| Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
ASISTENCIA
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Ruego a la Secretaría,
haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de
diputados.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
Se informa a la
Presidencia que existen registrados previamente 316 diputados; por lo tanto hay quórum.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
(a las 10:22 horas):
Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a
dar lectura al orden del día.
ORDEN
DEL DIA
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
«Primer Periodo de
Sesiones Ordinarias.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 3 de diciembre de
2002.
Acta de la sesión
anterior.
Comunicaciones
De los congresos de los
estados de: Chiapas, Coahuila, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán y
Zacatecas.
De la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, II Legislatura.
Del Consejo de la
Judicatura Federal.
Del Instituto Federal
Electoral.
Del Gobierno del estado de
Nuevo León, da respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, sobre
las condiciones que guardan los centros de Readaptación Social.
De la Junta de
Coordinación Política.
Iniciativa del Congreso
del estado de Jalisco.
Que adiciona al Capítulo
III, con los artículos 22-A, 22-B, 22-C y 22-D, del Título Segundo de la Ley General de
Salud. (Turno a comisión.)
Oficio de la
Cámara de Senadores
Con el que remite la
iniciativa que adiciona un artículo 222 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada
por el senador Adalberto Madero Quiroga, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a comisión.)
Oficio de la
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
Con el que remite el
informe estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en
México (enero-septiembre de 2002), de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del
artículo 27 de la Ley de Inversión Extranjera. (Turno a comisión.)
Oficios de la
Secretaría de Gobernación
Con el que remite oficio
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en relación al punto de acuerdo
aprobado por la Comisión Permanente, por el que comunica que el 27 de agosto de 2002, se
celebró la Octava Sesión Ordinaria del Comité Consultivo Nacional de Normalización de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Con el que remite oficio
del Oficial Mayor del honorable Congreso del estado de Oaxaca, en relación al punto de
acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, sobre la problemática que se presenta en
las unidades habitacionales del país.
Con el que remite oficio
del Oficial Mayor del honorable Congreso del estado de Oaxaca, en relación al punto de
acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, sobre la legislación en materia de
adopción de menores de acuerdo a los convenios y tratados internacionales firmados por
nuestro país.
Iniciativas de
diputados
Que reforma diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del
diputado Eduardo Andrade Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma diversos
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reducir el
número de legisladores, a cargo del diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Que reforma el artículo
7o.-bis de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Rubén Aguirre Ponce,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente; y a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Que adiciona un párrafo
tercero al artículo 35 y un párrafo con el número segundo al artículo 83 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada
Bertha Alicia Simental García, del Partido de la Sociedad Nacionalista. (Turno a
comisión.)
Que reforma y adiciona los
artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Víctor Emanuel
Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Que reforma el artículo
250 de la Ley General de Salud, con respecto a los psicotrópicos enunciados en la
fracción II del artículo 245 de la misma ley, a cargo del diputado Neftalí Salvador
Escobedo Zoletto, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Que reforma los artículos
30 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a cargo del diputado
Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Que reforma diversas
disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, a cargo del diputado Eduardo Andrade Sánchez, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma el segundo
párrafo del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
a cargo de la diputada Silvia América López Escoffie, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Minutas
Con proyecto de decreto
que reforma los artículos 9o.,12 y 33 de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos. (Turno a comisión.)
Dieciocho con proyecto de
decreto por los que se concede permiso a los ciudadanos: Marina Elvira Priscila Ruiz Maza,
Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, Valentín Díez Morodo, Luis Mauricio Peters
Krayem, Nathán Wolf Lustbader, Jaime Virgilio Nuaiart Sánchez, Amanda MireyaTerán
Munguía, Miguel Hakim Simón, José Armando Tamayo Casillas, José Luis Romero Hicks,
Bertha Leticia Navarro Ochoa, Claudia Mendoza Mendoza, Julián Ventura Valero, Olegario
Vázquez Raña, José Luis Figueroa Cuevas, Sara Guadalupe Bermúdez Ochoa, Bernardo
Córdova Tello y Gustavo Iruegas Evaristo, para aceptar y usar las condecoraciones que les
confiere el Gobierno del Reino de España. (Turno a comisión.)
Trece con proyecto de
decreto por los que se concede permiso a los ciudadanos Fernando Gómez, Carlos Enrique
López Araiza Genis, Perla María Carvalho Sótoy, Francisco Ponce Fernández de Castro,
Julio César Margáin y Compean, Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, Miguel Hakim
Simón, José Armando Tamayo Casillas, Gustavo Ernesto Casillas Rocha, Sara Guadalupe
Bermúdez Ochoa, Francisco Javier Ortiz Ortiz, Pedro Cerisola y Weber y Oscar Arturo
Esparza Vargas, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno del
Reino de Suecia. (Turno a comisión.)
Dictámenes de
primera lectura
De la Comisión de Marina
con proyecto de Ley Orgánica de la Armada de México.
De la Comisión de Salud
con proyecto de decreto que reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud.
Dictámenes de la Sección
Instructora. (sesión secreta)
Dictámenes a
discusión
De la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones
I y IV y se adiciona la fracción VI al artículo 2o. y se reforma el primer párrafo del
artículo 3o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
De la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano
Alberto Manuel Ortega Venzor, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel
la Católica en grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno del Reino de
España.
De la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano
Eduardo Sojo Garza Aldape, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la
Católica en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Excitativas
A la Comisión de Hacienda
y Crédito Público, a cargo del diputado Manuel Arturo Narváez Narváez, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
A la Junta de
Coordinación Política, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión del
Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
A las comisiones de
Cultura y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo de la diputada Mónica Serrano
Peña, del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
A la Comisión del
Distrito Federal, a cargo del diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Proposiciones
Con punto de acuerdo en
relación al Poder Judicial del estado de Yucatán, a cargo del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
que la Cámara de Diputados exhorte al Director General del IMSS, a que cumpla debidamente
lo que establece el artículo vigesimoquinto transitorio del decreto por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial el 20 de diciembre de 2001, a
cargo del diputado Rafael Servín Maldonado, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en
relación a la transparencia, equidad electoral y el combate a la corrupción en el estado
de Zacatecas, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo sobre
la problemática de seguridad en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Nelly Campos
Quiroz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo con
relación a la agresión a reporteros de Tijuana por elementos de la Policía Judicial
Federal, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
aumentar el presupuesto que Pemex otorga para el desarrollo social de las entidades
federativas donde extrae, refina y conduce petróleo, a cargo del diputado Abel Trejo
González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para
solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice las investigaciones
pertinentes e informe las causas del retraso en la obra carretera
“Cafetal-Bacalar” en el estado de Quintana Roo, a cargo del diputado Juan Carlos
Pallares Bueno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
que la representación de México ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, solicite el respeto a los Derechos Humanos de los practicantes del Falun Dafa, a
cargo del diputado Sergio Acosta Solazar, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
simplificar los diversos trámites administrativos para la regulación de usuarios de
aguas nacionales que realicen actividades de carácter agrícola y ganadero, así como
brindarles apoyo para dotarlos de la infraestructura necesaria para sus actividades
fundamentales, a cargo del diputado Juan José Nogueda Ruiz, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionarlo Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo por
el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores se sirva incluir en sus
programas de apoyo a los migrantes, la enseñanza del idioma inglés, a cargo del diputado
Ramón Mantilla y González de la Llave, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
solicitar una investigación a la Sagarpa en razón de no haber motivado y fundado
correctamente el decreto del 3 de septiembre de 2001, mediante el cual el Gobierno Federal
expropió 27 ingenios en el país, a cargo del diputado Arturo Herviz Reyes, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo
relacionado al proceso de entrega de concesiones de Ferrocarriles Nacionales de México, a
cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido
Político Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
exhortar al Ejecutivo Federal a la emisión de un decreto que amplíe la tarifa de verano
en el estado de Tabasco, a cargo de la diputada Lorena Beaurregard de los Santos, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo por
el que se exhorta a los poderes ejecutivos de cada estado, para que a través de las
procuradurías generales de los estados, ejerzan acción en contra de los que resulten
responsables por el delito de fraude y otros, relacionado con los actos ilícitos
cometidos por la organización llamada “Unión Campesina Independiente”, así
como aplicar las sanciones correspondientes y la reparación del daño ocasionado, a cargo
del diputado Miguel Angel Mantilla Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre
la necesaria equidad en los medios de comunicación electrónicos en tiempos de campaña
electoral, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
solicitar que se emita el decreto de área natural protegida a la zona conocida como
“Caña Alta”, ubicada en el temario de diferentes municipios del estado de
Veracruz, a cargo del diputado Pedro Manterola Sainz, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
solicitarle a la Comisión Especial Sur-Sureste, realice un estudio y evaluación
económica y social del proyecto de creación de un puerto de entrada (Home Port) en el
estado de Quintana Roo, a cargo del diputado Juan Carlos Pallares Bueno, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
la afiliación del programa antidrogas en el estado de Baja California, a cargo del
diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
otorgar un trato igualitario a la frontera sur en materia de precios de gasolinas, a cargo
del diputado Alejandro Cruz Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
que los diputados integrantes de la LVIII Legislatura, donen a las bibliotecas públicas
del país 10 libros, a cargo del diputado Gregorio Arturo Meza de la Rosa, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
crear una Comisión Especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales en
el proceso electoral del estado de México, a cargo del diputado Alejandro Gómez Olvera,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre
la problemática de los derechos de las mujeres en el estado de Yucatán, a cargo del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre
la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de habilitar un recinto alterno
para el trabajo del pleno y de los ciudadanos ministros, a cargo del diputado Jorge
Alberto Lara Rivera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para
destinar recursos económicos en una partida específica a las universidades indígenas, a
cargo del diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
exhortar al Congreso de la Unión, congresos estatales y distintas autoridades de la
Federación, estados y municipios, a realizar sólo los viajes necesarios frente a
autoridades de Estados Unidos de América y a través de ellos manifestar nuestro reclamo
por un acuerdo migratorio flexible y respetuoso de los Derechos Humanos, a cargo del
diputado Manuel Arturo Narváez Narváez, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre
los cultivos siniestrados en el Valle de Perote, estado de Veracruz, a cargo del diputado
José Francisco Yunes Zorrilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
que las empresas: Química Central de México, SA de CV y Suelas Winny, SA de CV rindan un
informe a las autoridades correspondientes y realicen acciones encaminadas a la
restauración del medio ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Sainz Lozano, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en
relación a la homologación del precio de la gasolina en la frontera norte, a cargo del
diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
exhortar a Petróleos Mexicanos a pagar a los productores afectados por la fuga de
petróleo crudo de los ductos de Pemex en tierras de cultivo del municipio de Acatziago,
Puebla, el pasado 16 de enero de 2002, a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz
Palacios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo
mediante el cual la Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la
Federación y a la Secodam, para auditar la gestión pública de la Comisión Nacional de
Libros de Texto Gratuitos, durante los ejercicios fiscales 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y
2001, a cargo del diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario
del partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en
relación al aumento anunciado a las tarifas eléctricas, a cargo del diputado Marco
Antonio Dávila Montesinos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre
las acciones del estado ante los crímenes de lesa humanidad, a cargo de la diputada Petra
Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para
solicitar la comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda, a
cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
que la Cámara de Diputados exhorte al Senado de la República para que revise y modifique
el capítulo agropecuario del TLCAN, a cargo de la diputada Miroslava García Suárez, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en
relación a la situación laboral de los trabajadores del INAH, a cargo de la diputada
Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en
relación a la Protección Civil, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
que en el Presupuesto de Egresos de 2003, se asigne a los productores de caña del país
una partida para que puedan cumplir con sus cuotas del IMSS, a cargo del diputado Arturo
Herviz Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo sobre
la situación actual del campo mexicano, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
que el IPAB incremente las cuotas que los bancos paguen por concepto de seguro de
depósito, a cargo del diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
que se incluya a los planteles dependientes de la subsecretaría de Educación e
Investigación Tecnológica, ubicados en las entidades federativas, como receptores de
transferencias previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2003, a cargo
del diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
restituir los fondos de apoyo regional a las comunidades indígenas, dependientes de
instituciones indigenistas, a cargo del diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
que las comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública, asignen recursos a las
unidades especialistas de trasplantes y órganos restaurados por instituciones públicas
en el país, a cargo del diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en
relación a la Seguridad Pública, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
solicitarle al Gobierno Federal el fortalecimiento a la evaluación de la educación como
sinónimo de calidad, a través del Instituto Nacional de Evaluación a la Educación, a
cargo del diputado José Carlos Luna Salas, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en
relación al ex secretario adjunto jurídico del IPAB, a cargo del diputado José Antonio
Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados preste sus
servicios a ambos cuerpos colegiados del honorable Congreso de la Unión, así como para
que se cree una Comisión Bicamaral que sea su órgano de Gobierno, suscrito por diputados
integrantes del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo sobre
la Educación en México, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
que la Cámara de Diputados aplique un ajuste del 10% al gasto corriente propuesto por el
Ejecutivo Federal para el Ejercicio Fiscal del Año 2003, para que sea reasignado al campo
y al desarrollo productivo y social, a cargo de la diputada Genoveva Domínguez
Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para
modificar el artículo 10 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2003, a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
solicitarle a la Secretaría de Energía y a la Profeco terminar con los abusos y
alteraciones en el volumen de los recipientes de gas para uso doméstico, a cargo del
diputado José Bañales Castro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en
relación a la instalación de terminales de gas en las playas de Tijuana, a cargo del
diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo en
relación al ejercicio del periodismo, a cargo del diputado Alejandro García Sainz Arena,
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre
la problemática agraria del estado de Guerrero, a cargo del diputado Félix Castellanos
Hernández, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo por
el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a que se coordinen, a efecto de que
atiendan las demandas sociales que presentan los vecinos de la Asociación de Barrio Nuevo
Tultitlán, AC, Asamblea de Barrios Patria Nueva, del Municipio de Ecatepec de Morelos, en
el estado de México, suscrita por los diputados integrantes de la subcomisión de
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano de la Comisión de Desarrollo Social. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para
solicitar que se reduzcan los precios de la gasolina en la frontera sur-sureste, a cargo
del diputado Santiago López Hernández, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados, a las legislaturas locales, a
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los Municipios para dar cumplimiento a lo
que establece el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Derechos y Cultura Indígena, a cargo del diputado Francisco
Ezequiel Jurado Contreras, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo en
relación al Presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a
cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo en
relación a la credencial de elector en el estado de Baja California, a cargo de la
diputada Rosa Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno
a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre
las obligaciones y deberes de los diputados, a cargo del diputado Rubén García Farías,
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo para
exhortar a todas las estaciones de radio y televisión a celebrar el Día Internacional de
la Radio y la Televisión a favor de los niños, promovido por Unicef, así como a la
Secretaría de Gobernación para otorgar todas las facilidades, para dicha celebración, a
cargo del diputado Gumercindo Alvarez Sotelo, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en
relación a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el año 2003, a cargo del
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en
relación al presupuesto para el año 2003, a cargo del diputado José Narro Céspedes,
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
que las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, consideren un incremento al Programa
IMSS-Oportunidades para el ejercicio presupuestal del año 2003, por 1 mil 497 millones de
pesos, a cargo del diputado Francisco Javier López González, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
solicitar que la Semarnat promueva el decreto por medio del cual se constituya como área
natural protegida “el Sistema de Cavernas”, localizado en la sierra de Huautla
de Jiménez, Oaxaca, definiendo los programas de manejo y de ordenamiento ecológico que
corresponden conforme a lo previsto en la ley de la materia, a cargo del diputado Pablo de
Jesús Arnaud Carreño, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo por
el que se exhorta a la Semarnat para solicitar mayor vigilancia en las áreas naturales
protegidas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en
relación a la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLCAN a partir del año
2003, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
que se declare el año 2003 como “Año de los Derechos Políticos de la Mujer
Mexicana”, a cargo de la diputada Hilda Anderson Nevárez, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en
relación a la reunión entre el Ejecutivo Federal y los gobernadores de las entidades
federativas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en
relación al proceso poselectoral en el estado de Hidalgo, a cargo del grupo parlamentario
del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para
convocar a una convención fiscal nacional, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo para
exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que se concluya, a la brevedad, la
obra del distribuidor vial Troncoso-Zaragoza, en la delegación Venustiano Carranza, a
cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Agenda
política
Sobre la integración del
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado Luis Miguel
Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el Presupuesto para
2003, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo.
Efemérides
Sobre el Día Mundial de
los Sin Techo, a cargo de la diputada Raquel Cortés López, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
Sobre las Mujeres Rurales
en el marco del Día Mundial de la Mujer Rural, a cargo de las diputadas: Silvia América
López Escoffie, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Eréndira Olimpia
Cova Brindis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Hortensia
Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el Día Mundial de
la Alimentación, a cargo de la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del Partido
Alianza Social y del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Sobre el aniversario del
natalicio de Aquiles Serdán, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Sobre el aniversario
luctuoso de don Fernando Gutiérrez Barrios, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Sobre el aniversario
de la UNESCO, a cargo del diputado Alfonso Vicente Díaz, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Sobre el aniversario de la
Promulgación del Acta de Independencia por el Congreso de Chilpancingo, a cargo del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo.
Sobre el CCCLI aniversario
del natalicio de sor Juana Inés de la Cruz, a cargo de las diputadas: Esperanza
Santillán Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y
Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Sobre la conmemoración de
la gesta histórica de Jesús García Corona, “Héroe de Nacozari”, ocurrida el
7 de noviembre de 1907, a cargo del diputado Oscar Ochoa Patrón, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional.
Sobre el aniversario del
natalicio de don Felipe Carrillo Puerto, a cargo del diputado Jorge Carlos Berlín
Montero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el Día de la No
Violencia Contra las Mujeres, a cargo de la diputada Elba Arrieta Pérez, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre la proclamación del
Desarrollo de la Educación Física y Deporte al Servicio del Progreso Humano, a cargo de
la diputada Norma Enriqueta Bacilio Sotelo, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Sobre el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de los grupos parlamentarios y
partidos políticos, representados en la Cámara.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Está a consideración el
orden del día... No habiendo ninguna observación, continúe la Secretaría, sometiendo a
discusión y votación de inmediato el acta de la sesión anterior.
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
«Acta de la sesión de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintiocho de
noviembre de dos mil dos, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del
Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
En el Palacio Legislativo
de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos veintiséis
diputados, a las diez horas con veintiocho minutos del jueves veintiocho de noviembre de
dos mil dos, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura
al orden del día.
Desde su curul el diputado
Rigoberto Romero Aceves solicita información respecto al dictamen de las comisiones
unidas de Pesca y de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de la Ley de
Pesca, y adiciona la fracción sexta del artículo cuatrocientos veinte del Código Penal
Federal, en virtud de que no se encuentra incorporado en segunda lectura en el orden del
día de la presente sesión. La Presidenta informa que el dictamen referido fue retirado
de la Mesa Directiva por uno de los presidentes de las comisiones unidas que dictaminan y
expresa su disposición para procesarlo una vez que le vuelva a ser remitido.
La Asamblea aprueba el
acta de la sesión anterior en votación económica.
Comunicaciones de los
congresos de los estados de:
• Michoacán, con
acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a que intervenga ante el Ejecutivo
Federal en el problema de Agroindustrias del Balsas, Sociedad Anónima de Capital
Variable. Se turna a la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera de México.
• Morelos, con
acuerdo por el que solicita la intervención de la Cámara de Diputados ante la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de
que se amplíe el Convenio de Coordinación de fecha trece de septiembre de dos mil dos,
relativo al otorgamiento de apoyos económicos a los ex trabajadores del ingenio Emiliano
Zapata. Se turna a la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera de México.
• Nayarit, con
acuerdo por el que solicita apoyo federal y estatal para enfrentar las contingencias
ocasionadas por el huracán “Kenna”. Se turna a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública.
• Sonora, con acuerdo
por el que resuelve apoyar las demandas de los exbraceros para recuperar el diez por
ciento que les fue descontado de su salario por concepto de ahorro durante el tiempo que
trabajaron en Estados Unidos de América, con motivo del convenio suscrito entre el
Gobierno de ese país y el de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones
Especial para darle seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos
braceros y a la de Relaciones Exteriores.
• Sonora, con la que
informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación de la
senadora Cecilia Romero Castillo, en su calidad de vicepresidenta del Parlamento
Latinoamericano por México, con el que remite el Informe de Actividades de la Delegación
Mexicana participante en la decimonovena Asamblea Ordinaria de ese Parlamento, celebrada
en Sao Paulo, Brasil. Se turna a la Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos, a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de
Relaciones Exteriores.
Oficio de la Cámara de
Senadores, con acuerdo por el que solicita se apruebe la asignación de recursos
suficientes a la Universidad Autónoma de Chapingo, para descentralizar programas
educativos de investigación y de servicios en el ámbito rural, en particular para la
creación y fortalecimiento de la unidad académica en el estado de Oaxaca. Se turna a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
A solicitud de la
Presidencia y de conformidad con el acuerdo relativo al sistema electrónico para el
registro de asistencia, a las diez horas con cuarenta y un minutos la Secretaría informa
del registro de trescientos ochenta y tres diputados y ordena el cierre del sistema.
Oficio de la Cámara de
Senadores, con acuerdo por el que se propone al Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de
Diputados incluir un fondo anual adicional para el desarrollo de los estados de Chiapas,
Guerrero y Oaxaca, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
de dos mil tres. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Comunicaciones de la Junta
de Coordinación Política:
• Con punto de
acuerdo para solicitar al Poder Ejecutivo declare zona de desastre a los municipios de
Talpa de Allende, Mascota y San Sebastián del Oeste, del estado de Jalisco, afectados por
el huracán “Kenna”. Se aprueba en votación económica.
• Con punto de
acuerdo en relación con los daños ocasionados por el huracán “Kenna” en el
sector pesquero de los estados de Nayarit y Jalisco. Se aprueba en votación económica.
• Dos, con las que
informa de cambios en la integración de las comisiones de Comunicaciones, de Fomento
Cooperativo y Economía Social, de Ciencia y Tecnología, de Pesca y de Seguridad Social.
De enterado.
Comunicación de la Mesa
Directiva, con acuerdo relativo al trámite de las proposiciones con punto de acuerdo
presentadas en la Cámara de Diputados. Se aprueba en votación económica.
La Presidenta informa de
la firma de un convenio de colaboración de la Comisión de Ciencia y Tecnología con la
Academia Mexicana de Ciencias, y acuerda publicar su contenido y el texto de la
intervención del Presidente de esa Academia en la Gaceta
Parlamentaria.
Oficio de la Cámara de
Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la
Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador César Camacho Quiroz, del Partido
Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Dos oficios de la
Secretaría de Gobernación, con los que remite copia de los siguientes documentos
relacionados con puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:
• Del Gobernador del
estado de México, en relación con el establecimiento de medidas de protección para
salvaguardar la integridad de la Mariposa Monarca. Remítase a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.
• Del Director
General del Fondo de Desastres Naturales, sobre la solicitud para declarar al estado de
Campeche como zona de desastre. Remítase copia al promovente, a los diputados federales
del estado de Campeche y a la Comisión Especial encargada de vigilar que los recursos del
Fondo de Desastres Naturales y las partidas extraordinarias que se aprueben, se apliquen
para el restablecimiento de las condiciones de convivencia de la población y la ayuda a
los damnificados por el huracán “Isidore”.
Tres iniciativas del Poder
Ejecutivo Federal:
• Con proyecto de
decreto que modifica al diverso por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en
Materia Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio y
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha
veintinueve de mayo de dos mil. Se turna a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y
de Comercio y Fomento Industrial.
• Con proyecto de Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se turna a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos.
• Con proyecto de
decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Minutas de la Cámara de
Senadores:
• Doce, con proyecto
de decreto por los que se concede permiso a igual número de ciudadanos mexicanos para
aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno del Reino de España. Se
turnan a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
• Once, con proyectos
de decreto que conceden permiso a once ciudadanos mexicanos para aceptar y usar las
condecoraciones que les confiere el Gobierno del Reino de Suecia. Se turnan a la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública.
Presentan iniciativas con
proyecto de decreto los diputados:
• Omar Fayad Meneses,
del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un Capítulo Noveno al Título
Decimotercero del Libro Segundo del Código Penal Federal, para sancionar conductas
indebidas en contra de los sistemas de respuesta a llamadas telefónicas de emergencia.
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
Se turna a las comisiones
de Gobernación y Seguridad Pública, Especial de Seguridad Pública y de Justicia y
Derechos Humanos.
• Celita Trinidad
Alamilla Padrón, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes. Se turna a la Comisión de Cultura.
• Rogaciano Morales
Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo tercero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos sexto y treinta y
tres de la Ley General de Educación. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales
y de Educación Pública y Servicios Educativos.
• Arturo Escobar y
Vega, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas
disposiciones de los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Civiles. Se turna
a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
• Moisés Alcalde
Virgen, del Partido Acción Nacional, a nombre de diputados integrantes del Comité del
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que reforma los artículos cuarenta y nueve
y ciento treinta y cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
• Salvador Cosío
Gaona, del Partido Revolucionario Institucional, para que se inscriba en Letras de Oro en
los Muros de Honor de la Cámara de Diputados, el nombre de Don Mariano de la Bárcena y
Ramos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
• Josefina Hinojosa
Herrera, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Se turna a la Comisión de
Equidad y Género.
Dictamen de la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto por el que se reforman las
fracciones primera y cuarta y se adiciona la fracción sexta al artículo segundo; y se
reforma el primer párrafo del artículo tercero de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada. Es de primera lectura.
Dos dictámenes de la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que conceden
permiso a los ciudadanos Alberto Manuel Ortega Venzor y Eduardo Sojo Garza Aldape, para
aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno del Reino de España. Son
de primera lectura.
Presidencia del diputado Jaime
Vázquez Castillo
En votación económica la
Asamblea dispensa la lectura de siete dictámenes de la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, con proyectos de decreto por los que se concede permiso:
• Al ciudadano Jesús
Enrique Jackson Ramírez, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el
Gobierno del Reino de España.
• Al ciudadano
Santiago Creel Miranda, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno
del Reino de España.
• Al ciudadano José
Luis Romero Hicks, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la
República Federativa de Brasil.
• Al ciudadano José
Antonio Pujals Fuentes, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno
de la República Federal de Alemania.
• Al ciudadano José
Antonio González Ibarra, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República
Checa en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Baja
California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora.
• A las ciudadanas
María de Lourdes Aguilar Guzmán y Mónica Alejandre Cervantes, para prestar servicios en
la Embajada de Sudáfrica en México.
• A catorce
ciudadanos mexicanos, para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de
Estados Unidos de América en México.
Son de segunda lectura.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
Sin nadie que solicite el
uso de la palabra, la Presidencia instruye a la Secretaría recoger la votación de los
proyectos de decreto en un solo acto, mismos que se aprueban en lo general y en lo
particular por trescientos setenta y tres votos en pro, tres en contra y cinco
abstenciones.
Presidencia del diputado Jaime
Vázquez Castillo
Pasan al Senado y al
Ejecutivo, según corresponda, para los efectos constitucionales.
Solicitan excitativas los
diputados:
• Salvador Cosío
Gaona, del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, en relación con la iniciativa con proyecto de Ley Federal de Juegos
con Apuestas, Sorteos y Casinos, presentada el veintiséis de febrero de mil novecientos
noventa y nueve. La Presidencia hace la excitativa respectiva y, en virtud de que es la
segunda, fija a más tardar el día diez de diciembre de dos mil dos para que se presente
el dictamen correspondiente ante la Asamblea.
• Martha Ruth del
Toro Gaytán, del Partido Acción Nacional, a las comisiones de Gobernación y Seguridad
Pública y de Puntos Constitucionales, en relación con la iniciativa con proyecto de Ley
Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, presentada el diez de abril de
dos mil uno. La Presidencia formula la excitativa a las comisiones de Gobernación y
Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos.
Dos comunicaciones de la
diputada Antonia Irma Piñeyro Arias, del Partido Revolucionario Institucional, con las
que solicita las siguientes excitativas:
• A la Comisión de
Hacienda y Crédito Público, en relación con la proposición con punto de acuerdo sobre
el régimen fiscal de ejidos y comunidades forestales, presentada el treinta de abril de
dos mil uno. La Presidencia hace la excitativa que corresponde.
• A la Junta de
Coordinación Política, en relación con la proposición con punto de acuerdo para crear
una Comisión Especial encargada de realizar consultas relacionadas con las reformas
constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, presentada el once de octubre
de dos mil uno.
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
La Presidencia formula la
excitativa que corresponde.
Se concede la palabra al
diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político
Nacional, para solicitar una excitativa a las comisiones de Energía y de Educación
Pública y Servicios Educativos, en relación con la proposición con punto de acuerdo
para solicitar a la Secretaría de Educación Pública, apoye la creación del Centro
Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos, presentada el quince de
diciembre de dos mil uno. La Presidencia formula la excitativa correspondiente y en virtud
de que es la tercera, fija a más tardar el día diez de diciembre de dos mil dos para que
se presente el dictamen respectivo.
Presentan proposiciones
con punto de acuerdo los diputados:
• Gabriela Cuevas
Barrón, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Instituto Federal Electoral a que
estudie la posibilidad de implementar el uso de una boleta electoral especial para
discapacitados visuales para las elecciones de dos mil tres.
Presidencia del diputado Jaime
Vázquez Castillo
Se turna a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
• Santiago Guerrero
Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal
inicie las negociaciones para proteger las ramas de producción agrícola y ganadera, en
el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se turna a las comisiones de
Agricultura y Ganadería y de Comercio y Fomento Industrial.
• Alfredo Hernández
Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el decreto del
Ejecutivo Federal que elimina los subsidios a las tarifas eléctricas. Se turna a la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
• José Manuel del
Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, para solicitar
a la Auditoría Superior de la Federación, realice auditorías al Banco de Crédito
Rural, Sociedad Nacional de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
• Heidi Gertud
Storsberg Montes, del Partido Acción Nacional, en relación con la posición de México,
en su calidad de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas, ante el conflicto de Estados Unidos de América-Irak. Se turna a la
Comisión de Relaciones Exteriores.
• Concepción
González Molina, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo
Federal declare área natural protegida la zona Cerro del Colihuic, ubicado en Teziutlán,
Hueytamalco, Puebla. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• José Antonio
Magallanes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, para que las comisiones
de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública establezcan como
requisito para aprobar la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil tres, la validación de la
calendarización mensual de los ingresos y gastos del sector público. Se turna a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• Francisco Ezequiel
Jurado Contreras, del Partido Acción Nacional, a efecto de exhortar al Instituto Federal
Electoral, así como a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales de
la Procuraduría General de la República, a iniciar una campaña permanente de difusión
de los delitos electorales y su sanción correspondiente.
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
Se turna a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
• Jaime Vázquez
Castillo, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil tres, se contemplen recursos para un
subprograma de construcción de carriles de rebase en carreteras de los estados de
México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Michoacán y Morelos. Se turna a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Alfredo Hernández
Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el presupuesto de la
Universidad Nacional Autónoma de México para el dos mil tres.
Presidencia del diputado Jaime
Vázquez Castillo
Se turna a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
• Héctor Méndez
Alarcón, del Partido Acción Nacional, a nombre de integrantes de la Comisión de
Educación Pública y Servicios Educativos, para solicitar al Poder Ejecutivo Federal,
expida el decreto que asegure el cabal cumplimiento de los propósitos y compromisos del
Consejo Nacional de Autoridades Educativas, conforme a las normas y objetivos consensuados
por las autoridades educativas. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos.
• Armín José
Valdés Torres, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar al Instituto del
Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, cancele la disposición administrativa
que vulnera el derecho de los trabajadores de la empresa Altos Hornos de México, Sociedad
Anónima, a una vivienda digna. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y
de Seguridad Social.
• Jorge Alberto Lara
Rivera, del Partido Acción Nacional, en relación con el saneamiento y reforestación del
Parque Nacional Desierto de los Leones. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
• Elías Martínez
Rufino, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar a la Auditoría
Superior de la Federación, investigue el posible desvío de recursos federales por parte
de la fundación Vamos México. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación.
• Luis Alberto
Villarreal García, del Partido Acción Nacional, a nombre de diputados integrantes de la
Comisión de Turismo, para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
inicie un programa de regularización de hoteles y establecimientos turísticos. Se turna
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• César Augusto
Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar al Ejecutivo
Federal información sobre el estado que guardan algunas oficinas de la Presidencia de la
República. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• César Augusto
Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la
construcción de carreteras en el estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
• Genoveva Domínguez
Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, sobre la aplicación del artículo
decimosexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal de dos mil dos, y las partidas específicas para pueblos indios establecidas en el
artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• J. Jesús Dueñas
Llerenas, del Partido Acción Nacional, a nombre de diputados de diferentes grupos
parlamentarios, para que el Ejecutivo Federal prorrogue la vigencia del arancel aplicable
a las importaciones de aceites de coco, palma y copra. Se turna a la Comisión de Comercio
y Fomento Industrial.
• José Carlos Luna
Salas, del Partido Acción Nacional, para solicitar a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación, realice las acciones pertinentes a
fin de reforzar la comercialización del frijol mexicano. Se turna a la Comisión de
Comercio y Fomento Industrial.
• Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el
plazo para la conclusión de los trabajos de la Sección Instructora. Se turna a la
Comisión Jurisdiccional y a la Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos.
Comunicación de la Junta
de Coordinación Política, con la que informa de cambios en la integración de la
Comisión de Hacienda y Crédito Público. De enterado.
Transcurrido el tiempo
acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de
la próxima sesión y la Presidencia clausura la de hoy a las quince horas con treinta y
dos minutos, citando para la próxima que tendrá lugar el martes tres de diciembre de dos
mil dos, a las diez horas.»
Está a discusión el
acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si
se aprueba.
Los diputados que estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén
por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada
el acta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Pasamos al capítulo de
comunicaciones.
ESTADO DE CHIAPAS
El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Estado Libre y Soberano de Chiapas.— Honorable
Congreso.
Ciudadanos diputados
secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
Presentes.
Por acuerdo de la LXI
Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, comunicamos a
ustedes, que con esta fecha y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 de la
Ley Orgánica de este propio Congreso, la Comisión Permanente clausuró el día de hoy
los trabajos respectivos al receso del segundo periodo ordinario de sesiones,
correspondiente al primer año de su ejercicio constitucional.
