Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes RangelASISTENCIA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Se informa a la Presidencia que
existen registrados previamente 285 diputados. Por lo tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (a
las 10:22 horas.)
Se abre la sesión
ORDEN DEL
DIA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 26 de noviembre de 2002.
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos de los estados de:
Durango y Guanajuato.
De la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
De la Cámara de Senadores.
De la Junta de Coordinación
Política.
De la Mesa Directiva.
Oficios de la
Secretaría de Gobernación
Con el que remite oficio del
director general de Radio, Televisión y Cinematografía e informe detallado,
observaciones y extrañamientos aplicados a los concesionarios por posibles infracciones a
la Ley Federal de Radio y Televisión, correspondiente al mes de octubre, en relación al
punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
Con el que remite oficio del
director general del Fondo de Desastres Naturales, de la Coordinación General de
Protección Civil, por el que se informa sobre los apoyos otorgados a los pescadores
afectados por la tormenta tropical “Julio” y huracán “Isidore”, en
los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán,
en relación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
Con el que remite oficio del
director general del Fondo de Desastres Naturales, de la Coordinación General de
Protección Civil, por el que informa sobre la situación que prevalece en el estado de
Yucatán, afectado por el huracán “Isidore”, en relación al punto de acuerdo
aprobado por la Cámara de Diputados.
Con el que remite oficio del
Secretario de Agrícultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el que
se informa sobre la elaboración de una Norma Oficial Mexicana para la producción,
industrialización y comercialización de los productos cárnicos curados y cocidos, en
relación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
Con el que remite oficio de la
Secretaría de Economía, en contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de
Diputados, relativo a que se expida una Norma Oficial Mexicana sobre los cilindros
portátiles contenedores de gas licuado de petróleo, que tengan un sello inviolable
alrededor de la válvula de los mismos.
Con el que remite oficio de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativo al exhorto para realizar un
análisis minucioso con la finalidad de restituir el subsidio a las tarifas domésticas de
energía eléctrica en zonas del país, que por su naturaleza climática se han visto
afectadas por el decreto del 7 de febrero de 2002, en contestación al punto de acuerdo
aprobado por la Cámara de Diputados.
Iniciativas de
diputados
Que reforma el artículo 179 de la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Pedro Manterola Sáinz, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que adiciona un segundo párrafo al
artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un cuarto
párrafo al artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, a cargo del diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Por la que la Cámara de Diputados
emita decreto para que el titular del Poder Ejecutivo Federal inicie la renegociación del
capítulo agropecuario del TLCAN, a cargo del diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que adiciona el tercer párrafo de
la fracción III del artículo 145 de la Ley Aduanera, a cargo de la diputada Rosalía
Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Que deroga el párrafo tercero del
artículo 102 y el inciso c de la fracción II
del artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la
fracción II del artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República; y la fracción IV del artículo 66 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I
y II del artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a
cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Que adiciona un segundo párrafo al
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriendo
el actual segundo párrafo del mismo artículo para quedar como tercer párrafo, a cargo
del diputado Lucio Fernández González, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a comisión.)
Que reforma diversas disposiciones
del Código Civil Federal, a cargo de la diputada María de los Angeles Sánchez Lira, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 10 de la
Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma y adiciona la fracción
XXIX-C del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a
cargo del diputado Juan de la Cruz Alberto Cano Cortezano, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6o. y 33 de la
Ley General de Educación, a cargo del diputado Rogaciano Morales Reyes, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De Ley del Sistema de Información
e Inteligencia para la Seguridad Nacional, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
De Ley de Tatuajes y Perforaciones,
a cargo de la diputada Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Dictámenes de
primera lectura
De la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso al senador Enrique Jackson
Ramírez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica en
grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
De la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Santiago
Creel Miranda, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica en
grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
De la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Antonio
González Ibarra, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Checa,
en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Baja California,
Baja California Sur, Chihuahua y Sonora.
De la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas María de
Lourdes Aguilar Guzmán y Mónica Alejandre Cervantes, para prestar servicios en la
Embajada de la República de Sudáfrica en México.
Dictámenes a
discusión
De la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código de Comercio. (Firma electrónica.)
De las comisiones unidas de
Educación Pública y Servicios Educativos, Cultura, Ciencia y Tecnología y de
Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo
25 de la Ley General de Educación.
De la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Luis
Romero Hicks, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de Cruzeiro do
Soul en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa de
Brasil.
De la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Antonio
Pujals Fuentes, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz de Caballero, de la Orden
del Mérito de la República Federal de Alemania, que le confiere el Gobierno de dicho
país.
De la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Adolfo
Alberto Gutiérrez Félix, Raquel Herminia Rodríguez Brayda-Chapa, Graciela Torres
González, José Heriberto Lugo Guajardo, Francis Michaelle Soto Macías, Gerardo
Villarreal Rivas, Emma Lorena Solano Noriega, Benjamín Antonio Ayala Morales, Julio
César Sánchez Rojas, Diana Citlalli Granados Díaz, Guillermo Meléndez Castro, Suzanne
Elizabeth Bond Ortiz de la Peña, Martha Graciela Pineda Trejo y Julio César García
Aguilar, para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de Estados
Unidos de América, en México.
Excitativas
A las comisiones de Cultura y de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo de la diputada Mónica Serrano Peña, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
A la Junta de Coordinación
Política, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, a cargo del diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión del Distrito
Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
A la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Puntos
Constitucionales, a cargo de la diputada Martha Ruth del Toro Gaytán, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
A la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, a cargo del diputado Rafael Hernández Estrada, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
A la Junta de Coordinación
Política, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Proposiciones
Con punto de acuerdo en relación a
la propaganda electoral, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
las tarifas eléctricas, a cargo del diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la
problemática agraria del estado de Guerrero, a cargo del diputado Félix Castellanos
Hernández, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo a efecto de
exhortar al Instituto Federal Electoral, así como a la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, para que se
realice una campaña permanente de difusión de los delitos electorales y su sanción
correspondiente, a cargo del diputado Francisco Ezequiel Jurado Contreras, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente junto con la Ley de Ingresos, la
calendarización de los ingresos prioritarios, a cargo del diputado José Antonio
Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo por el que
exhorta al Poder Ejecutivo Federal, en calidad de miembro no permanente del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas y en el marco de un posible ataque de Estados Unidos de
América a Irak, favorezca con su sentido de voto, aquella resolución que amplíe la
probabilidad de alcanzar una solución pacífica al conflicto misma que contribuya a la
causa de la paz y la seguridad mundial, a cargo de la diputada Heidi Storsberg Montes, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para exhortar
al titular del Ejecutivo Federal para iniciar las negociaciones para proteger las ramas de
producción agrícola y ganadera, a cargo del diputado Jaime Rodríguez López, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo por el que
solicita declarar área natural protegida la zona “Cerro del Colihuic”, ubicado
en Teziutlán Hueytamalco, Puebla, a cargo de la diputada Concepción González Molina,
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación
al presupuesto de la UNAM para el año 2003, a cargo del diputado Alfredo Hernández
Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo en relación
al proceso de selección de los consejeros del Instituto Estatal Electoral del Estado de
Nuevo León, a cargo del diputado José Rodolfo Escudero Barrera, del grupo parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación
con los trabajos del Banrural, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, de
Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que los
municipios de Talpa de Allende, San Sebastián del Oeste y Mascota, del estado de Jalisco,
sean declarados zona de desastre, a cargo del diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo para solicitar
a la Auditoría Superior de la Federación investigue el posible desvío de recursos
federales por parte de la fundación “Vamos México”, a cargo del diputado
Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
la instalación de terminales de gas en las playas de Tijuana, a cargo del diputado Jaime
Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo en relación
al Poder Judicial del estado de Yucatán, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que
autoridades federales y locales se aboquen al saneamiento y reforestación del parque
nacional Desierto de los Leones, a cargo del diputado Jorge Alberto Lara Rivera, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la
aplicación del artículo decimosexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la
Federación del año 2002 y las partidas específicas para pueblos indios establecido en
el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de
la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el año 2003, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo relacionado al
proceso de entrega de concesiones de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del
diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político
Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para impulsar
un programa vial de carreteras para el estado de México, a cargo del diputado Jaime
Vázquez Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la
Cámara de Diputados exhorte al director general del IMSS, a que cumpla debidamente lo que
establece el artículo vigesimoquinto transitorio del decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial el 20 de diciembre de 2001, a cargo
del diputado Rafael Servín Maldonado, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar
al Ejecutivo Federal, información sobre el estado que guardan algunas áreas de la
Administración Pública Federal, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez,
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo con relación
a la agresión a reporteros de Tijuana por elementos de la Policía Judicial Federal, a
cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo por el que
exhorta a la Semarnat para solicitar mayor vigilancia en las áreas naturales protegidas,
a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para que se
declare el año 2003 como “Año de los Derechos Políticos de la Mujer
Mexicana”, a cargo de la diputada Hilda Anderson Nevárez, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la
representación de México ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
solicite el respeto a los derechos humanos de los practicantes del Falun Dafa, a cargo del
diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para otorgar
recursos a los pescadores damnificados con motivo del huracán “Kenna” en los
estados de Jalisco y Nayarit, a cargo del diputado José Manuel Quintanilla Rentería, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo para solicitar
una investigación a la Sagarpa en razón de no haber motivado y fundado correctamente el
decreto del 3 de septiembre de 2001, mediante el cual el Gobierno Federal expropió 27
ingenios en el país, a cargo del diputado Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar
la comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda, a cargo del
diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación
al aumento anunciado a las tarifas eléctricas, a cargo del diputado Marco Antonio Dávila
Montesinos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para exhortar
a todas las estaciones de radio y televisión a celebrar el Día Internacional de la Radio
y la Televisión a favor de los niños, promovido por la UNICEF, así como a la
Secretaría de Gobernación para otorgar todas las facilidades, para dicha celebración, a
cargo del diputado Gumercindo Alvarez Sotelo, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la
necesaria equidad en los medios de comunicación electrónicos en tiempos de campaña
electoral, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
la reunión entre el Ejecutivo Federal y los gobernadores de las entidades federativas, a
cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar
que la Semarnat promueva el decreto por medio del cual se constituya como área natural
protegida “El Sistema de Cavernas”, localizado en la Sierra de Huautla de
Jiménez, Oaxaca, definiendo los programas de manejo y de ordenamiento ecológico que
corresponden conforme a lo previsto en la Ley de la Materia, a cargo del diputado Pablo de
Jesús Arnaud Carreño, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para la
afiliación del programa antidrogas en el estado de Baja California, a cargo del diputado
Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
realice las acciones pertinentes, a fin de reforzar la comercialización del frijol
mexicano, a cargo del diputado José Carlos Luna Salas, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para crear una
Comisión Especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales en el
proceso electoral del estado de México, a cargo del diputado Alejandro Gómez Olvera, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
la protección civil, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la
problemática de seguridad en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Nelly Campos
Quiroz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para destinar
recursos económicos en una partida específica a las universidades indígenas, a cargo
del diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para convocar
a una convención fiscal nacional, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo en relación a
la credencial de elector en el estado de Baja California, a cargo de la diputada Rosa
Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la
problemática de los derechos de las mujeres en el estado de Yucatán, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
los trabajos de la sección instructora, a cargo del diputado Luis Miguel Barbosa Huerta,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación
al presupuesto para el año 2003, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la
situación actual del campo mexicano, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
la seguridad pública, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
la comunicación física del estado de Chiapas, a cargo del diputado César Augusto
Santiago Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice las investigaciones pertinentes
e informe las causas del retraso en la obra carretera “Cafetal Bacalar”, en el
estado de Quintana Roo, a cargo del diputado Juan Carlos Pallares Bueno, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
la homologación del precio de la gasolina en la frontera norte, a cargo del diputado
Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLCAN a partir del año 2003, a cargo
del diputado José Narro Céspedes, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo por el que
solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, expedir el decreto que asegure el cabal
cumplimiento de los propósitos y compromisos del Consejo Nacional de Autoridades
Educativas, conforme a las normas y objetivos consensuados por las autoridades educativas,
suscrito por integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a
cargo del diputado Héctor Méndez Alarcón. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo sobre la
educación en México, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo por el que
exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores se sirva incluir en sus programas de
apoyo a los migrantes, la enseñanza del idioma inglés, a cargo del diputado Ramón
Mantilla y González de la Llave, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo mediante el
cual la Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la
Secodam, para auditar la gestión pública de la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos, durante los ejercicios fiscales 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, a cargo
del diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo por el que se
exhorta a los poderes ejecutivos de cada estado, para que a través de las procuradurías
generales de los estados, ejerzan acción en contra de los que resulten responsables por
el delito de fraude y otros, relacionado con los actos ilícitos cometidos por la
organización llamada “Unión Campesina Independiente”, así como aplicar las
sanciones correspondientes y la reparación del daño ocasionado, a cargo del diputado
Miguel Angel Mantilla Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
solicitarle a la Comisión Especial Sur-Sureste, realice un estudio y evaluación
económica y social del proyecto de creación de un puerto de entrada (Home Port) en el
estado de Quintana Roo, a cargo del diputado Juan Carlos Pallares Bueno, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para exhortar
al Ejecutivo Federal a la emisión de un decreto que amplíe la tarifa de verano en el
estado de Tabasco, a cargo de la diputada Lorena Beaurregard de los Santos, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que los
diputados integrantes de la LVIII Legislatura, donen a las bibliotecas públicas del país
10 libros, a cargo del diputado Gregorio Arturo Meza de la Rosa, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre las
acciones del Estado ante los crímenes de lesa humanidad, a cargo de la diputada Petra
Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, inicie un programa de regularización de
hoteles y establecimientos turísticos irregulares en distintos destinos turísticos del
país, suscrito, por diversos diputados integrantes de la Comisión de Turismo. (Urgente
resolución.)
Con punto de acuerdo para
simplificar los diversos trámites administrativos para la regulación de usuarios de
aguas nacionales que realicen actividades de carácter agrícola y ganadero, así como
brindarles apoyo para dotarlos de la infraestructura necesaria para sus actividades
fundamentales, a cargo del diputado Juan José Nogueda Ruiz, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la
decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de habilitar un recinto alterno
para el trabajo del pleno y de los ciudadanos ministros, a cargo del diputado Jorge
Alberto Lara Rivera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para que la
Cámara de Diputados exhorte al Senado de la República para que revise y modifique el
capítulo agropecuario del TLCAN, a cargo de la diputada Miroslava García Suárez, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para aumentar
el presupuesto que Pemex otorga para el desarrollo social de las entidades federativas
donde extrae, refina y conduce petróleo, a cargo del diputado Abel Trejo González, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
la situación laboral de los trabajadores del INAH, a cargo de la diputada Petra Santos
Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo en relación
al proceso poselectoral en el estado de Hidalgo, a cargo del grupo parlamentario del
Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el
derecho de los trabajadores a una vivienda digna, a cargo del diputado Armín Valdés
Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para que en el
Presupuesto de Egresos de 2003, se asigne a los productores de caña del país una partida
para que puedan cumplir con sus cuotas del IMSS, a cargo del diputado Arturo Herviz Reyes,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar
que se emita el decreto de área natural protegida a la zona conocida como “Caña
Alta”, ubicada en el temario de diferentes municipios del estado de Veracruz, a cargo
del diputado Pedro Manterola Sainz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para otorgar
un trato igualitario a la frontera sur en materia de precios de gasolinas, a cargo del
diputado Alejandro Cruz Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para exhortar
al Congreso de la Unión, congresos estatales y distintas autoridades de la Federación,
estados y municipios, a realizar sólo los viajes necesarios frente a autoridades de
Estados Unidos de América y a través de ellos manifestar nuestro reclamo por un acuerdo
migratorio flexible y respetuoso de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Manuel
Arturo Narváez Narváez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para que el
IPAB incremente las cuotas que los bancos paguen por concepto de seguro de depósito, a
cargo del diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para exhortar
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que se concluya, a la brevedad, la obra del
distribuidor vial Troncoso-Zaragoza, en la delegación Venustiano Carranza, a cargo del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que las
empresas: Química Central de México, SA de CV y Suelas Winny, SA de CV rindan un informe
a las autoridades correspondientes y rea-licen acciones encaminadas a la restauración del
medio ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Sainz Lozano, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que se
incluya a los planteles dependientes de la subsecretaría de Educación e Investigación
Tecnológica, ubicados en las entidades federativas, como receptores de transferencias
previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2003, a cargo del diputado
Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
la transparencia, equidad electoral y el combate a la corrupción en el estado de
Zacatecas, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que el
Ejecutivo Federal, prorrogue la vigencia del arancel aplicable a las importaciones de
aceites de coco y de almendra de palma, a cargo del diputado Jesús Dueñas Llerenas, a
nombre de integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para restituir
los fondos de apoyo regional a las comunidades indígenas, dependientes de instituciones
indigenistas, a cargo del diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que las
comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública, asignen recursos a las unidades
especialistas de trasplantes y órganos restaurados por instituciones públicas en el
país, a cargo del diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Agenda política
Sobre la integración del Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado Luis Miguel Barbosa
Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el Presupuesto para 2003, a
cargo del diputado José Narro Céspedes, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Efemérides
Sobre el Día Mundial de los Sin
Techo, a cargo de la diputada Raquel Cortés López, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
Sobre las mujeres rurales en el
marco del Día Mundial de la Mujer Rural, a cargo de las diputadas: Silvia América López
Escoffie, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Eréndira Olimpia Cova
Brindis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Hortensia
Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el Día Mundial de la
Alimentación, a cargo de la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del Partido
Alianza Social y del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Sobre el aniversario del natalicio
de Aquiles Serdán, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Sobre el aniversario luctuoso de
don Fernando Gutiérrez Barrios, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Sobre el aniversario de la UNESCO,
a cargo del diputado Alfonso Vicente Díaz, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Sobre el aniversario de la
Promulgación del Acta de Independencia por el Congreso de Chilpancingo, a cargo del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo.
Sobre el CCCLI aniversario del
natalicio de sor Juana Inés de la Cruz, a cargo de las diputadas: Esperanza Santillán
Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Hortensia
Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre la conmemoración de la gesta
histórica de Jesús García Corona, “Héroe de Nacozari”, ocurrida el 7 de
noviembre de 1907, a cargo del diputado Oscar Ochoa Patrón, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Sobre el aniversario del natalicio
de don Felipe Carrillo Puerto, a cargo del diputado Jorge Carlos Berlín Montero, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el Día de la No Violencia
Contra las Mujeres, a cargo de la diputada Elba Arrieta Pérez, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre “Las Soldaderas”,
con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, a cargo de la diputada Celita
Trinidad Alamilla Padrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre la proclamación del
Desarrollo de la Educación Física y Deporte al Servicio del Progreso Humano, a cargo de
la diputada Norma Enriqueta Bacilio Sotelo, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Proceda la Secretaría poner a
discusión y votación de inmediato, el acta de la sesión anterior.
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Acta de la sesión de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintiuno de noviembre de dos
mil dos, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de
Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
En el Palacio Legislativo en San
Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos sesenta y siete diputados, a las
diez horas con treinta y siete minutos del jueves veintiuno de noviembre de dos mil dos,
la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden
del día.
Desde su curul el diputado Fernando
Pérez Noriega objeta la inclusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el
artículo veinticinco de la Ley General de Educación en el orden del día de la presente
sesión y solicita a la Presidencia instruir a la Secretaría a dar lectura a los
artículos dieciocho y diecinueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos. La Presidenta obsequia la solicitud.
También desde su curul el diputado
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta hace comentarios en relación con la objeción del
diputado Pérez Noriega.
Hablan sobre la incorporación del
dictamen en el orden del día los diputados: Fernando Pérez Noriega, del Partido Acción
Nacional, en contra; y Justino Eduardo Andrade Sánchez, del Partido Revolucionario
Institucional, en pro.
Por indicaciones de la Presidencia,
la Secretaría da lectura al acuerdo de la Mesa Directiva que fundamenta la incorporación
en el orden del día de la presente sesión del dictamen de referencia y se concede la
palabra a los diputados: Armando Salinas Torre, del Partido Acción Nacional, en contra y
acepta interpelaciones de los diputados Efrén Nicolás Leyva Acevedo y Justino Eduardo
Andrade Sánchez; y Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, en
pro, quien solicita a la Presidencia instruir a la Secretaría a dar lectura a una parte
del texto titulado Compromiso Social para la Calidad de la Educación, solicitud que es
atendida y previo a la lectura, la Presidenta hace suya una moción de orden solicitada
desde su curul por el diputado Manuel Castro y del Valle y posteriormente instruye a la
Secretaría a dar lectura al artículo ciento cinco del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Antes de la intervención del
diputado León Morales, a solicitud de la Presidencia y de conformidad con el acuerdo
relativo al sistema electrónico para el registro de asistencia, a las once horas con
veintiséis minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos quince diputados
y ordena el cierre del sistema.
Desde su curul el diputado José
Manuel Minjares Jiménez solicita una moción de orden y la Presidencia hace comentarios
al respecto.
La Presidencia instruye a la
Secretaría, en atención a una solicitud hecha desde su curul por el diputado Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta, a dar lectura al inciso c
del numeral dos del artículo veinte de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y con posterioridad hace aclaraciones al respecto.
La Presidencia instruye a la
Secretaría a recoger la votación por medio del sistema electrónico, misma que resulta
aprobatoria para incluir, en primera lectura, el dictamen con proyecto de decreto que
adiciona el artículo veinticinco de la Ley General de Educación en el orden del día de
esta sesión, por doscientos veintisiete votos en pro y ciento ochenta y dos en contra.
La Asamblea aprueba el acta de la
sesión anterior en votación económica.
Tres comunicaciones de la Cámara
de Senadores con acuerdos por los que solicita a la Cámara de Diputados:
• Incrementar en cien por
ciento la partida presupuestal para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil tres.
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Asignar en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil tres, una cantidad
significativa para la protección civil y en especial para el Fondo Nacional de Desastres
Naturales. Se turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Presupuesto
y Cuenta Pública.
• Valorar y analizar, en
trabajo de conferencia de las comisiones de Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología y
Hacienda y Crédito Público del Senado de la República con las comisiones análogas de
la Cámara de Diputados, la pertinencia de crear un fondo para la equidad y el
fortalecimiento de la educación pública superior. Se turna a las comisiones de
Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública.
El grupo de enlace con la
Universidad Nacional Autónoma de México comunica el convenio de la Cámara de Diputados
con esa institución académica. De enterado y proporciónense los apoyos necesarios por
parte de esta legislatura para llevar a cabo esas acciones, en coordinación con la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Comunicación del diputado Salvador
Cosío Gaona, para solicitar la intervención legal procedente a cargo de la Mesa
Directiva a fin de dar cumplimiento al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de
Diputados, relativo a la problemática que enfrentan diversos municipios de los estados de
Jalisco y Nayarit, afectados severamente por el huracán “Kenna”. Se turna a la
Mesa Directiva.
Comunicación del diputado Bernardo
Borbón Vilches, por la que informa su reincorporación a sus labores legislativas. De
enterado y se le tiene por reincorporado.
Comunicación del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el formato de
la sesión solemne de Congreso General para recibir a los Reyes de España, celebrada el
dieciocho de noviembre de dos mil dos. De enterado y túrnese a la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
Comunicaciones de la Junta de
Coordinación Política:
• Con acuerdo para crear una
comisión especial encargada de vigilar que los recursos del Fondo Nacional de Desastres
Naturales y partidas extraordinarias que se aprueben, se apliquen a la restauración de
las zonas dañadas y ayuda a los damnificados por el huracán “Kenna”. Se
aprueba en votación económica.
• Con acuerdo por el que se
proponen cambios en la integración de la mesa directiva de la Comisión Especial
encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional
relacionados con la región Sur-Sureste de México. Se aprueba en votación económica.
• Con acuerdo por el que se
proponen cambios en la integración de la mesa directiva de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social y en la integración de la Comisión de Cultura. Se aprueba en votación
económica.
• Con la que informa de
cambios en la integración de las comisiones de Comunicaciones, de Transportes, de
Desa-rrollo Social, de Juventud y Deporte, de Pesca y de Radio, Televisión y
Cinematografía. De enterado.
Oficio de la Cámara de Senadores
con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción
decimoctava al artículo sesenta y uno de la Ley Aduanera; y la fracción novena al
artículo veinticinco de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador
Roberto Pérez de Alva Blanco, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Dos oficios de la Secretaría de
Gobernación, con los que remite copia de los siguientes oficios:
• De la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en relación con el
punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, sobre las acciones dirigidas al
apoyo del sector porcícola nacional ante el incremento de las importaciones provenientes
de Estados Unidos de América. Remítase copia al promovente y a las comisiones de
Agricultura y Ganadería y Especial de Ganadería.
• Del Director General del
Fondo Nacional de Desastres Naturales, en relación con el punto de acuerdo aprobado por
la Cámara de Diputados, para declarar al municipio de Janos, Chihuahua, zona de desastre
en virtud de la sequía presentada en esa entidad federativa. Remítase copia al
promovente.
Oficio de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, con el que remite el documento denominado
“Distribución del Pago de Impuestos y Recepción del Gasto Público por Deciles de
Ingreso de las Familias. Resultados para el año dos mil”. Se turna a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público y remítase copia al Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas.
Minutas de la Cámara de Senadores:
• Una, con proyecto de decreto
por el que se expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y se reforman y
adicionan las leyes: General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
Orgánica de la Administración Pública Federal; y de Premios, Estímulos y Recompensas
Civiles. Se turna a las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, con opinión, en lo referente a las leyes Orgánica de la
Administración Pública Federal y de Premios, Estímulos y Recom- pensas Civiles, de la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
• Una, con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Se turna a las comisiones de Desarrollo Social y de Asuntos Indígenas.
• Una, con proyecto de decreto
por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Se turna a
la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
• Una, con proyecto de decreto
que adiciona la fracción vigésima novena-L al artículo setenta y tres de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
• Una, con proyecto de decreto
por el que se reforma la fracción undécima del artículo siete y el párrafo tercero del
artículo cuarenta y ocho de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de
Educación Pública y Servicios Educativos.
• Dos, con proyectos de
decreto que conceden permiso a los ciudadanos Alberto Manuel Ortega Venzor y Eduardo Sojo
Garza Aldape, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno del
Reino de España. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Presentan iniciativas con proyecto
de decreto los diputados:
• Federico Granja Ricalde, del
Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo doscientos veintidós de la
Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.
• Esteban Daniel Martínez
Enríquez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma diversas disposiciones
de la Ley de Coordinación Fiscal, para incorporar al Distrito Federal en el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social.
Presidencia del diputado Jaime Vázquez
Castillo
Se turna a la Comisión de Hacienda
y Crédito Público.
• Adela del Carmen Graniel
Campos, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona el artículo
treinta y nueve del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda
y Crédito Público.
• María Miroslava García
Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Se turna a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública.
• Alfredo Hernández Raigosa,
del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos veinticuatro y
veintiséis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de
Comercio y Fomento Industrial.
• Julián Luzanilla Contreras,
del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley de Almacenamiento Rural. Se
turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
• César Alejandro Monraz
Sustaita, del Partido Acción Nacional, a nombre de diputados de diversos grupos
parlamentarios, que reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera y de la Ley de
Comercio Exterior. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• Cutberto Cantorán Espinosa,
del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos
veinticinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete y cuarenta y ocho de la Ley de
Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• Manuel Duarte Ramírez, del
Partido de la Revolución Democrática, que reforma diversos artículos de la Ley de
Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• J. Jesús Dueñas Llerenas,
del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo trece de la Ley de Organizaciones
Ganaderas. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
• Cuauhtémoc Rafael Montero
Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo quince de
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se
turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
• Adela del Carmen Graniel
Campos, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo
cuatrocientos veintisiete-bis de la Ley General de Salud y los artículos sesenta y cuatro
y sesenta y siete de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a las comisiones de
Salud y de Radio, Televisión y Cinematografía.
Dictamen de la Comisión de
Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código de Comercio, en materia de firma electrónica. Es de primera
lectura.
Dictamen de las comisiones unidas
de Educación Pública y Servicios Educativos, de Cultura, de Ciencia y Tecnología y de
Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo
veinticinco de la Ley General de Educación. Es de primera lectura.
Tres dictámenes de la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de decreto que conceden permiso:
• Al ciudadano José Luis
Romero Hicks, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la
República Federativa de Brasil.
• Al ciudadano José Antonio
Pujals Fuentes, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la
República Federal de Alemania.
• A catorce ciudadanos, para
prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de Estados Unidos de América
en México.
Son de primera lectura.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
Dictamen de la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto para que la Cámara de
Diputados extienda el plazo para la dictaminación y entrega de la Medalla al Mérito
Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de Mil Novecientos Trece. Es de segunda lectura.
Sin nadie que solicite hacer uso de
la palabra, se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por
trescientos ochenta y tres votos en pro, ninguno en contra y una abstención. Publíquese
en el Diario Oficial de la Federación.
La Asamblea, en votación
económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
de la Propiedad Industrial. Es de segunda lectura.
A nombre de la comisión fundamenta
el dictamen el diputado Carlos Nicolás Villegas Flores, del Partido Acción Nacional.
Sin nadie más que solicite hacer
uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal del proyecto de decreto,
misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular, por trescientos ochenta
votos en pro y ninguno en contra. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
La Asamblea dispensa la lectura, en
votación económica, del dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial con
proyecto de decreto que adiciona el artículo veinticinco con un tercer párrafo y el
artículo treinta y uno con una fracción tercera, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Es de segunda lectura.
Para fundamentar el dictamen y
proponer modificaciones al artículo veinticinco de la ley referida, a nombre de la
comisión, se concede la palabra al diputado Francisco Javier Ortiz Esquivel, del Partido
Acción Nacional.
La Asamblea, en votación
económica, admite la modificación propuesta por la comisión.
Habla en pro del dictamen el
diputado Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México.
No habiendo nadie más que solicite
hacer uso de la palabra, la Presidenta da lectura al artículo veinticinco de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con la modificación
admitida.
La Secretaría recoge la votación
nominal del proyecto de decreto, con la modificación aceptada, misma que resulta
aprobatoria en lo general y en lo particular por trescientos setenta y cinco votos en pro,
ninguno en contra y dos abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
La Presidencia informa de la
recepción de una comunicación de la Presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos, por la que solicita retirar del orden del día el dictamen con proyecto de
decreto que reforma y adiciona los artículos veinticuatro, veinticinco, veintiséis y
veintisiete de la Ley de Pesca y adiciona la fracción sexta del artículo cuatrocientos
veinte del Código Penal Federal. La Presidencia obsequia la solicitud.
Dictamen de la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales con puntos de acuerdo para la revisión y solución
inmediata de la problemática ambiental de la playa Las Lupitas, en la bahía de
Teacapán, municipio de Escuinapa, Sinaloa. Sin discusión se aprueban los puntos de
acuerdo por trescientos cincuenta y cinco votos en pro, ninguno en contra y cinco
abstenciones. Comuníquense a las autoridades competentes.
Dictamen de la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales con puntos de acuerdo para solicitar a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente, establezca de manera definitiva y permanente, en temporadas de camarón, el
Programa Especial de Verificación Ambiental en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo
de California y Delta del Río Colorado.
Hablan los diputados: Rigoberto
Romero Aceves, del Partido Acción Nacional, en contra, y solicita se posponga la
aprobación del dictamen; Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de México, en
pro; y Javier Luzanilla Contreras, del Partido Revolucionario Institucional, en contra, y
solicita se retire el dictamen a fin de mejorarlo.
Desde su curul el diputado Diego
Cobo Terrazas, en nombre de la comisión dictaminadora, acepta retira del orden del día
el dictamen referido, en aras de lograr mayores consensos.
Dictamen de las comisiones de
Comercio y Fomento Industrial y de Energía, con puntos de acuerdo para exhortar al Poder
Ejecutivo Federal, a que emita un decreto que amplíe la tarifa de verano en los estados
de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Sin que motive discusión se aprueba por
unanimidad de trescientos sesenta y un votos en pro. Comuníquese.
Dictamen de la Comisión de Salud,
con punto de acuerdo para que se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de dos mil tres, la asignación de recursos suficientes para la
atención de las personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de
inmunodeficiencia adquirida.
Desde su curul la diputada María
Eugenia Galván Antillón, a nombre de la comisión, propone suprimir el segundo
resolutivo del punto de acuerdo.
Sin nadie que solicite el uso de la
palabra se aprueba el punto de acuerdo, con la supresión propuesta, por trescientos
cincuenta y un votos en pro, dos en contra y nueve abstenciones. Comuníquese a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Dictamen de la Comisión de
Comercio y Fomento Industrial, en relación con la proposición con punto de acuerdo sobre
prácticas monopólicas en tiendas de autoservicio, presentada por el diputado Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta. Sin nadie que solicite hacer uso de la palabra, la Presidenta
señala que, en virtud de que el dictamen es un informe de desahogo, se da por desahogada
la proposición y así se considera en el registro respectivo.
Transcurrido el tiempo acordado
para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la
próxima sesión y la Presidencia clausura la de hoy a las dieciséis horas con diecinueve
minutos, citando para la próxima que tendrá lugar el martes veintiséis de noviembre de
dos mil dos, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No
habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el
acta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Pasamos al capítulo de
comunicaciones.
ESTADO
DE DURANGO
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Congreso del estado de Durango.— LXII Legislatura.
Ciudadanos diputados secretarios de
la Cámara de Diputados.— México, DF.
En sesión ordinaria verificada el
día 16 de los corrientes, la honorable LXII Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Durango aprobó un punto de acuerdo que dice
PUNTO
DE ACUERDO
“Unico. Que esta LXII Legislatura del Estado
Libre y Soberano de Durango exhorte a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que ésta procure incrementar en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003 la partida
correspondiente al desarrollo y la investigación científica y tecnológica.”
Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.
Sin otro particular, nos es grato
reiterar a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Durango, a 18
de octubre de 2002.— Diputados: Mario Moreno
Salas, presidente; Adán Soria Ramírez y Rubén Velasco Murguía, secretarios.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Ciencia y
Tecnología y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
PRODUCTOS
CARNICOS
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del estado de Guanajuato.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Para los efectos conducentes,
anexas me permito remitir a ustedes las consideraciones del dictamen y el acuerdo aprobado
por la LVIII Legislatura constitucional del estado en sesión ordinaria celebrada en esta
fecha, mediante el cual se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía que, en el
ámbito de sus competencias, elaboren un anteproyecto de norma oficial mexicana de
clasificación de carne de bovino, cerdo y ovino.
Aprovecho la ocasión para
reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, a 24 de
octubre de 2002.— El presidente del Congreso del Estado, diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del estado de Guanajuato.
ACUERDO
La LVIII Legislatura Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Guanajuato acuerda:
Primero. El Congreso del estado de Guanajuato
solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación y a la Secretaría de Economía que, en el ámbito de sus competencias,
elaboren un anteproyecto de norma oficial mexicana de clasificación de carne de bovino,
cerdo y ovino.
Segundo. Comuníquese el acuerdo aprobado a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la
Secretaría de Economía y al honorable Congreso de la Unión para los efectos
correspondientes, así como a las legislaturas de los estados para que se adhieran al
contenido del mismo.
Guanajuato, Guanajuato, a 24 de
octubre de 2002.— Diputados: Francisco Agustín
Arroyo Vieyra, presidente; Jorge Ignacio Tapia
Santamaría y Federico Jaime Gómez
secretarios.»
«Ciudadano presidente del Congreso
del Estado.— Presente.
Los diputados que integramos la
Comisión de Fomento Agropecuario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56
fracción II de la Constitución Política del estado, así como por los artículos 133
fracción II y 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos proponer a la
Asamblea la aprobación de un punto de acuerdo relativo a solicitar a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la
Secretaría de Economía, la elaboración de anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana de
clasificación de carne de bovino, cerdo y ovino, de conformidad con la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
Es incuestionable que el sector
agropecuario es pilar del desarrollo nacional; por tanto, la orientación de la política
agropecuaria debe encaminarse a incrementar los ingresos netos de los productores,
contribuir al combate de la pobreza con acciones de fomento productivo, aumentar la
producción en este sector por encima del crecimiento demográfico con posibilidades
justas de comercialización y contribuir a la seguridad alimentaria del pueblo mexicano
mediante el abasto de productos básicos agropecuarios, entre otros.
Sin embargo, dicho sector en
México enfrenta múltiples problemas, como la comercialización, organización y
producción, así como serias desventajas competitivas en relación con productores de
otros países.
A partir de la apertura comercial,
que deriva de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio para América del Norte,
el mercado nacional se ha visto inundado con carne de importación y ello ha generado el
consumo de carne del extranjero al encontrar mejor precio.
Los ganaderos enfrentan en estos
momentos varios retos, entre las dificultades económicas y la creciente competencia
comercial, por lo que resulta sumamente importante contar con una herramienta que ayude,
en términos de generar confianza del consumidor, a ganar mercado tanto en el nivel
interno como en los mercados de exportación y a mejorar la calidad de los cárnicos que
se producen en el país. Por ello, resulta urgente contar con una Norma Oficial Mexicana
de calidad de clasificación de carne, para dar certeza tanto a los productores como a los
consumidores de productos cárnicos.
En la actualidad, países como
Estados Unidos de América, Australia, Nueva Zelanda y los que integran la Unión Europea
cuentan con normatividad relativa a estándares de control y clasificación de carne.
En cuanto a la normatividad que ha
emitido la Unión Europea en la materia, existe un reglamento (el número 1760/2000) que
establece el sistema de identificación, registro y etiquetado de la carne y productos a
base de carne y que obliga al comercializarse estos productos que se contenga información
como denominación comercial de la pieza, lote o identificación del animal,
identificación de la sala de despiece, identificación del matadero, país de origen,
país de cría o precio por kilogramo; además de los datos anteriores, si el producto se
comercializa envasado, contendrá también identificación de la empresa, fecha de
caducidad, cantidad neta y precio total.
Pero no sólo se reglamenta la
comercialización de la carne de ganado bovino, sino de otras especies, incluso de pescado
ya que, de acuerdo con la normatividad de la Unión Europea, es obligatorio clasificar y
etiquetar también los productos pesqueros frescos, refrigerados y cocidos, conte- niendo
información como nombre comercial de la pieza, método de producción (pescado, pescado
en aguas dulces o criado), zona de captara (mar, aguas dulces o criadero), tamaño de la
pieza en función de su talla y peso, frescura, fecha en que se determina la frescura,
modo de presentación del producto (forma de preparación: sin vísceras, con cabeza, sin
cabeza, fileteado, cocido etcétera), expedidor, precio por kilogramo y además, si son
envasados, peso neto y fecha de caducidad.
En México, en la década de los
sesenta se estableció en el estado de Sonora el primer sistema de clasificación de carne
en el país. A la fecha, los estados de Nuevo León, Baja California y Tabasco cuentan con
dicha normatividad, que define los mismos estándares de control que se aplican en Estados
Unidos de América para el producto cárnico.
Sin embargo, la normatividad a que
se ha hecho referencia es de carácter local, aplicable sólo a las cuatro entidades
federativas mencionadas, siendo necesaria la expedición de una norma oficial mexicana de
calidad de clasificación de carne aplicable a todas las entidades federativas que
integran nuestro país, así como al Distrito Federal.
Por ello, la Comisión de Fomento
Agropecuario considera importante proponer a la Asamblea la aprobación de un punto de
acuerdo relativo a solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Secretaría de Economía, la elaboración de
anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana de clasificación de carne de bovino, cerdo y
ovino, toda vez que con la creación de esta norma se procurará garantizar el desa-rrollo
productivo, comercialización y consumo de productos cárnicos, en un marco de
sustentabilidad para el sector agropecuario mexicano.
Por lo anteriormente expuesto, la
Comisión de Fomento Agropecuario pone a consideración de la Asamblea la aprobación del
siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. El Congreso del estado de Guanajuato
solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación y a la Secretaría de Economía que, en ámbito de sus competencias,
elaboren un anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana de clasificación de carne de
bovino, cerdo y ovino.
Segundo. Comuníquese el acuerdo aprobado a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la
Secretaría de Economía y al honorable Congreso de la Unión para los efectos
correspondientes, así como a las legislaturas de los estados para que se adhieran al
contenido del mismo.
Guanajuato, Guanajuato, a 16 de
octubre de 2002.— Por la Comisión de Fomento Agropecuario, diputados: Mario Ernesto Dávila Aranda, Lorenzo Chávez Zavala,
Jesús Cobián Correa, Carlos Vidal Rojas Yerena y J. Miguel Luna Hernández.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a las comisiones de Comercio
y Fomento Industrial y de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.
LEY
DE AGUAS NACIONALES
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del estado de Guanajuato.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Para los efectos correspondientes,
anexo me permito remitirles a ustedes las consideraciones del dictamen y el acuerdo
aprobado por la LVIII Legislatura constitucional del estado, en sesión ordinaria,
celebrada en esta fecha, mediante el cual se pronuncia en favor de reformar la Ley de
Aguas Nacionales y su Reglamento, en diversos apartados.
Aprovecho la ocasión para
reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, a 24 de
octubre de 2002.— Diputado Francisco Agustín
Arroyo Vieyra, presidente del Congreso.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del estado de Guanajuato.
ACUERDO
La LVIII Legislatura constitucional
del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda:
Primero. El Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guanajuato, considera necesaria la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y su
reglamento, en sus capítulos de Consejos de Cuenca y Explotación, Uso o Aprovechamiento
de Aguas Nacionales, a fin de que los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades
federativas, los municipios y los representantes de los usuarios de agua, formen parte
integral de los consejos de cuenca; así como la delegación de facultades propias de la
Federación a favor de los estados en correspondencia de los municipios en materia de
hidrología.
Segundo. Comuníquese al honorable Congreso de la
Unión en sus dos cámaras el acuerdo aprobado, así como a la Comisión Nacional del Agua
y a las legislaturas locales para los efectos correspondientes.
Guanajuato, Guanajuato, a 24 de
octubre del año 2002.— Diputados: Francisco
Agustín Arroyo Vieyra, presidente; Jorge
Ignacio Tapia Santamaría y Federico Jaime
Gómez.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del estado de Guanajuato.
Ciudadano Presidente del Congreso
del estado.— Presente.
Los diputados que integramos la
Comisión de Aguas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56 fracción II y 57
de la Constitución Política del estado de Guanajuato, en relación con los artículos
133 fracción II y 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos proponer
a la Asamblea la aprobación de un punto de acuerdo, relativo a solicitar al Congreso de
la Unión, para que dentro de sus respectivas facultades tenga a bien emitir y reformar la
Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, en sus capítulos de Consejos de Cuenca y
Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales y Bienes Nacionales, de
conformidad con la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27 párrafos quinto y sexto, del cual emanan la
ley reglamentaria de la materia, estableciendo el régimen de propiedad nacional a las
aguas comprendidas dentro del territorio nacional, así como el dominio de éstas, con el
carácter de imprescriptibles e inalienables. De manera específica, la Ley de Aguas
Nacionales, tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas
aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad
para lograr el desarrollo integral sustentable.
Es conveniente establecer cuáles
son los medios con los que se cuenta para verificar que dicho cumplimiento se dé en los
términos y finalmente, las alternativas mediante las cuales la ley compele a subsanar las
irregularidades, es por eso que el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, último
ordenamiento en referir, cumple con la función doctrinal, en cuanto a hacer ejecutable lo
previsto en la ley que le da origen o bien en regular la aplicación de la misma.
En este sentido, es que dentro del
capitulado de la Ley de Aguas Nacionales, se hace referencia y se regula la materia de
consejos de cuenca, la organización y participación de los usuarios; así como lo
referente a la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y bienes
nacionales. Sin embargo, dentro del campo de acción, estamos convencidos que es necesario
reforzar tales instancias, es decir, es conveniente reformar la integración y
funcionamiento de dichos consejos, dando prioridad al interés general de la sociedad y
que sean sus propios representantes quienes propongan y den soluciones a los problemas
generados en las cuencas hidrológicas.
El estado de Guanajuato afronta un
serio problema hidrológico, cuyos efectos comprometen el progreso y aún el desarrollo
actual de la entidad. Gran parte del problema se deriva de la sobreexplotación de los
mantos acuíferos, cuyo impacto ambiental negativo afecta a todos los sectores; es decir,
todos aquellos usuarios de agua domésticos, agrícolas, industriales, públicos y
urbanos, entre otros. Hasta ahora, el desarrollo de la entidad ha prosperado a costa de la
reserva de agua del subsuelo, pero esta situación no es sustentable porque la reserva es
finita y hay restricciones físicas y económicas que limitan su aprovechamiento.
Dentro del estado no hay otras
fuentes de agua para cubrir el déficit actual y el incremento de la demanda, por lo cual
tendrán que reforzarse las acciones encaminadas a estabilizar los acuíferos o mantos
freáticos; por otro lado los trasvases de agua a la laguna de Chapala, siguen provocando
estragos en el sector agrícola, que es el más afectado por dicha situación. Por ello,
es imperativo diseñar y aplicar una estrategia integral para la gestión de los recursos
hidráulicos en el estado y en la región, particularmente en los cinco estados que
conforman la cuenca Lerma-Chapala, como lo son: estado de México, Jalisco, Querétaro,
Michoacán y Guanajuato, así como revisar el convenio de rescate y saneamiento de dicha
cuenca y otros ordenamientos en la materia. Es por ello que creemos indispensable contar
dentro del Consejo de Cuenca, con la intervención de órganos interlocutores y
autoridades que por el conocimiento de la situación concreta de sus estados, tengan
injerencia en la discusión de los importantes asuntos que se abordan en dichos consejos.
Es por esto que proponemos sea
considerada una reforma en la materia, para que cuando se trate de formular o ejecutar
programas y/o acciones encaminadas a la mejor administración de las aguas, la
preservación de los recursos de una determinada cuenca o cuencas hidrológicas, el
Consejo de Cuenca convoque e incorpore con voz y, en su caso, con voto de los
“...titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, de los municipios y
los representantes de los usuarios de los 11 usos de agua, que pudieran resultar afectados
por la toma de decisiones…”.
Se considera conveniente incorporar
y que formen parte de los consejos de cuenca las autoridades mencionadas, en la redacción
de la ley y en la forma auténtica de participación de los estados involucrados de una u
otra manera, municipios y la sociedad en la toma de decisiones y que se garantice que sus
opiniones propuestas y sugerencias serán analizadas y tomadas en consideración, y con
ello estar en condiciones de plantear soluciones claras y reales a los problemas que
vienen vertiéndose en los últimos años.
Otro punto importante es lo que
corresponde a la inspección y vigilancia de las aguas nacionales, regulada en la Ley de
Aguas Nacionales. Si bien se faculta a la Comisión Nacional del Agua para que realice
dichas funciones, consideramos importante que se faculte al estado en correspondencia con
los ayuntamientos respectivos para que por sí mismos o por conducto de sus organismos
operadores, realicen esas funciones de inspección y vigilancia en el ámbito de su
competencia. Con ello se permitirá un mejor control de los usuarios, dando un mayor
soporte legal a la actuación de los municipios y sobre todo se permitirá tener un mejor
conocimiento de la situación de cada entidad municipal y por ende estatal respecto al
recurso natural agua.
Es por ello que la Comisión de
Aguas considera necesaria una reforma constitucional y las correspondientes, a la Ley de
Aguas Nacionales, a la Ley General de Derechos de Agua, sus leyes secundarias y
reglamentos, a efecto de que sean considerados los titulares de los poderes ejecutivos de
las entidades federativas, con la posibilidad de delegar dicha representación; de los
presidentes municipales y representantes de los usuarios, que pudieran resultar afectados,
dentro de las cuencas hidrológicas, a formar parte de los consejos de cuenca; así como
liberar atribuciones propias de la Federación a favor de los estados en correspondencia
de los municipios en materia de hidrología.
En estos términos, para que el
punto de acuerdo que se propone pueda tener los efectos señalados, solicitamos que su
discusión sea declarada de obvia resolución, por su carácter de urgente, con fundamento
en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Por lo anteriormente expuesto, la
Comisión de Aguas pone a consideración de la Asamblea la aprobación del siguiente
PROYECTO
DE ACUERDO
Primero. El Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guanajuato, considera necesaria la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y su
Reglamento, en sus capítulos de Consejos de Cuenca y Explotación, Uso y Aprovechamiento
de Aguas Nacionales, a fin de que los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades
federativas, los municipios y los representantes de los usuarios de agua, formen parte
integral de los consejos de cuenca; así como la delegación de facultades propias de la
Federación a favor de los estados en correspondencia de los municipios en materia de
hidrología.
Segundo. Comuníquese al honorable Congreso de la
Unión en sus dos cámaras el acuerdo aprobado, así como a la Comisión Nacional del Agua
y a las legislaturas locales para los efectos correspondientes.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, a 23 de
octubre del 2002.— La Comisión de Aguas.— Diputados: Erasto Patiño Soto, Lorenzo Chávez Zavala, Jesús
Domínguez Aranda, Alfonso Moreno Morán, Ernesto Oviedo Oviedo.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Recursos
Hidráulicos, para su conocimiento.
MEXICO-ESTADOS UINIDOS DE AMERICA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los estados
Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Para los efectos correspondientes,
anexo me permito remitirles a ustedes las consideraciones del dictamen y el acuerdo
aprobados por la LVIII Legislatura constitucional del estado, en sesión ordinaria,
celebrada en esta fecha, mediante el cual se solidariza y se adhiere al acuerdo emitido
por el Congreso del estado de Durango, para solicitar a la Secretaría de Relaciones
Exteriores, se cumpla lo pactado en el Tratado sobre Distribución de Aguas
Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América y se
revise su marco jurídico.
Aprovecho la ocasión para
reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, 24 de
octubre de 2002.— El presidente del Congreso del estado, diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra.»
«Escudo Nacional de los estados
Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.
ACUERDO
La LVIII Legislatura constitucional
del Estado Libre y Soberano de Guanajuato acuerda:
Primero. El Congreso del Estado de Guanajuato, se
solidariza y se adhiere al acuerdo aprobado por el Congreso del estado de Durango, a
efecto de solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la observancia y
cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Tratado Sobre Distribución de Aguas
Internacionales entre Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América; así como una
revisión al marco jurídico en cuanto a las cláusulas de dicho tratado.
Segundo. Comuníquese a la Secretaría de
Relaciones Exteriores el acuerdo aprobado, así como al honorable Congreso de la Unión en
sus dos cámaras y a las legislaturas locales para los efectos correspondientes.
Guanajuato, Guanajuato, a 24 de
octubre del año 2002.— Diputados: Francisco
Agustín Arroyo Vieyra, presidente; Jorge
Ignacio Tapia Santamaría y Federico Jaime
Gómez, secretarios.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del estado de Guanajuato.
Ciudadano Presidente del Congreso
del estado.— Presente.
A la Comisión de Aguas, le fue
turnado para su estudio y dictamen, el escrito firmado por los diputados secretarios del
honorable Congreso del estado de Durango, al cual anexan copia del acuerdo tomado por la
LXII Legislatura de ese estado, relativo a solicitar a la Secretaría de Relaciones
Exteriores, que en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Tratado sobre
Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos
de América, se apeguen escrupulosamente a lo pactado en él.
Analizado el escrito de referencia
y con fundamento en los artículos 137 y 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
los integrantes de la Comisión de Aguas, nos permitimos presentar a la consideración del
pleno el siguiente
DICTAMEN
El 9 de junio de 2001, en la ciudad
de Washington, DC, el plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente
autorizado para tal efecto, firmó ad referendum
el Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la región occidental
del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas con el Gobierno de Estados
Unidos de América. El tratado mencionado fue aprobado por la Cámara de Senadores del
honorable Congreso de la Unión, el 28 de noviembre de 2000, según decreto publicado en
el Diario Oficial de la Federación del 16 de
enero de 2001.
Dentro del contexto de dicho
tratado el canje de instrumentos de ratificación previsto en su artículo IX, se efectuó
en la Ciudad de México, el 17 de enero de 2001, recordando que los límites marítimos
entre las partes, se determinaron sobre la base de equidistancia, para una distancia de 12
millas náuticas mar adentro, contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se
mide la anchura del mar territorial conforme al Tratado para Resolver las Diferencias
Fronterizas Pendientes y para mantener a los ríos Bravo y Colorado como la frontera
internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América, suscrito el
23 de noviembre de 1970.
Deseando establecer, conforme al
derecho internacional, el límite de la plataforma continental entre los Estados Unidos
Mexicanos y Estados Unidos de América, en la región occidental del Golfo de México más
allá de las 200 millas náuticas contadas desde las líneas de base a partir de las
cuales se mide la anchura del mar territorial.
Lo anterior, tomando en cuenta la
posibilidad de que podrían existir yacimientos de petróleo o de gas natural que se
extiendan a través del límite de la plataforma continental, y que en tales
circunstancias, es necesaria la cooperación y las consultas periódicas entre las partes
con el fin de proteger sus respectivos intereses, y considerando que la práctica de la
buena vecindad ha fortalecido las relaciones amistosas y de cooperación entre las partes.
En fecha 11 de junio del año en
curso, el Congreso del estado de Durango emite y aprueba un punto de acuerdo a través del
cual se hace una recomendación a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el
ámbito de su competencia, tenga a bien dar cumplimiento de las obligaciones contraídas
en el Tratado de Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos
y Estados Unidos de América.
Sin embargo, en la Ciudad de
México el 29 junio de 2002, los gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaron un
acuerdo por medio del cual se solucionará el conflicto que se presentó en los últimos
meses en torno al adeudo de agua que existía entre los dos países.
El elemento central de este acuerdo
es que ambos países aportarán 2 mil 100 millones de pesos en los próximos cuatro años
para la modernización hidráulica de los afluentes del río Bravo, lo que permitirá
alcanzar una eficiencia del 53% en el uso del agua de la región por parte de México.
Según información emitida por la Presidencia de la República, los recursos financieros
se concentrarán básicamente en los estados de Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas. Del
monto total, México invertirá 400 millones de pesos en el presente año, provenientes de
asignaciones extraordinarias, además de 40 millones de dólares procedentes del Banco de
Desarrollo para América del Norte.
Por su parte, Estados Unidos
aportará 5 millones de dólares al desarrollo de proyectos y para el diseño de
políticas para el buen manejo de la cuenca. De la misma manera, Estados Unidos promoverá
una reforma de los estatutos del Bandan, a fin de poder liberar 25 millones de dólares de
su capital para México en la realización de obras hidráulicas, al tiempo que el
Gobierno estadounidense promoverá también la aprobación de partidas presupuestales por
100 millones de dólares anuales destinados a proyectos de conservación de agua en los
años fiscales 2004 y 2005, poniendo la mitad de estos recursos a disposición de México.
El ahorro de agua generado por la
tecnificación, permitirá que cada año, México pueda recuperar, en un escenario
favorable, alrededor de 100 millones de metros cúbicos, de los cuales a su llegada al
río Bravo, dos terceras partes corresponderán a México y un tercio a Estados Unidos, de
conformidad con el Tratado de Distribución de Aguas Internacionales de 1944. Este acuerdo
se sustenta en la conciliación de las necesidades de abasto de las comunidades
fronterizas y los productores agrícolas, así como en el cumplimiento de los compromisos
establecidos entre ambos países.
El acuerdo alcanzado contribuye a
resolver la problemática del agua en la frontera, que contempla satisfacer las
necesidades más urgentes; así como acciones estructurales para el mediano y largo
plazos. De esta manera, ambos gobiernos aseguran un uso más eficiente del agua en la
cuenca del río Bravo, que permitirá garantizar el abasto para los usuarios mexicanos y
cumplir con las obligaciones establecidas en el tratado de 1944 en beneficio de los
usuarios estadounidenses.
Es por ello que la Comisión de
Aguas considera oportuna la adhesión con el acuerdo emitido por el Congreso del estado de
Durango, toda vez que con la revisión y el cumplimento de las obligaciones contraídas en
dicho Tratado sobre Distribución de Aguas entre ambas naciones, se refuerza el compromiso
inicial de lo que fue pactado, como que la entrega de aguas que corresponde al país,
sólo se obtenga de los caudales comprometidos. La negación a actos como el acta 307 de
la Comisión Internacional de Límites y Aguas Estados Unidos Mexicanos-Estados Unidos de
América; la tutela del interés nacional en el aprovechamiento de las aguas del río
Bravo, por parte de la Cámara de Senadores, el uso eficiente de dicho caudal y la postura
de compromisos nacionales para su uso y administración, son parte de los principios por
sostener en el desarrollo económico regional y nacional.
Por lo anteriormente expuesto, la
Comisión de Aguas, pone a consideración de la Asamblea la aprobación del siguiente
proyecto
de ACUERDO
Primero. El Congreso del estado de Guanajuato se
solidariza y se adhiere al acuerdo aprobado por el Congreso del estado de Durango, a
efecto de solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la observancia y
cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Tratado sobre Distribución de Aguas
Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América; así como
una revisión al marco jurídico en cuanto a las cláusulas de dicho tratado.
Segundo. Comuníquese a la Secretaría de
Relaciones Exteriores el acuerdo aprobado, así como al honorable Congreso de la Unión en
sus dos Cámaras y a las legislaturas locales para los efectos correspondientes.
Atentamente.
Guanajuato, Guanajuato, a 23 de
octubre de 2002.— La Comisión de Agua.— Diputados: Erasto Patiño Soto, Lorenzo Chávez Zavala, Jesús
Domínguez Aranda, Alfonso Moreno Morán y Ernesto
Oviedo Oviedo».
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Relaciones
Exteriores.
ESTADO
DE QUINTANA ROO
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Diputada Beatriz Elena Paredes
Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Me refiero al oficio DGPL
58/II/4/1174, de la Mesa Directiva, por el que se remite a la Comisión de Medio Ambiente
y Recursos Naturales la respuesta del presidente de la Comisión Nacional de Areas
Naturales Protegidas, el punto de acuerdo aprobado por esta soberanía el pasado 6 de
diciembre de 2001, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que declare área
natural protegida la zona conocida como Xcacel-Xcacelito, bajo la categoría de Santuario
de la Tortuga Marina en el estado de Quintana Roo.
Al respecto, deseo comentarle que
dicha comunicación no satisface los términos del punto de acuerdo, ya que la respuesta
dada por la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, a través de su presidente,
Ernesto Enkerlin H., no se encuentra debidamente motivada y fundada.
Por lo anterior, respetuosamente
solicito a usted tenga a bien solicitar las gestiones necesarias, para que se dé puntual
respuesta debidamente motivada y fundada en derecho, al citado acuerdo aprobado por esta
Cámara de Diputados.
Sin otro particular, aprovecho la
oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 18 de
noviembre de 2002.— Diputado Diego Cobo
Terrazas.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Mesa Directiva.
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados.—Presentes.
Me permito hacer de su conocimiento
que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores aprobó
propuesta presentada por la senadora Araceli Escalante Jasso, con punto de acuerdo que a
continuación se transcribe:
“Unico. La Cámara de Senadoras y senadores
envía un exhorto a la Cámara de Diputadas y diputados para que con base en las
facultades que la ley le otorga en la conformación del dictamen de decreto que aprueba el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2003, queden
consideradas las siguientes propuestas:
1. Que para el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el año 2003, por ningún motivo se reduzcan los montos que
fueron asignados en el Presupuesto de 2002 a programas de mujeres y de niñas y por el
contrario, se aumenten en el índice inflacionario.
2. Que con base en el porcentaje de
trabajadoras consideradas dentro de la población económicamente activa por el INEGI, se
destinen recursos suficientes para la capacitación laboral de las mujeres trabajadoras.
3. Que se destinen recursos
suficientes para apoyar la capacitación hacia mujeres y becas para las niñas, en el
marco de los lineamientos del programa oportunidades.
4. Que aumenten, etiqueten y
desagreguen, los programas de la dirección general de salud reproductiva, así como el
Programa de Control de Cáncer Cérvico-Uterino y de Mama.
5. Que se contemple y se etiquete
un presupuesto suficiente para el Programa Nacional de Violencia Intrafamiliar, así como
para el Programa sobre Asuntos de la Mujer, el Niño y la Familia, de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.
6. Que se destinen mayores recursos
para mejorar la nutrición de los niños y las mujeres en periodo de lactancia.
7. Que se tomen en cuenta partidas
especiales para reforzar a los organismos que tienen dentro de sus objetivos, el refugio
para las mujeres que sufren violencia.”
Atentamente.
México, DF, a 19 de noviembre de
2002.— Senador Enrique Jackson Ramírez,
Presidente.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública.
REGISTRO
DE ASISTENCIA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De conformidad con lo dispuesto en
el acuerdo relativo al sistema electrónico de registro de asistencia, se pide a la
Secretaría dar cuenta del mismo e instruir a su cierre.
El diputado Rafael Ramírez Sánchez (desde su
curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Sí, diputado.
El diputado Rafael Ramírez Sánchez (desde su
curul):
Tengo problemas con el sistema
electrónico.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Le registramos su asistencia,
señor diputado.
Se informa a la Presidencia que
hasta el momento el sistema registra la asistencia de 390 más el diputado Rafael
Ramírez, 391 diputados.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Ciérrese el sistema electrónico.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su
curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Sí, diputado Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su
curul):
Señora Presidenta, solamente
solicitarle si es posible y cabe dentro de los trámites, que los oficios dirigidos por el
director general del Fonden, sobre el huracán “Isidore”, puedan ser turnados
también, es decir, enviar una copia a los diputados de los estados respectivos.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Con todo gusto se integra en el
trámite la información a los legisladores de esa región y se van a publicar en la Gaceta Parlamentaria.
COMISIONES
LEGISLATIVAS
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Elena Paredes
Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34
numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc
Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la
integración de la siguiente comisión:
• Que el diputado Tomás
Coronado Olmos, se integre como secretario de la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública, para ocupar un lugar vacante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Lo anterior, para los efectos a que
haya lugar.
Sin otro particular, quedo de
usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, DF, a
19 de noviembre de 2002.— Diputado Martí
Batres Guadarrama, presidente.»
En votación económica, se
pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Elena Paredes
Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34
numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc
Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la
integración de las siguientes comisiones.
• Que el diputado José
Alfredo Botello Montes, sustituya a la diputada Fanny Arellanes Cervantes, en la
Secretaría de la Comisión de Puntos Constitucionales.
• Que el diputado José
Alfredo Botello Montes, salga de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.
Lo anterior, para los efectos a que
haya lugar.
Sin otro particular, quedo de
usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, DF, a
19 de noviembre de 2002.— Diputado Martí
Batres Guadarrama, presidente.»
En votación económica, se
pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Elena Paredes
Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34
numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc
Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la
integración de la siguiente comisión:
• Que el diputado Néstor
Villareal Castro, sustituya al diputado Tomás Coronado Olmos, en la Secretaría de la
Comisión Especial de Seguridad Pública.
Lo anterior, para los efectos a que
haya lugar.
Sin otro particular, quedo de
usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, DF, a
19 de noviembre de 2002.— Diputado Martí
Batres Guadarrama, presidente.»
En votación económica, se
pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobado.
FONDEN
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política por el que se designan a los integrantes de la Comisión Especial
que vigile que los recursos del Fonden y partidas extraordinarias, se apliquen a la
restauración de las zonas dañadas y ayuda a los damnificados por el huracán
“Kenna”.
La Junta de Coordinación
Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
I. Que en términos del artículo
34 numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es
el órgano facultado para presentar a la consideración del pleno la integración de las
comisiones de la Cámara de Diputados.
II. Que con fecha 19 de noviembre
de 2002, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el “Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, relativa a la creación de una Comisión Especial que vigile que
los recursos del Fonden y partidas extraordinarias, se apliquen a la restauración de las
zonas dañadas y ayuda a los damnificados por el huracán “Kenna”.
III. Que el referido acuerdo,
determina que la comisión se integrará por 10 diputados: tres del PRI, tres del PAN, dos
del PRD, uno del PVEM y uno del PT.
Expuestos los considerandos
anteriores, se adopta el siguiente
ACUERDO
Unico. La “Comisión Especial que vigile que
los recursos del Fonden y partidas extraordinarias, se apliquen a la restauración de las
zonas dañadas y ayuda a los damnificados por el huracán “Kenna”, se integrará
por los siguientes diputados:
Por el grupo parlamentario del PRI:
Salvador Cosío Gaona, José Alvaro Vallarta Ceceña y José Manuel Quintanilla Rentería.
Por el grupo parlamentario del PAN:
Rafael Orozco Martínez, Humberto Muñoz Vargas y Alonso Ulloa Vélez.
Por el grupo parlamentario del PRD:
Ramón León Morales y José Antonio Magallanes Rodríguez.
Por el grupo parlamentario del
PVEM: Erika Elizabeth Spezia Maldonado.
Por el grupo parlamentario del PT:
Jaime Cervantes Rivera.
Palacio Legislativo en San Lázaro,
a 25 de noviembre de 2002.— Diputados: Martí
Matres Guadarrama, presidente y coordinador del grupo parlamentario del PRD; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo
parlamentario del PRI; Felipe Calderón Hinojosa, coordinador
del grupo parlamentario del PAN; Bernardo de la
Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del PVEM y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo
parlamentario del PT.»
En votación económica, se
pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION PLURINOMINAL
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Mesa Directiva.
La Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20 y 21 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
CONSIDERANDOS
I. Que en términos del artículo
77 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara
de Diputados cubrirá las vacantes de sus miembros electos por el principio de
representación proporcional por aquellos candidatos del mismo partido que sigan en el
orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que
le hubieren correspondido.
II. Que el 28 de agosto de 2000, el
diputado federal electo por la segunda circunscripción plurinominal, Ricardo Francisco
García Cervantes, rindió la protesta respectiva para desempeñar el cargo de diputado
federal por la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
III. Que con fecha 17 de septiembre
de 2002, el diputado federal por la LVIII Legislatura, Ricardo Francisco García
Cervantes, solicitó licencia al cargo, misma que fue concedida por la Cámara de
Diputados el mismo día.
IV. Que con fecha 17 de octubre de
2002, la ciudadana Karla Samperio Flores, diputada suplente del diputado federal con
licencia Ricardo García Cervantes, presentó un escrito mediante el cual manifestó su
determinación para no acudir al llamado para rendir la protesta al cargo de diputada
federal por la LVIII Legislatura, en virtud de haber sido diputada local electa en el
estado de Coahuila para el periodo 2003-2005.
V. Que el artículo 20 numeral 3
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala:
“Las vacantes de miembros
propietarios de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación
proporcional, deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva.
Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella
fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional
respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren
correspondido.”
Expuestos los considerandos
anteriores, se somete a la consideración del pleno los siguientes
ACUERDOS
Primero. En términos del artículo 20, numeral 3
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra señala:
“Las vacantes de miembros
propietarios de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación
proporcional, deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva.
Sí la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella
fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional
respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren
correspondido.”
Llámese a aquella fórmula de
candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, en
virtud de la ausencia de los ciudadanos Ricardo Francisco García Cervantes y Karla
Samperio Flores, diputados propietario y suplente respectivamente, electos en la lista
regional del Partido Acción Nacional por la segunda circunscripción plurinominal.
Segundo. Comuníquese a los grupos parlamentarios
representados en la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
y al Partido Acción Nacional.
Dado en el Palacio Legislativo, a
19 de noviembre de 2002.— Mesa Directiva.— Diputados: Beatriz Paredes Rangel, Presidenta; Erick Eber Villanueva Mukul, María Elena Alvarez
Bernal, Jaime Vázquez Castillo, vicepresidentes; Adela Cerezo Bautista, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán
y Adrián Rivera Pérez, secretarios.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Verifíquese con el IFE la relación
pertinente y llámese al siguiente en la lista del grupo parlamentario de Acción
Nacional.
LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Subsecretaría de Enlace
Legislativo.
Ciudadanos Secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención a su oficio número
DGPL 58-II-4-918 de fecha 30 de abril del año en curso, con el presente les acompaño
para los fines que estimen procedentes, copia del similar DG/876/02, signado por el
director general de Radio, Televisión y Cinematografía de esta Secretaría, Manuel
Gómez Morín Martínez del Río, con el que acompaña el informe detallado y fundamentado
de las sanciones, observaciones y extrañamientos aplicados a los concesionarios por
posibles infracciones a la Ley Federal de Radio y Televisión, correspondiente al mes de
octubre del presente año.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF., a 19 de noviembre de
2002.— M. Humberto Aguilar Coronado,
subsecretario.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Radio,
Televisión y Cinematografía.
Licenciado Gonzalo Altamirano
Dimas, titular de la Unidad de Gobierno.— Presente.
Me refiero al oficio
DGG/211/1596/02 enviado el 3 de mayo próximo pasado por la dirección general, ahora
unidad de Gobierno, mediante el cual se hicieron del conocimiento de esta dependencia los
puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión en sesión celebrada el 25 de abril del año en curso.
Con objeto de dar cumplimiento al
tercero de los puntos de acuerdo antes mencionados, con el presente remito a usted informe
detallado y fundamentado de las sanciones, observaciones y extrañamientos aplicados a los
concesionarios por posibles infracciones a la Ley Federal de Radio y Televisión,
correspondiente al mes de octubre del presente año.
Reitero a usted, la seguridad de mi
consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF., a 7 de noviembre de
2002.— Manuel Gómez Morín Martínez del Río,
director general.»
VER TABLA
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Remítase a la Comisión de Radio, Televisión y
Cinematografía para su conocimiento y remítase al promovente.
HURACAN
ISIDORE
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Subsecretaría de Enlace
Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención a su oficio número
DGPL 58-II-5-1016 de fecha 26 de septiembre último, con el presente les acompaño para
los fines que estimen procedentes, el original del similar número DGF/160 signado por
Hugo C. González Gutiérrez, director general del Fondo de Desastres Naturales de la
Coordinación General de Protección Civil de esta Secretaría, por el que informa sobre
los apoyos otorgados a los pescadores afectados por el paso de la tormenta tropical
“Julio” y el huracán “Isidore”, en los estados de Campeche, Chiapas,
Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 13 de noviembre de
2002.— M. Humberto Aguilar Coronado,
subsecretario.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Coordinación General de
Protección Civil.— Dirección General del Fonden.
Licenciado M. Humberto Aguilar
Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.— Presente.
Por instrucciones de la
coordinadora general de Protección Civil, María del Carmen Segura Rangel, me permito
enviarle el escrito de contestación al oficio número DGPL 58-II-5-1016, mediante el cual
los diputados: Adela Cerezo Bautista y Adrián Rivera Pérez, secretarios de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, hacen del conocimiento del titular de esta
Secretaría, el contenido de los puntos de acuerdo aprobados en la sesión celebrada el 26
de septiembre del año en curso.
Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 16 fracción VI del Reglamento Interior de esta Secretaría.
Sin otro particular, le reitero las
seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
“Tu participación es tu
protección”
México, DF, a 7 de noviembre de
2002.— Hugo C. González Gutiérrez,
director general.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Coordinación General de
Protección Civil.— Dirección General del Fonden.
Diputados: Adela Cerezo Bautista y
Adrián Rivera Pérez, secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.—
LVIII Legislatura.— Presentes.
Me refiero a su atento oficio
número DGPL 58-II-5-1016, mediante el cual hacen del conocimiento del titular de esta
Secretaría, el contenido de los puntos de acuerdo aprobados en la sesión celebrada el 26
de septiembre del año en curso.
Sobre el particular y por
instrucciones de la coordinadora general de protección civil, María del Carmen Segura
Rangel, me permito informarles que los apoyos otorgados a los pescadores afectados por el
paso de la tormenta tropical “Julio” y huracán “Isidore”, en los
estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, se
realizaron a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), los cuales se
distribuyeron como sigue:
VER TABLA
Asimismo, es importante señalar
que las propias entidades federativas afectadas se desistieron de solicitar recursos del
Fonden para la atención a los pescadores, optando por alternativas que consideraron más
viables para la atención de los daños.
Sin más por el momento, quedo a
sus órdenes para el desahogo de cualquier duda o aclaración del caso que nos ocupa.
Atentamente.
“Tu participación es tu
protección”
México, DF, a 1o. de noviembre de
2002.— Hugo C. González Gutiérrez, director
general.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Remítase copias a la Comisión
Especial Encargada de Vigilar que los recursos del Fonden y partidas extraordinarias que
se aprueben, se apliquen para el restablecimiento de las condiciones de convivencia de la
población y la ayuda a los damnificados por el huracán “Isidore”, a los
diputados de esos estados y al promovente.
HURACAN
ISIDORE
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Licenciado M. Humberto Aguilar
Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.— Presente.
Por instrucciones de la licenciada
María del Carmen Segura Rangel, coordinadora general de protección civil, me permito
enviarle el escrito de contestación al documento número DGPL 58-II-5-1009, mediante el
cual la diputada Adela Cerezo Bautista y el diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán
hicieron del conocimiento del titular de esta Secretaría el contenido de los puntos de
acuerdo aprobados en la sesión celebrada el 24 de septiembre del año en curso.
Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 16 fracción VI, del reglamento interior de esta Secretaría.
Sin otro particular, le reitero las
seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
México, DF, a 5 de noviembre de
2002.— El director general, Hugo C. González
Gutiérrez.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención a su oficio DGPL
58-II-5-1009, de fecha 24 de septiembre último, con el presente les acompaño, para los
fines que estimen procedentes, el original del similar número DGF/152, de fecha 31 de
octubre último, signado por el ciudadano Hugo C. González Gutiérrez, director general
del Fondo de Desastres Naturales de la Coordinación General de Protección Civil de esta
Secretaría, que contiene el informe sobre la situación que prevalece en el estado de
Yucatán afectado por el huracán “Isidore”.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 13 de noviembre de
2002.— El subsecretario de Enlace Legislativo, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Diputados; Adela Cerezo Bautista y
Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, secretarios de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura
de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Me refiero a su atento oficio
número DGPL 58-II-5-1009, mediante el cual hacen del conocimiento del titular de esta
Secretaría el contenido de los puntos de acuerdo aprobados en la sesión celebrada el 24
de septiembre del año en curso, para los efectos a que haya lugar.
Sobre el particular y por
instrucciones de la licenciada María del Carmen Segura Rangel, coordinadora general de
protección civil, me permito hacerles las siguientes consideraciones y comentarios:
• Por lo que corresponde a la
primera petición del punto de acuerdo, les comento que, con fecha 20 de septiembre de
2002, el Servicio Meteorológico Nacional informó que las condiciones prevalecientes y
pronosticadas sobre la trayectoria e intensidad del huracán “Isidore” implican
que maniobras de emergencia para salvaguardar la seguridad de la población local
tendrían que ser tomadas en las próximas horas y días para los siguientes municipios:
Tizimín, Río Lagartos, San Felipe, Dzilám de Bravo, Dzidzantún, Yobaín, Sinanché,
Telchac Puerto, Ixil, Progreso, Hunucmá y Celestún. Asimismo, con fecha 22 del mismo mes
y año, informó que dichas condiciones se presentaban para los municipios de Baca,
Bokobá, Buctzotz, Cacalchén, Calotmul, Cansahcab, Cenotillo, Conkal, Dzilám González,
Dzoncauich, Espita, Chicxulub Pueblo, Kinchil, Mérida, Mocochá, Motul, Muxupip, Panabá,
Samahil, Sucila, Suma, Tekal de Venegas, Tekanto, Temax, Tepakán, Tetiz, Teya, Ucú,
Umán y Yaxkukul, del estado de Yucatán, por lo que esta Secretaría emitió el boletín
de prensa número 349/02, con esa misma fecha, mediante el cual el Sistema Nacional de
Protección Civil (SINAPROC) hizo un llamado a la población de esa entidad para
mantenerse informada a través de los medios de comunicación en torno del comportamiento
de “Isidore”, mientras que a la navegación recomendó extremar precauciones en
el centro y occidente del mar Caribe, en litorales de Quintana Roo y de Yucatán.
Asimismo, les reiteró atender las recomendaciones de las unidades estatales de
protección civil.
Derivado de lo anterior, el pasado
viernes 27 de septiembre de 2002, esta Secretaría publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de
emergencia para 42 municipios del estado de Yucatán, estableciendo la etapa de emergencia
para 12 municipios a partir del 20 de septiembre de 2002 y a partir del día 22 del mismo
mes y año para 30 municipios.
Asimismo, el 4 de octubre de 2002
se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la Declaratoria de Desastre Natural para efectos de las reglas de Operación
del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) vigentes, en virtud de los daños provocados por
las lluvias atípicas e impredecibles que se presentaron del 20 al 24 de septiembre de
2002, ocasionadas por la presencia del huracán “Isidore” en los municipios de
Baca, Bokobá, Buctzotz, Cacalchén, Calotmul, Cansahcab, Celestún, Cenotillo, Conkal,
Dzidzantún, Dzilám de Bravo, Dzilám González, Dzoncauich, Espita, Chicxulub Pueblo,
Hunucmá, Ixil, Kinchil, Mérida, Mocochá, Motul, Muxupip, Panabá, Progreso, Río
Lagartos, Samahil, San Felipe, Sinanché, Sucila, Suma, Tekal de Venegas, Tekanto, Telchac
Puerto, Temax, Tepakán, Tetiz, Teya, Tizimín, Ucú, Umán, Yaxkukul y Yobaín, del
estado de Yucatán. Dicha publicación constituye el primer paso para acceder a los
recursos del Fonden, con objeto de atender los daños ocasionados por el fenómeno de
referencia conforme a lo establecido en las reglas de operación de dicho fondo.
• Atendiendo a la segunda
petición, hago de su conocimiento que los apoyos otorgados a través del fondo revolvente
que tiene asignado la coordinación general de protección civil a la fecha consisten en
43 mil 840 cobertores, 32 mil 400 colchonetas, 150 mil despensas alimenticias, 250 mil
pastillas potabilizadoras, 28 millones 900 mil pesos en medicamentos de emergencia y de
curación, así como de insecticidas y larvicidas, 2 millones 500 mil pesos en
combustibles, fletes y maniobras y 1,123,000 láminas de cartón. Adicionalmente, esta
Secretaría gestionó donaciones consistentes en siete contenedores de ropa, un contenedor
de lámparas sordas, tres contenedores de artículos diversos y 8 mil cajas de agua
embotellada. No obstante lo anterior, seguirán otorgándose apoyos, los cuales serán
reportados en su momento.
• En relación con la cuarta
petición y con objeto de asesorar, informo a ustedes que, una vez publicada la
Declaratoria de Desastre Natural, esta Secretaría, a efecto de dar cumplimiento a lo
establecido en el numeral 47 de las Reglas de Operación del Fonden (ROF) vigentes,
instaló el Comité Sectorial de Evaluación de Daños, el cual se encuentra integrado por
un representante de cada dependencia o entidad del sector federal afectado, así como por
un representante de su contraparte estatal, con objeto de que cada una de las dependencias
involucradas en la atención de los daños presente la evaluación y valuación de los
mismos, delimitando la responsabilidad y estableciendo los porcentajes de coparticipación
señalados en las ROF vigentes.
Dicho comité sectorial deberá
remitir al gobernador de la entidad los resultados de la evaluación, a fin de que éste
los envíe a las dependencias federales para su validación. Continuando el procedimiento,
las dependencias federales remitirán a la coordinación general de protección civil la
correspondiente solicitud de recursos para que ésta, a su vez, integre la solicitud de
apoyo global, que será sometida a la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento
(CIGF) para su aprobación y recomendación a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) para el otorgamiento de recursos.
No obstante lo antes expuesto, es
importante señalar que, debido a la magnitud y dispersión del fenómeno de referencia,
las dependencias que intervienen en la evaluación y valuación de los daños han
solicitado una ampliación del plazo para entregar los resultados de las mismas, por lo
que, en ese entendido, quedará pendiente dicha información hasta en tanto las
dependencias remitan la información correspondiente, lo cual se hará de su conocimiento
con posterioridad.
Sin más por el momento, quedo a
sus órdenes para el desa-hogo de cualquier duda o aclaración del caso que nos ocupa.
Atentamente.
México, DF, a 31 de octubre de
2002.— El director general Hugo C. González
Gutiérrez.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Remítase copias a la Comisión
Especial encargada de Vigilar que los recursos del Fonden y partidas extraordinarias se
apliquen para el restablecimiento de las condiciones de convivencia de la población y la
ayuda a los damnificados por el huracán “Isidore” y a los diputados de los
estados afectados y al promovente.
JAMON
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención a su oficio número
DGPL 58-II-2-934 de fecha 10 de octubre último, con el presente les acompaño para los
fines que estimen procedentes, copia del similar número 100.-1955, signado por el
ciudadano Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, Secretario de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por el que da contestación al punto de acuerdo
referente a la elaboración de una Norma Oficial Mexicana para la producción,
industrialización y comercialización de los productos cárnicos curados y cocidos,
promovido por el Congreso del estado de Jalisco.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 11 de noviembre de
2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar
Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
Licenciado M. Humberto Aguilar
Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.—
Presente.
Con relación a su atento oficio
número SEL/300/837/02, referente al punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión correspondiente “a que se evalúe la necesidad de
elaborar una Norma Oficial Mexicana con relación a la producción, industrialización y
comercialización de los productos cárnicos curados y cocidos”, comunico a usted lo
siguiente:
El pasado 8 de octubre se publicó
en el Diario Oficial de la Federación, en
consulta pública, el “Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-158-SCFI-2002,
Jamón: Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos
de prueba”, con lo cual se atiende en gran medida la propuesta de la Cámara de
Diputados, así como las solicitudes del sector porcicultor mexicano.
Independientemente de lo anterior,
se establecerá contacto con las secretarías de Economía y de Salud para evaluar en
forma conjunta la posibilidad de establecer una Norma Oficial Mexicana general para
productos cárnicos curados y cocidos o si se opta por definir normas específicas para
los diferentes productos que se incluyen en esta categoría.
Sin más por el momento, hago
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 18 de octubre de
2002.— El secretario, Javier Bernardo Usabiaga
Arroyo.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Remítase a la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial y al promovente para su conocimiento.
GAS
DOMESTICO
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención a su oficio número
DGPL 58-II-5-1065, de fecha 10 de octubre último, con el presente les acompaño, para los
fines que estimen procedentes, copia del similar número STPCE/864/2002, signado por el
licenciado Gerónimo Gutiérrez Fernández, secretario técnico de Planeación,
Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, por el que da contestación al
punto de acuerdo referente a que se expida una Norma Oficial Mexicana, a efecto de que los
cilindros portátiles contenedores de gas licuado de petróleo tengan un sello inviolable
alrededor de la válvula de los mismos, promovido por el Congreso del estado de Jalisco.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 19 de noviembre de
2002.— El subsecretario de Enlace Legislativo, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.
Licenciado M. Humberto Aguilar
Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.— Secretaría de Gobernación.—
Presente.
Por instrucciones del doctor Luis
Ernesto Derbez Bautista, Secretario de Economía, con fundamento en la fracción II del
artículo 10 del Reglamento Interior de esta dependencia y en atención a su oficio
número SEL/300/847/02, de fecha 14 de octubre del año en curso, en el que remite oficio
número DGPL 58-II-5-1065, de fecha 10 de octubre, mediante el cual la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión comunica el punto de acuerdo en el que
solicita a la Secretaría de Economía que expida una Norma Oficial Mexicana a efecto de
que los cilindros portátiles contenedores de gas licuado de petróleo tengan un sello
inviolable alrededor de la válvula de los cilindros, ruego a usted haga del conocimiento
de esa soberanía, en los términos que estime convenientes, lo siguiente:
• La facultad de elaborar y
expedir normas oficiales mexicanas en materia de gas LP, cuando el objetivo legítimo por
proteger y regular sea la explotación, uso y distribución de ese recurso natural,
corresponde a la Secretaría de Energía. Esto, de conformidad con el artículo 33 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece como facultades de la
Secretaría de Energía, entre otras, la de regular y, en su caso, expedir normas
oficiales mexicanas sobre producción, comercialización, compraventa, condiciones de
calidad, suministro de energía y demás aspectos que promuevan la modernización,
eficiencia y desarrollo del sector, así como controlar y vigilar su debido cumplimiento.
De conformidad con lo preceptuado
por el artículo 23 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, el ejercicio de
la atribución arriba mencionada es facultad de la dirección general de Gas LP de esa
dependencia.
• De conformidad con lo
dispuesto por los artículos 33 fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 40 fracción XII, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización
(LFMN); y 19 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, es facultad de la Secretaría
de Economía expedir normas oficiales mexicanas con el fin de “regular la tolerancia
admitida en lo referente a peso y contenido de los productos ofrecidos en envases o
empaques”, así como “regular, orientar y estimular las medidas de protección
al consumidor”, por lo que, si la Norma Oficial Mexicana correspondiente tiene como
fin último proteger al consumidor de error o engaño por el contenido de los envases o
recipientes, su expedición es atribución de esta Secretaría.
• Por lo anterior, atento a lo
dispuesto por los artículos 13 y 51 de la LFMN, esta Secretaría promoverá ante la de
Energía la normalización de las características de ese sello, a fin de que sean
incluidas como modificaciones de las normas oficiales mexicanas NOM-011-SEDG-1999,
“Recipientes portátiles para contener gas LP no expuestos a calentamiento por medios
artificiales”. Fabricación NOM-011/1 SEDG-1-999, “Condiciones de seguridad de
los recipientes portátiles para contener gas LP en uso”; NOM-018/2-SCFI-1993,
“Recipientes portátiles para contener gas LP. Válvulas”; NOM-18/2-SCFI-1993,
“Distribución y consumo de Gas LP. Recipientes portátiles y sus accesorios. Parte
3, cobre y sus aleaciones, conexión integral para uso de gas LP; NOM-018/4-SCFI-1993,
“Distribución y consumo de Gas LP. Recipientes portátiles y sus accesorios. Parte
4, reguladores de baja presión para gases licuados de petróleo”.
Sin otro particular, le reitero la
seguridad de mi más distinguida consideración.
Atentamente.
México, DF, a 1o. de noviembre de
2002.— El secretario técnico, Gerónimo
Gutiérrez Fernández.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Y el trámite relativo a la Norma
Oficial Mexicana sobre los cilindros portátiles contenedores de gas licuado de petróleo,
remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial y a los promoventes, para su
conocimiento.
JAMON
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Corrijo el trámite anterior en torno
a la Norma Oficial Mexicana para la Producción, Industrialización y Comercialización de
los Productos Carnícos Curados y Cocidos. Además a la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial, a la Comisión Especial de Ganadería y al promovente, para su conocimiento.
TARIFAS ELECTRICAS
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención a su oficio número
DGPL. 58-II-4-992 de fecha 17 de septiembre del año en curso, con el presente les
acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar 349-A-1187, suscrito
por el ciudadano Valentín Villa Blanco, titular de la unidad de política de ingresos de
la subsecretaría de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el
que da contestación al punto de acuerdo relativo al exhorto de realizar un análisis
minucioso con la finalidad de restituir el subsidio a las tarifas domésticas de energía
eléctrica en aquellas zonas del país que por su naturaleza climática se han visto más
afectadas por el decreto publicado el 7 de febrero de 2002, promovido por el diputado
Marco Antonio Dávila Montesinos.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, 18 de noviembre de
2002.— Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado,
subsecretario de Enlace Legislativo»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Licenciado M. Humberto Aguilar
Coronado.— Subsecretario de Enlace Legislativo.— Presente.
Hago referencia a su oficio No.
SEL/561/02 de fecha 19 de septiembre de 2002, dirigido al ciudadano José Francisco Gil
Díaz, mediante el cual le comunicó el siguiente punto de acuerdo de la Cámara de
Diputados:
PUNTO
DE ACUERDO
“Unico. Se exhorta al Poder Ejecutivo
Federal, para que a través de sus ramos de Hacienda y Energía, en conjunto con la
Comisión de Energía de esta Cámara realice un análisis minucioso con la finalidad de
restituir el subsidio a las tarifas domésticas de energía eléctrica en aquellas zonas
del país que por su naturaleza climática se han visto más afectadas por el decreto
publicado el 7 de febrero del 2002.”
Sobre el particular, le comento que
derivado de este punto de acuerdo, funcionarios de la Sener, SHCP, CFE y LFC han asistido
a tres reuniones a que ha convocado la subcomisión de la Comisión de Energía de la
Cámara de Diputados, con objeto de revisar el impacto que tuvieron sobre los usuarios
residenciales los acuerdos tarifarios de fechas 7 de febrero y 8 de abril de 2002. Las
sesiones de esta subcomisión se llevaron a cabo los días 3, 9 y 15 de octubre del año
en curso y sólo queda pendiente celebrar una última reunión para que los legisladores
emitan sus conclusiones.
Sin otro particular, reciba un
cordial saludo.
Atentamente.
México, DF, a 11 de noviembre de
2002.— El titular de la unidad, contador público Valentín Villa Blanco.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Remítase a la Comisión de Energía y al promovente
para su conocimiento.
Pasamos al capítulo de iniciativas
de diputados.
LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Pedro
Manterola, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
presentar una iniciativa que reforma el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural
sustentable.
El diputado Pedro Manterola Sainz:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
De acuerdo a datos proporcionados
por la FAO, cada año 6 millones de niños mueren por desnutrición, la mayoría en los
países en vías de desarrollo; 25 mil personas fallecen víctimas del hambre y la pobreza
día a día; existen 840 millones de personas desnutridas, de las que 799 millones son
habitantes de los países en desarrollo; 30 millones de los países en transición y 11
millones en los países industrializados.
En un nivel ligeramente superior al
de la hambruna se encuentran más de dos mil millones de personas con falta de
micronutrientes, es decir sus dietas carecen del aporte necesario de vitaminas y
minerales, sobre todo de vitaminas A y C, hierro, yodo y zinc, esenciales para el
desarrollo y el crecimiento de los seres humanos.
La falta grave de estas sustancias
puede ocasionar la ceguera y la discapacidad mental. En los países en donde la situación
es más grave la expectativa de vida no supera los 38 años, frente a los 70 que alcanzan
los 24 países más ricos del mundo.
El precio de la hambruna se cuenta
en millones de seres humanos sometidos a una vida de carencias, lo que refleja una
realidad lacerante en las posibilidades de desarrollo de los países. En México, la
esperanza de vida del campo es menor que la del resto de los mexicanos.
Los ingresos por trabajo igual o
equivalente, son 80% menores a nuestro sector agropecuario; la probabilidad de concluir
los estudios es del 25% para los niños campesinos. El índice de mortalidad por
enfermedades curables es cuatro veces más alto para los habitantes de áreas rurales; el
empleo es temporal y mal pagado. El éxodo rural es una incesante agonía para el campo, a
cambio de los dólares que significan estos mexicanos para su comunidad y el país.
Esta realidad de pobreza y
desnutrición debe no sólo alarmarnos, sino movernos a realizar propuestas claras y
específicas cuyo beneficio sea integral, nutricional, económico y social.
Un componente esencial del panorama
agropecuario del país, es la citricultura. En nuestro país los aportes de la vitamina C,
elemento esencial de una nutrición sana, se obtiene en su mayoría de los cítricos, de
ahí que la importancia de estos cultivos esté no sólo en la superficie sembrada y el
número de mexicanos que tienen un beneficio directo o indirecto de ella, sino también en
el valor de los cítricos en la nutrición de los mexicanos. Pese a su importancia, este
cultivo no es considerado como básico y estratégico para el régimen alimenticio del
mexicano.
El país en donde año con año se
tiran miles de toneladas de naranja, limón y mandarinas porque carecen de mercado, es el
mismo que muestra el dramático avance de la anemia, la obesidad, la diabetes o la
hipertensión, como las nuevas amenazas a la salud de los mexicanos. Son además,
expresión clara de la millonaria publicidad que ha cambiado los hábitos alimenticios de
niños y jóvenes a favor del costoso y catastrófico consumo de alimentos
industrializados, frituras, botanas, pastelillos y toda la chatarra de los fabricantes de
los mal llamados “alimentos”.
La economía de mercado
especulativa, sin regulaciones ni controles y con un gobierno seducido por la
globalización indiscriminada, secuestra la producción e impide al productor llegar
libremente a los mercados y favorece a los alimentos industrializados frente a los
productos del campo, impulsando el excesivo consumo de mercancías que convierte la
alimentación en un negocio destructivo para la salud.
Es una cuestión ética y elemental
terminar con la pobreza y la desnutrición, es obligación de todos construir mecanismos
de trabajo y cooperación para terminar de una vez y para siempre con lo que la FAO ha
llamado la “tenaz persistencia del hambre y la miseria”. Es una obligación
moral que recae sobre nosotros con más fuerza, de acuerdo a los avances de nuestra
capacidad y nuestras tecnologías y la respuesta la tiene nuestra tierra.
La ciencia sigue ampliando
horizontes y ofreciendo nuevas opciones; los avances tecnológicos y los cambios en la
organización de los sistemas agrícolas y de alimentación han sido profundos e
irreversibles. Es prioritario que sus beneficios estén al alcance de todos y que se
conviertan en herramientas de igualdad y de justicia, de impulso al desarrollo regional e
inteligente de nuestros recursos naturales.
Estos cambios, que van desde las
técnicas de cultivo y producción a los múltiples y variados efectos del comercio
internacional, han despertado la atención de derechos humanos fundamentales, como el
derecho a alimentos sufi- cientes y saludables.
Los cítricos son un valioso
componente en la alimentación, ya que aportan vitamina C y fibras y favorecen
notablemente la absorción del hierro. Su consumo es de utilidad para los diabéticos y su
consumo dependiente, ya que ayuda a prevenir la reducción de los niveles de glucosa en la
sangre. La vitamina C es necesaria para producir colágeno, importante en el crecimiento y
reparación de las células y los tejidos, encías, huesos y dientes. También es útil
para la metabolización de las grasas, por lo que se le atribuye la reducción del
colesterol. Reduce el efecto de sustancias productoras de alergias, previene el resfriado
común y fortalece las defensas generales del organismo. Sirve también para combatir
problemas circulatorios ya que fortalece los vasos sanguíneos. Por su riqueza en
minerales, sobre todo potasio y magnesio y por su poder purificante de la sangre el jugo
de naranja es recomendable en enfermedades cardiacas.
El Instituto Nacional de Cáncer de
Estados Unidos atribuye al consumo de jugo de naranja la reducción de cáncer de
estómago en los últimos años. Quien consume cítricos tiene menos posibilidades de
contraer tumores malignos, gracias a las propiedades nutricionales de la naranja. En
países donde el consumo de cítricos es alto, la población padece un 60% menos de
tumores en la cavidad oral, faringe, laringe, esófago, estómago y colon.
El jugo de naranja es cicatrizante
y antihemorrágico, estimula las funciones del hígado, es útil en el tratamiento de la
fiebre, limpia el aparato digestivo, incrementa la diuresis y baja la temperatura. Es un
valioso recurso en la alimentación de niños con procesos febriles. El sumo de naranja
limpia y fluidifica la sangre, descongestiona los pulmones y los fortifica.
La toronja es una fruta baja en
calorías y rica en vitaminas C, A y B. Se incluye en dietas por su acción aceleradora
del metabolismo de las grasas.
El limón es una fuente inmensa de
vitamina C. Facilita la eliminación de toxinas, es útil para el tratamiento de dolores
de garganta y de gengivitis. Reduce los niveles de colesterol previendo el escorbuto, o
sea, acción antiviral y antibacteriana. Es rico en vitamina C y posee altas dosis de
potasio, magnesio, calcio, fósforo y hierro.
El limón combate las impurezas de
la sangre nivelando de modo natural el regular funcionamiento de los órganos. Además el
limón es eficaz contra microbios y ciertos virus. Astringente natural el limón ayuda a
combatir más de 200 enfermedades.
Estas son sólo algunas de las
propiedades nutricionales de los cítricos. Aunado a su relevante papel en la salud
humana, juegan también un papel fundamental en la salud social y económica del país.
La critricultura en México impuso
el desarrollo de 23 entidades federativas con una superficie cultivada de más de 500 mil
hectáreas. Una producción anual promedio de 5 millones de toneladas, con valor de 3 mil
millones de pesos, que representan para más de 100 familias mexicanas ingresos por abajo
del costo de producción en la mayoría de los casos. Los cítricos significan el 30% de
las superficies de frutales en el país y el 3% de la superficie total sembrada. El estado
de Veracruz ocupa el primer lugar en producción de cítricos, con el 40% de la
producción total. Genera recursos por un total de 8 mil millones de pesos en la industria
y el sector primario. Su actividad impulsa la creación de 70 mil empleos directos y 250
mil indirectos, así como 32 millones de jornales durante las épocas de producción y
cosecha.
Sin embargo, los bajos precios, el
acceso desigual a la tecnología para incrementar y mejorar la productividad, el desmedido
intermediarismo, la falta de organización y la poca claridad del marco jurídico que rige
a las agrupaciones de productores tiene a los pequeños agricultores y agroempresarios
prácticamente abrumados.
El campo fue víctima muchos años
de la simulación. Poco ha cambiado. Hoy sigue mal distribuida la atención a los
productores, sigue haciendo falta una planeación inteligente, capacidad de organización,
claridad y criterios productivos en las reglas de operación de los programas rurales.
Capacitación a quienes no pueden financiarla y una mejor distribución de la justicia en
la estructura productiva.
Hace apenas unos días, el pasado
20 de noviembre, conmemoramos un aniversario más de la Revolución Mexicana, hecho que
determinó la historia de nuestro país a lo largo del Siglo XX. De la Revolución
surgieron demandas y exigencias que evolucionaron para dar lugar a instituciones y
principios. Así, cada uno de los postulados de la lucha armada se transformó para
aportar algo a la transfusión paulatina de nuestro país. De los reclamos a la
construcción y perfeccionamiento de instituciones, leyes, principios y formas.
El sufragio efectivo, libre y
secreto, la aplicación de la ley como derecho universal y no como concesión. La
educación y la salud como conquista irrenunciable de los mexicanos, son algunas de las
respuestas que hemos construido a partir de la lucha iniciada en 1910. Sólo el campo
sigue siendo asignatura pendiente. Zapata inició con su entrega a la lucha social la
recuperación de la tierra como espacio económico y cultural. En él reconocemos la
encarnación de un proyecto inconcluso y traicionado, interrumpido con violencia y nunca
reivindicado plenamente. No hemos sido capaces de garantizar a los hombres y mujeres del
campo el pleno disfrute de los productos de la tierra. Han aparecido nuevas formas de
sometimiento como el intermediarismo, la renta de parcelas y la imposición de modelos
tecnológicos caros y dañinos.
Las instituciones creadas para
desterrar la incertidumbre y el caos cumplen exactamente la función contraria en el
gobierno del cambio. Con hechos, con leyes justas y con la atención permanente de los
problemas que tanto lastiman al país quitaremos al Ejecutivo el falso argumento de que es
el Congreso el causante de los males, de las carencias ine-ficaces y de dislates de un
gobierno que hizo de la promesa de cambio un espejismo en el que no hay respuestas para
los mexicanos.
Con estas certezas, hace poco más
de un año, los citricultores de las regiones de Álamo y de Martínez de la Torre tomaron
las carreteras del norte del estado de Veracruz, para llamar la atención de las
autoridades y de la opinión pública acerca de su alarmante situación. Se trató del
movimiento apartidista y propositivo, de ahí surgieron objetivos que dieron lugar a un
documento preliminar origen de propuestas posteriores cada vez más completas e
integrales.
Con este movimiento se pudo vencer
la indiferencia del Gobierno y se inicio la atención de las comisiones de Agricultura y
Desarrollo Rural de esta Cámara y de aquí a la Secretaría de Agricultura, donde se han
realizado mesas de trabajo en las que ya no sólo los productores, sino los procesadores
al interior de la cadena productiva han logrado establecer un catálogo completo de
acciones compartidas.
Revisión del marco jurídico para
impulsar la articulación de los productores, integrar datos estadísticos del sector,
reactivación de plantas industriales, búsqueda de mercados alternativos en Asia y
Europa, constituyen una apretada síntesis de las propuestas surgidas del diálogo en esta
importante cadena productiva.
A pesar de la innegable importancia
de la citricultura en todos sus ámbitos, es insuficiente el apoyo para incrementar el
consumo de los cítricos. En lo referente a su producción y comercialización, los
pequeños productores enfrentan serias desventajas ante los grandes agroindustriales.
Por todo ello, por todo lo antes
mencionado, por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, proponemos, se pone a consideración de este honorable Congreso, la siguiente
iniciativa de decreto que reforma el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural.
Se reforma el artículo 179 para
adicionar la fracción XII, para quedar como sigue: a la lista de productos básicos y
estratégicos se suman los cítricos, consistentes en naranja, limón, toronja y
mandarina.
Por último, se exhorta al Gobierno
Federal para que una vez publicada la presente reforma se elabore y ejecute el Programa
Nacional de Fomento Citrícola, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 160,
161, 180, 182 y 183.
El Programa de Fomento Citrícola
deberá incluir acciones específicas y concretas en materia de sanidad vegetal,
comercialización, atención regionalizada de la problemática citrícola y garantizar a
los pequeños productores mecanismos de acceso a recursos para tecnificación.
Es todo. Muchísimas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
El suscrito, diputado federal por
el VII distrito de Martínez de la Torre, Veracruz; Pedro Manterola Sáinz, diputado de la
LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 71 fracción lI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
55 fracción II; 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente
iniciativa de decreto que reforma el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural y
Sustentable.
EXPOSICION
DE MOTIVOS
De acuerdo a datos proporcionados
por la FAO, cada año 6 millones de niños mueren por desnutrición, la mayoría, en los
países en vías de desarrollo; 25 mil personas fallecen víctimas del hambre y la pobreza
día a día; existen 840 millones de personas desnutridas, de las que 799 millones son
habitantes de los países en desarrollo, 30 millones de los países en transición y 11
millones de los países industrializados.
En un nivel ligeramente superior al
de la hambruna se encuentran más de 2 mil millones de personas con falta de
“micronutrientes”, es decir, sus dietas carecen del aporte necesario de
vitaminas y minerales, sobre todo de vitamina A y C y de hierro, yodo y zinc, esenciales
para el desarrollo y el crecimiento de los seres humanos. La falta grave de estas
sustancias puede provocar la ceguera y la discapacidad mental. En los países donde la
situación es más grave, la expectativa de vida no supera los 38 años, frente a los 70
años que alcanza en los 24 países más ricos del mundo.
El precio de la hambruna se cuenta
en millones de seres humanos sometidos a una vida de carencias, lo que refleja una
realidad lacerante en las posibilidades de desarrollo de los países. En México, la
esperanza de vida en el campo es menor que la del resto de los mexicanos, los ingresos por
trabajo igual o equivalente son 80% menores en el sector agropecuario, la probabilidad de
concluir los estudios es del 25% para los niños campesinos; el índice de mortalidad por
enfermedades curables es cuatro veces más alto para los habitantes de áreas rurales.
El empleo es temporal y mal pagado.
El éxodo rural es una incesante agonía para el campo a cambio de los dólares que
significan estos mexicanos para su comunidad y el país. Esta realidad de pobreza y
desnutrición deben no sólo alarmarnos, sino movernos a realizar propuestas claras y
específicas, cuyo beneficio sea integral: nutricional, económico y social.
Un componente esencial del panorama
agropecuario del país es la citricultura. En nuestro país, los aportes de la vitamina C,
elemento esencial de una nutrición sana, se obtienen en su mayoría de los cítricos. De
ahí que la importancia de estos cultivos esté no sólo en la superficie sembrada y el
número de mexicanos que tienen un beneficio directo o indirecto de ella, sino también en
el valor de los cítricos en la nutrición de los mexicanos. Pese a su importancia no es
considerado como básico y estratégico para el régimen alimenticio del mexicano.
El país donde año con año se
tiran miles de toneladas de naranjas, limones y mandarinas, porque “no tienen
mercado” es el mismo que muestra el dramático avance de la anemia, de la obesidad,
de la diabetes o la hipertensión, como las nuevas amenazas a la salud de los mexicanos.
Son además expresión clara de la millonaria publicidad que ha cambiado los hábitos
alimenticios de niños y jóvenes a favor del costoso y catastrófico consumo de los
alimentos industrializados: frituras, botanas, pastelillos y toda la chatarra de
trasnacionales fabricantes de mal llamados “alimentos”.
La economía de mercado,
especulativa, sin regulaciones ni controles y con un gobierno seducido por la
globalización indiscriminada, secuestra la producción e impide al productor llegar
libremente a los mercados y favorece a los alimentos industrializados frente a los
productos del campo, impulsando el excesivo consumo de mercancías que convierten la
alimentación en un negocio destructivo para la salud.
Es una cuestión ética y elemental
terminar con la pobreza y la desnutrición. Es obligación de todos construir mecanismos
de trabajo y cooperación para terminar de una vez y para siempre con lo que la FAO ha
llamado “la tenaz persistencia del hambre y la miseria”. Es una obligación
moral que recae sobre nosotros con más fuerza de acuerdo a los avances de nuestra
capacidad y nuestras tecnologías y la respuesta la tiene nuestra tierra.
La ciencia sigue ampliando
horizontes y ofreciendo nuevas opciones. Los avances tecnológicos y los cambios en la
organización de los sistemas agrícolas y de alimentación han sido profundos e
irreversibles. Es prioritario que sus beneficios estén al alcance de todos y que se
conviertan en herramientas de igualdad y justicia, de impulso al desarrollo racional e
inteligente de nuestros recursos naturales. Estos cambios, que van desde las técnicas de
cultivo y producción a los múltiples y variados efectos del comercio internacional, han
despertado la atención en derechos humanos fundamentales, como el derecho a alimentos
suficientes y saludables.
Los cítricos son un valioso
componente en la alimentación, ya que aportan vitamina C y fibras y favorecen
notablemente la absorción del hierro. Su consumo es de utilidad para los diabéticos
insulino-dependientes, ya que ayuda a prevenir la reducción de los niveles de glucosa en
la sangre.
La vitamina C es necesaria para
producir colágeno, importante en el crecimiento y reparación de las células y los
tejidos, encías, vasos, huesos y dientes. También es útil para la metabolización de
las grasas por lo que se le atribuye la reducción del colesterol.
Reduce el efecto de sustancias
productoras de alergia, previene el resfriado común y fortalece las defensas generales
del organismo.
Sirven también para combatir
problemas circulatorios, ya que fortalece los vasos sanguíneos. Por su riqueza en
minerales, sobre todo potasio y magnesio y por su poder fluidificante de la sangre, el
zumo de naranja es recomendable en enfermedades cardiacas.
El Instituto Nacional del Cáncer
de Estados Unidos atribuye al consumo de jugo de naranja la reducción de cáncer de
estómago en los últimos años. Quien consume cítricos tiene menos posibilidades de
contraer tumores malignos gracias a las propiedades nutricionales de la naranja. En
países donde el consumo de cítricos es alto la población padece un 60% menos de tumores
en la cavidad oral, faringe, laringe, esófago, estómago y colon.
De todas las frutas, la naranja, la
mandarina y el limón son las que más cantidad de calcio contienen. En lactantes el jugo
de naranja suple las deficiencias de la leche artificial y es recomendable para mujeres en
estado de gestación. Combate el estreñimiento, las nauseas y por su aportación en
vitaminas y minerales fortalece al feto.
El jugo de naranja es cicatrizante
y antihemorrágico. Estimula las funciones del hígado. Es útil en el tratamiento de la
fiebre. Limpia el aparato digestivo, incrementa la diuresis y baja la temperatura.
Es un valioso recurso en la
alimentación de niños con procesos febriles. En casos de litiasis, detiene el desarrollo
de cálculos. Debido a su contenido en potasio, tiene marcadas propiedades diuréticas.
El zumo de naranja limpia y
fluidifica la sangre, descongestiona los pulmones y los fortifica. Su contenido en calcio
facilita la curación de úlceras pulmonares provocadas por la tuberculosis.
La toronja es una fruta baja en
calorías y rica en vitamina C, A y B. Se incluye en dietas por su acción aceleradora del
metabolismo de las grasas. Es tonificante y se recomienda como remedio para eliminar los
efectos de un alto consumo de alcohol.
El limón es una inmensa fuente de
vitamina C, facilita la eliminación de toxinas, es útil para el tratamiento de dolores
de garganta y gingivitis, reduce los niveles de colesterol en la sangre, previene el
escorbuto, posee acción antiviral y antibacteriana; es rico en vitamina C y posee altas
dosis de potasio, magnesio, calcio, fósforo y hierro.
Los ácidos del limón son
metabolizados durante la digestión para neutralizar el exceso de acidez aliviando dolores
reumáticos y artríticos. El limón estimula las funciones del páncreas y del hígado y
es protector de la membrana que recubre el estómago.
El limón combate las impurezas de
la sangre nivelando de modo natural el regular funcionamiento de los órganos. Además, el
limón es eficaz contra microbios y ciertos virus. Astringente natural, el limón ayuda a
combatir más de 200 enfermedades.
Estas son sólo algunas de las
propiedades nutricionales de los cítricos. Aunado a su relevante papel en la salud
humana, juegan también un papel fundamental en la salud social y económica del país.
La citricultura en México impulsa
el desarrollo de 23 entidades federativas, con una superficie cultivada de más de 500 mil
hectáreas, una producción anual promedio de 5 millones de toneladas con valor de 3 mil
millones de pesos, que representan para más de 100 mil familias mexicanas ingresos por
abajo del costo de producción, en la mayoría de los casos. Los cítricos significan el
30% de la superficie de frutales en el país y el 3% de la superficie total sembrada.
El estado de Veracruz, del cual soy
representante, ocupa el primer lugar en producción de cítricos, con el 40% de la
producción total. Generan recursos por un total de 8 mil millones de pesos en la
industria y el sector primario. Su actividad impulsa la creación de 70 mil empleos
directos y 250 mil indirectos, así como 32 millones de jornales durante las épocas de
producción y cosecha.
Sin embargo, los bajos precios, el
acceso desigual a tecnología para incrementar y mejorar la productividad, el desmedido
intermediarismo, la falta de organización y la poca claridad del marco jurídico que rige
a las agrupaciones de productores, tiene a los pequeños agricultores y agro empresarios
prácticamente abrumados.
El campo fue víctima muchos años
de la simulación. Poco ha cambiado. Hoy sigue muy mal distribuida la atención a los
productores, sigue haciendo falta una planeación inteligente, capacidad de organización,
claridad y criterios productivos en las reglas de operación de los programas rurales,
capacitación a quienes no pueden financiarla y distribuir mejor la justicia en la
estructura productiva. Sin retórica ni oportunismos electorales, devolvamos al campo su
dignidad y fortaleza originales.
Hace apenas unos días, el pasado
20 de noviembre, conmemoramos un aniversario más de la Revolución Mexicana, hecho que
determinó la historia de nuestro país a lo largo del Siglo XX. De la Revolución
surgieron demandas y exigencias que evolucionaron para dar lugar a instituciones y
principios. Así, cada uno de los postulados de la lucha armada, se transformó para
aportar algo a la transición paulatina de nuestro país. De los reclamos, a la
construcción y perfeccionamiento de instituciones, leyes, principios, formas.
El sufragio efectivo, libre y
secreto, la aplicación de la ley como derecho universal y no como concesión, la
educación y la salud como conquista irrenunciable de los mexicanos, son algunas de las
respuestas que los mexicanos construimos a partir de la lucha iniciada en 1910.
Sólo el campo sigue siendo
asignatura pendiente. Zapata inició con su entrega a la lucha social la recuperación de
la tierra como espacio económico y cultural. En él reconocemos la encarnación de un
proyecto inconcluso y traicionado, interrumpido con violencia y nunca reivindicado
plenamente. No hemos sido capaces de garantizar a las mujeres y hombres del campo el pleno
disfrute de los productos de la tierra; han aparecido nuevas formas de sometimiento, como
el intermediarismo, la renta de parcelas y la imposición de modelos tecnológicos caros y
dañinos.
Hoy, el lema zapatista de
“Tierra y Libertad” sigue siendo necesario y debe ser actualizado. Tierra para
trabajar, para producir, para hacerla expresión clara de pertenencia, orgullo y dignidad.
Libertad para asociarse y comercializar, para ser sujetos de crédito y hacer valer la
palabra empeñada en búsqueda de justicia y verdadero desarrollo para el campo.
Ante un ejecutivo errático,
altanero, contradictorio, ocupado más en incrementar sus niveles de popularidad que en
revertir los niveles de miseria en el país, ante una política agrícola que pasó de la
complacencia al menosprecio, el campo necesita ideas claras, criterios definidos,
funcionarios que busquen ser aliados de los campesinos y pequeños productores, no sus
capataces ni caporales.
Las instituciones creadas para
desterrar la incertidumbre y el caos, cumplen exactamente la función contraria en el
Gobierno del cambio. No podemos aceptar la mutación del paternalismo a la arrogancia ni
resignarnos ante una ciudadanía que ha pasado del entusiasmo generado por las promesas, a
la decepción que provoca la realidad. No se puede contar con un Gobierno formado por
estatuas de sal, que busca en el pasado las razones de su indolencia presente.
Con hechos, con leyes justas y con
la atención permanente de los problemas que tanto lastiman al país, quitaremos al
Ejecutivo el falso argumento de que es el Congreso el causante de los males, de las
carencias, ineficacias y dislates de un Gobierno que hizo de la promesa de cambio un
espejismo en el que hoy no hay respuestas para los mexicanos.
Todo esto reclama un nuevo
agrarismo, actualizado, moderno, propositivo y una nueva plataforma de alianza y
vinculación del movimiento rural con el resto del movimiento social y los partidos
políticos, y, por supuesto con el Estado mexicano, fundado con el decisivo aporte humano
y político de los campesinos mexicanos.
Con estas certezas, hace poco más
de un año, los citricultores de las regiones de Alamo y Martínez de la Torre tomaron las
carreteras del norte de Veracruz para llamar la atención de las autoridades y de la
opinión pública acerca de su alarmante situación.
Se trató de un movimiento
apartidista y propositivo. De ahí surgieron objetivos que dieron lugar a un documento
preliminar, origen de propuestas posteriores, cada vez más completas e integrales. Las
soluciones han nacido del diálogo, de la política como mecanismo de encuentro
constructivo, vínculo democrático para superar problemas y diferencias.
Los diversos actores de la cadena
productiva de los cítricos empiezan a hablar un mismo idioma, alejado del enfrentamiento,
de verdades absolutas y posiciones irreconciliables. La identificación de problemas y
necesidades dio paso a las propuestas de solución y entendimiento. Con la experiencia y
el talento de todos, se transitó de la lucha aislada a la comprensión de un problema
nacional que tiene expresiones comunes y al mismo tiempo diferenciadas de acuerdo a cada
estado y región.
Con ese movimiento se pudo vencer
la indiferencia del Gobierno y se inició la atención de las comisiones de Agricultura y
de Desarrollo Rural de esta Cámara, y de aquí, a la Secretaría de Agricultura, donde se
han realizado mesas de trabajo en las que ya no sólo los productores, sino los
procesadores —elemento fundamental de la cadena productiva citrícola— de las
regiones productoras de la República, han podido integrar un catálogo completo de
acciones compartidas, al interior de la cadena productiva y entre ésta y las dependencias
involucradas.
Esa atención, si bien ha sido
continua, resulta insuficiente. Ahora, más de 100 mil familias de citricultores esperan
alternativas para hacer producir miles de hectáreas, cuya producción actual permite
exportar buena parte de la producción e ingresar millones de dólares al país.
Revisión del marco jurídico para
impulsar la articulación de los productores, integrar los datos estadísticos del sector,
reactivación de plantas agroindustriales, búsqueda de mercados alternativos en Asia y
Europa, vinculación con centros de estudio e investigación, apoyo tecnológico para
productores, campañas fitosanitarias para lograr la baja prevalencia de la mosca de la
fruta y facilitar la exportación en fresco, cultivo y distribución de patrones
tolerantes al virus de la tristeza, respetar el origen de empaque y producción para
clasificar la calidad de la fruta, almacenamiento de jugo a bajo costo, identificación de
cuencas citrícolas para agilizar la atención a problemas específicos, constituyen una
apretada síntesis de las propuestas surgidas del diálogo en esta importante cadena
productiva del país.
Con propuestas definidas y claras,
debemos de presentar alternativas ante una política agropecuaria invadida de intereses
privados y desentendida de las necesidades reales del productor, que implementa un
Secretario de Agricultura con vocación de empleado de trasnacionales y capataz de
productores nacionales.
En todo este proceso, es necesario
hacer un reconocimiento público a la gran alianza de productores del norte de Veracruz, a
la actitud mediadora y práctica del Coverlimón, a la perseverancia de productores y
empresarios que hoy conforman el Consejo Estatal Citrícola de Veracruz, a la
preocupación de muchos presidentes municipales, regidores y funcionarios de municipios
productores de cítricos, a la disposición al diálogo de todos, que han sabido tratar el
asunto con apertura, flexibilidad y sentido común.
Recogiendo sus ideas e inquietudes,
proponemos la reactivación de la mesa de atención del sector agropecuario con los
representantes de productores y agroempresarios citrícolas, con la participación de
miembros de las comisiones de Agricultura, Desarrollo Rural y Salud y un diputado por cada
estado productor de cítricos de la República, a fin de formalizar un Programa Nacional
de Fomento Citrícola que defina acciones concretas en cada uno de los rubros mencionados,
además de asegurar una partida presupuestal que garantice su ejecución.
A pesar de la innegable importancia
de la citricultura en todos sus ámbitos, es insuficiente el apoyo del Gobierno Federal
para incrementar el consumo de los cítricos. En lo referente a su producción y
comercialización, los pequeños productores enfrentan serias desventajas ante los grandes
agroindustriales, mejor preparados para enfrentar las consecuencias de los tratados y
acuerdos internacionales de comercio.
Se hace necesario que el estado
establezca medidas para procurar el abasto de este producto entre la población. De ahí
nace la preocupación y la inquietud por proponer a esta honorable soberanía, la presente
iniciativa de reforma al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, por las
repercusiones, todas positivas, de incluir a los cítricos dentro de los productos
básicos, facilitando que los grupos sociales menos favorecidos tengan acceso a su consumo
y se dé prioridad a la producción nacional de este cultivo, por sí mismo estratégico.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II y 56 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General, se pone a consideración de este honorable
Congreso de la Unión, la siguiente
iniciativa
De decreto que reforma el artículo
179 de la Ley de Desa-rrollo Rural.
Artículo primero. Se reforma el artículo 179 de
la Ley de Desarrollo Rural, para adicionar la fracción XII para quedar como sigue:
“Artículo 179...
Se considerarán productos básicos
y estratégicos, con las salvedades, adiciones y modalidades que determine año con año o
de manera extraordinaria, la comisión intersecretarial, con la participación del Consejo
Mexicano y los comités de los sistemas-producto correspondientes, los siguientes:
I. Maíz;
II. Caña de azúcar;
III. Frijol;
IV. Trigo;
V. Arroz;
VI. Sorgo;
VII. Café;
VIII. Huevo;
IX. Leche;
X. Carne de bovinos, porcinos,
aves;
XI. Pescado y
XII. Los cítricos, consistentes en
naranja, limón, toronja y mandarina.”
ARTICULOS
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto, entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Se exhorta al Gobierno Federal para que
una vez publicada la presente reforma se elabore y ejecute el Programa Nacional de Fomento
Citrícola dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 160, 161, 180, 182, 183 y
demás disposiciones legales aplicables de la presente ley, materia de esta iniciativa de
reforma, para ser incorporado oportunamente en el Presupuesto de Egresos 2003.
El programa de fomento citrícola
deberá incluir acciones específicas y concretas en materia de:
• Sanidad vegetal.
• Comercialización.
• Revisión del marco legal
para impulsar la organización de productores.
• Atención regionalizada de
la problemática citrícola.
• Garantizar a los pequeños
productores mecanismos de acceso a recursos para tecnificación.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 26 de noviembre de 2002.— Diputado
Pedro Manterola Sáinz.»
Presidencia de la diputadaMaría Elena
Alvarez Bernal
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
Túrnese la iniciativa a las
comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural.
Sí, señor diputado.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde su
curul):
Señora Presidenta, rogarle que la
iniciativa del señor diputado Pedro Manterola se publique completa en el Diario de los
Debates, porque es muy importante y también suplicarle a usted le pregunte al
señor diputado si es tan amable de que la firme con él.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Señor diputado, ¿acepta usted que
suscriba su iniciativa?
El diputado Pedro Manterola Sáinz:
Sí, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Que se pase a firma el proyecto de
iniciativa al señor diputado.
Insértese el texto íntegro de la
iniciativa en el Diario de los Debates y
publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
PODER LEGISLATIVO
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra el diputado Diego
Alonso Hinojosa Aguerrevere, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para
presentar una iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 66 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un cuarto párrafo al artículo
11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Diego Alonso Hinojosa
Aguerrevere:
Con su permiso, señora Presidenta.
Honorable Asamblea: iniciativa de
decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 66 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y adiciona un cuarto párrafo al artículo 11 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
EXPOSICION
DE MOTIVOS
La diferencia de mayor relevancia
entre el pasado y el presente, sitúa al actual gobierno sin la mayoría en el
Legislativo, esto quiere decir que el Poder Ejecutivo no tiene la posibilidad ni la
facultad de aprobar o derogar cuanto se le antoje. La diferencia señalada obliga a los
grupos parlamentarios y principalmente a nosotros, diputados y senadores, a desempeñar el
papel más importante en nuestras vidas, teniendo la imperante necesidad y compromiso de
discutir al interior de la Cámara todas las iniciativas con el mayor cuidado y
minuciosidad indispensable para ofrecer a la sociedad verdaderos avances políticos.
Bajo esta perspectiva y con el
único objeto de participar en la Reforma del Estado es que se aporta al quehacer
legislativo la figura de la rendición de cuentas del Congreso a la sociedad, a fin de que
los legisladores no sólo se sientan comprometidos a trabajar e informar a los ciudadanos
que los eligieron por una obligación moral o ética, sino por una disposición
constitucional que así lo prescriba.
Ello, en virtud de que algunos
legisladores no tienen ningún estímulo para acercarse a sus electores a quienes sólo
buscan meses antes de las elecciones cuando es indispensable ganar voto y popularidad.
Como es sabido, pocas veces los
triunfadores regresan con aquellos que los beneficiaron con su voto para presentar
avances, logros o resultados. Cualquier persona a la que se le pregunte su opinión sobre
el quehacer legislativo, responderá sin titubeos que ya no confían en el Congreso, que
los legisladores una vez electos ni lo ven ni lo escuchan, que sus dietas son excesivas y
sobre todo, que no trabajan.
Y más de uno concluirá que
podría desempeñar un mejor papel de ser legislador. Es importante señalar que nosotros
no somos los responsables directos de esta situación, por el contrario, la imagen que hoy
se percibe del Poder Legislativo se ha construido a lo largo de las décadas como
resultado de los excesos, la apatía y la improductividad de nuestros antecesores.
El establecimiento de un informe
anual de actividades por parte del Legislativo y los presidentes de las cámaras de
Diputados y Senadores, pretende enfatizarlos logros alcanzados por el Congreso y cambiar
paradigmas en la perspectiva de la ciudadanía en general.
Así, se busca un legislador
responsable y comprometido que ofrezca cambios y beneficios significativos mediante un
trabajo incansable y productivo al interior del Congreso, en su distrito o en aquellos
escenarios en donde se desenvuelva para que el reflejo de sus acciones se plasme en
beneficio directo de nuestra soberanía.
El hecho de que los legisladores
tuvieran que formular un informe anual de actividades no significaría una obligación a
proponer reformas constitucionales o de ley incongruentes o hechas al vapor, por la simple
urgencia o necesidad de incrementar su estadística; por el contrario, de lo que se trata
es de informar y de establecer un puente de comunicación entre el legislador y la
sociedad, puente que no existe y que debemos de empezar a labrar.
De esta forma, el informe
plasmaría el trabajo, la dedicación y el esfuerzo realizados a lo largo de su gestión y
en donde se materializarían los logros y avances de aquellas materias trascendentales y
de interés nacional.
Así, el informe abarcaría
tópicos diversos como la formulación de iniciativas o puntos de acuerdo, el análisis de
las propuestas de otros legisladores al interior de las comisiones, el trabajo al interior
de sus fracciones, su participación en foros de discusión o simple en acciones en pro de
la región o distrito de procedencia.
De esta manera me gustaría
enfatizar que el informe anual de los presidentes de ambas cámaras tendrían que
realizarse con suma imparcialidad y sin matices partidistas de la misma forma en que lo
hace el Presidente del Ejecutivo Federal y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, como lo marca el artículo 69 constitucional y la fracción II del
artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación respectivamente.
Sin duda, el informe anual que
planteo, más que ser de utilidad, lo considero como la obligación que debe tener el
Congreso y sus actores de rendir un informe eminentemente republicano.
Por lo anterior y en atención a la
modernización que necesita nuestra Carta Magna y en pleno apego a la Reforma del Estado
que se viene manejando, esta iniciativa está encaminada a adicionar un segundo párrafo
del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
adición de un cuarto párrafo al artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos para que los legisladores y los presidentes de las cámaras
de Diputados y Senadores, estén obligados a rendir un informe anual de actividades, ya
sea ante el distrito o entidad federativa al que representen o ante el pleno de cada una
de las cámaras para el caso de los presidentes.
Más que una rendición de cuentas,
de lo que se trata es de plasmar con precisión el trabajo de diputados y senadores a fin
de sensibilizar a la población de que las acciones y el desempeño del Congreso de la
Unión tienen como única prioridad el crecimiento y desarrollo de nuestra nación.
Solicito a la Presidencia se
publique íntegramente esta iniciativa en el Diario de Debates y en la Gaceta
Parlamentaria para omitir la lectura del articulado.
Es todo.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Honorable Asamblea: Diego Alonso
Hinojosa Aguerrevere, diputado federal e integrante del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a
la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto que
adiciona un segundo párrafo al artículo 66 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Adiciona un cuarto párrafo al
articulo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
EXPOSICION
DE MOTIVOS
Durante los últimos 15 años,
nuestro país ha experimentado vastas y profundas transformaciones, desde la firma de un
Tratado de Libre Comercio con la nación económica más poderosa de la comunidad
internacional, hasta la transición democrática de la cual fuimos testigos en julio del
año 2000. Estos acontecimientos han alterado de manera radical cada uno de los aspectos
de nuestras vidas; han cambiado nociones y conceptos que parecían eternos y al amparo de
estas monumentales transformaciones, México es otro.
La diferencia de mayor relevancia
entre el pasado y el presente, sitúa al actual Gobierno sin la mayoría en el
Legislativo, esto quiere decir, que el Ejecutivo no tiene la posibilidad ni la facultad de
aprobar o derogar cuanto se le antoje.
La diferencia señalada en el
párrafo anterior obliga a los grupos parlamentarios, principalmente a nosotros, diputados
y senadores, a desempeñar el papel más importante en nuestras vidas, teniendo la
imperante necesidad y compromiso de discutir al interior de las cámaras todas las
iniciativas con el mayor cuidado y la minuciosidad indispensable para ofrecerle a la
sociedad verdaderos avances políticos.
Bajo esta perspectiva y con el
único objetivo de participar en la reforma del Estado es que se aporta al quehacer
legislativo la figura de la “rendición de cuentas”, a fin de que los
legisladores no sólo se sientan comprometidos a trabajar e informar a los ciudadanos que
los eligieron por una obligación moral o ética, sino por una disposición constitucional
que así lo prescriba. Ello en virtud de que algunos legisladores no tienen ningún
estímulo para acercarse a sus electores, a quienes sólo buscan meses antes de las
elecciones, cuando es indispensable ganar votos y popularidad. Como es sabido, pocas veces
los triunfadores regresan con aquellos que los beneficiaron con su voto, para presentar
avances, logros o resultados; por el contrario, a la hora de las decisiones ni siquiera se
acuerdan de ellos.
Cualquier persona a la que se le
pregunte su opinión sobre el quehacer legislativo, responderá sin titubeos, que ya no
confía en el Congreso, que los legisladores una vez electos ni lo ven, ni lo escuchan,
que sus dietas son excesivas y sobre todo, que no trabajan. Y más de uno concluiría que
podría desempeñar un mejor papel de ser legislador.
Es importante señalar que nosotros
no somos los responsables directos de esta situación, por el contrario, la imagen que hoy
se percibe del Poder Legislativo se ha construido a lo largo de las décadas, como
resultado de los excesos, la apatía y la improductividad de nuestros antecesores.
El establecimiento de un informe
anual de actividades por parte del legislador ante el distrito, estado o el Distrito
Federal, al que represente y el informe anual por parte de los presidentes de las cámaras
de Diputados y de Senadores, pretende cambiar paradigmas en la perspectiva del electorado
y de la ciudadanía en general, ya que se plantea la hipótesis de que el legislador tenga
un vinculo más estrecho con los ciudadanos y pueda estar en contacto directo con las
necesidad y peticiones de la sociedad, evitando con ello el aislamiento característico y
la falta de trabajo conjunto.
Así, se busca un legislador
responsable y comprometido, que ofrezca cambios y beneficios significativos, mediante un
trabajo incansable y productivo al interior del Congreso, en su distrito o en aquellos
escenarios en donde se desenvuelva, para que el reflejo de sus acciones se plasme en el
beneficio directo de nuestra soberanía.
Y la pregunta sería, ¿cómo se
puede lograr?
Sin lugar a dudas la “Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”,
publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 11 de junio de 2002, es el referendum más
importante al que me puedo remitir, dada su orientación para hacer del dominio público
situaciones, manejos e información que antes se consideraba confidencial o que
simplemente no se divulgaba. Esta iniciativa empata de alguna forma con los objetivos de
esa ley ya que el vínculo o la interacción del legislador con el electorado estaría
garantizada.
El hecho de que los legisladores
tuvieran que formular un informe anual de actividades al cierre del segundo periodo
ordinario de sesiones, no significaría una obligación a proponer reformas
constitucionales o de ley, incongruentes o hechas al vapor, por la simple urgencia o
necesidad de ofrecer resultados. Por el contrario, el informe abarcaría tópicos diversos
como la formulación de iniciativas o puntos de acuerdo, el análisis de las propuestas de
otros legisladores al interior de las comisiones, el trabajo al interior de sus
fracciones, su participación en foros de discusión o simplemente en acciones en pro de
la región o distrito de procedencia.
