|
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
ASISTENCIA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Se informa a la Presidencia que
existen registrados previamente 261diputados.
Por lo tanto hay quórum.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
(a las 11:18 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL
DIA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 22 de octubre de 2002.
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos de los estados de:
Baja California, Quintana Roo, Sonora y Tabasco.
De la Junta de Coordinación
Política.
Oficios de la
Secretaría de Gobernación
Dos con los que remiten copias de
los oficios de los congresos de los estados de Guanajuato y de San Luis Potosí, en
relación al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, sobre la
actualización de la legislación en materia de adopción de menores.
Con el que remite copia del oficio
del Congreso del estado de San Luis Potosí, en relación al punto de acuerdo aprobado por
la Comisión Permanente, sobre la problemática que se presenta en las unidades
habitacionales del país.
Solicitud de
particulares
Seis por los que solicitan el
permiso constitucional necesario los ciudadanos Verónica Aviles Lobato, Alexander Braune
Magallón, Jorge Hefferan Romero, Carlos Hernández Muñoz, Arturo Carreón Cura y Mario
Alberto Martínez Rojas, para prestar servicios en la Embajada de los Países Bajos en
México. (Turno a comisión.)
Iniciativas de
diputados
Que reforma el artículo 25 de la
Ley General de Educación, a cargo del diputado Cutberto Cantorán Espinosa, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 3o. y
adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para establecer el derecho de los ciudadanos con respecto a la cultura y la facultad del
Congreso de la Unión para legislar en materia cultural, a cargo de la diputada Verónica
Sada Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
De Ley del Servicio Público de
Carrera de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Maricruz Cruz
Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Que reforma el artículo 26 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de la reforma del
Estado, a cargo de la diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Que reforma el Código Penal
Federal y la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de
Sentenciados, a cargo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma diversos ordenamientos
legales en materia de presupuesto, a cargo del diputado Eduardo Andrade Sánchez, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma la Ley Federal de Radio
y Televisión, en materia indígena, a cargo de la diputada Beatriz Guadalupe Grande
López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Que reforma diversas disposiciones
de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, a cargo del
diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 92 del
Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Que reforma los artículos 16, 17,
20 y 24 de la Ley de Coor- dinación Fiscal, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que adiciona la fracción XXIX-K al
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de
que el Congreso de la Unión tenga facultad para expedir leyes que establezcan la
concurrencia en materia de niñas y niños, personas con discapacidad y adultos mayores, a
cargo de la diputada Arcelia Arredondo García, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a comisión.)
De reformas a los artículos 94,
105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del
Poder Judicial, a cargo del diputado Amador Rodríguez Lozano. (Turno a comisión.)
Dictámenes de
primera lectura
De la Comisión de Puntos
Constitucionales con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIX-K al artículo
73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Puntos
Constitucionales con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 63
y la fracción IV del artículo 77, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Dictámenes a
discusión
De la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo a la proposición para que la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua tomen
las medidas necesarias, a fin de solucionar el problema ecológico provocado por aguas
negras en el Valle de Juárez, estado de Chihuahua.
De la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para que se lleve a cabo una auditoría al
Centro Mexicano de la Tortuga y se le proporcionen los recursos necesarios para que
continúe su importante labor de investigación y protección de los quelonios.
De la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, con punto de acuerdo para apoyar la demanda del gobierno del Distrito
Federal a Pemex, de la sustitución del etermetilterbutílico (MTBE), usado en sus
gasolinas Magna y Premium.
Excitativas
A la Comisión de Puntos
Constitucionales, a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Puntos
Constitucionales, a cargo del diputado Rodolfo Ocampo Velázquez, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional.
A la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias, a cargo del diputado Martí Batres Guadarrama, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Energía, a cargo
del diputado César Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
A la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos, a cargo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a cargo del diputado
Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las comisiones de Salud y de
Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del diputado Tomás Torres
Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, a cargo del diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
A las comisiones de Hacienda y
Crédito Público y de Seguridad Social, a cargo del diputado Mario Cruz Andrade, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A las comisiones de Hacienda y
Crédito Público y de Fortalecimiento del Federalismo, a cargo del diputado Víctor
Emanuel Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las comisiones de Presupuesto y
Cuenta Pública y de Gobernación y Seguridad Pública, a cargo de la diputada Adela del
Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, a cargo del diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Salud, a cargo de
la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Proposiciones
Con punto de acuerdo para solicitar
al Poder Ejecutivo del estado de Querétaro la entrega inmediata de los recursos
destinados a la Universidad Autónoma de Querétaro, a cargo del diputado Timoteo
Martínez Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno
a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación
al segundo aniversario del incendio ocurrido en el Centro Nocturno Lobohombo, a cargo del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación
al Presupuesto de Egresos de 2003, destinado a comunidades indígenas, a cargo del
diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
incrementar los recursos del Fondo Indígena, a cargo del diputado Vitalico Cándido
Coheto Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno
a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación
al presupuesto de la Cámara de Diputados, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el
recorte presupuestal de 2003, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para exhortar
a las legislaturas locales para que se implementen las medidas necesarias de carácter
legislativo que favorezcan un procedimiento expedito en materia de alimentos, contra el
deudor alimentario, a cargo de la diputada Silvia América López Escoffie, a nombre de
integrantes de la Comisión de Equidad y Género. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
los derechos laborales de los trabajadores del INEGI, a cargo de la diputada Lorena
Martínez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo por el que se
exhorta al Poder Ejecutivo Federal, en calidad de miembro no permanente del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas y en el marco de un posible ataque de Estados Unidos de
América a Irak, favorezca con su sentido de voto, aquella resolución que amplíe la
probabilidad de alcanzar una solución pacífica al conflicto, misma que contribuya a la
causa de la paz y la seguridad mundial, a cargo de la diputada Heidi Storsberg Montes, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
la instalación de plantas de generación de energía eléctrica y regasificadoras en
territorio nacional, para abastecer territorio norteamericano, a cargo del diputado Jaime
Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
los adeudos pendientes del Fonatur, en el municipio de Benito Juárez, estado de Quintana
Roo, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el uso
de recursos del Fonden y el trato desigual a las entidades federativas en condiciones de
emergencia, a cargo de la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del
Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para la
aportación de un subsidio de gas LP y gasóleo en el estado de Chihuahua, a cargo de la
diputada Hortensia Enríquez Ortega, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar
a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones
vigilen que no haya irregularidades en el cobro de llamadas telefónicas y servicios no
requeridos, a cargo de la diputada Martha Ruth del Toro Gaytán, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
las tarifas eléctricas en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo del diputado
Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya en el fideicomiso correspondiente
a otras cajas de ahorro que han caído en crisis, a cargo del diputado José Narro
Céspedes, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
establecer un fondo que los estados destinarán al renglón agropecuario, a cargo del
diputado Rogaciano Morales Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que el
titular de Banrural comparezca ante las comisiones de Agricultura y Ganadería y de
Desarrollo Rural, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para que la
Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo Federal para que se otorguen recursos del Fondo
Nacional de Desastres Naturales, al municipio de Empalme, Sonora, a cargo de la diputada
Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
la venta de Cintra, a cargo del diputado Víctor Manuel Ochoa Camposeco, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la
Fiscalía Especial para el caso Digna Ochoa, comparezca ante la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos de esta soberanía e informe sobre los avances del esclarecimiento de su
muerte, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la
Democracia Partido Político Nacional. (Turno a comisión.)
Agenda política
Comentarios sobre el paro nacional
en Venezuela, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Efemérides
Día Mundial de los Sin Techo, a
cargo de la diputada Raquel Cortés López, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
El Derecho de Voto de la Mujer, a
cargo de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.
Las mujeres rurales en el marco del
Día Mundial de la Mujer Rural, a cargo de las diputadas: Silvia López Escoffie del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, Eréndira Olimpia Cova Brindis del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Hortensia Aragón Castillo del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Aniversario luctuoso del general
Lázaro Cárdenas del Río, a cargo del diputado Jesús Garibay García, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Día Mundial de la Alimentación, a
cargo de la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social y del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Aniversario de la promulgación de
la Constitución de Apatzingán, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Aniversario de la toma de posesión
del general Guadalupe Victoria como primer presidente de México, a cargo de la diputada
Olga Margarita Uriarte Rico, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Está a consideración la orden del
día...
No habiendo quien haga uso de la
palabra, continúe la Secretaría poniendo a consideración de los distinguidos diputados,
el acta de la sesión anterior.
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Acta de la sesión de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves diecisiete de octubre de dos
mil dos, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de
Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
En el Palacio Legislativo en San
Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos sesenta y siete diputados, a las
once horas con veintidós minutos del jueves diecisiete de octubre de dos mil dos, la
Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden
del día.
La Asamblea aprueba el acta de la
sesión anterior en votación económica.
Comunicaciones de los congresos de
los estados de:
• Coahuila, con acuerdo por el
que solicita la intervención del Congreso de la Unión, para que se investiguen las
denuncias públicas que afectan a la ciudadanía por alteraciones en los recibos del
consumo de energía eléctrica. Se turna a la Comisión de Energía.
• Jalisco, con acuerdo por el
que solicita se prorrogue la vigencia del decreto por el que se otorgan facilidades
administrativas para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realicen
actividades agrícolas, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil dos. Se turna a la Comisión
de Recursos Hidráulicos.
• Jalisco, con acuerdo por el
que apoya la iniciativa con proyecto de Ley de Energía para el Campo y solicita se
agilicen los trabajos legislativos para su aprobación. Se turna a las comisiones de
Energía y de Agricultura y Ganadería.
• Jalisco, con acuerdo por el
que solicita se entere a esa legislatura sobre el contenido del decreto que faculta la
incorporación al buró de crédito a todos los deudores y se promuevan las modificaciones
de dicho decreto para la desincorporación o desgravación de quien haya cubierto el
adeudo de manera expedita y automática. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
Comunicaciones de la Junta de
Coordinación Política con las que notifica cambios en la integración de:
• La Mesa Directiva de la
Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Se aprueba en votación
económica.
• Las comisiones de Seguridad
Social y de Trabajo y Previsión Social. De enterado.
Comunicación de la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, relativa al quórum legal de la Cámara de
Diputados. Enterada la Mesa Directiva y túrnese a ella para el expediente respectivo.
Cuatro oficios de la Secretaría de
Gobernación con los que remite:
• Resultados de los programas
de la Secretaría de Economía. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Estudio sobre la suficiencia
financiera de los seguros y coberturas que conforme a la Ley del Seguro Social administra
el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se turna a las comisiones de Seguridad Social y
de Trabajo y Previsión Social.
• Informe trimestral del
avance físico-financiero del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental. Se turna a
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Informe de evaluación del
desempeño del sector economía, correspondiente al periodo enero-septiembre de dos mil
dos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tres oficios de la Cámara de
Senadores con los que remite:
• Punto de acuerdo por el que
exhorta a la Cámara de Diputados para que considere dentro del Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil tres, un aumento a la partida asignada
a la Embajada y consulados mexicanos en Estados Unidos de América. Se turna a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el artículo ciento noventa y ocho de la Ley Federal de Derechos,
presentada por la senadora Gloria Lavara Mejía, del Partido Verde Ecologista de México.
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Fernando
Gómez Esparza, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
Sendos escritos de los ciudadanos
Ricardo Franco Guzmán y Adrián Franco Zevada, por los que solicitan el permiso
constitucional necesario para prestar servicios en la Embajada de Bulgaria en México. Se
turnan a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Presentan iniciativas con proyecto
de decreto los diputados:
• Beatriz Cervantes Mandujano,
del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un inciso j a la fracción tercera del artículo ciento
quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
deporte. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
• Neftalí Salvador Escobedo
Zoletto, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos ciento catorce, ciento
quince, doscientos diez y doscientos doce de la Ley General de Salud. Se turna a la
Comisión de Salud.
• María Teresa Campoy Ruy
Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos segundo y
noveno de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se
turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• Augusto Gómez Villanueva,
del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarenta y adiciona un
capítulo al Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
• Manuel Duarte Ramírez, del
Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona el artículo ciento treinta
y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la
Comisión de Puntos Constitucionales.
• Augusto Gómez Villanueva,
del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos diez, once y doce y
adiciona el artículo treinta y dos de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.
Presidencia de la diputada María Elena
Alvarez Bernal
Se turna a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
• César Alejandro Monraz
Sustaita, del Partido Acción Nacional, que adiciona una fracción vigésima al artículo
ciento seis de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
• José de Jesús López
Sandoval, del Partido Acción Nacional, que reforma el párrafo octavo del artículo
noventa y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Ragel
Se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
Solicitan excitativas los
diputados:
• María del Rosario Tapia
Medina, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre de la Mesa Directiva de la
Comisión de Energía, a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en
relación con la proposición con punto de acuerdo para crear el Centro Nacional de
Geociencias y Administración de Energéticos del Instituto Politécnico Nacional,
presentada el quince de diciembre de dos mil uno. La Presidencia informa que ésta es la
segunda excitativa sobre el mismo asunto y en virtud de que la primera se hizo en la
sesión próxima pasada del quince de octubre de dos mil dos, anuncia que se hará una
excitativa genérica y aún no se precisará término para la presentación del dictamen
respectivo y señalado lo anterior, formula la excitativa correspondiente.
A las trece horas la Secretaría
informa del registro de cuatrocientos cuatro diputados y ordena el cierre del sistema
electrónico de asistencia y votación.
• Rogaciano Morales Reyes, del
Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en
relación con la proposición con punto de acuerdo sobre las facultades contenidas en el
artículo noventa y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para que se investiguen los hechos del dos de octubre de mil novecientos sesenta y ocho,
presentada el dos de octubre de dos mil uno. La Presidencia formula la excitativa que
corresponde.
• Jaime Cleofas Martínez
Veloz, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Puntos
Constitucionales, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de derechos y cultura indígenas, presentada ante la Comisión Permanente el
veinte de febrero de dos mil dos.
Presidencia del diputado Eric Eber
Villanueva Mukul
La Presidencia formula la
excitativa correspondiente y saluda la presencia en el recinto del embajador de Turquía
en México.
• Esteban Daniel Martínez
Enríquez, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, en relación con la iniciativa con proyecto de Código Federal
Penitenciario, presentada el quince de diciembre de dos mil uno. La Presidencia atiende lo
solicitado y, en virtud de que es la segunda excitativa, solicita a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública para que a más tardar el veintidós de noviembre de dos
mil dos, presente el dictamen correspondiente ante el pleno.
• Rodrigo Carrillo Pérez, del
Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y
de Presupuesto y Cuenta Pública, en relación con la proposición con punto de acuerdo
para que los excedentes petroleros alcanzados hasta el mes de marzo de dos mil dos por la
venta de petróleo al extranjero, se usen para restablecer subsidios al consumo de
energía eléctrica, presentada el treinta de abril de dos mil dos. La Presidencia formula
la excitativa correspondiente.
• María Miroslava García
Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, presentada el trece de marzo de dos mil dos.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
La Presidencia atiende lo
solicitado.
Comunicación de la Junta de
Coordinación Política, con la que informa de cambios en la integración de las
comisiones de Vivienda; de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; de
Transportes; de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; de Pesca; de Participación
Ciudadana; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Marina; de Justicia y Derechos
Humanos; de Juventud y Deporte; de Gobernación y Seguridad Pública; de Fortalecimiento
del Federalismo; de Ciencia y Tecnología y de Atención a Grupos Vulnerables. De
enterado.
Comunicación de la Junta de
Coordinación Política, con la que notifica cambios en la integración de la mesa
directiva de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Se aprueba en votación
económica.
Dictamen de la Comisión de
Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo para que se asigne en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil tres, una partida especial
al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a fin de que realice el
censo agropecuario.
No habiendo quien solicite el uso
de la palabra, la Asamblea aprueba el punto de acuerdo en votación económica.
Comuníquese a la comisión respectiva para que lo incorpore en el presupuesto.
Presentan sendas proposiciones con
punto de acuerdo sobre los tiempos del Estado en los medios de comunicación
electrónicos, los diputados:
• Uuc-kib Espadas Ancona, del
Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y
Cinematografía.
• Salvador Cosío Gaona, del
Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y
Cinematografía.
• Víctor Antonio García
Dávila, del Partido del Trabajo. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Continúan la presentación de
proposiciones con punto de acuerdo los diputados:
• Mario Sandoval Silvera, del
Partido Acción Nacional, para solicitar al Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, que sean evaluados el programa y subprograma vigentes de educación física
para la educación básica. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos.
• José Manuel del Río
Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, en relación con las
tarifas eléctricas en Baja California y Sonora. Se turna a la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial.
• Alejandro Rafael García
Sainz Arena, del Partido Verde Ecologista de México, en relación al tiempo del Estado en
los medios de comunicación electrónicos. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y
Cinematografía.
• Rosa Delia Cota Montaño,
del Partido del Trabajo, en relación con la norma emergente Norma Oficial
Mexicana-EM-ciento treinta y nueve. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
• Cutberto Cantorán Espinosa,
del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal a que
publique en el Diario Oficial de la Federación,
el decreto por el que se adicionan los artículos tercero y treinta y uno de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Mesa Directiva.
• Raquel Cortés López, del
Partido de la Revolución Democrática, en relación con las personas con discapacidad que
prestan servicios en la Cámara de Diputados. Se turna a la Junta de Coordinación
Política.
• Neftalí Salvador Escobedo
Zoletto, del Partido Acción Nacional, para que el Ejecutivo Federal, a través de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dé cumplimiento a lo establecido en el
decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil
dos, respecto al Plan Puebla-Panamá.
Desde su curul, el diputado Jesús
Ali de la Torre solicita el uso de la palabra para el mismo asunto y la Secretaría, por
indicaciones de la Presidencia, da lectura al artículo decimosegundo del Acuerdo
Parlamentario Relativo a la Integración del Orden del Día, las Discusiones y las
Votaciones de la Cámara de Diputados y al artículo cincuenta y ocho del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de
ilustrar a la Asamblea sobre los recursos reglamentarios que tiene la Presidencia para el
desahogo de las sesiones.
La Presidenta informa que aplicará
lo dispuesto en último artículo leído por la Secretaría y concede la palabra, para
hablar en pro de la proposición, al diputado Jesús Ali de la Torre, del Partido
Revolucionario Institucional.
La Asamblea, en votación
económica, admite a discusión la proposición con punto de acuerdo y la Presidencia la
turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• José Antonio Magallanes
Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al Instituto para
la Protección al Ahorro Bancario entregue a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación, el acta de la sesión de la Junta de Gobierno en la que se
definieron los términos de las auditorías de los bancos. Se turna a la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
• Juan Carlos Regis Adame, del
Partido del Trabajo, para que se integre una Comisión Especial que estudie y analice las
repercusiones que tendría para México su ingreso al Area de Libre Comercio de las
Américas. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Desde su curul el diputado Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta solicita la verificación del quórum. La Presidenta hace
comentarios al respecto e instruye a la Secretaría a hacer los avisos correspondientes y
a abrir el sistema electrónico de asistencia y votación para la verificación
respectiva.
También, desde sus curules, hablan
sobre el procedimiento y trámite para verificar el quórum los diputados: Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa; Jorge Carlos Ramírez Marín, en dos ocasiones y Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta, en dos ocasiones.
La Secretaría, por instrucciones
de la Presidencia, da lectura al artículo decimoquinto del Acuerdo Parlamentario Relativo
a la Integración del Orden del Día, las Discusiones y las Votaciones de la Cámara de
Diputados y la Presidencia informa que aplicará lo dispuesto en él.
La Secretaría, por indicaciones de
la Presidencia, instruye para que se hagan los avisos correspondientes y ordena la
apertura del sistema electrónico de asistencia y votación para la verificación del
quórum.
Desde su curul el diputado Félix
Salgado Macedonio hace una propuesta sobre la inasistencia de diputados.
En tanto transcurre el tiempo
establecido en el artículo decimoquinto del Acuerdo Parlamentario Relativo a la
Integración del Orden del Día, las Discusiones y las Votaciones de la Cámara de
Diputados, para la verificación del quórum, se
concede la palabra a la diputada Raquel Cortés López, del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al
Gobierno del estado de México, a que brinde atención especial a la invasión del predio
Lomas del Parque, ubicado en el municipio de Tultitlán de esa entidad federativa. Se
turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Desde sus curules hablan sobre el
procedimiento para la verificación del quórum los diputados: David Augusto Sotelo Rosas;
Luis Alberto Villarreal García; María de los Angeles Sánchez Lira; Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta, en dos ocasiones; César Augusto Santiago Ramírez; Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa y Gustavo Riojas Santana.
La Secretaría informa a la
Presidencia que existe quórum.
Continuando con la sesión,
presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:
• José Antonio Magallanes
Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar a la Comisión de
Asuntos Indígenas, conozca e intervenga en el esclarecimiento del crimen del menor
indígena José Raymundo Cruz Lemus. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.
• José Manuel del Río
Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, para integrar una
comisión que investigue las violaciones a los derechos humanos que han provocado muertes
entre los mexicanos inmigrantes en Estados Unidos de América. Se turna el numeral primero
del punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política y los numerales segundo y
tercero a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Relaciones Exteriores.
Se refiere al viaje del gobernador
del estado de Quintana Roo durante los sucesos del huracán “Isidore”, el
diputado Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática.
Presidencia del diputado Jaime Vázquez
Castillo
Para el mismo tema se concede la
palabra al diputado Juan Carlos Pallares Bueno, del Partido Acción Nacional.
Para rectificar hechos pasan a la
tribuna los diputados: Héctor Nemesio Esquiliano Solís, del Partido Revolucionario
Institucional, y Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática,
quien acepta una interpelación del diputado José Manuel del Río Virgen.
Hablan sobre el aniversario
luctuoso de Ernesto “Che” Guevara, los diputados: Rodolfo Gerardo González
Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
Y Félix Salgado Macedonio, del
Partido de la Revolución Democrática, quien al inicio de su intervención hace una
referencia al tema anterior.
La Presidenta deja constancia de
que cuando el orador se aparte del tema a discusión, reglamentariamente puede llamarle al
orden; estima innecesaria la alusión inicial del diputado Salgado Macedonio e instruye a
retirarla del Diario
de los Debates.
Se concede la palabra al diputado
David Augusto Sotelo Rosas, del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al
mismo tema.
Transcurrido el tiempo establecido
para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la
próxima sesión y la Presidencia clausura la de hoy a las dieciséis horas con treinta y
cuatro minutos, citando para la próxima que tendrá lugar el martes veintidós de octubre
de dos mil dos, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No
habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el
acta.
GAS
DOMESTICO
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo.— Poder Legislativo
de Baja California.— XVII Legislatura.— Presidencia.
Diputada Beatriz Elena Paredes
Rangel, Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
México, DF.
Por medio del presente, nos
dirigimos muy respetuosamente para informarle que en sesión ordinaria de la XVII
Legislatura Constitucional del estado de Baja California, celebrada el día 2 de agosto
del año en curso, se aprobó el punto de acuerdo que presentó la Comisión de Desarrollo
Económico, mediante el cual este honorable Congreso se adhiere al acuerdo número 541/02,
emitido por la LVI Legislatura de Jalisco, relativo a buscar un mecanismo para estabilizar
el precio del gas doméstico en apoyo a las clases más necesitadas del país (se anexa
fotocopia del punto de acuerdo).
Lo anterior lo hacemos de su
conocimiento, dando cumplimiento a la resolución única del acuerdo en mención.
Agradeciendo de antemano la
atención que se sirva otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarle
nuestra distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, Baja California, a 5 de
agosto de 2002.— Diputados Jesús Alejandro
Ruiz Uribe, presidente y Laura Sánchez Medrano,
secretaria.»
«Escudo.— Poder Legislativo
de Baja California.— XVII Legislatura.— Comisión de Desarrollo Económico.
Diputado Jesús Alejandro Ruiz
Uribe, presidente de la mesa directiva de la XVII Legislatura Constitucional del estado de
Baja California.— Presente.
Honorable Asamblea: la Comisión de
Desarrollo Económico recibió para su estudio, análisis y aprobación, en su caso, el
acuerdo económico relacionado con buscar un mecanismo para estabilizar el precio del gas
doméstico en apoyo a las clases más necesitadas del país, solicitando nuestra adhesión
al mismo. Lo anterior se analiza bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
Primero. Con fecha 25 de abril del
presente año, el honorable Congreso del estado de Jalisco aprobó el acuerdo económico
541/02, solicitando que se giren atentos oficios al Presidente de la República, Vicente
Fox Quesada y al Secretario de Economía, a efecto de buscar un mecanismo para estabilizar
el precio del gas doméstico en apoyo a las clases más necesitadas del país, así como
al Congreso de la Unión, a efecto de apoyar el punto de acuerdo económico referido.
Segundo. Con fecha 29 de abril de
2002, la LVI Legislatura del estado de Jalisco remitió a los congresos de los estados del
país, copia del acuerdo solicitando su adhesión al mismo.
Tercero. Esta comisión recibió de
la Presidencia del Congreso de Baja California el día 17 de mayo de 2002, para su estudio
y análisis correspondiente, el acuerdo en mención.
CONSIDERANDO
Primero. Que la Presidencia del
Congreso turnó a esta comisión para su estudio y análisis la solicitud de adhesión al
punto de acuerdo referido.
Segundo. Que en Baja California el
gas licuado de petróleo representa un artículo de primera necesidad para las clases más
débiles económicamente hablando.
Tercero. Que aunado a lo anterior,
consideramos necesario estrechar y fortalecer los lazos de cooperación y solidaridad
entre las legislaturas de los estados a fin de fortalecer nuestras capacidades de
gestión.
RESOLVEMOS
Unico. Que la XVII Legislatura del estado de Baja
California se adhiere al acuerdo económico emitido por la LVI Legislatura del estado de
Jalisco, en el cual se giraron oficios al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada
y al Secretario de Economía, a efecto de buscar un mecanismo para estabilizar el precio
del gas doméstico en apoyo a las clases más necesitadas del país; así como al Congreso
de la Unión, a efecto de apoyar el mencionado acuerdo económico.
Por lo antes referido, solicito se
haga llegar copia del presente dictamen al Congreso promovente.
Atentamente.
Dado en la sala “Francisco
Dueñas Montes”.— Poder Legislativo del estado de Baja California, a 16 de julio
de 2002.— Diputados: Laura Sánchez Medrano,
presidenta; Ismael Quintero Peña, secretario; María Rosalba Martín Navarro, Raquel Avilés Muñoz,
Jesús Alejandro Ruiz Uribe y José Alfredo
Ferreiro Velasco, vocales.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial, para su conocimiento.
TARIFAS
ELECTRICAS
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo.— Poder Legislativo
de Baja California.— XVII Legislatura.— Presidencia.
Diputada Beatriz Elena Paredes
Rangel, presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
México, DF.
Por medio del presente nos
dirigimos muy respetuosamente a usted para hacer de su conocimiento que en sesión
ordinaria de la XVII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja
California, celebrada el día 30 de septiembre del año en curso, se acordó pronunciarnos
a favor de que se restituyan los subsidios a las tarifas eléctricas a todas las
comunidades de nuestro Estado, así como en todas aquellas zonas del país que sufren
temperaturas extremas; por lo que se remite el texto íntegro del presente acuerdo.
Agradeciendo de antemano la
atención que se sirva otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarle
nuestra distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, Baja California, a 30 de
septiembre de 2002.— Diputados: Jesús
Alejandro Ruiz Uribe, presidente y Laura
Sánchez Medrano, secretaria.»
«Escudo.— Poder Legislativo
de Baja California.— XVII Legislatura.
La XVII Legislatura constitucional
del Estado Libre y Soberano de Baja California, en sesión ordinaria celebrada el día 30
de septiembre del año en curso, tuvo a bien aprobar el siguiente
ACUERDO
ECONOMICO
Primero. Esta XVII Legislatura
constitucional del estado de Baja California, se pronuncia a favor de que se restituyan
los subsidios a las tarifas eléctricas en aquellas zonas del país que sufran
temperaturas extremas
Segundo. Remítase el texto
íntegro del presente acuerdo, al Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, así
como al honorable Congreso de la Unión.
Diputados: José Antonio Araiza Regalado, coordinador del
grupo parlamentario del PAN; Everardo Ramos García,
coordinador del grupo parlamentario del PRI; María
Rosalba Martín Navarro, representante del PVEM y Catalino Zavala Márquez, representante del
PRD.»
«Escudo.— Poder Legislativo
de Baja California.— XVII Legislatura.
Anexo a la iniciativa de punto de
acuerdo económico presentada por la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa el día 30 de
septiembre de 2002.
El diputado José Alfredo Ferreiro
Velasco, solicita se anexe a la iniciativa de punto de acuerdo económico de la diputada
Paniagua Figueroa que la restitución de los subsidios en la energía eléctrica no sólo
se aplique para determinadas localidades, sino que se haga extensiva para todos los
municipios del estado de Baja California.
Atentamente.
Salón de sesiones “Benito
Juárez García”, 30 de septiembre de 2002.— José Alfredo Ferreiro Velasco.»
«Frente Nacional de Resistencia
Contra la Privatización de la Industria Eléctrica.
Al Congreso de Baja California; al
pueblo de México.
En fecha 10 de junio de 1999
presentamos a este honorable Congreso, entonces a su XVI Legislatura, un documento que
sustentaba casi similar objetivo que el presente: lograr del Congreso del Estado su firme
y patriótico rechazo a la iniciativa zedillista de privatizar la industria eléctrica
nacional; ahora, reiteramos, el objetivo es el mismo, sólo que el titular del Ejecutivo
que promueve la iniciativa es el Presidente “del cambio”, quien basó su
campaña electoral en prometer un gobierno diferente a los anteriores, el licenciado
Vicente Fox Quesada; empero, su iniciativa que acaba de enviar al Congreso de la Unión
para reformar al sector eléctrico se ubica en la misma vía privatizadora propuesta por
Ernesto Zedillo en 1999.
Es más, ésta va más allá, pues
buscando congraciarse con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el capital
extranjero, propone una radical modificación a los artículos 27 y 28 constitucionales
que reduce la prestación del servicio público de energía eléctrica a una simple
caricatura, entregando la generación, conducción, transformación, distribución, venta
y comercialización de energía eléctrica a las grandes empresas transnacionales; pero
además ofrece para este fin los recursos de las Afore, convirtiendo esta reforma no en
una modificación constitucional, sino en el pisoteo de nuestra Norma Máxima, el entierro
definitivo del último acto nacionalista de nuestra historia: la nacionalización de la
industria eléctrica.
El hecho de obsequiar a los
inversionistas privados el uso de la infraestructura eléctrica del país y de quitarle a
las empresas estatales el ingreso de los grandes consumidores industriales o usuarios
calificados, como le llaman en la propuesta, significa la quiebra técnica de la CFE y de
LyFC. Ni más ni menos, pero no podemos detenernos en este irrefutable hecho; tenemos que
preguntarnos cuál es el rumbo de un país cuyo Gobierno, el del cambio prometido, se
empeña en enviar señales a los organismos financieros internacionales y en dar certeza
jurídica a los inversionistas, cuando el pueblo de México se hunde en una miseria sin
precedentes y sin que el Gobierno mueva un dedo por evitar el desplome económico de la
población, mientras que la Secretaría de Desarrollo Social simplemente se encarga de
clasificar la pobreza y medir los grados de miseria en los que dice ya se ubican más del
50% de nuestros compatriotas.
¿Cómo puede el titular del
Ejecutivo atreverse a decir que esta iniciativa no es privatizadora, cuando significa el
acta de defunción de empresas estatales, la cesión plena a los intereses del capital
privado, la ruptura irreversible del marco constitucional, el abandono pleno de la
soberanía y del rumbo del país? ¿Cómo puede también decir que esta iniciativa sí
mantiene la rectoría del Estado y salvaguarda la soberanía del país cuando se sepulta
la esencia de la nacionalización, que en 1960 decretó el presidente López Mateos, con
todo el respaldo popular, para romper las presiones y los chantajes de los dueños
extranjeros de la industria eléctrica de entonces, quienes amenazaban con abandonar las
electrificaciones si no se les aumentaban las tarifas? Por eso se concibió la industria
eléctrica como un área estratégica, para garantizar el desarrollo económico del país
y el pleno goce de las garantías individuales de los mexicanos.
Esto es lo que está en juego.
Por eso, la iniciativa de Vicente
Fox no sólo debe ser rechazada en el Congreso, sino que merece el repudio del pueblo de
México, que aún no se repone del brutal incremento a las tarifas eléctricas y que debe
pensar ahora con preocupación, lo que significaría dejar la electricidad en manos de
particulares. Sería regresar la historia al siglo pasado; un viaje, quizá sin retorno,
hacia la miseria, el entreguismo definitivo del Gobierno a los intereses imperialistas y
el estallido social.
En abril dos hechos alentaron la
lucha social en contra de la privatización: por un lado el calificativo de fraude a la
ley con que la Suprema Corte de Justicia de la Nación califico la intención de entregar
al capital privado la generación eléctrica. Por otro lado el dictamen del Senado de la
República que rechazó las iniciativas privatizadoras de Zedillo, el PAN y el PVEM; éste
es un documento historico que despedazó los argumentos privatizadores; es un riguroso
estudio que desmiente puntualmente cada uno de los aspectos técnicos, políticos y
económicos utilizados por quienes ven en la entrega de la soberanía eléctrica del
país, la única alternativa para el desarrollo de nuestra patria.
Por eso abrigamos plena confianza
de que la iniciativa foxista, al igual que la zedillista, será rechazada
contundentemente. El rumbo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló no debe
interpretarse como una invitación a legalizar lo ilegal. Esto sería nefasto y el
dictamen del Senado que desecha las iniciativas privatizadoras como asuntos totalmente
concluidos tiene que ser el punto de partida en la búsqueda de una alternativa
nacionalista.
Los actores son los mismos, los
argumentos son los mismos, las razones son las mismas, los intereses a los que sirven son
los mismos.
El resultado, entonces, tiene que
ser el mismo: rechazo absoluto a la iniciativa privatizadora de Vicente Fox.
Esperamos, señores legisladores,
que el desenlace de este proceso no nos llene de vergüenza. Esperamos que su
responsabilidad histórica resista las presiones y el chantaje y que sepan levantar la
bandera de la soberanía nacional por encima de un puñado de dólares.
Por eso estamos aquí para decirles
que no están solos, que en la defensa de la industria eléctrica nacional, de la
Constitución y del rumbo histórico del país, contarán con el respaldo y el respeto de
todos los trabajadores y de los mexicanos patriotas y progresistas, quienes ratificamos
una vez más nuestra disposición para luchar hasta el final.
Sin embargo, también les pedimos
respetuosamente que, sea cual fuere la posición de todos y cada uno de ustedes ante la
iniciativa en cuestión, no esperen a que llegue el momento de su discusión en los
congresos locales para emitir sus opiniones; que dada la trascendencia de la propuesta, se
incorporen al debate público de este problema y definan abierta y valientemente su
posición al respecto; que así como le pidieron el voto a la ciudadanía, ahora le
expresen franca y directamente el sentido de su voto en una propuesta de reforma
constitucional que nulifica una revolucionaria conquista del pueblo y la nación mexicana.
Que viva el Frente Nacional de
Resistencia Contra la Privatización de la Industria Eléctrica.
Atentamente.
“La patria no se vende. Viva
México.”
Mexicali, Baja California, a 27 de
septiembre de 2002.— Rúbricas.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión y Comercio y
Fomento Industrial, para su conocimiento.
ESTADO
DE QUERETARO
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo.— Querétaro.—
Poder Legislativo.
Diputada Beatriz Elena Paredes
Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— México, DF.
Con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 33, 34 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comunico a usted
que, en junta preparatoria celebrada el 26 de septiembre de 2002, esta LIII Legislatura
llevó a cabo la elección de la mesa directiva que fungirá del 27 de septiembre al 31 de
octubre de 2002, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año
de ejercicio constitucional, quedando integrada como a continuación se describe:
Diputados: Odilón Hernández
Guerrero, presidente; Hugo Covarrubias Alvarado, vicepresidente; Oscar Sánchez Aguilar,
primer secretario; Juan José Flores Solórzano, segundo secretario; Guillermo Tamborrel
Suárez, suplente del primer secretario; Alberto Herrera Moreno, suplente del segundo
secretario.
Sin otro particular, le reitero mi
respeto institucional.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Santiago de Querétaro, Querétaro,
a 26 de septiembre de 2002.— LVIII Legislatura.— Diputado Marco Antonio León Hernández, secretario de la
mesa directiva.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
ESTADO
DE QUINTANA ROO
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo.— Ciudad Chetumal, Quintana Roo.— México.
Ciudadanos diputados secretarios
del honorable Congreso de la Unión.— Presentes
La honorable X Legislatura
Constitucional del Estado, en cumplimiento al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, se permite comunicar que, en sesión celebrada el día 20 del presente mes y
año, declaró abierto su segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de
ejercicio constitucional, previa elección de la mesa directiva que fungirá del 20 de
septiembre al 20 de octubre de 2001, quedando integrada de la siguiente forma:
Diputados: María de Guadalupe
Novelo Espadas, presidenta; Roberto Erales Jiménez, vicepresidente.
Sin otro particular por el momento,
hago propicia la ocasión para reiterarles las seguridades de mi consideración
distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chetumal, Quintana Roo, a 20 de
septiembre de 2002.— El diputado secretario, Sergio
Manuel López Villanueva.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
TARIFAS
ELECTRICAS
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, —
Secretaría.
Ciudadana Beatriz Paredes Rangel,
Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
El honorable Congreso del estado de
Sonora, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
ACUERDO
Primero. El Congreso del estado de Sonora acuerda
solicitar a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión que, durante la realización de las
reuniones deliberativas de la citada comisión sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, programe la celebración de cuando
menos una reunión con la Comisión de Energía y Recursos Estratégicos para el
Desarrollo Económico de este Poder Legislativo estatal y las organizaciones ciudadanas
residentes en el Estado, con la finalidad de exponer y sostener la necesidad de otorgar a
nuestra entidad tarifas eléctricas preferenciales en las condiciones existentes hasta
antes de la determinación del Gobierno Federal de reducir y, en algunos casos, eliminar
el subsidio a las tarifas eléctricas, de fecha 7 de febrero del presente año y
ulteriores, garantizando con ello que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal de 2003 se realicen las previsiones presupuestales que permitan
establecer el subsidio en las condiciones expuestas.
Segundo. El Congreso del estado de Sonora acuerda
solicitar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía que, en el marco
del análisis de las leyes en materia tributaria para el ejercicio fiscal de 2003, se
sirvan considerar la propuesta de este Poder Legislativo en el sentido de que las tarifas
por los servicios de energía eléctrica sean consideradas como derechos, para lo cual
proceda a modificar el artículo 2o. fracción IV, del Código Fiscal de la Federación y
su correlativo 1o. y Capítulo V del Título Primero de la Ley Federal de Derechos.
Tercero. Remítanse los presentes puntos de
acuerdo a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
para que, de estimarlo procedente, se adhieran a los mismos y remitan los acuerdos
respectivos ante las autoridades federales citadas.
Reiteramos a usted las seguridades
de nuestra alta consideración y respeto.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
“2002, Año de la Lucha contra
el Cáncer en la Mujer.”
Hermosillo, Sonora, a 26 de
septiembre de 2002.— Diputados secretarios: José
René Noriega Gómez y Mario Barceló Abril.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a las comisiones de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía.
ESTADO
DE TABASCO
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo.— Honorable Congreso
del estado de Tabasco.— LVII Legislatura.
Presidenta de la Cámara de
Diputados. — Presente.
En cumplimiento a lo preceptuado
por el artículo 19 párrafo quinto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, hacemos de
su conocimiento que, con esta fecha, la LVII Legislatura al honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Tabasco clausuró los trabajos legislativos de la Comisión Permanente
que fungió durante el periodo de receso, correspondiente al segundo año de ejercicio
constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 3o. del citado ordenamiento
legal, se llevó a cabo la elección de mesa directiva que presidirá los trabajos
legislativos durante el mes de octubre, correspondiente al segundo periodo de sesiones
ordinarias quedando integrada de la forma siguiente:
Diputados: Joaquín Cabrera Pujol,
presidente; Dorilian Díaz Pérez, vicepresidente; David Gómez Cerino, secretario; Pedro
Rodríguez Reyes, prosecretario.
Aprovechamos la oportunidad para
reiterarle las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Villahermosa, Tabasco, a 26 de
septiembre de 2002.— La Comisión Permanente del honorable Congreso del Estado.—
Diputados: Florizel Medina Pereznieto,
presidente; Pedro Palomeque Calzada, secretario.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
CIUDAD
JUAREZ CHIHUAHUA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, por el que se prorroga la existencia de la Comisión Especial
para el Seguimiento de las Investigaciones de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez,
Chihuahua.
La Junta de Coordinación
Política, con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso c y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con las siguientes
CONSIDERACIONES
1. Que con fecha 13 de noviembre de
2001, el pleno de la Cámara de Diputados, a propuesta de la Junta de Coordinación
Política, aprobó el acuerdo por medio del cual se integró la Comisión Especial para el
Seguimiento de las Investigaciones de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez,
Chihuahua.
2. Que el resolutivo quinto de
dicho acuerdo establece que la duración de dicha comisión será hasta el próximo 13 de
noviembre del año en curso.
3. Que durante este tiempo, la
comisión ha sostenido diferentes reuniones con varias instancias de gobierno, municipal,
estatal y Federal, así como con organismos extranjeros, a fin de dar seguimiento a las
investigaciones de los lamentables sucesos que azotan a esa región del país desde el
año de 1993 y que a la fecha, a pesar de los esfuerzos, continúan.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado, la Junta de Coordinación Política emite el siguiente
ACUERDO
Primero. Se prorroga la duración de la Comisión
Especial para el Seguimiento de las Investigaciones de los Homicidios de Mujeres en Ciudad
Juárez, Chihuahua, hasta el 30 de agosto de 2003.
Segundo. La Presidencia de la comisión especial
será rotativa cada tres meses, de conformidad con el acuerdo aprobado por la totalidad de
sus integrantes.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 21 de octubre de 2002.— Diputados: Martí
Batres Guadarrama, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del
grupo parlamentario del PRD; Rafael Rodríguez
Barrera, coordinador del grupo parlamentario del PRI; Felipe Calderón Hinojosa, coordinador del grupo
parlamentario del PAN; Bernardo de la Garza Herrera,
coordinador del grupo parlamentario del PVEM y Alberto
Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del PT.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Compañeros diputados, les
solicitamos atentamente puedan responder, estamos en votación económica.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
En votación económica se pregunta
si se aprueba.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobado.
COMISIONES
LEGISLATIVAS
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel,
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34
numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc
Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me
permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:
• Que el diputado Raúl
Martínez González sustituya al diputado Guillermo Padrés Elías, como integrante de la
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Lo anterior, para los efectos a que
haya lugar.
Sin otro particular, quedo de
usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— México,
DF, a 16 de octubre de 2002.— Diputado Martí
Batres Guadarrama, presidente.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
RODRIGO
CARRILLO PEREZ
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Para hacer una comunicación se
ofrece el uso de la palabra a la diputada Martha Angélica Bernardino Rojas, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Martha Angélica
Bernardino Rojas:
Buenos días, compañeros diputadas
y diputados:
Como integrante del grupo
parlamentario del PRD, en este momento vengo a comunicarles el fallecimiento de un
compañero diputado de nuestro grupo parlamentario, el diputado Rodrigo Carrillo Pérez.
La muerte siempre inesperada, nos
ha arrebatado de tajo a un entrañable compañero, amigo de muchos años, luchador
incansable en ciudad Nezahualcóyotl. Los diputados federales del grupo parlamentario del
PRD lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero Rodrigo Carrillo Pérez.
Dejó de existir el pasado sábado
19 de octubre por la noche y fue sepultado este lunes en el Panteón Jardines de
Guadalupe, luego de recibir un homenaje póstumo de cuerpo presente en la sede del PRD en
ciudad Nezahualcoyótl.
La filosofía política de Rodrigo
Carrillo, quedó de manifiesto durante su última participación dentro de los trabajos
legislativos del PRD. Apenas el miércoles pasado, cuando externó que uno de sus
compromisos más importantes era luchar por mayores beneficios para las clases
desprotegidas.
Desde nuestra trinchera en ciudad
Nezahualcoyótl dijo en aquella ocasión: “hemos apoyado el proyecto de la
Revolución Democrática, que tiene mucho qué ver con una economía equitativa y justicia
igualitaria para todos, tal como lo marcan nuestros principios”.
Denunció las irregularidades
registradas en la aplicación de los recursos destinados al “Programa
Solidaridad” y la falta de transparencia en el manejo y asignación de los recursos
por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Aquí, en esta Cámara, fungió
como integrante de las comisiones de Desarrollo Social y de Fomento Cooperativo y
Economía Social.
Fue pasante de derecho egresado de
la UNAM, en donde además estudió diseño gráfico.
Dentro de sus actividades laborales
de 1989 a 1998, se desempeñó como secretario de actas, secretario del interior y
secretario general respectivamente, en la Confederación de Trabajadores y Campesinos en
la Sociedad de Beneficencia Española.
En cuanto a sus actividades
políticas, Rodrigo Carrillo, de 1988 al 2000, se desempeñó como integrante de las
brigadas de apoyo en el XXIV distrito local en el municipio de Nezahualcóyotl, en el
Comité de Defensa de la Voluntad Popular Agua Azul, así como en la cartera de
Organización de la Promotora Estatal del PRD y en la Coordinadora Pantitlán del PRD.
También se desempeñó como
segundo vocal de la Organización de Vecinos y Residentes Lázaro Cárdenas, AC, como
asesor de la V regiduría en el ayuntamiento de Nezahualcóyotl en el periodo 1997-2000;
como delegado en la Convención Nacional Electoral del PRD; como secretario general del
Movimiento Amplio de Expresión Democrática y también fue integrante de la comisión
política en la mesa directiva de la UGOCEM.
El, como muchos de nosotros, fundó
con esperanza al Partido de la Revolución Democrática; hoy este partido funda en él su
gratitud.
Como hombre, Rodrigo Carrillo
cimentó su amor en toda su familia: en María Auxilio Barajas, su esposa aquí presente y
de su pequeño Rodrigo, pero también supo enraizar en nuestros corazones.
Rodrigo Carrillo: todos los aquí
presentes, tu familia, tus amigos, tus compañeros, te brindamos un homenaje y hacemos
votos porque descanses en el lugar donde sólo los héroes saben hacerlo.
Les pido le podamos brindar un
minuto de silencio.
(Minuto de silencio.)
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Esta Mesa Directiva se une a las
condolencias a la familia del diputado Rodrigo Carrillo Pérez y del grupo parlamentario
del PRD.
Continúe la Secretaría.
MANUEL
ALVAREZ BRAVO
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
La cultura mexicana perdió...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Precise usted que ésta es una
comunicación de la Comisión de Cultura.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Comunicación de la Comisión de
Cultura.
“La cultura mexicana perdió
hace algunos días a uno de sus baluartes; don Manuel Alvarez Bravo, que supo hacer de la
fotografía la expresión de un arte de mayor relieve, que supo hacer de la fotografía la
expresión de con su aptitud excepcional para captar momentos e integrarlos a través de
sus placas fotográficas, haciendo de cada una, una síntesis de estética y una
descripción del México esencial.
Los integrantes de la Comisión de
Cultura, queremos dejar constancia de nuestra admiración por su obra y una exhortación
para que las autoridades culturales preserven su legado.”
Firma diputado José Manuel Correa
Ceceña, presidente de la Comisión de Cultura.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Esta Cámara de Diputados deja
constancia de su respeto y aprecio por la obra de don Manuel Alvarez Bravo y se suma a la
comunicación de la Comisión de Cultura, para que las autoridades culturales realicen un
rescate de las fotografías de don Manuel Alvarez Bravo y puedan incorporarse al
patrimonio cultural de la nación.
ADOPCION
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio número
CP/2R/2AE.-1723, de fecha 28 de agosto del año en curso, suscrito por el senador Diego
Fernández de Cevallos Ramos, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente,
con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar
número 7105, signado el 24 de septiembre último por la diputada Ana Faviola Rionda
Ornelas, prosecretaria de la diputación permanente del honorable Congreso del estado de
Guanajuato, mediante el cual informa que el punto de acuerdo relativo a la actualización
de la legislación en materia de adopción de menores, promovido por la diputada Beatriz
Grande López, fue remitido a las comisiones de Justicia y de Equidad y Género para los
efectos a que haya lugar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
México, DF, a 7 de octubre de
2002. — Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado,
subsecretario.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del estado de Guanajuato.
Ciudadano M. Humberto Aguilar
Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.—
México, DF.
En sesión celebrada el día de hoy
por la diputación Permanente del Congreso del Estado se dio cuenta, con el escrito de
fecha 30 de agosto del año en curso, mediante el cual comunica el acuerdo aprobado por la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el que invita a los gobiernos de los
estados y en particular a las legislaturas estatales, a actualizar su legislación en
materia de adopción de menores.
La Presidencia dictó el siguiente
trámite: enterados y túrnese a las comisiones de Justicia y de Equidad y Género.
Lo que hago de su conocimiento para
los efectos a que haya lugar.
Reitero a usted las seguridades de
mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, a 24 de
septiembre de 2002.— La prosecretaria de la diputación Permanente, diputada Ana Faviola Rionda Ornelas.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Remítase copia al promovente.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio número
CP/2R/2AE.-1723, suscrito por el senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente de
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con el presente les acompaño, para los
fines que estimen procedentes, copia del similar número 002051, signado por los diputados
Felisa Montañez Rivera y Andrés Hernández Hernández, prosecretaria y secretario,
respectivamente, del honorable Congreso del estado de San Luis Potosí, mediante el cual
informan que el punto de acuerdo relativo a la actualización de la legislación en
materia de adopción de menores, de acuerdo con los convenios y tratados interna- cionales
firmados por nuestro país, promovido por la diputada Beatriz Grande López, fue remitido
a las comisiones de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales para su
conocimiento en atención a la materia.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 10 de octubre de
2002.— El subsecretario M. Humberto Aguilar
Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
Licenciado M. Humberto Aguilar
Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.—
Presente.
En sesión ordinaria celebrada por
el Congreso del Estado el día de hoy se acordó acusar recibo de su atento oficio número
SEL/248/02, del 30 de agosto del presente año, recibido el 17 de septiembre del mismo
año, por el que hace del conocimiento del punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión invita a los gobiernos de los estados y en particular
a las legislaturas estatales, a actualizar su legislación en materia de adopción de
menores, de acuerdo con los convenios y tratados internacionales firmados por nuestro
país, para que ésta sea cada vez más eficiente, expedita y con criterios uniformes;
acompaña copia del dictamen relativo para los fines que se estime procedentes.
Asimismo se determinó enviar el
documento referido a las comisiones de Justicia y Gobernación y Puntos Constitucionales
para su conocimiento en atención a la materia.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
San Luis Potosí, San Luis Potosí,
a 19 de septiembre de 2002.— Diputados: Felisa
Montañez Rivera, prosecretaria en funciones de secretaria y Andrés Hernández Hernández, secretario.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Remítase copia al promovente.
VIVIENDA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Subsecretaría de Enlace
Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio número
CP/2R/2AE.-1636, de fecha 21 de agosto del año en curso, suscrito por el senador Diego
Fernández de Cevallos Ramos, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente,
con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar
número 1442/26/09/02, signado el 26 de septiembre último por los diputados Felisa
Montañez Rivera y Andrés Hernández Hernández, prosecretaria y secretario,
respectivamente, del honorable Congreso del estado de San Luis Potosí, mediante el cual
informan que el punto de acuerdo relativo a la problemática que se presenta en las
unidades habitacionales del país, promovido por el diputado Manuel Añorve Baños, fue
remitido a la Comisión de Desarrollo Urbano.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 10 de octubre de
2002.— M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano.— San Luis Potosí.
Diputado Arturo Ramos Medellín,
presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano.— Presente.
En sesión ordinaria celebrada el
día de la fecha se dio cuenta del oficio número SEL/170/02, del subsecretario de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobernación, México, DF, del 22 de agosto del año en
curso, recibido el 18 de septiembre del mismo año, punto de acuerdo de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión relativo a la problemática que se presenta en las
unidades habitacionales del país. Acompaña fotocopia del dictamen de referencia para los
fines que se estime procedentes, a lo que recayó el siguiente acuerdo: “Túrnese a
la Comisión de Desarrollo Urbano”.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 26 de septiembre de
2002.— Diputados: Felisa Montañez Rivera, prosecretaria
en funciones de secretaria y Andrés Hernández
Hernández, secretario.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Remítase copia al promovente.
REINO
DE LOS PAISES BAJOS
El Secretario diputado Rodolfo
Dorador Pérez Gavilán:
Solicitud de particulares:
Honorable Congreso de la Unión:
Verónica Avilés Lobato, mexicana,
licenciada en economía, con domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de
documentos en el boulevard de Bellavista número 48, colonia Lomas de Bellavista 52994,
Atizapán, estado de México, con todo respeto digo:
1. Soy mexicana por nacimiento como
lo acredito con la copia certificada que acompaño como anexo número uno.
2. En oficio de 7 de mayo de 2001,
el señor Robert Vornis, embajador de los Países Bajos en México, tuvo a bien designarme
asesora del departamento económico de dicha representación diplomática.
3. De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 37-C fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, solicito permiso de ese Congreso de la Unión para prestar mis servicios a la
Embajada de los Países Bajos en México, como asesora del departamento económico.
Protesto mi respeto.
México, DF, a 12 de septiembre de
2002.— Ciudadana Verónica Avilés Lobato,
asesora en el departamento económico.»
«Honorable Congreso de la Unión:
Alexander Braune Magallón,
mexicano, licenciado en relaciones internacionales con especialidad en asuntos políticos
internacionales, con domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de documentos
en la calle de Odisea número 34, colonia Lomas de Axomiatla 01820, Alvaro Obregón,
Distrito Federal, con todo respeto digo:
1. Soy mexicano por nacimiento como
lo acredito con la copia certificada que acompaño como anexo número 1.
2. En oficio del 1o. de marzo de
2001, el señor Robert Vornis, embajador de los Países Bajos en México, tuvo a bien
designarme asesor principal y jefe adjunto del departamento económico.
3. De acuerdo con lo dispuesto en
artículo 37-C fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, solicito permiso de ese Congreso de la Unión para prestar mis servicios a la
Embajada de los Países Bajos en México como asesor principal y jefe adjunto del
departamento económico.
Protesto mi respeto.
México, DF, a 6 de septiembre de
2002.— Ciudadano Alexander Braune Magallón,
asesor principal y jefe adjunto del departamento económico.»
«Honorable Congreso de la Unión:
Jorge Hefferan Romero, mexicano,
licenciado en administración y finanzas, con domicilio para oír notificaciones y recibir
toda clase de documentos en Thiers número 180/1, colonia Anzures 11590, Miguel Hidalgo,
Distrito Federal, con todo respeto digo:
1. Soy mexicano por nacimiento como
lo acredito con la copia certificada que acompaño como anexo número 1.
2. En oficio del 1o. de mayo de
2002, el señor Robert Vornis, embajador de los Países Bajos en México, tuvo a bien
designarme asesor del departamento económico de dicha representación diplomática.
3. De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 37-C fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, solicito permiso de ese Congreso de la Unión para prestar mis servicios a la
Embajada de los Países Bajos en México, como asesor del departamento económico.
Protesto mi respeto.
México, DF, a 6 de septiembre de
2002.— Ciudadano Jorge Hefferan Romero,
asesor del departamento económico.»
«Honorable Congreso de la Unión:
Carlos Hernández Muñoz, mexicano,
con domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de documentos en Vicente
Guerrero número 22-bis/c, colonia San Bartolo Ameyalco 01800, Alvaro Obregón, Distrito
Federal, con todo respeto digo:
1. Soy mexicano por nacimiento como
lo acredito con la copia certificada que acompaño como anexo número 1.
2. En oficio del 1o. de enero de
1999, el señor Robert Vornis, embajador de los Países Bajos en México, tuvo a bien
designarme chofer de asuntos generales de dicha representación diplomática.