Asimismo y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política local y el artículo 10
de la Ley Orgánica del honorable Congreso del estado, inició el día de hoy su primer
periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio
constitucional, quedando instalada la Mesa Directiva que fungirá a partir de esta fecha,
la cual quedó integrada de la forma siguiente:
Diputados: Carlos Alberto
Palomeque Archila, presidente; Pedro Chulín Jiménez, Amadeo Espinosa Ramos,
vicepresidentes; Rodolfo Martínez Morales, Marcelino Núñez Pérez, secretarios; Julio
César González Hernández, Guilmar Sarmiento Gutiérrez, prosecretarios.
Lo cual comunicamos a
ustedes para los efectos procedentes, reiterándoles las seguridades de nuestra atenta y
distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No
Reelección.
Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, a 16 de noviembre de 2002.— Por el Congreso del Estado.— Diputado Rodolfo Martínez Morales, secretario.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
De enterado.
ESTADO DE COAHUILA
El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
«Escudo.— Coahuila
de Zaragoza.— Poder Legislativo.— Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— México,
DF.
El pleno del honorable
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en sesión celebrada el día 15 de octubre
del año 2002, aprobó por votación unánime de sus integrantes el siguiente
ACUERDO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo
46 de la Constitución Política local, el Congreso del Estado Independiente Libre y
Soberano de Coahuila de Zaragoza, abre el día de hoy, 15 de octubre del año 2002, el
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio
Constitucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Segundo. Comuníquese lo anterior a los poderes
Ejecutivo y Judicial del Estado, así como a los poderes de la Federación y a los de las
entidades federativas, en los términos que señala el artículo 52 de la Ley Orgánica
del Congreso.
La Mesa Directiva que
funcionará durante el segundo periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al tercer
año de ejercicio constitucional de este órgano colegiado, quedó integrada de la
siguiente manera:
Diputados: Jesús María
de las Fuentes Cabello, presidente; Luis Alfonso Rodríguez Benavides, Alfredo Abib
García, vicepresidentes; Norma Violeta Dávila Salinas, Virgilio Maltos Long, Juan
Alejandro de Luna González, Jesús Manuel Pérez Valenzuela, secretarios.
Hago de su conocimiento lo
anterior para los efectos legales conducentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No
Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 15
de octubre de 2002.— Alfonso Martínez
Pimentel, oficial mayor del Congreso.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
De enterado.
ESTADO DE DURANGO
El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Durango.— Honorable LXII
Legislatura.
Ciudadanos diputados
secretarios de Cámara de Diputados del Palacio Legislativo.— México, DF.
En sesión ordinaria
verificada el día de hoy, la honorable LXII Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Durango, aprobó un punto de acuerdo, en relación a que en los últimos meses, nos hemos
enterado por los medios de comunicación de lamentables sucesos ligados al narcotráfico
ocurridos en Durango, hechos de sangre que enlutan hogares debido a la pérdida de vidas
que no podrán ser recuperadas y que marcan para siempre la existencia de familias y que
las autoridades correspondientes cumpliendo con su deber han encontrado y destruido
sembradíos de diversas drogas en predios cercanos a los espacios urbanos, es decir
quienes dañan a la sociedad han abandonado su costumbre de cultivar la droga en sitios
alejados, para hacerlo como quien dice a la vuelta de la esquina, y ¿cómo cuidarnos de
su distribución que seguramente está más cerca de lo que pensamos?; uno de los
elementos que en mucho ha contribuido para influenciar negativamente a la juventud y
perturbar a nuestra niñez, haciéndoles percibir una visión equivocada de la realidad,
es la música dedicada a elogiar y popularizar personajes y episodios alusivos a esa
actividad, en la cual los delincuentes son convertidos en héroes, es el tipo de música
agrupada en el concepto de “narcocorridos” y que sin embargo reciben promoción
y difusión sin ningún obstáculo en la radio y televisión.
Haciendo referencia al
artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y Televisión, que establece que “estos
medios deberán evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo humanos y los
vínculos familiares, considerando lo anterior creemos quienes integramos la honorable
LXII Legislatura de Durango que al igual que lo han hecho los congresos de los estados de
Sonora, Sinaloa, Querétaro, Baja California y Nuevo León, debemos pedir se regule el
contenido de las transmisiones de este tipo de música por radio y televisión a través
de los consejos correspondientes; puntos de acuerdo que nos permitimos transcribir para su
conocimiento y efectos legales consiguientes.
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Que la LXII Legislatura de Durango
solicite, respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación, que integre el Consejo
Estatal de Radio y Televisión que, según la Ley Federal de Radio y Televisión, debe de
regular el contenido de las transmisiones de dichos medios.
Segundo. Enviar al Congreso de la Unión y a
congresos locales de otros estados, exhortos para que también tomen medidas para la
reglamentación en la difusión de los narcocorridos.
Sin otro particular nos es
grato reiterar a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No
Reelección.
Victoria de Durango,
Durango, a 12 de noviembre de 2002.— Diputados: Blas
Rafael Palacios Cordero, presidente; René
Carreón Gómez y José Guillermo Hilario
Cantú, secretarios.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y
Cinematografía.
ESTADO DE NAYARIT
El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo.— Nayarit.— XXVII Legislatura.
Ciudadana diputada Beatriz
Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presente.
En virtud de los
acontecimientos suscitados en el estado de Nayarit por el fenómeno meteorológico
“Kenna” el pasado 25 de octubre del año en curso, los legisladores federales,
el empresariado nayarita y los diputados locales a la XXVII Legislatura del Congreso del
Estado, en reunión de trabajo celebrada el pasado 1o. de noviembre del presente,
suscribimos el documento “Compromiso por Nayarit”, mismo que con el debido
respeto me permito hacerle llegar para los efectos conducentes.
Solicitándole su
solidaridad en la búsqueda de posibles soluciones y apoyos, agradezco de antemano su
atención, reiterándole mi distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No
Reelección.
Tepic, Nayarit, a 6 de
noviembre de 2002.— El presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, Manuel Humberto Cota Jiménez.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo.— Nayarit.— XXVII Legislatura.
En el recinto oficial del
Poder Legislativo, el 1o. de noviembre de 2002, reunidos los legisladores federales
nayaritas, con los diputados de la XXVII Legislatura del honorable Congreso del Estado de
Nayarit, así como también ante la presencia de las distintas organizaciones del
empresariado nayarita representados por conducto de la Junta Coordinadora Empresarial, con
objeto de evaluar la problemática que se confronta después de los desastres ocasionados
por el huracán “Kenna” el pasado 25 de octubre. Al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Los municipios afectados
son la totalidad de los que integran al estado de Nayarit, siendo los más dañados San
Blas, Santiago Ixcuintla, Ruiz, Tuxpan, Rosamorada, Tecuala, Compostela, Tepic y en la
sierra El Nayar, La Yesca y Huajicori. La Mayoría de los municipios con una alta densidad
de población.
Sin duda, los municipios
costeros sufrieron los mayores daños.
Aún es difícil estimar
con certidumbre la totalidad de los daños. Son 56 mil hectáreas dañadas, de ellas 37
mil con daño total. Hay cultivos que se perdieron en su totalidad.
Se destruyó
infraestructura productiva de laboratorios, hornos, bodegas, artes de pesca, cosecha de
productos pesqueros, ganado etcétera.
Comunidades y localidades
fueron parcial o totalmente destruidas; sufriendo daños servicios públicos como
electricidad, agua potable, telefonía y drenaje, entre otros.
También se vieron
afectados los caminos, infraestructura hidráulica, viviendas, enseres domésticos,
patrimonio individual y colectivo acumulado.
La actividad económica en
su conjunto fue dañada; grandes y pequeños prestadores de servicios turísticos fueron
por igual tratados por los caprichos de la naturaleza, hoteles, palapas, restaurantes,
cancelación de visitas, entre otras.
La estimación económica
de los daños aún no se ha podido precisar, pero la estimación seguramente rebasará los
5 mil millones de pesos, cifra similar al presupuesto total del estado de Nayarit en el
presente año.
Mucho más lento y
complicado será estimar el daño ecológico, sin embargo la Semarnat cuenta con una
metodología que permite cuantificar el daño.
Para regresar a la
normalidad necesitamos el concurso de todos. El evento que hoy nos reúne es el principio
de una serie de propuestas, acuerdos y compromisos encaminadas a restablecer la vida
social y económica de la entidad.
La exención, la dispensa
de pago, o la condonación de impuestos federales de manera temporal como estímulo para
restablecer los negocios, estimular el consumo y reactivar la economía estatal es
fundamental en estos momentos de emergencia, esta solicitud fortalece el espíritu
federalista y solidario de nuestra Constitución.
Además, debemos de
iniciar a definir las prioridades del campo y las ciudades, de la costa, el altiplano y la
sierra para diseñar el presupuesto de 2003 de acuerdo a nuestra situación.
Bajo esa estrategia
debemos de gestionar más recursos federales en programas específicos; en ello, nuestros
legisladores federales en coadyuvancia con las autoridades estatales tienen un gran papel
que jugar.
A nuestros presidentes
municipales les manifestamos nuestra solidaridad, no los hemos dejado ni los dejaremos
solos.
CONCLUSIONES
Durante la reunión, los
distintos oradores hicieron hincapié en la necesidad de recurrir ante el Presidente de la
República, licenciado Vicente Fox Quesada, a efecto de que, conforme a la declaratoria de
“zona de desastre” se dicten las medidas conducentes para enfrentar la
emergencia económica y social en el estado de Nayarit.
Los concurrentes asumen, a
su vez, el compromiso de participar decididamente en la reactivación económica y social,
considerando que la mayoría de los sectores productivos que se verían beneficiados por
las facilidades fiscales y administrativas que se solicitan, constituyen la base
fundamental de la economía del estado de Nayarit, como son los agricultores, pescadores,
ganaderos, comerciantes, prestadores de servicios turísticos, trabajadores de la
construcción, entre otros.
Mediante el decreto que
emitan las autoridades del Gobierno Federal será posible exentar del pago de
contribuciones patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit; dictar
medidas para alentar la inversión económica en el Estado; implementar acciones de
saneamiento en las zonas afectadas; recomponer la infraestructura de las áreas
siniestradas, además de iniciar a definir las prioridades del campo y de las ciudades, de
la costa, del altiplano y de la sierra para diseñar el Presupuesto de 2003 de acuerdo a
nuestra actual situación; así como gestionar recursos federales adicionales en programas
específicos.
El empresariado nayarita y
los diputados del Congreso del estado de Nayarit, con la solidaridad de los gobiernos
municipales, acuerdan solicitar a los legisladores federales y a las autoridades estatales
hacer las gestiones con el Presidente de la República y autoridades de la Secretaría de
Hacienda, para que se emita decreto que establezca reglas específicas para condonar o
eximir del pago de las contribuciones federales y otorgar facilidades administrativas a
los contribuyentes ubicados en las zonas geográficas del estado de Nayarit afectadas por
el huracán “Kenna”.
Por lo anterior, firman
para constancia y cumplimiento de los compromisos establecidos, quienes participaron en
esta reunión.
Tepic, Nayarit, a 6 de
noviembre de 2002.— Diputados: Manuel Cota,
Héctor Medina, Rita María Esquivel, Miguel Angel Navarro, María Alvarez B., Santos
Díaz, Raúl Mandujano Salas, Eduardo Sánchez Parra, José Luis Corona Palacios, Raúl
Mercado Guerrero, Abad Cervantes Zurita, Marco Antonio Cambero C., Marco A. Fernández,
Manuel Rivera T., Obdulia Delgado Delgado, Sergio Tovar M., Efraín Arellano Núñez,
Alejandro Lara, Héctor Javier Lozano T., José J. Jáuregui Algarín, J. Alvaro Vallarta
C., Bernardo Rodríguez N., Eduardo Ponce C., Treviño, Carlos Ruiz Flores, Hernán
González Garza, Antonio Silva González, Fernando Salas, Héctor Ibarra Horta, Rigo
Alberto López G., Rafael Orozco R., Juanita González Mariscal, Rodolfo Rodríguez Abud,
María Guadalupe Ruiz R., Beatriz E. Altamirano C., Héctor M. Paniagua S., Manuel
Narváez R., José Manuel Quintanilla R., Enrique Mejía Pérez, Carlos M. Castillón M.,
Luis Eduardo Jiménez Agraz, Julio A. Plascencia y José de Jesús Paredes F.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI
El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— México, DF.— Presentes.
En sesión ordinaria
celebrada por el Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el día de hoy,
se aprobó punto de acuerdo de la Comisión Legislativa de Desa-rrollo Agropecuario y
Recursos Hidráulicos, por el que nos solidarizamos con el similar del Congreso del Estado
de Colima, a efecto de evitar que la fiebre aftosa traspase las fronteras del país; para
lo cual remitimos el documento de cuenta.
Lo que hacemos de su
conocimiento para los efectos que estimen procedentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No
Reelección.
Palacio Legislativo.—
San Lázaro, a 24 de octubre de 2002.— Diputados: Fidel Castro Palomo y Andrés Hernández Hernández, secretarios.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
Ciudadanos diputados
secretarios de la LVI Legislatura del Congreso del Estado.— Presentes.
Los que suscriben,
integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos nos
permitimos hacer del conocimiento de esta Asamblea Legislativa los siguientes:
ANTECEDENTES
A la Comisión de
Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, nos fue turnado para su estudio el
siguiente acuerdo asignado por el Congreso del estado de Colima en donde solicitan se
manifieste solidaridad con el punto de acuerdo puesto en conocimiento.
Que de acuerdo con lo
establecido en los artículos 1o., 10 fracciones I y III de la Ley de Ganadería del
estado de San Luis Potosí, que señala: “La presente ley de orden público e
interés social establece las normas a que se sujetarán las actividades pecuarias, define
y clarifica las especies animales que constituyen una explotación zootécnica y
económica en el estado de San Luis Potosí”; “La planeación; fomento y
preservación de la ganadería”; “La aplicación de las medidas de sanidad
prescritas en la Ley Federal de Sanidad Animal y demás Disposiciones Relativas”.
Que la fiebre aftosa ataca
a los animales de pezuña hendida, como lo son: el ganado vacuno, ovino, porcino y
caprino, causada por un virus del género antivirus dicha enfermedad ingresa al organismo
del ganado por vía erógena y digestiva, teniendo un periodo de incubación de tres a 20
días y una duración de ocho días, observando una morbilidad muy alta, suficiente para
propagar la infección en el corto plazo ocasionando estragos en la disminución de la
productividad pecuaria y en detrimento de la actividad, limitando el desarrollo económico
de la industria ganadera en perjuicio del comercio local, nacional e internacional de
animales y productos pecuarios.
Que en esta situación de
emergencia preventiva es necesaria la aplicación rigurosa de las leyes en materia de
sanidad animal tanto federales como estatales, con el propósito de que la fiebre aftosa
no traspase la frontera de nuestro país, para lo cual es prioritario que se tomen las
medidas necesarias y se canalicen recursos financieros y materiales adicionales, para que
se garantice la realización de una supervisión eficaz con los implementos necesarios
toda vez que con los actuales recursos, difícilmente se podrán atender este tipo de
emergencias que afectan la economía del país en especial la actividad ganadera, no
obstante que se presume que desde 1972 existe en el país un cordón sanitario fuerte.
Que ante la aplicación de
medidas extremas como el sacrificio del ganado en caso de posibles brotes de la fiebre
aftosa, se tome en cuenta que sólo un 10% de la ganadería del país cuenta con seguro
ganadero, el resto de los hatos ganadero está desprotegido y en consecuencia se tendría
que sacrificar, propiciando la pérdida total del patrimonio de los ganaderos, que por
muchos años han sido el sustento del abasto de carne del país.
Que en la actualidad, es
oportuno tomar las medidas necesarias e inmediatas para prevenir la introducción de la
fiebre aftosa al país, con la aplicación efectiva del marco legal en materia de sanidad
animal, decisión que recae en el Gobierno Federal, que con un sentido de responsabilidad
debe ejercer al margen de decisiones políticas, pues la ganadería es considerada como de
utilidad pública e interés para la sociedad.
Es preciso por tanto
garantizar las condiciones para la supervisión de la aplicación de la ley, inicialmente
mediante la canalización de recursos adicionales y en segundo con la integración
permanente de un fondo de contingencias para este tipo de eventualidades, que ponen en
riesgo la actividad ganadera del país, con los efectos multiplicadores que implica, como
el desabasto de carne, el incremento de sus precios, la falta de oferta de proteínas de
origen animal, el desempleo de este subsector y fundamentalmente la disminución crítica
del hato ganadero del país, que en el caso del estado ha venido disminuyendo
considerablemente en los últimos 20 años.
En razón de lo antes
expuesto, presentamos a la consideración de esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Nos solidaricemos al punto de acuerdo
emitido por el honorable Congreso del estado de Colima, por tratarse de un problema que
afecta a todo el país, siendo su atención de orden público e interés general.
Segundo. En ese tenor solicite a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión su colaboración, que para en uso de sus atribuciones
constitucionales pida al titular del Ejecutivo Federal instruya a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a las dependencias y
organismos de la Administración Pública Federal, la aplicación de la Ley de Ganadería
y Sanidad Animal y sus reglamentos respectivos, para la realización inmediata de un
operativo adicional para reforzar la instrumentación de acciones zoosanitarias
preventivas, para evitar que la fiebre aftosa traspase las fronteras de nuestro país.
Tercero. Se solicite la canalización de
recursos financieros y materiales adicionales, para garantizar la aplicación efectiva de
dichas acciones preventivas, para atender esta emergencia en forma inmediata.
Cuarto. La creación de un fondo financiero de
contingencia para, en su caso, indemnizar a los productores ganaderos que resultarán
afectados por la introducción de la fiebre aftosa al país y para atender en lo sucesivo
este tipo de eventualidades que pongan en riesgo la actividad ganadera del estado y del
país y proteger el patrimonio de quienes se dedican a esta actividad y que de acuerdo a
las leyes y reglamentos de esta materia, es declarada la utilidad pública de interés
social.
Quinto. Comunique El presente punto de acuerdo a
la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, al Presidente de la
República, al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación. Y Notifíquese a las demás legislaturas pidiendo sean solidarias con este
punto de acuerdo.
...
...
...
Sala de comisiones del
Congreso del estado, a 24 de octubre de 2002.— Comisión de Desarrollo Agropecuario y
Recursos Hidráulicos.— Diputados: Gabriel
López Maya, presidente; Fidel Castro Palomo, vicepresidente;
Santiago Hernández Robles, secretario; Ignacio Palacios Robledo, Efraín Rodríguez Gallegos,
Víctor Alonso Loredo y José Antonio Orta Lara,
vocales.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería y a la
Comisión Especial de Ganadería.
ESTADO DE SINALOA
El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.
Ciudadana diputada Beatriz
Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— México, DF.
La diputación Permanente
del honorable Congreso del Estado de Sinaloa, en sesión pública ordinaria celebrada el
día martes 19 de noviembre del presente año, tuvo a bien aprobar el punto de acuerdo
número 25, en el cual se acordó solicitar de manera atenta y respetuosa a esa Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, se reforme la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a
efecto de que se excluya de la misma a las sociedades cooperativas, solicitando asimismo,
que la citada reforma se realice tomando en cuenta la participación activa del sector
cooperativo.
Por lo anterior,
acompañamos copia del punto de acuerdo de referencia para su valioso conocimiento y
efectos correspondientes.
Atentamente.
Culiacán Rosales,
Sinaloa, noviembre 19 de 2002.— El presidente de la diputación Permanente del
honorable Congreso del Estado de Sinaloa, diputado Jesús
Alberto Aguilar Padilla.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.
La diputación Permanente
del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su LVII
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se solicita al honorable Congreso de la
Unión, se reforme la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a efecto de que se excluya de la
misma a las sociedades cooperativas, solicitando asimismo, que la citada reforma se
realice tomando en cuenta la participación activa del sector cooperativo.
Segundo. Se solicita al honorable Congreso de la
Unión, llevar a cabo foros y otros eventos con la participación social del sector
cooperativo, conducentes a adecuar el marco normativo de la Ley General de Sociedades
Cooperativas, a efecto de incluir un apartado especial que regule la organización,
operación y fomento de las sociedades cooperativas dedicadas al ahorro y préstamo, pues
es éste el ordenamiento legal que debe regularlas.
Tercero. Se solicita a ese honorable Congreso de
la Unión, realizar las reformas correspondientes a la legislación fiscal federal, con el
fin de que ésta incluya en su cuerpo normativo los estímulos fiscales apropiados para
las Sociedades Cooperativas en general; estableciendo exenciones y tasas preferenciales
para este tipo de instituciones, por ser organizaciones de servicio social y sin ánimos
de lucro.
Palacio del Poder
Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a 19 de noviembre de
2002.— Por la diputación Permanente, diputados: Jesús Alberto Aguilar Padilla, presidente y Alejandro Camacho Mendoza, secretario.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Túrnese a las comisiones de Fomento Cooperativo y
Economía Social y Hacienda y Crédito Público.
ESTADO DE YUCATAN
El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos mexicanos.— LVI legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán.
Diputada Beatriz Paredes
Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión.— Presente.
De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de
Yucatán, en junta preparatoria celebrada en esta fecha por la LVI Legislatura del estado,
se eligió a la mesa directiva que fungirá durante el primer mes del segundo periodo de
sesiones ordinarias, correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional,
quedando integrada de la forma siguiente:
Diputados: Robert
Gutiérrez Crespo, Presidente; Ricardo Alberto Gutiérrez López, vicepresidente; Manuel
Saturnino Avila Noh y Freddy Hernán Monforte Braga, secretarios; Luis Ariel Canto García
y Félix Marcial Paat Alcocer, secretarios suplentes.
Protesto a vuestra
honorable; mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Mérida, Yucatán, a 7 de
noviembre de 2002.— Diputado Aristeo de Jeús
Catzín Cáceres, secretario.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
De enterado.
ESTADO DE ZACATECAS
El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— LVII Legislatura.— Zacatecas.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, DF.
Adjunto tenemos el honor
de remitir a ustedes el acuerdo número 56, emitido por la LVII Legislatura del estado, en
sesión ordinaria de esta misma fecha, mediante el cual se solicita al honorable Congreso
de la Unión, intervenga dentro de su competencia ante las secretarías de Hacienda y
Crédito Público y de Desarrollo Social, para que el Programa Iniciativa Ciudadana 3X1,
continué como originalmente nació.
Nos es grato reiterarles
las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No
Reelección.
Zacatecas, Zacatecas, a 21
de noviembre de 2002.— Diputadas: Lorena E.
Oropeza Muñoz y Patricia Salinas Alatorre, secretarias.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.—
LVII Legislatura del Estado.
ACUERDO NUMERO 56
La LVII Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Zacatecas.
Resultando único. En
sesión ordinaria del pleno, correspondiente al día 19 de noviembre del presente año,
los diputados Carlos Enrique Hernández Escobedo, Leodegario Varela González y Javier
Mendoza Villalpando, en su carácter de integrantes de la Comisión Legislativa de Asuntos
Migratorios y Tratados Internacionales de esta soberanía popular, en ejercicio de las
facultades que les confieren los artículos 14 fracción I, 135 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, 24 y 25 del Reglamento General; presentaron una iniciativa de punto de
acuerdo para que el Gobierno Federal modifique las reglas de operación del Programa
Iniciativa Ciudadana 3X1.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En 1962 o sea hace 40
años, zacatecanos inmigrantes, originarios de Jalpa y residentes en el estado de
California (Gregorio Casillas, ex presidente de la Federación de California, entre otras)
tuvieron la iniciativa de juntar recursos con aportaciones personales para realizar una
obra de remodelación en su lugar de origen. En el ínter, tuvieron la oportunidad de
entrevistarse con el gobernador de Zacatecas de aquél entonces y, le hicieron la
petición de que les ayudara con recursos económicos para ejecutar su iniciativa. La
respuesta de Ejecutivo fue favorable y les ofreció aportar una cantidad igual a la
invertida por estos ciudadanos.
Con esos antecedentes,
históricamente registramos el nacimiento del Programa 3X1 consistente en secundar la
iniciativa de ciudadanos que no olvidan cuando tienen oportunidad de trabajar por su
tierra natal. Posteriormente, este programa queda instituido de manera verbal con la
implantación reiterada de usos y costumbres, que el gobernante de manera generosa fue
instituyendo porque cooperaba aportando a la contribución de los migrantes, una cantidad
igual a la dispuesta por ellos.
Los gobernadores
subsiguientes continuaron con este tipo de apoyos hasta que el ex secretario de la
Sedesol, Luis Donaldo Colosio instituyó Solidaridad Internacional, Programa 2X1, donde
aquella Secretaría aportaba, sólo al Estado, recursos en igual cantidad para hacer las
obras de infraestructura.
El gobernador Arturo Romo
Gutiérrez, regionalizó este programa desincorporando a la Sedesol y aportando por el
Estado, recursos del ramo 33. Fue hasta 1998 cuando se aumentó la participación
municipal y se firmó el convenio de concertación con el ex secretario Esteban Moctezuma
Barragán. Entonces volvió a participar la Secretaría de Desa-rrollo Social y fue hasta
marzo del año 2000 en la ciudad de Santa Ana, California, donde el Presidente Vicente
Fox, firmó la institución del Programa Iniciativa Ciudadana 3X1 para 31 estados de la
República.
Reiteramos que los
programas compartidos de apoyo a las comunidades, originalmente fueron iniciativa de los
migrantes residentes en Estados Unidos, y ello fue así durante 39 años consecutivos. Sin
embargo, en el Diario Oficial de la Federación
correspondiente al 15 de marzo de 2002, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno
de la República publica el acuerdo por el que se emiten las reglas de operación de los
programas de Subsidios del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, habida cuenta de que la SHCP
otorgó la autorización correspondiente.
En los anexos que derivan
de las precitadas reglas de operación, el Programa 3X1, teniendo características sui
generis, es incluido dentro de un paquete de programas asistenciales cuyo origen,
objetivos y demás peculiaridades son muy diferentes.
Dentro de los anexos al
acuerdo por el que se emiten las reglas de operación que se comentan, destacan por su
carácter lesivo, los criterios de selección de los proyectos a ejecutar, en que se
determina: que para ello se constituirán comités comunitarios o figura similar,
integrados por las organizaciones ciudadanas participantes, de la delegación estatal de
la Sedesol en la entidad; del Gobierno del estado y de los municipios respectivos,
procurando la participación activa de miembros de las comunidades a beneficiar. Y luego
se agrega: los comités comunitarios tendrán la responsabilidad de definir los proyectos
a realizar, de verificar su apego a la normatividad y su correcta ejecución.
Bajo la normatividad antes
perfilada, el migrante que sin estar obligado, coopera para la realización de obras de
beneficio comunitario, queda al margen de la toma de decisiones en la selección de los
proyectos a ejecutar. Así, e1 Programa 3X1, que el Gobierno Federal identifica ahora bajo
el rubro de Iniciativa Ciudadana 3X1, ha perdido su esencia y aquellos fines solidarios
que le dieron origen. Para decirlo con claridad, las organizaciones altruistas de
zacatecanos residentes a lo largo y ancho de la Unión Americana, que durante años han
brindado su generosa aporta- ción para el mejoramiento de las condiciones de vida en sus
municipios y comunidades, hoy sienten que se les hace menos, porque saben que están
siendo desplazadas. Surge así el desaliento y de mantenerse la situación, en poco tiempo
habrán de percibirse los efectos de una política social insensible y poco acertada.
Por lo anteriormente
expuesto y con fundamento además en los artículos 26, 27 y relativos del Reglamento
General del Poder Legislativo, es de acordarse y se acuerda:
Unico. La LVII Legislatura del estado de
Zacatecas, solicita al Congreso de la Unión intervenga dentro de su competencia ante las
secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social para que el Programa
Iniciativa Ciudadana 3X1 continúe como originalmente nació. Que se restituya a favor de
las organizaciones de migrantes formalmente constituidas, la facultad de decidir
conjuntamente con sus autoridades municipales las obras de infraestructura que con sus
propios recursos y con la de los concurrentes quieran realizar. Que los comités
comunitarios o figuras similares se limiten a dar seguimiento y a fiscalizar la ejecución
de las obras.
Sala de sesiones de la
LVII Legislatura del Estado, a 21 de noviembre de 2002.— Diputadas: Lorena E. Oropeza Muñoz y Patricia Salinas Alatorre,
secretarias.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública
y de Desarrollo Social.
ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— II
Legislatura.
Diputada Beatriz Paredes
Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión Presente.
El pleno de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal en la sesión celebrada el día de hoy aprobó el
dictamen de las comisiones unidas de Salud y Asistencia Social, de Educación y de Equidad
y Género por el que se resuelve.
Unico. Se aprueba la propuesta de punto de
acuerdo con relación al condón femenino, presentada por la diputada Dione Anguiano
Flores, bajo el tenor siguiente:
1. Que la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, solicite a la Cámara de Diputados, que en el proyecto
de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, considere
exentar del IVA o gravar con la tasa más baja a los condones femenino y masculino.
2. Que la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, solicite a la Secretaría de Salud del Gobierno del
Distrito Federal, implemente campañas de información y difusión, dirigidas a la
población, para fomentar el uso del condón femenino.
Lo que hago de su
conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular,
reitero a usted mi consideración atenta y distinguida.
Atentamente.
Palacio Legislativo a 26
de noviembre de 2002.— Por la Mesa Directiva, Jacqueline
Guadalupe Arguelles Guzmán, presidenta.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
CONSEJO
DE LA JUDICATURA
El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Poder Judicial de la Federación.— Consejo de la
Judicatura Federal.— Presidencia.— México.
Ciudadana diputada Beatriz
Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presente.
Ruego a usted atentamente
se sirva comunicar a esa Cámara de Diputados que el Consejo de la Judicatura Federal
concluirá su segundo periodo de sesiones correspondiente a 2002 el próximo 13 de
diciembre del presente año.
Sin otro particular,
reitero a usted la seguridad de mi consideración atenta y distinguida.
México, DF, a 15 de
noviembre de 2002.— El presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Genaro David Góngora Pimentel.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
De enterado.
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION
El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Federal Electoral.— Secretaría Ejecutiva.
Diputada Federal Beatriz
Paredes, Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
Presente.
Me refiero a su atento
escrito, recibido en esta Secretaría Ejecutiva el 28 de los corrientes, mediante el cual
solicita se le informe sobre la fórmula que sigue en el orden de la lista regional de la
segunda circunscripción plurinominal del Partido Acción Nacional, a efecto de cubrir la
vacante generada por la ausencia del diputado propietario Ricardo García Cervantes y la
diputada suplente Karla Samperio Flores, integrantes de la LVIII Legislatura.
Sobre el particular y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 89, párrafo primero inciso b, en relación con el 84, párrafo primero inciso h, todos del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, me permito informar a usted que, de conformidad con la
documentación obrante en los archivos de este Instituto, el ciudadano Arturo Díaz
Ornelas como propietario y la ciudadana Edna Lorena Pacheco Chávez como suplente integran
la fórmula número 20 de la lista regional de la segunda circunscripción plurinominal
registrada por la coalición Alianza por el Cambio, que corresponde al Partido Acción
Nacional.
Cabe señalar que, según
el orden de prelación previsto en el convenio de coalición suscrito para el proceso
electoral federal 1999-2000, correspondería cubrir la vacante a la fórmula número 19.
Sin embargo, en virtud de que esta última obtuvo el triunfo como diputados bajo el
principio de mayoría relativa en el distrito electoral federal IV en el estado de
Coahuila, se pasa a la fórmula siguiente.
Sin más por el momento,
aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
México, DF, a 29 de
noviembre de 2002.— El secretario ejecutivo,
Fernando Zertuche Muñoz.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Agradeciendo la atención del IFE, esta Presidencia acuerda
llamar al ciudadano Arturo Díaz Ornelas para que se incorpore a esta Legislatura.
CENTROS
DE READAPTACION SOCIAL
El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
«Escudo.— Gobierno
del estado de Nuevo León.— Secretaría General Dirección General de Prevención y
Readaptación Social del Estado.
Diputados Adela Cerezo
Bautista y Rodolfo Dorador Pérez Gavilán.— Presentes.
En atención a su oficio
número DGPL 58-II-4-988 de fecha 12 de septiembre del actual, mediante el que solicitan
información relativa a centros federales de Readaptación Social, me permito comunicar lo
siguiente.
El estado de Nuevo León,
a través de la dirección general de Prevención y Readaptación Social, administra tres
prisiones, a saber: Centro Preventivo de Readaptación Social Topo Chico, Centro de
Readaptación Social Cadereyta y Centro de Readaptación Social Nuevo León y que por sus
características, ninguno de ellos es Centro Federal de Readaptación Social.
Sin otro asunto al
particular, reitero a ustedes la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida.
Atentamente.
Monterrey, Nuevo León, a
4 de octubre de 2002.— El director general de Prevención y Readaptación Social, Eduardo Aburto Verduzco.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Remítase a las comisiones de Gobernación y Seguridad
Pública y Especial de Seguridad Pública, para su conocimiento.
REGISTRO
DE ASISTENCIA
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
De conformidad con lo
dispuesto en el acuerdo relativo al sistema electrónico de registro de asistencia, se
pide a la Secretaría dar cuenta del mismo e instruir su cierre.
El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
Se informa a la
Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 394 diputados.
Ciérrese el sistema
electrónico.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
La comunicación de la
Junta de Coordinación Política, señor Secretario.
COMISIONES LEGISLATIVAS
El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta
de Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes
Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el
artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado
Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación
en la integración de la siguiente comisión:
• Que la diputada
Verónica Sada Pérez, sustituya a la diputada Gabriela Cuevas Barrón, como integrante de
la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.
• Que el diputado
Cuauhtémoc Cardona Benavides, sustituya a la diputada Verónica Sada Pérez, como
integrante de la Comisión de Turismo.
Lo anterior, para los
efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo
de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo,
México, DF, a 3 de diciembre de 2002.— Diputado Martí Batres Guadarrama, presidente.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
De enterado.
El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta
de Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes
Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el
artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado
Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación
en la integración de la siguiente comisión:
• Que el diputado
Julio Castellanos Ramírez, sustituya al diputado Francisco Raúl Ramírez Avila, como
integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Lo anterior, para los
efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo
de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo,
México, DF, a 3 de diciembre de 2002.— Diputado Martí Batres Guadarrama, presidente.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
De enterado.