Para tales efectos y antes de
concluir el segundo periodo ordinario de sesiones se buscaría el mecanismo más idóneo a
fin de que todas las comisiones presentaran un informe anual de actividades para que con
dicha información los presidentes de ambas cámaras, así como cualquier legislador
contaran con elementos suficientes para formular el informe de actividades
correspondiente, en donde se plasmaría el desempeño y productividad alcanzado durante el
año inmediato anterior.
Resaltando que el informe general
de los presidentes se realizaría al cierre del segundo periodo ordinario de sesiones, con
la obligación de presentar el informe con suma imparcialidad y sin matices partidistas.
Una hipótesis más, se esgrime en
la vinculación del legislador con el personal técnico de la comisión de la que fuese
integrante, buscando un efecto multiplicador a la hora de dictaminar, considerando que
estaría en el deber y compromiso de estar al pendiente del trabajo realizado al interior
de su comisión, ya que de este último se desprenderían elementos sucintos para su
informe personal.
El salto político que pretendo con
esta iniciativa es provocar el análisis y la reflexión de diputados y senadores así
como de la ciudadanía en general, en lo referente al trabajo legislativo del Congreso de
la Unión y enfatizar los logros alcanzados por cada comisión, y del Congreso en general.
Esta iniciativa está encaminada a
adiciona un segundo párrafo al artículo 66 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la adición de un cuarto párrafo al articulo 11 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que los legisladores y los
presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores estén obligados a rendir un informe
general de actividades, ya sea ante el distrito, estado o el Distrito Federal al que
representen o ante el pleno de cada una de las cámaras para el caso de los presidentes.
Más que una rendición de cuentas
de lo que se trata es de plasmar con precisión el trabajo de diputados y senadores, a fin
de sensibilizar a la población de las acciones y desempeño del Congreso de la Unión
como reflejo de los intereses de todos los sectores de la sociedad mexicana.
Por lo anterior y en atención a la
modernización que necesita nuestra Carta Magna y en pleno apego a la reforma del estado
que se viene manejando, permítanme exponer la siguiente reforma, con objeto de
proporcionar a la ciudadanía los elementos indispensables para reconocer el trabajo
legislativo que se desempeña en el Congreso de la Unión.
Iniciativa
De decreto que adiciona un segundo
párrafo al artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
la adición de un cuarto párrafo al artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo primero. Se adiciona un segundo párrafo
al artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue:
“Artículo 66...
Al cierre de sesiones del segundo
periodo ordinario, el Presidente de cada una de las cámaras, presentará un informe anual
de actividades, en los términos que disponga la ley. Dicho informe será institucional,
por lo que deberá tomar en cuenta la pluralidad representada en cada una de las cámaras
del Congreso de la Unión, asimismo se sujetará a los criterios de objetividad, equidad,
veracidad, imparcialidad y oportunidad.
...”
Artículo segundo. Se adiciona un cuarto párrafo
al artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:
“Artículo 11...
...
...
...
4. De manera anual, al término del
segundo periodo ordinario de sesiones, tanto diputados como senadores deberán presentar
un informe anual de actividades, ante su distrito, estado o Distrito Federal, por el que
hubiesen sido electos, en los términos que disponga el Reglamento. En el caso de los
diputados o senadores por el principio de representación proporcional, presentarán su
informe ante el distrito o entidad federativa en la que radiquen.”
ARTICULO
TRASITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 26 de noviembre de 2002.— Diputado Diego
Alonso Hinojosa Aguerrevere.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Con gusto señor diputado, gracias.
Insértese el texto íntegro de la
iniciativa en el Diario de los Debates,
publíquese en la Gaceta Parlamentaria y
túrnese a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra el diputado Luis
Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
para presentar una iniciativa por la que la Cámara de Diputados emita decreto para que el
titular del Poder Ejecutivo Federal inicie la renegociación del capítulo agropecuario en
el Tratado de Libre Comercio.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Gracias, señora Presidenta;
señoras y señores legisladores.
Pido a ustedes unos minutos de su
distinguida atención, se trata de que abordemos un problema de auténtica urgencia, de
auténtica urgencia, de auténtica urgencia y sin duda obvia resolución.
El tema no puede ser otro, que el
del campo mexicano, el de su sector agropecuario y el de su predecible aniquilación a un
mes de que se liberen completamente de aranceles las importaciones de productos
agropecuarios de origen norteamericano y canadiense como resultado del Tratado de Libre
Comercio vigente a partir del 1o. de enero de 1994.
¿Quién puede negar que el campo
mexicano es una zona de desastre, desastre producto de políticas erróneas de los
gobiernos en turno que entre otras cosas redujeron en forma significativa el gasto
programable asignado al sector, incluyendo los subsidios, los recursos destinados a
inversión física y el sistema de empresas paraestatales que le brindaban apoyos?
El problema del campo en México no
es nuevo. A no dudarlo, el campo es la actividad más desprotegida en nuestra patria;
tampoco es nuevo el discurso elaborado sobre él, allí se fincaron las grandes glorias,
tragedias y engaños del Estado mexicano. Se llegó a concebir que el campo no debería
estar organizado para producir, sino para votar.
Lo que sí es nuevo o si no nuevo
por lo menos reciente, es el reconocimiento generalizado de los efectos negativos que para
el campo y el sector agropecuario ha tenido el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte a partir de su entrada en vigor y los que tendrá una vez que llegue el año
siguiente, cuando se liberen completamente de aranceles las importaciones de productos
agropecuarios de origen norteamericano y canadiense.
Como parte del Estado y del
Gobierno del México actual, el Congreso de la Unión debe involucrarse de manera plena en
la búsqueda de soluciones y no seguir haciendo sólo discursos del problema.
¿Qué solución se va a ofrecer a
los productores de maíz que representan el 65% de los productores agrícolas de México
con una productividad por área cultivada equivalente a una cuarta parte de la obtenida en
Estados Unidos cuando el mercado nacional sea invadido por éstos? ¿Acaso la sustitución
del cultivo, que afectaría hasta hábitos alimenticios y tradiciones culturales?
¿Qué solución se va a ofrecer a
los productores de arroz, ya quebrados; a los piñeros de Oaxaca y Veracruz, cuyo producto
en el mercado nacional ha sido reemplazado por el proveniente de la Florida? ¿Qué
solución se va a ofrecer a los productores avícolas y pecuarios nacionales cuando el
huevo, la carne de pollo, la carne porcina y demás productos afines se importen
masivamente con cero aranceles y restricciones y deban competir con productos, con una
industria extranjera que cuenta con mayor tecnología y capital?
El Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, para haber sido benéfico al campo y al sector pecuario mexicano
tenía como precondición o condición sine qua
non la de que el Gobierno hubiera generado condiciones propicias para que antes de la
absoluta liberalización el sector hubiera alcanzado un grado de desarrollo tecnológico y
de consolidación de capital que le permitiera competir en igualdad de circunstancias.
Distinto a lo anterior, los
productores agrícolas y pecuarios en nuestro país, desde la entrada en vigor del acuerdo
libre- comercista, primero: han sido las víctimas no sólo del rigor y obediencia con el
que el Gobierno mexicano ha ido cumpliendo los términos del acuerdo al reducir el gasto
público destinado al sector de 6.4% en 1995 al 2.9% en el 2000, que contrasta con el
apoyo desmedido y desobediente del gobierno americano para subsidiar su sistema
agropecuario; y segundo, fueron los paganos de la crisis financiera de finales de 1994,
cuando para unos sus deudas contratadas en dólares de un día a otro se vieron
incrementadas por la depreciación del peso frente a esa moneda y para todos, verse
entrampados en un esquema de defraudación del sistema bancario usurero al haber suscrito
contratos de crédito con estipulación de intereses impagables.
El Capítulo VII del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, relacionado con el sector agropecuario es el único
que no tiene alcance trinacional, sino que más bien implica la adición y no la mezcla de
dos acuerdos bilaterales, uno de la relación México-Estados Unidos y otro de México y
Canadá.
Para Estados Unidos y Canadá en
materia agropecuaria, rige el acuerdo de Libre Comercio, en suma, compañeras y
compañeros legisladores, el Tratado de Libre Comercio, tiene postrada a la agricultura y
al sector pecuario mexicano si no actuamos, por ejemplo, pronto vamos a ser testigos como
130 importadores de maíz, entre ellos: Cargiel, Arancia, Alpura, Sabritas, Maseca, Minsa,
Maizoro, Purina entre otros, van a exterminar a 3.2 millones de campesinos productores de
maíz, con parcelas menores a cinco hectáreas, lo mismo ocurrirá con los productores de
arroz, de trigo y sorgo. Por todo ello el Congreso de la Unión, debe adoptar una
posición bien definida, debe emitir un decreto que contenga una resolución , cuyo
artículo único establezca:
Artículo único. El Congreso de la
Unión decreta, por interés nacional, proponer al titular del Poder Ejecutivo, para que
en uso de sus facultades retire para los Estados Unidos Mexicanos de manera provisional,
el cumplimiento del Capítulo VII, referente al apartado agropecuario y medidas sanitarias
y fitosanitarias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte e inicie formalmente
su renegociación entre las partes contratantes.
Muchas gracias.
«Iniciativa de decreto por el que
se propone al titular del Ejecutivo Federal inicie renegociación del Título Séptimo
“Sector Agropecuario” del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y
Canadá, que presenta el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta a nombre del grupo
parlamentario del PRD.
El suscrito, diputado federal
integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, me permito formular ante esta honorable Asamblea una iniciativa
de decreto por el que se propone al titular del Ejecutivo Federal inicie renegociación
del Título Séptimo “Sector Agropecuario” del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos y Canadá, al tenor de la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
Señoras y señores legisladores,
pido a ustedes unos minutos de su distinguida atención.
Se trata de que abordemos un
problema de auténtica urgencia, de auténtica urgencia y sin duda obvia resolución, el
tema no puede ser otro que el del campo mexicano, el de su sector agropecuario y el de su
predecible aniquilación, a un mes de que se liberen completamente de aranceles las
importaciones de productos agropecuarios de origen norteamericano y canadiense, como
resultado del Tratado de Libre Comercio vigente a partir del 1o. de enero de 1994.
Quién puede negar que el campo
mexicano es una zona de desastre, desastre, producto de políticas erróneas de los
gobiernos en turno, que entre otras cosas redujeron en forma significativa el gasto
programable asignado al sector, incluyendo los subsidios, los recursos destinados a
inversión física y el sistema de empresas paraestatales que le brindaban apoyos.
El problema del campo en México no
es nuevo, a no dudarlo, el campo es la actividad más desprotegida en nuestra patria.
Tampoco es nuevo el discurso
elaborado sobre él, ahí se fincaron las grandes glorias, tragedias y engaños del Estado
mexicano, se llegó a concebir que el campo no debería estar organizado para producir
sino para votar.
Lo que sí es nuevo, o si no nuevo,
por lo menos reciente, es el reconocimiento generalizado de los efectos negativos que para
el campo y el sector agropecuario ha tenido el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte a partir de su entrada en vigor y los que tendrá una vez que llegue el año
siguiente, cuando se liberen completamente de aranceles las importaciones de productos
agropecuarios de origen norteamericano y canadiense.
Como parte del Estado y del
Gobierno del México actual, el Congreso de la Unión, debe involucrarse de manera plena
en la búsqueda de soluciones y no seguir haciendo sólo discursos del problema.
Qué solución se va ofrecer a los
productores de maíz, que representan el 65% de los productores agrícolas de México, con
una productividad por hectárea cultivada equivalente a una cuarta parte de la obtenida en
Estados Unidos, cuando el mercado nacional sea invadido por éstos, acaso la sustitución
del cultivo, que afectaría hábitos alimenticios y hasta tradiciones culturales.
Qué solución se va ofrecer a los
productores de arroz, ya quebrados, a los piñeros de Oaxaca y Veracruz, cuyo producto en
el mercado nacional ha sido remplazado por el proveniente de la Florida.
Qué solución se va ofrecer a los
productores avícolas y pecuarios nacionales, cuando el huevo, la carne de pollo, la carne
porcina y demás productos afines se importen masivamente con cero aranceles y
restricciones y deban competir sus productos con una industria extranjera que cuenta con
mayor tecnología y capital.
El Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, para haber sido benéfico al campo y al sector pecuario mexicano,
tenía como precondición o condición sine qua
non, la de que el Gobierno hubiera generado condiciones propicias para que antes de la
absoluta liberización, el sector hubiera alcanzado un grado de desarrollo tecnológico y
de consolidación de capital que le permitiera competir en igualdad de circunstancias.
Distinto a lo anterior, los
productores agrícolas y pecuarios en nuestro país, desde la entrada en vigor del acuerdo
librecomercista, primero, han sido las víctimas no sólo del rigor y obediencia con el
que Gobierno mexicano ha ido cumplimiento los términos del acuerdo, al reducir el gasto
público destinado al sector, de 6.4% en 1995 al 2.9% en el 2000, que contrasta con el
apoyo desmedido y desobediente del Gobierno americano para subsidiar su sistema
agropecuario y segundo, fueron los paganos de la crisis financiera de finales de 1994,
cuando para unos sus deudas contratadas en dólares de un día a otro se vieron
incrementadas por la depreciación del peso frente a esa moneda y para todos verse
entrampados en un esquema de defraudación del sistema bancario usurero, al haber suscrito
contratos de crédito con estipulación de intereses impagables.
El Capítulo VII del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, relacionado con el sector agropecuario, es el único
que no tiene alcance trinacional, sino que más bien implica la adición y no la mezcla de
dos acuerdos bilaterales. Uno de la relación de México-EU y otro de México-Canadá.
Para Estados Unidos y Canadá rige el Acuerdo de Libre Comercio.
En suma, compañeras y compañeros
legisladores, el Tratado de Libre Comercio, tiene postrada a la agricultura y al sector
pecuario mexicano, si no actuamos, por ejemplo, pronto vamos a ser testigos como 130
importadores de maíz entre ellos: Cargill, Arancia, Alpura, Sabritas, Maseca, Minsa,
Maizoro, Purina entre otros, van a exterminar a 3.2 millones de campesinos productores de
maíz con parcelas menores a cinco hectáreas; lo mismo ocurrirá con los productores de
arroz, trigo y sorgo.
Por todo ello, el Congreso de la
Unión, debe adoptar una posición bien definida, debe emitir un decreto, que contenga una
resolución cuyo artículo establezca:
Unico. El Congreso de la Unión decreta, por
interés nacional, proponer al titular del Poder Ejecutivo, para que en uso de sus
facultades, retire para los Estados Unidos Mexicanos, de manera provisional el
cumplimiento del Capítulo VII referente al apartado agropecuario y medidas sanitarias y
fitosanitarias, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte e inicie formalmente
su renegociación entre las partes contratantes.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 26 de noviembre de 2002.— Diputado Luis
Miguel Barbosa Huerta.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Relaciones
Exteriores.
Sí señor diputado, activen el
sonido en la curul del diputado Cuauhtémoc Montero, por favor.
El diputado Cuauhtemoc Rafael Montero Esquivel (desde
su curul):
Señora Presidenta, para pedirle al
diputado ponente, dicha iniciativa me permita firmarla, dada la importancia para la
estabilidad política del país, dicha iniciativa.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
¿Acepta señor diputado
Barbosa?. Que se le proporcione el proyecto, para que lo firme el diputado Montero.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Sí, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
El siguiente punto de iniciativa
agendado por el Partido del Trabajo, a petición del mismo se pospone.
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra el diputado Omar
Fayad Meneses, del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
presentar una iniciativa que deroga el párrafo tercero, del artículo 102 y el inciso c de la fracción II del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además la fracción II del
artículo 4o., de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la
fracción IV del artículo 66 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II, del
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Omar Fayad Meneses:
Gracias, señora Presidenta;
compañeros y amigos legisladores:
La nación plural, en la que
convivimos cientos de mexicanos, requiere indudablemente del continuo ajuste y desa-rrollo
de las instituciones públicas,encargadas de materializar las aspiraciones nacionales.
Primordialmente de aquellas que tienen como encomienda, procurar y administrar justicia.
Nuestro sistema de justicia ha sido objeto de constantes reclamos, para adecuarlo a la
realidad social en que vivimos y sobre todo, para lograr abatir la impunidad, corrupción
e ineficacias, que afectan la estabilidad social del país.
La procuración de justicia, es una
función primaria e indelegable de cualquier estado, suficiente cumplimiento otorga a los
ciudadanos garantías plenas y permite el progreso de la sociedad, por el contrario su
ausencia o deficiente desempeño, propician el surgimiento de un clima de inseguridad
pública y de inestabilidad social.
En nuestro país esta trascendental
función se encuentra encomendada en el ámbito federal a la Procuraduría General de la
República. Esta estructura ha absorbido las funciones del Ministerio Público y las de
representante y consejero jurídico del Gobierno dependiendo del Poder Ejecutivo a lo
largo de su historia.
Desde entonces la Procuraduría
General de la República se ha constituido en un órgano esencial del sistema federal de
justicia que en representación de los individuos de la sociedad y del Estado promueve y
vigila el cumplimiento del orden constitucional, procurando justicia en el ámbito de su
competencia y participando en acciones de prevención del delito para garantizar la
seguridad pública.
Como parte de su evolución
natural, la Procuraduría ha efectuado las adecuaciones legales y estructurales a su
alcance para hacer frente a los constantes cambios económicos, políticos y sociales del
país. No obstante estos esfuerzos, la Procuraduría General de la República concentra
hoy en día un gran número de funciones de diversa índole, como la persecución de los
delitos del orden federal, la intervención en todos los negocios en que la Federación
sea parte, la intervención en los casos en que los diplomáticos y cónsules generales
sean parte, ser parte o tercero perjudicado en los juicios de amparo y hasta representar
conforme a la legislación secundaria, los intereses de la sociedad en juicios civiles
como en el caso de los menores incapacitados.
Se considera que este alto número
de responsabilidades ha venido ocasionando el debilitamiento de la representación social
ante la elevada cantidad de asuntos en que interviene. El objetivo primordial de esta
iniciativa que presento, consiste en hacer un adecuación más al esquema de
responsabilidades que en la actualidad pudiera hacer parecer a la Procuraduría de la
República como un ente amorfo y de factible politización y estoy proponiendo eliminar la
facultad que posee su titular para intervenir en controversias constitucionales e iniciar
acciones de inconstitucionalidad.
Sobre las controversias
constitucionales como medio para garantizar el equilibrio entre la facultades de la
Federación, las entidades federativas y los municipios, consideramos que aún cuando la
Ley Reglamentaria en la materia le reconoce al Procurador el carácter de parte, una
intervención de esta forma no es compatible con la naturaleza de la controversia ya que
la misma plantea un conflicto entre una entidad, poder u órgano que invade una
competencia o que viola la Constitución y otro ente, poder u órgano que haya visto
invadida su esfera de competencia o presuma la realización de un acto inconstitucional
por parte del primero.
De tal suerte que el Procurador no
podría ir más allá de dar una opinión autorizada en relación con el fondo de la
materia planteada ante el pleno de la Corte, quien es el único órgano facultado para
decidir sobre la constitucionalidad del acto impugnado, por lo que esta intervención debe
eliminarse del texto constitucional y de la Ley Reglamentaria en cita.
Por su parte las acciones de
inconstitucionalidad tienen como único fundamento la protección de las minorías
partidarias en los cuerpos legislativos y como finalidad la salvaguarda de la supremacía
constitucional, de ahí que este tipo de control sólo se establezca para actos
legislativos.
Estas acciones fueron introducidas
en el sistema legal mediante una serie de reformas en materia de justicia las cuales
impulsó el Ejecutivo en 1994. Sin embargo, sí como parte de estas reformas la función
de Consejería Jurídica del Gobierno le fue suprimida a la Procuraduría, no se pueden
entender entonces la presencia de esta dependencia como parte del juicio de
inconstitucionalidad de leyes y esta actuación no puede justificarse tampoco con base en
sus atribuciones de persecutor de los delitos, ya que en estricto sentido, estas funciones
no tienen relación alguna con la naturaleza del juicio constitucional.
El Procurador como titular del
Ministerio Público posee una opinión calificada en relación a la materia que mejor
maneja, que es la relacionada con la persecución de los delincuentes y la investigación
de los delitos, por lo que es inadmisible que opine acerca de materias procesales o
legales que desconoce o que por lo menos no domina.
De igual forma, desde el punto de
vista orgánico, funcional y político, resulta contradictorio que un colaborador del
Ejecutivo Federal, cuenta de forma autónoma con la facultad de interponer un juicio
constitucional en contra del propio Presidente de la República.
Esta situación rompe con el
esquema constitucional de la Administración Pública Federal, ya que se está situando en
el caso al Procurador como otro poder constitucional.
Por otro lado, cuando la reforma de
1994 al artículo 105 legitimó el Procurador para interponer esta acción de
inconstitucional, convirtiéndolo en un guardián de la constitucionalidad de las leyes de
todo el país, esta aspiración aunque lo hable resulta en realidad ostentosa y poco
factible de cumplir a cabalidad.
En este sentido conviene destacar
que el Procurador de la República, es el titular que goza de la acción más amplia,
pudiendo solicitar invalidez de toda clase de leyes federales, locales y tratados
internacionales, en tanto que las cámaras del Congreso sólo pueden actuar en contra de
leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso, y contra tratados
internacionales en caso del Senado.
Las legislaturas de los estados y
del Distrito Federal, sólo en contra de sus leyes locales. Los partidos políticos
nacionales en contra de leyes electorales, federales y locales, y los partidos políticos
estatales sólo en contra de leyes electorales locales.
Igualmente no es correlativo que la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión o las legislaturas de los estados,
necesiten por lo menos de un 33% de sus integrantes para llevar a cabo el mismo proceso.
Esta situación resulta evidente si
tomamos en cuenta que desde la reforma de 1994, el Procurador no había hecho uso de esta
facultad, no es sino hasta el año 2001 cuando el Procurador acude ante la Corte de
Justicia, para cuestionar la constitucionalidad de distintas normas, entre ellas, diversas
leyes municipales en materia fiscal, otras más de carácter local, como la del
funcionamiento y establecimientos mercantiles del DF, y la Ley Orgánica del Poder
Judicial de San Luis Potosí.
Sólo en una ocasión sobre una ley
federal referente a derechos de personas adultas mayores, cuyo fondo del asunto era en
materia laboral.
De las nueve acciones interpuestas
por la Procuraduría, ocho son en contra de actos de autoridades locales, por lo que
resulta preocupante de esta facultad es que no se utilicen criterios homogéneos para
determinar la actuación de esta dependencia en materia de acciones de
inconstitucionalidad, pues disposiciones como la Ley para el Funcionamiento y
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, implica afectación a las instituciones
bancarias, al exigirles implementación de mayor dispositivo de seguridad en sus
sucursales, fue impugnada por el Procurador y no fue impugnada aquella que implementó el
impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, el cual fue aprobado como parte de
la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, y que la Corte ya ha
declarado como inconstitucional.
Una actuación selectiva en el
ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, sólo puede ser atribuible al propósito
de atacar asuntos específicos, que revisten especial interés político para el Ejecutivo
Federal o alguna de sus secretarías.
En razón de lo anterior, se
propone a la presente soberanía, eliminar la posibilidad de que un elemento de la
justicia constitucional, con efectos tan contundentes como la anulación total de la
aplicabilidad de una ley o tratados, pueda ser usado como un brazo político o instrumento
del poder, para defender propósitos poco claros o más aun contrarios a los intereses
nacionales.
Concluyo esta intervención,
señalando que la iniciativa a la cual pido sea ingresada íntegramente en su texto al Diario de
Debates y a la Gaceta Parlamentaria, se reforma para suprimir,
tanto el artículo 112 en su inciso c de la fracción II del artículo 105 para que el
Procurador General de la República deje de tener esta importante facultad.
Muchas gracias.
«Compañeras y compañeros
diputados: el suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión,
en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo
55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno la presente iniciativa de
decreto por el que se derogan el párrafo tercero del artículo 102 y el inciso c de la fracción II del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la fracción II del artículo 4o.
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; la fracción IV del
artículo 10 y el artículo 66, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de
la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
La nación plural en la que
convivimos cientos de mexicanos, requiere indudablemente del continuo ajuste y desa-rrollo
de las instituciones públicas encargadas de materializar las aspiraciones nacionales,
primordialmente de aquellas que tienen como encomienda procurar y administrar justicia.
Nuestro sistema de justicia ha sido
objeto de constantes reclamos para adecuarlo a la realidad social en que vivimos, sobre
todo, para lograr abatir la impunidad, corrupción e ineficacia, que afectan la
estabilidad social del país.
La procuración de justicia es una
función primaria e indelegable de cualquier Estado; su eficiente cumplimiento otorga a
los ciudadanos garantías plenas y permite el progreso de la sociedad; por el contrario,
su ausencia o deficiente desempeño propician el surgimiento de un clima de inseguridad
pública e inestabilidad social.
En nuestro país, esta
trascendental función se encuentra encomendada en el ámbito federal, a la Procuraduría
General de la República.
Esta nueva estructura absorbió las
funciones del Ministerio Público y las de representante y consejero jurídico del
Gobierno, dependiendo jerárquicamente del Poder Ejecutivo Federal.
Desde entonces, la Procuraduría
General de la República se ha constituido en un órgano esencial del sistema federal de
justicia, que en representación de los individuos, de la sociedad y del Estado, promueve
y vigila el cumplimiento del orden constitucional, procurando justicia en el ámbito de su
competencia y participando en acciones de prevención del delito para garantizar la
seguridad pública.
Como parte de su evolución
natural, la Procuraduría ha efectuado las adecuaciones legales y estructurales a su
alcance, para hacer frente a los constantes cambios económicos, políticos y sociales del
país, que le exigen un desempeño cada vez más eficaz.
No obstante estos esfuerzos, la
Procuraduría General de la República concentra hoy en día, un gran número de funciones
de diversa índole como la persecución de los delitos del orden federal, la intervención
en todos los negocios en que la Federación sea parte, la intervención en los casos en
que los diplomáticos y cónsules generales sean parte, ser parte o tercero perjudicado en
los juicios de amparo y hasta representar conforme a la legislación secundaria los
intereses de la sociedad en juicios civiles como en el caso de los menores e
incapacitados.
Se considera que este alto número
de responsabilidades ha venido ocasionando el debilitamiento de la representación social
ante la elevada cantidad de asuntos en que interviene.
El objetivo primordial de esta
iniciativa, consiste en hacer una adecuación más al esquema de responsabilidades que en
la actualidad pudieran hacer parecer a la Procuraduría General de la República como un
ente amorfo y factible de politización, eliminando la facultad que posee su titular para
intervenir en controversias constitucionales e iniciar acciones de inconstitucionalidad.
Sobre las controversias
constitucionales como medio para garantizar el equilibrio entre las facultades de la
Federación, las entidades federativas y los municipios, consideramos que aun cuando la
Ley Reglamentaria en la materia, le reconoce al Procurador el carácter de parte, una
intervención de esta forma no es compatible con la naturaleza de la controversia, ya que
la misma plantea un conflicto entre una entidad, poder u órgano que invade una
competencia o que viola la Constitución y otro ente, poder u órgano que haya visto
invadida su esfera de competencia o presuma la realización de un acto inconstitucional
por el primero.
De tal suerte, que el Procurador no
podría ir más allá de dar una opinión autorizada en relación con el fondo de la
materia planteada ante el pleno de la Corte, quien es el único órgano facultado para
decidir sobre la constitucionalidad del acto impugnado, por lo que esta intervención debe
eliminarse del texto constitucional y de la Ley Reglamentaria en cita.
Por su parte, las acciones de
inconstitucionalidad tienen como único fundamento la protección de las minorías
partidarias en los cuerpos legislativos y como finalidad la salvaguarda de la supremacía
constitucional. De ahí que este tipo de control constitucional sólo se establezca para
actos legislativos.
Estas acciones fueron introducidas
en nuestro sistema legal mediante la serie de reformas que en materia de justicia impulsó
el Ejecutivo Federal en el año de 1994.
Sin embargo, si como parte de estas
reformas, la función de Consejería Jurídica del Gobierno le fue suprimida a la
Procuraduría, no se puede entender entonces, la presencia de esta dependencia como parte
en el juicio de inconstitucionalidad de leyes y esta actuación no puede justificarse
tampoco con base en sus atribuciones de persecutor de los delitos, ya que, en estricto
sentido, estas funciones no tienen relación alguna con la naturaleza del juicio
constitucional.
El Procurador General de la
República como titular del Ministerio Público Federal, posee una opinión calificada en
relación con la materia que mejor maneja, que es la relacionada con la persecución de
los delincuentes y la investigación de los delitos, por lo que es inadmisible que opine
acerca de materias procesales o legales que desconoce o que por lo menos no domina.
De igual forma, desde el punto de
vista orgánico, funcional y político, resulta contradictorio que un colaborador del
Ejecutivo Federal, cuente de forma autónoma con la facultad de interponer un juicio
constitucional en contra del propio Presidente de la República. Esta situación rompe con
el esquema constitucional de la Administración Pública Federal, ya que se está situando
en este caso al procurador como otro poder constitucional.
Por otro lado, aun cuando la
reforma de 1994 al artículo 105 constitucional, legitimó al Procurador de la República
para interponer la acción de inconstitucionalidad, convirtiéndolo en un guardián de la
constitucionalidad de las leyes de todo el país, esta aspiración, aunque loable, resulta
en la realidad, ostentosa y poco factible de cumplir a cabalidad, ya que una obligación
tan amplia es prácticamente imposible que pueda recaer en una sola persona.
En este sentido, conviene destacar
que el Procurador General de la República, es el titular que goza de la acción más
amplia, pudiendo solicitar la invalidez de toda clase de leyes federales, locales y
tratados internacionales. En tanto que las cámaras del Congreso de la Unión sólo pueden
actuar contra leyes federales o del Distrito Federal, expedidas por el Congreso y contra
tratados internacionales en el caso del Senado; las legislaturas de los estados y del
Distrito Federal sólo en contra de sus leyes locales; los partidos políticos nacionales
en contra de leyes electorales federales o locales y los partidos políticos estatales
sólo contra leyes electorales locales.
Igualmente, no es correlativo que
las cámaras del Congreso de la Unión o bien las legislaturas de los estados necesiten
por lo menos de un 33% de sus integrantes para llevar acabo el mismo proceso.
Es claro, que tanto la
Constitución como la Ley Orgánica que regula el funcionamiento de la Procuraduría
General de la República, le asignan funciones que pueden ser calificadas como políticas,
que poco ayudan a la consolidación de un verdadero orden democrático, en donde los
órganos del Estado deben actuar con entera independencia y en busca del bienestar de los
mexicanos.
Esta situación resulta evidente si
tomamos en cuenta que desde la Reforma de 1994, este alto servidor público, no había
hecho uso de esta facultad. No es sino hasta el año 2001, cuando el procurador acude ante
la Suprema Corte de Justicia para cuestionar la constitucionalidad de distintas normas,
entre ellas, diversas leyes municipales en materia fiscal; otras más de carácter local,
como la del funcionamiento de establecimientos mercantiles del Distrito Federal o la Ley
Orgánica del Poder Judicial de San Luis Potosí y sólo en una ocasión sobre una Ley
Federal, referente a los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuyo fondo del asunto
es en materia laboral.
En este contexto, no es
justificable que una institución como la Procuraduría General de la República, a la
cual le están encomendadas tareas fundamentales como la investigación de los delitos, la
persecución de los delincuentes y la lucha efectiva contra el narcotráfico y la
delincuencia organizada, dedique recursos materiales, humanos y financieros a litigar
asuntos que nada tienen qué ver con su naturaleza.
De las nueve acciones interpuestas
por la Procuraduría, ocho son en contra de actos de autoridades locales.
Pero lo que resulta preocupante de
esta facultad, es que no se utilicen criterios homogéneos para determinar la actuación
de esta dependencia en materia de acciones de inconstitucionalidad, pues disposiciones
como la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal,
que implicaba cierta afectación para las instituciones bancarias, al exigírseles la
implementación de mayores dispositivos de seguridad en sus sucursales fue impugnada por
el procurador y no fue impugnada aquella que implementó el impuesto a la venta de bienes
y servicios suntuarios, el cual fue aprobado como parte de la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.
Una actuación selectiva en el
ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, sólo puede ser atribuible al propósito
de atacar asuntos específicos, que revisten especial interés político para el Ejecutivo
Federal o alguna de sus secretarías.
Queda claro que para el ejercicio
de esta acción el procurador debe actuar en todo momento con prudencia, integridad e
imparcialidad, en estricto apego a los principios constitucionales y preservando la
vigencia del Estado de Derecho.
En la actualidad, estas condiciones
no pueden ser garantizadas dada la dependencia jerárquica del procurador respecto del
Presidente de la República. Aun en contra de las voluntades de ambos funcionarios,
intereses de diversos actores políticos y económicos, pueden influir en la actuación de
las instituciones, dejando de lado el apego a la legalidad.
En razón de lo anterior, se
propone en la presente iniciativa, eliminar la posibilidad de que un elemento de la
justicia constitucional, con efectos tan contundentes como la anulación total de la
aplicabilidad de una ley o tratado, pueda ser usada como un brazo político o instrumento
del poder, para defender propósitos poco claros, o más aún, contrarios a los intereses
nacionales.
En aras de la transparencia y de la
llamada transición democrática, que queremos se traduzca en beneficios concretos para
los mexicanos, necesitamos realizar una revisión objetiva de todas las instancias
públicas y los ordenamientos que las rigen, para eliminar atribuciones que resultan
anacrónicas con la actual etapa política en la que nos encontramos.
En el caso concreto de la
Procuraduría General de la República, la abundancia y diversidad de facultades que a lo
largo de su historia le han sido impuestas, han generado en muchas ocasiones una
incapacidad que le impide cumplir eficazmente con su misión.
Paradójicamente, el objetivo
primordial de esta dependencia cobra mayor relevancia bajo el contexto social actual, en
el que la comisión de todo tipo de delitos ha alcanzado índices verdaderamente
preocupantes, que ponen en riesgo no sólo la paz pública y la vigencia de la ley, sino
la seguridad nacional misma.
Por todas estas consideraciones,
creemos que es conveniente derogar del texto constitucional el párrafo tercero del
artículo 102, así como el inciso c de la
fracción II del artículo 105, para que el Procurador General de la República deje de
intervenir en las controversias y acciones a que hace referencia este último artículo.
De manera análoga, para dar
congruencia a la reforma, se propone derogar la fracción II del artículo 4o. de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República o sus equivalentes si ésta se
reforma, así como la fracción IV del artículo 10 y el artículo 66 de la Ley
Reglamentaria, de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno el
presente proyecto de
INICIATIVA
De decreto por el que se derogan el
párrafo tercero del artículo 102 y el inciso c de la fracción II del artículo 105 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la fracción II del artículo
4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; la fracción IV del
artículo 10 y el artículo 66 de la Ley Reglamentaria y las fracciones I y II del
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo primero. Se deroga el párrafo tercero
del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo segundo. Se deroga el inciso c de la fracción II, del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo tercero. Se deroga la fracción II del
artículo 4o., de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Artículo cuarto. Se deroga la fracción IV del
artículo 10, así como el artículo 66, de la Ley Reglamentaria y las fracciones I y II
del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTICULOS
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las demás disposiciones
que se opongan al presente decreto.
Palacio Legislativo, a 26 de
noviembre de 2002.— Diputado Omar Fayad
Meneses.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
De acuerdo con su solicitud insértese
el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de
los Debates, publíquese en la Gaceta
Parlamentaria y túrnese a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y
Derechos Humanos y de Gobernación y Seguridad Pública.
ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra el diputado Lucio
Fernández González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar
una iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriendo el actual segundo párrafo del
mismo artículo para quedar como tercero.
El diputado Lucio Fernández
González:
Con su permiso, señora Presidenta;
honorable Asamblea:
El que suscribe, diputado a la
LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me
confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento iniciativa de decreto para
adicionar un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y recorrer el actual segundo párrafo de la propia Constitución
General para que éste quede como tercer párrafo, de acuerdo a la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
El artículo 1o. de la Carta Magna
establece la garantía de igualdad consagrando que, en los Estados Unidos Mexicanos, todo
individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán
restringirse ni suspenderse si no en los casos y con las condiciones que ella misma
establece. Con esta disposición, se instituye el principio de igualdad al no hacer
distinción alguna de sexo, raza, religión o físicas, que impidan el ejercicio de dicha
garantía.
Las personas con discapacidad y sus
familias, han desarrollado una lucha de varias décadas, un importante movimiento social
que pugna por el reconocimiento real de sus derechos y por la construcción de una
efectiva igualdad de oportunidades; su reclamo por la equidad en la diversidad de
actividades que han enfrentado a enormes dificultades materiales de accesibilidad física
y de estigmatización laboral; ellos han tenido que hacer frente a la indiferencia de los
demás que los consideran inferiores, que se materializa en su exclusión franca.
Nuestro país está haciendo
esfuerzos para alcanzar un desa-rrollo en diversos planos sin embargo; no se contemplan
disposiciones que garanticen a las personas con discapacidad su integración en el ámbito
productivo.
El Estado mexicano ha procurado
garantizar el principio de igualdad contemplando e incorporando a nuestro marco jurídico
diversas disposiciones, cuyo objetivo es la no discriminación, siendo su finalidad
alcanzar una democracia igualitaria en nuestro país para lograr un desarrollo integral
con la participación de todos los ciudadanos.
La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, consagra en diversos artículos la igualdad de oportunidad para
todos los mexicanos, constituyendo así una declaración de las instituciones republicanas
y democráticas, en donde se reconoce que para alcanzar el desarrollo nacional, tienen que
participar igualitariamente todos los mexicanos y reconocer desde la Ley Suprema el
derecho al desarrollo integral de las personas con discapacidad; esto constituye un
elemento fundamental de justicia.
Atendiendo al aspecto político de
las personas, el artículo 34 constitucional señala quienes son ciudadanos mexicanos y en
su texto establece que son ciudadanos de la República las mujeres y los varones que,
teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos:
I. Haber cumplido 18 años y
II. Tener modo honesto de vivir.
En este precepto encontramos
nuevamente consagrado el principio de igualdad entre los mexicanos sin hacer excepción
alguna en su calidad de ciudadanía, siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos
en este mismo artículo.
Tampoco en la legislación
electoral se ha establecido limitación alguna respecto de los discapacitados en los
procesos electorales, es decir, al reconocerlos como ciudadanos, inherentemente se está
reconociendo la facultad de que tienen de votar y ser votados. No obstante su
participación en otros campos, han quedado relegados.
Con esta iniciativa de
modificación al artículo 123, se complementa el espíritu del legislador que se ha
plasmado en la propia Constitución y en diversas leyes secundarias respecto a la
garantía de igualdad de todos los ciudadanos para participar en el desarrollo del país y
en el goce de todos sus derechos.
Debe recordarse que desde 1955 la
Organización Internacional del Trabajo, se ha referido al tema mediante la expedición de
diversas recomendaciones.
En 1983, entró en vigor el
convenio 159 de la misma Organización Internacional del Trabajo sobre la readaptación
profesional y el empleo de las personas inválidas, donde se encuentran incluidos los
derechos mínimos de las personas con discapacidad. Así como los puntos fundamentales
para las políticas hacia ellos. El principal objetivo de este convenio, es permitir que
la persona con discapacidad obtenga y conserve un empleo adecuado y pueda progresar en
éste, además de promover la integración y reintegración de esta persona en la
sociedad. México suscribió y ratificó dicho convenio el 5 de abril del año 2001.
Durante la 85 sesión plenaria de
la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobaron las normas uniformes sobre la
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, donde en uno de los
párrafos del artículo 1o. se determina que los estados deben adoptar medidas para hacer
que la sociedad tome mayor conciencia de las personas con discapacidad, sus derechos, sus
necesidades, sus posibilidades y contribución al desarrollo.
El Ejecutivo Federal ha emitido un
acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las
Personas con Discapacidad, en donde se reconoce que la estrategia de integración de esas
personas ha sido limitada, ya que no existe una política de Gobierno que incluya una
visión total de la problemática de ese sector de la sociedad, que permita incorporar con
plenitud a la vida social y productiva del país, a las personas con discapacidad, sin
embargo, este tipo de acciones no tienen que estar sujetas a planes sexenales, sino que
debe de haber garantía constitucional en este rubro.
Si ya el Estado mexicano reconoce
la necesidad de implementar acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias
de carácter social, que impiden el desarrollo integral de las personas con discapacidad
hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.
Es oportuno que la Constitución
General de la República señale la facultad para que el Estado establezca las medidas
necesarias para promover el empleo de las personas que se encuentren en condiciones de
discapacidad, garantizando plenamente así, no solamente la igualdad de oportunidades y la
equidad en los accesos a los servicios públicos de las personas con discapacidad, sino
también en el fundamental derecho a la vida productiva.
Se llega a la conclusión de que no
podemos aspirar a ser un país verdaderamente democrático, próspero y con justicia
social, mientras no logremos como país integrar plenamente a las personas discapacitadas
como un sector de la sociedad que puede contribuir aún más, al desarrollo nacional.
Esta iniciativa en específico
representa un gran avance en lo que refiere a la garantía de igualdad entre todos los
mexicanos, por lo que a fin de garantizar que las personas con discapacidad, se pueden
integrar a las tareas productivas, es necesario, que quede claramente señalado en la
propia Constitución General, la necesidad de que el Estado establezca las medidas
necesarias para promover el empleo de las personas que se encuentran en condiciones de
discapacidad, que permitan la igualdad de oportunidades y de trato, y el pleno goce y
ejercicio de los derechos que consagra la propia Constitución para todos los mexicanos.
Con estos motivos se presenta el
siguiente
PROYECTO
Por el que se adiciona un segundo
párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo
al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se
recorre el actual segundo párrafo de la propia Constitución General, para quedar como
tercer párrafo.
“Artículo 123...
El Estado establecerá las medidas
necesarias para promover el empleo de las personas que se encuentren en condiciones de
discapacidad.
El Congreso de la Unión sin
contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales
regirán:
A...
B...”
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Diputado Lucio Fernández González.»
Por su atención, gracias.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias a usted, señor diputado.
Túrnese a las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
CODIGO
CIVIL
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra la diputada María
de los Angeles Sánchez Lira, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código
Civil Federal.
La diputada María de los Angeles
Sánchez Lira:
Honorable Asamblea; con su permiso,
diputada Presidenta.
Iniciativa de reformas y adiciones
al Código Civil Federal en materia de violencia familiar.
La suscrita, diputada integrante
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, presento ante esa soberanía la siguiente iniciativa de reformas y
adiciones al todavía llamado Código Civil Federal, en materia de violencia familiar al
tenor de la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
El 6 de diciembre del año 2001,
presenté ante esta soberanía una iniciativa en materia de violencia familiar, misma que
fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Por alguna situación
inexplicable, la comisión no analizó el fondo de la iniciativa aduciendo un error en el
nombre del ordenamiento legal a reformar. Hoy día, a fin de erradicar la violencia a la
mujer, presento nuevamente la iniciativa, aclarando que se refiere al Código Civil
Federal.
Las dimensiones y alcances de la
violencia familiar en México y en el mundo, son dramáticas y alcanzas niveles
insospechados. Una de cada tres mujeres en el mundo sufre maltrato de su pareja o de
algún familiar; una de cuatro ha sido violada o agredida sexualmente; el 70% de las
agresiones sexuales a los niños se da en la familia. Cada año 2 millones de niñas
sufren de mutilación genital y la mitad de los homicidios de mujeres son cometidos por
sus parejas o ex parejas.
Es un hecho, la violencia familiar
es un problema grave que no distingue edades, niveles educativos ni grupos
socioeconómicos. Cuando la violencia irrumpe en la familia, suele convertirse en un hecho
cotidiano el uso de la fuerza para imponer formas de ser y actuar y para refrendar ante el
núcleo familiar la autoridad, que se sustenta en las ini-quidades y discriminaciones que
se dan actualmente entre hombres y mujeres, sobre todo en un país como el nuestro, en el
que por constantes culturales se ha impuesto el modelo de sometimiento masculino.
Son innumerables las formas de
violencia familiar, puede presentarse en violencia hacia los mayores, entre cónyuges,
hacia los niños, las mujeres, los hombres, los discapacitados, etcétera. Además,
siempre es difícil precisar un esquema típico familiar, debido a que la violencia puede
ser física o síquica y ocurre en todas las clases sociales, culturales y edades. La
mayoría de las veces se trata de los adultos hacia uno o varios individuos que habitan al
interior de la familia.
Se considera la violencia como una
situación en la que alguien con más poder abusa de otra con menos poder. El término
violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tiene lugar en las relaciones
entre miembros de la familia. La relación de abuso es aquélla en la que una de las
partes ocasiona un daño físico o sicológico a otro miembro. Este daño se puede dar ya
sea por acción o por omisión o se da en un contexto de desequilibrio de poder, de
sumisión y desprecio hacia los demás miembros de la familia.
Para establecer que una situación
familiar es un caso de violencia familiar, ésta no debe ser permanente sino que basta con
una sola vez que se presente. En todos los casos la violencia lesiona la identidad de la
persona, la autoestima y la autodeterminación que se tiene como seres humanos. El grado
de violencia puede llegar a ser tan elevado que se llegue al homicidio.
Para comprender el fenómeno de la
violencia doméstica, resulta imprescindible comenzar por el análisis de los factores que
la legitiman culturalmente. Desde siempre creencias y valores acerca de la mujeres y de
los hombres han caracterizado una sociedad patriarcal, que define a los varones como
superiores por naturaleza y les confiere el derecho y la responsabilidad de dirigir la
conducta de su mujer.
Los estereotipos de género,
posición social, color o de cualquier diferencia hacia el patrón socialmente aceptado,
trasmitidos y perpetuados principalmente por la familia, la escuela y los medios de
comunicación, sientan las bases para el desequilibrio de poder en las relaciones humanas.
Investigaciones llevadas a cabo en
los últimos años, demuestran que a pesar de los esfuerzos realizados por numerosas
organizaciones, tendientes a difundir y promover ideas progresistas acerca de la
tolerancia, cierto núcleo de premisas constitutivas de un sistema de creencias más
amplio, siguen siendo sostenidas por amplios sectores de la población. La más
persistente es que las relaciones en el hogar son una constante de imposición del fuerte
para con el débil y en esta lucha, generalmente la parte más débil y más afectada es
la mujer, los niños, los discapacitados y los ancianos, aunque en forma creciente el
hombre también es víctima en esta pugna.
Un sistema de creencias sostenido
en tales premisas, tiene como consecuencia inmediata la noción de que en la familia hay
quien tiene el derecho y la obligación de imponer medidas disciplinarias para controlar
el comportamiento de quienes están a su cargo.
Es una realidad innegable que la
violencia en la familia, particularmente la ejercida contra menores y mujeres, existe en
un alto porcentaje. Cifras proporcionadas por la Organización de las Naciones Unidas, a
través del Unicem, dicen que para la mujer, el cual se encarga de la protección de los
derechos humanos de las mujeres, revela que el 65% de las mujeres a nivel mundial sufren
este problema y consecuentemente se repite de madres a hijos. La violencia contra la mujer
constituye una ofensa en la dignidad humana. La eliminación de la violencia es condición
indispensable para el desarrollo individual y social y su plena e igualitaria
participación en todas las esferas de la vida pública y privada de todos los integrantes
de una familia.
Es el Estado el que debe velar por
la protección de las personas involucradas mediante acciones concretas, tales como el
dictado de leyes y demás normas jurídicas, así como la generación de espacios
educativos, de contención e intervención comunitaria para ayudar a solucionar este grave
problema.
En este sentido se inserta esta
iniciativa, donde buscamos contribuir a erradicar el fenómeno de la violencia familiar,
aun y cuando existe una normativa cultural que legitima el uso de la fuerza como método
correctivo y como instrumento de poder dentro de las relaciones privadas.
Con reformas como la propuesta
podemos empezar a corregir desde nuestros ordenamientos jurídicos dichas conductas que
destruyen la vida de miles de mujeres, hombres, niños, discapacitados y personas de la
tercera edad.
En abril del año 2000 por primera
vez la Asamblea Legislativa del Distrito Federal legisló en materia civil para el fuero
común, abordando este importante tema. Resulta pues atinado que reformemos el urgente
como es el tema de la violencia familiar, este ordenamiento para la materia federal, que
es la que nos corresponde.
Se propone modificar los artículos
323-bis, 323-C, para ampliar el concepto de violencia familiar como un fenómeno que puede
darse en cualquier lugar y no sólo en el hogar y que no es necesario que se repita la
agresión para que se le califique, precisamente, como una violencia familiar.
Asimismo proponemos establecer de
manera expresa que por ninguna manera la educación o formación de los menores será
considerada justificación para cualquier forma de maltrato. Se propone asimismo adicionar
el artículo 323-quáter para ampliar esta protección a quienes se encuentren unidos
fuera del matrimonio y para sus familiares que convivan o hayan convivido en la misma
casa. Esta reforma amplía a cualquier familia la protección, aun y cuando no sea la que
ordinariamente conocemos.
Finalmente, a fin de que esta
reforma no quede en lo declarativo, propongo adicionar un artículo 323-quintus para hacer
eficaz la protección contra la violencia familiar, por lo que se establece como sanción
al responsable la reparación de los daños y perjuicios que ocasione su conducta. Además
se plantean medidas precautorias para evitar que se reproduzca la conducta en el hogar.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado presento la siguiente iniciativa de reformas y adiciones al Código Civil Federal
en materia de violencia familiar:
Iniciativa de reformas y adiciones
al Código Civil Federal en materia de violencia familiar y el artículo 1o., y pido a la
señora Presidenta sea insertado el total del texto en el Diario de los
Debates y publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa, de reformas y
adiciones al Código Civil Federal, en materia de violencia familiar.
La suscrita, diputada integrante
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los
dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa de reformas y
adiciones al todavía llamada Código Civil Federal, en materia de violencia familiar, al
tenor de la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
El 6 de diciembre de 2001,
presenté ante esta soberania una iniciativa en materia de violencia familiar, misma que
fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Por alguna situación inexplicable,
la comisión no analizó el fondo de la iniciativa, aduciendo un error en el nombre del
ordenamiento legal a reformar.
Hoy día, a fin de erradicar la
violencia a la mujer, presento nuevamente la iniciativa, aclarando que se refiere al
Código Civil Federal.
Las dimensiones y alcances de la
violencia familiar en México y en el mundo, son dramáticas y alcanzan niveles
insospechados.
Una de cada tres mujeres en el
mundo sufre maltrato de su pareja o de algún familiar. Una de cada cuatro ha sido violada
o agredida sexualmente. El 70% de las agresiones sexuales a los niños se da en la
familia. Cada año 2 millones de niñas sufren de mutilación genital y la mitad de los
homicidios de mujeres son cometidos por sus parejas o ex parejas.
Es un hecho, la violencia familiar
es un problema grave que no distingue edades, niveles educativos ni grupos
socioeconómicos; cuando la violencia irrumpe en la familia, suele convertirse en un hecho
cotidiano el uso de la fuerza para imponer formas de ser y actuar, y para refrendar ante
el núcleo familiar la autoridad que se sustenta en las ini-quidades y discriminaciones
que se dan actualmente entre hombres y mujeres, sobre todo, en un país como el nuestro en
el que por constantes culturales se ha impuesto el modelo de sometimiento masculino.
Son innumerables las formas de
violencia familiar. Puede pensarse en violencia hacia los mayores, entre cónyuges, hacia
los niños, las mujeres, los hombres, los discapacitados etcétera. Además siempre es
difícil precisar un esquema típico familiar, debido a que la violencia, puede ser
física o síquica y ocurre en todas las clases sociales, culturas y edades.
La mayoría de las veces se trata
de los adultos hacia uno o varios individuos que habitan al interior de la familia.
Se considera a la violencia como
una situación en la que alguien con más poder abusa de otra con menos poder. El término
violencia familiar, alude a todas las formas de abuso que tiene lugar en las relaciones
entre miembros de la familia. La relación de abuso es aquélla en la que una de las
partes ocasiona un daño físico y/o sicológico a otro miembro. Este daño se puede dar,
ya sea por acción o por omisión; y se da en un contexto de desequilibrio de poder, de
sumisión y desprecio hacia los demás miembros de la familia.
Para establecer que una situación
familiar es un caso de violencia familiar, ésta no debe ser permanente, sino que basta
con una sola vez que se presente.
En todos los casos la violencia
lesiona la identidad de la persona, la autoestima y la autodeterminación que se tiene
como seres humanos. El grado de violencia puede llegar a ser tan elevado que se llegue al
homicidio.
Para comprender el fenómeno de la
violencia doméstica, resulta imprescindible comenzar por el análisis de los factores que
la legitiman culturalmente. Desde siempre, creencias y valores acerca de las mujeres y de
los hombres han caracterizado una sociedad patriarcal que define a los varones como
superiores por naturaleza y les confiere el derecho y la responsabilidad de dirigir la
conducta de su mujer.
Los estereotipos de género,
posición social, color o de cualquier diferencia hacia el patrón socialmente aceptado,
transmitidos y perpetuados principalmente por la familia, la escuela y los medios de
comunicación, sientan las bases para el desequilibrio de poder en las relaciones humanas.
Investigaciones llevadas a cabo en
los últimos años, demuestran que, a pesar de los esfuerzos realizados por numerosas
organizaciones, tendientes a difundir y promover ideas progresistas acerca de la
tolerancia, cierto núcleo de premisas, constitutivas de un sistema de creencias más
amplio, siguen siendo sostenidas por amplios sectores de la población. La más
persistente es:
• Que las relaciones en el
hogar son una constante de imposición del fuerte para con el débil y en esta lucha
generalmente la parte más débil y más afectada es la mujer, los niños, los
discapacitados y los ancianos; aunque en forma creciente el hombre también es víctima en
esta pugna.
Un sistema de creencias sostenido
en tales premisas, tiene como consecuencia inmediata la noción de que en la familia, hay
quien tiene el derecho y la obligación de imponer medidas disciplinarias para controlar
el comportamiento de quienes están a su cargo.
Es una realidad innegable que la
violencia en la familia, particularmente la ejercida contra menores y mujeres, existe en
un alto porcentaje. Cifras proporcionadas por la Organización de las Naciones Unidas, a
través del UNIFEM (Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer, el cual se
encarga de la protección de los derechos humanos de las mujeres) revelan que el 65% de
las mujeres a nivel mundial sufren este problema y que consecuentemente se repite de
madres a hijos.
La violencia contra la mujer
constituye una ofensa a la dignidad humana.
La eliminación de la violencia es
condición indispensable para el desarrollo individual y social y su plena e igualitaria
participación en todas las esferas de la vida pública y privada, de todos los
integrantes de una familia.
Es el Estado el que debe velar por
la protección de las personas involucradas, mediante acciones concretas tales como el
dictado de leyes y demás normas jurídicas, así como la generación de espacios
educativos, de contención e intervención comunitaria para ayudar a solucionar este grave
problema.
En este sentido, se inserta esta
iniciativa, donde buscamos contribuir a erradicar el fenómeno de la violencia familiar,
aun y cuando existe una normativa cultural que legitima el uso de la fuerza como
“método correctivo” y como instrumento de poder dentro de las relaciones
privadas.
Con reformas como la propuesta
podemos empezar a corregir desde nuestros ordenamientos jurídicos dichas conductas que
destruyen la vida de miles de mujeres, hombres, niños, discapacitados y personas de la
tercera edad.
En abril del año 2000, por primera
vez la Asamblea Legislativa del Distrito Federal legisló en materia civil para el fuero
común, abordando este importante tema.
Resulta pues atinado que
reformemos, en lo urgente, como lo es el tema de la violencia familiar, este ordenamiento
para la materia federal que es la que nos corresponde.
Se propone modificar los artículos
323-bis y 323-ter para ampliar el concepto de violencia familiar, como un fenómeno que
puede darse en cualquier lugar y no sólo en el hogar y que no es necesario que se repita
la agresión para que se le califique precisamente como violencia familiar.
Asimismo, proponemos establecer de
manera expresa que por ninguna manera la educación o formación de los menores será
considerado justificación para alguna forma de maltrato.
Se propone asimismo adicionar el
artículo 323-quáter, para ampliar esta protección a quienes se encuentran unidos fuera
del matrimonio y para sus familiares que convivan o hayan convivido en la misma casa.
Esta reforma amplía a cualquier
familia la protección, aun y cuando no sea la que ordinariamente conocemos.
Finalmente, a fin de que esta
reforma no quede en lo declarativo, propongo adicionar un artículo 323-quintus para hacer
eficaz la protección contra la violencia familiar, por lo que se establece como sanción
al responsable la reparación de los daños y perjuicios que ocasione su conducta.
Además se plantean medidas
precautorias para evitar que se reproduzca la conducta en el hogar.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado, presento la siguiente iniciativa de reformas y adiciones al Código Civil
Federal, en materia de violencia familiar.
INICIATIVA
De reformas y adiciones al Código
Civil Federal, en materia de violencia familiar.
Artículo primero. Se reforman los artículos
323-bis y 323-ter del Código Civil Federal, para quedar como siguen:
“Artículo 323-bis. Los integrantes de la
familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física,
síquica y obligación de evitar conductas que generen violencia familiar.
A tal efecto, contarán con la
asistencia y protección de las instituciones públicas, de acuerdo a las leyes para
combatir y prevenir conductas de violencia familiar.
Artículo 323-ter. Por violencia familiar se
considera el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave que se ejerce
contra un miembro de la familia por otro integrante de la misma, que atente contra su
integridad física, síquica o ambas, independientemente del lugar en que se lleve a cabo
y que pueda producir o no lesiones.
La educación o formación del
menor no será en ningún caso considerada justificación para alguna forma de
maltrato.”
Artículo segundo. Se adicionan los artículos
323-quáter y 323-quintus del Código Civil Federal, para quedar como siguen:
“Artículo 323-quáter. También se considera
violencia familiar la conducta descrita en el artículo anterior llevada a cabo contra la
persona con que se encuentra unida fuera de matrimonio, de los parientes de ésta o de
cualquier otra persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación,
instrucción o cuidado, siempre y cuando el agresor y el ofendido convivan o hayan
convivido en la misma casa.
Artículo 323-quintus. Los integrantes de la
familia que incurran en violencia familiar, deberán reparar los daños y perjuicios que
ocasionen con dicha conducta, con autonomía de otro tipo de sanciones que éste y otros
ordenamientos legales establezcan. En todas las controversias derivadas de la violencia
familiar, el juez dictará las siguientes medidas:
a) Ordenar la salida del cónyuge
agresor de la vivienda donde habita el grupo familiar;
b) Prohibición al cónyuge agresor
de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o estudian los
agraviados y
c) Prohibir al cónyuge agresor, se
acerque a los agraviados a la distancia que el propio juez considere pertinente.”
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 26 de noviembre de 2002.— Diputada María
de los Angeles Sánchez Lira.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señora diputada.
De acuerdo a su petición, insértese
el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de
los Debates, publíquese en la Gaceta
Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
La siguiente presentación de
iniciativa de reformas agendada por el Partido Revolucionario Institucional se pospone.
La
diputada María de los Angeles Sánchez Lira:
Si me permite, señora Presidenta.
Solicito, además de que sea
enviada esta iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se emita la
opinión de la Comisión de Equidad y Género.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Con gusto agrego al turno el que se
pida la opinión a la Comisión de Equidad y Género.
ARTICULO 73
CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra el diputado Juan
de la Cruz Alberto Cano Cortezano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
para presentar una iniciativa que reforma y adiciona la fracción XXIX-C del artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Juan de la Cruz Alberto
Cano Cortezano:
Con su permiso, señora Presidenta;
muy buenos días compañeras y compañeros diputados:
El suscrito, diputado Juan de la
Cruz Alberto Cano Cortezano, integrante de esta LVIII Legislatura del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 70, 71 y 72, todos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de
este honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto por lo que se
reforma y adiciona el artículo 73 fracción XXIX-C de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
Es de singular importancia el hecho
que hoy reviste a nivel nacional el tratamiento territorio espacial en nuestras ciudades y
conurbaciones urbanas, provocando con ello el alto grado de migración de personas del
medio rural-subrural a las grandes urbes y conglomerados suburbanos-urbanos, en
consecuencia creando los múltiples y complejos problemas de inseguridad, transporte
colectivo, servicios, crecimiento anárquico, especulación del uso del suelo, deterioro
ambiental y por tanto desequilibrio ecológico; falta de acciones concretas para el
tratamiento de desechos de toda índole y, en consecuencia, la infraestructura y
equipamiento deficiente que dificulta el crecimiento ordenado de nuestros centros de
población, ciudades, metrópolis y megalópolis.
En nuestro país las ciudades y
regiones se encuentran definidas por el sistema urbano nacional, que está conformado por
364 localidades, de las cuales 243 cuentan de 15 mil a 50 mil habitantes, 75 ciudades
cuentan con más de 50 mil habitantes, 32 son aglomeraciones urbanas y 14 consideradas
como zonas metropolitanas.
En las zonas metropolitanas y las
aglomeraciones urbanas, se generan aproximadamente el 76% del Producto Interno Bruto del
país y concentra el 67% de la población urbana. Asimismo, uno de cada siete habitantes
vive en una de las aglomeraciones urbanas o en alguna de las 14 zonas metropolitanas que
contempla el sistema urbano nacional.
Los fenómenos metropolitanos dan
inicio en la década de los cuarenta, con los casos de la Ciudad de México, Monterrey,
Torreón, Tampico y Orizaba. Actualmente sólo tres zonas metropolitanas están
constituidas y declaradas: Ciudad de México, que merece un trato especial como caso
único del país por su dimensión y grado de complejidad; Guadalajara y Monterrey.
Las zonas metropolitanas ofrecen
oportunidades de desa-rrollo social para la población, pero también enfrentan grandes
retos para su ordenamiento territorial. La metropolización es símbolo de modernidad,
pero también de rezagos sociales, el reto entonces es formular políticas de desa-rrollo
urbano nacional para efectos de desarrollo econó- mico eficiente que haga eco en lo
social. Por ello, es imperativo legislar sobre sistemas metropolitanos, desarrollo urbano
y ordenamiento del territorio nacional.
La administración y planeación
del territorio metropolitano es uno de los elementos centrales del análisis territorial
en aras de lograr el mejoramiento productivo, mejor nivel de vida de la población, para
vincular el ordenamiento territorial urbano y de sistemas metropolitanos al desarrollo
social, para lograr una convergencia que busque una distribución de población más
equilibrada en el sistema de ciudades del país. Buscar en todo momento que todo
asentamiento humano sea socialmente equitativo y ambientalmente sostenible.
Se estima que para el año 2025
nuestra población alcanzará los 126 millones de habitantes, para ello será necesario
crear una ciudad de 1 millón de habitantes por año, incorporar 30 mil hectáreas por
año al desarrollo urbano, una demanda de agua potable en las cifras de 260 mil metros
cúbicos por año, generando así 195 mil metros cúbicos más de aguas residuales en el
mismo lapso.
De la misma manera, para entonces
por año también requerimos generar poco más de 1 millón de nuevos empleos y otorgar
servicios asistenciales a 300 mil personas mayores de 65 años, de tal suerte que las
zonas metropolitanas concentran un potencial de desarrollo e innovación con los estados
que confluyen y consecuentemente acentúan los problemas sociales más graves, generan una
dinámica espacial cambiando así procesos de producción y distribución.
Con ello involucra una tendencia
inducida de asociación de redes de ciudades y aglomeraciones urbanas que constituyen una
diversidad de asentamientos humanos con características comunes como son: económicas,
sociales, funcionales y productivas que destinen flujos de bienes, personas, servicios y
recursos económicos.
El Sistema Urbano Nacional debe ser
compatible con las políticas que establece el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y
ordenamiento del territorio 2001-2006, así como también de acuerdo al Plan Nacional de
Desarrollo.
Es por ello que requerimos
maximizar la eficiencia economía del territorio espacial que garantice la cohesión
social y cultural, un sistema urbano nacional en sinergia con la sustentabilidad,
gobernabilidad territorial, planificación y gestión urbana, integrar suelo apto para
satisfacer la demanda de vivienda popular y de interés social en áreas regionales.
La atención a las conurbaciones y
zonas metropolitanas revisten particular atención, por tanto debe ser específica y
focalizada con criterios de valoración urbano ambiental y ecológico; enfoque integral de
planeación para avanzar hacia un verdadero desarrollo urbano sustentable definiendo su
conceptualización, exploración de variables que lo conforman , identificar líneas de
acción concretas para promover su operatividad y definir la legislación urbana y
ambiental.
Si bien es cierto que existen
disposiciones locales en materia de desarrollo urbano, como es el caso de programas de
Ordenamiento Urbano del Valle de México, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Saltillo, Ramos
Arizpe, Arteaga, Corredor Tijuana Rosarito y Ciudad Juárez, en los hechos se contraponen
dichas legislaciones por tener diferentes puntos de vista, además de leyes estatales y
municipales encontradas.
Bajo esta perspectiva es necesario
que esta soberanía tenga la facultad de legislar sobre desarrollo urbano, ordenamiento
del territorio y sobre sistemas metropolitanos, reformando y adicionando el artículo 73
constitucional en su fracción XXIX-C quedando como sigue:
“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
XXIX-C. Para expedir las leyes que
establezca la concurrencia del Gobierno Federal, en los estados y municipios en el ámbito
de sus respectivas competencias en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano,
ordenamiento del territorio y sobre sistemas metropolitanos con objeto de cumplir los
fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional.”