3. De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 37-C fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, solicito permiso de ese Congreso de la Unión para prestar mis servicios a la
Embajada de los Países Bajos en México como asesor del departamento económico.
Protesto mi respeto.
México, DF, a 6 de septiembre de
2002.— Ciudadano Carlos Hernández Muñoz, chofer
de asuntos generales.»
«Honorable Congreso de la Unión.
Arturo Carreón Cura, mexicano, con
domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de documentos en la primera
cerrada de Lago Erne 4, colonia Pensil, 11430, Miguel Hidalgo, Distrito Federal, con todo
respeto digo:
1. Soy mexicano por nacimiento,
como lo acredito con la copia certificada que acompaño como anexo número 1.
2. En oficio del 1o. de septiembre
de 2002, el señor Robert Vornis, embajador de los Países Bajos en México, tuvo a bien
designarme chofer del embajador de dicha representación diplomática.
3. De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 37-C fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, solicito permiso de ese Congreso de la Unión para prestar mis servicios a la
Embajada de los Países Bajos en México como chofer del embajador.
Protesto mi respeto.
México, DF, 12 de septiembre de
2002.—Ciudadano Arturo Carreón Cura, chofer
embajador.»
«Honorable Congreso de la Unión:
Mario Alberto Martínez Rojas,
mexicano, con domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de documentos en la
calle W. Martín del Campo número 68, colonia Moctezuma, primera. sección, Distrito
Federal, con todo respeto digo:
1. Soy mexicano por nacimiento,
como lo acredito con la copia certificada que acompaño como anexo número 1.
2. En oficio del 1o. de marzo de
2001, el señor Robert Vornis, embajador de los Países Bajos en México, tuvo a bien
designarme chofer del departamento agrícola de dicha representación diplomática.
3. De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 37-C fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, solicito permiso de ese Congreso de la Unión para prestar mis servicios a la
Embajada de los Países Bajos en México, como chofer del departamento agrícola.
Protesto mi respeto.
México, DF, a 6 de septiembre de
2002.— Ciudadano Mario Alberto Martínez Rojas,
chocher del departamento agrícola.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnense a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
LEY
GENERAL DE EDUCACION
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Pasamos al capítulo de iniciativas
de diputados.
Tiene la palabra el diputado
Cutberto Cantorán Espinosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley General
de Educación.
El diputado Cutberto Cantorán
Espinosa:
Gracias, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados, honorable Asamblea:
La educación es un factor
estratégico para el desarrollo de las naciones.
El financiamiento gubernamental a
la educación refleja directamente la importancia que un país le otorga. Sólo con
educación podemos dar a la soberanía sustento económico, político y cultural, al
tiempo que se promueve la eliminación de las condiciones de pobreza, insalubridad,
analfabetismo y el logro de la dignidad del hombre.
Lo recursos financieros integran la
base indispensable para desarrollar los programas y servicios educativos orientados a una
población creciente y diversificada y deben ser suficientes, de conformidad a las
necesidades del país.
Una educación de buena calidad no
es solamente una legítima demanda social; constituye también una condición para un
desarrollo nacional justo y equilibrado. Una educación de buena calidad requiere de
escuelas y aulas en buenas condiciones materiales, bien equipadas, con el mayor de los
servicios posibles, con alumnos que gocen de atención médica y con maestros bien
remunerados.
En el Plan Nacional de Desarrollo
2001-2006 el Gobierno de la República expresa su convicción del papel central que debe
tener la educación en las políticas públicas, señalando que no podemos aspirar a
construir un país en el que todos cuenten con la oportunidad de tener un alto nivel de
vida si nuestra población no posee la educación que le permita, dentro de un entorno de
competitividad, planear su destino y actuar en consecuencia.
El rezago educativo en nuestro
país es considerable y por el bien de México es necesario abatir sus cifras. En los
planteles de educación indígena los de cursos comunitarios y las telesecundarias no se
cuenta en ocasiones ni siquiera con los elementales servicios e instrumentos inherentes a
su función.
Por otro lado, el 18 de mayo de
1992 fue firmado el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
(ANMEB), documento en el que se establecieron compromisos y orientaciones importantes para
la política educativa nacional.
La medición actualizada del
crecimiento del gasto educativo de origen estatal o federal rebela por lo menos un
incumplimiento que hasta la fecha subsiste.
En el pliego de demandas que el
SNTE presentó a la SEP el 20 de marzo de 2002 queda expresado el replanteamiento del
imperativo de asignar recursos presupuestales crecientes y en términos reales, de
conformidad con lo establecido por la Ley General de Educación.
En el mismo se insistió en avanzar
al cumplimiento del compromiso presidencial de alcanzar el 8% del producto interno bruto
destinado a la educación pública. Un mes más tarde el propio SNTE, mediante desplegado
del día 30 de abril, señala su postura frente a la aplicación del recorte al
Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto de 10 mil 100 millones de pesos, de
los cuales un mil 816 millones corresponderían al gasto educativo, y al tiempo que
expresa su más enérgico rechazo a la reducción del mismo.
Asegura además que el recorte
generará muchos más problemas y costos sociales que los que se pretende evitar. En el
mismo se recuerda una vez más al ciudadano Presidente de la República el compromiso que
asumiera ante la nación de que antes del término de su administración el presupuesto
que el gobierno destinará a la educación pública equivaldrá al 8% del producto interno
bruto.
Hay referentes internacionales en
la demanda de destinar el 8% del PIB a la educación que el SNTE reivindica.
Primera. Del 4 al 13 de diciembre
de 1979, a convocatoria de la UNESCO, se celebró en la Ciudad de México la V Conferencia
Regional de Ministros de Educación y de Ministros encargados de la Planificación
Económica de los Estados Miembros de América Latina y del Caribe.
Segunda. Convocados por la UNESCO,
los ministros de educación de América Latina y el Caribe, reunidos en Cochabamba,
Bolivia del 5 al 7 de marzo del año 2001, al celebrar la VII Reunión del Comité
Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación, emiten la recomendación 40 que
dice: “el uso de recursos en educación ha de ser visto como una inversión y no
simplemente como un gasto”.
De lo anterior se desprenden dos
necesidades: la primera, de mejorar la asignación del gasto público, así como la de
legislar al respecto, asegurando montos suficientes y permanentes a la educación que
permitan el cumplimiento para su cabal desarrollo.
El 15 de mayo de 2001, en el marco
de la celebración del Día del Maestro, el SNTE sugirió al Presidente de la República
dos iniciativas:
Primera. La de decidir como
sociedad y gobierno, a colocar a la educación como la más alta de las prioridades, lo
cual requeriría destinarle al menos el 8% del PIB para su financiamiento, y
Segunda. La de asignarle a la
educación el rango de política de Estado, lo que requeriría convocar a los factores
sociales, a los integrantes de los poderes públicos, a todas las organizaciones
políticas y no políticas a firmar un acuerdo que a todos comprometiera con la finalidad
de situar a la educación mexicana en el nivel de calidad que todos de- seamos.
Como consecuencia de lo anterior,
el Ejecutivo comparte ese sentir y el 8 de agosto de 2002, con la presencia del Ejecutivo
Federal, de los gobernadores de los estados, de los integrantes de los tres poderes de la
Unión, de rectores de distintas universidades, del SNTE y de diversas organizaciones a
este efecto convocadas, se firma el compromiso social por la calidad de la educación.
Compañeras y compañeros
diputados: me permito citar textualmente la respuesta que con fecha 15 de mayo de 2002 la
Secretaría de Educación Pública da al Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación y que a la letra dice:
“La educación es política
del Estado mexicano que debe disponer los recursos suficientes administrados con
eficiencia. El gobierno de la República ha definido que la inversión en la educación al
término de la presente administración alcance el 8% del Producto Interno Bruto (PIB)
Para ello ha propuesto las adecuaciones pertinentes al Sistema de Finanzas
Públicas”.
Compañeras y compañeros: de
conformidad con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de
Diputados, el Presupuesto Federal a la educación pública en relación al PIB, alcanzó
en el 2001, el 4.2% y en el 2002, es del 4.47% del PIB.
Solamente queremos que el
compromiso presidencial se cumpla cabalmente y de conformidad a una propuesta federal de
egresos destinados a la educación de carácter público provenientes del Presupuesto de
Egresos de la Federación que actualmente abarca, como he dicho, el 4.47% del PIB, sin que
sea tomado en cuenta para ello la inversión que realizan los particulares, dado que lo
que ellos le invierten les reditúa en ganancias económicas por concepto de colegiaturas,
entre otros, que nada tienen que ver con recursos públicos para el ramo educativo.
El Gobierno Federal insiste en que
se aplica el 6.6% del PIB cuando en realidad la inversión a educación pública fue en el
presente año, que quede claro, del 4.47%. Por tal razón el faltante para alcanzar el 8%
del PIB debe ser el 4.63% cuando menos.
Compañeras y compañeros: debe
destacarse que la inversión del sector privado creció del 1.2% al 2.1% solamente en un
año.
Por lo tanto su servidor, con la
facultad que le confiere el Reglamento para las condiciones del procedimiento interno de
la Cámara de Diputados, presenta la siguiente
INICIATIVA
La reforma del artículo 25 de la
Ley General de Educación en el artículo primero, refiriéndose expresamente a lo
siguiente:
El Ejecutivo Federal y el gobierno
de cada entidad federativa con sujeción a las correspondientes disposiciones de egresos y
gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento con recursos
federales de los servicios educativos públicos, el presupuesto anual que la Federación
destine al gasto en educación pública partirá de un mínimo del 8% del Producto Interno
Bruto (PIB) y no podrán recortarse estos montos.
ARTICULOS
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Para efectos de cómputo del 8% del PIB
en la educación pública, no contabilizará la inversión que a este respecto hagan los
particulares.
Tercero. Las autoridades educativas del país
deberán a la entrada en vigor del presente decreto: instalar comisiones técnicas y de
consulta que resulten pertinentes para iniciar un proceso tendiente a la formulación del
proyecto presupuestario que esta nueva realidad exige.
Cuarto. Partiendo de que en el año 2002 el
Presupuesto Federal para la educación pública fue del 4.47% del Producto Interno Bruto y
con la finalidad de cumplir el presente decreto, el Presupuesto de Egresos en el año 2003
no será inferior al 7% del PIB y en el año 2004 no será inferior al 8% del mismo.
Quinto. Los gobiernos estatales celebrarán con el
Gobierno Federal convenios de colaboración que les permita cumplir con la concurrencia en
la educación que dimana de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica y Normal, al tiempo que se les transfieran funciones de seguimiento
operativo y de administración, apegándose a los requerimientos de su población y grado
de desarrollo.
Por tal motivo solicito a la
Presidencia sea publicado el presente documento de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria.
Dado en el salón de sesiones de la
Cámara de Diputados el día 22 de octubre de 2002. Y firma su servidor y los demás
diputados a nombre de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional.
Muchas gracias.
«Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, que presenta el
diputado federal profesor Cutberto Cantorán Espinosa, a nombre de los integrantes del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El suscrito, profesor Cutberto
Cantorán Espinosa, diputado de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante
de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad a
lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 3o., la fracción II del artículo 71
fracción IV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General,
somete a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación. Lo anterior con
base a la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
La educación es un factor
estratégico para el desarrollo de las naciones. El financiamiento gubernamental a la
educación refleja directamente la importancia que un país le otorga a ésta. La
inversión que una sociedad realiza en este rubro es signo inequívoco de su interés en
fortalecerse como país, como en su disposición a participar con otras naciones en tareas
que asigna la globalización. Sólo con educación podemos dar a la soberanía sustento
económico, político y cultural.
Partimos de la convicción de que
la educación debe ser elemento clave para el desarrollo social, cultural político y
económico del país La educación promueve la eliminación de las condiciones de pobreza,
insalubridad, analfabetismo y el logro de la dignidad del hombre. La educación es factor
del desarrollo humano, y por ende de los pueblos.
Para el fortalecimiento de la
soberanía nacional y combatir eficazmente la pobreza es necesario hacer de la educación
el gran proyecto nacional. Los recursos financieros integran la base indispensable para
desarrollar los programas y servicios educativos orientados a una población creciente y
diversificada, y deben ser suficientes y de conformidad al proyecto de país.
Una educación de buena calidad no
es solamente una legítima demanda social, constituye también una condición para un
desarrollo nacional justo y equilibrado. El mayor nivel de bienestar se asocia con una
escolaridad alta. Una educación de buena calidad requiere de escuelas y aulas en buenas
condiciones materiales, bien equipadas, con el mayor de los servicios posibles, con
alumnos que gocen de atención médica y con maestros bien remunerados.
La evolución y transformación de
las sociedades avanzadas se ha dado a partir de la producción y aplicación de
conocimientos, así el conocimiento representa una fuente de poder y competencia entre las
naciones. Una educación de calidad se logra con recursos suficientes y oportunos y con la
participación responsable de los actores.
Una muy importante aplicación a la
competencia educativa del poder federal ocurrió en 1934, al reformarse la fracción
correspondiente del artículo 73 (actualmente fracción XXV) y quedar el Congreso de la
Unión facultado para dictar las leyes necesarias destinadas a distribuir la función
social educativa entre la Federación, los estados y municipios y para fijar las
aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, con el fin de
"unificar y coordinar la educación en toda la República", disposiciones que
están vigentes hasta nuestros días.
Destaco las disposiciones legales
relativas al financiamiento de la educación.
Hay tres fracciones del artículo
3o. constitucional que a este efecto son pertinentes:
La fracción IV establece que
"toda la educación que el Estado imparta será gratuita".
La fracción V estipula que
"el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas,
incluyendo la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación".
La fracción VII, que proviene de
la redacción de 1934, dice: "el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y
coordinar la educación de toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas
a distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y los
municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público
y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir
las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan".
En la Ley General de Educación
figuran cuatro artículos que tratan directamente del financiamiento y pueden resumirse en
las siguientes proposiciones:
La educación es prioritaria para
el desarrollo nacional.
Es obligación de los gobiernos
Federal y estatales concurrir al financiamiento educativo.
Los gobiernos deben fortalecer las
fuentes de financiamiento y procurar destinar a la educación recursos crecientes en
términos reales.
A los municipios corresponderá el
mantenimiento y equipamiento de las escuelas, así como la gestión de recursos
complementarios; los gobiernos estatales deben otorgarles los recursos necesarios para
esas tareas.
Los particulares pueden apoyar el
financiamiento de la educación.
Los gobiernos han cedido espacios
educativos a la iniciativa privada presionados por la necesidad de ampliar el
financiamiento. La apertura y crecimiento de la inversión privada no deben marginar la
defensa de la escuela y de la educación pública. El vínculo entre los espacios
públicos y privados debe ser objeto de una reflexión seria en nuestro país.
Los mexicanos debemos conjuntar
esfuerzos y revisar con objetividad el impacto social de esta tendencia, al tiempo que
generar propuestas innovadoras viables y efectivas para preservar el status público, el principio de equidad, de
igualdad de oportunidades para acceder a los distintos niveles educativos, así como
promover propuestas que garanticen un proyecto de vida donde la calidad de la misma y la
integridad del ser humano prevalezca sobre los intereses del mercado y del capital
financiero. Las diversas condiciones socioeconómicas del país y las entidades
federativas, hacen necesario no perder de vista que el Gobierno Federal es y debe seguir
siendo rector de las políticas de desarrollo e inversión, con un sentido de impulso
económico y de justicia social.
Hay rezagos, necesidades y retos
que plantean la sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías de información y
comunicación. Considerando que los niños y jóvenes que actualmente están incorporados
a los centros educativos y los que no lo están, desarrollarán su vida familiar,
ciudadana y laboral a lo largo del Siglo XXI, se puede apreciar la magnitud de los
esfuerzos, compromisos y acciones que es necesario realizar.
En el Plan Nacional de Desarrollo
2001-2006, el Gobierno de la República expresa su convicción del papel central que debe
tener la educación en las políticas públicas, señalando que no podemos aspirar a
construir un país en el que todos cuenten con la oportunidad de tener un alto nivel de
vida si nuestra población no posee la educación que le permita, dentro de un entorno de
competitividad, planear su destino y actuar en consecuencia. Confiere a la educación, en
forma reiterada y enfática, un lugar de primera importancia en el conjunto de las
políticas públicas, falta ser coherente con tal pronunciamiento.
El rezago educativo afecta a 35
millones de adultos que no han alcanzado la escolaridad básica por carecer de esa
oportunidad y de 30 millones de analfabetas. Existen 2 millones 147 mil niños y jóvenes
de entre cinco y 14 años de edad que no asisten a la escuela. Cinco millones de
indígenas que han permanecido al margen de una formación intercultural bilingüe. Los
planteles de educación indígena, los de cursos comunitarios y las telesecundarias,
escuelas que atienden principalmente a los sectores pobres de la población, no cuentan
con los elementales servicios e instrumentos.
En este momento, más de la mitad
de las personas mayores de 15 años, aproximadamente 32 millones de mexicanos tienen una
escolaridad inferior a la secundaria completa, a pesar de la obligatoriedad y sólo el
76.1% de los estudiantes que ingresan la concluyen. Más de 44 millones de personas
mayores de 15 años que no concluyeron la educación superior, 1 millón de niños entre
seis y 14 años no asisten a la primaria. Las tazas de repetición y deserción en
secundaria son del 20.4% y 7.9% respectivamente. Sólo el 47% de jóvenes de entre 16 y 18
años de edad cursa la educación media superior por una cobertura que resulta
insuficiente y de ellos la eficiencia terminal es del 58.9 y en la modalidad de
profesional técnico es del 43.7%. Estas cifras son muy bajas en relación a la mayoría
de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Un 20% de los jóvenes entre 19 y
23 años asiste a una escuela de licenciatura y de ellos sólo el 50% logran terminar sus
estudios y titularse. En posgrado hay una alta concentración territorial, el 60% de la
matrícula se localiza en el DF y los estados de México, Nuevo León, Puebla y Jalisco;
la investigación científica y tecnológica es casi exclusivamente sostenida por las
instituciones públicas.
11.7 millones de mexicanos no
cursaron la instrucción primaria y 14.9 millones no concluyeron la secundaria. Entre
mujeres y hombres analfabetas, las primeras representan el 63% del total en tanto que los
hombres constituyen el 37%. En pleno Siglo XXI, uno de cada tres mexicanos no alcanza a
cumplir con la obligatoriedad de la educación secundaria. En el ciclo escolar 2001-2002
fueron matriculados en educación básica uno de cada cuatro mexicanos y la población
atendida representa el 79% del total de estudiantes del sistema escolarizado.
Se debe partir de reconocer este
problema y de la necesidad de establecer una política de retribución de los recursos que
deberá evitar que se acentúen o perpetúen los rezagos y las deficiencias, definir los
parámetros que servirán en el largo plazo para lograr mayor simetría en la
distribución del casto educativo. Las propuestas de solución al problema de la
distribución de los recursos federales para la enseñanza básica han de ser aceptables
para todas las entidades federativas, deben basarse en una concepción compartida de
equidad, en relación directa con los recursos que aportan y con la carga de los sistemas
escolares que sostengan con sus propios recursos.
Queda de manifiesto que el actual
régimen establecido de las "transferencias federales", que congelan y
perpetúan las asimetrías existentes, de ninguna manera satisfacen principios objetivos
de distribución ni por lo tanto las exigencias de la concepción federalista prescrita en
la Constitución; tampoco contribuye a utilizar el financiamiento como un instrumento de
planificación de la educación, tanto en las entidades como en el conjunto de la
República.
No debe olvidarse que la finalidad
de la federalización educativa y del reordenamiento financiero que ella implique es el
bien de la educación; elevar su eficiencia, mejorar su organización, reducir sus
desigualdades y estimular su calidad. El financiamiento debe verse como un instrumento
esencial de planificación; por ello estimamos urgente que la SEP y los gobiernos de los
estados avancen con claridad y decisión hacia un mejor reordenamiento de las fuentes del
financiamiento educativo. Conviene, además, advertir que la comprensión cabal de las
finanzas educativas requeriría una visión del ciclo completo de los recursos hasta su
aplicación final.
El 18 de mayo de 1992 fue firmado
el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB),
documento, en el que se establecieron compromisos y orientaciones importantes para la
política educativa nacional; desde el punto de vista del financiamiento de la educación,
se simplificó para el Gobierno central la aplicación de los recursos financieros
respectivos que, a partir de ese momento, empezaron a entregarse globalmente a los
gobiernos estatales, los cuales deben aplicarse exclusivamente a la educación. En este
plano se esperaba ir logrando un reordenamiento de las contribuciones para la educación
básica de la Federación, los estados y municipios, así como un aumento de los recursos
disponibles para la educación.
La medición actualizada del
crecimiento del gasto educativo de origen estatal o federal revela, por lo menos, un
incumplimiento al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
(ANMEB), en el cual se propuso destinar recursos crecientes en términos reales.
Incumplimiento que a la fecha subsiste. A este respecto, la tarea ine- ludible del
Congreso de la Unión y del Poder Ejecutivo Federal consiste en lograr establecer reglas
que garanticen la equidad y el cumplimiento de compromisos concretos, cuantitativos y
cuantificables que impacten positivamente en el desarrolló de la educación en México.
Un pueblo sin educación integral
de calidad sólo puede construir una sociedad débil. La necesidad de fortalecer la
educación representa la evidencia irrefutable del compromiso de la sociedad y del sector
gubernamental por el futuro de la nación. Es y será siempre un contrasentido disminuir
en términos reales las partidas destinadas a la educación y a la investigación. La
sociedad del presente y del futuro requiere la correcta planeación de la inversión
educativa. Esta planeación significa llevar el control, el seguimiento y la evaluación
de los resultados de la aplicación de los recursos públicos en cualquiera de las
instancias nacionales. La suma de recursos, de compromisos y de responsabilidades
representa la clave para avanzar tan lejos como nuestro país lo requiera en materia
educativa.
El Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación ha asumido de tiempo atrás dos compromisos fundamentales,
uno, defender los derechos de sus agremiados y dos, aceptar, como propia la suerte de la
educación pública. Así como pugnar por que se destinen más recursos a la atención de
los sectores más desfavorecidos propiciando su mayor acceso a la educación, se ha
pronunciado por la reorientación de la aplicación del presupuesto educativo con criterio
federalista de equidad, destinando más recursos a las regiones y entidades con mayor
rezago educativo, al mismo tiempo, que una exigencia de eficiencia, transparencia,
pertenencia y la adecuada rendición de cuentas a la sociedad de la aplicación de los
recursos destinados al servicio educativo.
En el pliego de demandas que el
SNTE presentó a la SEP el 20 de marzo de 2002, queda expresado el replanteamiento del
imperativo de asignar recursos presupuestales crecientes y en términos reales de
conformidad a lo establecido por la Ley General de Educación . En el mismo se acentuó
que, si bien no basta para elevar la calidad de la educación el tener más recursos, la
inversión educativa es fundamental, al tiempo que se insistió en avanzar en el
cumplimiento del compromiso presidencial de destinar a la educación pública el 8% del
PIB.
Sólo un mes más tarde, el propio
SNTE mediante desplegado del día 30 de abril debe señalar su postura frente a la
aplicación del recorte al Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado por el
honorable Congreso de la Unión por un monto de 10 mil 100 millones de pesos, de los que 1
mil 816 millones de pesos corresponderían al gasto educativo, al tiempo que expresa su
más enérgico rechazo a la pretendida reducción toda vez que violentó la decisión que
el Congreso de la Unión tomó y las prioridades establecidas por el Gobierno Federal,
asegurando además que el recorte generará muchos más problemas y costos sociales que
los que se pretende evitar. En el mismo, el SNTE le recuerda al Presidente de la
República el compromiso que asumiera ante la nación, de que antes del término de su
administración, el presupuesto que el Gobierno destinará a la educación pública
equivaldrá al 8% del Producto Interno Bruto, lo que en cálculos del propio Secretario de
Educación Pública, requeriría de 20 mil millones de pesos en el presupuesto del año
2000.
El actual presupuesto educativo no
garantiza el poder ofrecer a toda la población del país una educación pertinente,
incluyente e integralmente formativa, no hay posibilidades de ello, toda vez que desde el
Poder Eejecutivo se ejerce una política que atenta y efectúa recortes en contra del
presupuesto a educación, con una pobre respuesta salarial a los trabajadores de la
educación y con una nula y raquítica posibilidad de concurrencia por parte de los
gobiernos de los estados.
De lo anterior baste un dato: las
funciones que fueron más afectadas por los ajustes al gasto, fueron las de desarrollo
social. Concretamente, la función de educación tuvo, según análisis preliminar de la
Cuenta de la Hacienda Pública de 2001, el mayor recorte al gasto en 4 mil 237 millones de
pesos.
Hay un referente en la demanda de
destinar el 8% del PIB a educación que el SNTE reivindica: del 4 al 13 de diciembre de
1979 a convocatoria de la UNESCO y organizada con la cooperación de la CEPAL y de la OEA
se celebró en la Ciudad de México la V Conferencia Regional de Ministros de Educación y
de Ministros Encargados de la Planificación Económica de los Estados Miembros de
América Latina y de el Caribe. Como resultado sobresaliente de esta reunión la
"Declaración de México", refleja, posiblemente el más amplio consenso al que
han llegado los gobiernos de la región, para plantear problemas y formular alternativas
de solución en las cuestiones educativas que atañen a los países de esta parte del
mundo. En ella hay consenso sobre el reconocer que compete así a la educación humanizar
el desarrollo, al reconocer en ella la potencialidad básica para contribuir a forjar un
futuro culturalmente más independiente, que revista condiciones sociales y económicas
más armónicas y más justas, y que alcance aquellos valores propios de la dignidad
humana que la totalidad de las poblaciones de la región merecen y requieren.
La Conferencia declara, referente a
lo que nos ocupa, que los estados miembros deberían "dedicar presupuestos
gradualmente mayores a la educación, hasta destinar no menos del 8% de su Producto
Nacional Bruto, con objeto de superar el rezago existente y permitir que la educación
contribuya plenamente al desarrollo y se convierta en su motor principal". La
Conferencia, por último, hace patente su más expresivo reconocimiento a la UNESCO por su
iniciativa de convocar a esta trascendental conferencia y agradece al Gobierno y al pueblo
de México por su hospitalidad y fraternal acogida.
Convocados por la UNESCO, los
ministros de educación de América Latina y el Caribe, reunidos en Cochabamba, Bolivia
del 5 al 7 de marzo del año 2001, al celebrar la VII Reunión del Comité
Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación, emiten la recomendación 40:
"continuar con los esfuerzos para aumentar significativamente la inversión en
educación, considerando los requerimientos financieros en las políticas educativas de
largo plazo y la necesidad de lograr aprendizajes significativos de mayor calidad para
adecuarse a las urgentes demandas del nuevo siglo". El uso de recursos en educación
ha de ser visto como una inversión y no simplemente como un gasto.
Dado que la Ley General de
Educación mandata que se procure destinar a la educación recursos crecientes en
términos reales, se sugieren tres cosas: que se mantenga la contribución de los estados
que ya sufragan una fracción importante de su gasto educativo; al mismo tiempo; que la
SEP absorba una mayor proporción del costo de expansión y mejoramiento de la educación
básica y que se induzca un gradual incremento de las contribuciones de aquellos estados
que aportan poco.
Todas las escuelas e instituciones
deben tener las instalaciones e infraestructura suficientes y en buen estado; de
conformidad con sus características deben tener amplio acceso a las tecnologías de la
comunicación y la información que deberán ser plenamente aprovechadas por alumnos y
maestros y aún padres de familia y otros miembros de la colectividad. Para la obtención
de lo anterior se requiere aumentar el gasto público a educación en correspondencia con
el PIB a un mínimo de un 8%, los recursos públicos deben de asignarse de manera
eficiente y con oportunidad con correspondencia entre los niveles y modalidades. La
educación debe ser el interés prioritario a todos los niveles de la sociedad y que la
aplicación de sus recursos compense de manera efectiva los rezagos y carencias de la
población en desventaja.
El sistema educativo tiene
responsabilidades claras en el conjunto de las tareas que el Estado promueva para
fomentar, estimular y apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro
país. Hasta ahora se han invertido recursos para "sostener" la infraestructura
material y humana, que en ciencia y tecnología se ha integrado en las últimas décadas.
Pero para el futuro se requieren recursos para crecer, para consolidar la capacidad de
innovación y para asegurar la definición y promoción de programas, redes y mecanismos
que permitan que el conocimiento generado se traduzca en beneficios concretos para un
número cada vez mayor de actores sociales. Hay necesidad de aumentar los recursos
destinados a la ciencia y tecnología, al tiempo que se evalúan constantemente los logros
en investigación y los beneficios que esto representa a la sociedad.
De lo anterior se desprenden dos
necesidades: la de mejorar la asignación del gasto público acompañada de otras medidas
que favorezcan la calidad de los aprendizajes, focalizándolo en las zonas y centros
educativos de mayor pobreza o vulnerabilidad, para disminuir los altos índices de
repetición y deserción, mejorando así la eficiencia interna del sistema y favoreciendo
la equidad, así como la de legislar al respecto asegurando montos suficientes y
permanentes a la educación que permitan el cumplimiento de su cabal desarrollo al tiempo
que le protejan de futuras tentaciones de recortar el presupuesto.
Cobra renovada vigencia el
espíritu de nuestro artículo 3o constitucional: laicidad, obligatoriedad y gratuidad
desde la básica hasta la superior, con la meta de la obligatoriedad de la educación
preescolar de tres años para llegar así a un ciclo básico de 12 años, además de
resolver pronto la atención a la carga horaria de tecnologías y de tres horas de
educación física.
El SNTE lo ha expresado muy bien y
vale la pena citarlo aquí: la excelencia educativa debe reunir un conjunto de elementos:
transparencia y puntual aplicación de recursos presupuestales crecientes; sistemas de
evaluación pertinentes, control de calidad; escuelas con mejor infraestructura y más
equipo; auxiliares didácticos, informáticos y pedagógicos; participación social; un
magisterio satisfecho y sobre todo, un entorno en el que prive el aprecio por educar y la
valoración por tener la oportunidad de aprender.
El 15 de mayo de 2001, en el marco
de la celebración del Día del Maestro, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación propone al Presidente de la República impulsar dos iniciativas: la de decidir
como sociedad y gobierno a colocar a la educación como la más alta de las prioridades,
lo cual requeriría destinarle al menos el 8% del PIB para su financiamiento. La segunda
iniciativa fue la de asignarle a la educación rango de política de Estado, lo que
requeriría convocar a los actores sociales, a los integrantes de los poderes públicos, a
todas las organizaciones políticas y no políticas, a firmar un acuerdo que a todos
comprometiera con la finalidad de situar a la educación mexicana en el nivel de calidad
que los mexicanos deseamos. A resultas de que el Ejecutivo comparte este sentir el 8 de
agosto de 2002 y con la presencia del Ejecutivo Federal, de los gobernadores de los
estados, de los integrantes de los tres poderes de la Unión, de rectores de distintas
universidades, del SNTE y de diversas organizaciones a ese efecto convocadas, se firma el
Compromiso Social por la Calidad de la Educación. Para el SNTE se trata de un compromiso
razonado a favor del derecho educativo de los mexicanos, de una defensa inteligente de los
derechos de los trabajadores de la educación; de una reivindicación seria, sólida e
imaginativa de la insustituible labor que cumplen los maestros de México.
Los firmantes de este compromiso
consideran entre otras cosas que los recursos destinados a la educación no son un gasto,
sino la mejor inversión; que es necesario canalizar más recursos para construir la
infraestructura que se requiere, para rehabilitar espacios educativos deteriorados así
como dotar de material didáctico suficiente y objetivo, así como de útiles escolares
que lo requieran. "Se trata también de mejorar sustantivamente las percepciones de
los maestros para retribuirles en justicia la sagrada tarea que los mexicanos les hemos
confiado". Se afirma que llegaremos tan lejos como llegue nuestra educación.
El SNTE propone además, que junto
con la Cámara de Diputados, se cree una instancia que proponga y formule el cómo lograr
que el 8% del PIB se destine al financiamiento de la educación.
Compañeros diputados: me permito
citar textualmente la respuesta que con fecha 15 de mayo de 2002, la Secretaría de
Educación Pública da al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que a la
letra dice: "...la educación es política del Estado mexicano que debe disponer de
recursos suficientes administrados con eficiencia. El Gobierno de la República ha
definido que la inversión en la educación, al término de la presente administración,
alcance el 8% del Producto Interno Bruto para ello ha propuesto las adecuaciones
pertinentes al sistema de finanzas públicas".
Con preocupación se contempla que
el Ejecutivo se ha quedado lejos de tal cumplimiento toda vez que de conformidad con el
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el presupuesto
federal en relación al PIB alcanzó en el 2001 el 4.2% y en el 2002 es de 4.47%.
El 87.5% del conjunto del Sistema
Educativo Nacional es público y le corresponde el financiamiento real del 4.47% del PIB,
la educación que imparten los particulares cubre el restante 12.5% que le significa una
inversión del 1.2% del PIB.
Solamente queremos que este
compromiso se cumpla cabalmente y de conformidad con un presupuesto federal de egresos
destinados a la educación de carácter público y provenientes del Presupuesto de Egresos
de la Federación, que actualmente abarca el 4.47% del PIB, sin que sea tomado en cuenta
para ello, la inversión que realizan los particulares; dado que lo que ellos invierten
les reditúa ganancias económicas por concepto de colegiaturas, entre otros, que nada
tienen qué ver con recursos públicos para el ramo educativo. El Gobierno Federal insiste
en que se aplica el 6.6% del PIB, cuando en realidad la inversión en el presente año fue
del 4.47%. En contrapartida la inversión del sector privado a la educación que ellos
brindan, creció del 1.2% al 2.1 % del PIB en un año.
De conformidad con lo antes
expuesto y con fundamento en la fracción VIII del artículo 3o., fracción II del
artículo 71 y fracción IV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General, el suscrito, diputado federal profesor Cutberto Cantorán Espinosa, a
nombre del Partido Revolucionario Institucional, somete a la consideración de esta
Asamblea la presente
iniciativa
Con proyecto de decreto por el que
se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación.
Artículo primero. Se reforma el párrafo primero
del artículo 25 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
“Artículo 25. El Ejecutivo Federal y el
gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las correspondientes disposiciones de
ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento con
recursos federales de los servicios educativos públicos. El presupuesto anual que la
Federación destine al gasto en educación pública partirá de un mínimo del 8% del PIB
y no podrán recortarse sus montos.
. . .”
ARTICULOS
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Para efectos de computo del 8% del PIB a
educación pública, no contabilizará la inversión que a este respecto hagan los
particulares.
Tercero. Las autoridades educativas del país,
deberán, a la entrada en vigor del presente decreto instalar comisiones técnicas y de
consulta que resulten pertinentes, para iniciar un proceso tendiente a la formulación del
proyecto presupuestario que esta nueva realidad exige.
Cuarto. Partiendo de que en el año 2002, el
presupuesto federal para la educación pública fue del 4.4% del PIB y, con la finalidad
de cumplir el presente decreto, el Presupuesto de Egresos en el año 2003 no será
inferior al 7% del PIB y en el año 2004 no será inferior al 8% del PIB.
Quinto. Los gobiernos estatales celebrarán con el
Gobierno Federal convenios de colaboración que les permitan cumplir con la concurrencia
en la educación que dimana de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica y Normal, al tiempo que se les transfieran funciones de seguimiento
operativo y de administración, apegándose a los requerimientos de su población y grado
de desarrollo.
Salón de sesiones de la Cámara de
Diputados, a 17 de octubre de 2002.— Diputado federal Cutberto Cantorán Espinosa.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias a usted, diputado.
Inclúyase el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Túrnese la iniciativa a la Comisión
de Educación Pública y Servicios Educativos.
CULTURA
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra la diputada
Verónica Sada Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para
presentar una iniciativa que reforma el artículo 3o. y adiciona el artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el derecho de los
ciudadanos con respecto a la cultura y la facultad del Congreso de la Unión para legislar
en materia cultural.
La diputada Verónica Sada Pérez:
Señora Presidenta de la Cámara de
Diputados; señoras diputadas y señores diputados:
La palabra cultura puede emplearse
en varios sentidos, como el resultado o el efecto de cultivar los conocimientos humanos y
de afinarse por medio del ejercicio de las facultades intelectuales del hombre o bien como
el conjunto de modos de vida y de costumbres, conocimientos y grado de desarrollo
artístico, científico e industrial en una época o grupo social. Ambas definiciones han
sido extraídas del diccionario de la Real Academia Española. Ambas son correctas. Todo
depende del contexto en que sean utilizadas.
Es en referencia a la segunda
definición en especial cuando es empleada para aludir el acontecer del arte en sus
múltiples manifestaciones y expresiones en las que se centra principalmente nuestro
análisis y propuesta.
Hoy, más que en ningún otro
momento de nuestra historia contemporánea, es fundamental reconocer la existencia de las
diversas interpretaciones de la cultura y asumir la responsabilidad compartida por todos
para protegerlas e impulsarlas. Para lograrlo es fundamental establecer un marco
irrestricto de respeto a la diversidad cultural como sustento de nuestra identidad
nacional. Ante ello el valor de la tolerancia ha demostrado ser un pilar en el desarrollo
democrático de nuestro país. El respeto a las opiniones, expresiones y manifestaciones
distintas a la nuestra construye y edifica la civilidad que toda la sociedad ansía, pues
el objeto no es la eliminación o aniquilamiento del otro, sino la convivencia armónica
entre todos sus integrantes.
La tolerancia se ha convertido en
un valor que debemos proteger y fomentar con el fin de no toparnos con atrocidades ya
cometidas en el pasado, en las que se intentaba imponer una sola y uniforme manera de ser,
creer, hacer y ver las cosas. Como lo expresó el antropólogo mexicano Guillermo Bonfil,
en su libro Pensar Nuestra Cultura.
“La cultura nacional no puede
ser otra cosa que la organización de nuestras capacidades para convivir en una sociedad
pluricultural, diversificada, en la que cada grupo portador de una cultura histórica
pueda desarrollarse al máximo de su potencialidad, sin opresión y con el estímulo del
diálogo constante con las demás culturas”.
No es pues la cultura nacional un
todo uniforme y compartido, sino un espacio construido para el florecimiento de la
diversidad. Se trata de aceptar la validez de formas muy variadas de pensar y de creer, de
modos distintos de comportamiento social y de maneras particulares de expresión. Se trata
de admitir la vigencia de múltiples historias dentro de la historia mexicana y asegurar
el derecho de cada grupo a delinear su propio destino, basado en su experiencia acumulada,
en su conocimiento social, en sus valores y en sus aspiraciones.
Por lo tanto, en la interacción
con otros elementos y culturas la nuestra se fortalece, se nutre y por supuesto se
transforma con la incorporación de nuevas perspectivas, lo cual no implica que deje de
ser lo que ya es, sino que se renueve y actualice reflejando lo que somos y construimos
día con día.
De ahí que esta iniciativa tenga
como sustento el respeto y defensa de la diversidad cultural. Desde aquellas
manifestaciones emanadas de las tradiciones autóctonas antiguas hasta las resultantes de
las más vanguardistas experimentaciones, sin reparo en las distintas posturas
ideológicas, religiosas, morales, de quien las proponga.
La cultura es un bien común pues
se sustenta justo en la libre expresión de las personas. De ahí que todos debemos gozar
del derecho a disfrutar, preservar, difundir y emprender cualquier manifestación y
expresión cultural y artística, siempre y cuando ésta sea lícita.
Reafirmamos que la cultura no debe
ser un privilegio restringido, por el contrario, su esencia es fundamentalmente libre y
abierta, independientemente de la condición económica, social o política de quien la
exprese o de quien la perciba. De tal forma es primordial que este derecho a la cultura
florezca en un marco de libertad, diversidad, pluralidad y respeto.
De manera que a partir de la sana
convivencia, sin prejuicios y en condiciones de igual, dad todos los participantes se
favorezcan y al mismo tiempo contribuyan al desarrollo y bienestar de los demás. Es aquí
donde entra el papel del Estado como proveedor de una base mínima, con la cual permita
que florezcan las múltiples manifestaciones y expresiones artísticas y culturales, sin
pretender dirigirlas o coartarlas. Pero la defensa y la promoción de la cultura no son
responsabilidad exclusiva del Gobierno, se requiere del compromiso de todos y de la
definición de objetivos comunes. La corresponsabilidad y coordinación de los esfuerzos y
acciones de la sociedad civil y de la iniciativa privada, junto con el Estado, es la
combinación óptima para el buen funcionamiento de las dinámicas culturales.
Hoy existen algunas entidades
federativas que norman las actividades culturales dentro de su ámbito de competencia. Sin
embargo, consideramos necesario incorporar la facultad de legislar en la materia al
Congreso de la Unión, con el propósito de articular y coordinar dichas acciones, darles
orden y sentido. Se trata de fortalecer y armonizar, para que con justicia sean todas las
manifestaciones artísticas y culturales valoradas y respetadas.
Siendo un asunto que nos concierne
a todos, resulta congruente permitir que se legisle en el ámbito federal, para que en
coordinación con los estados se canalicen y orienten las acciones gubernamentales en
beneficio de la cultura.
Finalmente es importante insistir
en que la libertad de las expresiones artísticas y culturales no pueden restringirse bajo
esquemas preestablecidos y que su única limitante es que se conduzca en el marco de la
licitud. Esta única acotación se debe a que incluso la valoración estética corresponde
también a una subjetividad que generalmente se sustenta al paso del tiempo y nunca en la
inmediatez de los parámetros temporales; es decir, los criterios estéticos o morales de
percepción en la temporalidad existencial específica, no pueden ser definitivos para
descalificar ninguna dinámica cultural ni mucho menos para censurar la expresión
artística.
En el mismo sentido se expresa el
doctor César González Ochoa. En el libro Recepción
Artística de Consumo Cultural, dice: “Los productos culturales lo son no de una
manera absoluta, no poseen rasgos inherentes o intrínsecos que los conviertan en
elementos de la cultura, de igual forma en que los objetivos artísticos no lo son tampoco
de manera natural. “Los objetos considerados como culturales lo son sólo dentro de
los límites de la cultura particular de que se trate; son pues relativos. Que una cultura
reconozca un objeto con función y con significado, no necesariamente presupone que para
las demás culturas tenga esos atributos. Incluso una misma cultura considerada desde una
perspectiva diacrónica, puede atribuir significado a un objeto en un momento determinado
y ya no atribuirlo en otro.”
Con esta reflexión se puede
advertir cómo incluso cuando una manifestación artística sea cuestionada en un sentido
estético, deberá ser respetada y la norma deberá garantizar la libertad de creación.
La libertad de expresión que hoy
goza el pueblo de México, es un logro sin paralelo, es un valor en el que descansa
nuestra sociedad democrática, es un valor con el que todos deseamos que crezcan nuestros
hijos. No debe haber más límites para estas expresiones que el propio marco de la ley.
Por todo esto, nuestra propuesta de
reforma a la Constitución pretende:
Primero. Adicionar una fracción al
artículo 3o. constitucional, con objeto de erigir como un derecho constitucional que toda
persona goce de la prerrogativa de disfrutar, preservar, difundir y desarrollar cualquier
manifestación y expresión cultural y artística que elija, siempre y cuando estas
manifestaciones y/o expresiones no incurran en ningún ilícito.
Segundo. En lo que concierne el
artículo 73, se reforma la fracción XXIX inciso j,
para efecto de guardar la continuidad en la enumeración de las fracciones y se adiciona
la fracción XXIX inciso k, para permitirle al
Congreso de la Unión establecer las bases de coordinación en materia de cultura, los
tres ámbitos de gobierno y los mecanismos de participación de los sectores social y
privado.
Termino recordando la frase
postulada por Voltaire, cuando expresó: "Puedo no estar de acuerdo con lo que dices,
pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo".
Solicito a la Presidenta de esta
Cámara de Diputados, se publique íntegra la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria.
Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 3o. y el artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el derecho al disfrute,
preservación, difusión y desarrollo de la cultura y facultar al Congreso de la Unión
para legislar en materia cultural, presentada por la diputada Verónica Sada Pérez, a
nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Señora Presidenta de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión; señoras diputadas; señores diputados:
De conformidad a lo dispuesto en la
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de un grupo de diputados del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta
Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción
XXIX-J del artículo 73 se adiciona la fracción XXIX-K del artículo 73, y se adiciona la
fracción IX del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con base en la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
La palabra cultura puede emplearse
en varios sentidos. Como el resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de
afinarse por medio del ejercicio de las facultades intelectuales del hombre; o bien, como
el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico,
científico e industrial, en una época o grupo social. Ambas definiciones extraídas del
diccionario de la Real Academia Española.
Ambas correctas, dependiendo del
contexto en que sean usadas. Es en referencia a la segunda definición, en especial cuando
es empleada para aludir el acontecer del arte en sus múltiples manifestaciones y
expresiones, en la que se centra principalmente nuestro análisis y propuesta.
Hoy, más que en ningún otro
momento de nuestra historia contemporánea, es fundamental reconocer la existencia de las
diversas interpretaciones de la cultura y asumir la responsabilidad compartida por todos
para protegerlas e impulsarlas.
Para lograrlo, es fundamental
establecer un marco irrestricto de respeto a la diversidad cultural, como sustento de
nuestra identidad nacional. Ante ello, el valor de la tolerancia ha demostrado ser un
pilar en el desarrollo democrático de nuestro país. El respeto a las opiniones,
expresiones y manifestaciones distintas a la nuestra, construye y edifica la civilidad que
toda sociedad ansía, pues el objetivo no es la eliminación o aniquilamiento del otro,
sino la convivencia armónica entre todos sus integrantes. La tolerancia se ha convertido
en un valor que debemos proteger y fomentar, con el fin de no toparnos con atrocidades, ya
cometidas en el pasado, en las que se intentaba imponer una sola y uniforme manera de ser,
creer, hacer y ver las cosas.
Como lo expresó el antropólogo
mexicano Guillermo Bonfil Batalla, en su libro Pensar
Nuestra Cultura: "la cultura nacional no puede ser otra cosa que la organización
de nuestras capacidades para convivir en una sociedad pluricultural, diversificada, en la
que cada grupo portador de una cultura histórica pueda desarrollarse al máximo de su
potencialidad, sin opresión y con el estímulo del diálogo constante con las demás
culturas. No es pues, la cultura nacional, un todo uniforme y compartido, sino un espacio
construido para el florecimiento de la diversidad. Se trata de aceptar la validez de
formas muy variadas de pensar y creer, de modos distintos de comportamiento social y de
maneras particulares de expresión. Se trata de admitir la vigencia de múltiples
historias dentro de la historia mexicana y asegurar el derecho de cada grupo a delinear su
propio destino basado en su experiencia acumulada, en su conocimiento social, en sus
valores y aspiraciones."
Por lo tanto, en la interacción
con otros elementos y culturas, la nuestra se fortalece, se nutre y por supuesto se
transforma con la incorporación de nuevas perspectivas, lo cual no implica que deje de
ser lo que ya es, sino que se renueve y actualice reflejando lo que somos y construimos
día con día.
De ahí que esta iniciativa tenga
como sustento el respeto y defensa de la diversidad cultural; desde aquellas
manifestaciones emanadas de las tradiciones autóctonas y antiguas, hasta las resultantes
de las más vanguardistas experimentaciones, sin reparo en las distintas posturas
ideológicas, religiosas o morales de quienes las propongan.
La cultura es un bien común, pues
se sustenta justo en la libre expresión de las personas. De ahí que todos debemos gozar
del derecho a disfrutar, preservar, difundir y emprender cualquier manifestación y
expresión cultural y artística, siempre y cuando éstas sean lícitas. Reafirmamos que
la cultura no debe ser un privilegio restringido; por el contrario, su esencia es
fundamentalmente libre y abierta, independientemente de la condición económica, social o
política de quien la exprese o de quien la percibe.
De tal forma, es primordial que
este derecho a la cultura florezca en un marco de libertad, diversidad, pluralidad y
respeto, de manera que a partir de la sana convivencia, sin prejuicios y en condiciones de
igualdad, todos los participantes se favorezcan y al mismo tiempo contribuyan al
desarrollo y bienestar de los demás.
Es aquí donde entra el papel del
Estado como proveedor de una base mínima, con la cual permita que florezcan las
múltiples manifestaciones y expresiones artísticas y culturales, sin pretender
dirigirlas o coartarlas.
Pero la defensa y la promoción de
la cultura no son responsabilidad exclusiva del Gobierno. Se requiere del compromiso de
todos y de la definición de objetivos comunes. La corresponsabilidad y coordinación de
los esfuerzos y acciones de la sociedad civil y de la iniciativa privada, junto con el
Estado, es la combinación óptima para el buen funcionamiento de las dinámicas
culturales.
Hoy, existen algunas entidades
federativas que norman las actividades culturales dentro de su ámbito de competencia. Sin
embargo, consideramos necesario incorporar la facultad de legislar en la materia al
Congreso de la Unión, con el propósito de articular y coordinar dichas acciones, darles
orden y sentido. Se trata de fortalecer y armonizar, para que, con justicia, sean todas
las manifestaciones artísticas y culturales valoradas y respetadas.
Siendo un asunto que nos concierne
a todos, resulta congruente permitir que se legisle en el ámbito federal, para que en
coordinación con los estados se canalicen y orienten las acciones gubernamentales en
beneficio de la cultura.
Finalmente, es importante insistir
en que la libertad de las expresiones artísticas y culturales no puede restringirse bajo
esquemas preestablecidos y que su única limitante es que se conduzca en el marco de la
licitud. Esta única acotación, se debe a que incluso la valoración estética
corresponde también a una subjetividad que generalmente se sustenta al paso del tiempo y
nunca en la inmediatez de los parámetros temporales; es decir, los criterios estéticos o
morales de percepción en una temporalidad existencial específica, no pueden ser
definitivos para descalificar ninguna dinámica cultural, ni mucho menos para censurar la
expresión artística.
En el mismo sentido se expresa el
doctor César González Ochoa en el libro Recepción
Artística de Consumo Cultural, respecto a que: “...los productos culturales lo
son no de una manera absoluta; no poseen rasgos inherentes o intrínsecos que los
conviertan en elementos de la cultura (de igual forma en que los objetos artísticos no lo
son tampoco de manera natural). Los objetos considerados como culturales lo son sólo
dentro de los límites de la cultura particular de que se trate; son, pues, relativos: que
una cultura reconozca un objeto con función y con significado, no necesariamente
presupone que para las demás culturas tenga esos atributos. Incluso una misma cultura,
considerada desde una perspectiva diacrónica, puede atribuir significado a un objeto en
un momento determinado y no atribuirlo en otro”.
Con esta reflexión se puede
advertir cómo incluso, aun cuando una manifestación artística sea cuestionada en un
sentido estético, deberá ser respetada y la norma deberá garantizar la libertad de
creación.
La libertad de expresión que hoy
goza el pueblo de México, es un logro sin paralelo, es un valor en el que descansa
nuestra sociedad democrática, es un valor con el que todos deseamos que crezcan nuestros
hijos. No debe haber más límites para estas expresiones, que el propio marco de la ley.
Por todo ello nuestra propuesta de
reforma a la Constitución pretende:
• Adicionar una fracción al
artículo tercero constitucional, con objeto de erigir como un derecho constitucional, que
toda persona goce de la prerrogativa de disfrutar, preservar, difundir y desarrollar
cualquier manifestación y expresión cultural y artística que elija, siempre y cuando
estas manifestaciones y/o expresiones no incurran en ningún ilícito.
• Y en lo que concierne al
artículo 73 se reforma la fracción XXIX inciso J para efectos de guardar la continuidad
de la enumeración de las fracciones y se adiciona la fracción XXIX inciso K para
permitirle al Congreso de la Unión, establecer las bases de coordinación en materia de
cultura, los tres ámbitos de gobierno y los mecanismos de participación de los sectores
social y privado.
Termino, recordando la frase
postulada por Voltaire cuando expresó: "Puedo no estar de acuerdo con lo que dices,
pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo".
Solicito a la Presidenta de esta
Cámara de Diputados se publique íntegra la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria.
Por su atención, muchas gracias.
Con base en lo anteriormente
expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente:
Proyecto
de decreto
Por el que se reforma la fracción
XXIX-J del artículo 73, se adiciona la fracción XXIX-K del artículo 73 y se adiciona la
fracción IX del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo único. Se reforma la fracción XXIX-J
del artículo 73 y se adicionan la fracción IX del artículo 3o. y la fracción XXIX-K
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar
como sigue:
“Artículo 3o. ..
I a la VIII...
IX. Toda persona tendrá derecho a
disfrutar, preservar, difundir y desarrollar cualquier manifestación y expresión
cultural y artística, siendo lícitas.
Artículo 73. ..
I a la XXIX-I...
XXIX-J. Para legislar en materia de
deporte, estableciendo las bases generales de coordinación de la facultad concurrente
entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y municipios, asimismo de la
participación de los sectores social y privado;
XXIX-K. Para expedir leyes que
establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, el Distrito Federal y
municipios, coordinarán sus acciones en materia de cultura, y los mecanismos de
participación de los sectores social y privado y
XXX...”
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, México, Distrito Federal, 17 de octubre de 2002.— Diputados: Verónica Sada Pérez, Jorge Urdapilleta Núñez,
Humberto Muñoz Vargas, Miguel Gutiérrez Machado, Magdalena Yunúen Pazaran Navarijo,
Mario Reyes Oviedo, Beatriz Guadalupe Grande López, Armando Enríquez Flores, Héctor
Taboada Contreras, Lucio Fernández González, Moisés Alcalde Virgen, Emilio Rafael José
Goicoechea Luna, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Victoria Ruth Sonia López Macías,
J. Jesús Dueñas Llerenas, Armando Salinas Torre, María Teresa Castillón, María Isabel
Velasco Ramos, Rafael Orozco Martínez, Oscar Romeo Maldonado Domínguez, Martha Patricia
Martínez Macías, Julián Hernández Santillán, Raúl Martínez González, Alejandro
Zapata Perogordo, José María Rivera Cabello, Jorge Alberto Lara Rivera y Raúl Gracia Guzmán.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señora diputada.
Insértese el texto íntegro de la
iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese
en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la
Comisión de Puntos Constitucionales y también a la de Cultura.
Tiene la palabra la diputada
Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de Ley del Servicio Público de
Carrera de la Administración Pública Federal.
Por no estar en el salón, pasamos
su intervención al final de este apartado.
El siguiente punto, la iniciativa
que presentaría la diputada Maricruz Cruz Morales, se pospone para próxima reunión.
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION,GEOGRAFIA Y ESTADISTICA
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Y tiene la palabra el diputado
Manuel de Jesús Espino Barrientos, para presentar una iniciativa que reforma el artículo
26 y otros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Manuel de Jesús Espino
Barrientos:
Con su venia, señora Presidenta;
compañeras y compañeros legisladores:
Los suscritos, diputados federales
integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LVIII
Legislatura, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Federal, con el fin de dotar de autonomía al Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, así como para establecer las bases sobre las que
se organizarán y funcionarán los sistemas nacionales de información, estadística y
geográfica, iniciativa que se inscribe dentro de nuestra visión de Reforma del Estado.
Por economía de tiempo se hace un
resumen del contenido y propuestas de la iniciativa, misma que entrego a la Secretaría de
la mesa y pido, desde ahora, se inscriba íntegra en el Diario de los
Debates
La presenta iniciativa se
fundamenta y motiva bajo la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
Un sistema de información eficaz
es vital para el desarrollo y permanencia de un estado democrático, por ello una
actividad estadística veraz, transparente, puntual y completa resulta necesaria para la
correcta toma de decisiones y ejecución de los actos de gobierno y las políticas
públicas en beneficio de la sociedad.
La información proveniente del
Estado y cuyo contenido refleja las cifras oficiales sobre hechos que son relevantes debe
convertirse en herramienta privilegiada en el fomento y consolidación de una ciudadanía
educada y crítica y en el fortalecimiento del Estado de Derecho mismo.
La democracia es indispensable para
el progreso cualitativo de nuestra nación, ésta debe ser la base política del
crecimiento económica y de una vida social regida por las garantías que están
consagradas en nuestra Constitución General.
