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VOLUMEN II
LEY
FEDERAL PARA LA ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DEL SECTOR PUBLICO
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara
de Diputados.— Comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda y
Crédito Público.
Honorable
Asamblea: el pasado día 25 de abril, fue turnada a esta colegisladora la Minuta de la
Cámara de Senadores con proyecto de "Decreto por el que se expide la Ley Federal
para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y se adiciona el
Código Federal de Procedimientos Penales", elaborada con fundamento en los
artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86 y 94, de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 65, 87, 88 y 93 y
demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos por parte de las comisiones unidas de
Gobernación, Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, misma que
fue remitida, a su vez, a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de
Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados para su análisis, discusión y
dictamen.
El 17 de abril
de 2001, fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta Cámara de
Diputados, la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 49 de
la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados y
reforma los artículos 40 y 41 del Código Penal Federal y el 193 del Código Federal de
Procedimientos Penales.
Asimismo, el 13
diciembre de 2001, fue turnada a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y Hacienda
y Crédito Público de esta colegisladora la minuta de la Cámara de Senadores con
"proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal para la
Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados; y se Adiciona el Código
Fiscal de la Federación", elaborada por las comisiones unidas de Hacienda y Crédito
Público, de Justicia y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores.
El 11 de abril
del presente año, fue turnada a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de
Hacienda y Crédito Público la "iniciativa de decreto por el que se reforma la Ley
Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados",
presentada por el diputado José María Núñez Murillo, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Finalmente, el 8
de mayo de 2002 fue turnada a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda
y Crédito Público, la "iniciativa de decreto que reforma los artículos 48, 49, 50
y 51 y adiciona el artículo 50 bis de la Ley Federal para la Administración de Bienes
Asegurados, Decomisados y Abandonados", presentada por el honorable Congreso del
estado de Jalisco.
De acuerdo con
las minutas e iniciativas citadas y con fundamento en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87, 88 y demás relativos
y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y después de realizar el análisis y estudio correspondiente tanto de
las minutas del Senado de la República, como de las iniciativas presentadas en la Cámara
de Diputados, las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda y
Crédito Público presentan a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DICTAMEN
Para la
elaboración del presente proyecto de dictamen, estas comisiones unidas procedieron al
análisis y evaluación de las minutas de iniciativas que se describen a continuación:
Descripción de
la iniciativa
A) Minuta del H.
Senado de la República del 17 de abril de 2001.
Con esta minuta,
se pretende enterar a la Tesorería de la Federación de los costos descontados de
administración y gastos de mantenimiento y conservación de los bienes asegurados y
destinarlos en partes iguales a apoyar los Presupuestos de Egresos del Poder Judicial de
la Federación, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Salud.
B) Minuta del H.
Senado de la República del 13 de diciembre de 2001.
Esta minuta
responde a la iniciativa presentada por la senadora Yolanda González Hernández, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por medio de la cual se
expresa la necesidad de fortalecer al Servicio de Administración de Bienes Asegurados
(SERA), tanto en lo que corresponde a su estructura orgánica, como en sus funciones de
control, supervisión y vigilancia de los bie-nes asegurados y en la aplicación de los
recursos provenientes de la administración y enajenación de los mismos.
De esta forma,
se sugiere convertir al SERA en un organismo descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propio, a fin de consolidar su autonomía técnica y operativa y dar mayor
transparencia y confianza en la administración de los bienes bajo su responsabilidad.
En tal sentido,
se propone reformar los artículos 53, 53 A, 53 B, 56, 57, 58 y 58 A de la Ley Federal
para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, donde se consigne
lo relativo a la denominación, domicilio legal, objeto del SERA como organismo
descentralizado, la constitución de su patrimonio, la integración y facultades de su
órgano de gobierno, las facultades de su director general, los órganos de vigilancia, el
régimen laboral al que quedarán sujetas las relaciones de trabajo entre el SERA y sus
servidores públicos, así como que los bienes decomisados y abandonados en los términos
de la propia ley formen parte de su patrimonio y tenga plena facultad para dar destino a
los mismos.
Asimismo, con la
reforma que se analiza se pretende evitar erogaciones innecesarias al erario público
federal, propiciar condiciones favorables en materia de economía procesal y mejorar el
marco regulatorio de las atribuciones que la ley confiere al SERA.
Ahora bien, con
objeto de hacer más eficiente la operación del organismo, se propone por parte de la
colegisladora, reformar el texto legal para que los aprovechamientos que genere la
enajenación de los bienes decomisados y abandonados se consideren productos en términos
del Código Fiscal de la Federación y que estos recursos puedan destinarse al fin
específico que señale la Ley sustantiva en la materia.
Finalmente,
considera procedente la incorporación de nuevas reglas en cuanto a los bienes a
administrar, notificaciones a realizar, así como sobre aquellas facultades que el
organismo otorgue a administradores, depositarios e inter- ventores y lo relativo a la
constitución de un fideicomiso que maneje los recursos del SERA.
C) Iniciativa
del diputado José María Núñez Murillo del 11 de abril de 2002.
Para el
desempeño de las funciones del Servicio de Administración de Bienes Asegurados,
Decomisados y Abandonados, la iniciativa plantea reformas para mejorar las condiciones
operativas transformando al SERA en un organismo descentralizado, con lo cual se podrá
evitar erogaciones del erario público federal; además propone que dicho organismo sea
autofinanciable, mediante condiciones favorables en materia de economía procesal y
mejorando su marco regulatorio, en particular, en lo relativo a las atribuciones que la
Ley le confiere.
En tal sentido,
señala que para que la administración de los bienes asegurados o decomisados sea
eficiente y ágil, se hace necesario que el servicio de administración cuente con
personalidad jurídica y patrimonio propio, que le permita desarrollar sus operaciones con
mayor certeza y seguridad, así como una mayor autonomía de gestión para administrar sus
recursos.
Cabe indicar
que, en lo sustantivo, esta iniciativa concuerda con los objetivos y propósitos que
contiene la minuta del Senado de la República, antes referida, si bien, en atención al
momento de su aprobación el mes de diciembre de 2001, algunos transitorios que fueron
señalados con fechas a partir del 1o. de enero del año en curso, la iniciativa ahora,
los propone actualizar.
D) Iniciativa
del H. Congreso del estado de Jalisco del 8 de mayo de 2002.
En general, la
iniciativa en comento señala la necesidad de que los bienes asegurados al crimen
organizado dejen de ser "recompensa" para el Poder Judicial y la Procuraduría
General de la República, para convertirse en factores de resarcimiento para la sociedad.
De igual forma,
contempla un criterio de equidad para que, las zonas donde más se hace presente el
delito, sean aquellas a donde vuelvan los recursos confiscados, para lo cual se propone
determinado porcentaje para ser distribuido en apoyo a las dependencias y entidades que
combaten el delito y donde se hayan asegurado dichos bienes o recursos.
Se propone
también que continúe la figura de bienes asignados por medio de la cual la Procuraduría
General de la República y diversos órganos públicos puedan usar tales bienes y, obtener
su asignación definitiva, para lo cual se contempla que se deberá contar con el
consentimiento de los congresos locales.
Para ello, se
plantea las reformas a los artículos 48, 49, 50 y 51, así como la adición del artículo
50-bis de la Ley Federal de Bienes Asegurados, decomisados y Abandonados.
E) Minuta del H.
Senado de la República del 25 de abril de 2002.
Nuestra
colegisladora considera que la presente propuesta responde a la necesidad de contar con un
mecanismo ágil, transparente y sencillo para la venta de los bienes que no se encuentran
afectos a la prestación de servicios públicos, que permita al Gobierno Federal eliminar
costos de administración e incluso allegarse de recursos financieros que apoyen a cubrir
el gasto público, optimizando de esta manera el ejercicio del mismo.
Por otro lado,
también toma en consideración que la actual regulación respecto de la enajenación de
bienes de los que puede disponer el Ejecutivo Federal, resulta poco favorable, en virtud
de la gran cantidad de recursos que se deben erogar en los procesos de venta, lo que
origina que se obtenga un valor de recuperación bajo, por lo que la administración y
proceso de venta de los mismos, resultan más costosos que lo que se obtiene de su venta.
Así mismo,
nuestra colegisladora parte de la premisa que actualmente existen diversos ordenamientos
que establecen procedimientos distintos para la enajenación de bienes, entre los que
destacan la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley del Servicio de Tesorería de la
Federación y el Código Fiscal de la Federación; los cuales son reglamentarios del
artículo 134 constitucional en materia de enajenaciones; sin embargo, dichos
ordenamientos no han logrado dar solución a los problemas que en la práctica se
presentan, tales como la complejidad en los trámites de enajenación y la falta de
capacidad operativa de las instancias encargadas de ellos, por lo que considera necesario
establecer un procedimiento simplificado para tales efectos.
La iniciativa de
ley propuesta originalmente a nuestra colegisladora constaba de cinco capítulos, a saber:
• Capítulo
I. Disposiciones generales.
• Capítulo
II. Del Proceso de Enajenación.
• Capítulo
III. Del Comité Central de Enajenación.
• Capítulo
IV. De la Transparencia e Información.
• Capítulo
V. De las Instancias Auxiliares.
Sin embargo las
comisiones dictaminadoras de nuestra colegisladora consideraron que la administración y
enajenación de los bienes que están a disposición del Gobierno Federal es sumamente
compleja, en virtud de los distintos ordenamientos que regulan estas actividades. Por ello
consideraron necesario ampliar el tipo de bienes susceptibles de ser enajenados conforme a
la iniciativa de Ley del Proceso Administrativo Simplificado de Enajenación, propuesta
originalmente.
Por ello y a fin
de dar una solución integral respecto a la enajenación de bienes, sin que la misma quede
limitada a aquellos a que se refiere el artículo 3o., fracciones IV y VI de la Ley
General de Bienes Nacionales que se propuso en la iniciativa de ley, dejan fuera de la
aplicación de la misma, por ejemplo, los bienes muebles al servicio de las dependencias
cuando resulta conveniente darlos de baja; así como los bienes que sin ser propiedad de
la Federación, en términos de la legislación aplicable, el Gobierno Federal, sus
entidades o dependencias, pueden disponer de ellos, como es el caso de los bienes a que se
refiere el artículo 157 de la Ley Aduanera, es por ello que resulta conveniente que se
cuente con procesos ágiles para su administración, destrucción y/o enajenación.
Asimismo,
ampliaron el objeto en la citada iniciativa de ley, a fin de que éste no se limite
únicamente a la venta, sino a ser un instrumento que facilite también la donación,
administración y destrucción de los mismos.
Actualmente
existen diferentes instituciones y organismos que se encuentran encargados de llevar a
cabo la administración y enajenación de los bienes a disposición del Gobierno Federal,
tales como el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de
Crédito y el Servicio de Administración de Bienes Asegurados, con independencia de que
dichas actividades también se realizan por todas las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal. Tales instancias administran y enajenan únicamente los
bienes respecto de los cuales son competentes, lo que provoca que en todas las
dependencias y entidades se destinen recursos tanto humanos como materiales para realizar
dichas funciones, recursos que podrían ahorrarse, al concentrar los bienes en un solo
organismo que se encargue de realizar las mismas.
Por lo anterior,
nuestra colegisladora reconsideró la importancia de buscar una reducción de los costos
de administración y custodia que se erogan por los bienes a disposición del Gobierno
Federal, así como evitar la pérdida de los mismos por no encontrar compradores que
cumplan con los requisitos para que proceda dicha venta o bien, porque el procedimiento es
lento y complicado.
Por ello,
derivado de un análisis más profundo de nuestra legislación en materia de
enajenaciones, observó que la misma ha tenido pocas modificaciones, que no han
incorporado en su contenido mecanismos de venta que consideren la especialidad y
complejidad que se tienen en ciertas operaciones, como los negocios en marcha, la venta de
acciones u otro tipo de bienes que por su naturaleza requieren de procesos expeditos, pero
a la vez especializados, para poder cubrir las necesidades que se presentan.
De este modo,
nuestra colegisladora propone que en nuestra legislación se contemplen mecanismos
alternos para llevar a cabo la oferta pública y difundir los procedimientos de venta que
la tecnología ha incorporado en nuestra vida moderna, reduciendo con ello de manera
importante los costos que tienen las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación y en los
periódicos nacionales o locales, que la legislación actualmente establece como
obligatorias.
De acuerdo con
lo anterior, los integrantes de estas comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y
de Hacienda y Crédito Público coincidimos con nuestra colegisladora ya que la minuta
ofrece soluciones acertadas para atender la problemática existente respecto de la
necesidad de agilizar la enajenación de los bienes, de contar con mecanismos que
faciliten su administración y destrucción, previendo los mismos de manera integral,
incorporando además los siguientes aspectos:
• Crear un
organismo descentralizado denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes,
a quien se le otorgarían atribuciones para administrar, enajenar y/o destruir los bienes.
• Ampliar
el tipo de bienes susceptibles de ser enajenados conforme a la Ley.
• Incluir
en el objeto de la Ley a la donación, administración y destrucción de los bienes.
•
Fortalecer el marco relativo a las atribuciones que la Ley conferirá al Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes, para propiciar condiciones de eficiencia en el
de-sempeño de sus funciones.
• Dar
transparencia a las funciones que se encomienden al Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes, para lo cual se establece la obligación de éste de presentar
informes a las entidades transferentes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
•
Incorporar el sistema de entero bajo el concepto de ingresos netos a través de un fondo
en el que se concentrarán los recursos obtenidos de las enajenaciones.
• Adicionar
opciones para concretar la venta de los bienes a efecto de que además de la licitación
pública, se puedan realizar procesos de subasta, remate y adjudicación directa.
• Incluir
procedimientos de venta simplificados y más ágiles, al reducirse los plazos para
realizar los mismos.
•
Establecer un sistema flexible a fin de que los bienes sean transferidos al Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes cuando así lo determinen las leyes o cuando así
lo ordenen las autoridades judiciales. Siendo, en los demás casos un sistema opcional, en
el que las entidades transferentes determinarán la conveniencia de transferir los bienes
a dicho organismo, o bien, de llevar a cabo por sí mismas la administración,
destrucción o enajenación correspondientes, en cuyo caso aplicarán la normativa que
corresponda de acuerdo a los bienes de que se trate.
Aunado a lo
señalado anteriormente, nuestra colegisladora propone que los servicios que preste el
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes no tengan costo para las entidades
transferentes evitándoles así erogaciones adicionales por este concepto y que dicho
organismo sólo reciba el pago de los gastos en que haya incurrido por la administración,
destrucción o enajenación, lo que permitirá optimizar el gasto público.
Consecuencia de
lo anteriormente expuesto y en virtud de que es necesario contar con una sola entidad
encargada de la administración y enajenación de los bienes a disposición del Gobierno
Federal, nuestra colegisladora consideró conveniente llevar a cabo la abrogación de la
Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, así
como la extinción del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares
de Crédito. Con ello, se evitará destinar recursos presupuestarios adicionales para
iniciar la operación del nuevo organismo descentralizado.
Por lo anterior,
a fin de armonizar los planteamientos antes señalados y que nuestra legislación en
materia de enajenación de bienes debe regular, con objeto de dotar de agilidad a los
procedimientos relativos a aquella y lograr la transparencia que se pretende en la
disposición de los recursos públicos federales, las comisiones unidas de nuestra
colegisladora proponen la emisión de la Ley Federal para la Administración y
Enajenación de Bienes del Sector Público, la cual se integra de seis títulos, a saber:
• Título
Primero. Disposiciones Generales.
• Título
Segundo. De la Administración de Bienes.
• Título
Tercero. De la Devolución de Bienes en Administración.
• Título
Cuarto. De los Procesos de Enajenación, con tres capítulos:
Capítulo I.
Generalidades.
Capítulo II.
Donación.
Capítulo III.
Venta, con cuatro secciones:
Sección I
Licitación pública.
Sección II
Subasta.
Sección III.
Remate.
Sección IV.
Adjudicación directa.
• Título
Quinto. De la Destrucción de Bienes.
• Título
Sexto. Del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
El Título
Primero, relativo a las disposiciones generales, prevé el objeto de la Ley, el cual
consiste en regular la administración, enajenación y destino de los bienes asegurados y
decomisados en los procedimientos penales federales; los recibidos en dación en pago para
cubrir toda clase de créditos a favor del Gobierno Federal, de sus entidades o
dependencias, incluyendo los puestos a disposición de la Tesorería de la Federación o
de sus auxiliares legalmente facultados para ello; los que habiendo sido embargados por
las autoridades federales, hayan sido adjudicados a éstas; los abandonados a favor del
Gobierno Federal; los que estando sujetos a uno de los procedimientos establecidos en la
legislación aduanera, en la legislación fiscal federal o en otros ordenamientos
jurídicos aplicables a las entidades transferentes, deban ser vendidos, destruidos,
donados o asignados, en virtud de ser inflamables, no fungibles, perecederos, de fácil
descomposición o deterioro o por ser animales vivos y vehículos; los que pasen a ser
propiedad del Fisco Federal; los títulos, valores, activos y demás derechos que sean
susceptibles de enajenación, cuando así se disponga por las autoridades competentes;
otros bienes del dominio privado de la Federación sobre los que el Gobierno Federal, sus
entidades o dependencias, tengan derecho de propiedad; cualquier otro bien del que el
Gobierno Federal, sus entidades o dependencias puedan disponer, en términos de la
legislación aplicable, así como los que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo dentro del ámbito
de sus atribuciones y conforme a las disposiciones legales aplicables.
De acuerdo con
lo previsto por el Título en comento, la interpretación de la Ley, para efectos
administrativos, correspondería a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus respectivas
competencias. Asimismo, establece que se entenderá por autoridades transferentes, para
los efectos de la Ley, a las autoridades aduaneras; la Tesorería de la Federación; la
Procuraduría General de la República; las autoridades judiciales federales; las
entidades paraestatales, incluidas las instituciones de banca de desarrollo y las
organizaciones auxiliares nacionales del crédito; los fideicomisos públicos, tengan o no
el carácter de entidad paraestatal y las dependencias de la Administración Pública
Federal.
De conformidad
con lo dispuesto en el Título Primero, los bienes objeto de la Ley deben ser transferidos
al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, cuando así lo determinen las
leyes o cuando así lo ordenen las autoridades judiciales y, en los demás casos, las
entidades transferentes determinarán, de conformidad con las disposiciones aplicables
para tal efecto, la conveniencia de transferir los bienes a dicho organismo, o bien, de
llevar a cabo por sí mismas la administración, destrucción o enajenación
correspondientes, en cuyo caso aplicarán la normativa que corresponda de acuerdo a los
bienes de que se trate.
El Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes puede administrar, enajenar o destruir
directamente los bienes que le sean transferidos o nombrar depositarios, liquidadores,
interventores o administradores de los mismos, así como encomendar a terceros la
enajenación y destrucción de éstos, los cuales serán preferentemente las dependencias
o entidades de la Administración Pública Federal, o las autoridades estatales y
municipales, previa solicitud o acuerdo correspondiente, sin perjuicio de que puedan ser
designadas otras personas profesionalmente idóneas.
En este Título
se señala también que para que se pueda llevar a cabo la transferencia de los bienes al
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, las entidades transferentes deben
cumplir ciertos requisitos, como entregar un acta que incluya inventario con la
descripción y el estado en que se encuentren los bienes, así como señalar si los bienes
se entregan para su destrucción, administración, donación y/o venta, solicitando, en su
caso, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que ordene la práctica del
avalúo correspondiente.
Conforme a las
disposiciones del Título Primero en comento, hasta que se realice la transferencia de los
bienes al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, éstos se regirán por las
disposiciones aplicables de acuerdo a su naturaleza y la Ley del Proceso Administrativo
Simplificado de Enajenación, será aplicable desde que los bienes sean transferidos al
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y hasta que se realice la
destrucción, enajenación o termine la administración de los mismos. Asimismo, se
establece que habiéndose presentado cualquiera de estos supuestos, se estará a las
disposiciones aplicables para el entero, destino y determinación de la naturaleza de los
ingresos correspondientes.
Por lo anterior,
se entiende que para los bienes que la Tesorería de la Federación o sus auxiliares
transfieran al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, no aplicarán el
artículo 29 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, relativo al plazo en
el cual se tienen que enajenar los bienes o ponerse a disposición de la Secretaría de
Contraloría y Desarrollo Administrativo, en virtud de que la legislación aplicable al
efecto, será la que se propone en la presente minuta.
Asimismo, en
congruencia con lo que establece el artículo 60 de la Ley General de Bienes Nacionales,
los inmuebles del dominio privado de la Federación serán transferidos al Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes, sujetándose al régimen jurídico establecido
para los mismos en dicho precepto.
TItulo Segundo
De la Administración de Bienes
El Título
Segundo de la Ley, contiene las disposiciones relativas a la administración de los bienes
objeto de la misma.
De conformidad
con lo dispuesto por este Título, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
administrará los bienes que para tales efectos le entreguen las entidades transferentes,
que tengan un valor mayor al importe de seis meses de salario mínimo general vigente para
el Distrito Federal. Dicha administración se realizará conforme a las disposiciones que
se establecen en la Ley en comento y, en tanto no exista resolución definitiva emitida
por autoridad administrativa o judicial competente que determine el destino de dichos
bienes, salvo que se trate de los bienes que estando sujetos a uno de los procedimientos
establecidos en la legislación aduanera, en la legislación fiscal federal o en otros
ordenamientos jurídicos aplicables a las entidades transferentes deban ser vendidos,
destruidos, donados o asignados en virtud de ser inflamables, no fungibles, perecederos,
de fácil descomposición o deterioro o bien, cuando se trate de animales vivos o
vehículos.
Se establecen
como excepciones respecto de la administración de bienes por parte del Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes, a las joyas, billetes y monedas de curso legal,
divisas, metales preciosos, los bienes numismáticos o filatélicos y los bienes con valor
artístico o histórico, los cuales se administrarán conforme a su legislación especial.
Cabe destacar que todos los bienes asegu- rados, incluyendo los antes mencionados, serán
administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Respecto de los
bienes que no son susceptibles de administración, las entidades transferentes, de
conformidad con lo dispuesto por el Título Segundo de la Ley, procederán a ordenar su
asignación; destrucción; enajenación, de conformidad con los ordenamientos aplicables
para cada tipo de bien o donación a instituciones autorizadas para recibir donativos
deducibles en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que lo requieran para
el desarrollo de sus actividades o bien a determinar un fin específico que ofrezca la
mayor utilidad para el Gobierno Federal.
La
administración de los bienes comprende su recepción, registro, custodia, conservación y
supervisión. Dichos bie- nes serán conservados en el estado en que se hayan recibido por
el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para ser devueltos en las mismas
condiciones, salvo el deterioro normal que se les cause por el transcurso del tiempo y
podrán ser utilizados, destruidos o enajenados en los casos y cumpliendo los requisitos
establecidos en esta Ley y su Reglamento.
El Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes una vez que le sean transferidos los bienes,
puede nombrar depositarios, liquidadores, interventores o administradores de los mismos.
Las armas de
fuego, municiones y explosivos se excluyen de la administración del Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes y se establece en este título que se
administrarán por la Secretaría de la Defensa Nacional, debiéndose observar lo
dispuesto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Tratándose de
narcóticos, flora y fauna protegidos, materiales peligrosos y demás bienes cuya
propiedad o posesión se encuentre prohibida, restringida o especialmente regulada, se
procederá en los términos de la legislación federal aplicable.
TITULO TERCERO
De la Devolución de Bienes en
Administración
El Título
Tercero regula la actuación del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en
los casos en que proceda la devolución de los bienes objeto de la Ley. Para tales
efectos, se establece que cuando proceda la devolución de los mismos, la autoridad
competente informará tal situación al Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes a fin de que queden a disposición de quien acredite tener derecho a ellos.
Asimismo, se señala que la autoridad competente notificará su resolución al interesado
o al representante legal de conformidad con lo dispuesto por las disposiciones aplicables,
para que en el plazo señalado en las mismas, a partir de la notificación, se presente a
recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo los bienes causarán abandono a favor
del Gobierno Federal. De acuerdo con lo anterior, la notificación y el plazo que se
otorgue, quedará regulado en la legislación aplicable dependiendo del tipo de bien y
autoridad de que se trate.
Conforme a las
disposiciones previstas por el título que se comenta, la devolución de los bienes
incluirá la entrega de los frutos que, en su caso, se hubieren generado.
El Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes, al devolver empresas, negociaciones o
establecimientos, rendirá cuentas de la administración que hubiere realizado a la
persona que tenga derecho a ello y le entregará los documentos, objetos, numerario y, en
general, todo aquello que haya comprendido la administración.
Del mismo modo,
cuando se determine por la autoridad competente la devolución de los bienes que hubieren
sido enajenados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes o haya
imposibilidad para devolverlos, deberá cubrirse a la persona que tenga la titularidad del
derecho de devolución, el valor de los mismos de conformidad con la disposición
aplicable.
Este Título
prevé la obligación del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de
responder de los daños derivados de la pérdida, extravío o deterioro de los bienes que
administre.
Por otra parte,
se señala que una vez que se enajenen los bienes, así como sus frutos y productos,
serán considerados contribuciones, aprovechamientos o productos en los términos del
Código Fiscal de la Federación. Asimismo, se prevé que los ingresos que se obtengan de
las ventas, una vez descontados los costos de administración, gastos de mantenimiento y
conservación de los bienes, honorarios de comisionados especiales que no sean servidores
públicos encargados de dichos procesos, así como los pagos de las reclamaciones
procedentes que presenten los adquirentes o terceros, por pasivos ocultos, fiscales o de
otra índole, activos inexistentes, asuntos en litigio y demás erogaciones análogas a
las antes mencionadas o aquellas que determine la Ley de Ingresos de la Federación u otro
ordenamiento aplicable y que realice el Servicio de Administración y de Enajenación de
Bienes conforme a la presente Ley, se enterarán por éste a la Tesorería de la
Federación o a las entidades paraestatales o a quien tenga derecho a ello, según
corresponda y se destinarán de conformidad con la legislación aplicable.
Respecto del
destino de los recursos que se obtengan por la enajenación de bienes abandonados o
decomisados en procedimientos penales federales, nuestra colegisladora considera
conveniente que, en una segunda etapa, se analice la posibilidad de que algún porcentaje
de los mismos sea destinado a realizar acciones en contra del narcotráfico y del crimen
organizado, a través de organismos no gubernamentales.
TITULO CUARTO
De los Procesos de Enajenación
El Título
Cuarto regula los procesos de enajenación y consta de tres capítulos; el primero de
ellos contiene las disposiciones generales; el segundo prevé las disposiciones relativas
a la donación de los bienes objeto de la Ley y el último de ellos, el cual se conforma
de cuatro secciones, regula los procesos de venta de los bienes.
Capítulo I
Generalidades
El Capítulo I,
del Título Cuarto relativo a los procesos de enajenación de los bienes objetos de la
ley, prevé como tales, los siguientes:
I. Donación.
II. Venta, la
cual incluye la permuta o cualesquiera otra forma de transmisión de la propiedad, a
través de licitación pública, subasta, remate o adjudicación directa.
Capítulo II
Donación
El Capítulo II
regula los supuestos en que podrán ser donados los bienes objeto de la Ley, estableciendo
que sólo será en casos excepcionales, de conformidad con lo que establezcan para tal
efecto las disposiciones aplicables y previo cumplimiento de los requisitos que, en su
caso, prevean las mismas, tales como los relativos al monto, plazo o tipo de bienes, los
bienes pueden ser donados a favor de los gobiernos de los estados o de los municipios,
para que los utilicen en los servicios públicos locales, en fines educativos o de
asistencia social o a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los
términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que así lo requieran para el desa-rrollo
de sus actividades.
Se prevé que
para la donación de los bienes objeto de la Ley, el Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes se apoyará de un Comité de Donaciones, el cual se integrará y
regirá de acuerdo con lo que al respecto establezca el reglamento de la misma.
Capítulo III
Venta
El Capítulo III
del Título Cuarto contiene las disposiciones relativas a la venta de los bienes objeto de
la Ley y se compone de cuatro secciones, la primera de ellas relativa a la venta mediante
licitación pública; la segunda, prevé la venta a través de subasta; la tercera
sección contiene disposiciones relativas al remate de los bienes y la cuarta y última
sección contempla los supuestos relacionados con la adjudicación directa.
De acuerdo con
las disposiciones contenidas en el Capítulo III que se comenta, se establece como precio
base de venta de los bienes, el que señale el avalúo vigente; el valor comercial; el
valor de reposición o el valor de mercado.
El precio base
de venta será fijado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o por peritos,
instituciones de crédito, agentes especializados o corredores públicos. En todo caso, el
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá justificar las razones de la
elección tanto del método de valuación como del valuador.
Es de hacerse
notar que en virtud de la supletoriedad de ordenamientos prevista en la Ley que se
propone, a la compraventa que se realice en los términos de este capítulo le serán
aplicables las disposiciones del Código Civil Federal, entre ellas las relativas a la
contraprestación que recibirá el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
por los bienes que sean objeto de venta.
Sección I
Licitación Pública
La Sección I
contiene las disposiciones relativas a la venta de los bienes a través de licitación
pública, para lo cual se establece lo siguiente:
1. Se lleva a
cabo la convocatoria en la que se establecerá, en su caso, el costo y la forma de pago de
las bases.
La publicación
de la convocatoria podrá hacerse en el Diario
Oficial de la Federación, en un diario de circulación nacional o por cualquier otro
medio electrónico, óptico o de cualquier otra tecnología que permita la expresión de
la oferta.
Tratándose de
títulos valor, créditos o cualquier bien comerciable en bolsas, mercados de valores o
esquemas similares, podrá utilizarse un medio de difusión distinto a los señalados en
el párrafo anterior, sujeto a que los valores respectivos se encuentren inscritos en el
Registro Nacional de Valores en los términos de la Ley del Mercado de Valores.
2. Se ponen a
disposición de los interesados las bases.
3. Se presenta
la oferta de compra —en un plazo no superior a diez días hábiles contados a partir
de la fecha de publicación de la convocatoria de la licitación— salvo que por la
naturaleza de los bienes, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
considere conveniente establecer un plazo mayor.
4. Los
licitantes entregarán sus ofertas de compra en sobre cerrado en forma inviolable o por
los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que garanticen la
confidencialidad de las ofertas hasta el acto de apertura.
5. La apertura
de las ofertas de compra se realizará a más tardar, al segundo día hábil siguiente a
aquél en que venza el plazo de presentación de ofertas de compra.
6. La convocante
en un plazo no mayor de tres días hábiles, contados a partir del acto de apertura de
ofertas de compra, procederá a la evaluación de las mismas.
7. Concluido el
análisis de las ofertas de compra, se procederá de inmediato a emitir el fallo, que se
dará a conocer por el mismo medio en que se hubiera hecho la convocatoria o en junta
pública, según se determine en las bases, haciendo del conocimiento público el nombre
del ganador y el monto de la oferta de compra ganadora. Asimismo, en su caso, se deberá
informar a la dirección electrónica de las personas interesadas, que sus propuestas
fueron desechadas y las causas que motivaron tal determinación.
8. El Servicio
de Administración y Enajenación de Bienes levantará un acta en la que se dejará
constancia de la participación de los licitantes.
9. En caso de
empate en el proceso de licitación pública, el bien se adjudicará al licitante que
primero haya presentado su oferta.
Sección II
Subasta
La Sección II
del Capítulo III, contempla el supuesto de subasta para la venta de los bienes objeto de
la Ley, estableciendo el desarrollo de la junta de postores en la que se adjudicarán los
bienes subastados a los mejores oferentes, bajo los siguientes términos:
1. Un servidor
público del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes mostrará físicamente
el bien, si ello fuere posible.
2. Los
interesados mejorarán sus ofertas durante la celebración de la subasta, a través de los
medios que la convocante haya autorizado.
3. Los oferentes
contarán con intervalos de tiempo que se darán a conocer en forma previa al inicio del
acto.
4. El bien se
adjudicará a la oferta que ofrezca las mejores condiciones de precio y oportunidad.
Sección III
Remate
En esta Sección
se regula la venta de los bienes objeto de la Ley, a través del remate, bajo los
siguientes términos:
1. La venta se
anunciará por dos veces, con tres días hábiles de diferencia.
2. Los avisos
serán publicados en el Diario Oficial de la
Federación, en algún diario de circulación nacional o a través de medios
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.
3. Si en la
primera almoneda no hubiere postura legal, se citará a otra, para lo cual dentro de los
cinco días hábiles siguientes se publicarán los avisos correspondientes por una sola
vez, de manera que entre la publicación del aviso y la fecha del remate, medie un
término que no sea mayor de tres días hábiles. En la almoneda se tendrá como precio
inicial el precio base de venta del bien, con deducción de un cinco por ciento.
4. Si en la
segunda almoneda no hubiere postura legal, se citará a la tercera almoneda y de igual
manera se procederá para las ulteriores. En cada una de las almonedas se deducirá un
cinco porciento del precio que sirva de base.
5. En el día
del remate se revisarán las propuestas, dese-chando las que no contengan postura legal y
las que no estuvieren debidamente garantizadas, declarándose una postura preferente y el
servidor público del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes designado al
efecto, preguntará si alguno de los postores la mejora. En caso de que alguno la mejore
antes de transcurrir cinco minutos de hecha la pregunta, interrogara si algún postor puja
la mejora y así sucesivamente se procede respecto a las pujas que se hagan. En cualquier
momento en que, pasados cinco minutos de hecha cualquiera de las mencionadas preguntas, no
se mejorare la última postura o puja, se declarará fincado el remate.
Sección IV
Adjudicación Directa
Conforme a esta
Sección, los bienes objeto de la Ley pueden enajenarse mediante adjudicación directa,
previo dictamen del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en los
siguientes casos:
1. Se trate de
bienes de fácil descomposición o deterioro o de materiales inflamables, no fungibles,
siempre que en la localidad no se puedan guardar o depositar en lugares apropiados para su
conservación;
2. Se trate de
bienes cuya conservación resulte incosteable para el Servicio de Administración y
Enajenación de Bie-nes;
3. El valor de
los bienes sea menor al equivalente a 150,000 unidades de inversión;
4. Se trate de
bienes que habiendo salido a subasta pública, remate en primera almoneda o licitación
pública, no se hubieran presentado postores o
5. Se trate de
frutos que se generen por la administración de empresas o propiedades en producción.
TITULO QUINTO
De la Destrucción de Bienes
El Título
Quinto de la Ley, contiene las disposiciones relativas a la destrucción de los bienes
objeto de la misma, para lo cual se señala que el Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes podrá llevar a cabo la destrucción de aquéllos en los casos que
establezca el Reglamento de la Ley y las disposiciones que regulen los bienes de que se
trate.
Para los efectos
anteriores, el título que nos ocupa señala como bienes respecto de los cuales se podrá
proceder a su destrucción, los siguientes:
1. Bienes
decomisados o abandonados relacionados con la comisión de delitos de propiedad industrial
o derechos de autor;
2. Bienes que
por su estado de conservación no se les pueda dar otro destino;
3. Objetos,
productos o sustancias que se encuentren en evidente estado de descomposición,
adulteración o contaminación que no los hagan aptos para ser consumidos o que puedan
resultar nocivos para la salud de las personas. Debiéndose dar intervención inmediata a
las autoridades sanitarias para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, autoricen la
destrucción de este tipo de bienes;
4. Productos o
subproductos de flora y fauna silvestre o productos forestales, plagados o que tengan
alguna enfermedad que impida su aprovechamiento, así como bienes o residuos peligrosos,
cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico o casos de contaminación con
repercusiones peligrosas para los ecosistemas o la salud pública. En estos casos, deberá
solicitarse la intervención de la autoridad competente, y
5. Todos
aquellos bienes, que las entidades transferentes pongan a su disposición para su
destrucción.
TITULO SEXTO
Del Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes
El Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes, se establece como un organismo descentralizado
de la Administración Pública Federal y tiene por objeto la administración, destrucción
y/o enajenación de los bienes contemplados en la ley en comento, cuyo funcionamiento e
integra- ción se encuentra regulado por el Título Sexto de la misma.
Dentro de las
atribuciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, están las de
recibir, administrar, enajenar y destruir los bienes de las entidades transferentes
conforme a lo previsto en la ley, así como realizar todos los actos de administración,
pleitos y cobranzas y de dominio respecto de los bienes objeto de la misma, aun y cuando
se trate de entidades paraestatales en proceso de desincorporación; administrar y
enajenar los bienes, que previa instrucción de autoridad competente, se le encomienden
por la naturaleza especial que guardan los mismos; optimizar los bienes para darles un
destino, de conformidad con las disposiciones contenidas en el reglamento de la ley;
fungir como visitador, conciliador y síndico en concursos mercantiles de conformidad con
las disposiciones aplicables; liquidar las empresas de participación estatal mayoritaria
y organismos descentralizados; ejecutar los mandatos en nombre y representación del
Gobierno Federal, incluyendo todos los actos jurídicos que le sean encomendados; manejar
los créditos que el Gobierno Federal destine o haya destinado para otorgar su apoyo
financiero a las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares del crédito, así
como la celebración de todos los actos necesarios para la recuperación de tales
créditos, bien sea que las instituciones se rehabiliten o liquiden; extinguir los
fideicomisos públicos y privados; al igual que realizar todos los actos, contratos y
convenios necesarios para llevar a cabo las atribuciones anteriores.
De acuerdo con
lo dispuesto por el Título Sexto, la administración del Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes estará a cargo de la junta de gobierno y del director general. La
junta de gobierno se integra por los siguientes miembros:
• El
Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien la presidirá;
• Dos
Subsecretarios de la citada dependencia;
• El
Tesorero de la Federación y
• El
Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Se prevé la
elaboración de informes anuales y bimestrales por parte del Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes, para lo cual, el informe anual detallado es aquel que deberá ser
remitido a las entidades transferentes respecto de los bienes que le hayan transferido.
Asimismo, se prevé la presentación del informe bimestral detallado, mismo que será
remitido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de
Contraloría y Desarrollo Administrativo, en donde se detalle su operación, avances y
enajenación de los bienes. Dicho informe se debe incluir, para su aprobación, en el
informe que de la Cuenta Pública Federal presente la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Por último, en
el Título Sexto de la Ley se contempla que el porcentaje de los recursos obtenidos por
los procedimientos de venta que al efecto determine el reglamento, así como la totalidad
de los frutos que generen los bienes que administre el Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes, una vez que, en ambos casos, se hayan descontado, los costos de
administración, gastos de mantenimiento y conservación de los bienes, honorarios de
comisionados especiales que no sean servidores públicos encargados de dichos
procedimientos, así como los pagos de las reclamaciones procedentes que presenten los
adquirentes o terceros, por pasivos ocultos, fiscales o de otra índole, activos
inexistentes, asuntos en litigio y demás erogaciones análogas a las antes mencionadas o
aquellas que determine la Ley de Ingresos de la Federación u otro ordenamiento aplicable,
se destinarán a un fondo, el cual contará con dos subcuentas generales, una
correspondiente a los frutos y otra a las ventas.
Cada subcuenta
general cuenta con subcuentas específicas correspondientes a cada bien o conjunto de
bienes entregados en administración o a cada uno de los procesos de venta, por lo que se
podrá realizar el traspaso de los recursos obtenidos de la subcuenta general a las
diferentes subcuentas.
Los recursos de
las subcuentas específicas, se entregarán al Servicio de Administración y Enajenación
de Bienes, o a quien tenga derecho a recibirlos de conformidad con las disposiciones
aplicables. Tratándose de los bienes propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, los
recursos correspondientes serán concentrados en la Cuenta General Moneda Nacional de la
Tesorería de la Federación, una vez que, en términos de las disposiciones legales
aplicables, haya transcurrido el plazo legal para que, en su caso, se presenten las
reclamaciones que resulten procedentes.
El porcentaje de
los recursos obtenidos por los procedimientos de venta que no deban ser depositados en el
fondo antes indicado serán entregados por el Servicio de Administración y Enajenación
de Bienes en los plazos que al efecto determinen las disposiciones legales aplicables o,
en su caso, el Reglamento, a quien tenga derecho a recibirlos.
Toda vez que es
necesario contar con una sola entidad encargada de la administración y enajenación de
los bienes a disposición del Gobierno Federal, en las disposiciones transitorias nuestra
colegisladora propone la abrogación de la Ley Federal para la Administración de Bienes
Asegurados, Decomisados y Abandonados. Previendo igualmente la extinción del Fideicomiso
Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito.
En virtud de
esta abrogación, nuestra colegisladora en el artículo segundo del decreto, propone la
adición de los artículos 182 y 182-A a 182-Q del Código Federal de Procedimientos
Penales, a efecto de regular en la legislación penal, el procedimiento específico
respecto de su abandono, decomiso y aseguramiento, rescatando las disposiciones que al
respecto prevé la actual Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados,
Decomisados y Abandonados, circunscribiendo el objeto de la Ley del Proceso Administrativo
Simplificado de Enajenación propuesta originalmente, a la administración y enajenación
de los bienes.
Sobre la base
anterior, los integrantes de las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de
Hacienda y Crédito Público nos permitimos las siguientes
Consideraciones
de las comisiones unidas
En primer
término, estas dictaminadoras consideran importante señalar que se pronuncian por la
minuta que abroga la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados
y Abandonados y que, en su lugar, crea la Ley Federal para la Administración y
Enajenación de Bienes del Sector Público y el organismo descentralizado denominado
Servicio de Administración de Bienes Asegurados, (SAE).
En tal virtud,
tanto la minuta de la colegisladora de fechas 17 de abril y 13 de diciembre de 2001, como
las iniciativas presentadas por el diputado José María Núñez Murillo y la del
honorable Congreso del estado de Jalisco, quedan superadas en virtud de la abrogación de
la Ley sobre la cual plantean diversas reformas y adiciones. No obstante, se conviene en
señalar que el nuevo ordenamiento recoge los propósitos y aspectos fundamentales que
contienen tales propuestas.
De esta forma,
los integrantes de estas comisiones unidas coincidimos con nuestra colegisladora, en el
sentido de que en la actualidad existen diversos ordenamientos que establecen
procedimientos distintos para la enajenación de bienes propiedad del Estado, por lo que
es necesario unificar dichos procedimientos en un solo ordenamiento, estableciendo un
mecanismo simplificado para llevar a cabo la enajenación de dichos bienes y propiciar una
mejor y más eficiente actuación del Gobierno Federal para llevarlas a efecto.
El hecho de
unificar los principios y disposiciones en un solo ordenamiento ya en sí resulta
positivo, al facilitarse su manejo e interpretación. En este sentido, la finalidad será
que se fortalezcan los programas y mecanismos de control, vigilancia y conservación de
los bienes de que trata la Ley, a efecto de que se garantice su integridad y destino,
principalmente.
Por ello,
estamos de acuerdo en las modificaciones realizadas por nuestra colegisladora a la
iniciativa de Ley del Proceso Administrativo Simplificado de Enajenación, como fue
presentada originalmente ya que los cambios introducidos amplían los principios de
seguridad jurídica sobre todo en lo relativo a los procesos para la administración,
destrucción y/o enajenación de bienes.
La presente Ley,
como ya se mencionó, crea un organismo descentralizado denominado Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes, con atribuciones para administrar enajenar y/o
destruir los bienes que le sean transferidos o nombrar depositarios, liquidadores,
interventores o administradores de los mismos, así como encomendar a terceros la
enajenación o destrucción de éstos, los cuales serán preferentemente las dependencias
o entidades de la Administración Pública Federal, o las autoridades estatales y
municipales, previa solicitud o acuerdo correspondiente, sin perjuicio de que puedan
designarse otras personas profesionalmente idóneas.
Por otro lado,
se considera conveniente, al igual que la Cámara de Senadores, que una vez abrogada la
Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados y que
pasen a un nuevo organismo los mandatos y operaciones que tiene actualmente el Fideicomiso
Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (Fideliq), los
recursos financieros, humanos y materiales del SERA y del Fideliq, sean conferidos y pasen
a formar parte del patrimonio del nuevo organismo descentralizado SAE.
Por cuanto a las
adiciones al Código Federal de Procedimientos Penales de los artículos 182 y 182-A a
182-R, se conviene con la colegisladora en la necesidad de precisar los pasos a seguir
tratándose del aseguramiento de los bie-nes, donde se destaca la identificación de los
mismos, las medidas tendientes a evitar su destrucción y, la forma de ponerlos a
disposición de la autoridad competente para su administración.
Asimismo, se
considera importante que tal aseguramiento se notifique al afectado o a su representante
legal dentro de los 60 días siguientes a su ejecución, quienes, de no manifestar lo que
a su derecho convenga, 90 días después de la notificación, los bienes causarán
abandono a favor del Gobierno Federal.
De igual forma,
con el fin de otorgar mayor seguridad a los afectados, la notificación deberá ser en su
domicilio o en el lugar donde se encuentre recluido, precisándose el nombre del servidor
público que entregue tal notificación y, en el supuesto de no encontrar al interesado en
su domicilio, se deberá levantar el acta correspondiente, dejándole un citatorio para
presentarse al día siguiente.
Las que
dictaminan coinciden con la colegisladora que, tratándose del aseguramiento de
depósitos, títulos de crédito y en general todo tipo de operaciones que las
instituciones financieras celebren con sus clientes, el ministerio público dé aviso de
inmediato al SAE y a la autoridad competente, quienes deberán tomar las medidas
necesarias para evitar que los titulares lleven a cabo operaciones contrarias al
aseguramiento.
Cabe indicar,
que en todos los casos y, en función del tipo de bien asegurado, deberá considerarse la
opinión de la dependencia que conozca de la materia, a fin de preservarlos en buen
estado.
También
conviene en señalar que el aseguramiento no será causa para el cierre o suspensión de
actividades de empresas, negociaciones o establecimientos con actividades lícitas.
Por lo
anteriormente expuesto, los integrantes de las comisiones unidas de Justicia y Derechos
Humanos y de Hacienda y Crédito Público que suscriben, sometemos al pleno de esta
soberanía el siguiente
DECRETO
Por el que se
expide la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
y se adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales
Articulo primero. Se expide la siguiente
Ley Federal para la AdministraciOn y EnajenaciOn de Bienes del Sector
PUblico
Titulo Primero
Disposiciones Generales
Artículo 1o. La presente Ley es de orden
público, de observancia general en toda la República y tiene por objeto regular la
administración y destino, por parte del SAE, de los bienes siguientes:
I. Los
asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales;
II. Los
recibidos en dación en pago para cubrir toda clase de créditos a favor del Gobierno
Federal, de sus entidades o dependencias, incluyendo los puestos a disposición de la
Tesorería de la Federación o de sus auxiliares legalmente facultados para ello;
III. Los que
habiendo sido embargados por autoridades federales, hayan sido adjudicados a las entidades
transferentes conforme a las leyes aplicables;
IV. Los que sean
abandonados a favor del Gobierno Federal;
V. Los que
estando sujetos a uno de los procedimientos establecidos en la legislación aduanera, en
la legislación fiscal federal o en otros ordenamientos jurídicos aplicables a las
entidades transferentes, deban ser vendidos, destruidos, donados o asignados, en virtud de
ser inflamables, no fungibles, perecederos, de fácil descomposición o deterioro, así
como cuando se trate de animales vivos y vehículos;
VI. Los que
pasen a ser propiedad del Fisco Federal;
VII. Los
títulos, valores, activos y demás derechos que sean susceptibles de enajenación, cuando
así se disponga por las autoridades competentes;
VIII. Los bienes
del dominio privado de la Federación y los que constituyan el patrimonio de las entidades
paraestatales;
IX. Cualquier
bien que, sin ser propiedad de la Federación, en términos de la legislación aplicable,
el Gobierno Federal, sus entidades o dependencias puedan disponer de él y
X. Los demás
que determinen la Secretaría y la Contraloría dentro del ámbito de sus atribuciones y
conforme a las disposiciones legales aplicables.
