir a terceros sobre los beneficios de
su uso y al mismo tiempo, obliga a rivalizar y competir por su consumo. Esta es la
naturaleza de los bienes privados: si no puede haber exclusión en los beneficios ni
competencia en el consumo, entonces se trata de bienes públicos, los cuales requieren del
sector gubernamental para su provisión.2
Lo anterior hace
sentido, porque demuestra la existencia de incentivos, tanto para pagar por la propiedad
de un bien, como para asumir el costo de conservarlo y preservarlo, en la medida en la
cual nadie distinto al propietario, disfrutará de los beneficios de ese bien. Sin
embargo, cuando se trata de recursos naturales asentados sobre formas de propiedad
comunal, no existirán incentivos para su cuidado ni para su explotación responsable,
como consecuencia de la imposibilidad de excluir de los beneficios a quienes no participan
en la amortización de sus costos. Por tanto, deben construirse medios compensatorios con
el propósito de crear incentivos en esa dirección. Derechos de propiedad claros pueden
aportar una posible solución a este problema.
El dueño de los
derechos de propiedad posee el consentimiento de sus semejantes para decidir, según sus
intereses, con respecto al bien de su propiedad, aun cuando esa decisión podría producir
reacciones dañinas para otros. Para muchos, una función primaria de los derechos de
propiedad, consiste en encauzar los efectos, positivos o negativos, que una actividad
puede producir a terceros no involucrados con esa actividad.3 De esta manera, los derechos de propiedad, en
buena medida, se orientan a combatir los síntomas de las "externalidades"
económicas.4
Todas estas
reflexiones teóricas acerca de los derechos de propiedad toman sentido, luego de observar
las condiciones que prevalecen en el Parque Nacional Cofre de Perote.
Parques
Nacionales
Los parques
nacionales están definidos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente. Son una de las distintas formas que adquieren las áreas naturales protegidas.
Estas "constituyen porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional,
representativas de los diferentes ecosistemas y de su biodiversidad, en donde el ambiente
original ha sido esencialmente alterado por el hombre y que están sujetas a regímenes
especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo".5
Acorde al
artículo 50 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, los
parques nacionales "se constituirán, tratándose de representaciones
biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su
belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la
existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por
otras razones análogas de interés general".
Asimismo, según
el mismo precepto, "en los parques nacionales sólo podrá permitirse la realización
de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de
su flora y fauna y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos,
así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos".
Como puede
percibirse, dentro de los límites de un parque nacional, no puede haber actividades
productivas ni pueden explotarse sus recursos naturales de manera sustentable y racional.
Sólo deben preservarse e incrementarse su flora y fauna.
Parque Nacional
Cofre de Perote
El Parque
Nacional Cofre de Perote, cuenta con una superficie de 11 mil 700 hectáreas, en los
municipios de Perote, Ayahualulco, Xico, Acajete y las Vigas de Ramírez. La tenencia de
la tierra se distribuye en ejidal, con un 43%, no identificada con el 32% y nacional con
el restante 25%. Asimismo, cerca del 50% de la extensión territorial del parque son
bosques de coníferas, transfiriendo el resto a zonas de cultivo agrícola y de
pastizales.
Los términos
del decreto presidencial que lo creó, se publicó el 4 de mayo de 1937 y declara Parque
Nacional Cofre de Perote, la porción de los terrenos comprendidos en esa montaña, a
partir de la curva de nivel de 3 mil metros sobre el nivel del mar. Y, de manera muy
importante, señala en su artículo 3o. que "los terrenos comprendidos en los
límites... quedarán en posesión de sus dueños respectivos en tanto cumplan con los
ordenamientos que sobre el particular dicte el servicio forestal...".
Los objetivos
perseguidos por el decreto, consistían en proteger las áreas naturales de la montaña
para beneficio de las ciudades aledañas, sobre todo, por el impacto que éstas guardan en
materia hidráulica, climática y de fertilidad. Asimismo, se buscaba también
salvaguardarla como refugio natural para la conservación de la fauna silvestre. Es
necesario destacar la existencia de tres importantes cuencas, cuyos nacimientos se
encuentran en los altos manantiales de esta montaña y cuyos cauces progresivamente se
extienden por muchas regiones bajas del Estado, hasta desembocar en el golfo de México.
CONSIDERANDOS
En primer lugar,
se debe reconocer que después de 65 años, los objetivos que motivaron la creación del
parque nacional no se han alcanzado. La tala clandestina, el cambio de uso de suelo de
forestal a agrícola sobre terrenos con vocación forestal, las pocas posibilidades de
rotar cultivos, el pastoreo en zonas boscosas, la proliferación de los asentamientos
humanos, la falta de vigilancia y planeación, han provocado una enorme deforestación,
una terrible erosión del suelo y un caos con repercusiones ecológicas.
En segundo
lugar, se vislumbra una inconsistencia en los criterios para reconocer los derechos sobre
la propiedad. La política agraria en la región del Cofre de Perote, observa resoluciones
presidenciales de dotación de ejidos anteriores al decreto que creó el Parque Nacional
que son afectados parcialmente por éste, pero de la misma manera, también observa
dotaciones ejidales posteriores al decreto en mención, sobre terrenos dentro de los
límites del parque. Son cerca de 15 los núcleos poblacionales asentados al interior de
esa circunscripción.
En este punto,
el Parque Nacional, como se menciona en el artículo 3o. del decreto, reconoce los
derechos sobre la propiedad en los terrenos dotados como ejidos antes de mayo de 1937 por
encima de los 3 mil metros sobre el nivel del mar, pero no a plenitud, toda vez que los
excluye de los aprovechamientos forestales de sus recursos maderables. En este sentido,
existen muy pocos incentivos para preservar, vigilar, mantener el estado de los bosques y
del resto de los recursos naturales y por el contrario, existen muchos incentivos para
aprovecharlos irracional y clandestina-mente.
En consecuencia,
la falta de precisión en los derechos de propiedad sobre la tenencia de la tierra y los
recursos naturales ha propiciado efectos nocivos para la situación ambiental del Parque
Nacional, para los habitantes ahí asentados y para quienes en las partes bajas de las
montañas, en el tiempo dependerán, de bosques sanos en su relación con el suministro de
oxígeno y agua.
Por lo
anteriormente expuesto, presentamos, con fundamento en el artículo 58 del reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente
proposición de:
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que la Secretaría de la Reforma Agraria,
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal,
instrumenten acciones tendientes a definir y, en su caso, rectificar los derechos de
propiedad sobre el suelo y los recursos naturales de los ejidos, de la colonia agrícola y
del parque nacional, asentados arriba de la curva de los 3 mil metros sobre el nivel del
mar del Cofre de Perote, con objeto de alinear los incentivos particulares de sus
pobladores, con las metas de la conservación ecológica.
México, D.F., a
8 de octubre de 2002.— Diputado José Francisco
Yunes Zorrilla. (rúbrica).»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias,
diputado. Diputado Yunes, diputado Yunes le consulto: de manera lógica este punto de
acuerdo se debe turnar a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le pregunto
si también a la de Reforma Agraria.
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y a la Comisión de Reforma Agraria.
Tiene la palabra
el diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto del grupo parlamentario de Acción
Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo. Nos han indicado que se
pospone para la próxima sesión.
DEUDA
PUBLICA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
En tal virtud,
tiene la palabra el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, que nos solicito hacer
una permuta de su turno para presentar en primer término la proposición con punto de
acuerdo, inscrita por él mismo, en relación al tema de la deuda pública del Gobierno
Federal, esta Presidencia obsequia esta petición del diputado, por lo que el tema
relativo al saneamiento, fusión y venta del Banco del Atlántico, pasa al lugar que en el
orden del día estaba asignado a la propia propuesta del diputado Magallanes, en torno a
la Auditoría Superior de la Federación.
Entonces se
ofrece el uso de la palabra al diputado José Antonio Magallanes, del grupo parlamentario
del PRD, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para solicitar que la
Auditoría Superior de la Federación revise el destino de la deuda pública del Gobierno
Federal.
El diputado José Antonio Magallanes
Rodríguez:
Gracias, señora
diputada Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción VIII,
confiere a la Cámara de Diputados, la facultad exclusiva para dar las bases bajo las
cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para
aprobar esos mismos empréstitos y para conocer y mandar pagar la deuda nacional.
Segundo, el
artículo referido anteriormente de nuestra Carta Magna, establece que ningún empréstito
podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un
incremento en los ingresos públicos.
CONSIDERANDOS
Que de acuerdo a
los últimos datos oficiales al mes de agosto, la deuda interna y externa reconocida
oficialmente, es decir, aquella que no incluye los llamados pasivos contingentes,
ascendió en un promedio a 1 billón 356 mil millones de pesos, cifra que representa
aproximadamente el 22% del Producto Interno Bruto.
Que durante los
últimos años la deuda pública interna y la deuda total, han crecido a tasas muy
superiores al crecimiento de la economía.