Es cuanto, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
La siguiente presentación de
iniciativa agendada por el Partido de la Revolución Democrática, a petición del mismo,
se pospone.
LEY
DEL SISTEMA DE INFORMACION E INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra el diputado
Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para
presentar una iniciativa de Ley del Sistema de Información e Inteligencia para la
Seguridad Nacional.
El diputado Narciso Alberto Amador
Leal:
Muchas gracias, diputada
Presidenta:
Le solicito que la iniciativa se
integre de manera completa en el Diario de los Debates y permítanme compañeras
y compañeros diputados una explicación muy breve sobre esta iniciativa en materia de
información e inteligencia para la Seguridad Nacional.
El pasado 25 de abril me permití
presentar a consideración de esta Asamblea una iniciativa de decreto para adicionar los
artículos 73, 76 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El propósito de dicha iniciativa
fue facultar al Congreso para legislar en materia de Seguridad Nacional; facultar al
Senado de la República para conocer y analizar los informes en materia de información e
inteligencia para la Seguridad Nacional, así como para ratificar el nombramiento de los
servidores públicos responsables de las agencias de inteligencia y, finalmente, dar
sustento legal al Sistema de Inteligencia para la Seguridad Nacional tutelando los bienes
jurídicos de interés general para la nación como son la integridad, estabilidad y
permanencia del Estado mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la
seguridad interior de la Federación y de los estados que la componen, el bienestar
general de la sociedad así como los principios de la Constitución.
A la fecha, la Comisión de Puntos
Constitucionales no ha abordado el dictamen de tal iniciativa y de otras que se han
presentado sobre el mismo tema. Tampoco el Ejecutivo Federal ha ejercido su facultad de
iniciativa en este importante tema; sin embargo, se hace indispensable avanzar en tanto
que dicha comisión resuelve lo procedente sobre las iniciativas presentadas.
En la iniciativa de reformas
constitucionales a que hacemos alusión, dijimos que un importante reto que enfrentan hoy
nuestras instituciones democráticas consiste en crear un Sistema de Seguridad Nacional
que además de salvaguardar la independencia y soberanía nacionales contribuya a
fortalecer nuestro estado de derecho y garantizar la estabilidad política y la armonía
social.
Dijimos también que las amenazas a
la seguridad y a la estabilidad democrática tienden a aparecer y a multiplicarse cuando
las agencias gubernamentales encargadas de garantizarlas trabajan sin un marco legal
apropiado o en ocasiones con referentes jurídicos deficientes, lo que también propicia
la aceptación a las garantías individuales.
También destacamos que sobre el
tema se ha manifestado ya el interés y la preocupación de los legisladores, dado que los
diputados de la fracción parlamentaria del PRI, César Augusto Santiago y Omar Fayad
Meneses, presentaron sendas iniciativas de reforma a la Constitución; asimismo, el
diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, de la fracción parlamentaria del PRD, presentó una
iniciativa de Ley de Seguridad Nacional y como ya se dijo, a la fecha el Ejecutivo Federal
no ha ejercido su facultad sobre esta materia.
Es en este contexto que decidimos
dar un paso adelante presentando esta iniciativa de ley secundaria que complementa la
relativa a la reforma constitucional la que ya aludí y que fue presentada con
anterioridad.
Si partimos de la idea de que un
estado democrático cualquier actividad requiere del examen público, entonces el reto
consiste en diseñar un esquema de información e inteligencia para la Seguridad Nacional
que cumpla el doble requerimiento de ser efectivo, para lo cual se requiere cierto nivel
de asecrecía y grado de independencia institucional y a la vez actuar de manera
transparente y con apego a derecho, para lo cual se requiere a su vez de un esquema de
rendición de cuentas apropiado, es decir de control del legislativo y de supervisión
ciudadana.
La discusión por lo tanto se
centra en la definición de un conjunto de pesos y contrapesos que den forma a un sistema
de información e inteligencia acorde a las necesidades democráticas del país; es decir
un sistema que por un lado sea eficaz en su objetivo de preservar la integridad del estado
y que al mismo tiempo respete los derechos humanos y se someta al escrutinio ciudadano a
partir de un esquema de rendición de cuentas que sea llevado a cabo por esta soberanía.
La iniciativa de ley que
presentamos a la consideración de esta honorable Asamblea, parte de una visión moderna y
actualizada de la inteligencia y la Seguridad Nacional; parte también de una visión de
Estado que busca que las actividades de inteligencia sean concebidas como el ejercicio
permanente de acciones para la obtención, evaluación, sistematización y análisis del
conocimiento y la información específicas que permitan identificar riesgos y amenazas en
contra del Estado, de la sociedad o de la seguridad interior de las entidades federativas.
Esta ley propone una agenda de la
Seguridad Nacional a efecto de que delimite el ámbito institucional de las diversas
agencias que están laborando en esta materia, también propone la creación de una
comisión bicameral del Congreso de la Unión, que sea la encargada de llevar el
escrutinio de los informes de las agencias de los productos de inteligencia de las
agencias de Seguridad Nacional; de tal suerte que este Congreso tenga conocimiento del
desarrollo de las actividades que se realicen.
También como ya dijimos, sería
facultad del Senado de la República ratificar el nombramiento de los responsables de las
agencias a propuesta del Ejecutivo Federal. Para garantizar el equilibrio, entre
ejecución centralizada de la política de Seguridad Nacional y la coordinación eficaz de
acciones con el resto de los estados de la Federación se propone el establecimiento de un
esquema bilateral de coordinación y colaboración entre la Federación y cada uno de los
estados de la República y el Distrito Federal.
Cabe aclarar por cierto, que ante
el vacío legal que enfrentamos ya algunas entidades federativas han empezado a legislar
en la materia, se garantiza también que ningún organismo que realiza labores de
inteligencia estará facultado para realizar tareas represivas de carácter policial, ni
tampoco cumplir funciones de investigación criminal, salvo cuando le sea requerido por
una autoridad judicial competente, autorizada por la ley. Se propone igualmente el
establecimiento de un servicio civil de carrera, que perfeccione el sistema hoy imperante,
por ejemplo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y que ha acreditado en los
hechos profesionalismo y un desempeño eficaz, pero que requiere ahora tener un fundamento
legal de mayor jerarquía.
Finalmente la iniciativa contempla
las conductas y actos que atentan contra la Seguridad Nacional, así como contra las
instituciones del sistema, que puedan cometer tanto los servidores públicos adscritos a
los órganos de información o bien otras personas físicas o morales. La intención de
prescribir tales conductas, dará pauta a otra fase del trabajo legislativo en materia de
penalización.
Es en razón de lo anterior,
señora Presidenta, compañeras, compañeros diputados, que me permito presentar esta
iniciativa de Ley del Sistema de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional, a
sabiendas de que es imprescindible dar pasos firmes en una Reforma del Estado, que todos
profesamos nuestra comisión, nuestra decisión de llevar a cabo, pero que está
encontrando obstáculos de enorme consideración que podrían en un momento dado, poner en
entredicho la viabilidad democrática que es producto de la transición que todos estamos
construyendo.
Muchas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
El que suscribe, Alberto Amador
Leal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la
LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo
71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la Cámara de Diputados la
iniciativa de Ley del Sistema de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional,
al tenor de la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
El pasado 25 de abril del presente
año, me permití someter a consideración de esta Asamblea una iniciativa de decreto para
adicionar los artículos 73, 76 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. El propósito de dicha iniciativa fue: facultar al Congreso para legislar en
materia de Seguridad Nacional; facultar al Senado de la República para conocer y analizar
los informes en materia de información e inteligencia para la Seguridad Nacional, así
como para ratificar el nombramiento de los servidores públicos responsables de las
agencias de información e inteligencia y, finalmente, dar sustento legal al sistema de
información e inteligencia para la Seguridad Nacional, tutelando los bienes jurídicos de
interés general para la nación como son: la integridad, estabilidad y permanencia del
Estado mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad
interior de la Federación; el bienestar general de la sociedad, así como los principios
de la Constitución.
A la fecha, la Comisión de Puntos
Constitucionales no ha abordado el dictamen de tal iniciativa. Tampoco el Ejecutivo
Federal ha ejercido su facultad de iniciativa en la materia. Sin embargo, se hace
indispensable avanzar, en tanto dicha comisión resuelve lo procedente, en una iniciativa
de ley secundaria sobre la materia, habida cuenta que se trata de un tema de la mayor
trascendencia para el proceso de consolidación democrática que estamos construyendo los
mexicanos.
En la iniciativa de reformas
constitucionales a que hacemos alusión, dijimos que: “un importante reto que
enfrentan hoy nuestras instituciones democráticas consiste en crear un sistema de
Seguridad Nacional que, además de salvaguardar la independencia y soberanía nacionales,
contribuya a fortalecer nuestro Estado de Derecho y garantizar la estabilidad política y
la armonía social. Los fenómenos de crimen organizado, que se han manifestado con fuerza
creciente en los últimos años, han hecho urgente la necesidad de rediseñar nuestro
esquema normativo e institucional sobre la materia. Las amenazas a la seguridad y a la
estabilidad democrática tienden a aparecer y a multiplicarse cuando las agencias
gubernamentales encargadas de garan- tizarla trabajan sin un marco legal o, en ocasiones,
con referentes jurídicos inapropiados, lo que también propicia la afectación a las
garantías individuales”.
También destacamos que sobre el
tema se ha manifestado ya el interés y la preocupación de los legisladores dado que los
diputados de la fracción parlamentaria del PRI, César Augusto Santiago y Omar Fayad
Meneses, presentaron sendas iniciativas de reforma a la Constitución sobre el mismo tema.
Asimismo, el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta de la fracción parlamentaria del PRD,
presentó una iniciativa de Ley de Seguridad Nacional. Como ya se dijo, a la fecha, el
Ejecutivo no ha presentado alguna iniciativa sobre Seguridad Nacional. Es, en este
contexto, que hemos decidido dar un nuevo paso ahora en lo que concierne al ámbito
reglamentario, que complementa la iniciativa de adición a los artículos 73, 76 y 129 ya
mencionada.
En efecto, el diseño e
instrumentación de un auténtico sistema de información e inteligencia para la Seguridad
Nacional del Estado mexicano sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la
transición democrática en el país.
Por años, diversos esfuerzos se
han ensayado en la tarea de definir una política de inteligencia y Seguridad Nacional que
vaya más allá de las necesidades de los gobiernos en turno. Recientemente, la
insuficiente voluntad política, la ausencia de condiciones propicias y la incapacidad de
las fuerzas políticas para alcanzar los consensos necesarios, han trabajado en contra de
una Reforma de Estado.
Las condiciones que impone el nuevo
orden global demandan definiciones urgentes, en áreas estratégicas. Tal es el caso del
establecimiento de las bases jurídicas e institucionales de un nuevo esquema de
inteligencia y Seguridad Nacional para el Estado mexicano. No podemos permanecer ajenos a
los nuevos equilibrios geopolíticos regionales ni a las nuevas amenazas y formas que
asume el riesgo interno y externo.
El país requiere un marco
constitucional pertinente y de una ley que defina el conjunto de instrumentos jurídicos e
institucionales necesarios para prever y hacer frente a situaciones, de origen interno o
externo, que pongan en riesgo la gobernabilidad democrática o la vigencia del orden
jurídico. Es decir, un auténtico sistema de información e inteligencia para la
Seguridad Nacional, que garantice el bienestar y la integridad física de la población y
que advierta con oportunidad sobre aquellos factores que puedan afectar la permanencia de
las instituciones democráticas, la independencia, la soberanía y la integridad del
Estado mexicano y su territorio.
El debate sobre
inteligencia y Seguridad Nacional en México.
En la discusión sobre el tema de
la Seguridad Nacional existen amplias coincidencias, sobre todo en lo relativo a la
experiencia histórica en México y a los grandes déficits del marco legal que regula la
actividad de las agencias de seguridad e inteligencia.
Diversos análisis han demostrado
que por décadas, el tema de la Seguridad Nacional y su institucionalización
permanecieron fuera del debate público. Esto debido a la naturaleza del sistema político
que acompañó el desarrollo del México de la segunda mitad del siglo pasado. Lo cual
condicionó que los asuntos relativos a la Seguridad Nacional e inteligencia, fueran
comúnmente abordados bajo la óptica del Gobierno en turno y no con una visión de
Estado. Esta situación derivó en excesos y abusos de poder que en múltiples ocasiones
asumieron formas autoritarias y acciones represivas, contrarias a la vigencia del Estado
de Derecho.
También existe coincidencia en
cuanto a la falta de un marco legal que norme la acción de las diferentes agencias de
seguridad e inteligencia que operan en el país. El inconveniente que implica la ausencia
de un marco normativo en la materia, abre espacios a la discrecionalidad y puede restar
eficacia a las acciones preventivas para contener los conflictos.
En donde no existen los consensos
suficientes es en lo relativo a las características (estructura funcional) que debe
asumir el sistema de información e inteligencia para la Seguridad Nacional del Estado
mexicano.
Si partimos de la idea de que en un
Estado democrático, cualquier actividad requiere del examen público, entonces el reto
consiste en diseñar un esquema de información e inteligencia para la Seguridad Nacional
que cumpla el doble requerimiento de ser efectivo, para lo cual se requiere cierto nivel
de secrecía y grado de independencia institucional (clasificación de información); y a
la vez actuar de manera transparente y apegada a derecho, para lo cual se requiere de un
esquema de rendición de cuentas apropiado (control y supervisión ciudadana.)
La discusión, por lo tanto, se
centra en la definición de un conjunto de pesos y contrapesos que den forma a un sistema
de información e inteligencia para la Seguridad Nacional acorde con las necesidades
democráticas del país. Es decir, un sistema que, por un lado, sea eficaz en su objetivo
de preservar la integridad del Estado; y que, al mismo tiempo, respete los derechos
humanos y se someta al escrutinio ciudadano a partir de un esquema de rendición de
cuentas.
Este es y no otro, el principal
reto de ingeniería institucional que tiene frente a sí esta soberanía: diseñar un
marco legal que garantice, primero, una visión de Estado, actualizada, moderna y
conceptualmente sólida, de la inteligencia y la Seguridad Nacional y segundo, que
desarrolle un marco institucional eficaz que dé sustento a una política de Seguridad
Nacional volcada por completo al servicio del interés público, desde una perspectiva
democrática y de Estado.
Seguridad
Nacional e Inteligencia de Estado.
La iniciativa de ley que
presentamos a la consideración de esta honorable Asamblea, parte de una visión moderna y
actualizada de la inteligencia y la Seguridad Nacional. Para ello, retoma el concepto
plasmado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, donde se define a
la Seguridad Nacional como el conjunto de acciones destinadas “a proteger la
integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, la gobernabilidad democrática,
la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar
general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado
constitucional”.
A partir también de una visión de
Estado, en la presente iniciativa se define a las actividades de inteligencia como al
ejercicio permanente de acciones para la obtención, evaluación, sistematización y
análisis del conocimiento y la información específicos que permita identificar riesgos
y amenazas en contra del Estado y/o la seguridad interior y exterior de la nación.
Consecuentemente, las actividades
de contra inteligencia son aquellas relativas a las acciones de Estado que se realizan con
el propósito de conjurar operaciones de espionaje, sabotaje, y/o actividades secretas,
fuera de la ley, que representen amenazas o riesgos para la seguridad de la nación.
En esta perspectiva, la presente
propuesta de ley concibe al Sistema de Información e Inteligencia para la Seguridad
Nacional, como al conjunto de instituciones, organismos y relaciones funcionales, tanto
del ámbito federal como estatal, encargadas de realizar labores de información e
inteligencia, a efecto de contribuir a la toma de decisiones en materia de seguridad
interior y exterior de la nación y de los estados y entidades que integran la
Federación.
Ambitos de la
Seguridad Nacional.
La presente ley contempla,
asimismo, una definición precisa de los ámbitos de la Seguridad Nacional; es decir, los
criterios y las circunstancias a partir de las cuales un problema político, social o
económico puede ser considerado como un problema de Seguridad Nacional.
En general, en esta propuesta se
considera que, si la acción de las instituciones públicas y la intervención directa de
la sociedad no garantizan la resolución de un problema que amenace la integridad del
Estado y la armonía social, entonces se deberá recurrir a actuar para su solución.
Sólo bajo estas circunstancias un problema sería considerado como de Seguridad Nacional.
De acuerdo con la definición
anterior, la presente iniciativa contempla una agenda mínima de riesgos de Seguridad
Nacional. Esta agenda constituye una guía para dar seguimiento a los temas que, de
acuerdo con el nivel de riesgo que han mostrado en las últimas décadas, pueden ser
catalogados como amenazas latentes a la integridad del Estado mexicano.
Los temas básicos de la agenda de
riesgos de Seguridad Nacional que se proponen son: amenazas a la gobernabilidad y a las
instituciones democráticas; incremento demográfico; escasez de recursos hidráulicos;
inestabilidad de pobreza y desigualdad; migración; soberanía alimentaria; amenaza de
nuevas enfermedades; deterioro ambiental; riesgos a la estabilidad económica;
integración de mercados globales y soberanía; seguridad energética; centrales
nucleares; terrorismo; conflictos religiosos, étnicos y raciales; tecnología
informática; crimen organizado y narcotráfico.
Fortaleza
Institucional y Visión de Estado.
Para lograr una estructura
institucional sólida de inteligencia y Seguridad Nacional, la presente iniciativa incluye
la creación de un Sistema de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional
integrado por los siguientes organismos: Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional; las
áreas u órganos de Inteligencia que dependan orgánica o funcionalmente de la
Secretaría de la Defensa Militar, Marina, Seguridad Pública, de la Procuraduría General
de la República; el gabinete de Seguridad Nacional y podrán adherirse al sistema las
áreas u órganos que produzcan inteligencia dependientes de los gobiernos de las
entidades federativas y del Distrito Federal, una vez que firmen los convenios de
colaboración respectivos y en el marco de los mismos.
La iniciativa otorga atribuciones
al Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, con lo que delimita y clarifica su ámbito
de acción como órgano de Estado; de igual forma se enlistan las funciones del gabinete
de Seguridad Nacional y se establece para el resto de los organismos integrantes del
sistema que actuarán en el marco reglamentario de las dependencias a las cuales se
encuentren adscritos.
El gabinete de seguridad e
inteligencia estará conformado por los titulares de la Secretaría de Gobernación,
Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Procuraduría
General de la República, además de los miembros del gabinete que el Presidente de la
República juzgue pertinente.
Secrecía y
Rendición de Cuentas.
La iniciativa contempla un esquema
de clasificación de información que garantice la efectividad del trabajo de inteligencia
y contrainteligencia del sistema. Todas estas actividades se apegan a lo establecido en la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Para el control y rendición de
cuentas de las actividades de inteligencia de las agencias de Seguridad Nacional, se
propone la creación de una Comisión Bicamaral de Control de los Organismos de Seguridad
Nacional e Inteligencia. Este organismo supervisará el trabajo de todas las agencias
pertenecientes al Sistema de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional
propuesto.
El principal objetivo de la
comisión será fiscalizar que el funcionamiento de las agencias se ajuste estrictamente a
las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta
observancia y respeto a las garantías individuales y sociales consagradas en la
Constitución, así como también a los lineamientos estratégicos y objetivos generales
de la política de información e inteligencia para la Seguridad Nacional.
Conducción
Centralizada y Acción Federalizada.
La presente iniciativa de ley parte
de la definición de que debe seguir siendo atribución del titular del Poder Ejecutivo la
fijación de los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de
información e inteligencia para la Seguridad Nacional. Es decir, que corresponde a los
titulares de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad
Pública, Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República la
ejecución y el control de la política de información e inteligencia para la seguridad
nacional de acuerdo con sus responsabilidades y funciones respectivas.
De ahí que la formulación del
Plan Nacional de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional, así como el
diseño y ejecución de programas y presupuestos de inteligencia inscritos en un Plan
Nacional de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional, deban ser operados por
el Ejecutivo Federal con la participación de los ejecutivos locales y supervisados y
controlados por el Congreso de la Unión.
Para garantizar el equilibrio entre
ejecución centralizada de la política de Seguridad Nacional y la coordinación eficaz de
acciones con el resto de los estados de la Federación, se propone el establecimiento de
un esquema bilateral de coordinación y colaboración entre la Federación y cada uno de
los estados de la República y el Distrito Federal. Su propósito sería articular una
visión federalista de los servicios de información e inteligencia y la Seguridad
Nacional del Estado mexicano.
Eficacia y
Respeto a los Derechos Humanos.
La presente iniciativa de ley busca
proteger de manera precisa y puntual los derechos humanos de los ciudadanos durante el
ejercicio de la acción de Inteligencia y Seguridad Nacional del Estado Mexicano.
Por ello, se garantiza que ningún
organismo que realice labores de información e inteligencia para la Seguridad Nacional
estará facultado para realizar tareas represivas, cumplir funciones policiales, ni
tampoco cumplir funciones de investigación criminal, salvo cuando le sea requerido por
una autoridad judicial competente autorizada por ley. Obtener información, producir
inteligencia o almacenar datos sobre personas con motivo de su fe religiosa, su adhesión
o pertenencia a partidos u organizaciones sociales, no gubernamentales, políticas,
sindicales u otras, ni tampoco por su raza, su trabajo o empleo, acciones privadas, u
opinión política, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera
de acción.
De igual forma, se prescribe en la
iniciativa que los organismos del sistema no podrán influir en forma directa en la
situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en
su política exterior, en la vida interna de los partidos u organizaciones políticas
legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas físicas o morales, en
medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo; así como
tampoco podrán revelar, filtrar o divulgar por ningún medio, cualquier tipo de
información adquirida en ejercicio de sus funciones relativas a cualquier habitante u
organización del país, salvo que mediare mandamiento judicial en tal sentido.
Las comunicaciones privadas de todo
tipo deberán ser inviolables en todo el ámbito de la República Mexicana, excepto cuando
el Poder Judicial ordene lo contrario.
Profesionalismo
y Vanguardia Tecnológica; y Apego Irrestricto al Estado de Derecho.
La iniciativa incluye el
establecimiento de un servicio civil de carrera que garantice profesionalismo y uso
adecuado de la tecnología. Para ello, se establece el perfil del funcionario de Seguridad
Nacional e inteligencia; la tipología de los mismos; sus derechos y deberes básicos;
así como los esquemas de capacitación y evaluación.
Como contrapeso, se establece el
marco legal que penaliza los excesos en el desempeño de atribuciones; las fugas de
información; el abuso en la utilización de equipo de alta tecnología para la
intercepción de llamadas, etcétera.
Conductas y
actos contra la Seguridad Nacional.
Finalmente, la iniciativa contempla
las conductas y actos que atentan contra la Seguridad Nacional, así como contra las
instituciones del sistema que pueda cometer tanto los servidores públicos adscritos a los
órganos del sistema o bien otras personas físicas o morales.
La intención de prescribir tales
conductas dará pauta a otra fase del trabajo legislativo en materia de penalización.
En vista de la anterior iniciativa
de reformas a la Constitución presentada el mes de abril pasado y a las anteriores
consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de
esta soberanía la siguiente
INICIATIVA
De Ley del Sistema de Información
e Inteligencia para la Seguridad Nacional:
CAPITULO
I
Disposiciones
Generales
Artículo 1o. La presente ley tiene carácter
público y es de observancia general, por lo que regirá en todo el territorio nacional;
asimismo, surtirá efectos por cuanto al manejo de la información relativa a la Seguridad
Nacional que se encuentre en las representaciones del Gobierno mexicano en otros países,
con motivo del trabajo y las funciones que realicen por disposición legal.
Artículo 2o. El Sistema de Información e
Inteligencia regulado por la presente ley, tiene como objetivos:
I. Normar la coordinación de los
órganos encargados de producir inteligencia para el Estado mexicano, así como su
funcionamiento;
II. Establecer mecanismos de
control a fin de que, las instituciones participantes y los servidores públicos adscritos
a las mismas, desarrollen sus actividades dentro de un marco de legalidad, con eficiencia
y respeto a las garantías individuales y sociales.
IlI. Regular las formas de
obtención, recopilación, análisis de información y producción de inteligencia.
Articulo 3o. Para el funcionamiento y control del
Sistema de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional se atenderán los
criterios de legalidad, eficacia, economía, control ciudadano y legislativo y el de
respeto a las garantías individuales y sociales.
Artículo 4o. Para los fines de la presente ley se
entenderá por:
I. Sistema, al conjunto de
instituciones, organismos y relaciones funcionales, canto del ámbito federal como estatal
y municipal, encargadas de realizar labores de información e inteligencia a efecto de
contribuir a la toma de decisiones en materia de seguridad interior y exterior de la
nación.
II. Seguridad Nacional, al conjunto
de acciones destinadas a proteger la integridad territorial, la estabilidad y permanencia
del Estado mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad
interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad, que permitan
el cumplimiento de los fines del Estado constitucional.
III. Información, al registro,
recopilación y sistematización de datos, hechos, acciones, declaraciones de personas o
grupos, que por su naturaleza, fines o vínculos puedan influir en la agenda de seguridad
de la nación.
IV. Inteligencia, al ejercicio
permanente de acciones para la obtención, evaluación, sistematización y análisis del
conocimiento para identificar riesgos y amenazas en contra del Estado y/o la seguridad
interior y exterior de la nación, así como para facilitar la toma de decisiones a las
autoridades del país.
V. Contrainteligencia, a la parte
de la inteligencia referida a la actividad de otros estados, grupos u organismos
extranjeros o sus agentes, u organizaciones o grupos nacionales, que se realiza con el
propósito de conjurar operaciones de espionaje, sabotaje, y/o actividades secretas que
representen amenazas o riesgos para la seguridad de la nación.
VI. Comisión Bicamaral, a la
Comisión de Control de los Organismos de Información e Inteligencia para la Seguridad
Nacional, del Congreso de la Unión.
CAPITULO
II
Del
Sistema de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional
Artículo 5o. El Sistema de Información e
Inteligencia para la Seguridad Nacional estará integrado por diversos órganos que
dependerán de las secretarías de Gobernación, Defensa y Armada de México, Marina, de
Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República, respectivamente, en sus
ámbitos de competencia.
Dichos órganos tendrán
atribuciones legales para:
I. Recopilar información siempre
con la finalidad de prever algún riesgo a la Seguridad Nacional;
II. Realizar investigaciones
tendientes a verificar la autenticidad de los probables riesgos a la Seguridad Nacional;
III. Elaborar análisis de los
riesgos a fin de determinar la procedencia de ahondar en las investigaciones; así como
evaluar el grado de cada riesgo latente o futuro;
IV. Construir escenarios sobre la
tendencia de los acontecimientos que signifiquen un riesgo a la Seguridad Nacional.
Artículo 6o. En el ejercicio de las atribuciones
a que se refiere el artículo anterior, las instituciones integrantes del sistema deberán
atenerse al marco de respeto a los derechos y garantías individuales y sociales
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las
leyes del ámbito de competencia de las secretarías y dependencias de las que formen
parte, así como al Estado de Derecho en general.
Artículo 7o. Son organismos del Sistema de
Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional:
I. Centro de Inteligencia y
Seguridad Nacional.
II. Las áreas u órganos de
inteligencia que dependan orgánica o funcionalmente de la Secretaría de la Defensa
Militar.
III. Las áreas u órganos de
inteligencia que dependan orgánica o funcionalmente de la Secretaría de Marina.
IV. Las áreas u órganos de
inteligencia que dependan orgánica o funcionalmente de la Secretaría de Seguridad
Pública.
V. Las áreas u órganos de
inteligencia que dependan orgánica o funcionalmente de la Procuraduría General de la
República.
VI. El gabinete de Seguridad
Nacional.
VII. Las áreas u órganos que
produzcan inteligencia dependientes de los gobiernos de las entidades federativas y del
Distrito Federal, una vez que firmen los convenios de colaboración respectivos y en el
marco de los mismos.
Artículo 8o. Se crea el Centro de Inteligencia y
Seguridad Nacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; su
titular será nombrado por el Presidente de la República y su nombramiento deberá ser
ratificado por el Senado de la República.
Artículo 9o. El Centro de Inteligencia y
Seguridad Nacional tendrá como atribuciones:
I. Coordinar las acciones
tendientes a:
I.I. Obtener, registrar, clasificar
y evaluar la información relevante de todos aquellos acontecimientos, declaraciones o
situaciones que puedan estar vinculadas con la Seguridad Nacional.
I.II. Realizar investigaciones
sobre asuntos, personas, grupos o estados que pongan en riesgo la Seguridad Nacional;
I.III. Producir la inteligencia
necesaria para la toma de decisiones del Estado mexicano.
II. Solicitar información a las
diversas instituciones, dependencias públicas federales, estatales o municipales para el
cumplimiento de su objetivo.
III. Convocar a las sesiones
ordinarias del gabinete de Seguridad Nacional.
IV. Mantener actualizada la agenda
eje de Seguridad Nacional; así como su operatividad.
V. Procurar información permanente
al Ejecutivo Federal, respecto de aquellos eventos, situaciones o prospectiva de los
riesgos a la Seguridad Nacional.
VI. Brindar información periódica
al Congreso de la Unión, respecto de las acciones que realice.
VII. Elaborar encuestas de opinión
pública sobre los asuntos relacionados con la agenda y lineamientos estratégicos de la
Seguridad Nacional.
VIII. Proponer a los organismos del
sistema la ejecución de medidas de prevención, disuasión, contención o desactivación
de las posibles amenazas o riesgos a la Seguridad Nacional.
IX. Participar en los convenios de
colaboración que firmen las entidades federativas o el Gobierno del Distrito Federal con
la Federación.
X. Establecer y fortalecer
relaciones de cooperación y coordinación con instituciones de inteligencia de otros
países.
XI. Adquirir, administrar y
desarrollar tecnología especializada para el cumplimiento de sus atribuciones.
Artículo 10. Las atribuciones de las áreas u
órganos que produzcan inteligencia, dependientes de las secretarías de la Defensa
Nacional, Marina, Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, así como
las de entidades federativas y del Distrito Federal que se adhieran al sistema, estarán
enmarcadas por las reglamentaciones de cada una de las dependencias de las cuales dependan
orgánicamente, así como por los preceptos de la presente ley.
Artículo 11. El gabinete de Seguridad Nacional
estará conformado por los titulares de las secretarías de Gobernación, Defensa
Nacional, Marina, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público
y el Procurador General de la República, así como otros miembros del gabinete que el
Presidente de la República considere.
Asimismo, el gabinete de Seguridad
Nacional contará con un secretario técnico que será el director del Centro de
Inteligencia y Seguridad Nacional, quien se encargará de dar seguimiento a las
resoluciones del gabinete a fin de que sean cumplidas a cabalidad.
Artículo 12. Serán funciones del gabinete de
Seguridad Nacional:
I. Alertar al Presidente de la
República sobre los riesgos y amenazas a la seguridad interior y exterior del Estado
mexicano.
II. Actualizar la Agenda de
Seguridad Nacional en función de las prioridades nacionales y los riesgos y amenazas
latentes.
IIl. Intercambiar la información
relativa a la Seguridad Nacional, de acuerdo a las normas y procedimientos de las
respectivas secretarías que representen.
Artículo 13. Todas las actividades para la
producción de inteligencia, los actos previos como obtención de información, su
captación autorizada, el análisis con fines de producción de inteligencia y todos los
actos que tengan el mismo fin se encuentran reservados en forma exclusiva al sistema, por
lo que queda prohibido a los particulares, asociaciones, grupos de personas físicas o
morales, la realización de dichas tareas.
Artículo 14. Las instituciones u órganos de los
gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal que firmen los convenios de
colaboración bilateral, se adhieren al sistema para efectos de intercambiar información
y acciones de apoyo mutuo de investigación para producir inteligencia para la Seguridad
Nacional.
CAPITULO
III
Política
y atribuciones del Sistema de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional
Artículo 15. Corresponde al titular del Poder
Ejecutivo de la Unión fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la
Política de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional.
Artículo 16. Corresponde a las instituciones y
órganos integrantes del sistema, la ejecución de la política de Información e
Inteligencia para la Seguridad Nacional en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
Artículo 17. Conforme a los lineamientos y
objetivos establecidos por el Presidente de la República, la Secretaría de Gobernación,
a través del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Formular el Plan Nacional de
Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional.
II. Diseñar y ejecutar los
programas y presupuestos de inteligencia inscritos en el Plan Nacional de Información e
Inteligencia para la Seguridad Nacional.
III. Planificar y ejecutar las
actividades de obtención y análisis de la información para la producción de la
inteligencia y de la contrainteligencia.
IV. Poner a disposición del
Congreso de la Unión, toda la información que permita a éste aprobar la suspensión de
garantías conforme a lo que establece el artículo 29 constitucional.
V. Dirigir y articular las
actividades y el funcionamiento del Sistema de Información e Inteligencia para la
Seguridad Nacional, así como también las relacionadas con los organismos de inteligencia
de otras entidades federativas, del Distrito Federal o estados con los cuales México
tenga relaciones diplomáticas.
VI. Requerir a todos los órganos
de la Administración Pública Federal la información necesaria para el cumplimiento de
sus funciones.
VII. Requerir la cooperación de
los gobiernos estatales, cuando ello fuere necesario, para el desarrollo de sus
actividades.
VIII. Coordinar la elaboración del
informe anual de actividades de información e inteligencia para la Seguridad Nacional,
para efectos de su presentación ante el Congreso de la Unión. Los organismos del sistema
brindarán toda la información correspondiente.
IX. Garantizar la formación,
capacitación, adiestramiento y actualización del personal perteneciente a las áreas
encargadas de las actividades de información e inteligencia para la Seguridad Nacional de
todas las dependencias vinculadas.
X. Proporcionar a las secretarías
de la Defensa Nacional y de Marina, la información e inteligencia que fuere necesaria
para contribuir en la producción de la inteligencia estratégica militar.
XI. Celebrar convenios con personas
físicas o morales, de carácter público o privado, para realizar tareas específicas que
contribuyan a la producción de inteligencia por parte del sistema.
Artículo 18. El Presidente de la República
podrá convocar en todo momento al gabinete de Seguridad Nacional para recibir
asesoramiento sobre los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política
de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional.
Artículo 19. El Presidente de la República
podrá convocar a participar en dicho gabinete a otros secretarios de Estado o miembros
del gabinete legal ampliado de la Presidencia de la República o miembros de la sociedad
civil, con carácter consultivo, cuando lo considere pertinente, con el acuerdo previo de
la mayoría de los miembros del gabinete de Seguridad Nacional.
Artículo 20. Además de los temas vinculados a la
defensa de la soberanía y la integridad del Estado mexicano, la agenda para la Seguridad
Nacional tomara en cuenta los siguientes temas:
I. Amenaza a la gobernabilidad y a
las instituciones democráticas;
II. Incremento demográfico;
III. Escasez de recursos
hidráulicos;
IV. Inestabilidad, pobreza y
desigualdad;
V. Migración;
VI. Soberanía alimentaria;
VII. Amenaza de nuevas
enfermedades;
VIII. Deterioro ambiental;
IX. Riesgos a la estabilidad
económica;
X. Integración de mercados
globales y soberanía;
XI. Seguridad energética;
XII. Centrales nucleares;
XIII. Terrorismo;
XIV. Conflictos religiosos,
étnicos y raciales;
XV. Tecnología informática;
XVI. Crimen organizado;
XVII. Narcotráfico.
Los anteriores, serán considerados
como temas eje de la agenda para la Seguridad Nacional del Estado Mexicano y serán objeto
del tratamiento y la acción de los órganos de inteligencia con el propósito de cumplir
con lo establecido en la presente ley.
CAPITULO
IV
Del
control de legalidad del sistema.
Artículo 21. En el ámbito del Poder Legislativo
se creará la Comisión Bicamaral de Control de los Organismos de Información e
Inteligencia para la Seguridad Nacional.
Artículo 22. Los organismos pertenecientes al
sistema, sus tareas ordinarias, extraordinarias, así como su personal e instalaciones,
serán supervisados por la comisión bicamaral, con el objetivo de fiscalizar que su
funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y
reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto a las garantías
individuales y sociales consagradas en la Constitución, así como también a los
lineamientos estratégicos y objetivos generales de la Política de Información e
Inteligencia para la Seguridad Nacional.
La comisión bicamaral tendrá
amplias facultades para controlar e investigar de oficio. A su requerimiento, los
organismos del sistema deberán suministrar la información o documentación que la
comisión solicite.
Artículo 23. El control del Poder Legislativo
comprenderá:
I. El análisis y evaluación de la
ejecución del Plan Nacional de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional.
II. Revisión y evaluación del
informe anual de actividades de inteligencia con carácter secreto, que será elaborado
por el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional y remitido a la comisión bicamaral
dentro de los 10 días posteriores al inicio del periodo de sesiones ordinarias.
III. Recibir a invitación de la
comisión bicamaral a los responsables del sistema, a fin de conocer las razones, los
planes, el desarrollo de actividades, así como los resultados obtenidos en el
cumplimiento de su función.
IV. Elaborar y remitir anualmente
al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión un informe secreto con los siguientes temas:
IV. I. El análisis y evaluación
de las actividades, funcionamiento y organización del Sistema de Información e
Inteligencia para la Seguridad Nacional, en función de la ejecución del Plan Nacional de
Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional.
IV. II. La descripción
pormenorizada de las actividades de fiscalización y control efectuadas por la comisión
bicamaral en cumplimiento de sus misiones, con la fundamentación correspondiente.
IV. III. La formulación de
recomendaciones para el mejoramiento del funcionamiento del Sistema de Información e
Inteligencia para la Seguridad Nacional.
V. Emitir dictámenes en relación
con todo proyecto legislativo vinculado a las actividades de información e inteligencia
para la Seguridad Nacional.
VI. La recepción de denuncias
formuladas por personas físicas y morales sobre abusos o ilícitos cometidos en el
accionar de los organismos del sistema.
VII. Participar y supervisar los
planes de estudio destinados a la formación y capacitación del personal adscrito a los
órganos de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional.
VIII. Realizar visitas de
conocimiento y supervisión de instalaciones de los organismos miembros del sistema, tanto
centrales como en las entidades federativas donde instalen delegaciones o representaciones
foráneas.
Artículo 24. La comisión bicameral estará
facultada para requerir de las áreas responsables del Centro de Inteligencia y Seguridad
Nacional y de sus delegaciones en el interior del país, informes con clasificación de
seguridad incluyendo las que correspondan a comunicaciones públicas o privadas.
Artículo 25. Los organismos integrantes del
sistema remitirán a la comisión bicameral toda norma interna, doctrina, reglamentos y
estructuras orgánico-funcionales, cuando les fuera solicitado.
Artículo 26. Ningún documento público emanado
de la comisión bicameral podrá revelar datos que puedan perjudicar la actividad de los
organismos de inteligencia o afectar la seguridad interior o la defensa nacional.
Artículo 27. La comisión bicameral será
competente para supervisar y controlar los recursos fiscales asignados a los órganos e
instancias integrantes del sistema. A tales fines podrá realizar cualquier acto que se
relacione con su competencia, en especial:
I. Conocer y participar en la
elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto de Egresos que el Poder Ejecutivo remita
al Congreso de la Unión. Para tales efectos el Poder Ejecutivo enviará toda la
documentación que sea necesaria, en especial:
I.I. Un anexo conteniendo los
montos asignados a los organismos de Información e Inteligencia para la Seguridad
Nacional que tengan el carácter de gastos reservados, confidenciales, secretos o de
acceso limitado o restringido.
I.II. Un anexo con clasificación
de seguridad, conteniendo finalidad, programa u objeto del gasto.
II. Exigir la colaboración de
todos los organismos integrantes del sistema contemplados en la presente ley, los que
estarán obligados a suministrar los datos, antecedentes e informes relacionados con el
ejercicio de sus funciones.
III. Controlar que los fondos de
carácter secreto hubiesen tenido la finalidad prevista en la asignación presupuestaria.
IV. Elaborar anualmente un informe
reservado para su remisión a las comisiones respectivas del Congreso de la Unión y al
Presidente de la República, que contenga:
IV. I. El análisis y evaluación
de la ejecución de los gastos otorgados a los organismos de Seguridad Nacional.
IV. II. La descripción del
desarrollo de las actividades de supervisión y control efectuadas por la comisión
bicameral, así como las recomendaciones que ésta estimare conveniente formular.
Artículo 28. La totalidad de los presupuestos
correspondientes a las actividades de Información e Inteligencia para la Seguridad
Nacional, cualquiera que fuere la jurisdicción en la que se originen, serán incluidos en
la clasificación funcional del Presupuesto de Egresos de la Federación dentro del rubro
de Gastos de Defensa bajo el inciso “Servicios de Defensa, Inteligencia y Seguridad
Nacional”.
Artículo 29. Las erogaciones efectuadas durante
el ejercicio serán documentadas conforme a la reglamentación que corresponda, con la
finalidad de que sirva de descargo ante la Auditoría Superior de la Federación.
Artículo 30. Los miembros de la comisión
bicameral así como el personal permanente o eventual asignado a la misma que hicieran uso
indebido de la información a la que tuvieren acceso en ocasión o ejercicio de sus
funciones, incurrirán en falta grave a sus deberes y le será aplicable el régimen de
sanción vigente, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caber por
aplicación del Código Penal.
CAPITULO
V
Coordinación
entre Federación y estados en materia de Información e Inteligencia para la Seguridad
Nacional
Artículo 31. Se establece un esquema bilateral de
coordinación y colaboración entre la Federación y cada uno de los estados de la
República y el Distrito Federal con el propósito de articular una visión federalista de
la Seguridad Nacional y los servicios de Información e Inteligencia del Estado Mexicano.
Dicho esquema se sustentará en el
establecimiento de convenios de colaboración bilateral en materia de Información e
Inteligencia para la Seguridad Nacional entre ambos órdenes de gobierno.
Las entidades federativas
participantes de los convenios de colaboración bilateral tendrán derechos y obligaciones
respecto a la información que genera el Sistema de Información e Inteligencia para la
Seguridad Nacional.
Artículo 32. Los órganos de carácter federal
miembros del sistema, operarán en estrecha coordinación y colaboración con las
secretarías de Gobierno de los estados y con sus respectivas áreas de inteligencia y
seguridad estatal; siempre y cuando exista Convenio de Colaboración Bilateral.
Artículo 33. Los titulares del Poder Ejecutivo de
las entidades federativas en los términos que establezca el Convenio de Colaboración
Bilateral, proporcionarán la información que sea de utilidad para atender la Agenda de
Seguridad Nacional.
Artículo 34. En reciprocidad, los organismos de
inteligencia federal que operen en las entidades federativas y el Distrito Federal,
podrán proporcionar información clasificada a solicitud del ejecutivo estatal o a
petición de la instancia correspondiente del Poder Legislativo local.
Los órganos de seguridad e
inteligencia federales proporcionarán la información requerida, siempre que corresponda
al ámbito de sus respectivas entidades federativas, ajustándose de manera estricta al
esquema bilateral de flujo de información y en estricto apego a lo preceptuado en la
presente ley, en especial en su artículo 3o.
CAPITULO
VI
Captación
e interceptación de comunicaciones
Artículo 35. Queda prohibido realizar cualquier
captación o interceptación de comunicaciones públicas y privadas de cualquier tipo;
sólo en el caso que dichas acciones tengan como único propósito la producción de
inteligencia con motivo de un riesgo inminente para la Seguridad Nacional, será el Centro
de Inteligencia y Seguridad Nacional, con la información y análisis suficientes, quien
podrá solicitar la pertinente autorización judicial.
Artículo 36. En el caso del artículo anterior,
la autorización judicial será requerida por la Procuraduría General de la República,
ante el juez penal federal con competencia jurisdiccional, a cuyo fin se tendrá en
consideración el domicilio de las personas cuyas comunicaciones serán interceptadas o la
sede desde donde se realizarán si se tratare de comunicaciones móviles o satelitales.
Las actuaciones serán reservadas
en todas las instancias y los plazos procesales estarán sujetos a lo que disponga el
Código de Procedimientos Penales.
Artículo 37. Si las interceptaciones no dieran
lugar a la prosecución de acción penal, los soportes de las grabaciones, las copias de
las intervenciones postales, cablegráficas o cualquier otro elemento que permita
acreditar el resultado de aquellas, deberán ser destruidos, previa autorización del
juez.
Artículo 38. Las órdenes judiciales para la
interceptación de las comunicaciones telefónicas serán remitidas al órgano o área del
sistema que corresponda, mediante oficio firmado por el juez, con instrucciones precisas y
detalladas para orientar dicha tarea.
CAPITULO
VII
Clasificación
de la información
Artículo 39. Las actividades de inteligencia, el
personal encargado de las mismas, la documentación y los bancos de datos de los
organismos del sistema llevarán la clasificación de Seguridad Nacional que
correspondiente a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental en sus artículos 13 y 14.
El acceso a dicha información
será autorizado en cada caso por el Presidente de la República o el funcionario en quien
se deleguen expresamente tales facultades, con las excepciones previstas en la presente
ley. En todo deberá informarse a la comisión bicamaral.
Las actividades, el personal, la
documentación y los bancos de datos referidos en el primer párrafo del presente
artículo se mantendrán con clasificación de Seguridad Nacional aun cuando el
conocimiento de las mismas deba ser suministrado a la justicia en el marco de una causa
determinada o sea requerida por la comisión bicamaral.
Artículo 40. Los integrantes de los organismos de
inteligencia, los legisladores miembros de la comisión bicamaral y el personal adscrito a
los mismos, así como las autoridades judiciales, funcionarios y personas que por su
función o en forma circunstancial accedan al conocimiento de la información mencionada
en el artículo anterior, deberán guardar el más estricto secreto y confidencialidad.
La violación de esta disposición
hará acreedores a los infractores de las sanciones previstas en el Código Penal, según
corresponda.
CAPITULO
VIII
De
la protección a las garantías individuales y sociales
Artículo 41. El funcionamiento del Sistema de
Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional deberá ajustarse estrictamente a
lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo
referente a garantías individuales, así como en las normas legales y reglamentarias
vigentes en materia de información e inteligencia para la Seguridad Nacional.
Artículo 42. Ningún organismo integrante del
sistema podrá:
I. Realizar tareas represivas;
poseer facultades compulsivas; cumplir funciones policiales ni tampoco cumplir funciones
de investigación criminal.
II. Obtener información, producir
inteligencia o almacenar datos sobre personas con motivo de su fe religiosa, su adhesión
o pertenencia a partidos u organizaciones sociales, no gubernamentales, políticas,
sindicales u otras ni tampoco por su raza, su trabajo o empleo, acciones privadas u
opinión política, así como por la actividad lícita que desa-rrollen en cualquier
esfera de acción.
III. Influir de cualquier modo en
la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país,
en su política exterior, en la vida interna de los partidos u organizaciones políticas
legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en
asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.
IV. Revelar, filtrar o divulgar por
ningún medio, cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones
relativas a cualquier habitante u organización del país, salvo que mediare mandamiento
judicial en tal sentido.
CAPITULO
IX
Del
Servicio Civil de Carrera en el Sistema
Artículo 43. Los funcionarios o miembros de un
organismo integrante del Sistema de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional
serán ciudadanos mexicanos, que cumplan con las condiciones fijadas en la presente ley y
en su reglamentación, y que por su conducta y vida pública proporcionen adecuadas
garantías de respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las
normas legales y reglamentarias vigentes.
No podrán desempeñarse como
funcionarios o miembros de ningún organismo del sistema las siguientes personas:
I. Quienes registren en los
archivos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en alguna Comisión Estatal de
Derechos Humanos, o en los archivos correspondientes de la Secretaría de Gobernación o
del Poder Judicial Federal o estatales, antecedentes por crímenes de guerra, contra la
humanidad o por violación a los derechos humanos.
II. Quienes se encuentren incluidos
en las inhabilitaciones establecidas en los registros de los diferentes organismos de
Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional.
Artículo 44. El personal adscrito al Centro de
Inteligencia y Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación, estará integrado
por:
I. Personal de planta permanente
que se desempeñará en los niveles o categorías que establezcan las normas
reglamentarias.
II. Personal contratado por tiempo
determinado para la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, que se
desempeñará en los niveles o categorías que establezcan las normas reglamentarias.
III. Personal de gabinete que será
de carácter transitorio y designado por el titular del Centro de Inteligencia y Seguridad
Nacional, cuyo número no podrá exceder el 2% de la totalidad del personal de planta
permanente de dicho centro y sólo podrá durar en sus funciones durante la gestión de
quien lo haya nombrado. A los efectos del presente inciso, se entiende por personal de
gabinete a toda aquella persona contratada por el titular del Centro de Inteligencia y
Seguridad Nacional para cumplir tareas de asesoramiento.
Artículo 45. Los deberes, derechos, sistema de
retribuciones, categorías y demás normativas inherentes al régimen laboral del personal
adscrito a alguna área vinculada con la elaboración de información e inteligencia para
la Seguridad Nacional, alcanzado por la presente ley, se establecerán en un Estatuto
Especial de Servicio Civil de Carrera que será dictado mediante decreto del Poder
Ejecutivo Federal.
El Estatuto Especial de Servicio
Civil de Carrera será público y se dictará de acuerdo a las prescripciones establecidas
en la presente ley.
Artículo 46. La formación y la capacitación del
personal de los organismos del Sistema de Información e Inteligencia para la Seguridad
Nacional deberán:
I. Desarrollar las actitudes y
valores que requiere la formación de personas y funcionarios responsables, con conciencia
ética, democrática, solidaria, reflexiva y crítica.
II. Fomentar un aprovechamiento
integral de los recursos humanos y materiales existentes y asignados.
III. Incrementar y diversificar las
oportunidades de actualización, perfeccionamiento y reconversión para los integrantes de
los organismos del sistema.
IV. Promover la formación y
capacitación específica en tareas de información e inteligencia para la Seguridad
Nacional y en aquellas vinculadas al derecho, la formación y capacitación científica y
tecnológica en general y la formación y capacitación de contenido humanístico,
sociológico y ético.
Artículo 47. La formación y capacitación del
personal del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, así como también la de los
funcionarios responsables de la formulación, gestión, implementación y control de la
política de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional, estará a cargo del
Centro de Capacitación en Seguridad Nacional del Centro de Inteligencia y Seguridad
Nacional de la Secretaría de Gobernación.
Podrá acceder a los cursos del
Centro de Capacitación en Seguridad Nacional todo el personal adscrito al sistema. El
propósito será perfeccionar las actividades en materia de inteligencia de todos los
organismos integrantes en apego a los principios fundamentales de la doctrina de
inteligencia y Seguridad Nacional.
Asimismo, en las condiciones que
fije la reglamentación, podrá dictar cursos para quienes no integren el Sistema de
Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional.
El centro de capacitación contará
con un consejo asesor permanente integrado por delegados de todos los organismos y
órganos miembros del Sistema de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional,
el cual deberá ser consultado sobre los programas curriculares para los cursos de
inteligencia y para las actividades de perfeccionamiento.
Artículo 48. El Centro de Capacitación en
Seguridad Nacional promoverá la formación del personal de acuerdo con los principios de
objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.
Artículo 49. Los estudios cursados en el Centro
de Capacitación en Seguridad Nacional podrán ser reconocidos por la Secretaría de
Educación Pública y tendrán valor curricular conforme a las leyes y reglamentaciones
vigentes.
Artículo 50. Para impartir las enseñanzas y
cursos relativos a los estudios referidos en el artículo anterior, se promoverá la
colaboración institucional de las universidades nacionales, de los poderes Legislativo y
Judicial, de organizaciones no gubernamentales y de otras instituciones, centros,
establecimientos de estudios superiores que, específicamente, interesen a los referidos
fines docentes.
Asimismo, podrán formalizarse
convenios con organizaciones no gubernamentales y otras instituciones públicas o privadas
nacionales o extranjeras, cuya actividad se corresponda con la materia regulada por la
presente ley, para la realización de actividades académicas, investigaciones
científicas y similares.
CAPITULO
X
Conductas
y actos contra la Seguridad Nacional
Artículo 51. Son conductas que atentan contra la
Seguridad Nacional, así como contra las instituciones integrantes del sistema y serán
castigadas conforme lo señale el Código Penal Federal las siguientes:
I. Todas aquellas tipificadas por
el Código Penal Federal, como delitos contra la seguridad de la nación y que tengan como
propósitos atentar contra la gobernabilidad del Estado mexicano y sus instituciones;
II. Realizar o participar en
actividades propias del sistema, sin ser miembro de ellas o, realizar o participar en
acciones de éste sin comisión, encargo o facultad otorgada en ese sentido;
III. Facilitar, entregar, difundir
o divulgar por cualquier medio o persona física o moral ajena al sistema, de los
contenidos e información que se encuentre en alguna de las instituciones integrantes del
sistema;
IV. Interceptar cualquier tipo de
información o comunicación por cualquier medio, sin que exista autorización judicial
para tales efectos;
V. Disponer de la información
generada por el sistema, con fines distintos a los que establece la presente ley, los
lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Información e
Inteligencia para la Seguridad Nacional, el Plan Nacional de Información e Inteligencia
para la Seguridad Nacional, así como las disposiciones reglamentarias de cada una de las
instituciones que forman parte del sistema.
ARTICULOS
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones
legales que se opongan a lo que establece la presente ley.
Tercero. Las dependencias relacionadas con el
sistema, deberán hacer las modificaciones a sus respectivos reglamentos interiores,
manuales de organización y disposiciones que contravengan la presente ley, a fin de hacer
concordar sus atribuciones al marco de la presente ley en un plazo no mayor a 90 días
contados a partir de la publicación de esta ley.
Cuarto. Por lo que se refiere al Estatuto del
Servicio Civil de Carrera, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional habrá de
readecuarlo a los preceptos de la presente ley, en un plazo no mayor a 90 días contados a
partir de la publicación de esta ley.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 26 de noviembre de 2002.— Diputado Alberto
Amador Leal.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese la iniciativa a
la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
LEY PARA REGULAR LA ELABORACION DE
TATUAJES PERMANENTES Y PERFORACIONES
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra la diputada,
Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una iniciativa de Ley de Tatuajes y Perforaciones.
La diputada María Miroslava García
Suáres:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros legisladores:
El día de hoy quiero llamar su
atención sobre un tema que pudiera parecer poco importante o que pudiera parecer, tan
sólo, parecer superficial, pero es un tema de lo más importante si tomamos en cuenta la
trascendencia que tiene en términos de salud, principalmente para el sector de jóvenes
de nuestra población y el factor de riesgo, precisamente, que implica hacerse tatuajes o
perforaciones permanentes en el cuerpo humano.
Y me parece que si hablamos de
salud pública y de salud para los jóvenes de este país, aunque para muchos de los que
estamos en esta Cámara nos sintamos muy distantes de un tema de jóvenes o de un tema
cultural, yo quiero llamar la atención de ustedes para decir que no solamente los grandes
temas nacionales que nos ocupan en esta época del año como es el Presupuesto de Egresos
y la Ley de Ingresos, no solamente estos temas son importantes para la sociedad mexicana,
también hay temas que a veces se nos olvidan y que a veces parecen poco importantes en
medio de los grandes temas.
Pero esta iniciativa de ley que hoy
vengo a presentar ante ustedes, requiere de mucha sensibilidad y de mucha apertura para
tocar un tema nuevo en la Cámara de Diputados y para tocar un tema que finalmente sí
está requiriendo de nuestra atención para ser legislado.
Esta iniciativa de ley tiene como
nombre: Ley para Regular la Elaboración de Tatuajes Permanentes, Micropigmentación y
Perforaciones en el cuerpo humano.
Y quisiera exponer los motivos que
nos llevan a presentar esta iniciativa, más que a comentar el articulado concreto de esta
ley, que le pido a la Mesa Directiva de la Cámara, pueda remitir a las comisiones de
Salud y a la de Juventud de esta Cámara.
La práctica de modificaciones
particulares data desde los orígenes mismos de la civilización humana. Se ha documentado
la presencia de tatuajes y perforaciones en culturas milenarias, que van desde
Mesoamérica hasta el lejano oriente, pasando por Africa y Asia Meridional.
Los motivos pueden variar de un
pueblo a otro, sin embargo, es un hecho que personas de todos los tiempos manifiestan su
interés por adornar su cuerpo o modificarlo de manera permanente.
Los métodos empleados también
varían de un lugar a otro, pero estas prácticas se han realizado de manera cotidiana en
personas, si bien es cierto que de todas las edades, particularmente entre el sector de
jóvenes. Condiciones económicas, religiones o sexos no implican más que la diversidad
cultural de los pueblos.
En el Siglo XX se comienza a
asociar el tatuaje con delincuencia, con vagancia o con delito y con otras condiciones
humana negativas, lo que finalmente lo hace susceptible de desaprobación social y
finalmente de estigmatización contra ese sector de la población que decide portar un
tatuaje en su cuerpo.
En ese sentido, consideramos que es
muy importante revisar la cultura de los pueblos y sobre todo pensar en una cultura de
tolerancia. Más allá de que simpaticemos o no, compañeros legisladores, con estas
prácticas tenemos que legislarlas para que se hagan en un sentido estrictamente
higiénico y de salud, cuidando la salud de los jóvenes.
Sin embargo, a finales del Siglo XX
y a principios del Siglo XXI, el incremento en la demanda por este tipo de trabajos,
promovida en parte por los medios de comunicación, promovida en parte también por la
globalización, obliga a que las instituciones presten atención sobre las implicaciones
que pudiera tener esta demanda en la salud pública.
De acuerdo con especialistas de la
Secretaría de Salud que participaron en dos foros organizados por el grupo parlamentario
del PRD, para analizar este tema, existe la posibilidad de que por medio de los
instrumentos que se emplean para efectuar estos trabajos permanentes en el cuerpo humano,
se transmitan virus o bacterias y por lo tanto se transmitan enfermedades a veces
curables, a veces incurables como la hepatitis tipo C y el VIH, ello si no se siguen
algunos procedimientos básicos de higiene, todo esto se puede prevenir y por eso es el
motivo principal de esta iniciativa de ley.
Es una realidad que no podemos
soslayar, es una realidad que más allá de coincidir o no con ella, tampoco podemos
prohibir, insistimos que la cultura de la tolerancia a través de una reglamentación
mínima, nos va a permitir convivir y respetar las preferencias de las personas con
seguridad.
Además, de acuerdo con los propios
trabajadores de este medio, existen en todo el país alrededor de 1 mil tatuadores y
perforadores, cifra difícil de precisar, en virtud de que no existe un registro sobre los
establecimientos que se dedican a esta actividad, ni la Secretaría de Hacienda ni la
Secretaría de Salud tienen un dato confiable acerca de este tipo de trabajos.
No obstante, concediendo que sea un
millar de personas, según los propios tatuadores, las que realizan estas modificaciones
corporales, si cada uno de ellos efectúa en promedio un trabajo diario, a la semana se
llevan a cabo por lo menos 7 mil tatuajes y perforaciones y 28 mil al mes. Son cifras
desde luego conservadoras, si tomamos en cuenta que quienes se dedican a este trabajo,
manifiestan que llegan a elaborar hasta cinco tatuajes o perforaciones en un día y la
demanda va en aumento.
Retomando el tema de las
infecciones, las enfermedades que se pueden transmitir a través de agujas para tatuar o
perforar, van desde una simple infección bacterial como en cualquier herida, hasta el
virus de la hepatitis C, misma que al igual que el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida, es incurable, salvo que en el caso de la hepatitis si se descubre a tiempo, se
realice un transplante de órganos.
Existen en la actualidad miles de
jóvenes, sobre todo, que tienen la inquietud de tatuarse la piel o de perforarse,
insistimos que influenciados en gran medida también por los medios masivos y por la
globalización.
Por ello, lejos de intentar la
prohibición de una expresión cultural y personal, en el Poder Legislativo debemos dotar
de las herramientas, para que una decisión exclusiva de cada persona, sea llevada a cabo
con toda la higiene y la precaución necesaria, para evitar riesgos en su salud, y más
allá de un asunto de infección o de transmisión personal, hay que tomar en cuenta, los
que hablamos del sector de jóvenes, y que además esto se podría convertir en un
problema de salud pública, donde el Estado tendría finalmente que invertir más
recursos, para tratar este tipo de enfermedades.
Hoy estamos a tiempo de asumir esa
responsabilidad, antes de que lamentemos la propagación de enfermedades incurables, con
un alto costo del Estado, pero sobre todo por la cancelación de un futuro para miles de
jóvenes.
Para el Partido de la Revolución
Democrática, el ejercicio de la libertad es un derecho invaluable, pero nuestro sentido
de responsabilidad nos obliga a proponer políticas públicas para los jóvenes, que
garanticen que este ejercicio no perjudique a nadie.
Es por ello, que someto a su
consideración la presente iniciativa, esperando que se emita un dictamen consensado y
ágil en las comisiones correspondientes.
La presente iniciativa retoma las
legislaciones que sobre el particular se han aprobado en otros países, así como en
algunos estados de la república, donde, hay que decirlo, sobresale el caso de Nuevo
León, contempla la creación de un registro único de tatuadores y perforadores a
disposición de la Secretaría de Salud, así como las normas mínimas de higiene y
seguridad, para proteger a ciudadanos y trabajadores.
Finalmente, me permito sugerir a
las dependencias correspondientes, se faciliten mecanismos financieros a fin de que los
trabajadores de este gremio tengan acceso a información, por parte de la Secretaría de
Salud y a microcréditos como a cualquier otro empresario del ramo.
Por lo anteriormente expuesto, dejo
en manos de la Mesa Directiva, la presenta iniciativa de ley, y les agradezco
profundamente su atención a este tema, que también es muy muy importante.
Es cuanto señora Presidenta.
«Ley para Regular la Elaboración
de Tatuajes Permanentes y Perforaciones.
La suscrita diputada integrante del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura del
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito formular ante este
Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de Ley para Regular la Elaboración de
Tatuajes Permanentes y Perforaciones, al tenor de la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
La práctica de modificaciones
corporales data desde los orígenes de la civilización. Se ha documentado la presencia de
tatuajes y perforaciones en culturas milenarias que van desde Mesoamérica hasta el lejano
oriente, pasando por Africa y Asia Meridional. Los motivos pueden variar de un pueblo a
otro, sin embargo, es un hecho que personas de todos los tiempos manifiestan su interés
por adornar su cuerpo o modificarlo de manera permanente.
Los métodos empleados también
varían de un lugar a otro, pero estas prácticas se han realizado de manera cotidiana en
personas de todas las edades, condiciones económicas, religiones o sexos.
En el Siglo XX se comienza a
asociar al tatuaje con la delincuencia, la vagancia y otras condiciones humanas negativas,
lo que lo hace susceptible de desaprobación social y a quien lo porta, de discriminación
y aislamiento.
Sin embargo, a finales de esa
centuria y a principios del Siglo XXI, el incremento en la demanda por ese tipo de
trabajos, promovida en parte por los medios de comunicación masiva, obliga a que las
instituciones presten atención sobre las implicaciones que pudiera tener esta demanda en
la salud pública.
De acuerdo con especialistas de la
Secretaría de Salud que participaron en dos foros organizados por el grupo parlamentario
del PRD para analizar este tema, existe la posibilidad de que por medio de los
instrumentos que se emplean para efectuar los tatuajes o las perforaciones, se transmitan
algunos virus y bacterias. Ello si no se siguen algunos procedimientos básicos de
higiene.
Es una realidad que no podemos
soslayar.
Además, de acuerdo con los propios
trabajadores de este medio, existen en todo el país alrededor de 1 mil tatuadores y
perforadores, cifra difícil de precisar en virtud de que no existe un registro sobre los
establecimientos que se dedican a esta actividad. No obstante, concediendo que sea un
millar de personas las que realizan las modificaciones corporales, si cada uno de ellos
efectúa un trabajo diario, a la semana se llevan a cabo 7 mil tatuajes y perforaciones y
28 mil al mes. Son cifras conservadoras si tomamos en cuenta que quienes se dedican a este
trabajo manifiestan que llegan a elaborar hasta cinco tatuajes o perforaciones en un día
y la demanda va en aumento.
Retomando el tema de las
infecciones, las enfermedades que se pueden transmitir a través de las agujas para tatuar
o perforar, van desde una simple infección bacteriana, hasta el virus de la hepatitis C,
misma que, al igual que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es incurable. Salvo a
que, en el caso de la hepatitis, si se descubre a tiempo, se realice un trasplante de
órganos.
Existen en la actualidad miles de
jóvenes, sobre todo, que tienen la inquietud de tatuarse la piel o de perforarse,
insisto, influenciados en gran medida por la televisión, el cine, los medios impresos y
la Internet. Por ello, lejos de intentar la prohibición de una expresión cultural y
personal, en el Poder Legislativo debemos de dotarles de las herramientas para que una
decisión exclusiva de cada persona, sea llevada a cabo con toda la higiene y precaución
necesaria para evitar riesgos a su salud.
Hoy estamos a tiempo de asumir esa
responsabilidad, antes de que lamentemos la propagación masiva de enfermedades
incurables, con un alto costo para el Estado, pero sobre todo, por la cancelación del
futuro de muchos jóvenes.