Los bienes a que
se refiere este artículo deberán ser transferidos al SAE cuando así lo determinen las
leyes o cuando así lo ordenen las autoridades judiciales. En los demás casos, las
entidades transferentes determinarán de conformidad con las disposiciones aplicables para
tal efecto, la conveniencia de transferir los bienes al SAE o bien, de llevar a cabo por
sí mismas la administración, destrucción o enajenación correspondientes, en cuyo caso
aplicarán la normativa que corresponda de acuerdo a los bienes de que se trate.
El SAE podrá
administrar, enajenar o destruir directamente los bienes que le sean transferidos o
nombrar depositarios, liquidadores, interventores o administradores de los mismos, así
como encomendar a terceros la enajenación y destrucción de éstos.
Los
depositarios, liquidadores, interventores o administradores, así como los terceros a que
hace referencia el párrafo anterior, serán preferentemente las dependencias o entidades
de la Administración Pública Federal, o las autoridades estatales y municipales, previa
solicitud o acuerdo correspondiente, sin perjuicio de que puedan ser designadas otras
personas profesionalmente idóneas.
Hasta que se
realice la transferencia de los bienes al SAE, éstos se regirán por las disposiciones
aplicables de acuerdo a su naturaleza.
La presente Ley
será aplicable desde que los bienes sean transferidos al SAE y hasta que se realice la
destrucción, enajenación o termine la administración de los mismos. Habiéndose
presentado cualquiera de estos supuestos, se estará a las disposiciones aplicables para
el entero, destino y determinación de la naturaleza de los ingresos correspondientes.
Los bienes
inmuebles del Gobierno Federal que se transfieran al SAE continuarán sujetos al régimen
jurídico que establece la Ley General de Bienes Nacionales.
La
interpretación de los preceptos de esta Ley, para efectos administrativos, corresponderá
a la Secretaría y a la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley, se
entiende por:
I. Autoridades
aduaneras: las que de acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría, el Reglamento
Interior del Servicio de Administración Tributaria y demás disposiciones aplicables
tienen competencia para ejercer las facultades que la Ley Aduanera establece;
II. Bienes: los
bienes mencionados en el artículo 1o. de esta Ley;
III. Bienes
incosteables: aquéllos cuyo valor sea menor al importe de seis meses de salario mínimo
general vigente para el Distrito Federal, así como aquellos que, de conformidad con lo
que al respecto disponga el reglamento, tengan un valor comercial inferior a sus costos de
administración;
IV.
Contraloría: la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo;
V. Entidades
transferentes: las autoridades aduaneras; la Tesorería de la Federación; la
Procuraduría; las autoridades judiciales federales; las entidades paraestatales,
incluidas las instituciones de banca de desarrollo y las organizaciones auxiliares
nacionales del crédito; los fideicomisos públicos, tengan o no el carácter de entidad
paraestatal y las dependencias de la Administración Pública Federal, que en términos de
las disposiciones aplicables transfieran para su administración y/o enajenación los
bienes a que se refiere el artículo 1o. de esta Ley al SAE.
Tratándose de
inmuebles cuya administración competa a la Contraloría, se entenderá como entidad
transferente, exclusivamente a esa dependencia;
VI. Interesado:
la persona que conforme a derecho, tenga interés jurídico sobre los bienes a que se
refiere el artículo 1o. de esta ley o, en su caso, aquella que tenga interés en
participar en los procedimientos de enajenación previstos en la misma;
VII. Junta de
Gobierno: la Junta de Gobierno del SAE;
VIII. Ministerio
Público: el Ministerio Público de la Federación;
IX.
Procuraduría: la Procuraduría General de la República;
X. Reglamento:
el Reglamento de esta Ley, que al efecto emita el Presidente de la República;
XI. SAE: El
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, denominado Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes, previsto en el Título Sexto de la presente Ley,
y
XII.
Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú- blico.
Artículo 3o. Para la transferencia de los bienes
al SAE las entidades transferentes deberán:
I. Entregar acta
que incluya inventario con la descripción y el estado en que se encuentren los bienes, en
la que se señale si se trata de bienes propiedad o al cuidado de la entidad transferente,
agregando original o copia certificada del documento en el que conste el título de
propiedad o del que acredite la legítima posesión y la posibilidad de disponer de los
bienes. La junta de gobierno determinará los documentos adicionales que permitan realizar
una transferencia ordenada y transparente de los bienes;
II. Identificar
los bienes con sellos, marcas, cuños, fierros, señales u otros medios adecuados;
III. Señalar si
los bienes se entregan para su administración, venta, donación y/o destrucción,
solicitando, en su caso, al SAE que ordene la práctica del avalúo correspondientey
IV. Poner los
bienes a disposición del SAE, en la fecha y lugares que previamente se acuerden con
éste.
Artículo 4o. El SAE integrará una base de datos
con el registro de los bienes, que podrá ser consultada por la autoridad judicial
federal, la Procuraduría, las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, autoridades del fuero común encargadas de la procuración e impartición de
justicia, así como por las personas que acrediten un interés legítimo para ello.
TITULO SEGUNDO
De la Administración de Bienes
Artículo 5o. El SAE administrará los bienes que
para tales efectos le entreguen las entidades transferentes, que tengan un valor mayor al
importe de seis meses de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal. Dicha
administración se realizará de conformidad con las disposiciones de la presente ley, en
tanto no exista resolución definitiva emitida por autoridad administrativa o judicial
competente que determine el destino de dichos bienes, salvo que se trate de los referidos
en la fracción V del artículo 1o. de esta Ley.
Se encuentran
exceptuados de la administración a que se refiere el párrafo anterior, las joyas,
billetes y monedas de curso legal, divisas, metales preciosos, los bienes numismáticos o
filatélicosy los bienes con valor artístico o histórico, los cuales serán
administrados conforme a las disposiciones aplicables por la entidad que corresponda,
según el caso, salvo que las autoridades competentes determinen lo contrario.
Respecto de los
bienes que no son susceptibles de administración en los términos de este artículo, las
entidades transferentes, de conformidad con las disposiciones aplicables, procederán a
ordenar su asignación; destrucción; enajenación, de conformidad con los ordenamientos
aplicables para cada tipo de bien o donación a instituciones autorizadas para recibir
donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que lo
requieran para el desarrollo de sus actividades; o bien a determinar un fin específico
que ofrezca la mayor utilidad para el Gobierno Federal.
Los bienes
muebles e inmuebles que se encuentren al servicio de las entidades transferentes, no
podrán ser transferidos para su administración al SAE en los términos del presente
Título.
Artículo 6o. Todos los bienes asegurados,
incluyendo las joyas, billetes y monedas de curso legal, divisas, metales preciosos, los
bienes numismáticos o filatélicos y los bie-nes con valor artístico o histórico,
serán administrados por el SAE.
Artículo 7o. La administración de los bienes
comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión. Serán
conservados en el estado en que se hayan recibido por el SAE, para ser devueltos en las
mismas condiciones, salvo el deterioro normal que se les cause por el transcurso del
tiempo. Dichos bienes podrán ser utilizados, destruidos o enajenados en los casos y
cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y en el Reglamento, para lo cual, en su
caso, el SAE podrá llevar a cabo los actos conducentes para la regularización de dichos
bienes, de conformidad con las disposiciones aplicables para tal efecto.
Artículo 8o. Los depositarios, liquidadores,
interventores o administradores, que reciban bienes en depósito, intervención,
liquidación o administración, están obligados a rendir al SAE un informe mensual sobre
los mismos y a darle todas las facilidades para su supervisión y vigilancia.
Artículo 9o. Las armas de fuego, municiones y
explosivos serán administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional. En todo caso
deberá observarse, además, lo dispuesto en la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos.
Tratándose de
narcóticos, flora y fauna protegidos, materiales peligrosos y demás bienes cuya
propiedad o posesión se encuentre prohibida, restringida o especialmente regulada, se
procederá en los términos de la legislación federal aplicable.
Los bienes que
resulten del dominio público de la Federación, de los estados, del Distrito Federal o de
los municipios, se restituirán a la dependencia o entidad correspondiente, de acuerdo con
su naturaleza y a lo que dispongan las normas aplicables.
Artículo 10. Se hará constar en los registros
públicos que correspondan, de conformidad con las disposiciones aplicables, el
nombramiento del depositario, interventor, liquidador o administrador de los bienes.
Artículo 11. El SAE, o el depositario,
interventor, liquidador o administrador de los bienes contratarán seguros para el caso de
pérdida o daño de los mismos.
Artículo 12. A los frutos o rendimientos de los
bienes durante el tiempo que dure la administración, se les dará el mismo tratamiento
que a los bienes que los generen.
En todo caso,
los recursos que se obtengan de la administración de los bienes se destinarán a resarcir
el costo de mantenimiento y administración de los mismos y el remanente, si lo hubiera,
se depositará en el fondo a que se refiere el artículo 89 y se entregará a quien en su
momento acredite tener derecho en términos de las disposiciones aplicables.
Artículo 13. Respecto de los bienes, el SAE y en
su caso los depositarios, interventores, liquidadores o administradores que haya designado
tendrán, además de las obligaciones previstas en esta Ley, las que señala el Código
Civil Federal para el depositario.
Para la debida
conservación y en su caso buen funcionamiento de los bienes, incluyendo el de los
inmuebles destinados a actividades agropecuarias, empresas, negociaciones y
establecimientos, el SAE tendrá todas las facultades y obligaciones de un mandatario para
pleitos y cobranzas, actos de administración, para otorgar y suscribir títulos de
crédito y, en los casos previstos en esta Ley, actos de dominio.
Los
depositarios, interventores, liquidadores o administradores que el SAE designe, tendrán,
dentro de las siguientes, sólo las facultades que éste les otorgue:
I. Poder general
para pleitos y cobranzas y actos de administración en los términos del artículo 2554,
primero y segundo párrafos, del Código Civil Federal.
II. Poder
especial para pleitos y cobranzas, con las cláusulas especiales a que se refiere el
artículo 2587 del Código Civil Federal.
III. Poder para
actos de administración en materia laboral con facultades expresas para articular y
absolver posiciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 786 de la Ley Federal del
Trabajo, con facultades para administrar las relaciones laborales y conciliar de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 11 y 876 fracciones I y VI de la misma ley, así como
comparecer en juicio en los términos de los artículos 692, fracciones I, II y III, y el
878 de la Ley referida.
IV. Poder para
otorgar y suscribir títulos de crédito, en los términos del artículo 9o. de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Las facultades a
que se refiere este artículo se podrán ejercitar ante cualquier autoridad
jurisdiccional, sea civil, penal, administrativa, laboral, militar, federal, estatal o
municipal.
Las facultades
previstas en este artículo se otorgarán a los depositarios, interventores, liquidadores
o administradores, por parte del SAE, de acuerdo a lo que éstos requieran para el
adecuado ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 14. El SAE, así como los depositarios,
liquidadores, administradores o interventores de los bienes darán todas las facilidades
para que las autoridades competentes que así lo requieran, practiquen con dichos bienes
todas las diligencias que resulten necesarias.
Artículo 15. Los bienes serán custodiados y
conservados en los lugares que determine el SAE.
Artículo 16. Los bienes a que se refiere la
fracción V del artículo 1o. de esta ley y los que sean incosteables, serán destruidos o
enajenados por el SAE a través de los procedimientos previstos en el Título Cuarto de
esta Ley.
Artículo 17. Los depositarios, liquidadores,
interventores y administradores designados por el SAE no podrán enajenar o gravar los
inmuebles a su cargo. En todo caso, se respetarán los derechos de terceros.
Artículo 18. Los inmuebles susceptibles de
destinarse a actividades lícitas que sean entregados al SAE, serán administrados a fin
de mantenerlos productivos o, en su caso, hacerlos productivos.
Artículo 19. El SAE nombrará un administrador
para las empresas, negociaciones o establecimientos objeto de esta Ley.
El administrador
de los bienes a que se refiere el párrafo anterior, tendrá las facultades necesarias, en
términos de las disposiciones aplicables, para mantenerlos en operación y buena marcha,
pero no podrá enajenar ni gravar los bienes que constituyan parte del activo fijo de la
empresa, negociación o establecimiento.
La Junta de
Gobierno podrá autorizar al administrador que proceda a la suspensión o cierre
definitivo de las empresas, negociaciones o establecimientos, cuando las actividades de
éstos resulten incosteables y por consecuencia se procederá a la disolución,
liquidación, concurso mercantil, quiebra, fusión, escisión o venta, según sea el caso.
Artículo 20. Tratándose de empresas,
negociaciones o establecimientos que no cuenten con las licencias, autorizaciones,
permisos, concesiones o cualquier otro tipo de requisito necesario para operar
lícitamente, el administrador procederá a su regularización. Si ello no fuere posible,
procederá a la suspensión, cancelación y liquidación de dichas actividades en cuyo
caso tendrá, únicamente para tales efectos, las facultades necesarias para la
enajenación de activos, la que realizará de acuerdo con los procedimientos previstos en
el Título Cuarto de esta Ley.
Artículo 21. El administrador tendrá
independencia respecto del propietario, los órganos de administración, asambleas de
accionistas, de socios o partícipes, así como de cualquier otro órgano de las empresas,
negociaciones o establecimientos que se le otorguen en administración. El administrador
responderá de su actuación únicamente ante el SAE y, en el caso de que incurra en
responsabilidad penal, se estará a las disposiciones aplicables.
Artículo 22. La Junta de Gobierno podrá
autorizar a los depositarios, administradores o interventores a que se refiere el
artículo 8o. de esta Ley para que éstos utilicen los bienes que hayan recibido, lo que
en su caso harán de conformidad con lo que al respecto establezca el Reglamento, así
como los lineamientos que expida dicha junta.
La Junta de
Gobierno fijará el monto de la contraprestación que los depositarios, administradores o
interventores deban cubrir por el uso que se otorgue de acuerdo con el párrafo anterior.
Dicha contraprestación se considerará como fruto de los bienes.
El SAE podrá
otorgar, previa autorización de la Junta de Gobierno, los bienes en depósito a las
dependencias, entidades paraestatales o a la Procuraduría, cuando así lo solicite por
escrito el titular de dichas instancias o el servidor público en quien delegue esta
función y, en su caso, les autorizará mediante comodato la utilización de dichos bienes
para el desarrollo de sus funciones.
Los
depositarios, administradores o interventores rendirán al SAE un informe mensual
pormenorizado sobre la utilización de los bienes, en los términos que al efecto
establezca el SAE.
Artículo 23. Cuando proceda la devolución de los
bienes que se hayan utilizado conforme al artículo anterior, el depositario,
administrador o interventor cubrirá los daños ocasionados por su uso.
El seguro
correspondiente a estos bienes deberá cubrir la pérdida y los daños que se originen por
el uso de los mismos.
TITULO TERCERO
De la Devolución de Bienes en
Administración
Artículo 24. Cuando proceda la devolución de los
bienes la autoridad competente informará tal situación al SAE, a efecto de que queden a
disposición de quien acredite tener derecho a ellos. La autoridad competente notificará
su resolución al interesado o al representante legal, de conformidad con lo previsto por
las disposiciones aplicables, para que en el plazo señalado en las mismas a partir de la
notificación, se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo los
bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal.
Artículo 25. El SAE, al momento en que el
interesado o su representante legal se presenten a recoger los bienes, deberá:
I. Levantar acta
en la que se haga constar el derecho del interesado o de su representante legal a recibir
los bienes;
II. Realizar un
inventario de los bienes, y
III. Entregar
los bienes al interesado o a su representante legal.
Artículo 26. La devolución de los bienes
incluirá la entrega de los frutos que, en su caso, hubieren generado.
La devolución
de numerario comprenderá la entrega del principal y de sus rendimientos durante el tiempo
en que haya sido administrado, conforme a los términos y condiciones que corresponda de
conformidad con las disposiciones aplicables.
El SAE al
devolver empresas, negociaciones o establecimientos, rendirá cuentas de la
administración que hubiere realizado a la persona que tenga derecho a ello y le
entregará los documentos, objetos, numerario y, en general, todo aquello que haya
comprendido la administración.
Previo a la
recepción de los bienes por parte del interesado, se dará oportunidad a éste para que
revise e inspeccione las condiciones en que se encuentren los mismos, a efecto de que
verifique el inventario a que se refiere el artículo 25 de esta Ley y, en su caso, se
proceda conforme a lo establecido por el artículo 28 de la misma.
Artículo 27. Cuando conforme a lo previsto en el
artículo 24 de esta Ley, se determine por la autoridad competente la devolución de los
bienes que hubieren sido enajenados por el SAE o haya imposibilidad para devolverlos,
deberá cubrirse con cargo al fondo previsto en el artículo 89, a la persona que tenga la
titularidad del derecho de devolución, el valor de los mismos de conformidad con las
disposiciones aplicables.
Artículo 28. El SAE será responsable de los
daños derivados de la pérdida, extravío o deterioro inusual de los bienes que
administre. Quien tenga derecho a la devolución de bienes que se hubieran perdido,
extraviado o deteriorado, podrá reclamar su pago al SAE.
Artículo 29. Los frutos y productos de los bienes
serán enajenados por el SAE, de conformidad con los procedimientos previstos en el
Título Cuarto de esta Ley, con excepción de lo dispuesto por el tercer párrafo del
artículo 39 de esta Ley.
Una vez que se
enajenen los bienes, así como sus frutos y productos, serán considerados contribuciones,
aprovechamientos o productos en los términos del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 30. Los ingresos que se obtengan de las
ventas a que se refiere el artículo anterior, una vez descontados los costos de
administración, gastos de mantenimiento y conservación de los bienes, honorarios de
comisionados especiales que no sean servidores públicos encargados de dichos
procedimientos, así como los pagos de las reclamaciones procedentes que presenten los
adquirentes o terceros, por pasivos ocultos, fiscales o de otra índole, activos
inexistentes, asuntos en litigio y demás erogaciones análogas a las antes mencionadas o
aquellas que determine la Ley de Ingresos de la Federación u otro ordenamiento aplicable
y que realice el SAE conforme a la presente Ley, se destinarán a un fondo para su
posterior entrega a la Tesorería de la Federación, a las entidades paraestatales o a
quien tenga derecho a ello, según corresponda y serán destinados de conformidad con la
legislación aplicable.
TITULO CUARTO
De los Procedimientos de
Enajenación
Capítulo I
Generalidades
Artículo 31. Los procedimientos de enajenación
previstos en esta Ley, son de orden público y tienen por objeto enajenar de forma
económica, eficaz, imparcial y transparente los bienes que sean transferidos al SAE;
asegurar las mejores condiciones en la enajenación de los bienes; obtener el mayor valor
de recuperación posible y las mejores condiciones de oportunidad, así como la reducción
de los costos de administración y custodia a cargo de las entidades transferentes.
Los
procedimientos de enajenación serán los siguientes:
I. Donación, y
II. Compraventa,
que incluye la permuta y cualesquiera otras formas jurídicas de transmisión de la
propiedad, a través de licitación pública, subasta, remate o adjudicación directa.
Para la
realización de las enajenaciones a que se refieren las fracciones anteriores, el SAE
tendrá todas las facultades y obligaciones de un mandatario para pleitos y cobranzas,
actos de administración, actos de dominio y para otorgar y suscribir títulos de
crédito.
Los terceros a
que se refiere el artículo 38 de esta Ley, a quienes el SAE encomiende la enajenación de
los bienes tendrán, en su caso, de las facultades señaladas en el artículo 13
fracciones I a la III de este ordenamiento, sólo las que el mencionado organismo
descentralizado les otorgue.
Tratándose de
bienes que la Tesorería de la Federación o sus auxiliares legalmente facultados,
obtengan en dación en pago y se transfieran al SAE para su enajenación, no se aplicará
el plazo a que se refiere la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.
Artículo 32. Estarán impedidas para participar
en los procedimientos de enajenación regulados por esta Ley, las personas que se
encuentren en los supuestos siguientes:
I. Las
inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
II. Las que no
hubieren cumplido con cualquiera de las obligaciones derivadas de los procedimientos
previstos en esta ley, por causas imputables a ellas;
III. Aquéllas
que hubieren proporcionado información que resulte falsa o que hayan actuado con dolo o
mala fe, en algún procedimiento realizado por la Administración Pública Federal para la
adjudicación de un bien;
IV. Aquéllas
que hubieren participado en procedimientos similares con el Gobierno Federal y se
encuentren en situación de atraso en el pago de los bienes por causas imputables a ellos
mismos;
V. Aquéllas a
las que se les declare en concurso civil o mercantil;
VI. Los terceros
a que se refiere el artículo 38 de esta Ley, respecto de los bienes cuya enajenación se
les encomiende;
VII. Los agentes
aduanales y dictaminadores aduaneros, respecto de los bienes de procedencia extranjera;
VIII. Los
servidores públicos del SAE y los de las entidades transferentes que por sus funciones
hayan tenido acceso a información privilegiada, y
IX. Las demás
que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley.
Para los efectos
de las fracciones III y IV, el SAE llevará un registro de las personas que se ubiquen en
los supuestos previstos por las mismas.
Artículo 33. Cualquier procedimiento de
enajenación o acto que se realice en contra de lo dispuesto en este título será nulo de
pleno derecho.
Los servidores
públicos que participen en la realización de los procedimientos de enajenación
previstos en esta Ley, serán responsables por la inobservancia de las disposiciones
establecidas en la misma, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de la responsabilidad penal que
corresponda conforme a las leyes.
Capítulo II
De la Donación
Artículo 34. En casos excepcionales, de
conformidad con lo que establezcan para tal efecto las disposiciones aplicables y previo
cumplimiento de los requisitos que, en su caso, prevean las mismas, tales como los
relativos al monto, plazo o tipo de bienes, éstos podrán ser donados a favor de los
gobiernos de los estados, de los municipios o del Distrito Federal, para que los utilicen
en los servicios públicos locales, en fines educativos o de asistencia social o a
instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, que lo requieran para el desarrollo de sus actividades.
Artículo 35. Para la donación de los bienes, el
SAE se apoyará del Comité de Donaciones, el cual se integrará y regirá de acuerdo con
lo que al respecto se establezca en el Reglamento.
Capítulo III
De la Venta
Artículo 36. El SAE podrá vender los bienes que
le sean transferidos, siempre que el precio no sea una cantidad menor al valor en que
fueron recibidos, con adición a los gastos de administración o venta generados, excepto
cuando el valor de avalúo actualizado sea menor, en cuyo caso, éste será el precio
mínimo de venta. Tratándose del procedimiento de remate, se estará a lo dispuesto por
los artículos 57, 59 y 60 de este ordenamiento.
Artículo 37. El SAE podrá vender los bienes que
se le transfieran una vez que se hayan cubierto los requisitos correspondientes, de
acuerdo a los procedimientos a que se refiere el artículo 38 de esta Ley.
El precio base
de venta de los bienes será:
I. El que
señale el avalúo vigente;
II. El valor
comercial;
III. El valor de
reposición, o
IV. El valor de
mercado.
El precio base
será fijado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o por peritos,
instituciones de crédito, agentes especializados o corredores públicos. En todo caso, el
SAE deberá justificar las razones de la elección tanto del método de valuación como
del valuador.
El SAE estará
facultado para mantener en reserva el precio base de venta hasta el acto de presentación
de ofertas de compra, en aquellos casos en que se considere que dicha reserva coadyuvará
a estimular la competitividad entre los interesados y a maximizar el precio de venta.
Artículo 38. El SAE podrá vender los bienes a
través de los siguientes procedimientos:
I. Licitación
pública;
II. Subasta;
III. Remate, o
IV.
Adjudicación directa.
El SAE podrá
encomendar la enajenación de los bienes a que se refiere este capítulo, a las
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, a las autoridades
estatales o municipales o a personas, empresas o instituciones especializadas en la
promoción y venta de los mismos, cuando estime que su intervención, permitirá
eficientar el procedimiento de venta, así como aumentar las alternativas de compradores
potenciales y maximizar los precios.
Los terceros a
que se refiere el párrafo anterior, al concluir la enajenación que se les encomiende
están obligados a rendir al SAE un informe sobre la misma y a darle todas las facilidades
para su supervisión y vigilancia.
En la venta de
los bienes, que se realice conforme a los procedimientos referidos, el SAE, así como los
terceros señalados en los párrafos anteriores, deberán atender a las características
comerciales de las operaciones, las sanas prácticas y usos bancarios y mercantiles.
Artículo 39. La venta de los bienes se realizará
preferentemente a través del procedimiento de licitación pública.
Los
procedimientos de subasta y de remate se podrán llevar a cabo en los siguientes casos:
I. Cuando así
lo establezcan otras disposiciones legales;
II. Cuando el
valor de enajenación de los bienes no exceda de los montos que se establezcan para tal
efecto en el reglamento;
III. Cuando a
juicio del SAE estos procedimientos aseguren las mejores condiciones al Estado, o
IV. En los
demás casos que se prevean en el Reglamento.
En estos casos y
en el procedimiento de adjudicación directa a que se refiere el artículo 68 de esta Ley,
el SAE deberá acreditar bajo su responsabilidad que dichos procedimientos aseguran las
mejores condiciones para el Estado, conforme a lo previsto en el artículo 31 de este
ordenamiento.
Tratándose de
los frutos que se generen por la administración de empresas o propiedades en producción,
la enajenación se realizará mediante adjudicación directa, conforme a lo dispuesto por
la Sección Cuarta del presente capítulo.
Artículo 40. El SAE se abstendrá de formalizar
alguna venta, cuando de la información proporcionada por autoridad competente se tengan
elementos para presumir que los recursos con los que se pagará el bien correspondiente,
no tienen un origen lícito.
Artículo 41. En las ventas que realice el SAE,
debe pactarse preferentemente el pago en una sola exhibición. La Junta de Gobierno
emitirá los lineamientos para la venta en varias exhibiciones, las que considerarán las
condiciones de mercado en operaciones similares, así como las garantías que en su caso
procedan.
Artículo 42. El SAE podrá establecer penas
convencionales a cargo del adjudicatario por atraso en sus obligaciones de pago.
Artículo 43. El pago de los bienes deberá
realizarse en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día en que se dé a
conocer la adjudicación.
La entrega y
recepción física de los bienes muebles deberá realizarse dentro de los cinco días
hábiles posteriores a la fecha en que se cubra la totalidad de su importe.
Se dará
posesión de los bienes inmuebles en la fecha en que sea cubierta la totalidad del pago de
los mismos, salvo que se trate de operaciones a plazo.
El envío de las
instrucciones para la escrituración correspondiente no podrá exceder de un plazo
superior a 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la fecha de
adjudicación, salvo causa debidamente justificada. Durante dicho plazo el comprobante de
pago, así como el instrumento en el que conste la adjudicación del bien, serán los
documentos que acrediten los derechos del adquirente.
En caso de que
la entrega recepción de los bienes y la escrituración en el caso de inmuebles no se
efectúe por causas imputables al comprador, éste asumirá cualquier tipo de riesgo
inherente a los mismos, salvo que obedezca a causas atribuibles al SAE.
Sección I
Licitación Pública
Artículo 44. La licitación pública se
realizará a través de convocatoria en la que se establecerá, en su caso, el costo y la
forma de pago de las bases, mismo que será fijado en atención a la recuperación de las
erogaciones por publicación de la convocatoria y por los documentos que al efecto se
entreguen. Los interesados podrán revisar las bases, en su caso, previo pago de las
mismas.
La publicación
de la convocatoria podrá hacerse en el Diario
Oficial de la Federación, en un diario de circulación nacional o por cualquier otro
medio electrónico, óptico o de cualquier otra tecnología que permita la expresión de
la oferta.
Tratándose de
títulos valor, créditos o cualquier bien comerciable en bolsas, mercados de valores o
esquemas similares, podrá utilizarse un medio de difusión distinto a los señalados en
el párrafo anterior, sujeto a que los valores respectivos se encuentren inscritos en el
Registro Nacional de Valores en los términos de la Ley del Mercado de Valores.
Artículo 45. En las convocatorias se incluirá
cuando menos:
I. El nombre,
denominación o razón social de la entidad transferente;
II. La
descripción, condición física y ubicación de los bienes. En caso de bienes muebles,
adicionalmente se señalarán sus características, cantidad y unidad de medida y en
tratándose de bienes inmuebles la superficie total, linderos y colindancias;
III. La
descripción de los documentos que amparen la propiedad, titularidad o posibilidad de
disponer de los bienes para su enajenación;
IV. El precio
base del bien, salvo en los casos a que se refiere el último párrafo del artículo 37;
V. La forma en
que se deberá realizar el pago por el adquirente;
VI. Tratándose
de bienes muebles, el plazo máximo en que deberán ser retirados los bienes por el
adquirente y en caso de bienes inmuebles, la fecha en que se podrá disponer de los
mismos.
En ambos casos
se deberá indicar que, de no presentarse el interesado para los efectos conducentes en la
fecha establecida, se le generarán gastos de administración, almacenamiento y custodia;
VII. Lugar,
fecha, horarios y condiciones requeridas para mostrar fotografías, catálogos, planos o
para que los interesados tengan acceso a los sitios en que se encuentren los bienes para
su inspección física, cuando proceda;
VIII. Lugar,
fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases de licitación y en su caso,
el costo y forma de pago de la misma;
IX. Fecha
límite para que los interesados se inscriban a la licitación;
X. Forma y monto
de la garantía de seriedad de ofertas y de cumplimiento de las obligaciones que se
deriven de los contratos de compraventa que, en su caso, deberán otorgar los interesados,
de conformidad con las disposiciones establecidas por la Ley del Servicio de la Tesorería
de la Federación;
XI. La
existencia, en su caso, de gravámenes, limitaciones de dominio, o cualquier otra carga
que recaiga sobre los bienes;
XII. La fecha,
hora y lugar o en su caso, plazo para la celebración del acto del fallo;
XIII. Criterios
para la evaluación de las ofertas de compra y para la adjudicación;
XIV. La
indicación de que se deberá suscribir convenio de confidencialidad cuando se trate de
bienes que por su naturaleza impliquen el manejo de información confidencial o
privilegiada;
XV. La
indicación de que ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación,
así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas;
XVI. La
indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos
previstos en el artículo 32 de la Ley;
XVII. Penas
convencionales por mora o incumplimiento en el pago, y
XVIII. Las
sanciones que procederán en caso de incumplimiento por parte del oferente.
Artículo 46. Se considerará desierta la
licitación cuando se cumpla cualquiera de los siguientes supuestos:
I. Ninguna
persona adquiera las bases;
II. Nadie se
registre para participar en el acto de apertura de ofertas, o
III. Que las
ofertas de compra que se presenten no sean aceptables.
Se considera que
las ofertas de compra no son aceptables cuando no cubran el precio base de venta del bien
o no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria y en las
bases.
Artículo 47. Las bases estarán a disposición de
los interesados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta cinco
días naturales previos al acto de presentación de ofertas de compra y contendrán como
mínimo lo siguiente:
I. La referencia
exacta de la convocatoria a la cual corresponden las mismas;
II. Los
elementos a que se refieren las fracciones II, VII, X, XIII, XVII y XVIII del artículo 45
de esta ley;
III. Los
documentos por los cuales el interesado acreditará su personalidad jurídica;
IV.
Instrucciones para elaborar y entregar o presentar ofertas de compra, haciendo mención de
que dichas ofertas deberán ser en firme;
V. Lugar, fecha
y hora en que los interesados podrán obtener las bases de licitación y en su caso, el
costo y forma de pago de la mismas;
VI. Los
criterios claros y detallados para la adjudicación del bien;
VII. Forma y
términos para la formalización de la operación y entrega física del bien. En el caso
de inmuebles, los gastos, incluyendo los de escrituración, serán por cuenta y
responsabilidad absoluta del adquirente. Tratándose de contribuciones, éstas se
enterarán por cada una de las partes que las causen;
VIII. El
señalamiento de las causas de descalificación de la licitación;
IX. La
indicación de que ninguna de las condiciones de las bases de licitación, así como las
proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas;
X. La
indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos
previstos en el artículo 32 de la Ley;
XI. La
indicación de que el fallo se dará a conocer por el mismo medio en que se hubiera hecho
la convocatoria o en junta pública, según se determine, y
XII. Cualquier
otra que de acuerdo a la naturaleza de los bienes o su condición de venta señale el SAE.
Artículo 48. El plazo para la presentación de
las ofertas de compra no podrá ser mayor a diez días hábiles contados a partir de la
fecha de publicación de la convocatoria de la licitación, salvo que por la naturaleza de
los bienes, el SAE considere conveniente establecer un plazo mayor.
El SAE retendrá
las garantías que se hubieren presentado, de conformidad con las disposiciones
establecidas por la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, hasta que se
emita el fallo. A partir de esa fecha, procederá a la devolución de las garantías a
cada uno de los interesados, salvo la de aquél a quien se hubiere adjudicado el bien,
misma que se retendrá como garantía de cumplimiento de la obligación y podrá aplicarse
como parte del precio de venta.
Artículo 49. Los actos de presentación y de
apertura de ofertas de compra se llevarán a cabo conforme a lo siguiente:
I. Los
licitantes entregarán sus ofertas de compra en sobre cerrado en forma inviolable, o por
los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que garanticen la
confidencialidad de las ofertas hasta el acto de apertura;
II. La apertura
de las ofertas de compra se realizará a más tardar, al segundo día hábil siguiente a
aquél en que venza el plazo de presentación de ofertas de compra;
III. La
convocante en un plazo no mayor de tres días hábiles, contados a partir del acto de
apertura de ofertas de compra, procederá a la evaluación de las mismas, con pleno apego
a lo dispuesto por el artículo 31 de esta Ley.
Concluido el
análisis de las ofertas de compra, se procederá de inmediato a emitir el fallo;
IV. El fallo se
dará a conocer por el mismo medio en que se hubiera hecho la convocatoria o en junta
pública, según se determine en las bases, haciendo del conocimiento público el nombre
del ganador y el monto de la oferta de compra ganadora. Asimismo, en su caso, se deberá
informar a la dirección electrónica de las personas interesadas, por correo certificado
con acuse de recibo u otros medios que determine para tal efecto el SAE, que sus
propuestas fueron desechadas y las causas que motivaron tal determinación y
V. El SAE
levantará acta en la que se dejará constancia de la participación de los licitantes,
del monto de sus ofertas de compra, de las ofertas aceptadas o desechadas, de las razones
por las que en su caso fueron desechadas, del precio base de venta, del nombre del ganador
por cada bien, del importe obtenido por cada venta, así como de aquellos aspectos que en
su caso sean relevantes y dignos de consignar en dicha acta.
Artículo 50. En caso de empate en el
procedimiento de licitación pública, el bien se adjudicará al licitante que primero
haya presentado su oferta.
Artículo 51. El adjudicatario perderá en favor
del SAE, la garantía que hubiere otorgado si, por causas imputables a él, la operación
no se formaliza dentro del plazo a que se refiere el artículo 43, quedando el SAE en
posibilidad de adjudicar el bien al participante que haya presentado la segunda oferta de
compra más alta que no hubiere sido descalificada y así sucesivamente, en caso de que no
se acepte la adjudicación, siempre que su postura sea mayor o igual al precio base de
venta fijado.
En el supuesto
de que la falta de formalidad de la adjudicación sea imputable al SAE, el licitante
ganador podrá solicitar que le sean reembolsados los gastos no recuperables en que
hubiera incurrido, derivados del procedimiento de licitación pública, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la
licitación de que se trate.
El atraso del
SAE en la formalización de la operación de compraventa, prorrogará en igual plazo la
fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.
Sección II
De la Subasta
Artículo 52. El SAE, de acuerdo con lo dispuesto
por el ar- tículo 39 de esta Ley llevará a cabo el procedimiento de subasta pública, el
cual deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de
la convocatoria.
Artículo 53. La junta de postores en la que se
adjudicarán los bienes subastados a los mejores oferentes, se desarrollará en los
siguientes términos:
I. Un servidor
público del SAE mostrará físicamente el bien objeto de subasta siempre que la
naturaleza del mismo lo permita;
II. Los
interesados podrán mejorar sus ofertas durante la celebración de la subasta, para lo
cual deberán manifestarlo en forma escrita, a través de los formatos que para tal efecto
proporcione en el acto de subasta el SAE, en presencia del resto de los participantes y
del encargado de la subasta, quien tendrá la obligación de asentar tales situaciones al
igual que todo lo que ocurra en la subasta, en el acta que al efecto lleve a cabo;
III. Los
oferentes contarán con intervalos de tiempo que se darán a conocer en forma previa al
inicio del acto, los que servirán para ir mejorando la última postura manifestada, y
IV. El bien se
adjudicará a la oferta que ofrezca las mejores condiciones de precio y oportunidad.
En las bases de
la subasta se establecerán las instrucciones para presentar ofertas de compra.
Artículo 54. Sin perjuicio de la aplicación de
las disposiciones previstas en los capítulos I y III del presente Título, serán
aplicables a la subasta las disposiciones que correspondan a la licitación pública, en
lo que no contravengan a su regulación específica.
Sección III
Del Remate
Artículo 55. El procedimiento de remate se
realizará de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 39 de esta Ley. Todo remate de
bienes será público y deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes a
su convocatoria.
Artículo 56. Para la realización del remate de
los bienes se anunciará su venta por dos veces, con tres días hábiles de diferencia.
Los avisos se publicarán en el Diario Oficial de
la Federación, en algún diario de circulación nacional o a través de medios
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.
Artículo 57. Postura legal es la que cubre, al
menos, las dos terceras partes del precio base de venta del bien.
Artículo 58. Las posturas se formularán por
escrito o por cualquier otro medio electrónico, óptico o de cualquier otra tecnología
que permita la expresión de la oferta, manifestando, el mismo postor o su representante
con facultades suficientes:
I. El nombre,
capacidad legal y domicilio del postor, y
II. La cantidad
que se ofrezca por los bienes.
El oferente, al
formular su postura, deberá entregar al SAE en el acto del remate, el diez por ciento de
aquélla, en cheque cerficado o efectivo. Dicho organismo descentralizado retendrá el
importe referido hasta que se declare fincado el remate y después de esa fecha lo
regresará a los oferentes que no hayan resultado ganadores. El diez por ciento de la
postura ganadora se aplicará al pago del bien adjudicado.
Artículo 59. Si en la primera almoneda no hubiere
postura legal, se citará a otra, para lo cual dentro de los cinco días hábiles
siguientes se publicarán los avisos correspondientes, por una sola vez, de manera que
entre la publicación del aviso y la fecha del remate, medie un término que no sea mayor
de tres días hábiles. En la almoneda se tendrá como precio inicial el precio base de
venta del bien, con deducción de un cinco por ciento.
Artículo 60. Si en la segunda almoneda no hubiere
postura legal, se citará a la tercera en la forma que dispone el artículo anterior y de
igual manera se procederá para las ulteriores, cuando obrare la misma causa, hasta
efectuar legalmente el remate. En cada una de las almonedas se deducirá un cinco por
ciento del precio que, en la anterior, haya servido de base.
Artículo 61. Si el postor no cumpliere sus
obligaciones, el SAE declarará sin efecto el remate para citar, nuevamente, dentro de los
cinco días hábiles siguientes a partir de declarado desierto el remate, a la misma
almoneda y el postor perderá el diez por ciento exhibido, el que se aplicará, como pena,
a favor del SAE.
Artículo 62. El postor no puede rematar para un
tercero, sino con poder bastante, quedando prohibido hacer postura sin declarar, el nombre
de la persona para quien se hace.
Artículo 63. Los postores tendrán la mayor
libertad para hacer sus propuestas.
Artículo 64. El SAE decidirá de plano conforme a
las disposiciones aplicables, bajo su responsabilidad, cualquier asunto que se suscite,
relativo al remate.
Artículo 65. El día del remate, a la hora
señalada, se pasará lista a los postores iniciándose el remate. A partir de ese
momento, no se admitirán nuevos postores. Acto seguido, se revisarán las propuestas,
desechando, las que no contengan postura legal y las que no estuvieren debidamente
garantizadas.
Artículo 66. Calificadas de legales las posturas,
se dará lectura de ellas, por el funcionario del SAE que sea designado para tales
efectos, para que los postores presentes puedan mejorarlas. Si hay varias posturas
legales, se declarará preferente la que importe mayor cantidad y si varias se encontraren
exactamente en las mismas condiciones, la preferencia se establecerá por sorteo, que se
realizará en presencia de los postores asistentes al remate.
Artículo 67. Declarada preferente una postura, el
servidor público del SAE designado al efecto, preguntará si alguno de los postores la
mejora. En caso de que alguno la mejore antes de transcurrir cinco minutos de hecha la
pregunta, interrogará si algún postor puja la mejora y así sucesivamente, se procederá
con respecto a las pujas que se hagan. En cualquier momento en que, pasados cinco minutos
de hecha cualquiera de las mencionadas preguntas, no se mejorare la última postura o
puja, se declarará fincado el remate en favor del postor que hubiere hecho aquélla.
No procederá
recurso ni medio de impugnación alguno contra la resolución que finque el remate.
Sección IV
Adjudicación Directa
Artículo 68. Los bienes podrán enajenarse
mediante adjudicación directa, previo dictamen del SAE, el cuál se emitirá de acuerdo
con lo que al respecto disponga el Reglamento, que deberá constar por escrito, en los
siguientes casos:
I. Se trate de
bienes de fácil descomposición o deterioro, o de materiales inflamables, o no fungibles,
siempre que en la localidad no se puedan guardar o depositar en lugares apropiados para su
conservación;
II. Se trate de
bienes cuya conservación resulte incosteable para el SAE;
III. El valor de
los bienes sea menor al equivalente a 150,000 unidades de inversión;
IV. Se trate de
bienes que habiendo salido a subasta pública, remate en primera almoneda o a licitación
pública, no se hubieran presentado postores; o
V. Se trate de
los frutos a que se refiere el último párrafo del artículo 39 de esta Ley.
TITULO QUINTO
De la Destrucción de Bienes
Artículo 69. El SAE podrá llevar a cabo la
destrucción de los bienes en los casos que establezca el Reglamento y las disposiciones
que regulen los bienes de que se trate.
En toda
destrucción se deberán observar las disposiciones de seguridad, salud, protección al
medio ambiente y demás que resulten aplicables.
La destrucción
de los narcóticos y precursores químicos, se sujetará a lo dispuesto en el Código
Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.
En todas las
destrucciones, el SAE deberá seleccionar el método o la forma de destrucción menos
contaminante, a fin de minimizar los riesgos que pudieren ocasionar emisiones dañinas
para el ser humano, así como para su entorno. Asimismo, el método de destrucción que se
seleccione no deberá oponerse a las normas oficiales expedidas por los Gobiernos Federal,
estatales y municipales.
Artículo 70. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo anterior, se consideran como bienes respecto de los cuales el SAE podrá
proceder a su destrucción los siguientes:
I. Bienes
decomisados o abandonados relacionados con la comisión de delitos de propiedad industrial
o derechos de autor;
II. Bienes que
por su estado de conservación no se les pueda dar otro destino;
III. Objetos,
productos o sustancias que se encuentren en evidente estado de descomposición,
adulteración o contaminación que no los hagan aptos para ser consumidos o que puedan
resultar nocivos para la salud de las personas. En estos casos, deberá darse
intervención inmediata a las autoridades sanitarias para que, dentro del ámbito de sus
atribuciones, autoricen la destrucción de este tipo de bienes;
IV. Productos o
subproductos de flora y fauna silvestre o productos forestales, plagados o que tengan
alguna enfermedad que impida su aprovechamiento, así como bienes o residuos peligrosos,
cuando exista riesgo inminente de de- sequilibrio ecológico o casos de contaminación con
repercusiones peligrosas para los ecosistemas o la salud pública. En estos casos, deberá
solicitarse la intervención de la autoridad competente, y
V. Todos
aquellos bienes, que las entidades transferentes pongan a su disposición para su
destrucción.
Artículo 71. Para la destrucción de bienes se
estará a lo dispuesto por la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y su
reglamento, requiriéndose adicionalmente la autorización previa del director general del
SAE.
Artículo 72. Con independencia de lo que al
respecto dispone la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y su reglamento, el
SAE deberá integrar un expediente para proceder a la destrucción de los bienes
correspondientes, el cual deberá contener la siguiente documentación:
I. Oficio de la
dependencia o entidad facultada para autorizar la destrucción de los bienes, en los casos
en que sea necesario obtenerla.
II. Oficio de
autorización del director general del SAE.
III.
Notificación a la Procuraduría, a la Autoridad Judicial que conozca del procedimiento o,
en su caso, a las Autoridades Aduaneras, de la destrucción de bienes, para que los
Agentes del Ministerio Público o la autoridad judicial recaben, cuando sea factible, las
muestras necesarias para que obren en la averiguación previa o expediente
correspondiente.
IV. Acta de la
destrucción del bien, que deberán suscribir los servidores públicos facultados del SAE,
así como otras autoridades que deban participar y un representante del órgano interno de
control en el SAE, quien en ejercicio de sus atribuciones se cerciorará de que se
observen estrictamente las disposiciones legales aplicables al caso.
Artículo 73. El SAE llevará el registro y
control de todos los bienes que haya destruido, así como de aquellos que hayan sido
destruidos por otras autoridades a petición suya en el ámbito de sus respectivas
atribuciones; el Director General del SAE deberá informar a la Junta de Gobierno sobre
cualquier operación de destrucción de bienes que se haya llevado a cabo en estos
términos.
Artículo 74. Los gastos en que incurra el SAE
derivados de los procedimientos de destrucción se considerarán como costos de
administración de los bienes, en términos del artículo 30 de esta Ley.
Artículo 75. Tratándose de bienes relacionados
con la comisión de delitos o infracciones relativos a propiedad industrial o derechos de
autor, el SAE, antes de proceder a su destrucción, deberá verificar la resolución
definitiva que declare que se ha cometido una infracción administrativa o un delito, en
términos de la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor y que
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o, en su caso, el Instituto Nacional del
Derecho de Autor hayan decidido poner los bienes a disposición de la autoridad judicial
competente.