Que lo anterior
implica que el endeudamiento neto del sector público no ha tenido como destino la
inversión productiva, sino más bien el gasto corriente.
Que de continuar
esa tendencia el peso de la deuda se traducirá en presiones sobre las finanzas públicas.
Que es preciso
desalentar el gasto corriente y fomentar la inversión productiva y social.
Las cifras que
se presentan en la Cuenta Pública difieren de las cifras que se reportan en los informes
trimestrales de la deuda pública.
Por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva
someta a su consideración de este pleno, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que se solicite a la Auditoría Superior de
la Federación que se revise el destino del endeudamiento público, particularmente el
desmedido crecimiento de la deuda pública interna durante los últimos años.
Es cuanto,
señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a la Comisión de Vigilancia del Organo
Superior de Fiscalización.
Ratificando el turno a la Comisión
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
el diputado Alejandro Zapata Perogordo, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, en relación a la plaga de
langosta en la huasteca potosina.
El diputado José Alejandro Zapata
Perogordo:
Gracias, señora
Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Yo creo que el
Poder Legislativo debe ejercer sus funciones como órgano político representante del
pueblo y depositario de la soberanía nacional atendiendo a las demandas de sus
representados.
En ese tenor yo
quiero plantear aquí un asunto que si bien es un asunto regional, afecta de manera
nacional. En más de 17 mil hectáreas de pastizales, frutas tropicales, hortalizas, entre
otros cultivos, ubicadas en la huasteca potosina, han sido afectadas por la plaga de la
langosta.
Se padece
prácticamente en todos los municipios de la huasteca y existe, además, el riesgo de que
se vean afectados los cultivos de caña de azúcar de la región.
Sí sabemos que
el Comité Estatal de Sanidad Vegetal ha enviado técnicos especialistas en el combate de
plagas a la zona donde se identificó esa plaga con el fin de apoyar a los campesinos y
evitar que se incremente su presencia y afecte a otros cultivos.
Sin embargo, sí
creemos importante que se debe solicitar apoyo de las autoridades federales de manera
subsidiaria con los propios productores para intensificar las acciones de combate a la
plaga de langosta que pone en riesgo cultivos y pastizales.
Las intensas
lluvias y las altas temperaturas que se registran en esta temporada favorecen el
desarrollo de esa plaga y se corre el riesgo de que aparezcan otras, afectando la
producción de los cultivos antes mencionados.
En el caso de
las frutas tropicales, el problema es muy grave si se considera que la productividad
nacional de las mismas se vio seriamente disminuida a consecuencia de las lamentables
devastaciones ocurridas en los estados del sureste del país y en la península de
Yucatán.
Es por ello que,
como legisladores, tenemos la responsabilidad constitucional de buscar alguna respuesta
que permita restablecer las condiciones de los productores de la zona afectada, ya que de
no hacerlo se pueden perder más de 200 millones de pesos invertidos en cultivos.
Hay que recordar
también las palabras de nuestro Secretario de Agricultura, en Cholula, Puebla, que
señala: "el federalismo es la condición básica para alcanzar un desarrollo
duradero en el campo mexicano, ya que federalismo es compartir las responsabilidades. El
federalismo es iniciar nuevos apoyos para la gente que trabaja en su estado, pero sobre
todo federalismo es actuar en consecuencia".
Hoy se nos
presenta la urgencia de apoyar de manera subsidiaria y solidaria a los productores
potosinos pues nuestra convicción, como representantes populares, es la de velar por los
intereses de todos los mexicanos. Además, debemos dejar claro que Acción Nacional
siempre se ha pronunciado por la transferencia de instrumentos de promoción hacia los
gobiernos locales que les permitan cumplir un papel activo en materia de desarrollo
económico.
En ese sentido
la transferencia de recursos y apoyos de la federación hacia los gobiernos estatales y
municipales es una tarea pendiente que hoy debemos concretar.
Por lo
anteriormente expuesto se pone a la consideración de ustedes el siguiente punto de
acuerdo.
El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
(desde su curul):
Solicito hacerle
un cuestionamiento al diputado.
El diputado José Alejandro Zapata
Perogordo:
Si es para una
interpelación, al término de mi intervención con gusto se la aceptaré al diputado
Barbosa.
El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
(desde su curul):
Perdón, yo
también le hablaba a la Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Zapata,
el diputado Barbosa quiere hacer una interpelación ¿es así, diputado Barbosa? Entiendo
que el diputado Zapata la acepta al término de su intervención.
Diputado Tomás
Torres.
El diputado Tomás Torres
Mercado (desde su curul):
Solamente,
señora Presidenta, para un diputado, su servidor, refrendar la conducción en usted y no
del diputado que está en uso de la tribuna. Somos absolutamente respetuosos, pero
habremos de reconocer la conducción y la representación en usted. Para que no anticipe a
descalificar el planteamiento de un compañero diputado.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado, se toma nota.
Diputado Zapata,
continúe con su exposición y está claro que la interpelación que quería formularle el
diputado Barbosa la hará al término de su intervención.
El diputado José Alejandro Zapata
Perogordo:
Muchas gracias.
Finalmente, se
pone a su consideración el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se solicita que la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación coadyuve en los trabajos
de sanidad en la región afectada por la plaga de la langosta, enviando al efecto el
equipo técnico pertinente.
Adicionalmente,
yo quisiera también hacer una aclaración y un reconocimiento. Me había hecho la seña
el diputado Barbosa que quería hacer un cuestionamiento y así en esos mismos términos
fue, con todo respeto para el compañero diputado, que le solicité que fuera al final de
la intervención, respetando siempre la conducción de quien preside esta Cámara.
Adelante, compañero diputado.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado
Barbosa, su interpelación.
El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (desde
su curul):
Diputado
Alejandro Zapata. Indudablemente que los asuntos del campo son asuntos de interés de
todos los mexicanos. Una plaga de langosta en suelos potosinos involucra a todos los
potosinos.
Es aquí la
pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre el interés de un legislador federal por plantear
un problema del campo nacional, y el interés de un político por utilizar la tribuna como
artimaña legislativa para posicionarse en su estado? La hago con todo respeto ¿eh?
El diputado José Alejandro Zapata
Perogordo:
Así lo entendí
y además habré de decirle que hay reciprocidad.
Primero. Yo creo
que los asuntos locales pueden llegar a tener relevancia a nivel nacional. El asunto del
campo en México es un asunto que nos debe ocupar y que lamentablemente lo hemos ido
dejando a un lado.
También habría
de señalar que esta zona que es la huasteca, y hablo por la huasteca potosina porque soy
potosino y porque me interesa obviamente mi estado, pero que involucra a las otras dos
partes de la huasteca, la huasteca hidalguense y la tamaulipeca, donde se están viendo
afectados por una plaga de langosta, en una zona que tiene gran productividad en cuestión
de cárnicos, en hortalizas y en frutas tropicales, que puede verse mermada nuestra
producción nacional toda vez que hubo zonas de gran productividad de estos mismos
productos devastadas y que como consecuencia de ello sí debemos poner atención porque
puede verse en consecuencia mermada la productividad nacional en una parte que es
indispensable, no sólo por el consumo interno, sino adicionalmente por la parte externa
que también mandamos hacia otros lugares fuera del país y que en ese sentido es obvio
que nos interesa que de manera subsidiaria puede entrar la propia Federación en una zona
que puede estarse rescatando para que no se alteren los productos en esta parte.
Y en la última
reflexión que hizo, ¡no! yo creo que en ese sentido no podemos hablar de artimañas
cuando hay una preocupación real y cuando no sea de tratar tramposamente de utilizar la
tribuna para obtener mayor tiempo del que un acuerdo parlamentario ha estado
estableciendo.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
El diputado Tomas Torres Mercado (desde su curul):
Presidenta...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Tomás
Torres.
El diputado Tomas Torres Mercado (desde su curul):
Señora
Presidenta, a virtud de la alusión sobre una observación de tipo procedimental, yo le
pido a usted en ejercicio del más elemental derecho de un legislador, me dé oportunidad
de hacer uso de la tribuna; de desconocerlo, sería para el mismo tema.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
para contestar alusiones personales, hasta por cinco minutos, el diputado Tomás Torres.
El diputado Tomás Torres Mercado:
Le agradezco,
señora Presidenta, con su permiso:
La fracción del
Partido de la Revolución Democrática y en lo individual un miembro de esta fracción,
siempre ha expresado que no rehuimos de que podemos abordar en la tribuna y en el debate
en lo corto, los temas que los señores y las señoras diputadas deseen.
Se ha en esta
tribuna adjetivizado el que un servidor haya hecho un cuestionamiento al diputado Luis
Miguel Barbosa, en la presentación de un punto de acuerdo que resulta definitivamente
relevante. Relevante ¿por qué virtud? Está proponiendo la creación de una comisión
especial que tenga que ver con la vigilancia del destino de los recursos públicos y
privados en los procesos políticos electorales; mayor bondad política no podríamos
encontrarla.