Para el Partido de la Revolución
Democrática, el ejercicio de la libertad es un derecho invaluable. Pero nuestro sentido
de responsabilidad nos obliga a proponer políticas públicas que garanticen que ese
ejercicio no perjudique a nadie.
Es por ello que someto a su
consideración la presente iniciativa, esperando que se emita un dictamen pronto para que
la aprobemos en este pleno y de esa manera contribuyamos a proteger la salud de miles de
personas que en los próximos meses tomen la decisión de tatuarse o perforarse.
La presente iniciativa retoma las
legislaciones que sobre el particular se han aprobado en otros países, así como en
algunos estados de la República. Contempla la creación de un registro único de
tatuadores y perforadores, a disposición de la Secretaría de Salud, así como las normas
mínimas de higiene y seguridad para proteger a clientes y trabajadores. Señala también
las sanciones a las que se harían acreedores quienes violen las disposiciones de la ley y
la entrada en vigor de la misma.
Finalmente, me permito sugerir a
las dependencias correspondientes se faciliten mecanismos financieros a fin de que los
trabajadores de este gremio tengan acceso a microcréditos como cualquier otro empresario
y de esta manera estén en mejores posibilidades de adecuar sus establecimientos y puedan
cumplir de manera precisa con la presente ley.
Por lo anteriormente expuesto,
someto a esta soberanía la siguiente
INICIATIVA
De Ley para Regular la Elaboración
de Tatuajes Permanentes y Perforaciones.
Artículo 1o. Esta ley se conocerá como “Ley
para Regular la Elaboración de Tatuajes Permanentes, Micropigmentación y
Perforaciones”.
Artículo 2o. Definiciones.
Las siguientes palabras tendrán el
significado que a continuación se expresa:
1. “Tatuador”, significa
la persona que graba dibujos, figuras o marcas en la piel humana, introduciendo colorantes
bajo la epidermis con agujas o escalpelos por las punzadas previamente dispuestas.
2. “Perforador”,
significa la persona que introduce algún objeto decorativo de material de implantación
hipoalergénico en la piel con un instrumento punzocortante.
3. “Micropigmentador”,
significa la persona que microimplanta pigmento en áreas definidas del rostro y áreas
específicas de la piel humana bajo la epidermis en la capa papilar de la dermis con
agujas accionadas mediante un instrumento manual o electromecánico llamado dermógrafo.
4. “Secretaría”,
significa la Secretaría de Salud.
5. “Dermatografía”,
significa tratado de la piel que consiste en grabar palabras o figuras en ella después de
haberlas trazado levemente.
6. “Dueño o administrador del
estudio de tatuajes y/o perforaciones”, significa la persona que opera y mantiene un
establecimiento dedicado a hacer tatuajes y/o perforaciones.
7. “Enfermedades
contagiosas”, significa cualquier tipo de enfermedad causada por un agente infeccioso
que puede transmitirse en forma directa o indirecta de una persona a otra.
8. “Estudio de tatuajes y/o
perforaciones”, significa cualquier establecimiento que tiene una licencia para hacer
tatuajes y/o perforaciones expedida por la Secretaría de Salud.
9. “Registro de Artistas,
Tatuadores y Perforadores”, significa la dependencia de la Secretaría de Salud, a
cargo del Registro de los Artistas Tatuadores y Perforadores y de los estudios de tatuajes
y/o perforaciones autorizados bajo las disposiciones de esta ley.
10. “Técnicas de asepsia y
antisepsia”, significa la técnica utilizada para prevenir la infección al inhibir
el desarrollo y crecimiento de agentes infecciosos, destruyendo los microbios que la
causan.
Artículo 3o. Licencia y Registro de Artistas,
Tatuadores, Técnicos Micropigmentadores y Perforadores.
Ninguna persona podrá hacer
tatuajes ni perforaciones, ni denominarse a sí mismo artista tatuador o perforador a
menos que posea una licencia, de acuerdo con las disposiciones de esta ley y esté
registrada en el Registro de Artistas, Tatuadores, Técnicos Micropigmentadores o
Perforadores que establecerá la Secretaría de Salud para este fin.
Artículo 4o. Inscripción.
La solicitud de inscripción en el
registro se hará en la forma provista por la Secretaría y se acompañará con los
siguientes documentos:
1. Copia certificada del acta de
nacimiento de la persona;
2. Si la persona fuere extranjera,
presentará su pasaporte y certificación de su condición de inmigrante autorizado a
trabajar en los Estados Unidos Mexicanos;
3. Identificación del solicitante
con fotografía;
4. Pasaporte si es extranjero;
5. Certificado de vacunación
contra la hepatitis;
6. Para técnico en
micropigmentación, comprobante de capacitación para el trabajo que pretende desempeñar
que avale un curso básico teórico-práctico con una duración de al menos 40 horas.
Artículo 5o. Examen.
Las personas que soliciten la
licencia de artista tatuador o perforador se someterán a un examen, administrado por la
Secretaría, para determinar si tienen los conocimientos necesarios de técnicas de
asepsia que le permitan hacer tatuajes y/o perforaciones sin poner en riesgo la salud de
un cliente o la suya propia.
Artículo 6o. Término y renovación de la
licencia.
Si la Secretaría determina que el
solicitante cumple con los requisitos, le expedirá una licencia que lo autoriza a ejercer
la práctica de tatuajes y/o perforaciones, en forma de certificado, el cual se colocará
en un lugar visible del estudio de tatuajes y/o perforaciones. La licencia tendrá validez
por tres años, a cuyo término deberá ser renovada en el impreso de solicitud de
renovación provisto por la Secretaría.
La solicitud de renovación de la
licencia deberá ser presentada 90 días antes de la fecha de expiración de la misma. Si
la solicitud se presenta una vez expirada la licencia, la Secretaría la considerará como
si fuese una solicitud nueva.
Artículo 7o. Normas sanitarias.
El artista tatuador o perforador
con licencia cumplirá con las siguientes normas sanitarias:
1. Utilizará una bata limpia (tipo
médico) o prenda de vestir quirúrgica durante el proceso de tatuar o perforar;
2. Se lavará y frotará las manos
y uñas con un jabón antiséptico y agua caliente antes de comenzar y al finalizar el
trabajo con un cliente;
3. Utilizará guantes desechables,
gasas estériles y agujas esterilizadas y desechables;
4. Lavará el área del cuerpo a
ser tatuada o perforada con una solución antiséptica.
5. No podrá hacer tatuajes o
perforaciones en áreas del cuerpo donde haya signos de uso de drogas, lesiones o
enfermedades dermatológicas;
6. Si el área a ser tatuada o
perforada debe rasurarse, utilizará navajas desechables en cada servicio y volverá a
lavar la piel con una solución antiséptica;
7. Los cables guía de la máquina
deben ser cubiertos con un plástico esterilizado o desechable;
8. Limpiará y enjuagará en una
solución germicida, antes y después de cada aplicación, la máquina usada para
transferir el diseño a la piel, luego de lo cual mantendrá la máquina en un área
estéril;
9. Usará pigmentos no tóxicos y
de uso específico para tatuajes y desechará los residuos de pigmentos utilizados, así
como los recipientes usados para colocar las tintas durante el procedimiento del tatuaje;
10. Aseará el tatuaje una vez
terminado el procedimiento, aplicará un lubricante y cubrirá el área con lienzo limpio
o gasa estéril;
11. Desechará inmediatamente, en
contenedores a prueba de perforaciones que estarán rotulados, las agujas y objetos
punzantes o cortantes utilizados y dispondrá de éstos como material biológico de alto
riesgo, de acuerdo con la norma 087 de la Secretaría de Medio Ambiente;
12. Todo el equipo e instrumentos
empleados deberán lavarse, desinfectarse y ser sometidos a esterilización a través de
un autoclave;
13. Desechará, después de cada
uso, los guantes en bolsas identificadas como desperdicio biomédico que será manejado
por personal autorizado;
14. La mesa de trabajo deberá ser
limpiada con una solución antiséptica después de cada trabajo.
Artículo 8o. El estudio de tatuajes y/o
perforaciones, sin importar sus dimensiones, deberá contar preferentemente con las
siguientes áreas:
1. Sala de espera;
2. Area exclusiva para realizar los
tatuajes y/o perforaciones;
3. Zona de esterilización;
4. Baño, en un lugar independiente
del área para tatuar y/o perforar.
Artículo 9o. Información y declaración.
Tanto el artista tatuador o
perforador, como el dueño o administrador del estudio de tatuajes y/o perforaciones,
informarán al cliente, verbalmente y por escrito, cómo cuidar el área tatuada o
perforada y el hecho de que el tatuaje es permanente e irreversible. El cliente firmará
una declaración de que ha leído y entendido las instrucciones, copia de la cual se
guardará en el estudio de tatuajes por un término de un año.
La declaración escrita contendrá
la siguiente información:
1. Nombre del artista tatuador o
perforador, su número de licencia, dirección y teléfono del establecimiento;
2. Instrucciones en cuanto a que el
área tatuada o perforada no deberá exponerse al sol o humedad por dos semanas y que se
utilizarán gasas estériles para limpiar el área frecuentemente ;
3. Advertencia al cliente de que
debe consultar un médico si tiene signos de infección o ha tenido alguna reacción
alérgica.
4. Queda prohibido para los
artistas, tatuadores o perforadores prescribir algún medicamento o aplicar algún tipo de
anestesia y
Artículo 10. Prohibición.
Se prohíbe realizar tatuajes a
personas mentalmente incapacitadas o a menores de 18 años de edad. En el caso de
perforaciones a menores de 16 años, el cliente debe estar acompañado de sus padres o
tutores. La violación a esta disposición conllevará la revocación de la licencia
indefinidamente conforme a lo establecido en el artículo 22 de esta ley.
Artículo 11. Licencia de estudios de tatuajes.
Ninguna persona actuando
independiente o conjuntamente con otra o ninguna firma, corporación o asociación
operará un estudio de tatuajes si no tiene una licencia, expedida por la Secretaría de
Salud, que así lo autorice.
Artículo 12. Solicitud de licencia.
La solicitud de licencia para
operar un estudio de tatuajes y/o perforaciones se hará en la forma provista por la
Secretaría, de acuerdo con las disposiciones de esta ley;
La solicitud incluirá el lugar y
la dirección del establecimiento donde operará el estudio y la dirección del dueño o
administrador con la siguiente información:
1. Prueba fehaciente de que el
dueño o administrador es mayor de edad;
2. Una lista de todo el equipo e
instrumentos del estudio y
3. Una descripción de los
procedimientos y naturaleza de los servicios que se prestarán y de las medidas de
salubridad y seguridad que se tomarán en beneficio de los clientes y empleados.
Artículo 13. Término y renovación de la
licencia del estudio.
La licencia del estudio de tatuajes
será válida por un término de tres a cuatro años y deberá renovarse antes de concluir
el término.
Artículo 14. Cambio de dueño o de
establecimiento.
El dueño o administrador del
estudio notificará por escrito a la Secretaría cualquier cambio de dueño o de
establecimiento del estudio de tatuajes y/o perforaciones. El cambio de dueño del estudio
conllevará la cancelación de la licencia, la cual deberá devolverse a la Secretaría.
Artículo 15. Inspecciones.
Los estudios de tatuajes y/o
perforaciones serán inspeccionados antes de concederse la licencia, mientras la misma
esté vigente y a su renovación. Representantes autorizados de la Secretaría podrán
entrar al estudio, en horas razonables, para inspeccionar e investigar si se cumplen los
requisitos establecidos en esta ley y en la reglamentación que establezca la Secretaría
de Salud, al amparo de la misma.
Impedir la entrada al estudio a los
representantes autorizados, constituirá razón suficiente para denegar o revocar la
licencia. Si los representantes de la Secretaría entienden que el estudio no cumple con
los requisitos exigidos por esta ley y por la Secretaría, ésta podrá denegar o revocar
la licencia. No podrá radicarse una nueva solicitud de licencia antes de seis meses
contados a partir de la fecha de la denegación o revocación.
Está prohibido solicitar dinero
por parte de los inspectores, de lo contrario será considerado como delito grave y se
castigará de acuerdo a las leyes penales vigentes.
Artículo 16. Administración del estudio de
tatuajes.
El dueño o administrador de un
estudio de tatuajes y/o perforaciones cumplirá con las normas de sanidad establecidas por
la Secretaría, así como con las siguientes normas:
Equipo
Si el dueño administrador del
estudio no fuere el artista tatuador o perforador con licencia, proveerá a este último
los instrumentos esterilizados que se utilizarán con cada cliente y velará porque el
artista cumpla con la obligación de mantenerlos estériles.
Proceso de esterilización
El estudio de tatuajes y/o
perforaciones debe estar provisto del equipo de esterilización necesario para acomodar
las agujas, tubos y cualquier otro instrumento. El procedimiento de esterilización se
llevará a cabo en forma científica, incluyendo la limpieza y remoción de tejido o
sangre antes de esterilizar el equipo.
La Secretaría dispondrá de
lugares autorizados para brindar el servicio de esterilización a los artistas con
licencia en caso de que no cuenten con el equipo necesario.
Artículo 17. Denegación de licencia.
La Secretaría podrá denegar la
expedición de una licencia, luego de notificación a la parte interesada y darle la
oportunidad de ser oída, cuando dicha parte:
1. Haya operado un estudio de
tatuajes y/o perforaciones o practicado fuera de la norma estas prácticas;
2. Haya sido convicto de delito
grave; disponiéndose que la Secretaría podrá denegar una licencia bajo este inciso
cuando pueda demostrar que el delito cometido está sustancialmente relacionado con las
calificaciones, funciones y deberes de la práctica reglamentada en esta ley;
3. Haya incurrido en incompetencia
manifiesta en el ejercicio de la dermatografía o perforaciones, en perjuicio de tercero;
4. Haya sido declarado incapacitado
mentalmente por un tribunal competente o se estableciere su incapacidad mediante peritaje
médico.
Artículo 18. Suspensión o revocación de
licencia.
La Secretaría podrá denegar,
revocar o suspender temporal o permanentemente una licencia expedida, de acuerdo con las
disposiciones de esta ley, luego de notificar a la parte interesada y darle oportunidad de
ser oída, cuando:
1. Haya sido convicta de delito
grave;
2. Haya tratado de obtener una
licencia para la práctica de hacer tatuajes y/o perforaciones u operar un estudio de
tatuajes y/o perforaciones mediante fraude o engaño;
3. Haya incurrido en negligencia en
el desempeño de sus deberes profesionales;
4. Haya sido declarado incapacitado
mentalmente por un tribunal competente o se estableciera mediante peritaje médico su
incapacidad; disponiéndose, que la misma puede restituirse tan pronto la persona sea
declarada nuevamente capacitada, si reúne los demás requisitos dispuestos en esta ley.
Artículo 19. Registro de clientes.
El dueño o administrador de un
estudio de tatuajes y/o perforaciones llevará una relación escrita de cada trabajo
realizado a un cliente donde se hará constar la siguiente información:
1. Nombre completo, dirección,
número de teléfono, edad y fecha de nacimiento del cliente;
2. Pigmentos y joyería utilizados;
3. Fecha en que se hizo el tatuaje
y/o perforación;
4. Nombre del artista tatuador o
perforador y
5. Firma del cliente.
Dicha información se anotará en
el registro de clientes que se llevará en libros debidamente encuadernados con páginas
numeradas sucesivamente de no más de 500 hojas y el cual estará disponible para ser
inspeccionado en cualquier momento por la Secretaría o sus representantes autorizados.
Artículo 20. Eliminación de residuos peligrosos
biológico-infecciosos.
La eliminación de desperdicios
biomédicos se hará de conformidad con las normas establecidas por la Secretaría de
Medio Ambiente para este tipo de desperdicios.
Artículo 21. Reglamentación.
La Secretaría de Salud adoptará
los reglamentos necesarios para cubrir todo aquello que no estuviere expresamente
dispuesto en esta ley.
Artículo 22. Penalidades.
Toda persona que incumpla las
disposiciones de esta ley, será sancionada con una multa no mayor de 1 mil salarios
mínimos vigentes en el Distrito Federal, a discreción del tribunal y la suspensión o
revocación de la licencia correspondiente.
Artículo 23. Vigencia.
Esta ley comenzará a regir
inmediatamente después de su aprobación a los únicos fines de que la Secretaría de
Salud establezca el Registro de Artistas, Tatuadores y Perforadores y adopte la
reglamentación necesaria para implementar las disposiciones de esta ley. Sus restantes
disposiciones entrarán en vigor 90 días después de su aprobación.
ARTICULOS
TRANSITORIOS
Primero. Previo a la entrada en vigor de la
presente ley, la Secretaría de Salubridad, así como las secretarías de Salud de los
gobiernos locales, deberán garantizar la impartición de un curso básico sobre seguridad
y sanidad a los aspirantes a contar con su licencia de tatuadores, técnicos
micropigmentadores y perforadores.
El examen para obtener la licencia
correspondiente estará fundamentado en el contenido de este curso.
El temario del contenido será el
siguiente:
Definiciones:
• Estilos de trabajo: sin
protección, poco higiénico y seguro.
• Precauciones universales
para evitar la infección.
• Legislación sanitaria.
• Microbiología: bacterias,
virus.
• Enfermedades infecciosas
hepatitis A, B, C, VIH, tuberculosis.
• Vacunación necesaria.
• Asepsia.
• Antisepsia.
• La piel.
• Manos.
• Técnicas de lavado de
manos.
• Técnicas de lavado de piel.
• Procedimientos antisépticos
aplicados a piel.
• Desinfección del área
cutánea a trabajar.
• Preparación especial de la
piel (rasurado).
• Equipo de protección
personal para el técnico y su cliente.
• Conocimiento, tipos uso
correcto, precauciones en el empleo de:
• Guantes.
• Lentes y visores.
• Gorros.
• Cubrebocas.
• Batas.
• Papel aislante del sillón o
camilla.
• Métodos de control de las
infecciones.
• Esterilización-concepto.
• Autoclave, principios de
funcionamiento, parámetros para lograr la esterilización, equipo necesario, manejo,
cuidados posteriores para los artículos esterilizados, métodos de comprobación de
esterilidad, métodos de monitoreo del autoclave.
• Horno de Pasteur. Principios
de funcionamiento, material recomendado para este método de esterilización, parámetros
para lograr la esterilización, equipo necesario, manejo, cuidados posteriores para los
artículos esterilizados, métodos de comprobación de esterilidad. Métodos de monitoreo
del horno de Pasteur.
• Esterilización química.
• Glutaraldehido activado con
bicarbonato de sodio.
• Características y
propiedades.
• Tiempo de acción viricida,
bactericida, esporicida.
• Tiempo de efectividad del
producto.
• Eficiencia durante el tiempo
de efectividad.
• Desinfección-concepto.
• Cuadro de desinfectantes y
potencial de acción.
• Diferencia entre
desinfección y esterilización.
• Métodos de resistencia de
los microorganismos.
• Métodos de lavado del
material y equipo reusable.
• Desinfectantes recomendados.
• Material para el lavado y
desinfección.
• Sanitización-concepto.
• Métodos de sanitización
del equipo de reuso.
• Limpiador de joyas por
ultrasonido, principios de funcionamiento, tiempo de acción para un correcto uso.
• Cepillado y lavado con
desinfectante.
• Enjuague y escurrimiento.
• Empleo de película
plástica para envolver el material reusable o no esterilizable.
• Material estéril desechable
y de un solo uso Norma Oficial Mexicana 087 Ecol 1995.
• Manejo de punzocortantes.
• Depósito para
punzocortantes.
• Ubicación apropiada.
• Disposición adecuada de
depósitos llenos.
• Artículos contaminados no
punzocortantes.
• Manejo adecuado.
• Desecho apropiado.
• Area de trabajo.
• Descripción.
• Ubicación aparte de otras
instalaciones del negocio.
• Curvas sanitarias.
• Materiales recomendados.
• Climas artificiales, manejo
apropiado de filtros.
• Materiales prohibidos:
textiles, adornos, plantas, animales, instalaciones sanitarias.
• Desinfectantes para
sanitización del área de trabajo.
• Equipo de aseo de uso
exclusivo en el área de trabajo.
• Técnicas de sanitización
de techos, pisos, paredes y mobiliario.
• Equipo que se contamina.
• Sanitización del equipo que
entra y sale de cabina.
• Evitando la diseminación
por spray.
• Equipo de trabajo ordenado y
limpio.
• Prohibiciones dentro del
área de trabajo: comer, fumar, tocarse cualquier parte del cuerpo, levantar material que
caiga al piso.
•Técnicas específicas de
manejo de equipo y material, para la correcta práctica de tatuaje artístico,
micropigmentación y perforación corporal.
• Pruebas de sensibilidad para
los pigmentos.
Segundo. La presente ley entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 26 de noviembre de 2002.— Diputada Miroslava
García Suárez.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señora diputada.
Insértese el texto íntegro de la
iniciativa en el Diario de los Debates;
publíquese en la Gaceta Parlamentaria y
túrnese a la Comisión de Salud con opinión de la Comisión de Juventud.
REINO
DE ESPAÑA
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
El siguiente punto del orden del
día son los dictámenes relativos a las solicitudes de permisos de los senadores: Enrique
Jackson Ramírez, Santiago Creel Miranda, para usar y aceptar condecoraciones y de José
Antonio González Ibarra, María de Lourdes Aguilar Guzmán y Mónica Alejandres
Cervantes, para prestar servicios a gobiernos extranjeros.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.—
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Honorable Asamblea: a la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le fue turnado para su estudio y
dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al senador
Enrique Jackson Ramírez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de
Isabel la Católica en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de
España.
La comisión considera cumplidos
los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
PROYECTO
DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al senador
Enrique Jackson Ramírez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de
Isabel la Católica en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de
España.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 15 de noviembre de 2002.— Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), presidente; José Antonio Hernández Fraguas, Víctor Manuel
Gandarilla Carrasco (rúbrica), Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica), secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora (rúbrica), Tomás Coronado Olmos (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge, Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Omar Fayad Meneses, María Teresa Gómez Mont y
Urueta (rúbrica), Federico Granja Ricalde (rúbrica), Lorenso Rafael Hernández Estrada, Efrén Leyva
Acevedo (rúbrica), Jaime Mantecón Rojo (rúbrica), Miguel Angel Martínez Cruz (rúbrica), Rodrigo David Mireles Pérez (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Ricardo Augusto Ocampo Fernández (rúbrica), Germán Arturo Pellegrini Pérez (rúbrica), José Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez,
Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica), Néstor Villarreal Castro (rúbrica) y Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de diputados.—
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Honorable Asamblea: a la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le fue turnado para su estudio y
dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano
Santiago Creel Miranda, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la
Católica en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
La comisión considera cumplidos
los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO
DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano
Santiago Creel Miranda, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la
Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 15 de noviembre de 2002.— Diputados:
Armando Salinas Torre (rúbrica), presidente; José Antonio Hernández Fraguas (rúbrica), Víctor Manuel Gandarilla Carrasco (rúbrica), Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica), secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora (rúbrica), Tomás Coronado Olmos (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge, Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Omar Fayad Meneses, María Teresa Gómez Mont y
Urueta (rúbrica), Federico Granja Ricalde (rúbrica), Lorenso Rafael Hernández Estrada, Efrén Leyva
Acevedo (rúbrica), Jaime Mantecón Rojo (rúbrica), Miguel Angel Martínez Cruz (rúbrica), Rodrigo David Mireles Pérez (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Ricardo Augusto Ocampo Fernández (rúbrica), Germán Arturo Pellegrini Pérez (rúbrica), José Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez,
Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica), Néstor Villarreal Castro (rúbrica) y Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).»
Son de primera lectura.
REPUBLICA
CHECA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de
Diputados.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Honorable Asamblea: en oficio
fechado el 22 de octubre del año en curso, la honorable Cámara de Senadores, remite el
expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José
Antonio González Ibarra, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la
República Checa en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en los estados de
Baja, California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora.
En sesión celebrada por la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 29 de octubre, se turnó a la
suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio
interesado prestará al Gobierno de la República Checa en México, serán de carácter
estrictamente consular.
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO
DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano
José Antonio González Ibarra, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la
República Checa en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en los estados de
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 30 de octubre de
2002.— Diputados: Armando Salinas Torre,
presidente; José Antonio Hernández Fraguas,
Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, secretarios;
Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora,
Tomás Coronado Olmos, Gina Andrea Cruz Blackledge, Gabriela Cuevas Barrón, Arturo
Escobar y Vega, Omar Fayad Meneses, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Federico Granja
Ricalde, Lorenso Rafael Hernández Estrada, Efrén Leyva Acevedo, Jaime Mantecón Rojo,
Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo
Augusto Ocampo Fernández, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García,
Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez,
David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA
DE SUDAFRICA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.—
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Honorable Asamblea: en oficio
fechado el 22 de octubre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente
con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas María de Lourdes
Aguilar Guzmán y Mónica Alejandre Cervantes, para que puedan prestar servicios de
intendencia y como recepcionista, en la Embajada de la República de Sudáfrica en
México.
En sesión celebrada por la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 29 de octubre, se turnó a la
suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan
su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que las
propias interesadas prestarán a la Embajada de la República de Sudáfrica en México,
serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional y el
artículo 60 segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO
DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la
ciudadana María de Lourdes Aguilar Guzmán, para prestar servicios de intendencia, en la
Embajada de la República de Sudáfrica en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la
ciudadana Mónica Alejandre Cervantes, para prestar servicios como recepcionista, en la
Embajada de la República de Sudáfrica en México.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 30 de octubre de 2002.— Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), presidente; José Antonio Hernández Fraguas; Víctor Manuel
Gandarilla Carrasco (rúbrica), Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica), secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora (rúbrica), Tomás Coronado Olmos (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge, Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Omar Fayad Meneses, María Teresa Gómez Mont y
Urueta (rúbrica), Federico Granja Ricalde (rúbrica), Lorenso Rafael Hernández Estrada, Efrén Leyva
Acevedo (rúbrica), Jaime Mantecón Rojo (rúbrica), Miguel Angel Martínez Cruz (rúbrica), Rodrigo David Mireles Pérez (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Ricardo Augusto Ocampo Fernández (rúbrica), Germán Arturo Pellegrini Pérez (rúbrica), José Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez,
Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica), Néstor Villarreal Castro (rúbrica) y Roberto
Zavala Echavarría (rúbrica).
Presidencia de la diputadaBeatriz Elena
Paredes Rangel
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
En virtud de que se encuentran
publicados en la Gaceta Parlamentaria, quedan de
primera lectura.
CODIGO
DE COMERCIO
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
El siguiente punto del orden del
día, es la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio.
Consulte la Secretaría a la
Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Por instrucciones de la
Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa
la lectura.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de
Comercio y Fomento Industrial.
Honorable Asamblea:
A las Comisiones de Hacienda y
Crédito Público, y de Comercio y Fomento Industrial, correspondientes a la LVIII
Legislatura, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de reformas y
adiciones al Código de Comercio en materia de firma electrónica, presentada el 15 de
mayo de 2002 por el diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, en representación del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que, en ejercicio de la fracción II del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la
consideración del honorable Congreso de la Unión.
La Comisión de Comercio y Fomento
Industrial, con fundamento en los artículos 39 y 45, párrafo sexto, incisos d), e) y f),
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los
artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa
descrita, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en
esta H. Cámara de Diputados el día 15 de mayo de 2002, los CC. secretarios de la misma
dieron cuenta al Pleno de la mencionada iniciativa. El C. Presidente de la Mesa Directiva
acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito
Público, y de Comercio y Fomento Industrial".
Segundo. Mediante oficio número
CCFI/001520/
2001, de fecha 17 de mayo de 2002,
se dio cuenta a los integrantes de la comisión del contenido de la mencionada iniciativa.
Tercero. La iniciativa establece
que en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de
2000 se sentaron las bases para la regulación de las transacciones electrónicas en
nuestro país; sin embargo, existen todavía algunos aspectos que quedaron pendientes y
que deben ser resueltos a la brevedad posible.
Cuarto. La iniciativa establece que
la elaboración de la legislación sobre la firma electrónica es decisiva para regular
operaciones que ya se están dando en la práctica y para instrumentar mecanismos
indispensables ya ordenados por las leyes, tales como el comercio electrónico, las
facturas, la norma oficial de conservación, el padrón de proveedores del Gobierno
Federal, el negocio, la red de comunicaciones, Tramitanet (trámites administrativos por
medios electrónicos) y declaración de impuestos.
Quinto. El día 24 de septiembre de
2002, la Comisión de Hacienda y Crédito Público envió a la Mesa Directiva de esta H.
Cámara el oficio mediante el cual declina la iniciativa motivo del presente dictamen, por
lo que, a partir de ese momento, esta Comisión es la única competente para conocer de
este asunto.
Considerando
Primero. Con base en los
antecedentes indicados, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con las
atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.
Segundo. Que la Comisión de
Comercio y Fomento Industrial trabajó durante casi un año en la elaboración de esta
iniciativa, con la participación de los especialistas en el tema, las cámaras e incluso
el Poder Ejecutivo, entre los que se encuentran el doctor Raymundo Peralta, del Banco de
México; el doctor Vicente Guerrero Rojo, administrador general de Tecnología de la
Información del SAT; el actuario Alejandro Sibaja, de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes; el licenciado Luis Manuel Mejan Carrer, del Instituto Federal de
Especialistas en Concursos Mercantiles, el matemático Ignacio Mendivil Gutiérrez, de
Seguridata; la licenciada Adriana Montejano González, del Centro de la OCDE para México
y América Latina; el ingeniero Luis Enrique Galavis, de la Canaco Ciudad de México; el
ingeniero Oscar Robles Garay, el licenciado Arturo Azuara Flores y la licenciada Adriana
Ibarra, de Nic México; el licenciado Daniel Olvera Pomar, de la Cámara Nacional de la
Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática; el licenciado José Antonio
Franco Oropeza, del Bancomext; el licenciado José María Abascal Zamora, representante de
la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la Organización de las Naciones Unidas; la
licenciada Adriana Landa Zamudio, de la Secretaría de Economía; la licenciada Emma
Riestra, de Cx Networks; el ingeniero Fernando Rojas Castañeda, de Alestra; el licenciado
Alfredo Reyes Krafft, de BBVA Bancomer; la licenciada Flor María Cuéllar Meléndrez, del
gobierno de Guanajuato; la licenciada Graciela Gutiérrez Garza, de la Cámara Nacional de
la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática e IBM, la doctora Natalia
Volkow Fernández y la licenciada Guillermina González Durán, del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática; la licenciada Silvia Barredo Prieto y el
licenciado Ernesto Velásquez Zendejas, de Alestra; el licenciado Ricardo Zermeño
González, de Select-IDC; la licenciada Jannet León Rojas, de la Asociación Mexicana
para el Comercio Electrónico; el licenciado Joel Gómez Treviño, de la Academia Mexicana
de Derecho Informático; el licenciado José Niño de la Selva, de la Asociación Nacional
del Notariado Mexicano y notario 77 de la Ciudad de México; la licenciada Ligia González
Lozano, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e
Informática e IBM; el licenciado Luis Manuel Ramírez Perches, de la Cámara de Comercio
de Guadalajara; el licenciado Luis Vera Vallejo, de la Asociación Mexicana de la
Industria de Tecnologías de Información, AC (AMITI), y de la Asociación Mexicana de la
Industria Publicitaria y Comercial en Internet, AC (AMIPCI), así como de la Asociación
Nacional de Abogados de Empresa, AC (Anade); el licenciado Philippe Bienvenu Martín del
Campo, de la Asociación de Banqueros de México y del Grupo Impulsor de la Legislación
en Materia de Comercio Electrónico; el licenciado Rafael Domínguez García, de Cecoban;
el licenciado Hugo Murillo Zermeño y el licenciado Salomón Vargas García, del Colegio
de Corredores Públicos y corredores públicos números 23 y 35, respectivamente; el
licenciado José Luis Ayala M., de Acerita; el licenciado Ramón López Castro, del
Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; el ingeniero Reynaldo
Treviño Cisneros, de la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia; el licenciado
Jorge Navarro Isla, del Instituto Tecnológico Autónomo de México; el licenciado Roberto
Domínguez Jaime, de Hewlett Packard; el licenciado Sergio de Alva Rodríguez, de la AMPII
y de Goodrich, Riquelme y Asociados; el licenciado Sergio Rodríguez, de Backer &
Mckenzie; el licenciado Jesús Orta Martínez, de la Secretaría de Economía; el maestro
Noe A. Riande Juárez, del Tribunal Superior de Justicia; el licenciado Cristos Velasco
San Martín, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e
Informática; el doctor Manuel Galán Medina y el licenciado Eduardo Gómez Alcázar, del
Banco de México; el licenciado José Alberto Balbuena Balbuena, de la Procuraduría
Fiscal de la Federación; el ingeniero Horacio Tinoco Fernández de CAAAREM; y la
licenciada Alejandra Latapí Renner, del Consejo Coordinador Empresarial.
Tercero. Que para la elaboración
de esta iniciativa se tomaron las siguientes consideraciones:
a) Adoptar básicamente la ley
modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI), ya que reúne las experiencias y los estudios de todos los países del mundo, al
amparo de la referida Comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
b) Se deberán reconocer, sumar y
hacer congruentes los esfuerzos y logros que ya existen en nuestro medio, a fin de obtener
un proceso ágil y económico.
c) Deberá cuidarse no crear
instancias burocráticas pesadas y costosas que, a la postre, hagan inoperante el sistema
o supongan una carga presupuestal mayor para el pueblo de México.
d) Fundamentalmente, la tarea de la
ley será la de hacer aparecer la figura del prestador de servicios de certificación
quien, como tercero confiable, estará investido de la facultad de validar, por su
probidad y su tecnología, aprovechando estas instancias que mencionaba, el proceso de
emisión, identificación y atribución de firmas electrónicas.
Cuarto. Que esta iniciativa de
reformas y adiciones al Código de Comercio cuenta con el aval de toda la comunidad que se
encuentra relacionada con la llamada economía digital, por lo que permitirá que el
comercio electrónico se desarrolle con la indispensable seguridad jurídica de las
partes, lo cual facilitará a compradores y vendedores su uso y aplicación, pero sobre
todo permitirá a todos nuestros comerciantes micros, pequeños y medianos interactuar con
otros actores en el mundo, dado el proceso indudable de globalización económica en que
vivimos, lo cual evitará grandes fraudes en el empleo de los medios electrónicos,
ópticos o de cualquier otra tecnología o en la llamada Internet.
Quinto. Que esta iniciativa ha sido
armonizada con las normas internacionales vigentes y, al mismo tiempo, con el orden
jurídico nacional, a efecto de que nuestro país cuente con una legislación que permita
a los particulares interactuar con otros países, dada la nueva realidad de la economía
globalizada en que vivimos, pero que, al mismo tiempo, genera mayor seguridad jurídica en
los acuerdos y contrataciones comerciales.
Sexto. Que esta Comisión de
Comercio y Fomento Industrial analizó la posibilidad de crear una nueva ley en materia de
firma electrónica, que tendría un carácter de aplicación general; sin embargo, se
consideró que, constitucionalmente, esta unidad legislativa no tiene las facultades
necesarias para formular un ordenamiento legal con esas características, aunado a que
generar nuevos ordenamientos genera confusión en la comunidad, por lo que se optó por
reformar y adicionar el Código de Comercio, complementando las reformas comprendidas en
el decreto del 29 de mayo de 2000 para actualizar el México de hoy.
Séptimo. Que, dentro de una de las
reuniones con los expertos, los participantes advirtieron un problema de definición:
establecer si los bancos prestarían servicios de certificación y bajo qué reglas.
Debido a lo importante de esta definición y toda vez que en el momento no se contaba con
los elementos necesarios para tomar una determinación, se propuso en la iniciativa el
siguiente texto:
"Artículo 104. La Secretaría coordinará y
actuará como autoridad certificadora, y registradora, respecto de los prestadores de
servicios de certificación, previstos en este Capítulo.
Sin perjuicio de lo previsto en la
legislación aplicable al sistema financiero mexicano, las instituciones que lo integran
deberán observar las disposiciones del presente Capítulo."
Posteriormente, se tuvieron algunas
reuniones con el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la
Secretaría de Economía, en las cuales participaron el licenciado Juan Antonio García
Villa, subsecretario de Normatividad y Servicios a la Industria y al Comercio Exterior; la
licenciada Rocío Ruiz Chávez, subsecretaria de Comercio Interior; el licenciado
Gerónimo Gutiérrez Fernández, secretario técnico de Comunicación, Planeación y
Enlace; el licenciado Sergio Carrera, Director General de Fomento al Comercio Interior, y
el licenciado Hugo Ricardo de la Rosa, director general de Normatividad Mercantil; por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público: el licenciado Juan Carlos Tamayo Pino,
procurador fiscal de la Federación; el licenciado Luis Urrutia Corral, subprocurador de
Asuntos Financieros; el licenciado José Alberto Balbuena Balbuena, director general de
Proyectos Normativos; y el licenciado Manuel Guerrero, encargado del Despacho de la
Dirección General Adjunta de Análisis de Legislación Financiera; por el Banco de
México: el doctor Jesús Marcos Yacamán, subgobernador; el doctor Manuel Galán Medina,
director de Sistemas Operativos de Pagos; el licenciado Eduardo Gómez Alcázar, gerente
de Disposiciones al Sistema Financiero, y el licenciado Dionisio Alfredo Meade García,
asesor de la Junta de Gobierno; y por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial: el
diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, el licenciado Luis Fernando Barbosa Sahagún y
la licenciada Christiane Dayán Reveles. De estas reuniones, se acordó eliminar el
segundo párrafo del artículo 104 y adicionar un artículo 105, para quedar de la
siguiente manera:
"Artículo 105. Para la prestación de
servicios de certificación, las instituciones financieras y las empresas que les prestan
servicios auxiliares o complementarios relacionados con transferencias de fondos o valores
se sujetarán a las leyes que las regulan, así como a las disposiciones y autorizaciones
que emitan las autoridades financieras."
Sin embargo, y toda vez que en el
proceso de dictamen fue añadido otro artículo, el 104 pasó a ser 105 y así
sucesivamente.
Octavo. Que el día 8 de mayo de
2002, fue presentada por el diputado Miguel Barbosa Huerta la iniciativa con proyecto de
decreto que expide la Ley Federal de Firma y Comercio Electrónicos, Mensajes de Datos y
Servicios de la Sociedad de Información. Esta iniciativa puede ser dividida en tres
partes, una que se refiere al comercio electrónico en general, otra a la firma
electrónica y una tercera que se refiere a las sociedades de la información. Si bien
esta iniciativa fue elaborada únicamente por el diputado promovente, tomando como base la
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico de España,
denota un esfuerzo notable por adoptar sus disposiciones al sistema jurídico mexicano.
Después de haber realizado una
extensa revisión de esta iniciativa, los miembros de esta Comisión consideraron que, por
lo que se refiere a la parte de comercio electrónico, éste ya se encuentra regulado en
el decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de
2000. Por lo que se refiere a las disposiciones en materia de firma electrónica, éstas
ya se encuentran incorporadas en su generalidad en este proyecto de dictamen; sin embargo,
se incorporaron algunas figuras, dada su alta aportación al comercio electrónico, de
ahí que la iniciativa trabajada por los miembros de la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial haya quedado enriquecida por los planteamientos de la iniciativa del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Y por lo que hace a los servicios
de las sociedades de la información, y toda vez que se considera un tema de vital
importancia para nuestro país y que las propuestas que hace el diputado Barbosa Huerta ya
fueron presentadas ante todos los expertos que colaboran en esta Comisión, quienes
consideraron que éstas debían ser estudiadas a fondo, serán revisadas a fin de hacerles
algunas adecuaciones para eventualmente aprobarlas.
Esta iniciativa y la que se
dictamina tienen algunas similitudes. Entre las más importantes se encuentran la
equiparación, en cuanto a su validez, de la firma electrónica y la autógrafa; el
establecimiento de un "organismo de control", que en ambas propuestas es la
Secretaría de Economía; y la regulación de las entidades de certificación, que serán
las que almacenen, verifiquen y registren la creación de las firmas electrónicas, el
grado de responsabilidad de estas entidades y su obligación de ser acreditadas por el
"organismo de control".
Noveno. Por lo antes expuesto, y
con fundamento en el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, esta unidad dictaminadora somete ante esta soberanía el
siguiente proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
del Código de Comercio en materia de firma electrónica.
Unico: Se reforman los artículos 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113 y 114. Se adicionan los artículos 89 bis, 90 bis, 91 bis, 93 bis. Se adicionan
los Capítulos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto al Título Segundo, denominado "Del
Comercio Electrónico", correspondiente al Libro Segundo, todos del Código de
Comercio, para quedar de la siguiente manera:
Título Segundo
Del Comercio Electrónico
Capítulo
I
De
los Mensajes de Datos
Artículo 89.- Las disposiciones de este Título
regirán en toda la República Mexicana en asuntos del orden comercial, sin perjuicio de
lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte.
Las actividades reguladas por este
Título se someterán en su interpretación y aplicación a los principios de neutralidad
tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional y equivalencia
funcional del mensaje de datos en relación con la información documentada en medios no
electrónicos y de la firma electrónica en relación con la firma autógrafa.
En los actos de comercio y en la
formación de los mismos podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o cualquier
otra tecnología. Para efecto del presente Código, se deberán tomar en cuenta las
siguientes definiciones:
Certificado: Todo mensaje de datos
u otro registro que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de
firma electrónica.
Datos de Creación de Firma
Electrónica: Son los datos únicos, como códigos o claves criptográficas privadas, que
el firmante genera de manera secreta y utiliza para crear su firma electrónica, a fin de
lograr el vínculo entre dicha firma electrónica y el firmante.
Destinatario: La persona designada
por el emisor para recibir el mensaje de datos, pero que no esté actuando a título de
intermediario respecto a dicho mensaje.
Emisor: Toda persona que, al tenor
del mensaje de datos, haya actuado a nombre propio o en cuyo nombre se haya enviado o
generado ese mensaje antes de ser archivado, si éste es el caso, pero que no haya actuado
a título de intermediario.
Firma Electrónica: Los datos en
forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente
asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al
firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la
información contenida en el mensaje de datos, y que produce los mismos efectos jurídicos
que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio.
Firma Electrónica Avanzada o
Fiable: Aquella firma electrónica que cumpla los requisitos contemplados en las
fracciones I a IV del artículo 97.
En aquellas disposiciones que se
refieran a firma digital, se considerará ésta como una especie de la firma electrónica.
Firmante: La persona que posee los
datos de la creación de la firma y que actúa en nombre propio o de la persona a la que
representa.
Intermediario: En relación con un
determinado mensaje de datos, se entenderá toda persona que, actuando por cuenta de otra,
envíe, reciba o archive dicho mensaje o preste algún otro servicio respecto a él.
Mensaje de Datos: La información
generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o cualquier
otra tecnología.
Parte que Confía: La persona que,
siendo o no el destinatario, actúa sobre la base de un certificado o de una firma
electrónica.
Prestador de Servicios de
Certificación: La persona o institución pública que preste servicios relacionados con
firmas electrónicas y que expide los certificados, en su caso.
Secretaría: Se entenderá la
Secretaría de Economía.
Sistema de Información: Se
entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de
alguna otra forma mensajes de datos.
Titular del Certificado: Se
entenderá a la persona a cuyo favor fue expedido el certificado.
Artículo 89 bis. No se negarán efectos
jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola
razón de que esté contenida en un mensaje de datos.
Artículo 90. Se presumirá que un mensaje de
datos proviene del emisor si ha sido enviado:
I. Por el propio emisor;
II. Usando medios de
identificación, tales como claves o contraseñas del emisor o por alguna persona
facultada para actuar en nombre del emisor respecto a ese mensaje de datos, o
III. Por un sistema de información
programado por el emisor o en su nombre para que opere automáticamente.
Artículo 90 bis. Se presume que un mensaje de
datos ha sido enviado por el emisor y, por tanto, el destinatario o la parte que confía,
en su caso, podrá actuar en consecuencia, cuando:
I. Haya aplicado en forma adecuada
el procedimiento acordado previamente con el emisor, con el fin de establecer que el
mensaje de datos provenía efectivamente de éste, o
II. El mensaje de datos que reciba
el destinatario o la parte que confía resulte de los actos de un intermediario que le
haya dado acceso a algún método utilizado por el emisor para identificar un mensaje de
datos como propio.
Lo dispuesto en el presente
artículo no se aplicará:
I. A partir del momento en que el
destinatario o la parte que confía haya sido informado por el emisor de que el mensaje de
datos no provenía de éste, y haya dispuesto de un plazo razonable para actuar en
consecuencia, o
II. A partir del momento en que el
destinatario o la parte que confía tenga conocimiento, o debiere tenerlo, de haber
actuado con la debida diligencia o aplicado algún método convenido, que el mensaje de
datos no provenía del emisor.
Salvo prueba en contrario y sin
perjuicio del uso de cualquier otro método de verificación de la identidad del emisor,
se presumirá que se actuó con la debida diligencia si el método que usó el
destinatario o la parte que confía cumple los requisitos establecidos en este Código
para la verificación de la fiabilidad de las firmas electrónicas.
Artículo 91. Salvo pacto en contrario entre el
emisor y el destinatario, el momento de recepción de un mensaje de datos se determinará
como sigue:
I. Si el destinatario ha designado
un sistema de información para la recepción de mensajes de datos, ésta tendrá lugar en
el momento en que ingrese en dicho sistema de información;
II. De enviarse el mensaje de datos
a un sistema de información del destinatario que no sea el sistema de información
designado, o de no haber un sistema de información designado, en el momento en que el
destinatario recupere el mensaje de datos, o
III. Si el destinatario no ha
designado un sistema de información, la recepción tendrá lugar cuando el mensaje de
datos ingrese en un sistema de información del destinatario.
Lo dispuesto en este artículo
será aplicable aun cuando el sistema de información esté ubicado en un lugar distinto
de donde se tenga por recibido el mensaje de datos conforme al artículo 94.
Artículo 91 bis. Salvo pacto en contrario entre
el emisor y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en
un sistema de información que no esté bajo el control del emisor o del intermediario.
Artículo 92. En lo referente a acuse de recibo de
mensajes de datos, se estará a lo siguiente:
I. Si al enviar o antes de enviar
un mensaje de datos, el emisor solicita o acuerda con el destinatario que se acuse recibo
del mensaje de datos, pero no se ha acordado entre éstos una forma o método determinado
para efectuarlo, se podrá acusar recibo mediante:
1. Toda comunicación del
destinatario, automatizada o no, o
2. Todo acto del destinatario que
baste para indicar al emisor que se ha recibido el mensaje de datos.
II. Cuando el emisor haya indicado
que los efectos del mensaje de datos estarán condicionados a la recepción de un acuse de
recibo, se considerará que el mensaje de datos no ha sido enviado en tanto que no se haya
recibido el acuse de recibo en el plazo fijado por el emisor o dentro de un plazo
razonable atendiendo a la naturaleza del negocio, a partir del momento del envío del
mensaje de datos;
III. Cuando el emisor haya
solicitado o acordado con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos,
excepto que:
i) El emisor no indicó
expresamente que los efectos del mensaje de datos están condicionados a la recepción del
acuse de recibo, y
ii) No ha recibido el acuse de
recibo en el plazo solicitado o acordado o, en su defecto, dentro de un plazo razonable
atendiendo a la naturaleza del negocio, entonces el emisor podrá dar aviso al
destinatario de que no ha recibido el acuse de recibo solicitado o acordado y fijar un
nuevo plazo razonable para su recepción, contado a partir del momento de este aviso.
Cuando el emisor reciba acuse de recibo del destinatario, se presumirá que éste ha
recibido el mensaje de datos correspondiente;
IV. Cuando en el acuse de recibo se
indique que el mensaje de datos recibido cumple los requisitos técnicos convenidos o
establecidos en ley, se presumirá que ello es así.
Artículo 93. Cuando la ley exija la forma escrita
para los actos, convenios o contratos, este supuesto se tendrá por cumplido tratándose
de mensaje de datos, siempre que la información en él contenida se mantenga íntegra y
sea accesible para su ulterior consulta, sin importar el formato en el que se encuentre o
represente.
Cuando adicionalmente la ley exija
la firma de las partes, dicho requisito se tendrá por cumplido tratándose de mensaje de
datos, siempre que éste sea atribuible a dichas partes.
En los casos en que la ley
establezca como requisito que un acto jurídico deba otorgarse en instrumento ante
fedatario público, éste y las partes obligadas podrán, a través de mensajes de datos,
expresar los términos exactos en que las partes han decidido obligarse, en cuyo caso el
fedatario público deberá hacer constar en el propio instrumento los elementos a través
de los cuales se atribuyen dichos mensajes a las partes y conservar bajo su resguardo una
versión íntegra de los mismos para su ulterior consulta, otorgando dicho instrumento de
conformidad con la legislación aplicable que lo rige.
Artículo 93 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 49 de este Código, cuando la ley requiera que la información sea presentada
y conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho respecto a un mensaje
de datos:
I. Si existe garantía confiable de
que se ha conservado la integridad de la información, a partir del momento en que se
generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra
forma, y
II. De requerirse que la
información sea presentada, si dicha información puede ser mostrada a la persona a la
que se deba presentar.
Para efectos de este artículo, se
considerará que el contenido de un mensaje de datos es íntegro si éste ha permanecido
completo e inalterado independientemente de los cambios que hubiere podido sufrir el medio
que lo contiene, resultado del proceso de comunicación, archivo o presentación. El grado
de confiabilidad requerido será determinado conforme a los fines para los que se generó
la información y de todas las circunstancias relevantes del caso.
Artículo 94. Salvo pacto en contrario entre el
emisor y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde el
emisor tenga su establecimiento y por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el
suyo. Para los fines del presente artículo:
I. Si el emisor o el destinatario
tienen más de un establecimiento, su establecimiento será el que guarde una relación
más estrecha con la operación subyacente o, de no haber una operación subyacente, su
establecimiento principal, y
II. Si el emisor o el destinatario
no tienen establecimiento, se tendrá en cuenta su lugar de residencia habitual.
Artículo 95. Conforme al artículo 90, siempre
que se entienda que el mensaje de datos proviene del emisor, o que el destinatario tenga
derecho a actuar con arreglo a este supuesto, dicho destinatario tendrá derecho a
considerar que el mensaje de datos recibido corresponde al que quería enviar el
iniciador, y podrá proceder en consecuencia. El destinatario no gozará de este derecho
si sabía o hubiera sabido, de haber actuado con la debida diligencia, o de haber aplicado
algún método previamente acordado, que la transmisión había dado lugar a un error en
el mensaje de datos recibido.
Se presume que cada mensaje de
datos recibido es un mensaje de datos diferente, salvo que el destinatario sepa, o debiera
saber, de haber actuado con la debida diligencia, o de haber aplicado algún método
previamente acordado, que el nuevo mensaje de datos era un duplicado.
Capítulo
II
De
las Firmas
Artículo 96. Las disposiciones del presente
Código serán aplicadas de modo que no excluyan, restrinjan o priven de efecto jurídico
cualquier método para crear una firma electrónica.
Artículo 97. Cuando la ley requiera o las partes
acuerden la existencia de una firma en relación con un mensaje de datos, se entenderá
satisfecho dicho requerimiento si se utiliza una firma electrónica que resulte apropiada
para los fines para los cuales se generó o comunicó ese mensaje de datos.
La firma electrónica se
considerara avanzada o fiable si cumple por lo menos los siguientes requisitos:
I. Los datos de creación de la
firma, en el contexto en que son utilizados, corresponden exclusivamente al firmante;
II. Los datos de creación de la
firma estaban, en el momento de la firma, bajo el control exclusivo del firmante;
III. Es posible detectar cualquier
alteración de la firma electrónica hecha después del momento de la firma, y
IV. Respecto a la integridad de la
información de un mensaje de datos, es posible detectar cualquier alteración de ésta
hecha después del momento de la firma.
Lo dispuesto en el presente
artículo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que cualquier persona demuestre
de cualquier otra manera la fiabilidad de una firma electrónica, o presente pruebas de
que una firma electrónica no es fiable.
Artículo 98. Los prestadores de servicios de
certificación determinarán y harán del conocimiento de los usuarios si las firmas
electrónicas avanzadas o fiables que les ofrecen cumplen o no los requerimientos
dispuestos en las fracciones I a IV del artículo 97.
La determinación que se haga, con
arreglo al párrafo anterior, deberá ser compatible con las normas y criterios
internacionales reconocidos.
Lo dispuesto en el presente
artículo se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las normas del derecho
internacional privado.
Artículo 99. El firmante deberá:
I. Cumplir las obligaciones
derivadas del uso de la firma electrónica;
II. Actuar con diligencia y
establecer los medios razonables para evitar la utilización no autorizada de los datos de
creación de la firma;
III. Cuando se emplee un
certificado en relación con una firma electrónica, actuar con diligencia razonable para
cerciorarse de que todas las declaraciones que haya hecho en relación con el certificado,
con su vigencia, o que hayan sido consignadas en el mismo, son exactas.
El firmante será responsable de
las consecuencias jurídicas que deriven por no cumplir oportunamente las obligaciones
previstas en el presente artículo, y
IV. Responder por las obligaciones
derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando no hubiere obrado con la debida
diligencia para impedir su utilización, salvo que el destinatario conociere de la
inseguridad de la firma electrónica o no hubiere actuado con la debida diligencia.
Capítulo
III
De
los Prestadores de Servicios de Certificación
Artículo 100. Podrán ser prestadores de
servicios de certificación, previa acreditación ante la Secretaría:
I. Los notarios públicos y
corredores públicos;
II. Las personas morales de
carácter privado, y
III. Las instituciones públicas,
conforme a las leyes que les son aplicables.
La facultad de expedir certificados
no conlleva fe pública por sí misma; así, los notarios y corredores públicos podrán
llevar a cabo certificaciones que impliquen o no la fe pública, en documentos en papel,
archivos electrónicos, o en cualquier otro medio o sustancia en el que pueda incluirse
información.
Artículo 101. Los prestadores de servicios de
certificación a los que se refiere la fracción II del artículo anterior contendrán en
su objeto social las actividades siguientes:
I. Verificar la identidad de los
usuarios y su vinculación con los medios de identificación electrónica;
II. Comprobar la integridad y
suficiencia del mensaje de datos del solicitante y verificar la firma electrónica de
quien realiza la verificación;
III. Llevar a cabo registros de los
elementos de identificación de los firmantes y de aquella información con la que haya
verificado el cumplimiento de fiabilidad de las firmas electrónicas avanzadas y emitir el
certificado, y
IV. Cualquier otra actividad no
incompatible con las anteriores.
Artículo 102. Los prestadores de servicios de
certificación que hayan obtenido la acreditación de la Secretaría deberán notificar a
ésta la iniciación de la prestación de servicios de certificación dentro de los 45
días naturales siguientes al comienzo de dicha actividad.
A) Para que las personas indicadas
en el artículo 100 puedan ser prestadores de servicios de certificación, se requiere
acreditación de la Secretaría, la cual no podrá ser negada si el solicitante cumple los
siguientes requisitos, en el entendido de que la Secretaría podrá requerir a los
prestadores de servicios de certificación que comprueben la subsistencia del cumplimento
de los mismos:
I. Solicitar a la Secretaría la
acreditación como prestador de servicios de certificación;
II. Contar con los elementos
humanos, materiales, económicos y tecnológicos requeridos para prestar el servicio, a
efecto de garantizar la seguridad de la información y su confidencialidad;
III. Contar con procedimientos
definidos y específicos para la tramitación del certificado, y con medidas que
garanticen la seriedad de los certificados emitidos, la conservación y consulta de los
registros;
IV. Quienes operen o tengan acceso
a los sistemas de certificación de los prestadores de servicios de certificación no
podrán haber sido condenados por delito contra el patrimonio de las personas o que haya
merecido pena privativa de la libertad, ni que por cualquier motivo hayan sido
inhabilitados para el ejercicio de su profesión, para desempeñar un puesto en el
servicio público, en el sistema financiero o para ejercer el comercio;
V. Contar con fianza vigente por el
monto y condiciones que se determinen en forma general en las reglas generales que al
efecto se expidan por la Secretaría;
VI. Establecer por escrito su
conformidad para ser sujeto a auditoría por parte de la Secretaría, y
VII. Registrar su certificado ante
la Secretaría.
B) Si la Secretaría no ha resuelto
respecto a la petición del solicitante, para ser acreditado conforme al artículo 100
anterior, dentro de los 45 días siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá
por concedida la acreditación.
Artículo 103. Las responsabilidades de las
entidades prestadoras de servicios certificación deberán estipularse en el contrato con
los firmantes.
Artículo 104. Los prestadores de servicios de
certificación deben cumplir las siguientes obligaciones:
I. Comprobar, por sí o por medio
de una persona física o moral que actúe en nombre y por cuenta suyos, la identidad de
los solicitantes y cualesquiera circunstancias pertinentes para la emisión de los
certificados, utilizando cualquiera de los medios admitidos en derecho, siempre y cuando
sean previamente notificados al solicitante;
II. Poner a disposición del
firmante los dispositivos de generación de los datos de creación y de verificación de
la firma electrónica;
III. Informar, antes de la emisión
de un certificado, a la persona que solicite sus servicios de su precio, de las
condiciones precisas para la utilización del certificado, de sus limitaciones de uso y,
en su caso, de la forma en que garantiza su posible responsabilidad;
IV. Mantener un registro de
certificados, en el que quedará constancia de los emitidos y figurarán las
circunstancias que afecten la suspensión, pérdida o terminación de vigencia de sus
efectos. A dicho registro podrá accederse por medios electrónicos, ópticos o de
cualquier otra tecnología y su contenido público estará a disposición de las personas
que lo soliciten. El contenido privado estará a disposición del destinatario y de las
personas que lo soliciten cuando así lo autorice el firmante, así como en los casos a
que se refieran las reglas generales que al efecto establezca la Secretaría;
V. Guardar confidencialidad
respecto a la información que haya recibido para la prestación del servicio de
certificación;
VI. En el caso de cesar en su
actividad, los prestadores de servicios de certificación deberán comunicarlo a la
Secretaría a fin de determinar, conforme a lo establecido en las reglas generales
expedidas, el destino que se dará a sus registros y archivos;
VII. Asegurar las medidas para
evitar la alteración de los certificados y mantener la confidencialidad de los datos en
el proceso de generación de los datos de creación de la firma electrónica;
VIII. Establecer declaraciones
sobre sus normas y prácticas, las cuales harán del conocimiento del usuario y el
destinatario, y
IX. Proporcionar medios de acceso
que permitan a la parte que confía en el certificado determinar:
1. La identidad del prestador de
servicios de certificación;
2. Que el firmante nombrado en el
certificado tenía bajo su control el dispositivo y los datos de creación de la firma en
el momento en que se expidió el certificado;
3. Que los datos de creación de la
firma eran válidos en la fecha en que se expidió el certificado;
4. El método utilizado para
identificar al firmante;
5. Cualquier limitación en los
fines o el valor respecto de los cuales puedan utilizarse los datos de creación de la
firma o el certificado;
6. Cualquier limitación en cuanto
al ámbito o el alcance de la responsabilidad indicada por el prestador de servicios de
certificación;
7. Si existe un medio para que el
firmante dé aviso al prestador de servicios de certificación de que los datos de
creación de la firma han sido de alguna manera controvertidos, y
8. Si se ofrece un servicio de
terminación de vigencia del certificado.
Artículo 105. La Secretaría coordinará y
actuará como autoridad certificadora, y registradora, respecto de los prestadores de
servicios de certificación, previstos en este Capítulo.
Artículo 106. Para la prestación de servicios de
certificación, las instituciones financieras y las empresas que les prestan servicios
auxiliares o complementarios relacionados con transferencias de fondos o valores se
sujetarán a las leyes que las regulan, así como a las disposiciones y autorizaciones que
emitan las autoridades financieras.
Artículo 107. Serán responsabilidad del
destinatario y de la parte que confía, en su caso, las consecuencias jurídicas que
entrañe el hecho de que no hayan tomado medidas razonables para:
I. Verificar la fiabilidad de la
firma electrónica, o
II. Cuando la firma electrónica
esté sustentada por un certificado:
i) Verificar, incluso en forma
inmediata, la validez, suspensión o revocación del certificado, y
ii) Tener en cuenta cualquier
limitación de uso contenida en el certificado.
Artículo 108. Los certificados, para ser
considerados válidos, deberán contener:
I. La indicación de que se expiden
como tales;
II. El código de identificación
único del certificado;
III. La identificación del
prestador de servicios de certificación que expide el certificado, razón social, su
domicilio, dirección de correo electrónico, en su caso, y los datos de acreditación
ante la Secretaría;
IV. Nombre del titular del
certificado;
V. Periodo de vigencia del
certificado;
VI. La fecha y hora de la emisión,
suspensión y renovación del certificado;
VII. El alcance de las
responsabilidades que asume el prestador de servicios de certificación, y
VIII. La referencia de la
tecnología empleada para la creación de la firma electrónica.
Artículo 109. Un certificado dejará de surtir
efectos para el futuro en los siguientes casos:
I. Expiración del periodo de
vigencia del certificado, el cual no podrá ser superior a dos años, contados a partir de
la fecha en que se hubieren expedido. Antes de que concluya el periodo de vigencia del
certificado, podrá el firmante renovarlo ante el prestador de servicios de
certificación;
II. Revocación por el prestador de
servicios de certificación, a solicitud del firmante, o por la persona física o moral
representada por éste o por un tercero autorizado;
III. Pérdida o inutilización por
daños del dispositivo en el que se contenga dicho certificado;
IV. Por haberse comprobado que, al
momento de su expedición, el certificado no cumplió los requisitos establecidos en la
ley, situación que no afectará los derechos de terceros de buena fe, y
V. Resolución judicial o de
autoridad competente que lo ordene.
Artículo 110. El prestador de servicios de
certificación que incumpla las obligaciones que se le imponen en el presente Capítulo,
previa garantía de audiencia, y mediante resolución debidamente fundada y motivada,
tomando en cuenta la gravedad de la situación y reincidencia, podrá ser sancionado por
la Secretaría con suspensión temporal o definitiva de sus funciones. Este procedimiento
tendrá lugar conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 111. Las sanciones que se señalan en
este Capítulo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal y de las
penas que correspondan a los delitos en que, en su caso, incurran los infractores.
Artículo 112. Las autoridades competentes harán
uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para
lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan conforme a esta
ley. Incluso, en los procedimientos instaurados se podrá solicitar a los órganos
competentes la adopción de las medidas cautelares que se estimen necesarias para asegurar
la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte.
Artículo 113. En el caso de que un prestador de
servicios de certificación sea suspendido, inhabilitado o cancelado en su ejercicio, el
registro y los certificados que haya expedido pasarán, para su administración, a otro
prestador de servicios de certificación que para tal efecto señale la Secretaría
mediante reglas generales.
Capítulo
IV
Reconocimiento
de Certificados y Firmas Electrónicas Extranjeros
Artículo 114. Para determinar si un certificado o
una firma electrónica extranjeros producen efectos jurídicos, o en qué medida los
producen, no se tomará en consideración cualquiera de los siguientes supuestos:
I. El lugar en que se haya expedido
el certificado o en que se haya creado o utilizado la firma electrónica, y
II. El lugar en que se encuentre el
establecimiento del prestador de servicios de certificación o del firmante.
Todo certificado expedido fuera de
la República Mexicana producirá los mismos efectos jurídicos en la misma que un
certificado expedido en la República Mexicana si presenta un grado de fiabilidad
equivalente a los contemplados por este Título.
Toda firma electrónica creada o
utilizada fuera de la República Mexicana producirá los mismos efectos jurídicos en la
misma que una firma electrónica creada o utilizada en la República Mexicana si presenta
un grado de fiabilidad equivalente.
A efectos de determinar si un
certificado o una firma electrónica presentan un grado de fiabilidad equivalente para los
fines de los dos párrafos anteriores, se tomarán en consideración las normas
internacionales reconocidas por México y cualquier otro medio de convicción pertinente.
Cuando, sin perjuicio de lo
dispuesto en los párrafos anteriores, las partes acuerden entre sí la utilización de
determinados tipos de firmas electrónicas y certificados, se reconocerá que ese acuerdo
es suficiente a efectos del reconocimiento transfronterizo, salvo que ese acuerdo no sea
válido o eficaz conforme al derecho aplicable.
Transitorios
Primero. El presente decreto comenzará su
vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Dentro del plazo de 90 días posteriores
a la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Economía emitirá las
reglas generales a que se refieren las presentes disposiciones.
Tercero. En lo que se refiere al artículo 102,
dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de las reglas generales a que se
refiere el artículo anterior, el plazo de 45 días a que se refiere el mismo, será de 90
días.
Cuarto. Por lo que se refiere al artículo 106, el
Banco de México, en el ámbito de su competencia, regulará y coordinará a la autoridad
registradora central, registradora y certificadora, de las instituciones financieras y de
las empresas mencionadas que presten servicios de certificación.