Tratándose de
los bienes cuya importación esté prohibida o sean objeto de ilícitos, el SAE, antes de
proceder a su destrucción, deberá verificar con las autoridades aduaneras la resolución
definitiva que declare que se ha cometido una infracción o delito, en términos de la Ley
Aduanera.
TITULO SEXTO
Del SAE
Artículo 76. El SAE será un organismo
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, con domicilio en el Distrito Federal, el cual tendrá por objeto la
administración y enajenación de los bienes señalados en el artículo 1o. de esta Ley.
El SAE estará
agrupado en el sector coordinado por la Secretaría.
Artículo 77. El patrimonio del SAE está
integrado por:
I. Los bienes
muebles, inmuebles y demás derechos que le sean asignados;
II. Los recursos
que le sean asignados en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación;
III. Cualquier
otro ingreso que la autoridad competente o las disposiciones aplicables, destinen al SAE.
Artículo 78. Para el cumplimiento de su objeto,
el SAE contará con las siguientes atribuciones:
I. Recibir,
administrar, enajenar y destruir los bienes de las entidades transferentes conforme a lo
previsto en la presente ley. Así como, realizar todos los actos de administración,
pleitos y cobranzas y de dominio respecto de los bienes, aun y cuando se trate de
entidades paraestatales en proceso de desincorporación, en aquellos casos en que así lo
determine la Secretaría;
II. Administrar
y enajenar los bienes, que previa instrucción de autoridad competente, se le encomienden
por la naturaleza especial que guardan los mismos;
III. Optimizar
los bienes para darles un destino, de conformidad con las disposiciones contenidas en el
Reglamento;
IV. Fungir como
visitador, conciliador y síndico en concursos mercantiles y quiebras de conformidad con
las disposiciones aplicables;
V. Liquidar las
empresas de participación estatal mayoritaria y organismos descentralizados de la
Administración Pública Federal, así como toda clase de sociedades mercantiles,
sociedades o asociaciones civiles;
VI. Ejecutar los
mandatos en nombre y representación del Gobierno Federal, incluyendo todos los actos
jurídicos que le sean encomendados;
VII. Manejar los
créditos que el Gobierno Federal destine o haya destinado para otorgar su apoyo
financiero a las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares del crédito, así
como la celebración de todos los actos necesarios para la recuperación de tales
créditos, bien sea que las instituciones se rehabiliten o liquiden;
VIII. Extinguir
los fideicomisos públicos y privados, y
IX. Realizar
todos los actos, contratos y convenios necesarios para llevar a cabo las atribuciones
anteriores.
Artículo 79. La administración del SAE estará a
cargo de:
I. La Junta de
Gobierno, y
II. El Director
General.
Artículo 80. La Junta de Gobierno se integrará
de la siguiente manera:
I. El Secretario
de Hacienda y Crédito Público, quien la presidirá;
II. Dos
Subsecretarios de la Secretaría;
III. El Tesorero
de la Federación, y
IV. El
Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Los integrantes
de la Junta de Gobierno designarán y acreditarán a su respectivo suplente, quién
deberá contar con, al menos, el nivel jerárquico equivalente al de Director General de
la Administración Pública Federal Centralizada.
La Junta de
Gobierno contará con un Secretario Técnico y un Prosecretario. El Secretario Técnico,
tendrá la representación de la misma para todos sus efectos legales, rendirá los
informes previos y justificados en los juicios de amparo en que la propia junta sea
señalada como autoridad responsable.
El Secretario
Técnico y el Prosecretario de la Junta de Gobierno, asistirán a las sesiones con voz
pero sin voto.
La Junta de
Gobierno se reunirá una vez cada tres meses, cuando menos, de acuerdo con un calendario
que será aprobado en la primera sesión ordinaria del ejercicio, pudiéndose además
celebrar reuniones extraordinarias, conforme a lo previsto en el Estatuto Orgánico del
SAE. Sus reuniones serán válidas con asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus
miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la
Administración Pública Federal. Las resoluciones se tomarán por la mayoría de votos de
los miembros presentes, teniendo el Presidente voto de calidad para el caso de empate.
Artículo 81. La Junta de Gobierno tendrá las
facultades siguientes:
I. Establecer en
congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y definir las
prioridades a las que deberá sujetarse el SAE;
II. Aprobar con
sujeción a las disposiciones aplicables, las políticas, bases y programas generales, que
regulen los convenios, contratos o acuerdos que deba celebrar el SAE con terceros para
obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. El Director
General y, en su caso, los servidores públicos que sean competentes en términos de la
legislación de la materia, realizarán tales actos bajo su responsabilidad y con
sujeción a las directrices que les hayan sido fijadas por la Junta de Gobierno;
III. Analizar y
aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda el director general con la
intervención que corresponda a los comisarios;
IV. Determinar
los lineamientos generales para la debida administración y enajenación de los bienes
señalados en el artículo 1o. de la presente Ley, así como para evitar que se alteren,
deterioren, desaparezcan o destruyan;
V. Determinar
los lineamientos generales a los que deberán ajustarse los depositarios; administradores,
liquidadores o interventores en la utilización de los bienes, así como los terceros a
que se refiere el artículo 1o. de esta Ley;
VI. Dictar los
lineamientos relativos a la supervisión de la base de datos a que se refiere el artículo
4o. de esta Ley;
VII. Aprobar los
programas y presupuestos del SAE, propuestos por el director general, así como sus
modificaciones, en términos de la legislación aplicable;
VIII. Aprobar
anualmente, previo informe de los comisarios y dictamen de los auditores externos, los
estados financieros del SAE y autorizar la publicación de los mismos;
IX. Aprobar el
estatuto órgánico del SAE y la estructura orgánica básica del mismo, así como las
modificaciones que procedan a éstos;
X. Nombrar y
remover a propuesta del director general, a los servidores públicos del SAE que ocupen
cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, aprobar la
fijación de sus sueldos y prestaciones y a los demás que señale el Estatuto Orgánico,
conforme a las disposiciones que emita la Secretaría para tal efecto;
XI. Nombrar y
remover al secretario técnico y prosecretario de la propia Junta de Gobierno;
XII. Autorizar
los diferentes procedimientos de venta de conformidad con el reglamento de la presente
Ley;
XIII. Emitir los
lineamientos necesarios para la destrucción de los bienes en los términos de la presente
Ley y el Reglamento, así como para las demás actividades relacionadas con el objeto del
SAE;
XIV. Emitir los
lineamientos para la venta en varias exhibiciones, para lo cual considerará las
condiciones de mercado en operaciones similares;
XV. Designar y
facultar a las personas que realizarán las notificaciones en representación del SAE en
términos de la legislación penal aplicable, y
XVI. Las demás
que se señalen en esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 82. El Director General del SAE deberá
remitir bimestralmente a la Secretaría y a la contraloría, un informe en donde se
detalle su operación, avances en los procedimientos a que se refiere esta Ley, así como
respecto de la enajenación de los bienes que fueron puestos a su disposición.
Dicho informe
deberá ser incluido, para su aprobación, en el informe que de la Cuenta Pública Federal
presente la Secretaría, con objeto de verificar si el SAE realizó sus funciones de
conformidad con lo previsto en esta Ley, y las demás disposiciones aplicables.
Artículo 83. El SAE rendirá un informe anual
detallado a las entidades transferentes, respecto de los bienes que cada una le haya
transferido.
Artículo 84. El SAE contará con un órgano de
vigilancia integrado por un Comisario Público y un Suplente, designados por la
Contraloría, quienes tendrán a su cargo las atribuciones que les confieren los
artículos 60 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 29 y 30 de su reglamento y
demás disposiciones aplicables.
El Comisario
asistirá, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta de Gobierno del SAE.
Artículo 85. El SAE contará con una contraloría
interna, denominada Organo Interno de Control, al frente de la cual estará el Contralor
Interno, Titular de dicho órgano, mismo que será designado en los términos del
artículo 37 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y
que en el ejercicio de sus facultades, se auxiliará por los titulares de las áreas de
responsabilidades, auditoría, y quejas, designados en los mismos términos.
El Titular del
órgano de control interno, así como los de sus áreas de auditoría, quejas y
responsabilidades dependerán de la Contraloría. Dicho órgano desarrollará sus
funciones conforme a los lineamientos que emita esta última.
Los servidores
públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas
competencias, ejercerán las facultades previstas en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en los demás
ordena- mientos legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto por el
artículo 47 fracciones III y IV del Reglamento Interior de la Contraloría.
Artículo 86. El Director General del SAE será
designado por el titular de la Secretaría, previo acuerdo del Ejecutivo Federal, debiendo
recaer en la persona que cumpla con los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano
mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad y esté en pleno goce y
ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Haber
desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y
experiencia en materia administrativa;
III. No
encontrarse en alguno de los impedimentos para ser miembro del órgano de gobierno que
señalan las fracciones II, III y V del artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales y
IV. No formar
parte de las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Artículo 87. El Director General del SAE tendrá
las facultades siguientes:
I. Representar
al SAE para todos los efectos legales, incluyendo los laborales y delegar esa
representación en los términos que señale su Estatuto Orgánico;
II. Rendir los
informes previos y justificados en los juicios de amparo cuando sea señalado como
autoridad responsable;
III. Administrar
el presupuesto del SAE, de conformidad con las disposiciones aplicables. En caso de ser
necesarias erogaciones de partidas no previstas en el presupuesto, el Director General
deberá previamente obtener la aprobación de la Junta de Gobierno;
IV. Dirigir y
coordinar las actividades del SAE, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, en el
Reglamento y en los acuerdos que al efecto apruebe la Junta de Gobierno;
V. Asistir, con
voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta de Gobierno;
VI. Nombrar y
remover depositarios, interventores o administradores de los bienes de manera provisional
y someter a consideración de la Junta de Gobierno el nombramiento definitivo;
VII. Ejecutar
los acuerdos de la Junta de Gobierno;
VIII. Presentar
a la Junta de Gobierno para su aprobación, los programas y presupuestos del SAE;
IX. Proponer a
la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de los servidores públicos de las dos
jerarquías administrativas inferiores a la del propio director general, así como nombrar
y contratar a los demás empleados del SAE;
X. Rendir los
informes a la Junta de Gobierno relacionados con la administración y manejo de los
bienes; respecto de la administración, enajenación o destino, así como del de-sempeño
de los depositarios, liquidadores, interventores o administradores designados y de los
terceros a que se refiere el artículo 1o. de esta Ley;
XI. Establecer
los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes del SAE;
XII. Recabar
información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones del SAE,
para así poder mejorar su gestión;
XIII. Establecer
los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos;
XIV. Establecer
los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se
desempeñe la entidad y presentar a la Junta de Gobierno por lo menos dos veces al año la
evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde con la Junta de Gobierno
y escuchando al comisario público, y
XV. Las demás
que señalen esta Ley u otras disposiciones aplicables o las que mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno, le sean otorgadas.
Artículo 88. Las relaciones de trabajo entre el
SAE y sus servidores públicos se regularán por la Ley Federal del Trabajo, Reglamentaria
del Apartado A) del artículo 123 constitucional y las condiciones de trabajo que al
efecto se establezcan. Los trabajadores del SAE quedan incorporados al régimen del
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Artículo 89. El porcentaje de los recursos
obtenidos por los procedimientos de venta a que se refiere el artículo 38 de esta Ley,
que al efecto determine el Reglamento, así como la totalidad de los frutos que generen
los bienes que administre el SAE, una vez descontados, en ambos casos, los costos de
administración, gastos de mantenimiento y conservación de los bienes, honorarios de
comisionados especiales que no sean servidores públicos encargados de dichos
procedimientos, así como los pagos de las recla- maciones procedentes que presenten los
adquirentes o terceros, por pasivos ocultos, fiscales o de otra índole, activos
inexistentes, asuntos en litigio y demás erogaciones análogas a las antes mencionadas o
aquellas que determine la Ley de Ingresos de la Federación u otro ordenamiento aplicable,
se destinarán a un fondo, el cual contará con dos subcuentas generales, una
correspondiente a los frutos y otra a las ventas.
Cada subcuenta
general contará con subcuentas específicas correspondientes a cada bien o conjunto de
bienes entregados en administración o a cada uno de los procedimientos de venta indicados
en el párrafo anterior, por lo que se podrá realizar el traspaso de los recursos
obtenidos de la subcuenta general a las diferentes subcuentas.
Los recursos de
las subcuentas específicas, serán entregados por el SAE a quien tenga derecho a
recibirlos de conformidad con las disposiciones aplicables. Tratándose de los bienes
propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, los recursos correspondientes serán
concentrados en la Cuenta General Moneda Nacional de la Tesorería de la Federación, una
vez que, en términos de las disposiciones legales aplicables, haya transcurrido el plazo
legal para que, en su caso, se presenten las reclamaciones que resulten procedentes.
El porcentaje de
los recursos obtenidos por los procedimientos de venta que no deban ser depositados en el
fondo a que se refiere este artículo, serán entregados por el SAE en los plazos que al
efecto determinen las disposiciones legales aplicables o, en su caso, el reglamento, a
quien tenga derecho a recibirlos. Tratándose de los bienes propiedad o al cuidado del
Gobierno Federal, los recursos correspondientes serán concentrados en la cuenta a que se
refiere el párrafo anterior.
Articulo segundo. Se adicionan los artículos 182
y 182-A a 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
"Artículo 182. Al realizar el aseguramiento,
los Agentes del Ministerio Público con el auxilio de la Agencia Federal de
Investigaciones o bien, los actuarios y demás funcionarios que designe la autoridad
judicial para practicar la diligencia, según corresponda, deberán:
I. Levantar acta
que incluya inventario con la descripción y el estado en que se encuentren los bienes que
se aseguren;
II. Identificar
los bienes asegurados con sellos, marcas, cuños, fierros, señales u otros medios
adecuados;
III. Proveer las
medidas conducentes e inmediatas para evitar que los bienes asegurados se destruyan,
alteren o desa-parezcan;
IV. Solicitar
que se haga constar el aseguramiento en los registros públicos que correspondan de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 182-D de este código; y
V. Una vez que
hayan sido satisfechos los requisitos anteriores, poner los bienes a disposición de la
autoridad competente para su administración, dentro de las 72 horas siguientes, en la
fecha y los lugares que previamente se acuerden con dicha autoridad, de conformidad con
las disposiciones aplicables.
La autoridad que
inicie el acto de aseguramiento está obligada a concluirlo en los términos previstos por
este Capítulo.
Los bienes
asegurados durante la averiguación previa o el proceso penal, que puedan ser objeto de
prueba, serán administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes,
de conformidad con la legislación aplicable.
Artículo 182-A. La autoridad judicial o el
Ministerio Público que decreten el aseguramiento deberán notificar al interesado o a su
representante legal dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución,
entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia certificada del
acta a que se refiere la fracción I del artículo anterior, para que manifieste lo que a
su derecho convenga.
En dicha
notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que no enajene
o grave los bienes asegurados.
En la
notificación deberá apercibirse al interesado o a su representante legal, que de no
manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de 90 días naturales siguientes
al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal.
Artículo 182-B. Las notificaciones a que se
refiere este capítulo se practicarán como sigue:
I.
Personalmente, con el interesado o su representante legal, de conformidad con las reglas
siguientes:
a) La
notificación se practicará en el domicilio del interesado. En caso de que el interesado
se encuentre privado de su libertad, la notificación personal se hará en el lugar donde
se encuentre detenido;
b) El
notificador deberá cerciorarse del domicilio, entregar copia de la resolución que se
notifique y recabar nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia,
asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán
asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público
que la practique;
c) De no
encontrarse la persona en la primera notificación, se le dejará citatorio en el
domicilio designado para que espere al notificador al día hábil siguiente, en la hora
determinada en el citatorio y de no encontrarse la persona o de negarse a recibir la
notificación, se fijará instructivo en un lugar visible del domicilio, señalando el
notificador tal circunstancia en el acta de notificación, y
d) En todos los
casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique.
II. Por edictos,
cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará
por una sola ocasión en el Diario Oficial de la
Federación y en un periódico de circulación nacional. Los edictos deberán contener un
resumen de la resolución por notificar.
Las
notificaciones personales surtirán efectos el día en que hubieren sido practicadas y las
efectuadas por edictos el día de su publicación.
El interesado
deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones.
Los plazos
establecidos en este Capítulo empezarán a correr el día siguiente a aquél en que haya
surtido efectos la notificación respectiva.
Artículo 182-C. Cuando los bienes que se aseguren
hayan sido previamente embargados, intervenidos, secuestrados o asegurados, se notificará
el nuevo aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos. Los bienes
continuarán en custodia de quien se haya designado para ese fin y a disposición de la
autoridad judicial o del Ministerio Público para los efectos del procedimiento penal.
De levantarse el
embargo, intervención, secuestro o aseguramiento previos, quien los tenga bajo su
custodia, los entregará a la autoridad competente para efectos de su administración.
Los bienes
asegurados no podrán ser enajenados o gravados por sus propietarios, depositarios,
interventores o administradores, durante el tiempo que dure el aseguramiento en el
procedimiento penal, salvo los casos expresamente señalados por las disposiciones
aplicables.
El aseguramiento
no implica modificación alguna a los gravámenes existentes con anterioridad sobre los
bienes.
Artículo 182-D. Se hará constar en los registros
públicos que correspondan, de conformidad con las disposiciones aplicables:
I. El
aseguramiento de bienes inmuebles, derechos reales, aeronaves, embarcaciones, empresas,
negociaciones, establecimientos, acciones, partes sociales, títulos bursátiles y
cualquier otro bien o derecho susceptible de registro o constancia, y
II. El
nombramiento del depositario, interventor o administrador, de los bienes a que se refiere
la fracción anterior.
El registro o su
cancelación se realizarán sin más requisito que el oficio de la autoridad judicial o
del Ministerio Público.
Artículo 182-E. A los frutos o rendimientos de
los bienes durante el tiempo del aseguramiento, se les dará el mismo tratamiento que a
los bienes asegurados que los generen.
Artículo 182-F. El aseguramiento de bienes no
implica que éstos entren al erario público federal.
Artículo 182-G. La moneda nacional o extranjera
que se asegure, embargue o decomise, será administrada por el Servicio de Administración
y Enajenación de Bienes, quien deberá depositarla en la Tesorería de la Federación.
Los términos y
condiciones de esos depósitos serán determinados por la Tesorería de la Federación.
En caso de
billetes o piezas metálicas que por tener marcas, señas u otras características, sea
necesario conservar para fines de la averiguación previa o el proceso penal, la autoridad
judicial o el Ministerio Público así lo indicará al Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes para que éste los guarde y conserve en el estado en que los
reciba. En estos casos, los depósitos no devengarán intereses.
Artículo 182-H. La autoridad judicial o el
Ministerio Público que asegure depósitos, títulos de crédito y, en general,
cualesquiera bienes o derechos relativos a operaciones, que las instituciones financieras
establecidas en el país celebren con sus clientes, dará aviso inmediato a la autoridad
encargada de la administración de los bienes asegurados y a las autoridades competentes,
quienes tomarán las medidas necesarias para evitar que los titulares respectivos realicen
cualquier acto contrario al aseguramiento.
Artículo 182-I. Las especies de flora y fauna de
reserva ecológica que se aseguren, serán provistas de los cuidados necesarios y
depositadas en zoológicos o en instituciones análogas, considerando la opinión de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Artículo 182-J. Las obras de arte, arqueológicas
o históricas que se aseguren, serán provistas de los cuidados necesarios y depositadas
en museos, centros o instituciones culturales, considerando la opinión de la Secretaría
de Educación Pública.
Artículo 182-K. Tratándose de delitos culposos
ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, éstos se entregarán en depósito al
conductor o a quien se legitime como su propietario o poseedor.
Artículo 182-L. Los inmuebles que se aseguren
podrán quedar en posesión de su propietario, poseedor o de alguno de sus ocupantes,
siempre y cuando no se afecte el interés social ni el orden público. Quienes queden en
posesión de los inmuebles no podrán enajenar o gravar los inmuebles a su cargo y en caso
de que generen frutos o productos, estarán obligados en los términos de los artículos
12 y 15 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector
Público. En todo caso, se respetarán los derechos legítimos de terceros.
Artículo 182-M. El aseguramiento no será causa
para el cierre o suspensión de actividades de empresas, negociaciones o establecimientos
con actividades lícitas.
Artículo 182-N. La devolución de bienes
asegurados procede en los casos siguientes:
I. En la
averiguación previa, cuando el Ministerio Público resuelva el no ejercicio de la acción
penal, la reserva, o se levante el aseguramiento, de conformidad con las disposiciones
aplicables, y
II. Durante el
proceso, cuando la autoridad judicial no decrete el decomiso o levante el aseguramiento,
de conformidad con las disposiciones aplicables.
Artículo 182-Ñ. Cuando proceda la devolución de
bienes asegurados, éstos quedarán a disposición de quien acredite tener derecho a
ellos. La autoridad judicial o el Ministerio Público notificará su resolución al
interesado o al representante legal dentro de los treinta días siguientes, para que en el
plazo de tres meses a partir de la notificación se presente a recogerlos, bajo el
apercibimiento que de no hacerlo los bienes causarán abandono a favor del Gobierno
Federal.
Cuando se haya
hecho constar el aseguramiento de los bienes en los registros públicos, la autoridad
judicial o el Ministerio Público ordenará su cancelación.
Artículo 182-O. La devolución de los bienes
asegurados incluirá la entrega de los frutos que, en su caso, hubieren generado.
La devolución
de numerario comprenderá la entrega del principal y de sus rendimientos durante el tiempo
en que haya sido administrado, a la tasa que cubra la Tesorería de la Federación por los
depósitos a la vista que reciba.
El Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes, al devolver empresas, negociaciones o
establecimientos, rendirá cuentas de la administración que hubiere realizado a la
persona que tenga derecho a ello y le entregará los documentos, objetos, numerario y, en
general, todo aquello que haya comprendido la administración.
Previo a la
recepción de los bienes por parte del interesado, se dará oportunidad a éste para que
revise e inspeccione las condiciones en que se encuentren los mismos, a efecto de que
verifique el inventario a que se refiere el artículo 25 de la Ley Federal para la
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y, en su caso, se proceda
conforme a lo establecido por el artículo 28 de la misma.
Artículo 182-P. Cuando se determine por la
autoridad competente la devolución de los bienes que hubieren sido previamente enajenados
de conformidad con la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del
Sector Público o exista la imposibilidad de devolverlos, dicha devolución se tendrá por
cumplida entregando el valor de los bienes al realizarse el aseguramiento más los
rendimientos correspondientes, calculados a la tasa referida en el artículo 182-O de este
Código.
Artículo 182-Q. La autoridad judicial, mediante
sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes, con
excepción de los que hayan causado abandono en los términos de este Código.
Artículo 182-R. Los recursos que se obtengan por
la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, a que se refiere
la fracción I del artículo 1o. de la Ley Federal para la Administración y Enajenación
de Bienes del Sector Público, así como por la enajenación de sus frutos y productos,
serán entregados conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la citada Ley, en partes
iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República
y a la Secretaría de Salud.
Los recursos que
correspondan a la Secretaría de Salud deberán destinarse a programas de prevención y
rehabilitación de farmacodependientes."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor a
los 180 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la Ley Federal para la
Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas, que se opongan a lo dispuesto en el presente
decreto.
Cuarto. Los asuntos iniciados ante el Servicio de
Administración de Bienes Asegurados, que a la fecha de entrada en vigor de este decreto
se encuentren en trámite, se seguirán tramitando hasta su conclusión por el SAE.
Los recursos que
deriven de los asuntos a que se refiere el párrafo anterior, recibirán el tratamiento
previsto en este decreto.
Quinto. Las referencias al Servicio de
Administración de Bienes Asegurados que hagan las leyes y demás disposiciones, se
entenderán hechas al SAE.
Sexto. El Reglamento de la Ley Federal para la
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como el Estatuto
Orgánico del SAE, deberán ser emitidos con la debida oportunidad para que entren en
vigor el mismo día que el presente decreto.
El Director
General del SAE deberá ser nombrado, a más tardar, a los 10 días hábiles siguientes al
de la entrada en vigor del presente decreto.
Séptimo. Los recursos financieros y materiales
asignados al Servicio de Administración de Bienes Asegurados, pasarán a formar parte del
patrimonio del SAE.
Octavo. Los mandatos y demás operaciones que
hasta antes de la fecha de entrada en vigor del presente decreto, tenga encomendados el
Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito, se
entenderán conferidos al SAE, salvo que dentro de los treinta días naturales siguientes
a la fecha indicada, el mandante o quien haya girado las instrucciones correspondientes
manifieste por escrito ante el SAE su voluntad de dar por concluido el mandato. Asimismo,
los recursos financieros, humanos y materiales asignados al citado fideicomiso, pasarán a
formar parte del patrimonio del SAE.
Dentro del plazo
a que se refiere el transitorio primero de este decreto, se deberán realizar todas las
acciones conducentes a efecto de extinguir el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y
Organizaciones Auxiliares de Crédito.
Noveno. Las referencias a la Ley Federal para la
Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados que hagan las leyes y
demás disposiciones, se entenderán hechas a la Ley Federal para la Administración y
Enajenación de Bienes del Sector Público.
Salón de
sesiones de la Cámara de Diputados, a 23 de octubre de 2002.— Por la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos: diputados; José Elías
Romero Apis, presidente; Roberto Zavala
Echavarría, Fernando Pérez Noriega, Germán Arturo Pellegrini Pérez, David Augusto
Sotelo Rosas, secretarios; Eduardo Andrade
Sánchez, Flor Añorve Ocampo, Francisco Cárdenas Elizondo, Manuel Galán Jiménez,
Rubén García Farías, Ranulfo Márquez Hernández, José Manuel Medellín Milán, José
de Jesús Reyna García, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Benjamín Avila Márquez, Enrique
Garza Tamez, Gina Andrea Cruz Blackledge, Lucio Fernández González, Alejandro Enrique
Gutiérrez Gutiérrez, Silvia América López Escoffie, María Guadalupe López Mares,
Vicente Pacheco Castañeda, Nelly Campos Quiroz, Víctor Hugo Sondón Saavedra, Martha Ruth del Toro Gaytán, Genoveva Domínguez
Rodríguez, Tomás Torres Mercado, José Manuel del Río Virgen, Arturo Escobar y Vega,
Norma Patricia Riojas Santana y Enrique Priego
Oropeza.
Por la Comisión
de Hacienda y Crédito Público: diputados: Oscar
Guillermo Levín Coppel, presidente; Jorge
Alejandro Chávez Presa, José Manuel Minjarez Jiménez, César Alejandro Monraz Sustaita,
Rosalinda López Hernández, secretarios; Enrique
Alonso Aguilar Borrego, Manuel Añorve Baños, Miguel Arizpe Jiménez, Florentino Castro
López, Enrique Octavio de la Madrid Cordero, Roberto Javier Fuentes Domínguez, Guillermo
Hopkins Gámez, Salvador Rocha Díaz, Reyes Antonio Silva Beltrán, José Luis Ugalde
Montes, José Francisco Yunes Zorrilla, Francisco de Jesús de Silva Ruiz, Abelardo
Escobar Prieto, Francisco García Cabeza de Vaca, Julián Hernández Santillán, Diego
Alonso Hinojosa Aguerrevere, Humberto Muñoz Vargas, Luis Alberto Pazos de la Torre,
Francisco Raúl Ramírez Avila, Arturo San Miguel Cantú, Hugo Adriel Zepeda Berrelleza,
José Antonio Magallanes Rodríguez, Emilio Ulloa Pérez, Francisco Agundis Arias, Gustavo
Riojas Santana y José Narro Céspedes.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, queda de
primera lectura.
REPUBLICA
DE BULGARIA
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Los siguientes
puntos del orden del día son los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de
los ciudadanos.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara
de Diputados.
Honorable
Asamblea: en oficio fechado el 10 de octubre del año en curso, el licenciado Adrián
Franco Zevada solicita el permiso constitucional necesario para que pueda prestar
servicios como asesor jurídico (abogado de confianza) en la Embajada de Bulgaria en
México.
En sesión
celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el día 17 de octubre se
turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el
peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de
nacimiento;
b) Que los
servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de Bulgaria en México serán
como asesor jurídico (abogado de confianza); y
c) Que la
solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37
constitucional.
Por lo expuesto,
esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano
Adrián Franco Zevada para prestar servicios como asesor jurídico (abogado de confianza)
en la Embajada de Bulgaria en México.
Sala de
comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 18 de octubre de 2002.— Diputados: Armando
Salinas Torre, presidente; José Antonio
Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, Luis Miguel Gerónimo Barbosa
Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños,
José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos , Gina Andrea Cruz Blackledge, Graciela
Cuevas Barrón, Arturo Escobar y Vega, Omar Fayad Meneses, María Teresa Gómez Mont y
Urueta, Federico Granja Ricalde, Lorenso Rafael Hernández Estrada, Efrén Leyva Acevedo,
Jaime Mantecón Rojo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José
Narro Céspedes, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Germán Arturo Pellegrini Pérez,
José Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César
Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Néstor
Villarreal Castro y Roberto Zavala
Echavarría.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
En virtud de que se encuentra
publicados en la Gaceta Parlamentaria del día
28 de octubre es de primera lectura.
REINO
DE LOS PAISES BAJOS
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Honorable
Asamblea: en oficios de fechas 6 y 12 de septiembre del año en curso, los ciudadanos
Verónica Elizabeth Avilés Lobato, Alexander Alberto Michael Braune Magallón, Jorge
Hefferan Romero, Carlos Hernández Muñoz, Arturo Carreón Cura y Mario Alberto Martínez
Rojas solicitan el permiso constitucional necesario para que puedan prestar servicios de
carácter administrativo en la Embajada de los Países Bajos en México.
En sesión
celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 22 de octubre
del año en curso se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el
expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los
peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de
nacimiento;
b) Que los
servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Países Bajos en
México serán de carácter administrativo; y
c) Que las
solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C de los
artículos 37 constitucional y 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto,
esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la
licenciada Verónica Elizabeth Avilés Lobato para prestar servicios como asesora del
departamento económico en la Embajada de los Países Bajos en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al
licenciado Alexander Alberto Michael Braune Magallón para prestar servicios como asesor
principal y jefe adjunto del departamento económico en la Embajada de los Países Bajos
en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al
licenciado Jorge Hefferan Romero para prestar servicios como asesor del departamento
económico en la Embajada de los Países Bajos en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano
Carlos Hernández Muñoz para prestar servicios como asesor del departamento económico en
la Embajada de los Países Bajos en México.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano
Arturo Carreón Cura para prestar servicios como chofer del embajador en la Embajada de
los Países Bajos en México.
Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano
Mario Alberto Martínez Rojas para prestar servicios como chofer del departamento
agrícola en la Embajada de los Países Bajos en México.
Sala de
Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 23 de octubre de 2002.— Diputados: Armando
Salinas Torre, presidente; José Antonio
Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, Luis Miguel Gerónimo Barbosa
Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños,
José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Gina Andrea Cruz Blackledge, Graciela
Cuevas Barrón, Arturo Escobar y Vega, Omar Fayad Meneses, María Teresa Gómez Mont y
Urueta, Federico Granja Ricalde, Lorenso Rafael Hernández Estrada, Efrén Leyva Acevedo,
Jaime Mantecón Rojo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José
Narro Céspedes, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Germán Arturo Pellegrini Pérez,
José Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César
Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Néstor
Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
En virtud de que se encuentran
publicados en la Gaceta Parlamentaria del día
28 de octubre son de primera lectura.
PODER
LEGISLATIVO
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
El siguiente
punto se refiere a dictámenes a discusión.
Corresponde la
segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del
artículo 63 y la fracción IV del artículo 77 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
En virtud que se
encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria,
consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Por
instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura
del dictamen.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisión de Puntos Constitucionales.
Honorable
Asamblea: a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma los artículos 59, 63 párrafo primero; 65 párrafo
primero; 66 párrafo primero; 70 párrafos primero y segundo; 74 párrafos segundo y sexto
de la fracción IV; 77 fracción IV; 93 párrafo tercero; 116 párrafo segundo de la
fracción II; se adicionan al artículo 63 los incisos a, b, c y d
en el párrafo primero; 70 con un párrafo cuarto y el actual párrafo cuarto se recorre
al quinto, 73 dos fracciones; 93 con los párrafos cuarto y quinto y se deroga el párrafo
segundo del artículo 66, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 56, 60, 65, 66, 85, 87, 88 y demás
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
DICTAMEN
I. Del Proceso Legislativo
a) En sesión
celebrada el 20 de marzo de 2002 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, el diputado Felipe Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 59,
63 párrafo primero; 65 párrafo primero; 66 párrafo primero; 70 párrafos primero y
segundo; 74 párrafos segundo y sexto de la fracción IV; 77 fracción IV; 93 párrafo
tercero; 116 párrafo segundo de la fracción II; se adicionan al artículo 63 los incisos a, b, c y d
en el párrafo primero; 70 con un párrafo cuarto y el actual párrafo cuarto se recorre
al quinto, 73 dos fracciones; 93 con los párrafos cuarto y quinto; y se deroga el
párrafo segundo del artículo 66, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su
estudio y elaboración del dictamen correspondiente.
b) En reunión
de la Comisión de Puntos Constitucionales, celebrada el 7 de agosto del año 2002, se dio
trámite de recibo correspondiente y se aprobó iniciar la discusión de la iniciativa
objeto del presente dictamen.
c) En diversas
reuniones los integrantes de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, realizaron
los estudios y los debates necesarios para lograr los consensos necesarios para la
aprobación de este dictamen.
d) Con fecha 17
de octubre del año 2002, en sesión de la comisión, existiendo el quórum reglamentario,
fue aprobado el presente dictamen, por lo que se pone a consideración de esta soberanía
para su discusión y resolución constitucional.
II. Materia de la iniciativa
La iniciativa
referida en el inciso a del apartado anterior,
propone reformar, entre otros temas, el artículo 63 de la Norma Suprema con el fin de
especificar, en cada uno de los casos, las formas de cubrir las vacantes dadas al inicio
de la legislatura tanto de diputados como de senadores electos por los diferentes
principios.
Plantea que la
vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación
proporcional, sea cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga
en el orden de la lista nacional respectiva, después de habérsele asignado los senadores
que le hubieren correspondido.
Propone que la
vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera
minoría, sea cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido, que para la
entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar en la lista.
Finalmente, se
propone eliminar el contenido de la fracción IV del artículo 77 relativo a la
sustitución de diputados electos por el principio de representación proporcional,
pasándolo éste al artículo 63.
III. Valoración de la iniciativa
El sistema de
democracia representativa adoptado por nuestra Constitución, ha evolucionado en las
últimas décadas, la Constitución de 1917, sólo preveía la existencia de diputados y
senadores electos por el principio de mayoría relativa; para el año 1963, se instalan en
nuestro país los primeros diputados de representación proporcional, denominados:
diputados de partido; los cuales eran concedidos a aquellos partidos políticos que no
lograban ganar ningún distrito electoral uninominal.
Con el
propósito de ampliar la representación plural del Congreso y reunir todas las corrientes
ideológicas en la vida parlamentaria, en 1986, se incorporan 200 diputados electos por el
principio de representación proporcional, los cuales serán asignados a los partidos
políticos de acuerdo al porcentaje de votos que hayan obtenido en cualquiera de las cinco
circunscripciones plurinominales creadas para tales efectos.
Consecuentemente
y bajo el esquema de reformas electorales consensadas por los diversos grupos políticos
del país, se incorporan en la Norma Suprema en 1993 y 1996 los senadores electos por el
principio de primera minoría y representación proporcional, respectivamente.
Los diputados
miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, coincidimos con los iniciadores en
que, si bien a nivel constitucional y legal están previstos mecanismos para garantizar la
presencia de los legisladores en el Congreso, existen lagunas jurídicas respecto de las
vacantes que puedan presentarse, por lo que resulta una necesidad dar seguridad desde la
Ley Fundamental sobre las reglas a las que han de sujetarse las vacantes de los
legisladores y que dicho cuerpo colegiado no se vea mermado en su composición.
Al caso, hay que
señalar que la iniciativa sólo se refiere a la sustitución de diputados y senadores al
inicio de la legislatura, dejando a un lado las vacantes ocurridas durante la misma, por
lo que coincidimos en adecuar la reforma a estos dos supuestos; cumpliendo de esta manera
con lo previsto por los artículos 52 y 56 constitucionales, en relación a la
composición de las cámaras, en cuanto al número y origen de los legisladores que la
integran.
Los congresos
son órganos de formación de la voluntad del pueblo, en el seno de los cuales se forman
consensos básicos en torno a las decisiones políticas que atañen a la colectividad; por
esta razón, es de suma importancia reformar la Norma Suprema, para que las vacantes de
los miembros del Congreso sean efectivamente cubiertas.
En este sentido,
conviene establecer en el primer párrafo del artículo 63 de la Constitución, los
mecanismos de sustitución de vacantes de diputados y senadores por el principio de
mayoría relativa, vacantes de diputados electos por el principio de representación
proporcional y vacantes de senadores electos por el principio de representación
proporcional y de primera minoría.
Dicho lo
anterior, nos permitimos someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
DECRETO
Mediante el cual
se reforma el párrafo primero del artículo 63 y la fracción IV del artículo 77, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se reforma el párrafo primero
del artículo 63 y la fracción IV del artículo 77, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
“Artículo 63. Las cámaras no pueden abrir
sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la
mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán
reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de
los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá
por ese sólo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que
deberán presentarse en un plazo igual y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el
puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión que se
presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se
cubrirán: la vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio
de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de
conformidad con lo que dispone la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución; la
vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación
proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en
el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados
que le hubieren correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos
por el principio de representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de
candidatos del mismo partido que siga en el orden de lista nacional, después de
habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido y la vacante de miembros
de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, será cubierta
por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se
trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente.
. . .
. . .
Artículo 77. . .
I a la III. . .
IV. Expedir
convocatoria, dentro del término de 30 días a partir de que ocurra la vacante, para
elecciones extraordinarias que deberán celebrarse dentro de los 90 días siguientes, con
el fin de cubrir las vacantes de sus miembros a que se refiere el artículo 63 de esta
Constitución, en el caso de vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión
por el principio de mayoría relativa, salvo que la vacante ocurra dentro del año final
del ejercicio del legislador correspondiente.
TRANSITORIO
Unico. Este decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Sala de
comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 17 de octubre
del 2002.— Comisión de Puntos Constitucionales diputados: Salvador Rocha Díaz, PRI, presidente; Juan Manuel Carreras López, PRI, Martha Patricia Martínez Macías, PAN, Ramón León Morales, PRD, secretarios; Roberto Aguirre Solís, PAN; Cuauhtémoc Cardona Benavides, PAN; Raúl Cervantes Andrade, PRI; Jaime Cervantes Rivera, PT; Tomás Coronado Olmos, PAN; Eréndira Olimpia Cova Brindis, PRI; Oscar Alfonso del Real Muñoz, PRI; Arturo Escobar y Vega, PVEM; Uuc-kib Espadas Ancona, PRD; María Eugenia Galván Antillón, PAN; Javier García González, PRI; Alfredo Hernández Raigosa, PRD; José de Jesús Hurtado, PAN; Oscar Maldonado Domínguez, PAN; Fernando Pérez Noriega, PAN; Rafael Rodríguez Barrera, PRI; José Elías Romero Apis, PRI; Mónica Leticia Serrano Peña, PAN; Felipe Solís Acero, PRI; Agustín Trujillo Iñiguez, PRI; José Velázquez Hernández, PRI; Alejandro Zapata Perogordo, PAN e Ildefonso Zorrilla Cuevas, PRI.
El diputado Juan Manuel Martínez Nava (desde su
curul):
Pido la palabra
para fundamentar el dictamen.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Para fundamental
el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el dipu tado Juan Manuel Martínez
Nava tiene la palabra.
El diputado Juan Manuel Martínez
Nava:
Con permiso de
la Presidencia; honorable Asamblea:
A nombre de las
comisiones Especial para la Reforma del Estado y de Puntos Constitucionales, vengo a esta
tribuna a pedirles su voto aprobatorio al proyecto de decreto mediante el cual se reforma
el párrafo primero del artículo 63 y la fracción IV del artículo 77 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se trata del
dictamen a la iniciativa presentada en marzo de este año por el diputado Felipe
Calderón, en la que propuso, entre otros aspectos, reformar el artículo 63
constitucional, con el fin de especificar en cada caso, las formas de cubrir las vacantes,
tanto de diputados como de senadores, electos por los diferentes principios que ocurran al
principio de cada legislatura.
Esta y muchas
otras iniciativas de integrantes de diversas fracciones parlamentarias, fueron turnadas
desde luego a la comisión dictaminadora que es la de Puntos Constitucionales y también
fueron turnadas a la Comisión Especial para la Reforma del Estado, creada por esta
Cámara, con el propósito de generar en el ámbito del Poder Legislativo Federal, un
espacio de estudio, discusión y búsqueda de coincidencias, para que las diversas fuerzas
y actores políticos de nuestro país, reflexionen en este momento de nuestra historia
política, sobre el funcionamiento de nuestras principales instituciones, sobre lo que de
ellas de su funcionamiento, de sus carácterísticas, de sus atribuciones y su
de-sempeño, es deseable, corregir, reformar, mejorar o actualizar.
Dentro de estas
instituciones de manera destacada, hemos ubicado el análisis de los tres poderes de la
Federación, como parte de una agenda más amplia y de gran interés político, por ello,
diversas y numerosas iniciativas presentadas por compañeros legisladores, han sido
materia de estudio de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, que ha realizado
en los meses anteriores un importante esfuerzo de trabajo legislativo.
Se presenta
ahora lo que es una de las primeras entregas a este pleno de los estudios, debates y
discusiones, relacionados con el capítulo de fortalecimiento del Poder Legislativo, que
además del tema de la sustitución de legisladores, por ausencia definitiva, que es
materia del presente dictamen, están también el de recepción del informe del Ejecutivo,
publicación y promulgación de leyes, fortalecimiento de las facultades de las comisiones
incluidas las de investigación, ampliación de los periodos de sesiones, ajustes al
calendario de presentación de las iniciativas de Ley de Ingresos, de Presupuesto de
Egresos de la Federación, así como la entrega del informe de la Cuenta Pública, la
regulación de los ajustes al presupuesto, entre otros diversos aspectos.
Estas y otras
iniciativas han sido identificadas como propuestas atendibles por la Comisión para la
Reforma del Estado y han merecido la atención de la Comisión de Puntos Constitucionales
que en el caso que nos ocupa ha presentado el dictamen aprobatorio correspondiente.
Sobre el caso
particular de esta iniciativa para regular y especificar de mejor manera la sustitución
de legisladores, debo mencionar que las reformas electorales que se impulsaron en 1993 y
1996 con el consenso de las diversas fuerzas políticas del país, dieron lugar a las
figuras de los senadores electos por el principio de minoría, de primera minoría y de
representación proporcional respectivamente, por lo que es necesario actualizar y
explicitar estas figuras en el caso que nos ocupa en el texto constitucional.
Por otra parte,
la iniciativa en cuestión, sólo se refería a la sustitución de diputados y senadores
al inicio de cada legislatura, pero no se refería a las vacantes que pudieran ocurrir en
el transcurso de la misma, por lo cual los integrantes de ambas comisiones coincidimos en
ampliar la propuesta de reforma para que abarcara uno y otro supuestos para cumplir de
esta manera con lo previsto en los artículos 52 y 56 constitucionales relacionados con la
composición de las cámaras, el número y el origen de los legisladores que las integran.
Por ello y
porque los congresos son órganos de formación de la voluntad popular, hemos considerado
en ambas comisiones proponer a ustedes la reforma a la Norma Suprema para que las vacantes
de miembros del Congreso sean efectivamente cubiertas.
En el caso de
este dictamen que sometemos a su consideración y para el que vengo a pedir a nombre de
las dos comisiones: de Reforma del Estado y de Puntos Constitucionales el voto aprobatorio
de todos ustedes, se han hecho las consultas y discusiones correspondientes también en el
seno de las diversas fracciones parlamentarias y como tales, en términos de ley,
igualmente han sido procesadas y aprobadas, como ya lo decía, por la comisión de
dictamen, que es la Comisión de Puntos Constitucionales.
Insisto, se han
logrado las coincidencias y consensos necesarios para ésta, que sabemos es una primera de
varias entregas en relación con los temas a que ya me he referido y se han realizado los
procedimientos legales para que vengamos a este pleno a solicitar a ustedes muy
atentamente la aprobación del dictamen.
Los diputados
integrantes de ambas comisiones coincidimos en que si bien están previstos los mecanismos
para garantizar la presencia de los legisladores en el Congreso en los casos de
sustituciones por ausencia definitiva, por las razones mencionadas existen algunas lagunas
jurídicas respecto de los diversos tipos de vacantes que puedan presentarse, por lo que
resulta necesario dar seguridad desde la Ley Fundamental a las reglas a que han de
sujetarse las vacantes de los legisladores, para que eventualmente ninguna de las cámaras
se vea mermada en su composición.
Consideramos de
gran importancia lograr el voto favorable de ustedes para que estas propuestas de
reformas, cuyo fin es especificar en la Constitución los mecanismos de sustitución de
vacantes de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, vacantes de
diputados electos por el principio de representación proporcional, vacantes de senadores
electos por el principio de representación proporcional y de primera minoría.
Con esta reforma
también se ajustaría el contenido de la fracción IV del artículo 77 relativo a la
sustitución de diputados electos por el principio de representación proporcional, para
trasladarlo al artículo 63 y en él establecer todos los supuestos y formas de cubrir los
diversos casos hipotéticos y posibles de sustitución de legisladores.
Y asimismo en la
fracción IV del 77 quedaría la facultad de cada una de las camaras sin intervención de
la otra, de expedir la convocatoria para elecciones extraordinarias, con el fin de cubrir
las vacantes de diputados y senadores electos por el principio de mayoría relativa.
Como miembro de
la Comisión Especial para la Reforma del Estado, reconozco la labor que han llevado a
cabo los diputados que integran esta Comisión de Análisis y de Debate sobre este tema y
sobre otras propuestas que esperemos a continuación en los próximos días y semanas,
serán traídos a la consideración de este pleno, los cuales también expresamos un
reconocimiento a nuestros compañeros integrantes de la Comisión de Puntos
Constitucionales, porque con la intervención de ellos, se concreta en este caso y
esperemos que se seguirán concretando y expresando en nuestro marco normativo, diversas
iniciativas y coincidencias que también esperemos merezcan su aprobación.
Muchas gracias.
Es cuanto, señora Presidenta.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado:
Se han
registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, los siguientes diputados:
Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;
Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; María Teresa Gómez Mont y Urueta, del grupo parlamentario de Acción
Nacional y Juan Manuel Carreras López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Se ofrece el uso de la palabra al diputado Arturo Escobar y Vega, hasta por
10 minutos.