¿Por qué
razón? Pues antes de que ocurran cosas como las que ocurrieron en el proceso electoral de
2000, prevengamos y démosle competencia a los diputados federales.
Un servidor no
hace uso de artimañas, diputado. Un servidor hace uso de instituciones procesales
parlamentarias; un servidor pugna por la autoridad y el reconocimiento a la Mesa Directiva
de la Cámara, como corresponde y como la ley lo señala, un servidor pidió a la
Presidenta que por su conducto, cual debe ser, y no por la voz del propio diputado,
procediera a reconocerle su derecho a plantear en una pregunta.
No desestimamos
en modo alguno el tema local y regional de San Luis Potosí, como no se ha desestimado el
de Zacatecas o el de Aguascalientes o el de Jalisco o el de cualquiera otra entidad
federativa que traiga a esta tribuna nacional al debate temas que tienen qué ver con la
localidad y con el debate público nacional.
Lo que un
servidor no puede aceptar es, por supuesto, la descalificación al uso legítimo de las
instituciones del procedimiento electoral. Si lo que yo hice fue una artimaña, la suya
abunda no solo en la artimaña sino en la negligencia y en el desconocimiento de los
recursos de los diputados en esta Cámara.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
En pro de la
propuesta del diputado Alejandro Zapata Perogordo, se concede el uso de la palabra al
diputado Manuel Medellín, hasta por cinco minutos.
El diputado José Manuel Medellín Milán:
Muchas gracias,
señora Presidenta; estimados compañeros:
Me parece que
este tema aunque parece muy puntual y regional es un tema que tiene qué ver con la
aplicación de políticas de carácter nacional y propias del Gobierno Federal, porque
ustedes recordarán perfectamente que en el proceso de descentralización de las
actividades agropecuarias la parte de sanidad, tanto de sanidad animal como sanidad
vegetal es un tema que incumbe particularmente a la federación, dado que la plagas no
reconocen límites.
Y esta plaga en
particular, la de la langosta o la del chapulín, como la conocen en las zonas afectadas,
ha efectivamente devastado alrededor de 40 y tantas mil hectáreas en la zona huasteca,
solamente dentro del Estado de San Luis Potosí y ha afectado pastizales de los ganaderos,
ha afectado sembradíos de maíz, sembradíos de caña de azúcar e incluso ha atacado a
las plantas de naranjo en su edad temprana.
De manera que es
una plaga que no tiene solamente una expresión local ni regional y que, además de este
principio de subsidiaridad al que se ha aludido, me parece que hay una responsabilidad
federal muy claramente señalada por tratarse de un tema sanitario. Y hay además una
consecuencia social muy importante, algunas de estas zonas pueden estarse recuperando,
pueden haber sido menos afectadas, pero ciertamente se requiere de un trabajo que sea
uniforme en toda la zona puesto que el ataque a las plagas, cuando es puntual, cuando no
está generalizado a toda la zona no es suficientemente eficaz.
De manera que la
actuación del Gobierno Federal y el uso de fondos específicos para este tipo de
desastres es indispensable en casos como este, independientemente del tamaño del daño y
por otra parte la responsabilidad federal es ineludible. Pero además hay una consecuencia
social, sobre todo entre quienes siembran granos para consumo propio. Me parece que muchas
familias, cientos o tal vez miles de familias se quedaron sin el producto indispensable de
su pequeña parcela para la sobrevivencia.
Y por lo tanto
sería muy pertinente añadir a esta propuesta la necesidad de una actuación por el lado
del desarrollo social y la atención por la vía de alimentos básicos, particularmente
grano de maíz a los campesinos más pequeños y más afectados por esta plaga de la
langosta o como lo conocen allá del chapulín.
Yo me solidarizo
con la propuesta y le extiendo una actuación de desarrollo social.
Muchas gracias,
compañeros. Gracias, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese
a las comisiones de Agricultura y Ganadería y a la Comisión de Desarrollo Social.
PROYECTO
GRAN VISION
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
el diputado Benito Vital Ramírez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una
proposición con punto de acuerdo sobre el Proyecto de Gran Visión.
El diputado Benito Vital Ramírez:
Con su permiso,
señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Los suscritos
diputados federales, integrantes de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la
consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo en torno al Proyecto
Regional de Gran Visión.
En el Proyecto
Regional de Gran Visión se plantea la construcción de 1 mil 74 kilómetros de autopistas
que unen al golfo con el Pacífico, facilitando el acceso a fronteras y aeropuertos,
intercomunicando entre sí a los estados del centro del país y permitiendo más rápidos
transportes que logren abatir costos de operación, a la vez que faciliten las actividades
de importación y exportación de la región.
Con ello se
busca modernizar la infraestructura carretera a una vasta zona nacional que abarca 296 mil
405 kilómetros cuadrados, integrando a 726 municipios y 16 delegaciones correspondientes
al Distrito Federal, con una población beneficiada cercana a los 40 millones de
habitantes.
El proyecto
representa una inversión de aproximadamente 14 mil 500 millones de pesos.
El Proyecto
Regional de Gran Visión fue visto como el instrumento adecuado para el desarrollo de la
región central del país, en que habita casi el 40% de la población nacional y que
serviría de vínculo eficaz entre norte y sur-sureste del país, incrementando las
opciones nacionales de desa-rrollo, con lo cual el proyecto adquiriría una importancia
estratégica de carácter nacional.
En el Proyecto
Regional de Gran Visión participan los estados de Hidalgo, México, Morelos, Distrito
Federal, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Se inició por el convenio marco de colaboración
firmado el 7 de agosto del año 2000 entre los gobernadores de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y
Veracruz, al que posteriormente se adhirieron el Estado de México, Morelos y el Distrito
Federal.
Esta Asamblea
aprobó en diciembre de 2000 un fondo de apoyo para el Proyecto Regional de Gran Visión
el 23 de agosto de 2001 en Cocoyoc, Morelos. Se firmó el convenio general en
coordinación para el desarrollo y realización del Proyecto Regional de Gran Visión
entre el Gobierno Federal y los gobernadores de los estados participantes,
estableciéndose las siguientes estructuras financieras: Federación-Estado 70%-30% y
50%-50%.
Las carreteras
con opción a ser concesionadas tendrán un monto de aportación privada por definir.
Hasta el año
2002 la inversión aplicada asciende a 3 mil 453 millones de pesos. Para el año próximo
la inversión estimada se calcula en 5 mil 170, de los que corresponderán al Gobierno
Federal la cantidad de 1 mil 984 millones de pesos, correspondiendo a los estados aportar
965 millones de pesos y la inversión privada 1 mil 436, lo cual significa que se podrán
realizar obras de carácter nacional con una inversión federal cercana al 40%.
De la inversión
total del Programa Regional de Gran Visión que se espera concluir en el 2006 y que
importa una inversión aproximada de 14 mil 500 millones de pesos, de los cuales la
Federación sólo habrá invertido 6 mil millones y los estados participantes 3 mil 500
millones de pesos aproximadamente, correspondiendo el restante a inversión privada en las
autopistas-libramientos Sur-Pachuca, Tula-Atlacomulco, Lerma-Alpuyeca, Cuautla-Autopista
del Sol, Xoxtla-Tlaxcala, libramiento Tlaxcala, Amozoc-Perote, libramiento Jalapa,
libramiento Plan del Río, Cardel-Veracruz y el arco norte Texmelucan-Atlacomulco,
vialidad prioritaria como libramiento de la Ciudad de México.
Para realizar
este proyecto altamente beneficioso para la nación y de bajo costo para la Federación,
es indispensable el apoyo y la solidaridad de la República, asignándole un fondo
específico y etiquetando en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación.
En cumplimiento
de lo anterior se proponen los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Que este mismo año se inicie el tramo
TlaxcoTlaxcala-Tejocotal, límites entre Puebla e Hidalgo utilizando los ahorros que se
han tenido en el tramo de Netztatiloya, Teziutlán.
Segundo. Que el Ejecutivo Federal por conducto de
la SCT y considerando las aportaciones que se realizarán, que realizarán los gobiernos
de los estados, incluyan en el Presupuesto de Egresos del 2003 una partida debidamente
etiquetada para cada uno de los proyectos.
Atentamente.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 3 de octubre de 2002.— Diputados: el de la voz, Benito Vital Ramírez, Jaime Alcántara Silva,
Alberto Amador Leal, Víctor Díaz Palacios, Cutberto Cantorán Espinosa, Melitón Morales
Sánchez, Araceli Domínguez Ramírez, Concepción González Molina y Adela Cerezo Bautista.
Por su atención
compañeros, muchas gracias.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Con su permiso,
señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Los suscritos,
diputados federales, integrantes de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la
consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo en torno al Proyecto
Regional de Gran Visión.