El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.—Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta
de Coordinación Política.
Diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presente.
Con fundamento en el
artículo 34, numeral 1, inciso c de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por este medio permito
informarle los siguientes cambios en comisiones del grupo parlamentario del PRD:
1. La diputada Hortensia
Aragón Castillo, sale de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y se
incorpora a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
2. El diputado Luis
Herrera Jiménez, sale de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y se incorpora a
la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Reciba un cordial saludo.
Atentamente.
Palacio Legislativo.—
San Lázaro, a 3 de diciembre de 2002.— Diputado Martí Batres Guadarrama, presidente.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
De enterado.
LEY GENERAL DE SALUD
La Secretaria diputada Adela
Cerezo Bautista:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.—
Secretaría del Congreso.— Dirección de Procesos Legislativos.
Honorable Congreso de la
Unión.— México, DF.— Presente.
La LVI Legislatura del
Congreso del estado de Jalisco, en sesión de fecha 14 de noviembre del presente año,
aprobó el acuerdo económico número 811/02 del que le anexo copia para los efectos
legales procedentes, mediante el cual se aprueba remitir a esa alta representación
popular, iniciativa de decreto que adiciona al Capítulo III, los artículos 22-A, 22-B,
22-C y 22-D correspondiente al Título Segundo de la Ley General de Salud.
Por instrucciones de la
directiva de esta soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de
notificación personal y para los efectos legales subsecuentes, agradeciéndole que las
acciones que se sirva tomar al respecto las haga del conocimiento de esta representación,
a la brevedad posible, a fin de darles el curso correspondiente.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No
Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 14
de noviembre de 2002.— Leonardo García
Camarena, Oficial Mayor.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.—
Secretaría del Congreso.
Ciudadanos diputados del
honorable Congreso del Estado.— Presentes.
El suscrito, diputado
Gonzalo Moreno Arévalo, en uso de las atribuciones que me conceden la fracción I del
artículo 28 de la Constitución Política del estado de Jalisco, así como los numerales
85 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, someto a la
consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de acuerdo económico que
propone elevar al honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto que adiciona
un Capítulo III al Título Segundo de la Ley General de Salud, justificando tal medida en
la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
1. La situación
económica del país impacta directamente a la economía familiar de los mexicanos.
Millones de familias consiguen apenas lo necesario para subsistir, sus esfuerzos diarios
se centran en trabajar para comer y un poco más.
2. Conservar la salud se
vuelve casi imposible: mala alimentación, mínimos hábitos higiénicos, difícil acceso
a los servicios médicos y, cuando se tienen, no se pueden adquirir las medicinas y el
material de curación por los precios tan elevados con que se ofertan en el mercado. Lo
paradójico es que la salud y los medios para conservarla o recuperarla están consagrados
como garantía constitucional en nuestra Carta Magna en su artículo 4o.
3. La situación no es
privativa de nuestro estado, el flagelo de la pobreza no reconoce de límites
geográficos, como tampoco respetan fronteras las enfermedades.
4. Actualmente en Jalisco,
concretamente en la zona metropolitana, existen lugares conocidos popularmente donde
venden medicinas de laboratorios reconocidos por abajo del precio comercial. Un ejemplo,
en farmacias de prestigio que ofertan medicamentos con descuentos permanentes se compra el
verapamilo (medicina empleada para controlar la presión arterial) entre 38 y 46 pesos,
mientras que en los lugares no reconocidos, la misma fórmula médica fabricada por
laboratorios de prestigio puede adquirirse entre los 15 ó 20 pesos. Aclaro, no son
muestras médicas, genéricos intercambiables o medicinas robadas. Otro ejemplo, aunque
acepto que no es en sentido estricto medicamento, es una fórmula para lactantes, leche en
polvo o leche maternizada (de marca conocida) en tiendas de autoservicio cuesta entre 156
y 165 pesos, en farmacias, entre 165 y 176, mientras que en los lugares mencionados va de
los 110 a los 120 pesos.
5. Las diferencias de
precio no están en la calidad, ni siquiera en la marca. Reconozco la trascendente labor
de investigación, fabricación y distribución que llevan a cabo los laboratorios
farmacéuticos, y con la presente no pretendo entorpecer su labor, más bien busco
facilitar que sus productos lleguen a un sector más amplio de consumidores abaratando los
precios de comercialización, ya sea disminuyendo los gastos de fabricación,
presentación o de intermediación.
6. Hicimos una
investigación normativa para conocer quién o quiénes intervienen en la fijación de los
precios. Iniciamos lógicamente por la Constitución Federal la que preceptúa en su
artículo 28, párrafo tercero, lo siguiente:
“Las leyes fijarán
bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se
consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para
imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o
productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen
insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los
consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.”
7. Desafortunadamente no
existe legislación que regule la fijación de precios ni la intermediación innecesaria
en el caso de las medicinas y material de curación. Por si fuera poco, la Norma Oficial
Mexicana 036-SSA1-1986 que regulaba este aspecto fue derogada en 1994.
8. Las indagaciones nos
llevaron a consultar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y encontramos
que el artículo 34 señala:
“Son facultades de la
Secretaría de Economía:
I. Formular y conducir las
políticas... en materia de precios del país.
V. Estudiar, proyectar y
determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, escuchando opinión de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.”
La misma ley en su
artículo 31 dice que son facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
“X. Establecer y
revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública
Federal o bien las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la
participación de las dependencias que corresponda.”
9. Por otro lado,
consultamos a la subsecretaría de Competitividad Industrial y Comercial de la Secretaría
de Economía, quienes a pregunta expresa señalaron que existe una total liberación de
precios en materia de medicamentos, y éstos los tasan de acuerdo a la oferta y la demanda
de cada uno de los laboratorios.
Lo que nos confirma que no
existen normas para fijar los precios de los medicamentos.
10. En la Secretaría de
Salud nos informaron que los medicamentos, en materia de precios, no están regulados, ya
que cada laboratorio pone sus precios en base a sus costos, y los costos dependen de la
investigación que hayan realizado para obtener las fórmulas. En definitiva, no hay
control de precios, suponen que hay sugerencias de la autoridad para fijarlos.
11. El esquema económico
neoliberal, es una forma más de proyectar la vida productiva y económica de las
naciones, estando o no de acuerdo con él, es una preocupación permanente que las clases
económicamente más desprotegidas no sean consideradas en tales políticas.
12. Estoy a favor del
desarrollo y del progreso, del crecimiento económico, sí, pero también estoy a favor de
una distribución de la riqueza más proporcionada y justa. No acuso, y reitero, no es mi
pretensión, de enriquecimiento desproporcionado de unos pocos, simplemente señalo que
miles de personas sufren enfermedades que por no tener la cura a la mano quedan con
secuelas y en un número alarmante tienen final fatal.
13. De los ejemplos
señalados, se deduce que el precio de venta está sobre el costo de producción en un 80%
al 200%, si la causa fuera de tipo tributaria, entonces es muy cuestionable imponer
todavía el IVA a medicamentos, si la razón es la ganancia desconsiderada de parte de los
productores o intermediarios, es momento de que el Estado, de conformidad con sus
facultades y en atención a su responsabilidad, intervenga tomando las medidas necesarias.
14. En la presente
iniciativa se prevé la creación de un Comité Nacional de Precios a las Medicinas y
Material de Curación, que se integraría con los representantes de la industria
farmacéutica, por las secretarías de Salud, Economía y Hacienda y Crédito Público y
por personas representantes del sector social.
15. Se pretende imponerle
obligaciones, señalarle criterios de acción y otorgarle facultades para el eficaz
desarrollo de su actividad. Asimismo, dentro de sus responsabilidades está la de diseñar
programas para poner al alcance del consumidor final de escasos recursos medicamentos a
precios bajos.
16. Estoy convencido de la
viabilidad del proyecto, en Jalisco los lugares donde se comercia legalmente con medicinas
de laboratorios reconocidos trabajan desde hace más de 40 años y en su haber se cuentan
por miles las familias beneficiadas, pensemos en lo que significaría multiplicar este
beneficio al resto de la República Mexicana.
En mérito de lo
anteriormente expuesto y con fundamento en los dispositivos 85 y 90 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del estado de Jalisco, se propone a la consideración de esta
honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de acuerdo económico, para que de ser
aprobada se eleve formalmente al honorable Congreso de la Unión la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Que adiciona el Capítulo
III con los artículos 22-A, 22-B, 22-C y 22-D, en el Título Segundo de la Ley General de
Salud.
Artículo único. Se adiciona el Capítulo III
con los artículos 22-A, 22-B, 22-C y 22-D, en el Título Segundo de la Ley General de
Salud.
CapItulo III
Del Consejo Nacional de
Precios a los Medicamentos y Material de Curación
Artículo 22-A. El Consejo Nacional de Precios a
los Medicamentos y Material de Curación es un órgano auxiliar del Consejo de Salubridad
General que tiene por objeto establecer las políticas públicas necesarias para la
vigilancia y regulación de los límites mínimos y máximos de precios de los
medicamentos y material de curación.
Artículo 22-B. El Consejo Nacional de Precios a
los Medicamentos y Material de Curación estará integrado por un presidente, que será el
Secretario de Salud y 12 vocales, entre los que deberán estar los titulares de las
Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, representantes de las
cámaras farmacéuticas y representantes sociales.
La organización y
funcionamiento del Consejo se regirá por su Reglamento Interior que deberá ser expedido
por el Presidente de la República.
Artículo 22-C. El Consejo Nacional de Precios a
los Medicamentos y Material de Curación tendrá las siguientes obligaciones:
I. Vigilar que se cumpla
con las exenciones fiscales, de conformidad con la Ley de la Materia, aplicables a los
medicamentos y material de curación del cuadro básico de medicinas aprobado por la
Secretaría de Salud.
II. Aprobar los márgenes
mínimo y máximo para la fijación de los precios a medicinas y material de curación en
general, para lo cual deberá tomar en cuenta, por lo menos, los siguientes criterios:
a) Técnicos de
elaboración, empaque y manejo;
b) Económicos de
producción, calidad, presentación, distribución y conservación y,
c) Económicos de nivel
adquisitivo del consumidor final.
III. Establecer mecanismos
para la comercialización en zonas económicas deprimidas que permitan al consumidor final
adquirir medicamentos a precios bajos a través de cuando menos los siguientes programas:
a) Programas permanentes
de compra directa al fabricante y,
b) Programas públicos
permanentes para la adquisición a precios bajos.
IV. Vigilar que no se
comercialicen, por ningún motivo, medicamentos destinados al sector salud.
Artículo 22-D. Son facultades del Consejo
Nacional de Precios a los Medicamentos y Material de Curación:
A) Establecer los
convenios de colaboración y coordinación con los sectores públicos y privados para la
consecución de su fin y
B) Solicitar los
dictámenes técnicos necesarios a las instancias públicas o privadas que estime
necesarios para la toma de decisiones.
ARTICULO TRANSITORIO
Primero. El presente decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
En mérito de lo expuesto
y fundado propongo a esta honorable Asamblea legislativa estatal, la aprobación del
siguiente
ACUERDO ECONOMICO
Primero. Se aprueba la iniciativa de decreto a
que alude el cuerpo del presente escrito.
Segundo. Envíese copia de la presente
iniciativa de decreto a las legislaturas de los estados y a la Asamblea de Representantes
del Distrito Federal para su conocimiento y en su caso, apoyo a la presente reforma.
Tercero. Envíese la presente iniciativa de
decreto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para el desahogo
del procedimiento legislativo correspondiente.
Salón de sesiones del
Congreso del Estado, Guadalajara, Jalisco, a 14 de noviembre de 2002.— Diputado Gonzalo Moreno Arévalo.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Salud.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a
ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Adalberto Madero Quiroga, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de
decreto que adiciona un artículo 222 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La Presidencia dispuso que
dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente.
México, DF, a 28 de
noviembre de 2002.— Senador Carlos Chaurand
Arzate, Vicepresidente en funciones.»
«Con el permiso de la
Mesa Directiva, señoras y señores senadores.
El que suscribe, senador
por el estado de Nuevo León integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; así como los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro formulando
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma por adición la Ley del Impuesto
Sobre la Renta, a fin de crear el artículo 222, con base en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
De acuerdo con el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en México el 2.3%
de la población, equivalente a 2.300,000 mexicanas y mexicanos, sufren de alguna
discapacidad severa. Se estima, por otro lado, una prevalencia de 10 millones de personas
con discapacidad, conforme a los indicadores de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Asimismo, se calcula que anualmente más de 100 mil personas llegan a sufrir alguna
incapacidad, situación que les dificulta o imposibilita realizar sus actividades
cotidianas, principalmente las de tipo laboral.
La integración laboral de
las personas discapacitadas constituye uno de los aspectos más importantes del bienestar
social tanto de estas personas como de sus familias. La sociedad en general subestima por
desconocimiento las habilidades y destrezas de los discapacitados. Una de las grandes
barreras que enfrentan las personas con discapacidad es la misma sociedad. La discapacidad
no es un atributo de la persona, sino un complejo conjunto de condiciones, muchas de las
cuales son creadas por el ambiente social. Por eso, los legisladores debemos crear el
medio ambiente legal y social para que estos ciudadanos aspiren a una vida digna y de
oportunidades.
La discapacidad tiene
serias consecuencias, afectando no sólo a quien las sufre por falta de oportunidades para
su integración, sino también a la familia y a la sociedad en general. Así, en el
Programa Nacional de Salud 2001-2006, se señala que las mexicanas y los mexicanos pierden
en promedio 10 años de vida saludable como resultado de alguna discapacidad.
Si la población que sufre
algún nivel de discapacidad no es atendida adecuadamente, se generan desajustes
sicosociales, problemas de desintegración familiar, analfabetismo, desempleo, mendicidad
y una pérdida económica que se ha calculado en 75 mil millones de pesos anuales por la
falta de productividad de las personas con discapacidad en edad productiva.
Además de sensibilizar a
la sociedad, debemos generar los mecanismos legales que permitan promover una cultura de
respeto y dignidad en el trato a aquellas personas que viven con una condición de vida
diferente. Establezcamos programas de atención con calidad, en este caso de fomento al
empleo, para permitir que las personas con discapacidad y sus familias se integren
plenamente en un marco de igualdad y dignidad, como mexicanas y mexicanos pertenecientes a
una nación.
A la fecha no existe
incentivo alguno de carácter fiscal a favor de las personas que dan empleo a los
discapacitados, llamados también personas con capacidades diferentes. Estos, son capaces
de contribuir en bien de la nación. Pueden llevar a cabo trabajos físicos de acuerdo a
sus aptitudes, son capaces de efectuar reparaciones en equipos eléctricos, electrónicos,
mecánicos etcétera. Asimismo, pueden laborar en diversas actividades académicas, de
oficina y hasta deportivas, tal y como hemos sido testigos por medio de las transmisiones
televisivas de las competencias paraolímpicas.
Entonces, debemos estar
conscientes de la necesidad de incentivar a las personas que los emplean, a fin de que se
efectúe una mayor contratación de quienes tienen una capacidad diferente o disminuida.
Ya los más de 2 millones de mexicanos que sufren algún tipo de discapacidad no deben ser
relegados por falta de oportunidades tal y como en la actualidad sucede. Es decir, si bien
es cierto que tal relegación pudiera ser considerada como una especie de discriminación,
también lo es que, los dueños de empresas preferirán a quien no presenta algo de
invalidez.
El mejor de los incentivos
para promover el empleo de las personas discapacitadas, tal y como sucede en los países
desarrollados, será siempre el de carácter fiscal, ya que, quien contribuye con la
creación de riqueza lo hace de mejor manera cuando sus ingresos no son gravados de manera
excesiva.
En tal caso, el incentivo
deberá concederse sin mayores trámites y directo al impuesto sobre la renta, al causado
por los ingresos de personas físicas o morales, independientemente de la actividad de las
primeras, es decir, con independencia de que la persona física tenga una actividad
empresarial o bien que sea una persona física que se dedique a la práctica de cualquier
oficio o profesión liberal. O sea, que puede ser un profesionista o artista o artesano
quien emplee a un discapacitado. Lo importante es que se integre este último a la planta
productiva, sintiéndose a la vez persona útil para él mismo y para lo sociedad.
Para ello se propone la
creación del artículo 222 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, mismo que estaría
inserto en la sección de estímulos fiscales. A fin de permitir que quien contrate a
personas con capacidades diferentes pueda disminuir de su impuesto sobre la renta, el 20%
de la cantidad que por concepto de sueldo liquidó a su empleado discapacitado, siempre y
cuando dicho empleador esté cumpliendo con todas sus obligaciones como patrón, es decir,
que no quedarán comprendidas las personas que contraten por honorarios a discapacitados,
por ende, quien pretenda efectuar la deducción de impuesto sobre la renta como en el caso
que nos ocupa, deberá estar inscrito como patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social, demostrando que cumple con la obligación contenida en artículo 12 de la Ley del
Seguro Social.
Finalmente, dado el alto
valor que esta iniciativa representa para el bienestar de miles de familias mexicanas,
solicitamos que nuestra propuesta se integre en la Ley de Ingresos del año 2003, que
será analizada y aprobada por esta legislatura.
Por lo anteriormente
expuesto y con fundamento en las disposiciones arriba mencionadas, presento a
consideración de esa honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
por el que es creado el artículo 222 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar
como sigue
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se crea el artículo 222 de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:
“Artículo 222. El patrón que contrate a
personas que padezcan discapacidad motriz, visual, mental, auditiva, de lenguaje o de
cualquier índole que la haga con capacidad diferente al promedio de los habitantes del
país, podrá deducir del impuesto a su cargo, una cantidad igual al 20% de la cantidad
pagada por concepto de salario a su trabajador discapacitado siempre y cuando el
contribuyente patrón, demuestre al Servicio de Administración Tributaria que está
cumpliendo con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro
Social.”
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. La presente reforma entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
México, DF, a 28 de
noviembre de 2002, salón de sesiones del Senado de la República.— Senador Adalberto Madero Quiroga.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
INVERSION EXTRANJERA
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
Ciudadana diputada Beatriz
Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva del Tercer Año de Ejercicio de la LVIII
Legislatura.— Presente.
En uso de las atribuciones
conferidas a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, de conformidad con lo
dispuesto en la fracción IV del artículo 27 de la Ley de Inversión Extranjera, me
permito enviarle el documento intitulado “Informe Estadístico sobre el
Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México (enero-septiembre de
2002).”
Sin otro particular, me
pongo a sus órdenes para cualquier aclaración sobre este asunto.
Atentamente.
México, DF, a 25 de
noviembre de 2002.— Juan Antonio García Villa,
secretario ejecutivo.»
«CAPITULO III
De la operación de la
comisión
Artículo 28. La comisión deberá resolver las
solicitudes sometidas a su consideración dentro de un plazo que no excederá de 45 días
hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva, en los
términos establecidos en el reglamento de la presente ley.
En caso de que la
comisión no resuelva en el plazo señalado, la solicitud se considerará aprobada en los
términos presentados. A petición expresa del interesado, la Secretaría deberá expedir
la autorización correspondiente.
Artículo 29. Para evaluar las solicitudes que
se sometan a su consideración, la comisión atenderá a los criterios siguientes:
I.- El impacto sobre el
empleo y la capacitación de los trabajadores;
II.- La contribución
tecnológica;
III.- El cumplimiento de
las disposiciones en materia ambiental contenidas en los ordenamientos ecológicos que
rigen la materia y
IV.- En general, la
aportación para incrementar la competitividad de la planta productiva del país.
La comisión, al resolver
sobre la procedencia de una solicitud, sólo podrá imponer requisitos que no distorsionen
el comercio internacional.
Artículo 30. Por razones de seguridad nacional,
la comisión podrá impedir las adquisiciones por parte de la inversión extranjera.»
«Informe Estadístico
sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera directa en México. (enero-septiembre
de 2002).
1. Introducción.
2. Metodología para la
elaboración de la información sobre los flujos de IED.
2.1. Información
sectorial y regional sobre la IED.
2.2. Comisión Nacional de
Inversiones Extranjeras.
3. Comportamiento de la
IED durante el periodo enero-septiembre de 2002.
3.1. Distribución
sectorial y por país de origen de la IED notificada al RNIE y de las importaciones de
activo fijo por parte de empresas maquiladoras.
3.2. Proyectos autorizados
por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
Apéndice estadístico.
Informe Estadístico sobre
el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México (enero-septiembre de
2002).
1. Introducción.
En uso de las atribuciones
conferidas a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, de conformidad con lo
dispuesto en la fracción IV del artículo 27 de la Ley de Inversión Extranjera, se hace
del conocimiento del honorable Congreso de la Unión el presente informe estadístico
sobre el comportamiento de la inversión extranjera en México durante el periodo
enero-septiembre de 2002.
El contenido de este
informe es el siguiente: en la segunda sección se presenta una explicación relativa a la
cobertura y método de recopilación de las diferentes fuentes de información utilizadas
para elaborar las estadísticas sobre Inversión Extranjera Directa (IED) en México. En
el tercer apartado, se describe el comportamiento de la IED durante enero-septiembre de
2002, destacando el sector económico al que se destinan las inversiones y el país de
origen del cual provienen; también, se da a conocer el monto de IED correspondiente a los
proyectos de inversión autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras
(CNIE). Finalmente, se incluye un apéndice estadístico.
2. Metodología para la elaboración de la
información sobre los flujos de IED.
Las estadísticas sobre
IED presentadas en este reporte son generadas conjuntamente por la Secretaría de
Economía y el Banco de México, de acuerdo a las recomendaciones del Fondo Monetario
Internacional (FMI) en su Manual de Balanza de Pagos*1 y de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).2 La
estimación de la IED se integra con los siguientes conceptos:
a) Los montos de la IED
notificados al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE): Son las inversiones
notificadas al RNIE por parte de personas físicas o morales extranjeras que realizan
actos de comercio en México y sucursales de inversionistas extranjeros establecidas en el
país,3 de sociedades mexicanas con
participación extranjera y, de instituciones fiduciarias que participan en fideicomisos
de bienes inmuebles de los que se derivan derechos en favor de inversionistas extranjeros.
Estas cifras corresponden a la inversión realizada por personas físicas o morales
extranjeras al establecerse en México4; a las
nuevas inversiones, reinversión de utilidades5
y cuentas entre, compañías6 de sociedades ya
establecidas y, al monto de la contraprestación en los fideicomisos de bienes inmuebles.
De acuerdo a los artículos 32 y 33 de la Ley de Inversión Extranjera y 38 del Reglamento
de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, los
movimientos mencionados deben ser reportados al RNIE.
También se incluye en
este concepto el monto de inversión involucrado en las transmisiones de acciones por
parte de inversionistas mexicanos a inversionistas extranjeros, a través de las cuales la
IED adquiere total o parcialmente sociedades mexicanas ya establecidas7.
Las notificaciones al RNIE
tienden a darse con un importante rezago con respecto a las fechas en las que se realizan
las inversiones debido, entre otras razones, al periodo de tiempo que se requiere para
formalizar el acta de Asamblea en la cual se asienta la inversión realizada.
Este rezago se traduce en
que el monto de IED reportado al RNIE en un determinado mes corresponde en su mayoría a
inversiones realizadas varios meses antes, incrementando así las cifras de IED relativas
a los meses anteriores. Por ende, la cifra reportada como IED realizada en un determinado
plazo no es definitiva, ya que ésta aumenta posteriormente en la medida en que el RNIE
recibe las notificaciones del resto de las inversiones realizadas en dicho periodo. Debido
a la existencia de este rezago, se debe tener cuidado en la comparación de los flujos de
IED correspondientes a dos periodos, pues las inversiones realizadas durante el periodo
menos reciente han tenido más tiempo para haber sido dadas de alta ante el RNIE.8
Por lo expuesto en los
tres párrafos inmediatos anteriores, se incluye en el monto total de IED una estimación
de los montos ya materializados en enero-septiembre de 2002 pero que no han sido
notificados al RNIE. Esta estimación se elabora tomando en cuenta el comportamiento
mostrado por el rezago mencionado durante los últimos seis años y con la información de
diversos indicadores obtenidos por el Banco de México (información obtenida de diversas
áreas del propio banco, de las empresas y, de medios especializados de información:
Infosel, Bloomberg, etcétera.)
b) El valor de las
importaciones de activo fijo realizadas por empresas maquiladoras. Comprende las
inversiones en maquinaria y equipo por parte de empresas maquiladoras.9 Estas inversiones se realizan por medio de la
aportación de activo fijo por parte de las empresas matrices en el extranjero a sus
filiales de México bajo un contrato de comodato (préstamo gratuito). Dicho contrato
transfiere gratuitamente el uso del activo a la maquiladora para que desarrolle su
actividad, pero no se le otorga la propiedad del mismo, por lo cual la sociedad mexicana
no puede reportarlo en su contabilidad.
Debido a que las
transacciones mencionadas en el párrafo anterior no se incluyen en la contabilidad de la
sociedad mexicana, éstas no tienen la obligación de notificar tales inversiones al RNIE.
Por ello, estas aportaciones de capital son captadas a través de la información
estadística de comercio exterior como importaciones temporales.10 La información correspondiente se publica
mensualmente, con un rezago de tres semanas.
2.1. Información sectorial y regional sobre la IED.
Se dispone de información
desagregada por sector económico, entidad federativa y país de origen, únicamente
respecto de los montos notificados al RNIE y de las importaciones de activo fijo
efectuadas por empresas maquila- doras, debido a que las estimaciones de la inversión que
aún no se reporta al RNIE no incluyen las desagregaciones correspondientes.
Con la entrada en vigor
del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras se amplió la cobertura del RNIE, de tal forma que ahora dicho registro capta
información oportuna sobre la reinversión de utilidades y cuentas entre compañías;
así, se ha incrementado notablemente el porcentaje de la IED total que se presenta
desagregado por sector económico, entidad federativa y país de origen.
La información
geográfica de la IED se refiere a la entidad federativa donde se ubica el domicilio del
representante legal o de la oficina administrativa de cada empresa (único dato que
proporcionan los inversionistas extranjeros cuando notifican al RNIE sus movimientos de
inversión), y no necesariamente a la entidad federativa donde se realizan las
inversiones. Esta misma situación se observa en la clasificación por entidad federativa
de las importaciones de activo fijo por parte de sociedades maquiladoras con IED.
2.2. Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
Finalmente, los montos de
IED involucrados en los proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones
Extranjeras de conformidad con lo establecido en los artículos 8o., 9o. y noveno
transitorio de la Ley de Inversión Extranjera, representan un importante indicador de las
inversiones por realizarse en el corto plazo. Estas inversiones se incluyen en las
estadísticas sobre IED, únicamente a partir de que se llevan a cabo y se notifican al
RNIE.
3. Comportamiento de la IED durante el periodo
enero-septiembre de 2002.
A continuación se
presentan las cifras que reflejan la evolución de la IED en el periodo enero-septiembre
de 2002, recopiladas hasta el 30 de septiembre de ese año, de acuerdo a la metodología
descrita en la sección anterior.
IED notificada al RNIE.
Durante el periodo enero-septiembre de 2002, el RNIE recibió notificaciones sobre IED por
10 mil 082.5 millones de dólares (md); de ellos, el 62.1%. (6 mil 258.4 md) se realizó
en enero-septiembre de 2002; el 20.4% (2 mil 052.4 md), en 2001; el 11.2% (1 mil 127.5
md), en 2000 y el restante 6.3% (644.2 md), antes de 2000.11
De los 6 mil 258.4 md de
IED notificada al RNIE durante enero-septiembre, el 40.9% (2 mil 558.6 md) corresponde a
nuevas inversiones; el 26.0% (1 mil 627.9 md), a reinversión de utilidades; y el 33.1% (2
mil 071.9 md), a cuentas entre compañías.
IED realizada pero aún no
notificada al RNIE. Asimismo, se estima que durante enero-septiembre de 2002, las empresas
con IED realizaron inversiones por 1 mil 247.0 md, mismas que no habían sido notificadas
al RNIE al 30 de septiembre de ese año. Los 1 mil 247.0 md aún no notificados al RNIE
corresponden a 912.4 md de nuevas inversiones y a 334.6 md de reinversión de utilidades.12
Importación de activo
fijo por parte de maquiladoras. Por su parte, el valor de las importaciones de
maquiladoras durante enero-septiembre de 2002, se ubicó en 1 mil 522.9 md.
De esta manera, al 30 de
septiembre de 2002, la estimación de la IED realizada en el lapso enero-septiembre de
2002 asciende a 9 mil 028.3 md, y se integra en un 38.4% (3 mil 471.0 md) de nuevas
inversiones; 21.7% (1 mil 962.5 md) de reinversión de utilidades; 22.9% (2 mil 071.9 md)
de cuentas entre compañías; y, 17.0% (1 mil 522.9 md) de importación de activo fijo por
parte de maquiladoras.
Asimismo, 6 mil 258.4 md
(69.2%) de los 9 mil 028.3 md de IED estimada para el periodo enero-septiembre de 2002, ya
fueron notificados al RNIE; 1 mil 247.0 md (13.8%) corresponden a la estimación de la IED
que aún no se ha notificado y 1 mil 522.9 md (17.0 %) corresponden a importaciones de
activo fijo por parte de maquiladoras.
VER TABLA
Los montos de IED
correspondientes al periodo enero-septiembre de 2002, fueron realizados por 3 mil 537
sociedades mexicanas con inversión extranjera directa en su capital social, de las cuales
1 mil 193 son sociedades maquiladoras que importaron temporalmente activo fijo.
3.1. Distribución sectorial y por país de origen
de la IED notificada al RNIE y de las importaciones de activo fijo por parte de empresas
maquiladoras.
Los 7 mil 781.3 md de IED
realizada en enero-septiembre de 2002 (6 mil 258.4 md de movimientos de inversión
notificados al RNIE y materializados durante ese periodo, y 1 mil 522.9 md de
importaciones de activo fijo por parte de empresas maquiladoras), se canalizaron a la
industria manufacturera que recibió 39.9%; al sector de servicios financieros fue el
33.8%; a comercio, 11.0%; a transportes y comunicaciones, el 7.9% y a otros sectores, el
7.4%.
VER TABLA
VER TABLA
El total de las
importaciones de activo fijo por parte de maquiladoras (1 mil 522.9 md, en
enero-septiembre de 2002) fue realizado por sociedades ubicadas en el sector industrial.
Además, 1 mil 344.8 md de las importaciones corresponden a empresas provenientes de
Estados Unidos; 36.4 md, de España; 34.8 md, de Japón; 22.9 md, de Holanda; 16.6 md, de
Suiza; 14.3 md, de Singapur; 13.8 md, de Reino Unido; y 39.3 md, de otros países.
VER TABLA
3.2 Proyectos autorizados por la Comisión Nacional
de Inversiones Extranjeras.
Durante enero-septiembre
de 2002, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) autorizó 24 proyectos de
inversión por un total de 3 mil 798.4 md. Los proyectos autorizados en ese periodo se
espera que se realicen entre dicho año y el 2003. Los proyectos se ubican en los sectores
de servicios (13 proyectos), construcción (4), transportes y comunicaciones (3), la
industria manufacturera (3) y el comercio (1).
NOTAS
1) Capítulo XVIII del
Manual de Balanza de Pagos. Editado en 1993 por el Fondo Monetario Internacional, Quinta
Edición.
2) Benchmark Definition of foreign Direct Investment.
“Benchmark Definition”, editado en 1996 por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, Tercera Edición.
3) Se refiere a los
establecimientos que para la prestación de servicios abren en México personas morales
extranjeras, sin que para ello constituyan una sociedad mexicana.
4) Incluye inversiones en
activo fijo y capital de trabajo para la realización de actos de comercio en México.
Este tipo de inversiones se refiere a las realizadas por personas físicas o morales
extranjeras a quienes el Código de Comercio reconoce personalidad jurídica y la Ley de
Inversión Extranjera posibilita a efectuar actividades económicas en México, sin
constituirse como una sociedad mexicana.
5) Es la parte de las
utilidades que no se distribuye como dividendos y que, por representar un aumento de los
recursos de capital propiedad del inversionista extranjero, es parte de la IED. En la
contabilidad de la balanza de pagos, en congruencia con lo dispuesto en la quinta edición
del Manual de Balanza de Pagos del FMI, la contrapartida a la reinversión de utilidades
de la IED (que se registra en la cuenta de capital como entrada virtual) es una erogación
(también virtual) en los pagos factoriales de la cuenta corriente.
6) Se refiere a las
transacciones originadas por deudas entre empresas asociadas. Así, incluye tanto
préstamos de las matrices residentes en el exterior a sus filiales en México, como
préstamos o adelantos de pagos de las filiales a sus matrices; estas transacciones son
consideradas como IED debido a que significan un ingreso proveniente del exterior,
financiado directamente por el inversionista extranjero a su filial en México.
7) Estos movimientos se
consideran IED debido a que tienen la finalidad de obtener un interés de largo plazo en
empresas mexicanas, lo cual es congruente con la definición de IED de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Benchmark
Definition of Foreign Direct Invesment, página 7, Tercera Edición, 1996), misma que
señala lo siguiente: “La inversión extranjera directa refleja el objetivo de
obtener un interés duradero por parte de una entidad residente en una economía
(inversionista directo), en una entidad residente en otra economía diferente a la del
inversionista (empresa de inversión directa)”. El interés duradero implica la
existencia de una relación de largo plazo entre el inversionista directo y la empresa,
así como un grado significativo de influencia en el manejo de la empresa.
8) Por ejemplo, si sería
válido comparar las cifras de IED correspondientes al periodo enero-septiembre de 2002,
que se tienen registradas hasta el 30 de septiembre de 2002, con la información que se
tenía registrada al 30 de septiembre de 2001, relativa al periodo enero-septiembre de
2001.
9) El resto de las
inversiones (movimientos en el capital social) realizadas por las maquiladoras, son
notificadas al RNIE e incorporadas en las estadísticas correspondientes, toda vez que
estas maquiladoras son sociedades mexicanas con inversión extranjera y, por lo tanto,
están obligadas a notificar al RNIE sus inversiones en el capital social.
10) No se resta el valor
de las exportaciones de activo fijo que, en su momento, ingresó al país con carácter de
importación temporal, debido a que se supone un factor de depreciación al 100%.