Dado en el Palacio Legislativo de
San Lázaro, el día 30 de octubre de 2002.— Diputados: Diego Alonso Hinojosa
Aguerrevere (rúbrica), Presidente; José Ramón Mantilla y González de la Llave
(rúbrica), Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Reyes Antonio Silva Beltrán
(rúbrica), Francisco Agundis Arias, secretarios; José Bañales Castro, Orlando Alfonso
García Flores (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jaime Salazar Silva
(rúbrica), Francisco Javier Ortiz Esquivel (rúbrica), María Teresa Tapia Bahena
(rúbrica), Jorge Urdapilleta Núñez (rúbrica), Carlos Nicolás Villegas Flores
(rúbrica), Samuel Yoselevitz Fraustro (rúbrica), Francisco Luis Treviño Cabello
(rúbrica), Miguel Castro Sánchez, Elías Dip Rame (rúbrica), María Luisa Domínguez
Ramírez (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Jaime Hernández González (rúbrica),
Julián Luzanilla Contreras, Hermilo Monroy Pérez (rúbrica), Manuel Payán Novoa,
Roberto Ruiz Angeles, Jorge Schettino Pérez (rúbrica), Adolfo Zamora Cruz (rúbrica),
Miroslava García Suárez, Rafael Servín Maldonado, Gregorio Urías Germán, Norma
Patricia Riojas Santana (rúbrica).»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Para
fundamentar el dictamen, en los términos del artículo 108 del Reglamento Interior, se
ofrece el uso de la palabra al diputado Jaime Salazar Silva, que intervendrá a nombre de
la comisión.
El diputado Jaime Salazar Silva:
Con su permiso, señora Presidenta:
Vivimos en una realidad de
constantes cambios, en donde la actividad económica de nuestro entorno, en ocasiones
sobrepasa a la legislación. Es por eso que nosotros como legisladores, tenemos la
obligación de hacer que los ordenamientos jurídicos estén en concordancia con la
realidad mexicana en relación al mundo globalizado que nos tocó vivir.
El Internet es el mejor ejemplo de
la globalización de los mercados del Siglo XXI; el Internet se ha transformado en un
instrumento efectivo y necesario no sólo porque es una buena fuente de información y una
de las maneras de estar comunicados, sino porque es una buena alternativa para hacer
negocios debido a la desaparición cada vez más evidente de las fronteras.
El comercio electrónico a través
del Internet es una nueva manera de hacer negocios, es uno de los sistemas de
comunicación más utilizados para comerciar, además de que otorga grandes beneficios a
todos los usuarios; además, el desarrollo del comercio electrónico, proporciona una
oportunidad para crear reglas claras que permiten a los negocios y consumidores obtener el
máximo provecho de las nuevas tecnologías para simplificar y automatizar funciones ahora
realizadas manualmente.
Los beneficios de los medios
electrónicos para los ciudadanos comunes, se traduce en conocer un producto o servicios
antes de trasladarse para adquirirlo, hacer un pedido en línea y tener el producto
entregado en su puerta, ordenar y recibir programas, música o videos sin tener que
moverse de casa; estudiar un grado educativo en un colegio a miles de kilómetros de
distancia o renovar su licencia de conducir en un módulo administrativo.
Debido a los avances tecnológicos
en los tiempos recientes, el Internet es una de las opciones más económicas para enviar
información de todo tipo vía electrónica, además de ser considerada una de las mejores
formas para hacer intercambios y transacciones comerciales a nivel mundial.
Con todas estas ventajas estamos
ante un sistema que otorga acceso mundial. Se estima que a nivel mundial se puede tener
acceso a más de 90 millones de personas, lo cual significa grandes oportunidades para
hacer negocios.
El Internet no tiene límites ni en
sus alcances ni en sus actividades de una región en particular alrededor del mundo. Como
resultado de esto, un número creciente de empresas latinoamericanas utilizan cada vez
más el Internet como su manera de hacer negocio.
Sin embargo, ésta gran expansión
trae aparejada la responsabilidad de nosotros como legisladores, de otorgar a todos estos
usuarios la legislación necesaria para interactuar en esta carretera de la información.
Con esto en mente, la Comisión de Comercio de la LVIII Legislatura, aprobó una serie de
reformas que fueron publicadas en el Diario Oficial
de la Federación en mayo de 2002, en las cuales se establecieron los parámetros sobre
los cuales se debería de realizar la transformación en Internet.
En este decreto se reformó el
Código de Comercio, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de
Protección al Consumidor y se creó el Código Civil Federal en estas reformas.
Sentaron las bases para el
reconocimiento de la validez jurídica de los mensajes de datos. Sin embargo, faltaba una
pieza clave en los medios electrónicos y era crear un mecanismo que identificara
jurídicamente a las partes de una transacción. Ese mecanismo es precisamente la firma
electrónica.
De ahí que esta figura vaya a
completar la legislación de comercio electrónico. En otras palabras, transformamos la
rúbrica autógrafa en la forma electrónica, para los efectos mercantiles. Con el tiempo
avanzaremos en una firma electrónica única para todas las materias de la vida de un
ciudadano.
Mediante este decreto nuestro país
ingresa al mundo regulado del comercio electrónico. A partir de entonces la legislación
mexicana reconocía y daba plena validez a los actos, ya sean civiles o mercantiles,
celebrados mediante medios electrónicos.
Sin embargo, no podíamos
conformarnos con eso, la necesidad de dar seguridad en Internet tenía otras aristas. Es
por eso que esta comisión trabajó durante más de un año y medio con un grupo de
expertos, entre los cuales se encontraban representantes tanto del sector público como
del privado, en la elaboración de una iniciativa que sería una pieza fundamental como
necesaria en esta larga carrera de la modernidad jurídica tecnológica.
Esta iniciativa, como ya se
mencionó, fue el fruto del consenso entre sociedad y Gobierno. Además cuenta con varios
elementos que le dan una legitimidad aún mayor.
En su elaboración se atendió con
esmero a los pronunciamientos internacionales. Prueba de lo anterior es que esta
iniciativa se encuentra basada en la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas,
para el derecho mercantil internacional, así como los demás pronunciamientos
internacionales.
Por lo que nuestro país contará
con una legislación vanguardista pero sin inhibir el comercio como actualmente lo
conocemos. Una vez revisada la información de los organismos multilaterales, regionales,
tratados y ordenamientos jurídicos de otros países, también se realizaron
consideraciones sobre las tendencias tecnológicas globales, las circunstancias y las
condiciones de nuestro país para adaptarla, para finalmente llegar a una propuesta que
resuelva legal, técnica y económicamente la operación, funcionamiento y desarrollo del
comercio electrónico.
Esta ley está basada en la
tecnología PQI como esquema tecnológico, por existir consenso mundial al respecto y
establecer uniformidad del método, ya que permite establecer a diferencia de cualquier
otro de privacidad, la no repudiación, la integridad y la autenticidad de los mensajes de
datos o comunicaciones electrónicas que se determinan como las piezas fundamentales para
la legislación de cualquier país.
Sin embargo, también abre la
posibilidad que cualquier otra tecnología que cumpla con los requisitos establecidos en
esta ley, pueda también ser regulada por esta iniciativa. Por lo que queda de manifiesto
la neutralidad tecnológica.
Esta Comisión de Comercio y
Fomento Industrial, en un ánimo de inclusión y de contar con las opiniones de aquellos
actores que viven día a día el desarrollo de nuevas tecnologías, invitó a los
principales actores de la sociedad y del Gobierno, a colaborar en la integración de un
cuerpo jurídico, por lo que con la participación del Banco de México, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática, Bancomext, la oficina de políticas públicas
de la Presidencia, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la empresa
Seguridad Nic, México, BBV de Bancomer, Alextra, Selec, IBC, la Academia Mexicana de
Derecho Internacional, Informático, la Asociación Mexicana de Comercio Electrónico, la
Asociación Nacional de Mercados Mexicanos, IBM, Asociación Mexicana de la Industria de
Tecnología de la Información, AC, la Asociación Mexicana de la Industria Publicitaria,
ICOMET, Comercial en Internet, entre otras, participaron activamente, por lo que esta
propuesta legislativa que hoy presentamos ante esta honorable Asamblea, es un claro
ejemplo de que cuando se tiene el suficiente empeño se puede trabajar con miras hacia un
fin común, si es el bienestar de México.
Por todo lo anterior, consideramos
que este dictamen contribuye al desarrollo, impulso y expansión de la competitividad del
comercio, crea un marco legal adecuado y seguro y vanguardista en materia de firmas
electrónicas, establece reglas claras, asegura un marco legal previsible para la
planeación, la actividad productiva, fortalece la competitividad, fomenta la promoción
de inversión mexicana, genera una nueva plataforma más barata y segura para ofertar los
bienes y servicios de las micro, pequeña y mediana empresas, reafirma el liderazgo de
nuestro país a nivel latinoamericano, reconoce que los grandes temas del Tratado de la
APEC fueron atendidos.
Por todo lo anterior, solicito
compañeros diputados, el apoyo al presente dictamen, dado el aterrizaje fundamental de
México a la modernidad en esta materia.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Muchas gracias, señor diputado.
Con el propósito de abrir la
discusión en lo general, les informo que se han registrado para fijar la posición a
nombre de su grupo parlamentario, el diputado Francisco Agundis Arias del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Luis Miguel Barbosa
Huerta del grupo parlamentario del PRD, el diputado Manuel Mantilla y González del grupo
parlamentario de Acción Nacional y la diputada Araceli Domínguez Ramírez del grupo
parlamentario del PRI.
Se
ofrece el uso de la palabra al diputado Francisco Agundis Arias, del Partido Verde
Ecologista de México.
El diputado Francisco Agundis Arias:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
El comercio electrónico ha
conseguido centrar en los últimos años los debates sobre el modelo empresarial del Siglo
XXI. Constituye, según los expertos, la tercera revolución industrial, en donde la
llamada sociedad de la información ha desarrollado una forma económica distinta a la
tradicional.
Este nuevo modelo empresarial
aprovecha las posibilidades de la técnica para trasladar el potencial de creación de
riqueza. En un mundo globalizado las empresas que triunfarán serán aquellas que sepan
administrar mejor el conocimiento existente a su alrededor. De esta manera el comercio
electrónico constituye para la empresa una nueva forma de relacionarse con proveedores,
socios, competidores y clientes, eliminando las barreras físicas mediante la utilización
de medios y redes telemáticas.
Además, facilita la
desintermedación en las operaciones tradicionales de comercio, haciendo posible
importantes reducciones en los costos de operación. Sin embargo, las ventajas de este
modelo comercial se contraponen a retos a los que hay que enfrentar, tales como el de las
facilidades para el fraude, la falta de transparencia en el mercado, las agresiones a la
intimidad de las personas, las evasiones de impuestos y los contenidos ilícitos.
Por ello, teniendo en cuenta la
facilidad de creación y modificación de un documento electrónico es necesario combinar
medios técnicos y jurídicos con el objetivo de que las partes de una contratación a
través de Internet cuenten con los medios adecuados de prueba de dicha relación
comercial electrónica con semejante eficiencia y alcance que cuando el negocio se plasma
en un documento tradicional en papel.
Uno de los instrumentos que se han
creado y que hoy nuestra legislación adopta para conseguir garantizar esa confianza y
seguridad que las transacciones económicas electrónicas requieren, es la firma
electrónica. Este instrumento permite la autenticación de las comunicaciones realizadas
a través de Internet y posibilita comprobar la procedencia de los mensajes intercambiados
y su integridad, así como evitar el repudio de la comunicación electrónica por su
destinatario.
Así estas adecuaciones al Código
de Comercio dan seguridad jurídica a las partes que contraten por Internet, por lo que
otorga protección al consumidor ya que permite acudir lo antes posible a los tribunales
en caso de que el producto o servicio adquirido por Internet sea defectuoso o no cumpla
con las características o calidad ofertada.
Posiciona a las pequeñas y
medianas empresas para competir con los grandes consorcios de todo el mundo, sin la
necesidad de acudir a ferias internacionales o viajes de negocios costosos. Lo que
constituye un importante detonante para el crecimiento de la industria y el comercio de
nuestro país.
Finalmente el presente dictamen da
respuesta a la responsabilidad del estado de introducir cambios en la legislación para
adaptarla a los nuevos problemas. Establece, además, un marco jurídico acorde a los
estándares internacionales que armonizan la legislación sobre el comercio electrónico a
nivel mundial.
Por lo anterior, los legisladores
del Partido Verde Ecologista de México nos manifestamos a favor del presente dictamen,
convencidos de que estas modificaciones al Código de Comercio son un importante paso en
la adecuación de nuestra legislación a la globalización y a los cambios tecnológicos
mundiales.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Tiene
la palabra el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, a nombre del grupo parlamentario del
PRD.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Gracias, señora Presidenta.
En el verano del año 2001, en el
desarrollo de los trabajos de la Comisión Permanente en su segundo receso de esta
Legislatura del segundo año de ejercicio, en mayo del año 2001, presenté una iniciativa
de ley para expedir una federal de firma y comercio electrónico, mensaje de datos y
servicios de la sociedad de información. El objetivo era que este Congreso de la Unión
dotara a nuestro país de una ley que contuviera de manera completa todo lo que en otros
países, excepto España, tenían en instrumentos legales diferentes.
Hoy se presenta a la consideración
de esta Asamblea el dictamen de la Comisión de Comercio para reformar el Código de
Comercio e introducir disposiciones relacionadas con mensaje de datos, comercio
electrónico y firma digital.
Lo que la iniciativa que presenté
en la sesión de la Comisión Permanente referida, era hacer una modificación al marco
jurídico mexicano de la materia, comúnmente conocido como legislación sobre comercio
electrónico, pero que en realidad es un conjunto de diversas y dispersas disposiciones
del Código Civil Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código de
Comercio y de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Indudablemente que es un avance muy
importante lo que hoy acordaremos en esta sesión, pero de ninguna forma nos pone al nivel
de vanguardia que en otros países ya fue alcanzado.
Formar una ley especial que
contuviera todas esas disposiciones, era necesario para crear un instrumento eficaz para
propiciar un desarrollo adecuado de la sociedad de la información en nuestro país, para
dar certidumbre al más creciente e importante comercio electrónico. Por eso, el objetivo
de la iniciativa cuya parte más importante está aún por dictaminar, era establecer en
nuestro sistema jurídico las garantías necesarias para que pueda potenciarse el
desarrollo del comercio electrónico y de los servicios ofrecidos a través de Internet,
instrumentando un marco legal seguro, tanto para los proveedores de servicios como para
los usuarios, desarrollando en un solo ordenamiento las distintas materias que cruzan con
el fenómeno tecnológico, aún pendientes en nuestro derecho patrio y que ya han sido
abordadas desde hace varios años en otras legislaciones de América, es decir, firma y
comercio electrónicos, mensajes de datos y servicios de la sociedad de información y al
no hacerlo así estamos desperdiciando oportunidades de ganar competitividad e impulsar
nuestro desarrollo económico.
En el proyecto que presenté se
adopta un concepto amplio de servicios de la sociedad de la información, que engloba,
además de la contratación de bienes y servicios por la vía electrónica, el suministro
de información por dicho medio, las actividades de intermediación relativas a la
provisión de acceso a la red, a la realización de copia temporal de las páginas de
Internet solicitadas por los usuarios, al alojamiento en los propios servidores de
información, servicios o aplicaciones facilitados por otros o a la provisión de
instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios de Internet, así como cualquier
otro servicio que se preste a petición individual de los usuarios.
Estos servicios son ofrecidos por
los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet, los portales,
los motores de búsqueda o cualquier otro sujeto que disponga de un sitio en Internet, los
cuales normalmente no desempeñan una sola de estas actividades sino varias, incluyendo el
comercio electrónico.
Queremos nosotros establecer que el
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este
dictamen, porque indudablemente representa un gran avance para poder regular estas
actividades de desarrollo electrónico, pero que queda mucho por hacer y que debemos de
buscar en una ley, en un ordenamiento específico para todas estas actividades
electrónicas, la regulación que nos ponga efectivamente a la vanguardia de lo que ya
está legislado en otros países, específicamente si llegáramos a eso, seríamos junto
con España los únicos dos países donde tuviéramos un instrumento de tamaña
dimensión.
Gracias compañeros.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado Barbosa.
Tiene
la palabra el diputado Ramón Mancilla y González del grupo parlamentario de Acción
Nacional.
El diputado Ramón Mancilla y
González de la Llave:
Con su permiso, diputada
Presidenta; honorable Asamblea:
Antes de comentar a todos ustedes
el sentido y la importancia que guarda el siguiente decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de firma electrónica, me
permitiré señalar unos breves antecedentes a este tema.
La economía digital, como nueva
forma de hacer negocio, tiene en nuestro país más de 15 años utilizándose
principalmente por instituciones financieras y grandes empresas. Esta forma de hacer
negocios significa poder diseñar productos según las medidas y especificaciones
proporcionados por sus clientes en línea, administrar sus inventarios mediante el código
de barras, desde luego de lugares remotos, proveer información de las empresas y de sus
productos, así como asistencia técnica en línea las 24 horas, crear sistemas totalmente
automáticos para el ordenamiento de productos y servicios para sus vendedores o
proveedores.
Permite además a los consumidores
y negocios, ordenar y recibir productos y servicios de forma segura en línea. Para dar
seguridad a estas operaciones es que después de intensos trabajos de esta misma
soberanía, el 29 de mayo del año 2000 se publicaron una serie de modificaciones al
Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en
Materia Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles y del Código de Comercio y
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de sentar las bases en ley, a la
contratación por medios electrónicos.
A la larga, este simple hecho
ocasionará que México forme parte de un grupo de países con una misma legislación
uniforme, lo que facilitará el comercio electrónico, impulsará el reconocimiento,
aceptación y facilitación de las comunicaciones electrónicas y ayudará a la
resolución de controversias.
La adopción de un lenguaje
universal y uniforme en nuestra legislación nacional estableció las primeras normas que
regularán los negocios electrónicos en nuestro país. Conforme a esta legislación, dos
partes pueden celebrar un acto jurídico específicamente comercial usando estos medios
modernos que la tecnología y la ciencia proporcionan y los jueces deberán aceptar como
válidos, siempre que para ambas cosas se den estos dos supuestos:
1. Que no haya duda de quién sea
su autor y
2. Que el contenido del documento
se conserve y pueda ser consultado posteriormente a su integridad.
Si bien existen normas jurídicas
que en la actualidad permiten realizar operaciones en medios electrónicos, también es
cierto que hasta hoy no existe una figura jurídica que permita brindar la certidumbre
necesaria para que el comercio electrónico detone realmente a nuestro país.
El marco jurídico aún no
contempla una figura viable y confiable, pero sobre todo económica, barata y fácilmente
accesible que permita que todo tipo de empresas y en especial las micro, pequeñas y
medianas empresas puedan rea-lizar con plena seguridad operaciones comerciales
electrónicas.
Es ahí donde estas reformas y
adiciones vienen a conformar un marco jurídico necesario y confiable para que las
operaciones de los medios electrónicos se lleven a cabo sin contratiempos.
La firma electrónica es un
mecanismo que permitirá el desa-rrollo de la economía digital de nuestro país que
evitará la maquinación de fraudes millonarios, ya que ahora con estas reformas
prácticamente será imposible suplantar la personalidad de una persona por otra en
Internet, dado que la forma de identificación electrónica constituye un conjunto de
datos irrepetibles que se adjunta a otros datos electrónicos o asociados funcionalmente a
los mismos que dan como resultado la indudable autoría de un mensaje de datos que desde
luego constituye prueba en juicio.
Sin duda el reto de evolucionar de
una rúbrica o firma autógrafa contenida en un papel a una firma electrónica en un
mensaje de datos nos permitirá reflexionar hacia dónde vamos, así el grupo
parlamentario de Acción Nacional tiene la firme convicción de que estas reformas y
adiciones al Código de Comercio son todo un legado para las futuras generaciones y
hacemos votos para que quienes nos suplan en nuestra responsabilidad legislativa
perfeccionen aún más la regulación de los medios electrónicos dada su continua y
dinámica evolución en la vida comercial.
Nuestra aportación ahí está,
esperamos que más adelante esta legislación como otras que nos seguirán en un futuro
inmediato, permanezcan en constante estudio a fin de estar en concordancia con el
crecimiento económico y tecnológico de la sociedad en que vivimos, la cual inexorable se
encuentra inmersa en un proceso de globalización económica que no debemos olvidar.
Es así que cuando el legislador
permitió que al imprimirse una huella digital se acreditará la voluntad una persona para
adquirir derechos y obligaciones, ahora nosotros en esta LVIII Legislatura Federal
incorporamos a nuestro orden jurídico mexicano una nueva opción surgida de la necesidad
de reconocimiento del uso de medios de comunicación como en algún día lo fue el
telégrafo para nuestros antecesores.
La firma electrónica será con la
aprobación de todos ustedes como de nuestros colegisladores, uno de los medios aceptados
por ley para acreditar la expresión y la voluntad de una persona en torno a un acto
jurídico de eminencia mercantil; ahora bien, paralelamente a la figura de la firma
electrónica, encontramos la figura de la certificación electrónica la cual nace para
superar la inseguridad que existe en el ámbito del comercio electrónico que se ha
identificado como uno de los grandes frenos a su pleno desarrollo.
Las entidades prestadoras de
servicios de certificación son terceros que intervienen en la relación de forma previa a
la trasmisión de mensajes puesto que su función es emitir un certificado electrónico en
el que consta una clave pública y también privada, naturalmente es propiedad de una
persona concreta adjuntando en el certificado de identificación de ésta y otros datos
que se consideren adecuados.
Los interesados en conocer a
quiénes pertenece un par de claves específicos, consultarán este certificado y si
confían en las entidades que lo hayan emitido, lo aceptarán como válido.
Estas entidades prestadoras de
servicio de certificación estarán supeditadas a una entidad gubernamental que en este
caso será la Secretaría de Economía quien estará encargada primeramente de establecer
las reglas generales sobre las que funcionarán estas entidades; posteriormente de
autorizar su funcionamiento y finalmente de vigilar el correcto funcionamiento y
desarrollo.
Hay muchas instancias tanto del
sector público como del sector privado que ya tienen la infraestructura necesaria para
operar este sistema de firmas electrónicas, entre ellos podremos mencionar a la
Secretaría de Economía, Cofetel, el Banco de México, INEGI, los bancos mexicanos, los
corredores públicos, el notariado, esto sólo nos demuestra que la firma electrónica son
ya una realidad en nuestro país, empero esto ni traerá ningún beneficio real a los
contratantes si no se regula de una manera precisa, bien delimitada y empleando conceptos
claros y al mismo tiempo manteniendo a nuestra legislación nacional en concordancia con
las leyes modelo y principios uniformes adoptados por la mayoría de los países que hoy
son socios comerciales de México, de modo que nuestros empresarios puedan hacer negocios
en forma predecible y segura.
Finalmente compañeras y
compañeros diputados, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, vengo a
pedirles que aprueben esta iniciativa, misma que pondrá a nuestro país a la vanguardia
legislativa, pero sobre todo contribuirá a que las empresas de México cuenten con una
regularización homologada al ambiente internacional y que permita manejar todos estos
trámites en forma adecuada.
Sin duda estás reformas serán una
señal muy clara para todos, ya que deja precedente que una vez el entendimiento de esta
fuerza, el entendimiento de todas las fuerzas políticas representadas al interior de este
honorable Congreso en el que nos tocó participar, nos permitirá trabajar unidos a favor
de nuestros empresarios para hacerlos más competitivos frente a los retos que se nos
presentan en un corto tiempo.
Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Tiene
la palabra la diputada Araceli Domínguez Ramírez, a nombre del grupo parlamentario del
PRI.
La diputada María Luisa Araceli
Domínguez Ramírez:
Con su permiso, señora Presidenta;
honorable Asamblea; compañeras y compañeros legisladores:
El crecimiento ex potencial de las
redes de información, ha multiplicado las posibilidades de quienes se dedican a las
actividades comerciales, desarrollen nuevos negocios y consoliden los existentes, así la
economía digital ha cobrado auge al tiempo de presentar un medio que sin duda promueve un
entorno favorable para las actividades basadas en el uso de tecnologías de información y
comunicaciones, como el Internet y otros tipos de redes.
Es convicción del Partido
Revolucionario Institucional, que el comercio electrónico constituye una de las
herramientas tecnológicas, que puede contribuir sensiblemente a la consolidación de un
mercado interno competitivo en un entorno crecientemente globalizado, en este sentido el
comercio electrónico puede ser generador de condiciones que mejoren la productividad de
los procesos económicos.
En América Latina y especialmente
en México, las difíciles condiciones en que tiene lugar la actividad económica y la
generación de empleos, deben impulsarnos a aprovechar el potencial del uso de medios
electrónicos, ello con el fin de que nuestros micro, pequeños y medianos comerciantes,
interactúen de manera expedita, confiable y segura con homólogos y compradores en el
mundo.
En consecuencia, el Congreso de la
Unión se ha preocupado de actualizar los ordenamientos jurídicos mercantiles, conforme a
nuestra realidad nacional y a la realidad de la globalización, el propósito es asegurar
la compatibilidad del comercio electrónico con relación a los actos celebrados, mediante
documentos firmados de manera autógrafa y consignados en papel. Por esta razón en mayo
de 2000, se dio el primer paso para regular los medios tecnológicos aplicados al
comercio, con el fin de conferir certeza a las transacciones electrónicas nacionales e
internacionales.
La aportación básica de la
reforma fue, lograr en caso de controversias que los jueces estén obligados a aceptar
estos medios tecnológicos al conferírseles pleno valor probatorio en juicio. No
obstante, aún prevalece la necesidad de contemplar, este marco jurídico para evitar que
se comentan fraudes y engaños. El Partido Revolucionario Institucional, reconoce la
urgencia de brindar seguridad jurídica en la celebración de actos mercantiles, a través
de vías distantes ello será posible, a través de la regularización precisa de manera
que se perfeccione el consentimiento en este ámbito; es decir por medio de la firma
electrónica. Con esta reforma adicionalmente, se propone la creación de los prestadores
de servicios de certificación.
El propósito es evitar que la
sociedad soporte la onerosa carga presupuestal en una instancia burocrática innecesaria;
esta figura posibilita que los federatarios públicos y las personas físicas y morales,
intervengan en forma ágil simplificada en la celebración de estas transacciones,
cumpliendo al mismo tiempo con el principio de certeza jurídica.
La reforma al Código de Comercio
en materia de firma electrónica, ha sido armonizada con las normas jurídicas
internacionales vigentes, como la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Internacional, UNCITRAL, que permite su utilización por los diversos países
con base en las características particulares.
Por otra parte, cabe mencionar que
esta reforma es indispensable para regular operaciones que ya están llevando a cabo y
para instrumentar mecanismos ya ordenados por las leyes.
La firma electrónica establece de
manera auténtica e integral, la confidencialidad de un mensaje de datos simplificando
funciones y confiriendo seguridad jurídica a la transacción comercial. Así pues, con el
fin de impulsar las actividades económicas, es indispensable instrumentar una
legislación en materia de firma electrónica acorde a la realidad social en la que
estamos inmersos.
Por las razones expuestas, es
convicción del Partido Revolucionario Institucional, que el presente proyecto de reforma
al Código de Comercio en materia de firma electrónica, merece ser aprobada por consenso
en esta Cámara de Diputados, pues de esta manera se contribuirá a fortalecer la
modernización de la economía nacional.
Cabe destacar, que el proyecto de
ley que se encuentra en el Senado en materia de telecomunicaciones, es indispensable para
el desarrollo tecnológico de nuestro país.
El PRI, está consciente de la
necesidad de reducir la brecha digital que tanto afecta a la competitividad de las
empresas mexicanas y no dejar pasar la oportunidad histórica de impulsar un crecimiento
en el sector de telecomunicaciones que permita beneficiar al usuario de medios
electrónico por medio de una sana competencia en el sector.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señora diputada.
Se consulta con la Asamblea si hay
oradores en pro o en contra del dictamen.
No habiendo oradores ni en pro ni
en contra, le ruego a la Secretaría consulte si el dictamen se encuentra suficientemente
discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica se consulta a la Aamblea si el dictamen se encuentra
suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la
afirmativa...
El diputado Francisco Cárdenas Elizondo (desde su
curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Perdón, diputada. ¿Diputado
Cárdenas?
El diputado Francisco Cárdenas Elizondo(desde su
curul):
Disculpe señora Presidenta, en lo
general no teníamos observaciones pero en lo particular sí.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Entonces le ruego a la Secretaría,
consulte exclusivamente si está suficientemente discutido en lo general.
La Secretaría diputada Adela Cerezo Bautista:
Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica a la Asamblea si el dictamen se encuentra
suficientemente discutido en lo general.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Suficientemente discutido en lo
general.
Para los efectos del artículo 134
del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a
reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
El diputado Francisco Cárdenas Elizondo (desde su
curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
¿Diputado Cárdenas?
El diputado Francisco Cárdenas Elizondo (desde su
curul):
Me reservo el artículo 92
fracción I, fracción III; 104 fracción IX y 107 fracción II todo ellos por cuestión
de estilo y únicamente de fondo en cuanto al artículo 92 fracción III.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
¿Algún otro artículo?
Bien, vamos a proceder a la
votación en lo general. Le ruego a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta
por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y de los artículos no
impugnados.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Hágase los avisos a que se refiere
el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por
10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos
no impugnados.
(Votación.)
Se
emitieron 422 votos en pro, cero en contra y una abstención.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobado en lo general y en lo
particular los artículos no impugnados por 422 votos.
Se informa a esta Asamblea que se
han registrado para discutirse en lo particular los siguientes artículos del Código de
Comercio. El artículo 92 fracciones I y III, el artículo 104 fracción IX, el artículo
107 fracción II. Estos artículos han sido inscritos por el diputado Francisco Cárdenas
Elizondo del grupo parlamentario del PRI.
Por la comisión el diputado Jaime
Salazar.
El diputado Jaime Salazar Silva (desde su curul):
Sí, diputada Presidenta, el
diputado Cárdenas previo a todo el proceso platicó con la comisión e hizo una serie de
propuestas, las cuales la propia comisión está aceptando. El diputado Cárdenas pide que
la propia comisión presente esta propuesta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Activen el sonido en la curul del
diputado Cárdenas.
El diputado Francisco Cárdenas Elizondo (desde su
curul):
Sí, gracias señora Presidenta.
Efectivamente estoy conversando con
la directiva de la Comisión de Comercio, ya llegamos a un consenso, a un acuerdo sobre el
texto de cómo quedaría la nomenclatura de los artículos que mencionamos en el estilo, y
en el fondo llegamos a una redacción. Y entonces la persona de la comisión que se
encargó de hacer el posicionamiento, la explicación también pasará a señalar el texto
del acuerdo al que llegamos.
Gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado Cárdenas.
Tiene
la palabra el diputado Jaime Salazar.
El diputado Jaime Salazar Silva:
Con su permiso, diputada
Presidenta.
La comisión atendiendo la
inquietud del diputado Cárdenas y que muy justificada desde el punto de vista de la
comisión, es en relación precisamente al artículo 92 en sus fracciones II y III. La
primera es de estilo y es en relación en la fracción I, dado que el propio texto
establece, después de la fracción, numerales para denominar a las subfracciones I y II,
y el diputado Cárdenas atinadamente que el propio Código de Comercio establece la
técnica legislativa por A y B, eso es en relación a la fracción I.
En relación a la fracción III del
artículo 92, éste si es de fondo, y la propuesta de texto aceptada por la comisión es
en este tenor y diría: fracción III. Cuando el emisor haya solicitado o acordado con el
destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos, independientemente de la forma o
método determinado para efectuarlo, salvo que: inciso y aquí de nuevo a cuenta
cambiarían por los numeral incisos a y b, y se establecería, con el texto siguiente:
Cuando el emisor no haya indicado
expresamente que los efectos del mensaje de datos estén condicionados a la recepción del
acuse de recibo. Y b, no se haya recibido el acuse de recibo en el plazo solicitado o
acordado, o en su defecto dentro de un plazo razonable atendiendo a la naturaleza del
negocio. Y se abriría un segundo párrafo:
El emisor podrá dar aviso al
destinatario de que no haya recibido el acuse o recibo solicitado o acordado y fijar un
nuevo plazo razonable para su recepción, contando a partir del momento de este aviso.
Cuando el emisor reciba acuse de recibo del destinatario se presumirá que éste ha
recibido el mensaje de datos correspondiente. Esto es en relación al artículo 92.
Las modificaciones en relación al
artículo 104 fracción IX, es en relación única y exclusivamente por cuestiones de
técnica legislativa, las enumeraciones, establecerlas en A, B, C, D y E, en lugar de 1,
2, 3, 4, 5 como se enumeran ahí.
Lo mismo pasaría para el artículo
107 en su fracción II establecida con incisos y doble “ii”, cambiarían a
“A” y “B”, en el 107.
Es todo, diputada Presidenta. Le
dejo el texto.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
¿Nos dejan el texto?
En consecuencia, están a
discusión si se admiten las propuestas de modificaciones de estilo y de fondo, planteadas
por el diputado Francisco Cárdenas y aceptadas por la comisión a los artículos 92
fracciones I y III;104 fracción IX y 107 fracción II.
Consulte la Secretaría en
votación económica, si se admiten las propuestas de modificación.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admiten las
modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Se admiten.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
En consecuencia, se abre a
discusión las propuestas presentadas.
Se consulta a la Asamblea si hay
diputados en pro o en contra.
No habiendo registro de oradores en
pro o en contra, consulte la Secretaría a la Asamblea si se consideran suficientemente
discutidas.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se encuentran
suficientemente discutidos los artículos mencionados.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente
discutidos.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Le ruego a la Secretaría, poner a
votación en la Asamblea el texto modificado, según lo expresó la comisión, a partir de
la propuesta del diputado Cárdenas, del artículo 92 fracciones I y III, artículo 104
fracción IX y artículo 107 fracción II.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Háganse los avisos a que se
refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Un momento, diputada Adela Cerezo.
Diputado
Tomás Torres.
El diputado Tomás Torres Mercado (desde su
curul):
Gracias, señora Presidenta.
Con su autorización, antes de la
apertura del sistema de votación, sugerir, es una cuestión de procedimiento, no toca de
modo alguno el contenido del articulado ni tampoco temas sustantivos del proyecto de
decreto que se está votando.
El transitorio segundo establece,
señora Presidenta, que dentro del plazo de 90 días posteriores a la entrada en vigor del
presente decreto, la Secretaría de Economía emitirá las reglas generales a que se
refieren las presentes disposiciones.
La sugerencia señora Presidenta,
es que en observancia esta Cámara, dé los principios constitucionales que rigen el
procedimiento legislativo y dado que en todo caso quien participa en este proceso es el
Ejecutivo Federal y no las secretarías, se suprima lo de Secretaría de Economía y se
sustituya por el Ejecutivo, puesto que el artículo 89 fracción I de la Constitución
Política, establece la obligación del Ejecutivo y el Ejecutivo es uno.
Esa sería la sugerencia que no
toca repito, aspectos sustanciales del contenido del proyecto de decreto.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Tomás Torres, usted sabe
que lamentablemente no se reservó usted con oportunidad el artículo segundo transitorio.
Sin embargo, su observación pareciera que enriquece el documento y cuida la pertinencia
jurídica. Entonces no obstante esa omisión, esta Presidencia consulta con la mesa
directiva de la comisión, si no tiene inconveniente.
La Presidencia de la comisión nos
informa que está de acuerdo, por lo que de manera económica incorporamos la observación
del diputado Tomás Torres, con lo que el segundo transitorio se votaría con el siguiente
texto: “dentro del plazo de 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente
decreto, el Ejecutivo Federal emitirá las reglas generales a que se refieren las
presentes disposiciones”.
Le ruego a la Secretaría entonces,
someter a votación el texto modificado de los artículos 92 fracciones I y III artículo
104 fracción IX; artículo 107 fracción II, tal y como lo propuso la comisión en voz
del diputado Jaime Salazar y el texto modificado del artículo segundo transitorio, tal y
como lo expresó la Presidencia de la Mesa Directiva.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Háganse los avisos a que se
refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por
10 minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos modificados.
(Votación.)
Se
emitieron 412 votos en pro, cero en contra y cuatro abstenciones.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobados los artículos reservados 92
fracciones I y III; 104 fracción IX; 107, fracción II y segundo transitorio por 412
votos.
Aprobado en lo general y en lo
particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código de Comercio.
Pasa al Senado para los efectos
constitucionales.
LEY
GENERAL DE EDUCACION
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
El siguiente punto del orden del
día, es la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el
artículo 25 de la Ley General de Educación.
Proceda la Secretaría a dar
lectura al dictamen.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«De las comisiones unidas de
Educación Pública y Servicios Educativos, Cultural, Ciencia y Tecnología y Presupuesto
y Cuenta Pública con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 25 de la Ley
General de Educación.
Una de las mayores aspiraciones de
la sociedad mexicana del nuevo milenio es, sin duda, la de lograr una educación pública
de calidad para todas y todos los mexicanos durante toda la vida, en los términos
señalados por el artículo tercero constitucional. Los partidos políticos son fieles
portavoces de esta demanda social, fenómeno que se constata en las plataformas políticas
con las que compiten por ganar el voto popular. Asimismo, los legisladores queremos ser
congruentes con la representación ciudadana, la cual año con año se expresa en
múltiples y diversas manifestaciones a las puestas de este Palacio Legislativo, con un
reclamo común: elevar los recursos que la federación destina a la educación pública.
Maestros, padres de familia, estudiantes, sindicatos, investigadores y todos aquellos
actores del proceso educativo coinciden en ello.
La recesión económica
definitivamente no debe causar recorte en el presupuesto educativo. Por el contrario,
creemos que los tiempos de crisis, son tiempos de invertir más en educación, pues sólo
así estaremos mejor preparados para superarla. En efecto, el ambicioso proyecto educativo
en el que hemos convenido las mexicanas y los mexicanos, requiere imprescindiblemente de
acrecentar los montos de los ramos que conforman el presupuesto destinado a la educación.
Por eso, con el propósito de dar
respuesta positiva a esta sentida demanda de la sociedad mexicana, y con fundamento en los
numerales 1º y 3º del artículo 39, así como en los artículos 44, 45 y demás
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; y en los
artículos 65, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta Soberanía el presente
dictamen, fundamentado en los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha del 14 de septiembre
de 2000, la Dip. Hortensia Aragón Castillo, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que
reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación con objeto de alcanzar un
presupuesto federal destinado a la educación equivalente al 8 por ciento del Producto
Interno Bruto de México para el año 2006.
2. En la misma fecha, la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la entonces Comisión de
Educación Pública, Cultura y Ciencia y Tecnología; y de Presupuesto y Cuenta Pública,
fecha previa al acuerdo para la reforma a la Ley General de Congreso de la Unión del 29
de septiembre de 2000, por la cual pasaron a formarse las comisiones de Educación
Pública y Servicios Educativos; Cultura; y Ciencia y Tecnología.
3. La Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos se instaló el 19 de octubre de 2000 y el día 30 del
mismo realizó una reunión plenaria en la que creó subcomisiones para el análisis de
los asuntos turnados y la elaboración de anteproyectos de dictamen, entre los cuales, se
encontró esta iniciativa.
4. Las comisiones a las que fue
turnada la iniciativa ha recibido dos excitativas: la primera, con fecha del 14 de
diciembre de 2000, presentada por el Dip. Ramón León Morales, a nombre del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y la segunda, con fecha del 20
de septiembre de 2001, presentada por el Dip. Manuel Duarte Ramírez, del mismo Grupo
Parlamentario. Con motivo de la segunda excitativa, la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados exhortó a las comisiones correspondientes a que diesen respuesta para el día 4
de octubre de 2001.
CONSIDERACIONES
DE LA INICIATIVA
La exposición de motivos remite al
artículo tercero constitucional como el sustento sobre el que el Estado ha creado las
instituciones que permiten dar cumplimiento a la garantía de la educación. No obstante,
se ha conducido al sistema educativo a una situación delicada que le ha impedido abatir
sus rezagos en los distintos niveles y modalidades, y que se agudizan en las entidades
más pobres del país. La comparación con países desarrollados evidencia la enorme
disparidad competitiva que tenemos en desventaja con éstos.
Considera que el crecimiento de la
matrícula al que hacen referencia los informes de gobierno, "no refleja el fenómeno
de la constante expulsión de miles de educandos, de un nivel a otro, ni reconoce que
sólo una parte muy pequeña de la población tienen acceso a la educación superior.
Tampoco registra los problemas de calidad y pertinencia de la educación".
Señala la pérdida del poder
adquisitivo de los trabajadores de la educación, el cual, desde 1982, ha perdido el 57.7
por ciento, por lo que, más de la mitad de ellos tienen que trabajar en una segunda plaza
o en otra actividad que les permita completar un ingreso para el sustento familiar.
Destaca el dato de que el 25 por ciento de los profesores son interinos. Hay que
considerar también que las condiciones en las que se tiene que realizar su ejercicio
docente son, en muchas ocasiones, inadecuadas para la enseñanza. "Estas condiciones
-dice la exposición de motivos-, repercuten en su desempeño profesional y en la calidad
de la enseñanza que imparten".
Asevera que, aunque en el Plan
Nacional de Desarrollo y el Programa de Desarrollo Educativo de la administración
anterior se caracterizó a la educación como la más alta prioridad, "ello no se vio
reflejado en las finanzas públicas? La baja presupuestal durante el gobierno de Ernesto
Zedillo impidió el abatimiento de los rezagos y el cumplimiento de las metas".
Atribuye la huelga estudiantil de
la UNAM a "la escasez de recursos en que se debaten las instituciones públicas de
educación superior, pues asegura que hay "algunos estudios especializados" han
demostrado que hay disminuciones en el gasto de educación media superior y superior de
1994 a 1998.
Los problemas señalados
anteriormente, están relacionados, argumenta, con el financiamiento educativo. Por lo que
demanda al Estado a asumir un compromiso creciente con el sostenimiento de la tarea
educativa, con independencia de la inversión estatal y municipal que se realice en los
próximos años.
Cita el compromiso de campaña del
Presidente Vicente Fox Quesada ante el Comité Nacional de Acción Política del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación, cuando dijo:
“... deberemos incrementar el
presupuesto para la educación pública, laica y gratuita de calidad. Pasar del cinco por
ciento de producto interno bruto a por lo menos el ocho por ciento en lo próximos seis
años, a fin de hacer una cruzada por la infraestructura educativa de calidad que pueda
generar educandos de calidad.”
Propone que a partir del ejercicio
fiscal correspondiente a 2001 se incremente el presupuesto educativo un punto porcentual
año con año, para que en el año 2004 se alcance la meta que nos permita alcanzar la
cifra recomendada por la UNESCO, "y tomar las medidas de política económica
indispensable para no afectar a otros renglones del gasto social".
Reconocer las dificultades
presupuestales que conllevaría su aprobación, pero apela a "reorientar varios
renglones de la política económica y presupuestal", tales como: el pago de la deuda
pública interna y externa; el financiamiento de la deuda contraída por el IPAB; "la
estrategia de rescate a empresas privadas que han asumido actividades públicas; el gasto
superfluo e innecesario en varias dependencias de gobierno; y una política fiscal
regresiva". Recursos que, se deduce, serían, en unos casos, presupuestados como
gasto público programable en los ramos destinados a educación, en lugar de destinarse al
gasto público no programable; otros recursos provendrían de la resignación de recursos
dentro del propio gasto programable; y, otros más, serían resultado de una reforma
fiscal que generara mayores ingresos.
Propone que, de manera
complementaria, la Cámara de Diputados aprobaría anualmente "los renglones del
gasto a los que se destinarían los incrementos propuestos, en consulta con los sectores
involucrados".
VALORACIÓN
DE LA INICIATIVA
La fracción 25 del artículo 73 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al H. Congreso de la
Unión a "dictaminar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la
Federación, los estados y los municipios, el ejercicio de la función educativa y las
aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público?", fundamento por
el cual esta iniciativa se encuentra plenamente sustentada por nuestra Carta Magna, en
cuanto a que esta Soberanía pueda demandar al Ejecutivo los recursos que considere
necesarios para brindar los servicios educativos que requiere el país.
En la referencia que hace la
exposición de motivos al Plan Nacional de Desarrollo de sexenio pasado, hay que
considerar también que en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se postula a la
educación "como columna vertebral del desarrollo", por lo que, asegura, se
impulsará una "revolución educativa" que permita a México elevar su
competitividad ante el mundo, "así como la capacidad de todos los mexicanos para
tener acceso a mejores niveles de calidad de vida", proyecto que también crea
expectativas de que se asignen recursos significativamente crecientes a los ramos
educativos presupuestales.
La Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, en el numeral XIV del artículo 31, señala que a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le corresponde: "Proyectar y calcular
los egresos del Gobierno Federal y de la administración pública paraestatal,
haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las
necesidades y políticas del desarrollo nacional". Así, reconocemos que es facultad
del Ejecutivo presentar el Proyecto de Propuesto de Egresos de la Federación ante esta
Soberanía, pero tiene la responsabilidad de considerar la atención a las necesidades
educativas de la nación, en congruencia con el alto valor que se le ha dado a la
educación como política del desarrollo nacional, por lo que el tratamiento presupuestal
debe ser congruente con esta prioridad.
Asimismo, es responsabilidad de la
Secretaría de Educación Pública, en conformidad con lo que determina el artículo 6º
de la Ley de presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, orientar y coordinar la
planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del gasto de las
entidades que queden ubicadas en el sector bajo su coordinación, quedando explícito en
esta mismo ley, por lo que determina en el artículo 15, según el cual, "el
Presupuesto de Egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la
Cámara de Diputados, a iniciativa del Ejecutivo, para expresar, durante el periodo de un
año a partir del 1º de enero, las actividades, las obras y los servicios públicos
previstos en los programas a cargo de las entidades que en el propio presupuesto se
señalen".
La iniciativa hace referencia a la
recomendación que hace la UNESCO para que los países en vías de desarrollo destinen a
la educación recursos crecientes. Cabe señalar que México signó con la UNESCO el
compromiso de destinar a la educación, según se constata en el documento titulado
PROYECTO principal de Educación en América Latina y El Caribe, el cual recoge el trabajo
de conferencias de países miembros de la UNESCO entre 1979 y 1981, y entre los requisitos
para el logro de sus objetivos señala: "Destinar a la educación presupuestos que
lleguen a constituir gradualmente hasta el 7 u 8% del Producto Nacional Bruto".
Precisamente, entre los Marcos de
Acción Regionales de la Conferencia de la UNESCO de Dakar, en la Declaración de Recife
de los Países del Grupo E - 9, aprobada entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 2000,
en la reunión de ministros de educación y representantes de este grupo, del cual México
forma parte, éstos consignaron el siguiente compromiso: "Deseamos fortalecer nuestra
resolución de continuar aumentado las asignaciones de recursos para la EDUCACIÓN PARA
TODOS, a nivel del gobierno nacional hasta los organismos provinciales, estatales y
locales, y recabando el apoyo de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales,
así como la industria y el comercio con miras a que contribuyan a la EDUCACIÓN PARA
TODOS y a que participen en ella".
Además, la aprobación de la
iniciativa contribuiría, efectivamente, a establecer un marco legal que favoreciera el
cumplimiento de las expectativas creadas durante su campaña por el presidente Vicente Fox
Quesada, tal como se comprometió ante los maestros del país en la ocasión en que
señala la exposición de motivos. Habría que agregar que en esa ocasión, el entonces
candidato Vicente Fox Quesada, dijo lo siguiente: "?es un compromiso firme, que
adquiero delante de todos ustedes, de hacer de la educación la columna vertebral del
proyecto de gobierno que está por empezar? a la que se le asigne todo el presupuesto
necesario, tenga lo que tenga que hacerse. Habremos de asegurar este avance del 5 al 8 por
ciento del Producto Interno Bruto a través de una reforma fiscal integral, que, sin
aumentar las tasas impositivas, aumento el ingreso del Estado? Y ratifico mi compromiso de
conectar todo el ingreso del petróleo y de PEMEX directamente al sistema de educación
pública nacional, laica y gratuita? Todo recursos adicional por la vía de reforma
fiscal, por la vía del ahorro al interior del gobierno, por la vía del ingreso del
petróleo o de PEMEX, lo vamos a conectar directamente al sistema de educación pública
nacional". Declaraciones como la citada, no cabe duda, constituyen un bono de
confianza que hacen creer factible la instrumentalización de medidas fiscales,
administrativas y presupuestales que permitan dar cumplimiento a la reforma propuesta por
esta iniciativa.
Los periodos temporales propuestos
por la iniciativa para ir incrementado anualmente recursos equivalentes a un punto
porcentual de PIB, resultan desfasados por la evidente razón de que se trató de una
propuesta previa a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2001.
No obstante, proponemos resolver este problema, dejando abierta la reforma para que se
cumpla en un periodo de tiempo no limitativo.
La iniciativa no considera los
aspectos condicionantes de la Ley de Ingresos -con el principio de anualidad y las
variables eventuales contingentes que le caracterizan- , para que efectivamente sea
factible un egreso por un monto como el requerido. Tampoco considera que el proyecto de
presupuesto que recibe la Cámara de Diputados, además de estar acotado por ingresos
estimados limitados, responde a un conjunto de compromisos que en cada ramo es necesario
cumplir, por lo que muy difícilmente permite reasignar recursos de un ramo a otro. La
realidad es que el Poder Legislativo no puede disponer a su antojo de los recursos
propuestos por el Ejecutivo para signarlos a su libre criterio.
Sin embargo, esta es una situación
presente, que no obsta para que en el mediano o largo plazo pueda resolverse este
inconveniente, por lo que la iniciativa no pierda la fuerza de su propuesta, aun cuando la
coyuntura actual no favorezca en este momento su cumplimiento. Dicho de otro modo, el
principio de la federación destine recursos a la educación que sean equivalentes a 8 por
ciento del producto interno bruto del país es suscribible, es necesario y es imperativo,
por lo que debe quedar explícito en la ley. Y será responsabilidad del Ejecutivo de la
Federación, planear e instrumentar las medidas conducentes que permitan su cumplimiento.
Por las razones enumeradas
anteriormente, estas comisiones someten a la consideración del pleno de esta Soberanía
el siguiente
DECRETO
ÚNICO.- Se reforma el artículo 25 de la Ley
General de Educación, para quedar como sigue:
El Ejecutivo federal y el gobierno
de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público
correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación
pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -Federación,
entidades federativas y municipios-, destine al gasto en la educación pública y en los
servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del
país, destinando de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la
investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación
Superior Públicas.
Los recursos federales recibidos
para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán aplicarse
exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia
entidad.
El gobierno local prestará todas
las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo federal verifique la
correcta aplicación de dichos recursos.
En el evento de que tales recursos
se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable
sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.
Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Para dar cabal cumplimiento a esta
disposición, los presupuestos del Estado, contemplarán un incremento gradual anual, a
fin de alcanzar en el año 2006, recursos equivalentes al 8% del Producto Interno Bruto
que mandata la presente reforma.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 15 de octubre de 2002.— Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos:Diputados: Enrique Meléndez Pérez, Presidente (rúbrica); Jorge Luis García
Vera, secretario (rúbrica); Alonso Vicente Díaz, secretario; Oscar Ochoa Patrón,
secretario; Miguel Bortolini Castillo, secretario (rúbrica); Rosa Elena Baduy Isaac
(rúbrica); Norma Enriqueta Basilio Sotelo (rúbrica); Juan Nicolás Callejas Arrollo
(rúbrica); Cutberto Cantorán Espinosa (rúbrica); José Manuel Correa Ceseña
(rúbrica); Miguel Angel Donaciano Moreno Tello (rúbrica); José Ramírez Gamero
(rúbrica); Gerardo Sosa Castelán; Olga Margarita Uriarte Rico (rúbrica); Celita
Trinidad Alamilla Padrón; Luis Artemio Aldana Burgos; Silvia Alvarez Bruneliere; José
Carlos Luna Salas; Héctor Méndez Alarcón; Eduardo Rivera Pérez; Rodolfo Guadalupe
Ocampo Velázquez; José María Tejeda Vázquez; Fernando Ugalde Cardona; María Isabel
Velasco Ramos; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica); Ramón León Morales (rúbrica);
Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica); José del Carmen Soberanis González (rúbrica);
María Cristina Moctezuma Lule (rúbrica); Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas (rúbrica);
Bertha Alicia Simental García.
Comisión de Cultura: Diputados:
José Manuel Correa Ceseña (rúbrica); Cutberto Cantoran Espinoza (rúbrica); Celita
Trinidad Alamilla Padrón; Oscar Romero Maldonado; Elías Martínez Rufino (rúbrica);
Juan Alcocer Flores (rúbrica); Benjamín Ayala Velázquez (rúbrica); Celestino Bailón
Guerrero (rúbrica); Rafael Barrón Romero (rúbrica); María Teresa Campoy Ruy
(rúbrica); Florentino Castro López (rúbrica); María Elena Chapa Hernández (rúbrica);
Manuel Duarte Ramírez (rúbrica); Uuc-kib Espadas Ancona (rúbrica); Roberto Javier
Fuentes Domínguez (rúbrica); Concepción González Molina (rúbrica); Justino Hernández
Hilaria (rúbrica); Jorge Alberto Lara Rivera; Esther López Cruz (rúbrica); Gregorio
Arturo Meza de la Rosa; Rodrigo David Mireles Pérez; Miguel Angel Donaciano Moreno Tello
(rúbrica); Luis Gerardo Rubio Valdés; Verónica Sada Pérez; Luis Fernando Sánchez
Nava; Mario Sandoval Silvera; Bertha Alicia Simental García (rúbrica); Alfonso Vicente
Díaz; Joel Vilche Mares; Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas (rúbrica).
Comisión de Ciencia y Tecnología:
Diputados: Silvia Alvarez Bruneliere, PAN; Aarón Irízar López (rúbrica), PRI; Gerardo
Sosa Castelán (rúbrica), PRI; Luis Aldana Burgos (rúbrica), PAN; Francisco Patiño
Cardona (rúbrica), PRD; José Marcos Aguilar Moreno, PAN; Hortensia Aragón Castillo
(rúbrica), PRD; Jorge Carlos Berlín Montero (rúbrica), PRI; Diego Cobo Terrazas
(rúbrica), PVEM; Roberto Domínguez Castellanos (rúbrica), PRI; Armando Enríquez
Flores, PAN; Sergio García Sepúlveda, PAN; Silverio López Magallanes (rúbrica), PRI;
Beatriz Patricia Lorenzo Juárez (rúbrica), PAS; José Carlos Luna Salas, PAN; Oscar R.
Maldonado Domínguez, PAN; Humberto Mayans Canabal (rúbrica), PRD; Angel Artemio
Meixueiro González (rúbrica), PRI; Enrique Meléndez Pérez (rúbrica), PAN; Gerardo
Morales Barragán, PAN; María del Rosario Oroz Ibarra (rúbrica), PRI; José Rivera
Carranza, PAN; Luis Gerardo Rubio Valdez (rúbrica), PRI; Jorge Schettino Pérez
(rúbrica), PRI; Mónica Leticia Serrano Peña, PAN; José María Tejeda Vázquez, PAN;
Fernando Ugalde Cardona, PAN; Armín José Valdés Torres (rúbrica), PRI.
Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública: Diputados: Luis Alberto Pazos de la Torre, Guillermo Hopkins Gámez (rúbrica),
Abel Trejo González (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Tomás Torres
Mercado (rúbrica), Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica), Félix Castellanos Hernández
(rúbrica), Moisés Alcalde Virgen, Jaime Alcántara Silva (rúbrica), José Carlos
Borunda Zaragoza, Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Abel Ignacio Cuevas Melo,
Roberto Domínguez Castellanos (rúbrica), Abelardo Prieto Escobar, Vìctor Manuel
Gandarilla Carrasco (rúbrica), Marcelo García Morales (rúbrica), Miroslava García
Suárez (rúbrica), Raúl Homero González Villalba (rúbrica), Ildefonso Guajardo
Villarreal (rúbrica), Julián Hernández Santillán, Fernando Herrera Avila, Juan Manuel
Martínez Nava (rúbrica), César Alejandro Monraz Sustaita, José María Eugenio Núñez
Murillo, David Penchyna Grub (rúbrica), Marcos Pérez Esquer, Roberto Preciado Cuevas
(rúbrica), Jaime Salazar Silva, Gregorio Urías Germán (rúbrica), Simón Iván Villar
Martínez (rúbrica).»
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Le ruego proceda a dar lectura al
voto particular del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Doy lectura al voto particular del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sobre el proyecto de dictamen que reforma
el artículo 25 de la Ley General de Educación, para establecer que el monto anual que el
Estado destine al gasto en educación pública y servicios educativos no podrá ser menor
al 8% del Producto Interno Bruto.
«Honorable Asamblea:
A las Comisiones de Educación
Pública y Servicios Educativos, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta
Pública, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de Decreto que Reforma el
artículo 25 de la Ley General de Educación, presentada el 14 de Septiembre del año 2000
por la Diputada Hortensia Aragón Castillo del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para establecer que el monto anual que la Federación destine al
gasto en educación pública no podrá ser menor al 8 por ciento del Producto Interno
Bruto:
Los integrantes de la Comisión de
Educación Pública y Servicios Educativos del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en la facultad que nos confiere el artículo 88 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos
a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente
VOTO
PARTICULAR
De conformidad con los siguientes
antecedentes:
I.- El 14 de septiembre del año
2000, la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, turnó a las Comisiones de
Educación Pública y Servicios Educativos, Cultura, Ciencia y Tecnología y de
Presupuesto y Cuenta Pública, la iniciativa que nos ocupa a efecto de que se elaborara el
dictamen correspondiente.
II.- El 19 de octubre del año
2000, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, creó Subcomisiones para
el análisis y discusión de la iniciativa en cuestión.
III.- Después de tres excitativas,
la Mesa Directiva del Cámara de Diputados exhortó a las comisiones correspondientes a
que diesen respuesta a más tardar el 12 de noviembre del año 2002.
IV.- El 29 de octubre del año
2002, la diputada Silvia Álvarez Bruneliére presentó una iniciativa sobre el mismo
asunto, a nombre del Partido Acción Nacional, la cual fue turnada a las mismas comisiones
que la iniciativa presentada por el PRD.
V.- El jueves 14 de noviembre de
2002 se publico en la Gaceta Parlamentaria el dictamen correspondiente de la Comisión de
Educación Pública y Servicios Educativos, el cual no contempla la iniciativa de Acción
Nacional.
A partir de estos antecedentes, los
miembros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos que suscriben el
presente voto particular, exponemos los siguientes
CONSIDERANDOS
1.- En términos generales la
iniciativa del PRD tiene un objetivo loable, que busca un incremento muy considerable en
el gasto federal en educación. No obstante, consideramos que el dictamen correspondiente
es perfectible en términos de considerar la participación de la sociedad civil en el
gasto educativo y, que para dar cumplimiento a la disposición de alcanzar el 8 por ciento
del Producto Interno Bruto para el 2006, se requiere considerar el incremento gradual
tanto de los ingresos como los egresos del Estado.
2.- La Ley General de Educación
reglamentaria del artículo tercero constitucional y con aplicación en todo el sistema
educativo nacional, tiene el propósito sustancial de atender las condiciones y
necesidades actuales de los servicios educativos, así como conservar y ampliar los
principios sociales, educativos y democráticos; lo que significa que es una ley marco de
la actuación de los tres ámbitos de gobierno en el ámbito educativo, cuyo fin es
inducir a las entidades federativas a que cuenten con sus propias leyes.
Asimismo esta ley da cabida a
reglamentar la participación de la sociedad civil con el fin de apoyar la función
educativa del Estado, en tanto promover y atender todos los niveles, tipos y modalidades
educativas.
3.- Particularmente en el aspecto
del financiamiento de la educación puede afirmarse que, en el marco de la
federalización, es una tarea concurrente que deben realizar el gobierno federal y los
gobiernos de cada entidad federativa, pero que el artículo 25 es claro, al señalar que
deben sujetarse a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que
resulten aplicables.
El artículo 27 establece que el
Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter
prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional, por lo que
señala que en todo tiempo procurarán las fuentes de financiamiento a la tarea educativa
y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación
pública.
Asimismo, para apoyar la equidad
educativa, el artículo 34 establece que el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas
compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de
aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos, en el marco de la
celebración de convenios en los que se acuerden las proporciones de financiamiento y las
acciones específicas que las autoridades educativas locales deban realizar para reducir y
superar dichos rezagos.
En este sentido, la Ley General de
Educación considera el destinar recursos presupuestarios crecientes para la educación
pública, como procurar más presupuestos relativos a aquellas poblaciones y regiones que
más lo necesiten. Por lo que corresponde al Ejecutivo Federal proponer el monto
presupuestario para el rubro educativo por ser el responsable de determinar los criterios
de política económica que sustentan el ejercicio de gasto de cada año fiscal. Motivo
por el cual envía a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto y ésta, de
acuerdo al artículo 74 constitucional, fracción IV, tiene la facultad de examinar,
discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo
primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo.
4.- La Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en
inglés), principal organismo internacional en materia de educación tiene como uno de sus
propósitos aumentar la disponibilidad de recursos para educación, por lo que para
implementar reformas educativas eficaces plantea llegar a consensos sociales en cada país
sobre el financiamiento de la educación por parte del sector público y privado.
Después de la reunión técnica
sobre el tema de movilización de recursos externos para el financiamiento de la
educación (1988), la UNESCO preparó la publicación "El Financiamiento de la
Educación en período de Austeridad Presupuestaria" (1990), que entre otros aspectos
sirvió para realizar un documento conjunto con la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) para establecer la estrategia que hasta la fecha se sigue para
el desarrollo y la cooperación internacional en el sector educación, de la cual se
desprende el estudio "Educación y Conocimiento: Eje de la Transformación Productiva
con Equidad" (1992). En dicho trabajo se estimó el costo y financiamiento de la
estrategia y sugiere que el esfuerzo debe aumentar en 50 por ciento para asegurar que el
sistema educativo responda a las necesidades de la sociedad, incluyendo una contribución
media del sector público de 6.5 por ciento del PIB. Esta propuesta fue presentada por
UNESCO en la Séptima Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe
(1996) como uno de los desafíos de la educación.
Para 1997, diversos estudios
muestran que los países de la región dedican, en promedio, un 7% de su PIB con la
concurrencia de la sociedad civil en educación y la formación de recursos humanos, de
los cuales un 4.5% es financiado con recursos públicos.
En este sentido, la recomendación
de la UNESCO es clara respecto a una mayor inversión en educación considerando a todos
los sectores de la sociedad que permita más recursos prioritariamente a la inversión e
innovación educativas.
Conclusiones
1. En este orden de ideas, los que
suscribimos este voto particular consideramos que el dictamen de la iniciativa del PRD, no
es una propuesta acorde a las recomendaciones de los organismos internacionales, ni a la
capacidad presupuestal del gobierno en el plazo temporal propuesto, ni tampoco por la
composición de los recursos que se canalicen al gasto educativo; puesto que las
recomendaciones señalan que será conjuntamente con recursos públicos y con el apoyo de
la sociedad civil, a través de los cuales se alcanzará dicha meta.
2. Lograr una educación que sirva
como medio de desarrollo personal, social y nacional no radica en fijar metas
cuantitativas, sino los medios que permitirán colocarla en efectivo vehículo de
desarrollo; lo cual, conlleva a destinar recursos presupuestarios crecientes para la
educación pública, así como en las reformas necesarias para diversificar las fuentes de
financiamiento y conseguir que la eficiencia de ese gasto se traduzca en calidad y equidad
educativa.
3. El dictamen no considera que
para dar cabal cumplimiento de destinar al menos el 8 por ciento del Producto Interno
Bruto para los sectores de educación y ciencia y tecnología para el año 2006, se
requiere contemplar un incremento gradual anual tanto en los ingresos como en los egresos
del erario público.
Resolución
Los legisladores de Acción
Nacional estamos a favor de una educación de calidad, de una educación integral, de una
educación que forme personas conscientes, capaces y comprometidas con su Nación. Ello
sólo será posible a través de múltiples acciones, entre ellas de asignarle mayores
recursos, pero de recursos que efectivamente introduzcan cambios sustanciales en la
calidad, eficiencia y equidad del sistema educativo nacional.
Acción Nacional está convencido
de que una educación integral y de calidad es el medio idóneo para edificar una sociedad
más prospera, justa, democrática, tolerante, armónica, solidaria y respetuosa de la
Ley. Por ello, apoyamos cualquier medida que busque mejorar el Sistema Educativo Nacional,
como la de movilizar mayores recursos públicos, hasta alcanzar gradualmente por lo menos
el 8 por ciento del Producto Interno Bruto para el 2006, en concurrencia con otros
sectores, que garanticen el acceso a la educación para todos los niños y jóvenes del
país.
Los legisladores de Acción
Nacional estamos a favor de esta medida, siempre y cuando vaya acompañada de una
planeación estratégica que termine con los rezagos, produzca educandos, educadores,
académicos e investigadores de excelencia.
Estamos a favor de esta medida,
siempre y cuando actuemos con sensatez y responsabilidad sobre la integralidad del gasto
público y no descuidemos otras áreas estratégicas para el desarrollo social y
económico del país. Asumimos esta postura conscientes y en concordancia con la
responsabilidad y compromiso que tenemos con el pueblo de México, de manejar
transparente, justa y eficientemente el origen y destino de los recursos, procurando su
buen uso, la consideración del resto de las prioridades nacionales y el equilibrio de las
finanzas públicas.