El diputado Arturo Escobar y Vega:
Gracias, señora
Presidenta.
El día de hoy
se somete al pleno de esta Cámara, el dictamen de la Comisión de Puntos
Constitucionales, que reforma el párrafo primero del artículo 63 y la fracción IV del
artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece
las reglas a las que han de sujetarse las vacantes de los legisladores.
El grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México considera lo siguiente: consideramos
que este proyecto legislativo intenta darle solución al problema de establecer un modelo
constitucional capaz de satisfacer adecuadamente las necesidades de la nación de una
manera eficaz y responsable, sin comprometer la conducción del país y el futuro de la
ciudadanía.
Por ello, a
pesar de los avances en la legislación federal y en la propia Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, encaminados a proporcionar un estado de derecho funcional y
acorde a las evoluciones políticas que ha tenido nuestro país en los últimos 25 años,
las situaciones en el ámbito de toma de decisiones que se pueden presentar en el México
de hoy, es mucho más grave y preocupante por las repercusiones y escollos que hay que
solventar.
En la
Constitución actual no se tiene contemplado la suplencia de los diputados. Existen
lagunas jurídicas respecto de las vacantes que pueden presentarse, por lo que resulta una
necesidad dar seguridad desde la Ley Fundamental, sobre las reglas a las que han de
sujetarse las vacantes de los legisladores.
Obviamente,
sabemos que nadie está exento de que le acontezca algún percance que no le permita
continuar en el cargo. Se puede generar un escenario de gran tensión y de gran
incertidumbre.
Si no está
previsto en la Constitución un mecanismo de sustitución de vacantes de diputados y
senadores de la República por el principio de mayoría relativa, vacantes de diputados
electos por el principio de representación proporcional y vacantes de senadores electos
por el principio de representación proporcional y de primera minoría.
Es por lo
anterior que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, apoya en
sentido favorable el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Esta Presidencia
ha recibido solicitud de la diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta, para expresar
fundamentos del dictamen, también adicionalmente a los que se han planteado.
Dado que ella
funge como Presidenta de la Comisión de Reforma del Estado, esta Presidencia no tiene
inconveniente en otorgarle el uso de la palabra para recibir sus comentarios a nombre de
la Comisión de la Reforma del Estado.
La
diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta:
Muchas gracias,
señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Para quienes
apostaron al fracaso de los consensos en torno a la Reforma del Estado, hoy se da un paso
muy importante: se somete a consideración del pleno el primero de los acuerdos logrados
en el seno de esta comisión.
Sin lugar a
duda, dentro del marco de la Reforma del Estado, entendida como la transformación de las
instituciones y los poderes públicos, así como las relaciones de dichos poderes entre si
y las relaciones del Poder Público con los ciudadanos con miras a la satisfacción de sus
necesidades, a la realización de los valores en los que la sociedad cree y al logro de
los fines propios del Estado, particularmente la realización del bien común, la justicia
y la seguridad en un ambiente nacional e internacional cambiante, es necesario realizar
distintos cambios constitucionales tendientes a fortalecer a los distintos poderes de la
Unión, particularmente al Poder Legislativo, ya que en éste reside la representación
legítima de la sociedad.
La Comisión
Especial para la Reforma del Estado, en sus trabajos llegó a una serie de conclusiones
que sí me gustaría retomar a partir del posicionamiento del diputado Juan Manuel
Martínez Nava, ya que él decía que sólo estaba contemplado la participación de todos
los integrantes de cada una de las cámaras, en el momento de su instalación.
Sí quisiera
retomar la iniciativa presentada por el diputado Felipe Calderón en el sentido de que la
intención de ese proyecto era que se cubriera la laguna jurídica que existía, para que
tanto en el momento en que asumían los legisladores su posición, así como todos
aquellos casos en que desapareciera el legislador, tanto por la vía de representación
plurinominal o de mayoría y tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, cubrieran
las formas para que no hubiera un solo espacio que no contara con la representación de
los ciudadanos o en el caso del Senado, de las entidades federativas.
Es por ello que
los legisladores del PAN van a votar y apoyar este dictamen, siendo que retoma un reclamo
largamente esperado y diferido. Tan sólo mencionar que en la LVII en el Senado de la
República el Partido Acción Nacional perdió un escaño debido a la defunción de tanto
el propietario como el suplente.
Sin perjuicio de
lo anterior, nos parece oportuno que los miembros de la Comisión de Puntos
Constitucionales, convencidos de las bondades del tema que hoy nos ocupa y decididos a no
prolongar innecesariamente el dictamen de aquellos que por sí solos pueden ir abonando el
camino del fortalecimiento del Poder Legislativo, dentro del marco de la Reforma del
Estado, presente al pleno de la Cámara de Diputados el citado dictamen.
Así, en
términos de política y vida pública, México vive momentos de cambio, de nuevo
Gobierno, de nueva cultura política y adaptación a nuevas realidades políticas, pero
también económicas, ambientales, poblacionales, de valores.
Ante las nuevas
circunstancias, los problemas y los proyectos del país no pueden enfrentarse con las
viejas instituciones, algunas en franca decadencia, otras inexistentes. Sin pretensiones
refundacionales, debe reconocerse que se requiere una nueva reforma de las instituciones
públicas, para adaptarlas a esa nueva realidad.
Reconocemos que
la Reforma del Estado busca espacios de gobernabilidad, al tiempo que debe fomentar y
cooperar a fortalecer el equilibrio entre los poderes. Sabemos que los congresos son
órganos de formación de la voluntad del estado, en el seno de los cuales se forman
consensos básicos en torno a las decisiones políticas que atañen a la colectividad.
Por esta razón,
es de suma importancia que los miembros que integran las asambleas legislativas se
encuentren efectivamente presentes en las reuniones en donde se tomen las decisiones
aludidas, para que a su vez puedan cumplir con su función legislativa, así como de
vínculos, de demandas y consensos entre gobernantes y gobernados.
Para el Partido
Acción Nacional la aprobación de este dictamen es un paso importante en el
fortalecimiento del Poder Legislativo más no la única, por lo que convocamos tanto a los
miembros de la Comisión Especial para la Reforma del Estado como en el caso de las
reformas a la Constitución, a la Comisión de Puntos Constitucionales que sabemos están
trabajando con responsabilidad y convicción, a activar la elaboración de los dictámenes
que están pendientes.
Creo que se ha
manifestado disposición de todos los grupos políticos pertenecientes a esta LVIII
Legislatura. Eso debe ser reconocido, pero también es importante considerar que el tiempo
apremia, que en la medida que podamos abocarnos con toda definición a sacar adelante
estos consensos podremos dar cuentas a la ciudadanía de la gran responsabilidad que tiene
esta legislatura, que con el tiempo debe ser considerada como histórica.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
El diputado
Jaime Cervantes a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, nos ha
solicitado incorporarlo para fijar posición a nombre de su grupo parlamentario.
El
diputado Jaime Cervantes Rivera:
Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
El grupo
parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para fijar su posición
respecto del dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales y que
contiene el proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 63 y la
fracción IV del artículo 77, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Nuestro grupo
parlamentario coincide con el contenido del dictamen en el sentido de que es necesario
establecer el mecanismo jurídico que permita cubrir las vacantes de senadores de primera
minoría y de representación proporcional. En el caso de la Cámara de Senadores y en
virtud de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación en los años 1993
y 1996, por medio de las cuales se introducen las figuras de senador de primera minoría y
de representación proporcional, respectivamente.
Sin embargo, no
se previó el mecanismo para que en caso de vacantes de propietario o suplente se pudiera
cubrir la misma. El mérito del dictamen a discusión y votación es que clarifique esa
ausencia, ya que en la propuesta de las reformas al primer párrafo del artículo 63 se
plantea que la ausencia de senadores de representación proporcional será cubierta por
aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista nacional
y que en caso de los senadores de primera minoría la vacante será cubierta por la
fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate se
haya registrado.
De igual forma,
para la colegisladora se propone en el artículo 77 el que esté en posibilidad de emitir
la convocatoria para elección extraordinaria y cubrir la vacante de senadores electos
bajo el principio de mayoría relativa, dentro de un término de 30 días a partir de que
ocurra la vacante.
En el caso de la
Cámara de Diputados se propone que en caso de vacante de diputados electos bajo el
principio de mayoría relativa, la Cámara convocará a elecciones extraordinarias de
conformidad con lo que dispone la fracción IV del artículo 77 en el distrito electoral
de que se trate.
En el caso de
diputados electos bajo el principio de representación proporcional, cuyo procedimiento de
cubrir las vacantes se encuentra actualmente regulado en la fracción IV del artículo 77
constitucional, pasa a formar parte el mismo párrafo del artículo 63 que se reforma en
el mismo sentido para que la vacante sea cubierta por la fórmula de candidatos del mismo
partido que sigue en el orden de la lista regional respectiva.
Compañeras y
compañeros diputados: nuestro grupo parlamentario coincide en la necesidad de clarificar
y hacer expedito el procedimiento para cubrir las vacantes que se presenten en cualquiera
de las cámaras del Congreso de la Unión, ello para garantizar el funcionamiento adecuado
del órgano Legislativo y que no se presenten situaciones que por ausencias definitivas de
los legisladores integrantes de las cámaras, se impida un óptimo desempeño del Poder
Legislativo.
Por las
consideraciones antes expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo emitirá
su voto a favor en lo general y en lo particular del dictamen que se nos presenta.
Es cuanto.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Se ofrece el uso
de la palabra al diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, a nombre del grupo parlamentario del
PRD.
El
diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta:
Gracias, señora
Presidenta.
Cuando se
constituyó esta LVIII Legislatura en la Cámara de los Diputados y de los Senadores, se
aceptó como un encargo del pueblo de México, que había votado con una orientación
específica, el tener que revisar las estructuras del Estado mexicano. Así, iniciados los
trabajos de esta LVIII Legislatura, se concibió la creación de una comisión que tuviera
como objetivo el análisis, la proyección, la planeación, el estudio y desde luego el
dictamen previo de estos temas tan importantes, me refiero a la Comisión Especial de la
Reforma del Estado de esta Cámara de Diputados.
Esta comisión
ha desarrollado trabajos junto con comisiones ordinarias, en particular con la Comisión
de Puntos Constitucionales. Los trabajos de esta comisión, presididos de manera atinada
primero por el compañero y amigo Juan Manuel Martínez Nava, después por nuestro
compañero y hoy representante del Estado mexicano, el embajador Ricardo García
Cervantes; en este momento por la politóloga María Teresa Gómez Mont y a partir de
noviembre deberá ser presidida por algún miembro diputado del Partido de la Revolución
Democrática.
Ha desarrollado
junto con la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde se han desarrollado muy
importantes trabajos de consenso y acercamiento entre las posiciones políticas, han
desarrollado diversos acuerdos que hoy nos entregan por segunda ocasión en este periodo.
Y digo por segunda ocasión, porque la semana anterior votamos el que se refiere a dotar
de atribuciones al Congreso de la Unión para legislar en materia de turismo.
Hoy lo que se
está impulsando e introduciendo es una fórmula constitucional, ese es el mérito,
establecer una fórmula constitucional para sustituir a los diputados y senadores en caso
de ausencia definitiva.
Y digo que es la
segunda entrega en este periodo y que tendrá que ser la segunda de muchas, porque el
tiempo se nos está terminando en esta LVIII Legislatura, se nos está terminando y
tenemos el compromiso con nuestros electores de modificar las estructuras de Gobierno.
Aún no podemos
decir que este Gobierno está gobernando con estructuras diferentes, son las mismas
estructuras del viejo régimen que tendrán que ser modificados con el acuerdo y el
consenso de todas las fuerzas políticas del Estado mexicano.
El PRD ofrece su
disposición porque hemos sido los impulsores de esta posición política, vayamos a
revisar estas estructuras, vayamos a promover las reformas constitucionales para
fortalecer al Poder Legislativo, para dotarlo de facultades de fiscalización, para crear
una previsión presupuestaria constitucional para el Poder Judicial de la Federación,
vayamos a crear un verdadero federalismo fiscal para las entidades federativas y para los
municipios.
Así es que,
compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la
Comisión Especial de Reforma del Estado, hay mucho por hacer, queda poco tiempo para esta
legislatura y desde luego tienen la confianza y tienen el apoyo de las diputadas y los
diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias,
diputado Barbosa.
Tiene la palabra
el diputado Juan Manuel Carreras López a nombre del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
El
diputado Juan Manuel Carreras López:
Con su permiso,
señora Presidenta.
A nombre de los
diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vengo a esta
tribuna para establecer las valoraciones que nos llevan a apoyar el presente dictamen.
Estas
valoraciones tienen fundamentalmente dos ejes; el primero tiene que ver con el compromiso
de nuestro grupo parlamentario, de todos nuestros diputados, por fortalecer al Poder
Legislativo, a esta nuestra casa y en este caso en particular, por lo que se refiere a su
correcto funcionamiento, a partir de una integración completa de las dos cámaras que la
componen.
Todos los
congresos son órganos de formación de la voluntad del pueblo, en el seno de los cuales
se forman consensos básicos en torno a las decisiones políticas que atañen a la
colectividad, que atañen al conjunto de los habitantes de nuestro país.
Por esta razón,
es de suma importancia reformar nuestra Constitución para que las vacantes de los
miembros del Congreso sean efectivamente cubiertas, esto es particularmente importante
porque el sistema de democracia representativa adoptado por nuestra Constitución, ha
venido evolucionando de manera muy importante en las últimas décadas.
La Constitución
de 1917 sólo preveía la existencia de diputados y senadores electos por el principio de
mayoría relativa; para el año de 1963 se instalan en nuestro país los primeros
diputados de representación proporcional denominados diputados de partido.
Con el
propósito posteriormente de ampliar la representación plural del Congreso y reunir todas
las corrientes ideológicas en la vida parlamentaria, en 1986 se incorporan 200 diputados
electos por el principio de representación proporcional, los cuales son asignados a los
partidos políticos de acuerdo a su porcentaje de votos que hayan obtenido en cualquiera
de las cinco circunscripciones plurinominales creadas para tales efectos.
Posteriormente
en 1993 y en 1996 se modifica la otra Cámara, la Cámara de Senadores para que los
senadores electos para incluir la figura de senadores electos por el principio de primera
minoría y de representación proporcional respectivamente.
Y es por ello y
en este sentido que es importante reconocer que existen en nuestra norma constitucional,
de la mano con estos avances nos han dejado lagunas jurídicas respecto de las vacantes
que pueden presentarse en los casos de representación mencionados.
Por lo que
resulta una necesidad dar seguridad jurídica desde la ley fundamental sobre las reglas a
las que han de sujetarse estas vacantes de los legisladores y que dicho cuerpo colegiado
no se vea mermado en su composición.
A este efecto
consideramos que es muy importante que en nuestra Constitución quede especificado,
mediante las reformas que se plantean en el dictamen que está a consideración de todos
ustedes, la manera de cubrir las vacantes de senadores de representación proporcional y
de primera minoría que se presenten, como se ha explicado ya en esta tribuna y ordenar
también el texto constitucional para que en el mismo artículo quede comprendido el
supuesto de cobertura de vacantes de los miembros precisamente de esta misma Cámara de
Diputados.
Con ello
aseguraremos los mecanismos necesarios para que las cámaras puedan cumplir adecuadamente
con su obligación de integrar un quórum mínimo de funcionamiento en relación al
número total de sus miembros, que es la obligación que nos establece precisamente el
primer párrafo del mismo artículo 63 constitucional.
Por último,
quisiera nada más reafirmar nuestro compromiso por lo que vendría a ser el segundo eje
que nos lleva a apoyar este dictamen y esta propuesta y es el compromiso de nuestro grupo
parlamentario con los trabajos de la Reforma del Estado. Son los trabajos que tienen que
ver con el fortalecimiento y el mejor funcionamiento de nuestros órganos institucionales
y por ello, en particular nos da muchísimo gusto que estemos presentando este dictamen
que tiene que ver con un correcto funcionamiento y al final del día con un buen
fortalecimiento del mismo para el correcto funcionamiento del Poder Legislativo.
Es cuanto,
señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Está a
discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se
encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
En votación
económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el
artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se pide a la
Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación
del proyecto de decreto.
La
Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
Se pide se hagan
los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema
electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.
(Votación.)
Se recibieron
395 votos en pro y cero en contra.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobado el proyecto de decreto por
395 votos. Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad, el proyecto de
decreto que reforma el párrafo primero del artículo 63 y la fracción IV del artículo
77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
SECTOR
AGROPECUARIO
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
El siguiente
punto del orden del día es el de discusión de dictámenes relativos a puntos de acuerdo
y le recuerdo al honorable pleno que se van a votar de manera electrónica.
En virtud de que
se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria,
consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza que solamente se dé lectura a los
puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
Por
instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se autoriza que sólo se dé
lectura a los puntos de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría y está autorizado.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Adelante, señor
Secretario.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisión de Agricultura y Ganadería.
Honorable
Asamblea: a la Comisión de Agricultura y Ganadería fue turnada para su estudio y
resolución la proposición con punto de acuerdo remitida por el Congreso del estado de
Baja California, de fecha 29 de noviembre del año 2000, a fin de que el sector
agropecuario se considere como prioritario y estratégico para el desarrollo político,
económico y social de nuestro país y se dé un trato preferencial al sector agropecuario
en los precios de combustibles y lubricantes necesarios para la producción.
Con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, a esta comisión corresponde dictaminar la proposición con punto de
acuerdo en comento, a partir de los siguientes
ANTECEDENTES
El 19 de
diciembre de 2000, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión conoció de
la proposición con punto de acuerdo a fin de que el sector agropecuario se considere como
prioritario y estratégico para el desarrollo político, económico y social de nuestro
país y se dé un trato preferencial al sector agropecuario en los precios de combustibles
y lubricantes necesarios para la producción.
En la misma
fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición a la
Comisión de Agricultura y Ganadería.
Con base en los
antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes
CONSIDERACIONES
Que en el
proceso de apertura comercial, los productores del sector agropecuario han tenido que
competir con los de otras naciones en desigualdad de condiciones, ya que éstos suelen
recibir cuantiosos subsidios de parte de sus gobiernos.
Que los
productores rurales de Baja California lo hacen en condiciones de baja rentabilidad.
Que los insumos,
como son semillas, fertilizantes, combustibles y lubricantes, registran continuas alzas,
que inciden en los costos de producción y la reducción de la rentabilidad.
Que los
esfuerzos realizados por los productores rurales no se compensan debido a los bajos
precios de sus productos.
Que el campo
mexicano requiere ser revalorado bajo el principio de que un sector agropecuario
capitalizado y productivo será un factor importante para el desarrollo del país.
Con base en lo
anteriormente expuesto, los integrantes de esta comisión hemos llegado a la siguiente
RESOLUCION
Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal a
revalorar el papel del campo mexicano en el desarrollo de nuestro país y considerarlo
como prioritario y estratégico.
Segundo. Se exhorta a las autoridades del
Ejecutivo Federal a considerar el establecimiento de apoyos a los precios de combustibles
y lubricantes empleados en la actividad agropecuaria para que los costos de producción no
registren impactos negativos por estos conceptos.
Archívese
expediente.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, México, Distrito Federal, a 25 de abril de 2001.—
Diputados: Jaime Rodríguez López, presidente; Miguel Ortiz Jonguitud, J. Jesús Dueñas Llerenas,
Alfonso Oliverio Elías Cardona, Ramón Ponce Contreras, secretarios; Oscar Alvarado Cook, Feliciano Calzada Padrón,
Francisco Castro González, Miguel Castro Sánchez, Arturo B. de la Garza Tijerina, José
Luis González Aguilera, Santiago Guerrero Gutiérrez, José Jaimes García, Silverio
López Magallanes, Martha Ofelia Meza Escalante, María del Rosario Oroz Ibarra, Francisco
Arano Montero, Francisco Esparza Hernández, Francisco Javier Flores Chávez, José de
Jesús Hurtado Torres, Juan Mandujano Ramírez, Martín Gerardo Morales Barragán,
Francisco Javier Ortiz Esquivel, Jaime Tomás Ríos Bernal, José Roque Rodríguez López,
José María Anaya Ochoa, Petra Santos Ortiz, Arturo Herviz Reyes, José Rodolfo Escudero
Barrera y Juan Carlos Regis Adame.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Está a
discusión los puntos de acuerdo.
No habiendo
quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.
El siguiente
punto de acuerdo. Digan el enunciado de que se trata y los resolutivos, por favor.
PRODUCTOS
CARNICOS
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisión de Agricultura y Ganadería.
Honorable
Asamblea: a la Comisión de Agricultura y Ganadería, le fue turnada para su estudio
y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado José Roque
Rodríguez López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 27 de abril de
2001, proposición que pretende que el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), realice una
verificación in situ de animales en pie, así
como los productos cárnicos que ingresan al país.
Con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería, corresponde dictaminar la
proposición en comento, por lo que se somete a la consideración de esta honorable
Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes
ANTECEDENTES
El 27 de abril
de 2001, el diputado anteriormente referido, presentó la proposición con punto de
acuerdo para que el Ejecutivo Federal a través de la Sagarpa realice una verificación in situ de animales en pie, así como los productos
cárnicos que ingresan al país.
En la misma
fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición para su
estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Con base en los
antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión, formulamos las siguientes
CONSIDERACIONES
Las
importaciones de productos pecuarios a nuestro país, no sólo constituyen una aguda
competencia desleal para los productos nacionales sino además representan un sistemático
y recurrente riesgo latente de introducción de epizootias y enfermedades virales que
afectarán a la población de nuestra ganadería y más aún a la salud de todos los
mexicanos.
Por tratarse de
un problema grave y de atención inmediata, tanto el virus de la fiebre aftosa, como la
encefalopatía espongiforme bovina, mejor conocida como el mal de las vacas locas, el cual
fue detectado en Gran Bretaña por primera vez en abril de 1985 y fue descrito como
"hipersensibilidad crónica con síndrome de discoordinación", lo cual indica
que una de sus principales características es la discoordinación del andar, pérdida de
peso y masa muscular, descenso en la producción lechera aunque sin perder el apetito.
Con base en lo
anteriormente expuesto los integrantes de esta comisión llegamos a las siguientes
CONCLUSIONES
Que para efectos
de prevención se debe evitar la introducción o importación de animales vivos
sospechosos, así como de productos y subproductos de origen animal a países libres de la
enfermedad como el nuestro.
Esto podrá
lograrse mediante la vigilancia de médicos veterinarios, que detectarán los síntomas
nerviosos de la enfermedad, determinando el sacrificio de los mismos por inyección letal
para no dañar los tejidos cerebrales y así confirmar la presencia de priones enfermos,
ya que esta práctica nos dará la voz de alarma para tomar medidas más drásticas y
certeras, es por ello que esta comisión decide apoyar la proposición del diputado de
referencia.
Por lo expuesto,
los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, sometemos a la consideración
del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
DICTAMEN
Unico. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal
para que por conducto de la Sagarpa, realice una verificación in situ de animales vivos en pie así como de los
productos cárnicos que ingresan al país, en los diferentes puntos de entrada, así como
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que realice una verificación
exhaustiva de los documentos que acrediten la legal estancia de aquéllos, para evitar la
subfacturación y por consiguiente el contrabando de cárnicos y sus derivados.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, México, DF, a 9 de mayo de 2002.— Diputados: Jaime Rodríguez López, presidente; Miguel Ortiz Jonguitud, J. Jesús Dueñas Llerenas;
Alfonso Oliverio Elías Cardona, Ramón Ponce Contreras, secretarios; Oscar Alvarado Cook, Feliciano Calzada Padrón,
Francisco Castro González, Miguel Castro Sánchez, Arturo B. de la Garza Tijerina, José
Luis González Aguilera, Santiago Guerrero Gutiérrez, José Jaimes García, Silverio
López Magallanes, Martha Ofelia Meza Escalante, María del Rosario Oroz Ibarra, Francisco
Arano Montero, Francisco Esparza Hernández, Francisco Javier Flores Chávez, José de
Jesús Hurtado Torres, Juan Mandujano Ramírez, Martín Gerardo Morales Barragán,
Francisco Javier Ortiz Esquivel, Jaime Tomás Ríos Bernal, José María Anaya Ochoa,
José Roque Rodríguez López, Petra Santos Ortiz, Arturo Herviz Reyes, José Rodolfo
Escudero Barrera y Juan Carlos Regis Adame.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se abre el
registro de oradores para discutir los puntos de acuerdo.
No habiendo
quien haga uso de la palabra, resérvese para su votación en conjunto.
Le ruego a la
Secretaría consulte a la Asamblea si están suficiente discutidos los puntos de acuerdo
presentados de los dos dictámenes.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Por
instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si
están suficientemente discutidos los puntos de acuerdo referidos, que dio lectura la
Secretaría.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
En consecuencia
ábrase hasta por 10 minutos el registro de votación y haga la Secretaría los anuncios
correspondientes.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Se pide se hagan
los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para
proceder a la votación de los dictámenes de punto de acuerdo.
(Votación.)
Se emitieron 393
votos a favor, cero en contra y una abstención.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobados los puntos de acuerdos de los dictámenes de
referencia, comuníquense al Ejecutivo.
LEY DE
ENERGIA PARA EL CAMPO
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Pasamos al
capítulo de excitativas.
Tiene la palabra
el diputado César Horacio Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, para presentar una excitativa a la Comisión de Energía.
El diputado César Horacio Duarte
Jáquez:
Muchas gracias,
compañera Presidenta:
Vengo a
presentar una segunda excitativa a la Comisión de Energía de esta Cámara de Diputados,
en virtud de que a esta fecha aún no se ha dictaminado la iniciativa de Ley de Energía
para el Campo, Ley 20 de Noviembre, que presenté ante esa soberanía el pasado 29 de
noviembre.
Este tema es de
suma importancia, pues el campo ya no puede esperar. Quiero destacar que los productores
agropecuarios no sólo sabemos exigir, sino también proponemos alternativas como esta
iniciativa de ley para el campo, que presenta soluciones viables para la reactivación del
agro nacional y es una alternativa de financiamiento para el de-sarrollo del sector
agropecuario del país.
Sin embargo, son
generalizadas las protestas de los productores del país. En Gobernación, en la Sagarpa,
en los puentes internacionales, en las carreteras, todo el año han sido manifiestos sus
reclamos en todo el país, recordemos a Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Campeche,
Durango, Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato y Veracruz, sólo por mencionar algunos
estados.
La urgencia que
tenemos de resolver esta iniciativa, informo a los miembros de esta soberanía, es porque
los productores agropecuarios están tan descapitalizados y empobrecidos que han declarado
de nueva cuenta una moratoria, una suspensión de pagos a la Comisión Federal de
Electricidad y como esta empresa amenaza a realizar cortes de suministro de energía
eléctrica, los productores realizan tomas de superintendencias y oficinas comerciales de
esta misma empresa, en los estados de la República Mexicana es general este movimiento,
principalmente en Chihuahua.
Y se reconectan
los servicios eléctricos por su propia cuenta, porque como ellos dicen o pagan la
energía eléctrica o les dan de comer a sus hijos. Esto ha generado encarcelamiento y
persecución de compañeros dirigentes de Chihuahua, Guanajuato y Zacatecas
principalmente.
No debemos
permitir que se rompa el Estado de Derecho mientras esté en un tiempo de indefinición,
como es el que entra el agotado modelo económico de aumento de tarifas constantes a los
energéticos y la aprobación de tan anhelada y necesaria Ley de Energía para el Campo.
Mientras que en
la Unión Europea, se canalizan 103 mil millones de dólares, en Estados Unidos 92 mil
millones de dólares, más el programa emergente del Farm
Bill de 180 mil millones de dólares a los productores del campo, mientras que los
productores de norteamérica tienen crédito, energía barata y seguridad en comerciar sus
productos, nosotros sólo tenemos buenas intenciones, un blindaje que no lleva dinero
sólo proyectos, acuerdos y buenos deseos.
Y por qué no
decirlo, sin una política agropecuaria de Estado que garantice las condiciones a nuestros
productores, que el diesel que usamos en el campo vale 4.80 en la gasolinera, siendo que
Pemex lo entrega a 2 pesos y los otros 2.80 son impuestos, con esta carga, ¿quién puede
producir?, si los granjeros norteamericanos sólo pagan 1.80 por cada litro. Esa es la
realidad de nuestra competencia, de nuestra frustración.
El Presidente
Fox ofertó y propuso electricidad a 30 centavos el kilowatt/hora, festejamos que al fin
este tema sea tomado por el Presidente de la República, pero requerimos de un plan
integral de energía para el campo, como lo plantea nuestra iniciativa.
Este es sólo
uno de los seis puntos que planteamos en la iniciativa de Ley 20 de Noviembre o Ley de
Energía para el Campo, sin embargo, los productores están dispuestos a contribuir con el
esfuerzo de su trabajo, para que juntos logremos el despegue de la reactivación del campo
o el campo morirá muy pronto.
Nos preocupa que
la entrada del próximo año de la liberación de muchos productos agropecuarios, como se
establece en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estamos en una gran
desventaja en varios aspectos y esta iniciativa, la Ley de Energía para el Campo,
representa para nosotros la esperanza para la reactivación, el progreso y la salvación
de nuestras familias y de nuestro campo mexicano.
El Tratado de
Libre Comercio de Norteamérica ha sido generoso para muchos sectores productivos del
país, pero el campo, el campo es el que ha pagado los platos rotos o de plano decretemos
desde el Poder Legislativo una moratoria al Tratado de Libre Comercio en materia
agropecuaria si no somos capaces de presentar otra alternativa.
Finalmente,
solicito de antemano a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, excite e invite a la Comisión de Energía, para que cumpla con sus atribuciones
legales, para que a la brevedad posible, dictamine sobre la iniciativa de Ley de Energía
para el Campo (Ley 20 de Noviembre) que ahora nos ocupa.
Y mientras tanto
se nombre una comisión de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que
intervenga ante la dirección de la Comisión Federal de Electricidad y establezca
acuerdos con la suspensión de servicios.
No podemos
perder la oportunidad histórica que tenemos en esta LVII Legislatura.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se realice una excitativa a las comisiones de Energía y de Desarrollo
Rural, para emitan el dictamen correspondiente.
En virtud de que es la segunda excitativa, se fija a
más tardar el día 21 de noviembre para que se presente ante la Asamblea. Entre tanto
esta Presidencia recomienda a la Comisión de Energía y al proponente que integren un
grupo de trabajo para ir desahogando los planteamientos en esa iniciativa contenida.
DERECHOS
DE AUTOR
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
el diputado Roberto Bueno Campos del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
para presentar una excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos..
El diputado Roberto Eugenio Bueno
Campos:
Con su permiso,
señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Los firmantes,
en nuestra calidad de diputados federales del grupo parlamentario de Acción Nacional de
la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, venimos a hacer uso de esta
máxima tribuna en virtud de que nuestro grupo parlamentario presentó una iniciativa que
a la fecha no ha sido dictaminada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Por esta razón
nos permitimos acudir ante usted para los efectos a que diera lugar y en este sentido
exponemos los siguientes
HECHOS Y ANTECEDENTES
Primero. Con
fecha 30 de abril de 2002, el grupo parlamentario de Acción Nacional propuso ante el
pleno de esta Cámara de Diputados, una iniciativa con proyecto de decreto por la que se
reforman el artículo 3o. y se adiciona la fracción V de la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada y el artículo 424 bis del Código Penal Federal, para atacar
enérgicamente la comisión de delitos en materia de derechos de autor de obras musicales,
comúnmente denominado como "piratería".
Segundo. El
espíritu de esta iniciativa radica en el hecho de que recientemente la producción y
comercialización ilícitas de productos apócrifos, se ha incrementado en detrimento de
la industria disquera mexicana. Es evidente que en innumerables sitios se expenden
productos apócrifos sin temor de que estas dichas conductas sean castigadas.
Tercero. En
efecto, el problema radica en que el combate contra esas prácticas no ha dado los
resultados esperados, al contrario aumenta día con día, generando cuantiosas ganancias a
los infractores. Esto se traduce en enormes pérdidas para los autores, comercializadores,
artistas y demás agentes involucrados en la industria disquera nacional.
Cuarto. Según
cifras de la Asociación Mexicana de Productos de Fonogramas y Videogramas (Amprofon) y de
la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en
inglés), de cada 10 discos compactos que se venden en México, de seis a siete son
piratas. En el mundo, en el 2001, se vendieron y óigase bien, 950 millones de este tipo
de discos piratas con un valor de 4 mil 300 millones de dólares.
Quinto. De
acuerdo con estas organizaciones, en el mes de mayo de este año, México se situó en el
cuarto lugar en el mundo de la piratería después de China, Indonesia y Rusia; al día de
hoy vamos peor, ya ocupamos el tercer lugar después de China y de Rusia.
Sexto. Según
estimaciones de la Amprofon, los discos falsificados que se comercializan en tianguis,
mercados públicos y puestos en la calle, procuran un daño a la Hacienda Pública y otra
vez va el mensaje para el Secretario de Hacienda, Francisco Gil: aproximadamente 80
millones de dólares en impuestos no pagan esta industria ilegal.
CONSIDERACIONES
Primero. Toda
obra intelectual, por modesta que ésta sea, debe ser protegida en igual trato y medida;
por ello nuestro país cuenta con una Ley Federal de Derechos de Autor y que actualmente
la piratería o lo que formalmente debería llamarse "música robada" se la
brincan.
Segundo.
Actualmente la industria disquera mexicana se encuentra en grave riego de desaparecer, ya
lo están haciendo, ante el incremento desmedido e incontrolable de los delitos contra el
derecho de autor comúnmente, pues ya sabemos que se les llama música robada o
piratería. Este delito ha dejado ganancias tanto a bandas organizadas, como a negocios
familiares por aproximadamente 300 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la
Amprofon.
Tercero. Se
requiere que se consolide el estado de derecho mediante la instrumentación de medidas que
garanticen la propiedad intelectual y la posesión de las obras y creaciones.
Cuarto. Por lo
anterior resulta plausible el ánimo de la iniciativa. Es oportuno modificar las normas
penales vigentes con el objetivo de atacar enérgicamente la industria delictiva del robo
de creaciones musicales o del delito contra los derechos de autor de obras musicales.
Quinto. En
virtud de que ya ha transcurrido el plazo que concede el Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para emitir el dictamen del
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada
y el Código Penal Federal, presentada por el grupo parlamentario de Acción Nacional, es
procedente que el Presidente de esta Cámara de Diputados en cumplimiento con lo dispuesto
en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento citado, excite a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos, a fin de que se emita el dictamen correspondiente.
Por lo anterior
expuesto y fundado a usted, Presidenta de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura
del Congreso de la Unión, muy atentamente le solicito se sirva:
Unico. En los términos de lo dispuesto por el
artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a las comisiones de Justicia y
Derechos Humanos, para que presenten el dictamen respectivo del proyecto de decreto por el
que se reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal
Federal, presentado el 30 de abril de 2002 por el grupo parlamentario de Acción Nacional.
Muchas gracias.
«Excitativa a
la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para emitir el dictamen del proyecto de
decreto por el que se reforman la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el
Código Penal Federal, presentada por el grupo parlamentario de Acción Nacional el 30 de
abril de 2002.
Ciudadano
Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Compañeras y
compañeros legisladores: los firmantes, en nuestra calidad de diputados federales del
grupo parlamentario de Acción Nacional, de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de
la Unión, venimos a hacer uso de esta máxima tribuna, en virtud de que nuestro grupo
parla- mentario presentó una iniciativa que a la fecha no ha sido dictaminada por la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Por esta razón nos permitimos acudir ante usted
para los efectos a que diera lugar y en este sentido exponemos los siguientes
HECHOS Y ANTECEDENTES
1. Con fecha 30
de abril de 2002, el grupo parlamentario de Acción Nacional propuso, ante el pleno de
esta Cámara de Diputados, una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman
el artículo 3o. y se adiciona la fracción V de la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada, y el artículo 424-bis del Código Penal Federal, para atacar enérgicamente
la comisión de delitos en materia de derechos de autor de obras musicales, comúnmente
denominado como "piratería".
2. El espíritu
de esta iniciativa radica en el hecho de que, recientemente, la producción y
comercialización ilícitas de productos fonográficos apócrifos, se ha incrementado en
detrimento de la industria disquera mexicana. Esta industria está siendo afectada por la
reproducción y distribución ilícita de fonogramas. Clara manifestación de estos hechos
se observa cotidianamente a través del comercio informal en la vía pública. Es evidente
que en innumerables sitios se expenden productos apócrifos sin temor de que dichas
conductas sean castigadas.
3. En efecto, el
problema radica en que el combate contra estas prácticas no ha dado los resultados
esperados. La comisión de delitos contra el derecho de autor no se ha logrado contener,
sino muy por el contrario, aumenta día con día, generando cuantiosas ganancias a los
infractores. Esto se traduce en enormes pérdidas para los autores, comercializadores y
demás agentes involucrados en la industria disquera nacional.
4. Según cifras
de la Asociación Mexicana de Productos de Fonogramas y Videogramas (Amprofon) y de la
Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por las siglas en inglés),
de cada 10 discos compactos que se venden en México, seis son falsificados o como
comúnmente se denominan, piratas. En el mundo, en el 2001, se vendieron 950 millones de
este tipo de discos, con un valor de 4 mil 300 millones de dólares.
5. De acuerdo
con estas organizaciones, en el mes de mayo de este año, México se situó en el cuarto
lugar con este problema, después de China, Indonesia y Rusia, al reportar una incidencia
de robo de música cercana al 63%.
6. Según
estimaciones de la Amprofon, los discos falsificados que se comercializan en tianguis,
mercados públicos y puestos en la calle, provoca un daño a la Hacienda Pública de
aproximadamente 80 millones de dólares en impuestos que no paga esta industria ilegal.
CONSIDERACIONES
1. Es
incuestionable que la creación de una obra representa estudio, dedicación, tiempo y un
gran esfuerzo por parte del autor. Este esfuerzo debe ser protegido, no sólo por razones
jurídicas, sino también por el elemental respeto al trabajo ajeno.
2. Las
producciones intelectuales y artísticas poseen mucho valor para la promoción de un país
y es de interés común proteger las creaciones de los autores. Esta protección incide
directamente en el incremento del acervo cultural de la nación y estimula a los creadores
a proseguir en sus esfuerzos.
3. Toda obra
intelectual, por muy modesta que sea, debe ser protegida en igual trato y medida. Por
ello, nuestro país cuenta con una Ley Federal del Derecho de Autor. Una de las grandes
violaciones al derecho de autor, en términos de obras musicales, lo constituye, sin duda
alguna, lo que comúnmente se denomina como "piratería" o que formalmente
debería llamarse música robada.
4. Actualmente,
la industria disquera mexicana se encuentra en grave riesgo de desaparecer ante el
incremento desmedido e incontrolable de los delitos contra el derecho de autor,
comúnmente denominado como piratería. Este delito ha dejado ganancias tanto a bandas
organizadas como a negocios familiares por aproximadamente 300 millones de dólares al
año, de acuerdo con cifras de la Amprofon.
5. Las
consecuencias de estos actos ilegales van más allá de lo puramente económico, pues
incide en la disminución de creaciones musicales, en la pérdida de la confianza de los
artistas mexicanos y hasta un impacto negativo en la cultura.
6. Dadas estas
circunstancias, es necesario que nuestro país cuente con un marco jurídico acorde a la
realidad que vivimos y que apoye el desarrollo formal de la industria y del comercio. Se
requiere que se consolide el estado de derecho mediante la instrumentación de medidas que
garanticen la propiedad intelectual y la posesión de las obras y creaciones.
7. Por lo
anterior, resulta plausible el ánimo de la iniciativa. Es oportuno modificar las normas
penales vigentes con el objetivo de atacar enérgicamente la industria delictiva del robo
de creaciones musicales o del delito contra el derecho de autor de obras musicales.
8. En virtud de
que ya ha transcurrido el plazo que concede el Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para emitir el dictamen del proyecto de
decreto por el que se reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el
Código Penal Federal, presentada por el grupo parlamentario de Acción Nacional, es
procedente que el Presidente de esta Cámara de Diputados, en cumplimiento con lo
dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento citado, excite a la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a fin de que emita el dictamen correspondiente.
Por lo
anteriormente expuesto y fundado:
A usted
Presidente de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, muy atentamente solicito se sirva:
Unico. En los términos de lo dispuesto por el
artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a las Comisión de Justicia y
Derechos Humanos para que presente el dictamen respectivo del proyecto de decreto por el
que se reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal
Federal, presentado el 30 de abril de 2002, por el grupo parlamentario de Acción
Nacional.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 29 de octubre de 2002.— Diputado Roberto Eugenio Bueno Campos.»
Presidencia de la diputada María Elena
Alvarez Bernal
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor
diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21,
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que emita
el dictamen correspondiente.
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra
el diputado Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias.
El diputado Martí Batres Guadarrama:
Con su permiso,
señora Presidenta:
Existe en el
Poder Legislativo mexicano, una institución informal tristemente célebre, se trata de la
congeladora legislativa. No es nueva porque surgió para evitar la discusión de las
iniciativas de la oposición en la vieja época. Todavía en la pasada LVII Legislatura en
el Senado de la República, se mantuvieron en la congeladora el 100% de las iniciativas
presentadas ahí por los senadores del PRD.
La congeladora
consiste en mantener las iniciativas sin dictaminación, sin aprobación, sin rechazo, sin
modificación, es decir, sin tomar postura sobre ellas. Y si antes la congeladora sería
para castigar a la oposición y aprobar todo lo que propusiera el Presidente, ahora la
congeladora se usa para no tomar postura sobre los temas del debate nacional y afecta a
los legisladores de todas las fuerzas políticas.
De acuerdo con
los datos de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, de la Cámara de Diputados, se
han presentado en esta legislatura 710 iniciativas legislativas, de ellas, 625 han sido
presentadas por legisladores. El PRD es el que más iniciativas ha presentado, con 190 a
la fecha, el PRI, 174; el PAN, 152; el Partido Verde, 63; el PT, 32; Convergencia, ocho;
Sociedad Nacionalista, cinco; Alianza Social, cinco y diputados independientes seis. Otras
49 iniciativas han provenido de los congresos locales y 36 más del Ejecutivo Federal.
Antes, el 80% de
las iniciativas provenían del Ejecutivo y ahora es al revés; la inmensa mayoría de las
iniciativas proviene de los propios legisladores. Sin embargo, paradójicamente el mayor
grado de dictaminación lo tienen las iniciativas del Ejecutivo, pues de sus 36
iniciativas, 30 se han aprobado. No obstante, los más afectados son los propios
legisladores que no dictaminan sus propias iniciativas, sino sobre todo las del
Presidente. De las 625 iniciativas presentadas por los legisladores, sólo se han
dictaminado 72.
Así las cosas,
tenemos iniciativas que han sido presentadas desde hace mucho tiempo y que ha la fecha no
se han dictaminado. Por ejemplo, el 5 de septiembre del 2000, se presentó una iniciativa
para reformar el formato del informe presidencial; el 5 de abril se presentó la primera
excitativa, el 14 de septiembre del 2001 se presentó otra excitativa más. Hasta el
momento no se ha dictaminado.
Una iniciativa
se presentó también por parte del PRD para establecer el 8% del Producto Interno Bruto a
educación. Esto fue en septiembre del 2000 y se presentaron excitativas el 4 de octubre
del 2001, el 2 de abril del 2002 y recientemente, el 22 de octubre del 2002. Hasta la
fecha no se ha dictaminado.
Lo mismo ha
ocurrido con iniciativas como las letras de oro de los Mártires de Tlaltelolco, las
fechas, control y candados y reconducción presupuestal, pensión universal, ley de
amnistía, entre otras; todas estas iniciativas con dos excitativas cuando menos.
Otro caso se
presentó sobre la iniciativa de derechos de autor, con tres excitativas, una
presentación por obvia y urgente resolución y un returno a una sola comisión. Hay
iniciativas legislativas que han presentado diversos partidos, como la que se refiere a la
derogación de la pena de muerte, presentada por el PRD, posteriormente por el PAN y
recientemente por el PRI y ninguna de estas iniciativas ha sido dictaminada.
Por eso hemos
presentado una propuesta de ley anticongeladora, que reforma el Reglamento para el
Gobierno Interior de la Cámara, con el objetivo que una iniciativa que no sea dictaminada
en el plazo que marca la ley, pase al pleno en la sesión inmediata posterior para su
discusión y eventual aprobación, rechazo o modificación.
Señora
Presidenta, la ironía de este punto es que esa iniciativa anticongeladora, también se
encuentra congelada. Se han presentado ya tres excitativas a la comisión a lo largo de un
año y sendos oficios para solicitar que esa iniciativa sea dictaminada.
Este es un
llamado respetuoso a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para terminar
con esta institución que es la congeladora y es un llamado también a toda la Cámara de
Diputados, para poder resolver sobre los asuntos que tiene esta Cámara, para terminar con
esta institución de la congeladora legislativa y para poder asumir decisiones sobre los
temas que se presentan en esta Cámara de Diputados.
Muchas gracias
por su atención, compañeros.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias,
diputado Batres.
Diputado Batres,
en su intervención mencionó que había algunas excitativas previas sobre este tema.
¿Eran excitativas específicamente sobre este tema o en términos generales sobre los
temas de la Ley Orgánica y Régimen y Prácticas Parlamentarias? porque la Secretaría de
Asuntos Parlamentarios no lo tiene registrado así. Entonces, le estamos considerando como
la primera excitativa, pero probablemente usted tenga el antecedente.
El diputado Martí Batres Guadarrama:
No. Se han
presentado tres excitativas. La iniciativa original la presentó el diputado Alfredo
Hernández Raigosa y se han presentado tres excitativas, una a cargo del de la voz otra
más a cargo del diputado Rafael Hernández y otra más a cargo del diputado Alfredo
Hernández Raigosa. Tres excitativas se han presentado, están registradas, por cierto, en
la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Lo que estamos solicitando es que se plantee
una excitativa de carácter urgente a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias con el objetivo de que dicha iniciativa pueda ser finalmente dictaminada.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Muchas gracias,
señor diputado.
Le rogamos, en
su momento, hacer llegar el documento de referencia de la presente excitativa.
De conformidad con lo que
establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a la Comisión
de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que emita, a más tardar el próximo 19 de
noviembre el dictamen correspondiente.
PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
El grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México entregó a esta Presidencia
solicitud de excitativa a diversas comisiones. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los
Debates.
«Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— LVIII Legislatura.— Presente.