11) Como ya se explicó,
la diferencia entre la fecha de inscripción en el RNIE y la de realización de la
inversión, se debe a que los inversionistas no acuden inmediatamente ante el RNIE una vez
hecha la inversión, sino que la inscripción tiende a darse tradicionalmente con un
rezago importante.
12) La estimación de
nuevas inversiones y reinversión de utilidades se elabora tomando en cuenta el
comportamiento mostrado por el rezago en las notificaciones al RNIE durante los últimos
seis años. En el caso de cuentas entre compañías, la estimación la obtiene el Banco de
México por medio de diversos indicadores elaborados por dicha institución.
ApEndice EstadIstico
Cuadro Número 1. IED en
México.
Cuadro número 2. IED
realizada por sector económico.
Cuadro número 3. IED
realizada en los principales subsectores económicos.
Cuadro número 3.1. IED
notificada al RNIE en los principales subsectores económicos.
Cuadro número 3.2.
Importaciones de activo fijo realizadas por maquiladoras en los principales subsectores
industriales.
Cuadro número 4. IED
realizada por países y áreas económicas.
Cuadro número 4.1. IED
notificada al RNIE por países y áreas económicas.
Cuadro número 4.2.
Importaciones de activo fijo realizadas por maquiladoras por países y áreas económicas.
Cuadro número 5. IED
realizada por entidad federativa.
Cuadro número 5.1. IED
notificada al RNIE por entidad federativa.
Cuadro número 5.2.
Importaciones de activo fijo realizadas por maquiladoras por entidad federativa.
VER TABLA
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público,
túrnese a la Conferencia y túrnese al centro de Estudios de Finanzas Públicas de esta
Cámara.
SEGURIDAD E HIGIENE EN CENTROS DE TRABAJO
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio
número CP/2R/2AE-1321 de fecha 17 de julio último, signado por el senador Diego
Fernández de Cevallos Ramos, Presidente de la Comisión Permanente, con el presente les
acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 400 22/10/02
305, signado por el ciudadano Francisco Xavier Salazar Sáenz, subsecretario de Previsión
Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el que comunica que el pasado
27 de agosto de 2002 se celebró la VIII Sesión Ordinaria del Comité Consultivo Nacional
de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, sometiéndose a consideración de
ese organismo, el punto de acuerdo promovido por el diputado Carlos Aceves del Olmo,
respecto a la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-1993.
Sin más por el momento,
les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 12 de
noviembre de 2002.— El subsecretario de Enlace Legislativo, licenciado M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Licenciado José Luis
Carmona Ruiz, Dirección de Coordinación Política de los Poderes de la Unión.—
Secretaría de Gobernación.— Presente.
En alcance de nuestro
oficio 400/02.08.02/261 de fecha 2 de agosto de 2002, donde le informo que la Dirección
General de Seguridad y Salud en el Trabajo realizaba las acciones necesarias para atender,
de conformidad con la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, el punto de acuerdo
aprobado por el Senado de la República el 17 de julio del año en curso, en el que
“se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a modificar el punto
ocho referente a la organización de la Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-1993,
denominada Constitución y Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene en los
Centros de Trabajo, a efecto de incorporar otro miembro con el carácter de secretario
cuya función primordial sea la de diseñar, evaluar e implementar proyectos, programas u
otras actividades encaminadas a prevenir las adicciones o el consumo de todo tipo de
drogas o sustancias que vayan en perjuicio de la salud de los trabajadores o de cualquier
otro miembro que preste sus servicios en las empresas”, le comunico que el pasado 27
de agosto de 2002 se celebró la VIII Sesión Ordinaria del Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde en el punto 5 del orden del día
se sometió a consideración de ese organismo el punto de acuerdo del Senado de la
República en comento.
Al respecto, me permito
hacer de su conocimiento que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad
y Salud en el Trabajo, acordó que “no procede la propuesta de modificación al punto
8 de la NOM-019-STPS-1993, sobre la inclusión de un miembro más en la Comisión de
Seguridad e Higiene para dar seguimiento a las acciones de promoción para evitar el
consumo de alcohol y drogas, ya que exceden las atribuciones de la misma, por lo que se
deberá responder en esos términos a la Secretaría de Gobernación”.
El acuerdo anterior del
Comité se basa en las siguientes
CONSIDERACIONES
1. El artículo 509 de la
Ley Federal del Trabajo establece que en cada empresa o establecimiento se deben organizar
las comisiones de seguridad e higiene que se juzguen necesarias, compuestas con igual
número de representantes de los trabajadores y del patrón, para investigar las causas de
los accidentes y enfermedades de trabajo, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que
se cumplan.
2. El artículo 126 del
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, establece que las
actividades que deben realizar los integrantes de las comisiones de Seguridad e Higiene
son las siguientes:
I. Investigar las causas
de los accidentes y enfermedades de trabajo, de acuerdo a los elementos que les
proporcione el patrón y otros que estimen necesarios;
II. Vigilar el
cumplimiento de las disposiciones de este reglamento, de las normas aplicables y de las
relacionadas con aspectos de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo, que se
encuentren establecidas en los reglamentos interiores de trabajo, y hacer constar en las
actas de recorrido respectivas las violaciones que en su caso existan;
III. Proponer al patrón
medidas preventivas de seguridad e higiene en el trabajo, basadas en la normatividad y en
experiencias operativas en la materia y
IV. Las demás que
establezca la norma correspondiente.
Cabe hacer notar que la
inclusión de un miembro más a la Comisión de Seguridad e Higiene, se contrapone a los
ordenamientos señalados, además que se rompería el equilibrio que impone la
participación en la misma de un representante por la parte patronal y otro por la parte
de los trabajadores en dicha comisión.
Por lo anterior no es
factible modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-1993, Constitución y
Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo, en los
términos solicitados.
Atentamente.
México, DF, a 22 de
octubre de 2002.— El subsecretario de Previsión Social, Ingeniero Francisco Xavier Salazar Sáenz.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Túrnese copia a la Cámara de Senadores, a la Comisión de
Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados y al promovente para su
conocimiento.
VIVIENDA
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio
número CP/2R/2AE-1636, de fecha 21 de agosto próximo pasado, signado por el senador
Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente de la Comisión Permanente, con el presente
les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 1258,
signado por la ciudadana María del Carmen Ricardez Vela, oficial mayor del honorable
Congreso del estado de Oaxaca, por el que comunica que el punto de acuerdo relativo a la
problemática que se presenta en las unidades habitacionales del país, presentado por el
diputado Manuel Añorve Baños, fue turnado a la Comisión Permanente de Comunicaciones,
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para su atención.
Sin más por el momento,
les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 12 de
noviembre de 2002.— El subsecretario de Enlace Legislativo, licenciado M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno constitucional del estado de Oaxaca.— Poder
Legislativo.
Ciudadano Humberto Aguilar
Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.—
Presente.
Los ciudadanos diputados
integrantes de la diputación permanente de la LVIII Legislatura constitucional del
estado, me han instruido para comunicar a usted que en sesión ordinaria celebrada el día
de hoy, se dio lectura a su oficio número SEL/166/02 recibido en la Oficialía Mayor el 3
de septiembre del presente año, por el cual remite copia del dictamen y punto de acuerdo
aprobado por el Senado de la República, relativo a la problemática que se presenta en
las unidades habitaciones del país, exhortando a las legislaturas locales para que se
promueva la legislación que a cada entidad federativa convenga, para la solución
definitiva de este problema; al respecto se le informa que este asunto se turna a la
Comisión Permanente de Comunicaciones, Desa-rrollo Urbano y Obras Públicas, para su
atención.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No
Reelección.
“El Respeto al
Derecho Ajeno es la Paz.”
Oaxaca de Juárez, Oaxaca,
a 5 de septiembre de 2002.— La oficial mayor del honorable Congreso del Estado, María del Carmen Ricardez Vela.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Túrnese copia a la Comisión de Vivienda y remítase copia
al promovente para su conocimiento.
ADOPCION
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio
número CP/2R/2AE.-1723 de fecha 28 de agosto próximo pasado, signado por el senador
Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente de la Comisión Permanente, con el presente
les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 1317,
signado por la ciudadana María del Carmen Ricardez Vela, oficial mayor del honorable
Congreso del Estado de Oaxaca, por el que comunica que el punto de acuerdo para actualizar
la legislación en materia de adopción de menores de acuerdo a los convenios y tratados
internacionales firmados por nuestro país, promovido por la diputada Beatriz Grande
López, fue turnado a la Comisión Permanente de Administración de Justicia, para su
atención.
Sin más por el momento,
les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 12 de
noviembre de 2002.— El subsecretario de Enlace Legislativo, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno Constitucional del estado de Oaxaca.— Poder
Legislativo.
Ciudadano Humberto Aguilar
Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Los ciudadanos diputados
integrantes de la diputación Permanente de la LVIII Legislatura constitucional del
estado, me han instruido comunicarle que en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, se
dio lectura a su oficio número SEL/244/02 recibido en la oficialía mayor el 17 de
septiembre del presente año, por el cual anexa copia del dictamen relativo al punto de
acuerdo que le hiciera llegar el Congreso de la Unión, por el que se invita a los
gobiernos de los estados y en particular a las legislaturas estatales, a actualizar su
legislación en materia de adopción de menores, de acuerdo a los convenios y tratados
internacionales firmados por nuestro país; al respecto se le informa que este asunto se
turna a la Comisión Permanente de Administración de Justicia, para su atención.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No
Reelección.
“El Respeto al
Derecho Ajeno es la Paz.”
Oaxaca de Juárez, Oaxaca,
a 26 de septiembre de 2002.— La oficial mayor del honorable Congreso del Estado, María del Carmen Ricardez Vela.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Remítase copia a la Cámara de Senadores, a la Comisión
de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento.
LEY QUE
ESTABLECE EL IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES EFECTUADAS EN EL SISTEMA DE PAGOS
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Pasamos al capítulo de
iniciativas de diputados. En ese sentido tiene la palabra el diputado Eduardo Andrade
Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar
una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios.
El diputado Justino Eduardo Andrade Sánchez:
Con su permiso, señora
Presidenta; muchísimas gracias:
Quisiera yo empezar por
solicitarle, de la manera más atenta, una modificación en el rubro. Yo originalmente
solicité, efectivamente, que se incluyera como reformas y adiciones a la Ley del Impuesto
Especial Sobre Producción y Servicios y aquí lo recogió correctamente la Mesa
Directiva. Sin embargo del estudio que he estado haciendo sobre el tema, he llegado a la
conclusión de que dada la naturaleza del impuesto que pretendo proponer sería
técnicamente más correcto establecer una ley específicamente para este impuesto, lo
cual se acostumbra en otras materias y es perfectamente compatible con la técnica
legislativa de carácter fiscal.
En ese sentido entonces
diría que en “ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me permito presentar a la
consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de ley que establece el
impuesto sobre transacciones efectuadas en el sistema de pago. En virtud de que se trata
de una iniciativa en materia de impuestos la Cámara de origen debe ser precisamente
ésta, la Cámara de Diputados.
Todas las fuerzas
políticas del país reconocemos la necesidad de fortalecer las finanzas públicas y por
lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional sostenemos la idea de que tal
fortalecimiento debe realizarse, en primer término, mediante mecanismos tributarios de
carácter progresivo que permitan aportar en mayor medida a quienes disponen de un volumen
de recursos más considerable y no incrementar más cargas tributarias a las clases
populares.
En días pasados esta
representación nacional aprobó la Ley de Sistema de Pagos, que constituye una novedad en
el régimen jurídico mexicano, la cual permite garantizar la fluidez y efectividad de
dicho sistema. En los datos proporcionados por el Banco de México y en la exposición de
motivos de dicho instrumento legal se contienen elementos que muestran que el sistema de
pagos constituye un servicio de la más alta importancia y prioridad para el país y que
por él se mueve diariamente una cantidad aproximada de 1 billón 25 mil millones de
pesos, repito, 1 billón, para la versión estenográfica que quede con “b”, 1
billón 25 mil millones de pesos.
Los principales
participantes en este sistema son Indeval, a través del cual circulan al día 650 mil
millones de pesos, el sistema de pagos electrónicos de uso ampliado del Banco de México
que mueve 250 mil millones de pesos diarios y el sistema de atención a cuentahabientes
del propio Banco de México, en el que cotidianamente se operan 125 mil millones de pesos.
De estas cifras resulta que día con día el sistema de pagos maneja recursos equivalentes
a la quinta parte del Producto Interno Bruto anual del país.
Quienes participan en el
mencionado sistema, realizan actividades económicas relevantes que requieren precisamente
de un sistema de tal naturaleza para la adecuada protección de transacciones
significativas, de lo que se desprende que generan o tienen a su alcance flujos de
efectivo que deberían ser la base para una aportación más racional y equitativa en el
sistema fiscal.
Una parte mínima, casi
insignificante, de lo que se mueve por estos canales, que podría ser de una diezmilésima
aplicada a cada transacción, permitiría recaudar aproximadamente 100 millones de pesos
diarios y un volumen anual aproximado de 30 mil millones de pesos, equivalentes a medio
punto del Producto Interno Bruto. Si bien esta cifra no resuelve todos los problemas del
país, permitiría avanzar en el equilibrio de las finanzas públicas y atender diversas
necesidades sociales prioritarias como, por ejemplo, contribuir al financiamiento de la
educación pública respecto de la cual aprobamos recientemente llegar a la asignación de
recursos presupuestales por un monto equivalente al 8% del Producto Interno Bruto anual.
Se trata de una fuente de financiamiento sana que no afectaría la economía popular y que
incluso permitiría, con un sacrificio mínimo de los montos que se mueven en el
mencionado sistema, incidir positivamente en la reactivación de la economía.
Los negocios del país que
utilizan este sistema en el mediano plazo se verían beneficiados con el impacto de la
inversión pública en obras y servicios que coadyuven a incentivar el empleo y a elevar
el nivel de demanda de la población, con lo que podríamos iniciar un círculo virtuoso
de la productividad fundado en nuestros propios recursos y en la expansión del mercado
interno.
El mecanismo que propongo
tiene también la virtud de su simplicidad en cuanto a la facilidad administrativa para la
recaudación y el control de la misma, dado que todos los recursos se mueven a través de
conductos perfectamente identificados que pasan por el Banco de México, que el número de
participantes es limitado de acuerdo a lo que señala la propia Ley de Sistema de Pagos y
que las operaciones realizadas se cierran cotidianamente en ceros, lo que permite la
absoluta verificalidad de las mismas y el proceso de recaudación resulta altamente seguro
y confiable.
Otra ventaja del mismo es
la posibilidad de llevar la contabilidad al día, lo cual permite hacer retenciones y
enteros cotidianamente, de manera que la administración tributaria cuente con un flujo
constante de ingresos por ese concepto.
En atención a lo expuesto
y con fundamento en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la parte relativa a la capacidad para establecer contribuciones, fracción
XXIX, inciso tercero, sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros, me permito
proponer la siguiente
INICIATIVA
De Ley que Establece el
Impuesto Sobre Transacciones Efectuadas en el Sistema de Pagos.
Artículo 1o. Se establece un impuesto sobre los
servicios de transacciones que se efectúan a través del Sistema de Pagos, como lo define
la ley de la materia. La base del impuesto será el monto de cada transacción efectuada.
Artículo 2o. Se impone una tasa de un
diezmilésimo sobre el monto de cada transacción. El 50% de la tasa será a cargo de
quien ordene la transacción y el otro 50% a cargo de quien la reciba.
Artículo 3o. Los participantes en el Sistema de
Pagos, según están definidos en la Ley de Sistema de Pagos, tendrán la obligación de
retener y enterar el impuesto a la Tesorería de la Federación, mediante el formato de
declaración que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 4o. El Banco de México será
responsable solidario del pago de este impuesto y a requerimiento de la Secretaría de
Hacienda podrá retener a los participantes en el Sistema de Pagos las cantidades
necesarias para cubrirlo.
Artículo 5o. Los retenedores deberán cubrir
diariamente pagos provisionales correspondientes a las transacciones del día anterior.
Artículo 6o. A más tardar el último día de
enero, los retenedores formularán una declaración anual a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y enterarán la parte que corresponda después de calcular los pagos
hechos durante el año. Copia de esta declaración deberá ser enviada a los gobernadores
de los estados, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los presidentes y secretarios
de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública y
Fortalecimiento del Federalismo de las Cámaras de Diputados y Senadores.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. Este decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Es todo. Muchas gracias,
señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
En atención a la primera parte de la exposición del
diputado Andrade, se corrige la nomenclatura de este trámite, para señalar que es la
presentación de una iniciativa de ley y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
CAMARA DE DIPUTADOS
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Tiene la palabra el
diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla, del grupo parlamentario de Acción Nacional,
para presentar una iniciativa de ley que reforma diversos artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reducir el número de legisladores.
El diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla:
Con su venia, señora
Presidenta y solicito a usted pudiera ser publicada de manera íntegra la iniciativa en el
Diario de los
Debates, obviando la lectura íntegra del documento.
Y pudiendo hacer una breve
sinopsis de esta iniciativa, que conforme a derecho presenta un servidor a nombre del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a fin de reformar los artículos 52, 53
y 54 de nuestra Constitución y que con dicha modificación se pueda reducir en número de
100 las diputaciones plurinominales.
Hoy día, como sabemos,
somos 500 diputadas y diputados federales, de los cuales 300 son por el principio de
mayoría y 200 de representación proporcional y este número de 200 de representación
proporcional es el que la iniciativa pretende reducir a 100, 100 que es el número de
legisladores con el que nace originalmente la figura de los diputados plurinominales, como
se les conoce popularmente, en 1977 y ese número de 100 se ve aumentado en 1986 a 200
diputados plurinominales, con lo que muchos estudiosos de la historia y de la política
nacional han interpretado como un esfuerzo y una lucha por no terminar de democratizar al
país en lugar de abrir los canales democráticos y de elección directa de un mayor
número de diputados se abrieron 100 curules más plurinominales.
Sin embargo, también hay
que reconocer que aún hay partidos que están en proceso de consolidación, muchos de
ellos nuevos, que requieren de tiempo para estructurarse a lo interno y que requieren de
tiempo para fortalecer su presencia ante la ciudadanía.
Por eso la propuesta no es
eliminar de tajo las 200 plurinominales sino reducirlo en una primera instancia a 100
curules de elección proporcional.
Esta iniciativa traería
beneficios al Poder Legislativo y se enmarca dentro de un esfuerzo del Partido Acción
Nacional por fortalecer al Poder Legislativo, facilitaría los consensos y los acuerdos en
esta legislatura, facilitaría la auditoría y el control de la ciudadanía sobre lo que
hacemos cada uno y cada una de las diputadas y diputados en esta Cámara.
Por ello creemos y estamos
seguros que una reducción de 100 plurinominales no sólo traería reducciones en los
gastos de esta Cámara, que sería lo menos importante sino por sobre todo vincularía
más a todos los legisladores con el electorado y reitero, volvería más ágil, más
ordenado y más predecible el trabajo de esta legislatura en cuanto a la supervisión por
parte de la ciudadanía. Incluso haciendo análisis con las legislaturas de otros países
vemos como en México nos encontramos sobrerepresentando a la ciudadanía, existe un
legislador por cada 160 mil ciudadanos, lujo que muchos otros países no se dan y que
consideramos que en México necesitamos reconsiderar esta proporción.
Por ello, se propone
modificar mediante este decreto, el artículo 52, 53 y 54 de la Constitución Política de
los Estados Unidos, a efecto de reducir en un número de 100 las diputaciones
plurinominales.
Muchas gracias, señor
Presidente.
«Iniciativa que reforma
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para modificar la composición
e integración de las cámaras del Congreso de la Unión, mediante la reducción del
número de diputados.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de diputados del Congreso de la Unión.— Presente.
Con fundamento en lo
dispuesto por la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes diputados federales
del grupo parlamentario de Acción Nacional en esta LVIII Legislatura, sometemos a
consideración de esta Asamblea la presente iniciativa por el que se reforma y deroga
diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin
de modificar la composición e integración de las cámaras del Congreso de la Unión,
mediante la reducción de sus legisladores, misma que se fundamenta y motiva bajo la
siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Para Acción Nacional es
indispensable el respeto a la división e integración legítima de los poderes, así como
el cumplimiento eficaz de las funciones propias de cada uno, para que resulte el
equilibrio justo en el ejercicio de autoridad dentro del Estado de Derecho.
Es por eso que se
considera necesario fortalecer la facultad de control propia del Poder Legislativo
Federal, toda vez que este poder ha sido calificado como el que representa por mandato
constitucional a la nación, además de ser el único en el que conviven y deciden de
manera colegiada las distintas fuerzas políticas y corrientes ideológicas del país.
Razón por la cual se considera que este poder, como ningún otro, es ideal para
fiscalizar no sólo a la Administración Pública Federal, sino a los demás órganos de
Estado, con el fin de velar por la transparencia, eficacia y legalidad de su gestión.
A raíz de los resultados
electorales de 1997, año en que ningún partido político alcanza por sí solo la
mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el Congreso empezó a tener una posición
relevante como verdadero contrapeso del poder público; incluso ello hizo que algunos
calificaron a dicha legislatura como la de “transición”, debido a que empezó a
asumir plena y responsablemente su categoría de poder y a ejercer de manera eficaz las
facultades que le atribuye la Constitución, pero no sólo se trataba de legislar, sino de
contribuir a la correcta orientación de las políticas de la administración pública,
sobre todo se ejerció el control de éstas por la vía del presupuesto y se exigió la
rendición de cuentas al Ejecutivo.
Son varios los
cuestionamientos que hoy se pueden hacer al Poder Legislativo. Entre ellos destacan la
falta de profesionalización y capacitación (en gran medida ante la ausencia de
reelección inmediata); la falta de un servicio de staff
de carrera; la debilidad de las comisiones de investigación; el tiempo tan corto con que
cuenta el Congreso para analizar y discutir el “paquete económico” (Presupuesto
de Egresos de la Federación y Ley de Ingresos), no permite que éste asuma cabalmente
dicha responsabilidad de control mediante un análisis objetivo, profundo y mesurado.
Todo lo anterior nos
obliga al perfeccionamiento de la institución legislativa. Más aun cuando el Poder
Legislativo es la pieza central del sistema de la división de poderes y de la democracia
representativa. La representación social que ejerce el Poder Legislativo en las esferas
de poder es uno de los postulados característicos de todo régimen democrático.
Dada su naturaleza
representativa, constituye un mosaico de manifestaciones humanas, sociales, culturales y
políticas. Así, pues, en el Parlamento confluye y se integran todos los sectores que
conforman la sociedad: hombres y mujeres, adultos y jóvenes, profesionales, citadinos y
campesinos, así como diferentes razas y credos religiosos.
Se puede afirmar que el
Parlamento, como ningún otro poder, representa “la voz del pueblo” ya que en
él se delibera sobre los grandes temas que afectan al Estado y a la sociedad; y se
controla el ejercicio del poder político para que éste se lleve a cabo de acuerdo con el
ordenamiento jurídico y con estricto apego a las normas éticas, de racionalidad, de
oportunidad, prudencia, corrección y eficiencia que deben imperar en la gestión de los
negocios públicos. Consecuentemente el Congreso de la Unión debe asumir responsablemente
su categoría de poder, no sólo para legislar sino para ser un auténtico contrapeso del
poder público.
En una democracia
pluralista y constitucional como la mexicana, los controles al ejercicio del poder
constituyen un elemento inseparable del concepto Constitución. No se puede concebir un
sistema constitucional, si al mismo tiempo no se le estructura sobre una base amplia de
límites y controles al ejercicio del poder político; y es en este contexto donde el
Congreso de la Unión, como depositario del Poder Legislativo, tiene un papel relevante en
la democracia.
La esencia de esta
competencia es la inspección, la fiscalización, la vigilancia, la revisión, el examen,
la comprobación, la denuncia, el escrutinio y la discusión pública de los asuntos que
atañen a la colectividad, es decir que tienen que ver con las políticas, los entes y los
órganos públicos, así como son sus titulares.
Un Poder Legislativo
fortalecido en sus funciones trasmite confianza en la ciudadanía, lo que influye
positivamente en el desarrollo democrático de un Estado, generando estabilidad,
política, social y por ende económica.
Los abajo firmantes
consideran que entre las acciones para el perfeccionamiento del Poder Legislativo está la
de lograr eficientizar su organización y funcionamiento. Por lo que en tal sentido, se
considera que el número de legisladores actual ha provocado la falta de una organización
adecuada, así como el entorpecimiento de acuerdos y consensos al interior de los grupos
parlamentarios y las cámaras, lo que motiva el rezago y la lentitud del trabajo
legislativo, y hace que el Congreso de la Unión no asuma cabalmente la función de pesos
y contrapesos.
Además de los costos
institucionales y de control político que la inamovilidad legislativa provoca, habría
que sumar, si no de manera relevante pero sí secundaria, los costos económicos que a su
vez conlleva el que los apoyos técnicos, administrativos, informáticos etcétera, se
pulvericen o distribuyan en un número tan alto de legisladores.
En este diagnóstico no
puede ignorarse el sentimiento social que se ha expresado en la opinión pública, en
cuanto a una labor legislativa con resultados no del todo aceptables.
Precisamente por eso es
que la presente iniciativa propone una nueva integración de las cámaras del Congreso,
que dé vitalidad y dinamismo al trabajo legislativo. Mediante esta iniciativa el grupo de
Acción Nacional refrenda la conveniencia de que en México se mantenga un sistema
electoral mixto, es decir, de mayoría y de representación proporcional. por ser éste un
sistema que garantiza tanto representatividad como gobernabilidad, a diferencia de los de
simple mayoría o simple proporcionalidad.
Cabe recordar respecto a
la integración y composición de la Cámara de Diputados que, por la reforma
constitucional de 1963, a iniciativa presentada por el entonces presidente López Mateos,
el Legislativo incluyó jurídicamente el denominado sistema de diputados de partido. Tal
y como fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 22 de julio de 1963, el partido que obtuviese más 2.5% de la votación
total tendría derecho a acreditar diputados de partido, y por consiguiente a que se le
asignasen asientos.
Ya para el año de 1976 la
Cámara de Diputados estaba integrada por 196 diputados de mayoría relativa y 41
diputados de partido, sumando un total de 238 legisladores. En cuanto a la figura de los
diputados de partido o plurinominales, en 1972 se estableció como requisito para
acreditar un diputado de partido que el candidato hubiese obtenido más del 1.5% de la
votación total, facilitando el acceso a las curules designadas como de representación
proporcional.
Un notable aumento en
cuanto a la integración de la Cámara de Diputados se da el día 28 de diciembre de 1977,
con la publicación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales,
así como con la reforma constitucional referente a este tema. Se suprimió la figura de
los diputados de partido y se estableció un sistema mixto, en el que predominaba el
principio de mayoría relativa por encima del de representación proporcional. De los 400
diputados que integraban la Cámara de Diputados, 300 eran electos mediante el sistema de
mayoría relativa y 100 de acuerdo con el de representación proporcional.
El 15 de diciembre de 1986
se da una nueva reforma electoral, en la cual se aumenta de 100 a 200 diputados de
representación proporcional y se mantiene sin modificación los 300 diputados de mayoría
relativa, sumando los 500 diputados que en la actualidad integran esta Cámara de
Diputados.
Reflexionemos que las
circunstancias que reinaban en 1963, cuando el presidente López Mateos propuso la
creación de la figura de los diputados plurinominales, conocidos entonces como
“diputados de partido”, son diametralmente diferentes a las actuales. Bajo la
premisa de dar apertura y participación a voces y actores diferentes a la del partido
oficial, así como una forma de legitimar la arena política en la cual el partido en el
Gobierno en aquel entonces, tenía un control total; luego entonces esta figura llenaba un
hueco que existía entonces.
Sin duda el sistema
electoral en México ha venido adecuándose y respondiendo a las necesidades
sociopolíticas que se han suscitado en nuestro país, y el hecho de haber adoptado un
sistema mixto es precisamente por una realidad histórica concreta, de todos conocida: la
existencia de un sistema de partido casi único. De ahí la necesidad de construir un
sistema de partidos verdadero, de una auténtica competencia electoral basada en
principios de equidad, transparencia, objetividad, legalidad, certidumbre, entre otros, y
en manos de órganos electorales realmente independientes y sujetos a dichos postulados.
Sin duda, no se puede negar que en estos aspectos hemos avanzado.
Ahora bien, como se sabe
las elecciones parlamentarias tienen como objetivos lograr un cuerpo legislativo con
capacidad y condiciones de ejercer sus funciones propias, como son legislar y ser un
equilibrio de los demás poderes públicos, además de ser representante de la población;
en resumen el Congreso está llamado a ser una institución para la gobernabilidad y
representatividad.
Por las razones esgrimidas
es que en la presente iniciativa plantea que respecto a la integración y composición de
la Cámara de Diputados, se reduzca el número que la conforman, en tal sentido se propone
que de 500 diputados se reduzca a 400 diputados, mediante la eliminación de 100 diputados
de representación proporcional, por lo que la Cámara de Diputados quedaría de la
siguiente forma: se mantienen los 300 diputados electos según el principio de votación
de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y se
tendría únicamente 100 diputados electos según el principio de representación
proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales votadas en circunscripciones
plurinominales.
De aprobarse esta
propuesta, se lograría reducir el número de sus integrantes, pero conservando un sistema
electoral mixto, que a su vez haría prevalecer la existencia de la representatividad
dentro de la Cámara y, por otra parte se construye la posibilidad, entre otras cosas, de
eficientizar la organización y funcionamiento de la misma.
En tal sentido, la
iniciativa que se somete a su consideración pretende la reducción del número de
legisladores, pero sin que dicho espíritu altere gravemente el sistema mixto electoral,
estableciendo un sistema electoral basado en la competencia electoral, el triunfo
compartido, la pluralidad, un equilibrio entre los votos y los escaños, pero que a su vez
permita traducirse en una mejor organización y desa-rrollo del trabajo parlamentario, que
permita contar con un Congreso más capaz y más profesional frente a los otros poderes
públicos. Que le permita ser un auténtico factor de pesos y contrapesos, y una
institución eficaz en beneficio de la sociedad.
Al lograrse esta
reducción legislativa en la figura de representación proporcional para diputados, se
establecería un sistema mixto con dominante mayoritario, con el fin de favorecer una
mayor identidad y comunicación entre el representante popular y el electorado,
disminuyendo el que la elección sea determinada en gran medida por las élites de los
propios partidos políticos, quienes generalmente deciden, en el sistema de
representación proporcional, qué candidatos aparecerán en las listas regionales de las
circunscripciones plurinominales.
Es así que con este nuevo
sistema se fortalece la aproximación, la vinculación y el control ciudadano sobre los
que han de ser electos como diputados, al implicar que haya una mayor eficacia en la
manifestación de la voluntad política.
Luego entonces, el número
de individuos que integran las instituciones representativas, en este caso el Congreso,
debe tomar en cuenta las condiciones demográficas, pero también las condiciones
institucionales, políticas y económica, después de todo estas razones también son de
peso para establecer el número de personas que tendrán a su cargo la potestad
legislativa.
Ya lo afirmaba Madison J.
Hamiltón que “Ningún problema político es tan susceptible de hallar una solución
precisa como el que se refiere al número que más convenga fijar a una legislatura
representativa... Nada puede ser más engañoso que fundar en principios aritméticos
nuestros cálculos políticos; 60 ó 70 hombres pueden ser investidos de un poder con más
confianza que seis o siete. Pero esto no significa que 600 ó 700 resultarían
proporcionalmente mejores depositarios. Y si ampliamos la suposición a 6 ó 7 mil,
habría que invertir todo el razonamiento. Lo cierto es que determinado número mínimo
parece indispensable en todos los casos para asegurar los beneficios de la libre
deliberación y consulta y para precaverse contra fáciles combinaciones para propósitos
indebidos, en tanto que, por otra parte dicho número debe mantenerse dentro de cierto
límite con objeto de impedir la confusión y los excesos de la multitud”.
En este contexto, un gran
número de integrantes en la composición de las cámaras de representación popular, hace
que la acción de éstas se vea limitada en el logro de beneficios públicos. Una Asamblea
enorme tiene grandes dificultades para lograr facultades decisorias. En efecto, si una
representación nacional llega a tener un número grande de individuos que discuten y que
interponen una gran variedad de criterios para tomar decisiones, entonces habrá menores
posibilidades para que la asamblea nacional tenga efectividad de acción pública. Por
ello la importancia del tamaño correcto de las cámaras de representación popular. Luego
entonces, una Cámara representativa y eficiente se convierte en un bien público para los
ciudadanos que a eligieron.
Se coincide, que a mayor
tamaño de una asamblea, menor es la posibilidad de proveer un camino óptimo para el
trabajo legislativo. Por tal motivo, los abajo firmantes consideran que a menor tamaño de
la Camara de Diputados, además de obtener otros beneficios, se mejorará la organización
y funcionamiento del trabajo en dicha Cámara, permitiendo que ésta cumpla eficazmente
sus atribuciones constitucionales y legales.
En consecuencia, y por las
consideraciones expuestas, los abajo firmantes diputados del grupo parlamentario de
Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta soberanía nacional, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se reforman los
artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se reforma el artículo 52, el
párrafo segundo del artículo 53, el párrafo primero y la fracción I del artículo 54
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
“Artículo 52. La Cámara de Diputados
estará integrada en su totalidad por 400 diputados, de los cuales 300 serán electos
según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos
electorales uninominales, y 100 diputados que serán electos según el principio de
representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en
circunscripciones plurinominales.
Artículo 53...
Para la elección de los
100 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas
Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el
país. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas
circunscripciones.
Artículo 54. La elección de los 100 diputados
según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas
regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:
I. Un partido político,
para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con
candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 100 distritos uninominales;
II a la VI...”
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. La presente reforma entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Atentamente.
México, DF, a 3 de
diciembre de 2002.— Diputados: Ricardo
Sheffield Padilla, David Rodríguez Torres, Beatriz Grande López y Ramón Soto Reséndiz.»
Presidencia del diputado Eric
Eber Villanueva Mukul
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias, señor diputado.
Insértese íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Sí, diputado Amador
Rodríguez Lozano.
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su
curul):
Gracias, señor
Presidente.