El avance democrático no se
evalúa únicamente en términos de resultados electorales, sino también define sus
adelantos en la medida en que la sociedad interviene discutiendo, demandando y apoyando
acciones para el desarrollo social y económico y coadyuvando en las soluciones que
permitan una igualdad en las oportunidades y que frenen la desigualdad que desde hace
mucho tiempo anida en nuestro país.
En la sociedad democrática a que
aspiramos los mexicanos, las acciones de gobierno no deben ser solamente ampliamente
difundidas, sino también extensamente analizadas y evaluadas por la población
aprovechando la producción de abundante información pública y que es de fácil acceso
para todos.
Es por lo anterior, dentro de lo
que se ha llamado la Reforma del Estado, que la presente iniciativa propone a esta
honorable Asamblea dotar de autonomía en el ámbito constitucional al Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática, así como sentar las bases para que esta
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión cuente con facultades expresas
para establecer los sistemas nacionales de información, geográfica y estadística lo que
sin lugar a dudas fortalecerá la confianza de los ciudadanos en la utilización de las
cifras que este órgano genera y que tendrá una sociedad mejor informada con mayores
elementos para evaluar el acontecer nacional y con mejores instrumentos para la toma de
decisiones individuales y colectivas.
En nuestro país, los antecedentes
de la regulación de la información estadística y geográfica son muy amplios, mismos
que datan desde el año de 1882, lo que hizo que México fuera uno de los pioneros en el
establecimiento de áreas específicas para la integración y desarrollo de estadísticas
oficiales.
Posteriormente se dieron avances
sustanciales en la regulación de las actividades estadísticas que debería desarrollar
el Estado como la del 30 de noviembre de 1980 donde surge la Ley de Información,
Estadística y Geográfica dentro del proceso global de planeación implementado en
nuestro país en el que se llevaron a cabo diversas reformas administrativas tendientes a
otorgar apoyo a las principales acciones gubernamentales mediante el suministro de la
información estadística y geográfica.
El 12 de diciembre de 1983, con la
finalidad de complementar las reformas que se llevaron a cabo respecto a la expedición de
la Ley de Planeación que publican en el Diario
Oficial de la Federación reformas y adiciones a la Ley de Información, Estadística
y Geográfica entre los cuales se considera al Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática como un órgano desconcentrado de la entonces Secretaría de
Programación y Presupuesto.
Es preciso señalar que actualmente
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática detenta la naturaleza de
órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dotado de
autonomía técnica y de gestión para el desempeño de sus funciones pero
jerárquicamente subordinado al Ejecutivo Federal, por lo que para el mejor cumplimiento
de sus funciones es indispensable que el INEGI se convierta en un organismo plenamente
autónomo, ajeno a la competencia y tutela de los tres poderes, cuyo objeto será seguir
aportando en forma imparcial los datos y estudios que conforme a su marco competencial
tiene atribuidos.
De esta manera se consolidaría la
eficacia y la calidad de la información estadística y geográfica que el instituto
produce para que la ciudadanía y todos los sectores estén en posibilidades de analizar,
de dar seguimiento y evaluar las políticas y acciones públicas en los diferentes
ámbitos.
Debe resaltarse que este aspecto es
fundamental para cumplir el mandato constitucional del derecho a la información y para
lograr un estado moderno, con un amplio desarrollo democrático.
Cabe señalar que el pretender
dotar de autonomía al INEGI no implica en modo alguno abandonar el principio clásico de
división tripartita de poderes, ya que esta teoría sigue siendo válida y efectiva al
evitar la concentración de poder en manos de pocos centros dominantes, sino que debido a
la dinámica social, la realidad impone la necesidad de evolucionar a la concepción de
nuevos órganos que por las funciones que tienen encomendadas sean capaces de estar
alejados de la influencia de alguno de los poderes clásicos.
Por lo expuesto y con objeto de
incorporar al INEGI los cambios que demanda el desarrollo del país, la presente
iniciativa propone adicionar dos párrafos al artículo 26 constitucional, a fin de darle
el carácter de organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, autonomía presupuestaria y de gestión a efecto de que organice, coordine e
instrumente los sistemas nacionales de estadística e información geográfica.
La certeza, imparcialidad y
objetividad serán sus principios rectores.
De igual manera, la información
que produzca el INEGI tendrá el carácter de oficial y será veraz, oportuna y completa.
Asimismo, en esta reforma constitucional se propone que el INEGI sea conducido por una
Junta de Gobierno y un presidente de la misma propuestos por el Presidente de la
República y aprobados por el Senado o, en sus recesos, por la Comisión Permanente
desempeñando su cargo por periodos escalonados que aseguren su autonomía.
Por otra parte y de manera
correlativa, se propone ante esta soberanía una reforma a la fracción XIX del artículo
73 de la Constitución Federal, a efecto de que este órgano Legislativo Federal, con
pleno respeto a la soberanía de los estados y autonomía a los municipios y bajo un
espíritu federalista, cuente con atribuciones expresas para establecer las bases de
coordinación entre la Federación, Distrito Federal, estados y municipios del Sistema
Nacional de Información, Geográfica y Estadística y que como ya se señaló, dichos
sistemas deben de constituirse en las herramientas privilegiadas para el fortalecimiento
de nuestra vida democrática y la consolidación de un desarrollo económico, justo,
mediante la suma de esfuerzos y la potencialidad de los diversos órganos de gobierno a
través de un eficaz y eficiente mecanismo de coordinación.
Por su atención, señoras y
señores diputados, muchas gracias.
«Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Los suscritos, diputados federales
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LVIII Legislatura
de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 62 y 63 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con
proyecto de decreto, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución
Federal, con el fin de dotar de autonomía al Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática; así como para establecer las bases sobre las que se
organizarán y funcionarán los sistemas nacionales de información estadística y
geográfica, iniciativa que se inscribe dentro de nuestra visión de Reforma del Estado,
misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
Un sistema de información eficaz,
es vital para el desarrollo y permanencia de un Estado democrático. Por ello, una
actividad estadística veraz, transparente, puntual y completa, resulta necesaria para la
correcta toma de decisiones y ejecución de los actos de gobierno y las políticas
públicas en beneficio de la sociedad. La información proveniente del Estado y cuyo
contenido refleja las cifras oficiales sobre hechos que son relevantes, debe convertirse
en herramienta privilegiada en el fomento y consolidación de una ciudadanía educada y
crítica y en el fortalecimiento del Estado de Derecho.
La democracia es indispensable para
el progreso cualitativo de nuestra nación. Esta debe ser la base política del
crecimiento económico y de una vida social regida por las garantías que están
consagradas en nuestra Constitución General.
El avance democrático, no se
evalúa únicamente en términos de resultados electorales, sino también define sus
adelantos, en la medida en que la sociedad interviene discutiendo, demandando y apoyando
acciones para el desarrollo social y económico y coadyuvando en las soluciones que
permitan una igualdad en las oportunidades y que frenen la desigualdad que desde hace
mucho tiempo anida en nuestro país.
En la sociedad democrática a que
aspiramos los mexicanos, las acciones de gobierno no deben ser solamente ampliamente
difundidas, sino también extensamente analizadas y evaluadas por la población,
aprovechando la producción de abundante información pública y de fácil acceso para
todos.
Es por lo anterior, dentro de lo
que se ha llamado la Reforma del Estado, que la presente iniciativa propone ante esta
honorable Asamblea, dotar de autonomía en el ámbito constitucional, al Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, así como sentar las bases para que
esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, cuente con facultades
expresas para establecer los sistemas nacionales de información, geográfica y
estadística; lo que sin lugar a dudas, fortalecerá la confianza de los ciudadanos en la
utilización de las cifras que este órgano genera y se tendrá una sociedad mejor
informada, con mayores elementos para evaluar el acontecer nacional y con mejores
instrumentos para la toma de decisiones individuales y colectivas.
En nuestro país, los antecedentes
de la regulación de la información estadística y geográfica son muy amplios, mismos
que datan desde el año de 1882, en que se crea una dirección encargada de compilar,
expedir, clasificar y publicar periódicamente todos los datos concernientes a este ramo,
lo que hizo que México fuera uno de los pioneros en el establecimiento de áreas
específicas para la integración y desarrollo de estadísticas oficiales.
En la década de los años
cuarenta, se llevaron a cabo en nuestro país, las primeras acciones de modernización,
con el propósito fundamental de industrializar la economía; en este contexto, la
información estadística y geográfica recibió un decidido impulso, para convertirse en
una responsabilidad pública tutelada por el orden jurídico, por lo que el 24 de junio de
1940, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, la Ley Federal de Estadística, en donde se consagraba como principio
fundamental, la confidencialidad de los datos estadísticos proporcionados por los
particulares.
Un logró de gran trascendencia,
fue la publicación en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de diciembre de 1947, de una nueva Ley Federal de Estadística, que
tenía como principales fines, establecer el servicio nacional de estadística. Cabe
señalar que en este cuerpo normativo, se prevé como de carácter obligatorio, el
suministrar con veracidad y oportunidad, los datos e informes para fines estadísticos y
la cooperación de trabajos censales, creándose registros estadísticos. Esta ley y sus
reglamentos, aportaron elementos esenciales para proyectar la nueva concepción de un
instrumento jurídico destinado a normar y orientar la función estadística.
El 30 de noviembre de 1980, surge
la Ley de Información Estadística y Geográfica, dentro del proceso global de
planeación implementado en nuestro país, en el que se llevaron a cabo diversas reformas
administrativas tendientes a otorgar apoyo a las principales acciones gubernamentales,
mediante el suministro de la información estadística y geo- gráfica. En esta nueva era,
se sientan las bases de una nueva estructura que tiene como objeto fundamental, la
producción de estadísticas y elaboración de información geográfica, bajo principios y
normas técnicas homogéneas, de igual manera, se reorganiza el funcionamiento de los
procesos de elaboración de estadísticas y de información geográfica y se instituyen
las prácticas de inspecciones de verificación.
Es preciso señalar, que con la
finalidad de establecer las normas y los principios básicos para llevar a cabo la
planeación nacional del desarrollo y así encauzar las actividades de la Administración
Pública Federal, a principios de 1983 surge la Ley de Planeación, por lo que en dicho
contexto, se consideró que a efecto de hacer efectiva la planeación, era necesario
contar con un sistema que suministrara información suficiente, confiable y oportuna, para
conocer los hechos y fenómenos socioeconómicos, y así lograr que la planeación
responda a los retos que plantea el desarrollo nacional.
Con la finalidad de cumplir con
dichos requerimientos, el 12 de diciembre de 1983, se publican en el Diario Oficial de la Federación, las reformas y
adiciones a la Ley de Información, Estadística y Geográfica, las cuales consideran al
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, como órgano desconcentrado
de la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, al que se le otorga competencia
para diseñar y coordinar los sistemas y servicios nacionales de estadística y de
información geográfica, así como para hacer cumplir las normas para obtener
información estadística y geográfica y aprovechar la informática en múltiples
actividades, entre otras, en los servicios nacionales de estadística y de información
geográfica.
En estas mismas reformas, se da
impulso a los servicios nacionales de estadística y de información geográfica, que son
el conjunto de actividades que desarrollan las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y los poderes Legislativo y Judicial de la Federación,
para elaborar las estadísticas y la información geográfica, a fin de integrar los
sistemas nacionales de estadísticas y de información geográfica conformados por el
conjunto de datos producidos por las instituciones, así como por las entidades
federativas y los municipios, en ambas materias.
Por lo que respecta a la
importancia de la informática, ésta incide en casi todas las áreas de la actividad
humana y es indispensable para dar una respuesta ágil a diversas necesidades y reclamos
de la población. Es pertinente señalar, que muchos países la han considerado un factor
estratégico y se han establecido proyectos y programas específicos para su desarrollo.
En el tenor de estas
consideraciones, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),
actualmente detenta la naturaleza de órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, dotado de autonomía técnica y de gestión para el desempeño de sus
funciones, pero jerárquicamente subordinado al Ejecutivo Federal.
Por lo que, para el mejor
cumplimiento de sus funciones, es indispensable que el INEGI se convierta en un organismo
plenamente autónomo, ajeno a la competencia y tutela de los tres poderes, cuyo objeto
será seguir aportando en forma imparcial los datos y estudios que conforme a su marco
competencial tiene atribuidos. De esta manera, se consolidaría la eficiencia y la calidad
de la información estadística y geográfica que el instituto produce, para que la
ciudadanía y todos los sectores estén en posibilidades de analizar, dar seguimiento y
evaluar las políticas y acciones públicas en los diferentes ámbitos. Debe resaltarse,
que este aspecto es fundamental para cumplir el mandato constitucional del derecho a la
información y para lograr un Estado moderno con un amplio desarrollo democrático.
Cabe señalar, que el pretender
dotar de autonomía al INEGI, no implica en modo alguno, abandonar el principio clásico
de división tripartita de poderes, ya que dicha teoría, sigue siendo válida y efectiva,
al evitar la concentración de poder en manos de pocos centros dominantes; sino que,
debido a la dinámica social, la realidad impone la necesidad de evolucionar en la
concepción de nuevos órganos, que por las funciones que tienen encomendadas, sean
capaces de estar alejados de la influencia de alguno de los poderes clásicos.
Debe advertirse, que la ausencia de
una información cuantitativa fiel, genera daños, no sólo a la producción y al de-
sarrollo social y político, sino que deforma perversamente las opiniones y expresiones
que los miembros de la sociedad exteriorizan sobre la marcha de los órganos del Estado en
su búsqueda del bien común.
Por otra parte, los datos que
genera el INEGI sobre los montos poblacionales en cada región del país, a través de los
censos generales de Población y Vivienda, son fundamento esencial para la definición de
los distritos electorales, como ámbitos territoriales básicos para la representación de
los mexicanos en el honorable Congreso de la Unión. La objetividad y rigor científico en
la producción de estos datos y su amplio aprovechamiento, se consolidan a través de la
autonomía al INE-GI, coadyuvando así en la representación democrática y justa para las
tareas legislativas.
Además, la información
estadística que proporciona el INE- GI, también es utilizada conforme a la legislación
fiscal aplicable, para la distribución del Fondo General de Participaciones, en virtud de
lo cual, resulta conveniente que los datos en los que se fundamenta la aplicación de esta
disposición, entre otros mecanismos de asignación presupuestal, se generen por un
organismo independiente de la Administración Pública Federal, característica que
tendrá el propio instituto, al otorgársele autonomía. De esta manera, se fortalecen los
instrumentos que permiten a nuestro país, avanzar hacia un desarrollo justo, al
realizarse la asignación de recursos a través de criterios acordados y aprovechando una
base cuantitativa objetiva.
En resumen, con la autonomía del
INEGI, se refuerzan actividades estratégicas para lograr un mayor desarrollo
democrático, para avanzar en la justicia y para obtener un mayor progreso económico que
sea sustentable y que tenga una sólida base financiera. Con la autonomía del INEGI, se
consolida la imparcialidad de la información estadística y geográfica y se refuerza la
amplia difusión a todos los sectores del país, obteniendo indudablemente el carácter de
confiable, al ser presentada por una institución que no está subordinada a las
decisiones de otro órgano de la Administración Pública Federal.
Por lo expuesto y con objeto de
incorporar al INEGI los cambios que demanda el desarrollo del país, la presente
iniciativa propone adicionar dos párrafos al artículo 26 constitucional, a fin de darle
el carácter de organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, autonomía presupuestaría y de gestión, a efecto de que organice, coordine e
instrumente, los sistemas nacionales de estadística e información geográfica. La
certeza, imparcialidad y objetividad serán sus principios rectores. De igual manera, la
información que produzca el INEGI, tendrá el carácter de oficial y será veraz,
oportuna y completa.
Asimismo, en esta reforma
constitucional, se propone que el INEGI sea conducido por una junta de gobierno y un
presidente de la misma, propuestos por el Presidente de la República y aprobados por el
Senado o, en sus recesos, por la Comisión Permanente, desempeñando su cargo por periodos
escalonados que aseguren su autonomía.
Por otra parte, y de manera
correlativa, se propone ante esta soberanía, una reforma a la fracción XXIX-D del
artículo 73 de la Constitución Federal, a efecto de este organo legislativo federal, con
pleno respeto a la soberanía de los estados y autonomía de los municipios y bajo un
espíritu federalista, cuente con atribuciones expresas, para establecer las bases de
coordinación entre la Federación, Distrito Federal, estados y municipios, del Sistema
Nacional de Información, Geográfica y Estadística, que como ya se señaló, dichos
sistemas deben de constituirse en las herramientas privilegiadas para el fortalecimiento
de nuestra vida democrática y la consolidación de un desarrollo económico justo,
mediante la suma de esfuerzos y la potencialidad de los diversos órdenes de gobierno, a
través de un eficaz y eficiente mecanismo de coordinación.
Es necesario recalcar, que el
sentido que orienta esta propuesta, referente a dotar de autonomía a la entidad
responsable de la prestación del servicio público de información estadística y
geográfica, tiende a reconocer la importancia que la información de esta naturaleza,
producida por el Estado, posee para el robustecimiento de una sociedad debidamente
informada y, en cuyo seno, sus miembros cuenten con los insumos básicos para discutir el
destino particular y de la nación.
Por lo anteriormente expuesto, con
fundamento en lo dispuesto a la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los suscritos diputados
federales, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos a la
consideración de esta representación nacional el siguiente
Proyecto
de decreto
Por el que se reforman y adicionan
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se reforma la fracción XXIX-D
del artículo 73 y se adicionan dos párrafos finales al artículo 26 para quedar de la
siguiente forma:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I. a la XXIX-C.
XXIX-D. Para expedir leyes sobre
planeación nacional del desarrollo económico y social; así como para establecer las
bases de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los
municipios, del Sistema Nacional de Información Geográfica y Estadística.
XXIX-E a la XXX...
Artículo 26...
La Federación, los estados, el
Distrito Federal y los municipios, se coordinarán en los términos que señale la ley,
para establecer los sistemas nacionales en materia de información geográfica y
estadística. La organización de estos sistemas, así como la promoción del desarrollo y
aprovechamiento de la informática, es una función que se realizará a través del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios y que para el desempeño de sus atribuciones, gozará de
autonomía presupuestaria y de gestión. La certeza, imparcialidad y objetividad serán
sus principios rectores. La información estadística y geográfica que genere el
instituto, tendrá el carácter de oficial y será veraz, oportuna y completa.
La conducción del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, estará a cargo de una Junta de
Gobierno formada por cuatro vicepresidentes y un presidente, que serán propuestos por el
Presidente de la República y aprobados por la Cámara de Senadores o la Comisión
Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por periodos cuya duración y
escalonamiento provean el ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser
removidos de sus funciones en los términos establecidos por el Título Cuarto de esta
Constitución y no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de
aquellos en que actúen en la representación del instituto y los que desempeñen en
asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o beneficencia no
remunerados. El presidente del instituto, deberá presentar anualmente un informe de
actividades al Congreso de la Unión, en los términos que señale la ley.
ARTICULOS
TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. Los recursos materiales y financieros,
así como los trabajadores destinados al órgano desconcentrado de la Secretaría Hacienda
denominado Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, se transferirán
al organismo creado por este decreto.
Tercero. Los trabajadores del órgano
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda denominado Instituto Nacional de Geografía,
Estadística e Informática, que en virtud de lo dispuesto en este decreto pase al
organismo autónomo denominado Instituto Nacional de Geografía, Estadística e
Informática, en ninguna forma resultará afectado en sus derechos laborales.
Cuarto. Las solicitudes y recursos que se
encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor del presente
decreto, se seguirán sustanciando ante el órgano desconcentrado denominado Instituto
Nacional de Geografía, Estadística e Informática, en tanto queda debidamente
constituido el organismo creado por este decreto.
Quinto. El Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, como organismo autónomo, conservará las atribuciones que le
han sido otorgadas en otras leyes y reglamentos; persistiendo los derechos y obligaciones
derivados de los contratos o convenios celebrados de manera previa al inicio de la
vigencia del presente decreto.
Sexto. Dentro de los 120 días naturales
siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberá quedar debidamente
constituido el organismo denominado Instituto Nacional de Geografía, Estadística e
Informática.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 22 de octubre de 2002.— Diputados: María
Teresa Gómez Mont, Lucio Fernández González, Verónica Sada Pérez, Emilio Rafael
Goicoechea Luna, Beatriz Guadalupe Grande López, José Marcos Aguilar Moreno, Eduardo
Rivera Pérez, Armando Salinas Torre, Victoria Ruth Sonia López Macías, María Teresa
Romo Castillón, Tomás Ríos Bernal, J. Jesús Dueñas Llerenas, María Isabel Velasco
Ramos, Daniel Ramírez del Valle, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Francisco Guadarrama
López, Luis Fernando Sánchez Nava, Alejandro Zapata Perogordo, Martha Patricia Martínez
Macías, Francisco Luis Treviño Cabello, José Ramón Mantilla y González de la Llave,
Mario Reyes Oviedo y Martha Ruth del Toro
Gaytán.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de
Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
La siguiente iniciativa agendada
por la diputada Hortensia Aragón Castillo se pospone para otra ocasión.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
El diputado Eduardo Andrade
Sánchez tiene la palabra para presentar una iniciativa que reforma diversos ordenamientos
legales en materia de presupuesto.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su
curul):
Para el final.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
¿Al final, licenciado, o para otra
sesión?
El diputado Justino Eduardo Andrade Sánchez
(desde su curul):
De una vez.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra el diputado
Andrade.
El diputado Justino Eduardo Andrade
Sánchez:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras diputadas, compañeros diputados:
Una función esencial del Poder
Legislativo es la de autorizar los gastos del poder público. De hecho, el origen
histórico de las asambleas parlamentarias se encuentra en la provisión de fondos para
los antiguos monarcas medievales. La representación parlamentaria ha evolucionado a
través de los siglos, pero mantiene la función de aprobar el presupuesto para atender a
las necesidades colectivas.
En nuestro país un largo periodo
de predominancia de un solo partido generó un perceptible desequilibrio a favor del Poder
Ejecutivo, a quien corresponde elaborar el proyecto de presupuesto. Su preponderancia
política y la infraestructura técnica de la cual dispone hacían que la Cámara de
Diputados asumiera un papel principalmente ratificador de los lineamientos dispuestos por
el Presidente de la República. En este escenario se incubó la práctica de autorizar al
Ejecutivo para que ajustara dentro de ciertos márgenes el ejercicio del gasto en los
casos en que los cambios en las condiciones económicas lo hicieran necesario.
La dinámica de la democracia
mexicana condujo a la alternancia partidista en la titularidad del Ejecutivo y determinó
una composición congresional que otorga al Legislativo un papel de control y contrapeso
efectivos a la discrecionalidad presidencial. En ese esquema, la voluntad de los
legisladores adquiere una nueva dimensión; los acuerdos que se alcanzan en las cámaras
implican la conformación de una mayoría en la que convergen por lo menos dos fuerzas
políticas y supone una decisión que refleja el sentir también mayoritario de la
población. En esta situación es preciso preservar el escrupuloso cumplimiento de las
medidas dictadas por el Congreso y para ello se requiere establecer disposiciones legales
que garanticen ese cumplimiento.
Pese a los cambios de condiciones
políticas derivados de los resultados electorales de julio de 2000, se ha mantenido una
inercia por virtud de la cual el Presidente de la República ha venido disponiendo
alteraciones del contenido del presupuesto, que argumentando disminuciones de los ingresos
disponibles se han traducido en reducciones de partidas que la Cámara de Diputados había
configurado de manera especial para atender necesidades sentidas popularmente en áreas
como la educativa, la de salud, la de apoyo al campo y la de asignación de recursos a las
entidades federativas, para citar las más importantes.
Por esos motivos resulta
conveniente introducir cambios en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público,
para que erogaciones dispuestas por el Poder Legislativo en áreas tan sensibles como las
señaladas, no puedan ser disminuidas de manera unilateral por el Ejecutivo, para ello, el
legislador debe señalar cuál es el orden de los rubros que pueden afectarse por parte
del Presidente cuando se presenten insuficiencias en los ingresos públicos.
Las modificaciones y adiciones en
esta materia deberán incluir en consecuencia los siguientes criterios:
El proyecto de presupuesto
elaborado por el Ejecutivo debe contener todos los gastos requeridos para el cumplimiento
de cualesquiera obligaciones contraídas por el Gobierno mexicano y para la realización
de las actividades, obras y servicios públicos previstos en los programas a su cargo.
Deben establecerse, por ejemplo,
los pagos que deban hacerse por concepto de deuda pública externa, interna o contingente.
Las erogaciones que deba efectuar
cada una de las entidades incluidas en el presupuesto, especificando detalladamente el
programa a que corresponden, el objeto del gasto y las metas que deben alcanzarse en el
mismo.
La manera de asignar los recursos
que se obtengan en exceso de los previstos, determinando en detalle los programas,
subprogramas, metas etcétera, que deban alcanzarse.
En caso de que los ingresos sean
inferiores a los previstos, la determinación previa de programas, subprogramas y partidas
que podrán ser objeto de reducción por parte del Ejecutivo Federal, señalando el orden
sucesivo de afectación de las mismas, en ningún caso podrá autorizarse al Ejecutivo a
disminuir el monto de partidas aprobadas para programas educativos, de salud, de apoyo al
campo o las partidas destinadas a las entidades federativas.
Si los recursos disponibles
disminuyeran al extremo de que se hiciese necesario abatir el monto de las partidas que no
pueden ser modificadas por el Ejecutivo, éste tendría que presentar una iniciativa ante
la Cámara de Diputados, con el propósito de que ésta determine lo que corresponda.
Debe establecerse la noción de que
las partidas presupuestas no significan solamente límites máximos ni que el ahorro en
gastos, por definición, considerados como necesarios, desde el momento que se les asigna
un presupuesto, sea una virtud pública.
Es necesario disminuir la
discrecionalidad del Ejecutivo para el otorgamiento de subsidios, indicando que cuando
éstos se dirijan a particulares, deberá existir autorización expresa de la Cámara de
Diputados en el presupuesto.
Para corregir los desequilibrios
que pudiera propiciar recortes en el gasto que contravengan los criterios enunciados, es
indispensable incorporar un artículo transitorio que permita efectuar las reasignaciones
correspondientes dentro de este mismo año; este transitorio sería fundamental poder
hacer reasignaciones dentro de este mismo año, a fin de evitar que asignaciones que la
Cámara determinó con base en demandas reales de diversos grupos sociales, se disminuyan
en perjuicio de los mismos y, en todo caso, las erogaciones que se reduzcan, sean aquellas
que tienen qué ver con las actividades directas de la administración pública centraliza
dependiente del Ejecutivo Federal.
En atención a lo expuesto, me
permito someter a la consideración de esta Cámara el siguiente
PROYECTO
DE DECRETO.
Artículo primero. Se reforman y adicionan los
artículos 15, 16, 25 y 50 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, para
quedar como sigue:
Artículo 15. El Presupuesto de Egresos de la
Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a
iniciativa del Ejecutivo para cubrir durante el periodo de un año a partir del 1o. de
enero, todos los gastos que debe efectuar el propio Ejecutivo para el cumplimiento de
cualesquiera obligaciones contraídas por el Gobierno mexicano y para la realización de
las actividades, obras y servicios previstos en los programas a cargo de las entidades que
en el propio presupuesto se señalan.
Artículo 16. Se mantienen sus dos primeros
párrafos y se agrega:
El decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación debe contener lo siguiente:
a) Los pagos que deben hacerse por
concepto de deuda pública externa, interna o contingente; la referencia a la fuente de
dichas obligaciones y los plazos previstos para la cobertura de las mismas.
b) Las erogaciones que debe
efectuar cada una de las entidades incluidas en el presupuesto especificando
detalladamente el programa a que corresponde; el objeto del gasto, las metas que deben
alcanzarse con el mismo, la unidad responsable para ejercerlo, la partida presupuestal
específica y su aplicación geográfica en la entidad federativa que corresponda.
Todo esto debe formar parte del
presupuesto en su conjunto y no necesariamente de anexos.
c) La manera de asignar los
recursos que se obtengan en exceso de los previstos, determinando en detalle los
programas, subprogramas, metas y unidades responsables y partidas presupuestales a las que
deberán asignarse tales recursos.
d) En caso de que los ingresos sean
inferiores a los previstos, la determinación de los programas, subprogramas y partidas
que podrán ser objeto de reducción por parte del Ejecutivo Federal, señalando el orden
sucesivo de afectación de las mismas.
En ningún caso podrá autorizarse
al Ejecutivo a disminuir el monto de partidas aprobadas para programas educativos de
salud, de apoyo al campo o las partidas destinadas a las entidades federativas.
En caso de que la disminución de
recursos disponibles y se hiciese necesaria una afectación de las partidas
correspondientes a estos rubros, el Ejecutivo deberá presentar una iniciativa de reformas
al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, debidamente motivada para que la
Cámara de Diputados disponga lo conducente.
Artículo 25. El gasto público federal deberá
ajustarse al monto autorizado para los programas, subprogramas y partidas presupuestales.
Los titulares de las unidades
responsables, tendrán la obligación de ejercerlo en su totalidad y reportar a la Cámara
de Diputados el avance del gasto en los términos y condiciones que lo determinen las
comisiones de dicha Cámara.
El Ejecutivo Federal determinará
la forma en que deberán invertirse los subsidios que otorga a los estados, municipios o
instituciones públicas, quienes proporcionarán a la dependencia que señala el propio
Ejecutivo y a las comisiones correspondiente de la Cámara de Diputados, la información
que se les solicite.
Se establecen también sanciones
para aquellos servidores públicos que no cumplan con las disposiciones del presupuesto y
que dejen de ejercer adecuadamente el gasto público.
Dejo el resto del texto que
comprende el transitorio, al que ya aludí, en poder de la Secretaría, para no rebasar el
tiempo previsto.
Muchas gracias, señora Presidenta.
«Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados.— Presentes.
Una función esencial del Poder
Legislativo es la de autorizar los gastos del Poder Público. De hecho el origen
histórico de las asambleas parlamentarias se encuentra en la provisión de fondos para
los monarcas medievales. La representación parlamentaria ha evolucionado a través de los
siglos pero mantiene la función de aprobar el presupuesto para atender las necesidades
colectivas. En nuestro país, un largo periodo de predominancia de un solo partido generó
un perceptible desequilibrio a favor del Poder Ejecutivo a quien corresponde elaborar el
proyecto del presupuesto. Su preponderancia política y la infraestructura técnica de la
cual dispone hacían que la Cámara de Diputados asumiera un papel principalmente
ratificador de los lineamientos dispuestos por el Presidente de la República. En este
escenario se incubó la práctica de autorizar al Ejecutivo para que ajustara, dentro de
ciertos márgenes, el ejercicio del gasto en los casos en que los cambios en las
condiciones económicas lo hicieran necesario.
La dinámica de la democracia
mexicana condujo a la alternancia partidista en la titularidad del Ejecutivo y determinó
una composición congresional que otorga al Legislativo un papel de control y contrapeso
efectivos a la discrecionalidad presidencial. En ese esquema la voluntad de los
legisladores adquiere una nueva dimensión. Los acuerdos que se alcanzan en las cámaras
implican la conformación de una mayoría en la que convergen por lo menos dos fuerzas
políticas y supone una decisión que refleja el sentir también mayoritario de la
población. En esta situación es preciso preservar el escrupuloso cumplimiento de las
medidas dictadas por el Congreso y para ello se requiere establecer disposiciones legales
que garanticen ese cumplimiento.
Pese a los cambios de condiciones
políticas derivados de los resultados electorales de julio de 2000, se ha mantenido una
inercia por virtud de la cual el Presidente de la República ha venido disponiendo
alteraciones del contenido del presupuesto que, argumentando disminuciones de los ingresos
disponibles, se han traducido en reducciones de partidas que la Cámara de Diputados
había configurado de manera especial para atender necesidades sentidas popularmente en
áreas como la educativa, la de salud, la de apoyo al campo y la de asignación de
recursos a las entidades federativas para citar las más importantes.
Por esos motivos resulta
conveniente introducir cambios en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
para que erogaciones dispuestas por el Poder Legislativo en áreas tan sensibles como las
señaladas no puedan ser disminuidas de manera unilateral por el Ejecutivo. Para ello, el
legislador debe señalar cuál es el orden de los rubros que pueden afectarse por parte
del Presidente cuando se presenten insuficiencias en los ingresos públicos.
Las modificaciones y adiciones en
esta materia deberían incluir, en consecuencia, los siguientes criterios:
El proyecto de presupuesto
elaborado por el Ejecutivo debe contener todos los gastos requeridos para el cumplimiento
de cualesquiera obligaciones contraídas por el Gobierno mexicano y para la realización
de las actividades, obras y servicios públicos previstos en los programas a cargo de las
entidades que en el propio presupuesto se señalen.
Establecer una relación de los
puntos que debe contener indefectiblemente el presupuesto, entre estos:
a) Los pagos que deban hacerse por
concepto de deuda pública externa, interna o contingente, la referencia a la fuente de
dichas obligaciones y los plazos previstos para la cobertura de las mismas.
b) Las erogaciones que deba
efectuar cada una de las entidades incluidas en el presupuesto, especificando
detalladamente el programa a que corresponden, el objeto del gasto, las metas que deben
alcanzarse con el mismo, la unidad responsable de ejercerlo, la partida presupuestal
específica y su aplicación geográfica en la entidad federativa que corresponda.
c) La manera de asignar los
recursos que se obtengan en exceso de los previstos, determinando en detalle los
programas, subprogramas, metas, unidades responsables y partidas presupuestales a las que
deberán asignarse tales recursos.
d) En caso de que los ingresos sean
inferiores a los previstos, la determinación de los programas, subprogramas y partidas
que podrán ser objeto de reducción por parte del Ejecutivo Federal, señalando el orden
sucesivo de afectación de las mismas. En ningún caso podrá autorizarse al Ejecutivo a
disminuir el monto de partidas aprobadas para programas educativos, de salud, de apoyo al
campo o las partidas destinadas a las entidades federativas.
Si los recursos disponibles
disminuyeran al extremo de que se hiciese necesario abatir el monto de las partidas que no
pueden ser modificadas por el Ejecutivo, éste tendría que presentar una iniciativa ante
la Cámara de Diputados para introducir en el presupuesto las correcciones que estimare
necesarias y que tuvieran incidencia sobre dichas partidas. Debe establecerse la noción
de que las partidas presupuestales no significan solamente límites máximos ni que el
ahorro en gastos que por definición se consideran necesarios desde el momento en que se
les asignan recursos sea un propósito loable. Por tanto, se requiere fijar la
obligatoriedad del ejercicio del gasto y hacer responsables a los titulares de las
unidades que tienen el deber de ejercerlo.
Es necesario también disminuir la
discrecionalidad del Ejecutivo para el otorgamiento de subsidios, indicando que cuando
éstos se dirijan a particulares deberá existir autorización expresa de la Cámara de
Diputados en el presupuesto. La responsabilidad de aplicar el gasto debe acompañarse de
las sanciones necesarias en la propia ley.
Por último, para corregir los
desequilibrios que pudieran propiciar recortes en el gasto que contravengan los criterios
enunciados, es indispensable incorporar un artículo transitorio que permita efectuar las
reasignaciones correspondientes dentro de este mismo año, a fin de evitar que
asignaciones que la Cámara determinó con base en demandas reales de diversos grupos
sociales se disminuyan en perjuicio de los mismos y, en todo caso, las erogaciones que se
reduzcan sean aquellas que tienen qué ver con actividades directas de la administración
pública centralizada dependiente del Ejecutivo Federal.
En atención a lo expuesto, nos
permitimos someter a la consideración de la Cámara de Diputados el siguiente
PROYECTO
DE DECRETO
Por el que se reforma y adiciona la
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
Artículo primero. Se reforman y adicionan los
artículos 15, 16, 25 y 50, para quedar como sigue:
“Artículo 15. El Presupuesto de Egresos de
la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a
iniciativa del Ejecutivo, para cubrir durante el periodo de un año a partir del 1o. de
enero todos los gastos que debe efectuar el propio Ejecutivo para el cumplimiento de
cualesquiera obligaciones contraídas por el Gobierno mexicano y para la realización de
las actividades, obras y servicios públicos previstos en los programas a cargo de las
entidades que en el propio presupuesto se señalen.
Artículo 16...
El decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación deberá contener lo siguiente:
a) Los pagos que deban hacerse por
concepto de deuda pública externa, interna o contingente, la referencia a la fuente de
dichas obligaciones y los plazos previstos para la cobertura de las mismas.
b) Las erogaciones que deba
efectuar cada una de las entidades incluidas en el presupuesto, especificando
detalladamente el programa a que corresponden, el objeto del gasto, las metas que deben
alcanzarse con el mismo, la unidad responsable de ejercerlo, la partida presupuestal
específica y su aplicación geográfica en la entidad federativa que corresponda.
c) La manera de asignar los
recursos que se obtengan en exceso de los previstos, determinando en detalle los
programas, subprogramas, metas, unidades responsables y partidas presupuestales a las que
deberán asignarse tales recursos.
d) En caso de que los ingresos sean
inferiores a los previstos, la determinación de los programas, subprogramas y partidas
que podrán ser objeto de reducción por parte del Ejecutivo Federal, señalando el orden
sucesivo de afectación de las mismas. En ningún caso podrá autorizarse al Ejecutivo a
disminuir el monto de partidas aprobadas para programas educativos, de salud, de apoyo al
campo o las partidas destinadas a las entidades federativas.
En caso de que la disminución de
recursos disponibles hiciese necesaria una afectación de las partidas correspondientes a
estos rubros, el Ejecutivo deberá presentar una iniciativa de reformas al decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación debidamente motivada, para que la Cámara de
Diputados disponga lo conducente.
Artículo 25. El gasto público federal deberá
ajustarse al monto autorizado para los programas, subprogramas y partidas presupuestales.
Los titulares de las unidades responsables tendrán la obligación de ejercerlo en su
totalidad y reportar a la Cámara de Diputados el avance del gasto, en los términos y
condiciones que lo determinen las comisiones de dicha Cámara, de acuerdo al área de
competencia de que se trate.
El Ejecutivo Federal determinará
la forma en que deberán invertirse los subsidios que otorgue a los estados, municipios o
instituciones públicas, quienes proporcionarán a la dependencia que señale el propio
Ejecutivo y a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados la información
que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los mismos.
Por ningún motivo podrá el
Ejecutivo Federal otorgar subsidios a particulares si éstos no están previstos
expresamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 50. La Entidad de Fiscalización
Superior de la Federación fincará responsabilidades administrativas a los titulares de
las unidades responsables que incumplan la obligación establecida en el artículo 25
imponiendo como sanciones:
I. La destitución del cargo y
II. La inhabilitación para
desempeñar cargos públicos federales hasta por 10 años, en caso de estimar de manera
debidamente motivada que la responsabilidad en que ha incurrido el servidor público es
grave.”
ARTICULOS
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación.
Segundo. Cualesquiera trasferencias realizadas por
el Ejecutivo Federal durante el ejercicio de 2002 que afecten las partidas que no puedan
ser disminuidas de acuerdo a lo establecido en este decreto, deberán ser repuestas y
redistribuirse el gasto de manera que las disminuciones afecten en primera instancia
programas no operativos, partidas de comunicación social, gastos de ceremonial, protocolo
o similares y otras que correspondan a la administración pública centralizada.
En caso de que hubiese excedentes
derivados del aumento de precio del petróleo con el que se calculó el presupuesto,
éstos se destinarán a reponer las afectaciones de partidas presupuestales que se
hubiesen disminuido y en ningún caso se destinarán para pagos de deudas adicionales a
los ya autorizadas.
Tercero. Se derogan las disposiciones que se
opongan al presente decreto.
México, DF, a 22 de octubre de
2002.— El diputado Eduardo Andrade Sánchez.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
REGISTRO
DE ASISTENCIA
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Se pide a la Secretaría dar cuenta
del registro electrónico de asistencia e instruya a su cierre.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Se informa a la Presidencia que
hasta el momento el sistema registra la asistencia de 422 diputados.
Ciérrese el sistema electrónico.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señora Secretaria.
LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra la diputada
Beatriz Guadalupe Grande López , del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
para presentar una iniciativa que reforma la Ley Federal de Radio y Televisión en materia
indígena.
La diputada Beatriz Guadalupe Grande
López:
Con su permiso, señora Presidenta;
honorable Asamblea:
La de la voz, diputada Beatriz
Guadalupe Grande López a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II y
demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a
consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona un artículo 59-ter, y se reforman los artículos 5o., 6o.,
10, 11, 12, 13, 25, 55, 59, 73, 75, 86 y 101, todos de la Ley Federal de Radio y
Televisión en materia indígena, a tenor de la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
Las comunidades, poblaciones y
naciones indígenas, son aquellas que contando con una continuidad histórica con las
sociedades anteriores a la invasión y a la colonización que desarrollaron en sus
territorios, se consideran a sí mismas distintas de otros sectores de la sociedad y
están decididas a conservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus
territorios ancestrales y su identidad étnica, como base de su existencia continuada como
pueblos, de conformidad con sus propios patrones culturales, instituciones sociales y
sistemas jurídicos.
Partiendo de esta definición de la
ONU, no debemos considerar a los pueblos indígenas como un grupo víctima, atrasado o
vulnerable, sino como un grupo social que exige el reconocimiento de la diversidad
cultural, el respeto a sus costumbres, usos y lenguas, autonomía e identidad,
entendiéndose esta última como una celebración de la diferencia, de la diversidad
justamente porque una gran variedad de grupos indígenas conviven dentro de un mismo
Estado.
Cada pueblo indígena posee
diferentes valores, símbolos y prácticas culturales, sin embargo están unidos por una
historia común de dominación, marginación y luchas reivindicativas, lo que fortalece su
unidad en la diversidad.
En el Programa Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006, la permanencia de los pueblos indígenas y
su supervivencia histórica en condiciones de desventaja económica y social, se explica
gracias a su lengua y cultura, toda vez que representa la base de su identidad, fortalece
los lazos de unidad y el poder que mantienen reproduce y cohesiona a los pueblos y
constituye un sistema de comunicación con el Estado, la sociedad nacional y entre las
mismas comunidades.
En México los pueblos y
comunidades indígenas representan, de acuerdo al Conapo, más del 10% de la población
mexicana y aportan más de 60 lenguas distintas mientras que el INEGI reporta en el Censo
General de Población y Vivienda de 2000 a 8.4 millones de indígenas; estas cifras nos
revelan la riqueza cultural de nuestra nación.
En este contexto es fundamental el
papel que desempeñan los medios de comunicación como el camino que permite el
conocimiento, la difusión y la preservación de la cultura y lenguas indígenas.
Durante muchos años en los medios
de comunicación, los pueblos indígenas no han ejercido la autorrepresentación debido a
que carecen de los recursos necesarios para su adquisición y no cuentan con la
infraestructura adecuada, lo que ha provocado que sea limitada su participación en los
procesos de comunicación; por ello en la mayoría de estos medios no se reflejan su
pensamiento y valores culturales, lo cual ha provocado que se difunda una versión
estereotipada y carente de objetividad.
Este grupo social requiere que se
desarrollen las vías legales que le permitan emprender dichas acciones a efecto de
promover, desde su perspectiva y visión, las necesidades, tradiciones, usos y costumbres
en materia política, económica y social que permitan a la sociedad nacional acceder al
conocimiento de la diversidad cultura.
Cabe señalar que en nuestro país
el sistema de radiodifusoras culturales indigenistas del Instituto Nacional Indigenista,
fundada en 1979, ha realizado un trabajo loable al sumar actualmente 24 radiodifusoras
indígenas en todo el país, las cuales cubren alrededor de 928 municipios con población
mayoritariamente indígena de los 2 mil 315 municipios con población hablante de lengua
indígena, cubriendo el 40% del total de esta población, por lo que resulta evidente la
necesidad del apoyo para ampliar las redes de comunicación entre estos pueblos a efecto
de que se cumpla el objetivo de conocimiento, transmisión y preservación de su cultura,
lenguas, usos y costumbres.
En atención a las necesidades y
exigencias de los indígenas mexicanos, a su búsqueda por igualar derechos y
oportunidades buscando que sus diferencias fueran reconocidas como válidas, se llevaron a
cabo las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena plasmados
éstos en el artículo 2o., en donde se establecen las directrices para lograr esta
igualdad y eliminar todo tipo de discriminación.
Con objeto de que puedan ser
aplicados estos preceptos en lo que a medios de comunicación se refiere, consideramos
necesario modificar la Ley Federal de Radio y Televisión, toda vez que a partir de las
reformas constitucionales antes mencionadas, no se han establecido los mecanismos que
permitan hacer efectivo lo concerniente al conocimiento, promoción y difusión de la
cultura indígena a través de los medios de comunicación como lo son la radio y la
televisión.
Así, el objetivo de esta
iniciativa, es adecuar esta ley para que los indígenas puedan emprender las acciones
encomendadas en la Constitución en materia de difusión cultural e informativa y con ello
contribuir al fortalecimiento de la integración de dichos pueblos, así como la
conservación de su cultura, lengua, usos y costumbres, de tal forma que se puedan
establecer condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir,
operar y administrar medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia
determinen, tal y como lo dicta la fracción VI del apartado B, así como preservar y
enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e
identidad.
Que se estipule la fracción IV del
apartado A del artículo 2o. de nuestra Carta Magna.
De igual forma la iniciativa
establece los mecanismos para generar una conciencia nacional de respeto a la diversidad
cultural, con la finalidad de alcanzar una interrelación entre grupos y personas con
cultural diferentes.
Por ello consideramos importante
garantizar la difusión, transmisión, protección, desarrollo, enriquecimiento,
preservación y el uso de su lengua, así como el conocimiento de la diversidad cultural a
efecto de eliminar las actitudes prejuiciosas, discriminatorias y racistas y lograr
establecer una relación más estrecha entre los pueblos indígenas con la sociedad
nacional, fundada en el respeto y reconocimiento de estos pueblos.
Por ello en la presente iniciativa
consideramos de vital importancia el que se establezca el reconocimiento de la diversidad
cultural que conforma la nación mexicana y que en las poblaciones mayoritariamente
indígenas, se establezca el uso de sus lenguas; se integre la medicina tradicional como
parte de la promoción de sus usos y costumbres; toda vez que ésta constituye su
principal recurso para la atención a la salud, además de ser complementaria a la
medicina científica; lo cual además, se reconoce en nuestra Constitución.
Asimismo, se insertan los
mecanismos para que las estaciones y los profesionales de comunicación indígena, así
como todas las actividades relacionadas, sean reconocidas legalmente para dejar atrás esa
cultura paternalista que exime y no exige la igualdad de oportunidades; establece
condonaciones y no sanciones. Con lo que sólo se logra cultivar un apoyo a medias, sin
compromisos de ninguna parte.
Es por eso que queremos establecer
reglas claras para todos los actores involucrados con base en la transparencia y
rendición de cuentas que permee en toda la sociedad.
En este sentido se establecen los
compromisos del Ejecutivo Federal, los gobiernos de los estados, los ayuntamientos y los
organismo públicos para que consideren en todo momento a los pueblos indígenas como
parte de la cultura nacional, con toda su diversidad.
En este sentido la iniciativa
propone modificar los siguientes artículos: los artículos 5o. y 73, para que la radio y
la televisión contribuyan al fomento y difusión de la diversidad cultural.
Los artículos 10, 11 y 12, para
introducir en la competencia de la Secretaría de Gobernación, la de Educación y la de
Salud, el fortalecimiento y reconocimiento de la diversidad cultural.
Los artículos 5o., 6o., 11, 75 y
86, para fomentar el uso de la lengua indígena.
Los artículos 13 y 25 que
complementan el otorgamiento de permisos a las estaciones de radio y televisión
indígenas.
En los artículos 55 y 59, se
establece: que para las transmisiones gratuitas se incluyan las de los indígenas y se
inserte un artículo 59-ter, a efecto de sentar las líneas generales que deberán seguir
los programas sobre los pueblos indígenas.
Y finalmente, se modifique el
artículo 101, a efecto de sancionar a quien no cumpla con el artículo 75, referente al
uso de las lenguas.
Para Acción Nacional, la cultura
es un precepto fundamental en el desarrollo de la sociedad y apoyamos todas las políticas
a favor de la diversidad, difusión y preservación de la cultura. Pero lo que para
nosotros es fundamental, apoyar el valor de uso de su lengua a través de las estaciones
de radio y televisión indígenas y culturales. Y la certificación de los profesionales
indígenas de la comunicación.
Promover el derecho de acceso a la
información y de libertad de expresión en su lengua, son acciones que se han instaurado
en el seno de la sociedad mundial, lo cual debe apoyarse alentando a los indígenas a
crear sus propios medios de comunicación.
Compañeras y compañeros
legisladores: hagamos conciencia de que los medios de comunicación comunitarios son el
medio idóneo para fortalecer la inclusión de los pueblos y comunidades indígenas al
desarrollo, por los beneficios que trae consigo esta iniciativa, esperamos que depositen
en ella su confianza y apoyo. Gracias.
Dejo el texto para que sea
insertado y se turne a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con opinión
de la Comisión de Asuntos Indígenas.
Gracias.
«Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona un artículo 59-ter y se reforman los artículos 5o., 6o.,
10, 11, 12, 13, 25, 55, 59, 73, 75, 86 y 101, todos de la Ley Federal de Radio y
Televisión en materia indígena.
La suscrita, diputada Beatriz
Guadalupe Grande López, en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II y
demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a
consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona un artículo 59-ter y se reforman los artículos 5o., 6o.,
10, 11, 12, 13, 25, 55, 59, 73, 75, 86 y 101, todos de la Ley Federal de Radio y
Televisión, en materia indígena, al tenor de la siguiente
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
“Las comunidades, poblaciones
y naciones indígenas son aquellas que contando con una continuidad histórica con las
sociedades anteriores a la invasión y a la colonización que desarrollaron en sus
territorios, se consideran a sí mismas distintas de otros sectores de la sociedad y
están decididas a conservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus
territorios ancestrales y su identidad étnica, como base de su existencia continuada como
pueblos, de conformidad con sus propios patrones culturales, instituciones sociales y
sistemas jurídicos.”
Partiendo de esta definición de la
ONU, no debemos considerar a los pueblos indígenas como un grupo víctima, atrasado o
vulnerable sino como un grupo social que exige el reconocimiento de la diversidad
cultural, el respeto a sus costumbres, usos y lenguas, autonomía e identidad,
entendiéndose esta última como una celebración de la diferencia, de la diversidad
justamente porque una gran variedad de grupos indígenas conviven dentro de un mismo
Estado. Cada pueblo indígena posee diferentes valores, símbolos y prácticas culturales;
sin embargo, están unidos por una historia común de dominación, marginación y luchas
reivindicativas, lo que fortalece su unidad en la diversidad.
En el Programa Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006, la permanencia de los pueblos indígenas y
su supervivencia histórica en condiciones de desventaja económica y social se explican
gracias a su lengua y cultura, toda vez que ambas representan la base de su identidad;
fortalecen los lazos de unidad y el poder que mantiene, reproduce y cohesiona a los
pueblos y constituyen un sistema de comunicación con el Estado, la sociedad nacional y
entre las mismas comunidades.
En México, los pueblos y
comunidades indígenas representan, de acuerdo con el Conapo más de 10% de la población
mexicana y aportan más de 60 lenguas distintas, mientras que el INEGI reporta en el XII
Censo General de Población y Vivienda de 2000,a 8.4 millones de indígenas; estas cifras
revelan la riqueza cultural de nuestra nación. En este contexto, es fundamental el papel
que desempeñan los medios de comunicación como el camino que permite el conocimiento, la
difusión y la preservación de la cultura y lenguas indígenas.
Durante mucho años, en los medios
de comunicación, los pueblos indígenas no han ejercido la autorrepresentación, debido a
que carecen de los recursos necesarios para su adquisición y no cuentan con la
infraestructura adecuada, lo que ha provocado que sea limitada su participación en los
procesos de comunicación. Por ello, en la mayoría de estos medios no se reflejan su
pensamiento y valores culturales, lo cual ha provocado que se difunda una versión
estereotipada y carente de objetividad.
Este grupo social requiere que se
desarrollen las vías legales que le permitan emprender dichas acciones, a efecto de
promover desde su perspectiva y visión las necesidades, tradiciones, usos y costumbres en
materia política, económica y social, que permitan a la sociedad nacional acceder al
conocimiento de la diversidad cultural.
Cabe señalar que, en nuestro
país, el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas del Instituto Nacional
Indigenista, fundado en 1979, ha realizado un trabajo loable, al sumar actualmente 24
radiodifusoras indígenas en todo el país, las cuales cubren alrededor de 928 municipios
con población mayoritariamente indígena, de los 2 mil 315 municipios con población
hablante de lengua indígena, cubriendo al 40% del total de esta población. Por ello
resulta evidente la necesidad del apoyo para ampliar las redes de comunicación entre
estos pueblos, a efecto de que se cumpla el objetivo de conocimiento, transmisión y
preservación de su cultura, lenguas, usos y costumbres.
En atención a las necesidades y
exigencias de los indígenas mexicanos a su búsqueda por igualar derechos y
oportunidades, buscando que sus diferencias fueran reconocidas como válidas, se llevaron
a cabo las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas,
plasmados en el artículo 2o., en donde se establecen las directrices para lograr esta
igualdad y eliminar todo tipo de discriminación.
Con objeto de que puedan ser
aplicados estos preceptos, por lo que a medios de comunicación se refiere, consideramos
necesario modificar la Ley Federal de Radio y Televisión, toda vez que, a partir de las
reformas constitucionales antes mencionadas, no se han establecido los mecanismos que
permitan hacer efectivo lo concerniente al conocimiento, promoción y difusión de la
cultura indígena a través de los medios de comunicación, como son la radio y la
televisión.
Así, el objetivo de esta
iniciativa es adecuar esa ley para que los indígenas puedan emprender las acciones
encomendadas en la Constitución en materia de difusión cultural e informativa y, con
ello, contribuir al fortalecimiento de la integración de dichos pueblos, así como la
conservación de su cultura, lengua, usos y costumbres, de tal forma que se puedan
“establecer condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan
adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de
la materia determinen”; tal y como lo dicta la fracción VI del apartado B, así como
“preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que
constituyan su cultura e identidad” que se estipula en la fracción IV del apartado A
del artículo segundo de nuestra Carta Magna.
De igual forma, la iniciativa
establece los mecanismos para generar una conciencia nacional de respeto a la diversidad
cultural, con la finalidad de alcanzar una interrelación entre grupos y personas con
culturas diferentes. Por ello consideramos importante garantizar la difusión,
transmisión, protección, desarrollo, enriquecimiento, preservación y uso de su lengua,
así como del conocimiento de la diversidad cultural, a efecto de eliminar las actitudes
prejuiciosas, discriminatorias y racistas y lograr establecer una relación más estrecha
entre los pueblos indígenas con la sociedad nacional, fundada en el respeto y
reconocimiento de estas diferencias culturales y el camino para llegar a ello son los
medios de comunicación.
Por ello, en la presente iniciativa
consideramos de vital importancia que se establezca el reconocimiento de la diversidad
cultural que conforma la nación mexicana y que, en las poblaciones mayoritariamente
indígenas, se establezca el uso de sus lenguas y se integre la medicina tradicional como
parte de la promoción de sus usos y costumbres, toda vez que ésta constituye su
principal recurso para la atención de la salud, además de ser complementaria a la
medicina científica, lo cual, además, se reconoce en nuestra Constitución.
Asimismo, se insertan los
mecanismos para que las estaciones y los profesionales de comunicación indígena, así
como todas las actividades relacionadas, sean reconocidos legalmente para dejar atrás esa
cultura paternalista que exime y no exige la igualdad de oportunidades, establece
condonaciones y no sanciones, con lo que sólo se logra cultivar un apoyo a medias, sin
compromisos de ninguna parte. Por eso queremos establecer reglas claras para todos los
actores involucrados, con base en la transparencia y rendición de cuentas, que permee en
toda la sociedad. En este sentido, se establecen los compromisos del Ejecutivo Federal,
los gobiernos de los estados, los ayuntamientos y los organismos públicos para que
consideren en todo momento a los pueblos indígenas como parte de la cultura nacional, con
toda su diversidad.