En el Proyecto
Regional de Gran Visión se plantea la construcción de 1 mil 074.5 kilómetros de
autopistas que unan al golfo con el Pacífico facilitando el acceso a fronteras y
aeropuertos, intercomunicando entre sí a los estados del centro del país y permitiendo
más rápidos transportes que logren abatir costos de operación a la vez que faciliten
las actividades de importación y exportación de la región.
Con ello se
busca modernizar la infraestructura carretera a una vasta zona nacional que abarca 296 mil
405.42 kilómetros cuadrados integrando a 726 municipios y 16 delegaciones
correspondientes al D.F., con una población beneficiada cercana a los 40 millones de
habitantes. El proyecto representa una inversión de aproximadamente 14 mil 500 millones
de pesos.
El Proyecto
Regional de Gran Visión fue visto como el instrumento adecuado para el desarrollo de la
Región Central del país, en que habita casi el 40% de la población nacional y que
serviría de vínculo eficaz entre el norte y sur-sureste del país, incrementando las
opciones nacionales de desarrollo, con lo cual el proyecto adquiriría una importancia
estratégica de carácter nacional.
En el Proyecto
Regional de Gran Visión participan los estados de Hidalgo, México, Morelos, Distrito
Federal, Puebla, Tlaxcala y Veracruz; se inició por el Convenio Marco de Colaboración
firmado el 7 de agosto del año 2000 entre los gobernadores de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y
Veracruz al que posteriormente se adhirieron el Estado de México, Morelos y el Distrito
Federal.
Esta Asamblea
aprobó en diciembre de 2000 un Fondo de Apoyo para el Proyecto Regional de Gran Visión,
el 23 de agosto de 2001 en Cocoyoc, Morelos, se firmó el Convenio General de
Coordinación para el Desarrollo y Realización del Proyecto Regional de Gran Visión
entre el Gobierno Federal y los gobernadores de los estados participantes estableciéndose
las siguientes estructuras financieras: Federación-Estado; 70%-30% y 50%-50%, las
carreteras con opción a ser concesionadas tendrán un monto de aportación privada por
definir.
Hasta el año de
2002 la inversión aplicada asciende a 3 mil 453.2 MDP; para el año próximo la
inversión estimada se calcula en 5 mil 170.4 MDP de los que corresponderán al Gobierno
Federal la cantidad de 1 mil 984.8 MDP correspondiendo a los estados aportar 965.5 MDP y a
inversión privada, 1 mil 436.0 MDP, lo cual significa que se podrán realizar obras de
carácter nacional con una inversión federal cercana al 40%.
A la fecha se
llevan construidos 184.6 kilómetros de autopistas con altas especificaciones, que son en
Hidalgo: Actopan-Ixmiquilpan; en México; Texcoco-Calpulalpan; en Puebla:
Tenextatiloyan-Teziutlán y Libres-Tenextatiloyan; en Tlaxcala: Apizaco-Cuapiaxtla; en
Veracruz: libramiento Perote, libramiento Plan del Río, Miradores-Mata de Caña,
Cardel-Veracruz, libramiento Rinconada, boulevard Rafael Cuervo, distribuidor vial
aeropuerto y distribuidor vial Cabeza Olmeca.
Para el
ejercicio 2003 se tiene estimado construir 296.7 kilómetros, en las siguientes
autopistas. En Hidalgo: libramiento Actopan, libramiento Ixmiquilpan, colonia Santa
Catarina, libramiento Sur Pachuca y EC troncal 4-San José; en México:
Texcoco-Calpulalpan, Tula-Atlacomulco, Lerma-Alpuyeca; en Morelos; terminación
Atlixco-Cuautla; en Puebla: Tlaxco-Tejocotal; en Tlaxcala; Apizaco-Cuapiaxtla,
Xoxtla-Tlaxcala, libramiento Tlaxcala, Apizaco-Tlaxco; en Veracruz: Acajete-Las Vigas,
Puente Rinconada 3, libramiento Xalapa, libramiento Plan del Río, Cardel-Veracruz y de
las vías interestatales: Amozoc-Perote. Se anexa la información específica y detallada
del Proyecto Regional de Gran Visión.
De la inversión
total del Programa Regional de Gran Visión que se espera concluir en el 2006 y que
importa una inversión aproximada de 14 mil 500 MDP de los cuales la Federación sólo
habrá invertido 6 mil MDP y los estados participantes 3 mil 500 MDP aproximadamente,
correspondiendo el restante a inversión privada en las autopistas: libramiento
Sur-Pachuca, Tula-Atlacomulco, Lerma-Alpuyeca, Cuautla-Autopista del Sol, Xoxtla-Tlaxcala,
libramiento Tlaxcala, Amozoc-Perote, libramiento Xalapa, libramiento Plan del Río,
Cardel-Veracruz y El Arco Norte, Texmelucan-Atlacomulco, vialidad prioritaria como
libramiento de la Ciudad de México.
Para realizar
este proyecto altamente beneficioso para la nación y de bajo costo para la Federación es
indispensable el apoyo y la solidaridad de la República, asignándole un fondo
específico y etiquetado en el próximo presupuesto de egresos de la Federación.
En cumplimiento
de lo anterior, se propone el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que este mismo año se inicie el tramo
Tlaxco-Tlaxcala-Tejocotal (límites entre Puebla e Hidalgo) utilizando los ahorros que se
han tenido en el tramo Tenextatiloya-Teziutlán.
Segundo. Que el Ejecutivo Federal, por conducto de
la SCT y considerando las aportaciones que realizarán los gobiernos de los estados
incluya en el Presupuesto de Egresos del 2003 una partida debidamente etiquetada para cada
uno de los proyectos.
Atentamente.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 3 de octubre de 2002.— Diputados: Benito Vital Ramírez, Jaime Alcántara Silva, Alberto
Amador Leal, Víctor Díaz Palacios, Cutberto Cantorán Espinosa, Melitón Morales
Sánchez, Araceli Domínguez Ramírez, Concepción González Molina y Adela Cerezo Bautista.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a las comisiones de Comunicaciones y de
Presupuesto y Cuenta Pública.
El siguiente
punto de acuerdo en relación a la problemática en que se encuentra el municipio de
Ocoyoacac, Estado de México, el grupo parlamentario del PRD ha solicitado se posponga
para una próxima sesión.
PROGRAMA
DE ABASTO RURAL
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una
proposición con punto de acuerdo en torno al Programa de Abasto Rural de Diconsa.
El diputado Narcizo Alberto Amador
Leal:
Con su permiso,
señora Presidenta:
En días pasados
el diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez y su servidor asistimos a la Reunión
Nacional de Consejos Comunitarios de Abasto, celebrada en la ciudad de México el 26, 27 y
28 de septiembre.
Como secretarios
de la Comisión de Desarrollo Social, recibimos la encomienda de presentar a este pleno
los problemas y las alternativas para abrir una nueva perspectiva a este importante
programa.
En esa reunión,
a la que igualmente asistieron representantes de la empresa Diconsa y de la Secretaría de
Desarrollo Social, se hizo una revisión de la situación actual del abasto rural
reconociendo que el programa vigente se caracteriza por un esquema comercial anacrónico,
poco flexible, con estancamiento y contracción en el volumen de productos distribuidos,
pérdida de identidad del programa y distribución del arraigo social entre los
beneficiarios, debido a que no se ha alcanzado la rentabilidad social y la eficiencia
administrativa esperada.
Entre los
aspectos más relevantes que se propusieron, destaca formalizar un programa para que, con
decisión y oportunidad, se atiendan las contingencias meteorológicas o de otro orden
como las acontecidas en días pasados en el sureste del país.
Desarrollar
políticas de intercambio comercial de la producción regional comunitaria con los
productores industrializados de las ciudades, donde las tiendas Diconsa serán el eje
fundamental que potencie este proceso de desarrollo. De igual forma, descentralizar las
compras directas y el pago a las unidades operativas.
Por igual se
propuso someter el Programa de Abasto Rural a un proceso de reestructuración integral,
administrativa y operativa de la empresa, que resuelva de fondo el problema estructural
que actualmente le impide cumplir cabalmente su misión.
En el anexo a
esta propuesta, señora Presidenta, entregamos el conjunto de las recomendaciones y
propuestas que se formulan.
En realidad en
torno a este programa, cabe destacar que prevalece la dualidad de propósitos entre una
definición focalizada de la política social y una determinación de acometer el rezago
social de manera articulada de acuerdo a los problemas diferenciados de los diversos
estratos sociales, tal y como lo reconoce la propia Secretaría de Desa-rrollo Social al
determinar la medición de la pobreza y los diversos estratos que la componen.
Cabe destacar
tan sólo que los recursos presupuestales destinados a Diconsa han ido paulatinamente
disminuyendo; en el año 2000 el presupuesto fue de 715 millones de pesos; en el año
2001, de 515 millones y en este ejercicio es tan sólo de 200 millones de pesos.
Existe entonces
una definición por parte del Ejecutivo en cuanto al destino y al futuro de este
importante programa, es por ello que proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que la Secretaría de Desarrollo Social
proporcione a la Comisión de Desarrollo Social un informe detallado sobre el estado que
guarda la empresa Diconsa y sus perspectivas de desarrollo considerando las propuestas de
los comités comunitarios de abasto.