Hace un año o tres meses
hice la misma propuesta en esta tribuna, de tal manera que le pediría que dictaminen
conjuntamente.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias, señor diputado.
Tome nota la Secretaría y repito, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Inmediatamente tiene el
uso de la palabra el diputado Rubén Aguirre Ponce del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma el artículo
7o.-bis de la Ley de la Propiedad Industrial, hasta por 10 minutos.
El diputado Rubén Aguirre Ponce:
Con su permiso, señor
Presidente:
El suscrito diputado
integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII
Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo
55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, me permito formular ante esta Cámara de Diputados, la siguiente
iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o.-bis de la Ley de la
Propiedad Industrial, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
1. Las patentes son el
instrumento que permiten impulsar el desarrollo económico en los países, al mismo tiempo
generan las condiciones para aumentar las actividades económicas de los mismos, facilitan
la innovación tecnológica y aseguran por largo tiempo el crecimiento estable de la
producción, el establecimiento de las patentes aseguran, protegen y estimulan la
creatividad de muchos individuos interesados en el mejor desarrollo de las potencialidades
del progreso del país.
2. En México el Sistema
de Patentes se regula por la Ley de la Propiedad Industrial cuya aplicación corresponde
al Ejecutivo Federal a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Desde la
década pasada la importancia de las patentes ha aumentado pero al mismo tiempo han sido
constantes las denuncias sobre el robo de las mismas sin que las autoridades hayan hecho
algo al respecto, inclusive se habla de corrupción en los altos mandos del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial encargado de velar por los intereses de quien patenta
y registra un invento.
3. Las autoridades
mexicanas mencionan que los niveles de protección patentaria se han incrementado en el
país. Desde la década pasada en forma permanente y destacada se dice que ofrecen a los
titulares protección legal, adecuada y eficiente sin embargo el índice de patentes, de
inventores y empresas nacionales que no rebasan las 500 anuales, sigue mostrando las
debilidades de un sistema que aún no permea sus bondades a la comunidad inventora y
empresarial.
4. La realidad para
empresarios y creativos mexicanos y mexicanas, es que la lucha por la defensa de la
propiedad intelectual se encuentra en una etapa difícil, donde la aplicación de las
leyes en la materia a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial han
favorecido a las corporaciones nacionales y extranjeras con capacidad económica para
sostener largos y costosos trámites que los inventores nacionales no pueden sostener,
motivo por el cual se ven en la necesidad de abandonar la defensa de los derechos
adquiridos de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial. De hecho, esto es una
desventaja de los mexicanos frente a los extranjeros.
5. El ejemplo que tenemos
a la mano para ilustrar la problemática es el caso de las compañías “Kolitas”
y Corporación Rolmar. Los accionistas y representantes legales de las mismas han
denunciado al actual director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por
supuestos malos manejos en el otorgamiento y registro de marcas que han afectado sus
intereses comerciales y económicos.
Los dos casos anteriores
se refieren a registro de marcas que en promedio llevan ocho años defendiendo sus
derechos otorgados por el instituto.
Con relación a derechos
de patente y de modelos de utilidad, podemos mencionar el caso del señor Uriel Gastón
Sabido Mendiburu, titular de un modelo de utilidad otorgado por el instituto con dos años
de anterioridad y que está en conflicto con otro invento otorgado posteriormente a una
empresa nacional.
El modelo de utilidad
aparece ahora con características propias de otros modelos internacionales, olvidándose
el Instituto de que el primero en tiempo es primero en derecho, establecido en los
artículos 10-bis y 42 de la Ley de la Propiedad Industrial.
6. Estos son sólo dos
casos denunciados sobre posible similitud entre las marcas a las cuales el IMPI ha
otorgado beneficios. La lucha por la defensa de su creación ha sido costosa a estas dos
compañías; largos años de lucha jurídica y además grandes pérdidas económicas que
inclusive han llevado a la Corporación Rollmark a declararse en quiebra.
7. El inventor debe tener
el respaldo del Gobierno por el desarrollo y la comercialización de su invención a nivel
nacional e internacional; al mismo tiempo se debe apoyar con recursos para generalizar el
invento.
8. Al respecto, en el
artículo 2o. de la Ley de la Propiedad Industrial, en las fracciones V y VI se señala
expresamente la protección que gozará el inventor nacional.
9. Es necesario que se
tomen medidas prácticas para proteger los inventos de los mexicanos, por ello no se debe
publicar la solicitud de patentes hasta que sea otorgado el título de innovación
solicitado ya que existe un tiempo de un año para patentar.
Lo anterior favorece a
grupos con gran poder económico que les permite apropiarse de los inventos en el
transcurso de ese tiempo.
10. El conjunto de
irregularidades del proceso de registro de las patentes es indispensable que el gremio de
los inventores pueda contar con información oportuna y transparente sobre el curso que
lleva su trámite y al mismo tiempo deben ser copartícipes de la misma.
11. A partir de 1994, el
artículo 7o.-bis se introduce en la Ley de la Propiedad Industrial en sus órganos de
administración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que la Junta de Gobierno
se integrará por 10 personas, entre las cuales no hay representantes de los principales
actores de la inventiva como son los inventores, siendo totalmente factible que estuvieran
por ser un organismo descentralizado.
12. Recientemente se
presentó una iniciativa para hacer más transparente el servicio público y para dar
información pertinente que así sea, solicitada por la ciudadanía. En el mismo sentido
debemos impulsar que el gremio de los inventores sean los que conozcan con certeza qué
destino tienen sus patentes.
13. Sabemos que un país
sin desarrollo tecnológico propio es un país que dependerá enormemente de los grandes
centros industriales; tenemos que ser capaces de desarrollar tecnología propia que
coadyuve al desarrollo económico del país y no sean las instituciones las que frenen la
inventiva nacional.
14. Por esto es que
consideramos procedente incluir a dos inventores de organizaciones privadas de alcance
naciona,l debidamente constituidas lo cual resultaría trascendental, ya que la presencia
de ellos motivaría a los inventores de todo el país a proteger sus innovaciones,
fortaleciendo la competitividad de México frente a sus socios comerciales y
consecuentemente, redundaría en una mejor defensa de los patentes y propiedad intelectual
de los inventores mexicanos.
Por lo anterior expuesto y
fundado presento ante esta soberanía, la siguiente
INICIATIVA
De reforma y modificación
al artículo 7o.-bis, de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:
Artículo único. Se reforma y agrega la
fracción V, al artículo 7o.-bis de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como
sigue:
Artículo 7o.-bis. La Junta de Gobierno se
integrará por 12 representantes.
I a la IV...
V. Un representante de la
Asociación Nacional de Inventores, Industriales e Innovadores, AC y uno de la Federación
Nacional de Inventores Siglo XXI, AC
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. El Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, realizará las gestiones necesarias para la inclusión de los representantes
de la Asociación Nacional de Inventores, Industriales e Innovadores AC y de la
Federación Nacional de Inventores Siglo XXI AC en la Junta de Gobierno del mismo al día
siguiente de la entrada en vigor del presente decreto.
Palacio Legislativo, a 3
de diciembre del año 2002.
Muchas gracias, señor
Presidente.
«Iniciativa de decreto
que reforma y adiciona el artículo 7o.-bis de la Ley de la Propiedad Industrial,
presentada por el diputado Rubén Aguirre; del grupo parlamentario del PRD.
El suscrito, diputado
integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el
artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito formular ante esta Cámara de Diputados la
siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o.-bis de la Ley de
la Propiedad Industrial, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
1. Las patentes son el
instrumento que permiten impulsar el desarrollo económico en los países, al mismo tiempo
generan las condiciones para aumentar las actividades económicas de los mismos, facilitan
la innovación tecnológica y aseguran por largo tiempo el crecimiento estable de la
producción. El establecimiento de las patentes aseguran, protegen y estimulan la
creatividad de muchos individuos interesados en el mejor desarrollo de las potencialidades
de progreso del país.
2. En México el sistema
de patentes se regula por la Ley de la Propiedad Industrial cuya aplicación corresponde
al Ejecutivo Federal a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; desde la
década pasada la importancia de las patentes ha aumentado, pero al mismo tiempo han sido
constantes las denuncias sobre el robo de las mismas sin que las autoridades hayan hecho
algo al respecto, inclusive se habla de corrupción de los altos mandos del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, encargados de velar por los intereses de quien
patenta y registra un invento.
3. Las autoridades
mexicanas mencionan que los niveles de protección patentaria se han incrementado en el
país, desde la década pasada en forma permanente y destacada. Se dice que ofrecen a los
titulares protección legal adecuada y eficiente; sin embargo el índice de patentes de
inventores y empresas nacionales, (que no rebasan las 500 anuales), sigue mostrando las
debilidades de un sistema que aún no permea sus bondades a la comunidad inventora y
empresarial.
4. La realidad, para
empresarios y creativos mexicanos (as), es que la lucha por la defensa de la propiedad
intelectual se encuentra en una etapa difícil, donde la aplicación de las leyes en la
materia a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aún favorece a
las corporaciones nacionales y extranjeras con capacidad económica para sostener largos y
costosos trámites; que los inventores nacionales, no pueden sostener, motivó por el cual
se ven en la necesidad de abandonar la defensa de los derechos adquiridos de acuerdo a la
Ley de la Propiedad Industrial. De hecho esto es una desventaja de los mexicanos frente a
los extranjeros.
5. El ejemplo que tenemos
a la mano para ilustrar la problemática, es el caso de las compañías Kolitas y
Corporación Rolmar. Los accionistas y representantes legales de las mismas, han
denunciado al actual director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),
por supuestos malos manejos en el otorgamiento y registro de marcas que han afectado sus
intereses comerciales y económicos. Los dos casos anteriores se refieren a registros de
marcas, que en promedio llevan 8 años defendiendo sus derechos otorgados por el
Instituto. Con relación a derechos de patente y de modelos de utilidad, podemos mencionar
el caso del señor Uriel Gastón Sabido Mendiburu, titular de un modelo de utilidad
otorgado por el Instituto con 2 años de anterioridad y que está en conflicto con otro
invento otorgado posteriormente a una empresa nacional. El modelo de utilidad aparece
ahora con características propias de otros modelos internacionales olvidándose el
instituto de que “el primero en tiempo, es primero en derecho” establecido en
los artículos 10-bis y 42 de la Ley de Propiedad Industrial.
6. Estos son sólo dos
casos de denuncias sobre posible similitud entre las marcas a las cuales el IMPI ha
otorgado beneficios, la lucha por la defensa de su creación ha costado a estas dos
compañías largos años de lucha jurídica y además grandes pérdidas económicas que
inclusive han llevado a la Corporación Rolmar a declararse en quiebra.
7. El inventor debe tener
el respaldo del Gobierno para el desarrollo y la comercialización de su invención a
nivel nacional e internacional, al mismo tiempo se debe apoyar con recursos para
generalizar el invento.
8. Al respecto en el
artículo 2o. de la Ley de la Propiedad Industrial en las fracciones V y VI, se señala
expresamente la protección que gozará el inventor nacional:
“Artículo 2o.
fracción V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de
patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y
avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de
denomi- naciones de origen y regulación de secretos industriales y
VI. Prevenir los actos que
atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada
con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.”
9. Es necesario que se
tomen medidas prácticas para proteger los inventos de los mexicanos, por ello no se debe
publicar la solicitud de patentes hasta que sea otorgado el título de invención
solicitado, ya que existe un tiempo de un año para patentar, lo anterior favorece a
grupos con gran poder económico que les permite apropiarse de los inventos en el
transcurso de ese tiempo.
10. Ante el conjunto de
irregularidades en el proceso de registro de las patentes, es indispensable que el gremio
de los inventores pueda contar con información oportuna y transparente, sobre el curso
que lleva su trámite, y al mismo tiempo deben ser copartícipes de la misma.
11. A partir de 1994 en el
artículo 7o.- bis se introduce en la Ley de la Propiedad Industrial en sus órganos de
administración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que la junta de
Gobierno se integrará por 10 personas; entre las cuales no hay representantes de los
principales actores de la inventiva como son los inventores, siendo totalmente factible
que estuvieran por ser un organismo descentralizado.
12. Recientemente se
presentó una iniciativa para hacer más transparente el servicio público y dar la
información pertinente que así sea solicitada por la ciudadanía. En el mismo sentido
debemos impulsar que el gremio de los inventores sean los que conozcan con certeza qué
destino tienen sus patentes.
13. Sabemos que un país
sin desarrollo tecnológico propio es un país que dependerá enormemente de los grandes
centros industriales, tenemos que ser capaces de desarrollar tecnología propia que
coadyuve al desarrollo económico del país y no sean las instituciones las que frenen la
inventiva nacional.
14. Por esto es que
consideramos procedente incluir a dos inventores de organizaciones privadas de alcance
nacional, debidamente constituidas lo cual resultaría trascendental ya que la presencia
de ellos motivaría a los inventores de todo el país a proteger sus innovaciones,
fortaleciendo la competitividad de México frente a sus socios comerciales y
consecuentemente redundaría en una mejor defensa de las patentes y propiedad intelectual
de los inventores mexicanos.
Por lo anteriormente
expuesto y fundado, presento ante esta soberanía la siguiente
Iniciativa
De reforma y modificación
al artículo 7o.-bis de Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:
Artículo único. Se reforma y agrega la
fracción V al artículo 7o.-bis de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como
sigue:
“Artículo 7o.-bis. La Junta de Gobierno se
integrará por 12 representantes.
I a la IV ...
V. Un representante de la
Asociación Nacional de Inventores, Industriales e Innovadores AC y uno de la Federación
Nacional de Inventores Siglo XXI AC.”
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. El Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial realizará las gestiones necesarias para la inclusión de los representantes de
la Asociación Nacional de Inventores, Industriales e Innovadores AC y de la Federación
Nacional de Inventores Siglo XXI AC, en la Junta de Gobierno del mismo, al día siguiente
de la entrada en vigor del presente decreto.
Palacio Legislativo.—
San Lázaro a 3 de noviembre de 2002.— Diputado Rubén
Aguirre Ponce.»
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
La iniciativa que reforma
diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente y la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, a solicitud del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, pasa al final del capítulo.
JUNTA DE COORDINACION POLITICA
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Tiene la palabra la
diputada Bertha Alicia Simental García, del Partido de la Sociedad Nacionalista, para
presentar una iniciativa que adiciona un párrafo tercero al artículo 35 y un párrafo
segundo al artículo 83, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.
Tiene el uso de la palabra
hasta por 10 minutos.
La diputada Bertha Alicia Simental García:
Con permiso de la
Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
Los suscritos diputados
federales de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, integrantes del Partido de la Sociedad Nacionalista, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 71 fracción II 72 79 fracción III y 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 55 fracción II; 56, 60, 64 y 179 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
ponemos a consideración de esta honorable Asamblea la iniciativa de ley con proyecto de
decreto por el que se adiciona un párrafo a los artículos 35 y 83 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Es innegable la
importancia que tiene la información y el acceso oportuno a ello para el buen desarrollo
de los trabajos legislativos, sobre todo si se trata de aquellos asuntos que están siendo
abordados por alguna de las cámaras y que serán aprobados o rechazados por la misma.
También es incuestionable la importancia de la función que cumple la Junta de
Coordinación Política dentro de ambas cámaras, como lo señalan los artículos del
Capítulo IV de la Ley Orgánica del Congreso, sin embargo, el conocimiento, discusión y
aprobación de los temas tratados por la Junta de Coordinación Política sólo se
encuentran al alcance de diputados cuyo partido político tiene representación en la
misma y excluye a todos los diputados que no cuentan con dicha representación,
dejándolos en franca desventaja en cuanto al conocimiento oportuno de dichos asuntos para
el adecuado análisis y posicionamiento que al efecto se debe tomar bajo la conducta
parlamentaria, ética y responsable que se debe de tener en estos asuntos.
El hecho de que un partido
político que no está representado en la Junta de Coordinación Política lo desvincula
de todos los trabajos de la misma y por ello lo margina de los trabajos legislativos. Este
hecho es debido a que la mayoría de los asuntos más importantes se toman dentro de dicho
órgano de dirección y esto lesiona de forma evidente los fines para los cuales se
incorpora en el derecho mexicano la figura de los grupos parlamentarios.
Es evidente también que
impide la posibilidad de que los legisladores que comparten una misma corriente
ideológica asuman posiciones comunes o afines con algún grupo parlamentario, a fin de
que los pronunciamientos que se incluyan en los debates obedezcan a un criterio uniforme,
organizado que permita la participación de todos los diputados integrantes de esta
Cámara de una manera igualitaria, hecho que sin duda nos llevaría a efectuar de forma
satisfactoria y expedita todos los trabajos legislativos.
Pero todos estos
planteamientos y reflexiones quedan sólo como texto que no trasciende a la realidad, ya
que el artículo señalado restringe el derecho de la libre expresión de la corriente
ideológica que representan los partidos políticos sin grupo parlamentario, vulnerando
además el derecho conferido en el artículo 9o. constitucional, ya que en un sentido
amplio la conformación de un grupo parlamentario en una forma de unión pacífica, es un
agrupamiento plenamente reconocido por nuestra Ley Fundamental.
La ausencia de
representación de mi partido político en este órgano de dirección lesiona gravemente
el derecho a la información de los legisladores nacionalistas, así como nuestra
participación en asuntos de vital importancia, de los cuales se toman las principales
decisiones en esa Junta de Coordinación Política, sin que nos podamos enterar de las
razones, fundamentos y negociaciones por las que se tomaron dichas decisiones, llegando
incluso al absurdo de no contar con anticipación del conocimiento oficial de los minutos
que la Junta de Coordinación Política nos hace el favor de otorgarnos o no otorgarnos,
según el humor, para tener participación en tribuna en glosas y otras presenta- ciones
de funcionarios.
Es por ello que
consideramos de vital importancia la aceptación de la presencia de un representante de
cada partido político sin grupo parlamentario, a fin de que dicha información fluya de
modo equitativo para todos los partidos políticos, que de conformidad con la legislación
vigente, no hayan podido conformar un grupo parlamentario a fin de que todos y cada uno de
los diputados integrantes en esta Cámara de Diputados, tengamos el mismo derecho de
acceso a dicha información.
Por lo anteriormente
expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente
INICIATIVA
Con proyecto de decreto
que adiciona un párrafo tercero al artículo 35 y un párrafo segundo al artículo 83 de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo primero. Se adiciona un párrafo
tercero al artículo 35 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, cuyo texto tendría el siguiente contenido:
CAPITULO IV
De la Junta de
Coordinación Política
SECCION PRIMERA
De su integración
Artículo 35...
1...
2....
3. También tendrán
derecho de concurrir a las reuniones de la Junta de Coordinación Política, sin derecho a
voz ni voto, un diputado por cada partido político, con representación ante la Cámara,
que no cuente con grupo parlamentario, a fin de que tenga conocimiento sobre los asuntos y
decisiones que se tratan en dicho órgano.
Artículo segundo. Se adiciona un párrafo
segundo al artículo 83 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:
CAPITULO IV
De la Junta de
Coordinación Política
SECCION SEGUNDA
Artículo 83.
1....
2. También tendrán
derecho de concurrir a las reuniones de la Junta de Coordinación Política, sin derecho a
voz ni voto, un diputado por cada partido político, con representación ante la Cámara,
que no cuente con grupo parlamentario, a fin de que tenga conocimiento sobre los asuntos y
decisiones que se tratan en dicho órgano.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que
se opongan al presente decreto.
Dado en la Cámara de
Diputados el 3 de diciembre de 2002.— Suscriben la presente iniciativa, los diputados
federales, Gustavo Riojas Santana, Norma Patricia
Riojas Santana y la de la voz.
Gracias.
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.
LEY DE COORDINACION FISCAL
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Tiene la palabra el
diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona los
artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios:
Con la venia de la
Presidencia y haciendo la atenta súplica para que sea plasmada en el Diario de los
Debates y en la Gaceta Parlamentaria en su totalidad esta
iniciativa.
Y yo trataré de captar la
atención de mis compañeros diputados para hacer una breve explicación de lo que aspira
esta iniciativa.
En el Ramo 33, tal como
está plasmado en este momento, tal pareciera que se quiere privilegiar la ineficiencia y
castigar la eficiencia. ¿Por qué se dice esto? los presidentes municipales saben que en
el momento que ellos van logrando sacar a sus municipios de la marginación, en el año
fiscal siguiente van a recibir menos recursos. Y esto, como podrán entender, le va a dar
a su población el no tener los recursos necesarios para dar el servicio a todos y cada
uno de sus conciudadanos.
Pero, qué pasa si
nosotros con esta iniciativa logramos, como lo tienen otros países del mundo, y quiero
poner el ejemplo de Alemania en su Ley Hacendaria Fiscal en donde ellos lograron que los
estados nuevos alcanzaran el mismo desarrollo de los estados viejos, mediante esta
fórmula.
Ellos les entregan un
recurso adicional por parte de la Federación, pero también de los estados viejos, pero
con una meta para que ellos tengan ese tiempo, para lograr la infraestructura que tienen
los estados viejos. Y así entonces se va privilegiando la eficiencia, en este momento
nosotros actuamos exactamente al contrario.
Es cierto que algunos
presidentes municipales han manifestado que se tendría que tener mucho cuidado en como se
conforma la fórmula de distribución de estos recursos. Ellos no le tienen confianza a la
estadística que maneja el INEGI, pero de alguna manera tenemos que corregir nosotros esta
inequidad que existe.
Y eso se da en la mayoría
de los países de América Latina, tenemos regiones ricas, que tienen que apoyar a
regiones pobres, para lograr el equilibrio de un país, de otra manera siempre vamos a
tener, mexicanos de primera y mexicanos de segunda.
¿Cómo podríamos
nosotros darle certidumbre a los presidentes municipales, que efectivamente van a recibir
más recursos, si están trabajando y si están invirtiendo en agua potable, en
electrificación, en drenaje, en salud y en educación?
Bueno, de acuerdo a los
estudios que se tienen por región, se deben de sacar los parámetros, es decir, en esta
región tenemos este grado de marginación: en el 2003, por ejemplo; para el 2004 debemos
tener esta meta cumplida; para el 2005 ésta y conforme el presidente municipal va
cumpliendo con estas metas, la Federación va a privilegiar con recursos adicionales, tal
y como lo hace en este momento, solamente que entonces si se va a dar un incentivo a la
eficiencia del presidente municipal.
¿Qué pasa en este
momento en un renglón muy importante que es la seguridad pública? Efectivamente en el
Ramo 33 quedan etiquetados los recursos, pero se dice estos recursos van para seguridad
pública, pero no dice si el presidente municipal puede comprar una suburban de 400 y
tantos mil pesos y sólo ponerle una torreta y para eso es una patrulla y deja a la
comunidad sin esa inversión para servicios públicos.
Entonces es ahí donde hay
una inequidad y algunos presidentes, sobre todo en los municipios más apartados, en donde
no tienen carreteras, no tienen calles pavimentadas y los vemos con vehículos realmente
ostentosos y que ofenden a sus conciudadanos, pero esto lo permite la misma ley dentro del
Ramo 33.
Es por eso que un grupo de
diputados del Partido Revolucionario Institucional, nos dimos a la tarea de presentar esta
iniciativa por mi conducto y logrando también el consenso de otras fuerzas políticas.
Yo aspiro a que cuando
llegue esta iniciativa a la comisión que le corresponde, cuente con la solidaridad de los
compañeros diputados. Yo estoy seguro que cada uno de los aquí presentes, queremos el
desarrollo sustentado en cada una de nuestras regiones, en cada uno de nuestros distritos
y por supuesto en cada uno de nuestros municipios, que es la cédula que conforma nuestro
país.
Sea pues dejado aquí en
esta tribuna esta aspiración de los diputados del Partido Revolucionario Institucional y
ojalá en las comisiones que dictaminen, puedan darle el trámite correspondiente y aspiro
tener la solidaridad de mis compañeros en comisiones, como lo tuve en el momento de que
firmaran esta iniciativa.
Señor Presidente,
muchísimas gracias.
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Iniciativa que reforma y
adiciona los artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal presentada por el
diputado Víctor E. Díaz Palacios.
El suscrito diputado
Víctor Emanuel Díaz Palacios, integrante de la LVIII Legislatura del honorable Congreso
de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 70 y la fracción II
del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con
fundamento de la fracción II del artículo 55 y en el artículo 62 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a
consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que reforma y adiciona los
artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En un sistema federal
existe permanentemente la tensión que se genera por la asignación de recursos hacia los
estados más pobres, conforme a la noción de que un pacto federal tiene que ser
compensatorio y que debe haber cierto grado de solidaridad de las regiones ricas hacia las
regiones pobres. Y es que entregar mayores recursos, mayores transferencias a las regiones
pobres implica que, por otra parte, deje de promoverse a regiones ricas o con crecimiento
dinámico. Esta es una tensión que debe resolverse en el diseño de la política pública
de transferencias federales.
En México, por lo que
toca a nuestra política de transferencias federales, tenemos, como ustedes lo saben, que
los ingresos que reciben los estados y municipios por parte del Gobierno Federal se
clasifican en transferencias gubernamentales y participaciones federales. Estos ingresos
públicos representan la mayor parte de los ingresos totales de los estados y municipios.
Tradicionalmente, las
transferencias federales (Ramo 33) a los estados y municipios se asignaban a las diversas
dependencias federales. En 1997, con la intención de cambiar este patrón y lograr un
sistema más transparente en la distribución de estos recursos, las aportaciones o
transferencias del Ramo 33 fueron incorporadas a la Ley de Coordinación Fiscal, según la
cual una parte de los recursos de este ramo presupuestal se transfirieren a los gobiernos
estatales y municipales para usos específicos determinados (es decir,
“etiquetados”) por el gobierno central. A partir de ese año, la fuente
principal de transferencias federales para los estados y municipios ha llegado a ser el
Ramo 33, llamado Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
A diferencia de las
participaciones, los recursos que reciben los estados y municipios a través del Ramo 33
son establecidos como un elemento específico del presupuesto asignado cada año por el
Presidente de la República y aprobado por la Cámara de Diputados. En este sentido, este
ramo forma parte del gasto programable de cada año, mismo que puede ser asignado para
cualquiera de los otros rubros en los que el Gobierno Federal puede gastar su dinero.
Según la Ley de Coordinación Fiscal, este ramo posee siete fondos con destinos
específicos:
1. Fondo de Aportaciones
para la Educación Básica y Normal (FAEBN);
2. Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud (FASS);
3. Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM);
4. Fondo de Aportaciones
para Educación Tecnológica y de adultos (FAETA);
5. Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASPEDF);
6. Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM); y
7. Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social (FAIS).
Este último fondo (el
FAIS) se divide en el Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM). Cada uno de los fondos del
Ramo 33 son distribuidos con criterios distintos, los cuales dependen del área
específica para el que son asignados. Estos recursos pueden dividirse en dos categorías,
aquellos que son entregados directamente a estados y los recursos que son entregados a las
dependencias federales para su eventual reasignación entre los estados.
De los siete fondos que
componen el Ramo 33, sólo los dos últimos (el FAFM y el FAIS) se transfieren a los
municipios, por conducto de los estados. Los otros cinco se ejercen a través de las
dependencias federales responsables de asegurar su aplicación en las actividades
señaladas anualmente por la Federación en el Presupuesto de Egresos.
El Ejecutivo Federal, a
través de la Secretaría de Desarrollo Social; distribuye los recursos que reciben los
estados provenientes del FISE, cuyo monto es determinado anualmente en el Presupuesto de
Egresos de la Federación. La distribución de este fondo se realiza bajo los criterios de
extrema pobreza establecidos en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal. De los
recursos del Ramo 33 que reciben los municipios (el FAISM y el FAFM), el FAISM, también
se distribuye, según el artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, de acuerdo a
criterios de pobreza extrema utilizando la misma fórmula de distribución del FISE.
Todavía hay pocos
estudios sobre el comportamiento del FAIS, por ejemplo, pero uno de ellos señala que los
estados que más se han favorecido con estos recursos son Veracruz, Chiapas, Guerrero,
Oaxaca y México, concentrando el 49% de los mismos para 1999.
Desde su creación, un
defecto en el diseño institucional del FAIS se ha vuelto cada vez más claro: dado su
carácter compensatorio, este fondo tiende a desincentivar el combate a la pobreza a
través del tiempo. Dado que los recursos que recibe cada entidad federativa mantienen una
relación directa y positiva con sus carencias, los estímulos de las autoridades
estatales o municipales, según sea el caso, para mitigar tales carencias son débiles,
pues si las carencias registraran una disminución real, los recursos que les serían
asignados registrarían también una disminución.
Así pues, las
aportaciones del FAIS, como quizá también esté sucediendo con otros fondos del Ramo 33,
no se encuentran ligadas a ningún tipo de incentivo real para reducir los índices de
pobreza extrema o incrementar la cobertura de servicios básicos. Por el contrario, su
fórmula de reparto induce a los estados y municipios a preservar, e incluso a fomentar,
la situación de pobreza extrema.
Para solucionar el
problema de incentivos perversos que tenemos con el FAIS, esta iniciativa propone dividir
el FAIS en dos partes idénticas, cada una de las cuales se distribuirá de acuerdo a
criterios y fórmulas distintas. Así, tendremos el Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
por Avance en el Combate de la Pobreza Extrema (FACOPE).
El propósito de dividir
el FAIS en dos partes iguales responde a la necesidad de alinear los incentivos para
favorecer el combate a la pobreza extrema en los estados y municipios. La nueva fórmula
propuesta para la distribución del FACOPE representa un mecanismo de evaluación del
trabajo de los gobiernos estatales y municipales en el combate a la pobreza extrema que
premia a los estados en los que se han registrado avances en la superación de la pobreza
extrema y castiga a los estados que no han registrado avances o que han registrado
retrocesos.
Además de los incentivos
que el FACOPE puede echar a andar a favor de la eficacia en el combate a la pobreza, este
fondo fomenta la transparencia y la rendición de cuentas de los gobernantes frente a los
gobernados. La transparencia implica que los resultados de la gestión gubernamental
estén a la vista del público y que la rendición de cuentas permite a los ciudadanos
premiar o castigar con su voto a los gobernantes de acuerdo con los resultados de su
gestión.
Con la introducción del
mecanismo de evaluación que significa la fórmula del FACOPE se evitaría que los
presidentes municipales, por ejemplo, destinen los recursos a la construcción de
auditorios, remodelación de plazas cívicas o adquisición de vehículos, que aun cuando
constituyen formalmente gasto de inversión y de obra pública, no inciden
significativamente en el abatimiento de las condiciones de pobreza extrema.
La propuesta de esta
iniciativa posee las siguientes dos importantes características:
1. A través de un mejor
diseño de las reglas para el ejercicio de los recursos del FAIS, se crean incentivos para
la eficiencia económica y administrativa por parte de los gobiernos subnacionales. En
ocasiones, el impulso al combate a la pobreza no descansa simplemente en aumentar los
recursos disponibles a algunos fondos del Ramo 33, sino en alinear correctamente los
incentivos de los actores involucrados.
2. A través de la
introducción de un mecanismo de evaluación sencillo y claro (evaluar si el grado de
pobreza en el estado o municipio en el momento actual es menor, igual o mayor al grado de
pobreza que el estado o municipio poseía el año anterior), esta iniciativa fomenta la
transparencia y la rendición de cuentas por parte, en primer lugar, de las autoridades
estatales frente al Gobierno Federal, y de las autoridades municipales frente al Gobierno
estatal, lo cual es un complemento crucial a los esfuerzos por aumentar la eficiencia
económica y administrativa de los gobiernos. A través del FACOPE el Gobierno Federal y
los gobiernos estatales contarán con información sistematizada que les permitirá
verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas para los que se
transfiere recursos en los niveles estatal y municipal.
Con las reformas y
adiciones que esta iniciativa contempla a la Ley de Coordinación Fiscal, los costos
económicos y, en algunos casos, políticos que deberán enfrentar los gobiernos estatales
o municipales que no son eficaces en el combate a la pobreza serán mucho más altos de lo
que son actualmente. El mecanismo de evaluación que propone esta iniciativa altera la
estructura de incentivos, al modificar los precios relativos que la entidad sufraga en
caso de ser eficiente o ineficiente en la implementación de los programas que inciden
directamente en la reducción de los índices de pobreza extrema.
Señoras y señores
legisladores: nuestro punto de partida es que tenemos un presupuesto federal limitado. De
aquí que utilizar recursos en una dirección implica dejarlos de utilizar en otra, y no
es evidente que debe tener prioridad. No podemos destinar recursos para el alivio de la
pobreza que no tienen ninguna incidencia real en el abatimiento de las condiciones en que
viven los grupos menos favorecidos y, al mismo tiempo, sacrificar recursos que podrían
generar empleo, que podrían generar crecimiento.
Si se necesita construir
una carretera en una región relativamente próspera, y los efectos multiplicadores de ese
crecimiento sobre el resto del país son elevados, no es evidente que los recurso deban de
irse hacia las regiones más pobres, si estos recursos no están siendo aplicados de
manera eficaz para mantener a la baja los niveles de marginación en algunas regiones del
país.
Debemos entonces
plantearnos ahora la pregunta: ¿cuál es el objetivo del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social? Si el objetivo es combatir eficazmente la pobreza, debemos
reconocer que ese objetivo es irrealizable bajo el actual esquema de incentivos con que se
manejan los recursos de este fondo.
Hay una lección muy clara
en la literatura sobre políticas públicas según la cual si uno desea tener éxito,
necesita contar con un instrumento para cada objetivo. La noción es que si deseamos
cumplir con dos objetivos, por ejemplo, combatir la pobreza y descentralizar los recursos
hacia estados y municipios y lo intentamos hacer con un solo instrumento, probablemente
alguno de los dos objetivos será sacrificado si no es que ambos. Si tenemos un fondo que
promueve la descentralización de recursos y que al mismo tiempo fomenta la eficiencia en
el combate a la pobreza, probablemente no logrará ni uno ni el otro objetivo. Debemos,
entonces, cotejar que tengamos suficientes instrumentos para cada uno de los objetivos que
estamos tratando de alcanzar. Esto es lo que intenta remediar esta iniciativa: trabajar
con dos fórmulas para alcanzar dos objetivos distintos: promover la descentralización de
recursos con un criterio de carácter compensatorio y promover la descentralización de
recursos con un criterio de eficiencia.