Bernardo de la
Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo
Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo
Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa
Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina
Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth
Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión
integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con
fundamento en los artículos 21, fracción XVI, 87, 88 y demás relativos del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
solicitamos a la Presidencia de la Mesa Directiva se sirva excitar a las comisiones que se
indican en la presente excitativa, para que elaboren y presenten ante el pleno de la
Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, los
dictámenes correspondientes, bajo las siguientes:
CONSIDERACIONES
Primera. El
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, interesado en la realización
plena del trabajo legislativo, presenta esta excitativa para que las comisiones
correspondientes a las que va dirigida, presenten dictamen del o los asuntos que les
fueron turnados.
Segunda. Los
grupos parlamentarios del Partido Verde en la LVII y en la LVIII Legislaturas, hemos
presentado un total de 124 iniciativas de las cuales sólo 36 han sido dictaminadas.
Tercera. Las
comisiones a las que les fueron turnadas dichas iniciativas no han presentado el dictamen
correspondiente, sin que a la fecha se haya dado cumplimiento al mandato del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuarta.
Asimismo, consideramos pertinente establecer que algunas de las iniciativas presentadas
por este grupo parlamentario, se podrían dictaminar como materia concluida, ya que existe
en la norma jurídica lo que proponían. Por tanto, si se realiza su dictaminación
coadyuvaríamos a mejorar la imagen de esta Cámara en lo que se refiere al trabajo
legislativo.
Quinta. En este
mismo sentido, omitiremos las iniciativas presentadas durante el primer periodo del tercer
año de ejercicio de la presente legislatura, por considerar que es necesario que las
comisiones a que les fueron turnadas iniciativas de este grupo parlamentario durante este
tiempo, cuenten con mayor tiempo para realizar el dictamen correspondiente.
Sexta. Por todo
lo anterior y con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos esta
excitativa para que la Presidenta de la Cámara de Diputados, excite a las comisiones a
las que va dirigida la presente excitativa según el anexo 1, para que presenten el
dictamen correspondiente; en virtud, de que ha transcurrido el plazo determinado y cumplan
así con las obligaciones que el citado ordenamiento normativo les impone.
Anexo 1
Iniciativas
presentadas durante la LVII Legislatura.
Por el grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México que no han sido dictaminadas.
Fecha:
08-12-1997
Iniciativa de
decreto que adiciona un párrafo cuarto a la fracción II del artículo 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acerca de la asignación de
diputados de representación proporcional. Presentada por los diputados Aurora Bazán
López, PVEM; y Ricardo Cantú Garza, PT. Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, archivo. (53)
Fecha:
07-04-1998
De reformas y
adiciones a los artículos 70 y 70-B, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Presentada por
la diputada Verónica Velasco Rodríguez, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Gaceta Parlamentaria, número 18, martes 7 de abril
1998. (93)
Fecha:
04-21-1998
De reformas y
adiciones a la Ley General de Salud y a la ley reglamentaria del artículo 5o.
constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.
Presentada por
la diputada Aurora Bazán López, PVEM.
Turnada a las
comisiones de Salud y del Distrito Federal.
Gaceta Parlamentaria, número 25, martes 21 de
abril de 1998. (98)
Fecha:
04-28-1998
De reformas a la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Presentada por
la diputada Gloria Lavara Mejía, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
Gaceta Parlamentaria, número 30, martes 28 de
abril de 1998. (118)
Fecha:
06-10-1998
Para reformar el
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por
la diputada Aurora Bazán López, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, número 130, martes 6 de
octubre de 1998. (160)
Fecha:
10-15-1998
Que adiciona y
reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y Ley Federal de Radio,
Televisión y Cinematografía.
Presentada por
la diputada Verónica Velasco Rodríguez, PVEM.
Turnada a las
comisiones unidas de Salud y Radio, Televisión y Cinematografía.
Dictaminada y no
considerada de urgente resolución. Sábado 29 de abril de 2000.
Gaceta Parlamentaria, número 136, miércoles 14 de
octubre de 1998. (167)
Fecha:
10-22-1998
De reformas y
adiciones a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, y a la Ley de
Responsabilidad Civil por daños nucleares.
Presentada por
la diputada Aurora Bazán López, PVEM.
Turnada a las
comisiones unidas de Energéticos y Protección Civil.
Gaceta Parlamentaria, número 141, miércoles 21 de
octubre de 1998. (174)
Fecha:
11-19-1988
De reformas a
los artículos 1913, 1915, 1927 y 1934 del Código Civil para el Distrito Federal en
Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y reformas
al artículo 203 de la Ley Federal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Presentada por
la diputada Verónica Velasco Rodríguez, PVEM.
Turnada a las
comisiones de Justicia y de Ecología y Medio Ambiente.
Gaceta Parlamentaria, número 160, miércoles 18 de
noviembre de 1998. (220)
Fecha:
11-25-1998
De reformas y
adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal.
Presentada por
el diputado Jorge Alejandro Jiménez Ta- boada, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de Fortalecimiento Municipal.
Gaceta Parlamentaria, número 164, martes 24 de
noviembre de 1998. (228)
Fecha:
12-10-1998
De reformas a la
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
Presentada por
la diputada Verónica Velasco Rodríguez, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de las comisiones de Salud y de
Asuntos de la Juventud.
Gaceta Parlamentaria, número 175, miércoles 9 de
diciembre de 1998. (259)
Fecha:
01-20-1999
De reformas a
los artículos 52, 53, 54 y los párrafos primero y segundo del artículo 56; y se derogan
las fracciones V y VI del artículo 54, todos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Presentada por
el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turnada a la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, número 191, miércoles 20 de
enero de 1999. (305)
Fecha:
03-02-1999
De reformas y
adiciones a los artículos 7o., 8o., 47 y 48 de la Ley General de Educación.
Presentada por
el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turnada a la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, número 197, miércoles 3 de
febrero de 1999. (307)
Fecha:
03-23-1999
Que reforma la
fracción II del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Presentada por
la diputada Aurora Bazán López, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, número 230, martes 23 de
marzo de 1999. (320)
Fecha:
03-25-1999
De Ley para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.
Presentada por
la diputada Verónica Velasco Rodríguez, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Equidad y Género.
Gaceta Parlamentaria, número 232, jueves 25 de
marzo de 1999. (325)
Fecha:
03-30-1999
De Ley para la
Protección y Aprovechamiento Sustentable de la Fauna Silvestre y reformas a la Ley de
Armas de Fuego y Explosivos.
Presentada por
el diputado Jorge Alejandro Jiménez Taboada, PVEM.
Turnada a las
comisiones de Ecología y Medio Ambiente y de la Defensa Nacional.
Gaceta Parlamentaria, número 235, martes 30 de
marzo de 1999. (333)
Fecha:
04-13-1999
De reformas a
los artículos 5o. fracción I, 73 fracción V y se adiciona un segundo párrafo al
artículo 76 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por
el diputado Alejandro Jiménez Taboada, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Justicia.
Gaceta Parlamentaria, número 242, martes 13 de
abril de 1999. (343)
Fecha:
04-20-1999
De reformas a la
Ley Forestal.
Presentada por
el diputado Jorge Alejandro Jiménez Ta- boada, PVEM.
Turnada a las
comisiones de Bosques y Selvas y de Ecología y Medio Ambiente.
Gaceta Parlamentaria, número 247, martes 20 de
abril de 1999. (360)
Fecha:
04-22-1999
De Ley de
Bioseguridad y Sanidad de Organismos Vivos y Material Genético.
Presentada por
la diputada Verónica Velasco Rodríguez, PVEM.
Turnada a las
comisiones de Agricultura, de Ecología y Medio Ambiente y de Salud.
Primera
excitativa a cargo del diputado Miguel Bortolini Castillo, PRD. Lunes 29 de abril de 2002.
Gaceta Parlamentaria, número 249, jueves 22 de
abril de 1999. (363)
Fecha:
04-27-1999
De Ley que
Regula las Técnicas de Reproducción Asistida y la Disposición de Material Genético
Humano.
Presentada por
la diputada Gloria Lavara Mejía, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Salud.
Gaceta Parlamentaria, número 252, martes 27 de
abril de 1999. (372)
Fecha:
04-28-1999
Que reforma el
artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Para
establecer como obligatorio el trabajo a los reos en el interior de los centros de
readaptación.)
Presentada por
la diputada Gloria Lavara Mejía, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de las comisiones de
Justicia y de Seguridad Social.
Gaceta Parlamentaria, número 253, miércoles 28 de
abril de 1999. (384)
Fecha:
06-30-1999
De decreto por
el que se reforman el párrafo primero del artículo 21, la fracción I del artículo 22,
y el artículo 29; se adicionan los artículos 22-A y 22-B y un párrafo segundo al
artículo 29, todos de la Ley Federal de Sanidad Animal.
Presentada por
la diputada Gloria Lavara Mejía, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
Gaceta Parlamentaria, número 298, miércoles 30 de
junio de 1999. (425)
Fecha:
12-10-1999
De Ley de
Prevención, Atención y Combate a la Explotación, Abuso, Maltrato y Prostitución de
Menores.
Presentada por
la diputada Gloria Lavara Mejía, PVEM.
Turnada a las
comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con opinión de
la Comisión de Asuntos de la Juventud.
Gaceta Parlamentaria, número 365, martes 12 de
octubre de 1999. (446)
Fecha:
12-02-1999
Que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley Federal
de Variedades Vegetales.
Presentada por
el diputado Jorge Alejandro Jiménez Ta- boada, PVEM.
Turnada a las
comisiones de Ciencia y Tecnología, de Comercio, y de Patrimonio y Fomento Industrial,
con opinión de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
Gaceta Parlamentaria, número 401, jueves 2 de
diciembre de 1999. (516)
Fecha:
12-09-1999
De Ley de
Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Industrias.
Presentada por
la diputada Gloria Lavara Mejía, PVEM.
Turnada a las
comisiones de Comercio y de Patrimonio y Fomento Industrial.
Gaceta Parlamentaria, número 406, jueves 9 de
diciembre de 1999. (532)
Fecha:
03-29-2000
De Ley
Reglamentaria del artículo 4o. constitucional, para la Protección de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes.
Presentada por
la diputada Gloria Lavara Mejía, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de
Asuntos de la Juventud.
Gaceta Parlamentaria, número 479, miércoles 29 de
marzo de 2000. (589)
Fecha:
04-04-2000
Que reforma y
adiciona el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Presentada por
la diputada Aurora Bazán López, PVEM.
Turnada a las
comisiones de Educación, de Cultura y de Ciencia y Tecnología.
Gaceta Parlamentaria, número 484, martes 4 de
abril de 2000. (594)
Fecha:
04-29-2000
De decreto por
el que se reforman los artículos 24 y 28 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (acerca de las condiciones que debe cumplir una asociación
política para convertirse en partido.)
Presentada por
la diputada Gloria Lavara Mejía, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, número 527, lunes 5 de junio
de 2000. (668)
Faltan por
dictaminar 27 iniciativas del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
de la LVII Legislatura.
Iniciativas
presentadas durante la LVIII Legislatura por el grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México que no han sido dictaminadas.
Fecha:
09-07-2000
Que reforma el
numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos (para establecer una comisión ordinaria que atienda los asuntos de la juventud
y del deporte.)
Presentada por
la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Gaceta Parlamentaria, número 585, jueves 7 de
septiembre de 2000. (6)
Fecha:
10-31-2000
De Ley de
Amnistía (en favor de toda persona inculpada por defender los recursos naturales en el
estado de Guerrero.)
Presentada por
la diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Gaceta Parlamentaria, número 622, martes 31 de
octubre de 2000. (37)
Fecha:
11-07-2000
De Decreto que
reforma y adiciona el artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (para establecer un sistema de responsabilidad que permita la reparación de los
daños al medio ambiente.)
Presentada por
el diputado Diego Cobo Terrazas, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Puntos Constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, número 626, miércoles 8 de
noviembre de 2000. (38)
Fecha:
11-09-2000
De Ley de
Responsabilidad Civil por el Daño y el Deterioro Ambiental.
Presentada por
la diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez, PVEM.
Turnada a las
comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Primera
excitativa a cargo de la diputada Julieta Prieto Fuhrken, PVEM. Jueves 11 de abril de
2002.
Gaceta Parlamentaria, número 627, jueves 9 de
noviembre de 2000. (39)
Fecha:
11-28-2000
Con proyecto de
decreto por el que se adiciona la fracción XI del artículo 28 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (en materia de impacto ambiental).
Presentada por
el diputado José Antonio Arévalo González, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Gaceta Parlamentaria, número 640, miércoles 29 de
noviembre de 2000. (52)
Fecha:
12-05-2000
Que adiciona el
inciso e a la fracción III, del artículo 4o.,
de la Ley de la Policía Federal Preventiva (para que la Policía Federal Preventiva
proteja las instalaciones de los partidos.)
Presentada por
el diputado Arturo Escobar y Vega, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Gaceta Parlamentaria, número 645, miércoles 6 de
diciembre de 2000. (55)
Fecha:
12-14-2000
Con proyecto de
decreto que reforma y adiciona el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por
el diputado Arturo Escobar y Vega, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Puntos Constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, número 652, viernes 15 de
diciembre de 2000. (64)
Fecha:
12-19-2000
De reformas a la
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
Presentada por
el diputado José Antonio Arévalo González, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Gaceta Parlamentaria, número 655, miércoles 20 de
diciembre de 2000. (66)
Fecha:
12-19-2000
De reformas a la
Ley de Coordinación Fiscal.
Presentada por
el diputado Francisco Agundis Arias, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Gaceta Parlamentaria, número 654, martes 19 de
diciembre de 2000. (69)
Fecha:
12-27-2000
De reformas a
los artículos 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por
el diputado Arturo Escobar y Vega, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Gaceta Parlamentaria, número 660, jueves 28 de
diciembre de 2000. (78)
Fecha:
03-27-2001
De reformas a
los artículos 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y 420 del Código Penal
Federal (para castigar el tráfico de fauna.)
Presentada por
la diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Gaceta Parlamentaria, número 717, miércoles 28 de
marzo de 2001. (98)
Fecha:
03-27-2001
De reformas a
los artículos 36, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 10, 12, 14,
15 y 33 de la Ley de Aeropuertos (para que sea el Congreso de la Unión quien ratifique el
otorgamiento de concesiones para la administración, operación, explotación y
construcción de aeropuertos.)
Presentada por
el diputado Alejandro R. García Sainz Arena, PVEM.
Turnada a las
comisiones de Gobernación y Seguridad Pública; y de Transportes.
Gaceta Parlamentaria, número 717, miércoles 28 de
marzo de 2001. (102)
Fecha:
04-05-2001
De reformas al
artículo 2o. de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al
ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.
Presentada por
la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Gaceta Parlamentaria, número 724, viernes 6 de
abril de 2001. (117)
Fecha:
04-09-2001
De reformas a la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por
el diputado Concepción Salazar González, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Gaceta Parlamentaria, número 726, martes 10 de
abril de 2001. (120)
Fecha:
04-19-2001
Que adiciona el
artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Presentada por
el diputado Arturo Escobar y Vega, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Gaceta Parlamentaria, número 732, viernes 20 de
abril de 2001. (132)
Fecha:
04-26-2001
De reformas al
artículo 226 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Presentada por
la diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Gaceta Parlamentaria, número 737-I, viernes 27 de
abril de 2001. (151)
Fecha:
04-26-2001
De reformas al
artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por
el diputado Francisco Agundis Arias, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Puntos Constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, número 737-I, viernes 27 de
abril de 2001. (152)
Fecha:
05-23-2001
De decreto que
reforma y adiciona el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Presentada por
la diputada Erika Spezia Maldonado, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Puntos Constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, número 755, viernes 25 de
mayo de 2001. (163)
Fecha:
09-25-2001
Con proyecto de
decreto que reforma y adiciona los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal y el
artículo 149 del Código Federal de Procedimientos Penales (para establecer como delito
grave la tala clandestina.)
Presentada por
la diputada Erika Spezia Maldonado, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Gaceta Parlamentaria, número 845, miércoles 26 de
septiembre de 2001. (213)
Fecha:
10-09-2001
De reformas a
diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Presentada por
la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Gaceta Parlamentaria,, número 855, miércoles 10
de octubre de 2001. (235)
Fecha:
10-23-2001
De reformas y
adiciones a los artículos 34-A, 34-B y 34-C, de la Ley Federal de Protección al
Consumidor (sobre etiquetación de productos genéticamente modificados).
Presentada por
el diputado José Rodolfo Escudero Barrera, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con opinión de la Comisión de Salud.
Gaceta Parlamentaria, número 865, miércoles 24 de
octubre de 2001. (258)
Fecha:
10-23-2001
Que reforma y
adiciona el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(para que el Distrito Federal también apruebe las reformas constitucionales).
Presentada por
el diputado José Antonio Arévalo González, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Puntos Constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, número 865, miércoles 24 de
octubre de 2001. (259)
Fecha:
10-25-2001
Que reforma el
artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (para que en
los tratados internacionales que celebre nuestro país, se observe el principio normativo
de la protección al medio ambiente para el desarrollo sustentable.)
Presentada por
el diputado Concepción Salazar González, PVEM.
Turnada a las
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores.
Gaceta Parlamentaria, número 867, viernes 26 de
octubre de 2001. (263)
Fecha:
10-30-2001
De reformas al
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (para facultar
al Congreso a establecer un impuesto especial sobre sustancias tóxicas persistentes y/o
bioacumulables).
Presentada por
el diputado José Antonio Arévalo González, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Puntos Constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, número 870, miércoles 31 de
octubre de 2001. (272)
Fecha:
10-31-2001
Que reforma
diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.
Presentada por
el diputado Diego Cobo Terrazas, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Gaceta Parlamentaria, número 871, jueves 1o. de
noviembre de 2001. (279)
Fecha:
11-15-2001
Que reforma el
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por
el diputado Diego Cobo Terrazas, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Puntos Constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, número 881, viernes 16 de
noviembre de 2001. (309)
Fecha:
11-21-2001
Que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.
Presentada por
el diputado Diego Cobo Terrazas, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Gaceta Parlamentaria, número 884, jueves 22 de
noviembre de 2001. (316)
Fecha:
11-27-2001
Que reforma los
artículos 13, 44 y 45 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y los artículos 2o. y
2o.-A, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
Presentada por
la senadora Verónica Velasco Rodríguez, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Gaceta Parlamentaria, número 887, martes 27 de
noviembre de 2001. (320)
Fecha:
12-06-2001
Que reforma y
adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y reforma la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que la Sedena y la
Secretaría de Marina participen en la protección y conservación del ambiente.
Presentada por
la diputada Julieta Prieto Fuhrken, PVEM.
Turnada a las
comisiones de Gobernación y Seguridad Pública; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Gaceta Parlamentaria, número 895, viernes 7 de
diciembre de 2001. (361)
Fecha:
12-13-2001
Que reforma el
artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
para que los participantes presenten constancia de no adeudo expedida por el IPAB.
Presentada por
el diputado José Antonio Arévalo González, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Gaceta Parlamentaria, número 900, viernes 14 de
diciembre de 2001. (386)
Fecha:
12-15-2001
Con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal Derechos, de la Ley
de Ingresos, de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, y del Presupuesto de
Egresos, para que los recursos que la Semarnat obtenga por derechos y aprovechamientos se
le entreguen para realizar el gasto en materia de restauración y conservación ambiental.
Presentada por
diputados de los grupos parlamentarios del PAN y del PVEM.
Turnada a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Gaceta Parlamentaria, número 903, martes 18 de
diciembre de 2001. (416)
Fecha:
01-30-2002
De reformas al
artículo séptimo transitorio, fracción X, inciso E, numeral 1, de la Ley de Ingresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.
Presentada por
el diputado José Rodolfo Escudero Barrera, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Gaceta Parlamentaria, número 931, jueves 31 de
enero de 2002. (435)
Fecha:
02-13-2002
De reformas a
los artículos 55, 82 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por
el diputado José Rodolfo Escudero Barrera, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Puntos Constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, número 941, viernes 15 de
febrero de 2002. (446)
Fecha:
02-20-2002
De decreto que
propone reformas a los artículos 2o., 4o., 26, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia indígena.
Presentada por
un grupo plural de ciudadanos diputados.
Turnada a las
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas.
Primera
excitativa a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, PRD. Jueves 17 de octubre de 2002.
Gaceta Parlamentaria, número 944, miércoles 20 de
febrero de 2002. (454)
Fecha:
03-19-2002
Que reforma el
artículo 68 de la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, para otorgar al
Instituto la facultad de otorgar al solicitante documento en el que conste que no tiene
obligaciones vencidas ante éste.
Presentada por
el diputado José Antonio Arévalo González, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Gaceta Parlamentaria, número 964, miércoles 20 de
marzo de 2002. (468)
Fecha:
03-20-2002
Que reforma el
artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
para que cualquiera de las cámaras ratifique el otorgamiento de concesiones por parte del
Ejecutivo.
Presentada por
el diputado Alejandro Rafael García Sainz Arena, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Gaceta Parlamentaria, número 965, viernes 22 de
marzo de 2002. (476)
Fecha:
03-25-2002
Que reforma el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Presentada por
la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, PVEM.
Turnada a las
comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública.
Gaceta Parlamentaria, número 967-I, martes 26 de
marzo de 2002. (485)
Fecha:
03-25-2002
Que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley Federal de
Derechos, para el Control en el Uso y Aprovechamiento del Agua.
Presentada por
la diputada María Cristina Moctezuma Lule, PVEM.
Turnada a las
comisiones de Recursos Hidráulicos y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Gaceta Parlamentaria, número 967-I, martes 26 de
marzo de 2002. (488)
Fecha:
03-26-2002
De reformas y
adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal,
para que la Cámara de Diputados ratifique el otorgamiento de concesiones de
administración, operación, explotación y construcción de caminos y puentes.
Presentada por
el diputado Alejandro García Sainz Arena, PVEM.
Turnada a las
comisiones de Comunicaciones y de Transportes.
Gaceta Parlamentaria, número 968, miércoles 27 de
marzo de 2002. (491)
Fecha:
04-02-2002
Que reforma el
último párrafo de la fracción V del artículo 15 de la Ley Aduanera.
Presentada por
la senadora Verónica Velasco Rodríguez, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Gaceta Parlamentaria, número 970, martes 2 de
abril de 2002. (497)
Fecha:
04-02-2002
De reformas a
los artículos 69 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el
7º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
del informe presidencial.
Presentada por
la diputada Julieta Prieto Fuhrken, PVEM.
Turnada a las
comisiones de Puntos Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Gaceta Parlamentaria, número 971, miércoles 3 de
abril de 2002. (501)
Fecha:
04-04-2002
De reformas a
los artículos 84, 85, 94 y 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos, para
que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustituya temporalmente
al titular del Poder Ejecutivo, en caso de ausencia.
Presentada por
el diputado Arturo Escobar y Vega, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Puntos Constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, número 973-I, viernes 5 de
abril de 2002. (512)
Fecha:
04-09-2002
Que reforma
diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, para el mejor aprovechamiento de los
bienes de dominio público.
Presentada por
el diputado Concepción Salazar González, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Gaceta Parlamentaria, número 976, miércoles 10 de
abril de 2002. (527)
Fecha:
04-11-2002
Que adiciona el
artículo 183-B, de la Ley Aduanera.
Presentada por
la senadora Gloria Lavara Mejía, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Gaceta Parlamentaria, número 977, jueves 11 de
abril de 2002. (533)
Fecha:
04-16-2002
De reformas a
diversas disposiciones de la Ley de Radio y Televisión, en materia de concesiones.
Presentada por
el diputado Alejandro Rafael García Sainz Arena, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Comunicaciones.
Gaceta Parlamentaria, número 981, miércoles 17 de
abril de 2002. (553)
Fecha:
04-18-2002
De reformas a
los artículos 4o. y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de medio ambiente.
Presentada por
el diputado Diego Cobo Terrazas, PVEM.
Turnada a las
comisiones de Puntos Constitucionales y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Gaceta Parlamentaria, número 983, viernes 19 de
abril de 2002. (560)
Fecha:
04-18-2002
Que reforma el
artículo 18 y adiciona el artículo 140 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal,
para regular la utilización de vías y espacios públicos, con relación a
movilizaciones, marchas, concentraciones y/o plantones.
Presentada por
el diputado José Antonio Arévalo González, PVEM.
Turnada a las
comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y del Distrito Federal.
Gaceta Parlamentaria, número 983, viernes 19 de
abril de 2002. (563)
Fecha:
04-29-2002
Que adiciona un
último párrafo a los artículos 45 y 49 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (protección de los elementos biótico y abiótico de las áreas
naturales protegidas.)
Presentada por
el diputado Concepción Salazar González, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Gaceta Parlamentaria, número 990-I, martes 30 de
abril de 2002. (619)
Fecha:
04-29-2002
De reformas a
diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión (regular y adecuar en el
marco normativo los avances tecnológicos.)
Presentada por
la diputada María Cristina Moctezuma Lule, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Gaceta Parlamentaria, número 990-I, martes 30 de
abril de 2002. (621)
Fecha:
04-30-2002
Que reforma
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (certidumbre jurídica.)
Presentada por
la diputada Sara Guadalupe Figueroa Canedo, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Gaceta Parlamentaria, número 991, jueves 2 de mayo
de 2002. (629)
Fecha:
04-30-2002
De reformas a
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley Federal del
Trabajo (trabajo para jóvenes.)
Presentada por
la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, PVEM.
Turnada a las
comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Trabajo y Previsión Social.
Gaceta Parlamentaria, número 991, jueves 2 de mayo
de 2002. (631)
Fecha:
07-03-2002
Con proyecto de
decreto que reforma el artículo 153 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por
el diputado Bernardo de la Garza Herrera, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Gaceta Parlamentaria, número 1041, jueves 11 de
julio de 2002. (660)
Fecha:
07-10-2002
Con proyecto de
decreto que reforma los artículos 60 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que los dictámenes sean publicados
en la Gaceta Parlamentaria por lo menos con 24
horas de anticipación a su votación en el pleno.
Presentada por
el diputado Bernardo de la Garza Herrera, PVEM.
Turnada a la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Gaceta Parlamentaria, número 1043, lunes 15 de
julio de 2002. (667)
Faltan por
dictaminar 53 iniciativas del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
de la LVIII Legislatura.
Por lo antes
expuesto y fundado, a usted, señora Presidenta de la Cámara de Diputados, atentamente
pido:
Unico. Tenga por presentada esta excitativa y se
sirva excitar a las comisiones correspondientes para que elaboren y presenten ante el
pleno de la misma Cámara, el dictamen solicitado. Y que en el caso de que haya un nuevo
incumplimiento se les emplace para día determinado.
Dado en el
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión, a los 29 días del mes de octubre de 2002.— Diputados: Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica),
coordinador; Francisco Agundis Arias (rúbrica),
vicecoordinador; José Antonio Arévalo González,
Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa
Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena (rúbrica), María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica),
Concepción Salazar González (rúbrica) y Erika Elizabeth Spezia Maldonado (rúbrica).
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Esta Presidencia
tomará las previsiones para el caso de segundas excitativas para fijarle a las comisiones
correspondientes una fecha de término.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a las comisiones señaladas para que emitan el
dictamen correspondiente.
Tiene la palabra
el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Nos indican que
el diputado Cosío Gaona, ha pedido se posponga la presentación de su excitativa.
PRESUPUESTO
DE EGRESOS. LEY DE INGRESOS
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
el diputado Julio Castellanos Ramírez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para
presentar una excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Presupuesto y
Cuenta Pública.
El diputado Julio Castellanos
Ramírez:
Con el permiso
de la Presidencia; señoras y señores legisladores:
El suscrito,
diputado federal del Partido Acción Nacional a la LVIII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23 inciso p, 39 párrafo tercero y 45 párrafo sexto inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 65 y 87 del Reglamento Interior del Congreso de
la Unión, vengo a presentar la siguiente excitativa en virtud de que se presentó una
iniciativa por el grupo parlamentario de Acción Nacional, que a la fecha no ha sido
dictaminada por las comisiones correspondientes, por lo que me permito acudir a usted para
los efectos que diera lugar y en este sentido expongo los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. Con
fecha 17 de octubre del año 2000 el suscrito ciudadano diputado, a nombre del grupo
parlamentario de Acción Nacional, propuse ante el pleno de esta Cámara de Diputados una
iniciativa de reforma a la fracción VII del artículo 73, a la fracción IV del artículo
74 y al artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin
de establecer las bases constitucionales aplicables para el caso de que al inicio de un
año no estuviera aprobada la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos de la
Federación, ampliar los plazos para el análisis y discusión de la ley y el presupuesto
mencionados, así como de presentación de la Cuenta Pública y suprimir la denominada
“partida secreta”.
Segundo. La
exposición de motivos de la iniciativa señala que el presupuesto junto con el ingreso
están relacionados con el desarrollo social, ya que éstos constituyen el detonante para
los programas de obras y servicios públicos en materia de nutrición, salud, educación,
vivienda, seguridad pública, transporte, entre muchos más.
Tercero. La
iniciativa reconoce que en el desarrollo del México moderno no se ha presentado
situación en la que la actividad del Estado se vea paralizada ante la ausencia de
recursos o la imposibilidad constitucional de ejercerlos, derivadas de la falta de
aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación para un
ejercicio fiscal determinado. Una situación de tal naturaleza pondría en riesgo la
estabilidad financiera de nuestro país, así como la satisfacción de las necesidades y
servicios básicos de la población.
Asimismo, aduce
que las disposiciones constitucionales vigentes no contemplan medidas para hacer frente a
semejante panorama. Por ello, es necesario prever lo conducente en la Ley Fundamental, a
efecto de establecer normas tendientes a dar solución a un problema como el que se
plantea.
En sí, se
precisa que la motivación que anima a la iniciativa es la de prever una solución a la
eventualidad descrita, esto es, que ante la falta de consensos o por estimarlo conveniente
el legislador, en un momento determinado podría aplicarse la última Ley de Ingresos de
la Federación y el Presupuesto de Egresos del año que concluye.
Cuarto. Es el
caso que a casi dos años de que se presentó la iniciativa en comento, ha transcurrido el
plazo que concede el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, para que las comisiones respectivas de esta
Cámara presenten su dictamen en los negocios de su competencia.
CONSIDERACIONES
Primera. Nadie
puede negar que las políticas de ingreso y de asignación del gasto público son
elementos claves de la política económica, tienen impactos definitivos en el crecimiento
de la economía y en el desarrollo social, son impactos además de largo alcance.
El ingreso y el
presupuesto tienen un carácter político, económico y social de gran relevancia. Así,
por ejemplo, el presupuesto es la decisión sobre cómo ha de distribuirse el gasto del
Gobierno; ahí se revelan las prioridades del Gobierno, asimismo tiene un peso
macroeconómico muy evidente en el crecimiento del empleo, la inflación y la estabilidad.
Segunda. Luego
entonces, es indispensable que en México se aborde el tema de las normas aplicables para
el caso de no aprobarse el ingreso del Presupuesto de Egresos del ejercicio
correspondiente. Sin duda la ausencia de mecanismos que permitan sostener la función del
Estado y del gasto público, al menos en los rubros que se consideran indispensables,
supondría un riesgo real de parálisis de servicios y funciones básicas, como las de
salud y seguridad, por citar algún ejemplo.
Tercera.
Consecuentemente resulta oportuno dar certidumbre, seguridad jurídica y promover
estabilidad en los procesos de discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y del
Presupuesto de Egresos de la Federación. Eliminar la incertidumbre en torno a la posible
parálisis de las funciones del Estado, resultado de que no se cuente con la aprobación
de las correspondientes iniciativas y esto implique la cancelación de la prestación de
servicios públicos o dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y de crédito
público, y en lo general de una parálisis estatal, con efectos negativos para el país.
Por lo
anteriormente expuesto y fundado, a usted señora Presidenta de la Cámara de Diputados de
esta LVIII Legislatura, solicito:
Unico. En los términos de lo dispuesto por el
artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a las comisiones de Gobernación y
Puntos Constitucionales y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que presenten el dictamen
respectivo a la iniciativa de reforma de la fracción VII del artículo 73, a la fracción
IV del artículo 74 y al artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, presentada el 17 de octubre del año 2000 por el grupo parlamentario de Acción
Nacional.
El que suscribe,
diputado Julio Castellanos Ramírez, del grupo parlamentario del Acción Nacional.
Es cuanto,
señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y de
Presupuesto y Cuenta Pública, para que emitan el dictamen correspondiente. Exclusivamente
a la Comisión de Puntos Constitucionales.
TRIBUNALES
DE CASACION
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se ofrece el uso
de la palabra al diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para presentar una excitativa a las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.
El diputado Tomás Torres Mercado:
Gracias, señora
Presidenta:
En agosto del
2001 un servidor presentó iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, con el propósito de reformar los artículos 17 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 107 de la propia Norma Máxima y artículos
correlacionados de la Ley de Amparo.
El propósito de
esta iniciativa se traduce en que actualmente el Poder Judicial de la Federación como
instancia de tutela de control de los actos de autoridad, de todas las autoridades, de las
tres capas de Gobierno en este país, al Poder Judicial de la Federación incumbe que
estos actos se ajusten al ordenamiento supremo, sea que la Constitución se viole de modo
directo o de manera indirecta en lo que conocemos en la extensión protectora del juicio
de amparo, que puede ocurrir por violación a los artículos 14 y 16 de la Norma Máxima.
Es así que el Poder Judicial de la Federación conoce por la vía del amparo directo de
asuntos con independencia de su cuantía, importancia o trascendencia.
En el debate
nacional se está abordando de modo repetido, reiterado y argumentado el que deben
instituirse las cortes estatales de ultima instancia en asuntos de cuantía y de materia
determinada.
¿Con qué
propósito? No de quitar al Poder Judicial de la Federación esta potestad de control, por
el contrario, fortalecer su función de control constitucional y devolver a los estados la
parte que tiene qué ver con legalidad. El promedio de sustanciación y resolución de los
juicios es superior a tres años. ¿Qué caso tiene ir a las instancias federales cuando
la acreedora alimentaria en un divorcio lo que plantea es eficacia de las autoridades?
¿Qué caso tiene que en asuntos de naturaleza penal el 60% concluye con sanciones
pecuniarias, es decir con multas y que después del juzgado de primera instancia, el
Tribunal de Apelación se vaya a un Tribunal Colegiado en una interminable retahila de
procedimientos y de defensas que finalmente no revelan ninguna eficacia social con el
propósito de llevar adelante una convivencia más o menos armónica?.
El planteamiento
es entonces, de que se instituyan las cortes estatales de última instancia o como en la
historia jurídica nacional las conocimos cortes de Casación.
Ya ha sido
abordado este tema incluso en la comparecencia de los presidentes de los tribunales
superiores de justicia de los estados ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Por eso pido
señora Presidenta que vierta el exhorto a las comisiones de Puntos Constitucionales y de
Justicia y Derechos Humanos para que cumplamos con nuestro cometido, y a propósito y a
modo de cierre, me ha llamado la atención la entrega de una nota informativa respecto de
una demanda de amparo interpuesta por un compañero diputado que por cierto preside la
Comisión de Puntos Constitucionales.
Y llama la
atención, porque en lugar de estar dictaminando, con respeto sea dicho, el cumplimiento
de nuestra encomienda se esté impugnando la instalación de la subcomisión de examen
previos para denuncias de juicio político y declaraciones de improcedencia.
Planteo en esta
tribuna, ¿cuál es el agravio persona, directo y de carácter jurídico que un acuerdo
interno de la Cámara le sigue a mi compañero diputado? ¿Cuál es la legitimación
activa, concluyo con su permiso señora Presidenta, dónde está la legitimación activa
de mi compañero diputado si lo hace a título personal o a título de representación de
la Comisión de Puntos Constitucionales? La juez de distrito en materia administrativa
seguramente está anticipando el desenlace lógico y natural de una acción de este tipo,
el sobreseimiento.
Muchas gracias,
señora Presidenta.
«Solicitud de
excitativa en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 17, tercer párrafo, última parte; 107 fracciones III, V y IX de la
Constitución Federal, así como de los artículos 93 y 158 de la Ley de Amparo,
presentada el día 8 de agosto de 2001, con objeto de proponer la creación de tribunales
de Casación.
En mi carácter
de diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática y con apoyo en el artículo 85, último párrafo, en relación con el
artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del honorable
Congreso de la Unión, solicito se proceda a excitar a las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a fin de que
presente dictamen en relación con la iniciativa que a continuación me refiero:
Con fecha 8 de
agosto de 2001, el suscrito presentó ante el pleno de la Comisión Permanente de la
Cámara de Diputados, una iniciativa con proyecto de reforma de los artículos 17, tercer
párrafo, última parte; 107 fracciones III, V y IX de la Constitución Federal, así como
de los artículos 93 y 158 de la Ley de Amparo.
La iniciativa
mencionada se elaboró con objeto de proponer la creación de tribunales de Casación en
las entidades federativas y el Distrito Federal. Estos tribunales, con antecedentes en
nuestra tradición jurídica nacional, se constituirían como tribunales locales de
legalidad que conozcan litigios en última instancia, en aquellos casos donde se discuta
la legalidad de disposiciones jurídicas locales.
Los tribunales
de Casación significan devolver cierta autonomía a los tribunales superiores de justicia
y seguramente será un factor que contribuirá a descargar la carga de trabajo del Poder
Judicial de la Federación.
Una vez que fue
leída la iniciativa que nos ocupa, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente ordenó se turnara a las comisiones de Puntos Constitucionales, así como a la
de Justicia y Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados para el trámite procedente.
El 25 de marzo
del año en curso formulé petición para que se procediera a excitar a la comisión
legislativa en comento.
En atención a
que, hasta el día de la fecha el asunto no ha sido dictaminado en el plazo que señala el
artículo 87 del Reglamento invocado, solicito de esta Comisión Permanente proceda a
excitar a la citadas comisiones de Puntos Constitucionales, así como a la de Justicia y
Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados, a fin de que presenten el dictamen que
corresponda.
México, DF, a
29 de octubre de 2002.— Diputado Tomás Torres
Mercado.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias
Diputado.
De conformidad con lo
que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a las
comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, para que emitan el
dictamen correspondiente.
En virtud de que es la segunda excitativa, se cita a
más tardar el día 22 de noviembre para que se presente a la Asamblea.
DERECHO
DEL VOTO A MUJERES
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
El siguiente
capítulo del orden del día acordado así por la Junta de Coordinación Política y
sugerido a esta Mesa, es el que se expongan efemérides, por lo tanto es la relativa a la
efemérides de comentarios sobre el derecho de voto de la mujer a cargo de los partidos y
grupos parlamentarios representados en la Cámara.
Se han inscrito
para este propósito, las diputadas: Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la
Sociedad Nacionalista; Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social; Rosa
Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Esveida Bravo
Martínez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Magdalena
Núñez Monreal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Nelly
Campos Quiroz, del grupo parlamentario de Acción Nacional e Hilda Anderson Nevárez, del
grupo parlamentario del PRI.
Tiene la palabra
hasta por cinco minutos la diputada Norma Patricia Riojas Santana.
La
diputada Norma Patricia Riojas Santana:
Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
A los
integrantes del Partido de la Sociedad Nacionalista no nos interesa recordar una fecha,
sino destacar la importancia y trascendencia que las reformas constitucionales del 17 de
octubre de 1953 por las que se reconocieron los derechos políticos de las mexicanas.
Para los
nacionalistas, para los del Partido de la Sociedad Nacionalista, reconocer que una de las
grandes revoluciones del Siglo XX ha sido la irrupción de la mujer en la vida pública
pues hasta el Siglo XIX los protagonistas de la historia eran sólo hombres, quienes se
debían a la esfera pública, al trabajo y a la política mientras que las mujeres se
circunscribían a lo privado, al hogar y a los hijos.
El derecho de
sufragio de la mujer en México ha sido producto de continuas luchas emprendidas por
mujeres, las cuales compartieron ideales para lograr esta meta pero también es fruto de
hombres que han apoyado y abogado por la participación política y social de las mujeres.
Si bien es
cierto que destacadas mujeres de diferentes opciones políticas e ideológicas lucharon
para conquistar ese derecho y con ello lo hicieron por la democracia y por la libertad y
la igualdad, a 49 años de haber logrado el reconocimiento de los derechos políticos de
la mujer, debemos afirmar que aún no tenemos las respuestas esperadas.
Para el Partido
de la Sociedad Nacionalista reconocer esta herencia histórica democrática significa
recordar también que muchas mujeres trabajaron por una vida mejor para todos y para
todas. Reconocerlas cada día significa comprometernos con lo que ellas defendieron, es
decir la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en la vida política y social y su
derecho a opinar, a estar y participar.
Y aunque el
balance en términos generales es positivo ya que actualmente no existe espacio público
poder en la República en que la participación de la mujer esté ausente, la lucha que
las mujeres hemos protagonizado con devenir histórico, con arrojo y valentía sin igual,
pugnando por la defensa y generalización de derechos y valores para hombres y mujeres,
aún no rinde los frutos que todos pretendemos.
A pesar de los
cambios que ha vivido el país y la contribución de las mujeres en la economía, la
política, la cultura y en todos los ámbitos de la vida nacional, día con día nos
enfrentamos a arraigados prejuicios e imágenes que niegan a la mujer talento, valentía,
fortaleza, conocimiento y capacidad para tomar las mejores decisiones para las mexicanas y
los mexicanos.
En el Partido de
la Sociedad Nacionalista tenemos la certeza de que la modernidad y los cambios que se
están generando en la vida nos favorecerán no sólo como género sino también como
sociedad ya que las mujeres representamos el gran recurso y reserva que tiene México para
alcanzar el desarrollo e integración nacional.
Los
nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista buscaremos y propiciaremos las
alternativas que promuevan una cultura de equidad y de género desde dentro del desarrollo
de la vida democrática.
Continuaremos
fortaleciendo la conciencia social de las mujeres para que realicen un ejercicio real de
su calidad ciudadana y alcanzar más participación y espacios en la toma de decisiones
públicas.
Para el Partido
de la Sociedad Nacionalista, conscientes de que el voto de la mujer cobre importancia ya
que es mayoritario y no sólo cuenta, sino decide, exhortamos a todas las fuerzas
políticas representadas en esta soberanía para que lejos de colores partidistas
establezcamos una agenda común para ampliar y consolidar en todos los ámbitos de la vida
pública y privada, los derechos políticos de la mujer, que coadyuven al establecimiento
de una cultura democrática con equidad de género, que reflejen los preceptos jurídicos
y políticos consagrados en la Constitución, en las leyes secundarias y en los múltiples
tratados e instrumentos internacionales que México ha suscrito en materia de igualdad
política.
Para el Partido
de la Sociedad Nacionalista el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno
con las mujeres, así como el fortalecimiento de los derecho políticos en un escenario de
la Reforma del Estado, sólo se realizarán con el esfuerzo común y coordinado de todas
las mujeres mexicanas, quien en todo momento debemos defender y vigilar todas las
conquistas de la sociedad mexicana que se vinculen con la construcción efectiva de una
cultura de equidad entre los géneros de tolerancia, pluralidad, diversidad e inclusión.
Compañeros y
compañeras: la voluntad política no basta, hoy es momento que la LVIII Legislatura de la
Cámara de Diputados asuma compromisos reales con todas las mujeres mexicanas, para
ejecutar todas las acciones legislativas necesarias para que impulsen el desarrollo
integral de la mujer, teniendo siempre presentes la premisa fundamental: que primero las
mujeres y primero es la patria.
Gracias. Es
cuanto, señor Presidente.
Presidencia del diputado Erick Eber
Villanueva Mukul
El Presidente diputado Erick Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señora
diputada.
Para hacer uso
de la palabra sobre el mismo tema, tiene el uso de la tribuna la diputada Beatriz Patricia
Lorenzo Juárez, del Partido de Alianza Social, hasta por cinco minutos.
La diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez:
Con el permiso
de la Presidencia; señoras y señores legisladores:
Mi exposición
que voy a hacer el día de hoy es a nombre del Partido Convergencia por la Democracia y
del Partido Alianza Social.
De los 102.3
millones de mexicanos que somos en la actualidad, más de 50 millones somos mujeres. Este
solo dato nos puede dar una idea de la importancia de la mujer en todos los ámbitos,
aunque ésta no se reconozca. Para el Partido Alianza Social y Convergencia por la
Democracia, el respeto de todo derecho y el cumplimiento de toda obligación corresponde a
todos los hombres y todas las mujeres, ya que si existe exclusión alguna para lo
anteriormente mencionado, la democracia puede conservar la forma, pero pierde el fondo.
El 17 de octubre
de 1953 durante la XLII Legislatura federal y a iniciativa del Presidente de México,
licenciado Adolfo Ruiz Cortines, se reformaron los artículos 34 y 35 de nuestra Carta
Magna, con lo cual se otorgó a las mujeres mexicanas la plenitud de derechos civiles y
políticos, es decir: el derecho a votar y ser votadas para todos los cargos de elección
popular y para asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en
los asuntos políticos del país. Así, a 49 años de esta histórica decisión, la
participación de las mujeres en los cargos de elección popular está cambiando, pero
aún hace falta que no sólo se dé la participación equitativa sino que las
posibilidades de liderazgo y toma de decisiones por parte de las mujeres sean reales,
efectivas y mayores.
Normalmente las
mujeres en mayor o menor grado son líderes naturales, ya que se encuentran al frente de
millones de hogares, tanto moral como económicamente y que el dirigir el destino de una
familia es dirigir el futuro de la nación.
El desarrollo de
las democracias es un fenómeno constante, es un proceso en continua construcción. Sin
duda el reconocer el papel que tiene la mujer en los distintos ámbitos de la sociedad
dará al proceso mencionado fortaleza y dinamismo. La participación de las mujeres en la
arena política no es aún suficiente, ya que los espacios ocupados por mujeres en esta
LVIII Legislatura sólo somos 86 de un total de 500 legisladores.
Un proceso
democrático real debe dar lugar a que la mujer tenga una propia identidad, un propio
discurso y una propia acción para dar lugar a una auténtica perspectiva de género en
todos los ámbitos. Es indispensable como primera y fundamental condición, el dar lugar a
una autoestima por parte de las propias mujeres para dar lugar a que los buenos deseos se
conviertan en acciones transformadoras.
Todas y cada una
de las mujeres que hoy nos encontramos en este recinto estamos compartiendo nuestras
capacidades, conquistas y experiencias, lo cual debe ser una práctica continua y
permanente para impulsar a las mujeres que hoy aspiran a un cargo público, a actuar y dar
por hecho que las únicas limitantes para acceder a un cargo de elección popular serán
las que ellas mismas se antepongan.
Es necesario que
nosotras como mujeres comprometidas con el cambio social, económico y político,
eduquemos hoy a los niños y niñas de nuestra nación conforme a valores de igualdad y de
respeto para que el de día mañana los hombres y las mujeres tengan valores profundamente
arraigados en su forma de ser y ver al mundo.
No permitamos
que el derecho que tenemos las mujeres a acceder a las esferas de poder quede únicamente
como una declaración de buenas intenciones, recordemos día a día que lo que no hagamos
por nosotras mismas, nadie lo hará por nosotras.