Segundo. Que con base en lo anterior se incluya
una partida presupuestal en el proyecto de Presupuesto de Egresos del 2003 que permita
abatir los rezagos de la empresa y crear condiciones materiales para que se recupere su
viabilidad económica y social.
Atentamente.
Diputados: Alberto Amador Leal y Daniel Esteban Martínez.
Muchas gracias.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Los suscritos,
diputados federales integrantes de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la
consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo en torno al Programa de
Abasto Social de Diconsa.
En días
pasados, el diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del Partido de la Revolución
Democrática, y su servidor asistimos a la Reunión Nacional de los Consejos Comunitarios
de Abasto, celebrada en la Ciudad de México el pasado 26, 27 y 28 de septiembre. Como
secretarios de la Comisión de Desarrollo Social, recibimos la encomienda de presentar a
este pleno los problemas y las alternativas para abrir una nueva perspectiva a este
importante programa.
Se hizo una
revisión de la situación actual de las acciones de abasto rural, reconociendo que el
programa vigente se caracteriza por un esquema comercial anacrónico, poco flexible, con
estancamiento y contracción en el volumen de productos distribuidos, pérdida de
identidad del programa y disminución del arraigo social entre los beneficiarios, debido a
que no se han alcanzado la rentabilidad social y la eficiencia administrativa esperada.
En la reunión
se propuso retomar los principios y fines sociales que dieron origen al programa, evaluar
con indicadores el impacto en la economía y bienestar de las comunidades, contribuir
efectiva e integralmente al desarrollo comunitario, garantizar el acceso de la población
en condiciones de pobreza a una canasta básica subsidiada y, en fin, convertir el abasto
social en un instrumento poderoso para mejorar la calidad de vida.
Además, se
propuso:
Formalizar un
programa para, con decisión y oportunidad, atender las contingencias meteorológicas o de
otro orden, como la acontecida en días pasados en el sureste del país.
Desarrollar
políticas de intercambio comercial de la producción regional comunitaria por los
productos industrializados de las ciudades, donde las tiendas Diconsa serán el eje
fundamental que potencie este proceso de desarrollo; de igual forma, descentralizar las
compras directas y pagos a las unidades operativas.
Simplificar
trámites administrativos para facilitar las compras en las sucursales de productos
estratégicos, como el maíz y el frijol.
Someter el
Programa de Abasto Rural a un proceso de reestructuración integral, administrativa y
operativa de la empresa que resuelva de fondo el problema estructural que actualmente le
impide cumplir cabalmente su misión social.
Promover que los
órganos de participación comunitaria intervengan en todas y cada una de las decisiones
inherentes a la reestructuración administrativa.
Concluir el
proceso de autonomía del Programa de Abasto Rural, de tal forma que el gasto de la
plantilla dedicada a las funciones de control sea absorbido por la Secretaría de la
Contraloría y Desarrollo Administrativo o, en su defecto, se le asigne la partida
presupuestal correspondiente.
Además, se
alertó respecto de que cada año el Gobierno Federal pretende reducir los recursos del
Programa de Abasto Rural (Diconsa), de modo que para el año 2000 en el Presupuesto de
Egresos de la Federación se le destinaron 715 millones de pesos, 515 millones de pesos
para el 2001 y solamente 200 millones para el 2002; esto es debido a que no se tiene una
política presupuestaria acorde con la importancia estratégica del programa.
En la reunión
se enfatizó también que los consejos comunitarios de Abasto, AC, de la República
Mexicana son una organización plural, democrática y solidaria, reconocida como un medio
necesario para orientar el proceso de abasto rural que beneficia aproximadamente a 30
millones de mexicanos.
Mediante el
diálogo y la búsqueda de consensos se ha logrado la integración de 23 mil comités
rurales de abasto, electos en asambleas comunitarias, que operan una infraestructura de
274 almacenes rurales y alrededor de 23 mil tiendas, las cuales en su mayoría están
ubicadas en zonas rurales, generando un empleo indirecto a 27 mil ciudadanos.
Es importante
señalar que la red de tiendas a cargo de estos comités rurales de abasto distribuyen
más de un millón de toneladas de productos básicos al año, de los cuales más del 50%
es maíz.
En suma, los
apoyos económicos que transfiere el Gobierno Federal a Diconsa para la operación del
Programa de Abasto Rural son insuficientes y a destiempo. Con lo anterior, se desarticula
todo posible esfuerzo de las organizaciones sociales para superar los obstáculos que el
libre juego de las fuerzas del mercado impone en la comercia- lización de productos
básicos.
La disminución
de la inversión pública en materia de abasto, evidentemente, trae consecuencias y
debemos valorarlo en los términos justos porque la disminución de la inversión pública
acarrea efectos nocivos sobre el conjunto de la economía y sobre las comunidades rurales
en particular.
En consecuencia,
se propone el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que la Sedesol proporcione a la Comisión
de Desarrollo Social un informe detallado sobre el estado que guarda la empresa Diconsa y
sus perspectivas de desarrollo, considerando las propuestas de los consejos comunitarios
de abasto.
Segundo. Que, con base en lo anterior, se incluya
una partida presupuestal en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2003 que permita abatir
los rezagos de la empresa y crear condiciones materiales para que recupere su viabilidad
económica y social.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 8 de octubre de 2002.— Diputados: Alberto Amador Leal y Daniel Esteban Martínez.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a la Comisión de
Desarrollo Rural. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social. Queda exclusivamente en la
Comisión de Desarrollo Social.
EDUCACION
SUPERIOR
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
el diputado Gregorio Urías Germán, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una
proposición con punto de acuerdo en relación a las universidades públicas.
El diputado Gregorio Urías Germán:
Con su permiso,
señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados solidarios:
Proposición con
punto de acuerdo para la aplicación del fondo extraordinario destinado a las
universidades públicas con rezagos estructurales aprobado en el Presupuesto de Egresos de
la Federación 2002.
CONSIDERANDOS
Que la
educación superior en México es factor determinante para el desarrollo nacional, el
bienestar económico y la justicia social de los mexicanos se alcanzará a partir de
consolidar nuestra independencia científica y tecnológica, ello será posible en la
medida que se diseñe y aplique una política de Estado en materia educativa.
Que el sistema
de universidades e instituciones de educación superior de carácter pública arrastra un
lamentable rezago producto de la política educativa aplicada por los gobiernos
neoliberales que nunca se comprometieron con el futuro de la educación pública; el
resultado salta a la vista, las universidades privadas atienden hoy alrededor del 30% del
total de la matrícula universitaria cuando en la década de los ochenta no superaba el
10%.
Es decir, fieles
a sus postulados neoliberales los gobiernos de Carlos Salinas a la fecha asumen, por la
vía de los hechos, que el Estado debe retraerse y dejar la educación en manos del
mercado.
Que no obstante
la gravedad de lo anterior, se observa una marcada simetría en la asignación de las
partidas presupuestales a cada una de las universidades públicas, encontramos casos en
los que el costo anual por alumno supera a los 50 mil pesos por año, mientras que en
otras apenas rebasa los 20 mil, originando con tan irregular asignación que varias
universidades se encuentren al borde del colapso financiero.
Que a iniciativa
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el pleno de esta Cámara de Diputados
aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2002, un fondo extraordinario de
mil millones de pesos que el Poder Ejecutivo debe aplicar para aliviar una crisis de las
universidades que enfrentan problemas estructurales que amenazan su viabilidad como
instituciones encargadas de formar los profesionistas del futuro.
Que a 10 meses
de haber aprobado la mencionada partida y a punto de iniciar la discusión del proyecto de
Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio, es inaudito que no se aplique todavía
un solo peso. No es posible que por medidas burocráticas, tanto de la Secretaría de
Hacienda como de la Secretaría de Educación Pública, se esté incumpliendo el mandato
del Poder Legislativo en detrimento de la buena marcha de la educación superior.
Que hemos
constatado las penurias económicas de varias universidades del país, como es el caso de
las universidades autónomas de Puebla, Sinaloa, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca y Nayarit,
sólo por mencionar algunas, que enfrentan una seria crisis que amenaza el cumplimiento de
sus funciones sustantivas, en virtud de la falta de recursos para solucionar problemas
estructurales.
Que la
Universidad Autónoma de Sinaloa es un importante espacio educativo que desde hace más de
un siglo se ocupa de formar a miles de profesionistas en el noroeste del país y que ahora
se encuentra gravemente amenazada en virtud de la incomprensión y falta de apoyo oficial.
Los problemas estructurales le hacen crisis como consecuencia de la inequidad histórica
en materia de financiamiento y cuyos efectos se manifiestan en forma severa.