Una segunda lección
básica para el diseño de cualquier política pública es cumplir con el requerimiento de
la transparencia: que sepamos cuántos recursos le van a tocar a cada quién, por qué
razones y con qué criterio. Uno de los instrumentos más claros de política pública
para generar asignaciones transparentes es el uso de fórmulas, y eso es presumiblemente
uno de los avances que tenemos en el Ramo 33. La idea entonces es utilizar alguna fórmula
que establezca cuánto va a recibir cada quién. Esto sin embargo abre un asunto muy
importante, que es que cada fórmula debe incluir elementos que tengan qué ver con el
objetivo de cada fondo. Es decir, si utilizamos un instrumento para cada objetivo, un
fondo para cada objetivo, entonces los elementos que conforman cada fórmula deben ser
acordes con el objetivo de cada fondo. Por esta razón proponemos la creación del FACOPE
dentro del FAIS, para tener una fórmula de asignación de los recursos que sea congruente
con el objetivo de abatir la pobreza.
Considerando lo anterior,
se propone la siguiente iniciativa que reforma y adiciona los artículos 34 y 35 de la Ley
de Coordinación Fiscal:
Artículo 34.
Dice:
El Ejecutivo Federal, a
través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social entre los estados, considerando criterios de pobreza extrema,
conforme a la siguiente fórmula y procedimientos.
I. a la V...
Debe decir:
El Ejecutivo Federal, a
través de la Secretaría de Desarrollo Social, dividirá el FAIS en dos partes iguales,
cada una de los cuales se distribuirá entre los estados, considerando criterios de
magnitud de la pobreza extrema y de eficacia en la disminución de tal pobreza, conforme a
las siguientes fórmulas y procedimientos.
En primer lugar, el Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social se distribuirá conforme a la siguiente
fórmula y procedimientos:
I. a la V...
En segundo lugar, el Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social por Avance en el Combate a la Pobreza
Extrema se distribuirá de acuerdo a la siguiente fórmula y procedimientos.
I. Para cada estado se
estima el Indice de Avance en el Combate a la Pobreza Extrema con respecto al año
anterior de acuerdo con la siguiente fórmula:
MCEk0= Masa
Carencial del Estado k en el año inmediato anterior;
MCEk1 = Masa
Carencial del Estado k en el año actual;
IACPEk = Indice
de Avance en el Combate a la Pobreza Extrema para el Estado k.
lI. Los resultados de este
índice se ubican dentro de un intervalo de 1 a 1. Para los cálculos subsecuentes sólo
se consideran a los índices cuyo valor se ubica entre 0 y 1, que son aquellos estados en
los cuales se ha registrado un avance en el combate a la pobreza extrema.
III. El valor del IACPE
del Estado se eleva al cuadrado para atribuir mayor peso a los estados con mayor avance.
Una vez elevado al
cuadrado el IACPE del Estado se hace una agregación de todos los estados (que registraron
avances positivos en el combate a la pobreza extrema) para obtener un Indice Nacional de
Avance en el Combate a la Pobreza Extrema
En donde:
IACPEm = Indice de Avance
en el Combate a la Pobreza Extrema del Estado m.
M = Número total de
estados que hayan registrado un avance positivo en el combate a la pobreza extrema.
INACPE = Indice Nacional
de Avance en el Combate a la Pobreza Extrema.
Cada uno de los índices
de Avance en el Combate a la Pobreza Extrema estatales se divide entre el índice nacional
para determinar la participación porcentual que del Fondo de portaciones para la
Infraestructura Social por Avance en el Combate a la Pobreza Extrema le corresponde a cada
Estado como lo indica la siguiente fórmula:
PECPE = Participación
porcentual del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social por Avance en el
Combate a la Pobreza Extrema (PECPE) del Estado m.
Así, la distribución de
este Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social por Avance en el Combate a la
Pobreza Extrema se realiza en función proporcional a los etados que hayan registrado un
avance en el combate a la pobreza extrema.
Artículo 35.
Dice:
Los estados distribuirán
entre los municipios los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, con
una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter
redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios con mayor magnitud y
profundidad de pobreza extrema.
Debe decir:
Los estados distribuirán
entre los municipios los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, con
dos fórmulas iguales a las señaladas en el artículo anterior, que enfaticen, por un
lado, el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios con
mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema y que estimulen, por otro lado, el avance
en el combate a la pobreza extrema.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Atentamente.
Palacio Legislativo.—
San Lázaro, a 3 de diciembre de 2002.— Diputados: Víctor E. Díaz Palacios, Alberto Amador Leal,
Melitón Morales Sánchez, Benito Vital Ramírez y Adela Cerezo Bautista.»
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Gracias a usted, señor
diputado.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY GENERAL DE SALUD
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Tiene la palabra el
diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 250 de la Ley General de
Salud, con respecto a los sicotrópicos enunciados en la fracción II del artículo 245 de
la misma ley.
El diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto:
Buenos días; con su
venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Los psicotrópicos son un
tipo de medicamentos que son una acción terapéutica efectiva y de gran utilidad en el
campo de la neurosiquiatría, pero su efecto en la conducta del ser humano, reacciones
secundarias, el control y seguimiento de las mismas, deben ser evaluadas por un
profesional especialista médico, toda vez que puede correrse el riesgo de que se
desvirtúe su empleo, quedando susceptibles a un uso indebido o abuso de esas sustancias y
considerando los efectos adictivos que puede provocar, los principales perjudicados
serían los jóvenes como el grupo más vulnerable en estos problemas.
De acuerdo al artículo 44
del reglamento de Insumos para la Salud en su Capítulo II, para la obtención,
elaboración, fabricación, preparación, mezclado, acondicionamiento, envasado,
manipulación, comercialización, importación, exportación, prescripción médica,
suministro, posesión, transporte, empleo, uso, consumo y en general todo acto relacionado
con estupefacientes y sicotrópicos con excepción de los que carecen de valor
terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, sólo podrá realizarse con
fines médicos y científicos previa autorización de la Secretaría.
En el artículo 45 del
referido reglamento, señala que la guarda-custodia de materia prima que sea o contenga
estupefacientes o sicotrópicos, es responsabilidad de quien los posea, mismos que deberá
contar con los documentos oficiales que comprueben su tenencia legítima, los que deberá
conservar durante un plazo de tres años.
En la Ley General de Salud
y en el reglamento de Insumos para la Salud, se deben precisar y establecer claramente los
requisitos para la venta al público de los estupefacientes y psicotrópicos, toda vez que
hay imprecisiones con la redacción vigente, específicamente en el artículo 250 de la
Ley General de Salud, cuya ambigüedad radica en que se remite al Capítulo V, en donde
sólo se hace referencia a la prescripción de estupefacientes; sin embargo no se hacen
especificaciones para la prescripción de sustancias psicotrópicas que se establecen en
la fracción II del artículo 245 de la misma ley, tal y como lo indica el artículo 250.
Por ello, el objetivo de
esta iniciativa, es eliminar esta ambigüedad de la derivación actual y así coadyuvar a
combatir el problema de consumo, tráfico y comercio de estupefacientes, así como de
sustancias sicotrópicas a través de un mejor control del manejo de las sustancias,
enfáticamente en lo referente a la prescripción médica, situación que si bien no
resuelve el problema, será un gran apoyo para nuestras autoridades.
Asimismo, reconocemos que
es responsabilidad de las autoridades de la Secretaría de Salud revisar la clasificación
de los medicamentos en cuestión, así como de la clasificación de los grupos
establecidos en la Ley General de Salud; no obstante, es responsabilidad de todos
nosotros, como legisladores, actualizar el marco jurídico a efecto de establecer las
bases que permitan actuar de manera adecuada a la propia Secretaría de Salud en el
ámbito de su competencia, así como a los especialistas que permitan un mayor control de
flujo comercial de medicamentos para tratamientos tan específicos como son los
psicotrópicos y estupefacientes.
El uso y abuso de estas
sustancias, representa una preocupación creciente para el Gobierno Federal, las entidades
federales y la sociedad en general. Esta problemática exige contar con procedimientos,
criterios, normatividad y legislación clara, de tal modo que sean de observancia
obligatoria en todo el territorio nacional para los prestadores de servicios de la
Secretaría de Salud, del Sistema Nacional de Salud y en los establecimientos del sector
público, social y privado que realicen actividades preventivas de tratamiento, de control
y de prescripción de los referidos medicamentos.
Por ello, compañeras y
compañeros diputados, reitero el propósito de esta iniciativa para brindar, tanto a las
autoridades sanitarias de la Secretaría de Salud como a los especialistas médicos, los
elementos necesarios para el mejor ejercicio de sus actividades, eliminando las
ambigüedades vigentes en el artículo 250 de la Ley General de Salud, a efecto de que se
regule más estrictamente el manejo de los sicotrópicos y de los estupefacientes.
Por los beneficios que
trae consigo esta iniciativa espero que depositen en ella su confianza y apoyo.
Por lo que someto a su
consideración la siguiente
INICIATIVA
Con proyecto de decreto,
por el que se reforma el artículo 250 de la Ley General de Salud, referente al manejo de
los sicotrópicos de la fracción II del artículo 245.
Artículo único. Se reforma el artículo 250 de
la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
“Artículo 250. Las sustancias
psicotrópicas incluidas en la fracción II del artículo 245 de esta ley, así como las
que se prevén en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el
artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, quedarán
sujetas en lo conducente y ahí viene la modificación, a las mismas disposiciones que se
establecen para los estupefacientes en el Capítulo V de este título.”
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Como ven, esta iniciativa
lo único que busca es aclarar en el artículo 250 en donde especifica cómo deben ser
tratados los sicotrópicos del tipo II o de la fracción II del artículo 246, en el
sentido de que no los remite exclusivamente al Capítulo V de la Ley General de Salud, en
donde se establece exclusivamente, cómo deben ser manejados los estupefacientes.
En la actualidad lo remite
y lo que queremos manifestar nosotros con esta aclaración, es que esa remisión vaya
conjunta con el hecho de que los psicotrópicos de tipo II, deben de seguir con las mismas
limitaciones y características para su expedición, uso, manejo, a los que se estipulan
para los estupefacientes.
Muchas gracias, por su
atención y le solicito a nuestra señora Presidenta, sea incluido el texto íntegro en el
Diario de los
Debates, en la Gaceta Parlamentaria y que sea turnada para su
dictamen y estudio, a la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados.
Muchísimas gracias.
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma al artículo 250 de la Ley General de Salud, referente al manejo de
los psicotrópicos de la fracción II del artículo 245 presentada por el diputado N.
Salvador Escobedo Zoletto, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.
El suscrito, diputado
Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, perteneciente a la LVIII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa reforma el
artículo 250 de la Ley General de Salud bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los psicotrópicos son un
tipo de medicamentos que son de una acción terapéutica efectiva y de gran utilidad en el
campo de neurosiquiatría, pero su efecto en la conducta del ser humano, reacciones
secundarias, el control y seguimiento de las mismas, deben ser evaluadas por un
profesional especialista médico, toda vez que puede correrse el riesgo de que se
desvirtúe su empleo, quedando susceptible a un uso indebido o abuso de estas sustancias y
considerando los efectos adictivos que pueden provocar, los principales perjudicados
serían los jóvenes, como el grupo más vulnerable en estos problemas.
De acuerdo al artículo 44
del reglamento de Insumos para la Salud, en su Capítulo lI, para la obtención,
elaboración, fabricación, preparación, mezclado, acondicionamiento, envasado,
manipulación, almacenamiento, comercialización, importación, exportación,
prescripción médica, suministro, posesión, transporte, empleo, uso, consumo y, en
general, todo acto relacionado con estupefacientes y psicotrópicos, con excepción de los
que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, sólo
podrá realizarse con fines médicos y científicos, previa autorización de la
Secretaría.
En el artículo 45 del
referido reglamento, señala que la guarda y custodia de materia prima que sean o
contengan estupefacientes o psicotrópicos, es responsabilidad de quien los posea, mismo
que deberá contar con los documentos oficiales que comprueben su tenencia legítima, los
que deberá conservar durante un plazo de tres años.
En la Ley General de Salud
y el reglamento de insumos para la Salud, se deben precisar y establecer claramente los
requisitos para la venta al público de los estupefacientes y psicotrópicos, toda vez que
hay imprecisiones con la redacción vigente, específicamente en el artículo 250 de Ley
General de Salud cuya ambigüedad radica en que se remite al Capítulo V en donde sólo se
hace referencia a la prescripción de estupefacientes, sin embargo, no se hacen
especificaciones para la prescripción de sustancias sicotró- picas que se establecen en
la fracción II del artículo 245 de la misma ley, tal y como lo dicta el artículo 250.
Por ello, el objetivo de
esta iniciativa es eliminar esta ambigüedad de la legislación actual y así coadyuvar a
combatir al problema de consumo, tráfico y comercio de estupefacientes así como de
sustancias psicotrópicas, a través de un mejor control del manejo de las sustancias,
enfáticamente en lo referente a la prescripción médica, situación que si bien no
resuelve el problema, será un gran apoyo para nuestras autoridades.
Asimismo, reconocemos que
es responsabilidad de las autoridades de la Secretaría de Salud revisar la clasificación
de los medicamentos en cuestión así como de la clasificación de los grupos establecidos
en la Ley General de Salud. No obstante, es responsabilidad de nosotros como legisladores
actualizar el marco jurídico a efecto de establecer las bases que permitan actuar de
manera adecuada a la propia Secretaría de Salud, en el ámbito de su competencia, así
como a los especialistas, que permitan un mayor control del flujo comercial de
medicamentos para tratamientos tan específicos como son los psicotrópicos y
estupefacientes.
El uso y abuso de éstas
sustancias, representa una preocupación creciente para el Gobierno Federal, las entidades
federativas y la sociedad en general. Esta problemática exige contar con procedimientos,
criterios, normatividad y legislación clara, de tal modo que sean de observancia
obligatoria en todo el territorio nacional para los prestadores de servicios de la
Secretaría de Salud del Sistema Nacional de Salud y en los establecimientos de los
sectores público, social y privado que realicen actividades preventivas, de tratamiento,
de control y de prescripción de los referidos medicamentos.
Por ello compañeras y
compañeros legisladores, reitero el propósito de esta iniciativa para brindar tanto a
las autoridades sanitarias de la Secretaría de Salud, como a los especialistas médicos,
los elementos necesarios para el mejor ejercicio de sus actividades, eliminando las
ambigüedades vigentes en el artículo 250 de la Ley General de Salud, a efecto de que se
regule más estrictamente el manejo de los psicotrópicos y estupefacientes. Por los
beneficios que trae consigo esta iniciativa, espero que depositen en ella su confianza y
apoyo.
Por lo que someto a su
consideración la siguiente
Iniciativa
Con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 250 de la Ley General de Salud, referente al manejo de
los sicotrópicos de la fracción II del artículo 245.
Artículo único. Se reforma el artículo 250 de
la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 250. Las sustancias psicotrópicas
incluidas en la fracción II del artículo 245 de esta ley, así como las que se prevean
en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando
se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, quedarán sujetas en lo
conducente, a las mismas disposiciones que se establecen para los estupefacientes en el
Capítulo V de este título.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Solicito sea impreso en
forma íntegra en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los
Debates y se turne para su estudio y dictamen a la Comisión de Salud de esta
Cámara de Diputados.
Muchas Gracias.
Palacio Legislativo.—
San Lázaro, a 3 de diciembre de 2002.— Diputados: N. Salvador Escobedo Zoletto, Miguel Mantilla,
Francisco López Brito, Cuauhtémoc Cardona, Alejandro Zapata P., Policarpo Infante F.
y José Francisco Blake M.»
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta
Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra el
diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática para presentar una iniciativa que reforma los artículos 30 y 36 de la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación.
A petición del señor
diputado se pasa al final del capítulo.
INFONAVIT
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Tiene la palabra el
diputado Eduardo Andrade Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
El diputado Justino Eduardo Andrade Sánchez:
Muchas gracias, señora
Presidenta:
Distraigo nuevamente su
atención para traer a esta tribuna la voz de ciudadanos que habitan en distintas unidades
del Infonavit, en Veracruz; que me han planteado en mi carácter de dirigente estatal de
la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la necesidad de presentar una
iniciativa que corrija una ancestral injusticia que se ha venido cometiendo con ellos. Y
entiendo que así como ocurre en mi estado, también sucede en otras entidades.
A partir de una circular
que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) giró
el 30 de julio de 1987. Hasta antes de esa fecha, los créditos que otorgaba el Infonavit
se daban en pesos y así se registraba tanto el monto del crédito como los intereses que
habrían de cobrarse hasta la conclusión de los pagos.
Pero con motivo del
disparo del fenómeno inflacionario en los años ochenta, la circular a la que me refiero
introdujo el concepto de múltiples de salario mínimo vigente en el Distrito Federal como
base para el otorgamiento de los créditos y se produjo entonces una aplicación de ese
concepto a los préstamos que dio el Infonavit en aquella época.
El 24 de febrero de 1992
se modificó el artículo 44 de la Ley del Infonavit para establecer legalmente la
determinación de los créditos en múltiplos de salario mínimo. Pero entre 1987 y 1992
en realidad la determinación de estos créditos, su pago, su actualización, los
intereses que generaban se realizaron sin un verdadero fundamento legal e incluso podría
decirse que la reforma de 1992 vino a aplicarse retroactivamente a quienes habían
obtenido créditos con anterioridad, que debieron haber estado denominados en pesos.
Ese motivo dio lugar a
algunos convenios que han existido, en los cuales el Infonavit ha reconocido la necesidad
de replantear al monto de los créditos porque el acreditado ha visto aumentar el precio
de su vivienda en múltiplos de salarios mínimos, actualizar los montos de su saldo y
aplicársele intereses sobre esas actualizaciones, en contra de lo que originalmente
estaba pactado en sus contratos y que derivaba de la ley anterior.
En consecuencia, hay
muchos derechohabientes del Infonavit acreditados que nunca han podido consumar la
propiedad de su vivienda porque han pagado el monto inicial que habían contratado varias
veces y aún así siguen teniendo un saldo deudor.
Esta injusticia debe
corregirse. Cuando la ley que estableció ya el sistema de múltiplos de salario mínimo y
así se contrató, tiene que respetarse esa situación, pero los casos entre 1987 y 1992
sí pueden ser modificados con una determinación nuestra a partir de la aprobación de un
decreto que adicione un artículo transitorio a la Ley del Infonavit.
En esa razón y con
fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II de la
Constitución, me permito presentar esta
INICIATIVA
Artículo único. Se adicione un artículo
transitorio a la Ley del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores
para quedar cono sigue:
Artículo decimosexto. Todos los créditos
otorgados entre el 30 de julio de 1987 y el 24 de febrero de 1992 deberán considerarse
otorgados en pesos, en los términos de la ley vigente en ese momento.
El Infonavit deberá hacer
un nuevo cálculo de los montos pagados por los trabajadores acreditados que hubiesen
recibido créditos durante el mencionado periodo y determinar la cantidad por virtud de la
cual tales créditos hubieran quedado saldados, aplicando los términos de la ley vigente
en esa época.
Si la suma pagada por el
trabajador acreditado al momento de entrar en vigor el presente decreto fuese igual o
superior a la cantidad resultante de aplicar lo preceptuado en el párrafo anterior, el
crédito deberá considerarse totalmente cubierto por el trabajador acreditado y el
instituto quedará obligado a emitir la escritura correspondiente que acredite la
propiedad de la vivienda adquirida por el trabajador.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación.
Este sería un artículo
transitorio que forma parte sustantiva del decreto que propongo y a su vez tendría un
capítulo transitorio único, un artículo transitorio único señalando que entrará en
vigor al día siguiente de su publicación.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y
de Seguridad Social.
ARTICULO
110 CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Tiene la palabra la
diputada Silvia América López Esco-ffie, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 110
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Silvia América López Escoffie:
Con su permiso, señora
Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Me permito presentar ante
ustedes esta iniciativa de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 110 de la
Constitución.
La defensa de la
Constitución ha sido un tema que ha preocupado siempre, más cuando mantener sus mandatos
son base necesaria para el mantenimiento del Estado de Derecho en nuestro país.
En efecto, la protección
de nuestra Constitución deriva precisamente del principio fundamental que la caracteriza:
el de la supremacía constitucional, y que se refiere específicamente a mantener la
Constitución Política de los Estados Unidos como la máxima disposición
jurídica-normativa sobre la cual no puede existir ningún acto de autoridad.
Tal principio
constitucional llega a significar la necesidad de la existencia de un ordenamiento
superior a los demás, al que no contravengan los actos autoritarios estatales, federales
o municipales sirviéndoles de origen e implicando que se mantendrá vigente nuestro
sistema federal, los derechos humanos, la paz social y pública, conjuntamente con el
Estado de Derecho en nuestra sociedad.
Asimismo y estrechamente
vinculado con el principio de supremacía, está el de la fundamentalidad, el cual denota
una cualidad de la Constitución que lógicamente hace que ésta se califique como Ley
Fundamental del Estado.
Entraña por ende que de
dicha Constitución sea el ordenamiento básico de toda estructura jurídica estatal, es
decir, el cimiento sobre el que se asienta el sistema de derecho en su integridad. Por
ello la Constitución es reconocida como Ley Fundamental y al mismo tiempo es la Ley
Suprema del Estado.
Como podemos observar,
dicho principio de supremacía constitucional, se deriva el nacimiento de uno de los
capítulos principales de la Carta Magna, el relativo al establecimiento de los medios de
control constitucional o de defensa de la Constitución, medios que implican un dique a la
actuación de las autoridades estatales o en su caso, cuando tales autoridades han actuado
el proceso a través del cual se dejará insubsistente todo acto de autoridad que
contravenga algún mandato constitucional.
Asimismo el precepto
constitucional señala textual y expresamente que la supremacía de la Constitución
implica también que las leyes de los estados deberán sujetarse a la misma.
Es debido a la necesidad
de proteger y vigilar la observancia de la Carta Magna como surge y nace la necesidad de
crear instrumentos de control constitucional.
En efecto la defensa de la
Constitución se realiza a través de lo que se conoce como “medios de control de la
Constitucionalidad”, medios por los cuales va a sobrevivir la constitución para
hacerla efectiva y suprema y que sea no lírica ni romántica o poética, sino auténtica,
palpitante y viva.
Por ello referirnos a la
defensa de la Constitución es hablar de los medios jurídicos a través de los cuales se
va a controlar la Carta Magna.
Ahora bien, si el jurista
yucateco Manuel Crescencio García y Rejón instituyó la creación del juicio de amparo y
que hizo con éste el sistema jurídico de protección y defensa de la Constitución, más
perfecto que ha habido, y precisamente por ello lo han adoptado muchos países del mundo.
En este juicio de amparo
se facultó a la Suprema Corte de Justicia para que además de seguir conociendo del
amparo, conociera de otros medios de control constitucional como las controversias
constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que sumados al juicio de revisión
constitucional electoral del Tribunal Electoral de dicho Poder Judicial de la Federación,
puede observar y se afirma y traslada a las autoridades federales la única
responsabilidad y la potestad del control constitucional por medio de estos instrumentos
jurídicos.
En base a lo anterior se
hace necesario pugnar porque en nuestro sistema normativo exista una verdadera
delimitación legal de funciones y atribuciones de los titulares de los órganos del
Gobierno, mismos que deberán basar su actuación con apego a la Constitución y las leyes
que derivan de ella, imponiendo a su vez un sistema de responsabilidades de los
gobernantes cuando éstos contravengan alguna disposición legal en ejercicio de sus
facultades.
Cabe puntualizar que
corresponde al gobierno pugnar por la existencia de un verdadero marco jurídico en donde
se desenvuelva todo servidor público que reconozca sus derechos pero donde también le
imponga obligaciones legales en el ejercicio de sus funciones, los cuales vayan enfocados
a la tutela de los derechos de los gobernados frente al actuar de cualquier autoridad,
misma que le permita, cuando así sea necesario, exigir por la vía legal la imposición
de sanciones a quien se haga acreedor o al servidor público por su proceder arbitrario e
incluso exigir la rendición de cuentas de la gestión realizada por el servidor público
durante su encargo y en caso de encontrar alguna irregularidad fincarle la responsabilidad
de acuerdo a lo que establezcan las leyes.
Luego entonces no hay duda
de la falta de cumplimiento de los deberes que impone la función pública y con esto se
da nacimiento a la responsabilidad que alude nuestro propio marco constitucional y que
puede ser de orden administrativo, penal o político. Asimismo existen otras
responsabilidades, a saber, la civil y la indemnizatoria.
Ahora bien, dentro de los
medios de control político nuestra Constitución prevé, en su título cuarto, el juicio
político y la declaración de procedencia. Encomendando el de-sarrollo de los mismos a un
órgano político: el Congreso de la Unión.
Luego entonces a fin de
asegurar la supremacía del orden constitucional estableció medios de control jurídico
pero a efecto de lograr el normal funcionamiento de las instituciones que sustentan al
Estado, así como su adecuada nivelación y se generaron los medios de control político.
Por lo que respecta a la
naturaleza jurídica del juicio político ésta gira sobre hechos no delictuosos y
concluye con la separación e inhabilitación, en su caso, del alto funcionario que ha
perdido la confianza pública. Por lo tanto, es ajeno a la actividad judicial. Es decir,
el juicio político es aquel instaurado en las cámaras del Congreso de la Unión en
contra de determinado funcionario público como resultado de la realización de
determinadas conductas que contrarían los intereses públicos fundamentales y originan
responsabilidad política.
La finalidad del juicio
político no es comprobar la existencia de un delito, sino la identificación de ciertas
conductas consideradas generadoras de responsabilidad, cuya gravedad debe juzgarse con
criterio para separar al funcionario de su cargo. El juicio político debe aspirar a
lograr una efectiva y eficiente aplicación de la Constitución y la ley a los servidores
públicos que por integrar un poder público, por su jerarquía o por su trascendencia de
sus funciones, afecten los intereses públicos fundamentales a su buen despacho.
Ahora bien, el artículo
110 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos ordena en su segundo párrafo: los
gobernadores de los estados, los diputados locales, magistrados de los tribunales
superiores de justicia locales y, en su caso, los miembros de los consejos de las
judicaturas locales sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este
capítulo por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella
emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. Pero en este caso
la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales
para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.
Como se observa en esta
última parte de este párrafo hay un misterio que nos lleva a las siguientes
interrogantes: ¿para qué se comunicará a las legislaturas locales la resolución
declarativa? ¿Cuáles son las atribuciones que deben ejercitar? ¿Qué es eso de proceder
como corresponda?
En ese orden de ideas
podemos decir que además de resultar ocioso, confuso y ambiguo y una notable pérdida de
tiempo el de facultar a las legislaturas de los estados para en ejercicio de sus
atribuciones procedan como corresponda, lo más delicado está en que puedan llegar a
convertirse en inoperante la función del control constitucional que tiene el juicio
político y que la autoridad federal, o sea el Congreso de la Unión, quede subordinado,
relegado, supeditado y sojuzgado como responsable de esta potestad de control por las
autoridades locales y lo más grave es que el postulado de supremacía constitucional
quede vulnerado o descobijado por este medio de control.
En este sentido afirmamos
que la función de controlar la constitucionalidad debe recaer en las autoridades
federales en resoluciones y actos que no le deberían de corresponder a las autoridades
locales basándonos en los principios antes argumentados.
Si bien sabemos que el
modelo constitucional de la supremacía se ha constituido sobre la base del Estado de
Derecho, entre sus principios fundamentales destaca, como ya se dijo, que se implica la
sujeción de los actos y disposiciones normativas al texto de la Carta Magna.
Por estas razones
consideramos indispensable que el juicio político, tanto para altos funcionarios
federales como locales, deba ser conocido y el resultado en definitiva debe darse por la
Autoridad Política Federal. Es decir, por el Congreso de la Unión y debe descansar el
control constitucional, esencia de este juicio, en la autoridad del poder de la
Federación y no en los congresos locales como hasta hoy se establece.
De ninguna manera la
presente iniciativa es en detrimento de la soberanía y autonomía de los estados, ni
mucho menos se pretende debilitar al sistema federal mexicano. Por el contrario, como ya
se ha comentado, la finalidad es preservar el principio de la supremacía constitucional.
En este sentido se propone
eliminar lo relativo a que la resolución del Congreso de la Unión será únicamente
declarativa y que se comunicará a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus
atribuciones procedan como corresponda respecto a los juicios políticos contra y
establecer que será dicho Congreso de la Unión quien resolverá en definitiva y
consecuentemente el que deberá imponer la destitución o inhabilitación respectiva en
los casos de juicio político contra gobernadores de los estados, diputados locales,
magistrados de los tribunales superiores de Justicia y, en su caso, a los miembros de los
consejos de las judicaturas locales cuando hubiera habido violaciones graves a esta
Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como el manejo indebido de
fondos y recursos federales.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Señora diputada, si le
parece, según el convenio, podemos turnar el texto íntegro de su iniciativa.
La diputada Silvia América López Escoffie:
Sí, ya solamente voy a
leer el artículo como quedaría, si me lo permite, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Sí, concluya por favor
señora diputada.
La diputada Silvia América López Escoffie:
Sí. Entonces, se reforma
el artículo 110 para quedar como sigue: “los gobernadores de los estados, diputados
locales, magistrados de los tribunales superiores de Justicia locales y, en su caso, los
miembros de los consejos de las judicaturas locales, sólo podrán ser sujetos de juicio
político en los términos de este título, por violaciones graves a esta Constitución y
a las leyes federales que de ella emanan, así como el manejo indebido de fondos y
recursos federales.
El presente decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación y las demandas de juicio político
que se hubieran presentado antes de la fecha de la vigencia del presente decreto, se
regirán por la disposición constitucional anterior y consecuentemente las legislaturas
de los estados conocerán de los mismos para efectos que procedan.”
Muchas gracias, señora
Presidenta.
«Iniciativa de decreto
que reforma el párrafo segundo del artículo 110 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Ciudadanos secretarios de
la Mesa Directiva del Congreso de la Unión.— Presentes.
Los suscritos diputados
federales de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamentos en lo dispuesto en la
fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de decreto por el que se
reforma el párrafo segundo del artículo 110 de la Constitución Federal, con el fin de
facultar al Congreso de la Unión para que resuelva en definitiva respecto de los juicios
políticos contra altos servidores públicos de los estados por violaciones graves a la
Constitución, a las leyes federales, y por uso indebido de fondos y recursos federales,
bajo la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La defensa de la
Constitución ha sido un tema que ha preocupado siempre, más aún cuando mantener sus
mandatos son base necesaria para el mantenimiento del estado de derecho en México.
En efecto la protección
de nuestra Constitución deriva precisamente del principio fundamental que la caracteriza:
el de “supremacía constitucional”, y que se refiere específicamente a mantener
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la máxima disposición
jurídico-normativa sobre la cual no puede existir ningún acto de autoridad.
Tal principio
constitucional llega a significar la necesidad de la existencia de un ordenamiento
superior a los demás, al que no contravengan los actos autoritarios estatales bien
federales, estatales o municipales, sirviéndoles de origen e implicando que se mantendrá
vigente nuestro sistema federal, los derechos humanos, la paz social y pública,
conjuntamente con el estado de derecho en una sociedad.
Asimismo y estrechamente
vinculado con el principio de supremacía está el de fundamentalidad, el cual denota una
cualidad de la Constitución que, lógicamente, hace que ésta se califique como “Ley
Fundamental del Estado”. Entraña, por ende, que dicha Constitución sea el
ordenamiento básico de toda estructura jurídica estatal, es decir, el cimiento sobre el
que se asienta el sistema de derecho en su integridad. Por ello la Constitución es
reconocida como la ley fundamental y al mismo tiempo y por modo inescindible es la Ley
Suprema del Estado. Fundamentalidad y supremacía son dos conceptos inseparables que
denotaban dos cualidades concurrentes en la Constitución.
Como podemos observar
dicho principio de supremacía constitucional, se deriva el nacimiento de uno de los
capítulos principales sé la Carta Magna, el relativo al establecimiento de los medios de
control constitucional o de defensa de la Constitución, medios que implican. Un dique a
la actuación de las autoridades estatales o en su caso, cuando tales autoridades han
actuado, el proceso a través del cual se dejará insubsistente todo acto de autoridad que
contravengan algún mandato constitucional.
Asimismo, el precepto
constitucional citado, señala textual y expresamente que la supremacía constitucional
implica también que las constituciones o leyes de los estados deberán sujetarse a la
misma.
Es debido a la necesidad
de proteger y vigilar la observancia de la Carta Magna, como surge y nace la necesidad de
crear instrumentos de control constitucional, siendo el principal de ellos un orgullo
nacional para los mexicanos, es decir, el juicio de amparo y que junto con otros procesos
o medios de control constitucional y los juicios previstos y regulados por el Título
Cuarto de la Constitución, relativo a la “Responsabilidad de los Servidores
Públicos”, buscan mantener vigentes los mandatos de la Ley Fundamental del país,
base necesaria para el mantenimiento del estado de derecho en México.
En efecto, la defensa de
la Constitución se realiza a través de lo que se conoce como medios de control de la
constitucionalidad, medios por los cuales va a sobrevivir la Constitución, medios por los
cuales va a ser efectiva la supremacía constitucional, que ésta sea real, efectiva, no
lírica, romántica o poética, sino auténtica, palpitante, viva.
Por ello referimos a la
defensa de la Constitución, es hablar de los medios jurídicos a través de los cuales se
va a controlar la Carta Fundamental, para lograr se mantenga vigente la misma y que se
haga realidad su contenido y alcance y la cualidad de ser la norma de las normas, la norma
cúspide y superior de todo el orden jurídico y a la cual se encuentran subordinadas
todas las demás normas.
Precisamente para evitar
la anarquía, es que se ha venido ideando diversos medios o mecanismos para invalidar,
nulificar o sancionar toda aquella actuación estatal arbitraria que al surgir desacate
los mandatos constitucionales. Ello hace que el tema de la defensa de la Constitución
despierte un interés sin igual en todos los países, dentro de los que se incluye
México.
En 1840, el jurista
yucateco Manuel Crecencio García Rejón y Alcalá, propuso la adopción de una
Constitución para el Estado de Yucatán, en cuyo proyecto se proponía la creación del
juicio de amparo, que en sí mismo fue y es el sistema jurídico de protección o defensa
de la Constitución más perfecto, razón por la que ha sido adoptado en muchos países
del mundo.