Estamos a favor de esta medida
siempre y cuando contemos con los ingresos suficientes que sufraguen esta erogación de
recursos y no caigamos en la demagogia de asentar montos sin el respaldo correspondiente.
Siempre y cuando actuemos con apego a lo que nuestra Constitución mandata, así como lo
que prevé la legislación secundaria y en específico, el artículo de la Ley General de
Educación que hoy nos ocupa.
El artículo 25 de la ley vigente
es muy claro en señalar que tanto el gobierno federal como las entidades federativas
"con sujeción a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que
resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de los servicios educativos".
A los legisladores de Acción
Nacional nos preocupa que aún cuando coincidamos completamente en la necesidad de apoyar
y fortalecer la educación, no respetemos el marco jurídico al cual nos debemos, y peor
aún que con la aprobación de este dictamen sentemos un precedente muy dañino para la
tarea legislativa del Congreso, en tanto que estamos acotando nuestra propia facultad como
Cámara de Diputados para determinar la asignación presupuestal anual de nuestro país.
Pues aunque se nos presentara un proyecto de presupuesto, éste ya vendría atado; y más
peligroso aún, sin el marco de referencia económico a partir del cual se estiman los
ingresos de que dispone el Estado.
No olvidemos que la educación es
un derecho y que al Estado le corresponde impartir la educación básica, así como
promover y atender los demás niveles, tipos y modalidades educativas, razón por la cual
se auxilia del apoyo de la sociedad. Difícilmente podremos avanzar como país si no
contamos con la participación y corresponsabilidad de la sociedad. Atrás quedó el
paternalismo. Hoy la sociedad quiere, puede y debe contribuir en las áreas prioritarias
de la acción gubernamental.
Por lo tanto, no sólo debemos
permitir, sino alentar la participación de la sociedad civil, ya que la educación es
deber del Estado pero nunca monopolio suyo.
El mismo proyecto de dictamen, del
cual hacemos este voto particular, menciona en la sección de "Valoración de la
iniciativa" que en los Marcos de Acción Regionales de la Conferencia de la UNESCO en
Dakar, México signó un compromiso que a la letra dice: "Deseamos fortalecer nuestra
resolución de continuar aumentando las asignaciones de recursos para la EDUCACIÓN PARA
TODOS, a nivel del gobierno nacional hasta los organismos provinciales, estatales y
locales, y recabando el apoyo de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales,
así como la industria y el comercio con miras a que contribuyan a la EDUCACIÓN PARA
TODOS y a que participen en ella".
Claramente se expone que la
educación es una tarea de todos. Donde la acción gubernamental es necesaria pero no
suficiente y por ello es fundamental la participación de los demás sectores de la
sociedad.
Acción Nacional desea dejar
constancia de su participación activa y a favor de establecer gradualmente un monto
mínimo del 8% del PIB en educación para el 2006, firmemente comprometido en que ésta se
convierta en la columna vertebral del desarrollo del país pero no en los términos que
establece el dictamen.
Por todo lo anterior proponemos la
siguiente redacción sobre el dictamen a discusión.
Artículo 25
Se reforma el artículo 25 de la
Ley General de Educación, para quedar como sigue:
El Ejecutivo federal y el gobierno
de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público
correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación
pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -Federación,
entidades federativas y municipios- y la sociedad civil destinen al gasto en la educación
pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto
interno bruto del país, destinando de este monto, al menos el 1% del producto interno
bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de
Educación Superior Públicas.
Los recursos federales recibidos
para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán aplicarse
exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia
entidad.
El gobierno local prestará todas
las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo federal verifique la
correcta aplicación de dichos recursos.
En el evento de que tales recursos
se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable
sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.
Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Para dar cabal cumplimiento a esta
disposición, los presupuestos de ingresos y egresos del Estado -Federación, entidades
federativas y municipios-, contemplarán un incremento gradual anual, a fin de alcanzar en
el año 2006, de manera concurrente con la sociedad civil, recursos equivalentes al 8% del
Producto Interno Bruto que considera la presente reforma.
Diputados: Alfonso Vicente Díaz,
Oscar Ochoa Patrón, Silvia Álvarez Bruneliére, Celita Alamilla Padrón, José Carlos
Luna Salas (rúbricas).»
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Tiene
la palabra para fundamentar el dictamen el diputado Enrique Meléndez Pérez, en términos
del artículo 108 del Reglamento Interior.
El diputado Enrique Meléndez Pérez:
Gracias, señora Presidenta.
Quisiera dar la bienvenida a los
representantes de la Confederación de Educadores de América, a los representantes de
Brasil, de Argentina y de Ecuador, Alfonso Rafael Ochoa Guzmán, secretario general del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Distinguidas secretarias generales y
secretarios generales de las secciones sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, maestras y maestros; señoras y señores; amigos todos comprometidos con
la aspiración de alcanzar una educación pública de calidad, gratuita y laica para
todos.
El 26 de octubre de 1842 por
decreto se declara por primera vez que la educación en México deberá ser gratuita y
obligatoria para quienes tengan entre siete y 15 años de edad.
Con el mismo decreto se crea la
dirección general de Instrucción Primaria que tendría la responsabilidad de hacer
cumplir dicho mandato. México, para entonces, tenía un analfabetismo que superaba el 90%
y el promedio educativo era de menos de un año, la educación pública estaba concentrada
en unas cuantas ciudades y la planta docente era aportada principalmente por las órdenes
religiosas, razones todas por las que el decreto, más que una obligación exigida al
Estado de manera inmediata, fue interpretado con un propósito que en algún momento
habría de cumplirse teniendo claro que ese momento era aún muy lejano.
Con todo y que hubo quienes
calificaron el decreto como un objetivo irrealizable, no por ello perdió el enorme valor
de señalar que la transformación que México reclamaba y que se expresaba entonces con
el nacimiento de lo que sería después un vigoroso movimiento de reforma que cambiaría
las instituciones del país pasaba por el requisito de que todos los mexicanos tuvieran el
derecho a una educación gratuita y obligatoria.
Muchas transformaciones hemos
vivido desde entonces y en todas ellas ha sido la educación pieza central. Por la
educación dejamos de ser un país en condiciones generalizadas de pluralidad, con lo que
ello significaba en calidad de vida para convertirnos en otro en que los niveles de
bienestar se han incrementado de manera consistente; por la educación, el valor de la
salud pública fue adecuadamente comprendido y demandado por todo mundo lo que provocó
que el promedio de vida casi se duplicara al pasar de menos de 50 a más de 75 años.
Por la educación, la economía se
diversificó al incidir sobre la calificación de los recursos humanos permitiendo que los
sectores secundarios y terciarios se modernizaran y transformaran en los principales
generadores de riqueza y desarrollo del país; por la educación, la democracia tal como
lo postulara el artículo 3o. que emerge junto con la triunfante revolución social se ha
venido convirtiendo en un sistema de vida que nos ha permitido transformar nuestro sistema
político para hacer de la pluralidad y la diversidad las fuentes de la legitimidad sin
que ello implicara pagar costos sociales que en otros momentos tuvimos que asumir.
Para que la educación pudiera
cumplir con el importante rol que le fue conferido para la generación de un creativo
proceso de causalidad social que ha probado su eficacia a lo largo del tiempo los
mexicanos tuvimos que tomar decisiones muy importantes:
La primera de ellas, que bien
ejemplifica el decreto de 1842 conferir a la educación la responsabilidad de ser el
soporte del proyecto de nación, decisión que refrendamos en diversos momentos de la
historia siempre con resultados de enorme magnitud y relevancia;
La segunda, dotar a esa prioridad
con la mayor cantidad de recursos financieros, humanos y políticos de que el país
disponía para que efectivamente pudiera cumplir con la responsabilidad encomendada;
La tercera, entender que la
magnitud del reto reclamaba que las diversas instituciones del Estado caminaran en la
misma dirección, conscientes de que el objetivo trascendía a cualquier perspectiva
parcial o temporal;
La cuarta, acompañar el proyecto
educativo con el más amplio respaldo social para hacer de la educación razón y motivo
de la corresponsabilidad que debe generarse entre Gobierno y gobernados cuando el objetivo
es de tal magnitud y relevancia.
Viendo al proceso educativo
nacional como un continuo y sin duda con etapas de avance y también de retroceso, el
nuevo rostro que tiene la nación deja muy claro, por un lado, que el esfuerzo realizado
en materia educativa es difícil encontrarlo en algún otro renglón del desarrollo social
y por otro, que es un esfuerzo que debemos reimpulsar no sólo por los saldos negativos
que seguimos sin resolver sino para estar en condiciones de enfrentar las nuevas
realidades.
Si bien el impulso que pudimos
imprimir a la educación no deja lugar a dudas en cuanto a sus resultados, es igualmente
fácil identificar que este esfuerzo se detuvo precisamente en la voluntad para acercarle
los recursos financieros que le permitieran ampliar y consolidar las metas.
De una aportación que por cerca de
tres décadas se situó en alrededor del 3% del Producto Interno Bruto, con la firma del
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se elevó hasta llegar a
un poco más del 5% punto en el que se detuvo para empezar a descender hasta alcanzar hoy
apenas poco más del 4%, lo que ha traído como consecuencia el deterioro de las metas
educativas, la depreciación de su calidad y una perspectiva poco promisoria hacia el
futuro.
Si bien el índice nacional de
analfabetismo está muy cerca de los parámetros que se consideran adecuados a nivel
internacional al hablar de personas, de seres humanos, no de cifras, casi 10 millones de
mexicanos no saben leer ni escribir, 20 millones de mexicanos no saben en qué categoría
del alfabeto funcional están debido a que su instrucción básica no fue adecuada o a lo
que el desuso de la instrucción recibida terminó por imponerse.
Con todo y que casi logramos la
universalización de la educación básica, 35 millones de adultos no la han culminado, lo
que convierte al promedio educativo de 7.7 años, en un dato con el que no podemos estar
satisfechos. Existen más de 2 millones de niños entre los cinco y los 14 años que no
asisten a la escuela y 5 millones de indígenas que permanecen al margen de la formación
educativa.
Más de la mitad de las personas
mayores de 15 años aproximadamente 32 millones de personas, cuentan con una escolaridad
inferior a la secundaria y sólo el 77% de los estudiantes que la cursan la concluirán,
la tasa de reprobación en primaria es superior al 6%, en secundaria superior al 20%, en
bachillerato de casi el 40%; únicamente el 20% de los jóvenes entre 19 y 23 años, está
matriculado en el nivel de licenciatura y sólo el 50% logrará concluirlo.
El salario magisterial se ha venido
deteriorando consistentemente y hay zonas y niveles en que este deterioro, supera el 50%
en tan sólo 25 años, tendencia que debiera ser exactamente inversa, no sólo por
estricta justicia a la labor que el maestro desarrolla, sino para estar efectivamente en
condiciones de mejorar la calidad de la educación pública.
Junto con estos saldos negativos,
que de ninguna manera niegan el avance educativo que el país ha tenido, hay otros
fenómenos que no debemos dejar de valorar cuando de construir la educación del presente
y del futuro se trata. Una de las condiciones que la educación debe asumir con todo el
rigor para cumplir con el rol que la sociedad le ha encomendado, es precisamente estar
atento a los cambios que ella misma impulsa y aquellos que influyen en el cuerpo social.
La sociedad mexicana es
diametralmente distinta a la de hace apenas unos pocos años, sólo el análisis de la
familia, de la familia de cada uno de nosotros sirve para comprender los enormes cambios
que ha experimentado. Hecho frente al que la educación no puede permanecer ajena sin
antes...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado, le ruego terminar a la
brevedad.
El diputado Enrique Meléndez Pérez:
Gracias, termino señora
Presidenta.
Si antes la fuente privilegiada e
incluso única del conocimiento era la escuela y el maestro, hace ya tiempo que esto ha
dejado de suceder y nuevos portadores de la educación compiten con los tradicionales. Por
eso ésta es la perspectiva que la Cámara de Diputados, ha tomado la decisión de
reformar el artículo 25; dar cumplimiento a esta disposición de ninguna manera viola el
principio de que el Congreso año con año, deberá de decidir el monto.
Es por eso que una decisión de
esta naturaleza impacta en el uso y en el destino de los recursos públicos, 8% del PIB no
es dinero, sino que se convierte en una mejor infraestructura educativa, mejores escuelas,
con equipo adecuado a los tiempos que vivimos y que han desplazado el concepto de
analfabetismo a la incapacidad para disponer de computadoras y el equipo de informática.
Por eso el 8% del PIB, es una apuesta al futuro es sentar las bases hoy, para que nuestro
país se incorpore de manera plena al mundo desarrollado.
Con todo lo que ya sabemos que los
recursos son escasos, estamos conscientes de que esta limitación estructural, solo será
superada si invertimos en el capital humano, capaz de generar riqueza de competir con
eficiencia para lograrlo.
Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias diputado.
Se han registrado para fijar la
posición de sus grupos parlamentarios los siguientes diputados:
Por el Partido de Convergencia por
la Democracia, José Manuel del Río Virgen, hasta por cinco minutos; por el Partido
Alianza Social, Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, hasta por cinco minutos; por el grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, Víctor Antonio García Dávila, hasta por 10
minutos; por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, María
Cristina Moctezuma Lule, hasta por 10 minutos, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, Hortensia Aragón Castillo, hasta por 10 minutos; por el grupo
parlamentario de Acción Nacional, Alfonso Vicente Díaz hasta por 10 minutos y por el
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Juan Nicolás Callejas
Arroyo, hasta por 10 minutos.
En
consecuencia se ofrece el uso de la palabra al diputado José Manuel del Río Virgen hasta
por cinco minutos.
El diputado José Manuel del Río
Virgen:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros legisladores:
Saludo con respeto a los maestros
aquí presentes, también a los ausentes, a los del SNTE y a los de la CENTE, saludo
también con respeto a todos los dirigentes, saludo también a los profesores rurales,
olvidados, sometidos, sobajados por presidentes municipales mezquinos que los tratan como
empleados, que los usan a capricho y que no los apoyan en nada.
Saludo a todos los profesores que a
diario construyen ese nuevo México. Saludo a todos los profesores, incluso que son
legisladores, con todo respeto. Ellos construyen también el nuevo México y seguramente
votaran porque alcancemos el 8% del Producto Interno Bruto. También saludo a los
profesores porque han llegado a construir la educación para miles de mexicanos.
Por ello estoy de acuerdo con el
Presidente de la República, aunque no me cuadran las cifras, el señor Presidente dice
que 273 mil millones de pesos se invierten en educación y yo veo maestros mal pagados,
escuelas olvidadas con vidrios rotos, sin letrinas.
Veo, incluso gente mal educada que
interrumpe; veo, incluso, gente que no ha alcanzado la educación en su plenitud como
debiera ser.
Por eso apoyo la propuesta
compañeras y compañeros, de que por primera vez en la historia de México, el Estado
canalice el 8% del Producto Interno Bruto para la educación, con lo que podremos sentar
las bases para hacer realidad los principios rectores de la educación inscritos en
nuestra Constitución General.
Queremos que la educación sea más
democrática, obligatoria, laica y nacional. Entendida esta última como acepción, como
el abarcar a todos los jóvenes del país, formadores de ciudadanos, preparados para
enfrentar los tiempos por venir y los retos presentes.
El Estado mexicano está obligado a
otorgar educación a los mexicanos y por ello la propuesta es acertada, acertadísima
dirían muchos maestros. No es cierto que al autorizar esta partida se tendría que dejar
de atender cuestiones financieras en rubros de salud, de seguridad social, defensa,
seguridad pública, entre otros.
Destinar recursos crecientes a la
educación, hace realidad el compromiso que México suscribió con la UNESCO, asimismo
cumplimos a los mexicanos la proposición establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de
la actual administración, en el sentido de alcanzar en el 2006 la proporción del 8%
destinada a la educación. Por eso nosotros también queremos que el sistema educativo
nacional sea un modelo de equidad y calidad.
Como egresado del Instituto
Politécnico Nacional, me doy cuenta que ésta es una meta muy lejana para alcanzar. Ahí
tenemos una gran institución quebrada financieramente, por eso necesitamos el 8% del
Producto Interno Bruto, también para fortalecer a la UNAM y a toda la universidad
pública; requerimos mejores mexicanos, más preparados; hagamos realidad una de las
demandas más sentidas de todos los mexicanos, que es precisamente romper las cadenas de
la ignorancia y la humillación que da el analfabetismo, la no continuidad de los estudios
universitarios, politécnicos y agropecuarios, pero ante todo, la posibilidad de que la
sociedad mexicana, principalmente la del medio rural, tenga las armas del saber para saber
qué hacer con la presencia de gobiernos que no le cumplen, que le prometen, que le
fallan, que lo usen solamente como bandera para poder arribar al poder.
Compañeras y compañeros
legisladores, a nombre de cientos de profesores rurales, de miles de estudiantes, les
pedimos que den su voto por el 8%. ¡Voten a favor! Por favor.
Gracias, señor Presidente.
Presidencia del diputado Eric Eber
Villanueva Mukul
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul
Para
fijar posición sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz
Patricia Lorenzo Juárez, del Partido de Alianza Social.
La diputada Beatriz Patricia Lorenzo
Juárez:
Con el permiso de la Presidencia;
señoras y señores legisladores:
Recordemos las palabras del
entonces candidato a la Presidencia de México, hoy Presidente y sus compromisos ante el
sector educativo. “Para nosotros, la educación será la columna vertebral del
Gobierno, dijo, tenemos la convicción absoluta y total de que sólo formando capital
humano en el país, a una tasa de gran velocidad, vamos a estar presentes e insertos
exitosamente en la globalización”. Declaración del 24 de mayo de 2000.
Sin duda debemos cuidar nuestras
palabras, ya que ellas deben ser un compromiso para el futuro, de lo contrario es mejor
guardar silencio, ya que la posterior evasión de la rea-lidad por medio de discursos
optimistas, no soluciona nuestras grandes carencias como nación.
Transparencia, apertura, inclusión
y pluralidad, características que deben ser parte de los criterios para la designación
del presupuesto en los distintos rubros, y dar así un futuro cierto a los niños de hoy y
los ciudadanos del mañana.
El sector educativo no puede como
otros varios continuar esperando su real desarrollo, ya que la inacción al respecto ha
dado lugar únicamente a su incompetitividad en el ámbito mundial. Así una educación
eficiente en todos los niveles, ha sido históricamente y en gran medida uno de los varios
frenos al desarrollo nacional.
No olvidemos que la falta de
educación colectiva, da lugar a una crisis cultural, ética y moral en las sociedades.
A nivel superior, hoy, tanto la
UNAM como el Instituto Politécnico Nacional, atraviesan por una seria crisis económica y
de no contar con los recursos económicos suficientes, para solventar sus necesidades, las
consecuencias sociales futuras serán graves.
La demanda de matrícula en todos
los niveles educativos, crecerá en el próximo lustro, sin duda y por lo tanto las
políticas educativas que hoy deben necesariamente tener una visión a futuro.
Asimismo, el fenómeno de la
globalización exige una vinculación estrecha en educación y el sector productivo, ya
que sólo así la curriucula educativa estará
en concordancia con las necesidades económicas reales del país.
La educación debe tener por fin,
tanto el fortalecimiento de la identidad nacional como de la entidad propia de las
personas. El 30 de marzo del año 2000, el señor Presidente de la República, dijo
textualmente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. “El gasto en educación debe
elevarse al 8% del PIB e ir acompañado por una nueva visión de la educación, la
inversión, dijo, continúo, para la educación no será cuestionada en el Gobierno que
pienso dirigir, con todos y cada uno de ustedes”.
Es fácil apoyar programas y éstos
pueden impulsar la toma del poder en este momento, dijo, todo es posible y no hay errores
de análisis, lo difícil es mantener los compromisos asumidos cuando el poder se ha
alcanzado, ya que entonces los peros, empiezan a multiplicarse, sin duda todo cambia
dependiendo de la posición en la que nos encontremos.
Los objetivos de la educación
siempre deben ser humanos y cualitativos, en donde las relaciones interpersonales se
fortalezcan y se mejoren. El elevar al 8% del Producto Interno Bruto, los recursos
destinados al sector educativo, hará que un sistema de educación sustentable sea posible
en nuestro país, en donde la educación, deje de ser un asunto menor premeditadamente y
se convierta en un impulso para todos aquéllos a quienes la ignorancia los aisla del
resto del mundo.
Sin duda, la educación de calidad
da lugar a la asimilación colectiva de mensajes cualitativos, que transforman la
conciencia social y dan lugar a sociedades más democráticas. Hay tiempos para sembrar y
tiempos para cosechar.
Aún estamos en los primeros,
señores y de nuestro esfuerzo presente somos responsables. Asumámosle con la misma
vitalidad con la que aspirábamos al cargo que hoy ocupamos.
Con el voto a favor de la
aprobación del presente dictamen de la Comisión de Educación Pública y de Servicios
Educativos, el Partido Alianza Social, su convicción y compromiso social de que todos los
mexicanos tenemos derecho a la cultura y a la educación, sin que la falta de recursos
económicos sea un obstáculo para ello.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul
Gracias, señora diputada.
Inmediatamente
tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila, del Partido del
Trabajo, hasta por 10 minutos, para fijar posición de su fracción.
El diputado Víctor Antonio García
Dávila:
Con la venia de la Presidencia:
El cambio en México ya nadie lo
para; la reversa también es cambio.
El grupo parlamentario del Partido
del Trabajo, acude a esta tribuna para fijar su postura con relación al dictamen con
proyecto de decreto que modifica el artículo 25 de la Ley General de Educación.
México fue el primer país en el
mundo que incorporó, como resultado de la lucha social armada, en 1910 y 1917 en su
Constitución Política, los denominados “derechos sociales”, aspecto que rompe
con las concepciones liberal-individualistas de las constituciones decimonónicas. México
es reconocido internacionalmente por esta aportación al derecho público, que ha sido
imitada por muchos otros países y que los mexicanos del presente siglo no podemos
cancelar.
El Constituyente de 1916 y 1917,
consagró estos derechos sociales como reconocimiento a las desigualdades sociales, que
tuvieron su cruento desenlace en la nefasta dictadura de Porfirio Díaz. El texto
constitucional establece derechos para los gobernados y simultáneamente obligaciones a
cargo del Estado.
En el texto original de nuestra
Norma Fundamental, se reconoce como obligación a cargo del Estado la de impartir
educación y en la fracción VII del artículo 3o., clara e indubitablemente, se establece
que toda la educación que el Estado imparta será gratuita.
Desde 1917 a la fecha,
simultáneamente a la educación a cargo del Estado, se ha desarrollado la educación por
particulares con reconocimiento de validez oficial. Han sido las instituciones públicas
de educación superior de este país: la Universidad Nacional Autónoma de México, el
Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y todas las
universidades públicas de los estados, las que han contribuido de manera vigorosa a
través de sus egresados y estudiantes, a generar el desarrollo científico y tecnológico
de nuestro país.
Sin embargo, el Estado se ha
desentendido paulatinamente de su obligación de apoyar presupuestalmente al sistema de
educación pública en todos sus niveles; esto se ha traducido en la baja de la calidad
académica y en la creencia a todas luces falsa, de que la educación privada es mejor que
la pública.
La inversión pública en el
aspecto educativo ha decrecido en términos reales y su proporción con relación al
Producto Interno Bruto también ha disminuido, lo que implica que tengamos en la
actualidad millones de mexicanos que no tienen acceso a la educación básica, media
superior y superior; en especial en la educación media y superior la cobertura es
totalmente insuficiente.
Por ello, el grupo parlamentario
del Partido del Trabajo, está convencido de la necesidad de incrementar los recursos que
se destinen a la educación en cualquiera de sus modalidades.
Compañeras y compañeros
legisladores, la mejor inversión que un país pueda hacer en beneficio de la población
es invertir, invertir en materia educativa. Todos los países que ha aprovechado las
condiciones del nuevo orden mundial, han dedicado un monto sustancial en el ramo
educativo. Los países orientales, en particular los llamados “tigres
asiáticos”, son una muestra palpable de ello.
Las organizaciones internacionales
públicas y privadas, ponen especial énfasis en señalar que los países de desa-rrollo
medio, como el nuestro, destinen fondos suficientes a la educación y a la investigación.
Los procesos de modernización de los países en la fase reciente, reiteran la necesidad
de que los pueblos tengan el derecho a la educación si es que quieren avanzar en el nuevo
entorno de la globalización.
Las nuevas tendencias de la
economía y la sociedad, suponen, necesariamente, que la educación en particular debe
tener una prioridad estratégica porque el conocimiento es el recurso fundamental y es el
parámetro con el que hoy se mide la capacidad productiva de una nación.
Debemos evitarnos la vergüenza de
los resultados que arrojan las evaluaciones internacionales que nos sitúan en niveles que
están muy por debajo de lo deseable; resulta increíble que años después, tengamos que
enterarnos que nuestro sistema educativo está en el nivel más bajo de los países
encuestados.
Los diputados integrantes del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, estamos plenamente convencidos de que la mejor
inversión que el Estado mexicano pueda hacer, es precisamente en los aspectos educativos.
Si logramos impulsar esta medida, estaremos construyendo un mejor futuro para las
próximas generaciones de mexicanos, prueba de ello es que en la presente Legislatura,
nuestro grupo parlamentario presentó ante esta soberanía una iniciativa con proyecto de
decreto para modificar el artículo 3o. constitucional, en el cual se incluya
precisamente, que el Estado mexicano destine por lo menos el 8% del PIB a la educación.
Por lo anteriormente expuesto,
nuestro voto será a favor del presente dictamen.
Es cuanto.
Presidencia de la diputada María Elena
Alvarez Bernal
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
Tiene
la palabra la diputada María Cristina Moctezuma Lule, del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.
La diputada María Cristina Moctezuma
Lule:
Con su permiso señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
La educación constituye un
instrumento indispensable para el crecimiento y desarrollo de un país; ya que el
conocimiento es la principal fuerza productiva de la economía y la educación es el
órgano maestro del cambio social. Así lo han entendido las naciones desarrolladas y las
que vienen logrando importantes niveles de crecimiento.
Sin embargo, la educación en
nuestro país es uno de los grandes proyectos nacionales que han quedado pendientes por
décadas, pues los esfuerzos realizados por los poderes de la Federación, no han sido
suficientes para garantizar un país en donde el acceso a la instrucción formal sea una
rea-lidad para todos.
El Partido Verde Ecologista de
México, está convencido de que el principal instrumento para romper el círculo vicioso
de la pobreza y que tiene nuestra nación para salir adelante, es la educación y el apoyo
a nuestros jóvenes.
Por ello, estamos de acuerdo en que
se establezca una política presupuestal para este sector que permita destinar mayores
recursos a una sociedad hundida en la ignorancia, a causa de la incapacidad y negligencia
de gobiernos con poca visión.
De esta forma resulta fundamental
que la viabilidad del dictamen que hoy se presenta, se asegure centrando la discusión en
la realidad económica a la que nos enfrentamos, para no convertirse en una simple promesa
como las que han caracterizado a los distintos gobiernos en turno y se convierta en un
gasto en exceso, que no sea posible ejercer de manera plena ante las ineficiencias del
Ejecutivo y por ello se convierta simplemente en un lastre para las finanzas públicas
nacionales.
En este sentido es necesario tener
en consideración que la Secretaría de Educación Pública, ha sido una de las entidades
con mayor ejercicio presupuestal. Los resultados de la Cuenta Pública para el año 2001,
señalan un subejercicio de esta dependencia por más de 3 mil millones de pesos.
Ante estas muestras de
ineficiencia, resulta preocupante que los esfuerzos que estamos imprimiendo a este debate
a favor de la educación como el instrumento clave de desa-rrollo y crecimiento de nuestro
país, no puedan prosperar al no poder asegurar al mismo tiempo, el correcto ejercicio de
los recursos invertidos en este sector.
Cada peso gastado en educación
representa un paso hacia la conformación de un país libre, equitativo, justo y
democrático, por lo que la fiscalización es un asunto que debe asegurarse; pues de no
hacerlo nuestro país seguirá condenado a vivir en el subdesarrollo.
Por otra parte, el Estado mexicano
gasta actualmente alrededor del 5.5% del Producto Interno Bruto en educación, según
cifras de la Secretaría de Educación Pública, frente a un 3% y un 3.8% que gastan
Japón y Alemania respectivamente.
Sin embargo, para nuestro grupo
parlamentario éste no es un argumento que valide la posibilidad de no aumentar los
recursos destinados a nuestra educación, pues las desproporciones de los ingresos
nacionales de los países mencionados y el nuestro, son abismales.
El PIB per capita en Alemania, es de más de 22 mil
dólares anuales, mientras que el de Japón se encuentra alrededor de 23 mil dólares
anuales. En contraste, los miembros de nuestra sociedad sólo cuentan con más de 7 mil
dólares al año. Esto es lo preocupante, es el origen del problema que es el propio PIB y
la deficiencia que se tiene en la recaudación. Esto es lo que hay que resolver y hacerlo
de fondo.
Es por ello que es claro que la
falta de recursos al sector educativo es un asunto ligado al crecimiento de nuestro
Producto Interno Bruto, por lo cual es necesario considerar fuentes alternas de recursos,
por lo cual no es posible concebir el negarse a una posibilidad que ofrece, por un lado,
aumentar los ingresos del sector educativo y por otro lado distribuir la carga de un gasto
que el estado no ha sido capaz de proporcionar en forma adecuada.
Es por todo esto, que la función
que tenemos como legisladores, es promover iniciativas tendientes a una reestructuración
de fondo del sector educativo, pues no basta una salida simplista que otorgue más
recursos al sector, si la política educativa en este país continúa siendo
discriminatoria y continúa acrecentando la desproporción tan marcada de los servicios y
nivel educativos entre los distintos estados y municipios.
Esto nos obliga a reflexionar y
asumir con responsabilidad la tarea redentora de la educación nacional y nos compromete
en la búsqueda por una reforma integral educativa que promueva la educación pública,
laica y gratuita, tal y como lo marca la Constitución y lo demanda la sociedad, por lo
que no debemos estar dispuestos en sacrificar a otros sectores, si la construcción de
escuelas seguirá haciéndose sin la construcción de caminos que permitan el acceso a
ellos, si no existen los servicios mínimos indispensables en las instalaciones, si no hay
maestros disponibles y con la capacitación que requieren, si la aplicación de los
recursos sigue siendo discrecional e ineficiente.
Por todo esto, estamos a favor de
toda aquella reforma que promueva el mejoramiento del sector educativo, pero manifestamos
una enérgica protesta a la forma en que se manejan actualmente los recursos en educación
en este país, porque no queremos ser cómplices de un sector si bien con grandes
carencias, también con poca claridad y eficiencia en el ejercicio del gasto.
Igualmente, si bien en lo general
esta causa noble obliga a todas las fuerzas políticas a apoyarla, nos queda muy claro que
este esfuerzo se quedó muy corto de la responsabilidad que todos los legisladores
tenemos, que para resolverlo de fondo el problema educativo nacional, no nos extrañe que
el día de mañana la sociedad nos lo reclame.
Muchas gracias.
Presidencia del diputado Eric Eber
Villanueva Mukul
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señora diputada.
Para
fijar posición a nombre de su fracción, tiene el uso de la palabra la diputada Hortensia
Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática hasta por 10 minutos.
La diputada Hortensia Aragón
Castillo:
Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco a nombre de la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, el que hoy esta iniciativa
nuestra, de las primeras que hace dos años tuvimos la oportunidad de presentar en esta
tribuna, reciba el apoyo abierto del Partido de la Revolución Democrática, del Partido
Revolucionario Institucional, del Partido Verde, de Convergencia por la Democracia, de la
Sociedad Nacionalista y de Alianza Social.
En la Constitución de 1917 se
plasmó la demanda de millones de mexicanos que en la gesta revolucionaria lucharon por
mejores condiciones de vida. Así, en los artículos 3o., 27 y 123, se expresó la
conquista del derecho social al trabajo, a la tierra y a la educación. Desde entonces la
construcción del estado de bienestar en su dimensión educativa significó que a lo largo
del siglo pasado se tuviera como encomienda principal alcanzar la cobertura universal,
llevando la escuela a todos los rincones del país. No obstante el esfuerzo desarrollado
ese mandato constitucional no se cumplió, fundamentalmente por la falta de recursos que
se dirigen a esa función prioritaria.
La educación pocas veces llegó
con oportunidad, sobre todo a todos los sectores marginados que son la amplia mayoría y
mucho menos llegó con la pertinencia debida, pues una realidad que es hoy en día la poca
calidad que caracteriza a nuestro sistema educativo.
A pesar de promesas, compromisos y
programas de gobierno alrededor de un millón de niños entre seis y 14 años, en su
mayoría indígenas y pobres, no asisten a la primaria en una inmensa mayoría por una
sencilla razón: no hay servicio educativo que se les ofrezca. Esta situación ha generado
que entre los mexicanos de ocho a 14 años no sepan leer ni escribir el 4.8% de los
varones y el 4.2% de las niñas.
Quienes aseguran que no hay bases
para legislar un monto específico de recursos en la ley para destinarlos a educación,
muestran su desconocimiento de nuestra Ley Suprema. La educación tiene tal importancia y
valor en la historia de la nación mexicana que es la única actividad fundamental para la
cual la Constitución, en su artículo 3o. constitucional fracción VIII, establece de
manera clara que se le debe destinar los recursos necesarios para garantizar ese derecho.
Pero más aún, la Constitución establece de manera precisa que uno de sus poderes, el
Legislativo, le asigne los recursos necesarios. Artículo 73, fracción XXV.
En efecto, el mandato de hacer de
la educación el medio fundamental para alcanzar el desarrollo pleno de las capacidades
humanas no solo es un derecho establecido en el artículo 3o. de la Constitución
Política, sino que a fin de que ella sea una realidad en toda la República el
Constituyente le ha establecido al Poder Legislativo en nuestra Carta Magna la facultad de
establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas de todo tipo.
En particular la fracción
señalada del artículo 73 mandata con precisión y exactitud a este Congreso de la Unión
para que en ejercicio de sus facultades exclusivas dicte las leyes encaminadas a
distribuir, cito: “convenientemente entre la federación, los estados y los
municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas
correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en
toda la República”.
Así de imperativo es el mandato
exclusivo para hacer de este Poder Legislativo en cuanto a la función educativa y con tal
determinación que este Congreso deberá proceder.
Claro que existen otros
instrumentos legales para garantizar un financiamiento que corresponda a las necesidades
de este servicio público. Por mencionar bastaría con sólo el 10% de ahorro en el gasto
corriente para obtener en este presupuesto 40 mil millones de pesos.
Por supuesto que la problemática
que enfrenta la educación en México se deriva de múltiples factores. Reducirla a un
asunto de pesos y centavos sería un error, como un enorme error sería no reconocer que
hoy en día no se cumple con el derecho a la educación, en buena medida porque los
recursos que el Estado está obligado a invertir son insuficientes.
Se dice que ningún país invierte
el 8% del Producto Interno Bruto en la educación y para ello se ponen como referencia las
estadísticas de la OCDE. Esta es una verdad a medias, pues si bien dicha estadística da
cuenta de una inversión pública a la educación, cercana al 5% y superior en algunos
casos del Producto Interno Bruto de algunos de estos países como España y Corea,
tramposamente se omite que el presupuesto para educación en México incluye lo que se
tiene que invertir en cultura y lo que se tiene que invertir también en ciencia y
tecnología, y sumados en estos países por supuesto que rebasa con muchísimo más lo que
las cifras de la OCDE se han estado distribuyendo por ahí en algunas bancadas.
En adición a esto es necesario
abogar por la memoria histórica. Estas naciones son hoy lo que son porque en su momento
invirtieron más de lo que nosotros hoy pretendemos invertir. Por ello, para abatir todos
nuestros rezagos, empecemos con lo que nos corresponde en este periodo de sesiones, hablar
de los dineros para educación.
Hay también argumentos totalmente
contradictorios, como los expresados en una opinión que la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública entrega a la mesa directiva y en la que reconoce, cito: “son loables
y significan un legítimo anhelo para alcanzar el desarrollo y la prosperidad a la que los
mexicanos aspiramos con una mejor educación en todos los niveles”. Se refiere a la
propuesta del 8%. Y en lugar de decir cómo si se puede alcanzar ese desarrollo que
deviene de la educación, porque así lo reconoce, simplemente dice la Mesa Directiva, que
recogió firmas y que no citó a pleno de Presupuesto, que no se puede.
Hoy no quieren establecer un
compromiso en los términos que se señala en el dictamen de la Comisión de Educación,
porque en realidad las prioridades nacionales establecidas por quienes hoy detentan el
poder no consideran a la educación como una verdadera prioridad, pues sujetan sus
recursos a los remanentes de los compromisos financieros con los grandes poderes
económicos, tanto nacionales como transnacionales, cuyos recursos, esos sí, no se
recortan e incluso se entregan por anticipado.
A quienes quieren que el servicio
educativo deje de ser responsabilidad del Estado y se vuelva una obligación de los
particulares, como en los hechos lo pretende hacer el Gobierno y como también lo pretende
el Partido Acción Nacional, los invitamos a que presenten sus iniciativas de reforma al
artículo 3o. y 73 de la Constitución, porque hoy, de acuerdo con el marco legal que los
rige, su pretensión está fuera de lugar.
Por ello, para el PRD es muy claro
que la reforma de ley no debe contemplar dentro de los montos del 8% del Producto Interno
Bruto, al gasto privado, escondido bajo las fórmulas de gasto nacional o bajo el novedoso
concepto de sociedad civil, ni debe quedar una redacción ambigua que abra la posibilidad
de eludir la responsabilidad del Estado en esta materia.
Es preciso recordar que el llamado
Compromiso Social por la Calidad de la Educación recientemente aprobado, dejó asentado
en términos claros el compromiso de muchos diputados que aquí están presentes, de hacer
de la inversión en la educación, al menos el 8% del Producto Interno Bruto, una
realidad.
Como partido, como diputados, pero
sobre todo como ciudadanas y ciudadanos, cada una de nosotras y nosotros tenemos un
compromiso de conciencia personal y nacional, tenemos el reto de darle a la educación el
lugar que hasta hoy se le ha otorgado sólo en el discurso.
Reconocemos que este esfuerzo tiene
su origen en el amplio movimiento democrático magisterial de todo el país; para ellos
nuestro más amplio reconocimiento.
Termino señores. Como proponente
de la reforma de ley que hoy nos ocupa y segura de coincidir con millones de mexicanas y
mexicanos de todas las edades, clases sociales y etnias, les solicito votar a favor del
dictamen de la Comisión de Educación y Servicios Educativos, a fin de asegurar que los
recursos públicos destinados a la educación sean los necesarios para que esta prioridad
social realmente cumpla con el anhelo de construir una nación libre y justa.
Muchísimas gracias, por su
paciencia.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señora diputada.
Tiene
el uso de la palabra el diputado Alfonso Vicente Díaz, para fijar la posición de la
fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Tiene el uso de la palabra hasta por
10 minutos.
El diputado Alfonso Vicente Díaz:
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Saludo desde esta tribuna a todos
los maestros de la República Mexicana, con respeto y admiración y yo diría que en
Acción Nacional estamos conscientes de que México enfrenta el reto más importante de su
historia, promover y proveer una continua educación de alta calidad y que ésta sea la
principal fuente de desarrollo económico de nuestra población y nosotros como sus
representantes, debemos ante todo tomar las decisiones de forma responsable que se
encaucen no sólo a fijar un monto, sino a dirigir todos los esfuerzos hacia la eficiencia
en el gasto educativo.
Acción Nacional está convencido
de que una educación integral y de calidad es el medio idóneo para edificar una sociedad
más próspera, justa, democrática, tolerante, armónica, solidaria y respetuosa de la
ley; por ello, apoyamos cualquier medida que busque mejorar el Sistema Educativo Nacional
como el movilizar mayores recursos hasta alcanzar por lo menos el 8% del Producto Interno
Bruto, en concurrencia con otros sectores que garanticen el acceso a la educación para
todos los niños y jóvenes del país.
Nuestra propuesta, a diferencia de
las otras, no establece el 8% del PIB como una obligación, sino como un objetivo, porque
no tenemos la certeza de que habrá los ingresos suficientes pero sí estamos seguros de
que haremos los esfuerzos necesarios, Estado y sociedad para cumplir gradualmente con
dicha meta, cuidando siempre el equilibrio presupuestal y aparejando el gasto con una
planeación estratégica para aprovecharlo eficazmente en bien de nuestro sistema
educativo.
Para conceptualizar daré algunas
cifras, para este año 2002 el gasto programado en el Gobierno será equivalente al 16.6%
del Producto Interno Bruto, para el próximo año se estima que alcanzará el 16.4%, si
destináramos el 8% tan sólo a Educación, el margen de maniobra y recursos de que
dispondría el Gobierno, se verían reducidos dramáticamente.
Hoy por hoy, el gasto público en
educación alcanza el 5.51% del Producto Interno Bruto, es decir, más de una tercera
parte del gasto programable del Gobierno, eso nos deja una brecha de 2.49 puntos
porcentuales para alcanzar el 8% en caso de ser sólo responsabilidad del Estado.
Esta brecha significa 153 mil 300
millones de pesos, lo cual equivale al monto que el próximo año se pretende destinar a
salud o a seguridad social, es dos veces lo que destinarán en el 2003 a vivienda o casi
nueve veces lo presupuestado para los indígenas, implica un 20% más en lo que se
pretende que el Gobierno invierta en infraestructura el próximo año o casi dos veces el
monto que se destinaría el próximo año a la superación de la pobreza.
Equivale al 60% de las aportaciones
de los estados previstos para el 2003 o el 66% de las participaciones a los estados
previstas en el mismo presupuesto y significa más de 10 veces lo que este año se
transfirió a los estados como el PAFEV.
Todo esto lo menciono porque sin
modificaciones integrales en materia fiscal no recaudaríamos los montos necesarios y les
preguntaría, ¿qué rubros de los anteriores proponen reducir para reasignarlos a
educación?
Además, resulta muy oportuno
señalar que el artículo 25 de la ley vigente es claro en señalar que tanto el Gobierno
Federal como las entidades federativas, y dice el artículo “con sujeción a las
correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables,
concurrirán al financiamiento de los servicios educativos”.
Al respecto es importante resaltar
que dicha inversión en educación no debe circunscribirse sólo a los recursos públicos,
sino también a la participación de la sociedad y de las organizaciones civiles y no
gubernamentales tal como lo recomiendan los diversos organismos internacionales como la
UNESCO, como la CEPAL, como la OEA o el Parlatino recientemente, que pugnan por aumentar
la disponibilidad de recursos para la educación mediante consensos sociales y acuerdos.
Nos parece importante recalcar que
las recomendaciones de estas organizaciones indican no sólo la pertinencia de que el
gasto público se complemente con el financiamiento de la sociedad civil y que los fondos
sean destinados de manera prioritaria a la inversión, a la innovación, a la equidad y a
la calidad de la educación.
Cabe destacar que hasta el día de
hoy ningún país miembro de la OCDE alcanza, con el gasto nacional, el 8% de su
correspondiente Producto Interno Bruto no obstante la mayor capacidad recaudatoria que
dichos países tienen.
Por otra parte, nos preocupa que
aun cuando coincidamos completamente en la necesidad de apoyar y fortalecer la educación
no respetemos el marco jurídico al cual nos debemos y que con la aprobación de este
dictamen sentemos un precedente dañino para la tarea legislativa en tanto que estamos
acotando nuestra propia facultad como Cámara de Diputados para determinar la asignación
presupuestal anual de nuestro país, pues aunque se nos presentara un proyecto de
presupuesto, éste de alguna manera vendría atado y aún más, sin el marco de referencia
económica a partir del cual se estimen los ingresos para que disponga el Estado.
No olvidemos que la educación es
un derecho y que al Estado le corresponde impartir la educación básica, así como
promover y atender los demás niveles, tipos y modalidades educativas, razón por la cual
se auxilia del apoyo de la sociedad; difícilmente podremos avanzar como país si no
contamos con la participación y corresponsabilidad de la sociedad. Atrás quedó el
paternalismo, hoy la sociedad quiere, puede y debe contribuir en las áreas prioritarias
de la acción gubernamental.
Las acciones que el PAN ha
promovido en esta Cámara demuestran sin duda su interés por hacer que la educación sea
el pilar que tanto nos urge como nación. Por ejemplo, cuando por primera vez se conformó
el Pafef, Acción Nacional propuso que como criterio de asignación de dicho fondo se
premiara a aquellos estados que proporcionalmente asignaban mayores recursos a la función
educativa; la razón detrás de ello es que siempre hemos pugnado por invertir en la
educación y nos pareció una forma de refrendar nuestra preocupación además de
incentivar a los estados a destinar más recursos a este rubro.
Por ello nos preocupa que obviando
cualquier análisis de la situación y condiciones económicas que imperan en el país se
pretenda establecer metas presupuestales en una norma que jurídicamente no es la
apropiada, pues para eso está el Presupuesto de Egresos y que además el dictamen que hoy
estamos discutiendo no incluya las iniciativas del PAN y el PRI que presentaron ante el
pleno, no obstante que la práctica parlamentaria dicta que si dos o más iniciativas
versan sobre el mismo tema, se elaborará un dictamen sobre ésta, el cual se incorpora a
las diversas.
Creemos que la aprobación de este
dictamen sentaría un mal precedente para la tarea legislativa, pues la norma jurídica
adecuada sería el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el cual sólo la Cámara
de Diputados posee la facultad de aprobarlo y si pasara como minuta al Senado en su
calidad de Cámara revisora, al aprobarla éste estaría decidiendo sobre un asunto que de
acuerdo con la Constitución compete exclusivamente a nuestra Cámara. Por todo lo
anterior, nuestra insistencia en que en el artículo 25 se considere tanto al gasto
público como a la participación de la sociedad civil.
Exhortamos a nuestros compañeros
legisladores de los demás partidos para que asumamos una actitud responsable en aras de
construir una verdadera política de financiamiento a la educación que privilegie la
equidad, la calidad de su impartición y que asegure el uso eficiente de los recursos que
se le destinan.
Demostremos al pueblo de México
nuestra capacidad para tomar decisiones consensadas, responsables, realistas y creativas
para mejorar de manera integral todas las áreas del quehacer ciudadano. Que en las
reformas que este Congreso impulsa y aprueba no se conviertan en letra muerta o rompan con
el equilibrio presupuestal que a la postre perjudique a la nación entera.
Estimados compañeros legisladores,
ojalá impere la cordura, la sensatez y la inteligencia en esta discusión que en el fondo
me parece no tenemos diferencias, sino es en el cómo en lo que deberíamos ponernos de
acuerdo. ¡Vayamos por la educación! ¡Vayamos por México!
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor diputado.
Inmediatamente
tiene el uso de la palabra para fijar posición a nombre de su fracción parlamentaria el
diputado, Juan Nicolás Callejas Arroyo, del Partido Revolucionario Institucional, hasta
por 10 minutos.
El diputado Juan Nicolás Callejas
Arroyo:
“Educar a un hombre, cuesta
mucho dinero, pero cuesta mucho más no educarlo”. Bien señaló con toda certeza don
José Vasconcelos, hace casi un siglo.
Que afirmación tan contundente
porque hoy cobra absoluta relevancia, ante los índices vergonzosos de pobreza y
criminalidad, criminalidad y pobreza que padecemos en México, índices que nadie puede
negar su relación directa con la falta de acceso a la educación. Con su venia, señor
Presidente. Distinguidas diputadas y diputados.
Asisto a esta tribuna para expresar
la posición del Partido Revolucionario Institucional, a favor del presente dictamen, toda
vez que la decisión de esta Cámara de Diputados, será fundamental para impulsar una de
las demandas sociales más sentidas del pueblo mexicano. Un pueblo que le señala a su
Congreso que hoy es la hora de impulsar a la educación como el medio eficaz de
incrementar sus posibilidades de integración a una vida económica y social plena, a la
vez que le recuerda que es el único puente viable para cruzar el gran abismo que crean la
pobreza y la falta de oportunidades.
Me congratulo porque en este
reclamo han coincidido muchos sectores sociales y actores del país. El dictamen que está
a discusión es producto de un importante debate, en el que se han manifestado a favor
todos aquellos interesados en crear los mecanismos que nos permitan como mexicanos,
atender con calidad y pertinencia a millones de niños y jóvenes que han estado excluidos
del Sistema Educativo Nacional, niños y jóvenes que han sido condenados a la
desesperanza de tener un mejor presente y a la imposibilidad de acceso a un futuro
prometedor.
Así el tema del financiamiento
educativo, materia del presente dictamen es de suma importancia, pues organismos
internacionales como la UNESCO y las organizaciones nacionales e internacionales de
trabajadores de la educación, han señalado la imperiosa necesidad de incrementar los
presupuestos educativos, para mejorar la educación como única vía transitable hacia el
desarrollo nacional.
Aquí destaco el papel que ha
realizado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como uno de los más
serios impulsores, así las maestras y los maestros de México han realizado tres
congresos nacionales de la Educación, reunidos con la comunidad académica, los
investigadores, legisladores y representantes de las organizaciones de la sociedad civil.
En ellos se determinó impulsar todas las acciones dirigidas a tal fin, independientemente
del origen partidista de los representantes populares o del origen de algún órgano
soberano del Estado mexicano.
Aprovecho esta oportunidad para dar
la bienvenida, al Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, a los secretarios generales y
miembros de los comités ejecutivos seccionales en los estados que en esta sesión
histórica nos acompañan; especialmente saludo a los dirigentes de la Confederación de
Educadores Americanos, sean bienvenidos, ésta es su casa.
Efectivamente, la Conferencia
Regional de Ministros de Educación y de Ministros encargados de la planificación
económica de los estados miembros de América Latina y el Caribe, convocada por la UNESCO
con la cooperación de la Cepal y de la OEA, reunida en diciembre de 1979, adoptó la
resolución de hacer una recomendación a los gobiernos de la región para “dedicar
presupuestos gradualmente mayores a la educación, hasta destinar no menos del 7% u 8% del
Producto Nacional Bruto a la acción educativa”.
Sobra decir que no sólo fue
firmado en nuestro país, sino que el Gobierno mexicano fue uno de sus impulsores y
signatarios, compromiso que es conocido para nuestro orgullo como “declaración de
México”. Permítanme hacer algunas reflexiones al respecto.
Primera, la recomendación es a los
gobiernos para que éstos en sus presupuestos incrementen los recursos dirigidos a la
educación con relación a su Producto Nacional Bruto.
Segunda, actualmente nos
encontramos situados muy por debajo de esta recomendación, pues tan sólo estamos
destinando en este año el 4.2% del PIB de recursos públicos federales, presupuesto que
no alcanza a lo logrado en los primeros años de la década de los noventa.
Por último, que el gasto educativo
público de forma concurrente, Federación, estados y municipios, alcance un poco más del
5% del PIB, lo que significa que deben sumarse esfuerzos hoy más que nunca.
Por ello, los discursos de las
autoridades educativas y acciones hacendarias deberán ser congruentes con la importancia
en que todos los mexicanos coincidimos al darle a la educación un lugar prioritario, con
el objetivo de construir una verdadera política de Estado en materia educativa.
Precisamente en este momento se
encuentra en estudio en esta Cámara el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal
2003, donde los recursos para educación sufren un decremento real en relación al PIB y
que también registran una caída con relación al gasto programable y al gasto neto
total, si los comparamos con el presupuesto aprobado por esta soberanía para el presente
ejercicio fiscal.
A todos nos preocupa que año con
año esta Cámara aprueba un Presupuesto de Egresos de la Federación y que el Ejecutivo
Federal realiza ajustes que impactan en el gasto educativo con una clara incidencia en
nuestros niños y jóvenes en edad escolar.
Por esta razón, mayor
reconocimiento nos merecen los maestros y maestras de todos los niveles educativos, que
ante precarias condiciones de trabajo, tanto en infraestructura como salarial, se entregan
con ahinco a su labor formadora.
¡Muchas gracias maestros y
maestras de México por sostener este sistema educativo nacional!
Por ello, por nuestros hijos, es
viable demandar la aprobación de este dictamen, pues refleja el compromiso asumido por el
Ejecutivo Federal ante la sociedad y ante el magisterio nacional y hace realidad una
oferta de campaña de los partidos políticos aquí representados.
El PRI, en su programa de acción
ha establecido la defensa de la educación en los términos que señala el artículo 3o.
constitucional y considera que debe aumentarse el gasto en Educación hasta llegar al 8%
del Producto Interno Bruto. Adicionalmente nuestro partido considera la ciencia y
tecnología, como motores fundamentales del desarrollo económico nacional. En
consecuencia, ha exigido aumentar la inversión en este rubro hasta llegar al 1.5% del
PIB.
Compañeros, es necesario que hoy
demos esa lección histórica que espera la sociedad mexicana, más educación para
combatir pobreza, para combatir marginación. Los invito a que aprobemos esta iniciativa.
Gracias.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Continuando con el desarrollo de la
sesión, se consulta con los señores legisladores si hay registro de oradores en lo
general en pro o en contra del dictamen.
Diputado Félix Salgado el formato
de este dictamen, es un formato pactado y recibimos la propuesta de los grupos
parlamentarios a efecto de poder darle un cauce que nos permitiera el debate y realizar la
votación en los horarios previstos para la sesión.
Es evidente que muchos legisladores
querrían hacer uso de la palabra, pero se convino que hubiese en pro una intervención
por grupo parlamentario.
Activen el sonido en la curul donde
se encuentra el diputado Félix Salgado.
El diputado Félix Salgado Macedonio (desde su
curul):
Sí, compañera Presidenta con todo
respeto yo ignoro quién me pactó, no estoy de acuerdo obviamente. Y yo soy legislador
que tiene derecho a la libertad de expresión y deseo también dejar mi posición en la
tribuna. Yo estoy a favor del 8%.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
Se registra el diputado Calderón
Cardoso.
Diputado Félix Salgado, yo no
tengo ningún inconveniente en abrir el debate en términos generales, pero habiendo sólo
intervenciones en pro, tendría facultades esta Presidencia para que sólo hubiese dos
intervenciones. Entonces o atendiendo la recomendación de la Junta de Coordinación
Política damos lugar a una intervención por partido y por grupo parlamentario, o bien,
me voy con el rigor del artículo 122 y señalo, rogándole a la Secretaría que le dé
lectura, que si sólo hay oradores en pro, dándole lectura al artículo 122 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General hubiese conocimiento de la
Asamblea del artículo.
Por favor, déle lectura.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Reglamento para el Gobierno
Interior, artículo 122. “Cuando sólo se pidiera la palabra en pro, podrán hablar
hasta dos miembros de la Cámara”.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Entonces el criterio de esta
Presidencia...
El diputado José Félix Salgado Macedonio (desde
su curul).
Señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Sí, diputado Félix Salgado;
activen el sonido en la curul en donde se encuentra el diputado Salgado.
El diputado José Félix Salgado Macedonio (desde
su curul):
En virtud de que el diputado Ochoa,
por la fracción parlamentaria del PAN va a hablar también a favor, entonces a mí me
congratula esa posición.
Yo creo que esto va a salir por
unanimidad a favor del 8% del Producto Interno Bruto para la Educación.
Gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias diputado, gracias por su
comprensión.
Hasta por cinco minutos en pro, se
han registrado y agradeciendo especialmente la comprensión del diputado Salgado Macedonio
y de otros legisladores que desean intervenir, pero que comprenden el propósito de
ordenar este dictamen, el debate de la manera comentada, se han registrado los diputados:
José Antonio Calderón Cardoso de Alianza Social, Miguel Bortolini Castillo del grupo
parlamentario del PRD, Oscar Ochoa Patrón del grupo parlamentario de Acción Nacional y
José Manuel Correa Ceseña del PRI.
Tiene
la palabra el diputado José Antonio Calderón Cardoso, hasta por cinco minutos.
El diputado José Antonio Calderón
Cardoso:
Con el permiso de la Presidencia;
señoras y señores legisladores:
Sin duda, una de decisión como la
que habremos de tomar el día de hoy no es fácil por el impacto que puede tener, no
solamente positivo desde luego, en la actividad educativa y social, sino también en la
parte del presupuesto y en la parte de la asignación de recursos.
Creemos que las dos visiones que se
han planteado en un principio, de que debemos fortalecer, que debemos financiar y mejorar
la parte educativa para fortalecer la red social y para poner a nuestro país al día,
exige que haya un financiamiento adecuado; pero también es cierto, y eso lo queremos
reconocer, que cuando los recursos son pocos hay que tener prioridades sobre a qué se van
a asignar esos recursos.
Ante esta disyuntiva, Alianza
Social, consciente del problema presupuestal, sigue apostando porque hagamos un esfuerzo y
asignemos un porcentaje que señala y que recomienda la UNESCO y esto, que desde luego
traerá complicaciones, es mejor buscar cómo resolvemos de manera gradual hasta que en el
2006 se asigne el 8%, es mejor esto a que no demos el paso histórico de esta aspiración,
poderla cumplir.
Uno de los elementos y de las
discusiones que aquí se plantea, es que el presupuesto a esta decisión, traería una
serie de complicaciones presupuestales, limitaría la facultad de esta Cámara y entre
otras cosas, ataría a este Congreso y particularmente a la Cámara de Diputados para
ejercer su facultad constitucional de asignar recursos dependiendo del comportamiento
económico y queremos decir que si éste es uno de los problemas, pues que en realidad no
hay ningún problema, lo digo por la razón siguiente:
El presupuesto, como ustedes saben,
tanto de ingresos como de egresos, es la forma mediante la cual el Estado toma una
decisión de política pública de financiar sus gastos y asignar a sectores prioritarios.
En ese sentido, la técnica del
presupuesto, la técnica tradicional que veía al presupuesto simplemente como un
documento administrativo contable y que no hacía otra cosas que asignar cantidades de
gasto por objetos determinados. Esa teoría tradicional ha cambiado por una teoría que
busca modificar ese simple concepto de administración para buscar que el presupuesto sea
y que se oriente con una visión programática, que sirva como instrumento de ajuste de la
economía en general. Pero también que el presupuesto sirva como mecanismo de
redistribución del ingreso.
Con esta nueva visión que debe
tener el presupuesto, es que debemos hacer el esfuerzo para que ese 8%, difícil sí, por
lo escasos ingresos que haya, constituya una forma para que el ingreso nacional se
redistribuya, para que la riqueza nacional y la renta nacional se redistribuya en favor de
los sectores que menos tienen.
Con esa teoría nueva del
presupuesto en el cual se busca fortalecer programas, tenemos que ubicar que ese 8% y de
manera gradual hasta el 2006, buscará fortalecer claro que sí, de manera integral, que
la educación sea la mejor herramienta y el ariete del desarrollo nacional.
Coincidimos también sin embargo,
que no es solamente asignando recursos, sino además de dar recursos tomar las medidas
adecuadas para que éstos sean aplicados de manera eficiente y de manera correcta.
Quiero terminar señalando que
estamos a favor del dictamen a nombre de Convergencia y de Alianza Social, porque con esta
visión de que el presupuesto contempla un 8%, tengamos la visión de que por este medio
sea la educación la que permita que en un futuro próximo tengamos una capacidad que nos
permita estar a tiempo con los reclamos nacionales.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Tiene
la palabra el ciudadano diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del
PRD.
El diputado Miguel Bortolini Castillo:
Con su permiso señora Presidenta:
Sin duda debe ser un gran día para
la nación si aprobamos el dictamen que se ha discutido en las comisiones y que es apoyado
por las fracciones distintas que apoyan la iniciativa que presentó el PRD, el 14 de
septiembre de 2002. Antes de esta época, nadie, y repito ¡nadie! y ninguna organización
tampoco sindical, había presentado esto en tribuna. Y nosotros agradecemos ese apoyo.
Antes, nosotros preguntamos ¿qué
se hacía por parte de los dirigentes sindicales que perseguían y maltrataban a las
distintas oposiciones que exigían el 8% del producto interno para educación?
Nos da gusto que suban ahora, pero
también les recordamos que hay memoria histórica y que se requiere autoridad moral para
venir aquí a decir ahora, que están de acuerdo. ¡Qué bueno! ¿Pero por qué no lo
hicieron antes? Esa es una pregunta que dejamos nosotros para la historia y la deben
responder.
Aquí recordamos hoy las luchas
magisteriales de Othón Salazar. Recordamos las luchas de los sindicatos universitarios.
Recordamos el surgimiento de la gente que enarbolaba el 8% del producto interno bruto para
la educación. ¿Y qué hacía antes la dirección sindical que hoy está aquí presente?
Reprimir, perseguir y ¿por qué no? decir, recordamos hoy en este día al maestro Misael
Núñez Acosta y lo dejamos ahí para la memoria.
Nosotros debemos recordar, aquí se
dijo que el punto máximo, que el salario magisterial fue en 1982. Estamos totalmente de
acuerdo, pero después, ¿qué hicieron los distintos regímenes neoliberales, desde De la
Madrid, de Salinas, de Zedillo y ahora de Fox? Llevaron el salario hasta el suelo y por
eso las luchas magisteriales en la primavera de 1989 que paralizó a toda la nación, para
que cayera un líder magisterial que había estado ahí por 17 años y que nunca, y muchos
de los que están aquí presentes se pronunciaron por el 8% del producto interno para
educación.
Hoy, hoy el partido en el poder nos
viene a decir y lo dice en el voto particular que presentan, nos llegan a decir que el
Presidente, me imagino que se refieren a él, cuando dicen que este es su voto particular
señores y dice: “estamos a favor de esta medida siempre y cuando contemos con los
ingresos suficientes que sufraguen esta erogación de recursos y no caigamos en demagogias
de asentar montos sin el respaldo correspondiente”.
Nosotros preguntamos: ¿quién en
campaña prometió esto, el 8%? ¿Acaso el Presidente es demagogo? Ustedes lo están
diciendo aquí, entonces veamos qué han hecho. Ustedes, conjuntamente con el PRI,
nosotros decimos: hoy se debe iniciar el rescate de la educación, porque conjuntamente
rescataron a los banqueros, conjuntamente rescataron a los azucareros, conjuntamente
rescataron a la banca.
En este sentido nosotros decimos,
felicitamos a los compañeros del PRD que tuvieron la atingencia de presentar esta
iniciativa que es del PRD, que nadie venga ahora a tratar de abrogársela; ésta es una
iniciativa que corresponde al magisterio democrático de la nación.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene
la palabra el diputado Oscar Ochoa Patrón, del grupo parlamentario de Acción Nacional,
en pro.
El diputado Oscar Ochoa Patrón:
Con su permiso, señora Presidenta
y secretarios de la Mesa; compañeras y compañeros diputados; distinguidos diputados,
¡Bienvenidos!:
Permítanme, en primer lugar,
dirigirme en este pleno, en mi calidad de maestro que no hace mucho tiempo y como muchos
de ustedes, me encontraba cotidianamente con la responsabilidad de formar niños y
jóvenes, buscando prepararlos para ser buenos ciudadanos y apreciando muy bien y de
cerca, la realidad del sistema de enseñanza mexicano.
Conozco desde las más increíbles
carencias hasta los más grandes e inexplicables despilfarros. Estoy totalmente de acuerdo
en que se necesita mucho más financiamiento para la educación, pero también creo
firmemente que en este momento el marco normativo y en esta materia de educación lo rige,
carece de importantes elementos que permitan que el uso y el aprovechamiento de nuevos
recursos se realicen de manera eficiente y despolitizada.
Quiero también destacar que en los
postulados que señala la doctrina y plataforma legislativa del Partido Acción Nacional
se han establecido ya en una de sus preocupaciones más sensibles, es que la sociedad
mexicana actual tenga mejor y mayor educación. Y cuando se analizan o discuten los
problemas del país en todos los órdenes, el tema de la educación se vuelve esencial
para formar a las personas integralmente para una vida mejor.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Ochoa: ¿Autoriza usted
una pregunta de la diputada Hortensia Aragón?
El diputado Oscar Ochoa Patrón:
Al final, si gusta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Al final, diputada Hortensia.
El diputado Oscar Ochoa Patrón:
Gracias, diputada Hortensia.
Es factor decisivo para abatir los
grandes problemas nacionales tales como la pobreza, el desempleo, la violación de los
derechos humanos y civiles, la corrupción y la impunidad, el deterioro del medio
ambiente, la violencia, la inseguridad y otras situaciones indeseables que están
presentes en nuestra sociedad.
A los diputados panistas nos
interesa en una gran medida que la educación funcione, pero más nos interesa que
funcione bien. En este sentido es indudable que la educación seguirá siendo prioridad
destacada en la acción de la sociedad y del Estado y por ello resulta trascendental la
participación no sólo del Gobierno Federal y estatal, sino de las organizaciones civiles
en las acciones, en las inversiones y en los proyectos educativos.
Los legisladores de Acción
Nacional asumimos el compromiso conjunto con el Ejecutivo Federal de elevar la calidad
educativa, participando en la aprobación pronta y responsable de un esquema presupuestal
que permita alcanzar las metas más anheladas. Además, a través del compromiso social
por la calidad de la educación, decidimos establecer las medidas necesarias para mejorar
los niveles de inversión a la educación hasta destinar el 8 % del Producto Interno
Bruto.