En los próximos
cinco años la nómina de jubilados será mayor a la de los trabadores en activo, presenta
un déficit de 1 mil 474 plazas y 31 mil 89 horas clase no financiadas por la SEP, que
tiene que cubrir de otros renglones de su exiguo presupuesto. Existe también un
importante adeudo en las cuotas del IMSS y del Infonavit.
En suma, esta
centenaria universidad que en el presente ciclo escolar cubre la demanda educativa de 104
mil 190 alumnos, requiere para superar estos rezagos 562 millones 869 mil 834 pesos, de lo
contrario está al borde del colapso financiero.
En razón de lo
anterior y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el
Gobierno Interior de este órgano legislativo, pongo a consideración de esta Asamblea, la
siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que esta Cámara de Diputados requiera a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública para
que de inmediato procedan a aplicar los recursos extraordinarios aprobados en la Ley de
Presupuesto de Egresos 2002, considerando en forma especial a aquellas universidades, como
es el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que enfrentan rezagos producto de
asimetrías e inequidades históricas que amenazan seriamente sus funciones sustantivas.
Atentamente.
Diputados: Gregorio Urías Germán; Fernando Díaz de la Vega;
Enrique Meléndez; José Manuel Quintanilla; Justino Hernández; Aarón Irizar; Roberto
Zavala; Tomás Torres; Magdalena Núñez; María de los Angeles Sánchez Lira y Rubén Félix.»
Muchas gracias,
señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos.
La siguiente
proposición con punto de acuerdo, el grupo parlamentario del PRI ha solicitado se
posponga. Es la relativa a la inseguridad pública en la capital del país y en la zona
conurbada.
Tiene la palabra
el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez. Se pospone para la próxima sesión.
En consecuencia
pasamos al capítulo de efemérides.
DIA
MUNDIAL DE LOS ANIMALES
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
el diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, para presentar una proposición con punto de acuerdo en torno al Día Mundial de
los Animales. Es efemérides, es una efemérides, no es punto de acuerdo.
El diputado Diego Cobo Terrazas:
Gracias, señora
Presidenta; compañeras, compañeros diputados:
El pasado 6 de
octubre diversas organizaciones sociales, medios de comunicación y la Organización de
las Naciones Unidas, por conducto de su Programa de Medio Ambiente, conmemoraron el Día
Mundial de los Animales, que tiene por objeto generar conciencia entre los seres humanos
sobre la importancia biológica y cultural de los animales.
Los diputados
que integramos el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hemos
querido, en esta ocasión, venir a esta alta tribuna para ser la voz de aquellos que no la
tienen, lo animales.
El ser humano,
desde su origen, ha estado cerca de innumerables especies animales que lo mismo le han
brindado alimento que abrigo o simple compañía. No obstante ello, a siglos de evolución
humana, aún no hemos sido capaces de valorar la importancia de los animales para nuestra
vida diaria y estos seres siguen siendo objeto de vejaciones, crueldad y ahora de un
proceso de extinción masiva.
En 1977, la
Organización de las Naciones Unidas en su reunión de Londres proclamó por primera vez
la declaración de los Derechos del Animal, en su preámbulo dicha declaración establece
que los animales son susceptibles de tener derechos, que el desconocimiento de los
derechos de los animales ha conducido al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y
tres que el conocimiento por parte de la especie humana de dichos derechos, constituye el
fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo.
En nuestro
país, fue hasta 1981 cuando se expidió la Ley de Protecciones a los Animales del
Distrito Federal, la cual se refería a cuestiones tan amplias como la protección del
Medio Ambiente y la Protección y Regulación de la Vida de Especies no nocivas, así como
la erradicación y sanción del maltrato y los actos de crueldad contra los animales y la
formación del individuo para inculcarle actitud de responsables y humanitarias hacia los
animales.
A 21 años de
aquella primera Ley de Protección a los Animales en México, aún hoy día la mitad de
las entidades federativas no cuentan con una legislación en la materia y aun aquellas que
la tienen no la aplican, como es el caso del Distrito Federal, que pese a contar con una
muy avanzada legislación, no la lleva a la práctica, por ejemplo, la prohibición para
la entrada de menores de edad a las corridas de toros o el Fondo de Protección a los
Animales, previstos ambos en esta ley.
Qué decir del
uso y abuso de los animales domésticos destinados al consumo humano que también se
traduce ahora en daños a las personas, ahí están los casos de las encefalopatías
bovinas o mal de las vacas locas, producto de años de una alimentación insana de engorda
que ahora afecta la salud de los humanos o en el caso de México, en el que decenas de
personas se han visto afectadas por el uso de sustancias como el clembuterol en el ganado,
sin mencionar que el sacrificio cruel de la especies para consumo humano provocan la
toxicidad de la carne.
Por otro lado,
hablando de la vida silvestre, la destrucción de los hábitats naturales por la
urbanización, el avance de la frontera agrícola y otros procesos degradativos del
ambiente, han puesto al borde de la extinción a miles de especies de animales, muchas de
ellas ni siquiera bien conocidas por la ciencia.
En México
debemos lamentar la extinción de al menos 32 especies de animales entre las que están 19
peces, un anfibio, 89 aves y cuatro mamíferos, es decir, el 10% de las especies animales
extintas del planeta y a punto de desaparecer están decenas más como la vaquita marina,
endémica del golfo de California, que será el primer caso a nivel mundial de un cetáceo
extinto si no la protegemos de forma urgente.
En los inicios
de un nuevo siglo y un nuevo milenio que se caracterizan por los avances del pensamiento
humano, la protección de los animales no sólo se convierte en un asunto ético, sino en
una necesidad que está ligada a la propia sobrevivencia de nuestra especie.
Hoy tenemos la
gran responsabilidad de tomar las medidas que den viabilidad al mundo que habitamos, no
debemos olvidar que el mundo no nos pertenece, lo compartimos con millones de seres vivos.
Los diputados
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hacemos nuestros los
principio bioéticos que demandan para los animales tres derechos fundamentales: el
derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a no ser torturados.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
BELISARIO
DOMINGUEZ PALENCIA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
El siguiente
punto del orden del día es la efemérides en torno al aniversario luctuoso de don
Belisario Domínguez. Se ofrece el uso de la palabra al diputado Víctor Antonio García
Dávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Víctor Antonio García
Dávila:
Con la venia de
la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
El cambio en
México ya nadie lo para, la reversa también es cambio. Un aniversario luctuoso más de
un hombre valiente, un hombre que defendió íntegramente sus ideales, un hombre con
entereza, Belisario Domínguez, es una muestra de patriotismo, lealtad y compromiso, sus
discursos, sus pensamientos de reflexión, nos permiten conocer al héroe nacionalista y
su búsqueda por la verdad.
Un año de
desafíos y afrentas políticas que pusieron en descubierto los vicios ocultos por la
ambición del poder fue 1913. La ética que mostró Belisario Domínguez, nos hace buscar,
día a día, esa entrega a la función legislativa. Su compromiso nacional ha llevado a
que el nombre de Belisario Domínguez sea ícono de integridad y valor cívico, estos
valores se refrendan con la entrega de la presea que desde 1952 la Cámara de Senadores
concede actualmente, a quien se destaca por los mismos valores que fortaleció don
Belisario Domínguez.
El grupo
parlamentario del Partido del Trabajo reconoce que el trabajo subversivo y combatiente, no
obstruyó que el corte ético de Belisario Domínguez permitiera su lucha justa,
auténtica e incluso liberal, en contra de los desajustes del régimen huertista.
No dudó en
oponerse al régimen del traidor y usurpador Victoriano Huerta, así como expresar
públicamente su rechazo a un régimen espurio.
Desde muy joven
fue un periodista combatiente, su publicación El
Vate, cuyas siglas significaron: valor, alegría, trabajo y estoicismo, se
corroboraron sistemáticamente en sus escritos, la transparencia de sus textos y el apego
a la realidad caracterizaban su pensamiento manifiesto en contra de las grandes
diferencias sociales.
Su popularidad
fue revestida por su visión humanitaria y de solidaridad, sus aspiraciones políticas no
fueron por la lucha misma el poder, sino el uso del poder para ayuda y cooperación.
Pese a la
prohibición de dar lectura a los discursos de oposición al régimen de Huerta, el 23 y
29 de septiembre de 1913, Belisario Domínguez siguió con su fin: hacer públicas y
evidentes las irregularidades de este régimen.
El destino final
que confirió la voluntad de Victoriano Huerta, fue una muestra más de la ambición por
el poder, la muerte de Belisario Domínguez es, desde el 7 de octubre de 1913 una
conmemoración más que de luto de identificación nacional.
El doctor
Belisario Domínguez ha tomado el papel de héroe civil memorable para la historia
mexicana. El hecho de que se le admire y haya una condecoración del Senado en su nombre,
nos muestra cómo una persona no afiliada al Ejército, pudo destacar entre los diferentes
grupos beligerantes de la Revolución. Un papel único en este tiempo, que el doctor
Domínguez comparte con el personaje de Madero.