Quisiera
terminar mi participación con una cita del filósofo alemán Goethe y que engloba todo lo
anteriormente mencionado: "un hombre de noble corazón irá muy lejos guiado por la
palabra gentil de una mujer".
Muchas gracias.
Firmamos el
documento por Convergencia por la Democracia, José Manuel del Río Virgen y una
servidora, diputada Beatriz Lorenzo Juárez.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Erick Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señora
diputada.
Para referirse al mismo tema tiene el uso de la palabra la diputada Rosa
Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
La diputada Rosa Delia Cota Montaño:
Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
El grupo
parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna con el propósito de fijar su
posición en lo referente a la conmemoración del XLIX aniversario del reconocimiento a la
mujer, de la calidad de ciudadana y el derecho al voto activo y pasivo.
Fue en el
periodo del Presidente Adolfo Ruiz Cortines, cuando el 17 de octubre de 1953 se publica en
el Diario Oficial de la Federación el decreto
que reformó los artículos 34 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos reconociéndose el derecho de la mujer mayor de edad como ciudadana de la
República.
Esta reforma le
permitió a la mujer mexicana disfrutar de la plenitud de sus derechos políticos.
El artículo 34
constitucional quedó de la siguiente manera:
Son ciudadanos
de la República los varones y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan
además los siguientes requisitos:
Haber cumplido
18 años, siendo casados o 21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir.
Esta reforma
constitucional permitió que en la XLII Legislatura de la Cámara de Diputados 1952-1955,
arribara la primera mujer, la diputada Aurora Jiménez de Palacios, por el primer distrito
electoral del estado de Baja California, rindiéndose protesta el 7 de septiembre de 1954
como resultado de las elecciones extraordinarias verificadas el 4 de julio de 1954 de
aquel estado.
Esto debido a
que Baja California se acababa de erigir como estado, por lo tanto se le otorgó por voto
directo su acceso a la Cámara de Diputados.
Si bien es
cierto esta reforma constitucional es importante, no acabó con las desigualdades
materiales, sociales y políticas que aún prevalecen en el seno de la sociedad y que
atentan contra los derechos fundamentales de las mexicanas.
La mujer es
sujeto de derechos y obligaciones, ente pensante, ser sensible, para ella no hay
imposibles, da vida, no admite injusticias, luchando por la equidad trata siempre de salir
adelante a pesar de las barreras que la misma sociedad le impone, no sólo por su número
sino fundamentalmente por su capacidad la mujer se ha incorporado a las actividades
productivas, académicas, de investigación, artísticas, deportivas y políticas. Por
esta razón la mujer es el núcleo de la sociedad mexicana, muestra de ello es la
destacada participación que tuvo la mujer en todas nuestras gestas libertarias: la
independencia, la reforma y la revolución.
En las dos
últimas décadas en nuestro país y, en general, en el mundo, se ha acrecentado la
destacada labor y participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida y aún así
siguen persistiendo altos grados de marginación.
La mujer
representa el 52% del total de la población nacional, sin embargo, ni remotamente ese
monto se ve reflejado en la dirección de las actividades productivas, políticas o
sociales, y aunque su participación ha ido creciendo, ésta ha sido insuficiente por lo
discriminado que se le tiene.
El papel de la
mujer en la sociedad es fundamental, la mujer contemporánea es sumamente capaz y pugna
por mejores condiciones y oportunidades, así como espacios dentro de la toma de
decisiones políticas fundamentales,.
Desafortunadamente
y pese al principio de igualdad entre ambos sexos consagrado en nuestra Constitución, la
mujer se encuentra en condiciones poco favorables para su desa-rrollo, tanto en el hogar
como fuera de él.
Nuestro partido
en la igualdad de la mujer y consciente de los obstáculos que ella encuentra para su
pleno desarrollo, ha propuesto programas específicos para impulsar el de- sarrollo
integral de la mujer y lograr la igualdad de oportunidades y de posibilidades.
Esta Cámara
debe pugnar y ser el instrumento, para que en la sociedad mexicana, se termine la
discriminación, el maltrato a la mujer. Es tiempo ya, de reconocer la plena equidad entre
hombre y mujer, para tal efecto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, se
compromete a impulsar arduamente lo antes señalado, en congruencia con la conmemoración
que este día realizamos, hacemos votos porque a partir de ahora, no sólo conmemoremos un
aniversario más del reconocimiento a la mujer de su calidad de ciudadana y el
otorgamiento del derecho al voto sino su cabal y pleno ejercicio.
Por lo anterior,
el grupo parlamentario del Partido del Trabajo impulsa la propuesta de reivindicación de
género, al referirnos a esta Cámara de Diputados como la Cámara de Diputadas y
Diputados, porque con ello reconocemos de manera formal la importancia que la mujer tiene
en el de-sempeño de las tareas parlamentarias.
Pero también
reconocemos que las mujeres representan una poderosa fuerza productiva, que engrandece al
país, así como una palanca fundamental de nuestro núcleo familiar. Es cuanto.
El Presidente diputado Erick Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señora
diputada.
Tiene el uso de la palabra la diputada Esveida Bravo Martínez, del Partido
Verde Ecologista de México hasta por cinco minutos.
La diputada Esveida Bravo Martínez:
Con su permiso
señor Presidente:
Hacer realidad
la igualdad de la mujer y el varón, es tarea de la que debemos comprometernos los hombres
al igual que las mujeres. El 17 de octubre de 1953, hace 45 años se otorgó el derecho de
voto a la mujer, con lo que se le reconoció su derecho al ejercicio de la ciudadanía.
La negación del
voto a las mujeres, impulsó los movimientos por el sufragio femenino en el Siglo XIX, y
de los movimientos feministas en la segunda mitad del Siglo XX. Hoy, día, sólo los
sectores más recalcitrantes negarían el voto a las mujeres, el derecho al voto femenino
marcó el inicio de la participación de la mujer por mejorar su condición social y
política, por avances progresivos en los diferentes países a lo largo de la primera
mitad del Siglo XX.
La igualdad,
como valor, es un régimen democrático, encuentra su expresión en varios preceptos de la
Constitución de 1917, haya establecido principio igualitario. Se agregó en 1974 la
declaración constitucional explícita del principio de la igualdad del varón y la mujer
ante la ley, consignada en el primer párrafo del artículo 4o. del Código Fundamental,
prescribiéndose así cualquier discriminación en base del sexo.
A pesar de que
la democracia por sí sola, no garantiza la igualdad de derechos, sin ella no se puede
hablar de desarrollo humano y sin la integración de las mujeres a la posibilidad de ese
desarrollo.
No se puede
hablar de democracia, construir un mundo democrático, es una tarea que invita a una
revisión consciente y permanente de las actitudes cotidianas de hombres y mujeres que
implica un ejercicio continuo de acciones que terminen con los problemas de rezago por el
tardío reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y las mujeres.
En México las
mujeres encuentran obstáculos para lograr un lugar en igualdad de circunstancias en el
mercado laboral, particularmente en puestos de decisión, así como el ámbito de la
política que han sido diseñados para responder a un patrón masculino que durante
cientos de años ha sido consolidado.
La
incorporación de la mujer al mercado laboral, no ha significado igualdad en oportunidades
o ingreso, generalmente son segregadas y aun cuando tengan más educación ganan menos que
el hombre.
La desigualdad
política, económica y jurídica en que se encuentra la población femenina, debe cambiar
si se quiere construir una sociedad más humana formada por hombres y mujeres.
En México la
demanda de los derechos políticos para la mujer, estuvo presente desde las primeras
décadas del siglo en los estados de Yucatán, Campeche y Chiapas, donde la mujer logró
un voto a nivel local de organización de las mujeres en un movimiento amplio al
“frente único pro derecho de la mujer". Centró sus acciones en torno a la
demanda de sufragio femenino en la segunda mitad de los años treinta, el resultado fue un
dictamen adverso del Senado al sufragio femenino, citó: "en el tiempo actual la
mujer mexicana aún no está capacitada para el ejercicio de derechos políticos",
fin de la cita y a más de 60 años se puede decir que esas palabras siguen vigentes no
desde la ley, pero sí de facto, cuando
millones de mujeres sumidas en la miseria y en la ignorancia, carecen de mínimos de la
educación y por lo que desconocen los derechos y los recursos que como ciudadanas les
corresponde.
El derecho del
voto femenino marcó en el inicio de la participación de la mujer dentro de la política
formal, una larga lucha emprendida por las llamadas "sufragistas", finalizó con
el ofrecimiento del voto femenino y en ello se alcanzaba la plena incorporación de la
mujer a la vida pública.
La primera
demanda había sido conquistada, sin embargo la adquisición de este derecho no se
cristalizó en mayor presencia de mujeres en el escenario político en primer nivel;
después de un proceso de más de medio siglo por la reivindicación de sus derechos
políticos y laborales, las mujeres se quedaron como ciudadanas de segunda, pero asumiendo
responsabilidades y tareas que tradicionalmente habían sido masculinas.
Tal vez sea ese
proceso inacabado de triunfo y frustración en el que podemos encontrar algunas claves que
han dificultado la incorporación de las mujeres como sujetos políticos de primer nivel.
El ejercicio
desde la ciudadanía, desde las mujeres no debe limitarse en la emisión del voto.
Indiscutiblemente éste es el primer paso para ejercerla, pero no se limite a ejercer la
ciudadanía implica amplio aspecto de la participación en la esfera de la vida pública.
Un reto de
principios de siglo es potenciar la palabra y plena participación de las mujeres en
condiciones de igualdad en todos los procesos de adopción de decisiones. Para ello
tenemos que aplicar una serie de mecanismos que aceleren la toma de conciencia de todas
las mujeres sobre lo que significa el ejercicio de la ciudadanía.
En el grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sí creemos en la igualdad del
hombre y la mujer, nuestras acciones incorporan y fomentan los conocimientos y habilidades
de las mujeres, lo cual ha enriquecido enormemente la ideología de nuestro partido.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Erick Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señora
diputada.
Inmediatamente
tiene el uso de la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal, del Partido de la
Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
La
diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:
Con el permiso
de la Presidencia; compañeros diputadas y diputados:
Hasta hace un
año debíamos limitarnos a conmemorar el reconocimiento de la ciudadanía a las mujeres y
hacer un recuento de la existencia y consecuencias de la falta de oportunidad otorgadas a
la mujer en el campo político y decisorio. Y si bien es cierto que este escenario no se
ha transformado considerablemente, hoy se observa un tanto menos desfavorable.
La ciudadanía
femenina abrió la puerta del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, derecho
que ha sido necesario defender de forma permanente.
La coronación
de la lucha feminista en 1953 se observa en perspectiva como el inicio de un arduo trabajo
que revolucionara el pensamiento y el actuar de mujeres y hombres, encaminándose así a
la evolución de las estructuras que conforman nuestras comunidades y grupos sociales.
La reversión
del atávico desequilibrio en las relaciones intergéneros, requiere a todas luces del
empoderamiento de la mujer, referido este empoderamiento como la posibilidad de ejercer
libre y plenamente, nuestras capacidades y derechos logrados, aplicándolos a nuestro
crecimiento individual y conjunto y no como el simplista enfoque del uso y abuso del
poder.
La larga cadena
de logros que dieron paso al derecho de sufragio y que inició en 1915 con el primer
congreso feminista; la igualdad del hombre y la mujer al interior de la familia en 1917;
la revolución causada por la propuesta de educación sexual de 1922; la emancipación
civil de las mujeres con las reformas al Código Civil del 28. A todo ello y más se suman
los esfuerzos constantes por avanzar y mantener los derechos logrados, aún más, por
evitar retrocesos.
Hoy contamos con
un eslabón más de esta cadena de esfuerzos y logros: las reformas al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, que dejando atrás las sugerencias y
recomendaciones que antes se encontraban plasmadas en esta ley, hoy permitirán un
verdadero impulso a la postulación de mujeres a candidaturas en calidad de propietarias y
haciendo factible la incorporación de las mujeres a los órganos de decisión nacional.
Ahora
corresponde mantener el esfuerzo de forma convincente, haciendo honor a todas aquellas
mujeres que creyeron en sí mismas y en las demás, sin dejarnos abatir por descréditos y
defender la legalidad y la legitimidad de nuestras acciones.
Es nuestra
responsabilidad que los sistemas de cuotas revisan la importancia que ha tenido para el
ejercicio de las mujeres, el derecho al voto, reflejando en las políticas públicas y en
las actuaciones gubernamentales la perspectiva de género, procurando de este modo que las
mujeres dejen de ocupar el último escaño en la importancia que se imprime a las
necesidades de la población femenina en los ámbitos sociales, políticos, económicos y
presupuestales.
Es cuanto,
señor Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señora
diputada.
Tiene el uso de la palabra la diputada Nelly Campos Quiroz, del Partido
Acción Nacional, hasta por cinco minutos, para referirse al mismo tema.
La diputada Nelly Campos Quiroz:
Señor
Presidente:
Don Abel
Vicencio Tovar, afirmó en 1980, que ningún partido político moderno puede permitirse
discriminaciones por sexo de sus militantes.
Quienes
sostengan que la mujer sólo puede desempeñar cierto tipo de tareas y estar confinada a
ciertas áreas, está mutilando la pluralidad de la sociedad y privando a su organización
de la riqueza que aporta su eficiente actividad y el punto de vista femenino que la
enriquece y completa.
El 17 de octubre
de 1953, hace 49 años, tuvo lugar un hecho de suma importancia en la vida política del
país. En esta fecha se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, la reforma constitucional que reconoce a las mujeres el
rango de ciudadanas y el derecho de votar y ser votadas. Sus antecedentes se remontan al I
Congreso Feminista realizado en Yucatán en 1916, evento que congregó a 700 delegadas de
todo el país.
Cabe mencionar
que a principios de la década de los 20, en este estado, la mujer ya tenía voto activo y
pasivo en las elecciones para ayuntamiento, legislador y gobernador.
El voto de la
mujer en el ámbito local también se reconoció posteriormente en la legislación de San
Luis en 1923 y en Chiapas en 1925. Posteriormente, en diciembre de 1946, el Ejecutivo
remitió una iniciativa de ley para reformar la fracción I del artículo 115
constitucional, para permitir la participación de las mujeres a elecciones municipales en
igualdad de condiciones que los varones, con el derecho de votar y ser votadas. Esta
reforma entró en vigor en febrero de 1947.
Estos logros no
fueron circunstanciales, ya que detrás de cada uno de ellos se encuentra la ardua lucha
que tuvieron que librar grupos organizados de mujeres durante la primera mitad del siglo
pasado. Las mujeres conquistaron en base a su lucha y esfuerzo el derecho al voto. No fue
un regalo ni una concesión; fue una victoria que sentó la bases para demostrar que la
igualdad no inicia ni termina con la participación formal de la política y con la
emisión de un voto.
El hecho de
elevar a rango constitucional la igualdad ciudadana entre mujeres y hombres y que se haya
abierto la posibilidad de votar y ser votadas, no es un logro de un solo partido
político. Como en su momento lo expresó Felipe Gómez Mont, no podemos hacer del voto
femenino bandera de partidos, porque es producto de la patria misma.
Hoy es tiempo de
reflexionar sobre la situación actual de la mujer en la vida nacional y sobre los
desafíos que aún quedan pendientes. Es el momento, otra vez, de buscar los puntos de
coincidencia para avanzar en la equidad entre los géneros. En el siglo que acaba de
avanzar se ha avanzado, sin duda, en el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y
hombres, pero también falta que éste trascienda a la realidad y se refleje en la vida
nacional.
La historia
reconoce que la conquista de los derechos de la mujer no ha sido tarea fácil. De esta
nueva etapa política de México, las mujeres requieren, al igual que en el pasado, del
apoyo decidido de los hombres para arribar a una auténtica equidad de género. Este reto,
amigas y amigos legisladores, no sólo compete a las mujeres. Es erróneo pensar que con
las acciones afirmativas se dan demasiados privilegios a las mujeres, pero dejemos que la
historia se encargue de dar la razón, tal y como sucedió con el reconocimiento del voto
femenino. ¿Quién hoy día sometería a discusión que las mujeres tienen derecho a votar
o no?
El PAN siempre
ha reconocido el importante papel de la mujer en la vida política del país, proclamando
los derechos políticos de la mujer en México y presentando iniciativas de ley para que
se reconociera su calidad de ciudadana. De esta manera, desde su fundación en 1939, nace
con la convicción de promover no sólo el voto de la mujer, sino su participación más
activa en la política.
Cabe destacar
que la primera panista que gana una diputación federal y primera mujer en ganar por
mayoría, es Florentina Villalobos, por Parral, Chihuahua, en 1964. A partir de ese
momento, con excepción de la XLVIII Legis- latura, Acción Nacional siempre ha tenido
diputadas que han luchado por plasmar la reinvindicación de los derechos y oportunidades
de las mujeres.
Acción
Nacional, desde sus orígenes, afirma que la participación de la mujer en la vida
nacional da un reflejo más fiel del pensamiento nacional y que mediante la vida cívica
de la mujer, se ejerce una influencia moral dentro del hogar, para que toda la familia se
constituya en un núcleo cívicamente consciente de sus obligaciones.
Señoras y
señores, entremos de manera comprometida al análisis de la problemática de la mujer.
Reitero la posición de Acción Nacional para buscar las coincidencias que hagan de la
equidad de género una realidad.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señora
diputada.
Inmediatamente
tiene el uso de la palabra la diputada Hilda Anderson Nevárez, del Partido Revolucionario
Institucional, hasta por cinco minutos.
La
diputada Hilda Josefina Amalia Anderson Nevárez:
Señor
Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El pueblo
mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y objeto de las instituciones
sociales. “El Nigromante” dijo en su discurso: “Observo que el proyecto se
olvida de los derechos más importantes: los derechos de la mujer” Ignacio Ramírez,
“El Nigromante” lo expresó en la sesión del 10 de julio de 1856.
En el Congreso
Constituyente, en Querétaro, el 25 de enero de 1917 el diputado Félix F. Palavicini
solicitó a la comisión que informara por qué no había tomado en consideración la
iniciativa referente en pro del voto femenino y precisó: “yo deseo que aclare la
comisión en qué condiciones quedan las mujeres y si no, señores diputados, tenemos el
peligro de que se organicen para votar, ser votadas y rebasen al hombre”.
En el año 1923
Felipe Carrillo Puerto, como gobernador de Yucatán, promovió una reforma legislativa
local para entregar a las mujeres yucatecas el voto ciudadano. Rosa Torre González, una
extraordinaria maestra, fue la primera mujer en el país que tuvo un puesto de elección
popular como regidora del ayuntamiento de Mérida.
En 1936, ante la
Cámara de Diputados, en Donceles y Allende, cientos de mujeres se plantaron en huelga,
con pancartas de leyendas enérgicas como la siguiente: “diputados: cumplan con su
trabajo, otorguen el voto a la mujer”.
En 1960, las
mujeres logramos reformar el artículo 123 constitucional, donde se asienta que a trabajo
igual, igual salario sin importar el sexo en sí mismo.
En el año 1962,
en el mismo artículo se establece que la jornada máxima nocturna será de siete horas,
quedando prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres menores de 16
años.
En el año 1969,
se reforma el artículo 30 constitucional donde tanto la mujer como el hombre puedan
transmitir la nacionalidad mexicana a sus descendientes que nacieron en el extranjero y de
padre extranjero.
En 1974 se
reforma el artículo 4o. constitucional, el cual establece que el varón y la mujer somos
iguales ante la ley.
Estos son
algunos ejemplos que ilustran la lucha y la trayectoria de las mujeres.
Ahora, a 49
años de distancia, no podría entenderse la historia moderna de nuestro país sin la
participación activa y en muchas ocasiones decisiva de nosotras las mujeres.
En 1947 se
reforma el artículo 115, por Miguel Alemán y la mujer consigue el derecho a votar y ser
votada en los ayuntamientos.
El 17 de octubre
de 1953, Ruiz Cortines había enviado el 2 de diciembre de 1952 la reforma al 34 y
también del 115 y se declara el voto universal.
Son nuevos
tiempos, son nuevas circunstancias que reclaman de nosotros cambios de actitud. Eso
esperamos también de nuestros dirigentes. Ponderar nuestra participación electoral debe
ser a la vez ponderar nuestra presencia, no desdeñarla; considerar a las mujeres sólo en
coyunturas electorales es una visión limitada. Por lo tanto, deben abrirse más
oportunidades en los diversos ámbitos de la vida nacional.
En la actualidad
existen más de 30 países en el mundo que han incluido acciones afirmativas en sus
legislaciones nacionales, con base en el espíritu de equidad e igualdad de oportunidades,
para que la representación política de uno y de otro sexo no sea inferior a un
porcentaje determinado.
El 30 de abril
del presente año, en esta misma Cámara de Diputados, se reforma el Cofipe a fin de
avanzar en la ejecución de acciones afirmativas tendientes a erradicar la discriminación
hacia las mujeres. Los artículos aprobados fueron el 175-A y 175-C.
Hoy, a 49 años
de distancia, actualmente de todos los partidos políticos somos 89 diputadas.
Tenemos la
certeza de que la modernidad nos favorece, no sólo como género, sino también como
sociedad que se quiere integrar y no mutilar.
No hay duda de
que hemos progresado desde 1953, que alcanzamos el reconocimiento de nuestros derechos
políticos.
Señor
Presidente, con su venia, deme usted un minuto más.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Termine usted.
La diputada Hilda Josefina Amalia
Anderson Nevárez:
El próximo año
2003 se cumplen 50 años del sufragio femenino, 50 años en que este país se transformó
gracias a la participación de la mujer, 50 años de ejercer el voto femenino con
emoción, decisión, honestidad, lealtad y patriotismo. Por eso, me permito exponer ante
esta soberanía, apoyándome en el artículo 58 del Reglamento, una propo- sición con
punto de acuerdo.
Primero. Que se
declare el año 2003 como el año de los Derechos Políticos de la Mujer Mexicana.
Segundo. Que la
Cámara de Diputados organice foros, actos y exposiciones para conmemorar los derechos
políticos y sociales de la mujer mexicana.
Tercero. Que la
Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a los congresos locales, para conmemorar
también tan significativa fecha, el LV aniversario del Sufragio Femenino.
Cuarto. Invitar
a los otros dos poderes, al Ejecutivo y al Judicial, a exaltar esta fecha trascendente del
pueblo de México, la conquista de la mujer mexicana, que es el sufragio femenino.
Está en
ustedes, señores diputados, el apoyo a esta iniciativa, para conmemorar el próximo 2003
los 50 años en que las mujeres ejercemos este derecho y somos sus compañeras.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Activen el
sonido en la curul del diputado José Manuel del Río Virgen.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde su
curul):
Señor
Presidente, para sumarme a la propuesta con punto de acuerdo de la diputada Hilda
Anderson, que me parece además extraordinaria. ¡Felicidades!
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Muy bien, nada
más que estamos en el punto de efemérides.
La diputada Hilda Josefina Amalia
Anderson Nevárez:
Pero me
aproveché del Reglamento, del 58, y le ruego, señor Presidente, lo pase usted a la
comisión respectiva.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su
curul):
Señor
Presidente, que se registre la adhesión del diputado Del Río junto con las palabras de
la diputada.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Con mucho gusto
quedan registradas.
Le ruego a la
Secretaría tomar nota. Pero les quiero decir que estamos en el punto de efemérides y
convocaría a la diputada Hilda Anderson, a presentar en otra sesión el punto de acuerdo
con el que yo estaría completamente de acuerdo en términos personales, pero tenemos que
agendarlo como punto de acuerdo.
LAZARO
CARDENAS DEL RIO
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
El siguiente
punto del orden del día es sobre el aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas
del Río. Por lo tanto, tiene la palabra el diputado Jesús Garibay García, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado J. Jesús Garibay García:
Con su venia,
señor Presidente:
A pesar de las
resistencias aquí estamos. Lázaro Cárdenas del Río, nombre que se encuentra inscrito
en letras de oro en lugar de honor del registro de esta Cámara de Diputados; ahí lo
tienen.
Se cumple el
XXXII aniversario de su fallecimiento, oportunidad para que a través de esta
representación nacional rindamos homenaje al distinguido revolucionario y líder de
México, al mexicano más grande del Siglo XX que tuvo este país, al hombre que había de
entregar la tierra a los campesinos de México; al hombre, que acrecentó los bie-nes
nacionales y espirituales de la patria, que se acercó a los indígenas y que como
Presidente de la República defendió los más caros postulados de ellos así como de la
clase obrera y campesina.
Al hombre, que
había de fundar el Banco Nacional de Crédito Ejidal para el apoyo de los campesinos
mexicanos; al hombre, que hoy la historia califica como un visionario de la economía
política por la expropiación y nacionalización del petróleo; al hombre, que fundó
Petróleos Mexicanos, que fundó la Comisión Federal de Electricidad y que le habría de
dar la independencia económica a nuestro país; al hombre, fundador de instituciones
educativas como el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Rural, entre otros; al
hombre, que nacionalizó los ferrocarriles, hoy dilapidados y entregados a capitales
extranjeros; al hombre, que en materia de política internacional abrió las puertas del
país a los perseguidos políticos del mundo; al hombre, que a través de la liga de las
naciones defendió a los perseguidos por el fascismo internacional; al hombre, que
seguramente volvería a defender a los pueblos agredidos por el nuevo fascismo
internacional, disfrazado de combate al terrorismo e impulsado en allende las fronteras;
al hombre, que como militar, supo defender a México durante la Segunda Guerra Mundial al
asumir la Comandancia del Pacífico en el norte del país, hecho que lo distingue como
militar en la tarea, quizá la más difícil que tuvo para defender con toda firmeza al
territorio nacional frente a la amenaza de las armas extranjeras.
Venimos a rendir
homenaje al mexicano defensor radical de nuestra soberanía e independencia nacional, aun
cuando en los tiempos modernos a éstos se les considere pasados de moda. Tal parece que
tener patria en estos tiempos ya no tiene importancia, tal parece que entregar lo que los
grandes mexicanos defendieron y reivindicaron para este país, ahora ya no tuviera
importancia.
Tal parece que
entregar el sector eléctrico y el sector petrolero al capital extranjero por la vía de
la descapitalización de las empresas paraestatales, no tuvieran ninguna importancia, no
hablan de privatizar, claro, hablan de descapitalizar que es peor.
Se equivocan los
que así piensan, los que así actúan, los que así se comprometieron con los capitales y
gobiernos y están más allá de nuestras fronteras, precisamente por su lealtad a la
Revolución, a la Constitución, a México, Lázaro Cárdenas del Río se transforma en un
representativo nacional y alcanza también una dimensión universal, los bien nacidos, los
que aún queremos patria, no podemos menos que rendir homenaje al gran mexicano y para
aquellos que no lo han visto, vean ahí a su derecha, Lázaro Cárdenas del Río que no
sólo está en el pleno de esta Cámara, sino en el corazón de la inmensa mayoría de los
mexicanos.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
diputado.
Ha pedido
también hacer uso de la palabra sobre el mismo tema, el diputado José Manuel del Río
Virgen, la diputada Concepción Salazar González y el diputado Melitón Morales Sánchez.
Por lo tanto, tiene el uso de la palabra el diputado José Manuel del Río
Virgen, de Convergencia Democrática.
El diputado José Manuel del Río
Virgen:
Con su permiso,
señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Nace el general
Lázaro Cárdenas del Río en la ciudad de Jiquilpan de Juárez, estado de Michoacán el
21 de mayo de 1895; hijo de don Dámaso Cárdenas, trabajador honrado y comerciante y de
doña Felicitas del Río Cárdenas. El general, hombre de carácter fuerte, decidido y
serio fue autodidacta, sólo acudió a la escuela hasta los 11 años; fue un hombre de la
masa que a los 16 años trabajaba como tipógrafo y ya iniciaba algunas colaboraciones en
la prensa escrita.
El general
participó activamente en la revolución constitucionalista, gobernador además, dirigente
de partido y además se dio tiempo para coordinarle la campaña a Pascual Ortiz Rubio y
ganar la Presidencia de la República. El general, cuando se postuló como candidato a la
Presidencia, propuso un plan sexenal de Gobierno; recibió su nombramiento de manera
sencilla y renunció a vivir en la opulencia del Castillo de Chapultepec, pero mando
acondicionar un terreno que se conocía como la hacienda "La Hormiga". Ahí es
el lugar que ustedes y muchos mexicanos conocen ahora como Los Pinos, ahí modestamente
vivió el general Lázaro Cárdenas del Río, alejado de la opulencia.
El general dio
apoyo a la educación, a la investigación, además creó escuelas en zonas rurales pero
hay un hecho aparte de los que mi compañero el diputado Jesús Garibay destacó muy
elevadamente del general y que a mí me llama la atención: el general creó el Instituto
Politécnico Nacional, ese Instituto Politécnico Nacional que hoy no tiene ni siquiera
recursos modestos para poder pagar el mantenimiento de sus escuelas; ese Instituto
Politécnico Nacional que la Secretaría de Hacienda y el Gobierno Federal están
lastimándolo con el artículo 6o. de su Ley Orgánica, quitándole los recursos que se
autogeneran.
Ese Instituto
Politécnico Nacional que le ha dado a la patria ciencia y tecnología; ese Instituto
Politécnico Nacional que hoy es el instituto y el alma mater de muchas diputadas y
diputados que están aquí, ese Instituto Politécnico Nacional que está siendo lastimado
por los hombres del Poder y del Gobierno sin darle recursos; el general creó al Instituto
Politécnico Nacional para las clases más desprotegidas y hoy el Instituto Politécnico
Nacional no solamente atiende a las clases más desprotegidas, sino también atiende a las
clases más necesitadas y más sabias. Ese es el Instituto Politécnico Nacional que creó
el general Lázaro Cárdenas del Río.
El general se
dio tiempo para crear otras instituciones como el Consejo Técnico de la Educación
Agrícola; como el Instituto Nacional de Antropología e Historia; como el Departamento de
Asuntos Indígenas —y como lo dijo mi compañero Jesús Garibay— también creó
el Banco Ejidal, hoy conocido como el Banrural.
Ese Banrural que
hoy persigue a los campesinos más pobres para poder resolver las deudas que tienen, los
grandes déficits que tiene el Banrural; es importante que transformemos al Banrural para
honrar a nuestro general, al general Lázaro Cárdenas del Río.
Compañeras y
compañeros, el general Lázaro Cárdenas del Río fue un gran mexicano, enorme mexicano
que la patria le hace justicia y le hace justicia como aquí se ha dicho, teniéndolo en
los muros de esta Cámara, pero al general lo vamos a honrar más si defendemos a la
industria eléctrica y a la industria petrolera, ojalá y ésa sea la vocación verdadera
de las legisladoras y de los legisladores de este honorable recinto.
Gracias, señor
Presidente; gracias compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias diputado. También ha solicitado el uso de la palabra el diputado
Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo, por lo tanto tiene el uso de la tribuna
hasta por cinco minutos.
El diputado Jaime Cervantes Rivera:
Con el permiso
de la Presidencia:
Nuestro grupo
parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para rendir tributo a la
memoria del general Lázaro Cárdenas del Río en ocasión del XXXII aniversario de su
fallecimiento. Esta fecha viene a la memoria colectiva de los mexicanos y representa una
ocasión especial para reflexionar con las generaciones más jóvenes, de los valiosos
aportes del general Lázaro Cárdenas a la construcción del México moderno.
El general
Lázaro Cárdenas se distinguió por tener un perfil de estadista que tenía un proyecto
claro de país y una visión de conjunto a los problemas más acuciantes que aquejaban al
México de su época. Jamás tuvo duda por dónde empezar para romper con las inercias que
habían acompañado al desarrollo económico, político y social de nuestra nación. Esta
circunstancia se conjugaba con la recia voluntad y el profundo sentido humanista que
siempre lo caracterizaron, los cuales estuvieron presentes en las acciones y en los hechos
asociados a su trayectoria desde que asumió la Presidencia de la República hasta su
muerte.
Desde temprana
edad se incorporó al Ejército Constitucionalista de Carranza y desde ahí le tocó
participar en la lucha armada bajo las órdenes del general Guillermo Chávez, en 1917. En
el plano que las circunstancias y los que la vida misma le depararon, se forjaron sus
ideales políticos y sociales y sus concepciones vitales más íntimas y se forjaron en el
combate armado de aquellos años y en la lucha ideológica de los primeros tres lustros
del México posrevolucionario. Era la etapa en la que se debatía el diseño institucional
y el nuevo mundo que seguiría el país ante sus supremas exigencias y los retos de la
justicia social, la modernización política y el desarrollo económico.
En estos tres
planos esenciales de la vida nacional se desplegó el ideario de Lázaro Cárdenas, su
alcance y profundidad fueron tan significativos que en la historia patria quedaron
registrados con el título de cardenismo, capítulo que entre los mejores ha escrito el
pueblo mexicano. La Revolución Mexicana y el Constituyente de 1917 forjaron la esperanza
de acabar con las desigualdades económicas y sociales que oprimían al campesinado, la
Reforma Agraria Cardenista dio impulso a los anhelos de millones de mexicanos y mostró
con hechos la vialidad de un estado progresista que conjugaba justicia social y desarrollo
económico, que no tuvo dudas del papel que debía jugar la propiedad social para impulsar
a la nación mexicana.
La Reforma
Agraria del general Lázaro Cárdenas sustanció con acciones reales y de grandes
dimensiones lo dispuesto por el artículo 27 constitucional, en cuanto a la preeminencia
al interés nacional sobre toda forma de propiedad y explotación de la tierra. También
asignaba la alta responsabilidad del estado de procurar la distribución equitativa de la
riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo del país y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Su régimen
miraba a todos y gobernaba para todos, no para unos cuantos.
Teniendo la
Reforma Agraria cardenista como principio activo, la salvaguardia y aplicación de los
preceptos constitucionales recayó en las leyes y las instituciones emanadas del marco
normativo, sin embargo, desde Miguel Alemán en adelante todos los gobiernos incumplieron
y hasta llegaron a traicionar las esperanzas y aspiraciones de los campesinos que habían
sido reanimadas por el general Lázaro Cárdenas en su paso por la Presidencia de la
República y que de hecho Lázaro Cárdenas trató de mantener encendida hasta el final de
su vida.
En el recuerdo
de su obra gubernamental destaca desde luego la determinación y el valor que lo llevaron
a enfrentar los poderosos intereses de las compañías petroleras extranjeras asentadas en
México y que amasaban gigantescas fortunas explotando ese preciado recurso natural no
renovable, que debía emplearse para beneficio de nuestra nación.
Con el general
Lázaro Cárdenas se conjuntaban el nacionalismo y la independencia de nuestra soberanía.
Desde esta visión, el problema y sustentando en el apoyo masivo vigoroso y activo del
pueblo mexicano, el presidente Lázaro Cárdenas decretó radical y terminantemente la
nacionalización del petróleo el 18 de marzo de 1938. A partir de esta fecha la industria
petrolera ha sido la base incuestionable de la modernización y el desarrollo industrial
del país hasta nuestros días.
En el plano de
la educación superior, auspició la fundación del Instituto Politécnico Nacional, el
cual se convirtió con el paso de los años en un valuarte de la formación de cuadros
técnicos altamente calificados para el desarrollo de nuestro país. Desde esta magnitud
fue su contribución en esta materia.
El nombre del
general Lázaro Cárdenas también está inseparablemente vinculado a las mejores causas
agrarias, sindicales y populares de los años cincuenta y sesenta. Respaldó y brindó
incontables apoyos a los movimientos encaminados a mejorar las condiciones de vida y de
trabajo de millones de mexicanos en su incansable recorrido por todos los rincones del
país. Asimismo apoyó y protegió a numerosos líderes del movimiento estudiantil de
1968. Desde luego, no puede pensarse que ése era el deseo del general Lázaro Cárdenas,
pero aún sin serlo, el proceso del que él participó terminó por convertirse en lo que
unos mexicanos luchan por dejar atrás.
Por lo anterior,
el Partido del Trabajo rinde un merecido informe al General Lázaro Cárdenas en su
aniversario luctuoso.
Es cuanto,
muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Concepción Salazar González,
del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado Concepción Salazar
González:
Con el permiso
de la Presidencia; compañeras, compañeros diputados:
La presidencia
de Lázaro Cárdenas estuvo encaminada a culminar la Revolución Mexicana, en el tramo
final de la década de los 30’s. La culminación de la Revolución ya no sería a
través de las armas, sino con hechos e instituciones.
En los hechos,
el cardenismo profundizaría en el reparto agrario, demanda postergada desde los inicios
de la lucha armada y olvidada por el general Calles. Las dotaciones de tierra a los
campesinos y el uso renovado de la figura de los ejidos, serían en el primer paso en la
definición de una política agrícola, basada en los campesinos.
Ya desde su
época, como gobernador, Cárdenas contravino las órdenes de Calles y continuó el
reparto de tierras de los latifundistas, no en balde el sector primario, fue durante la
primera mitad del Siglo XX, el más productivo y el que impulsó y financió al sector
industrial.
La posición del
Gobierno Cardenista ante los sucesos internacionales de la época fue inequívoca, el
respeto a la soberanía nacional no se limitaba a la defensa de México, sino también a
la de otros países que se vieron atacados por potencias extranjeras, tal fue el caso de
la invasión de Mu- ssolini a Etiopía en 1935, donde el Gobierno mexicano lo condenó
enérgicamente.
La misma actitud
de respeto y defensa de la voluntad popular la desplegó cuando el usurpador y golpista
Francisco Franco violentó el orden constitucional de la República Española, durante la
guerra civil y posteriormente al acoger al gobierno republicano de España en el exilio la
política exterior mexicana fue congruente y soberana.
Del asilo
brindado a los refugiados españoles surgiría una valiosa aportación a las letras, las
humanidades y las ciencias mexicanas, ya que el conocimiento y la enseñanza que
ejercieron los profesores en el exilio nutrió a la Universidad Nacional Autónoma de
México, formó la casa de España, que luego sería el Colegio de México y dio una
enorme transferencia de inteligencia y recursos humanos a la investigación en México.
De esta manera
los nombres de León Felipe, Wenceslao Roses, José Medina Echavarría, siempre estarán
vinculados al del general Cárdenas, a quien rendimos homenaje en su XXXII aniversario de
fallecimiento.
Puede concluirse
que uno los aciertos en materia de política exterior del general Cárdenas, fue la
posición humanitaria que mostró ante los perseguidos políticos que siempre hallaron
casa, amigos, trabajo y asilo en México.
Alguno de ellos,
famosos como Trotsky, otros humildes e inocentes pero acosados, como los niños
españoles, mejor conocidos como los Niños de Morelia, que ante el terror de la Guerra
Civil Española encontraron una segunda patria y un benefactor en el general Cárdenas.
Fue en 1938
cuando el gobierno cardenista enfrentó a los esclavos extranjeros. En marzo de ese año,
tras un conflicto que se había prolongado desde 1936, a propósito de un contrato
colectivo de trabajo, el Presidente decidió expropiar la industria petrolera, tomó esa
decisión porque sería favorable la situación internacional que mantenía a Estados
Unidos pendiente del pleiro fascista, como la interna, el apoyo enorme y entusiasta que
tiene en ese momento entre los sectores populares.
La temprana
adhesión, a los 18 años de Lázaro Cárdenas, a las fuerzas constitucionalistas,
templaron su carácter y afianzaron sus principios políticos. La reputación de hombre
honesto y progresista lo acompañó a lo largo de su vida pública, desde sus inicios como
jefe de operaciones en Veracruz y Michoacán, gobernador de ese estado, presidente del
Partido Nacional Revolucionario, Secretario de Guerra y Presidente de la República.
Además de que el general Cárdenas, el cual sigue siendo recordado con profundo afecto
por su pueblo, al grado que en su natal Michoacán, los habitantes aún lo llaman
“Tata Lázaro”, en recuerdo del primer obispo de Michoacán y humanista Vasco de
Quiróga.
El proceso de
consolidación de la revolución fue largo y sinuoso, la estructuración del sistema
político y social mexicano, una de las tareas a las cuales se abocó el presidente
Cárdenas.
En 1940 al dejar
la Presidencia y tomar el cargo el general Avila Camacho, las estructuras centrales del
nuevo sistema habían tomado forma y consistencia. Las bases sólidas y las decisiones
audaces e inteligentes que tomó el general, se vieron ratificadas por un lado cuando en
las décadas posteriores predominó una notable estabilidad política y por el otro un
ritmo veloz de crecimiento y diversificación de la economía.
Gracias, es
cuanto.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado Melitón Morales Sánchez, del Partido
Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado J. Melitón Morales
Sánchez:
El tema es,
Lázaro Cárdenas, el tiempo, cinco minutos. El Poder Ejecutivo Federal es ayuno de la
historia patria, su proclamada condición de hombre de negocios lo impele a propiciar el
trastocamiento de nuestra evolución histórica y sus protagonistas estelares.
Qué actos
relevantes enfatizar para rendir homenaje a su grandeza, aquí algunos: la expropiación y
nacionalización de la industria petrolera, sin duda, el segundo grito de independencia de
México, es decir, el de su independencia económica.
El vigoroso
impulso a la reforma agraria, para responder a la demanda fundamental de los campesinos
que hicieron, con obreros y maestros, la Revolución de 1910, pues con el reparto de 30
millones de hectáreas, Lázaro Cárdenas fincó las bases de la modernidad y el
desarrollo económico, con objetivos de justicia social.
La creación de
la Comisión Federal de Electricidad, para cimentar la industrialización y el progreso
autónomo.
El nacimiento
del Instituto Politécnico Nacional, para formar científicos y técnicos que el país
requería y requiere, también la creación del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, para esclarecer y consolidar el conocimiento de ser pueblo libre, soberano e
independiente.
El desarrollo de
la política exterior mexicana, estrictamente sustentada en los principios
constitucionales. La resolución de abrir las puertas de México a los perseguidos por la
saña del fascismo franquista, 500 niños y más de 40 mil integrantes de familias de la
España torturada, constituyeron, entre otras, una corriente migratoria positiva, porque
enriqueció con laboriosidad, ciencia y cultura, la vida de la patria nuestra.
La defensa
inflexible que hizo de la revolución cubana, agredida por los mercenarios, que apoyados
por el gobierno imperial de Estados Unidos, llegaron a Bahía de Cochinos, para pagar caro
la infamia de su aventura.
Resalta su
auténtica e infinita sencillez, para tratar y departir bajo la sombra de un árbol con
los campesinos, a fin de aliviar el dolor de su miseria, encauzando su organización y
esfuerzo de redención, individual y colectiva, con el nacimiento de la Confederación
Nacional Campesina y en cuanto a obreros la Confederación de Trabajadores de México,
para objetivos de lucha clasista, defensa intransingente del patrimonio nacional y
acrecentamiento de nuestra cultura, mediante la impartición de una efectiva educación
científica en las escuelas del pueblo.
El general no
sólo aceptó, sino que buscó la relación con los diversos prohombres de su tiempo, como
el poblano Vicente Lombardo Toledano, cuya obra y pensamiento, se entrelazan y reflejan en
el pensamiento y obra del gigante, que nació en Jiquilpan de Juárez, el 21 de mayo de
1895 y murió el 19 de octubre de 1970, siempre al servicio de las mejores causas de
México.
Es difícil
centrar el examen y el homenaje al joven tipógrafo y tolerante recaudador de rentas; al
revolucionario recto, al gobernante estadista y al militar pundonoroso del que refiero un
hecho histórico:
El horror de la
Segunda Guerra Mundial generó tragedias para todos los países en ella participantes y
condiciones muy delicadas para México. Para la defensa de nuestro territorio se
establecieron tres comandos militares de gran importancia en las regiones del Pacífico,
del Golfo y del Istmo de Tehuantepec. El general Lázaro Cárdenas, nombrado comandante
para la del Pacífico, estableció originalmente su cuartel en la ciudad de Ensenada,
donde al arribar se enteró que elementos de las tropas armadas norteamericanas se habían
internado a nuestro país por el territorio norte de Baja California. La situación era
grave y delicada.
Fue el mayor
Arturo Dávila Caballero, quien al mando de un destacamento de tropas mexicanas, encontró
a las norteamericanas y de manera comedida, pero enérgica, las llevó de regreso hasta la
frontera de su país. Con ello, una vez más, el Ejército mexicano y Lázaro Cárdenas,
ratificaron el honor de su vocación para defender el honor de México.
Para concluir
destaco: entre sus atributos, el de la congruencia, por cierto tan escasa en estos tiempos
de liberalismo rampante; congruencia en el orden político y social significa acoplar lo
que se piensa con lo que se dice y lo que se dice con lo que se hace. También lograr que
el compromiso de las acciones de ayer no contradigan a las de hoy ni las de hoy riñan con
las de mañana.
Por eso, en
estos tiempos de doblez e intencionado distanciamiento de la historia, resalta la Orden
Cívica de Lázaro Cárdenas: "contra la patria nadie, por la patria todos".
Muchas gracias,
señor Presidente.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
SESION
SOLEMNE
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
El siguiente
punto es comunicación de la Conferencia para la Programación.
Tiene la palabra
el Secretario Dorador.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos.
Acuerdo de la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo a la
celebración de una sesión de Congreso General en la que se recibirá a SS. MM. los Reyes
de España.
La Conferencia
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con fundamento en el
artículo 37 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al
tenor de los siguientes
CONSIDERANDOS
I. Que en
términos del artículo 37 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicano, la Conferencia es el órgano en donde confluyen la Presidencia de la Mesa
Directiva y los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
II. Que de
conformidad con el artículo 22, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la Mesa Directiva tiene la representación
protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.
III. Que en
reunión celebrada por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos, el día 24 de octubre de 2002, la Presidencia de la Mesa Directiva informó
sobre la solicitud para que los Reyes de España visiten el 18 de noviembre la Cámara de
Diputados y se lleve a cabo una Sesión Solemne de Congreso General. Que en la misma
reunión, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos
expresó su beneplácito y acuerdo favorable a esta posibilidad.
IV. Que en la
reunión de referencia, la Presidencia consultó a los integrantes de la Junta de
Coordinación Política sobre el posible formato para la realización de la sesión de
Congreso General, sugiriéndose pudiese ser una sesión de Congreso General en la que
hubiere una intervención por cada uno de los grupos parlamentarios y la intervención de
SS Rey Don Juan Carlos I de España. La Presidencia de la Conferencia se abocó a realizar
consultas pertinentes sobre el programa de la Sesión de Congreso General.
V. Por tratarse
de una Sesión de Congreso General, se realizaron consultas con el Senado de la República
sobre el programa de la misma y de conformidad con la diplomacia parlamentaria, se
recogió la opinión de la Embajada de España sobre el programa de referencia.
VI. Que el
Senado de la República, en documento de fecha 28 de octubre de 2002, expresó la
respetuosa sugerencia para que el Programa de la Sesión de Congreso General tuviese un
solo orador por parte del Congreso General y la intervención del distinguido invitado
especial.