En este sentido, la iniciativa
propone modificar los siguientes artículos:
• Los artículos 5o. y 73 para
que la radio y televisión contribuyan al fomento y difusión de la diversidad cultural.
• Los artículos 10, 11 y 12
para introducir en la competencia de la Secretaría de Gobernación, la de Educación y la
de Salud, el fortalecimiento y reconocimiento de la pluriculturalidad.
• Los artículos 5o., 6o., 11,
75 y 86 para fomentar el uso de la lengua indígena.
• En los artículos 13 y 25 se
contempla el otorgamiento de permisos a las estaciones de radio y televisión indígenas.
• En los artículos 55 y 59 se
establece que para las transmisiones gratuitas se incluyan las de los indígenas y se
inserta un artículo 59-ter a efecto de sentar las líneas generales que deberán seguir
los programas sobre los pueblos indígenas.
• Y, finalmente, se modifica
el artículo 101 a efecto de sancionar a quien no cumpla el artículo 75, referente al uso
de las lenguas.
Para Acción Nacional, la cultura
es un precepto fundamental en el desarrollo de la sociedad y apoyamos todas las políticas
en favor de la diversidad, difusión y preservación de la cultura. Por ello, para
nosotros es fundamental apoyar el valor de uso de su lengua a través de las estaciones de
radio y televisión indígenas y culturales y de la certificación de los profesionales
indígenas de la comunicación.
Promover el derecho de acceso a la
información y de libertad de expresión en su lengua es una acción que se ha instaurado
en el seno de la sociedad mundial, lo cual debe apoyarse alentando a los indígenas a
crear sus propios medios de comunicación.
Compañeras y compañeros
legisladores: hagamos conciencia de que los medios de comunicación comunitarios son el
medio idóneo para favorecer la inclusión de los pueblos y comunidades indígenas al
desarrollo.
Por todos los beneficios que trae
consigo esta iniciativa, esperamos que depositen en ella su confianza y apoyo.
INICIATIVA
Con proyecto de decreto por el que
se adiciona un artículo 59-ter y se reforman los artículos 5o., 6o., 10, 11, 12, 13, 25,
55, 59, 73, 75, 86 y 101, todos de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia
indígena.
Artículo primero. Se adiciona el artículo 59-ter
de la Ley Federal de Radio y Televisión para quedar como sigue:
“Artículo 59-ter.
La programación general sobre los
pueblos y comunidades indígenas que transmitan las estaciones de radio y televisión
deberá:
I. Impulsar y fortalecer el
conocimiento de la composición pluricultural de la nación mexicana;
II. Preservar sus lenguas,
conocimientos y elementos que constituyen su cultura e identidad y
III. Promover el respeto y el
reconocimiento pleno de sus derechos.”
Artículo segundo. Se reforman los artículos 5o.,
6o., 10, 11, 12, 13, 25, 55, 59, 73, 75, 86 y 101 de la Ley Federal de Radio y Televisión
para quedar como sigue:
“Artículo 5o.
La radio y la televisión tienen la
función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al
mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de sus
transmisiones, procurarán:
I y II. . .
III. Contribuir a elevar el nivel
cultural del pueblo, a conservar las características pluriculturales que conforman la
nación mexicana, sus costumbres, tradiciones y valores, la propiedad del idioma nacional
y el uso de las lenguas indígenas.
IV. . .
Artículo 6o.
En relación con el artículo
anterior, el Ejecutivo Federal, por conducto de las secretarías y departamentos de
Estado, los gobiernos de los estados, los ayuntamientos y los organismos públicos,
promoverá la transmisión de programas de divulgación con fines de orientación social,
cultural y cívica en el idioma nacional y en las principales lenguas indígenas en los
municipios con comunidades mayoritariamente indígenas.
Artículo 10.
Compete a la Secretaría de
Gobernación:
I y II. . .
III. Vigilar que las transmisiones
de radio y televisión de las estaciones indígenas y culturales contribuyan al
fortalecimiento y reconocimiento de la pluriculturalidad nacional.
IV a la VI. . .
Artículo 11.
La Secretaría de Educación
Pública tendrá las siguientes atribuciones:
I. Promover y organizar la
enseñanza a través de la radio y la televisión;
II. Promover la transmisión de
programas de interés cultural y cívico;
III. Promover el fortalecimiento de
la pluralidad cultural y de la identidad nacional y el uso de lenguas indígenas, en los
programas que difundan las estaciones de radio y televisión;
IV. Elaborar y difundir programas
de carácter educativo y recreativo para la población infantil;
V. Intervenir dentro de la radio y
la televisión para proteger los derechos de autor;
VI. Extender certificados de
aptitud al personal de locutores que eventual o permanentemente participe en las
transmisiones;
VII. Informar a la Secretaría de
Gobernación los casos de infracción que se relacionen con lo preceptuado en este
artículo, con excepción de la fracción IV, a fin de que imponga las sanciones
correspondientes;
VIII. Coordinar el funcionamiento
de las estaciones de radio y televisión pertenecientes al Gobierno Federal, con apego al
artículo segundo y tercero constitucional cuando se trate de cuestiones indígenas y
educativas respectivamente;
IX. Extender certificados de
locutor, cronista y comentarista al personal de estaciones indígenas;
X. Las demás que le confiera la
ley.
Artículo 12.
A la Secretaría de Salubridad y
Asistencia compete:
I. Autorizar la transmisión de
propaganda comercial relativa al ejercicio de la medicina, considerando también la
tradicional y sus actividades conexas;
II a la V. . .
Artículo 13.
Al otorgar las concesiones o
permisos a que se refiere esta ley, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, determinará la naturaleza y propósito de las estaciones
de radio y televisión, las cuales podrán ser: comerciales, oficiales, culturales,
indígenas, de experimentación, escuelas radiofónicas o de cualquier otra índole.
Las estaciones comerciales
requerirán concesión. Las estaciones oficiales, culturales, indígenas, de
experimentación, escuelas radiofónicas o las que establezcan las entidades y organismos
públicos para el cumplimiento de sus fines y servicios sólo requerirán permiso.
Artículo 25.
Los permisos para las estaciones
oficiales, culturales, indígenas, de experimentación y para las escuelas radiofónicas,
sólo podrán otorgarse a ciudadanos mexicanos y entidades u organismos públicos o
sociedades cuyos socios sean mexicanos. Si se tratara de sociedades por acciones, éstas
tendrán precisamente el carácter de nominativas y aquéllas quedarán obligadas a
proporcionar anualmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la lista general
de sus socios.
Artículo 55.
Se exceptúan de lo dispuesto en el
artículo anterior:
I. Los convenios celebrados por las
difusoras, con el Gobierno Federal, gobiernos locales, ayuntamientos y organismos
públicos, en interés de la sociedad o de un servicio público;
II. Las transmisiones gratuitas o
las reducciones que hagan las empresas por razones de beneficencia a instituciones
culturales, indígenas, a estudiantes, a maestros y a conjuntos deportivos.
Artículo 59.
Las estaciones de radio y
televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30
minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales,
indígenas y de orientación social. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia que
deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán
coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.
Artículo 73.
Las difusoras deberán aprovechar y
estimular los valores artísticos locales y nacionales y las expresiones de arte mexicano,
así como fomentar la riqueza pluricultural de la nación, dedicando como programación
viva el mínimo que en cada caso fije la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con las
peculiaridades de las difusoras y oyendo la opinión del Consejo Nacional de Radio y
Televisión. La programación diaria que utilice la actuación personal, deberá incluir
un mayor tiempo cubierto por mexicanos.
Artículo 75.
En sus transmisiones las estaciones
difusoras deberán hacer uso del idioma nacional.
Las estaciones indígenas harán
uso del idioma nacional y de su principal lengua.
La Secretaría de Gobernación
podrá autorizar, en casos especiales, el uso de otros idiomas, siempre que a
continuación se haga una versión al español, íntegra o resumida, a juicio de la propia
Secretaría.
Artículo 86.
Los locutores de transmisiones en
idioma nacional serán de dos categorías:
...
Artículo 101.
Constituyen infracciones a la
presente ley:
I a la XVII...
XVIII. Faltar a lo que dispone el
artículo 75.
XIX a la XXIV...”
ARTICULO
TRANSITORIO
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, México, DF, a 22 de octubre de 2002.— Diputados: Griselda Ramírez Guzmán, Martha Patricia Martínez
Macías, Pablo Arnaud Carreño, Héctor Taboada Contreras, Lucio Fernández González,
José Marcos Aguilar, Verónica Sada Pérez, María Teresa Gómez Mont, Emilio Goicoechea
Luna, Rómulo Garza Martínez, Sonia López Macías, María Teresa Romo Castillón, José
de Jesús López Sandoval, José Ramón Mantilla y González de la Llave, Alejandro Zapata
Perogordo, J. Jesús Dueñas Llerenas, Tomás Ríos Bernal, Martha Ruth del Toro Gaytán,
Samuel Yoselevitz Fraustro, Luis Fernando Sánchez Nava, Jorge A. Lara Rivera, Mario Reyes
Oviedo, Francisco Esparza Hernández, Enrique Villa Preciado, David Rodríguez Torres,
Rafael Orozco Martínez, Francisco E. Jurado Contreras, José Bañales Castro, Roberto
Aguirre Solís, Arturo San Miguel Cantú, María Teresa Tapia Bahena, Miguel A. Mantilla
Martínez, Alfonso Sánchez Rodríguez, Sergio R. Vaca Betancourt y Francisco Arano Montero.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias a usted, señora diputada.
Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Públíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de
Radio, Televisión y Cinematografía, con opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas.
PEMEX
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra el diputado José
Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
El diputado José Antonio Magallanes
Rodríguez:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables otorgan al petróleo
y demás hidrocarburos y a la petroquímica básica un carácter estratégico para el
desarrollo nacional, reservando su dominio al Estado por conducto de la empresa
paraestatal Petróleos Mexicanos.
Por su parte, la Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos define a esta empresa paraestatal como un organismo descentralizado,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto ejercer la
conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la
industria petrolera estatal.
Asimismo, dicha ley dispone de
Petróleos Mexicanos y sus cuatro organismos descentralizados: Pemex Exploración y
Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica,
de acuerdo con sus respectivos objetos podrán celebrar con personas físicas y morales
toda clase de actos, convenios y contratos y suscribir títulos de crédito, manteniendo
en exclusiva la propiedad y el control del Estado mexicano sobre los hidrocarburos, con
sujeción a las disposiciones legales aplicables.
Además, dicha ley determina que el
órgano superior de gobierno de la industria petrolera nacional lo constituye el Consejo
de Administración de Petróleos Mexicanos.
Por ello, en el contexto político
y económico actual se exige la intervención de la sociedad en la vigilancia de sus
empresas, consideradas como estratégicas para garantizar el dominio de la nación,
evitando acciones que afecten su patrimonio y, por el contrario, permitan el
fortalecimiento de su infraestructura productiva y amplíen su presencia en los mercados
nacionales e internacionales.
La propuesta se dirige a fortalecer
la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, en particular en el área estratégica
de la industria petrolera, en un ámbito donde el Estado mantiene el dominio directo del
petróleo y de todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos y del
espacio situado sobre el territorio nacional, promoviendo la concurrencia con
responsabilidad social de los sectores social y privado para que contribuyan al desarrollo
de la nación con las limitantes que para tales efectos establezca la ley.
El objeto de las reformas y
adiciones que se proponen se dirige a fortalecer la gestión pública encomendada al
Consejo de Administración de Petróleo Mexicanos y pretenden dotar a las instancias
representativas de la sociedad de capacidad decisoria para coadyuvar al pleno cumplimiento
de los preceptos constitucionales y de las disposiciones normativas aplicables, como son
la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el ramo del petróleo; la Ley de
Entidades Paraestatales, la propia Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, entre otras.
En su intervención en el Consejo
de Administración los consejeros ciudadanos participarán en la determinación de los
programas anuales de operación y de inversiones, presupuestos anuales de ingresos y
egresos y sus modificaciones, estados financieros, gestión, contratación y pago de deuda
pública y respecto al otorgamiento de donativos, subsidios, gratificaciones, ayudas
sociales u operaciones semejantes que afecten el patrimonio del organismo, entre otros
asuntos.
Por lo antes expuesto, y con
fundamento en estas disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del
Congreso de la Unión la presente
iniciativa
De decreto por la que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos.
Artículo único. Se reforman y adicionan los
artículos 7o. y 9o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos para quedar como sigue:
“Artículo 7o. El Consejo de Administración
de Petróleos Mexicanos se compondrá de 14 miembros propietarios, el cual estará
integrado por los secretarios de: Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social;
Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía; por tres consejeros ciudadanos designados
por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y por cinco representantes del
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Podrán asistir como observadores
con derecho a voz, a las reuniones de la junta de gobierno, tres integrantes de la
Comisión de Energía de la Cámara de Diputados nombrados por la misma, apegándose al
criterio de pluralidad.
El presidente del Consejo de
Administración será el titular de la Secretaría de Energía, quien actúa como
coordinador del sector al que está adscrito Petróleos Mexicanos y cuenta con voto de
calidad.
Los representantes de los
trabajadores deberán ser miembros activos de dicho sindicato, contar con planta de
Petróleos Mexicanos y haber sido electo por voto libre, secreto y directo de los propios
trabajadores en elecciones que para tales fines se lleven a cabo.
Por cada uno de los consejeros que
se designe se nombrará un suplente. Los suplentes de los consejeros que representen al
Estado serán designados por los respectivos titulares. Los suplentes de los consejeros
ciudadanos serán nombrados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y los
consejeros sindicales serán los que resulten electos por los trabajadores, debiendo
reunir los mismos requisitos exigidos para los propietarios.
Los consejeros ciudadanos deberán
ser mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos y en ningún caso podrán ser
designados personas que hayan sido sentenciadas por delitos patrimoniales o inhabilitadas
para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo en el servicio público, así como
tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta del cuarto grado o civil con
cualquiera de los miembros del Consejo de Administración o del Director General de
Petróleos Mexicanos.
Además estos representantes
deberán contar con una amplia experiencia vinculada con las actividades petroleras a fin
de contribuir de la manera más eficiente al logro de los objetivos de Petróleos
Mexicanos y sus organismos subsidiarios.
Los consejeros ciudadanos adquieren
la obligación de someter a consideración del Congreso de la Unión un informe semestral
sobre el estado que guarda la industria petrolera.
Artículo 9o. El Consejo de Administración de
cada uno de los organismos subsidiarios se compondrá de 14 miembros y sus respectivos
suplentes.
Los titulares serán cuatro
representantes del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo Federal; los tres
directores generales de los otros organismos públicos descentralizados subsidiarios; el
director general de Petróleos Mexicanos, quien lo presidirá; los tres consejeros
ciudadanos nombrados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que se
señalan en el artículo 7o., de la presente ley y tres representantes del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Los representantes de los
trabajadores deberán ser miembros activos de dicho sindicato, contar con planta en el
organismo subsidiario correspondiente y haber sido electos por voto libre, secreto y
directo de los propios trabajadores en elecciones que para tales fines se lleven a cabo.
Los suplentes de los consejeros que
representen al Gobierno Federal, serán designados por sus respectivos titulares; los de
los organismos subsidiarios serán designados por los directores correspondientes; los
consejeros ciudadanos serán nombrados por la Cámara de Diputados y los consejeros
sindicales serán los que resulten electos por los trabajadores debiendo reunir los mismos
requisitos exigidos a sus propietarios.
ARTICULOS
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
siguiente día de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se
opongan al presente decreto, en tanto el Ejecutivo Federal expide las reformas a los
reglamentos de las leyes que con ese decreto se reformen. Se aplicarán en lo que no se
opongan a las mismas las disposiciones reglamentarias vigentes a la fecha de entrada en
vigor de este decreto.
Tercero. A la entrada en vigor del presente
decreto, que reforma y adiciona la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, el Consejo de
Administración proveerá lo necesario para llevar a cabo la formalización de los actos
jurídicos que procedan, a efecto de otorgar las más amplias facultades a los consejeros
ciudadanos que hubiesen sido nombrados por la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión.
Es cuanto, señora Presidenta y le
pediría, si es tan amable, que se pueda publicar en el Diario de los
Debates la iniciativa de decreto que presento, de manera íntegra.
Es cuanto, muchas gracias.
«Iniciativa de decreto por la que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Petróleos
Mexicanos, relacionadas con la constitución de los orgános de gobierno de la empresa
paraestatal, suscrita por el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El suscrito, diputado José Antonio
Magallanes Rodríguez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 71 fracción II y 78 fracción III de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a
consideración de esta honorable soberanía, la presente iniciativa de decreto por la que
se reforman y adicionan diversas disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos, al tenor de la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables otorgan al
petróleo, demás hidrocarburos y a la petroquímica básica un carácter estratégico
para el desarrollo nacional, reservando su dominio al Estado por conducto de la empresa
paraestatal "Petróleos Mexicanos".
Asimismo, la Ley Reglamentaria del
artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo dispone que corresponde a la nación
el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los carburos de hidrógeno que
se encuentren en el territorio nacional, cualquiera que sea su estado físico, incluyendo
los estados intermedios y que componen el aceite mineral crudo, lo acompañen o se deriven
de él y que sólo la nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los
hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera.
Por su parte la Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos define a esta empresa paraestatal como un organismo descentralizado,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto ejercer la
conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la
industria petrolera estatal. Asimismo, dicha ley dispone que Petróleos Mexicanos y sus
cuatro organismos descentralizados, Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación,
Pemex-Gas y Petroquímica Básica y Pemex-Petroquímica, de acuerdo con sus respectivos
objetos, podrán celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y
contratos y suscribir títulos de crédito; manteniendo en exclusiva la propiedad y el
control del Estado mexicano sobre los hidrocarburos, con sujeción a las disposiciones
legales aplicables.
Además, dicha ley determina que el
organo superior de gobierno de la industria petrolera nacional lo constituye el Consejo de
Administración de Petróleos Mexicanos, el cual tiene encomendada la función de dirigir
y administrar el organismo público descentralizado y a su vez, cada uno de los organismos
subsidiarios cuenta con su propio consejo de administración para el control y ejercicio
de sus funciones.
El Consejo de Administración de
Petróleos Mexicanos y los de los organismos subsidiarios cuentan con atribuciones para la
conducción central y estratégica de todas las actividades que abarca la industria
petrolera incluyendo la política energética nacional, la planeación y presupuestación
del ramo del petróleo en su conjunto y la definición de las políticas y lineamientos
necesarios para lograr un sano equilibrio económico y financiero entre los organismos,
así como para permitir el adecuado manejo y administración de los bienes que el Gobierno
Federal destina a la industria petrolera.
De esta manera, como sector
estratégico de la economía nacional, la industria petrolera requiere fortalecer los
mecanismos de enlace entre los diferentes poderes de la Unión, para tales efectos se
requiere ampliar la participación de profesionales expertos en la materia, con probada
honestidad y capacidad administrativa, que contribuyan con sus aportaciones al mejor
desempeño de las funciones encomendadas a Petróleos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios.
Por ello, en el contexto político
y económico actual se exige la intervención de la sociedad en la vigilancia de sus
empresas consideradas como estratégicas, para garantizar el dominio de la Nación,
evitando acciones que afecten su patrimonio y por el contrario permitan el fortalecimiento
de su infraestructura productiva y amplíen su presencia en los mercados nacionales e
internacionales.
Se trata de hacer prevalecer los
criterios jurídicos, técnicos y administrativos sobre aquellos que dan prioridad al
cumplimiento de aspectos políticos coyunturales y de compromisos con grupos hegemónicos.
Se trata, asimismo, de consolidar la autonomía de gestión de la empresa paraestatal al
promover la participación de expertos en la materia que gocen de un amplio reconocimiento
social y de capacidad probada en aspectos relacionados con el desarrollo de la industria
petrolera nacional y que asuman plenamente la responsabilidad que implica dirigir y
administrar un área estratégica para el desarrollo nacional.
Se pretende respaldar la tarea
encomendada al director general de Petróleos Mexicanos y de los organismos subsidiarios,
con la colaboración de ciudadanos de amplio reconocimiento social y técnico que vinculen
las labores del Ejecutivo con el Legislativo, con el firme propósito de garantizar que
las políticas de Estado, en materia de petróleo, atiendan las prioridades nacionales y
eviten los procesos de descapitalización y desmantelamiento de esta industria reservada
en gran medida a la nación.
Se procura, con ello, cumplir con
las aspiraciones de mexicanas y mexicanos de lograr que la industria petrolera fortalezca
su papel de empresa modelo nacional con capacidad de excelencia para competir con las de
mejor nivel internacional. Para ello el Ejecutivo debe compartir su responsabilidad por
cuanto a la conducción de estos organismos con el Poder Legislativo.
La propuesta se dirige a fortalecer
la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, en particular en el área estratégica
de la industria petrolera, en un ámbito donde el Estado mantiene el dominio directo del
petróleo y de todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos y del
espacio situado sobre el territorio nacional, promoviendo la concurrencia, con
responsabilidad social, de los sectores social y privado para que contribuyan al
desarrollo de la nación con las limitantes que para tales efectos establece la Ley.
Descripción de las reformas y
adiciones propuestas.
El objeto de las reformas y
adiciones que se proponen se dirigen a fortalecer la gestión pública encomendada al
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y pretenden dotar a las instancias
representativas de la sociedad de capacidad decisoria para coadyuvar al pleno cumplimiento
de los preceptos constitucionales y de las disposiciones normativas aplicables, como son:
la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, La Ley de
Entidades Paraestatales, la propia Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, entre otras.
En su intervención en el Consejo
de Administración, los consejeros ciudadanos participarán en la determinación de los
programas anuales de operación y de inversiones; presupuestos anuales de ingresos y
egresos y sus modificaciones; estados financieros; gestión, contratación y pago de deuda
pública y respecto al otorgamiento de donativos, subsidios, gratificaciones, ayudas
sociales u operaciones semejantes, que afecten el patrimonio del organismo; entre otros
asuntos.
Por lo antes expuesto y con
fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del
Congreso de la Unión, la presente
Iniciativa
De decreto por la que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos.
Artículo único. Se reforman y adicionan los
artículos 7o. y 9o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue:
“Artículo 7o. El Consejo de Administración
de Petróleos Mexicanos se compondrá de 14 miembros propietarios, el cual estará
integrado por los secretarios de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de
Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y de Energía, por tres consejeros ciudadanos designados por
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y por cinco representantes del Sindicato
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Podrán asistir como observadores
con derecho a voz a las reuniones de la Junta de Gobierno tres integrantes de la Comisión
de Energía de la Cámara de Diputados, nombrados por la misma, apegándose al criterio de
pluralidad.
El Presidente del Consejo de
Administración será el titular de la Secretaría de Energía, quién actúa como
coordinador del sector al que está adscrito Petróleos Mexicanos y cuenta con voto de
calidad.
Los representantes de los
trabajadores deberán ser miembros activos de dicho sindicato, contar planta de Petróleos
Mexicanos y haber sido electos por voto libre, secreto y directo de los propios
trabajadores, en elecciones que para tales fines se lleven a cabo.
Por cada uno de los consejeros que
se designe se nombrará un suplente. Los suplentes de los consejeros que representan al
Estado serán designados por los respectivos titulares, los suplentes de los consejeros
ciudadanos serán nombrados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y los
consejeros sindicales serán los que resulten electos por los trabajadores, debiendo
reunir los mismos requisitos exigidos para los propietarios.
Los consejeros ciudadanos deberán
ser mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos y en ningún caso podrán ser
designados personas que hayan sido sentenciadas por delitos patrimoniales o inhabilitadas
para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo en el servicio publico, así como
tener parentesco por consaguinidad o afinidad hasta del cuarto grado o civil con
cualquiera de los miembros del Consejo de Administración o del Director General de
Petróleos Mexicanos. Además, estos representantes deberán contar con una amplia
experiencia vinculada con las actividades petroleras, a fin de contribuir, de la manera
más eficiente, al logro de los objetivos de Petróleos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios.
Los consejeros ciudadanos adquieren
la obligación de someter a consideración del Congreso de la Unión un informe semestral
sobre el estado que guarda la industria petrolera.
Artículo 9o. El Consejo de Administración de
cada uno de los organismos subsidiarios, se compondrá de 14 miembros y sus respectivos
suplentes. Los titulares serán: cuatro representantes del Gobierno Federal, designados
por el Ejecutivo Federal; los tres directores generales de los otros organismos públicos
descentralizados subsidiarios, el director general de Petróleos Mexicanos, quien lo
presidirá, los tres consejeros ciudadanos nombrados por la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión que se señalan en el artículo 7o. de la presente ley y tres
representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Los representantes de los
trabajadores deberán ser miembros activos de dicho sindicato, contar planta en el
organismo subsidiario correspondiente y haber sido electos por voto libre, secreto y
directo de los propios trabajadores, en elecciones que para tales fines se lleven a cabo.
Los suplentes de los consejeros que
representan al Gobierno Federal serán designados por los respectivos titulares, los de
los organismos subsidiarios serán designados por los directores correspondientes, los
consejeros ciudadanos serán nombrados por la Cámara de Diputados y los consejeros
sindicales serán los que resulten electos por los trabajadores, debiendo reunir los
mismos requisitos exigidos para los propietarios.”
ARTICULOS
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrara en vigor el
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se
opongan al presente decreto. En tanto el Ejecutivo Federal expide las reformas a los
reglamentos de las leyes que con este decreto se reforman, se aplicarán en lo que no se
opongan a las mismas, las disposiciones reglamentarias vigentes a la fecha de entrada en
vigor de este decreto.
Tercero. Al entrar en vigor el presente decreto
que reforma y adiciona la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, el Consejo de
Administración proveerá lo necesario para llevar a cabo la formalización de los actos
jurídicos que procedan, a efecto de otorgar las más amplias facultades a los consejeros
ciudadanos que hubiesen sido nombrados por la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 22 de octubre de 2002.— Diputado: José
Antonio Magallanes Rodríguez.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de
Energía.
CODIGO
FISCAL
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra el diputado Marcos
Pérez Esquer, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una
iniciativa que reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación.
El diputado Marcos Pérez Esquer:
Con su venia, señora Presidenta:
Con fundamento en las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias conducentes, el suscrito, diputado federal de
esta LVIII Legislatura, somete a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa
por la que se reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación misma que se
sustenta en las siguientes
CONSIDERACIONES
Los delitos de querella, como es
sabido, tienen dos características principales:
Primero. Que sólo el ofendido
puede presentar la acusación o querella ante la autoridad persecutoria de delitos y
Segundo. Que el ofendido tiene
derecho a otorgar el perdón.
Por otra parte, como se sabe, los
denominados delitos graves se caracterizan por el hecho de que debido a la gravedad de las
consecuencias perniciosas que la conducta delictiva genera, al acusado le queda cancelada
la posibilidad de la libertad bajo caución.
Ahora bien, algunos de los delitos
fiscales son de querella y son graves. Son de querella y consecuentemente sólo la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede formular acusación al respecto debido a
que si fuesen de oficio, es decir, si cualesquier ciudadano pudiera acusar a otro de
evasión fiscal incentivaríamos un fenómeno pernicioso en términos de competencia
económica. Esto es, cualesquier persona podría estar formulando acusaciones hacia otras
que se dediquen a la misma actividad económica con el solo fin de eliminar a su
competencia o de meterla en aprietos. En ese sentido consideramos que sólo la Secretaría
de Hacienda pueda formular acusación respecto de ciertos delitos fiscales.
Por otra parte, a raíz de la más
reciente reforma al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 17 de
mayo de 1999, ciertos delitos fiscales son considerados graves. Esto en virtud de haberse
considerado de suma gravedad el defraudar al fisco que equivale a defraudar a la sociedad.
En el fondo compartimos esta visión, toda vez que sí consideramos de gravedad el hecho
de que algunos mexicanos defrauden a todos los demás mexicanos mediante la omisión en el
pago de sus impuestos.
Sin embargo, no estaríamos de
acuerdo en el hecho de que algunos delitos fiscales sean considerados al mismo tiempo de
querella y graves. Tal es el caso de la defraudación fiscal y su tentativa punible o el
contrabando, por ejemplo. No estaríamos de acuerdo, decimos, porque se genera grave
injusticia cuando una persona tiene el poder de simplemente con su acusación meter en la
cárcel a alguien sin que ésta pueda obtener libertad bajo caución y tiene también el
poder de perdonarlo y consecuentemente de liberarlo. Esto de suyo importa, como claramente
se ve, una injusticia mayúscula; pero más aún cuando el único facultado para acusar es
precisamente una autoridad fiscal.
Evidentemente el hecho de que un
contribuyente acusado por la Secretaría de Hacienda por un delito fiscal pueda obtener su
libertad bajo caución debido a la gravedad del ilícito, pero no pueda obtener su
libertad debido a la gravedad del ilícito pero la Secretaría de Hacienda sí pueda
perdonarlo y liberarlo implica no sólo una grave injusticia, sino una ocasión perfecta
para el terrorismo fiscal.
El Código Fiscal establece hoy por
hoy en su artículo 92 un dispositivo por el cual la Secretaría de Hacienda tiene la
facultad discrecional de ordenar el sobreseimiento de un proceso penal por delitos de
defraudación fiscal o su tentativa punible o contrabando, por ejemplo, si a su
satisfacción el inculpado cubrió las contribuciones respectivas o garantizó su pago.
Esta es una facultad de la Secretaría, que no una obligación, ya que en el precepto
legal se señala claramente que se trata de una petición discrecional y deja claro
también que esta petición hacia el juzgador penal será necesariamente atendida.
Ahora bien, llegado el caso, cuando
la Secretaría de Hacienda pide u ordena al juez penal el sobreseimiento de su proceso
judicial, no está perdonando a un inocente, sino a un culpable confeso de la comisión
del delito fiscal. Por esa misma razón, antes de que la Secretaría haga la petición
respectiva el inculpado ya pagó o garantizó el pago de las contribuciones originadas por
los hechos imputados. Esto es, todo aquel inculpado que gestiona que la Secretaría de
Hacienda pida el sobreseimiento de su proceso penal, es un contribuyente que reconoce y
acepta cabalmente su culpabilidad, es, pues, un culpable confeso que precisamente por
serlo paga o garantiza el pago de las contribuciones exigidas.
La facultad que el artículo 92 del
Código Fiscal indebidamente otorga a la Secretaría de Hacienda en definitiva promueve la
corrupción de los funcionarios fiscales que ostentan esta facultad, al tiempo que
institucionaliza la impunidad de este tipo de delincuentes.
En 1999 la LVII Legislatura
consideró que en ciertos casos los delitos fiscales por su peligrosidad y frecuencia
debían ser castigados con mayor rigor y eliminarse el beneficio de la libertad
preparatoria. Así legisló mediante la reforma de 1999.
Sin embargo, los delincuentes
fiscales peligrosos y frecuentes que por esto ya no gozan del beneficio de la libertad
provisional pueden ser liberados definitivamente por la Secretaría de Hacienda si
expresamente confiesan su culpabilidad y pagan las contribuciones exigidas y la
Secretaría pide el sobreseimiento de sus procesos penales. Lo que evidentemente es una
aberración jurídica y un absurdo moral, ya que no existe justificación alguna ni
jurídica ni moral para que los derechos de estos delincuentes fiscales se privilegien.
Esto equivale, valga el ejemplo, a perdonar a un asaltante de bancos por el solo hecho de
que devuelva el dinero robado.
Esta atribución legal que el
Código Fiscal otorga a la Secretaría de Hacienda no satisface la exigencia ciudadana en
el sentido de que las leyes brinden la certeza jurídica de que el castigo ayuda a
preservar el Estado de Derecho y que colabora a disuadir la comisión de más delitos,
sino al contrario, tal dispositivo legal conlleva a liberar a delincuentes fiscales
confesos del castigo que la ley contempla para ellos, debilitándose así el Estado de
Derecho.
Por otra parte, esta inexplicable
facultad de la Secretaría de Hacienda propicia la corrupción de los funcionarios
fiscales tenedores de dicha autoridad, por lo que una medida positiva para combatir la
corrupción de las autoridades hacendarias, así como la impunidad de los delincuentes
fiscales, es la eliminación de la atribución legal de la Secretaría para pedir el
sobreseimiento a los procesos penales por delitos fiscales graves.
Es, por otra parte, sumamente
injusto que aquellos ciudadanos que quieran defender su inocencia, tengan que permanecer
recluidos en la cárcel por meses, hasta que recaiga una sentencia firme y absolutoria,
esto lleva a que los inculpados tengan qué decidir entre defender su inocencia en la
cárcel o confesarse culpables y aspirar a una pronta liberación.
En el fondo lo que nuestra
propuesta pretende es eliminar de la ley facultades que tiene la Secretaría de Hacienda,
que le permiten abusar, amenazar, eventualmente extorsionar al contribuyente y que se
convierten en elementos que incentivan el terrorismo fiscal.
A efecto entonces de corregir esta
situación, es que proponemos a ustedes la incorporación de la prohibición expresa para
que la Secretaría de Hacienda no pueda más pedir el sobreseimiento de los procesos
penales cuando el procesado no tenga derecho a obtener su libertad provisional bajo
caución, por tratarse de delitos fiscales graves.
Solicito a la Presidencia pudiera
incorporarse en el Diario de los Debates la presente iniciativa
en su versión más extensa, que entrego en este momento a la Secretaría.
Es cuanto.
«Proyecto de iniciativa por la que
se reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto por
la fracción II del ar- tículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal del grupo
parlamentario de Acción Nacional en esta LVIII Legislatura, somete a consideración de
esta Asamblea la presente iniciativa por la que se reforma el artículo 92 del Código
Fiscal de la Federación, misma que se fundamenta bajo la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
Los delitos de querella, como es
sabido, tienen dos características principales, primero, que sólo el ofendido puede
presentar la acusación o querella ante la autoridad persecutora de delitos y segundo, que
el ofendido tiene derecho a otorgar el perdón. Por otra parte, como se sabe, los
denominados delitos graves, también se caracterizan por dos aspectos, primero, por el
hecho de que debido a la gravedad de las consecuencias perniciosas que la conducta
delictiva genera, la punibilidad que conllevan es mayor y segundo, por el hecho de que
debido también a la gravedad de los hechos que importan, al acusado le queda cancelada la
posibilidad de la libertad bajo caución.
Ahora bien, algunos de los delitos
fiscales, son de querella y son graves. Son de querella, y consecuentemente sólo la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede formular acusación al respecto, debido
a que, si fuesen de oficio, es decir, si cualesquier ciudadano pudiera acusar a otro de
defraudación fiscal o de su tentativa punible, incentivaríamos un fenómeno pernicioso
en términos de competencia económica y una relación tensa en términos laborales. Esto
es, cualesquier persona podría estar formulando acusaciones hacia otras que se dediquen a
la misma actividad económica con el solo fin de eliminar a su competencia o de meterla en
aprietos; los empleadores, por su parte, tendrían constantemente la amenaza de parte de
sus empleados de una posible acusación por defraudación fiscal o su tentativa punible,
estarían pues, constantemente amenazados por sus trabajadores. En este sentido,
consideramos positivo que sólo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda
formular acusación respecto de ciertos delitos fiscales.
Por otra parte, a raíz de la más
reciente reforma al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, ciertos
delitos fiscales, son considerados graves. Esto, en virtud de haberse considerado de suma
gravedad el defraudar al fisco, que equivale a defraudar a la sociedad y repercutir un
grave perjuicio para todos los mexicanos. En el fondo, compartimos esta visión, toda vez
que sí consideramos de gravedad, el hecho de que algunos mexicanos defrauden a todos los
demás mexicanos mediante la omisión en el pago de sus impuestos.
Sin embargo, no estaríamos de
acuerdo, en el hecho de que algunos delitos fiscales, sean considerados al mismo tiempo de
querella y graves. Tal es el caso de la defraudación fiscal y su tentativa punible o el
contrabando, por ejemplo. No estaríamos de acuerdo, decimos, porque se genera grave
injusticia cuando una persona tiene el poder de, simplemente con su acusación, meter en
la cárcel a alguien sin que ésta pueda obtener libertad bajo caución y tiene también
el poder de perdonarlo y consecuentemente de liberarlo. Esto de suyo, importa, como
claramente se ve, una injusticia mayúscula, pero más aún, cuando el único facultado
para acusar, para querellarse pues, es precisamente una autoridad y sobre todo, una
autoridad fiscal. Evidentemente, el hecho de que un contribuyente acusado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público por un delito fiscal, no pueda obtener su
libertad bajo caución debido a la gravedad del ilícito, pero la Secretaría de Hacienda
sí pueda perdonarlo y liberarlo, implica no sólo una grave injusticia, sino una ocasión
perfecta para el terrorismo fiscal.
En efecto, en el año de 1999,
específicamente el 17 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un
decreto de reformas al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales que
entró en vigor el 18 de mayo de 1999 y que tuvo por finalidad, considerar como graves los
delitos calificados como de defraudación fiscal y equiparables, así como su tentativa
punible, cuando el monto de lo defraudado en 1999 excediera de 691 mil 309 pesos con 90
centavos.
La intención de la reforma
anterior, fue la de cancelar la posibilidad de que los inculpados por tales delitos y sus
tentativas punibles obtengan la libertad provisional bajo caución, debiendo, por lo
tanto, permanecer recluidos en prisión durante el tiempo que dure la instrucción de su
proceso penal, aunque finalmente por sentencia definitiva que quede firme sean declarados
inocentes.
El Código Fiscal de la
Federación, por su parte, establece hoy por hoy en el tercer párrafo de su artículo 92,
que: “Los procesos por los delitos fiscales a que se refieren las tres fracciones de
este artículo se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos
imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales
queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición anterior se
hará discrecionalmente, antes de que el Ministro Público Federal formule conclusiones y
surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera”.
Del dispositivo legal anterior, se
desprende que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la facultad
discrecional de ordenar el sobreseimiento de un proceso penal por delitos de defraudación
fiscal o su tentativa punible, si a su satisfacción, el inculpado cubrió las
contribuciones respectivas o garantizó su pago. Queda claro que ésta es una facultad de
la Secretaría, que no una obligación, ya que el precepto legal señala claramente que se
trata de una petición discrecional y deja claro también, que esta petición será
necesariamente atendida.
El precepto legal, también indica
que si existen varias personas acusadas por la posible comisión de este tipo de delitos,
la petición de sobreseimiento del proceso surtirá efectos solamente respecto de las
personas a las que la misma se refiera, siguiendo su cauce el procedimiento penal respecto
de las personas a las que no se refiera la petición de la autoridad hacendaria.
Ahora bien, llegado el caso, cuando
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pide u ordena al juez penal el
sobreseimiento de un proceso judicial, no está perdonando a un inocente, sino a un
culpable confeso de la comisión del delito de defraudación fiscal, por esa misma razón,
antes de que la Secretaría haga la petición respectiva, el inculpado ya pagó o
garantizó el pago de las contribuciones originadas por los hechos imputados, así como
las sanciones y recargos procedentes. Esto es, todo aquel inculpado que gestiona que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público pida el sobreseimiento de su proceso penal, es
un contribuyente que reconoce y acepta cabalmente su culpabilidad, es pues, un culpable
confeso que precisamente por serlo, paga o garantiza el pago de las contribuciones
originadas por los hechos imputados.
Presumiblemente, un inculpado que
se considera inocente, jamás solicitaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público la petición de sobreseimiento del proceso judicial, ya que, por una parte
aceptaría automáticamente su culpabilidad y, por otra parte, pagaría o garantizaría el
pago de contribuciones que en realidad no adeuda, más las sanciones y recargos
respectivos. Por ello, la solicitud de sobreseimiento de un inculpado a la Secretaría,
solamente es esperable de un procesado que se sabe y reconoce culpable y que, por ende,
confiesa mediante este trámite su culpabilidad y ofrece su reparación.
En consecuencia, todo aquel
contribuyente que se encuentre libre en virtud de que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público solicitó el sobreseimiento de su proceso penal, es un delincuente
fiscal confeso que fue perdonado y liberado, esto es, la Secretaría, en virtud de su
petición, liberó en forma definitiva a un delincuente fiscal confeso, lo que
indebidamente evitó que el contribuyente fuera sancionado por no cumplir con sus
obligaciones fiscales.
El artículo 92 del Código Fiscal
de la Federación, indebidamente otorga a la Secretaría de Hacienda la facultad de
perdonar y otorgar su libertad a delincuentes fiscales confesos, lo que en definitiva,
promueve la corrupción de los funcionarios fiscales que ostentan esta facultad, al tiempo
que institucionaliza la impunidad de este tipo de delincuentes.
En 1999, la LVII Legislatura
consideró que en ciertos casos, los delitos fiscales, por su peligrosidad y frecuencia
debían ser castigados con mayor rigor y eliminarse el beneficio de la libertad
preparatoria, así legisló, mediante la reforma del 17 de mayo de 1999, sin embargo, los
delincuentes fiscales peligrosos y frecuentes que por esto ya no gozan del beneficio de la
libertad provisional, pueden ser liberados definitivamente por la Secretaría de Hacienda
si expresamente confiesan su culpabilidad y pagan o garantizan el pago de las
contribuciones originadas por los hechos imputados y la Secretaría pide el sobreseimiento
de sus procesos penales, lo que evidentemente es una aberración jurídica y un absurdo
moral, ya que no existe justificación alguna ni jurídica ni moral, para que los derechos
de estos delincuentes fiscales confesos se privilegien. Esto equivale, valga el ejemplo, a
perdonar a un asaltante de bancos, por el solo hecho de que devuelva el dinero robado.
La atribución legal que el Código
Fiscal de la Federación otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante
el artículo 92, de pedir el sobreseimiento de los procesos penales, liberando en
consecuencia y en forma definitiva a delincuentes fiscales confesos, no satisface la
exigencia ciudadana, en el sentido de que las leyes brinden la certeza jurídica de que el
castigo ayuda a preservar el Estado de Derecho y que colaboren a disuadir la comisión de
más delitos, sino al contrario, tal dispositivo legal, conlleva a liberar a delincuentes
fiscales confesos del castigo que la ley contempla para ellos, debilitándose así, el
Estado de Derecho que estamos obligados a preservar y promoviéndose una multiplicación y
proliferación de los delitos fiscales, sin obstar, el impacto pernicioso que éstos
tienen en la finanzas públicas, es decir, en los dineros de todos y cada uno de los
integrantes de la sociedad. Quien defrauda al fisco, no defrauda a la Secretaría de
Hacienda, sino a todos los mexicanos.
Por otra parte, esta inexplicable
facultad de la Secretaría de Hacienda, propicia la corrupción de los funcionarios
fiscales tenedores de dicha autoridad, por lo que, una medida positiva para combatir la
corrupción de las autoridades hacendarias, así como la impunidad de los delincuentes
fiscales, es la eliminación de la atribución legal de la Secretaría para pedir el
sobreseimiento de los procesos penales por delitos fiscales graves.
La Constitución General de la
República obliga a contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público, por
lo que, omitir el pago de impuestos, no sólo es una violación a la ley y a la
Constitución, sino que vulnera la capacidad del Estado para hacer frente a sus
compromisos más apremiantes y fundamentales. El Estado, en consecuencia, debe desplegar
toda su energía para combatir con efectividad las prácticas de evasión de
contribuciones y disuadir su comisión, lejos de alentarla, perdonando a quien, mediante
maquinaciones, deja de pagar lo que le corresponde como ciudadano.
El hecho de que algunos delitos
fiscales se hayan calificado como graves a partir de la reforma de 1999, tiene un sólido
fundamento, la comisión de delitos fiscales atenta contra el sistema educativo y de salud
del país, contra la buena calidad de los servicios públicos de la comunidad, atenta
contra la viabilidad del Estado. Por ello se calificó de graves estos ilícitos y
consecuentemente ya no se otorga en estos casos el beneficio de la libertad bajo caución,
sin embargo, por absurdo jurídico, sí se les otorga su libertad absoluta si confiesan y
pagan o garantizan el pago de las contribuciones exigidas.
Es, por otra parte, sumamente
injusto, que aquellos ciudadanos que quieran defender su inocencia, tengan que permanecer
recluidos en la cárcel por meses, hasta que recaiga una sentencia firme y absolutoria.
Esto lleva, a que los inculpados tengan que decidir entre defender su inocencia en la
cárcel o confesarse culpables y aspirar a una pronta liberación.
Por todo lo anterior, resulta
deseable, eliminar la atribución legal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para pedir el sobreseimiento de los procesos penales en el caso de delitos fiscales de los
considerados graves, ya que no hacerlo, implica mantener este status quo
por el cual la consignación judicial de los acusados por la probable comisión de delitos
fiscales se convierte en un mecanismo corrupto y corruptor a favor de autoridades fiscales
e incuba graves injusticias contra la sociedad en general y contra los ciudadanos
indebidamente acusados de delitos fiscales en particular.
En el fondo, lo que nuestra
propuesta pretende, es eliminar de la ley, facultades que tiene la Secretaria de Hacienda
que le permiten abusar, amenazar, amedrentar, eventualmente extorsionar al contribuyente,
y que se convierten en elementos que incentivan el terrorismo fiscal.
A efecto entonces, de corregir esta
situación al tiempo que se hace coincidir el contenido del tercer párrafo del artículo
92 del Código Fiscal de la Federación con las reformas del 17 de mayo de 1999, el que
suscribe, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
somete a su consideración el decreto por el que se reforma el artículo 92 del Código
Fiscal de la Federación, a efecto de incorporar la prohibición expresa para que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público no pueda más, pedir el sobreseimiento de los
procesos penales, cuando el procesado no tenga derecho a obtener su libertad provisional
bajo caución, por tratarse de delitos fiscales graves, en los términos siguientes
Decreto
Por el que se reforma el artículo
92 del Código Fiscal de la Federación.
Artículo único. Se reforma el artículo 92 del
Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
“Artículo 92. Para proceder penalmente por
los delitos fiscales previstos en este capítulo, será necesario que previamente la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
I. Formule querella, tratándose de
los previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114, independientemente del
estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se tenga
iniciado.
II. Declare que el Fisco Federal ha
sufrido o pudo sufrir perjuicio en los establecidos en los artículos 102 y 115.
III. Formule la declaratoria
correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse
impuestos y requieran permiso de autoridad competente o de mercancías de tráfico
prohibido.
En los demás casos no previstos en
las fracciones anteriores bastará la denuncia de los hechos ante el Ministerio Público
Federal.
Los procesos por los delitos
fiscales a que se refieren las tres fracciones de este artículo se sobreseerán a
petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los procesados paguen
las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos
respectivos o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la
propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el
Ministerio Público Federal formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las
personas a que la misma se refiera. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en
ningún caso podrá pedir el sobreseimiento de los procesos penales, cuando el procesado
no tenga derecho a obtener su libertad provisional bajo caución, por tratarse de delitos
fiscales graves.
En los delitos fiscales en que sea
necesaria querella o declaratoria de perjuicio y el daño o el perjuicio sea
cuantificable, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la cuantificación
correspondiente en la propia declaratoria o querella. La citada cuantificación sólo
surtirá efectos en el procedimiento penal. Para conceder la libertad provisional, excepto
tratándose de los delitos graves previstos en este Código, para efectos de lo previsto
en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, el monto de la caución
que fije la autoridad judicial comprenderá, en su caso, la suma de la cuantificación
antes mencionada y las contribuciones adeudadas, incluyendo actualización y recargos que
hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva la libertad
provisional. La caución que se otorgue en los términos de este párrafo, no sustituye a
la garantía del interés fiscal.
En caso de que el inculpado hubiera
pagado o garantizado el interés fiscal a entera satisfacción de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la autoridad judicial, a solicitud del inculpado, podrá
reducir hasta en un 50% el monto de la caución, siempre que existan motivos o razones que
justifiquen dicha reducción.
Se consideran mercancías los
productos, artículos y cualesquier otros bienes, aun cuando las leyes los consideren
inalienables o irreductibles a propiedad particular.
El monto de las cantidades
establecidas en este capítulo, se actualizará en el mes de enero de cada año, con el
factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre
del penúltimo año al mes de diciembre del último año inmediato anterior a aquél por
el cual se efectúa el cálculo, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el
artículo 17-A de este código.
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio
Legislativo.— San Lázaro, México, Distrito Federal, a 22 de octubre del año
2002.— Diputado Marcos Pérez Esquer.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Tomás
Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una iniciativa que reforma los artículos 16, 17, 20 y 24 de la Ley de
Coordinación Fiscal.
¿No está en el salón?... Pasa a
la siguiente sesión o al final del capítulo.
GRUPOS
VULNERABLES
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra la diputada
Arcelia Arredondo García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para
presentar una iniciativa que adiciona la fracción XXIX-K al artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de que el Congreso de
la Unión tenga facultades para expedir leyes que establezcan la concurrencia en materia
de niñas y niños, personas con discapacidad y adultos mayores.
La diputada Arcelia Arredondo García:
Gracias. Con su permiso, señora
Presidenta; estimadas compañeras y compañeros legisladores; amigos de los medios de
comunicación que siempre nos honran con su presencia y que están pendientes de los
trabajos legislativos:
Presento el día de hoy una
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso a la fracción XXIX del
artículo 73 de nuestra Carta Magna, en la cual se faculta al Congreso de la Unión a
legislar en materia de niñas y niños, personas con discapacidad y adultos mayores.
No leeré en este momento el
documento sino que me permitiré hacer algunas consideraciones generales que me han
motivado para presentar este proyecto.
La realidad rebasa constantemente a
nuestro marco jurídico. Si bien el hombre en su afán de progreso y de proporcionarse a
sí mismo un sinnúmero de comodidades ha impulsado la economía, desarrollado proyectos
tecnológicos que superan la ciencia ficción, acortado distancia y desa-pareciendo
fronteras, esto mismo ha provocado que algunos sectores humanos estén más que nunca
expuestos a la violencia, al olvido y al desamparo.
Las niñas y los niños ya no
tienen dentro de las paredes de su casa un refugio seguro contra la delincuencia, ya que
ésta se adentra en la intimidad de sus hogares por medio del Internet. Hay bandas de
delincuencia organizada, ya no solamente interestatales, sino que muchas de ellas con
nexos internacionales despliegan su astucia para atrapar en sus redes a nuestros niños,
quienes caen dócilmente.
Todos los días nos enteramos que
de una familia ha sido arrebatado un menor, por eso debemos establecer los mecanismos que
permitan que nuestras niñas y nuestros niños estén a salvo, a veces de su mismos
familiares, quienes los victimizan impunemente.
Las familias que tienen entre sus
miembros a alguien con alguna discapacidad, ya sea física, sensorial o intelectual se han
organizado de diferentes formas para hacer un llamado a las autoridades en busca de ayuda.
Nosotros estamos obligados a atender estos llamados y hacer nuestras sus necesidades y a
proporcionar dentro de nuestra competencia, lo necesario para que puedan aspirar a tener
dentro de la sociedad una vida digna.
Dentro de los logros más notables
del progreso está el aumento de la esperanza de vida; dentro de poco el grupo de adultos
mayores rebasará con mucho a la población económicamente activa.
Este sector debe estar atendido
integralmente con reconocimiento a sus derechos y responsabilidades, educar a un adulto ya
no puede considerarse como incosteable para el Estado.
En el ramo de la salud nos
encontramos que el tipo de enfermedades de la vejez es más costoso e incapacitante para
quienes las padecen y en el ámbito laboral no podemos permitirnos cerrar las puertas de
las oportunidades a quienes alcanzan los 40 años. Por este motivo el sistema de seguridad
social de nuestro país se encuentra en una grave crisis económica.
Por lo que he expuesto, la
iniciativa con proyecto de decreto que presento a su consideración no pretende quitar las
atribuciones que en el ramo familiar otorga la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos a las entidades que conforman nuestra Federación, según lo marca el artículo
124 sino que pretende establecer la concurrencia legislativa que nos permita fortalecer
jurídicamente a estos sectores altamente vulnerabilizados.
También se fundamenta en los
derechos sociales de este mismo ordenamiento y en el derecho internacional.
Al modificar la Constitución y
hacer posible una legislación que establezca la coordinación entre los tres órdenes del
gobierno, se podrá hacer frente a la necesidad de articular políticas nacionales de
atención y protección a los derechos de las niñas y niños, personas con discapacidad y
adultos mayores y contar con estos ordenamientos.
Por lo anterior expuesto y fundado,
someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente
Iniciativa
con proyecto de decreto.
Unico. Se adiciona la fracción XXIX inciso k, al artículo 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Expedir leyes que establezcan la
concurrencia del Gobierno Federal, las entidades federativas, el Instituto Federal y los
municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de niños y niñas,
personas con discapacidad y adultos mayores.
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Señora Presidenta, solicito se
turne la presente a la Comisión de Puntos Constitucionales y se inserte íntegramente en
el Diario
de los Debates y en La Gaceta Parlamentaria
el documento que en este acto entrego a esta Secretaría.
Por su atención, muchas gracias.
«Ciudadana Presidenta de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Compañeras y compañeros
diputados: la suscrita, en uso de la facultad que me confieren los artículos 71 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
presentó a esta soberanía para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, una
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-K al artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de que el Congreso de
la Unión expresamente tenga facultad para expedir leyes que establezcan la concurrencia
del Gobierno Federal, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en
el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de: niñas y niños, personas con
discapacidad y adultos mayores; lo anterior con fundamento en la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
Primero. En México se han gestado
importantes transformaciones en la sociedad durante la última década, en buena medida
por los cambios ocurridos en materia económica y demográfica.
La apertura del comercio mundial,
la liberalización de la inversión extranjera y la desregulación que fomentó la
competencia y eliminó el proteccionismo, han ofrecido oportunidades de mejoramiento para
grupos con determinadas características de educación, calificación laboral, edad y
localización, aunque también ha implicado desventajas o riesgos para otros.
Estas circunstancias, junto con los
cambios demográficos, han acentuado las desigualdades sociales, económicas y de
vulnerabilidad de diversos grupos sociales. Por ello uno de los mayores retos que enfrenta
nuestro país es garantizar a cada habitante la igualdad de derechos y la integración
social de todos los grupos que viven en ella, especialmente los más vulnerables.
Segundo. La reforma a la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos del 29 de septiembre de
2000, crea la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, integrada por representantes de
los diferentes grupos parlamentarios que componen esta Cámara de Diputados. Su
constitución se fundamentó en los artículos 77 fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o. y 39 de la Ley Orgánica y 66 del
Reglamento Interior, estos dos últimos del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.
La Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables, dentro de su metodología de trabajo en su momento analizó y definió cuales
son los grupos de mayor vulnerabilidad en nuestro país; partiendo de que "son
aquellos que por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género
o discapacidad, se encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a
los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer
sus necesidades básicas. La vulnerabilidad coloca a quien la padece en una situación de
desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades".1
Y con base en los estudios
realizados por el Consejo Nacional de Población, quien identifica como principales grupos
vulnerables en México a:
• La población rural e
indígena que se encuentra afectada por la pobreza de manera alarmante.
• Los niños de entre cero y
cinco años que se encuentran inmersos también en la pobreza, con prioridad a aquellos
que sufren desnutrición.
• Los menores de edad que han
tenido que sumarse a la población económicamente activa para ayudar a la sobrevivencia
de su familia.
• A las mujeres,
principalmente aquellas embarazadas o en estado de lactancia, afectadas por la pobreza.
• Los jóvenes y mujeres
afectadas por el desempleo y desi-gualdad en los empleos.
• Personas con discapacidad e
indigentes y
• Los adultos mayores (60 y
más años de edad) afectados por la pobreza y que no cuentan con los beneficios de la
seguridad social.2
Ahora bien, dentro del nuevo
esquema del derecho, el enfoque de grupos vulnerables implica reconocerles múltiples
causas que refuerzan la vulnerabilidad como son los factores de salud, económicos, de
educación, de discapacidad y demográficos. Como fenómeno social no basta destinar
subsidios en ingreso o bienes y servicios para resolver el problema, sino mediante
acciones integrales en múltiples áreas y niveles, sobre todo, con acciones legislativas
que impliquen una amplia participación social.