La última
época de su vida, fue de contínuos levantamientos armados, en donde comenzaría a tener
mayor influencia que nunca el poder militar, en el control de la nación en aquel tiempo.
No era el más apto y democrático quien dominaba, sino el más fuerte y perverso.
Belisario
Domínguez deseó y consecuentemente fue capaz de oponerse al control ilegítimo,
personificado en su tiempo en la persona del general Victoriano Huerta. Por esto y muchos
actos de emoción, han permitido considerar a don Belisario Domínguez como un héroe
nacional.
Es cuanto.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Tiene la palabra la diputada Celita Trinidad Alamilla Padrón, para referirse
a la efemérides de don Belisario Domínguez, es del grupo parlamentario de Acción
Nacional.
La diputada Celita Trinidad Alamilla
Padrón:
Con se venia,
señora Presidenta; honorable Asamblea:
Hace ya 89 años
de la muerte de un hombre, cuya vida le mereció pasar a las páginas de nuestra historia
patria; un hombre cuya trayectoria hizo que el Senado de la República instituyera en 1953
una medalla que lleva su nombre y que se entrega anualmente a los mexicanos que han
acumulado méritos cívicos, ciudadanos y patrióticos como para merecer ese honor.
Don Belisario
Domínguez nació en Comitán de las Flores, Chiapas el 25 de abril de 1853. Hizo sus
primeros estudios en su ciudad natal y cursó la preparatoria en el Instituto Literario y
Científico del Estado en San Cristóbal de las Casas.
En 1879 marchó
a París para cursar sus estudios profesionales y permaneció ahí 10 años. El 17 de
julio de 1889 recibió su título de médico y regresó a su patria enseguida. Venía
saturado de ideas filantrópicas y de servicio social y con deseos de servir a la gente
más humildes. Instaló su consultorio en Comitán y comenzó a emprender largos viajes
para llegar a las zonas marginadas con el fin de atender a sus moradores.
Como político
humanista, en una reunión en el Tívoli del Eliseo ante un auditorio de chiapanecos,
manifestó sus ideas liberales, se distinguió entre los hombres de su generación por la
solidez de sus argumentos y la valentía con que los defendía.
Continuando con
sus actividades políticas, fundó un periódico donde publicó artículos sobre la
situación política del país y su oposición al régimen del presidente Porfirio Díaz.
"Vigilad de
cerca, chiapanecos, decía a sus paisanos, todos los actos públicos de sus gobernantes;
elogiadlos cuando hagan bien, criticadlos siempre que obren mal; sed imparciales en
vuestras apreciaciones, decid siempre la verdad y sostenedla con vuestra firmeza entera y
muy clara. Nada de anónimos ni seudónimos, sostened la verdad con firmeza entera."
Ese fue el camino que se trazó Belisario Domínguez.
Fundó un club
democrático y comenzó a participar en las lides electorales, en 1909 fue electo
presidente municipal de Comitán; fue tan importante la obra que realizó al frente del
ayuntamiento, que su prestigio trascendió a todo el Estado y pronto fue uno de los más
distinguidos políticos.
Su adhesión a
las ideas avanzadas, la limpieza de su conducta y la tendencia de hacer el bien a los
desvalidos unidas a su habitual franqueza, le dieron una gran fuerza.
Para las
elecciones de senadores en 1912, los chiapanecos pensaron en él, desde luego, pero su
modestia lo hizo declinar aquel honor y aceptar tan sólo la suplencia en la planilla que
encabezó Leopoldo Gouth.
El doctor
Domínguez permaneció unos meses en Comitán, pero a principios de 1913 se trasladó a la
capital del país, ahí fue testigo de los acontecimientos de la Decena Trágica. Con
dolor e indignación, recibió el doctor la noticia del sacrificio de los señores
Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. La ciudad presentaba un aspecto
aterrador: numerosos muertos y heridos en las calles, gentes inocente en su mayor parte, a
quienes no bastaban los servicios médicos.
El doctor
Belisario Domínguez, con su acostumbrado desinterés, colaboró en esta labor humanitaria
pero estaba destinado a otra tarea. El 3 de marzo falleció el senador Leopoldo Gouth y
enseguida fue llamado el suplente para cubrir la vacante. Le correspondía actuar en el
alto plano de la política nacional y en momentos sumamente difíciles.
Desde la
tribuna, en varias ocasiones se manifestó en contra del gobierno encabezado por el
general Huerta, con claridad y contundencia lo expresaba el senador chiapaneco. En su
discurso repitió varias veces su oposición sin otra idea que sostener con firmeza la
verdad.
Con los perfiles
de un héroe civil y la grandeza de los personajes éticos, dio una gran lección sobre el
cumplimiento de los deberes del ciudadano cuando ve en peligro las instituciones
políticas de su país. La sentencia contra su vida no se hizo esperar, se movieron los
resortes oficiales y la noche del 7 de octubre fue sacado de su habitación en el hotel en
el que se hospedaba y conducido al cementerio de Xoco en Coyoacán, donde se le martirizó
y asesinó cruelmente.
La muerte del
doctor Belisario Domínguez contribuyó a la caída de Huerta. 40 años después de su
muerte, se instituyó la "Medalla Belisario Domínguez". El decreto determinó
que la presea se otorgara a aquella mexicana o mexicano que se hubiera distinguido por
toda una vida dedicada al servicio de la nación y porque en todos los ámbitos de su
desempeño hiciera un homenaje cotidiano a los valores que también don Belisario
Domínguez representó y que por eso lleva ese nombre.
La honestidad,
la congruencia cotidiana entre el decir y el hacer, un valor a toda prueba para defender
la justicia y la verdad y un profundo sentimiento de la responsabilidad en el desempeño
de la encomienda, son los principios y los valores que se ponderan para decidir quién
merece este galardón que se otorga en un acto que está marcado por el espíritu de don
Belisario.
Don Belisario
Domínguez se distinguió por sus testimonios y dio la vida por sus anhelos ideológicos
en un esfuerzo continuado y vertebrado que fructificó en la civilidad y la democracia. Su
ejemplo ha quedado como algo vivo que los mexicanos debemos imitar siempre.
Es todo, señora
Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señora
diputada.
Para referirse
al mismo tema tiene la palabra el diputado Alfredo Ochoa Toledo, del grupo parlamentario
del PRI.
El
diputado Alfredo Ochoa Toledo:
Con su permiso,
señora Presidenta; compañeras legisladoras; compañeros legisladores:
El doctor
Belisario Domínguez, fue un actor que trascendió a su tiempo; fue un privilegiado por la
historia. Nace en el momento en que las tropas de la intervención francesa ponen en jaque
a Juárez y a las tropas de la República en el sitio de Puebla y es asesinado en el
momento en que la Revolución toma camino hacia el triunfo, cuando el usurpador abría
frente de combate por todos lados.
El 7 de octubre
de 2002, fecha en que se cumplen 89 años del sacrificio del senador Belisario Domínguez,
quien nació en Comitán, Chiapas, el 25 de abril de 1863. Su árbol genealógico con
ramas de gran estimación, pues sus antepasados fueron de condición humilde, pero siempre
sirvieron y militaron en las filas del liberalismo.
Prueba de ello
es la participación de su padre quien perdió la pierna derecha en la defensa de Comitán
contra las fuerzas imperialistas que atacaron esta población en mayo de 1873 y del
coronel Pantaleón Domínguez, que fue gobernador del Estado y quien al frente del
Batallón Chiapas, se incorporó al Ejército de Oriente para defender la ciudad de
Puebla.
Médico de
profesión, con estudios en el extranjero, regresó a su natal Comitán para ejercer su
oficio, dedicado a servir a sus semejantes con gran altruismo, estableciendo una botica
que llevó el nombre de "Solidaridad" y abriendo su consultorio con precios
especiales para la gente de escasos recursos.
En 1903
incursiona en el periodismo y escribe sobre temas que lo apasionan y le preocupan tanto en
el orden material como el social, de su Estado natal, pues teniendo importantes recursos
naturales, el atraso y la miseria de sus habitantes es notable. Eso debido a las
ambiciones políticas y económicas que sus gobernantes que poco habían hecho a favor por
mejorar el pueblo.
La difusión de
sus ideas plasmadas en sus escritos, no tienen eco en la gran prensa, perdiéndose en el
vacío. En ese tiempo la censura era muy estricta y la represión era muy dura para los
que expresaban críticas contra el Gobierno.
En 1910 se
inició el movimiento armado de la Revolución Mexicana. La lejanía y la falta de
comunicaciones mantenían en un real aislamiento a Chiapas, ocasionando que se incorporara
tardíamente a este movimiento.
Al inicio de
1911, Belisario Domínguez fue postulado por el Partido Liberal de Comitán, como
candidato a la presidencia municipal, debido a su gran popularidad obtuvo un triunfo casi
unánime e indiscutible.