VII. Que
derivado de las consultas realizadas, la Presidencia de la Conferencia sometió a
consideración de los integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de
los Trabajos Legislativos el siguiente proyecto de programa para la visita de SS. MM. los
Reyes de España, Don Juan Carlos I de España y Doña Sofía de Grecia:
1. Arribo de SS.
MM. los Reyes de España, Don Juan Carlos I de España y Doña Sofía de Grecia.
2. Reunión con
los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
3. Arribo al
salón de sesiones.
•
Intervención de la Presidencia del Congreso de la Unión.
•
Intervención del Rey Don Juan Carlos I de España.
4. Fin de la
sesión.
Almuerzo que
ofrecen los órganos de Gobierno del Congreso de la Unión a SS. MM. los Reyes de España,
Don Juan Carlos I de España y Doña Sofía de Grecia.
VIII. Que el
programa de la sesión de Congreso General recogió la aprobación de los grupos
parlamentarios del PRI, PAN, PVEM y PT y la objeción del grupo parlamentario del PRD,
quien insistió en que se integrara la participación de un representante de cada grupo
parlamentario, reiterando, no obstante, su disposición para la realización de la sesión
solemne.
IX. Que resulta
apremiante iniciar los preparativos de la multicitada Sesión Solemne de Congreso General.
Expuestos los
considerandos anteriores, se adopta el siguiente:
ACUERDO
Primero. Se convoque a una Sesión Solemne de
Congreso General para el 18 de noviembre de 2002, a las 13:00 horas, con el propósito de
recibir a sus SS. MM. los Reyes de España, Don Juan Carlos I de España y Doña Sofía de
Grecia.
Segundo. Las actividades del Programa de SS. MM.
los Reyes de España, Don Juan Carlos I de España y Doña Sofía de Grecia se
corresponderán a lo señalado en el inciso VII de los considerandos.
Tercero. El orden del día para la sesión de
Congreso General será el siguiente:
1. Designación
de la Comisión de Cortesía para recibir a SS. MM. los Reyes de España.
2. Mensaje de la
Presidenta del honorable Congreso de la Unión.
3. Mensaje del
Rey Don Juan Carlos I de España.
4. Acta de la
Sesión Solemne.
5. Clausura de
la Sesión Solemne.
Cuarto. Comuníquese al Senado de la República
para los efectos conducentes.
Dado en el
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2002.— Diputados: Beatriz Paredes Rangel, Presidenta; Martí Batres Guadarrama, presidente de la Junta
de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; Rafael Rodríguez Barrera,
coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Felipe Calderón Hinojosa, coordinador del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional; Bernardo
de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México y Alberto Anaya Gutiérrez,
coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias.
Está a
consideración la comunicación de la conferencia.
Para fundamentar
su voto, el diputado Martí Batres.
El
diputado Martí Batres Guadarrama:
Con su permiso,
señora Presidenta:
En relación con
la visita de los Reyes de España a este recinto legislativo y a una sesión solemne del
Congreso de la Unión, quiero manifestar en primer lugar que el grupo parlamentario del
PRD, como en otras ocasiones, será hospitalario con nuestros visitantes y tendrá una
actitud de cortesía que debe regir en este tipo de encuentros, en estos eventos; por lo
demás, tendríamos muchos elementos para valorar muchas acciones positivas que en la
historia han jugado los Reyes de España, particularmente en lo que fue la transición a
la democracia después de la caída del "franquismo".
Nos parece, sin
embargo, que estamos ante una nueva ocasión, una segunda ocasión en la que se da un
formato restrictivo que censura las opiniones de los grupos parlamentarios. Así ocurrió
con la visita de Koffi Annan, Secretario General de la ONU, en la que se nos dijo que no
tenía tiempo y que no era posible que hablaran los grupos parlamentarios y que además
había otra Cámara que no tenía una opinión favorable a un formato en el que
intervinieran los grupos parlamentarios. Ahora se plantea que haya una recepción a los
Reyes de España sin que puedan intervenir los grupos parlamentarios en dicha recepción.
Nos preocupa que
en una época en la que debería profundizarse la transición a la democracia, ocurran
más bien retrocesos en este Congreso de la Unión.
Nos parece que
no es congruente sostener una crítica a los resabios autoritarios que quedan en otros
poderes del estado y que sin embargo aquí mismo, en la Cámara de Diputados y en el
Congreso de la Unión, ocurran retrocesos.
En la pasada
legislatura según consta en el Diario de los Debates, en la copia del Diario de los
Debates que tenemos, durante la visita del Presidente de Francia, Jacques Chirac,
intervinieron legisladores del PAN, Carlos Medina Plascencia; del PRD, Porfirio Muñoz
Ledo y del PRI, María de los Angeles Moreno, así como el propio presidente de Francia.
Esto ocurrió el 12 de noviembre de 1998 en este mismo recinto y fueron intervenciones
extraordinarias de los legisladores, que fueron muy comentadas, por supuesto muy
respetuosas pero también con elementos muy importantes para el debate mundial.
Aquí mismo ya
en esta LVIII Legislatura, el 4 de diciembre de 2000, acudió el Presidente de la
República de Chile, Ricardo Lagos. También en aquella ocasión intervinieron
legisladores de los diversos grupos parlamentarios José Narro Céspedes, del Partido del
Trabajo; María Teresa Campoy Ruys Sánchez, del Partido Verde; el de la voz por parte del
PRD; Fernando Margáin, del PAN y Rafael Rodríguez Barrera, del PRI, en una recepción
muy emotiva en la que también intervino el Presidente de la República de Chile.
Posteriormente a
los acontecimientos del 11 de septiembre, se ha pretendido ponerle una mordaza a este
Congreso de la Unión, en eventos donde acuden visitantes internacionales.
Tal parece que
se pretendiera que no se hable de los asuntos internacionales, que no se pueda dar un
debate, que no pueda haber ideas, que no hablen los grupos parlamentarios y nos parece que
esto es un retroceso y no quisiéramos dejarlo pasar de lado.
A la cita del 18
de noviembre acudiremos los legisladores del PRD con todo respeto y con la solemnidad que
merece una Sesión Solemne como la que se está proponiendo en este momento. Pero también
señalamos que ésta es la segunda vez que se da un retroceso para impedir que
legisladores de los diversos grupos parlamentarios de un Congreso de la Unión que es
plural, expresen su voz y puedan dar la bienvenida a nuestros visitantes internacionales
con las ideas que está tanto reclamando el mundo de nuestro tiempo.
Muchas gracias,
por su atención.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias,
diputado Batres.
El diputado
Carlos Ramírez Marín, para fundamentar su voto.
El
diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:
Con su permiso,
señora Presidenta; señores diputados:
Para la
fracción parlamentaria del PRI, la visita de sus majestades de España a nuestro recinto,
es no solamente un acto protocolario, es el acto de la representación de un estado
visitando, cumplimentando a uno de los poderes de otro estado.
Para nosotros no
se inscribe solamente en el hecho de celebrar la visita de una personalidad. Por eso
quizá para no-sotros no tiene importancia sobre quién puedan centrarse las candilejas o
quién pueda absorber los reflectores. Lo más importante es que desde esa representación
de estado, la Cámara dará una respuesta en los términos de poder de nuestro país, a la
visita de un representante extranjero.
Por eso, aunque
no hubiera sido nuestra intención y mucho menos nuestra complacencia aceptamos los
términos en los que esta visita se realizará.
Solicitamos,
como otros grupos parlamentarios, tener la oportunidad de intervenir a nombre de nuestra
fracción y ser escuchados, pero estamos absolutamente conscientes de que primero es la
responsabilidad del estado, en este caso de uno de sus poderes, la Cámara de Diputados y
más allá, de una sesión solemne de Congreso, es decir, la Cámara de Senadores y
Diputados, representando no a nuestras fracciones, sino a todo el país.
La ley designa
claramente esa representación y para noso-tros es fundamental que sea el estado mexicano,
que sea nuestro país el que sea escuchado.
Por supuesto nos
parece que hubiera sido apropiado que se escuchara a las fracciones parlamentarias por la
visión y el matiz que cada una tiene y que siempre ha enriquecido a esta Cámara y que ha
enriquecido y enaltecido las visitas de otros dignatarios. Más caballeros diputados y
diputadas, lo importante aquí es la imposición de una cortesía, que no debe ser
imposición, que debe ser una concesión, una correspondencia, una comprensión a la
visita de un dignatario cuyos tiempos, cuyos espacios o cuyo formato de costumbre no
permitan, no acepten o simplemente no pueda darse la representación particular de cada
fracción.
No lo vemos en
ningún caso como pérdida ni mucho menos lo vemos como mordaza. No hemos sentido que se
le niegue el poder al estado mexicano; no hemos sentido que se le niegue voz al Congreso
de la nación. La voz la tendrá quien lo represente institucionalmente y eso para
nosotros es lo más valioso.
Por eso habrá
una junta de Coordinación Política ex profeso para recibir a este mandatario y si
lamentaremos acabo que no podremos estar los 500, es verdad que en esa reunión
seguramente tendrá voz las fracciones.
Creo y por
supuesto no esperábamos otra cosa como parte de la responsabilidad del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática siempre ha demostrado, nos unimos
a ese espíritu de nobleza, de enaltecimiento para estar aquí con sus majestades de
España, representando al Poder Español para estar solemnemente y comportándonos a la
altura.
No hay alteza ni
más grandeza superior a la generosidad. Hoy, como miembros del Congreso, seamos generosos
recibiendo un dignatario y generosos oyendo la representación institucional de la
Cámara.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Tiene la palabra el diputado Felipe Calderón, a nombre del grupo
parlamentario de Acción Nacional, para fundamentar su voto.
El diputado Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa:
Gracias, señora
diputada; compañeras y compañeros legisladores:
Recuerdo con
afecto a mi querido amigo y maestro Carlos Castillo Peraza, que a propósito de muchas
cosas citaba a un autor que tenía una máxima que decía: "ninguna cosa buena que
hagas quedará impune" y hace referencia a cierto afán humano de que las cosas
valiosas siempre tendrán alguna manera de revertirlas o denigrarlas.
Yo, honestamente
pienso que es un motivo de gusto, de satisfacción, que un Congreso como el Congreso
mexicano, reciba la visita diplomática de un Jefe de Estado de cualquier país. Es un
gesto de atención y de respeto, máxime que usualmente se transforma en un evento donde
se recibe un mensaje, un saludo que se hace a nombre de un pueblo a otro pueblo. Es una
regla elemental de la humanidad y de la diplomacia hablarse de estado a estado y de pueblo
a pueblo y lo que hay aquí es precisamente eso, un acto, que coincido no es sólo
protocolario pero es medularmente protocolario, donde el Jefe del Estado español,
olvídense ustedes del dato si es o no Rey no es un punto que juzguemos ni nos interesa
juzgar a nadie, el jefe de estado español a nombre del pueblo pide, solicita visitar y
saludar al pueblo de México por conducto de su Congreso.
Y lo que hay es
en la relación entre Estados reglas diplomáticas, protocolos. ¿Qué son los protocolos?
Son las reglas básicas de comunicación que hay entre dos ámbitos distintos. Hay no
sólo protocolo entre Estados, hay protocolos entre poderes. Es más, este hecho de que
hablen los grupos parlamentarios en determinados eventos protocolarios nuestros, es
también una regla discrecional. ¿Por qué? Porque entendemos que por el hecho que hable
un representante de los grupos parlamentarios o de los partidos se cancela el derecho de
todos los demás diputados. Pudiera ser una interpretación, pero no es así. Han hablado
incluso partidos políticos representados dignamente por un diputado, José Manuel del
Río y partidos que tienen 206 ó 207 representaciones de bancada donde sólo habla un
diputado y eso obedece a un convencionalismo también protocolario entre poderes.
De tal manera
que eso tampoco es ni puede entenderse como una mordaza. Pero un protocolo entre Estados
establece las reglas en que se comunican dos ámbitos y dos pueblos y las reglas
protocolarias son el secreto, la clave, de la diplomacia desde tiempos inveterados.
Ahora bien, para
llevar adelante un evento protocolario que es la visita de un Jefe de Estado a un
parlamento se sigue la regla de que se ponen por mutuo acuerdo las bases en que se
desarrolla ese evento y no desdora ni mucho menos el que este Congreso de la Unión
acuerde una base sensata, elemental y usual incluso en muchos parlamentos, de que hable el
visitante, el Jefe de Estado y se le responda con la representación del poder, quien
presida la Cámara y quien preside el Congreso.
No veamos
verdaderamente moros con tranchete. Creo que es un acto solemne, sobrio, republicano, en
que un poder, el poder representativo del pueblo de México, recibe el saludo y responde
al Jefe de Estado de otra nación cercana a la nuestra y donde no hay, ni siquiera se
presenta como una cuestión entre partidos o parlamentarios, porque no viene el Jefe de
Gobierno por cierto, no viene el presidente de España, que a su vez es parlamentario en
el régimen aquél. No se trata de un diálogo entre fracciones o partidos, sino una
representación y un saludo que honra a México y pienso que honra a España, donde el
Congreso de la Unión atiende, vigila, observa, obsequia, reglas protocolarias elementales
que son convenidas de mutuo acuerdo y que habla bien de quien las celebra.
Nosotros creemos
que será un acto digno, que será bueno para México, es lo que vemos en este gesto y
lamentamos que haya percepciones, que respetamos pero que definitivamente no compartimos.
Nosotros
aspiramos que México y quienes lo representamos tengamos en el futuro visiones de Estado.
Creo que una visión de estado también supera con mucho en su mirar lo que son estas
susceptibilidades, tal vez entendibles, pero que definitivamente no corresponden a la
realidad que se votará en este momento.
Muchas gracias.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Para ilustrar a
la Secretaría, ruego dé lectura a comunicaciones de la Mesa Directiva del Senado.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII
Legislatura.— Mesa Directiva.
Ciudadanos
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito
informar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó el siguiente acuerdo
de la Mesa Directiva:
Unico. La Cámara de Senadores acuerda participar
en la Sesión Solemne de Congreso General que se realizará el día 18 de noviembre de
2002, a las 13:00 horas, para recibir la visita de los Reyes de España Don Juan Carlos de
Borbón y Doña Sofía de Grecia.
Atentamente.
México, DF, a
17 de octubre de 2002.— Senador Carlos Chaurand
Arzate, Vicepresidente en funciones.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII
Legislatura.— Mesa Directiva.
Diputada Beatriz
Paredes Rangel, Presidenta de la Cámara de Diputados.— Presente.
Señora
Presidenta: informo a usted que la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en su
reunión celebrada el 24 de octubre del año en curso, acordó proponer a la Cámara de
Diputados, que en la Sesión Solemne de Congreso General del 18 de noviembre próximo, en
la que se recibirá la visita de los Reyes de España, las intervenciones que haya en
dicha sesión sean únicamente la de la Presidenta del Congreso de la Unión y la de su
Majestad, Don Juan Carlos de Borbón.
Sin otro
particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente.
México, DF, a
17 de octubre de 2002.— Senador Carlos Chaurand
Arzate, Vicepresidente en funciones.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias.
Proceda la
Secretaría a consultar en votación económica si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
Los vamos a
votar en orden, cada punto de acuerdo en votación económica. Le da usted lectura al
primero y lo somete a votación, al segundo, lo somete a votación; al tercero, lo somete
en votación y al cuarto y lo somete a votación.
Primero consulte
si se encuentra suficientemente discutido.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Por
instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el
asunto se considera suficientemente discutido.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Suficientemente
discutido.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Acuerdo
Primero. Se convoque a una Sesión Solemne de
Congreso General para el 18 de noviembre de 2002 a las 13:00 horas, con el propósito de
recibir a sus majestades los Reyes de España, Don Juan Carlos I de España y Doña Sofía
de Grecia.
Por
instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se
aprueba.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobado por unanimidad.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Segundo. Las actividades del programa de sus
majestades los Reyes de España, Don Juan Carlos I de España y Doña Sofía de Grecia, se
corresponderán a lo señalado en el inciso VIIo de los considerandos.
Igualmente, en
votación económica se consulta si se aprueba.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobado por mayoría.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Tercero. El orden del día para la sesión de
Congreso General, será el siguiente:
1o. Designación
de la comisión de cortesía, para recibir a sus majestades los Reyes de España.
2o. Mensaje de
la Presidenta del honorable Congreso de la Unión.
3o. Mensaje del
Rey Don Juan Carlos I de España.
4o. Acta de la
Sesión Solemne.
5o. Clausura de
la Sesión Solemne.
En votación
económica se consulta a la Asamblea si se aprueba.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobado por mayoría.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Cuarto. Comuníquese al Senado de la República
para los efectos conducentes.
Se consulta a la
Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Aprobado por mayoría.
Comuníquese al Senado de la
República y a la Embajada de España en México.
HURACAN
KENNA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Pasando al
siguiente punto del orden del día, que es el de proposiciones, la Junta de Coordinación
Política nos ha hecho solicitud para que la Secretaría dé lectura a un punto de acuerdo
de los grupos parlamentarios Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la
Revolución Democrática, del Verde Ecologista y del Partido del Trabajo, en torno a una
proposición con punto de acuerdo en relación a los desastres ocasionados por el huracán
“Kenna” en diversos estados del país.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Junta de
Coordinación Política.
Acuerdo de la
Junta de Coordinación Política, con relación a la problemática que están padeciendo
diversos municipios de los estados de Jalisco y Nayarit, por el paso del huracán
“Kenna”.
La Junta de
Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con las siguientes
CONSIDERACIONES
1. Este año ha
sido particularmente negativo para determinadas zonas del país por el azote de fenómenos
naturales como lo son los huracanes, no ha terminado la época en la que se presentan
dichos fenómenos y sin embargo los daños ya son muy cuantiosos.
2.
Desafortunadamente en éste como en otros casos, a la desgracia de la pobreza tenemos que
añadirle la de la pérdida total de los que tienen las familias más desprotegidas, en
los municipios donde se han presentado estos fenómenos hidrometeorológicos.
3. Se reconoce
que se ha avanzado en la prevención y cuidado a la población civil evitando en la medida
de lo posible la pérdida de vidas humanas; sin embargo esto debe ir acompañado de una
pronta respuesta para la reconstrucción y la normalización de la vida en estas zonas.
Por lo
anteriormente expuesto y fundado, se propone como de urgente y obvia resolución, el
siguiente
ACUERDO
Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que
se declare zona de desastre los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán,
Zihuatlán, La Huerta, Mascota, Talpa de Allende y San Sebastián de Oeste del estado de
Jalisco, así como los municipios de San Blas, Santiago Ixtehuintla, Compostela, Tuxpan,
Ruiz Ruiz, Rosa Morada, Acaponeta y Tecuala del estado de Nayarit, mismos que fueron
dañados por el huracán “Kenna”, proveyendo los dispositivos fiscales y
económicos que deriven de dicha declaratoria.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de
Gobernación se agilicen los recursos del apoyo del Fonden, para los municipios de Jalisco
y Nayarit dañados por el paso del huracán “Kenna”, con la finalidad de apoyar
la compra de alimentos, cobijas, medicinas, ropa y agua para la población damnificada
así como material para la construcción de viviendas dañadas y para apoyar la
recuperación económica por las pérdidas en los cultivos agrícolas motivados por el
siniestro.
Tercero. Debido a que ha sido una locación
turística se afectó la ocupación hotelera y gastronómica, se exhorte al Fondo Nacional
de Fomento Turístico (Fonatur) para que dicho fideicomiso apoye el restablecimiento de
las zonas siniestradas.
Cuarto. En el caso específico de Puerto Vallarta,
Jalisco, se manifiesta expresamente por las secretarías de Gobernación, Turismo y
Comunicaciones y Transportes, que dicho centro turístico resulta viable para seguir
operando y por ello, se exhorta a la Secretaría de Turismo a fin de que con fondos del
consejo de promoción turística de México despliegue de inmediato una campaña emergente
de publicidad que difunda la viabilidad y operación plena de Puerto Vallarta como destino
turístico de calidad y apoye así a mantener la atracción turística propia de esta
temporada alta que resulta fundamental para la economía del municipio y su región.
Quinto. Se solicite un informe al Ejecutivo
Federal respecto al cumplimiento del punto de acuerdo.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 29 de octubre de 2002.— Diputados: Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Junta de
Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del PRD, rúbrica; Rafael Rodríguez
Barrera, coordinador del grupo parlamentario del PRI; Felipe Calderón Hinojosa, coordinador del grupo
parlamentario del PAN; Bernardo de la Garza Herrera,
coordinador del grupo parlamentario del Verde Ecologista; Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo
parlamentario del PT.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias,
diputada.
Consulte la
Secretaría, en votación económica, si se considera de urgente resolución el punto de
acuerdo.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Por
instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea si se considera de urgente
resolución el punto de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Se considera de urgente y obvia
resolución.
En consecuencia,
se abre el registro de oradores. Para fijar posiciones a nombre de su grupo parlamentario,
han solicitado hacer uso de la palabra, los diputados: José Antonio Magallanes
Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD; Humberto Muñoz Vargas, del grupo
parlamentario de Acción Nacional y Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del
PRI.
La diputada
Riojas… sí, diputada Riojas.
Activen el
sonido en la curul de la diputada Riojas.
La diputada Norma Patricia Riojas Santana (desde
su curul):
Sí, señora
Presidenta. Con el debido respeto, yo no sé si podría solicitarlo pero a Sociedad
Nacionalista le gustaría estar incluido en este punto de acuerdo.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
¿Quisiera usted
firmar el punto de acuerdo?
La diputada Norma Patricia Riojas Santana (desde
su curul):
Sí, gracias
señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se lo llevamos
en este momento diputada. Se consigna la firma de la diputada Norma Riojas en apoyo al
punto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo
parlamentario del PRD, hasta por 10 minutos para fijar posición.
El diputado José Antonio Magallanes
Rodríguez:
Con su permiso
señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
En Puerto
Vallarta, San Blas, Cabo Corriente, entre otros municipios de Jalisco y Nayarit, se alejó
el huracán “Kenna” pero inicia una realidad desgarradora y desesperante de sus
habitantes afectados.
De acuerdo con
estimaciones todavía preliminares, los daños causados por el huracán “Kenna”
en los estados de Jalisco y Nayarit podrían ascender a 650 millones de pesos
considerando, primero, que en el caso de Jalisco, los municipios de Puerto Vallarta,
Tomatlán, La Huerta, Cabo Corrientes, Zihuatlán, entre otros, fueron los más afectados
y deberán ser declarados como zonas de desastre.
Que el Gobierno
Federal ha anunciado que el Fonden cuenta con recursos suficientes para hacer frente al
apoyo de las familias afectadas; que en algunos municipios como es el caso de Puerto
Vallarta la destrucción no sólo afectó a la población, sino también al sector de
comercio y al sector turístico que fueron gravemente lesionados.
Que a manera de
ejemplo, mientras que en Cabo Corrientes la desgracia cayó sobre la población civil, en
Puerto Vallarta cayó sobre los negocios en donde 10 hoteles fueron afectados, así como
el 50% de los comercios particularmente de la gastronomía. Que ante esta situación la
ayuda que el Gobierno Federal ha instrumentado a las zonas de desastre, no debe limitarse
a la entrega de despensas y láminas para la reconstrucción de hogares; el esquema de
ayuda en el caso de Puerto Vallarta debe incluir de acciones conjuntas entre la
Secretaría de Hacienda, Sedesol, el Fondo Nacional de Turismo, para que se incluyan
apoyos fiscales, financiamientos a comercios y negocios así como programas de empleo
temporal que permitan reconstruir la infraestructura turística dañada y con ello
recuperar los empleos perdidos.
La fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática a través del de la voz y por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78 fracción III de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 179 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General solicitamos a la Presidencia de la Mesa Directiva
que someta a la consideración de este pleno, los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Que en forma
inmediata se declare toda la zona de Jalisco y Nayarit como zona de desastre; que se
agilicen los fondos correspondientes al fondo financiero que está destinado en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, conocido como el Fonden.
Que el Fondo
Nacional de Turismo establezca de inmediato un fideicomiso para que aporte el Gobierno
Federal y los sectores correspondientes los apoyos financieros para que pueda
restablecerse en forma inmediata la zona hotelera, gastronómica y comercial.
Que también el
Fonatur y los gobiernos correspondientes formen una comisión con esta Cámara de
Diputados para hacer una evaluación de los daños así como también mantener la
publicidad en el territorio nacional e internacional, para que el turismo no deje de
atender estos puertos.
Y por último,
que también se incluya, si es posible y de acuerdo a este pleno, que también se evalúe
la posibilidad de que el Gobierno Federal aplique el 39 del Código Fiscal de la
Federación para hacer esta zona de exención de impuestos de carácter federal, para
coadyuvar a que se restablezca el comercio y la industria que está seriamente da- ñada.
Es cuanto,
señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Tiene la palabra el diputado Humberto Muñoz Vargas, del grupo parlamentario
de Acción Nacional, hasta por 10 minutos.
El diputado Humberto Muñoz Vargas:
Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
El grupo
parlamentario de Acción Nacional expresa su posición respecto a los acontecimientos
ocurridos en los municipios de Puerto Vallarta, Zihuatlán, La Huerta, Tomatlán y Cabo
Corrientes, en el estado de Jalisco, tras el impacto del huracán “Kenna”.
Para el Partido
Acción Nacional la solidaridad es uno de sus principios de doctrina, por tal virtud hoy
en ésta, la más alta tribuna de la nación, solicitamos al Gobierno Federal el que sea
declarada zona de desastre los municipios antes citados, tras el devastador paso del
huracán “Kenna” por diversas entidades federativas, entre ellas nuestro estado
de Jalisco y el de Nayarit, donde se presentaron graves daños a la infraestructura
productiva, turística, de servicios y en ciertas zonas habitacionales, así como en el
agro, en el campo jalisciense y nayarita. En estos municipios se han registrado una
cantidad sumamente importante, muy difícil de cuantificar en estos momentos, de pérdidas
económicas, afortunadamente sin ninguna pérdida de vidas humanas.
El Gobierno
Federal, el gobierno del estado de Jalisco y los gobiernos municipales han asumido su
responsabilidad institucional, han participado y respondido en consecuencia ante la
emergencia y el desastre de manera responsable y coordinada, en las tareas de prevención
y mitigación de los efectos ocasionados por el paso de este meteoro, con acciones
tendientes a la atención de las necesidades prioritarias de la población,
particularmente en materia de protección a la vida, salud, atención médica, vestido,
albergue temporal, restablecimiento de vías de comunicación y reanudación del servicio
eléctrico, entre otras.
Sabedores de que
tras las enormes cifras de destrucción se encuentran rostros e historias que sufren y
esperan el apoyo que sólo el Gobierno Federal les puede brindar, en este sentido
reiteramos la imperiosa necesidad de que se declare la zona de desastre en los municipios
ya citados del estado de Jalisco y en el estado de Nayarit, para que a la mayor brevedad
posible sean aplicados de manera inmediata a los trabajos de reconstrucción los recursos
del Fondo de Desastres Naturales, del Fonden, que permitan reactivar las principales
actividades económicas y generadoras de empleo y de divisas en las zonas siniestradas.
Asimismo, es
importante el obtener a través de las distintas secretarías y programas del Gobierno
Federal, los recursos necesarios para apoyar a las pequeñas y medianas empresas que se
vieron totalmente dañadas, buscando con esto que no se afecte la planta productiva de
dichos municipios, particularmente en Puerto Vallarta, mi municipio, donde nuestra
actividad económica, principal actividad económica, es el turismo y donde está a punto
de iniciar la llamada temporada alta que da vida económica al municipio y a la región,
donde se tiene en el muy corto plazo, eventos programados de talla nacional e
internacional, razón por la cual solicito, de manera urgente, las acciones que deben ser
puestas en marcha, consistentes en una serie de medidas y apoyos que deben brindar las
secretarías de estado, especialmente las de Hacienda y las de Turismo.
Las de turismo a
fin de apoyar a la golpeada industria hotelera y de prestación de servicios con campañas
de promoción turística que permitan dar a conocer a nuestro país y al mundo, que Puerto
Vallarta sigue en pie y sigue en firme para atender como siempre a nuestros visitantes.
Ciertamente el
huracán “Kenna” nos ha afectado con daños físicos importantes pero no nos ha
arrebatado esa hospitalidad propia de los vallartenses, propia de los jaliscienses.
A la Secretaría
de Hacienda para que apoye con medidas fiscales que contribuyan, en la medida de lo
posible para poder apoyar a esas empresas que fueron severamente afectadas con pagos
diferidos de impuestos como se ha planteado ya en otros estados del país.
Así, como a la
Secretaría de la Contraloría a fin de que dispense y le solicitamos lo haga, tanto a las
instancias de gobierno correspondientes como a los ayuntamientos respectivos, de la
realización de los trámites ordinarios que tienen que realizar para lograr, a la mayor
brevedad posible, la reconstrucción de las zonas afectadas.
Por lo
anteriormente expuesto, el suscrito diputado federal de la LVIII Legislatura de la Cámara
de Diputados y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, solicito el
que sea declarada zona de desastre, los municipios afectados en Jalisco y Nayarit y fluyan
de manera inmediata los recursos económicos del Fonden.
Muchas gracias.
La Presidenta dipuada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Salvador Cosío Gaona para fijar posición a
nombre del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Salvador Cosío Gaona:
Con la venia de
la Presidencia; compañeros y compañeras diputados:
Cada año, cada
año y de acuerdo a nuestra posición geográfica, regiones del país, en ocasiones el
Atlántico, ahora el Pacífico, se ven asoladas por los fenómenos hidrome- teorológicos
huracanes y ciclones.
Cada año
tenemos que estar atentos a la reacción de la sociedad que empuja a los gobiernos
Federal, estatales y municipales a atender de inmediato los sucesos, las consecuencias de
estos embates y cada año tenemos que estar atentos a cómo actuar mejor en conjunto, la
sociedad que nos rebasa casi siempre y los gobiernos.
Yo quisiera,
además de respaldar el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que es en
síntesis, la suma de las propuestas que los diputados, de todos los partidos,
representantes de los distritos y de las entidades que hemos sido afectados a hacer una
reflexión en relación con el cómo estamos en materia reglamentaria, en materia
legislativa para enfrentar lo que nos acontece cada año.
Ojalá que
además de las consecuencias reparables por cierto, porque hubo pocas pérdidas humanas,
tengamos una consecuencia positiva, que esta unidad así manifieste a favor de sus
hermanos damnificados siempre, no únicamente en casos de esta naturaleza, en un marco
mejor legislativo, para que se beneficie el pueblo de México con esta acción.
En efecto, hemos
avanzado en la atención de estos desastres, pero hay que dejar claro que aún nos falta
mucho por avanzar, para que revisemos atlas de riesgo, para que revisemos qué es lo que
hemos hecho y qué es lo que podamos hacer mejor, en atender con más rapidez a nuestras
comunidades.
Se ha puesto a
pensar que en un establecimiento hotelero de mil habitaciones, que en temporada alta está
al 100%, y que tiene un promedio de tres personas por cuarto, están presentes cerca de 3
mil personas y no hay un médico de planta, se ha puesto a pensar que en casos de
siniestro, son pocos los hoteles y pocos los comercios que tienen actualizados sus
sistemas de protección y se han puesto a pensar lo que nos falta por revisar por parte de
autoridades federales y municipales, lo dejo ahí como una reflexión.
A mí me parece,
a nombre de mi partido, el PRI, en lo personal, como diputado federal por el V distrito
con cabecera en Puerto Vallarta, que es encomiable la unidad que se da en la Junta de
Coordinación Política, al haber aceptado las propuestas y haberlo planteado como un
punto de urgente resolución y que esto ayudará a que se resuelva pronto lo mejor para
ésta nuestra gente.
Decir o reiterar
que es recurrente que estos fenómenos naturales, golpean generalmente a la gente que
menos tiene, que es la que se ve afectada por la destrucción de sus viviendas, por lo
general muy pobres, por la pérdida de sus equipamientos para hacer su vida productiva,
sus embarcaciones, sus vehículos, y algo que se ha dejado el acento aquí, la pérdida
cuantiosa en los cultivos agrícolas que se dan por causa de estos fenómenos y que
también deben ser motivo de apoyo, para que pueda seguir adelante la vida productiva en
regiones agropecuarias ligadas a las costas.
Por ello, me
parece que es oportuno que de forma inmediata, el Ejecutivo Federal proceda a decretar
como zona de desastre, a los municipios de Jalisco, de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes
que es de los más afectados y porque no tiene al alcance las imágenes de la televisión,
no se le ha dado, apreciado en su magnitud, pues tiene este municipio costero de Jalisco,
muy pobre, por cierto, alrededor del 70% de sus comunidades afectadas. Tomatlán,
Zihuatlán, La Huerta, Mascota, Talpa de Allende y San Sebastián del Oeste en Jalisco, en
cuyos territorios, insisto se han ocasionado daños de mayor cuantía para los
agricultores. Y porqué dejar de lado los municipios nayaritas de San Blas, Santiago
Ixcuintla, Compostela, Tuxpan, Ruiz, Rosa Morada, Acaponeta y Tecuala, que como todos
sabemos, sufren las consecuencias funestas de este fenómeno natural.
Por ello,
solicitamos que el Fonden no únicamente intervenga de inmediato sino que lo haga bien,
que lo haga pronto, sin burocratismos, que lo haga pronto y alejado del clientelismo
electoral, que lo haga bien y en forma eficiente, ágil y oportuna y que suministre los
apoyos para la adquisición de alimentos, de agua para el consumo humano, de material para
la reparación de viviendas, de ropa para la población damnificada y de apoyos, insisto,
para que puedan rehacer los cultivos agrícolas.
Ya lo expresó
hace un momento mi compañero y amigo, Humberto Muñoz, en el caso específico de
Vallarta, fue severamente afectado en una zona focal de su área céntrica de la ciudad
pero es importante establecer que pese a que en esta zona el desastre fue total, el resto
de la zona hotelera y gastronómica se encuentra intacta y es el 90% de lo que está
dispuesto para atender al turismo.
Que es
importante señalar que están reestablecidos los servicios aeroportuarios, portuarios y
transportación de carga y de pasajeros; que están funcionando las telecomunicaciones y
que están funcionando en la zona que no está afectada los servicios públicos
municipales básicos y con esto, tenemos la capacidad de seguir recibiendo al turismo y de
seguir atendiendo con calidad a quienes nos visitan y nos ayudan en la temporada alta a
mantener la economía del municipio y la región.
Tenemos en
puerta eventos muy importantes: una reunión de diputados al Parlamento Europeo que inicia
mañana, un tradicional y muy famoso torneo internacional de pesca en el próximo mes, una
copa mundial de golf que costó mucho esfuerzo por parte de autoridades estatales,
federales, municipales y la comunidad productiva obtener como sede en Puerto Vallarta que
nos dará un realce internacional e infinidad de convenciones que se están realizando,
que se siguen efectuando y que siguen agendadas para los próximos meses.
Es por ello que
en el punto de acuerdo que planteamos, e insistimos ahora, resulta menester el respaldo de
la Secretaría de Turismo para que con fondos del Consejo de Promoción Turística realice
una importante campaña publicitaria para que quede claro las imágenes de un Vallarta
vivo, de un Vallarta que está en pie, de un Vallarta que tiene todo para seguir
recibiendo al turismo que nos visita y que tiene todo para seguir siendo el segundo
destino turístico nacional de playas. Una campaña que nos reposicione con las bondades
de nuestra gente, de nuestro entorno tradicional; y por ello también la pretensión de
que el Fonatur, ahora sí, ahora sí respalde a Vallarta y apoye a los establecimientos
turísticos que están en siniestro para que continúen adelante a favor de la comunidad.
Hoy, y concluyo
con esto, ciudadana Presidenta, la Secretaria de Turismo se encuentra en Vallarta. Ojalá
que como reza el famosísimo "hoy", a partir de hoy sí se empiece a atender a
Vallarta, porque en los años recientes se le ha descuidado y ya basta, lo repito aquí,
de esa desatención.
Vallarta sigue
en pie, Vallarta sigue vivo pero requiere el trabajo y unidad de todos.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Se abre el
registro de oradores.
Se han
registrado para hablar en pro, el diputado Rafael Orozco Martínez, del grupo
parlamentario de Acción Nacional y el diputado José Manuel Quintanilla Rentería, del
PRI.
Tiene la palabra el diputado Rafael Orozco Martínez, hasta por cinco
minutos.
El diputado Rafael Orozco Martínez:
Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Como es de su
conocimiento, el pasado viernes 25 del presente mes, el huracán "Kenna" con
categoría cinco tocó tierra en los estados de Jalisco y Nayarit, con vientos que
oscilaban de los 250 a los 280 kilómetros por hora. Este meteoro, considerado como el
más terrible para la historia de Nayarit, causó gravísimos daños materiales y provocó
la evacuación de miles de personas y la pérdida de hogares y los instrumentos de
trabajo.
En los
municipios de Bahía de Banderas, Compostela, Tepic, Tuxpan, Rosa Morada, San Blas y
Santiago Ixcuintla.
Se cuentan ya
dos decesos confirmados. Debe expresarse aquí nuestra condolencia a quienes perdieron
seres queridos. Debemos ofrecer nuestra solidaridad y esfuerzo por aquéllos que sufrieron
pérdidas materiales.
El informe
general preliminar el impacto del huracán "Kenna", de acuerdo a las diferentes
dependencias es el siguiente: en redes de electricidad destruidas, 58 estructuras de 400
kilowatios; 57 estructuras de 115; 1100 postes de red secundaria; 180 transformadores
dañados.
Daños en
infraestructura carretera y educativa: en materia ambiental daños a marismas nacionales y
manglares desde San Blas hasta El Novillero, en su parte costera, abarcando los municipios
de San Blas, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Rosa Morada y Tecuala.
Pérdida total
de la infraestructura de campamentos tortugueros de Nuevo Vallarta y Platanitos.
Pérdida total
de la infraestructura de campamentos tortugueros de Nuevo Vallarta y Platanitos.
Afectación a
fauna y conservación de las islas Isabel, Marietas y Marías.
En el sector
agrícola existe daño parcial en 35 mil 290 hectáreas y daño total en 13 mil 341
hectáreas. El cultivo más afectado es el de la caña de azúcar con 16 mil 573
hectáreas.
En el sector
pecuario es urgente bacterinizar precautoriamente a 73 mil 700 bovinos.
En el sector
pesquero siete embarcaciones varadas, seis en San Blas y uno en Cruz de Guanacastle. En
total 220 embarcaciones menores sufrieron daños; 450 artes de pesca perdidos.
Del 100% de la
producción de granjas camaroneras hay pérdidas del 50 al 90%. De mil balsas de ostión
se destruyó el 100%.
La Comisión
Nacional de Agua reporta daños en su infraestructura en 30%. Infraestructura turística
devastada en las playas del Monteón, Los Ayala, Rincón de Guayabitos, Peñita de
Catelmba, Platanitos y San Blas.
Daños a la
vivienda: la evaluación de reportes de daños a la vivienda se concentra principalmente
en los municipios de Tuxpan, en un 20%. En Santiago los daños van del 20% hasta el 80% en
poblaciones como Boca de Camichín. En San Blas, en la cabecera, los daños son del 80%.
En Los Cocos, del 60% y Aticama, 50%. En Compostela, cuya población más afectada fue
Chacala, que resultó afectada en el 100%. El porcentaje general de viviendas afectadas
conserva la característica de techos de láminas de asbesto.
Los diputados
del Partido Acción Nacional hacemos un llamado al Gobierno Federal, a restablecer los
servicios de energía eléctrica, agua potable y hacer acopio de los medicamentos
necesarios para prevenir el riesgo de epidemias.
Como ya lo
reconocieron las propias autoridades federales, la magnitud y la fuerza del huracán
"Kenna" rebasaron cualquier expectativa, pese al gran trabajo realizado por los
tres niveles de gobierno en la prevención, en el auxilio y la información proporcionada
a la población días antes de presentarse el fenómeno.
Es preciso que
el Fonden se aplique con rapidez y con reglas la aplicación que lo hagan útil y
accesible. Se requiere que las secretarías de Gobernación, Hacienda, Desarrollo Social,
Economía, Educación Pública y Trabajo, apoyen la restauración de la infraestructura
material y se restituyan las fuentes de trabajo.
Desde esta
tribuna externo a los nayaritas mi satisfacción y orgullo por el ejemplo que han mostrado
de solidaridad y compromiso con su comunidad, reconociendo y agradecemos al Gobierno
Federal, estatal y municipal, a los ciudadanos rescatistas, sociedades civiles y grupos de
voluntarios, que luchan hoy por establecer las condiciones de vida del estado. Su
solidaridad y disposición serán siempre un activo para nuestro estado.
Por lo anterior,
es que solicito al pleno de esta Cámara de Diputados se someta y se vote en forma
positiva el presente punto de acuerdo, por tratarse de un asunto de obvia y urgente
resolución.
Es cuanto,
señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Tiene la palabra para hablar en pro, hasta por cinco minutos, el diputado
José Manuel Quintanilla Rentería, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado José Manuel Quintanilla
Rentería:
Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
El pasado
viernes 25, el huracán “Kenna” azotó la costa sur del estado de Jalisco y al
estado de Nayarit, un meteoro de categoría cinco, con vientos de 230 kilómetros por hora
y ráfagas de hasta 270, cuya intensidad los nayaritas de las últimas cinco generaciones
no recuerdan haber visto.
La destrucción
de casas en la mayor parte de las zonas rurales afectadas, supera el 75% y la de la
infraestructura social básica en toda el área, rebasa el 90%, escuelas, hospitales,
centro de salud, puentes e infraestructura de agua potable, carreteras, caminos vecinales,
torres de microondas, postes, líneas eléctricas, transformadores, centrales y cableado
telefónico. Fue casi total la destrucción de los cultivos que constituyen la base de la
economía de la zona, entre ellos tenemos mango, plátano, ciruela, yaca, tabaco, café,
caña de azúcar, maíz y sorgo.
En el caso de
los cultivos de frutales cabe agregar que la pérdida no se reduce a lo inmediato; su
recuperación implica la sustitución de las plantas y un mantenimiento permanente durante
cuatro años para que comiencen de nuevo a producir.
Despareció
totalmente la infraestructura turística de carácter popular en los municipios de
Compostela, San Blas y Santiago Ixcuintla; laboratorios acuícolas y creaderos de camarón
y de ostión. Los barcos de la flota pesquera que se encontraban en los muelles el
apostadero marítimo de San Blas, fueron sacados del agua y depositados en la calle. La
mayor parte de la flota de embarcaciones de las cooperativas pesqueras de los distintos
municipios, fue destruida y la infraestructura de frigoríferos y almacenamiento dejó
prácticamente de existir.
Las condiciones
de destrucción, riesgo de brotes epidémicos, escasez de agua, alimentos y medicinas,
así como la falta de energía eléctrica en todos los municipios afectados, comienzan a
generar desesperación y angustia, como han podido comprobar personalmente el Secretario
de Gobernación y el propio Presidente de la República.
En los
recorridos que hemos realizado por la zona, hemos podido constatar que la ayuda se
concentró en Puerto Vallarta y en mucho menor medida en Santiago Ixcuintla y San Blas,
los tres centros urbanos más poblados del área afectada, coincidentemente los lugares
donde se esperaba la llegada del Presidente de la República, mientras decenas de miles de
familias en cientos de poblados devastados e incomunicados no reciben ayuda.
Celebramos la
rapidez y eficacia en la prevención y el auxilio en algunos puntos; deploramos el
abandono en que se encuentra la inmensa mayoría de toda el área. Coincidimos con el
Secretario de Gobernación en condenar los intentos de politización de la ayuda.
Aplaudimos su pronta declaración de que la zona del estado de Jalisco afectada por el
huracán, sería declarada zona de desastre en pocas horas y que los cinco municipios de
esa entidad que resultaron afectados, recibirían amplios recursos del Fondo Nacional de
Desastres para su reconstrucción.
Esta decisión
declaratoria contrasta con la timidez de sus promesas de apoyo a los nayaritas y aunque
ayer el Presidente de la República ofreció que el estado de Nayarit será declarado zona
de desastre para recibir ayuda del Fonden, esperamos que este contraste no sea el
preámbulo de la ayuda selectiva que los mexicanos atestiguamos en el caso de los estados
de la península de Yucatán por parte de algunas dependencias federales y organizaciones
sociales. Esperamos que no ocurra como hace dos años en el estado de Nayarit, cuando una
vez que fue declarada zona de desastre con motivo de la tormenta tropical
“Norman”, los recursos comenzaron a fluir hasta los 10 y 11 meses.
Por lo anterior
solicito pues, compañeras y compañeros, a este pleno el apoyo irrestricto para que sea
declarada zona de desastre toda la región devastada de Jalisco y de Nayarit y que de
manera urgente fluyan los recursos que están haciendo falta para ayudar a todos los
cientos de damnificados y para recuperar lo que es la infraestructura.
Y por otra parte
solicito a la Presidencia que turne a la Junta de Coordinación Política el siguiente
punto de acuerdo y asimismo sea publicado de forma íntegra en la Gaceta Parlamentaria:
Unico. Que se
integre una Comisión Especial de esta Cámara de Diputados para que se traslade a las
zonas siniestradas y que participe en la cuantificación de los daños, vigile que los
recursos del Fonden y partidas extraordinarias que se aprueban, se apliquen en la
restauración de las zonas dañas y ayuda a los damnificados. ¡Y rinda asimismo, esta
misma comisión, un informe a esta soberanía a efecto de que las necesidades resultantes
sean también integradas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal del 2003!
Es cuanto.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Informo a la
Asamblea que procederemos de la siguiente manera:
En primer lugar,
se consultará si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
En segundo
lugar, en el caso de que la Asamblea determine que está suficientemente discutido, se
dará lectura al punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política, lo
que se someterá a votación económica de manera inmediata.
Y en tercer
lugar, le pedimos al diputado Quintanilla entregue la propuesta complementaria para que se
le dé lectura y lo turnemos a la comisión correspondiente.
Y quiero
destacar y apreciar la comprensión del diputado Magallanes, quien retiró una propuesta
de punto de acuerdo y se sumó a la planteada por la Junta de Coordinación Política.
Muchas gracias,
señor diputado.
Consulte la
Secretaría a la Asamblea si está suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Para
conocimiento de la Asamblea se informa que el punto de acuerdo cuenta con el respaldo del
Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo.
Por instrucciones de la Presidencia, en votación
económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de
acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Suficientemente discutido.
Consulte la
Secretaría, previa lectura del contenido del punto de acuerdo presentado por la junta, si
se aprueba el punto de acuerdo. Lo consulta en votación económica, pero primero léalo.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
“Punto de
acuerdo con relación a la problemática que están padeciendo diversos municipios de los
estados de Jalisco y Nayarit por el paso del huracán "Kenna".