De acuerdo con los estudios
realizados por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, se
determina cuales son los grupos vulnerables en nuestro país que presentan una
problemática mayor que el resto de la población y que carecen de una legislación acorde
a la problemática que presentan, siendo éstos: las niñas y los niños; las personas con
discapacidad y los adultos mayores.
A. Niñas y niños.
En el mes de noviembre del año
2000, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), presentó
a la opinión pública los resultados obtenidos del XII Censo General de Población y
Vivienda 2000.
Se señala que en México existen
alrededor de 52 millones de jóvenes, adolescentes y niños; la mayoría de los pocos más
de 19 millones de jóvenes, hombres y mujeres con edades entre 15 y 24 años, demandan una
buena educación, salud, cultura, recreación y deporte pero, sobre todo, un fuerte
impulso a la apertura de oportunidades económicas, incluso social y gran énfasis en los
aspectos de equidad.
Los niños y adolescentes con
edades hasta de 14 años, suman poco más de 33 millones. Además de necesidades de salud,
educación y otras, este grupo enfrenta problemas emergentes como situaciones de violencia
y desintegración familiar, adicciones, trabajo infantil, prostitución y comercio
infantil, entre otros. Un caso muy notable es el de "niños de la calle". Estos
datos nos confirman el gran peso poblacional de los niños en México, sobre todo si
tomamos en cuenta que para los efectos de los tratados internacionales, como son los casos
de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio número 182 de la OIT, se
considera como tal a toda persona menor de 18 años.
Actualmente la sociedad mexicana
está inmersa en un proceso, amplio y sostenido, de toma de conciencia en cuanto a la
situación de vulnerabilidad que aqueja a una parte importante de la niñez en nuestro
país. Este puede ser el primer paso hacia la solución compartida de una problemática
compleja que tiende a reproducirse constantemente, lo que hace necesario que la lucha en
contra de estos lastres sea continua y cada vez más intensa, más comprometida, para
todos quienes participamos en este esfuerzo enfocado a mejorar la vida de las niñas y los
niños en México.
B. Personas con algún tipo de
discapacidad.
La discapacidad se caracteriza por
excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal, los cuales
pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, progresivos o
regresivos; ésta se clasifica principalmente en tres grupos: física, sensorial e
intelectual.
De manera recurrente se ha manejado
que las personas con alguna discapacidad representan un volumen poblacional cercano al 10%
del total, siguiendo de alguna manera los patrones promedio señalados por la
Organización Mundial de la Salud. No obstante esta información, el INEGI ha encontrado
que en México existen actualmente 2.2 millones de personas con algún tipo de
discapacidad física o mental o con algún problema de salud de largo plazo que les impide
realizar con plenitud algunas actividades que llevaría a cabo en condiciones normales.
La vulnerabilidad de este segmento
poblacional es ocasionada precisamente por la discriminación de que son objeto por parte
de las personas convencionales. Si no existieran desigualdades, si las oportunidades de
empleo, de educación y de acceso a los servicios de salud fueran iguales para todos, con
discapacidad o no, entonces no habría vulnerabilidad. Las garantías de la población
debieran ser iguales para todos en su observancia, aunque las necesidades, las modalidades
de atención y la protección pudieran ser distintas en razón de variables simples como
la edad. Así, las niñas y los niños, jóvenes y personas adultas mayores —con
alguna discapacidad o sin ella— debieran tener los mismos derechos y oportunidades
que el resto de los mexicanos. En tanto accedemos a esa etapa, es importante que este
honorable Congreso de la Unión, a través de medidas legislativas garantice una mejor
atención, protección y sobre todo propiciar las condiciones de integración social para
las personas con discapacidad.
C. Adultos mayores.
El Consejo Nacional de Población y
Vivienda señala que México está inmerso en una etapa de franca disminución de su tasa
de crecimiento demográfico, originado en un notable descenso de la fecundidad, ligado al
avance de la medicina que ha propiciado el incremento de la perspectiva de vida a 73 años
o más; seguido de un paulatino proceso de envejecimiento en la población, el cual
seguramente se agudizará en los años venideros.
Actualmente el INEGI señala que la
población de 60 años y más en México es de 6.7 millones de personas, representando
casi el 7% del total de la población. Por lo que el hecho central a tomarse en cuenta, lo
constituye la tendencia hacia un proceso de envejecimiento de la población mexicana, lo
cual es resultado natural de los avances médicos y sanitarios y de las políticas
públicas en la materia que, en conjunto han hecho que la esperanza de vida se encuentre
inmersa en una tendencia hacia el crecimiento, debido también, a la disminución de la
mortalidad.
Los adultos mayores en nuestro
país, se ubican en una situación social difícil, se puede afirmar que la población de
estas edades es un sector esencialmente pobre que tiende a reproducir en su seno una serie
de desventajas ante el resto de los grupos poblacionales, ocasionando que se genere una
condición especial de vulnerabilidad; fenómeno que a corto plazo provocará una
situación crítica en nuestro país.
El creciente peso poblacional de
los adultos mayores requerirá nuevas formas organizativas para solventar sus necesidades,
lo que demandará:
• Una cuantiosa reasignación
de recursos en los sistemas de seguridad social, principalmente por el incremento de
jubilados y pensionados;
• La canalización de
montos considerables de recursos hacia los servicios de salud, principalmente para la
atención de enfermedades crónico-degenerativas;
• La adecuación interna de
las familias, pues en algunos casos convivirán hasta cuatro generaciones en un mismo
espacio y
• La elaboración de
propuestas legislativas, así como planes y programas institucionales para hacerle frente
a este fenómeno en el corto, mediano y largo plazos.
Como podemos darnos cuenta, se
requiere para dar solución a esta problemática que en poco tiempo vamos a enfrentar,
acciones mediatas y medidas precisas para hacer frente a este proceso de envejecimiento
demográfico.
Los objetivos propuestos con la
presentación de esta iniciativa es dar seguridad jurídica a los grupos que presentan una
mayor vulnerabilidad, así como dar certeza jurídica al trabajo legislativo del Congreso
de la Unión, fortaleciendo el marco jurídico federal y sentando las bases para que las
entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios brinden una protección
integral a las niñas y niños, personas con discapacidad y los adultos mayores.
Tercero. Por décadas se ha asumido
con poca criticidad el desfase que evidencian algunos de nuestros referentes jurídicos
más importantes en relación con nuestra realidad social.
En nuestro país se ha desarrollado
una variable de la tesis de las atribuciones implícitas a través de ciertas tesis
jurisprudenciales. Bajo el influjo de estas tendencias se ha llegado a admitir que la
Federación tiene facultades para legislar en aquellas materias que la Constitución
habilita su intervención, aunque no se reconozca expresamente la potestad legislativa en
el artículo 73 de la Carta Magna.
La Suprema Corte de Justicia ha
expuesto que “es notorio que las facultades legislativas de la Federación no son
únicamente las consignadas de modo expreso en el artículo 73 de la Constitución, puesto
que diversas disposiciones de la misma Carta Fundamental, se refieren a esas facultades
sobre materias distintas de las especificadas en el mencionado precepto, en cuanto tales
disposiciones imparten competencia y jurisdicción a la Federación”.
Después de que nuestro país
asumió en el texto del artículo 124 de la Constitución la fórmula clásica del
federalismo dual, el articulado de la carta ha sido retocado en varias ocasiones para
otorgarle al federalismo mexicano matices muy peculiares.
Al respecto destaca la adopción en
ciertas materias de las llamadas leyes generales o leyes marco, a partir de las cuales se
autoriza la distribución de competencias por parte del legislador entre los distintos
órdenes de gobierno; tarea que antes estuvo reservada de manera exclusiva a la
Federación. Tal ha sido el caso de las materias de educación, salud, asentamientos
humanos, medio ambiente y deporte.
Cuarto. La presente iniciativa se
fundamenta en los derechos sociales regulados en nuestra Constitución y en el derecho
internacional de los derechos humanos surgido a mediados del Siglo XX.
Para el análisis de los derechos
sociales expresados en nuestra Constitución se parte de la diferenciación existente con
las garantías individuales. Diremos que la expresión derecho social alude a un fenómeno
diferente: el surgimiento de una legislación que vele por los intereses específicos de
sectores más débiles de la población. Se trata de los trabajadores, campesinos,
indígenas, de las niñas y los niños, de las personas con discapacidad, entre otros
grupos sociales. En todos estos casos se busca aminorar los efectos desigualitarios que el
régimen capitalista genera.
Las disposiciones que se ocupan de
grupos específicos tienen otra generalidad y diferente jerarquía en el orden jurídico.
El énfasis que se ha puesto en los derechos individuales como derechos de libertad, que
consecuentemente requieren de un no hacer o interferir por parte del Estado y de los
demás sujetos jurídicos, ciertamente pareciera marcar una diferencia con las garantías
sociales, las cuales suponen la injerencia directa de la sociedad para ofrecer los apoyos
que ciertas personas o grupos necesitan para su de-sarrollo.
El derecho social debe promover y
lograr el desarrollo humano con equidad y justicia, con el fin de integrar a la
convivencia social a sectores empobrecidos, vulnerables, vulnerados y excluidos. Lo que
llamamos justicia social es simplemente el resultado de sintonizar las estructuras
sociales con los dictados del cuerpo. Pero no se trata de ayudar por vía asistencial o
proteccionista a los que carecen de lo básico o disminuir su distancia económica
respecto de quienes lo tienen todo, sino de generar un entorno favorable al crecimiento
humano integral sin excluir a nadie.
En lo que corresponde al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, tenemos que la segunda mitad del Siglo XX, ha
planteado a la humanidad diferentes problemáticas, que evidencian a las generaciones de
derechos hasta entonces consagradas, las cuales resultan insuficientes para garantizar la
vida digna, incluso la vida misma del hombre. Es así, que a los derechos civiles y
políticos de la primera generación y a los sociales, económicos y culturales de la
segunda, se le añaden los derechos de solidaridad y subsidiaridad como una tercera
generación. Estos últimos se explican en la prioridad del mantenimiento y subsistencia
de los grupos sociales como tales.
El principio de subsidiaridad lo
encontramos en el Tratado de Maastricht de 1991 de la Unión Europea, que junto con los
principios de la democracia, los derechos humanos y del Estado de Derecho fue consagrado
este principio que, procediendo de la doctrina católica social, postula la
descentralización bajo el punto de vista de la eficiencia y de solidaridad. Las entidades
más pequeñas por estar más cercanas al hombre particular, tienen el derecho y la
obligación de suministrar los subsidios necesarios y las ayudas adecuadas, en cuanto
estén capaces. La entidad más grande solamente debe intervenir cuando no es posible
garantizar la asistencia precisa en el nivel más bajo, es decir en un caso de indigencia
particular el municipio es competente, cuando no existe la ayuda familiar suficiente.
Cuando se trata de problemas de un alcance más grande, la entidad federativa es
responsable y finalmente la Federación o la Unión Europea.
Por ello es importante que exista
una norma federal que recabe estos principios, establezca disposiciones concretas, recoja
las experiencias y busque articular los esfuerzos de la población y autoridades. Resulta
por demás importante e indispensable la realización de acciones afirmativas que
promuevan un tipo de atención acorde a los requerimientos de los actores y los
protagonistas vulnerados en sus derechos, a partir del diseño de puentes y apoyos
especiales en detrimento de las acciones que potencialicen las diferencias y las
desventajas.
Del mismo modo, la adición
propuesta de ninguna forma pretende imponer u otorgar facultades distintas a las entidades
federativas ni a los municipios o limitación alguna a su autonomía, sino que tiene el
propósito de establecer bases generales, lineamientos sobre los cuales la Federación,
las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, coadyuven con una
legislación compacta y concreta de beneficio común; tampoco se pretende imponer un
criterio centralista, por lo que corresponderá al Congreso Federal definir con toda
precisión cuando establezca las bases generales, los ámbitos de competencia que
corresponden a los diferentes niveles de gobierno, sobre las materias de niñas y niños,
personas con discapacidad y adultos mayores.
Creemos que al facultar de manera
expresa al Congreso General, sentamos las bases jurídicas para que se legisle sobre estas
materias en todo el territorio mexicano; evitando así realizar interpretaciones erróneas
al texto de la Constitución, al legislar con facultades que la Constitución no confiere
y con el fin de evitar posibles conflictos competenciales innecesarios.
La importancia que hemos asignado a
la distribución de competencias y a la concurrencia y coordinación entre los diferentes
niveles de gobierno en estas materias, tendrá su expresión práctica cuando, en su
momento, las legislaturas de los estados, el Distrito Federal y los municipios, expidan,
modifiquen y actualicen sus ordenamientos en las materias, a partir de bases expresamente
señaladas en leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión. Corresponderá,
igualmente, a esta soberanía señalar y regular los casos en donde sólo deba participar
la Federación cuando se trate de disposiciones con alcance nacional y asi mismo regular
los demás casos que correspondan al ámbito local.
En tal virtud, se hace necesario
establecer un marco jurídico, con indiscutible sustento constitucional, que establezca
los mecanismos idóneos y que regulen los derechos otorgados por la Constitución General
y los tratados internacionales suscritos por México a favor de estos grupos vulnerables.
Quinto: Con la adición planteada,
se tendrán las condiciones para expedir leyes generales que reafirmen las bases sobre las
que se construya un sistema nacional de atención y protección para los principales
grupos vulnerables que, respetando las competencias de las instancias de gobierno,
coordine el ejercicio de las mismas. Al modificar la Constitución y hacer posible una
legislación que establezca la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, se
podrá hacer frente a la necesidad de articular políticas nacionales de atención y
protección a los derechos de las niñas y niños, personas con discapacidad y adultos
mayores y contar con ordenamientos jurídicos que establezcan:
1. Las normas y principios básicos
conforme a los cuales se llevarán a cabo acciones coordinadas de atención y protección
de derechos de los grupos vulnerables, entre la Federación, las entidades federativas, el
Distrito Federal y los municipios, de tal suerte que la participación de la Federación
se lleve a cabo cuando la situación así lo requiera o afecten a más de una entidad o
rebasen la capacidad de éstas o la de los municipios;
2. Los mecanismos legales para
llevar a cabo tales acciones;
3. Políticas que promuevan y
garanticen la participación social en la materia, así como en la elaboración,
ejecución y evaluación de los programas inherentes y
4. Las normas y principios para
fomentar la cultura de respeto y no discriminación a los Grupos Vulnerables.
Por último, la propuesta de
adición a la fracción XXIX de una letra K del artículo 73 constitucional se considera
una necesidad, a efecto de facultar al Congreso Federal para expedir leyes que establezcan
las bases de coordinación en las materias de los grupos vulnerables entre los distintos
órdenes de gobierno.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con
PROYECTO
DE DECRETO
Unico. Se adiciona la fracción XXIX-K al
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue:
“Artículo 73...
De la I a la XXIX-J...
Fracción XXIX-K. Expedir leyes que
establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, las entidades federativas, el Distrito
Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de:
niñas y niños, personas con discapacidad y adultos mayores.
XXX...”
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 22 de octubre de 2002.— Diputada Arcelia
Arredondo García.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias señora diputada.
Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de
Puntos Constitucionales.
El diputado Amador Rodríguez
Lozano que tenía agendada la presentación de una iniciativa se pospone para la siguiente
reunión dicha presentación por no encontrarse el diputado.
Igual han solicitado que se
posponga los diputados Tomás Torres Mercado y Magdalena Núñez Monreal, para presentar
sus iniciativas en próxima sesión.
Pasamos al orden del día en el
punto señalado dictámenes de primera lectura.
TURISMO
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
El siguiente punto del orden del
día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción
XXIX-K al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura.— Comisión de
Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión
de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que
adiciona la fracción XXVIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 39, 40 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y los artículos 56, 60, 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos
a consideración de esta Asamblea el siguiente
dictamen
I. Del proceso legislativo.
A) En sesión celebrada el 28 de
noviembre de 2000 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la
diputada María Cruz Martínez Colín, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXVIII
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
B) En reunión de la Comisión de
Puntos Constitucionales, celebrada el 14 de diciembre del año 2000, se dio trámite de
recibo correspondiente a la iniciativa referida en el inciso anterior.
C) Con fecha 17 de octubre del año
2002, en sesión de la comisión, existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el
presente dictamen, por lo que se pone a consideración de esta soberanía para su
discusión y resolución constitucional.
II. Materia de la iniciativa.
La iniciativa propone mediante la
adición a la fracción XXVIII del artículo 73 de la Norma Suprema, ahora derogada, darle
facultades al Congreso de la Unión de legislar en materia de turismo, demandando para tal
hecho, el que la legislación secundaria establezca las bases de coordinación de la
facultad concurrente entre la Federación, estados, municipios, Distrito Federal, así
como la participación de los sectores privado y social.
III. Valoración de la iniciativa.
Para los iniciadores es de vital
importancia concretar la reforma constitucional dada la importancia que el turismo ha
tomado en México, basta decir que en un principio fue una actividad meramente comercial,
convirtiéndose en la actualidad en una de las actividades económicamente prioritarias
por ser uno de los países que más destinos turísticos ofrece, tanto a nacionales como a
extranjeros.
Los autores de la iniciativa
recalcan la importancia económica que tiene el turismo en México, ya que para el periodo
1998-1999 aportó al Producto Interno Bruto el 8.2%, lo que representó el 3.1% de la
captación mundial por concepto de turismo, hecho significativo, ya que para dicho periodo
el país obtuvo el decimotercer lugar en cuanto a ingresos captados, superando el lugar 17
obtenido en 1995.
México además, ha venido ocupando
la séptima posición mundial en llegada de turistas, para 1998 y parte de 1999, los
ingresos captados por concepto de visitantes internacionales fueron superiores a los del
petróleo y sólo superados por exportaciones manufactureras.
Quienes expresan su voluntad de que
se reforme la Ley Suprema en materia de turismo, establecen, que no obstante la existencia
de programas, objetivos estratégicos, consejos consultivos, convenios de coordinación,
planes de promoción, de desarrollo y de servicios turísticos etcétera, el turismo
requiere de una base que establezca los lineamientos generales para regular esta
actividad, potencializando los esfuerzos de los diversos órdenes de gobierno en los que
participen los sectores público, privado y social, con el fin de que los municipios y
estados, sean los que definan el destino que se debe dar a aquellos bienes susceptibles de
ser utilizados dentro de su territorio para el turismo.
Consideran que al establecer las
bases constitucionales para la participación concurrente entre la Federación, las
entidades federativas y los municipios, en materia de turismo, se impulsaría un
auténtico federalismo, entendido éste como una forma de movilizar y amalgamar esfuerzos
entre los diversos órdenes de gobierno, mediante la diversificación o descentralización
de las políticas públicas.
Los integrantes de la Comisión de
Puntos Constitucionales consideramos oportuno reformar la Ley Suprema incorporando como
facultad del Congreso de la Unión, legislar en materia de turismo, bajo la condicionante
expresa de que tal legislación deberá incorporar las bases generales de coordinación de
una facultad que será concurrente entre la Federación, estados, municipios y el Distrito
Federal; así como la manera que para tal efecto deberán participar los sectores social y
privado.
La exigencia cada vez más activa
de los estados y municipios de la República sobre su participación en rubros económicos
de trascendencia nacional como lo es el turismo y el impulso que actualmente requiere el
sector para aumentar sus ingresos, que en el año 2002 representó el 8.40% del Producto
Interno Bruto, según datos del Banco de México, requiere de la participación activa y
coordinada de los distintos niveles de gobierno, bajo el esquema de un federalismo activo
y horizontal.
No obstante lo anterior, los
integrantes de esta comisión, consideramos oportuno precisar los siguiente:
1. En el marco jurídico federal
vigente encontramos la Ley Federal de Turismo publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de
diciembre de 1992; misma que fue aprobada por el Congreso de la Unión con fundamento en
la fracción X del artículo 73 de la Constitución Federal, que establece como facultad
de dicho poder, legislar en materia de comercio, siendo, pues que el turismo es
considerado un acto de comercio, lo cual se ve reflejado en el artículo 75 fracción VIII
del Código de Comercio, que atribuye actos de comercio a las empresas de turismo.
Asimismo, encontramos la tesis P.
XLII/90, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo V,
enero-junio de 1990 primera parte, que a la letra dice:
"Turismo: el Congreso de la
Unión tiene facultades constitucionales para expedir la Ley de la Materia, por lo que sus
artículos 57 y 60 no son inconstitucionales al regir la actividad de los prestadores de
servicios turísticos.
El artículo 25 constitucional
establece el principio de la rectoría del Estado en el desarrollo económico nacional,
otorgándole las atribuciones que le permitan planear, conducir, coordinar y orientar la
actividad económica, así como impulsar el movimiento empresarial de los sectores social
y privado dentro del marco de libertades que otorga la Constitución; por su parte, la
fracción XXIX-E del artículo 73 constitucional, otorga al Congreso de la Unión la
facultad de expedir leyes relacionadas con acciones de orden económico, especialmente las
que le tenga como fin la producción de bienes y servicios social y nacionalmente
necesarios; en consecuencia, como el turismo es una actividad cuya promoción conviene el
desarrollo nacional por ser de sustancial importancia económica, dado que es notable como
fuente de divisas y como creador de empleos, ha de concluirse que su regulación compete
al Congreso de la Unión. Por ello, los artículos 57 y 60 de la Ley Federal de Turismo,
que imponen a los prestadores de servicios turísticos diversas obligaciones mediante las
cuales quedan sujetos al control administrativo de la Secretaría del ramo, no son
inconstitucionales, puesto que la Federación tiene facultades, tanto para legislar sobre
la materia, como para vigilar la actividad económica a que se dedican.
Amparo en revisión 9665/84.
Margarita Domínguez Junco. 17 de enero de 1990. Mayoría de 18 votos..."
2. La iniciativa propone que el
precepto normativo a incorporar en la Constitución, se establezca en la fracción XXVIII
del artículo 73, la cual se encuentra derogada.
Al respecto los miembros de la
Comisión de Puntos Constitucionales, consideramos que es conveniente preservar la
tradición del poder de revisión de la Constitución, al no utilizar una fracción
derogada puesto que de esta manera se hace del conocimiento de los ciudadanos que esa
fracción derogada tenía una materia particular, por lo que consideramos adicionar una
fracción XXIX-K al artículo 73, a fin de ubicar la facultad de legislar del Congreso en
materia de turismo en esta nueva fracción. Por lo anterior los diputados integrantes de
esta comisión compartimos la idea que el Constituyente Permanente tiene la facultad
exclusiva de adicionar y reformar la Constitución; por lo que, tomando en cuenta que
adicionar es agregar algo nuevo a lo ya existente, es decir, toda adición supone la
supervivencia íntegra del texto antiguo y, reformar es también la supresión de un
precepto de la ley sin sustituirlo por ningún otro.
Por lo anteriormente expuesto, los
integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales nos permitimos someter a la
consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
el siguiente
DECRETO
Mediante el cual se adiciona una
fracción XXIX-K al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo único. Se adiciona una fracción XXIX-K
al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue:
“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I a la XXIX-J...
XXIX-K. Para expedir leyes en
materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades
concurrentes entre la Federación, estados, municipios y el Distrito Federal, así como la
participación de los sectores social y privado.”
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 17 de
octubre de 2002.— Comisión de Puntos Constitucionales. Diputados: Salvador Rocha Díaz, PRI, presidente; Juan Manuel Carreras López, PRI, Martha Patricia Martínez Macías, PAN, Ramón León Morales, PRD, secretarios; Roberto Aguirre Solís, PAN; Cuauhtémoc Cardona Benavides, PAN; Raúl Cervantes Andrade, PRI; Jaime Cervantes Rivera, PT; Tomás Coronado Olmos, PAN; Eréndira Olimpia Cova Brindis, PRI; Oscar Alfonso del Real Muñoz, PRI; Arturo Escobar y Vega, PVEM; Uuc-kib Espadas Ancona, PRD; María Eugenia Galván Antillón, PAN; Javier García González, PRI; Alfredo Hernández Raigosa, PRD; José de Jesús Hurtado, PAN; Oscar Maldonado Domínguez, PAN; Fernando Pérez Noriega, PAN; Rafael Rodríguez Barrera, PRI; José Elías Romero Apis, PRI; Mónica Leticia Serrano Peña, PAN; Felipe Solís Acero, PRI; Agustín Trujillo Iñiguez, PRI; José Velázquez Hernández, PRI; Alejandro Zapata Perogordo, PAN e Ildefonso Zorrilla Cuevas, PRI.»
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, queda de
primera lectura.
PODER
LEGISLATIVO
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
El siguiente punto es la primera
lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo
63 y la fracción IV del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de
Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión
de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma los artículos 59; 63 párrafo primero, 65 párrafo primero; 66 párrafo primero;
70 párrafos primero y segundo; 74 párrafos segundo y sexto de la fracción IV, 77
fracción IV; 93 párrafo tercero; 116 párrafo segundo de la fracción II; se adicionan
al artículo 63 los incisos a, b, c y d en el párrafo primero; 70 con un párrafo cuarto
y el actual párrafo cuarto se recorre al quinto; 73 dos fracciones; 93 con los párrafos
cuarto y quinto y se deroga el párrafo segundo del artículo 66, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 39, 40 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y los artículos 56, 60, 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos
a consideración de esta Asamblea el siguiente
dictamen
I. Del proceso legislativo.
a) En sesión celebrada el 20 de
marzo de 2002 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado
Felipe Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 59, 63 párrafo primero;
65 párrafo primero; 66 párrafo primero; 70 párrafos primero y segundo; 74 párrafos
segundo y sexto de la fracción IV; 77 fracción IV; 93 párrafo tercero; 116 párrafo
segundo de la fracción II; se adicionan al artículo 63 los incisos a, b, c y d
en el párrafo primero; 70 con un párrafo cuarto y el actual párrafo cuarto se recorre
al quinto; 73 dos fracciones; 93 con los párrafos cuarto y quinto, y se deroga el
párrafo segundo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su
estudio y elaboración del dictamen correspondiente.
b) En reunión de la Comisión de
Puntos Constitucionales, celebrada el 7 de agosto del año 2002, se dio trámite de recibo
correspondiente y se aprobó iniciar la discusión de la iniciativa objeto del presente
dictamen.
c) En diversas reuniones los
integrantes de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, realizaron los estudios y
los debates necesarios para lograr los consensos necesarios para la aprobación de este
dictamen.
d) Con fecha 17 de octubre del año
2002, en sesión de la comisión, existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el
presente dictamen, por lo que se pone a consideración de esta soberanía para su
discusión y resolución constitucional.
II. Materia de la iniciativa.
La iniciativa referida en el inciso
a del apartado anterior, propone reformar, entre
otros temas, el artículo 63 de la Norma Suprema con el fin de especificar, en cada uno de
los casos, las formas de cubrir las vacantes dadas al inicio de la legislatura tanto de
diputados, como de senadores electos por los diferentes principios.
Plantea que la vacante de miembros
de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación proporcional, sea
cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la
lista nacional respectiva, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren
correspondido.
Propone que la vacante de miembros
de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, sea cubierta por
aquella fórmula de candidatos del mismo partido, que para la entidad federativa de que se
trate se haya registrado en segundo lugar en la lista.
Finalmente, se propone eliminar el
contenido de la fracción IV del artículo 77 relativo a la sustitución de diputados
electos por el principio de representación proporcional, pasándolo éste al artículo
63.
III. Valoración de la iniciativa.
El sistema de democracia
representativa adoptado por nuestra Constitución, ha evolucionado en las últimas
décadas, la Constitución de 1917, sólo preveía la existencia de diputados y senadores
electos por el principio de mayoría relativa; para el año 1963, se instalan en nuestro
país los primeros diputados de representación proporcional, denominados: diputados de
partido; los cuales eran concedidos a aquellos partidos políticos que no lograban ganar
ningún distrito electoral uninominal.
Con el propósito de ampliar la
representación plural del Congreso y reunir todas las corrientes ideológicas en la vida
parlamentaria, en 1986 se incorporan 200 diputados electos por el principio de
representación proporcional, los cuales serán asignados a los partidos políticos de
acuerdo al porcentaje de votos que hayan obtenido en cualquiera de las cinco
circunscripciones plurinominales creadas para tales efectos.
Consecuentemente y bajo el esquema
de reformas electorales consensadas por los diversos grupos políticos del país, se
incorporan en la Norma Suprema en 1993 y 1996 los senadores electos por el principio de
primera minoría y representación proporcional, respectivamente.
Los diputados miembros de la
Comisión de Puntos Constitucionales, coincidimos con los iniciadores en que, si bien a
nivel constitucional y legal están previstos mecanismos para garantizar la presencia de
los legisladores en el Congreso, existen lagunas jurídicas respecto de las vacantes que
puedan presentarse, por lo que resulta una necesidad dar seguridad desde la Ley
Fundamental sobre las reglas a las que han de sujetarse las vacantes de los legisladores y
que dicho cuerpo colegiado no se vea mermado en su composición.
Al caso, hay que señalar que la
iniciativa sólo se refiere a la sustitución de diputados y senadores al inicio de la
legislatura, dejando a un lado las vacantes ocurridas durante la misma, por lo que
coincidimos en adecuar la reforma a estos dos supuestos; cumpliendo de esta manera con lo
previsto por los artículos 52 y 56 constitucionales, en relación a la composición de
las cámaras, en cuanto al número y origen de los legisladores que la integran.
Los congresos son órganos de
formación de la voluntad del pueblo, en el seno de los cuales se forman consensos
básicos en torno a las decisiones políticas que atañen a la colectividad; por esta
razón, es de suma importancia reformar la Norma Suprema, para que las vacantes de los
miembros del Congreso sean efectivamente cubiertas.
En este sentido, conviene
establecer en el primer párrafo del artículo 63 de la Constitución, los mecanismos de
sustitución de vacantes de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa,
vacantes de diputados electos por el principio de representación proporcional y vacantes
de senadores electos por el principio de representación proporcional y de primera
minoría.
Dicho lo anterior, nos permitimos
someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de
la Unión el siguiente
DECRETO
Mediante el cual se reforma el
párrafo primero del artículo 63 y la fracción IV del artículo 77 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se reforma el párrafo primero
del artículo 63 y la fracción IV del artículo 77 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 63. Las cámaras no pueden abrir
sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la
mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán
reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de
los 30 días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen, se entenderá por
ese sólo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que
deberán presentarse en un plazo igual y, si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el
puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión que se
presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se
cubrirán: la vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio
de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de
conformidad con lo que dispone la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución; la
vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación
proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en
el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados
que le hubieren correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos
por el principio de representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de
candidatos del mismo partido que siga en el orden de lista nacional, después de
habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido; y la vacante de miembros
de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, será cubierta
por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se
trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente.
. . .
. . .
. . .
Artículo 77. . .
I a la III. . .
IV. Expedir convocatoria, dentro
del término de 30 días a partir de que ocurra la vacante, para elecciones
extraordinarias que deberán celebrarse dentro de los 90 días siguientes, con el fin de
cubrir las vacantes de sus miembros a que se refiere el artículo 63 de esta
Constitución, en el caso de vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión
por el principio de mayoría relativa, salvo que la vacante ocurra dentro del año final
del ejercicio del legislador correspondiente."
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico. Este decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.— México, DF, a 17
de octubre del 2002.— Comisión de Puntos Constitucionales: diputados: Salvador Rocha Díaz, PRI, presidente; Juan Manuel Carreras López, PRI; Martha Patricia Martínez Macías, PAN; Ramón León Morales, PRD, secretarios; Roberto Aguirre Solís, PAN; Cuauhtémoc Cardona Benavides, PAN; Raúl Cervantes Andrade, PRI; Jaime Cervantes Rivera, PT; Tomás Coronado Olmos, PAN; Eréndira Olimpia Cova
Brindis, PRI; Oscar Alfonso del Real Muñoz, PRI;
Arturo Escobar y Vega, PVEM; Uuc-kib Espadas Ancona, PRD; María Eugenia Galván Antillón, PAN; Javier García González, PRI; Alfredo Hernández Raigosa, PRD; José de Jesús Hurtado, PAN; Oscar Maldonado Domínguez, PAN; Fernando Pérez Noriega, PAN; Rafael Rodríguez Barrera, PRI; José Elías Romero Apis, PRI; Mónica Leticia Serrano Peña, PAN; Felipe Solís Acero, PRI; Agustín Trujillo Iñiguez, PRI; José Velázquez Hernández, PRI; Alejandro Zapata Perogordo, PAN e Ildefonso Zorrilla Cuevas, PRI.»
En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, queda de
primera lectura.
La Presidente diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Dictámenes a discusión.
El siguiente punto del orden del
día es el dictamen a discusión relativo a puntos de acuerdo turnados a comisiones.
En virtud de que se encuentran
publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Como informó la Presidenta en
funciones, el siguiente punto del orden del día es el relativo a dictámenes a
discusión; dado que están publicados en la Gaceta
Parlamentaria, pero que los vamos a someter a votación en este momento, le ruego a la
Secretaría se dé lectura a los puntos de acuerdo con los antecedentes. Déle lectura de
manera íntegra.
ESTADO
DE CHIHUAHUA
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
De la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales el punto de acuerdo para que la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua, tomen las medidas necesarias, a fin
de solucionar el problema ecológico provocado por aguas negras en el Valle de Juárez,
estado de Chihuahua, presentada el día 15 de noviembre de 2001.
Honorable Asamblea: a la Comisión
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la proposición para que la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua tomen
medidas necesarias, a fin de solucionar el problema ecológico provocado por aguas negras
en el Valle de Juárez, estado de Chihuahua, presentada por el diputado Gregorio Meza de
la Rosa, el día 15 de noviembre de 2001.
Esta comisión, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 39; 45 en su numeral 6 incisos e, f, y
g y demás relativos y aplicables de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los
artículos 58, 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración
de esta honorable Asamblea el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:
I. Antecedentes
1. Con fecha 15 de noviembre de
2001, la Presidencia de esta Cámara de Diputados turnó a esta Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales la proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (CNA),
tomen las medidas necesarias a fin de solucionar el problema ecológico provocado por
aguas negras en el Valle de Juárez, estado de Chihuahua, presentada por el diputado
Gregorio Meza de la Rosa, a nombre de diputados integrantes del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.
2. La región a la que se refiere
el presente punto de acuerdo comprende los municipios de Guadalupe y Praxedis; los ejidos
de San Agustín, San Isidro, Jesús Carranza, Tres Jacales y El Millón, entre otros; toda
esta parte geográfica del territorio nacional es conocida como Valle de Juárez.
3. Por ello, la comisión realizó
un estudio minucioso del conflicto que brota al norte del estado de Chihuahua en la
región que colinda con el sur de Estados Unidos de América, denominado Valle de Juárez.
A partir de estos antecedentes, los
miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que suscriben el presente
dictamen, exponemos las siguientes
II. Consideraciones
1. Con fundamento legal en el
artículo 27 constitucional que describe al inicio que: "la propiedad de las tierras
y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden
originalmente a la nación...", así como en la descripción de su párrafo tercero,
"...en consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de
tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la
función, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para
preservar y restaurar el equilibrio ecológico...". Por dicha fundamentación, se
entiende que el agua que se utiliza para el riego en la zona del Valle de Juárez para las
acequias de la región se utilizan del río Bravo. Aguas que se comprenden del territorio
nacional y de competencia federal.
2. En Ciudad Juárez son demasiadas
las unidades económicas que diariamente utilizan cientos de miles de litros de agua y una
vez que se ha contaminado la vierten al drenaje sanitario, agua que fluye a través de la
acequia madre y con la cual se riegan miles de hectáreas de sembradíos en los márgenes
del río Bravo, causando daño ecológico al suelo y al subsuelo. Por ello en el artículo
92 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), se
menciona que: "con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los
niveles de desperdicio, las autoridades competentes promoverán el ahorro y uso eficiente
del agua, el tratamiento de aguas residuales y su reúso". Asimismo, en el artículo
93 de dicha ley se entiende que la Semarnat realizará las acciones necesarias para evitar
y, en su caso, controlar procesos de eutroficación, salinización y cualquier otro
proceso de contaminación en las aguas nacionales.
3. Asimismo, los artículos 108
fracción I; 117; 120 fracciones I, II, VII; y 128, de la LGEEPA son las disposiciones
necesarias para atender la problemática que se presenta en el Valle de Juárez.
4. Con fundamento en el párrafo
quinto del artículo 27 de la Constitución mexicana, entendemos que los ríos y sus
afluentes directos e indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras
aguas permanentes, tienen qué ver con la contaminación de las aguas, mismas con las que
los campesinos riegan sus cosechas en el Valle de Juárez. Como de este numeral
constitucional se desprende la Ley de Aguas Nacionales, encontramos la disposición
jurídica en dicha ley que será el Ejecutivo Federal a través de la CNA quien tendrá
que administrar las aguas nacionales.
5. No sin antes entender que se
declara como de utilidad pública el establecimiento de distritos de riego o unidades de
drenaje y la adquisición de las tierras y demás bienes inmuebles necesarios para
integrar zonas de riego o drenaje.
6. Encontramos en la Ley de Aguas
Nacionales las atribuciones que le corresponden a la CNA, donde en la fracción IV del
artículo 9o. de la mencionada ley, dice que será atribución de la comisión:
"fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado;
los de saneamiento, tratamiento y reúso de aguas; los de riego o drenaje y los de control
de avenidas y protección contra inundaciones. En su caso, contratar o consesionar la
prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convengan con
terceros".
7. Con respecto a la contaminación
de las aguas, afectadas por las pequeñas unidades económicas que se encuentran en la
Ciudad de Juárez, la LGEEPA nos indica en su artículo 121 que: "no podrán
descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente de agua o en el suelo o
subsuelo, aguas residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento y el
permiso o autorización de la autoridad federal o de la autoridad local en los casos de
descarga en aguas de jurisdicción local o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de
los centros de población".
8. El artículo 124 de la LGEEPA
indica que, cuando las aguas residuales afecten o puedan afectar fuentes de abastecimiento
de agua, la Semarnat lo comunicará a la Secretaría de Salud y negará el permiso o
autorización correspondiente o revocará y, en su caso, ordenará la suspensión del
suministro.
9. Si los campesinos utilizan las
aguas para riego, una vez que son arrojadas al drenaje las cuales están contaminadas y
luego desembocan al río Bravo del mismo que riegan las cosechas, no se cumple con las
leyes y normas ambientales para la prevención y control de la contaminación del agua, ya
que como se sabe, las aguas residuales provenientes de los sistemas de drenaje y
alcantarillado urbano, podrán utilizarse en la industria y en la agricultura, si es
sometida en los casos que se requiera a un tratamiento que cumpla tanto con las normas
oficiales mexicanas como leyes ambientales federales y locales, ya que es de gran
importancia que el aprovechamiento existente de aguas residuales en la agricultura cumpla
con los requisitos necesarios para poder utilizarla, asimismo promover las acciones para
mejorar la calidad del recurso conforme a la reglamentación de los cultivos y las
prácticas de riego.
10. Aun cuando en Ciudad Juárez se
realizó la construcción de dos plantas tratadoras de aguas residuales, éstas no aportan
solución alguna al problema, ya que los productores de la región continúan sembrando y
cosechando bajo condiciones insatisfactorias debido a que el agua tratada se mezcla con
aguas contaminadas, debido a la falta de capacidad volumétrica de dichas plantas
tratadoras en su efecto de más de seis metros cúbicos por segundo de aguas negras que se
de-sechan en esta ciudad, sólo se tratan poco más de dos.
11. Como indica la Ley Agraria en
su artículo 52, que el uso o aprovechamiento de las aguas ejidales corresponde a los
propios ejidos y a los ejidatarios, según se trate de tierras comunes o parceladas. No
por ello se dará un descuido de las autoridades competentes, así como de los ejidatarios
para descuidar la prevención y control de las aguas nacionales.
12. La Comisión de Medio Ambiente
y Recursos Naturales concuerda ampliamente con la proposición de punto de acuerdo
presentada por el diputado Gregorio Meza de la Rosa, por ello fue más sencillo el estudio
del presente punto de acuerdo y considerar concretamente.
Con base en las consideraciones
expuestas, los integrantes de esta comisión nos permitimos poner a consideración del
pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales para que, en estricto apego a la ley adopte las medidas que
se estimen pertinentes a fin de resolver el problema ecológico provocado por aguas negras
en el Valle de Juárez, estado de Chihuahua.
Segundo. Que la Comisión Nacional del Agua
realice conforme a la ley competente estudios que estimen necesarios y ponga en marcha un
plan de desarrollo ecológico sustentable, a efecto de resolver en definitiva dicho
problema y se cuente a mediano plazo, con aguas limpias y adecuadas para los usos propios
de la población del Valle de Juárez.
Sala de comisiones, Palacio
Legislativo, DF, a 4 de junio de 2002.— Diputados: Diego Cobo Terrazas, presidente; Gustavo Lugo Espinoza, Jesús de la Rosa Godoy,
Jesús Garibay García, Miguel Angel Gutiérrez Machado, secretarios; Francisco Arano Montero, Héctor Pineda Velázquez,
Jaime Rodríguez López, José Jacobo Nazar Morales, José Manuel Díaz Medina, José
María Guillén Torres, José María Tejeda Vázquez, Julio César Vidal Pérez, Librado
Treviño Gutiérrez, Miguel Angel Torrijos Mendoza, Miguel Bortolini Castillo, Pedro
Manterola Sáinz, Rafael Ramírez Agama, Rafael Ramírez Sánchez, Ramón Ponce Contreras,
Raúl Gracia Guzmán, Raúl Efrén Sicilia Salgado, Rómulo Garza Martínez, Rosa Delia
Cota Montaño, Sergio García Sepúlveda, Donaldo Ortiz Colín, Vitalicio Cándido Coheto
Martínez, Manuel Garza González, Juan Carlos Pallares Bueno y Juan Carlos Sáinz Lozano.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Está a discusión este punto de
acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la
palabra, se reserva para su votación en conjunto.
Dé lectura la Secretaría al
siguiente punto de acuerdo publicado ya en la Gaceta
Parlamentaria.
QUELONIOS
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo.— LVIII
Legislatura.— Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
De la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, con punto de acuerdo para que se lleve a cabo una auditoría al Centro
Mexicano de la Tortuga y se le proporcionen los recursos necesarios para que continúe su
importante labor de investigación y protección de quelonios.
Honorable Asamblea: a la Comisión
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo
para que se lleve a cabo una auditoría al Centro Mexicano de la Tortuga y se le
proporcionen los recursos necesarios para que continúe su importante labor de
investigación y protección de los quelonios, presentada por el diputado Jaime
Larrazábal Bretón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el
día 26 de abril del año 2001.
Esta comisión, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 60, 93 y demás
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente punto
de acuerdo, de conformidad con los siguientes
I. Antecedentes
1. El día 26 de abril del año
2001, ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el
diputado Jaime Larrazábal Bretón presentó la proposición con punto de acuerdo para que
se lleve a cabo una auditoría al Centro Mexicano de la Tortuga y se le proporcionen los
recursos necesarios para que continúe su importante labor de investigación y protección
de los quelonios.
2. Esta Comisión de Medio Ambiente
y Recursos Naturales procedió al análisis de la proposición con punto de acuerdo
señalada y a investigar su viabilidad técnica y jurídica para una mejor
instrumentación de la política ambiental en nuestro país.
A partir de estos antecedentes, los
miembros de la comisión que suscribimos el presente dictamen exponemos las siguientes
II. Consideraciones
1. En primer lugar, para comprender
el interés que motivó la propuesta formulada en el punto de acuerdo, es indispensable
exponer las características biológicas particulares de las tortugas marinas. Una de las
particularidades más sobresalientes de las tortugas es su dura concha, a manera de caja,
que encierra y protege sus órganos vitales. Esa coraza está formada por una capa interna
de placas óseas con una cubierta externa de escudos córneos, cuya última capa, a
menudo, pero no siempre, muestra en sus láminas y escudos un patrón geométrico. A
diferencia de las tortugas terrestres y las de agua dulce, las tortugas marinas no son
capaces de ocultar dentro de la concha sus extremidades, a excepción de una corta
retracción del cuello en dirección vertical.
VER
IMAGEN 1
2. Desde el punto de vista
zoogeográfico, observamos que las tortugas marinas son especies de ambientes tropicales y
subtropicales. Su presencia es estacional y en nuestro país las zonas de mayor abundancia
se circunscriben principalmente a la parte central costera del Pacífico: de Chiapas a
Sinaloa, el golfo de California y costa suroeste de Baja California y en las lagunas
costeras del istmo de Tehuantepec. Por el lado oriental, frecuentan la costa central de
Tamaulipas, el norte de Veracruz, la sonda de Campeche, Yucatán y las costas de Quintana
Roo. La distribución de crías y juveniles es poco conocida para la mayoría de las
tortugas marinas.
A nuestras costas llegan 10 de las
11 diferentes variedades, entre especies y subespecies que existen en la actualidad.
Además, algunas colonias anidadoras son de primera importancia e incluso únicas en el
mundo, como es el caso de las tortugas lora y prieta.
VER
IMAGEN 2
3. En la actualidad, las
actividades humanas que más amenazan la sobrevivencia de las tortugas marinas, además de
la explotación legal e ilegal, es la invasión de playas de anidación por complejos
turísticos, carreteras, agricultura, ganadería, termoeléctricas, explotación
petrolera, industrias contaminantes, plásticos etcétera y en el mar por las capturas
dirigida e incidental, que pueden ocurrir durante el uso de trasmallos, palangres, redes
de cerco y redes de arrastre de diversos tipos.
4. A escala mundial, las tortugas
marinas están consideradas como especies en peligro de extinción, por lo que se
encuentran incluidas en el apéndice 1 de la Convención Internacional para el Comercio de
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES).
5. Como respuesta a este severo
deterioro de las poblaciones de especies de tortugas marinas y ante su inminente
desaparición, el Gobierno Federal decretó, en septiembre de 1991, la creación del
Centro Mexicano de la Tortuga, abriendo sus puertas al público en 1994. En este Centro se
exhiben todas las especies de tortugas marinas que habitan en los litorales de México.
Entre los objetivos más
importantes del Centro Mexicano de la Tortuga están los siguientes:
a) Realizar investigación
científica y tecnológica para el manejo, desarrollo y conservación de la tortuga;
b) La difusión del conocimiento de
la biología, conservación y legislación para la protección de las tortugas;
c) Promoción del concepto de
turismo ecológico en la región y
d) Apoyo al desarrollo y
crecimiento de las comunidades rurales de la región.
Otras de las actividades de mayor
relevancia que el Centro lleva a cabo son la evaluación del número de anidaciones y
éxito de incubación de tortugas marinas en la costa de Oaxaca, el estudio de la
biología reproductiva de las tortugas marinas, el análisis de la incidencia de
enfermedades en las poblaciones anidadoras, principales enfermedades y tratamientos para
tortugas en cautiverio, el diseño de dietas con los requerimientos nutricionales
particulares de las tortugas y la evaluación de la conducta de las tortugas en
cautiverio.
6. El presente punto de acuerdo
tiene un sustento constitucional, ya que nuestra Carta Magna formula en el primer párrafo
de su artículo 25 que "corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional
para garantizar que éste sea integral y sustentable".
Finalmente, en este mismo sentido,
el precepto 27 deja en claro que "la nación tendrá en todo tiempo el derecho de
regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con
objeto de cuidar su conservación" y que, para ello, "se dictarán las medidas
necesarias para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, y para evitar la
destrucción de los elementos naturales".
7. Por otra parte, la Ley General
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en su título segundo, Capítulo III,
referente a la flora y fauna silvestres, reza en su artículo 79 que para la preservación
y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre, se considerarán entre otros
los siguientes criterios:
• Fracción III, la
preservación de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a
protección especial;
• Fracción V, el fomento y
creación de las estaciones biológicas de rehabilitación y repoblamiento de especies de
fauna silvestre;
• Fracción VI, la
participación de las organizaciones sociales, públicas o privadas y los demás
interesados en la preservación de la biodiversidad;
• Fracción VII, el fomento y
desarrollo de la investigación de la fauna y flora silvestres, con objeto de conocer su
valor científico, ambiental, económico y estratégico para la nación y
• Fracción IX, el desarrollo
de actividades productivas alternativas para las comunidades rurales.
8. En cuanto a lo que la Ley
General de Vida Silvestre establece en la materia que nos ocupa, podemos exponer lo
aludido en los artículos 22, 23 y 38 insertos en el Título quinto, referente a las
disposiciones comunes para la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre. En esos artículos se precisa que la Secretaría:
• En coordinación con el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, promoverá el apoyo de proyectos y el
otorgamiento de estímulos para contribuir al desarrollo de conocimientos e instrumentos
para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.
• Promoverá y participará en
el desarrollo de programas de divulgación para que la sociedad valore la importancia
ambiental y socioeconómica de la conservación y conozca las técnicas para el
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.
• Establecerá y operará
centros para investigación de la vida silvestre, en los que se llevarán a cabo
actividades de difusión, capacitación, evaluación, seguimiento permanente, manejo y
cualquier otra actividad que contribuya a la conservación y al desarrollo del
conocimiento sobre la vida silvestre, así como a la integración de éstos a los procesos
de desarrollo sustentable.
9. De todo lo anterior se desprende
que, con fundamento en el artículo 32-bis de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, es competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
ampliar los apoyos al Centro Mexicano de la Tortuga, con la finalidad de que se profundice
en la investigación y difusión de la conservación de las mismas.
En este sentido, señalamos que los
recursos económicos de apoyo al centro podrían ser obtenidos del Fondo Sectorial de
Investigación Ambiental que han integrado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el marco del Programa
Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006.
Por las consideraciones expuestas,
los integrantes de esta comisión nos permitimos poner a la consideración del pleno de la
Cámara de Diputados el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que, en
el marco del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006, se apoye con recursos
económicos al Centro Mexicano de la Tortuga, por medio del Fondo Sectorial de
Investigación Ambiental. Asimismo, para que se auditen los trabajos realizados por dicho
Centro.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales a que revise y, en su caso, actualice los planes de
inspección y vigilancia para las poblaciones de tortugas marinas, en el marco del
Programa Nacional de Protección, Conservación, Investigación y Manejo de Tortugas
Marinas.
Sala de comisiones, México, DF, a
6 de mayo de 2002.— Diputados: Diego Cobo
Terrazas, presidente; Miguel Angel Gutiérrez
Machado, Gustavo Lugo Espinoza, Jesús Garibay García y Jesús de la Rosa Godoy,
secretarios; Ramón Ponce Contreras, José María
Tejeda Vázquez, Juan Carlos Sainz Lozano,, Raúl Gracia Guzmán, Francisco Arano Montero,
Sergio García Sepúlveda, Rómulo Garza Martínez, Carlos Pallares Bueno, Rafael Ramírez
Agama, Rafael Ramírez Sánchez, Miguel Angel Torrijos Mendoza, Librado Treviño
Gutiérrez, José María Guillén Torres, Pedro Manterola Sainz, José Jacobo Nazar
Morales, José Manuel Díaz Medina, Héctor Pineda Velázquez, Manuel Garza González,
Miguel Bortoloni Castillo, Rosa Delia Cota Montaño, Jaime Rodríguez López, Donaldo
Ortiz Colín, Julio César Vidal Pérez, Vitalico Cándido Coheto Martínez y Raúl Efrén Sicilia Salgado.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Está a discusión el punto de
acuerdo... Se consulta a la Asamblea si hay registro de oradores.
No habiendo registro de oradores se
reserva para su votación en conjunto.
Pasamos al siguiente punto de
acuerdo.
GASOLINAS
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«De la Comisión de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para apoyar la demanda del Gobierno del
Distrito Federal a Pemex de la sustitución del etermetilterbutílico (MTBE) usado en sus
gasolinas Magna Y Premium.
Honorable Asamblea: a la Comisión
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo
para apoyar la demanda del Gobierno del Distrito Federal a Pemex sobre la sustitución del
etermetilterbutílico (MTBE), usado en sus gasolinas Magna y Premium, presentada por el
diputado federal Jorge Schettino Pérez, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, el día 14 de noviembre del año 2000.
Esta comisión, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 60, 93 y demás
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente punto
de acuerdo de conformidad con los siguientes
I. Antecedentes
1. El día 14 de noviembre del año
2001, ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el
diputado federal Jorge Schettino Pérez presentó la proposición con punto de acuerdo
para apoyar la demanda del Gobierno de Distrito Federal a Pemex sobre la sustitución del
eter metil terbutílico (MTBE), usado en sus gasolinas Magna y Premium.
2. Esta Comisión de Medio Ambiente
y Recursos Naturales procedió al análisis de la proposición con punto de acuerdo
señalada y a investigar su viabilidad técnica y jurídica para una mejor
instrumentación de la política ambiental en nuestro país.
A partir de estos antecedentes, los
miembros de la comisión que suscribimos el presente dictamen exponemos las siguientes
II. Consideraciones
1. El eter metil terbutílico
(MTBE) es un compuesto químico manufacturado por reacciones químicas del metanol y el
isobutileno. El MTBE es un compuesto utilizado casi exclusivamente como aditivo en los
motores de gasolina, pertenece al grupo de las sustancias químicas llamadas oxigenantes
debido a su capacidad de mantener el oxígeno contenido en las gasolinas. A temperatura
ambiente el MTBE es volátil, flamable y de fácil dilución en agua.
El MTBE es producido en grandes
cantidades, por ejemplo en Estados Unidos la producción en 1999 fue superior a los 200
mil barriles diarios. En México el uso del MTBE está tan generalizado como en Estados
Unidos, de tal forma que Pemex importa MTBE para utilizarlo en sus gasolinas.
2. La necesidad de utilizar
oxigenantes radica en que éstos contribuyen a hacer más eficiente la combustión en las
gasolinas, reduciendo así la emisión de hidrocarburos volátiles al ambiente por los
vehículos automotores. Una razón por la que se prefiere el MTBE, en vez de otros
oxigenantes, es por su bajo costo, ello a pesar de su lenta biodegradación y elevada
persistencia en el ambiente.
3. De acuerdo con la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), el MTBE es
un problema, ya que resultados de estudios demuestran su presencia creciente en los mantos
acuíferos, muchos de los cuales son utilizados para consumo humano. Además, dicha
agencia reconoce que cuando la sustancia es inhalada en grandes concentraciones por
animales de experimentación hay una elevada presencia de morbilidad por cáncer, y que no
obstante ello, los datos de las investigaciones en torno a las afectaciones en la salud
humana por ingestión del MTBE en agua, son muy escasos. Frente a este panorama la EPA ha
reconocido el oxigenante etermetilterbutílico como un potencial cancerígeno para el ser
humano. Todo lo anterior derivó, en el año 2000, en una prohibición de la utilización
del MTBE en el estado de California por medio de una sustitución paulatina al año 2003,
y en la ciudad de Main, en Nueva York, se están tomando medidas similares.
4. No obstante lo anterior, la
sustitución del MTBE como oxigenante para gasolinas por etanol, tiene diversas
implicaciones en la salud, el ambiente y la economía. Por una parte, investigaciones
demuestran que los beneficios ambientales de utilizar el MTBE radican en la disminución
de contaminantes a la atmósfera, pues dicho compuesto disminuye la emisión de óxidos de
nitrógeno (NOx), de compuestos orgánicos volátiles (COV), benceno (compuesto
potencialmente cancerígeno), acetaldehído y formaldehído. Ello se observa en la
siguiente gráfica:
VER
IMAGEN 3
Fuente: mesa redonda sobre
especificaciones de los combustibles y normas de emisión de vehículos automotores,
palabras de bienvenida del licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, secretario del Medio
Ambiente del Distrito Federal y secretario técnico de la Comisión Ambiental
Metropolitana, México, 1999. Unidades en base logarítmica de miligramos por milla de
circulación.