En noviembre de
1911, Madero asumió la Presidencia de la República, convocando posteriormente a
elecciones para renovar las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión. Belisario
Domínguez es candidato a senador suplente por su Estado natal. A principio de 1913, llega
a la Ciudad de México y es testigo del episodio conocido como La Decena Trágica, en la
que son asesinados el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, debido a la
traición de Victoriano Huerta quien, tras una maniobra encubierta de legalidad, este
personaje usurpa la Presidencia de la República.
Esos
acontecimientos causaron indignación nacional. El gobernador de Coahuila, Venustiano
Carranza, mediante el Plan de Guadalupe del 26 de marzo de ese mismo año, levanta la
bandera de la legalidad constitucional y convocaba a los gobernadores y al pueblo a
integrar el ejército constitucionalista.
El Congreso de
la Unión no podía estar ajeno a esos acontecimientos. La Cámara de Diputados, dividida
en fracciones, uno de filiación maderista y otros francamente contrarrevolucionarios. En
la de Senadores el grupo maderista era pequeño y el de la contrarrevolución el
mayoritario.
Belisario
Domínguez había tomado posesión de su cargo el 3 de marzo, como senador en funciones,
debido al fallecimiento del titular, y así el destino del doctor Domínguez lo ubicaba en
el teatro de los acontecimientos cuando la situación política revestía un grado de
atención especial.
En sus
intervenciones en la Cámara alta, pese al ambiente hostil, fueron de una gran dignidad y
de valor cívico, pues durante las sesiones en las que participaba demostró abiertamente
su enemistad a Huerta y a su gobierno, calificándolo de ilegítimo y a la vez
manifestando sus simpatías por el constitucionalismo y exigía la renuncia del presidente
y su expulsión del país.
En la sesión
del 29 de septiembre el senador Domínguez arremetió contra Huerta en un violento
discurso en el que expresó lo siguiente:
"Antiguo
soldado, sin conocimientos políticos y sociales indispensables para gobernar la nación,
se alucina creyendo que aparecerá fuerte por medio de actos que reprueban la
civilización y la moral."
El discurso del
senador Domínguez no fue incluido en el Diario de los Debates y esto obligó a que
Belisario Domínguez decidiera mandarlo imprimir por su cuenta y hacerlo público.
Recurrió a varios impresores, quienes temerosos por las represalias de que podían ser
objeto, se negaron a imprimir el discurso.
Lo mismo
ocurrió con su paisano Adolfo Montes de Oca, propietario de una imprenta, pero una
operaria de ese negocio de nombre María Hernández Zarco, descendiente de los ilustres
Hernández y Dávalos y Francisco Zarco, enterada del asunto se comprometió con el doctor
Domínguez a imprimir en forma clandestina, en una noche llena de espanto y terror, el
discurso en la misma imprenta propiedad de Montes de Oca.
Su publicación
causó gran impacto en la opinión pública en la Cámara de Senadores, pues en ella, con
un alto valor cívico, desenmascaraba a Huerta, acto que no se podía tolerar.
La noche del 7
de octubre de 1913 un grupo de esbirros se apoderó del senador Domínguez y en el
panteón nuevo de Coyoacán fue salvajemente ejecutado y sepultado en el mismo lugar.
Huerta más
adelante disolvió el Congreso; no podía trabajar con él, aduciendo que las cámaras de
la actual legislatura de la Unión han llegado a convertirse en el peor enemigo del
Ejecutivo.
Gran ejemplo de
valor nos dio el mártir chiapaneco. Su vida ejemplar es verdaderamente excepcional pues
entraña enseñanzas dignas de imitarse. Cualquier elogio siempre será insignificante
ante la estatura que engrandeció a este héroe civil.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Esta Mesa
Directiva acuerda se edite la biografía de don Belisario Domínguez y el texto íntegro
de su discurso histórico, para distribuirse entre los diputados.
Nos han
solicitado que la efemérides en relación a Ernesto Guevara se posponga para la próxima
sesión. Se lo aprecio al grupo parlamentario del PT.
ESTADO
DE MICHOACAN
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Voy a dar lectura a algunas
comunicaciones importantes. Se adiciona la comisión que representará a la Cámara de
Diputados en la ceremonia con motivo del CLXXXVIII aniversario de la Expedición del
Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina, del martes 22 de octubre de
2002 en Apatzingán, con la participación del diputado Felipe Calderón, del grupo
parlamentario del PAN y de la diputada Eréndira Coba, quedando la comisión como sigue:
Diputados:
Felipe Calderón, Agustín Trujillo Iñiguez; Ramón Ponce Contreras; Eréndira Coba;
Donaldo Ortiz Colín y Félix Castellanos Hernández.
Comunicación de
la Cámara de Senadores. Le ruego a la Secretaría dar lectura a la misma.
MEDALLA
BELISARIO DOMINGUEZ
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII
Legislatura.
Ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
Presentes.
Hago de su
conocimiento que el próximo jueves 10 de octubre de 2002 a las 13:00 horas se llevará a
cabo en esta Cámara, sesión solemne en la que se impondrá la "Medalla de Honor
Belisario Domínguez del Senado de la República" al ciudadano Héctor Fix Zamudio.
Me permito
comunicar a ustedes lo anterior, a efecto de que tengan a bien dar cuenta a ese cuerpo
legislativo de la cordial invitación que por este medio formulamos para que se designe
una comisión de diputados.
Reitero a
ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a
8 de octubre de 2002.— Senador Carlos Chaurand
Arzate, vicepresidente en funciones.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Para asistir en
representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados:
En
representación de la Mesa Directiva, se designa a Eric Villanueva Mukul; en
representación del pleno de la Cámara, por el Estado de Chiapas; Jesús Alejandro Cruz
Gutiérrez; Andrés Carballo Bustamante; Santiago López Hernández, José Jacobo Nazar
Morales; Nicolás Alvarez Martínez; Roberto Domínguez Castellanos; Patricia Aguilar
García; Roberto Fuentes Domínguez; Enoch Araujo Sánchez; Carlos Soto Monzón; Oscar
Alvarado Cook; Adolfo Zamora Cruz; Alfredo Ochoa Toledo; César Santiago Ramírez y Carlos
Raymundo Toledo.
Se ha recibido
comunicación de la Junta de Coordinación Política, ruego darle lectura a la misma.
COMISIONES
LEGISLATIVAS
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz
Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.—
Presente.
Con fundamento
en el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a
usted la modificación en la integración de la siguiente comisión:
Que la diputada
Adela del Carmen Graniel Campos sustituya al diputado Eric Eber Villanueva Mukul en la
Comisión Especial de la Cámara de Diputados Encargada de Vigilar que los Recursos del
Fonden y partidas extraor- dinarias que se aprueben se apliquen para el reestablecimiento
de las condiciones de convivencia de la población y la ayuda a los damnificados por el
huracán “Isidore”.
Lo anterior,
para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio
Legislativo.— México, D.F., a 8 de octubre de 2002.— Diputado Martí Batres Guadarrama, presidente.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado. Tramítese la sustitución.
Se han agotado
los asuntos en cartera.
Le ruego a la
Secretaría dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL
DIA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Primer Periodo
de Sesiones Ordinarias.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 10 de
octubre de 2002.
Acta de la
sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos
de los estados de Jalisco, San Luis Potosí y Morelos.
Dictámenes de
primera lectura
De la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso a la
ciudadana Beatriz Elena Paredes Rangel, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
Nacional de Cruceiro do Sul en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la
República Federativa de Brasil. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)
De la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso a los
ciudadanos Manuel Marrón y González y Carlos Ignacio González Magallón, para aceptar y
usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren los gobiernos del
Principado de Mónaco y de la República Federal de Yugoslavia, respectivamente. (Dispensa
de segunda lectura, discusión y votación.)
Dictámenes a
discusión
De la Comisión
de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo relativo a la proposición para que se
asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación una práctica especial al Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a fin de que realice el censo
agropecuario.
De la Comisión
de Comercio y Fomento Industrial con punto de acuerdo relativo a la proposición del
Congreso del Estado de Nuevo León, por la que solicita la revisión del precio del gas
natural doméstico en el Estado de Nuevo León.
De la Comisión
de Comercio y Fomento Industrial con puntos de acuerdo relativo a la proposición del
Congreso del Estado de Jalisco, por la que manifiesta su apoyo al proyecto de Norma
Oficial "Jamón denominado, especificaciones y método de pruebas".
De la Comisión
de Comercio y Fomento Industrial con puntos de acuerdo relativo a la proposición del
Congreso del Estado de Jalisco, por el que solicita apoyo al Congreso de la Unión, para
que la Secretaría de Economía norme la utilización de un sello inviolable en los
cilindros de gas.
De las
comisiones de Comunicaciones y de Comercio y Fomento Industrial con puntos de acuerdo
relativo a la proposición de la diputado Adela del Carmen Graniel Campos, sobre las
demandas de los habitantes del Estado de Tabasco en relación a la reducción de las
tarifas telefónicas.
Y los demás
asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
(a las 15:23 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá
lugar el próximo jueves 10 de octubre a las 10:00 horas.
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