ACUERDO
Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que
se declaren zonas de desastre los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes,
Tomatlán, Cihuatlán, La Huerta, Mascota, Talpa de Allende y San Sebastián de Oeste, del
estado de Jalisco, así como los municipios de San Blas, Santiago Ixcuintla, Compostela,
Tuxpan, Ruiz, Rosamorada, Acaponeta y Tecuala, del estado de Nayarit, mismos que fueron
dañados por el huracán "Kenna", proveyendo los dispositivos fiscales y
económicos que deriven de dicha declaratoria.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de
Gobernación se agilicen los recursos de apoyo del Fonden para los municipios de Jalisco y
Nayarit, dañados por el paso del huracán "Kenna", con la finalidad de apoyar
la compra de alimentos, cobijas, medicinas, ropa y agua para la población damnificada,
así como material para la construcción de viviendas dañadas y para apoyar la
recuperación económica por las pérdidas en los cultivos agrícolas motivadas por el
siniestro.
Tercero. Debido a que siendo una locación
turística se afectó la ocupación hotelera y gastronómica, se exhorte al Fondo Nacional
del Fomento Turístico, Fonatur, para que dicho fideicomiso apoye el restablecimiento de
la zona siniestrada.
Cuarto. En el caso específico de Puerto Vallarta,
Jalisco, se manifieste expresamente por la Secretaría de Gobernación, Turismo y
Comunicaciones y Transportes, que dicho centro turístico resulta viable para seguir
operando y, por ello, se exhorta a la Secretaría de Turismo a fin de que con fondos del
Consejo de Promoción Turística de México, despliegue de inmediato una campaña
emergente de publicidad que difunda la viabilidad y operación plena de Puerto Vallarta
como destino turístico de calidad y apoye así a mantener la atracción turística propia
de esta temporada alta, que resulta fundamental para la economía del municipio y su
región.
Quinto. Se solicita un informe al Ejecutivo
Federal, respecto al cumplimiento del punto de acuerdo."
Por
instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el
punto de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobado por unanimidad el punto de acuerdo.
Comuníquese.
Le ruego a la
Secretaría dar lectura a la propuesta complementaria que presentó el diputado
Quintanilla.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Propuesta del
diputado Quintanilla.
Primero. Se exhorte al Gobierno Federal, a que una
vez declarado el estado de Nayarit zona de desastre, se hagan llegar de inmediato los
recursos del Fonden en cantidad suficiente a los municipios que sufrieron los estragos del
paso del huracán "Kenna"...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Un momento,
diputada Secretaria.
¿Quiere usted
precisarla, diputado Quintanilla?
Le ruego,
diputada Secretaria. Es solamente... Si quiere léala usted diputado.
El
diputado José Manuel Quintanilla Rentería:
Gracias, señora
Presidenta.
"Unico. Que se integre una Comisión Especial
de esta Cámara, para que se traslade a las zonas siniestradas, a efecto de que participe
en la cuantificación de los daños, vigile que los recursos del Fondo Nacional para
Desastres Naturales y partidas extraordinarias que se aprueben, se apliquen en la
restauración de las zonas dañadas y ayuda a los damnificados. Asimismo, esta misma
comisión rinda un informe a esta soberanía, a efecto de que las necesidades resultantes
sean también integradas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal del año 2003."
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Esta Presidencia
tiene como una de sus atribuciones, vigilar la congruencia y la lógica de los
planteamientos que se presentan a votación y considera que el punto presentado por el
diputado Quintanilla no contraviene el fondo de lo que recientemente han aprobado los
diputados.
Por lo tanto se turna a la Junta de Coordinación
Política.
ROBO DE
MENORES
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
El siguiente
punto del orden del día es la proposición con punto de acuerdo por parte del diputado
Alfredo Hernández Raigosa, en torno a que en los libros de texto gratuitos se incluyan
reglas básicas para evitar y prevenir el delito de robo de menores.
El diputado Alfredo Hernández
Raigosa:
Con su permiso,
compañera diputada Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
El día de hoy
vengo a presentar una propuesta con punto de acuerdo, que es como consecuencia de lo que
desde hace ya casi dos años he venido planteando en la tribuna de la Cámara de Diputados
y es el asunto de la problemática de los niños en nuestro país.
Ayer escuché,
leí con gusto una noticia que se daba en los medios de comunicación que tiene que ver
con los niños que nacen en la Ciudad de México, se reconoce por primera vez, en el caso
del DF. que sí existe y que es grave el problema del robo de menores, una propuesta que
traje aquí a la tribuna para que en las actas de nacimiento se implantaran las huellas
plantares de los niños y todas sus huellas para de esta manera tener un mayor rango de
identificación de los mismos.
Ayer, lo que no
hizo la Cámara, ayer lo reconoció el Gobierno del Distrito Federal estableciendo el
Certificado de Nacimiento que aquí en esta tribuna vine a proponer y que no se ha
aprobado, qué pena, es una pena, verdaderamente es una pena, está paralizada esta
Cámara.
El asunto de los
niños, el asunto de los temas centrales de este país no caminan, no avanzan, espero que
los gobiernos de los estados, hoy que se debate el problema de Nayarit, del huracán, de
Campeche, hoy también reconozcamos que es necesario tomar medidas para enfrentar la
problemática que viven los niños y las niñas en nuestro país y ojalá, ojalá a los
diputados de todos los partidos que tiene gobernadores miembros de su partido, tomen en
cuenta lo que se acaba de aprobar, que resulta un elemento básico para impedir que desde
un hospital privado o un hospital público sea robado, secuestrado, privado de su
libertad, un menor, un niño, un recién nacido.
Por ello, aunque
no fue aquí donde se debió haber aprobado para que se implantara en el Código Civil
Federal, me congratulo porque la lucha que he dado con un grupo de padres de familia
levantando una bandera en que nadie creía, hoy es retomado por un Gobierno y en el caso
particular del Distrito Federal, por eso me congratulo y por eso hoy vengo a proponerles
otra cosa.
Quiero
proponerles, con mucha humildad, que en los libros de texto gratuitos, que no nos
costaría nada, simplemente un esfuerzo de aprobar lo que aquí se presente,
estableciéramos en ellos que son millones de libros los que se distribuyen en el país,
15 reglitas, 15 apartados que permitan que el niño, los padres de familia sepan cómo
prevenir el robo de uno de sus infantes.
Ya he escuchado
por ahí que la Comisión de Justicia va a aprobar un conjunto de normas que hemos
planteado aquí y ojalá y que se dé esto; sin embargo, quiero proponerle al Congreso, a
esta Cámara, que pudiera aprobar este punto de acuerdo que presento donde propongo
centralmente que se establezcan en el Libro de Texto Gratuito para primaria, 15 reglas
básicas para prevenir el robo de niños.
Estas reglas son
elementales, pueden ser más pero también son un elemento de prevención de este delito:
1. Procurar que
tus hijos sepan su nombre completo, el de sus padres y su domicilio.
2. Enseña a tus
hijos a no hablar con personas desconocidas.
3. Jamás
confíes a tus hijos a personas desconocidas.
4. No mandes a
tus hijos solos a la calle.
5. No permitas
que ningún extraño fotografíe a tus hijos.
6. Nunca sueltes
a tus hijos de la mano porque bastan cinco segundos para que alguien lo aleje de ti y
nunca más lo vuelvas a ver.
7. Cuando tus
hijos jueguen en un lugar público, no los pierdas de vista.
8. Si tienes
varios hijos procura nunca salir sólo con ellos.
9. Enseña a tus
hijos a no acercarse a ningún vehículo en marcha aún cuando les soliciten
información... Si me permite la Presidencia, termino en medio minuto.
10. Cuando un
enfermero o trabajador social se presente a tu casa, pídele su identificación y verifica
por teléfono su identidad.
11. Retrata al
personal de servicio doméstico y verifica sus referencias.
12. Cuando vayas
a la escuela por tus hijos, cuida que nadie te siga.
13. Conserva en
una hoja blanca las huellas de todos los dedos de las manos de tus hijos.
14. Retrata a
tus hijos por lo menos cada seis meses.
15. Si eres
comerciante, mantén a tus hijos alejados de las personas que lo rodean o que asisten
recurrentemente a esos lugares públicos porque muchos de los niños que han sido robados
son hijos de comerciante.
Estas reglas no
cuestan mucho, no tienen un matiz político y sí un beneficio para millones de niños en
nuestro país.
Muchas gracias.
«Propuesta de
punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo Federal para que
sean insertadas las 15 reglas básicas para prevenir el "robo" de niñas y
niños en los libros de texto que distribuye el Gobierno Federal a través de la
Secretaría de Educación Pública.
Diputada Federal
Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.—
Presente.
Compañeras
diputadas y estimados legisladores: el suscrito diputado federal, integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo para
que se inserten en los libros de texto distribuido en los niveles de preescolar, primaria,
secundaria, telesecundaria y bachillerato, las 15 reglas básicas para prevenir el
"robo" de niñas y niños, toda vez que para combatir este flagelo cometido en
contra de nuestra niñez es fundamental la prevención.
CONSIDERACIONES
I. Según el
Censo de Población y Vivienda de 2000 México cuenta con 22.5 millones de hogares, en los
que se encuentran la casi totalidad de mexicanos, siendo 4.29 el promedio de habitantes
por hogar.
II. Este mismo
Censo, indica que el grupo de personas que se encuentran en el rango de 0 a 14 años de
edad, representan más de 32.5 millones de habitantes, esto significa que el 34.1% de
nuestra población se encuentra dentro de este parámetro, tan sólo en el Distrito
Federal hay más de 2.24 millones de niños que se encuentran en dicho rango de edad.
III. Actualmente
más de 3.4 millones de niñas y niños se encuentra en la etapa preescolar; 14.8 millones
de ellos se encuentran cursando algún grado de la instrucción primaria y 5.6 millones el
nivel secundaria.
IV. Para cubrir
esta demanda educativa, el Estado a través de la Secretaría de Educación Pública,
distribuye 4.5 millones de libros para la educación preescolar, 120 millones de textos
gratuitos para el nivel primaria; más de 1 millón para la educación indígena; 250 mil
para la telesecundaria de verano, 9.2 millones de libros para la telesecundaria y más de
6.5 millones de libros para los maestros de diversos niveles de instrucción básica.
V. Esto
significa que la SEP distribuye alrededor de 141.2 millones de libros en los niveles de
preescolar, primaria y telesecundaria en sus distintas modalidades, los cuales llegan a
los casi 22.6 millones de hogares mexicanos.
VI. Si tomamos
en cuenta que la composición promedio de habitantes por cada familia en México es de
4.29 integrantes, esto significa que por cada libro que se distribuye entre las niñas y
niños, hay una posibilidad real de que el contenido del libro sea leído por cuando menos
dos integrantes más de la familia, lo que abarcaría casi la totalidad de los mexicanos.
VII. Por esta
razón estamos solicitando se inserten las 15 reglas básicas en los libros distribuidos
por la SEP en los niveles de preescolar, primaria y secundaria prevenir el robo de niñas
y niños en nuestro país.
VIII. Este mismo
esquema de distribución puede ser aprovechado para difundir las fotografías de los
niños que actualmente se encuentran robados, secuestrados, sustraídos ilícitamente o
privados de la libertad. Para ellos estamos solicitando, se destine un espacio al final de
cada uno de los libros distribuidos con las fotografías y rasgos de las niñas y niños
que han sufrido alguno de los anteriores delitos.
IX. Esta
petición es de suma importancia, pues de concretarse, se estaría avanzando en dos
sentidos importantes para combatir el robo de niños: la primera sería la prevención a
través de las 15 reglas básicas y la segunda seria la búsqueda de las niñas y niños a
través de las fotos insertadas en dichos libros.
X. Así
compañeros les exhorto a que este punto sea aprobado por todos nosotros, pues no podemos
seguir en el discurso vacío y hueco de antaño.
XI. Hoy tenemos
que hacer acciones concretas que permitan el combate a este tipo de flagelo, pues de
nosotros depende que nuestras niñas y niños crezcan en las mejores condiciones,
integrándolos a la familia, facilitándoles su desarrollo físico, emocional e
intelectual, dándoles oportunidades de trabajo cuando estén en edad de producir y sobre
todo brindándoles seguridad.
Por lo
anteriormente expuesto hacemos la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Uno. Dado que la
prevención es fundamental para evitar que más niñas y niños sigan siendo víctimas de
secuestros, "robos" o privaciones ilegales de la libertad propongo que se
incluyan las 15 reglas básicas para prevenir el robo de niñas y niños en los libros de
texto gratuito que se reparten en las primarias de toda la República Mexicana, con el
objeto de crear una cultura de prevención ante los graves índices de robo de niñas y
niños.
Dos. Dado que
hay un cúmulo de iniciativas pendientes por dictaminar en comisiones para dar seguridad
jurídica a las niñas y niños, las cuales tienen que ver con: federalizar el delito del
robo de niñas y niños, sancionar la pederastia, dar mayor vigilancia a las adopciones o
poner mayor seguridad en los documentos oficiales, se hace necesario que se apruebe este
punto de acuerdo toda vez que se trata de prevenir la incidencia de este delito sobre las
niñas y niños.
Tres. Dado que
existe una evidente falta de difusión de las niñas y niños que son robados,
secuestrados, sustraídos ilícitamente o privados ilegalmente de la libertad los cuales
van a parar a las mafias de la prostitución, del narcotráfico, del tráfico de órganos,
que son utilizados para trabajos insalubres, o para ser vendidos tanto en el país como en
el extranjero en adopciones fingidas, propongo la difusión de las fotografías de las
niñas o niños que se encuentren de-saparecidos en los libros de texto gratuito que
reparta la Secretaría de Educación Pública en las escuelas del país.
Por lo
anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía los
siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. El pleno de esta Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión acuerde que el Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría de Educación Pública difunda las 15 reglas básicas para prevenir el robo de
niñas y niños en los libros de texto gratuito que se reparten en las primarias de todo
el país.
Segundo. El pleno de esta Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión acuerde que el Ejecutivo Federal difunda las fotografías
de las niñas y niños desaparecidos, "robados" secuestrados o sustraídos
ilícitamente en todos los libros que reparta la Secretaría de Educación Pública en la
primarias, secundarias, telesecundarias, bachilleratos, preparatorias, universidades y
centros tecnológicos.
Atentamente.
Palacio
Legislativo, a 22 de octubre de 2002.— Diputado federal Alfredo Hernández Raigosa, por el XIX distrito
electoral.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos.
PREMIO
NOBEL DE LA PAZ
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
el diputado José Luis Novales Arellano, del grupo parlamentario de Acción Nacional para
presentar una proposición con punto de acuerdo en apoyo a la candidatura al Premio Nobel
de la Paz del ciudadano cubano Oswaldo Payá Sardiñas.
El diputado José Luis Novales
Arellano:
Con el permiso
de la Presidencia:
Ciudadana
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados los que suscriben, diputados
federales de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados miembros del grupo
parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del
Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la
consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo bajo las
siguientes
CONSIDERACIONES
Actualmente
cobra vital importancia la democracia y validez que puede alcanzar un gobierno en la
designación de sus gobernantes; se afirma que la soberanía y el poder es del pueblo.
Oswaldo Payá
Sardiñas, líder del Movimiento Pacífico de Liberación de Cuba, fundado como un
movimiento cívico político que busca la defensa y promoción de los derechos de la
persona y la transformación democrática de la sociedad cubana, presentó ante la
asamblea nacional del poder popular de Cuba una petición expresada mediante lo que se ha
llamado "Proyecto Varela".
El proyecto fue
presentado ante la asamblea nacional respaldada por más de 11 mil firmas, obteniendo más
de las 10 mil que de acuerdo a la Constitución de aquél país es necesario recolectar
para presentar una iniciativa de ley.
Dicho proyecto
establece cuatro puntos básicos dirigidos a abrir espacios a la participación libre y
responsable de los ciudadanos en la vida política y económica de la sociedad, a saber:
Garantizar el
derecho a la libertad de expresión y libre asociación;
Amnistía para
todos los detenidos, sancionados y encarcelados por motivos políticos que no hayan
participado en atentados contra la vida de otras personas.
Garantizar a
todos los ciudadanos el derecho a constituir empresas privadas, sean éstas individuales o
colectivas; y
Transformar la
Ley Electoral de Cuba.
Estas
propuestas, para nosotros no son desconocidas ya que la democracia como sistema de vida y
de gobierno se funda en la igualdad esencial de todos los seres humanos.
En virtud de lo
anterior y considerando que toda lucha pacífica por los derechos humanos y la democracia
será siempre un ejemplo para la comunidad internacional y una oportunidad de conseguir
que las naciones del mundo encuentren, sin odio y sin violencia, la posibilidad de unirse,
vivir en paz.
Oswaldo Payá ha
sido propuesto para el Premio Nobel de la Paz en su versión 2003 por el Presidente de la
República Checa, Vaclav Havel. Los diputados federales del grupo parlamentario del PAN
hemos decidido otorgar nuestro apoyo a la candidatura de Payá por considerar que su lucha
pacífica por los derechos humanos en Cuba es un ejemplo para la comunidad internacional.
Hasta el día de hoy más de 500 legisladores del mundo, gente de la sociedad civil, jefes
de estado e intelectuales de distintos países latinoamericanos y europeos, entre ellos
Argentina, Uruguay, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, España, Holanda,
Polonia y la República Checa, por citar sólo algunos, han otorgado firmas para apoyar
esta candidatura.
Por lo anterior,
ponemos a su consideración del pleno la invitación a sumarse a la iniciativa de
distinguir con tal presea la vida y obra de un hombre que se ha entregado a una causa
noble basado en principios universales.
Compañeros
legisladores: en tiempos de grandes retos la humanidad requiere del impulso y
reconocimiento de liderazgos legítimos como el de Oswaldo Payá. Los diputados federales
miembros del grupo parlamentario del PAN sometemos a la consideración de esta honorable
Asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Los diputados federales de la LVIII
Legislatura de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos
Mexicanos, nos pronunciamos a favor de la candidatura al Premio Nobel de la Paz 2003, del
ciudadano cubano Oswaldo Payá Sardiñas.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 28 de octubre de 2002.— Diputados: Felipe Calderón Hinojosa, coordinador del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Cámara; Tarcisio Navarrete Montes de Oca y este servidor, José Luis Novales Arellano.
Muchísimas
gracias.
«Punto de
acuerdo en apoyo a la candidatura de Oswaldo Payá Sardiñas al Premio Nobel de la Paz.
Ciudadana
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Los que
suscriben, diputados federales de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados,
miembros del grupo parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de
acuerdo, bajo las siguientes:
CONSIDERACIONES
Actualmente,
cobra vital importancia la democracia y valides que pueda alcanzar un gobierno en la
designación de sus gobernantes. Se afirma que la soberanía y el poder es del pueblo. En
ese sentido, democracia quiere decir que el poder es legítimo sólo cuando su investidura
viene de abajo, sólo si se emana de la voluntad del pueblo, lo cual significa que sea y
en cuanto libremente consentido. Es aquí donde reside la importancia de una democracia
sólida.
Oswaldo Payá
Sardiñas, líder del Movimiento Pacífico de Liberación de Cuba, fundado como un
movimiento cívicopolítico que busca la defensa y promoción de los derechos de la
persona y la transformación democrática de la sociedad cubana, presentó ante la
Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, una petición expresada mediante lo que se ha
llamado Proyecto Varela. El proyecto fue presentado ante la Asamblea nacional respaldada
por más de 11 mil firmas, obteniendo más de las 10 mil firmas que de acuerdo a la
Constitución de aquel país es necesario recolectar para presentar una iniciativa de ley.
Dicho proyecto
establece cuatro puntos básicos dirigidos a abrir espacios a la participación libre y
responsable de los ciudadanos en la vida política y económica de la sociedad, a saber:
•
Garantizar el derecho a la libertad de expresión y libre asociación;
• Amnistía
para todos los detenidos, sancionados y encarcelados por motivos políticos que no hayan
participado en atentados contra la vida de otras personas;
•
Garantizar a todos los ciudadanos el derecho a constituir empresas privadas (individuales
y colectivas);
•
Transformar la Ley Electoral.
Estas
propuestas, para nosotros no son desconocidas ya que la democracia como sistema de vida y
de gobierno se funda en la igualdad esencial de todos los seres humanos, les la forma
superior de legitimación del poder político y el sistema óptimo para respetar la
dignidad humana:
En virtud de lo
anterior y considerando que toda lucha pacífica por los derechos humanos y la democracia
será siempre un ejemplo para la comunidad internacional y una oportunidad de conseguir
que las naciones del mundo encuentren sin odio y sin violencia la posibilidad de unirse y
vivir en paz, Oswaldo Payá ha sido propuesto para el Premio Nobel de la Paz, en su
versión 2003 por el presidente de la República Checa, Vaclav Havel.
Los diputados
federales del grupo parlamentario del PAN hemos decidido otorgar nuestro apoyo a la
candidatura de Payá, por considerar que su lucha pacífica por los derechos humanos en
Cuba, es un ejemplo para la comunidad internacional. Y porque no busca privilegios sino
algo natural, muy natural como son los derechos sociales, de asociación y de libertad de
expresión.
Hasta el día de
hoy, más de 500 legisladores, gente de la sociedad civil, jefes de estado e intelectuales
de diferentes países latinoamericanos, entre ellos, de Argentina, Uruguay, El Salvador,
Guatemala, República Dominicana europeos como España, Holanda, Polonia y la República
Checa por citar sólo algunos, han otorgado sus firmas para apoyar esta candidatura.
Por lo anterior,
ponemos a consideración de este pleno la invitación a sumarse a esta iniciativa a fin de
distinguir con tal presea, la vida y obra de un hombre que se ha entregado a una causa
noble basado en principios universales. Compañeros legisladores, en tiempos de grandes
retos, la humanidad requiere del impulso y reconocimiento de liderazgos legítimos como el
de Oswaldo Payá.
Los diputados
federales miembros del grupo parlamentario del PAN, sometemos a la consideración de esta
honorable Asamblea, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Los diputados federales de la LVIII
Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, nos
pronunciamos a favor de la candidatura al Premio Nobel de la Paz 2003, del ciudadano
cubano Oswaldo Payá Sardiñas.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, 24 de octubre de 2002.— Diputados: Felipe Calderón Hinojosa, Tarcisio Navarrete Montes de
Oca y José Luis Novales Arellano.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias,
diputado.
Túrnese a la Comisión de Relaciones
Exteriores.
BANRURAL
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
el diputado Juan Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para
presentar una proposición con punto de acuerdo para que el titular de Banrural comparezca
ante las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural.
Este punto de
acuerdo estaba enlistado en otro numeral del orden del día, pero el grupo parlamentario
del PT pidió su permuta por uno que correspondía en este momento.
El diputado Juan Carlos Regis Adame:
Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
El grupo
parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para presentar una proposición
con punto de acuerdo que contribuya a resolver la problemática existente en el Banco
Nacional de Crédito Rural, Banrural, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y bajo las
siguientes
CONSIDERACIONES
Dentro del
esquema de desarrollo económico impulsado por el Estado mexicano, uno de los sectores que
fue considerado central fue el campo, por ello se crearon diversos mecanismos e
instituciones para promover la evolución y la consolidación de la economía campesina en
nuestro país.
Dentro de las
instituciones creadas por el Gobierno mexicano para apoyar el campo se instituyó en el
sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río, la Banca Rural como una instancia que
dotaría de créditos y otros apoyos a los pequeños productores y ejidatarios.
Podemos decir
que durante varias décadas dicha institución de crédito cumplió de manera adecuada su
función, siendo uno de los pilares del desarrollo nacional. En cambio a raíz de las
crisis recurrentes sufridas en nuestro país a partir de los años ochenta y de un mal
manejo de la institución, Banrural se ha visto inmiscuido en un proceso de deterioro de
su funcionamiento y de los objetivos para los cuales fue creado.
A raíz de las
transformaciones estructurales de la economía mexicana y de la apertura comercial, el
campo mexicano se ha visto entrampado en una crisis de la cual no ha podido superar por
las malas políticas implementadas por el Gobierno Federal. El Banco Nacional de Crédito
Rural no obstante que debería ser utilizado como una instancia impulsora de la economía
rural, se convirtió en muchas ocasiones en la “caja chica” del Gobierno Federal
para impulsar campañas políticas, desviar recursos para fines privados o simplemente
como una forma de enriquecerse para los funcionarios de todos los niveles en turno.
Conocidas son
las historias de funcionarios de alto nivel del banco que utilizaron recursos de la
institución para adquirir grandes extensiones de tierra, para edificar ranchos y fincas
rurales como un monumento al abuso de confianza y a la corrupción.
El Gobierno
Federal, desde administraciones pasadas y hasta la actual ha iniciado un proceso de
reestructuración de las instituciones financieras que están bajo su control para darles
un nuevo enfoque y para que estén acordes con los nuevos tiempos políticos y
económicos.
Ello ha
implicado la liquidación de instituciones como el Banco Nacional del Comercio Interior,
la transformación de Bancomext y ahora la anunciada modernización de Banrural.
El reto de la
institución debe estar dirigido a cómo solventar los requerimientos de los pequeños
productores y de los campesinos en un contexto de desgravación de los productos
agropecuarios y de la necesidad de buscar que el llamado “blindaje agropecuario”
sea una herramienta que disminuya en lo posible el impacto que generará la apertura total
del sector en el próximo año. Asimismo, es necesario analizar de manera detallada su
proyecto de reestructuración anunciado en días pasados por el Presidente Fox.
Se ha dicho que
es necesario sanar a la institución y darle un giro a su función y objetivos, pero no
queda muy claro cómo se llevará a cabo este proceso. Se pretende que la nueva financiera
rural funcione como un órgano descentralizado y con patrimonio propio.
Se busca
también que tenga mecanismos para conservar su capital, que una estructura menos onerosa
y por ende más eficiente. Pero hay problemas que deben ser considerados y atendidos de
manera prioritaria para que no se conviertan en un posterior dolor de cabeza para la
administración del Presidente Fox.
Uno de ellos es
el personal que elabora en el banco y del que se ha dicho que una parte, prácticamente a
la mitad, saldría de la institución después de la reestructuración.
Otros son los
pensionados que ascienden a 8 mil 100, que de ninguna manera deben ser abandonados a su
suerte como les ha sucedidos a los trabajadores y pensionados de la extinta Ferrocarriles
Nacionales de México. Además es necesario que se precise y se explique de manera
detallada cómo se cubrirá el quebranto de la institución, que según estimaciones
oficiales es del orden de los 35 mil millones de pesos.
Otro asunto
también de vital importancia para los productores de uva, de la Unión de Ejidos
Guillermo Aguilera Cabrera, de Fresnillo, que desde el año de 1987 se le adeuda un monto
total por más de 600 millones de pesos por la venta de su cosecha.
Como puede
verse, son muchas las interrogantes y dudas que surgen a este proceso de cambio del
Banrural que deben ser atendidas por los funcionarios de la institución. Además, al ser
una institución pública y recibir recursos públicos, es necesario que esta soberanía
reciba toda la información sobre este asunto para darle el seguimiento que el asunto
merece.
Por ello
consideramos necesario que esta soberanía, por conducto de las comisiones de Agricultura
y Ganadería y Desarrollo Rural, citen a comparecer al Director de Banrural y a los
funcionarios de la Secretaría de Hacienda encargadas del proceso de reestructuración de
la institución para que informen sobre este proceso.
De esta forma el
grupo parlamentario del Partido del Trabajo, propone el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Artículo único. Que la Cámara de Diputados cite
a comparecer al director del Banco Nacional del Crédito Rural, José Antonio Meade
Kuribreña; al Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Javier
Usabiaga y al Secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para que expliquen el proceso
de reestructuración de la institución en comento.
Atentamente.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 29 de octubre de 2002.— Diputados: por el grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, Alberto Anaya
Gutiérrez, coordinador; José Narro Céspedes, vicecoordinador;
Rosalía Peredo Aguilar; Rosa Delia Cota Montaño;
Jaime Cervantes Ribera; Félix Castellanos Hernández, Víctor García Dávila y el de la voz Juan Carlos Regis Adame.»
Por su
atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a la Comisión de
Agricultura.
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE NAYARIT
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
el diputado José Manuel Quintanilla Rentería, del grupo parlamentario del PRI, para
presentar una proposición con punto de acuerdo para que se incremente el presupuesto
asignado a la Universidad Autónoma de Nayarit.
El diputado José Manuel Quintanilla
Rentería:
Con la venia de
la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
La Universidad
Autónoma de Nayarit a 33 años de su fundación, es la institución de educación
superior más importante del estado. Atiende a 21 mil estudiantes en bachillerato, 25
programas de licenciatura y 30 de posgrado en tres campos, 15 dependencias de nivel medio
superior y 12 de superior, ubicadas en 11 municipios de la entidad, con un personal
académico de tiempo completo, del que el 43% tiene estudios de posgrado y el 47%
participa en tutorías.
En la búsqueda
de responder con calidad a las demandas y retos de la sociedad contemporánea, ha iniciado
un proceso de reforma integral en los aspectos académico, administrativo, relación con
la sociedad y normativo, para lograr una institución de calidad, con un manejo racional y
transparente de sus recursos, y que su personal cuente con alto grado de profesionalismo y
compromiso.
Este esfuerzo se
ha visto obstaculizado por problemas estructurales, que arrastra desde hace décadas y
ponen en riesgo su viabilidad.
En lo
financiero, la base de cálculo del subsidio federal y estatal, ha permanecido inamovible
desde mediados de los ochenta mientras la institución ha crecido más del 55% en
matrícula y 314% en programas académicos, generando necesidades de personal,
infraestructura y servicios en la misma proporción.
Dentro del
universo de las instituciones de educación superior, la Universidad de Nayarit, es de las
que presentan uno de los menores gastos por alumno, la pobreza de su gasto corriente
contrasta con los recursos para infraestructura y nuevos proyectos, que ha sido posible
con el concurso del Gobierno del estado e instancias del Gobierno Federal, cuyo apoyo
alcanzó este año 50 millones de pesos que, como ha sido común, se han traducido en
grandes obras y proyectos en marcha, pero también en problemas financieros para operar.
La estructura de
financiamiento data de 1986, cuando la Secretaría de Educación Pública estableció las
plantillas de personal, que en los últimos 10 años sólo ha atendido parcialmente las
necesidades del sector académico, lo cual ha generado un déficit de 782 plazas. Hoy, la
plantilla académica y administrativa, rebasa en un 30% a la que reconoce y autoriza la
Secretaría de Educación Pública.
Los incrementos
de personal por nuevos programas, se han financiado afectando gasto de operación y
salarios, el nivel medio superior y el cumplimiento de obligaciones fiscales, que desde el
año 2000 se han traducido en un déficit operativo permanente.
En la nómina,
los jubilados, constituyen el 10% y las prestaciones rebasan la capacidad financiera de la
institución, generando un enorme monto de pasivos contingentes. El pasivo contingente por
jubilaciones representa una erogación anual de 27 millones de pesos, con un crecimiento
explosivo para los próximos años, que lo elevará a más de 100 millones alrededor del
35% del costo de la nómina.
Con el fin de
corregir y prevenir esta situación, la Universidad de Nayarit, mantiene un compromiso por
una mayor eficiencia en la obtención de ingresos propios, racionalización del gasto y la
búsqueda de mayores apoyos estatales.
En congruencia
con este propósito, ha abierto sus cuentas a la sociedad a través de informes regulares
al Gobierno estatal, al Congreso local, al Congreso de la Unión, al Organo Superior de
Fiscalización de Nayarit y a Auditorías externas y federales, además de los informes y
fiscalizaciones a que obligan el Consejo Universitario, la Contraloría Interna, la
Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda.
En materia de
ingresos propios incrementó la captación en un 383% en materia de rezagos de
obligaciones fiscales redujo el pasivo con el Seguro Social a 9 millones de pesos y con el
Infonavit reestructuró la deuda para quedar en 30 millones pagaderos a cuatro años; se
han recibido aportaciones extraordinarias del Gobierno estatal que han elevado su
contribución del 6% al 13%; no obstante, la Universidad de Nayarit sigue ubicada en el
penúltimo lugar de la tabla nacional de participación estatal en el sostenimiento de las
instituciones de educación superior y a pesar del porcentaje de recursos federales, es
una de las que menos recibe tanto en términos absolutos, como en relación con programas
académicos y por alumno.
Conforme a los
lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación Pública, para obtener recursos
extraordinarios que permitan garantizar el derecho a la jubilación y la seguridad social
del personal sin poner en riesgo la capacidad de cobertura y la calidad de los servicios,
se puso en marcha un programa de reformas a las condiciones contractuales que representan
una disminución del pasivo contingente del orden de 3 mil 414 millones.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado
Quintanilla, se ha agotado su tiempo, para que concluya a la brevedad.
El diputado José Manuel Quintanilla
Rentería:
Un segundo por
favor.
Por lo anterior,
en apoyo a la justa petición del pueblo de Nayarita y con fundamento en el artículo 58
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, presento a esta honorable Asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que esta Cámara de Diputados, por conducto
de la Comisión de Educación y Servicios Educativos y de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, adopte las medidas que resulten necesarias para incluir en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, recursos que permitan a la
Universidad Autónoma de Nayarit cubrir su nómina laboral completa, así como para
garantizar la aportación de los recursos para las pensiones y jubilaciones del personal
académico y administrativo.
Suscribimos este
punto de acuerdo su servidor José Manuel Quintanilla Rentería y 96 compañeros diputados
más de las siguientes fracciones: del Partido Revolucionario Institucional, del Partido
Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, del
Partido Verde Ecologista, del Partido Sociedad Nacionalista y del Partido Convergencia por
la Democracia.
Es cuanto,
muchas gracias.
«Con la venia
de la Presidencia:
La Universidad
Autónoma de Nayarit, a 33 años de su fundación es la institución de educación
superior más importante del estado.
Atiende 21 mil
estudiantes en bachillerato, 25 programas de licenciatura y 30 de posgrado, en tres campus, 15 dependencias de nivel medio superior y
12 de superior, ubicadas en 11 municipios de la entidad, con un personal académico de
tiempo completo del que 43% tiene estudios de posgrado y 47% participa en tutorías.
En la búsqueda
de responder con calidad a las demandas y retos de la sociedad contemporánea, ha iniciado
un proceso de reforma integral en los aspectos académico, administrativo, relación con
la sociedad y normativo, para lograr una institución de calidad, con un manejo racional y
transparente de sus recursos y que su personal cuente con alto grado de profesionalismo y
compromiso.
Este esfuerzo se
ha visto obstaculizado por problemas estructurales que arrastra desde hace décadas, y
ponen en riesgo su viabilidad.
En lo
financiero, la base de cálculo del subsidio federal y estatal ha permanecido inamovible
desde mediados de los ochenta, mientras la institución ha crecido más de 55% en
matricula y 314% en programas académicos, generando necesidades de personal,
infraestructura y servicios en la misma proporción.
Dentro del
universo de las instituciones de educación superior, la Universidad de Nayarit es de las
que presentan uno de los menores gastos por alumno.
La pobreza de su
gasto corriente contrasta con los recursos para infraestructura y nuevos proyectos, que ha
sido posible con el concurso del gobierno del estado e instancias del Gobierno Federal,
cuyo apoyo alcanzó este año 50 millones de pesos que, como ha sido común, se han
traducido en grandes obras y proyectos en marcha, pero también en problemas financieros
para operar.
La estructura de
financiamiento data de 1986, cuando la SEP estableció las "plantillas de
personal" que en los últimos 10 años sólo ha atendido parcialmente las necesidades
del sector académico, lo cual ha generado un déficit de 782 plazas: hoy la plantilla
académica y administrativa rebasa en un 30% a la reconocida y autorizada por la SEP.
Los incrementos
de personal por nuevos programas se han financiado afectando gasto de operación y
salarios, el nivel medio superior y el cumplimiento de obligaciones fiscales, que desde el
año 2000 se han traducido en un déficit operativo permanente.
En la nómina
los jubilados constituyen el 10%, y las prestaciones rebasan la capacidad financiera de la
institución, generando un enorme monto de pasivos contingentes.
El pasivo
contingente por jubilaciones representa una erogación anual de 27 millones de pesos, con
un crecimiento explosivo para los próximos años que lo elevará a más de 100 millones:
alrededor del 35% del costo de la nómina.
Con el fin de
corregir y prevenir esta situación, la Universidad de Nayarit mantiene un compromiso por
una mayor eficiencia en la obtención de ingresos propios, racionalización del gasto y la
búsqueda de mayores apoyos estatales.
En congruencia
con este propósito, ha abierto sus cuentas a la sociedad a través de informes regulares
al Gobierno Estatal, al Congreso local, al Congreso de la Unión, al Organo Superior de
Fiscalización de Nayarit y auditorías externas y federales, además de los informes y
fiscalizaciones a que obligan el Consejo Universitario, la Contraloría Interna, la
Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda.
En materia de
ingresos propios incrementó la captación en 383%; en materia de rezagos de obligaciones
fiscales redujo el pasivo con el IMSS a nueve millones de pesos, y con el Infonavit
reestructuró la deuda para quedar en 30 millones, pagaderos a cuatro años.
Se han recibido
aportaciones extraordinarias del Gobierno estatal que han elevado su contribución del 6%
al 13%.
No obstante, la
Universidad de Nayarit sigue ubicada en el penúltimo lugar de la tabla nacional de
participación estatal en el sostenimiento de las instituciones de educación superior y a
pesar del porcentaje de recursos federales, es una de las que menos recibe, tanto en
términos absolutos como en relación con programas académicos y por alumno.
Conforme a los
lineamientos emitidos por la SEP para obtener recursos extraordinarios que permitan
garantizar el derecho a la jubilación y la seguridad social del personal, sin poner en
riesgo la capacidad de cobertura y la calidad de los servicios, se puso en marcha un
programa de reformas a las condiciones contractuales, que representa una disminución del
pasivo contingente del orden de 3 mil 414 millones de pesos, se creó un fondo de
pensiones y se estableció un fideicomiso irrevocable para su operación.
Este fondo
requiere para consolidarse, por un lado, que la SEP y la Secretaría de Hacienda
reconozcan la plantilla de personal, y por otro, que el Congreso de la Unión los
regularice como parte del subsidio para el sostenimiento de la Universidad.
Los recursos
adicionales que requiere la Universidad de Nayarit para seguir siendo una institución
viable, son del orden de 203 millones de pesos.
Fue en este
sentido que el honorable Congreso del estado, con fecha 17 de octubre acordó elevar a
esta soberanía una petición respetuosa para que apoye los esfuerzos de la Universidad
Autónoma de Nayarit.
Por lo anterior,
en apoyo a la justa petición en beneficio del pueblo nayarita, y con fundamento en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, presento a esta honorable Asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que ésta Cámara de Diputados, por
conducto de la Comisión de Educación y Servicios Educativos y de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, adopte las medidas que resulten necesarias para incluir en
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, recursos que
permitan a la Universidad Autónoma de Nayarit cubrir su nómina laboral completa, así
como para garantizar la aportación de los recursos para las pensiones y jubilaciones del
personal académico y administrativo.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 29 de octubre de 2002.— Diputados: José Manuel Quintanilla Rentería, R., Antonio Silva,
Jorge Luis García, Juan N. Callejas Arroyo, Enrique Meléndez, Jesús Gamboy, Jorge
Schettino P., Pedro Manterola Sainz, Marcos P. López Mora, Maricela Sánchez C., Martha
Delia Gómez O., José A. Hernández Fraguas, Roberto Zavala E., Rubén García Farías,
Raúl Cervantes A., Feliciano Calzada P., Federico Granja Ricalde, Heriberto Buenfil M.,
Salvador Cosío Gaona, Guillermo Díaz Gea, Francisco Ríos Alarcón, Ildefonso Zorrilla,
José Carlos Ramírez Marín, J. Chávez Presa, Albino Mendieta, Olga Margarita Urarte
Rico, Rodolfo González, Félix Salgado Macedonio, Javier García González, José
Feliciano Moo y Can, José Mendicuti P., Rosa Elena Baduy Isaac, Librado Treviño
González, Juan José Noguera Ruiz, Manuel Garza González, César Augusto Santiago, José
Antonio García Leyva, José Alvaro Vallarta Ceceña, Alfredo Ochoa Toledo, Salvador Rocha
Díaz, Miguel Angel Moreno Tello, Melitón Morales, Omar Fallad M., Raúl González
Villalva, Héctor Sánchez López, Rogaciano Morales Reyes, Víctor Manuel Ochoa, Víctor
Infante, María de las Nieves García, Jorge Esteban Sandoval, José Yunes, Celia
Martínez Bárcenas, Hilda Anderson, María Rosario Oroz, Roque Gracia, Arturo Leonel L.,
Enrique Priego Oropeza, Luis Eduardo Jiménez Agraz, Roberto Garza, Jaime Cervantes
Rivera, Alfredo Hernández, Rafael Servín Maldonado, Magdalena Núñez, Pedro Rosales,
Juan Alonso Hernández, Arturo Escobar Vera,
María Teresa Campoy, Verónica Parra Pérez, Jaime Larrazábal, Irma Piñeyro, Adela
Cerezo, Marco Dávila, Juan Sepúlveda, Cándido Coheto Martínez, Edith Escobar Camacho,
Angel Meixueiro, Mercedes Hernández, María Cruz Martínez, Timoteo Martínez Pérez,
Celestino Bailón, Lourdes Gallardo, Santiago Guerrero Gutiérrez, José Luis González,
Sergio Acosta, José Jaime G., Maricruz Cruz, Hermilo Monroy Pérez, Miguel Arizpe,
Benjamín Ayala, Jaime Martínez, Norma Patricia Riojas, José del C. Soberanes, José
Manuel del Río Virgen.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias,
diputado.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública y de Educación y Servicios Educativos.
CAMARA
DE DIPUTADOS. AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Honorable
Asamblea: a esta Mesa Directiva han llegado los siguientes oficios de la Junta de
Coordinación Política:
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz
Elena Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Con fundamento
en el artículo 34 numeral 1 inciso d de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, por este conducto envío el anteproyecto de presupuesto anual de
la Cámara de Diputados para el Ejercicio Fiscal de 2003, a efecto de que sea presentado a
la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados en la sesión ordinaria a
desarrollarse el día de hoy.
Lo anterior para
lo conducente.
Sin más por el
momento, quedamos de usted.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 29 de octubre de 2002.— Diputados: Martí Batres Guadarrama, presidente de la Junta de
Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del PRD; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo
parlamentario del PRI; Felipe Calderón Hinojosa,
coordinador del grupo parlamentario del PAN,
Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del PVEM y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo
parlamentario del PT.»
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz
Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presente.
Con fundamento
el artículo 34 numeral 1 inciso d de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, por este conducto envío el anteproyecto de presupuesto anual de la
Auditoría Superior de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, a efecto de que
sea presentado a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados en la sesión
ordinaria a desarrollarse el día de hoy.
Lo anterior para
lo conducente.
Sin más por el
momento, quedamos de usted.
Palacio
Legislativo.—San Lázaro, a 29 de octubre de 2002.— Diputados: Martí Batres Guadarrama, presidente de la Junta de
Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del PRD; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo
parlamentario del PRI; Felipe Calderón Hinojosa,
coordinador del grupo parlamentario del PAN,
Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del PVEM y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo
parlamentario del PT.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Vamos a proceder
de la siguiente manera: la Secretaría dará lectura a la propuesta de presupuesto de la
Cámara de Diputados en primer lugar, la que se someterá a votación inmediatamente y
posteriormente dará lectura a la propuesta de presupuesto de la Auditoría Superior de la
Federación.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Consulte la
Secretaría si hay alguna intervención al respecto de esta propuesta.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
VER DOCUMENTO 1
Por
instrucciones de la Presidencia se consulta a los diputados si hay alguna intervención
sobre esta propuesta...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
No habiendo
ninguna intervención se consulta si se considera suficientemente discutido.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
En votación
económica se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Suficientemente discutido.
Consulte la
Secretaría en votación económica si es de aprobarse el proyecto de presupuesto
presentado por la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Por
instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si es de
aprobarse el proyecto de presupuesto presentado por la Junta de Coordinación Política.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobado el
proyecto de presupuesto para quedar como sigue:
Capítulo 1000,
servicios personales: 1,676,084,536.
Capítulo 2000,
materiales y suministros: 116,334,902.
Capítulo 3000,
servicios generales: 1,415,450,308.
Capítulo 5000,
bienes muebles e inmuebles: 56,979,979.
Capítulo 6000,
obras públicas: 10,000,000.
Capítulo 7000,
inversión financiera, provisiones económicas, ayudas y otras: 703,615.
Total: 3, 275,
553, 340.
Proceda la
Secretaría a dar lectura a la propuesta del Presupuesto del Organo Superior de
Fiscalización.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Presupuesto de
la Auditoría Superior de la Federación:
Presupuesto
2002: $549.492,340.O00
más productos
financieros $15.000,000.00
subtotal:
$564.492,340.00
Incremento para
2003 9.9% $55.884,741.66
Total
Presupuesto 2003 $620.377,081.66
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Consulte la
Secretaría si hay alguna intervención respecto de esta propuesta.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Por
instrucciones de la Presidencia se consulta a los diputados si hay alguna intervención de
algún legislador sobre esta propuesta...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
No hay ninguna
intervención.
Consulte la
Secretaría si se considera suficientemente discutida la propuesta.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Por
instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se
considera suficientemente discutida la propuesta.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Suficientemente discutida.
Consulte la
Secretaría en votación económica si es de aprobarse la propuesta.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Por
instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica, si es
de aprobarse la propuesta.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobada
la propuesta del proyecto de Presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación, para
quedar en un monto total de 620 377 081. 66 millones de pesos.
Gracias, señor
diputado.
Se remiten ambas propuestas al
Ejecutivo, para su presentación de conjunto en el presupuesto global del país.
En virtud de que
el tiempo previsto para la sesión se ha agotado, le ruego a la Secretaría dar lectura al
orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL
DIA
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Primer Periodo
de Sesiones Ordinarias.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 31 de
octubre de 2002.
Lectura del acta
de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos
de los estados de Colima y Sonora.
Dictámenes a
discusión
De la Comisión
de Marina, con proyecto de Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México.
De las
comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda y Crédito Público con
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para La Administración y
Enajenación de Bienes del Sector Público y se adiciona el Código Federal de
Procedimientos Penales.
De la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso al
ciudadano Adrián Franco Zevada, para prestar servicios en la Embajada de Bulgaria, en
México.
De la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso a los
ciudadanos Verónica Elizabeth Avilés Lobato, Alexander Alberto Michel Braune Magallón,
Jorge Hefferan Romero, Carlos Hernández Muñoz, Arturo Carreón Cura y Mario Alberto
Martínez Rojas, para prestar servicios en la Embajada de los Países Bajos, en México.
Y los demás
asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
(a las 17:12 horas):
Se levanta la sesión y se cita
para la que tendrá lugar el próximo jueves 31 de octubre, a las 10:00 horas.
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