5. Sin embargo, hay quienes afirman
que las ventajas de utilizar etanol como oxigenante en las gasolinas van más allá de las
emisiones y tiene beneficios ambientales, económicos y para la salud, adicionales, que lo
hacen ventajoso por sobre el MTBE. Dentro de los beneficios a que hacemos alusión están
los siguientes:
• Mayor octanaje que la
gasolina.
• Biodegradable.
• No es cancerígeno.
• Alto contenido de oxígeno
(34.8%).
• Reducción de emisiones de
CO2.
• Producción con tecnologías
más limpias (sustentable).
• Renovable (sustentable).
Fuente: biocombustibles a partir de
recursos lignocelulósicos: estudio del caso, bagazo de caña en México. Sandra L.
Cabrera, Alfonso Gómez A., Alfredo Martínez, Rodolfo Quintero. Centro de Investigación
en Biotecnología-UAEM, Instituto Mexicano del Petróleo, Instituto de
Biotecnología-UNAM. IV Congreso Nacional de la Asociación Mexicana para la Economía
Energética. México, 2001.
6. En principio, este punto de
acuerdo tiene un sustento legal en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ya que su artículo 4o. reza que toda persona tiene derecho a la protección de
la salud y a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Además, en el artículo 25 se deja
en claro que, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar
que éste sea integral y sustentable. Asumiendo la definición de desarrollo sustentable
establecida por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (de las Naciones
Unidas) en el marco del informe Brundtland en 1984, tenemos que en México debe
garantizarse que el desarrollo satisfaga necesidades de las presentes generaciones, sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias.
En este mismo sentido, la
definición del desarrollo sustentable en la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente, señala que el desarrollo sustentable es un proceso evaluable
mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social que tiende a
mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas
apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y
aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de
las necesidades de las generaciones futuras.
7. El punto de acuerdo también se
funda en la Ley de Aguas Nacionales, ya que en su artículo 85 se expresa que "es de
interés público la promoción y ejecución de las medidas y acciones necesarias para
proteger la calidad del agua..." y como previamente se expresó, el MTBE es un
contaminante importante de los mantos acuíferos y va en detrimento de la calidad del
agua.
8. De la información obtenida por
esta comisión, podemos verificar que usar etanol en las gasolinas, en lugar de
etermetilterbutílico, resulta más sustentable por lo siguiente:
a) El etanol se obtiene de fuentes
potencialmente renovables;
b) Es un producto que al desecharse
se biodegrada, por lo tanto su filtración a los mantos acuíferos no es un problema;
c) En comparación con el MTBE,
reconocido como potencial cancerígeno, el etanol resultaría inocuo;
d) La quema de combustibles con
etanol añadido disminuye las emisiones de CO2
(gas con efecto invernadero);
e) Su utilización fomenta su
proceso de producción, que es ambientalmente más amigable que el necesario para la
producción del etermetilterbutílico y
f) Sustituir las importaciones de
MTBE por medio del consumo de etanol favorecerá la balanza comercial de nuestro país.
Por las consideraciones expuestas,
los integrantes de esta comisión nos permitimos poner a la consideración del pleno de la
Cámara de Diputados, el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Se exhorta a Petróleos Mexicanos para que
instrumente las medidas de investigación y desarrollo necesarias para determinar la
viabilidad de sustituir el uso de eter metil terbutílico por etanol u otras sustancias
viables, en las gasolinas Magna y Premium y entregue a esta representación popular la
información en que de ello derive.
Sala de comisiones. México, DF, a
6 de mayo de 2002.—Diputados: Diego Cobo
Terrazas, presidente; Miguel Angel Gutiérrez
Machado, Gustavo Lugo Espinoza, Jesús Garibay García y Jesús de la Rosa Godoy, secretarios; Ramón Ponce Contreras, José María Tejeda Vázquez,
Juan Carlos Sainz Lozano, Raúl Gracia Guzmán, Francisco Arano Montero, Sergio García
Sepúlveda, Rómulo Garza Martínez, Carlos Pallares Bueno, Rafael Ramírez Agama, Rafael
Ramírez Sánchez, Miguel Angel Torrijos Mendoza, Librado Treviño Gutiérrez, José
María Guillén Torres, Pedro Manterola Sainz, José Jacobo Nazar Morales, José Manuel
Díaz Medina, Héctor Pineda Velázquez, Manuel Garza González, Miguel Bortoloni
Castillo, Rosa Delia Cota Montaño, Jaime Rodríguez López, Donaldo Ortiz Colín, Julio
César Vidal Pérez, Vitálico Cándido Coheto Martínez y Raúl Efrén Sicilia Salgado.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
Está a discusión el punto de
acuerdo... Se abre el registro de oradores...
No habiendo registro de oradores,
se reserva para su votación en conjunto.
Vamos a votar entonces los puntos
de acuerdo que se ha- bían reservado, los vamos a votar en un solo acto; son los
relativos a la proposición para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
y la Comisión Nacional del Agua, tomen las medidas necesarias a fin de solucionar el
problema ecológico provocado por aguas negras en el Valle de Juárez, estado de
Chihuahua; el relativo a que se lleve a cabo una auditoría al Centro Mexicano de la
Tortuga y se le proporcionen los recursos necesarios para que continúe su importante
labor de investigación y protección de los quelonios y el relativo al punto de acuerdo
para apoyar la demanda del gobierno del Distrito Federal a Pemex de la sustitución del
etermetilterbutílico usado en sus gasolinas Magna y Premium.
Aunque en su oportunidad se
preguntó si había registro de oradores y nadie se registró, le ruego a la Secretaría
consulte en votación económica si se considera suficientemente discutido.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se consideran
suficientemente discutidos.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente
discutido, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Le ruego a la Secretaría abra el
registro electrónico de votación hasta por 10 minutos para registrar el voto de los
señores diputados sobre los puntos de acuerdo de los tres dictámenes aludidos.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
En consecuencia, háganse los
avisos referentes al artículo 161 del Reglamento.
Abrase el sistema electrónico
hasta por 10 minutos para votar los puntos de acuerdo.
(Votación.)
Se emitieron 398 votos en pro, cero
en contra tres abstenciones.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobados los puntos de acuerdo de los dictámenes
presentados.
Comuníquense.
Pasamos al capítulo de
excitativas.
ARTICULO
115 CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se ofrece el uso de la palabra al
diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del grupo parlamentario del PRI, para presentar
una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Víctor Emanuel Díaz
Palacios:
Con la venia de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
El de la voz, en mi calidad de
diputado federal a la LVIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 21 fracción XVI y demás relativos al
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito respetuosamente a esta Presidencia, tenga a bien formular una excitativa a la
Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que dictamine a la brevedad, para su
presentación ante el pleno de este órgano legislativo, la iniciativa de reforma al
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar
el trato privilegiado que reciben las dependencias públicas en sus tres niveles de
Gobierno, en lo que concierne al pago de servicios públicos, presentada en sesión del 4
de abril del 2002.
Con los siguientes antecedentes: el
día 4 de abril del 2002, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, se presentó ante este pleno de la Cámara, la iniciativa de reforma al
sexto párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para eliminar el trato privilegiado que reciben las dependencias
públicas en lo que concierne al pago de servicios públicos.
¿Qué es lo que pretende esta
iniciativa? Como ustedes saben, en este momento el país tiene un gran déficit de lo que
se refiere a la infraestructura hidráulica. No podemos detener esta inversión, ya que no
hay sistema operador de agua ni ningún ayuntamiento que pueda hacer frente a este gasto,
porque estas dependencias tienen el 40% de la facturación. Por lo tanto, no es posible
subsanar este rezago.
El año pasado el Presidente de la
República tuvo que condonar a los municipios alrededor de 70 mil millones de pesos. Esto
representa más del 1% del Producto Interno Bruto. Pero si nosotros no hacemos esta
enmienda, en cuatro o cinco años tendremos una deuda similar, los ayuntamientos y los
sistemas de agua potable y alcantarillado no van a poder pagar estos impuestos a la
Comisión Nacional del Agua ni tampoco a la Secretaría de Hacienda.
Por lo anteriormente expuesto y
rogando a esta Presidencia se inserte en su totalidad esta excitativa en el Diario de los
Debates, se va como único en los términos de lo dispuesto por los artículos 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Puntos
Constitucionales para que presente el dictamen respectivo a la iniciativa de reforma al
sexto párrafo de la fracción IV del artículo 115 constitucional, presentada el 4 de
abril del 2002, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Dejo en esta Secretaría el
documento para el trámite correspondiente.
Muchas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Excitativa a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para que dictamine la iniciativa de reforma al artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar el trato
privilegiado que reciben las dependencias públicas en lo que concierne al pago de
servicios públicos.
Diputada Beatriz Paredes Rangel,
presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
El que suscribe, en mi calidad de
diputado federal a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 21 fracción XVI y demás relativos del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito respetuosamente de esta Presi- dencia, tenga a bien formular una excitativa a la
Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que se dictamine a la brevedad, para su
presentación ante el pleno de este órgano legislativo, la iniciativa de reforma al
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar
el trato privilegiado que reciben las dependencias públicas en lo que concierne al pago
de servicios públicos, presentada en la sesión del viernes 4 de abril de 2002.
Antecedentes
El día 4 de abril de 2002, a
nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se presentó ante
el pleno de esta Cámara la iniciativa de reforma al sexto párrafo de la fracción IV del
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar
el trato privilegiado que reciben las dependencias públicas en lo que concierne al pago
de servicios públicos y es la fecha en que no se ha emitido el dictamen correspondiente.
Primero. Se propone eliminar las
exenciones en el pago de servicios que dispone el artículo 115 constitucional, esto
evitaría el desperdicio de recursos escasos como el agua, además de que contribuiría a
fortalecer las finanzas tanto de los gobiernos municipales como, indirectamente, de los
organismos federales encargados de generarlos y administrarlos. En el caso del agua, la
eliminación de las exenciones ampliaría los márgenes de acción de las autoridades
locales y federales para ampliar la cobertura y calidad de los servicios en las áreas
geográficas con más altos índices de pobreza.
Debemos alcanzar el uso equilibrado
de nuestros recursos escasos. Exenciones como las que dispone el 115 constitucional
inducen su sobreexplotación. En el caso específico del agua, los niveles de explotación
de las reservas de la nación no son sustentables y, de seguir así, se colapsarán en el
mediano y largo plazos. De ahí la importancia de esta iniciativa, la cual promovería la
utilización racional de nuestros recursos y contribuiría a sanear las finanzas de las
instituciones responsables de ampliar su provisión y mejorar su calidad.
La iniciativa en comento pretende:
Primero. Proponemos eliminar el
trato privilegiado que reciben las dependencias públicas en lo que concierne al pago de
servicios públicos. Como se recordará, el artículo 115 constitucional permite
exenciones en el pago de estos servicios a los bienes de dominio público de la
Federación, de los estados o los municipios.
Esta disposición resulta
enormemente onerosa tanto para las finanzas públicas locales como para los organismos
federales encargados de la generación de algunos servicios públicos como agua potable.
Segundo. Eliminar las exenciones en
el pago de servicios que dispone el artículo 115 constitucional evitaría el desperdicio
de recursos escasos como el agua, además de que contribuiría a fortalecer las finanzas
tanto de los gobiernos municipales como, indirectamente, de los organismos federales
encargados de generarlos y administrarlos. En el caso del agua, la eliminación de las
exenciones ampliaría los márgenes de acción de las autoridades locales y federales para
ampliar la cobertura y calidad de los servicios en las áreas geográficas con más altos
índices de pobreza.
CONSIDERACIONES
El argumento central que sirve de
base a esta iniciativa es que tales exenciones contribuyen al dispendio y uso no
sustentable de recursos escasos como el agua potable o la energía eléctrica, además de
que promueven el empobrecimiento de las finanzas locales y de algunos organismos
federales. Además, en términos normativos, es inequitativo que a un grupo de ciudadanos
se les obligue a pagar por tales servicios, mientras a otro grupo de ciudadanos se les
ofrezcan gratuitamente.
Si, como lo previene el Ejecutivo
Federal en el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno que México necesita es uno que
promueva el uso sustentable de los recursos naturales, especialmente la eficiencia en el
uso del agua y la energía, entonces las exenciones y subsidios que permite el artículo
115 constitucional representan un obstáculo a esta aspiración.
Si el gobierno que México requiere
es un gobierno que se someterá constantemente a una rigurosa rendición de cuentas, no
sólo en lo que se refiere al uso honesto y transparente de los recursos, sino también a
la eficacia y calidad con que se utilizan, entonces las exenciones que permite el 115 son
un desacierto. ¿Hacia dónde nos conducen estos razonamientos? La conclusión es que si
el Congreso desea promover un marco regulatorio equitativo y eficaz, entonces debe
considerar seriamente la enmienda del 115 constitucional en los términos en que está
formulada en la propuesta que presentamos.
Nos parece que la mejor manera para
defender la enmienda que proponemos sea exponer claramente los efectos nocivos que tiene
la exención del pago de un importantísimo servicio público: el agua. Naturalmente, la
exención en el pago de este servicio a las oficinas públicas no ha provocado la difícil
situación en la que se encuentran las finanzas de los municipios o de las instancias que
en el ámbito federal y local generan y administran este líquido, pero sin duda tales
exenciones han contribuido a exacerbar la descapitalización de la industria y a la
sobreexplotación y escasez del recurso. A continuación se detallan algunos de los
problemas a que puede llevar la exención en el cobro del agua.
Actualmente, los organismos
responsables del abasto de agua potable en las ciudades del país enfrentan un sinnúmero
de problemas. Entre ellos destaca una precaria situación financiera motivada por la
bajísima recaudación que perciben de las tarifas. En efecto, generalmente las tarifas
del agua que se cobran en el país no son suficientes para cubrir los gastos de inversión
que deben realizarse periódicamente en materia de infraestructura hidráulica, así como
los gastos necesarios para la operación y administración del organismo encargado de
proveer el recurso.
En general, los fuertes subsidios
que han caracterizado la dotación de agua potable en México, incluidos los que se
destinan a proveer de este servicio a las dependencias públicas en los tres niveles de
gobierno, han motivado la descapitalización de la industria del agua. Este fenómeno
afecta por igual a las ciudades y al campo.
Las exenciones que contempla el
artículo 115 constitucional impiden transmitir a los empleados de las oficinas públicas
los costos que representa suministrar el líquido los cuales tienen qué ver con el
mantenimiento y expansión de la infraestructura hidráulica. Esto provoca que en las
dependencias públicas los usuarios no tengan incentivos para cuidar el agua,
independientemente del creciente costo de las obras para suministrarla.
Por otra parte, tal como lo dispone
el artículo 115 constitucional, la exención en el pago del agua a las dependencias de
gobierno es inequitativa, tanto por razones de principio como porque, en un contexto de
escasez, la provisión gratuita de un recurso en extremo escaso a un grupo de la
población implica la privación a otro segmento de la población del consumo de ese mismo
recurso.
El Gobierno de México tiene que
poner el ejemplo respecto al comportamiento que pide de la ciudadanía. Si el Gobierno
pide a la ciudadanía pagar por los servicios públicos, entonces el Gobierno debe empezar
por conducirse de la misma manera.
De lo contrario, el Gobierno
perderá el respeto de la ciudadanía y terminará por carecer de autoridad moral. Resulta
absurdo que al mismo tiempo que el Gobierno se pronuncia por racionalizar el consumo del
agua, sus oficinas y sus empleados (durante las jornadas de labores) sean quienes son más
proclives a desperdiciar el vital líquido dada su gratuidad.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado a usted, señora Presidenta de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:
Unico. En los términos de lo dispuesto en el
artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de
Puntos Constitucionales, para que presente el dictamen respectivo a la iniciativa de
reforma al sexto párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 4 de abril de 2002 a nombre del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, a 22 de octubre de 2002.— Diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, vicecoordinador
de asuntos internacionales del PRI.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para
que emita el dictamen correspondiente.
PARTICIPACION
CIUDADANA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Para presentar una excitativa a la
Comisión de Puntos Constitucionales, se ofrece el uso de la palabra al diputado Rodolfo
Ocampo Velázquez, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Rodolfo Ocampo Velázquez:
Con su venia, diputada Presidenta:
Quien suscribe la presente, en mi
calidad de diputado federal a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión,
por medio de este ocurso y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción
XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, promuevo la presente excitativa en virtud de que el grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa para el
fortalecimiento de la democracia participativa que a la fecha no ha sido dictaminada por
la comisión correspondiente, por lo que me permito acudir a usted para los efectos
pertinentes y en este sentido expongo:
Que con fecha 7 de septiembre del
año 2000 la ciudadana Fanny Arellano Cervantes, en su calidad de diputada de la LVIII
Legislatura, y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,. presentó
ante el pleno de esta Cámara de Diputados iniciativa de reformas constitucionales para el
desarrollo de la democracia participativa.
Con fecha 11 de abril del año
2002, el ciudadano Miguel Gutiérrez Hernández, en su calidad de diputado de la LVIII
Legislatura y también a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
presentó ante el pleno de esta Cámara de Diputados iniciativa que versa sobre la
democracia participativa y con la cual se pretende establecer las figuras de
participación ciudadana como el referendum y
el plebiscito.
La democracia es una forma de
gobierno y un estilo de vida que se funda en el respeto de los derechos individuales,
sociales y políticos; por tanto, debe de ser un régimen plural de libertades en el que
los gobernantes y gobernados deben procurar, con el mismo empeño, la justicia social y el
bien común y para ello, con dichas iniciativas, se pretende darle un fortalecimiento a la
democracia participativa, atendiendo a darle prerrogativas y obligaciones al ciudadano,
como es el voto en los plebiscitos y referendum.
De la misma manera, se tendrá que
consultar a la sociedad respecto a los actos de tipo legislativo y por ende se contará
con un órgano que dé confianza, eficacia y transparencia a dichos actos.
Tomando en consideración estos
puntos, obtendremos una plena participación ciudadana y de los gobernantes para la
democracia de este país.
Cabe señalar que hasta la fecha
las iniciativas en comento no han sido dictaminadas por la Comisión de Puntos
Constitucionales, a la cual oportunamente fueron turnadas y con lo cual se ha excedido el
término de cinco días dispuestos por el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General.
Compañeras y compañeros
legisladores: hoy día nuestra Constitución Política marca la democracia no únicamente
como un régimen político o una estructura jurídica, sino como un sistema de vida
fundado y contemplado en un constante mejoramiento político, económico, social y
cultural de la misma sociedad y por ende se entiende como un régimen plural de libertades
en el que los gobernantes y los gobernados deben procurar, con el mismo empeño, la
justicia social y el bien común.
Por eso mismo se le debe dar
relevancia a este carácter de democracia, con miras a que atiende a las nuevas
necesidades y posibilidades que el incremento de la sociedad reclama.
La representación no puede
concebirse hoy día como suficiente para darle vida a la democracia; sin embargo todos los
sistemas están originando y desarrollando esquemas que promueven la participación de los
ciudadanos en la toma de decisiones que afectan tanto a las instituciones democráticas
como a la vida diaria de la sociedad.
Por lo expuesto y fundado, a usted,
Presidenta de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión,
atentamente pido se sirva.
"Unico. De conformidad con la fracción XVI
del artículo 21, el 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva excitar a la Comisión de
Puntos Constitucionales para que dictamine correspondientemente las iniciativas
presentadas por el diputado Miguel Gutiérrez Hernández y la diputada Fanny Arellanes
Cervantes, del grupo parlamentario de Acción Nacional y que en caso de no desahogarlo en
el término de cinco días reglamentarios, se le emplace para determinado día."
Es cuanto, diputada Presidenta.
«Exitativa a la iniciativa de
reforma constitucional para el fortalecimiento de democracia participativa
Ciudadana Presidenta de la Mesa
Directiva de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.—
Presente.
Quien suscribe la presente en mi
calidad de diputado federal a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de Unión, por
medio de este ocurso y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción XVI;
87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, promuevo la presente excitativa, en virtud de que el grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional a la LVIII Legislatura presentó una iniciativa
para el fortalecimiento de la democracia participativa, que a la fecha no ha sido
dictaminada por la comisión correspondiente; por lo que me permito acudir a usted para
los efectos pertinentes, y en este sentido expongo
Antecedentes
1. Con fecha 7 de septiembre del
año 2000 la ciudadana Fanny Arellanes Cervantes, en su calidad de diputada de la LVIII
Legislatura, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante
el pleno de esta Cámara de Diputados, iniciativa de reformas constitucionales para el
desarrollo de la democracia participativa.
2. Con fecha 11 de abril del año
2002, el ciudadano Miguel Gutiérrez Hernández, en su calidad de diputado de la LVIII
Legislatura, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante
el pleno de esta Cámara de Diputados, iniciativa que versa sobre la democracia
participativa.
Con la iniciativa en comento, se
pretende establecer las figuras de participación ciudadana como el referendum y plebiscito.
3. La democracia es una forma de
gobierno y un estilo de vida que se funda en el respeto de los derechos individuales,
sociales y políticos, por tanto debe ser un régimen plural de libertades, en el que los
gobernantes y gobernados deben procurar con el mismo empeño la justicia social y el bien
común, para ello con dichas iniciativas se pretende darle un fortalecimiento a la
democracia participativa atendiendo, a darles prerrogativas y obligaciones al ciudadano
como lo es el voto en los plebiscitos y referendum,
de la misma manera se tendrá que consultar a la sociedad respecto a los actos de tipo
legislativo y por ende se contará con un órgano que dé confianza, eficacia y
transparencia a dichos actos. Tomando en consideración estos puntos obtendremos una plena
participación del ciudadano y los gobernantes para la democracia de este país.
4. Cabe señalar que hasta la fecha
las iniciativas en comento, no han sido dictaminadas por la Comisión de Puntos
Constitucionales, a la cual oportunamente fueron turnadas, con lo cual se ha excedido del
término de cinco días dispuesto por el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General.
Consideraciones
Compañeras y compañeros
legisladores: hoy día, nuestra Constitución Política marca a la democracia, no
únicamente como un régimen político o como una estructura jurídica, sino como un
sistema de vida fundado y contemplado en un constante mejoramiento político, económico,
social y cultural de la misma sociedad y por ende se entiende como un régimen plural de
libertades, en el que los gobernantes y los gobernados deben procurar, con el mismo
empeño, la justicia social y el bien común.
Por eso mismo se le debe dar
relevancia a este carácter de democracia, con miras a que atiende a las nuevas
necesidades y posibilidades que el incremento de la socialización reclama.
La representación no puede
concebirse hoy día como suficiente para darle viada a la democracia. Sin embargo, en
todos los sistemas se están originando y desarrollando esquemas que promueven la
participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan tanto a las
instituciones democráticas como a la vida diaria de la sociedad.
Si bien es cierto, nuestra sociedad
ha experimentado avances sustanciales en ciertos aspectos enfocados al ejercicio
democrático. Quizá en el área en que se han desarrollado más es en el aspecto de la
democracia formal, es decir, en los sistemas y estrategias óptimos de los procesos
electorales y que generan resultados confiables para plasmar una transparencia. Sin
embargo, la democracia no sólo debe enfocarse a una sola vía, sino que requiere de una
legitimación, de una actividad humana indivisible, es decir, que ésta representa,
escucha y requiere del aval comunitario, para perfeccionar tanto propuestas legislativas
como acciones de gobierno.
La base de la legitimación es la
participación. Por ende continuamente y atendiendo a las circunstancias y necesidades que
demanda el pueblo, es necesario desarrollar nuevos espacios a la participación ciudadana
para que las decisiones tomadas sean percibidas como base de un compromiso justo, en el
cual todos tengan oportunidad de intervenir y de ser considerados.
Cabe resaltar que el concepto de
democracia participativa es más desarrollado y amplio que el de democracia directa. Esta
va más allá, abarca el traslado de los principios democráticos a esferas diferentes de
la electoral; es una extensión del concepto de ciudadano y un replanteamiento de su papel
en la vida nacional y democrática; no comprende sólo el conjunto de mecanismos para que
los ciudadanos tomen decisiones, en referendum o
en consultas populares. En una democracia participativa o representativa, el ciudadano
vota periódicamente para elegir a sus gobernantes y se asegura su participación
permanente en los procesos decisorios no electorales que incidan relevantemente en su
vida, en tanto que en una democracia directa, el ciudadano vota ocasionalmente sólo para
influir sobre decisiones que puedan afectar a la vida colectiva.
Nuestro grupo parlamentario ha
expresado en diversas iniciativas de reforma constitucional la necesidad de establecer un
sistema equilibrado y justo, entre la democracia indirecta ya practicada y la
participativa hoy día necesaria, en el que se dé viabilidad jurídica al referendum, el plebiscito y la iniciativa
ciudadana, reformando los diversos artículos constitucionales en que versa nuestro tema.
Instrumentos legislativos que
tienen su último antecedente y conjugación en las iniciativas ya mencionadas presentadas
por nuestros compañeros diputados y en las que abocamos nuestro interés para que sean
dictaminadas por la Comisión de Puntos Constitucionales, en virtud de que con dichas
iniciativas, el Congreso General podría dotar a nuestro marco constitucional de una
auténtica democracia participativa que complemente los esfuerzos para instaurar un
régimen democrático en un Estado nacional y de derecho, enfocado a las instituciones de
la democracia semidirecta y dejando en claro que la soberanía se ejercerá también
mediante el ejercicio de ésta, a través del referendum,
plebiscito e iniciativa ciudadana.
Como anteriormente se señaló,
actualmente es necesario establecer en nuestro marco constitucional, que la democracia
requiere siempre y en todo momento de la participación ciudadana: con el voto y más
allá de los votos.
Por lo expuesto y fundado, a usted,
Presidenta de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión,
atentamente pido se sirva:
Unico. De conformidad con la fracción XVI de los
artículos 21, 87 y demás relativos de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva excitar a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para que emita el dictamen correspondiente a las iniciativas presentadas
por el diputado Miguel Gutiérrez Hernández y la diputada Fanny Arellanes Cervantes, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y que en caso de no desahogarlo, en el
término de cinco días reglamentarios, se le emplace para día determinado.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 22 de octubre del año 2002.— Diputado Rodolfo Guadalupe Ocampo Velázquez.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Muchas gracias, diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para
que emita el dictamen correspondiente.
La siguiente excitativa a la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el diputado Martí Batres
Guadarrama, del grupo parlamentario del PRD ha solicitado se posponga para la siguiente
sesión.
La siguiente excitativa a la
Comisión de Energía del diputado César Horacio Duarte Jáquez, del PRI, ha solicitado
que se posponga para próxima sesión.
LEY
GENERAL DE EDUCACION
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra la diputada
Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una excitativa
a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
La diputada Hortensia Aragón
Castillo:
Gracias, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
En septiembre del año 2000, es
decir, hace prácticamente dos años, a nombre del Partido de la Revolución Democrática
presenté ante el pleno de esta Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto
para reformar el artículo 25 de la Ley General de Educación, a fin de destinar un monto
anual equivalente al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país al gasto público
federal en educación.
La propuesta en términos concretos
plantea que el gasto en Educación Pública que anualmente realiza la Federación, se
eleve de manera constante hasta llegar en el año 2006 con la mencionada proporción del
8% del gasto.
Esta propuesta parte de la
necesidad de detener y de revertir el deterioro de la educación que vive el país,
generada en buena medida por el insuficiente gasto que se realiza para su promoción.
Es importante señalar que esta
excitativa es la tercera, pues el 10 de octubre de 2000 en esta misma tribuna el diputado
Ramón León Morales urgió a ello y prácticamente un año después lo hizo de nuevo el
diputado Manuel Duarte, ambos del Partido de la Revolución Democrática.
En la sesión en la que se
presentó la segunda iniciativa, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, en apego al Reglamento que nos rige, estableció el día 4 de octubre como
fecha límite para presentar los dictámenes requeridos. No obstante ese mandato, hay
comisiones que no han remitido ni han comunicado al pleno la situación que guarda el
proceso de dictamen.
Desde que se presentó la
iniciativa han pasado dos años; tres excitativas; muchas promesas y declaraciones de
todos los partidos y también de muchos actores políticos y sociales. Pero esta Cámara,
y en particular las comisiones legislativas responsables, que son cuatro, no hacen su
trabajo fundamental: dictaminar sobre iniciativas de ley.
También se han pronunciado a favor
de la propuesta gobernadores, el SNTE mismo, otros sindicatos y universidades. De entre
ellos destaca la firma que diputados del PRI y del PAN estamparon en el compromiso social
por la calidad de la educación, en donde se comprometieron como legisladores a
"mejorar —cito textualmente—, los niveles de inversión pública a la
educación hasta destinar, cuando menos, el 8%l del PIB".
Como en los viejos tiempos
"puras promesas y nada de hechos", pues a la hora de asumir compromisos en las
reuniones de comisiones el Partido Acción Nacional se niega a comprometerse con la
iniciativa, pero tampoco quiere que se dictamine, decidiendo con ello que quede en la
congeladora.
Hago este recuento por dos razones:
una, hemos estado posponiendo la presentación de esta excitativa en la idea de alcanzar
consensos en las comisiones que nos permita dictaminar de manera positiva la misma. La
segunda razón es porque parece haber alguna confusión en algunos compañeros, de otros
partidos, en donde el día de hoy presentan como iniciativa personal lo que ha sido un
esfuerzo colectivo de la mayoría de los miembros integrantes de la Comisión de
Educación, en donde la mayoría tienen un dictamen ya votado, previo y lo que está
faltando es preci- samente que se convoque a comisiones unidas. No vaya a ser esto un
distractor en el que en lugar de avanzar en lo que ya hemos avanzado en la Comisión de
Educación, se nos retarde por la iniciativa que el día de hoy se presentó.
La discusión, de acuerdo sobre las
características del financiamiento de la educación, es algo que se ha tocado en
muchísimas ocasiones. De tal manera que ésta ¡tercera excitativa!, no es para que se
dictamine en lo particular cada una de las comisiones, de las cuatro —repito—, a
las que fue turnada la misma, pues como ya dije algunas de ellas tienen ya votado un
proyecto de dictamen. ¡El exhorto entonces corresponde a que se convoque de inmediato a
una sesión de Comisiones Unidas para que este asunto sea turnado a este pleno y resuelto
conforme al mandato que tenemos!
Muchas gracias.
«Excitativa sobre la iniciativa de
decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, para destinar un
monto anual equivalente al 8% del Producto Interno Bruto del país al gasto público
federal en educación
Con su permiso señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
CONSIDERACIONES
En septiembre del año 2000, es
decir, hace prácticamente dos años, a nombre del Partido de la Revolución Democrática,
presenté ante al pleno de esta Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de
decreto para reformar el artículo 25 de la Ley General de Educación, a fin de destinar
un monto anual equivalente al 8% del Producto Interno Bruto del país al gasto público
federal en educación.
La propuesta en términos concretos
plantea que el gasto en educación pública que anualmente realiza la Federación, se
eleve de manera constante hasta llegar al 2006 con la mencionada proporción de gasto.
Esta propuesta parte de la necesidad de detener y revertir el deterioro de la educación
que vive el país, generada en buena medida por el insuficiente gasto en educación
pública realizado por el Estado.
Es importante señalar que esta
excitativa es la tercera, pues el 10 de octubre de 2000, en esta misma tribuna, el
diputado Ramón León Morales urgió a ello y prácticamente un año después, lo hizo de
nuevo el diputado Manuel Duarte, ambos del PRD.
En la sesión en la que se
presentó la segunda excitativa, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, en apego al reglamento que nos rige, estableció el día 4 de octubre como
fecha límite para presentar los dictámenes requeridos. No obstante ese mandato, ninguna
comisión remitió o comunicó al pleno la situación que guarda el proceso del dictamen.
Desde que se presentó la
iniciativa, han pasado dos años, tres excitativas, muchas promesas y declaraciones de
todos los partidos y de múltiples actores sociales, pero esta Cámara y en particular las
comisiones legislativas responsables, no hacen su trabajo fundamental: dictaminar sobre
iniciativas de ley.
Desde entonces al día de hoy, el
presidente Fox declara cada tercer día que el compromiso de su gobierno es elevar el
gasto educativo nacional al 8% del PIB, eludiendo con ello los compromisos adquiridos por
nuestro país en los foros mundiales de Jomtiem en 1990 y Dakar en el 2000, donde se
firmó el compromiso del Estado mexicano para elevar el gasto educativo público, no
nacional, a la proporción señalada, en acuerdo con las recomendaciones de la propia
UNESCO.
También se han pronunciado a favor
de la propuesta gobernadores, el SNTE, sindicatos, universidades y múltiples sectores
sociales. De entre ellos destaca la firma que diputados del PRI y PAN estamparon en el
compromiso social por la calidad de la educación, en donde se comprometieron como
legisladores, a mejorar los niveles de inversión pública a la educación hasta destinar
cuando menos el 8% del PIB. Como en los viejos tiempos, puras promesas y nada de
hechos, pues a la hora de asumir compromisos en las reuniones de las comisiones, el
Partido Acción Nacional se niega a comprometerse con la iniciativa, pero tampoco quiere
que se dictamine, decidiendo con ello que se quede en la congeladora.
Por dos razones hago este recuento,
porque parece que hay alguna confusión en compañeros que hoy presentan como iniciativa
personal, lo que ha sido un esfuerzo colectivo de la mayoría de los integrantes de la
Comisión de Educación.
Compañeras y compañeros:
La discusión y acuerdo sobre las
características del financiamiento de la educación en nuestro país, son un compromiso
inaplazable. Cumplamos con nuestra responsabilidad legislativa y también con la que
deriva de nuestras convicciones políticas e ideológicas. legisladoras y legisladores del
PAN, "por un México sin mentiras", digan ante este pleno y con ello ante la
nación, sus razones para no avalar esta propuesta y sosténganlo en todos los foros. A
las y los priístas les decimos: sean consecuentes y voten abiertamente su apoyo a la
iniciativa que en todos los foros y entre las curules de esta Cámara comprometen.
Por lo anteriormente expuesto, toda
vez que transcurrido el periodo a que se refiere el artículo 87 del Reglamento que nos
rige, al día de hoy no se ha emitido dictamen ni pronunciamiento alguno por parte de las
comisiones correspondientes; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 fracción
XVI y demás relativos del mismo, solicito respetuosamente a la Presidencia de esta
Cámara, tenga a bien formular la tercera excitativa a las comisiones de Educación y
Servicios Educativos, de Cultura, de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta
Pública, a efecto de que fije una fecha determinada para que se emitan los dictámenes
correspondientes sobre la iniciativa referida, no para que dictaminen en lo particular
cada una de las cuatro comisiones a que fue turnada esta iniciativa, pues como ya lo dije,
algunas de ellas tienen votado su proyecto de dictamen. El exhorto, entonces, corresponde
para que se convoque de inmediato a una sesión de comisiones unidas, para que este asunto
sea turnado a este pleno y resuelto conforme al mandato que tenemos.
Muchas gracias.
No para que dictaminen en lo
particular cada una de las cuatro comisiones a lo que fue turnada esta iniciativa, pues
como ya lo dije algunas de ellas ya tienen votado su proyecto de dictamen. El exhorto
entonces corresponde a que se convoque de inmediato a una sesión de comisiones unidas,
para que este asunto sea turnado a este pleno y resuelto conforme al mandato que tenemos.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 22 de octubre de 2002.— Diputada Hortensia
Aragón Castillo.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputada Hortensia Aragón:
Voy a atender en el trámite la
solicitud que me hace. Formalmente la Presidencia debería retirarlo de las comisiones y
pasarlo a otra comisión. Pero entiendo que hubo trabajos previos en las comisiones
involucradas y que lo que se ha complicado es la realización de la sesión de comisiones
unidas. ¿Es correcto?
La diputada Hortensia Aragón
Castillo:
Así es.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Esta Presidencia acuerda solicitar a las comisiones
unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, de Cul- tura, de Ciencia y
Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública, que a más tardar el día 12 de noviembre
tengan una reunión de comisiones unidas para desaho-gar este dictamen.
La diputada Hortensia Aragón
Castillo:
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias.
PODER
LEGISLATIVO
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
El siguiente punto del orden del
día es la excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias, a cargo del diputado Narciso Alberto Amador Leal, del grupo
parlamentario del PRI.
El diputado Narciso Alberto Amador
Leal:
Muchas gracias, señora Presidenta:
El pasado 13 de noviembre me
permití presentar una iniciativa de reformas a los artículos 65 y 61 de la
Constitución, así como a diversos de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos. La idea fundamental de esta iniciativa es hacer realidad el
equilibrio de poderes como sustento básico de la división de poderes.
Hoy el equilibrio de poderes se ha
activado en virtud del gobierno dividido que tenemos en esta Cámara de Diputados, pero no
es suficiente para un ejercicio pleno de las facultades constitucionales de los
legisladores federales, en especial de los diputados federales.
Hemos postulado que esta Cámara
requiere con urgencia un proceso de reorganización, para que las condiciones materiales
en las que desempeñamos nuestro trabajo hagan realidad el derecho de opinión, el derecho
de representación y, desde luego, la facultad de iniciación de leyes, de dictamen, de
deliberación legislativa en el pleno de esta Asamblea.
La iniciativa que presenté en
materia de derecho de opinión, propuso que se agregue un párrafo al artículo 61 en los
términos siguientes: "la ley establecerá lo necesario para que los diputados y
senadores difundan las actividades del Congreso y sus opiniones, mediante el acceso a los
medios de comunicación escritos o electrónicos, el uso de tiempos oficiales y a través
de los medios que opere directamente el Congreso".
Esto implica —como decía
yo—, reformas a la Ley Orgánica, para ampliar la posición de medios directos de
comunicación, radio y televisión, más allá del esfuerzo limitado aunque encomiable que
hoy realiza el Canal del Congreso.
Las recientes reformas al
Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, hacen que este planteamiento cobre
actualidad. De nada nos sirve, compañeras, compañeros diputados, convertir esta tribuna
en “muro de lamentaciones”, si no logramos los acuerdos políticos para
concretar reformas y que nuestra capacidad de iniciativa legislativa se traduzca en nuevos
ordenamientos. No es un problema sólo de los presidentes o presidentas de las comisiones,
sino de la voluntad política de todas las fuerzas representadas en esta Asamblea.
Este reglamento, en efecto, como ya
se ha discutido aquí, no sólo deja a un lado la posibilidad de ampliar el tiempo que
utiliza la Cámara de Diputados y de Senadores, del tiempo oficial, sino que de la misma
forma constituye un retroceso que no contribuye en nada a la democratización nacional.
Por esta razón, señora
Presidenta, yo le pido muy respetuosamente una excitativa no a los presidentes o a los
directivos de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Reglamento y Prácticas
Parlamentarias, sino una excitativa muy respetuosa a todos los miembros de estas dos
comisiones, para que podamos en el breve tiempo que aún nos queda, concretar reformas
fundamentales que contribuyen en realidad al equilibrio de poderes, a la división de
poderes y por tanto a la democratización nacional.
Muchas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Diputada Beatriz Paredes Rangel,
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Ciudadanos secretarios de la Mesa
Directiva; compañeras y compañeros diputados:
El pasado 13 de noviembre me
permití presentar la iniciativa de reformas a los artículos 65 y 61 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 4o., 28, 46, 131 y 132 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer el
derecho de opinión y la capacidad de representación y de gestión social de los
legisladores federales, misma que fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales
y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Con ese motivo, argumenté que la
revisión responsable de la vigencia, principio de separación y equilibrio de poderes
deberá darse en relación con los siguientes temas que nos parecen centrales:
Primero. La revisión de la
facultad de veto que otorga el artículo 72 al titular del Poder Ejecutivo Federal, dado
que, en el conjunto de las disposiciones que contiene, obliga a la votación calificada
para aprobar una ley o decreto que en principio haya sido rechazado u observado por el
Ejecutivo Federal.
Segundo. El fortalecimiento de la
Entidad de Fiscalización Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, que está
funcionando con evidentes limitaciones jurídicas y materiales, al grado que existe una
sobrerrepresentación de la Secodam, órgano administrativo de control del Ejecutivo,
respecto del papel del citado órgano auxiliar de la Cámara de Diputados. El tema es
fundamental y de fondo, ya que el control del Legislativo sobre el Ejecutivo tiene uno de
sus componentes centrales precisamente en la rendición de cuentas. Si el Congreso no
asume a plenitud esta función, como hoy sucede, la división y el equilibrio de poderes
tendrán un déficit permanente que, finalmente, afecta la dignidad del Congreso y por
tanto, la fortaleza de la República.
Tercero. La reorientación en la
competencia exclusiva de la Cámara de Diputados para definir el Presupuesto anual de la
Federación y del Distrito Federal, de tal manera que se eviten excesos burocráticos, se
fortalezca el gasto social y se consolide el federalismo. Nuestro desempeño tiene, desde
luego, que ser responsable y de entendimiento con el Ejecutivo, pero no al grado de quedar
a merced del fundamentalismo neoliberal o de las pugnas de la burocracia por el control de
los recursos públicos.
Cuarto. La organización de la vida
interna del Congreso, que está enfrentando enormes dificultades, sea por el impacto del
pluralismo o por la excesiva centralización de funciones a que da lugar una novedosa Ley
Orgánica del Congreso, que ha puesto mayor atención en los controles y en la cohesión
internos de las fracciones que en el despliegue pleno y creativo de la iniciativa de los
legisladores.
Quinto. Vinculado a lo anterior, la
revisión de las condiciones jurídicas, institucionales y materiales para que el
Congreso, como órgano colegiado y los diputados y senadores, como representantes
populares, desplieguen sus facultades constitucionales y su derecho de representación y
de opinión de tal manera que se dignifique el papel del Poder Legislativo como tal y de
los legisladores en su labor de mediación política y social entre la sociedad y los
órganos de gobierno.
La iniciativa con proyecto de
decreto que presentamos tiene que ver con este último tema de la agenda que proponemos
para vigorizar el equilibrio de poderes y acercarnos a una ecuación acorde con la
realidad política de los tiempos que corren y sobre todo, con las expectativas que han
depositado los electores en los representantes populares que integramos el Congreso de la
Unión.
En este lapso se han dado procesos
políticos y se han tensado a tal grado las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo,
que los hechos nos han dado la razón de una manera contundente. El uso excesivo de los
medios de comu- nicación por parte del Ejecutivo Federal para cuestionar a la oposición
no contribuye en nada al equilibrio de poderes y en consecuencia, al fortalecimiento de la
democracia; más bien, constituye un riesgo evidente a las tentaciones siempre presentes
de un autoritarismo sin freno que podría dislocar la gobernabilidad de la nación.
Tal es el caso de las reformas al
Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, decretadas por el Presidente de la
República, que han sorprendido y polarizado, de nueva cuenta, a los partidos políticos y
a importantes sectores de la sociedad, en la medida que afectan los procesos de
consolidación democrática, ampliación del régimen de libertades y promoción de la
educación y la cultura.
El usufructo de las concesiones de
radio y televisión constituye una alta responsabilidad que la mayoría de los empresarios
mexicanos han desempeñado con apego a la ley y al espíritu de servicio público
implícito en la difusión masiva de opiniones, información y expresiones de la cultura y
las tradiciones.
Sin embargo, la legislación
mexicana sobre este tema quedó rezagada, destacadamente con relación a los impactos
cualitativos en la formación de la opinión pública, al otorgamiento de las concesiones,
a la vinculación del Estado con los medios; al régimen fiscal, al uso de los tiempos
oficiales por parte de los tres poderes de la Unión, a la ampliación de la radio y la
televisión culturales, al énfasis educativo y cultural y al derecho de réplica, por
mencionar algunos de los puntos de una amplia agenda que estaba en discusión.
En consecuencia, no se discute la
necesidad de la reforma sino, más bien, el contenido y el procedimiento. Al reformarse
por decreto, se ha eludido la revisión a fondo de la Ley Federal de Radio y Televisión y
por ende, el análisis y el debate en el seno del Congreso de la Unión.
El nuevo reglamento no contribuye a
la democracia porque no distribuye con equidad los tiempos oficiales (ahora reducidos de
12.5% del tiempo comercial a 18 minutos en televisión y 35 en radio) entre los poderes.
El Gobierno asume que la integración e intereses del Estado mexicano se reducen al
proyecto del Ejecutivo Federal y al renunciar al tiempo hasta ahora disponible, equipara
las necesidades del Estado a los tiempos para la propaganda política del Ejecutivo en
turno. El nuevo reglamento otorga un derecho limitado de réplica, incorpora de manera
tímida e insuficiente la participación de la sociedad en el Consejo Nacional de Radio y
Televisión y sobre todo, mantiene la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones y
permisos, lo cual, además de ser contrario a la aspiración democrática, limita la
participación de agentes institucionales en los medios y distorsiona el mercado de la
publicidad.
Con esta medida, el Ejecutivo
Federal provoca una inminente controversia constitucional por parte del Legislativo e
imprime mayor tensión a las relaciones con el Congreso en momentos en que está por
iniciarse la discusión sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2003.
Es por ello que cobra vigencia la
propuesta de agregar al primer párrafo del artículo 61, lo siguiente:
“La ley establecerá lo
necesario para que los diputados y los senadores difundan las actividades del Congreso y
sus opiniones mediante el acceso a los medios de comunicación escritos o electrónicos,
el uso de tiempos oficiales y a través de los medios que opere directamente el
Congreso.”
Esta disposición se complementa
con la agregación del numeral 4 al artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Unión (que se refiere a los comités), en los siguientes términos:
Artículo 46.
4. Para difundir adecuada y
ampliamente las actividades legislativas y de atención ciudadana de los diputados
federales, se formará el Comité de Comunicación Social, que deberá integrar, a
propuesta de cada uno de los diputados, un proyecto de programa y de presupuesto que
permita a los legisladores el acceso, de manera equitativa y permanente, a los tiempos
oficiales de radio y televisión y a los medios electrónicos y escritos comerciales y
culturales, de mayor impacto en las demarcaciones que representan.
Es decir, se establece en el seno
de la Cámara de Diputados un comité que, de manera colegiada, establezca la manera en
que los diputados tendrán acceso real a los medios en general, dado que el Comité
Bicamaral, actualmente establecido, únicamente tiene competencia por lo que corresponde
al Canal del Congreso.
Por otro lado, la iniciativa
propone también una importante reforma de los artículos 131 y 132 del Título Quinto en
los siguientes términos:
Artículo 131
1. El Congreso de la Unión, para
la difusión de sus actividades y de las opiniones de los diputados y senadores y de
acuerdo con la legislación en la materia, contará con los canales de radio y televisión
que le asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables;
dispondrá de las retransmisoras necesarias para tener cobertura en los 300 distritos
uninominales que integran la representación nacional; tendrá acceso a los tiempos
oficiales de radio y televisión; y dispondrá del presupuesto necesario para que los
diputados y los senadores accedan a las estaciones de radio y televisión comerciales de
mayor impacto en las demarcaciones que representan. En el caso de los canales culturales,
ambas cámaras celebrarán convenios en los términos de la legislación aplicable.
La reforma se complementa con el
fortalecimiento de la capacidad de gestión de los legisladores. Así, se propone agregar
al artículo 65 de la Constitución (que establece los tiempos de los periodos ordinarios
de sesiones) un cuarto párrafo, que dice lo siguiente:
En los periodos de receso, los
diputados y los senadores acudirán a los distritos y entidades federativas para conocer
de la situación que guardan, atender las demandas de la ciudadanía, dar trámite de las
mismas ante las autoridades competentes e informar de sus actividades.
En complemento de lo anterior, se
incorpora un numeral 5 al artículo 4o. de la Ley Orgánica del Congreso, acotando esta
obligación para los diputados y los senadores que no formen parte de la Comisión
Permanente o tengan encomiendas específicas de las mesas directivas. Se agrega también,
como procede en términos de ley, que las demandas ciudadanas se tramitarán ante las
autoridades municipales, estatales y federales o del Poder Judicial, según corresponda.
También se agrega el numeral 2 al
artículo 28, relativo al presupuesto asignado a las fracciones parlamentarias, para
asegurar un presupuesto justo para que los diputados estén en posibilidad de desempeñar
con dignidad y eficacia las tareas legislativas y de atención a la ciudadanía.
Derivado de lo anterior y como
parte central de esta iniciativa, se agregan dos párrafos al numeral 2 del artículo 46.
En el primer párrafo se establece la obligación de incluir en el presupuesto de la
Cámara:
“Lo necesario para establecer
oficinas de representación en las cabeceras de cada uno de los distritos electorales
federales que estarán a cargo de los diputados uninominales.”
Se trata de fortalecer la presencia
institucional del Congreso en cada uno de los distritos, tal como sucede en diversos
parlamentos, incluyendo algunos en el ámbito local. Esta representación de la Cámara de
Diputados, además de apoyar el trabajo de los legisladores, podría tener servicios de
acceso a la información parlamentaria.
En el segundo párrafo de ese mismo
numeral se asigna al Comité de Información, Gestoría y Quejas la facultad de:
“Presentar a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública una propuesta para que, en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, se considere una partida presupuestal que será ejercida por las dependencias
y entidades que corresponda, de acuerdo con las prioridades que establezcan los diputados
en cada uno de los distritos electorales federales.”
Por lo anterior, y en uso de las
facultades que me concede la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva formular una respetuosa excitativa a las comisiones de
Puntos Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que se proceda
al dictamen de la iniciativa de reformas a los artículos 61 y 65 de la Constitución y
los artículos 4o., 28, 46, 131 y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General que me
permití presentar ante esta soberanía.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 22 de octubre de 2002.— Diputado Alberto
Amador Leal.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Muchas gracias, señor diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias, para que emitan el dictamen correspondiente.
En virtud de que es la segunda
excitativa, se fija a más tardar el día 22 de noviembre, para que se presente a la
Asamblea.
LEY SOBRE LA INVESTIGACION,EL FOMENTO, EL DESARROLLO, CONTROL
Y REGULACION DEL GENOMA HUMANO
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado
Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una excitativa a las comisiones de Salud y de Ciencia y
Tecnología.
El diputado Francisco Patiño Cardona:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Es tiempo del cambio, de un cambio
verdadero, de un cambio en el que se concretice la exacta división y acción de los
poderes del Estado, es tiempo de extinguir y eliminar la monocracia que todavía subsiste
y que permea como un cáncer todas las estructuras del poder, para lo cual necesitamos que
nosotros, el Poder Legislativo, asumamos bien a bien la tarea de gobernar mandatando a un
Ejecutivo inmerso en la inoperancia en la inacción y en la parálisis gubernamental.
Ante el vacío de poder y la
ingobernabilidad del Ejecutivo y su gabinete, hoy más que nunca urge agilizar el trabajo
en comisiones, no debemos esperar a que Washington y los diversos organismos financieros
internacionales a través de su vocero oficial el señor Vicente Fox, nos pretendan
imponer sus diferentes políticas en materia de ciencia y tecnología, fiscal, monetaria y
de privatizaciones. Hasta ahora la visión cortoplacista y apaga fuegos del Gobierno
mexicano así como la poca disponibilidad de recursos producto de las políticas fiscales
y monetarias contra accionistas nos han impedido ver y operar los planes, programas y
proyectos de desarrollo para largo plazo, prioritarios, esenciales y estratégicos para
nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos a los que tenemos el compromiso de
heredarles un país justo y equitativo, un país fuerte, un país con una democracia
verdadera, no virtual o de imágenes, un país con una democracia fuerte, eficiente y
consolidada, un país con una democracia que se refleje en el mejoramiento de la salud y
el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos, un país libre y soberano y no un
país cuya soberanía se venda al mejor postor.
Para ello, compañeras y
compañeros diputados, para construir dicho futuro requerimos hacer realidad el cambio que
tanto se menciona por parte del Ejecutivo Federal y que sólo existe en su imaginación,
pero no en los hechos. Debemos pasar del cambio virtual al cambio real, del cambio
mercantilista al cambio democrático, es tiempo de ver y legislar hacia el futuro.
En ese sentido el tema del genoma
humano es un tema que al igual que muchos otros que se encuentran en las distintas
comisiones, está en peligro de quedar en el olvido.
Compañeras y compañeros, hace ya
más de un año, el 25 de septiembre de 2001 el de la voz presentó a nombre del Partido
de la Revolución Democrática, la iniciativa de Ley del Genoma Humano.
Conscientes de las presiones y
obstáculos a que se enfrentaría por parte de los grupos conservadores interesados en
mantener en la penumbra el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, dejando
de lado las grandes ventajas implicaciones y efectos positivos que el desarrollo de la
investigación genómica podría tener para la salud, la economía y el bienestar general,
anteponiendo su prestigio e intereses personales al desarrollo nacional. Aún así,
presen- tamos esta iniciativa de ley.
Es tiempo, compañeras y
compañeros, de pasar de la palabra hasta las obras, es tiempo de darle una oportunidad a
nuestro país, es tiempo de legislar hacia el futuro, empecemos ahora.
Es, por lo antes expuesto que, con
fundamento en los artículos 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que hago la excitativa para
que la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados, tenga a bien dictaminar a la
brevedad, la iniciativa de Ley sobre la Investigación, el Fomento, el Desarrollo, Control
y Regulación del Genoma Humano, aclarando, que la Comisión de Ciencia y Tecnología ya
dictaminó de manera positiva en relación a esta importante iniciativa de ley.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos se realiza una excitativa a las comisiones de Salud y de Ciencia y
Tecnología para que emitan el dictamen correspondiente.
LEY
DE COORDINACION FISCAL
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado
Víctor Emanuel Díaz Palacios, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una
excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito.
El diputado Víctor Emanuel Díaz
Palacios:
Con su venia de la Presidencia:
Su servidor, el 8 de noviembre de
2001 a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenté
ante este pleno la iniciativa de reforma y adición a los artículos 25, 32, 33 y 34 del
Capítulo V de los fondos de las aportaciones federales de la Ley de Coordinación Fiscal
y es la fecha en que no se ha emitido el dictamen correspondiente.
¿Qué pretende esta iniciativa?
Mucho se ha manejado que los diputados no tienen la manera de ser unos interlocutores
reales con sus representados porque no cuentan con los fondos necesarios al igual que las
entidades federativas.
Aquí lo que se propone es,
fundamentalmente, es que el PAFEF quede dentro del ramo 33 y evitar con esto un desgaste
anual que realmente a nada conduce; el Ejecutivo no lo plasma en su iniciativa de
presupuesto y entonces a los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios nos mete
en una discusión.
La segunda es, en el sentido de
cómo lo tienen la mayoría de los parlamentos del mundo, los legisladores cuentan con un
recurso que no lo ejercen en efectivo sino en especie, en donde ellos van priorizando las
obras necesarias en el distrito que representan; sin embargo aquí en nuestro país esto
no es posible, así se quitaría el pretexto que tienen algunos legisladores que como
gobernadores de otro partido no hay este apoyo institucional o como el Ejecutivo también
lo es, no baja en igualdad de circunstancias.
Si se aprobara esta iniciativa,
evitaríamos primero un desgaste en la conformación del presupuesto; segundo, tener una
representación real y una interlocución eficiente con nuestros representados en igualdad
de circunstancias porque este 10% que nosotros hemos presentado ante este pleno sería de
manera proporcional en cada uno de los 300 distritos uninominales.
Esto daría una certidumbre a todos
los legisladores y vería-mos si con este apoyo sí son capaces o no de tener la
interlocución que ellos tanto han pregonado.
Por lo anteriormente expuesto, ante
usted Presidenta de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la
Unión, atentamente pido se sirva:
En los términos de lo dispuesto en
los artículos 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público para que presente el dictamen respectivo a la
iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal presentada el 8 de noviembre de
2001 a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y pidiendo
sea plasmada en su totalidad en la Gaceta y
también en el Diario de los Debates.
Por su atención, muchas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.—- Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Excitativa a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público para que dictamine la iniciativa de reformas a la Ley de
Coordinación Fiscal.
«Ciudadana diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel, presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión.— Presente.
El que suscribe, en mi calidad de
diputado federal a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 21, fracción XVI, y demás relativos
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, solicito respetuosamente de esta Presidencia, tenga a bien formular una
excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico, a efecto de que se dictamine a
la brevedad para su presentación ante el pleno de este órgano legislativo, la iniciativa
de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal.