Ahora bien, con las
reformas constitucionales de 1994, se faculto a la Suprema Corte de Justicia para que
además de seguir conociendo del amparo, conociera de otros diversos medios de control
constitucional a saber: las controversias constitucionales y las acciones de
inconstitucionalidad; que sumados al juicio de revisión constitucional electoral del
Tribunal Electoral de dicho Poder Judicial de la Federación. Como puede observarse se
afirma y traslada a las autoridades federales la responsabilidad y la potestad del control
constitucional por medio de estos instrumentos jurídicos.
En virtud del Pacto
Federal las leyes locales quedan subordinadas y subalternas a la Federación leyes
federales.
Luego entonces, en todo
Estado de Derecho la sujeción a la Constitución, así como las leyes que de ella emanan,
la inherente obligación de responder en caso de incumplimiento, constituye un pilar
fundamental en el que descansa su buena marcha.
La credibilidad basada en
las instituciones políticas se ha ido desmeritando a tal grado de tornarse casi nula, y
ello se debe a los constantes golpes y agresiones que ha sufrido la conciencia de los
gobernados, por parte de algunos gobernantes debido a su actuar irresponsable y
deshonesto, alejándose cada vez más del principio de legalidad que debe imperar en todo
régimen democrático.
Es por eso que en base a
dicha institución es creado el Estado constitucionalista, producto de la libre voluntad
de los gobernados, en donde se reconocen las garantías individuales que los gobernados,
en donde se reconocen las garantías individuales que debe poseer todo gobernado, así
como se delimita la actuación del Estado, en donde su actuación no debe transgredir ni
afectar dichas prerrogativas, sino que al contrario, el Estado debe tutelarlos y velar por
su cumplimiento, siempre y cuando dicha actuación se encuentre dentro de los lineamientos
establecidos por la propia Ley Fundamental, así como las leyes que de ella emanan, todo
ello tendiente a alcanzar una verdadera demo- cracia.
En base a lo anterior, se
hace necesario pugnar por que en nuestro sistema normativo exista una verdadera
delimitación legal de funciones y atribuciones de los titulares de los órganos del
Gobierno, mismo que deberán basar su actuación con apego a la Constitución y las leyes
que derivan de ella, imponiendo a su vez un sistema de responsabilidades de los
gobernantes cuando éstos contravengan alguna disposición legal en ejercicio de sus
facultades.
Cabe puntualizar que
corresponde al Gobierno pugnar por la existencia de un verdadero marco jurídico en donde
se desenvuelva todo servidor público, que reconozca sus derechos, pero que también le
imponga obligaciones legales en el ejercicio de sus funciones, las cuales vayan enfocadas
a la tutela de los derechos de los gobernados frente al actuar de cualquier autoridad,
misma que le permita cuando así sea necesario, exigir por la vía legal, la imposición
de sanciones a que se haga acreedor el servidor público por su proceder arbitrario e
incluso exigir la rendición de cuentas de la gestión realizada por el servidor público
durante su encargo y en caso de encontrar alguna irregularidad, fincarle la
responsabilidad de acuerdo a lo que establezca las leyes.
El legislador preocupado
por tal situación, y con el fundamento en el Título Cuarto de la Constitución,
referente a las responsabilidades de los servidores públicos, estableció en varias
disposiciones legales tendientes a regular la actuación de los servidores públicos, lo
cual dio como resultado, la existencia de un marco jurídico integral, tendiente a
vigilar, limitar y en su caso sancionar el actuar de los servidores públicos frente a los
gobernados, para efecto de otorgarle seguridad jurídica a todo gobernado, el cual es
poseedor de garantías individuales, mismas que deben ser respetadas por cualquier
autoridad del Estado, con independencia de su importancia o jerarquía.
Luego entonces, no hay
duda que la falta de cumplimiento en los deberes que impone la función pública da
nacimiento a la responsabilidad a que alude el propio marco constitucional y que puede ser
de orden administrativo, penal o político. Asimismo, existen otras responsabilidades a
saber la civil y la indemnizatoria.
Ahora bien, dentro de los
medios de control político, nuestra Constitución prevé en su Título Cuarto el juicio
político y la declaración de procedencia, encomendando el de-sarrollo de los mismos a un
órgano político, el Congreso de la Unión.
Luego entonces, y a fin de
asegurar la supremacía del orden constitucional estableció medios de control jurídico,
pero a efecto de lograr el normal funcionamiento de las instituciones que sustentan al
Estado, así como su adecuada nivelación, generó los medios de control político.
Por lo que se respecta a
la naturaleza jurídica del juicio político, ésta gira sobre hechos, no delictuosos y
concluye con la separación e inhabilitación, en su caso del alto funcionario que ha
perdido la confianza pública, por lo tanto es ajeno a la actividad judicial. Es decir, el
juicio político, es aquel juicio instaurado por las cámaras del Congreso de la Unión,
en contra de determinado funcionario publico; como resultado de la realización de
determinadas conductas que contrarían los intereses públicos fundamentales y originan la
responsabilidad política, entramándose de empleados federales o motivado por violaciones
a la Constitución y las leyes que de ella emanen o mal manejo de fondos federales,
entramándose de funcionarios estatales, imponiéndose como sanción, en caso de
encontrarse culpable desde la destitución del cargo hasta la inhabilitación por un
tiempo determinado para desempeñar funciones públicas.
La finalidad del juicio
político no es comprobar la existencia de un delito, sino la identificación de ciertas
conductas consideradas generadoras de responsabilidad, cuya gravedad debe juzgarse
criterio para separar al funcionario de su cargo.
El juicio político debe
aspirar a lograr una efectiva y eficiente aplicación de la Constitución y la ley a los
servidores públicos que, por integrar un poder público, por su jerarquía o por la
trascendencia de sus funciones afecten los intereses públicos fundamentales o a su buen
despacho.
Ahora bien, el artículo
110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena en su segundo
párrafo que: “Los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los
tribunales superiores de justicia locales y, en su caso, los miembros de los consejos de
las judicaturas locales, sólo podrán ser sujetos a juicio político en los términos de
este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de
ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este
caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicara a las legislaturas
locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda”.
Cómo se observa, en la
última parte de este párrafo hay un misterio que nos lleva a las siguientes
interrogantes ¿Para qué se comunicara a las legislaturas locales la resolución
declarativa?, ¿cuáles son las atribuciones que deben ejercitar? y ¿qué es eso de
proceder como corresponda?. El misterio o la ambigüedad en este sentido, nace como lo
diría el propio Eliziur Arteaga y cito: “que las disposiciones adolecen de los
mismos vicios que afectan al Título Cuarto de la Constitución como a la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos: imprecisión, precipitación y oscuridad.
Los estados al intentar desarrollar y cumplimentar en el nivel local el germen
constitucional, han ido a tientas; algunos recurren a fórmulas generales; otros, hacen
inoperante la función que la Constitución concede a las cámaras”, hasta aquí la
cita.
En ese orden de ideas
podemos decir, que además de resultar ocioso, confuso, ambiguo y una notable perdida de
tiempo, el de facultar a las legislaturas de los estados para en ejercicio de sus
atribuciones, procedan como corresponda, lo más delicado está en que puede llegar a
convertirse en inoperante la función de control constitucional que tiene el juicio
político, y que la autoridad federal, Congreso de la Unión, quede subordinado, relegado,
supeditado o sojuzgado como responsable de esta potestad de control por las autoridades
locales; y lo más grave es que el postulado de supremacía constitucional quede vulnerado
o descobijado por este medio de control.
Es este sentido afirmamos,
que la función de controlar la constitucionalidad debe recaer en las autoridades
federales en resoluciones y actos que no le deberían corresponde a las autoridades
locales basándonos en los principios de supremacía y fundamentalidad de la
Constitución, como ya se ha expuesto líneas atrás.
En efecto, como ya se dijo
se afirmado y trasladado en general a las autoridades federales la responsabilidad y la
potestad del control constitucional por medio de diversos instrumentos jurídicos. Lo
anterior en virtud del Pacto Fede- ral, por lo que las leyes locales quedan subordinadas y
subalternas a la Federación-leyes federales.
El federalismo mexicano
tiene que hacer hincapié en circunscribir la actuación de las autoridades locales a lo
dispuesto en la Ley Fundamental.
Si bien sabemos que el
modelo constitucional se ha constituido sobre la base del estado de derecho. Entre sus
principios fundamentales destaca, como ya se dijo, el de supremacía constitucional, que
implica la sujeción de los actos y disposiciones normativas al texto de la Carta Magna.
Con el propósito de garantizar la libertad y la seguridad jurídica, pues en ella se
establecen los limites jurídicos a los gobernantes. Para hacer efectiva la supremacía
constitucional se crean diversos medios de control son la finalidad de subsanar los
ataques a la misma.
Declarando la validez de
la norma o acto concreto a través de diversos procedimientos.
El objetivo fundamental,
histórico jurídico de la función de control constitucional consiste en la protección y
mantenimiento del orden constitucional realizados a cada caso concreto que se presente.
Es sabido, hay la
presencia de otros medios de control de regularidad constitucional que no son
jurisdiccionales, sino más bien político, entre ellos quedan comprendidos el órgano
revisor de la Constitución, el principio de la inviolabilidad constitucional, el juicio
político, las facultades de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en caso de violación a las garantías individuales. Por otro lado encontramos de igual
manera otros mecanismos jurisdiccionales de control constitucional, atendiendo con esto al
amparo, controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad de leyes o actos
de autoridad según su naturaleza, con peculiaridades que los distinguen con otros como
son la materia sobre la que versan.
La teoría del control de
la constitucionalidad se entiende en función de que existe algo que por su esencia y
atributo es formalmente superior, que por naturaleza es materialmente fundamental por que
él solo es original y todo el orden normativo restante es derivado y secundario.
Precisamente por estas
razones, consideramos indispensable que el juicio político tanto para altos funcionarios
federales como locales, deba ser conocido y resulto en definitiva por la autoridad
política federal; es decir, por el Congreso de la Unión. Debe descansar el control
constitucional, esencia de este juicio, en la autoridad del poder de la Federación, y no
en los congresos locales, como hasta hoy se establece. De ninguna manera la presente
iniciativa es en detrimento de la soberanía u autonomía de los estados ni mucho menos el
que se pretende debilitar el Sistema Federal Mexicano, por el contrario como ya se ha
sustentado, es con la finalidad de preservar el principio de supremacía constitucional.
En tal sentido se propone
eliminar lo relativo a que la resolución del Congreso de la Unión será únicamente
declarativa y que se comunicara a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus
atribuciones, procedan como corresponda, respecto a los juicios políticos contra y
establecer que será dicho Congreso de la Unión quien resolverá en definitiva y
consecuentemente el que deberá imponer la destitución o inhabilitación respectiva, en
los casos de juicio político contra los gobernadores de los estados, diputados locales,
magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y, en su caso, los miembros
de los consejos de las judicaturas locales, cuando hubieran habido violaciones graves a
esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo
indebido de fondos y recursos federales.1
Por las consideraciones
expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se reforma el
párrafo segundo del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo único. Se reforma el párrafo segundo
del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para
quedar como sigue:
“Artículo 110...
Los gobernadores de los
estados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y, en su
caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, sólo podrán ser sujetos
de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta
Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido
de fondos y recursos federales.”
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Las demandas de juicio político que se
hubieren presentado hasta antes de la fecha de la vigencia del presente decreto, se
regirán por la disposición constitucional anterior y consecuentemente las legislaturas
de los estados conocerán de los mismos para los efectos que procedan.
México, DF, a 3 de
diciembre de 2002.— Diputada Silvia América
López Escoffie.»
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La iniciativa agendada por
el Partido de la Revolución Democrática, a cargo del diputado Torres Mercado, se pospone
para la próxima sesión. Igualmente la agendada por el Partido Verde Ecologista de
México, a cargo del diputado Francisco Agundis Arias, se pospone para la próxima
sesión.
Continúe la Secretaria.
Tenemos minutas.
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
CC. Secretarios de la H.
Cámara de Diputados. Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que reforma los artículos 9,12 y 33 de la Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos.
Atentamente
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 9,
12 y 33 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar
como sigue:
Artículo 9.- Cualquier ciudadano, bajo su más
estricta responsabilidad podrá formular por escrito, denuncia contra un servidor público
ante la Cámara de Diputados por las conductas a las que se refiere el artículo 7 de esta
propia Ley y por las conductas que determina el párrafo segundo del artículo 5 de esta
misma Ley, por lo que toca a los Gobernadores de los Estados, Diputados a las Legislaturas
Locales y Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales. En el caso de ciudadanos,
pueblos y comunidades indígenas del país, serán asistidos por traductores para elaborar
la denuncia, si así lo solicita. Dicha denuncia podrá presentarse por escrito en la
lengua indígena.
Artículo 12.- ...
a) ...
b) Una vez ratificado el
escrito, la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados lo turnará a las Comisiones que
corresponda, para la tramitación correspondiente. Si se trata de una denuncia presentada
en lengua indígena, ordenará su traducción inmediata al español y lo turnará conforme
al procedimiento establecido;
...
Artículo 33.- ...
...
...
Todas las comunicaciones
oficiales que deban girarse para la práctica de las diligencias a que se refiere este
artículo, se entregarán personalmente o se enviarán por correo, en pieza certificada y
con acuse de recibo, libres de cualquier costo. Aquéllas que involucren a un ciudadano,
pueblo o comunidad indígena, podrán remitirse, a elección de éstos, en español o
traducirse a lengua indígena que cuente con expresión escrita.
TRANSITORIO
ARTÍCULO UNICO.- La presente reforma entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.- Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente; Sara I. Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.—
Arturo Garita, secretario general de Servicios Parlamentarios.»
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Túrnese a las comisiones de Gobernación y Seguridad
Pública y de Justicia y Derechos Humanos.
REINO DE ESPAÑA
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso a la ciudadana Marina Elvira Priscila Ruiz Maza, para
aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica en grado de
Encomienda, que le confiere el Gobierno de España.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la
ciudadana Marina Elvira Priscila Ruiz Maza, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden de Isabel la Católica en grado de Encomienda, que le confiere el Gobierno del Reino
de España.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.—
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Luis Enrique Mateo Franco Díaz de
León, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de
Cruz de Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano licenciado Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de Cruz de Oficial, que le confiere
el Gobierno del Reino de España.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano Valentín Díez Morodo, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden de Isabel la Católica en grado de Gran Cruz, que le confiere
el Gobierno del Reino de España.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Valentín Díez Morodo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de
Isabel la Católica en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de
España.
Salón se sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Luis Mauricio Peters Krayem, para
aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de Cruz, que le
confiere el Gobierno del Reino de España.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano licenciado Luis Mauricio Peters Krayem, para aceptar y usar la condecoración de
la Orden del Mérito Civil en grado de Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de
España,
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Nathan Wolf Lustbader, para aceptar
y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de Cruz de Plata, que le
confiere el Gobierno del Reino de España
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano licenciado Nathan Wolf Lustbader, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden del Mérito Civil en grado de Cruz de Plata, que le confiere el Gobierno del Reino
de España.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Jaime Virgilio Nualart Sánchez,
para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de Cruz, que
le confiere el Gobierno del Reino de España.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano licenciado Jaime Virgilio Nualart Sánchez, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de Cruz, que le confiere el Gobierno
del Reino de España.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso a la ciudadana embajadora Amanda Mireya Terán Munguía,
para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de Gran Cruz,
que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la
ciudadana embajadora Amanda Mireya Terán Munguía, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden del Mérito Civil en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino
de España.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano doctor Miguel Hakim Simón, para aceptar y
usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de Gran Cruz, que le
confiere el Gobierno del Reino de España.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano doctor Miguel Hakim Simón, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
del Mérito Civil en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano general de brigada DEM José Armando Tamayo
Casillas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de
Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano General de Brigada DEM José Armando Tamayo Casillas, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de Gran Cruz, que le confiere el
Gobierno del Reino de España.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado José Luis Romero Hicks, para
aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica en grado de Encomienda
de Número, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano licenciado José Luis Romero Hicks, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden de Isabel la Católica en grado de Encomienda de Número, que le confiere el
Gobierno del Reino de España.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso a la ciudadana licenciada Bertha Leticia Navarro Ochoa,
para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica en grado de Gran
Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la
ciudadana licenciada Bertha Leticia Navarro Ochoa, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden de Isabel la Católica en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del
Reino de España.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso a la ciudadana Claudia Mendoza Mendoza, para aceptar y usar
la condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de Cruz de Plata, que le confiere
el Gobierno del Reino de España.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la
ciudadana licenciada Claudia Mendoza Mendoza, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden del Mérito Civil en grado de Cruz de Plata, que le confiere el Gobierno del Reino
de España.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Julián Ventura Valero, para
aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de Cruz de
Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano licenciado Julián Ventura Valero, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden del Mérito Civil en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino
de España.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano Olegario Vázquez Raña, para aceptar y usar
la condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de Gran Cruz, que le confiere el
Gobierno del Reino de España.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Olegario Vázquez Raña, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del
Mérito Civil en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano almirante CG DEM José Luis Figueroa Cuevas,
para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de Encomienda
de Número, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Almirante CG DEM José Luis Figueroa Cuevas, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de Encomienda de Número, que le
confiere el Gobierno del Reino de España.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso a la ciudadana Sara Guadalupe Bermúdez Ochoa, para aceptar
y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de Encomienda de Número,
que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la
ciudadana Sara Guadalupe Bermúdez Ochoa, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden del Mérito Civil en grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno del
Reino de España.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano ministro Bernardo Córdova Tello, para aceptar
y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de Cruz de Oficial, que le
confiere el Gobierno del Reino de España.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano ministro Bernardo Córdova Tello, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden del Mérito Civil en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino
de España.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano embajador Gustavo Iruegas Evaristo, para
aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de Gran Cruz, que
le confiere el Gobierno del Reino de España.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano embajador Gustavo Iruegas Evaristo, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden del Mérito Civil en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de
España.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
REINO
DE SUECIA
La Secretaria Adela Cerezo Bautista:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano coronel de infantería DEM Fernando Gómez,
para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella Polar en grado de
Comendador, que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Coronel de Infantería DEM Fernando Gómez, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar en grado de Comendador, que le
confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano ingeniero Carlos Enrique López Araiza Genis,
para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar en grado de
Caballero, que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano ingeniero Carlos Enrique López Araiza Genis, para aceptar y usar la
Condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar en grado de Caballero, que le
confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso a la ciudadana embajadora Perla María Carvalho Soto, para
aceptar y usar la condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar en grado de
Comendador Primera Clase (completo), que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la
ciudadana embajadora Perla María Carvalho Soto, para aceptar y usar la condecoración de
la Orden Real de la Estrella Polar en grado de Comendador Primera Clase (completo), que le
confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de
los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII
Legislatura.— Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano capitán de navío CG DEM Francisco Ponce
Fernández de Castro, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Real de la
Estrella Polar en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Capitán de Navío CG DEM Francisco Ponce Fernández de Castro, para aceptar y
usar la condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar en grado de Oficial, que le
confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano doctor Julio César Margáin y Compeán, para
aceptar y usar la condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar en grado de
Comendador, que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano doctor Julio César Margáin y Compeán, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden Real de la Estrella Polar en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno
del Reino de Suecia.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Luis Enrique Mateo Franco Díaz, de
León, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar en
grado de Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano licenciado Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar en grado de Oficial, que le confiere
el Gobierno del Reino de Suecia.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de
los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII
Legislatura.— Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano doctor Miguel Hakim Simón, para aceptar y
usar la condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar en grado de Comendador
Primera Clase (completo), que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano doctor Miguel Hakim Simón, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
Real de la Estrella Polar en grado de Comendador Primera Clase (completo), que le confiere
el Gobierno del Reino de Suecia.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano General de Brigada DEM José Armando Tamayo
Casillas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar en
grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano General de Brigada DEM José Armando Tamayo Casillas, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar en grado de Gran Cruz, que le
confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Gustavo Ernesto Casillas Rocha,
para aceptar y usar la condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar en grado de
Comendador Primera Clase, que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano licenciado Gustavo Ernesto Casillas Rocha, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden Real de la Estrella Polar en grado de Comendador Primera Clase, que le
confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso a la ciudadana Sara Guadalupe Bermúdez Ochoa, para aceptar
y usar la condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar en grado de Comendador
Primera Clase (completo), que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la
ciudadana Sara Guadalupe Bermúdez Ochoa, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden Real de la Estrella Polar en grado de Comendador Primera Clase (completo), que le
confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Francisco Javier Ortiz Ortiz, para
aceptar y usar la condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar en grado de
Comendador Primera Clase, que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano licenciado Francisco Javier Ortiz Ortiz, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden Real de la Estrella Polar en grado de Comendador Primera Clase, que le
confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano arquitecto Pedro Cerisola y Weber, para
aceptar y usar la condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar en grado de Gran
Cruz que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano arquitecto Pedro Cerisola y Weber, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden Real de la Estrella Polar en grado de Gran Cruz que le confiere el Gobierno del
Reino de Suecia.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.—
Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Oscar Arturo Esparza Vargas, para
aceptar y usar la condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar en grado de
Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Atentamente.
México, DF, a 26 de
noviembre de 2002.— Senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano licenciado Oscar Arturo Esparza Vargas, para aceptar y usar la condecoración de
la Orden Real de la Estrella Polar, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno del
Reino de Suecia.
Salón de sesiones de la
Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de noviembre de 2002.— Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Presidente y Sara Castellanos Cortés, Secretaria.
Se remite a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios
Parlamentarios, Arturo Garita.»
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
LEY
ORGANICA DE LA ARMADA DE MEXICO
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
El siguiente punto del
orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de Ley Orgánica de la
Armada de México.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.—
Comisión de Marina.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Marina
de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y
dictamen correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto de Ley Orgánica de la Armada
de México, enviada por el Senado de la República de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta Comisión de Marina
con fundamento en las disposiciones contenidas en los Artículos 39 y 45 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 62 y 63 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, realizó
el estudio de la Minuta con Proyecto de Decreto emitido por la Cámara de Senadores,
relativo a la Iniciativa de Ley Orgánica de la Armada de México que le fue enviada por
el Ejecutivo Federal el seis de noviembre del 2001.
Consideraciones Constitucionales
La elaboración del
presente dictamen se fundamenta en las facultades otorgadas por la Constitución al
Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, así como en aquellas del mismo Congreso
para legislar sobre las Fuerzas Armadas Mexicanas.
El Congreso tiene facultad
para levantar y sostener a las Instituciones Armadas de la Unión, a saber: Ejército,
Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales y para reglamentar su organización y
servicio, de conformidad con el Artículo 73 fracción XIV de nuestra Carta Magna.
El Artículo 89 fracción
IV de la Constitución, faculta al Presidente de la República para nombrar con
aprobación del Senado, a los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército,
Armada y Fuerza Aérea; en tanto que, el Artículo 76 fracción II y el Artículo 78
fracción VII del mismo ordenamiento, otorgan facultades al Senado de la República y a la
Comisión Permanente del Congreso, respectivamente, para ratificar los nombramientos que
el Ejecutivo Federal haga de los coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada
y Fuerza Aérea Nacionales.
La Constitución confiere
al Presidente de la República la atribución de disponer de la totalidad de la fuerza
armada permanente o sea del Ejército terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza
Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 89 fracción VI.
El Artículo 123
Constitucional, Apartado B fracción XIII, señala que los militares, marinos, personal
del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones
policiales se regirán por sus propias leyes. El Estado proporcionará a los miembros en
activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada las prestaciones de seguridad social.
Antecedentes
Primero.- El seis de
noviembre del 2001, el Licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, en ejercicio de sus facultades Constitucionales, presentó ante el Senado de la
República la Iniciativa de Ley Orgánica de la Armada de México.
Segundo.- En esa misma
fecha, la citada iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva de la Colegisladora a las
Comisiones Unidas de Marina y Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.
Tercero.- Las Comisiones
Unidas de Marina y Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, efectuaron
reuniones de trabajo para la discusión y análisis del dictamen en comento.
Cuarto.- Las Comisiones
Unidas de Marina y Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, después
del análisis detallado de las atribuciones que le confiere la Constitución a la Armada y
de la normatividad que incide sobre la dependencia, así como de un amplio debate cuya
característica principal fue la pluralidad política de sus integrantes y del intercambio
de opiniones con funcionarios de la Secretaría de Marina, valoraron los motivos y
fundamentos de la iniciativa, estimando procedente su aprobación.
Quinto.- La Comisión de
Marina de la Cámara de Diputados, estimó necesario analizar detenidamente los
considerandos que la Colegisladora efectuó respecto a la Iniciativa del Ejecutivo,
enviando sus comentarios al respecto, con objeto de coadyuvar a una mejor interpretación
de los alcances y propósitos de la misma.
Sexto.- El 12 de noviembre
la Comisión de Marina creó la Subcomisión de Dictamen de la Ley Orgánica de la Armada
de México para formular el dictamen, teniendo como precedente la aprobación de la
iniciativa por el Senado de la República.
Séptimo.- En sesión
ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 14 de noviembre del año en curso, la
Mesa Directiva de este Órgano Colegiado turnó a la Comisión de Marina la Minuta
Proyecto de Ley Orgánica de la Armada de México, para su estudio y dictamen
correspondiente.
Análisis de las Consideraciones
del Senado
Compartimos con el Senado,
la apreciación de considerar como punto de especial atención el delito de piratería en
el mar y en el espacio aéreo; la primera, porque constituye una causal importante de
pérdidas para el Sector Pesquero y la segunda, porque tiene como ámbito de acción tanto
la superficie del mar como el espacio aéreo.
Se establece la
responsabilidad del Alto Mando ante el Mando Supremo, en torno a la organización
jurisdiccional de los sectores, subsectores y apostaderos navales que dependen
administrativa y operativamente de las regiones y zonas navales, que son autorizadas por
acuerdo del Mando Supremo, considerando para ello el presupuesto asignado.
El Senado de la República
hace notar que con el proyecto de ley los tribunales navales desaparecen; se dota de
autonomía a los organismos disciplinarios y se establece un recurso jurídico en contra
de las resoluciones de tales organismos, para otorgar a los militares navales la
posibilidad de defenderse ante situaciones de injusticia. Coincidimos con los Senadores en
que estas medidas son de suma importancia para el avance de la Institución y representan
un factor determinante para su reestructuración.
En cuanto a la erogación
presupuestal que implica la creación de órganos colegiados como la Junta de Almirantes,
los Consejos de Honor Superiores y Ordinarios, así como la Junta Naval, se estima que no
implicarían un mayor gasto presupuestal, ya que se integrarían con el personal que
orgánicamente forma parte de otras áreas de la Armada.
Por lo concerniente a los
servicios de la Armada se crea el Servicio del Medio Ambiente Marino, el cual quedará
integrado con el personal que cuente con los conocimientos técnicos y académicos para
tales propósitos, para optimizar no sólo la preservación de los recursos marinos en las
aguas jurisdiccionales, sino para aprovechar también, la formación especializada del
personal militar naval.
Se prevén además, un
régimen transitorio para que el personal naval de aquellos cuerpos que desaparecerán con
la minuta proyecto de decreto, continúe prestando sus servicios hasta causar baja. Con
estas disposiciones se garantizan los derechos del personal de la milicia auxiliar que fue
contratado con un grado superior al previsto en la iniciativa para que sea respetado y que
los requisitos para formar parte de la milicia permanente sean aquellos que hayan estado
vigentes al momento de su ingreso a la Armada.
Consideraciones de la Comisión de Marina de la
Cámara de Diputados
La Armada de México como
institución militar permanente tiene la encomienda de utilizar el poder naval de la
federación para garantizar la defensa exterior y la seguridad interior del país, y sus
atribuciones se relacionan con la cooperación para preservar el orden constitucional,
salvaguardar la soberanía y la integridad del territorio nacional, prevenir la
contaminación marina y auxiliar a la población en casos de emergencias por desastres
naturales, entre otras no menos importantes.
El ejercicio de tales
atribuciones requiere de una estructura administrativa y operativa con una alta capacidad
de respuesta, en donde la toma de decisiones se apoye en mecanismos que le permitan
afrontar contingencias de cualquier índole sin perder su efectividad de acción. Así, la
optimización de los recursos es condición fundamental para desempañar eficientemente
estas tareas, que demandan a su vez, de la capacitación y especialización del personal
militar y de la reestructuración de las zonas, regiones, sectores, subsectores y
apostaderos navales.
El Alto Mando tiene a su
cargo el diseño de las políticas y estrategias que exige la Armada para ejecutar con
eficacia, prontitud y eficiencia, las órdenes turnadas por el Mando Supremo. Por esta
razón, consideramos oportuno y necesario que se modifique el marco jurídico que regula
las actividades de la Secretaría de Marina, para dotar al Alto Mando de capacidad de
respuesta y margen de maniobra en la toma de decisiones, que por su trascendencia no
admiten demora alguna.
Coincidimos con la
propuesta del Senado, en que se definan las atribuciones, obligaciones y jurisdicción de
las zonas y regiones navales, para hacer frente a las necesidades administrativas y
operativas de esta dependencia que actúa como garante de la soberanía nacional y la
seguridad del país.
También nos parece un
acierto, que el dictamen prescriba lo relativo a los centros de educación naval, a los
becarios y a los compromisos de éstos con la Armada, requisito indispensable para contar
con recursos humanos que tengan conocimientos técnicos, técnico-profesionales,
profesionales, de especialización y postgrado, de acuerdo a las necesidades de la
Secretaría de Marina.
Otro de los avances que
observamos, es la creación de órganos consultivos del Alto Mando, que aportarán
elementos de juicio para normar criterios y asesorar la toma de decisiones tales como el
Consejo del Almirantazgo que interviene en las decisiones trascendentales de la Armada y
las Comisiones Coordinadora para la Designación de Cargos y la Coordinadora para
Ascensos, que proponen a oficiales para ejercer el mando y ascensos para todo el personal,
respectivamente.
Se estima pertinente la
creación de órganos disciplinarios integrados por la Junta de Almirantes y los Consejos
de Honor Superiores y Ordinarios, que tienen carácter autónomo y cuyas resoluciones son
obligatorias, sin que ello obste para que en caso de inconformidad, se pueda recurrir a un
organismo disciplinario superior al que emitió el fallo, salvaguardando así, los
derechos de los marinos ante situaciones de presuntas injusticias.
Finalmente, consideramos
que el dictamen que está a discusión es susceptible de aprobarse, porque no sólo
reestructura la organización de la infraestructura física y de combate de Armada de
México, sino que optimiza los recursos humanos y financieros, dotándola así, de un
marco regulatorio moderno y acorde con las necesidades operativas que requieren sus
actividades.
Por lo anteriormente
expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Marina, exhortamos a esta Honorable
Asamblea a que apruebe el siguiente:
DECRETO LEY ORGÁNICA DE
LA ARMADA DE MÉXICO
CAPÍTULO PRIMERO.
DE LA MISIÓN,
ATRIBUCIONES E INTEGRACIÓN DE LA ARMADA DE MÉXICO
Artículo 1.- La Armada de México es una
institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder
naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del
país.
Artículo 2.- Son atribuciones de la Armada de
México, las siguientes:
I. Organizar, adiestrar,
alistar, equipar y operar a las fuerzas que la constituyen para el cumplimiento de su
misión y ejercicio de sus funciones;
II. Cooperar en el
mantenimiento del orden constitucional del Estado Mexicano;
III. Realizar acciones
para salvaguardar la soberanía y defender la integridad del territorio nacional en el mar
territorial, zona marítimo-terrestre, islas, cayos, arrecifes, zócalos y plataforma
continental; así como en aguas interiores, lacustres y ríos en sus partes navegables,
incluyendo los espacios aéreos correspondientes, así como vigilar los derechos de
soberanía en la zona económica exclusiva;
IV. Proteger el tráfico
marítimo, fluvial y lacustre, en el área de jurisdicción federal y donde el Mando
Supremo lo ordene y, en coordinación con otras autoridades competentes mediante
convenios, establecer por instrucción del Mando Supremo las áreas de control al mismo,
incluidos los respectivos espacios aéreos;
V. Salvaguardar la vida
humana en la mar y en las aguas interiores, mediante operaciones de búsqueda, rescate y
salvamento en las aguas marinas nacionales e internacionales y en todas aquellas en las
que el Mando Supremo lo ordene;
VI. Proteger instalaciones
estratégicas del país en su área de jurisdicción y donde el Mando Supremo lo ordene;
VII. Auxiliar a la
población en los casos y zonas de desastre o emergencia; aplicando los planes
institucionales de protección civil, en coordinación con otras autoridades;
VIII. Proteger los
recursos marítimos, fluviales y lacustres nacionales;
IX. Garantizar el
cumplimiento del orden jurídico en las zonas marinas mexicanas por sí o coadyuvando con
las autoridades competentes en el combate al terrorismo, contrabando, piratería en el
mar, robo de embarcaciones pesqueras, artes de pesca o productos de ésta, tráfico ilegal
de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos, en los términos de la legislación
aplicable;
X. Realizar actividades de
investigación científica, oceanográfica, meteorológica, biológica y de los recursos
marítimos, actuando por sí o en colaboración con otras instituciones nacionales o
extranjeras, o en coordinación con dependencias del Ejecutivo;
XI. Intervenir, sin
perjuicio de las atribuciones de las dependencias del Ejecutivo, en la prevención y
control de la contaminación marítima, así como vigilar y proteger el medio marino
dentro del área de su responsabilidad, actuando por sí, o en colaboración con otras
dependencias e instituciones nacionales o extranjeras;
XII. Fomentar y participar
con las autoridades civiles en actividades socio-culturales y cívicas en aspectos
relacionados con el medio marítimo;
XIII. Realizar
levantamientos topográficos de los mares y costas nacionales y publicar la cartografía
náutica, así como la información necesaria para la seguridad de la navegación; y
participar y fomentar toda actividad relacionada con el desarrollo marítimo nacional;
XIV. Administrar y
fomentar la educación naval en el país, y
XV. Las demás que le
señalen las disposiciones aplicables y le encomiende el Mando Supremo.