¡Así asumimos esta
responsabilidad, esperando que también asumamos otras responsabilidades como la energía
eléctrica!
Se reconoce que todos los miembros
de la sociedad tienen una contribución qué aportar. Considerando que el tiempo, la
energía y los fondos de la educación son una inversión vital para el futuro del país.
Por lo tanto, se deben movilizar
tanto los recursos humanos, financieros y materiales de las fuentes diversas, públicas,
privadas, voluntarias.
En el caso del señor Presidente de
la República ha sido muy preciso en afirmar que la educación representa la inversión
del capital humano de mayor impacto en el desa-rrollo social y a este respecto ha hecho
interesantes planteamientos que muchas veces son utilizados por sus adversarios políticos
para confundir a la población.
¡En el caso concreto de su
propuesta sobre la proporción del Producto Interno Bruto que debe ser destinada a
educación, se refiere al total de inversión en educación, incluyendo al sector privado,
sumando a lo que destinen los gobiernos de los estados y los municipios y no solamente al
gasto del Gobierno Federal para este rubro!
¡Tenemos que estar conscientes los
legisladores, en este momento estamos pretendiendo trastocar las delgadas líneas que
tienen entre el balance público y el gasto y los ingresos nacionales!
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado: su tiempo.
El diputado Oscar Ochoa Patrón:
Termino, señora Presidenta.
Para tener éxito en la propuesta
tenemos que procurar el fortalecimiento del Gobierno Federal en cuanto a sus ingresos
tributarios como el Impuesto Sobre la Renta, el valor agregado, el de producción y
servicios o el de las erogaciones como las importaciones y de otros impuestos.
Para concluir, señalo y reitero
que los postulados que señala la doctrina y plataforma legislativa del Partido Acción
Nacional se ha establecido que una de las preocupaciones más sencillas y más sensibles
es que la educación mexicana actual tenga más y mejor educación.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
¿Diputado: le va a contestar a la
diputada Aragón? ¿Diputado Ochoa: le va a contestar a la diputada Aragón?
El diputado Oscar Ochoa Patrón:
¡Claro!
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
¿Aceptó la interpelación.?
Activen el sonido en la curul de la
diputada Hortensia Aragón.
La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde su
curul):
Muchas gracias, diputado.
Yo quisiera preguntarle: dado que
usted se ha enlistado a favor y que su argumentación ahora sí de fondo ha sido a favor,
entiendo que votarán a favor, ésa es la pregunta.
Y, segundo, si de la
interpretación que usted está haciendo de la aprobación de este presupuesto se
desprende que automáticamente todas las propuestas que van en relación al
fortalecimiento de la educación, ésas ya no se van a discutir. Son dos preguntas, por
favor.
El diputado Oscar Ochoa Patrón:
La última parte me la repite, por
favor.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Activen el sonido en la curul de la
diputada Hortensia Aragón.
La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde su
curul):
Yo pregunto si con la aprobación
del presupuesto para educación, automáticamente usted interpreta que ya no hay ninguna
modificación en contenidos, programas y todos los otros temas que no se derivan del
presupuesto, si está interpretando que aprobando el presupuesto ya no se discute el tema
educativo.
El diputado Oscar Ochoa Patrón:
Así es.
¿Qué otra pregunta? ¿Cuál es la
otra?
La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde su
curul):
Bueno, si usted me redujo toda la
problemática de la educación al tema financiero, pues qué bueno conocer su opinión. La
primera era, dado que usted se ha enlistado a favor y su argumentación ha sido a favor,
¿va a votar a favor?
El diputado Oscar Ochoa Patrón:
Así es.
La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde su
curul):
Gracias.
El diputado Oscar Ochoa Patrón:
Estoy diciendo que a favor y
votamos, algunos diputados vamos a votar por el 8% que debe destinarse a educación en el
país.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias diputado.
Tiene
la palabra a favor, por el grupo parlamentario del PRI, el diputado José Manuel Correa
Ceseña.
El diputado José Manuel Correa
Ceseña:
Diputada Presidenta; señoras
diputadas; señores diputados:
Es un lugar común establecer que
este país fue construido por la educación, es un lugar común el señalar que los
conceptos fundamentales de nación son construidos por conceptos educativos y estoy
hablando por supuesto de las misiones culturales y estoy hablando también de Rafael
Ramírez y de tantos grandes maestros que vincularon sociológicamente a la nación. Es
por ello, y también debería de ser un lugar común, que debemos de reconocer que el
sentido de la educación, la preocupación fundamental de la educación, el sacrificio de
la educación y por la educación, es de los maestros de México y no de ninguna fracción
ni de ningún partido político.
Los maestros de México, a través
de diversas expresiones, pero sobre todo a través de diversos sacrificios de toda
índole, incluso en algunas épocas de la vida misma, no solamente han construido los
grandes conceptos educativos, sino que también y es incontestable, han construido los
grandes conceptos nacionales. Son, pues, los profesores, y no debemos nosotros de ninguna
manera dejar de reconocer eso, quienes han construido este país en función de la
educación. ¡Los niños de México no son botín político!
Quiero finalmente hacer una
referencia a algo que en el trabajo legislativo es esencial.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputada Correa, el diputado
Treviño quiere formularle una pregunta.
El diputado José Manuel Correa
Ceseña:
Y se la responderé con mucho gusto
señora Presidenta, al final de mi intervención.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Al final de la intervención del
diputado Correa, diputado.
El diputado José Manuel Correa
Ceseña:
Decía que en el trabajo y en la
tarea legislativa es esencial no solamente la expresión discursiva, en política como en
la vida lo que cuentan son los hechos y antes de los hechos, las acciones.
Por eso me referí enfáticamente a
la tarea de los maestros. Pero también en términos legislativos quiero hacer esta
referencia, ¿cómo se logra realmente que una ley se convierta en hechos, en hechos que
impacten a la sociedad?, eso tiene que ver con los pesos específicos del Congreso.
¿Quiénes pueden convertir una
concepción, una filosofía en norma legislativa y consecuentemente en un hecho social
quienes quieren en el peso y la presencia política para hacerlo, por eso yo estoy cierto,
que aquí quienes pensamos que la educación debe de tener todo el apoyo de este Poder
Legislativo y consecuentemente en los hechos del Poder Ejecutivo a través de un mandato
legislativo, pensamos, pensamos que con nuestra fuerza, con nuestra presencia y con
nuestro peso somos los que vamos a llevarle todo el apoyo a la educación en México
independientemente de partidos políticos, por eso me dio mucho gusto escuchar al diputado
Ochoa.
Quiero hacer una referencia final a
algo que me preocupa especialmente. La universidad pública y lo voy a decir rápidamente,
la universidad pública requiere de mayor apoyo, a veces está uno frente a la sospecha de
que hay una estrategia para destruir a la universidad pública, el Estado mexicano tiene
una obligación histórica con la universidad pública, no solamente se lo recordamos sino
también le decimos, el deber esencial del Estado es crear y forjar el capital humano.
Y eso solamente se puede lograr
mediante educación, educación y educación, por eso todo nuestro apoyo a esta
iniciativa.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado, el diputado José Carlos
Luna también solicita hacer una interpelación.
El diputado José Manuel Correa
Ceseña:
La acepto.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Entonces el diputado Correa Ceseña
ha aceptado la interpelación del diputado Francisco Treviño Cabello, del grupo
parlamentario de Acción Nacional y posteriormente la interpelación del diputado José
Carlos Luna del grupo parlamentario de Acción Nacional.
Tiene la palabra para formular la
interpelación desde su curul, el diputado Treviño Cabello.
El diputado Francisco Treviño Cabello (desde su
curul):
Gracias, señora Presidenta.
Nosotros en Acción Nacional
estamos a favor del 8% en educación, más sin embargo, del Producto Interno Bruto estamos
hablando ¿no?, entonces yo quisiera preguntarle a mi compañero diputado si nos puede
definir en qué consiste el Producto Interno Bruto.
El diputado José Manuel Correa
Ceseña:
Bueno no fue parte de mi
intervención y presumo que mi compañero quiere exhibirme como ignorante en materia
económica, es la suma de productos que realiza un país, es la suma de bienes que produce
un país. Dicho de manera simple por supuesto ¿verdad? Pero el día que quiera debatimos
más ampliamente al respecto.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
El diputado José Carlos Luna del
grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado José Carlos Luna Salas (desde su
curul):
Gracias, señora Presidenta.
Diputado Correa Ceseña, voy a ser
muy puntual en mi pregunta y es en relación a su intervención.
Usted menciona que la educación en
ningún momento debe de ser acaparada o debe ser en cierta forma manejada por un partido
político. Mi pregunta va en el sentido de ¿cómo ha estado actuando y cómo se maneja el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación donde prácticamente se está
concentrando y centrando en un partido político? ¿Cuáles son las situaciones en las que
usted al hacer su intervención mencionaba que no podemos permitir que ningún partido
político acapare la educación?
Entonces, en ese sentido diputado
Correa sí me gustaría ver hasta dónde usted maneja la situación que se apropie los
recursos esa organización sindical.
El diputado José Manuel Correa
Ceseña:
Mire yo le quiero decir dos cosas
con el mismo comedimiento que usted se dirige a mí.
En primer lugar mi reconocimiento a
los maestros por su labor patriótica en vista del bien de la nación. Ellos, por los
años treinta finales decidieron aglutinarse en un sindicato para defender justamente sus
derechos y sus conquistas gremiales. Mis respetos para los maestros y para su sindicato,
muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
En consecuencia le ruego a la
Secretaría consulte si está suficientemente discutido el proyecto de dictamen en lo
general.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si el dictamen se
encuentra suficientemente discutido en lo general.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la
afirmativa, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Para
los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a
la Asamblea si se va a reservar algún artículo o párrafos para discutirlo en lo
particular.
El diputado Moisés Alcalde.
El diputado Moisés Alcalde Virgen (desde su
curul):
Sí, solicito a la Presidencia la
reserva del párrafo primero del artículo 25 del proyecto de decreto de conformidad con
el acuerdo parlamentario.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Párrafo primero del artículo 25 y
el diputado Julio Castellanos.
El diputado Julio Castellanos Ramírez (desde su
curul):
Sí, Presidenta. En los mismos
términos me reservo el artículo segundo transitorio.
Se han reservado el párrafo
primero del artículo 25 y el artículo segundo transitorio. Le ruego a la Secretaría se
abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación en lo
general y en lo particular de los párrafos no impugnados y los artículos no impugnados.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Se pide se hagan los avisos a que
se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Abrase el sistema
electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular
de los artículos y párrafos no impugnados.
Se emitieron...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Allá, Secretario.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
No recibimos reporte señora
Presidenta, ¿quiere usted que voten de viva voz?
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
La Presidenta respalda la decisión
del Secretario, diputado.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Se emitieron 410 votos en pro,
nueve en contra y nueve abstenciones.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobados en lo general y en lo
particular los artículos y párrafos no impugnados, por 410 votos.
Esta Presidencia informa que se han
reservado para la discusión en lo particular, el párrafo primero del artículo 25 y el
segundo transitorio.
Se han registrado para la
discusión en contra y para presentar la objeción al párrafo primero del artículo 25,
el diputado Moisés Alcalde y para defender el dictamen, el diputado Eduardo Andrade y
para presentar la propuesta de segundo transitorio, el diputado Julio Castellanos y en pro
el diputado Ramón León.
Diputado Rivera.
El diputado Eduardo Rivera Pérez
(desde su curul):
Gracias, señora Presidenta, tengo
entendido que en cada una de las reservas de los correspondientes artículos podía haber
dos oradores y solicito se inscriba mi intervención en la reserva del artículo número
25.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
En el primer párrafo del 25 se
inscriben entonces Moisés Alcalde Virgen y Eduardo Rivera. El diputado Eduardo Andrade y
el diputado Efrén Leyva en pro y en el segundo transitorio, en contra el diputado Julio
Castellanos y en pro el diputado Ramón León.
Para ilustrar a la Asamblea...
¿Sí, diputado Batres?.. Activen el sonido en la curul del diputado Batres.
El diputado Martí Batres Guadarrama
(desde su curul):
Sólo le pedimos que siendo más
oradores, de los que estaban previsto originalmente para la discusión de la primera
reserva se anote en contra al diputado del PRD, Miguel Bortolini.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Y con eso equilibro el número de
oradores dos; lo considero así diputado.
Para ilustrar a la Asamblea esta
Presidencia informa, que lo que se va a discutir es si se admite o no, la
proposición de modificación presentada y la argumentación que hagan los señores
legisladores, será vinculada con la admisión o no de la modificación presentada.
Me ha solicitado la palabra el diputado Miguel Barbosa, desde su curul.
El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
(desde su curul):
Si Presidenta, sólo para dejar
constancia en el Diario de los Debates y es en relación a
esta reserva que hace el diputado Moisés Alcalde, quien votó a favor en lo general el
dictamen, cuando la materia de esta discusión, de este dictamen se refiere sólo al
artículo 25; este artículo 25 que está siendo en este proceso de modificación, sólo
una parte de su primer párrafo. La pregunta o la constancia que queremos dejar es que se
reserva el único párrafo, el primer párrafo del artículo 25 donde se contiene la
modificación.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado. Ha
quedado registrado.
Tiene
la palabra para presentar su propuesta de modificación el diputado Moisés Alcalde
Virgen, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Moisés Alcalde Virgen:
Compañeras y compañeros
legisladores:
Me he reservado el párrafo primero
del artículo 25 para buscar y proponer, que éste sea un párrafo más incluyente. En el
dictamen que acabamos de escuchar, se citaron los marcos de acciones regionales de la
conferencia de la UNESCO en Dakar, es claro que tales documentos de la UNESCO recogen la
interpretación de que el compromiso educativo debe ir acompañado, debe incorporar el
esfuerzo de la sociedad civil, ya que a la letra estos documentos de Dakar dicen:
“deseamos fortalecer nuestra resolución de continuar aumentando las asignaciones de
recursos para la educación de todos a nivel de Gobierno nacional hasta los organismos
provinciales, estatales y locales, y subrayo, de la sociedad civil, las organizaciones no
gubernamentales, así como la industria y el comercio, con miras a que contribuyan a la
educación para todos y a que participen de ella.
En esencia, compañeras y
compañeros legisladores, lo que queremos es que el compromiso legislativo que hoy aquí
estamos asumiendo, recoja y cumpla con precisión la recomendación de la UNESCO, que
implica si el 8% del Producto Interno Bruto, el cual debe considerar no sólo el esfuerzo
del Estado sino también de la sociedad civil.
Si bien, es cierto, compañeras y
compañeros legisladores…
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado, la diputada Hortensia
Aragón desea formularle una pregunta.
El diputado Moisés Alcalde Virgen:
No, no la acepto. Gracias.
Si bien es costumbre reportar el
gasto educativo, es costumbre en México reportar el gasto educativo como proporción del
PIB, es costumbre internacional y de los países miembros de la OCDE, Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico, del cual somos miembros, relacionar la
proporción del gasto en educación con relación al gasto del Gobierno.
En ese sentido, el gasto para el
Gobierno mexicano, asciende al 20%, mientras que en promedio los países de la OCDE, suman
el 12.5. Esto, compañeras y compañeros, nos debe llevar a reflexionar claramente en la
inclusión dentro de este artículo, de esa participación de la sociedad civil. Si, el
PIB es la suma de bienes, servicios de todos los sectores públicos, privados y sociales,
en ese sentido es necesario incluirlos.
Más aún, compañeras y
compañeros legisladores, más aún, tanto en la plataforma política 2000-2006 del PAN,
del PRI, del PRD, reconociendo la importancia no sólo del tema educativo, sino buscando
los tres partidos políticos mayoritarios en esta nación, reconociendo y buscando que
generar una sinergia para mejorar la educación, han planteado en esas plataformas
políticas, la participación de la sociedad civil para fortalecer esta lucha de todos los
mexicanos.
Es entonces, compañeras y
compañeros legisladores, la educación la variable estratégica, que nos va a llevar a
nosotros, a los mexicanos, como nación, como país a salir adelante.
Sin duda alguna es una tarea seria
y difícil, por eso me parece que en este Congreso, en esta casa del pueblo mexicano,
nosotros, legisladores, debiéramos tener la visión de Estado y no la ligereza y la
bajeza de miras, de no incluir a la sociedad civil, a que se suma a este esfuerzo en el
que estamos participando y que no solamente en Estado, sino otros organismos puedan
participar de ella promover la enorme tarea de aportar, defender y dar calidad a la
educación en México es tarea de todos, de todos los mexicanos y por supuesto de este
Congreso.
Compañeras y compañeros
legisladores: en este sentido, la reforma propuesta o el texto que se solicita, es incluir
en términos de “la sociedad civil”, la participación de esta, en el primer
párrafo del artículo 25, el cual dejo suscrito como viene en la Gaceta Parlamentaria, página 22 que está
impresa y les agradezco sus atenciones.
Buenas tardes.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
¿No me hace favor de leerlo,
diputado?
El diputado Moisés Alcalde Virgen:
Con mucho gusto, señora
Presidenta.
El Ejecutivo Federal y el Gobierno
de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público
correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación
pública y de los servicios educativos; el monto anual que el Estado, Federación,
entidades federativas y municipios y la sociedad civil destinen al gasto en la educación
pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor al 8% del Producto Interno
Bruto del país, destinando en este monto al menos el 1% del PIB a la investigación
científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior
públicas.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se
ofrece el uso de la palabra al diputado Eduardo Andrade Sánchez.
El diputado Justino Eduardo Andrade
Sánchez:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras diputadas, compañeros diputados:
Vengo a argumentar en contra de la
propuesta que se ha venido a presentar aquí y que desde todo punto de vista debe
desecharse, primero porque la congruencia es una virtud política cardinal.
En el caso del partido al que
pertenezco, hemos propuesto en nuestros documentos básicos, el llegar al 8% del Producto
Interno Bruto destinado a la educación y al participar en este proceso legislativo, que
eso es sumándose propuestas, sumándose participaciones de diferentes sectores, de
diferentes corrientes, se va conformando una voluntad política legislativa. En esa
formación de la voluntad política legislativa, somos congruentes sosteniendo nuestra
plataforma; en cambio, me apena, porque conozco bien a muchos integrantes del Partido
Acción Nacional y sé del esfuerzo de congruencia que han hecho a lo largo de muchos
años; hoy, desgraciadamente no lo honran. Durante la campaña, su candidato ofreció
llevar el 8% del Producto Interno Bruto como meta para la educación y hoy no lo pueden
sostener aquí en esta Cámara de frente a la representación nacional y de frente al
pueblo. No me extraña, porque ha sido más o menos la tónica permanente del actual
gobierno, la falta de cumplimiento de sus propuestas.
Se vinieron aquí a dar muchos
números: que si la proporción tal del Producto Interno Bruto, que si tal renglón del
presupuesto. Yo quisiera saber, ¿por qué no le dieron todos esos números al candidato
Fox, para que no hiciera propuestas demagógicas?, ¿por qué no en su tiempo hicieron
notar que no estaban de acuerdo con lo que su candidato estaba sosteniendo? Si de verdad
están a favor demuéstrenlo, demuéstrenlo hoy, no posponiéndolo para las calendas
griegas.
Veamos un argumento que se ha
planteado aquí que es a todas luces insostenible. Se ha dicho que podía haber una
situación de inconstitucionalidad y que podríamos estar atentando contra las facultades
de esta Cámara en materia presupuestal.
Si ustedes revisan minuciosamente
el artículo 73 de nuestra Constitución que otorga al Congreso las facultades
legislativas en diferentes rubros, podrán verificar que en el único caso en que la
Constitución expresamente, refiriéndose a una función del Estado, señala la
obligación que las leyes determinen las aportaciones económicas correspondientes, es en
la educación.
Estamos en todo caso cumpliendo una
obligación que nos establece nuestra Constitución. Que no se diga que estamos abriendo
la puerta a que otros sectores, quizá con aspiraciones legítimas como en la salud, el
campo, la infraestructura, en fin, se nos pueden ocurrir muchos sectores donde hay
necesidades del país y respecto de los cuales podemos legislar.
En ningún otro asunto ordena la
Constitución que se establezcan esas aportaciones. En consecuencia, lo que hace la ley
—y la Constitución lo dice muy claro-porque es la ley producto de la voluntad de
ambas cámaras del Congreso— de llegar a aprobarse el texto como sostengo que debe
aprobarse en el artículo 25, tal cual aparece en el dictamen, estaremos cumpliendo esa
obligación constitucional ambas cámaras del Congreso y ello no constituye ningún
desdoro para las atribuciones que en su momento ejerza esta Cámara cuando apruebe el
decreto del Presupuesto de Egresos.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Andrade, el diputado
López Brito, quiere formularle un cuestionamiento ¿lo acepta usted?
El diputado Justino Eduardo Andrade
Sánchez:
Claro que sí señora Presidenta,
como no.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado López Brito, formule su
interpelación.
El diputado Francisco Salvador López Brito:
(desde su curul):
Sí, compañero diputado. Está
hablando de congruencias. Yo le pregunto si es congruente la actitud de su partido, porque
desde 1979 la UNESCO propone el 8% del Producto Interno Bruto para educación.
Yo le pregunto: ¿En 20 años es
congruente la actitud de su partido de no aprobarlo y hasta ahorita sí tiene urgencia en
aprobarla?
El diputado Justino Eduardo Andrade
Sánchez:
Compañero diputado: usted y yo
hemos sido electos diputados a la LVIII Legislatura. La plataforma, ambos hemos sido
electos —Por eso necesitamos mejor educación, porque hay que escucharnos
educadamente nuestras plataformas electorales y los votantes, con el propósito de emitir
su voto en el año 2002 y darnos el lugar que ahora tenemos en su representación, votaron
más que por nosotros, por usted o por mí, votaron por un programa y por una plataforma.
Mi partido es congruente con esa plataforma y ustedes desgraciadamente no pueden decir lo
mismo.
Ahora bien, constitucionalmente,
vayamos a la Constitución, es obligación del Estado el otorgar la educación que es
gratuita. La educación primaria y secundaria son obligatorias y la educación que imparta
el Estado será gratuita, con cargo al erario público. Se entiende que hay un
financiamiento público que tenemos que cubrir para hacer frente a este servicio público.
Pero la propuesta que ustedes
hacen, ésa sí es una propuesta inconstitucional. Cómo va a decir un artículo de una
ley, que obliguemos a la sociedad civil a algo. Eso es absolutamente inconstitucional.
No sé en qué sentido estén
usando la expresión sociedad civil que es ajena a nuestra lexicología constitucional. No
sé si lo usan en un sentido grangiano; si debo entenderlo sociedad civil frente a
sociedad política; si en el sentido que contrapone a la sociedad civil con el ámbito
militar o a la que opone a la sociedad civil con el ámbito clerical. No sési sociedad
civil lo pongan como un sinónimo de ese concepto desde el punto de vista jurídico de
derecho civil; lo que sí sé, es que cualquiera que fuera la acepción en que lo tomen,
una ley del Congreso no puede decir que el monto anual –fíjense bien-, el monto
anual que el Estado y la sociedad civil destinen al gasto en educación pública y en los
servicios educativos, no podrá ser menor al 8%, imperativo, imposible de aplicar cuando
la Constitución dice que los particulares “podrán”, “podrán
impartir”, potestativo. Es imposible y me extraña que en un partido contrario a la
estatización de los asuntos, vengan a proponernos que el Estado actúe obligando a los
particulares que inviertan en un sector en el que pueden participar potestativamente,
valga la redundancia.
Nos vienen a hablar de la OCDE. Por
favor, los países de la OCDE, buena parte de ellos, son países desarrollados cuyas
poblaciones mantienen una estabilidad demográfica, que han alcanzado muy altos niveles de
educación, no sólo elemental, sino superior, cuya curva de inversión en la educación
va descendiendo por esos motivos. Si de veras queremos que nuestro país llegue a los
niveles de desarrollo de otros países de la OCDE, estamos obligados, hoy, no después, a
aprobar esta reforma que es en beneficio de la nación y del más importante elemento del
futuro de la nación, que es la educación.
La proporción del PIB no implica
una participación de todos los sectores, sino del Estado para cumplir su obligación
constitucional, salvo que se oculte en su proyecto el intento privatizador que saca al
Estado de esta obligación.
Y no ando tan desencaminado cuando
en su voto particular dicen: “estamos a favor de cualquier medida que busque mejorar
el sistema educativo; estamos a favor siempre y cuando vaya acompañada de una planeación
estratégica, siempre y cuando actuemos con sensatez, siempre y cuando haya ingresos
suficientes, pero...”, son “peros” lo que ustedes están poniendo para no
afrontar la responsabilidad de fortalecer la educación pública del país.
No asignarle recursos, no asignarle
recursos a un proyecto que ustedes mismos dicen estar a favor y que constituye una
prioridad nacional, eso sí es demagogia; ofrecer algo para después no cumplirlo,
pretextando que no hay los ingresos suficientes, eso es demagogia. Díganle al titular del
Ejecutivo que así como lo ofreció y así como es su responsabilidad presentar los
proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, se ingenie para que sin violentar
la economía popular, obtenga los recursos que hagan posible lograr esta meta para 2006,
cumpliendo la palabra que ofreció a los votantes. Esa es la tarea que tenemos por delante
todos, el momento de la aprobación sin subterfugios es justamente...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Señor diputado Andrade, por favor.
El diputado Justino Eduardo Andrade
Sánchez:
Sí, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias diputado.
El diputado Treviño Cabello quiere
formularle una pregunta.
El diputado Justino Eduardo Andrade
Sánchez:
Sí, cómo no, claro que sí.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Sí la acepta el diputado Andrade.
Desde su curul, diputado Treviño.
El diputado Francisco Luis Treviño Cabello
(desde su curul):
Gracias, señora Presidenta.
Yo le quisiera preguntar al orador
qué otros programas, si estamos viendo de que va a haber un mayor egreso en el
presupuesto, qué programa sacrificarías para poderle dar más presupuesto a la
educación, que todos lo queremos, qué programa sacrificarías.
El diputado Justino Eduardo Andrade
Sánchez:
Me parece una excelente pregunta
que debe ser contestada por el señor Presidente Fox, compañero diputado, que es el que
hace el proyecto de ingresos y el que se comprometió a llevar este proyecto adelante.
En consecuencia, compañeros
diputados, creo que son los argumentos que sustentan plenamente el desechamiento de la
propuesta que se nos ha hecho.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado Andrade.
Tiene la palabra en pro...
Sí diputada Nelly.
La diputada Nelly Campos Quiroz (desde
su curul):
Señora Presidenta, deseo,
respetuosamente, pudiera dársele lectura al artículo 207 del Reglamento para el Gobierno
Interior, que ha sido violado sistemáticamente en esta sesión y asimismo se dé lectura
al artículo 209 del mismo ordenamiento, por favor.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Con todo gusto.
Le ruego a la Secretaría dar
lectura al artículo 207 y al artículo 209.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Reglamento para el Gobierno
Interior.
Artículo 207. “Los concurrentes a las
galerías se presentarán sin armas y guardarán respeto, silencio y compostura, y no
tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostración”.
Artículo 209. “Los que perturben de
cualquier modo el orden serán despedidos de las galerías en el mismo acto, pero si la
falta fuere grave o importante delito el Presidente mandará detener al que la cometiere y
consignarlo al juez competente”.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Esta Presidencia, diputada,
obsequió con mucho gusto su solicitud y es criterio de esta Presidencia que si bien ha
habido expresiones de aplauso no ha habido ofensas para los oradores. Sin embargo, les
ruego a los representantes de las galerías que contengan sus expresiones de júbilo
cuando consideren que los legisladores coinciden con su criterio. Y también, diputada, le
garantizo que ninguno de los asistentes está armado.
Le
ruego al diputado Eduardo Rivera pueda hacer uso de la palabra en pro de la modificación
propuesta.
El diputado Eduardo Rivera Pérez:
Gracias, diputada Presidenta;
compañeras y compañeros Legisladores; distinguido público que nos acompaña; medios de
comunicación:
Quiero señalar, antes que nada,
que el grupo parlamentario del PAN ha demostrado, con hechos y con votos, que compartimos
este proyecto a favor de la educación. Estamos a favor de incrementar un gasto en la
educación con responsabilidad. Estamos a favor de que se incremente la calidad y la buena
gestión en materia educativa. Y nos hemos reservado este artículo, en los términos ya
presentados por mi compañero diputado del PAN, porque consideramos que puede ser
perfectible el decreto que está en este momento a discusión.
Por lo tanto, pido su atención
sincera a mis compañeras y compañeros legisladores, para que puedan escuchar los
argumentos, con documentos en mano, que abonan a favor del argumento que nosotros ya
presentamos en esta reserva.
Voy a ilustrar al pleno de esta
Asamblea, como bien mencionaba, con documentos hasta de otros partidos políticos y con
instituciones de reconocido prestigio internacional que favorecen, a favor de la reserva
de este artículo de, de incluir la importancia del trabajo en la educación por parte de
la sociedad civil.
Expondré en primer momento y pido
a la Presidencia instruya a la Secretaría para que dé lectura a una consulta que a
través de mi conducto el grupo parlamentario del PAN hizo a la oficina de la UNESCO, por
aquellos que mencionaban que el Producto Interno Bruto solamente es obligación del Estado
asignarlo. Quiero poner a consideración y pido a la Secretaría dé cuenta de este oficio
y de la propia respuesta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Dé lectura, señor Secretario, del
documento que le indica el diputado ponente.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Del oficio dirigido a la doctora
Ana Luisa Machado Piñeyro.
Palacio Legislativo, 21 de
noviembre de 2002. UNESCO, Chile. Directora general de Educación.
Muy estimada doctora Machado:
Reciba por este medio un atento
saludo. La presente es con objeto de consultarle sobre las recomendaciones de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, (UNESCO), en
relación al porcentaje del Producto Interno Bruto que deberán destinar los países a la
educación, además si este porcentaje considera tanto las contribuciones del sector
público como del sector privado.
Sin más, le reitero mis respetos,
quedando a sus órdenes. Atentamente. Diputado Eduardo
Rivera Pérez.
Documento de respuesta:
Estimado diputado Eduardo Rivera
Pérez: No existe una cifra única de la proporción del Producto Interno Bruto tanto
público como privado, que se sugiere destinen a educación los países, depende de las
condiciones del país en los siguientes aspectos:
Numeral 3: la política económica
y social del país. La participación del sector público y privado en el financiamiento
de la educación, depende de los roles que se asignan a ambos sectores en el desarrollo de
la educación. De todas maneras, cuando se habla de la proporción del Producto Interno
Bruto, se considera a ambos.
En síntesis, para facilitar la
cobertura universal y la calidad de la educación, la cifra deseable en países de menor
desa-rrollo relativo y con población joven, se sugiere sea superior a la del promedio de
la de los países desarrollados y con población envejecida, que es alrededor del 5% en
países de la OCDE.
Espero que esto contribuya a la
discusión.
Atentos saludos. Ana Luisa Machado, directora regional de
Educación de la UNESCO. Rúbrica.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias.
El diputado Eduardo Rivera Pérez:
Compañeras diputadas y diputados:
Documento de una institución
respetable como la UNESCO, en donde dice claramente que cuando se habla de la proporción
del gasto en educación al Producto Interno Bruto, se considera la participación del
sector público y la participación del sector social.
Compañeras y compañeros
diputados: también se hablaba de congruencia y de que aquellas promesas de campaña,
aquellas propuestas que están registradas oficialmente ante el Instituto Federal
Electoral, tienen que hacerse realidad. Por eso, ante posibles argumentos de
privatización quiero dejar claro que el compromiso del grupo parlamentario del PAN, es
por una educación pública, laica y gratuita, en donde el Estado pueda tener una
participación responsable, pero en donde no podamos dejar la participación del sector
social.
Y pido a la Secretaría dé cuenta
de la plataforma política de Alianza por México, en la página 12, cuando se refiere a
la importancia del gasto en ciencia y tecnología, como también se está discutiendo en
este artículo y donde hace de alguna manera imperativo la necesidad de la participación
social.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Por favor señor Secretario,
atienda la solicitud del orador.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Perez Gavilán:
Documento, Plataforma Electoral
Federal. Alianza por México 2000-2006.
“Página 12 numeral 4. Ciencia
y tecnología para el desa-rrollo. La ampliación del desarrollo de las capacidades
científico-tecnológicas que garanticen el crecimiento sostenido y equitativo, debe
realizarse bajo la planeación y la coordinación del Estado, que incluya el diseño de
políticas adecuadas al modelo de nación que deseamos, incrementando el presupuesto
destinado al financiamiento de la investigación científica y tecnológica, proponiendo
iniciativas de ley para tal fin, que además busquen la vinculación entre ciencia,
tecnología, comunidad científico-universitaria e iniciativa privada nacional.”
El diputado Eduardo Rivera Pérez:
La Plataforma de Alianza por
México, insisto, incrementando el financiamiento, proponiendo iniciativas de ley que
busquen la vinculación y la participación de la iniciativa privada nacional.
Y por aquellos que exigen
congruencia y que me antecedieron en la palabra, aquí está también la plataforma
electoral del Partido Revolucionario Institucional.
Y también vamos a dar cuenta en
donde insisto, lo que de alguna manera se presenta en esta plataforma, nosotros lo
compartimos. Invitamos a esa congruencia, nosotros compartimos en materia educativa lo que
se circunscribe a la necesidad de la participación social. Así como compartimos que es
importante que se incremente el gasto educativo en nuestro país, nosotros les pedimos a
ustedes, señoras y compañeros legisladores, a que también se sumen a las propias
plataformas políticas que fueron registradas oficialmente ante el Instituto Federal
Electoral y que tengo entendido ustedes también están obligadas a cumplirlas.
Pido a la Secretaría dé cuenta de
lo que dice la plataforma del Partido Revolucionario Institucional registrada en el pasado
proceso electoral.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Señor Secretario, por favor.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
De un documento “Comité
Directivo Estatal, data forma Electoral Federal
2000-2006, que el poder sirva a la gente, 2 de Enero de 2002, página 127. Párrafo
tercero. Una educación con mayores y crecientes recursos que mediante nuevos esquemas de
cooperación entre los sectores público, privado y social, permitan fortalecer al Sistema
Educativo, su infraestructura, la divulgación del conocimiento, la creación cultural y
la investigación científica y tecnológica.
El diputado Eduardo Rivera Pérez:
Gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Rivera, ¿acepta una
pregunta del diputado Enrique Meléndez?
El diputado Eduardo Rivera Pérez:
No acepto la pregunta, que suba a
tribuna a exponer sus argumentos.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
No acepta la pregunta diputado.
Continúe diputado.
El diputado Eduardo Rivera Pérez:
Gracias, señora Presidenta.
Vuelvo a insistir, vengo a nombre
del grupo parlamentario del PAN a poner a su consideración no nuestros dichos ni mis
palabras, vengo a poner a su consideración, sustentado en una ética parlamentaria y en
una responsabilidad política, a que atiendan sus propios compromisos de campaña.
De manera respetuosa se los
pedimos, creo que este proyecto bien vale la pena que lo votemos por unanimidad, la
propuesta es racional, es legal y es viable porque los diferentes documentos y las
diferentes instituciones signan la importancia del compromiso de la participación social.
Por eso termino señalando que es
importante reiterar la necesidad de buscar la participación de todos los sectores de la
sociedad en todo el proceso educativo, a fin de mejorar su planeación, su seguimiento,
estándares de calidad, evaluación y por lo tanto, la participación de la sociedad civil
en todo este proceso y en el financiamiento no puede estar ajena, es un compromiso del
PAN, es un compromiso del PRI, es un compromiso del PRD, por eso nosotros consideramos que
no podemos dejar fuera a la sociedad civil, solicitamos su congruencia y lealtad a su
plataforma, solicitamos su congruencia y lealtad a las instituciones calificadas para ello
como es la UNESCO y solicitamos su congruencia a los documentos que han sido expuestos en
este debate.
Amigas y amigos legisladores, la
tarea de forjar, de labrar un sistema educativo integral, mejor y de mayor calidad para
todos, no es tarea de unos cuantos, no es tarea sólo del Estado, no es sólo tarea de un
Gobierno o de un partido político, esto es tarea inexcusable, es tarea política que
reclama la presencia de todo buen mexicano, de toda buena agrupación y de la sociedad
civil porque nosotros, al igual que ustedes, queremos forjar la patria que todos
anhelamos.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Efrén
Leyva, a favor del dictamen.
Diputado Leyva, ¿está usted de
acuerdo que pase en primer término el diputado Bortolini e inmediatamente después usted?
El diputado Leyva le cede su lugar
en el orden e inmediatamente después irá el diputado Bortolini.
El
diputado Miguel Bortolini Castillo:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Es indudable que este debate se le
debía a la nación hace muchos, muchísimos años y es muy bueno que se dé de cara a la
nación y qué bueno que los medios de comunicación lo están transmitiendo y den cuenta
de quienes quieren cargarle más impuestos indirectos a los padres de familia con un
eufemismo: sociedad civil.
El día de ayer el Presidente Fox
hizo declaraciones, lo leemos textualmente. El, en sus declaraciones que hizo dice a la
prensa: “…con participación de los tres órdenes de gobierno, la iniciativa
privada y los padres de familia vamos a llegar al 8%”. Aquí estamos hablando de la
obligación del Estado; estamos hablando del dinero público y no estamos hablando del
dinero y de los ingresos de por sí raquíticos de los padres de familia.
Quien me antecedió, viene a
decirnos que la iniciativa privada debe aportar; nosotros decimos sí, los padres de
familia sí pero después del 8% que el Presidente, entonces candidato, prometió. ¿Por
qué entonces, nosotros preguntamos, por qué entonces no se dirigieron a la UNESCO, por
qué lo sacan hasta ahora?
Esa es la pregunta y la tienen que
contestar ustedes. Hoy, discúlpenme están en un brete: ¿cómo sacar y cómo lavar la
imagen de un Presidente de ocurrencias como candidato y más ahora como Presidente de la
República?
Esto es una cosa que ustedes deben
tratar de sacar. Noso-tros por nuestro lado les queremos recordar lo que el Presidente en
su calidad de candidato el día 25 de mayo en el Museo Tecnológico de la Comisión
Federal de Electricidad hizo y que fue como promesa: “Haremos, dijo esa tarde,
haremos una revolución educativa, creceremos el Presupuesto del 5% al 8% del PIB” y
PIB significa dinero público, dinero del Estado y no de los padres de familia en este
sentido.
Aquí, aquí compañeros les duele
pero tenemos un Presidente que faltó a la verdad y ustedes no saben cómo lavar sus
culpas. Tal pareciera, tal pareciera en estos momentos que la derecha y quizá la
ultraderecha quiere hacer recaer el compromiso del Estado sobre los padres de familia.
Aquí nosotros recordamos cuando se aprobó la iniciativa para que se creará la
obligatoriedad de los jardines de niños en sus tres años, ya me los imagino se estaban
frotando las manos para poder crear escuelas privadas y ahora lo que se requiere es dinero
público para estos jardines de niños.
Nosotros decimos sí, sí al 8%,
pero la iniciativa privada y los padres de familia, repetimos, debe ser como un
complemento después de que el Estado destine el 8% del Producto Interno Bruto, para
educación no vayamos a sustituir, no es cuestión de sustituir la obligación del Estado
por los raquíticos ingresos de los padres de familia.
No nunca más eso, nosotros estamos
muy de acuerdo en que la iniciativa privada dé dinero, aporte a la educación, obtiene
buenos profesionistas de las universidades públicas, entonces que lo destine después del
8%, del Producto Interno Bruto, por un lado lo que nosotros estamos planteando muy
claramente es, con el apoyo de todas las fracciones del PRI, del PAB, de Convergencia y de
la Sociedad Nacionalista, que se apruebe el 8% del Producto Interno Bruto y que se rechace
esta argucia, una contradicción del PAN, porque si bien es cierto que en lo general
están de acuerdo, después se presentan aquí a rebatir todo el artículo, porque es un
solo artículo y presentan una modificación a ese artículo que ustedes en lo general
aprobaron.
Lo que nosotros les pedimos es,
congruencia, congruencia política y vean de que manera le lavan la cara a su Presidente,
que los tiene metidos a ustedes, repito en un brete del cual no pueden salir y que bueno
que la nación se está dando cuenta, los padres de familia, la iniciativa privada, que
ustedes pretenden que los padres de familia carguen con más impuestos indirectos para la
educación de sus hijos, ustedes y el Presidente le han mentido a la nación, en el 2006
les van dar la espalda, así como se la dieron al partido que estaba en el poder.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene
la palabra el diputado Efrén Leyva. A favor del contenido del dictamen.
El diputado Efrén Nicolás Leyva
Acevedo:
Con su permiso, compañera
Presidenta:
Para iniciar esta intervención, yo
quisiera solicitar a la Presidencia permitiera al señor Secretario, pudiera dar lectura a
la página 57 de este documento que condensa la plataforma educativa que presentaron,
quienes fueron candidatos a la Presidencia de la República en el año 2000 y quisiera que
diera lectura a la página 57 y 76, donde consigna cuáles fueron las palabras de quien
ahora es el Presidente de la República y que en ese entonces candidato se acomodaba al
auditorio en el que estaba.
Quisiera pedirle, señora
Presidenta si permite que dé lectura a este documento.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Ciudadano Secretario, dé lectura
al documento que indica el diputado ponente.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
De un texto plataforma educativa
2000-2006. Los candidatos a la Presidencia de la República ante el magisterio y se
detallan cada uno de los candidatos de los diferentes partidos.
“Página 57. Cuarto párrafo.
México no esta preparado para enfrentar el nuevo milenio y ése no puede ser nuestro
destino. México debe y puede aspirar a un mejor futuro en materia educativa, para ello
para caminar a gran velocidad al escenario deseable los invito a repensar el proyecto
educativo nacional.
Primero. Deberemos incrementar el
presupuesto para la educación pública, laica y gratuita de calidad, pasar del 5% del
Producto Interno Bruto a por lo menos el 8% en los próximos seis años, a fin de hacer
una gran cruzada por la infraestructura educativa de calidad, que pueda generar educandos
de calidad.
Página 76, segundo párrafo:
“hablamos de duplicar el presupuesto en términos reales al paso de los próximos
seis años, porque precisamente vamos a aumentar de manera constante, año a año, la
participación del presupuesto en el Producto Interno Bruto, que nos lleva del 5% al 8%,
pero además vamos a hacer crecer la economía, como también ya lo hemos planteado y que
es indispensable para nuestro país. Así que va a ser mayor el tamaño del pastel fiscal
por una reforma fiscal, y va a ser mayor por el crecimiento de la economía, pero además
la rebanada que va al proyecto de educación, va a ser más grande cada año, de acuerdo
con este compromiso, de pasar del 5% al 8%”.
Seguramente los compañeros
diputados de Acción Nacional que me han antecedido, no conocen cuál es la plataforma que
en educación presentó quien ahora es su Presidente y que fue candidato de su partido en
el año 2000. Aquí voy a dejar el libro a disposición, para que quien desee consultarlo,
puedan abrevar de él para tener mayor conocimiento en el tema que estamos discutiendo.
Quiero dejar muy claro, compañeras
y compañeros diputados, de que mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, ha
sido congruente en lo que dice con lo que hace, y qué decir… Yo rogaría, señora
Presidenta, que me permitieran continuar.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputados hemos logrado en medio de
una sesión que tiene un debate muy interesante, guardar en términos generales el respeto
a los oradores, yo les ruego que continuemos con esa actitud.
El diputado Efrén Nicolás Leyva
Acevedo:
Sin duda existe mucho talento por
parte de los señores legisladores de Acción Nacional y los invitaría a que
debatiéramos aquí en la tribuna y pudiéramos incrementar al 8%, para que esa cultura la
abreven de la educación, a la que le queremos poner el 8% al Producto Interno Bruto.
Hemos afirmado de que no estamos de
acuerdo, y lo confirmamos nuevamente aquí, de que no estamos en contra de ninguna manera,
jamás estaríamos en contra en la participación de la sociedad en elementos tan
importantes del desarrollo, pero también hemos afirmado de que no estamos nosotros
facultados, como Congreso ni el Ejecutivo lo está tampoco, para poder obligar a que la
iniciativa privada, la sociedad vaya a poner determinada cantidad de dinero hacia el
desarrollo educativo.
La educación pública le
corresponde al Gobierno mexicano, la educación pública le corresponde a este Congreso
determinar sus montos en el presupuesto, y aquí lo dice, cuando hace su propuesta Vicente
Fox, “de que habrán de revisar el presupuesto”, no habla de ninguna manera de
que habrán de revisar a la sociedad civil, a las sociedades anónimas o a la sociedad en
su conjunto, para poder ver cuánto le van a depositar y que puedan lograr los incrementos
que le está proponiendo.
Sin embargo, nosotros reiteramos
que la participación de la sociedad, como lo marca la ley, como lo marca la misma
Constitución en su artículo 3o., en el octavo párrafo, habrá de tener participación
importante en el desarrollo de consejos, de comunidades, de asociaciones, para poder
opinar en el desarrollo de la educación pública, pero de ninguna manera habla de que se
habrá de poner a la sociedad a que aporte determinadas cantidades.
No estamos contra la educación
privada, porque ella tendrá su propio desarrollo, como lo ha tenido permanentemente.
Por la vía de la educación se
benefician todos los sectores, porque es la piedra angular de la conformación e identidad
nacional. Por la vía de la educación se benefician a todos los sectores, se beneficia la
productividad y la producción, porque la educación capacita.
Se beneficia el sector
agropecuario, porque se destinen recursos a la capacitación productiva y a la
transparencia tecnológica; se beneficia al sector social, al público y al privado; se
beneficia a la nación porque ésta es, esto hace que la educación sea la identidad
nacional a través de su capacitación.
La educación pública es
responsabilidad del Estado, por ello es irrebatible que el 8% del Producto Interno Bruto,
que el sector público dedique a la educación. Es un compromiso que sólo quieren eludir
quienes tienen una visión dictatorial o de referencia a la educación privada.
Yo le pediría, señora Presidenta,
que pudiera dar lectura el señor Secretario al artículo 3o. constitucional, en su
fracción VIII.
El diputado José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt
Bretón (desde su curul):
Señora Presidenta, deseo hacer una
pregunta al orador.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Leyva, el diputado Sergio
Vaca, quiere formularle una pregunta.
El diputado Efrén Nicolás Leyva
Acevedo:
Concluyendo mi intervención, con
mucho gusto.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Concluyendo la intervención.
Le ruego, señor Secretario, que
atienda la solicitud del orador.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
De la Constitución Política,
artículo 3o. fracción VIII.“...el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y
coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a
distribuir la función social, educativa entre la Federación, los estados y los
municipios; a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público
y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir
las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan”.
El diputado Efrén Nicolás Leyva
Acevedo:
Esta es la facultad que nos otorga
la Constitución para revisar los presupuestos.
Hoy no podemos estar eludiendo un
compromiso para estar viendo qué es lo que vamos a distribuir o qué vamos a revisar con
la inversión privada, cuando no tenemos facultades de poder determinar.
No rehuyamos al compromiso nacional
que tenemos, entrémosle hoy de una vez por todas para que poco a poco, paulatinamente,
podamos llegar al 2006, como es propuesta de todos los partidos, a obtener el 8% del
Producto Interno Bruto en educación.
Un país sin proyecto educativo es
un país que está sentenciado a no progresar, un país sin proyecto educativo es un país
que está sentenciado a quedarse hundido en el marasmo como ustedes lo tienen ahora.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias.
Diputado Leyva, la pregunta.
Reconsideró, diputado Vaca; no
acepta la pregunta.
Le ruego a la Secretaría consulte
a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutida...
El diputado José Félix Salgado Macedonio (desde
su curul):
Señora Presidenta, deseo hacer uso
de la palabra.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
¿Perdón, diputado?, ¿Perdón,
diputado Félix Salgado?
El diputado José Félix Salgado Macedonio (desde
su curul):
Deseo hacer uso de la palabra.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Desea hacer uso de la palabra,
¿sería para rectificar hechos, diputado Félix Salgado?
El diputado José Félix Salgado Macedonio (desde
su curul):
Sí, para rectificar hechos.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Para rectificar hechos en términos
del artículo 102.
El diputado José Félix Salgado
Macedonio:
Muchas gracias, señora Presidenta:
La semana pasada, cuando nos
visitó el susodicho Rey de España, en la inauguración ahí de las instalaciones de la
academia de la lengua, el señor Vicente Fox dijo que América se descubrió en 1942, así
dijo él, en lugar de 1492, por eso seguramente andan muy acelerados en tiempos ustedes,
compañeros del PAN.
Ustedes dicen sí al 8%, pero
englobando la inversión de la iniciativa privada y haciendo a un lado la responsabilidad
del Estado; es obligación del Estado, es obligación del Gobierno otorgar la educación
libre, gratuita, laica. Es obligación del Gobierno.
Ahora bien, está a discusión
aquí de que si es o no es con dinero del Producto Interno Bruto. El Producto Interno
Bruto es el resultado de toda la producción económica del país.
Pero para más definición de lo
que es el Producto Interno Bruto, pero bruto se llama Vicente Fox. Bruto, qué bruto...
(...)
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Esta Presidencia instruye a la
Secretaría borre la afirmación del diputado Félix Salgado y le ruega consulte la
lexicografía y se apegue al tema de su intervención.
El diputado José Félix Salgado
Macedonio:
El gobierno del águila mocha
quiere mochar la Constitución, quiere mochar nuestras ideas, quieren mochar la
inteligencia. Se equivocan. Miren, esto fue recomendado por la UNESCO desde hace un poco
más de 30 años.
Y ahora va para ustedes compañeros
del PRI. Desde hace muchos años se ha recomendado que del 8% al 11% del Producto Interno
Bruto, se destine a la educación y nunca lo hicieron. Y no lo quisieron hacer porque les
convenía en su régimen tener pueblos metidos en la ignorancia, para las despensas, las
pacas de lámina.
¿Y cuántos “aviadores”
había? ahí hay arriba muchos maestros que no me van a dejar mentir. A lo mejor son
trabajadores; a la mejor sí a lo mejor no. ¿Cuantos “aviadores”? las listas
abultadas de “aviadores”. En Guerrero, yo vengo de Guerrero, ahí está la lista
de los “aviadores”; cuántos funcionarios públicos cobran en Educación
Pública; maestros y diputados y cobran aquí y cobran allá.
Cuándo va a alcanzar el dinero
para la educación pública. Nombres. Y luego las voces que se levantaban del magisterio
disidente, las acallaban. Y ahí está Misael Núñez Acosta, que fue asesinado por apoyar
al magisterio.
Y la señora Elba Esther Gordillo,
tiene cuentas pendientes con ese crimen. Y el señor, un tal Jonguitud. Esa gente que ha
oprimido a los maestros tiene mucha culpa.
Y bueno, pues lo siento mucho
compañeras y compañeros del PRI y del PAN. A veces se confunden pues, siento que es lo
mismo a veces, el PRI y el PAN, ya les quiero decir Prian.
Hoy es un buen momento y es un
momento histórico. Tenemos que aprobar el texto tal y como está, tal y como lo
aprobamos; no hay que cantinflearle. Sí a favor en lo general y en lo particular en
contra. Me reservo el artículo 1o. pues están en contra de la aplicación del 8% del
Producto Interno Bruto.
Así pues que demos una
demostración de congruencia, de que sí queremos la educación para nuestro país. Los
pueblos cultos siempre serán pueblos libres. No más opresión. Y adelante la educación
y la cultura en nuestro país.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Consulte la Secretaría si se
encuentra suficientemente discutida la modificación al párrafo primero del artículo 25.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Por instrucciones de la Presidencia
en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente
discutida la propuesta de modificación al párrafo primero del dictamen.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente
discutido señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
En consecuencia, se va a someter a
votación si es de admitirse la propuesta de modificación presentada por el diputado
Moisés Alcalde Virgen.
Esta Presidencia ha recibido
solicitud para que el proceso de votación sea nominal, por lo que le ruego a la
Secretaría se abra el registro de votación hasta por 10 minutos, para ver si es de
admitirse la propuesta de modificación presentada por el diputado Moisés Alcalde Virgen.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Háganse los avisos a que se
refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por
10 minutos para verificar si se acepta o no la propuesta de modificación presentada por
el diputado Moisés Alcalde Virgen.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
El sentido afirmativo es aceptando
la propuesta de modificación.
El sentido negativo es rechazando
la propuesta de modificación.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Se emitieron 190 votos en pro, 235
en contra y cuatro abstenciones.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Desechada la propuesta de
modificaciones al párrafo primero del artículo 25 de la Ley de Educación.
Pasamos a la discusión del
artículo segundo transitorio.
Para
presentar una propuesta de modificación, tiene la palabra el diputado Julio Castellanos
Ramírez, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Julio Castellanos
Ramírez:
Gracias, señora Presidenta;
compañeras y compañeros legisladores:
A principios de los sesenta, un
destacado legislador de Acción Nacional, don Adolfo Christeilb Ibarrola afirmó en esta
tribuna: “Resolver el reto de la educación en México no es solamente proporcionar a
todos los mexicanos elementos materiales para que puedan aprender a desempeñar un
trabajo, un oficio o una profesión con qué ganarse la vida. Resolver este reto requiere,
además, mantener una conciencia de la comunidad nacional que pueda ser adecuadamente
fecundada la convivencia y la prosperidad del país”.
Más que el 8% del PIB para
educación que esta asamblea ha aprobado, el llamado que quiero hacer a mis compañeras y
compañeros legisladores de todos los partidos políticos, en un ánimo absolutamente
conciliatorio, es el precisamente despertar esta conciencia de la comunidad nacional que
nos pueda llevar a asegurar la convivencia y la prosperidad en el terreno de la
educación.
Si existe un tema que tiene la
mayor prioridad e irrenunciable atención por parte de la administración del Presidente
Vicente Fox, ese es el referente a la educación.
El Gobierno que hoy encabeza
Acción Nacional ha velado en todo momento por dotar de la mayor cantidad de recursos
posibles al sector educativo, dentro de los límites existentes. Muchos maestros de todo
el país y muchos de ellos aquí presentes, son testigos fieles de esta afirmación.
El PAN siempre ha anhelado una
educación de calidad para todos los mexicanos.
Compañeras y compañeros
legisladores: hoy estamos aquí por fijar un monto ambicioso sobre la inversión que
habrá de hacerse en la educación, pero no podemos dejar sólo asentado un monto
presupuestal sin cumplir con lo que nuestra Carta Magna y legislación secundaria mandata
para actuar responsablemente como legisladores, haciendo respetar el Estado de Derecho, al
cual nos debemos y por la representatividad de todas y todos los educandos del país.
Me parece que todos los partidos
políticos aquí presentes estamos a favor de asignar mayores recursos a la educación de
calidad, pero también debemos de estar a favor de cuidar el equilibrio presupuestal, de
contar con los ingresos suficientes que nos permitan erogar en los presupuestos
correspondientes del Estado, es decir, de la Federación, de las entidades federativas y
de los municipios, para cumplir la meta presupuestal de alcanzar en el 2006 el 8% como
proporción del Producto Interno Bruto en educación.
Compañeras y compañeros
legisladores: la invitación es porque requerimos actuar con responsabilidad sobre la
integralidad del gasto público y no descuidar otras áreas estratégicas para el
desarrollo social y económico del país.
Esta Cámara de Diputados tiene una
altísima responsabilidad que nos obliga a manejar transparente, justa y eficientemente el
origen y el destino de los recursos, procurando su buen uso, la consideración del resto
de las prioridades nacionales y el equilibrio de las finanzas públicas.
Por ello, señoras y señores
legisladores, los exhorto a incorporar en el segundo transitorio la propuesta de
incrementos graduales en educación y de manera proporcional al incremento de los
ingresos. Nuestra propuesta pretende dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales
relacionadas a las finanzas públicas y en concreto al artículo 31 fracción IV que
obliga a los mexicanos a contribuir para los gastos públicos, así como a la fracción
VII del artículo 73, cito: “el Congreso tiene facultad para imponer las
contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto”.
Asimismo relevante es observar la
fracción IV del artículo 74 que dice: “son facultades exclusivas de la Cámara de
Diputados examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la
Federación, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para
cubrirlo”.
Por lo tanto, la propuesta de
modificar este segundo transitorio respeta a cabalidad las disposiciones constitucionales
que para distribuir los egresos es necesario tener el sustento de los ingresos.
No caigamos en la decisión o en el
discurso fácil de asentar montos sin el respaldo correspondiente. Demostremos al pueblo
de México nuestra capacidad para tomar decisiones consensadas, responsables y realistas,
a fin de mejorar de manera integral todas las áreas del quehacer ciudadano. Que las
reformas que este Congreso impulse y apruebe no se conviertan en letra muerta o rompan con
el equilibrio presupuestal, que a la postre perjudique a la nación entera.
Compañeras y compañeros
legisladores: ¡Vayamos por la educación y por México!
Muchas gracias, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
¿En qué consiste la propuesta que
plantean?
El diputado Julio Castellanos
Ramírez:
Para quedar como sigue...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Es segundo transitorio.
El diputado Julio Castellanos
Ramírez:
Segundo transitorio. Para dar
cumplimento a esta disposición, los presupuestos del Estado contemplarán un incremento
gradual anual en proporción con el aumento de los ingresos fiscales del Estado como
porcentaje del Producto Interno Bruto que se obtenga a partir del año 2003, tomando como
referencia los ingresos del Estado como porcentaje del Producto Interno Bruto del año
2002, a fin de alcanzar en el año 2006, recursos equivalentes al 8% del Producto Interno
Bruto, que establece la presente reforma.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Tiene
la palabra en contra de la propuesta de modificación, el diputado Ramón León Morales,
del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señora Presidenta.
Me parece que hay ocasiones en que
en esta Cámara se pretenden poner trampas de carácter legislativo. Por un lado la
propuesta a la reforma al artículo 25 de la Ley General de Educación, presentada por el
Partido de la Revolución Democrática, implica solamente una modificación al artículo
citado.
Llama mucho la atención que el
Partido Acción Nacional haya venido a esta tribuna a plantear que está de acuerdo en lo
general y posteriormente se reserve todo el artículo, es decir, el único que está a
propuesta, el único, se lo reserve en lo particular, esto en política aquí y en
cualquier parte del mundo, se llama simulación.
Asimismo, me llama la atención que
aquí se hayan traído muchos documentos, sin recordar por ejemplo que el PAN presionó en
la reciente reunión de la UNESCO celebrada en Sao Paulo, para que tanto el Parlatino y la
UNESCO bajaran su recomendación del 8% al 6% del PIB, y fue un compañero del PAN quien
anduvo cabildeando esto. ¡Es inadmisible!
Fuimos a discutir el artículo, el
artículo 25 que primero lo votan en lo general y luego lo llevan a lo particular y ahora
pretenden meternos a una nueva simulación, es decir, a una trampa. Es inadmisible para
esta Cámara que caigamos en este tipo de provocaciones, en este tipo de simulación.
Se pretende ahora que reformemos un
transitorio, es decir, que llevemos amarrado el presupuesto de educación a un aumento de
impuestos, es decir, quieren volver a traer a esta tribuna un tema y un debate que al
menos en esta legislatura tenemos plenamente agotado. ¡No al IVA en alimentos, no al IVA
en medicinas! ¡No a cualquier intento de tener más impuestos en esta nación!
¡Sí a que el Ejecutivo, a que el
gobierno de Vicente Fox empiece a recaudar más y mejor y a menos costo! No vengan,
compañeros del PAN, a meter de trampa debates que nosotros hemos superado.
Se ha dicho ya con anterioridad que
el Partido Acción Nacional no solamente presentó una iniciativa sino que cabildeó,
cabildeó para que se aprobara, para que se hiciera obligatorio preescolar.
Sumamente interesante que, por un
lado, le tienden una trampa a los niños mexicanos para decirles, ahora tendrás que
cursar preescolar para poder ingresar a la primaria porque es obligatorio, qué extraño,
que en el momento en que vemos cuestiones presupuestales los señores nos digan: sí, pero
que vaya la sociedad civil.
A mí me parece que esto suena así
como que, sí, pero que vaya la iniciativa privada y no es que estemos en contra de la
inversión de la iniciativa privada en Educación, bienvenida, bienvenida la inversión
privada, pero lo que sí tenemos que garantizar es que el Estado mexicano garantice un
piso del 8% del Producto Interno Bruto para dedicarlo a Educación.
Por eso compañeras y compañeros
diputados nos parece inadmisible, inadmisible que a estas alturas del debate pretendan
hacernos caer en trampas, pretendan llevarnos a una simulación más.
Y para concluir, nada más,
después de todos los argumentos y papeles que aquí se presentaron, yo nada más quiero
que si la Presidencia lo permite, la Secretaría dé lectura al artículo 3o.
constitucional en su apartado octavo, yo con esto concluyo.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias diputado. Por favor señor
Secretario, atienda la solicitud.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
De la Constitución Política.
“Artículo 3o., fracción VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y
coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a
distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y los
municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público
y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir
las disposiciones relativas lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan”.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias.
El diputado Ramón León Morales:
Señora Presidenta; compañeras y
compañeros diputados:
Yo concluyo planteando nada más lo
siguiente, es inadmisible la pretensión del Partido Acción Nacional de amarrar esta
importante decisión a mayores impuestos escondidos para la población mexicana.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Esta Presidencia no tiene el
registro de más oradores, por lo que le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si
se encuentra suficientemente discutida la propuesta de modificación al artículo segundo
transitorio.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se encuentra
suficientemente discutida la propuesta de modificación al artículo segundo transitorio
de este dictamen.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente
discutido.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Hemos recibido solicitud para que
la votación se haga de manera nominal, por lo que se instruye a la Secretaría para que
se abra el sistema de registro electrónico hasta por 10 minutos, en el entendido que el
voto a favor, es a favor de la propuesta de modificación presentada por el diputado Julio
Castellanos y en contra es desechando la propuesta de modificación.
La votación es para saber si se
admite o no a discusión la propuesta. Insisto, la votación es para ver si se admite o se
desecha la propuesta.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Se pide se hagan los avisos a que
se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico,
hasta por 10 minutos, para proceder a la votación de si se acepta o no la modificación.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Sí se acepta a discusión...
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Si se acepta a discusión o no, la
propuesta presentada por el diputado Julio Castellanos.
Se abre el sistema electrónico por
10 minutos.
(Votación.)
Se emitieron 205 votos en pro; 211
en contra, cero abstenciones.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Desechada la propuesta de
modificación planteada por el diputado Julio Castellanos Ramírez.
Vamos a proceder a la votación en
un solo acto en los términos del dictamen de los artículos 25 en su totalidad,
incluyendo el párrafo primero tal y como venía en el dictamen y el segundo transitorio
tal y como venía en el dictamen. Procedemos a la votación de carácter legislativo.
Le ruego a la Secretaría abrir el
registro de votación hasta por 10 minutos para votar el dictamen en sus términos en
cuanto al párrafo primero del artículo 25 y en cuanto al artículo segundo transitorio.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Se pide se hagan los avisos a que
se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Abrase el sistema
electrónico por 10 minutos para proceder a la votación de los artículos tal y como
establece el dictamen.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
La
votación afirmativa es a favor de los términos como están en el dictamen publicado.
(Votación.)
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Se emitieron 235 votos en pro; 81
en contra; 97 abstenciones.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobados el párrafo primero del
artículo 25 y el artículo segundo transitorio del dictamen que reforma el artículo 25
de la Ley General de Educación.
Aprobado en lo general y en lo
particular el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 25 de la Ley General
de Educación. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
DIPUTADA QUE
SOLICITA LICENCIA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Esta Presidencia ha recibido
comunicación de la diputada, Silvia Romero Suárez, con fecha 26 de noviembre de 2002
solicitando licencia.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Diputada Beatriz Elena Paredes
Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo establecido en
los artículos 47 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, le solicito a usted se sirva someter a la aprobación del
pleno, la presente solicitud de licencia temporal para separarme del encargo de diputada
federal, por el IV distrito federal electoral.
Lo anterior, a fin de estar en
aptitud para poder inscribirme a la convocatoria que el Partido Revolucionario
Institucional, ha abierto para renovar la dirigencia del comité directivo del estado de
Guerrero.
Sin más por el momento y
agradeciendo de antemano sus finas atenciones, le reitero las seguridades de mi
consideración distinguida.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 26 de noviembre de 2002.— Diputada Silvia
Romero Suárez.»
Túrnese a la Mesa Directiva para su
trámite correspondiente.
En virtud de que ha concluido el
horario previsto para el desarrollo de la sesión, le ruego a la Secretaría dar lectura
del orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL
DIA
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Orden del día de la próxima
sesión.
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 28 de noviembre de 2002.
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos de los estados de:
Michoacán, Morelos, Nayarit y Sonora.
De la senadora Cecilia Romero
Castillo.
De la Cámara de Senadores.
De la Junta de Coordinación
Política.
De la Mesa Directiva.
Y los demás asuntos con los que la
Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
(a las 18:33 horas):
Se levanta la sesión y se cita para
la que tendrá lugar el próximo jueves 28 de noviembre a las 10:00 horas.
|