ANTECEDENTES
El día 8 de noviembre de 2001, a
nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se presentó ante
el pleno de esta Cámara la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 25, 32, 33 y
34 del Capítulo V de los Fondos de Aportaciones Federales de la Ley de Coordinación
Fiscal y es la fecha en que no se ha emitido el dictamen correspondiente.
Primero: el objetivo de dicha
iniciativa es insertar en el Capítulo V, artículo 25, en su numeral 3, el Fondo de
Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Segundo: reformar y adicionar el
artículo 32, en donde se establece la forma en que se fijará el Fondo de Apoyos para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas, determinado anualmente en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, con recursos federales, por un monto equivalente sólo para
efectos de referencia, al 0.814% de la Recaudación Federal Participable a que se refiere
el artículo 22 de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio
presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación
para ese ejercicio.
Tercero: en el artículo 33 se
propone que las aportaciones se realicen con cargo al Fondo de Apoyos para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas, destinando dichas participaciones para el
saneamiento financiero, apoyo a los sistemas de pensiones de las entidades federativas,
prioritariamente a las reservas actuariales, así como a la inversión en infraestructura
de cualquier naturaleza de las entidades federativas, dichos recursos no podrán
destinarse para erogaciones de gasto corriente y de operación salvo en el caso de dichos
sistemas de pensiones.
El 10% de este fondo será ejercido
por los estados y el Distrito Federal de acuerdo a las prioridades propuestas por los
diputados federales, la distribución de esta porción del fondo será por partes iguales
a cada uno de los distritos uninominales que integre la representación nacional en cada
estado y en el Distrito Federal.
Cuarto: la reforma y adición en el
artículo 34, inciso c en donde se menciona la
necesidad de implantar que el Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas, se distribuya entre las entidades federativas de acuerdo con las asignaciones
y reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La iniciativa en comento pretende:
Primero. Que el desarrollo local y
regional del país depende en gran medida de la consolidación de un sistema de
coordinación federal eficiente;
Segundo. Que el fortalecimiento de
las haciendas estatales y municipales está relacionado directamente con su capacidad real
de gestión y administración autónoma de los recursos fiscales de que disponen;
Tercero. Que la experiencia indica
que los recursos del ramo 23 correspondientes al PAFEF han sido utilizados primordialmente
como gasto de inversión en infraestructura estatal y municipal.
Consideraciones
Después de más de 100 años de
anarquía tributaria, el México posrevolucionario se planteó la necesidad de poner orden
y establecer las bases de un sistema coordinado de tributación y distribución de
recursos fiscales que sentara las bases del desarrollo nacional. Este proceso, que pasa
por la creación de la Ley que Regula el Pago de Participaciones en Ingresos Federales a
las Entidades Federativas elaborada en 1948 y por la Ley de Coordinación Fiscal entre la
Federación y los estados de 1953; culmina con el apoyo de las entidades federativas y el
Gobierno Federal a la Ley de Coordinación Fiscal de 1980 que es, con algunas adecuaciones
y modificaciones, la que actualmente nos rige.
Como sabemos, la recaudación
federal participable está integrada por dos componentes: los impuestos federales y los
derechos sobre la extracción de petróleo. A partir de 1996 se establece que el Fondo
General de Participaciones se integraría con el 20 por ciento de la recaudación
participable, recursos éstos agrupados en el ramo 28. Estos ingresos son considerados
como propios de las haciendas de los estados y municipios, y su distribución al interior
de cada entidad federativa reproduce el esquema federal 80/20. Es decir, 16% corresponde a
la entidad federativa y 4% se canaliza a los municipios.
Si sumamos los recursos que estos
esquemas aportan en conjunto, la federalización total de recursos fiscales (ramos 28 y
33, más recursos del ramo 23 y convenios de descentralización) llega a representar
alrededor del 60% de la recaudación federal participable. Sin embargo, no hay que perder
de vista que sólo los recursos provenientes de los ramos 28 y 33 son considerados como
propios de las haciendas estatales y municipales. Y es aquí donde radica el problema.
Si bien las aportaciones de
recursos fiscales del ramo 23 PAFEF, y de los convenios de descentralización representan
un apoyo extraordinario al gasto estatal y municipal, estos recursos, en especial los del
PAFEF, no contribuyen necesariamente a fortalecer la capacidad hacendaria de nuestras
entidades federativas y municipios.
El hecho de que estos recursos
puedan ser utilizados como inversión en infraestructura en las entidades federativas ha
significado, en los hechos, su orientación casi exclusiva para este fin. Tal es el caso
del estado de Puebla. El destino de gran parte de los recursos aportados por el PAFEF han
sido canalizados, como marca la ley, hacia inversiones en infraestructura, obras de
vialidad, comunicaciones, además de aportaciones para el saneamiento financiero de esta
entidad.
Incluso parte de estas aportaciones
ha sido destinada al apoyo del sistema operador de agua potable y alcantarillado de Puebla
(SOAPAP).
El problema que subyace, reitero,
es que estos recursos no pueden ser manejados con entera autonomía por las haciendas
estatales y municipales. Lo que impide su distribución eficiente y oportuna hacia los
programas de inversión en infraestructura que resultan prioritarios para los gobiernos
estatales y municipales. De ahí la necesidad y la pertinencia de reubicar estos recursos
en el PEF con el fin de que pasen a ser recursos propios de las haciendas locales.
Esto se podría lograr a partir de
la creación de un nuevo fondo en el ramo 33 denominado: Fondo de Apoyos para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Fondo III), mismo que vendría a
complementar, como de hecho ocurre en la práctica, a los fondos de aportaciones para la
infraestructura social y para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado
A usted, señora Presidenta de la
Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente
pido se sirva:
Unico. En los términos de lo dispuesto por el
artículo 2l, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público para que presente el dictamen respectivo a la iniciativa de
reformas a la Ley de Coordinación Fiscal presentada el 8 de noviembre de 2001, a nombre
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, a 22 de octubre de 2002.— Diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Publíquese en la Gaceta y en el Diario de los Debates y se realiza una excitativa,
de conformidad con el artículo 21 fracción XVI a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público para que emita el dictamen correspondiente.
Tiene la palabra el diputado Tomás
Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática...
¿Sí, diputado?..
Activen el sonido en la curul del
diputado Tomás Torres.
El diputado Tomás Torres Mercado (desde su
curul):
Solamente señora Presidenta,
rogarle que si puede trasladar mi excitativa para la próxima sesión. Si fuera usted tan
gentil.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Con gusto señor diputado.
Atendemos la solicitud y se pospone para la próxima sesión.
La siguiente excitativa del
diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del PRI a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública, se pospone para la próxima sesión.
VIVIENDA
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Mario
Cruz Andrade, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una excitativa a las
comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.
El diputado Mario Cruz Andrade:
Con su permiso, señora Presidenta:
Solicito respetuosamente a esta
Presidencia, tenga a bien formular una excitativa a las comisiones de Hacienda y Crédito
Público y Seguridad Social, para que a la brevedad posible dictamine el punto de acuerdo
que fue presentado al pleno de esta soberanía, en relación a los créditos que otorga el
Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del
Estado, Fovissste, los cuales se encuentran bajo el rubro de cofinanciados con la banca
privada, con la finalidad de crear el programa denominado de Pago Pronto o Anticipado.
Con fundamento en el artículo 4o.
de nuestra Carta Magna, al tenor de lo siguiente establece: “toda familia tiene
derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, la ley establecerá los instrumentos
y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. El Ejecutivo Federal ha
planteado una política sectorial orientada a consolidar el derecho de todos los mexicanos
puedan disfrutar de una vivienda digna y decorosa con la certeza jurídica del bien
inmueble que se adquiere.
El pasado 30 de abril del año en
curso presenté una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal
que a través del Fondo de Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado,
establezcan que los créditos cofinanciados con la banca privada en los años noventa,
puedan disfrutarse bajo un programa denominado de Pago Pronto o Anticipado. Dicha
propuesta fue turnada a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Seguridad Social
el pasado 3 de mayo del año en curso y publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El objetivo de esta propuesta es
propiciar por un lado la certidumbre jurídica de los derechohabientes y por otro lado la
capacidad de pago que éstos puedan derogar respecto al crédito otorgado por el
instituto. El esquema del crédito cofinanciado está fundamentado básicamente con las
reglas para el otorgamiento de crédito de vivienda para los trabajadores del ISSSTE y en
las reformas que fueron efectuadas en los años noventa y en el coentendido de la
capacidad del pago estará determinada por el monto de la mensualidad suficiente para
cubrir la amortización del capital y los intereses del crédito otorgado por el instituto
en el plazo determinado para tal efecto, mediante el descuento hasta del 30% del sueldo
básico.
En este sentido, el Fovissste
impulsó el otorgamiento de crédito cofinanciado con la banca privada a favor de los
derechohabientes, los cuales consistían en que el del total del crédito otorgado éstos
pagarían una parte al Fovissste y otra a la banca privada, de tal manera que las familias
beneficiadas con una unidad habitacional a través del Fovisste, hoy en día se encuentran
preocupadas por la incertidumbre jurídica en la que se encuentran y con el fin de
finiquitar ante el instituto la deuda adquirida por el crédito solicitado y liberar así
sus escrituras, acreditando ser los legítimos propietarios de sus viviendas, por lo cual
solicitan se les pueda plantear una propuesta accesible para realizar su pago en el Fondo
de Vivienda del ISSSTE a través de la Dirección de Finanzas cuentan con los elementos
necesarios para implementar un programa de este tipo.
Dado el tiempo transcurrido sobre
el plazo establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para expedir el dictamen correspondiente,
solicito pueda ser presentada y turnado al pleno de esta Cámara, por lo anterior expuesto
y debido a la relevancia del contenido de la propuesta, pido se sirva:
Unico. En términos de los antecedentes ya
expuestos así como de conformidad con los preceptos legales aludidos, sirva excitar a las
comisiones de Hacienda y Crédito Público y Seguridad Social, para que presente el
dictamen que corresponda sobre el punto de acuerdo, en relación a los créditos que
otorga el Fondo de Vivienda del ISSSTE.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 22 de octubre de 2002.
Por su atención, muchísimas
gracias.
«Con su permiso señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
EXCITATIVA
El que suscribe, diputado federal
Mario Cruz Andrade, de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión,
integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 fracción 16 y de acuerdo con las
disposiciones contenidas en el artículo 87 y demás relativos del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a
ésta Presidencia tenga a bien, formular una excitativa, a las comisiones de Hacienda y
Crédito Público y de Seguridad Social, para que a la brevedad posible dé obvia y
urgente resolución, dictaminen el punto de acuerdo que fue presentado al pleno de esta
soberanía, en relación a los créditos que otorga el Fondo de Vivienda del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), los cuales se
encuentran bajo el rubro de cofinanciados con la banca privada, con la finalidad de crear
el programa denominado: “De pago pronto o anticipado”.
EXPOSICION
DE MOTIVOS
Con fundamento en el artículo 4o.
de nuestra Carta Magna, al tenor de lo siguiente establece: “Toda familia tiene
derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, la ley establecerá los instrumentos
y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo…” El Ejecutivo Federal ha
planteado una política sectorial, orientada a consolidar el derecho de que todos los
mexicanos, puedan disfrutar una vivienda digna y decorosa, con la certeza jurídica, del
bien inmueble que se adquiere.
ANTECEDENTES
El pasado 30 de abril del año en
curso, presenté una proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo
Federal, que a través del Fondo de Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado,
establezca que los créditos cofinanciados con la banca privada de los años noventa,
puedan disfrutarse bajo un programa denominado “De pago pronto o anticipado”,
dicha propuesta fue turnada a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Seguridad
Social, el pasado 3 de mayo del año en curso y publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El objeto de está propuesta es
propiciar, por un lado, la certidumbre jurídica de los derechohabientes y por otro, la
capacidad de pago que estos puedan derogar respecto al crédito otorgado por el instituto.
El esquema del crédito
cofinanciado, está fundamentado básicamente, con las reglas para el otorgamiento de
crédito de vivienda para trabajadores derechohabientes del ISSSTE, en las reformas que
fueron efectuadas en los años noventa y en el entendido de que la capacidad de pago
estará determinada por el monto de la mensualidad suficiente, para cubrir la
amortización del capital y los intereses del crédito otorgado por el instituto, en el
plazo determinado para tal efecto, mediante el descuento hasta del 30% del sueldo básico.
En este sentido, el Fondo de la
Vivienda (Fovissste) impulsó el otorgamiento de créditos cofinanciados con la banca
privada, a favor de sus derechohabientes, los cuales consistían en que, del total del
crédito otorgado, estos pagarían una parte al Fovissste y la otra a la banca privada.
De que las familias beneficiadas
con una unidad habitacional a través del Fovissste, hoy en día se encuentran preocupadas
por la incertidumbre jurídica en la que se encuentran y con el fin de finiquitar ante el
instituto, la deuda adquirida por el crédito solicitado y liberar así sus escrituras,
acreditando ser los legítimos propietarios de sus viviendas, por lo cual solicitan se les
pueda plantear una propuesta accesible para realizar su pago. Que el Fondo de Vivienda del
ISSSTE, a través de la subdirección de Finanzas cuenta con los elementos necesarios para
implantar un programa de este tipo.
Dado el tiempo ya transcurrido
sobre el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para expedir el dictamen correspondiente,
solicito pueda ser presentado y turnado al pleno de esta Cámara.
Por lo anteriormente expuesto y
debido a la relevancia del contenido de la propuesta presentada, a esta Presidencia de la
Cámara de Diputados, muy atentamente pido se sirva:
Unico. En términos de los antecedentes ya
expuestos, así como de conformidad con los preceptos legales aludidos, se sirva a excitar
a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social para que presenten
el dictamen que corresponda, sobre el punto de acuerdo en relación de los créditos que
otorga el Fondo de Vivienda del ISSSTE.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 22 de octubre de 2002.— Diputado
Mario Cruz Andrade.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a las comisiones de Hacienda y Crédito
Público y de Seguridad Social, para que emitan el dictamen correspondiente.
La siguiente excitativa a las
comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Fortalecimiento del Federalismo, el
diputado Víctor Díaz Palacios, ha solicitado se posponga para la próxima sesión.
EXPRESIDENTES
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra la diputada Adela
del Carmen Graniel Campos del grupo parlamentario del PRD, para presentar una excitativa a
las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación y Seguridad Pública.
La diputada Adela del Carmen Graniel
Campos:
Con el permiso de la Presidencia;
honorable Asamblea:
La suscrita en mi calidad de
diputada federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promuevo ante esta
soberanía la presente excitativa al tenor de los siguientes antecedentes.
Las disposiciones vigentes que
benefician a los ciudadanos que han desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos, son acuerdos donde el Poder Legislativo ha sido excluido en
el establecimiento de los recursos que reciben los expresidentes, ya que la determinación
de estas decisiones, han sido dictadas por el titular del Ejecutivo en turno.
Las pensiones que reciben los
expresidentes por seis años de servicio, contrastan con los ínfimos ingresos que
perciben los servidores públicos, jubilados y pensionados, después de toda una vida de
trabajo, además de resultar ofensivas en un país con más de la mitad de la población,
que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, particularmente con millones de
mexicanos con ingresos inferiores a 20 pesos diarios.
Los exmandatarios y sus familias,
se han visto beneficiados de seguros de vida y gastos médicos, contratados con
instituciones privadas, que son cubiertas con recursos públicos, cuando lo justo sería
que recibieran las prestaciones establecidas en el Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado.
Para evitar que el país siga
siendo el botín de unos cuantos, que la actuación pública se realice en función de las
instituciones consignadas en el ordenamiento constitucional y en la efectiva aplicación
de las mismas a la realidad, el interés público y el bienestar social están antes que
el beneficio personal de los que están obligados a servir al país.
CONSIDERACIONES
El día 10 de septiembre del
presente año, la de la voz acudió a esta tribuna, para presentar una iniciativa de
decreto que reforma y adiciona la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Federal y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
con objeto de que se establezca el marco legal, para que se supriman la discrecionalidad y
privilegios que han gozado los ex titulares del Ejecutivo Federal, ya que repercuten de
manera significativa en el gasto público.
Desde que se presentó la
iniciativa en cuestión, ha transcurrido en exceso el lapso que concede el artículo 87
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos,
para que las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación y Seguridad,
presenten su dictamen en los negocios de su competencia. Por lo antes expuesto y fundado,
solicito a la Presidencia dé trámite a la siguiente proposición:
Unico. Con fundamento en los términos del
artículo 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, enviar la presente excitativa a las comisiones de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación y Seguridad de la Cámara de Diputados,
para que inicie el procedimiento de revisión, con objeto de que dicha resolución sea
presentada ante el pleno.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señora diputada.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a las comisiones de Presupuesto y Cuenta
Pública y de Gobernación y Seguridad Pública, para que emitan el dictamen
correspondiente.
LEY
FEDERAL DE ARCHIVOS
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Elías
Martínez Rufino, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una excitativa a la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
El diputado Elías Martínez Rufino:
Gracias. Con su venia, señora
Presidenta; compañeras y compañeros:
El 23 de abril del año en curso,
presenté ante este pleno una iniciativa para crear la Ley Federal de Archivos, con objeto
de hacer posible que la información contenida en nuestra memoria histórica sea accesible
a la sociedad, esté debidamente organizada, protegida y resguardada.
En la iniciativa se establecieron
los lineamientos precisos para la organización, custodia, resguardo, selección y
depuración de los documentos de los archivos de nuestra nación y sentar así las bases
para el desarrollo de una cultura archivística moderna y capaz de lograr el respeto a
nuestra historia y soberanía.
A pesar del avance que hubo en el
manejo del acceso a la información pública, se mantiene una laguna en nuestro sistema
jurídico, pues en materia de archivos sigue pendiente hacer realidad el artículo 6o.
constitucional que establece que, entre comillas, “...el derecho a la información
será garantizado por el Estado”. Sigue esto todavía pendiente.
1. El nivel de especificidad de la
Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental cuya
vigencia es reciente, no llega a definir y a actualizar lo que se entiende por archivo,
documento, sección y serie; tampoco define los tipos de archivos y las edades de los
documentos para que con un sentido racional y científico, sepa el ciudadano cuáles, por
razones de seguridad del Estado, serán clasificados con diferentes tipologías.
Asimismo, consideramos que la
iniciativa de la Ley Federal de Archivos sería complementaria al normar la
responsabilidad de cada nivel de gobierno con respecto a los documentos y la transferencia
de los mismos.
2. Los archivos son un recurso
básico de la información, además de ser el resguardo de nuestra memoria histórica, tan
antiguos como la organización social de la humanidad.
Los archivos mexicanos enfrentan un
severo y creciente deterioro por diversos problemas, como lo son el extravío, la
sustracción y la destrucción desmesurada de los documentos donde se hace constar los
actos de gobierno, al no existir lineamientos para la selección y depuración de los
documentos con características y valores históricos.
Los archivos deberán adoptar
sistemas de organización científicos probados y consistentes en el ámbito
internacional, que se superen viejas prácticas bibliotecarias que nada tienen qué ver
con los modernos sistemas archivísticos.
En comparación con otros países
de América Latina como Argentina, Colombia y Costa Rica, que cuentan con un marco
jurídico en la materia, el trabajo archivístico de nuestro país se ha proyectado
deficientemente porque no existe legislación federal que norme el uso, protección y
sobre todo, la conservación de los archivos.
A nivel estatal, los esfuerzos por
crear un marco jurídico en los estados de la Federación, ya se han dado en diferentes
estados del mismo. El desafío para los mexicanos y el Poder Legislativo Federal, es
establecer los lineamientos jurídicos para que el Estado mexicano preserve, organice y
garantice la accesibilidad y el manejo profesional de la información.
La conservación de nuestra memoria
histórica a través del patrimonio histórico contenido en los archivos nacionales, es
una facultad indiscutible del Congreso de la Unión, como lo establecen las fracciones XXV
y XXX del artículo 73 constitucional.
La primera fracción citada
establece que el Congreso tiene facultad para establecer, organizar y sostener institutos
concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y para legislar sobre
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.
De acuerdo a la fracción II del
artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos vigente, los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a
las oficinas y archivos de la Federación, de los estados o de los municipios o de las
casas curiales, son considerados monumentos históricos.
En el caso de la fracción XXX del
artículo 73 constitucional, se establece la facultad del Congreso de la Unión, para
expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades
anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los poderes de la Unión,
como es el caso del derecho a la información, consagrado en el artículo 6o. de nuestra
Ley Suprema.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en el artículo 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior
de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicita a la Presidencia se
sirva excitar a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, a fin de que elabore y
dé a conocer al pleno para su discusión, el dictamen de la iniciativa que crea la Ley
Federal de Archivos, presentada ante esta honorable Asamblea, el 23 de abril del año en
curso.
Es cuanto, señora Presidenta.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
paredes Rangel:
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XXVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, para que emita el dictamen correspondiente.
LEY
GENERAL DE SALUD
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra la diputada Adela
del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una excitativa
a la Comisión de Salud.
La diputada Adela del Carmen Graniel
Campos:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros legisladores:
La infección por SIDA en nuestro
país cobra alrededor de 4 mil nuevos casos cada año, de los que más del 95% ocurren por
transmisión sexual. El SIDA continúa representando un problema importante de salud
pública, reflejado por un gran número de infectados. De acuerdo con el ONUSIDA, en
nuestro país existen alrededor de 150 mil personas infectadas por el VIH.
La necesidad de recursos
suficientes constituye un factor crítico. Los recursos financieros asignados al VIH-SIDA,
no constituyen más que una fracción de los necesarios. Pero para ampliar el alcance de
los servicios existentes y mejorar al mismo tiempo su calidad y el número de sus
beneficiarios, se necesitará un aumento sustancial de los recursos financieros.
Es necesario continuar impulsando
campañas de prevención entre la población joven de México, así como promover el
autocuidado, la responsabilidad y la autonomía individual.
Es en este contexto que se pretende
que las personas infectadas por SIDA y que no cuentan con los servicios de la seguridad
social, puedan recibir los servicios de salud y los medicamentos, de manera gratuita.
Mientras que en lo relativo a la
población en general, para la prevención, el control y erradicación de enfermedades
transmisibles como el SIDA, las instituciones del sector salud, deben proporcionar el
preservativo masculino y femenino (condón), de manera gratuita, como una campaña
permanente.
De acuerdo con diversos estudios
científicos como el realizado por la Food and Drog Administratión (FDA) de los Estados
Unidos, el condón reduce 10 mil veces la transferencia de secreciones, disminuyendo
significativamente el riesgo de transmisión del VIH.
El uso constante y correcto del
condón es una de las estrategias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud
para prevenir el SIDA.
CONSIDERACIONES
El 24 septiembre del presente la de
la voz acudió a esta tribuna para presentar una iniciativa de decreto que reforma y
adiciona el artículo 135-bis de la Ley General de Salud, con el propósito de favorecer
la prevención, detección y reducción de la tasa de incidencia del SIDA.
Desde que se presentó la
iniciativa en cuestión ha transcurrido en exceso el plazo que concede el artículo 87 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos para que
la Comisión de Salud presente su dictamen en los negocios de su competencia.
Por lo antes expuesto y fundado,
solicito a la Presidencia dé tramite inmediato a la siguiente proposición.
Unica. Con fundamento en los términos del
artículo 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, enviar la presente excitativa a la Comisión de
Salud de la Cámara de Diputados para que inicie el procedimiento de revisión con objeto
de que dicha resolución sea presentada ante el pleno.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Muchas gracias, diputada.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Salud para que emita el dictamen
correspondiente.
Pasamos al capítulo de
proposiciones.
ESTADO
DE QUERETARO
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se ofrece el uso de la palabra al
diputado Timoteo Martínez Pérez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una
proposición con punto de acuerdo para solicitar al Poder Ejecutivo del estado de
Querétaro la entrega inmediata de los recursos destinados a la Universidad Autónoma de
Querétaro.
El diputado J. Timoteo Martínez
Pérez:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se somete a consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo por
el que se exhorta al Gobierno del estado de Querétaro a la entrega de los recursos
destinados a la Universidad Autónoma de Querétaro, de conformidad con los siguientes
ANTECEDENTES
El principio de autonomía
universitaria es la facultad de autogobierno de las mismas y de la dependencia de éstas
respecto de los órganos de poder del Estado, así como la libertad para decidir sus
planes de estudio, sus métodos de trabajo y designar a sus autoridades tanto para recibir
subsidios federales para la consecución de sus fines, para administrar su presupuesto y
realizar el ejercicio libre de cátedra.
En febrero del 2001 el Ejecutivo
Federal, por conducto de la subsecretaría de Educación Pública, comunicó al Gobierno
del estado de Querétaro que los recursos por concepto del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM), aprobados por esta Cámara de Diputados, le correspondía a la
Universidad Autónoma de Querétaro la cantidad de 13 millones 351 mil 400 pesos.
Posteriormente, en enero del 2002,
fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación, en el Presupuesto de Egresos. Que la Secretaría de Educación Pública
determinó la distribución respectiva y con fecha 23 de enero del año en curso el
subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica comunicó al Gobierno
del estado de Querétaro que, derivado del Fondo de Aportaciones Múltiples, le
correspondía a la Universidad Autónoma de Querétaro la cantidad de 25 millones 219 mil
pesos.
El día 5 de septiembre del año
que cursa, la Universidad Autónoma de Querétaro, mediante oficio, le solicitó al
ingeniero Ignacio Loyola Vera, Gobernador constitucional del estado de Querétaro, la
entrega de los recursos que se mencionaron con anterioridad y que corresponden a los
fondos de aportaciones de los años 2001 y 2002.
Mediante escrito de fecha 18 de
septiembre del 2002 el gobernador del Estado le indica a la Universidad Autónoma de
Querétaro que de acuerdo con lo dispuesto al artículo 46 de la Ley de Coordinación
Fiscal, las aportaciones y sus accesorios con cargo a dichos fondos, que reciben las
entidades federativas, deben de ser administradas y ejercidas por los gobiernos de los
estados, conforme a sus propias leyes, los cuales deben registrarlos para ingresos propios
y en consecuencia, se negó a entregar dichos recursos.
Asimismo vale la pena aclarar que
los informes sobre la situación económica de las finanzas públicas y de la deuda
pública del año 2001, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
reporta como ejercidos los recursos del FAM 2001.
Por todo lo anteriormente expuesto
y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y a fin de dar cumplimiento con lo establecido por el decreto
aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2001
y 2002, en la Ley de Coordinación Fiscal, se somete a consideración de esta Asamblea los
siguientes
PUNTOS
DE ACUERDO
Primero. Se solicita al Gobierno del estado de
Querétaro entregue de inmediato a la Universidad Autónoma de Querétaro los recursos del
Fondo de Aportaciones Múltiples más sus rendimientos previstos en los presupuestos de
egresos de la Federación para los ejercicios 2001 y 2002.
Segundo. Se solicita a la Auditoría Superior de
la Federación, a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y a la
Contaduría Mayor de Hacienda de la Legislatura del estado de Querétaro, a efecto de que
en el marco de sus competencias investiguen la situación en que se encuentran los
referidos recursos y que se haya cumplido fielmente con la normatividad aplicable en su
caso y se finquen las responsabilidades legales a que haya lugar.
Tercero. Se solicita a las dependencias señaladas
en el párrafo anterior, que junto con la Secretaría de Educación Pública verifiquen
que dichos recursos sean recibidos íntegramente por la Universidad Autónoma de
Querétaro, sin perjuicio de que ésta deberá de ejercerlos de acuerdo con los fines a
que se encuentran destinados.
Cuarto. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público remita a esta soberanía los saldos que reporta en dichos fondos de
aportaciones múltiples más sus rendimientos previstos en los presupuestos de egresos de
la Federación para los ejercicios 2001 y 2002, así como la forma como han sido
reportados para su administración y ejercicio por parte del Ejecutivo del estado de
Querétaro.
Quinto. Se solicita muy respetuosamente que este
punto de acuerdo sea turnado a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública con la
opinión de la Comisión de Educación y Servicios Educativos y la Comisión de Vigilancia
de la Contaduría Mayor de Hacienda, así como a la Junta de Coordinación Política de
esta Cámara de Diputados.
Me permito anexar al presente punto
de acuerdo, la firma de más de 120 compañeros diputados de diferentes fracciones
parlamentarias, así como la de ocho compañeros diputados locales de la LIII Legislatura
del estado de Querétaro.
Diputados: J. Timoteo Martínez Pérez, Juan Manuel Martínez
Nava, Librado Treviño Gutiérrez, Martí Batres Guadarrama, Augusto Gómez Villanueva,
Salvador Cosío Gaona, Arturo B. de la Garza Tijerina, Bernardo de la Garza Herrera, Lilia
Mendoza Cruz, Abel Trejo González, Oscar Alvarado Cook, Roberto Fuentes Domínguez,
Miguel Arizpe Jiménez, Andrés Carballo Bustamante, Adolfo Zamora Cruz, Oscar del Real
Muñoz, Olga Margarita Uriarte Rico, Florentino Castro López, Armín Valdés Torres,
Justino Hernández Hilaria, José Antonio Hernández Fraguas, Héctor Esquiliano Solís,
Melitón Morales Sánchez, Víctor Díaz Palacios, Carlos Aceves del Olmo, Enrique Aguilar
Borrego, Benito Vital Ramírez, José Manuel Quintanilla Rentería, Luis Eduardo Jiménez
Agraz, Manuel Galán Jiménez, Angel Meixueiro González, Roberto Zavala Echavarría,
Jaime Vázquez Castillo, Hermilo Monroy Pérez, Alfredo Ochoa Toledo, Marco Antonio
Dávila Montesinos, César Augusto Santiago Ramírez, Elba Arrieta Pérez, Manuel Garza
González, Josefina Hinojosa Herrera, Enrique de la Madrid Cordero, Maricruz Montelongo
Gordillo, Enrique Martínez Orta Flores, Francisco Ríos Alarcón, Jaime Larrazábal
Bretón, Lilia Mendoza Cruz, Silvia Romero Suárez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, Librado
Treviño Gutiérrez, Jesús de la Rosa Godoy, Celia Martínez Bárcenas, José Elías
Romero Apis, Bonifacio Castillo Cruz, Juan Rigoberto Garza Faz, Gerardo Sosa Castelán,
Raúl Efrén Sicilia Salgado, Víctor R. Infante González, Silverio López Magallanes,
César Duarte Jáquez, Uuc-kib Espadas Ancona, Celestino Bailón Guerrero, José Luis
González Aguilar, José Manuel del Río Virgen, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, José
Antonio García Leyva, Efrén Leyva Acevedo, Federico Granja Ricalde, Jorge Carlos Berlín
Montero, Gustavo Riojas Santana, Enrique Herrera y Bruquetas, Manuel Duarte Ramírez,
José Narro Céspedes, Miguel Ortiz Jonguitud, Gustavo Carvajal Moreno, Miguel Vega
Pérez, Felipe Solís Acero, Juan M. Carreras López, Alejandro Cruz Gutiérrez, Juan
Alonso Hernández Hernández, David Penchyna Grub, Alvaro Vallarta Ceceña, María Elena
Chapa Hernández, Enrique Priego Oropeza, Policarpo Infante Fierro, Arturo León Lerma,
Juan Leyva Mendívil, Fernando Díaz de la Vega, José Yunes Zorrilla, José María
Guillén Torres, Carlos A. Soto Monzón, Adolfo Zamora Cruz, Félix Salgado Macedonio,
Simón Villar Martínez, Araceli Domínguez Ramírez, Cutberto Cantorán Espinosa, Edgar
Consejo Flores, Marcos López Mora, Javier García González, Albino Mendieta Cuapio,
Roque Gracia Guzmán, José R. Escudero Barrera, Manuel Añorve Baños, Santiago López
Hernández, Rubén Aguirre Ponce, Ma. de los Angeles Sánchez Lira, Raúl González
Villalva, Santiago Guerrero Gutiérrez, Flor Añorve Ocampo, José del Carmen Soberanis
González, Lourdes Gallardo Pérez, Rosa Elena Baduy Isaac, Feliciano Moo y Can, Marcelo
García Morales, Jaime Hernández González, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Alberto Amador
Leal, David Sotelo Rosas, Nabor Ojeda Delgado, Héctor Pineda Velázquez y Hortensia Enríquez Ortega (rúbricas).
«Escudo.— Querétaro.—
Poder Legislativo.— LIII Legislatura.
Honorable Congreso de la Unión de
la Cámara de Diputados.— Presente.
Los suscritos diputados,
integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIII
Legislatura, ejercitante de las facultades que nos confieren los artículos 42 fracción
IV de la Constitución del Estado, nos adherimos al punto de acuerdo para que sean
entregados los recursos federales asignados a la Universidad Autónoma de Querétaro, que
está obligado a entregar el Ejecutivo de esta entidad, presentado por el diputado J.
Timoteo Martínez Pérez, ante la Cámara de Diputados.
Lo anterior para los efectos
legales que haya lugar.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Santiago de Querétaro, Querétaro,
a 22 de octubre de 2002.— Diputados de la LIII Legislatura del Estado: Patricio Aragón Chávez, Juan José Flores Solórzano,
Enrique González González, Odilón Hernández Guerrero, Alberto Herrera Moreno, Maximino
Pérez García, Marco Antonio Rojas Valladares y Rigoberto
Torres Sauceda.»
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
El diputado José Félix Salgado Macedonio (desde
su curul):
Para el mismo tema.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Le ruego a la Secretaría dar
lectura al artículo 58 del Reglamento.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
De las iniciativas de leyes.
Artículo 58:
"Las proposiciones que no sean
iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que
la suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
Uno. Se presentarán por escrito y
firmadas por sus autores al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la
sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueran varios exponer
los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.
Dos. Hablaran una sola vez dos
miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra prefiriéndose al autor del proyecto o
proposición o proyecto.
Tres. Inmediatamente se preguntará
a la Cámara si se admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará
a la comisión o comisiones a quienes corresponda y en el segundo se tendrá por
desechada.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias.
Sobre este tema ha solicitado hacer
uso de la palabra el diputado José Ramón Soto Reséndiz, del grupo parlamentario de
Acción Nacional, así como el diputado Félix Salgado Macedonio, del grupo parlamentario
del PRD.
Diputado Soto Reséndiz, ¿entiendo
que su intervención es en contra?
El diputado José Ramón Soto Reséndiz (desde su
curul):
Es solamente para puntualizar.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Para puntualizar. Pero, ¿es en pro
o en contra?
El diputado José Ramón Soto Reséndiz (desde su
curul):
Es a favor.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
A favor.
Tiene la palabra el diputado José
Ramón Soto Reséndiz, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado José Ramón Soto Reséndiz:
Con el permiso de la Mesa
Directiva; compañeras y compañeros diputados:
Nuestro respeto y apoyo irrestricto
a la Universidad Autónoma de Querétaro, pieza fundamental para el desarrollo intelectual
y cultural de mi estado. En lo personal no tuve la oportunidad de cursar estudios en la
Universidad Autónoma de Querétaro, pero, sin embargo, me siento orgulloso porque esa
institución ha dado cobijo a mis hijos que sí han tenido la oportunidad de cursar por
esas aulas.
Conozco de la estrechez económica
con la cual la Universidad Autónoma de Querétaro y la mayoría de las universidades del
país hoy tienen y que lógicamente no es privativo de la de mi estado. Para poder ayudar
un poco a esa situación económica el Gobierno del estado de Querétaro ha realizado
enormes esfuerzos para poder ayudarla, incluso en días recientes aportó una cantidad de
150 millones de pesos para que pudiera liquidar un adeudo acumulado con el Instituto
Mexicano del Seguro Social. ¡Este adeudo fue heredado de administraciones anteriores por
más de 300 millones de pesos!
Ahora bien, lo que viene hoy a
solicitar el diputado del PRI, compañero mío, Timoteo Martínez Pérez, es que el
Gobierno del estado entregue simple y llanamente un recurso del Fondo de Aportaciones
Múltiples, que ha sido transferido al Gobierno del estado para que sea éste y no la
propia universidad quienes los administren y los apliquen. Los recursos están ahí para
ser administrados y aplicados por el Gobierno del estado, conforme lo establece la Ley de
Coordinación Fiscal aprobada por esta soberanía. Ya incluso se encuentran licitadas las
obras correspondientes, pero, sin embargo, de manera extraña las autoridades
universitarias no han permitido que éstas se ejecuten en beneficio de los universitarios
queretanos.
La Universidad ha exigido ser ella
quien administre y ejerza directamente los recursos. Sin embargo, eso sería violatorio de
la norma aprobada por nosotros y tal insistencia ya la ha formulado ante la Suprema Corte
de Justicia mediante la interposición de un juicio de amparo en contra de los actos de
esta legislatura del Presidente de la República y del Secretario de Gobernación, por
considerar que es inconstitucional. Será en última instancia el Supremo Tribunal quien
tenga y dé la última palabra.
Con todo respeto, solicitaría a mi
compañero Timoteo Martínez no pretenda no sólo politizar, sino partidizar esta
diferencia...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Reangel:
Diputado.
El diputado José Ramón Soto
Reséndiz:
En un segundo termino, señora
Presidenta, si usted me lo permite.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Con gusto, pero el diputado Jorge
Carlos Ramírez Marín creo que quiere hacerle una interpelación, no sé si usted la
acepte.
El diputado José Ramón Soto
Reséndiz:
Cuando yo termine, con mucho gusto.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, adelante diputado.
El diputado José Ramón Soto
Reséndiz:
Con todo respeto solicitaría a mi
compañero Timoteo Martínez Pérez, no pretenda no sólo politizar sino partidizar esta
diferencia que hoy tiene la autoridad universitaria con el Gobierno del estado y dejemos
que los cauces institucionales sea la vía por la que se resuelva este asunto.
Recordemos que las universidades
públicas son propiedad de todos los mexicanos, no son propiedad de nadie y como reciben
recursos públicos deben ser transparentes, deben ser objeto de escrutinio de la sociedad,
porque es ésta quien paga a todos los universitarios, a todos los maestros, para educar a
los alumnos.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
¿Acepta usted la pregunta del
diputado Jorge Carlos Ramírez Marín?
El diputado José Ramón Soto
Reséndiz:
Puede pasar a formularla a esta
tribuna, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Eso no se permite y ese trámite
sólo lo puedo dictar yo, señor diputado.
El diputado José Ramón Soto
Reséndiz:
Le agradezco mucho y no se la
acepto.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Sí, diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín. Adelante.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su
curul):
Solamente precisar y pedir a la
Mesa Directiva registre en contra la intervención del diputado, como puede desprenderse
de todas sus afirmaciones, todas las cuales refutaron uno a uno los puntos propuestos por
el diputado que lo antecedió en el uso de la palabra.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Efectivamente, la intervención del
diputado fue en contra de las propuestas contenidas en el punto de acuerdo.
Tiene la palabra en pro, el
diputado Félix Salgado, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.
El diputado José Félix Salgado Macedonio:
Gracias, compañera Presidenta:
El grupo parlamentario del PRD
expresa aquí su acuerdo con la propuesta que trajo el compañero Timoteo Martínez.
La educación en México está
pasando por una crisis severa. No podemos hablar en este país y en estos momentos de una
operación triunfo ni de una academia, porque la academia se está acabando y esto más
bien pareciera que es una operación derrota.
El Gobierno mexicano por muchos
años no ha hecho caso a la recomendación de la UNESCO, que establece que el 8% del
Producto Interno Bruto debe destinarse a la educación. Hasta ahora parece que anda sobre
el 4.3% y con la llegada del Gobierno del PAN, quienes pensaron que se venía el cambio,
pues hoy se han equivocado, porque estamos igual o vamos en retroceso. La reversa también
es cambio, no hay que olvidarlo.
Nos pronunciamos entonces porque el
Gobernador de Querétaro, el señor Loyola, mejor conocido como “El Firulais”,
entregue esos recursos a la universidad. No es posible que los Gallos Blancos, el equipo
de fútbol, tenga mayor presupuesto que la Universidad de Querétaro. La educación está
primero, porque la educación hace a los pueblos libres, la cultura, pero el Gobierno
foxista no sabe con qué se come eso. Ha entrado en una franca confrontación contra la
ciencia, contra la academia, contra la cultura, contra la educación y ahí está el más
reciente y vergonzante hecho de haber entregado el 12.5% del espacio a que tenía derecho
el estado, entregarlo de forma vil, artera y descarada para satisfacer sus caprichos
personales del presidente Vicente Fox.
Como vamos a difundir ahora los
programas de educación, los programas de las universidades, de la UNAM, programas de
orientación educativa, de salud pública, ahora tendremos que pagar a los poderosos
consorcios de la comunicación.
No hay pues por qué no decir esto,
así que nos sumamos a la propuesta de nuestro compañero diputado Bral por Querétaro,
para que de inmediato el Gobernador entregue los recursos a nuestra Universidad Pública.
No queremos ser un país de siervos ni de esclavos mucho menos de agachados o de lacayos,
nuestros jóvenes universitarios tienen toda la razón y todo el derecho de venir a esta
Cámara de Diputados, exigir su presupuesto y nosotros, los legisladores de la nación,
estamos obligados a que así sea, que se entreguen los recursos de modo inmediato y que se
auditen las arcas financieras del gobierno de Querétaro.
Gracias, por su atención.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias. ¿Diputado? Activen el
sonido en la curul del diputado del Río.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde su
curul):
Señora Presidenta, por favor para
solidarizarme con el punto que presentó el diputado Timoteo Martínez, gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Regístrese el apoyo del diputado
del Río al punto.
Consulte la Secretaría, en
votación económica, si es de admitirse para turno a comisiones la proposición
presentada por el diputado Timoteo.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Por instrucciones de la
Presidencia, se consulta a los dipu tados si es de admitirse la proposición con punto de
acuerdo.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Se admite la proposición y túrnese a las comisiones
de Vigilancia del Organo Superior de Fiscalización y de Presupuesto y Cuenta Pública.
LOBOHOMBO
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Para presentar una proposición con
punto de acuerdo en materia del segundo aniversario del incendio ocurrido en el centro
nocturno “Lobohombo”, tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Flores
Gutiérrez, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Carlos Alberto Flores
Gutiérrez:
Con su venia, señora Presidenta.
Los suscritos, integrantes del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración del pleno
de esta Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo para hacer un exhorto a la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que en cumplimiento de sus
atribuciones concluya la integración y realice adecuadamente la consignación de las
averiguaciones previas iniciadas con motivo de los acontecimientos ocurridos el 20 de
octubre del año 2000 en el centro nocturno “Lobohombo” ubicado en la
delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal.
Compañeras y compañeros
diputados; considerando que a dos años del incendio ocurrido en el centro nocturno
denominado “Lobohombo” que se ubica en la delegación Cuauhtémoc de esta ciudad
capital, en el cual perdieron la vida 22 personas producto no sólo de un siniestro, sino
de la evidente irresponsabilidad y negligencia criminal de los propietarios, así como un
flagrante incumplimiento de las autoridades correspondientes en materia de inspección y
verificación de seguridad para los clientes y empleados que a ese lugar acudían, es
manifiesta la lentitud con la cual han actuado las autoridades en lo referente a las
investigaciones.
Dos, que es inadmisible que
habiendo transcurrido tanto tiempo desde que se dieron estos lamentables acontecimientos,
se ha visto una impavidez de parte de las autoridades correspondientes para llegar al
fondo de las investigaciones y someter a la justicia a las personas y autoridades
corresponsables de tan criminal negligencia que derivó en los hechos por todos conocidos.
Que derivado de lo anterior, la
ciudadanía en general y los actores políticos de esta capital en particular, han
coincidido en su preocupación porque no se ha demostrado por parte del Gobierno de la
ciudad una auténtica voluntad política e interés jurídico de que se concluyan las
investigaciones y se someta a proceso de manera satisfactoria tanto a los propietarios del
inmueble, como a los funcionarios que por la omisión del cumplimiento de su deber
contribuyeron a la comisión de tan diversos delitos.
Que en vista de lo anterior es
prudente solicitar a este pleno que exhorte al Procurador General de la República, a que
evalúe la posibilidad legal de atraer tales investigaciones al Fuero Federal y en
consecuencia, continuar desde ese nivel las indagaciones y actos procesales
correspondientes.
Por lo antes expuesto, sometemos a
la consideración del pleno los siguientes
PUNTOS
DE ACUERDO
Primero. Solicitar al Procurador General de la
República que analice la posibilidad de que realice la facultad de atracción de las
correspondientes averiguaciones previas.
Segundo. Que esta Cámara de Diputados en el uso
de sus facultades, exhorte al Gobierno del Distrito Federal, a la Procuraduría del
Distrito Federal, así como a las demás autoridades involucradas en la indagación y
deslinde de las responsabilidades correspondientes para que informe del estado que guardan
las investigaciones ante esta Cámara de Diputados, de la atención y pago de
indemnizaciones que hayan otorgado los deudos y afectados a través de las comisiones
competentes de su seno.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a las comisiones...
Diputado, sí...
El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
(desde su curul):
Señora Presidenta, en contra, por
favor.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
En contra.
Le ruego a la Secretaría dar
lectura al artículo 12 del acuerdo parlamentario e inmediatamente le damos la palabra al
diputado Barbosa. Artículo 12 del acuerdo parlamentario.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Artículo 12. Quienes intervengan
para presentar proposiciones, lo harán en un lapso no mayor de cinco minutos. Toda
propuesta presentada a la Cámara que no requiera ser votada de inmediato, será turnada
por la Presidencia de la Mesa Directiva a la comisión correspondiente sin que proceda
deliberación alguna excepto si hubiera objeción de alguno de los diputados en cuyo caso
se sujetará a la discusión y votación su admisión, para lo cual puede intervenir un
orador en contra y un orador en pro, hasta, por cinco minutos, sin que este caso se pueda
presentar intervenciones para hechos; si la proposición no hubiera alcanzado la mayoría,
se considerará desechada.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado
Barbosa.
Sí, muy bien.
El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta:
Gracias, señor a Presidenta.
Fíjense que cuando vimos en el
orden del día que había un punto de acuerdo que disfrazaba una efeméride y que se
refería a hechos tan lamentables, tan dolorosos, en los que perdieron la vida más de 20
personas, nos hicimos varias preguntas.
Si era un aniversario luctuoso o si
para los proponentes era un motivo de festejo y es una pregunta que todavía no tiene
respuesta para nosotros, porque utilizar la muerte de más de 20 personas; faltar con ello
el respeto a los deudos de los muertos en un afán de protagonismo y de publicidad
política barata, no es correcto.
Lo decimos con toda franqueza. Ese
hecho efectivamente fue el punto de arranque de un conjunto de cosas. En la delegación
Cuauhtémoc se han cerrado más del 70% de los giros negros, hubo un combate frontal
contra la mafia que se desenvuelve en esa zona de la Ciudad de México.
El señor Iglesias Rebollo, el
propietario de este giro mercantil, se encuentra prófugo. En contra de él se han
ejercitado acciones penales por diversos delitos. El señor se encuentra sustraído de la
acción de la justicia y las autoridades del Distrito Federal han hecho todo lo que está
en el ámbito de su competencia para que se sancione y no quede impune este hecho.
Y efectivamente hay que
preocuparnos por este tipo de acontecimientos, acontecimientos de inseguridad pública, de
muerte que quedan sin castigo, sea cual sea el color partidista del Gobierno de la ciudad
donde ocurre. Se nos viene aquí a la mente a todos y seguramente más a todas, las
muertas de Juárez. Ahí están hechos que deben ser aclarados por autoridades que tienen
una afiliación partidista y que no han podido aclararlo.
Deberíamos también preocuparnos
para que las procuradurías, la estatal de Chihuahua y la PGR también aclaren ese tipo de
hechos, pero recordemos que sólo antier conocimos de la noticia que la Procuraduría
General de la República está infestada de corrupción y está infestada de
narcotráfico. Ahí están, fue revelatorio de reconocer que desde ahí se filtra
información para que no se alcance a los delincuentes. Así es que nosotros nos sumamos
al esfuerzo de todos aquellos que estén interesados porque la impunidad en México se
termine, porque los delincuentes estén en la cárcel, se llame Iglesias Rebollo o se
llama cualquier otro.
Gracias, señores.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
En pro, el diputado Jorge Alberto
Lara Rivera, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Jorge Alberto Lara Rivera:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros:
Tal parece que en la ciudad de la
esperanza solamente los compromisos que tienen rédito político se quieren cumplir. Aquí
venimos no a celebrar, no a conmemorar una efeméride, no a recurrir al expediente tan
manido, tan usado por la bancada del orador a quien respeto y que me acaba de anteceder en
el uso de la palabra. Simple y sencillamente estamos ejerciendo una facultad que la
Constitución nos otorga, que la legislación nos otorga, en primer lugar para solicitar
la información conducente del caso.
Desde que este lamentabilísimo
acontecimiento sucedió, la bancada de Acción Nacional, los diputados por la delegación
Cuauhtémoc han sido muy insistentes en conocer y en verificar las indagatorias de este
asunto. Lo hemos sido no por un afán publicitario, como aquí se viene a decir, sino
precisamente para honrar el respeto que nos merecen los deudos de las familias cuyos
parientes perecieron en aquella infausta ocasión.
Yo creo, compañeras y compañeros,
que la mejor forma de atender precisamente y de honrar ese respeto, es que las autoridades
den cuenta cabal y cumplidamente de todas las acciones procesales, administrativas y
jurisdiccionales que se han realizado.
Se ha hecho evidente, desde el
momento que surgió el nexo Padierna-Iglesias, de la existencia de omisiones y de
complicidades, que en el ámbito de la administración en la delegación Cuauhtémoc no
han dejado de ocurrir.
Tenemos, como ejemplo, como
pequeño botón de muestra, de la encargada de los Asuntos Jurídicos de la delegación
Cuauhtémoc, quien se vió involucrada hace unos meses en circunstancias muy penosas y que
involucraban a sus colaboradores en actividades de dudosa licitud.
Desde luego que en la bancada del
PAN, estamos solidarizándonos con todos aquellos casos que tienen qué ver con
injusticias y con actos de impunidad. Nosotros hemos apoyado la creación y el trabajo de
la Comisión Especial, para atender el asunto de las mujeres desaparecidas en Juárez, no
se nos tiene por qué venir a recordar eso, somos de los principales impulsores del
trabajo de esta comisión.
Simple y sencillamente,
compañeras, compañeros y señora Presidenta, estamos aquí tratando por tercera
ocasión…
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado, el diputado Barbosa desea
formular una pregunta, ¿la acepta usted?
El diputado Jorge Alberto Lara Rivera:
Ahora que baje lo atiendo.
Estamos tratando, por tercera
ocasión, de solicitar información, aquí a la Cámara de Diputados, hicimos comparecer
al procurador Bátiz, y siempre la respuesta sobre el caso “Lobohombo” y muchos
otros es la misma, estamos trabajando. Nosotros queremos que ese trabajo, tenga resultados
para la tranquilidad de la sociedad, para tranquilidad de la gente que vive en la
delegación Cuauhtémoc y para la tranquilidad de nuestros representados.
Por eso es que venimos, señora
Presidenta, a manifestar nuestro apoyo, a que este punto de acuerdo, pase a las comisiones
correspondientes, en donde hay un punto de acuerdo muy semejantes y que yo no quiero que
concluya nuestra función como legisladores en este trienio, sin que tengamos resultados
fehacientes, en donde esté precisamente impartida la justicia respecto al señor Iglesias
y de los funcionarios de la delegación Cuauhtémoc.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
Consulte la Secretaría en
votación económica si es de admitirse la proposición para el turno a las comisiones
correspondientes.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Por instrucciones de la Presidencia
se consulta a la Asamblea, si es de admitirse el punto de acuerdo para darle turno a las
comisiones.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Túrnese a las comisiones de Justicia
y Derechos Humanos y del Distrito Federal.
COMUNIDADES
INDIGENAS
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado
Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo, en relación al
Presupuesto de Egresos de 2003, destinado a comunidades indígenas.
El diputado Héctor Sánchez López:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Las próximas fechas el Presidente
de la República, enviará a esta soberanía el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio
Fiscal 2003, en un clima de incertidumbre política y económica, tanto a nivel nacional
como internacional.
Ha reconocido la responsabilidad
que tiene esta Cámara de Diputados, para poder disponer cómo queda este Presupuesto de
Egresos de la Federación.
Ha dicho también que será un
presupuesto austero, por supuesto, que esto se deriva de la falta de recursos suficientes,
para poder dar cumplimiento a todos los rubros del presupuesto nacional.
Sin embargo, yo me pregunto:
¿será austero para quién? ¿Será austero para los pobres o será austero para los
banqueros que reciben, sin recorte alguno, lo que se les ha destinado en el IPAB? Hemos
escuchado recortes tras recortes y a los únicos que no se les recorta es a los banqueros
que quebraron la banca mexicana y la han entregado al extranjero.
Sin embargo, en lo que se refiere
al presupuesto social para educación, para salud, para caminos, para vivienda, para los
indígenas, son los primeros que son recortados.
Este Gobierno no escatima recursos
para que a los banqueros no les falte nada, como el hecho de Cabal Peniche, que sus amigos
le pudieron conseguir 4 mil 700 millones de pesos. No escatima recursos para el rescate
carretero, no escatima recursos para el rescate de los azucareros. Sin embargo para los
pobres, para los campesinos y para los indígenas de México, sí se escatiman los
recursos.
En este año, el ejercicio para un
Fondo de Atención a los Indígenas fue apenas de 1 mil millones de pesos. Las
secretarías de Estado decían que sumaban poco más de 10 mil millones para atender las
demandas indígenas y sin embargo nunca tuvimos con claridad cuáles eran esas partidas y
esos rubros específicos para atender las demandas de los indígenas.
Aquí mismo nosotros, en la reforma
constitucional, que estemos o no completamente de acuerdo en ello, no solamente asumimos
la responsabilidad de dar los suficientes recursos para atender a los pueblos indígenas,
sino que nos mandatamos y nos obligamos a que en el próximo presupuesto, efectivamente
destinemos los recursos suficientes. No podemos solamente hablar en discursos por los
indígenas, hoy nos toca a nosotros los diputados realmente destinar estos recursos para
que los pueblos indígenas puedan ir mejorando poco a poco su situación.
Hoy, los indígenas son grupos de
mexicanos que carecen de presente, mucho menos la esperanza de un futuro que los pueda
integrar al desarrollo económico, político y social de nuestro México.
Si nosotros dejamos pasar esta
oportunidad y a los indígenas los dejamos olvidados en el próximo presupuesto,
estaríamos traicionando lo que nosotros mismos aprobamos en ésta, en esta legislatura.
Por todo lo anterior, compañeras y
compañeros, creo que no podemos nosotros olvidar nuestra responsabilidad y con fundamento
en lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia turne a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública la siguiente proposición de
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Para cumplir con lo establecido en el
apartado B, fracción IX del artículo 2o. de nuestra Carta Magna, esta Cámara de
Diputados a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, establecerá un
fondo de 5 mil millones de pesos que se destinará al Programa para la Atención para el
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas a través del Instituto Nacional
Indigenista o en su caso la dependencia que lo sustituya.
Segundo. Independientemente del fondo al que se
hace referencia en la proposición primera, la Cámara de Diputados a través de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, garantizará que en el presupuesto de 2003,
cada una de las secretarías de la Administración Pública Federal, así como los
organismos paraestatales cuenten con las partidas específicas para la atención de los
pueblos y comunidades indígenas de nuestro país.
Tercero. Las partidas aprobadas para la atención
y desa-rrollo de los pueblos indígenas en cada una de las secretarías de Estado,
estarán etiquetadas en los rubros de educación, salud, caminos, comunicaciones,
vivienda, apoyo al campo e infraestructura básica y por ningún motivo sujeto a recortes
presupuestales por parte del Ejecutivo Federal.
Suscriben esta proposición los
diputados: Héctor Sánchez, del PRD; Cándido Coheto, del PRI y José Manuel Del Río
Virgen, de Convergencia.
Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo
en materia de atención a los pueblos indígenas.
En próximas fechas el Ejecutivo
Federal enviará a esta Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio
Fiscal de 2003. Lo hará en un clima marcado por la incertidumbre política que prevalece
entre las diferentes fuerzas políticas y, particularmente, por el incierto panorama
económico internacional y nacional.
Con la declaración de las
autoridades hacendarias y del Presidente mismo, de que el proyecto del presupuesto que
presentará a esta Cámara para su análisis y aprobación será austero, reconoce que la
decisión en materia presupuestal es nuestra responsabilidad y que está en nuestras manos
decidir cómo debe ejercerse dicho presupuesto. Esta Cámara de Diputados tiene la
facultad para decidir a qué rubros se deben destinar los recursos, reconociendo que el
único requisito que se nos impone es el de los propios ingresos.
Para nadie es desconocido que uno
de los rubros a los que estamos destinando mayores recursos y que están sangrando el
erario público son los compromisos adquiridos con el Fobaproa-IPAB, que ascienden a más
de 750 mil millones de pesos; una cifra que impacta de manera brutal en el gasto que el
país podría destinar a otros rubros como el de la educación, salud, vivienda etcétera.
Por ello es incomprensible que si a
unos cuantas personas que se están viendo beneficiadas de esta sangría les destinamos
miles de millones de pesos, no podamos hacer un análisis serio, objetivo y responsable de
los recursos que requieren los pueblos indígenas de nuestro país para salir de la
extrema marginación y pobreza en la que viven. Quienes conocemos la realidad indígena de
nuestro país, quienes hemos tenido la oportunidad de conocer de cerca la problemática
por la que atraviesan nuestros pueblos, desde el norte hasta el sur, sabemos que es la
falta de oportunidades en materia de educación, salud, vivienda, caminos y falta de
proyectos productivos lo que les impide llevar una vida digna.
Es falso que los pueblos indígenas
no deseen cambiar sus formas de vida, pues, ¿quién en su sano juicio no desearía contar
con una educación de calidad? ¿O ser atendidos en un hospital de primer nivel? Sólo
basta recorrer, compañeras y compañeros legisladores, nuestras comunidades para
encontrarnos con la lacerante pobreza en la que de manera cotidiana enfrentan sus
necesidades.
Es ese conocimiento de la realidad
indígena lo que llevó a los legisladores federales, diputados, senadores y diputados
locales a aprobar las reformas constitucionales en los que se establecieron los
compromisos que esta Cámara de Diputados asumió con los pueblos indígenas,
independientemente de que sus demandas fueran otras; como lo es el reconocimiento a
decidir su propio desarrollo a partir de su reconocimiento como sujetos de derecho
público.
En el año que está por concluir
la Cámara de Diputados destinó sólo 1 mil millones de pesos a la institución
responsable de brindar atención a los pueblos indígenas y constituyó el Programa para
el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas con un monto de aproximadamente 1
mil millones de pesos; hoy lo que estamos solicitando es que se fije un monto de 5 mil
millones de pesos que estarán etiquetados en los rubros de educación, salud, caminos,
vivienda e infraestructura básica, más los recursos que cada una de las dependencias del
Ejecutivo Federal destine a la atención de las prioridades y programas que establece y
mandata nuestra Constitución Política en su artículo 2o.
Por todo lo anterior y con
fundamento en lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia turne a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la siguiente proposición con
punto
de acuerdo
Primero. Para cumplir con lo establecido en el
apartado B, fracción IX del artículo 2o. de nuestra Carta Magna, esta Cámara de
Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, establecerá un
fondo de 5 mil millones de pesos, que se destinará al Programa para el Desarrollo de los
Pueblos y Comunidades Indígenas, a través de INI o en su caso, la dependencia que lo
sustituya.
Segundo. Independientemente del fondo al que se
hace referencia en la proposición primera, la Cámara de Diputados, a través de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública garantizará que en el Presupuesto de 2003,
cada una de las secretarías de la Administración Pública Federal, así como los
organismos paraestatales, cuenten con las partidas específicas para la atención de los
pueblos y comunidades indígenas de nuestro país.
Tercero. Las partidas aprobadas para la atención
y desa-rrollo de los pueblos indígenas en cada una de las secretarías de Estado estarán
etiquetadas en los rubros de educación, salud, caminos, comunicaciones, vivienda, apoyo
al campo e infraestructura básica y por ningún motivo sujetos a recortes presupuestales
de parte del Ejecutivo Federal.
Diputados: Héctor Sánchez López, Cándido Coheto Martínez,
José Manuel del Río Virgen (rúbricas).»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública.
COMUNIDADES
INDIGENAS
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado
Cándido Coheto Martínez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una
proposición con punto de acuerdo, para incrementar los recursos del fondo indígena.
El diputado Vitalico Cándido Coheto
Martínez:
Señora Presidenta; compañeras y
compañeros diputados:
Con fundamento en lo establecido en
el artículo 58 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente
proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
CONSIDERACIONES
Mucho se ha debatido sobre el
pasado y el presente de los indígenas de México, dueños originarios de este país y
orgullo de nuestra identidad cultural.
Gracias a su resistencia ante el
colonialismo y el neocolonialismo, han podido mantener vivas sus culturas, lenguas, formas
de organización y una particular concepción del mundo y de la vida.
El justificado reclamo indígena de
los últimos tiempos es consecuencia del estado de marginación y lacerante pobreza que
padecen como resultado de la aplicación de políticas neoliberales que han limitado su
capacidad para resolver sus problemas y ejercer plenamente su derecho a decidir su
destino.
Los pueblos indígenas de México
exigen ser reconocidos como entidades de derecho pública, así como el reconocimiento de
sus territorios, de su derecho al aprovechamiento de sus recursos naturales, de su plena
participación política, así como a su autoderminación para que, a partir de su propia
visión y concepto de desarrollo, recuperen la grandeza que alcanzaron cuando fueron
libres.
Los indígenas no buscamos mover
compasiones, sino el respeto pleno a los derechos de nuestros pueblos que como mexicanos
les corresponde. Atender hoy los justos reclamos de las comunidades indígenas, significa
cancelar resentimientos y la desesperación que conduce a rebeliones y a enfrentamientos
de mexicanos contra mexicanos.
Si bien con las reformas aprobadas
por el Congreso de la Unión se alcanzó un significativo avance, aunque no fueron
satisfechas del todo las expectativas de los indígenas, estas reformas deben traducirse
ahora en políticas gubernamentales con un adecuado sustento presupuestal. De no ser así,
quedarán sólo como buenas intenciones.
Los indígenas de México exigen
hechos, no ilusiones. Por ello es imperativo que el Ejecutivo Federal precise políticas
públicas de desarrollo para estos pueblos. Defina objetivos, metas y acciones a corto,
mediano y largo plazos.
Los programas deberán ser
ejecutados por las propias comunidades y dar así cumplimiento al contenido del artículo
2o. constitucional, relativo a la autonomía de los pueblos indígenas que establece que
los programas de desarrollo que se impulsen, deberán respetar sus formas de organización
y que sean las propias comunidades, quienes diseñan las acciones y vigilen su
cumplimiento.
Compañeras y compañeros
diputados: dentro de pocos días estaremos debatiendo el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Año 2003 y probablemente la reforma hacendaria. Cometeríamos un
grave error si no asumimos como asunto prioritario de la nación, la asignación de
recursos importantes para atender a las comunidades indígenas.
El haber elevado a rango
constitucional aspectos básicos de las comunidades indígenas nos obliga a realizar una
rigurosa revisión del presupuesto, pensando en esas comunidades que, en su mayoría,
carecen de caminos, de agua, de luz eléctrica, de una educación eficiente y de calidad,
de vivienda y de financiamiento para impulsar proyectos productivos.
Si el Congreso reformó la
Constitución pensando en el bienestar de los 62 pueblos indígenas de México, esta
Cámara debe autorizar los medios para darle vigencia y concreción al apartado B del
artículo 2o. constitucional y contribuir a saldar la deuda que la nación tiene con
ellos.
Que esta Cámara haga valer su
voluntad para construir un mejor futuro para los mexicanos excluidos del proyecto
nacional.
De conformidad con los
razonamientos expresados, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados el
siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. En aras del compromiso social y en apego
solidario con los pueblos indígenas del país, el pleno de esta Cámara de Diputados pide
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública prevea en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Año 2003 recursos suficientes para impulsar proyectos productivos,
infraestructura caminera, luz eléctrica, así como agua potable.
Para ello, debe por lo menos
quintuplicarse el monto aprobado para el año 2002 en el fondo indígena para fortalecer
el desarrollo de los indígenas al que constitucionalmente tienen derecho.
Segundo. Se exhorte a los congresos de los estados
donde exista población indígena para que legislen en las materias que el artículo 2o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluye como responsabilidad
de las autoridades estatales y municipales a efecto de que hagan vigente y positivo el
pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y establezcan la
obligación de los gobiernos de impulsar políticas públicas de reducción de la pobreza.
Diputados: Cándido Coheto Martínez, Edith Escobar Camacho,
Héctor Sánchez López, Juan Manuel Martínez Nava, Adela Cerezo Bautista, Nicasia
García Domínguez, Esveida Bravo Martínez, Lázaro Méndez López, Manuel Garza
González, César Augusto Santiago, Víctor M. Gandarilla Carrasco, Martha Ofelia Meza
Escalante, Jaime Hernández González, Alberto Amador Leal, Araceli Domínguez Ramírez,
Cutberto Cantorán Espinosa, Olga Haydee Flores Velásquez, Josefina Hinojosa Herrera,
Justino Hernández Hilaria, Francisco Ríos Alarcón, Omar Fayad Meneses, José A.
Hernández Fraguas, Angel Meixuiero González, Martha Silvia Sánchez González, Celia
Martínez Bárcenas, Bonifacio Castillo Cruz, J. Timoteo Martínez Pérez, Arturo Escobar
y Vega, Ma. Teresa Campoy Ruy Sánchez, José Ramírez Gamero, José Felicano Moo y Can y Uuc-kib Espadas Ancona (rúbricas).
Compañeras y compañeros: el
destino no es lo que irremediablemente tenga que ocurrir, sino lo que hoy, con plena
conciencia histórica, podamos construir para mejorar el futuro de los pueblos indígenas
de México.
Muchas gracias.
Presidencia del diputado Eric Eber
Villanueva Mukul
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública.
El diputado Juan Manuel Martínez Nava
(desde su curul):
Diputado Presidente, le solicito
muy atentamente si no tiene inconveniente el orador, que tenga la gentileza de anotar mi
nombre entre los promoventes del punto de acuerdo.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Supongo que no tendrá
inconveniente el diputado Cándido Coheto que el diputado suscriba también el punto de
acuerdo.
El diputado Vitalico Cándido Coheto
Martínez:
Le suplico, por favor.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Con mucho gusto y por favor a la
Secretaría de permitirle suscribir al diputado el punto de acuerdo.
CAMARA
DE DIPUTADOS
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra la diputada Erika
Spezia Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para
presentar una proposición con punto de acuerdo en relación al presupuesto de la Cámara
de Diputados, hasta por cinco minutos.
La diputada Erika Elizabeth Spezia
Maldonado:
Con la venia del señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
El trabajo cotidiano de un
legislador es actualizar las leyes y las normas que permiten la convivencia pacífica de
todos los mexicanos.
Sin embargo, no basta con hacer una
gran cantidad de nuevas leyes o reformas basadas en información incompleta y poco
análisis.
El reflejo de la deficiencia del
trabajo legislativo es claro en el descontento de la ciudadanía y en el poco margen de
maniobra que en ocasiones llega a tener esta soberanía ante una total falta de la
infraestructura mínima necesaria que sustente la información, que es la materia prima de
las discusiones en este pleno.
Como ya se ha manifestado en
repetidas ocasiones, es patente el sentir de la sociedad por contar con procedimientos que
den seguridad jurídica y promuevan la estabilidad en los procesos legislativos referentes
al ámbito económico nacional de tal forma que se logre evitar la tensión política e
institucional al fin de cada periodo y aprobación de las iniciativas presupuestales.
Con respecto a las atribuciones que
la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a esta Cámara de
Diputados en materia de ingresos y egresos públicos, la implementación de análisis y
generación de información, resulta fundamental para la determinación de la dirección
que tomará el desarrollo del país.
Resulta inaceptable que nuestro
sistema legislativo no haya sido capaz de desarrollar cuerpos técnicos institucionales
apartidistas para conformar la estructura de un congreso fuerte, capaz de generar
análisis que evalúe de manera confiable y certera las políticas en materia económica
implementadas por nuestro gobierno.
Sabemos que hace apenas cuatro
años mediante un acuerdo firmado el 2 de abril de 1998, se creó la Unidad de Estudios de
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados hoy Centro de Estudios de Finanzas
Públicas.
Reconocemos el esfuerzo por la
creación de este centro, sin embargo, es necesaria la implementación de acciones
encaminadas al fortalecimiento del mismo o en su caso a su redefinición a través del
presupuesto que esta soberanía ejerce. Esto debido a que la infraestructura y el nivel
técnico de apoyo para nuestra Cámara de Diputados aún deja mucho que desear ante un
contexto en donde la práctica legislativa internacional nos muestra que desde hace más
de 25 años en muchos países el cuerpo técnico alrededor de los legisladores forma parte
esencial para la conformación de un Congreso fuerte, consistente, propositivo y sobre
todo confiable.
Tal es el caso del Congreso
norteamericano en donde la oficina de presupuesto del congreso cuenta con un equipo de
alrededor de 230 personas de tiempo completo con una estructura bien definida y sobre todo
institucional. Lo mismo podemos observar en el caso de la Unión Europea.
Es por ello que el Congreso
mexicano requiere de una oficina de presupuesto que provea en forma objetiva, expedita y
apartidista, información para realizar los análisis económicos necesarios y decisiones
de presupuesto, estimaciones necesarias para cuantificar los impactos de las posibles
reformas y la verificación de datos elaborados por el Ejecutivo Federal.
Los legisladores requerimos una
infraestructura y apoyo técnico especializado a fin de conformar un análisis certero y
contundente de las finanzas públicas del país. Esto resulta fundamental y estratégico
sobre todo en lo que se refiere al gasto público, pues su correcto análisis se relaciona
por una parte con la honestidad y la eficiencia del Gobierno y revela, por otra, las
prioridades y compromisos verdaderos del mismo, lo cual permite contrastarlos con las
preferencias de la sociedad quien es finalmente en quien repercuten las consecuencias del
gasto público.
No debemos olvidar el compromiso
que los legisladores hemos hecho con el pueblo mexicano que ha puesto su confianza en
nosotros para conformar un aparato capaz de proporcionar soluciones e información que
Hacienda ni en sus mejores esfuerzos quiere o puede proporcionar.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, abajo firmantes, nos permitimos someter a la consideración
de esta honorable Asamblea el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Solicitamos a la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados gire las instrucciones necesarias para que dentro del
presupuesto del año entrante, esta soberanía se contemple un monto destinado a la
conformación de un verdadero cuerpo técnico que sirva de apoyo en análisis y creación
de datos económicos para la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la
Federación, la Cuenta Pública y demás aspectos de la vida económica de nuestro país y
que recoja las preocupaciones y recomendaciones de las diferentes fuerzas políticas
representadas en este Congreso a través del Centro de Estudios de Finanzas Públicas o la
redefinición de éste.
Hago entrega a la Secretaría este
punto de acuerdo.
«Punto de acuerdo relativo a la
inclusión de una partida específica dentro del presupuesto para el ejercicio fiscal 2003
de la Cámara de Diputados para la conformación de un cuerpo técnico que sirva de apoyo
en el análisis presupuestal.
Presidente de la Cámara de
Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Los diputados que firman al calce,
de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los
artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión el siguiente punto de acuerdo.
Consideraciones
El trabajo cotidiano de un
legislador es actualizar las leyes y las normas que permiten la convivencia pacífica de
todos los mexicanos.
Sin embargo, no basta con hacer una
gran cantidad de nuevas leyes o reformas basadas en información incompleta y poco
análisis.
El reflejo de la deficiencia en el
trabajo legislativo es claro en el descontento de la ciudadanía, y en el poco margen de
maniobra que en ocasiones llega a tener esta soberanía ante una total falta de
infraestructura mínima necesaria que sustente la materia prima de las discusiones de este
pleno, la información.
De igual forma, la información
generada por el Ejecutivo federal dista mucho de reflejar con claridad la realidad de
nuestro país.
Por lo que, como ya se ha
manifestado en repetidas ocasiones, es patente el sentir de la sociedad por contar con
procedimientos que den seguridad jurídica y promuevan la estabilidad en los procesos
legislativos referentes al ámbito económico nacional, de tal forma que se logre evitar
la tensión política e institucional al fin de cada periodo y aprobación de las
iniciativas presupuestales.
Esto no resulta un asunto menor, ya
que lo que la sociedad de este país ha requerido desde hace tiempo es transparencia en la
información y toma de decisiones.
En particular, con respecto a las
atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a
esta Cámara de Diputados en materia de ingresos y egresos públicos, la implementación
de análisis y generación de información resulta fundamental para la determinación de
la dirección que tomará el desarrollo del país.
Desde hace ya varios años, se ha
buscado que el Presupuesto de Egresos de la Federación nos permita alcanzar un desarrollo
integral y equilibrado.
Pero para lograrlo, es importante
eliminar la incertidumbre en torno a la posible parálisis de las funciones del Estado por
una discusión y aprobación acelerada del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Es por ello que resulta inaceptable
que nuestro sistema legislativo no haya sido capaz de desarrollar cuerpos técnicos
institucionales apartidistas para conformar la estructura de un Congreso fuerte, capaz de
generar análisis que evalúen de manera confiable y certera las políticas en materia
económica implementadas por nuestro Gobierno.
Sabemos que hace apenas cuatros
años, mediante un acuerdo firmado el 2 de abril de 1998 se creó la Unidad de Estudios de
las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, hoy Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas.
Reconocemos el esfuerzo por la
creación de este Centro, sin embargo, es necesaria la implementación de acciones
encaminadas al fortalecimiento del mismo o, en su caso, a su redefinición, a través del
presupuesto que esta soberanía ejerce.
Esto debido a que la
infraestructura y el nivel técnico de apoyo para nuestra Cámara de Diputados aún deja
mucho que desear ante un contexto, en donde la práctica legislativa internacional nos
muestra que desde hace más de 25 años en muchos países, el cuerpo técnico alrededor de
los legisladores forma parte esencial para la conformación de un Congreso fuerte,
consistente, propositivo y sobre todo confiable.
Tal es el caso del Congreso
norteamericano, en donde la Oficina del Presupuesto del Congreso cuenta con un equipo de
alrededor de 230 personas de tiempo completo, con una estructura bien definida y sobre
todo institucional.
Lo mismo podemos observar para el
caso de países de la Unión Europea, como son Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Francia,
Italia, etcétera.
Es por ello que el Congreso
mexicano requiere una oficina de presupuesto que provea en forma objetiva, expedita y
apartidista, información para realizar los análisis económicos necesarios y decisiones
de presupuesto, estimaciones necesarias para cuantificar los impactos de las posibles
reformas y la verificación de datos elaborados por el Ejecutivo federal.
No es posible lograr el
fortalecimiento del Poder Legislativo si no se conforma una estructura sólida y
capacitada en proporción a la del Ejecutivo.
Los legisladores requerimos de
infraestructura y apoyo técnico especializado a fin de conformar un análisis certero y
contundente de las finanzas públicas del país.
Esto resulta fundamental y
estratégico sobre todo en lo que se refiere al gasto público, pues su correcto análisis
se relaciona por una parte con la honestidad y la eficiencia del gobierno, y revela por la
otra las prioridades y compromisos verdaderos del mismo, lo cual permite contrastarlos con
las preferencias de la sociedad, quien es finalmente en quien repercuten las consecuencias
del gasto público.
El grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, consciente de las deficiencias con que cuenta nuestro sistema
legislativo ha querido presentar este punto de acuerdo, con la finalidad de fomentar la
institucionalidad en este Congreso y la creación de cuadros técnicos que fortalezcan la
actividad legislativa.
Nuestro Congreso debe ser capaz de
generar su propia información.
No es posible que no podamos
generar nuestras propias bases de datos, ante la existencia de un grave problema de
generación, acceso y veracidad en la información que genera nuestro gobierno.
Por ello, no debemos olvidar el
compromiso que los legisladores hemos hecho con el pueblo mexicano, que ha puesto su
confianza en nosotros para conformar un aparato capaz de proporcionar soluciones e
información que Hacienda, ni en sus mejores esfuerzos, quiere o puede proporcionarnos.
Por lo anteriormente expuesto, con
fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México abajo firmantes, nos permitimos someter a consideración de
esta honorable asamblea el siguiente
Punto
de Acuerdo
Primero. Solicitamos a la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados gire las instrucciones necesarias para que dentro del
presupuesto del año entrante de esta soberanía se contemple un monto destinado a la
conformación de un verdadero cuerpo técnico que sirva de apoyo en el análisis y
creación de datos económicos para la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos
de la Federación, la Cuenta Pública y demás aspectos de la vida económica de nuestro
país, que recoja las preocupaciones y recomendaciones de las diferentes fuerzas
políticas representadas en este Congreso, a través del Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas o la redefinición de éste.
Dado en el Palacio Legislativo en
San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los
Estados Unidos Mexicanos, a 22 de octubre de 2002.— Diputados: Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica),
coordinador; Francisco Agundis Arias,
vicecoordinador; José Antonio Arévalo González,
Esveida Bravo Martínez (rúbrica), Diego Cobo
Terrazas (rúbrica), Arturo Escobar y Vega
(rúbrica), María Teresa Campoy Ruy Sánchez
(rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas
(rúbrica), José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica),
Sara Guadalupe Figueroa Canedo (rúbrica), Alejandro Rafael García Sainz Arena (rúbrica), Nicasia García Domínguez (rúbrica), María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica),
Concepción Salazar González (rúbrica) y Erika Elizabeth Spezia Maldonado (rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Junta de Coordinación
Política.
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene el uso de la palabra el
diputado Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para
presentar una proposición con punto de acuerdo sobre recorte presupuestal de 2003.
El diputado Jaime Cervantes Rivera:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeros y compañeras diputadas:
De concretarse la amenaza del
presidente Fox y del Secretario de Hacienda de realizar severos presupuestarios para el
año 2003, México entraría a un segundo año de austeridad voluntaria que no tiene
precedente, aún dentro de la experiencia neoliberal de los últimos 20 años.
Los daños de esta política serán
incalculables y probablemente México no se reponga plenamente en una década. Los daños
deben calcularse en función del rezago que sufrirá el país en desarrollo humano,
económico y social en un mundo caracterizado por una aguda competencia entre naciones.
Aunque nos desagrade aceptarlo, el
mundo de la globalización está dominado por una implacable competencia que ha sustituido
a las guerras y a cualquier otra forma de hostilidad armada, como medio por el cual los
más aptos se imponen sobre los más débiles.
Ahora las naciones no acumulan
medios para ejecutar agresiones armadas, sino que buscan su espacio en el mundo mediante
el desarrollo de su capacidad social de acumulación y el incremento continuo de su
competitividad para lo cual recursos estatales son fundamentales.
A medida que las naciones de Asia,
sobre todo China, avanzan a pasos agigantados para expandirse internacionalmente, México
sigue apegado a un obsoleto paradigma de estabilidad de precios que lleva a estos
implacables e irracionales recortes presupuestarios. Cada día en los centros
intelectuales y científicos del mundo se ve con mayor desconfianza la prescripción
ortodoxa de que la estabilidad de precios es la mejor garantía para lograr el crecimiento
sostenido y una integración activa a la economía global.
Sin recursos presupuestarios no hay
capacidad para desa- rrollar el capital humano y modernizar infraestructura física que
toda nación requiere para consolidar su desarrollo económico. Como nación, se está
incubando una crisis de magnitudes históricas, ya que la tarea fundamental del Estado y
la sociedad, es decir la promoción del desarrollo económico ha quedado relegada por el
objetivo de la estabilidad de precios. En tanto se mantenga este objetivo estamos
enfilados en la ruta de las naciones perdedoras.
Es el deber moral de todo ciudadano
oponerse a esta irracional política de austeridad y luchar, no por resolver un problema
inmediato e insuficiencia de recursos, sino por avanzar en la formulación de un nuevo
pacto social que permita por una parte ampliar cualitativamente los recursos
presupuestarios y velar porque los mismos se usen de la manera más productiva, económica
y socialmente.
El conflicto actual en torno a la
austeridad presupuestaria solo es un foco rojo de un conflicto más amplio y profundo que
revela la interpretación de nuestra nación para enfrentar los retos que le repara la
etapa actual. Como tal, debe ser entendido como una oportunidad para abrir una
negociación que nos conduzca a un nuevo pacto social que amplifique la perspectiva de
crecimiento. Si el país se empantana en este conflicto las consecuencias a mediano plazo
serán incalculables, ya que las ganancias acumuladas tras prolongados sacrificios
sociales podrían perderse ante los embates provocados por la competencia de las naciones
dinámicas.
Por las consideraciones expuestas,
el grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para presentar una
proposición como punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo a que
presente un paquete económico para 2003, en el que se impulse el gasto social y
productivo y mejore de manera sustancial los ingresos públi- cos para que dicha política
expansionista tenga sustento.
Lo anterior con fundamento en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Artículo único. Que la Cámara de Diputados
exhorte al titular del Poder Ejecutivo para que envíe a esta soberanía un Presupuesto de
Ingresos y Egresos que contemple el ejercicio de un gasto público que tienda a impulsar y
detonar el desarrollo económico y no como lo ha declarado recientemente en el sentido de
que presentará un presupuesto austero.
Firman los diputados: por el grupo
parlamentario del Partido del Trabajo José Narro
Céspedes, Rosalía Peredo Aguilar, Víctor Antonio García Dávila, Juan Carlos Regis
y por el Partido Convergencia por la Democracia: José
Manuel del Río Virgen y un servidor, Jaime
Cervantes Rivera.
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública.
La proposición de la diputada
Silvia América López Escoffie se pospone para la siguiente sesión. Igualmente la
proposición de la diputada Lorena Martínez Rodríguez se pospone para la siguiente
sesión y lo mismo de la proposición de la diputada Heidi Storsberg Montes se pospone
para la sesión del martes 29 de octubre.
ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Por lo tanto, tiene la palabra el
diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a la
instalación de plantas de generación de energía eléctrica y regasificadoras en
territorio nacional para abastecer territorio norteamericano, hasta por cinco minutos.
El diputado Jaime Cleofas Martínez
Veloz:
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
En abierta complicidad con
autoridades federales y estatales y corporativos transnacionales de energía, transforman
Baja California en un auténtico campo experimental en materia de desregulación, a pesar
de los desastres comprobados en mercados energéticos como el de California.
Disfrazada de integración
económica, la administración federal se apresta a ceder territorio y activos del país a
poderosas compañías extranjeras en una entrega furtiva de la soberanía nacional.
La Secretaría de Energía ha
otorgado permisos de exportación de electricidad en Baja California, para instalar cinco
plantas con una capacidad nominal de 2 mil 300 megawatts, que permitirán venderle
anualmente a Estados Unidos aproximadamente 17 terawats-horas, con lo que se pueden tener
ganancias mínimas de 260 millones de dólares al año, partiendo de un costo de tres
centavos de dólar por kilowatt-hora y un precio de venta de cuatro y medio.
En el mercado spot de California es
muy probable que se dupliquen estas ganancias. A razón de un precio de cuatro dólares
por millón de VTU, estas plantas consumirán combustible por la cantidad de 320 millones
de dólares anualmente de la Unión Americana y solamente utilizarán el suelo de Bala
California para producir la electricidad y dejar la contaminación correspondiente.
Ya hoy se hacen los preparativos
para instalar en cuatro lugares de Baja California, entre Ensenada y Baja California,
enormes depósitos para almacenar gas que comercializarán las compañías transnacionales
Shell, Maratón Oil, El Paso Energy, Phillips Petroleum y Cempra Energy, varias de las
cuales tienen sendas demandas en Estados Unidos por prácticas fraudulentas.
La pregunta obligada es: ¿Por qué
no se planeó que ese negocio lo hiciera la CFE y Pemex para incrementar los ingresos que
con mucha urgencia requiere el Gobierno Federal?
Si al menos se hubiese previsto el
suministro de gas por parte de Pemex, esta paraestatal habría tenido posibilidad de ganar
320 millones de dólares al año con este proyecto de exportación.
¿Será justo que estos negocios
tan rentables con ganancias de 580 millones de dólares al año se transfieran a los
inversionistas extranjeros sin ningún beneficio para los mexicanos?
Si el Presidente dice que la
industria eléctrica requiere recursos para invertir, ¿por qué le regala ese negocio
multimillonario a los extranjeros?
Ahora que el Presidente anda por
todo el país derramando bilis y destilando amargura y afirma que él no vende gas,
¿será que se refiere a que ya no vende gas, porque ya le regaló a los extranjeros las
concesiones para que otros vendan el gas que Pemex podía vender?
La instalación de dichas plantas
en suelo bajacaliforniano es un excelente negocio para los norteamericanos; no pagarán
impuestos en Estados Unidos, si lo hacen en México serán mínimos, especularán en el
mercado abierto de California, se apropiarán de un negocio que legítimamente le
corresponde a Pemex y a la CFE y además contaminarán nuestro país. Para nosotros la
basura, para ellos la ganancia y la energía.
Todavía estamos a tiempo de
impedir que en un futuro los mexicanos seamos víctimas de especulación por parte de
empresas transnacionales, que nos venderían unos productos provenientes de recursos que
hasta hoy por ley constitucional nos han pertenecido y deben ser explotados por nosotros
mismos.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a consideración del pleno de esta
Cámara, los siguientes
PUNTOS
DE ACUERDO
Primero. Que la Junta de Coordinación Política
acuerde presentar al pleno de esta Cámara de Diputados, una resolución para su
aprobación, para presentar un juicio de controversia constitucional ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, contra el otorgamiento de los permisos para la instalación de
las cinco plantas de generación de energía eléctrica para exportación en el estado de
Baja California, las cuales violan las disposiciones contempladas en los artículos 27 y
28 constitucional.
Segundo. Se suspenda cualquier construcción de
depósitos de gas en la costa del Pacífico del estado de Baja California, hasta en tanto
no se revise y se apruebe por esta Cámara de Diputados y el Ejecutivo, un programa
integral de energía para el estado de Baja California.
Tercero. Que esta Cámara de Diputados solicite al
Ejecutivo Federal toda la información de los proyectos de inversión en materia de
energía para el estado de Baja California.
Atentamente.
Diputados: Jaime Martínez Veloz, Amador Rodríguez Lozano,
Jaime Cervantes Rivera, José Manuel del Río Virgen, Enrique Herrera y Librado Treviño Gutiérrez.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias diputado.
Túrnese a la Junta de Coordinación
Política.
ESTADO
DE QUINTANA ROO
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene el uso de la palabra el
diputado José Rodolfo Escudero Barrera, del Partido Verde Ecologista de México, para
presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Turismo
y al director del Fonatur liquiden sus adeudos por concepto de predial que tienen con el
municipio de Benito Juárez, estado de Quintana Roo, hasta por cinco minutos.
El diputado José Rodolfo Escudero
Barrera:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México está a favor del federalismo y de la descentralización de la
Administración Pública Federal, pero siempre y cuando éstas se lleven a cabo con las
condiciones y mecanismos necesarios para garantizar la transferencia de recursos
públicos. Los municipios del país, conforme a las facultades que les otorga el artículo
115 de nuestra Carta Magna, administran libremente su hacienda para realizar los fines
establecidos en el citado precepto para participar adecuadamente en su entorno económico,
social y ambiental.
Ninguno de los municipios que
existen en México pueden sustraerse de su obligación de hacerse de recursos para
rea-lizar la obra pública necesaria para el desarrollo de sus gobernados ni tampoco
retrasar el desarrollo con calidad.
Por ello es necesario que el
Congreso de la Unión dé certidumbre y seguridad a los estados, municipios y programas de
la administración pública para que cuenten con un ingreso seguro y no se trunque la
esperanza de millones de mexicanos en aras de un falso proyecto.
En el municipio de Cancún en el
estado de Quintana Roo, al recibir la presente administración municipal se encontró que
conforme al patrón de contribuyentes a la Tesorería Municipal y Registro del Catastro,
el Fondo Nacional de Fomento al Turismo de la Secretaría de Turismo (Fonatur), aparece
como propietario de 208 predios registrando un valor catastral global de más de 4 mil
millones de pesos con un adeudo que arroja una cifra de más de 1 mil 625 millones de
pesos.
Durante los meses de julio y agosto
se llevaron a cabo diversas reuniones con los representantes del Fonatur con el propósito
de integrar y depurar la información de los predios que aparecen en el patrón catastral
como de su propiedad.
Los resultados de tales trabajos
conforme la minuta de trabajo entre el Fonatur y el municipio, arrojan los siguientes
resultados: del total de 208 predios que aparecen a nombre de Fonatur, 14 se han
reconocido como propiedad del organismo, 70 los reporta como vendidos, 88 ya ubicados por
el catastro en cartografía y 36 están al corriente en el pago de sus contribuciones.
En este sentido, el adeudo de los
14 predios reconocidos como propiedad del Fonatur arrojan un adeudo tan sólo de impuesto
predial correspondiente al año 2002 de más de 40.6 millones de pesos. Desde luego entre
estos predios se encuentran las grandes superficies que todavía: el Fonatur
administra o desarrolla: puerto Cancún, su reserva urbana y diversos terrenos contiguos a
las playas públicas.
Por otra parte, a dicho adeudo le
incorporamos el rezago a cinco años, su actualización y recargos en sanciones arrojaría
una cifra cercana a los 544.5 millones de pesos, a los que se podrían sumar los 9.7 que
corresponden al predio de los juegos acuáticos que se mantiene a nombre de dicho
organismo.
El Fonatur ha manifestado su
disposición inicial para verificar la información y ha argumentado que cuenta con un
convenio con el ayuntamiento donde se le exime del pago de impuesto predial de las
superficies sin construir que mantengan a su propiedad. Dicho convenio, según el Fonatur,
data del año de 1996. En un análisis de las disposiciones federales estatales y
municipales, aplicables al caso, no existe fundamento, exposición o razonamiento alguno
que faculte, permita o valide exenciones, reducciones o subsidios por parte del
ayuntamiento de Benito Juárez o de cualquier otro en el estado de Quintana Roo, como los
que afirma el Fonatur.
El Gobierno Federal no puede dar
esta clase de ejemplos, la evasión fiscal debe ser perseguida y sancionada.
Por todo lo anterior, el grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a su consideración la
siguiente proposición con
PUNTO
DE ACUERDO
Artículo primero. Se mandata al Fondo Nacional de
Fomento al Turismo para que liquide sus adeudos por concepto de impuesto predial con el
municipio de Benito Juárez del estado de Quintana Roo.
Firman los integrantes del Partido
Verde Ecologista de México.
Es cuanto, señora Presidenta.
«Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.— LVIII Legislatura.— Presente.
Bernardo de la Garza Herrera,
Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María
Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo
Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia
García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule,
Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado,
diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Considerandos
El grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México está en favor del federalismo y de la descentralización de
la Administración Pública Federal, pero siempre y cuando esto se lleve a cabo con las
condiciones y los mecanismos necesarios para garantizar la transferencia de recursos
públicos.
Los municipios del país, conforme
a las facultades que les otorga el artículo 115 de nuestra Carta Magna, administran
libremente su hacienda para realizar los fines establecidos en el citado precepto y
participar adecuadamente en su entorno económico, social y ambiental.
Ninguno de los municipios que
existen en México puede sustraerse de su obligación de hacerse de recursos para
rea-lizar la obra pública necesaria para el desarrollo de sus gobernados ni, tampoco,
retrasar el desarrollo con calidad.
Por ello es necesario que el
Congreso de la Unión dé certidumbre y seguridad a los estados, municipios y programas de
la administración pública para que cuenten con un ingreso seguro y no se trunque la
esperanza de millones de mexicanos, en aras de un falso proyecto.
En el municipio de Cancún, en el
estado de Quintana Roo, al recibir la presente administración municipal se encontró que,
conforme al padrón de contribuyentes de la tesorería municipal y registros de catastro,
el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), de la Secretaría de Turismo, aparece
como propietario de 208 predios, registrando un valor catastral global de más de 4 mil
millones de pesos, con un adeudo que arroja una cifra de más de 1,625 millones de pesos.
Durante los meses de julio y agosto
se llevaron a cabo diversas reuniones con los representantes del Fonatur, con el
propósito de integrar y depurar la información de los predios que aparecen en el padrón
catastral como de su propiedad.
Los resultados de tales trabajos
(conforme a la minuta de trabajo suscrita conjuntamente) arrojan lo siguiente:
Del total de los 208 predios que
aparecen a nombre del Fonatur:
• 14 se han reconocido como
propiedad del organismo;
• 70 el Fonatur los reporta
como vendidos:
• 88 ya ubicados por el
catastro en cartografía y
• 36 se presentan al corriente
en el pago de sus contribuciones
En este sentido, el adeudo de los
14 predios reconocidos como propiedad del Fonatur arroja un monto, tan sólo del impuesto
predial correspondiente a 2002, de más de 40.6 millones de pesos.
Desde luego, entre esos predios se
encuentran las grandes superficies que todavía el Fonatur administra o desarrolla: puerto
Cancún, su reserva urbana y diversos terrenos contiguos a playas públicas.
Por otra parte, si a dicho adeudo
incorporamos el rezago de cinco años, su actualización y recargos (sin sanciones)
arrojarían una cifra cercana a 544.5 millones de pesos, a los que se podrían sumar los
9.7 que corresponden al predio de Wet y Wild, que se mantiene a nombre de dicho organismo.
La suma del adeudo de los 70
predios que siguen a nombre del Fonatur, pero que ha informado como ya vendidos, arroja
una cifra de 7.2 millones de pesos. Cabe mencionar que, según la Ley de Hacienda de los
municipios aplicable en la materia, el responsable directo del pago del impuesto predial
es el propietario registral, en este caso, el organismo, que tendrá derecho a repetir su
acción ante los supuestos adquirentes.
Fonatur ha manifestado su
disposición inicial para verificar la información y ha argumentado que cuenta con un
convenio con el ayuntamiento, donde se le exime del pago del impuesto predial de las
superficies sin construir que mantenga en su propiedad. Dicho convenio, según el Fonatur,
data de 1996.
En un análisis de las
disposiciones federales, estatales y municipales aplicables al caso, no existe fundamento,
disposición o razonamiento alguno que faculte, permita o valide exenciones, reducciones o
subsidios por parte del ayuntamiento de Benito Juárez o de cualquier otro en el estado de
Quintana Roo, como los que afirma el Fonatur.
El Gobierno Federal no puede dar
esta clase de ejemplos. La evasión fiscal debe ser perseguida y sancionada; es
prácticamente imposible que con estas acciones de las dependencias de la Administración
Pública Federal se pueda fomentar una cultura de pagos fiscales.
La Presidencia de la República
insiste en que los gobiernos estatales y municipales deben hacer lo necesario para
allegarse recursos públicos conforme a sus facultades; pero, ¿cómo puede cumplirse lo
anterior si es el propio Gobierno Federal el que incumple sus obligaciones fiscales y de
Gobierno?
Por todo lo anterior, el grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración el
siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico. Se mandata al Fondo Nacional de Fomento al
Turismo que liquide sus adeudos por concepto del impuesto predial con el municipio de
Benito Juárez, del estado de Quintana Roo.
Dado en el Palacio Legislativo de
San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los
Estados Unidos Mexicanos, a los 22 días del mes de octubre de 2002.— Diputados:
Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José
Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez
(rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar
y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica), Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia
García Domínguez (rúbrica), Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina
Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica), Concepción Salazar González
(rúbrica), Erika Elizabeth Spezia Maldonado (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín
(rúbrica).
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Túrnese… sí, diputado
Ramírez Marín. Activen el sonido en la curul del diputado Ramírez Marín, por favor.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su
curul):
Señor Presidente, solicitarle al
orador si me admite por favor suscribir su proposición.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado, le solicita el diputado
Ramírez Marín suscribir la proposición.
El diputado José Rodolfo Escudero
Barrera:
Sí, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Acepta el diputado y por lo tanto
pues le pido a la Secretaría permitir que lo firme el diputado Ramírez Marín.
Túrnese a la Comisión de Turismo.
Para informar a nuestros
compañeros que levantaremos la sesión a las 16:10 horas.
ESTADO
DE CHIHUAHUA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra la diputada
Hortensia Enríquez Ortega, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una
proposición con punto de acuerdo en torno a la aportación de un subsidio de gas LP y
gasóleo en el estado de Chihuahua y la proposición de la diputada Rosa Delia Cota
Montaño, del grupo parlamentario del PT, se pospone para próxima sesión.
La diputada Hortensia Enríquez
Ortega:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros legisladores:
Las condiciones y ubicación
geográfica del estado de Chihuahua determinan su clima extremoso, de tal suerte que
durante los meses de noviembre a marzo de cada año se registran las más bajas
temperaturas del país, oscilando éstas entre los seis y 14 grados centígrados bajo cero
y en algunos lugares de la región serrana se registran temperaturas hasta 17 grados
centígrados bajo cero, lo que daña severamente la salud pública principalmente en
menores de edad, ancianos y trabajadores con las siguientes consecuencias: pérdida de
vidas humanas causadas por la hipotermia, alta incidencia de enfermedades en las vías
respiratorias, elevado índice de ausentismo escolar principalmente en los niveles
preescolares y primaria, ausentismo laboral que se traduce en cuantiosas pérdidas en
horas hombre y enormes erogaciones por parte de las instituciones del sector público de
salud, deterioro del salario al distraer una gran parte del mismo para cubrir estas
contingencias.
El Servicio Meteorológico de la
Comisión Nacional del Agua mantiene estadísticas de las temperaturas mínimas promedio
en la temporada invernal del estado de Chihuahua, las cuales le sirven de base para
pronosticar para la temporada invernal 2002-2003, los siguientes registros de temperatura:
En la zona serrana del Estado se
esperan temperaturas que varían de 14 grados centígrados bajo cero, a 17 grados bajo
cero; en la región fronteriza, se espera una temperatura que oscila de seis grados bajo
cero a nueve grados bajo cero; en la región centro sur, los registros esperados son de
siete grados bajo cero a 10 grados bajo cero; adicionalmente, con motivo de las
precipitaciones pluviales registradas en el año, la humedad será mayor, por lo que se
tiene contemplado más nevadas en el próximo invierno.
Los datos señalados han sido
proporcionados por instituciones oficiales del Gobierno Federal, lo que nos permiten
prever con gran certeza un invierno muy crudo para el estado de Chihuahua.
Por lo anterior, tanto el gasóleo
como el gas natural y el gas LP son productos de primerísima necesidad para toda la
población, sobre todo en el periodo invernal y como es natural, el mecanismo de oferta y
demanda alteran muchísimo los precios del mercado, encareciendo estos productos en la
temporada en que son más necesarios para los chihuahuenses.
Los datos siguientes son
reveladores de su consumo: Chihuahua concentra el 3% de la población del país y demanda
el 9% del gas LP que se consume en el país. Cabe señalar que sólo el Distrito Federal
en un 30%, por su gran concentración poblacional y el estado de Jalisco en un 7%, lo
superan, ya que el resto del país en su conjunto consume el 54% restante. Adicionalmente,
del total del gas LP se consume en el Estado el 62% del mismo va directamente a los
hogares de los chihuahuenses y el 38% restante se distribuye en las áreas comercial,
industrial y de transportes. Asimismo, los precios varían enormemente año con año y se
tienen registros fidedignos de que la variación del precio del gas LP en el año 2000 fue
de un 151% y en el año 2001 esta variación llegó a ser del 386%.
Debido a lo anterior, el gobernador
del Estado ha hecho gestiones desde el mes de agosto del presente año para solicitar la
intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de
Comercio, la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y la Comisión Reguladora de
Energía, ante el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos
Petroquímicos, para solicitar se autorice el subsidio del 30% al precio de gasóleo
doméstico, del gas LP en cilindro y del gas natural que se expendan para uso doméstico
en las colonias populares de los diversos municipios de la entidad durante el periodo
comprendido de noviembre del 2002 a marzo de 2003 del próximo ciclo invernal.
Las respuestas han sido diversas
pero con un mismo sentido; la negación a la petición.
Por todo lo antes expuesto y en
base al artículo 58 del Reglamento Interior, solicito a esta honorable Asamblea su apoyo
decidido al siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Solicitar a la Secretaría de Comercio,
Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, Comisión Reguladora de Energía, su
intervención ante el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural y
Productos Petroquímicos, para que se autorice un subsidio del 30% al precio del gasóleo,
gas LP en cilindro y gas natural de uso doméstico durante los meses de noviembre del 2002
y marzo de 2003, en el estado de Chihuahua, para hacer frente al próximo ciclo invernal.
Desde esta tribuna me permito hacer
un llamado respetuoso a los titulares de las secretarías antes mencionadas, que se
solidaricen con las y los chihuahuenses.
Compañeras, compañeros diputados,
señores secretarios: estamos en tiempo de evitar pérdidas de vidas humanas por las bajas
temperaturas de mi Estado.
Suscribimos este punto de acuerdo
los diputados: por el PRI, la de la voz, Hortensia
Enríquez, Manuel Payán, Jorge Esteban Sandoval, Librado Treviño; por el PRD; Hortensia
Aragón; por el PAN, Abelardo Escobar, Francisco
Jurado, César Reyes, Manuel Narváez y Gregorio
Arturo Meza.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputada.
Túrnese a la Comisión de Energía.
TARIFAS
TELEFONICAS
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra la diputada Martha
Ruth del Toro Gaytán, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una proposición
con punto de acuerdo para solicitar a la Profeco y a la Comisión Federal de
Telecomunicaciones vigilen que no haya irregularidades en el cobro de llamadas
telefónicas.
La diputada Martha Ruth del Toro
Gaytán:
Con su venia, señora Presidenta;
compañeras y compañeros legisladores:
La suscrita, en mi calidad de
diputada federal integrante de la LVIII Legislatura y del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, punto de acuerdo
para solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Federal de
Telecomunicaciones, vigile que no haya irregularidades en el cobro de llamadas
telefónicas y servicios no requeridos, bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
Es deber de nuestra generación
velar porque la actividad del consumo, se rija mediante principios de equidad, que
aseguren la concordancia entre el crecimiento económico y la justicia social, para ello,
no sólo es indispensable, ampliar y enriquecer el ámbito de las normas destinadas a
proteger los derechos e intereses de los consumidores, sino que debemos pugnar porque sean
respetados.
La naturaleza de las relaciones de
intercambio, expresa la completa estructura social en México, el consumo, si bien es un
fenómeno universal adquiere en la práctica, un número insospechado de particularidades.
El éxito de una política de los
consumidores, sólo puede valorarse a la luz de su impacto y satisfacción de estos
mismos, por lo que es fundamental establecer previamente los controles periódicos,
evaluando con precisión la eficacia de las acciones individuales, que pueden perjudicar
el derecho del consumidor.
Tras la prestación de un servicio,
es necesario que el público disponga de información que aumente la transparencia de
precios, tarifas y tipos de servicios cobrados, ya que los consumidores, requieren datos
precisos y detallados sobre los mismos, que les permitan decidir con conocimiento de
causa.
En tal sentido, tenemos que hay
ciertos servicios de vital importancia en la dinámica diaria, así las comunicaciones y
los medios por los que se llevan a cabo éstas, son consustanciales al desarrollo
nacional, como medio de integración territorial, enlace social e incluso vinculación
cultural.
Así por ejemplo el servicio
telefónico hoy día es indispensable en la comunicación, tanto al interior como en el
extranjero, para impulsar el crecimiento económico, reforzar lazos familiares, así como
impulsar el desarrollo social y cultural de nuestro país.
Por ello, es indispensable que la
prestación de dichos servicios, sea eficiente y accesible en toda la República, pero
sobre todo que sea justo, no permitiendo el abuso en el cobro de tarifas excesivas o por
servicios no requeridos por parte del consumidor.
En este sentido, hay miles de
quejas e inconformidades que desgraciadamente no han surtido efectos legales, y en
especial las que se refieren a las llamadas telefónicas, en las que se contesta mediante
una grabadora de la misma compañía telefónica, Teléfonos de México, para dar un aviso
respecto a la línea, y ésta es cargada como llamada efectuada directamente al servicio
telefónico de quien intentó hacer una llamada.
Esta situación ha inconformado a
muchos consumidores, ya que es un servicio no requerido o solicitado por los mismos y no
obstante de manera discrecional y arbitraria, se le cobra como un servicio prestado.
Debemos recordar que una de las
funciones que tiene Teléfonos de México como prestadora de servicio de
telecomunicaciones, es la función social y subsidiaria, que permita ampliar el campo de
la comunicación, y no el otorgamiento de un monopolio en el servicio, que propicia el
abuso en contra de los consumidores a su libre arbitrio.
Por ello, utilizo hoy, esta alta
tribuna, para denunciar los hechos mencionados, en virtud de que debe ser interés de
todos, velar por la legalidad y justicia en la prestación de todo tipo de servicio, ya
sean públicos o privados que violenten los derechos de todo ciudadano.
En aras del desarrollo equitativo
de nuestro país y por las razones antes expuestas, presento y someto a la consideración
de esta honorable Asamblea, la siguiente propuesta con
PUNTOS
DE ACUERDO
Primero. Que esta honorable Cámara de Diputados
solicite a la Procuraduría Federal del Consumidor, investigue sobre los hechos antes
denunciados.
Segundo. Que este honorable órgano colegiado,
solicite a la misma Procuraduría Federal del Consumidor, informe acerca de las denuncias
al respecto y del estado en que éstas se encuentran.
Tercero. Que esta alta tribuna solicite a la
Comisión Federal de Telecomunicaciones, investigue las irregularidades en las que pudiera
estar incurriendo Teléfonos de México, respecto a la prestación del servicio de
llamadas locales y de larga distancia.
Gracias por su atención,
compañeras y compañeros legisladores.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión...
El diputado Alfredo Hernández Raigosa (desde su
curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Hernández Raigosa.
Activen el sonido en la curul del
diputado Hernández Raigosa.
El diputado Alfredo Hernández Raigosa (desde su
curul):
Le quisiera pedir, señora
Presidenta, si a su vez le solicita a la señora diputada poder firmar de mi parte ese
punto de acuerdo que me parece muy importante.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde su
curul):
En los mismos términos que el
diputado.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputada, el diputado Hernández
Raigosa y el diputado Del Río Virgen, quieren sumarse a su proposición. ¿Está usted de
acuerdo?
Gracias, gracias.
Entonces proceda la Secretaría a
recabar el apoyo.
ESTADO
DE VERACRUZ
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
El diputado Miguel Rosaldo Salazar
del grupo parlamentario del PRD, para presentar una proposición con punto de acuerdo en
relación a las tarifas eléctricas en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.
El turno de la anterior propuesta
es a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
El diputado Pedro Miguel Rosaldo
Salazar:
Con su permiso, señora Presidenta:
La región sur de Veracruz, agrupa
más de 20 municipios con una población aproximada mayor de 800 mil habitantes, dentro de
los cuales los municipios más representativos por su densidad poblacional e importancia
económica son la ciudad de Coatzacoalcos, Minatitlán, Agua Dulce, Iguatlán, Moloacán,
Nanchital, Cosoleacaque y Acayucan. Esta zona de la República Mexicana mantiene una
temperatura promedio de 28º centígrados, principalmente en los meses de marzo a octubre.
Esto quiere decir aparentemente es bajo, pero son 38 grados con una humedad relativa mayor
del 90%.
Como todos sabemos, uno de los
factores que determina la utilización de recursos renovables y no renovables sin duda es
el climatológico, el cual se convierte en un actor más para que el hombre se logre
adecuar a su entorno.
La bioclimatología, que es el
estudio de las influencias del clima sobre el hombre y su entorno social y económico,
reconoce que uno de los factores que causan un mayor malestar en el hombre es el referente
al calor y la humedad.
El índice de "Steedman", es resultado de la medición del
efecto que tiene el calor y la humedad sobre la fisiología humana. Dicho indicador afirma
que a una mayor humedad relativa, el ser humano buscará el uso de recursos externos para
aminorar los efectos de este fenómeno: ventiladores, sistemas de refrigeración,
etcétera.
Los efectos que causa la humedad
sobre el cuerpo humano son variados, pero podemos citar algunos casos para ser más
claros, por ejemplo, fatiga excesiva por realización de actividades físicas, hipertermia
e insolación, además de una constante deshidratación. Es bien sabido que las personas
que realizan actividades físicas en zonas con alta concentración de humedad, disminuyen
su potencial para realizar eficazmente sus labores.
La zona sur de Veracruz mantiene
una humedad relativa promedio durante la primavera y el verano, como comentaba
anteriormente, marzo a octubre, del 90% que en ocasiones llega a ser del 99%, por lo que
la población para hacer frente a este fenómeno, sostiene un alto consumo de energía
eléctrica para utilizar dentro de sus casas y lugares de trabajo ventiladores y sistemas
de enfriamiento que les permita tener una mejor comodidad y mayor adaptación a los
efectos externos.
El decreto que suprime el subsidio
y modifica las tarifas en el consumo de energía eléctrica del pasado 7 de febrero de
2002 efectuado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, no tomó en cuenta que los factores climáticos en esta zona son adversos para
la población y por ende, el consumo de energía eléctrica es elevado.
El Gobierno Federal parte del
supuesto de que a un mayor consumo, hay por ende un mayor ingreso. Cabe recordar que una
de las zonas con mayor marginación en el país es precisamente la ubicada en el sur de
Veracruz, en la cual podemos encontrar zonas muy rezagadas en servicios y con un ingreso
menor a la media nacional.
El hecho de que una familia cuente
con un ventilador o con un modesto sistema de ventilación, no quiere decir en ningún
sentido, que aquella familia tenga una comodidad que es obtenida por un alto ingreso, sino
que, en esta zona del país, es una apremiante necesidad para sobrellevar los efectos del
clima.
Es por esto, que el día de hoy
hago uso de esta alta tribuna para solicitar a la Secretaría de Energía y a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la aplicación de la tarifa 1F, para el
suministro y venta de energía eléctrica en el sur de Veracruz, toda vez que se han dado
argumentos científicos sobre los efectos negativos que la humedad causa en la fisiología
del ser humano en su desarrollo.
Exhorto en esta ocasión al
Ejecutivo a que dé paso atrás en los errores que ha cometido y reintegre los subsidios
para la energía eléctrica en bien de los mexicanos y el propio país.
Por lo que propongo el siguiente:
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. En mi calidad de diputado federal de la
LVIII Legislatura y con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo para
solicitarle a la Secretaría de Energía y a la de Hacienda y Crédito Público, aplique
la tarifa 1F, para el suministro y venta de energía eléctrica a la zona sur de Veracruz,
debido a que representa altos índices de humedad relativa durante 8 meses al año. Así
como reintegrar el subsidio a esta zona del país.
Por lo que solicito señora
Presidenta se turne este punto de acuerdo, a las comisiones de Energía y de Hacienda de
esta Cámara, para una pronta respuesta.
Muy amable, muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a las comisiones de Energía
y de Hacienda y Crédito Público.
En virtud de que ha transcurrido el
tiempo previsto para el desarrollo de las sesiones, le ruego a la Secretaría hacer
referencia al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 24 de octubre de 2002.
Lectura del acta de la sesión
anterior.
Comunicaciones
La Secretaría de Cultura del
Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del CLXXXV
aniversario luctuoso del general Pedro Moreno González, tendrá lugar el 27 de octubre a
las 10:00 horas, en la Columna a la Independencia.
Del Congreso del estado de
Guerrero.
Director general
del Banco de México
Con el que remite el resumen
ejecutivo de la evaluación realizada por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey Campus Querétaro de los programas de FIRA, que canalizan
subsidios correspondiente al periodo enero-agosto del año en curso, de conformidad con el
artículo 63 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.
(Turno a comisión.)
Dictámenes a
discusión
De la Comisión de Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIX-K al artículo
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 63
y la fracción IV del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Y los demás asuntos con los que la
Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (a
las 16:14 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá
lugar el próximo jueves 24 de octubre a las 10:00 horas.
|