Artículo 3.- La Armada de México ejecutará
sus atribuciones por sí o conjuntamente con el Ejército y Fuerza Aérea o en
coadyuvancia con las dependencias del Ejecutivo Federal, cuando lo ordene el Mando Supremo
o cuando las circunstancias así lo requieran.
Artículo 4.- La Armada de México está
integrada por:
I. Recursos humanos, que
se integran por el personal que presta sus servicios en la Armada, estando sujeto a las
leyes, reglamentos y demás disposiciones de orden naval y militar;
II. Recursos materiales,
constituidos por los bienes existentes y los que sean requeridos por la Armada para el
cumplimiento de su misión y ejercicio de sus atribuciones, y
III. Recursos financieros,
integrados por el presupuesto anual autorizado a la Armada de México.?
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN.
Artículo 5.- La Armada de México, para el
cumplimiento de su misión, ejercicio de sus atribuciones y desarrollo de sus operaciones
navales, comprende los siguientes niveles de Mando:
I. Mando Supremo;
II. Alto Mando;
III. Mandos Superiores en
Jefe;
IV. Mandos Superiores, y
V. Mandos Subordinados.
El Presidente de la
República es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Para efectos de esta Ley se le
reconocerá como Mando Supremo de la Armada de México.
Artículo 6.- Son atribuciones y obligaciones
del Mando Supremo las siguientes:
I. Disponer de la
totalidad de las fuerzas que constituyen a la Armada de México en los términos de la
fracción VI del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
II. Designar al Alto
Mando;
III. Designar a los mandos
superiores en Jefe;
IV. Permitir la salida del
país a los efectivos de la Armada de México, conforme al artículo 76 fracción III
constitucional;
V. Autorizar, mediante
Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la organización jurisdiccional
de las regiones y zonas navales, y
VI. Las demás
establecidas en esta Ley y disposiciones aplicables.
Artículo 7.- El Alto Mando lo ejercerá el
Secretario de Marina y será responsable ante el Mando Supremo del desempeño de las
atribuciones siguientes:
I. Elaborar, determinar y
ejecutar la política y estrategia naval considerando las recomendaciones del Consejo del
Almirantazgo;
II. Operar y administrar
el poder naval de la Federación;
III. Participar en la
formulación de los planes de seguridad nacional;
IV. Establecer, mediante
Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la organización jurisdiccional
de sectores, subsectores y apostaderos navales que se requieran para el funcionamiento de
la Armada, así como las áreas de control del tráfico marítimo en los términos
asentados en la fracción IV del artículo 2 de esta Ley;
V. Crear los
establecimientos y unidades operativas necesarias para incrementar la eficiencia en la
ejecución de las tareas de la Armada, con sujeción al presupuesto asignado;
VI. Proponer al Mando
Supremo la designación de los mandos superiores en Jefe y designar al Jefe del Estado
Mayor General de la Armada, así como a los mandos superiores y mandos subordinados;
VII. Presidir el Consejo
del Almirantazgo, y
VIII. Las demás que
establecen las leyes, reglamentos, así como las que le encomiende el Mando Supremo.
Artículo 8.- El Alto Mando para el cumplimiento
de sus atribuciones, contará con:
I. Estado Mayor General de
la Armada;
II. Fuerzas navales;
III. Regiones, zonas,
sectores, subsectores y apostaderos navales;
IV. Órganos colegiados;
V. Órganos de disciplina
y Junta Naval;
VI. Establecimientos, y
VII. Unidades operativas.
Asimismo, y para el
despacho de los asuntos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, el Alto Mando se
auxiliará con el Subsecretario, Oficial Mayor, Contralor Interno, Directores Generales,
Directores, Agregados Navales y demás servidores públicos que establezcan los
reglamentos de esta Ley, así como los órganos y unidades técnicos y administrativos,
centrales o desconcentrados, que también establezcan dichos reglamentos, los cuales
precisarán el número de ellos y las atribuciones que les correspondan.
Artículo 9.- Son mandos:
I. Superiores en Jefe, los
titulares de las fuerzas navales y los de las regiones navales; Superiores, los titulares
de las zonas navales, y
II.Subordinados, los
titulares de sectores, subsectores, bases aeronavales, flotillas, escuadrones aeronavales,
unidades de superficie y de infantería de marina y otros que designe el Alto Mando.
Artículo 10.- Los mandos pueden ser:
I. Titulares, los
designados con este carácter por el Mando Supremo o Alto Mando y quienes lo ejerzan
serán de la milicia permanente;
II. Interinos, los
designados con este carácter por la autoridad correspondiente, en tanto se nombra al
titular, y quienes lo ejerzan serán de la milicia permanente;
III. Accidentales, los que
se ejercen por ausencia temporal del titular o interino que le impida desempeñarlo, en
caso de enfermedad, licencias, vacaciones, comisiones fuera de la plaza u otros motivos, y
IV. Incidentales, los
desempeñados en los casos imprevistos por ausencia momentánea del titular o interino,
así como el que ejerce el Comandante más antiguo en reunión de fuerzas o unidades,
cuando no exista un Mando previamente designado.
Artículo 11.- En caso de ausencia temporal, el
orden y sucesión de Mando, se sujetará a lo siguiente:
I. El Alto Mando será
suplido por el Subsecretario y en ausencia de éste por la autoridad naval que el Alto
Mando designe;
II. Los mandos superiores
en jefe serán suplidos:
A.- En las fuerzas navales
por el Jefe del Estado Mayor, y
B.- En las regiones
navales por el comandante de zona más antiguo de su jurisdicción, y en la Región Naval
Central por el Jefe del Estado Mayor;
III. Los mandos superiores
serán suplidos por sus jefes de estado mayor, y
IV. Los mandos
subordinados serán suplidos por los jefes de grupo de comando, segundos comandantes o sus
equivalentes.
En los casos a que se
refieren las fracciones II a IV, las ausencias de quien deba suplir a los titulares,
serán cubiertas por el militar de mayor jerarquía perteneciente al mismo Cuerpo.
Artículo 12.- El Estado Mayor General de la
Armada es el órgano asesor del Alto Mando a quien auxilia en la planeación,
coordinación y supervisión de las operaciones requeridas para el cumplimiento de las
atribuciones asignadas a la Armada, transformando sus decisiones en directivas, órdenes e
instrucciones, supervisando su cumplimiento.
Estará integrado con
personal Diplomado de Estado Mayor y el personal especialista que sea necesario para el
cumplimiento de sus atribuciones. El titular será de la categoría de almirante.
Artículo 13.- Las fuerzas navales son el
conjunto organizado de hombres, buques, aeronaves y unidades de infantería de marina
capacitados para salvaguardar los intereses marítimos, conforme a las prescripciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las fuerzas navales se
organizan, adiestran y operan con: fuerzas de superficie, de reacción anfibia y
especiales, así como con unidades aeronavales, submarinas, antisubmarinas de minado, de
contraminado y de vigilancia marítima, mismas que recibirán apoyo logístico necesario
por conducto de las direcciones generales de la Secretaría de Marina, así como de las
regiones y sus establecimientos.
El Comandante de cada
Fuerza Naval será de la jerarquía de Almirante del Cuerpo General.
Artículo 14.- Las fuerzas de tarea son unidades
orgánicas operativas que se constituyen en forma temporal, con los medios necesarios para
cumplir una misión específica; el Mando de éstas será designado por el Alto Mando.
Artículo 15.- Las regiones navales son áreas
geoestratégicas que agrupan a zonas, sectores, subsectores y apostaderos navales. Serán
determinadas por el Mando Supremo.
Existirá la Región Naval
Central, en la ciudad de México, misma que se integrará con las unidades operativas y
con establecimientos navales en el área metropolitana.
Tener a su cargo la
concepción, preparación y conducción de las operaciones navales para la defensa
marítima del territorio en su área jurisdiccional.
Los mandos de las regiones
serán de la categoría de Almirante y estarán subordinados directamente al Alto Mando.
Artículo 16.- Las zonas navales son las áreas
geográfico-marítimas determinadas por el Mando Supremo, que agrupan a sectores,
subsectores y apostaderos navales, fuerzas adscritas, incorporadas y destacadas, así como
unidades y establecimientos que se encuentran dentro de su jurisdicción.
Tienen a su cargo la
concepción, preparación, conducción y apoyo logístico de las operaciones navales en su
área de responsabilidad.
Los comandantes de las
zonas serán de la categoría de Almirante, y estarán subordinados directamente al
comandante de la Región Naval correspondiente.
Artículo 17.- Los sectores navales son las
subdivisiones geográfico-marítimas, determinadas por el Alto Mando, que agrupan a
subsectores, apostaderos, unidades y establecimientos navales.
Tienen a su cargo la
concepción, preparación y conducción de las operaciones navales dentro de su
jurisdicción. Asimismo, brindan apoyo logístico a las unidades adscritas, incorporadas y
destacadas bajo su mando.
Los comandantes serán de
la categoría de Almirante del Cuerpo General y estarán subordinados al mando de la
región o zona naval que corresponda.
Artículo 18.- Los subsectores navales son
áreas determinadas por el Alto Mando, que agrupan a los apostaderos navales.
Tienen a su cargo la
conducción de las operaciones tácticas, así como el otorgamiento del apoyo logístico a
las operaciones navales que se desarrollen en su jurisdicción.
Están integrados por
personal, unidades y establecimientos navales. Los comandantes serán de la categoría de
Capitán del Cuerpo General y estarán subordinados al comandante de la zona o sector
naval que corresponda.
Artículo 19.- Los apostaderos navales son los
establecimientos situados en puertos, bahías e islas nacionales, que cuentan con la
infraestructura mínima necesaria para apoyar logísticamente a las unidades navales.
Pueden constituirse como
bases para las operaciones tácticas que se desarrollen; no se les considerarán límites
geográficos jurisdiccionales y su responsabilidad operativa en la zona marítima será de
acuerdo con la capacidad de los medios de que disponga.
Estarán a cargo de un
Capitán u Oficial destacamentado, subordinado al comandante de zona, sector o subsector
naval correspondiente.
Artículo 20.- Las brigadas navales son las
unidades operativas, pertenecientes a los mandos navales, responsables de proporcionar
servicios de índole naval y logístico destinados a satisfacer las necesidades de vida y
operación de las unidades adscritas o incorporadas, establecimientos y apostaderos
navales a fin de coadyuvar al cumplimiento de la misión encomendada al Mando de quien
dependan.
Estarán constituidas por
personal de las diferentes jerarquías del Cuerpo General y de los servicios.
Artículo 21.- Las unidades de superficie de la
Armada de México, adscritas a los mandos navales jurisdiccionales, estarán organizadas
en unidades de mar territorial y unidades oceánicas.
Artículo 22.- Los agrupamientos de infantería
de marina, adscritos a los mandos navales jurisdiccionales, se encargarán de proporcionar
principalmente seguridad militar a las instalaciones estratégicas para el desarrollo
nacional, ubicadas dentro de la jurisdicción de la Armada de México.
Artículo 23.- Los establecimientos de
educación naval tienen por objeto la capacitación, adiestramiento, formación y
especialización del personal de la Armada de México y, en su caso, de los becarios, en
los términos del Plan General de Educación Naval.
La Armada de México
contará con los establecimientos educativos necesarios para preparar los recursos humanos
que requiera a nivel técnico, técnico-profesional, profesional, especialización y
posgrado, de acuerdo con los recursos financieros que le sean asignados.
Artículo 24.- Los establecimientos de apoyo
logístico tienen por objeto satisfacer las necesidades de personal, material y servicios
que los mandos y unidades operativas requieran para el cumplimiento de sus funciones.
Entre éstos se consideran
los centros de abastecimiento, de mantenimiento, de personal, de sanidad, de transporte y
de instalaciones.
Artículo 25.- El Alto Mando de la Armada de
México contará con órganos asesores que le proporcionen elementos de juicio para la
toma de decisiones, que serán los siguientes:
I. El Consejo del
Almirantazgo reducido y ampliado;
II. La Comisión
Coordinadora para la Designación de Cargos, y
III. La Comisión
Coordinadora para Ascensos.
Artículo 26.- El Consejo del Almirantazgo es un
órgano de análisis para la concertación, acuerdo y toma de decisiones sobre asuntos
trascendentes para la Armada de México.
Funcionará y se
integrará en las modalidades de reducido y ampliado, de acuerdo a las disposiciones
reglamentarias que emita el Presidente de la República. En ambos casos, será presidido
por el Alto Mando.
Artículo 27.- La Comisión Coordinadora para la
Designación de Cargos es un órgano auxiliar que califica y selecciona al personal de las
jerarquías, desde oficiales hasta capitanes de fragata, para la asignación de cargos.
Estará integrada con
personal de la categoría de Almirante y funcionará de acuerdo a su manual de normas y
procedimientos. La presidirá el Jefe del Estado Mayor General.
Artículo 28.- La Comisión Coordinadora para
Ascensos es un órgano auxiliar que califica y selecciona al personal, desde marineros
hasta capitanes de corbeta, y los propone para ascenso, en términos de la legislación en
materia de ascensos del personal de la Armada de México, al grado inmediato superior.
Estará integrada con
personal de la categoría de almirantes y capitanes, y funcionará de acuerdo a su manual
de normas y procedimientos. La presidirá el Director General de Recursos Humanos.
Artículo 29.- Los órganos disciplinarios se
establecen para conocer, resolver y sancionar las faltas graves en contra de la disciplina
militar, en que incurra el personal de la Armada de México.
Artículo 30.- Los órganos disciplinarios son
la Junta de Almirantes y los consejos de honor superiores y ordinarios.
Tendrán como competencia
calificar la conducta o actuación del personal, así como conocer y sancionar las faltas
graves a la disciplina militar.
Funcionarán y se
organizarán conforme a su reglamento, a la Ley de Disciplina del Personal de la Armada de
México y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 31.- Los órganos disciplinarios
funcionarán con carácter permanente, sus resoluciones serán autónomas y aplicadas en
tiempo y forma sin que esto coarte la posibilidad de interponer el recurso de
inconformidad ante el organismo disciplinario superior al que emitió el fallo.
Sus resoluciones podrán
ser recurridas en un término de 15 días ante el organismo disciplinario superior al que
emitió el fallo.
De igual forma el Consejo
del Almirantazgo reducido conocerá de las resoluciones que emita la Junta de Almirantes.
Artículo 32.- La Junta Naval funcionará y se
organizará conforme a su propio reglamento y demás disposiciones aplicables; será
competente para conocer de las inconformidades que manifieste el personal respecto a:
I. Situaciones
escalafonarias;
II. Antigüedad en el
grado;
III. Exclusión en el
concurso de selección para ascenso, y
IV. Postergas.
Artículo 33.- Las resoluciones emitidas por la
Junta Naval serán autónomas y obligatorias. En caso de inconformidad, deberán ser
analizadas por el Consejo del Almirantazgo reducido.
Artículo 34.- Las unidades operativas son los
buques, aeronaves, fuerzas de infantería de marina, de reacción anfibia, especiales, de
minado y contraminado, submarinas, de trabajos y comando submarino, de artillería,
agrupamientos de infantería de marina, brigadas navales y otros recursos de la Armada de
México, mediante las cuales se cumplimentan las funciones tácticas que se derivan de la
misión y atribuciones de la propia Armada. Contarán con el personal del Cuerpo General y
de los servicios.
CAPÍTULO TERCERO
DEL PERSONAL
Artículo 35.- Para su clasificación el
personal pertenece:
I. A la milicia
permanente, o
II. A la milicia auxiliar.
Artículo 36.- El personal de la milicia
permanente se caracteriza por su estabilidad en el servicio y los que a ella pertenecen no
pueden ser destituidos de su jerarquía, sino por sentencia ejecutoriada del órgano de
justicia competente.
Pertenecerá a la milicia
permanente:
I. El egresado de las
escuelas de formación a quien se le expida el despacho de Guardiamarina o Primer Maestre;
II. El que, habiendo
causado alta como Marinero, obtenga por ascensos sucesivos la jerarquía de Primer Maestre
o equivalente y haya cumplido ininterrumpidamente cuatro años de servicio;
III. El que haya ingresado
como Marinero o Clase, deberá cumplir el requisito de temporalidad a que se refiere la
fracción siguiente a partir de la fecha en que obtenga la jerarquía de oficial, y
IV. El que cause alta en
la Armada como Oficial de la milicia auxiliar, cuando sus servicios se consideren
necesarios a juicio del Alto Mando, y reúna sin interrupción el tiempo de servicio
siguiente:
A.- Primer Maestre o
equivalente ... 4 años,
B.- Teniente de Corbeta
.................. 5 años,
C.- Teniente de Fragata
................... 7 años,
D.- Teniente de Navío
..................... 9 años.
Al personal mencionado que
haya sido adecuado de grado por estudios efectuados, se le computará el tiempo de
servicios en cada una de las jerarquías que haya ostentado.
Además de lo anterior, el
pase de la milicia auxiliar a la milicia permanente, previa solicitud del interesado,
estará sujeto al cumplimiento de los requisitos de conducta, edad, aptitud física y
profesional, conforme al reglamento respectivo.
Artículo 37.- El personal que se contrate
presentando carta de pasante de nivel licenciatura tendrá un plazo de un año, contado a
partir de la fecha en que cause alta en el servicio activo de la Armada de México, para
presentar el título y cédula profesional que corresponda. De no hacerlo, causará baja y
no podrá ser reenganchado.
Artículo 38.- El personal de la milicia
permanente, núcleo o escala de los diferentes servicios, podrá obtener las distintas
jerarquías conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Ascensos o realizando
estudios acordes a su profesión, por su cuenta y sin perjuicio del servicio, pudiendo
obtener los grados de:
I. Teniente de Corbeta,
con estudios de licenciatura;
II. Teniente de Fragata,
con especialidad o maestría, y
III. Teniente de Navío,
con subespecialidad o doctorado.
Lo anterior estará sujeto
a que dichos estudios resulten de utilidad a la Armada, a juicio del Alto Mando, y a que
exista vacante.
Artículo 39.- El personal de la milicia
auxiliar es el que presta sus servicios en forma temporal mediante contrato, así como los
cadetes y alumnos de las escuelas de la Armada.
La estancia en el servicio
activo de este personal estará sujeta a las disposiciones reglamentarias
correspondientes.
Artículo 40.- El personal de la milicia
auxiliar podrá ascender por adecuación de grado al efectuar estudios acordes a su
profesión, o de utilidad para la Armada, sin perjuicio del servicio, obteniendo un
título o diploma y cédula profesional, según corresponda, siempre y cuando exista
vacante.
Artículo 41.- Se consideran becarios, aquellas
personas de nacionalidad extranjera que se encuentran realizando estudios en los
establecimientos educativos de la Armada de México.
Los becarios no serán
considerados como personal de la Armada de México, pero quedan sujetos a la
reglamentación interna de los establecimientos educativos.
Artículo 42.- Atendiendo a su formación y
funciones, el personal se agrupa en Cuerpo General y servicios.
A su vez, el Cuerpo
General y los servicios están constituidos por núcleos y escalas. Los núcleos agrupan
al personal profesional, las escalas al técnico profesional y no profesional.
Artículo 43.- El núcleo del Cuerpo General
está constituido por personal egresado de la Heroica Escuela Naval Militar, quien podrá
realizar las especialidades que resulten necesarias para la Armada de México, en los
términos previstos en el Plan General de Educación Naval.
Los núcleos de los
servicios están constituidos por personal profesional procedente de establecimientos
educativos superiores de la Armada de México, o de otras instituciones de educación
superior tanto nacionales como extranjeras. Los estudios de estas últimas, para su
validez, deberán ser revalidados y reconocidos por la Secretaría de Educación Pública.
Artículo 44.- La escala técnico profesional
del Cuerpo General y de los servicios está integrada por el personal que haya realizado
estudios en escuelas reconocidas por la Secretaría de Educación Pública, de nivel
técnico profesional, con una duración mínima de tres años lectivos y que obtengan el
título y la cédula correspondientes.
Artículo 45.- La escala no profesional del
Cuerpo General y de los servicios está integrada por todo el personal que no esté
considerado en los artículos 42 y 43 de esta Ley.
Artículo 46.- Los servicios de la Armada de
México son:
I. Administración e
Intendencia Naval;
II. Comunicaciones
Navales;
III. Del Medio Ambiente
Marino;
IV. Docente Naval;
V. Electrónica Naval;
VI. Ingenieros de la
Armada;
VII. Justicia Naval;
VIII. Meteorología Naval;
IX. Músicos Navales;
X. Sanidad Naval, y
XI. Trabajo Social Naval.
Artículo 47.- Para ingresar a la Armada de
México se requiere:
I. Ser mexicano por
nacimiento;
II. No adquirir otra
nacionalidad;
III. Estar en pleno goce y
ejercicio de los derechos civiles y políticos,
IV. No contar con
antecedentes penales por delitos dolosos o intencionales; y
V. Reunir los requisitos
de edad, aptitud física y académica, así como de conducta que establece el reglamento
respectivo y demás disposiciones aplicables.
Artículo 48.- El reclutamiento del personal de
marinería se efectuará:
I. Por conscripción en
los términos de la Ley del Servicio Militar, y
II. Por contrato de
enganche voluntario, de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el mismo.
Artículo 49.- El reclutamiento del personal de
cadetes y alumnos se efectuará por contrato de enganche voluntario, de conformidad con
las condiciones y términos establecidos en el mismo, así como del reglamento respectivo.
Artículo 50 El personal de la milicia auxiliar
que no sea del Servicio Militar Nacional, se reclutará por contrato de enganche
voluntario, según las condiciones y términos establecidos en el mismo. Podrá
reengancharse o causar baja de acuerdo a lo contenido en la presente Ley y los reglamentos
correspondientes.
Artículo 51.- La capacitación y desarrollo del
personal tiene por objeto instruirlo con conocimientos y habilidades para el cumplimiento
de sus funciones dentro de la Armada de México, en los términos del Plan General de
Educación Naval.
Dicho Plan, establecerá
los requerimientos para cumplir los objetivos de:
I. Capacitación;
II. Adiestramiento;
III. Formación, y
IV. Especialización.
Estos objetivos, se
llevarán a cabo en las unidades y en los establecimientos de la Armada, así como en
otros centros educativos nacionales o extranjeros.
Artículo 52.- El personal designado para
efectuar cursos por cuenta de la Armada en centros educativos, nacionales o extranjeros,
ajenos a la misma, se comprometerá a prestar sus servicios conforme a las siguientes
reglas:
I. En planteles
nacionales, un tiempo de servicios equivalente a que duren sus estudios, y
II. En planteles
extranjeros, un tiempo de servicios de dos veces del tiempo que duren sus estudios.
Artículo 53.- El personal seleccionado para
efectuar cursos en establecimientos educativos de la Armada de México, deberá firmar un
contrato en el que se establezca la obligación de servir en la misma por un término
igual al de la duración de sus estudios.
La Armada de México
expedirá el título profesional, diploma o constancia correspondiente a los nacionales o
extranjeros que concluyan estudios en los establecimientos de educación naval, en los
términos en que lo señalen las disposiciones aplicables.
Artículo 54.- El personal desempeñará los
cargos y comisiones acordes a su cuerpo, servicio y jerarquía establecidos en las
planillas orgánicas de las unidades y establecimientos de la Armada de México, así como
los que se le nombren por necesidades del servicio, de conformidad con lo establecido en
esta Ley y demás ordenamientos aplicables.
Los cargos y comisiones
confieren al designado las atribuciones, obligaciones y responsabilidades que establecen
las disposiciones aplicables.
Artículo 55.- El personal que desempeñe un
cargo o comisión, podrá ser nombrado o reasignado a otro distinto, sin más trámite que
la orden de cambio emitida por el Mando facultado para ello.
Artículo 56.- Al personal del Cuerpo General le
corresponden las funciones siguientes:
I. Ejercer el Alto Mando,
así como el mando en regiones, fuerzas, zonas, sectores, subsectores, establecimientos,
instalaciones, unidades aéreas, a flote, de infantería de marina y demás que le
designen;
II. Operar y mantener las
unidades aeronavales, de superficie y de infantería de marina, armas, armamento marinero,
maquinaria naval y las que se requieran en la profesión naval, y
III. Desempeñar los
cargos y comisiones que se requieran para el cumplimiento de la misión y ejercicio de las
atribuciones de la Armada.
Artículo 57.- El personal de los servicios
desempeñará las funciones siguientes:
I. Ejercer los cargos y
comisiones inherentes a su servicio o especialidad;
II. Realizar las
actividades correspondientes a su profesión, especialidad u oficio, y
III. Desempeñar las
comisiones de carácter militar que se les asigne.
CAPÍTULO CUARTO
JERARQUÍAS Y ESCALAFONES
Artículo 58.- Las jerarquías en el personal
tienen por objeto el ejercicio de la autoridad, otorgando a su titular los derechos y
consideraciones establecidos en las leyes y reglamentos respectivos, e imponiendo las
obligaciones y deberes inherentes a la situación en que se encuentre.
Artículo 59.- El personal, por su jerarquía se
agrupará en las categorías siguientes:
I. Almirantes;
II. Capitanes;
III. Oficiales;
IV. Cadetes y alumnos;
V. Clases, y
VI. Marinería.
Artículo 60.- Las distintas categorías tienen
la siguiente escala jerárquica, cuyas equivalencias con las del Ejército y Fuerza Aérea
son:
VER TABLA
Artículo 61.- La categoría de Cadete
corresponde al personal que se encuentra efectuando estudios en la Heroica Escuela Naval
Militar, y la de Alumno, al que efectúa estudios en las Escuelas de Formación de la
Armada.
Tendrán las jerarquías
que establezcan los reglamentos de los establecimientos educativos y estarán sujetos a la
legislación militar con la jerarquía de Segundo Maestre.
Artículo 62.- Los ascensos de Cabo hasta
Capitán de Fragata, se otorgarán para cubrir vacantes mediante proceso de selección
conforme a lo previsto en esta Ley, en la Ley de Ascensos de la Armada de México y demás
disposiciones reglamentarias.
Artículo 63.- Los ascensos de Capitán de
Navío hasta Almirante serán conferidos de acuerdo a lo establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Ascensos de la Armada.
Para tal efecto, el Alto
Mando propondrá al Mando Supremo el personal que reúna los requisitos para ascender, y
le informará de las vacantes que existan para cada jerarquía.
Artículo 64.- El grado tope es la máxima
jerarquía que puede ostentar el personal de la Armada, del Cuerpo General y de los
diferentes servicios.
Quien alcance el grado
tope, en los términos en que lo establece esta Ley o la Ley de Ascensos de la Armada de
México, al cumplir cinco años en dicho grado percibirá una compensación mensual igual
a la diferencia de percepciones que exista entre el grado que ostenta y el inmediato
superior.
Cada cinco años dicha
compensación será aumentada a las percepciones que correspondan al grado inmediato
superior de los que perciba.
Artículo 65.- Se consideran como grados tope
los siguientes:
I. Para el Cuerpo General:
A.- Núcleo: de
Guardiamarina hasta Almirante, y
B.- Escala: de Marinero
hasta Teniente de Navío, y
II. Para los servicios:
A.- Núcleo: de Primer
Maestre hasta Vicealmirante,
B.- Escala técnico
profesional: de Tercer Maestre hasta Capitán de Corbeta, y
C.- Escala no profesional:
de Marinero hasta Teniente de Navío.
Los escalones jerárquicos
se regirán por las disposiciones de la legislación en materia de ascensos aplicable al
personal de la Armada.
Artículo 66.- El escalafón de la Armada de
México se formulará, agrupando al personal por Cuerpo y Servicios en orden descendente,
en razón de la jerarquía y antigüedad, señalando además las especialidades que
ostenten.
Cada miembro de la Armada
ocupará un sólo lugar en el escalafón que le corresponda.
Artículo 67.- El personal de la Armada de
México, podrá ser cambiado de Cuerpo o Servicio a petición del mismo, o por necesidades
del servicio, sujetándose a las siguientes reglas:
I. No perderá la
antigüedad en su grado, si el cambio es por necesidades del servicio, y
II. Perderá la
antigüedad en su grado, ocupando el último lugar en el escalafón que le corresponda a
su antigüedad, si es a solicitud del interesado; la nueva antigüedad contará a partir
de la fecha del cambio.
Artículo 68.- Al término de los estudios de
formación el personal de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar será promovido a la
jerarquía de Guardiamarina y los alumnos de las escuelas de formación egresarán con la
jerarquía de Primer Maestre.
Artículo 69.- El personal de clases del Cuerpo
General y servicios que concluya satisfactoriamente algún curso en los Centros de
Capacitación de la Armada de México, será candidato a ser promovido conforme a las
vacantes que existan.
Artículo 70.- Para los efectos de ratificación
de los nombramientos de Capitán de Navío hasta Almirante, a que se refiere la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Alto Mando remitirá la
documentación correspondiente a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Gobernación.
CAPÍTULO QUINTO
SITUACIONES DEL PERSONAL
Artículo 71.- El personal de la Armada de
México podrá encontrarse en alguna de las situaciones siguientes:
I. Activo;
II. Reserva, o
III. Retiro.
Artículo 72.- El personal se encuentra en
servicio activo cuando está:
I. Prestando sus servicios
en unidades y establecimientos navales, ya sea como voluntario o de acuerdo con lo
establecido en la Ley del Servicio Militar Nacional;
II. A disposición;
III. En situación
especial;
IV. En depósito, o
V. Con licencia.
Artículo 73.- Se encuentra a disposición:
I. El personal en espera
de órdenes para que le sea asignado cargo o comisión;
II. El personal que pase a
esta situación por resolución de organismo disciplinario, en los términos en que
dispone la Ley de Disciplina del Personal de la Armada de México;
III. El personal de
capitanes de navío, contralmirantes, vicealmirantes y almirantes que, como resultado del
procedimiento de evaluación del Consejo del Almirantazgo, fundado y motivado, no haya
sido seleccionado y resulte excedente para ocupar los cargos o comisiones que establezca
la estructura orgánica autorizada para estas jerarquías, y
IV. El personal de las
jerarquías de Oficial a Capitán de Fragata que, como resultado del procedimiento de
evaluación de la Comisión Coordinadora para la Designación de Cargos, fundado y
motivado, no haya sido seleccionado y resulte excedente para ocupar los cargos que
establezca la estructura orgánica autorizada para estas jerarquías.
Artículo 74.- El personal que se encuentre a
disposición, estará sujeto a las normas siguientes:
I. Mientras permanezca en
esta situación, de acuerdo a lo establecido en las fracciones II, III y IV del artículo
anterior, no será propuesto para ascenso;
II. En el caso de la
fracción II del artículo anterior, se le deducirá de la antigüedad en el grado que
ostente, el tiempo que dure a disposición y pasará a ocupar el lugar que le corresponda
del escalafón, y
III. El Alto Mando tendrá
la facultad para suspender o cancelar la situación a disposición a todo aquel personal
que se encuentre considerado en la fracción II del artículo anterior.
Artículo 75.- Se encuentra en situación
especial:
I. El que haya sido
comisionado en otras dependencias e instituciones federales, estatales y municipales, y
II. El que esté sujeto a
proceso y el que, cumpliendo condena, no haya sido destituido por sentencia.
Artículo 76.- Se consideran en depósito los
almirantes y capitanes de navío que lo soliciten, siempre que se les conceda por el Alto
Mando por un tiempo máximo de tres años ininterrumpidos o en fracciones.
El personal que se
encuentre en esta situación permanecerá sin comisión en el lugar que señale, sin
derecho a percibir sobrehaberes ni a ser propuesto para ascenso.
Artículo 77.- Las licencias que se conceden al
personal son las siguientes:
I. Menor;
II. Ordinaria;
III. Extraordinaria;
IV. Por enfermedad, y
V. Ilimitada.
Las licencias a que hace
referencia este artículo estarán sujetas a lo que establezca el reglamento
correspondiente.
Artículo 78.- La licencia menor es la que se
concede a solicitud del interesado, hasta por quince días por año calendario, en
periodos de 24 a 72 horas cada una, con la finalidad de resolver asuntos personales. A
quien se le conceda percibirá haberes, sobrehaberes y demás percepciones económicas.
Artículo 79.- La licencia ordinaria es aquella
que se concede a partir de las 96 horas y hasta por seis meses, a solicitud del
interesado, quedando sujeto a las siguientes normas:
I. Hasta por un mes,
percibirá haberes, sobrehaberes y demás percepciones económicas;
II. Hasta por tres meses,
percibirá únicamente haberes, y
III. En las licencias
mayores de tres meses, no percibirá haberes, sobrehaberes, compensaciones, ni demás
percepciones económicas.
Artículo 80.- La licencia extraordinaria, es
aquella que se concede al personal para separarse temporalmente del servicio por un
periodo de seis meses y un día hasta un año, únicamente si es para asuntos
particulares.
Esta misma licencia podrá
otorgarse al personal por el tiempo que sea necesario, siempre y cuando sea para el
desempeño de cargos de elección popular.
Quien solicite esta
licencia no percibirá haberes, sobrehaberes, compensaciones, ni demás percepciones
económicas, ni será ascendido mientras se encuentre gozando de la misma.
Artículo 81.- La licencia por enfermedad se
concederá de acuerdo al dictamen de la autoridad médica competente, hasta por seis
meses.
Se dará por terminada
cuando el interesado sea dado de alta o hasta que se expida el certificado de inutilidad
permanente.
A quien se le conceda,
únicamente percibirá haberes y sobrehaberes.
Artículo 82.- La licencia ilimitada es la que
se concede al personal para separarse del servicio activo por tiempo indefinido.
Al que se le conceda no
percibirá haberes, sobrehaberes, compensaciones, ni demás percepciones económicas.
Artículo 83.- Es facultad del Alto Mando
otorgar, modificar o cancelar las licencias establecidas en la presente ley, conforme a lo
dispuesto por el reglamento respectivo.
Artículo 84.- El personal que se encuentre
haciendo uso de licencia en cualquiera de sus modalidades se sujetará a lo establecido en
la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, respecto del
beneficio del servicio médico integral.
Artículo 85.- Baja es la separación definitiva
del servicio activo y procederá:
I. Por concretarse alguna
de las circunstancias siguientes:
A.- Defunción;
B.- Sentencia ejecutoriada
dictada por órgano de justicia competente;
C.- Declarado prófugo de
la justicia, tratándose de almirantes, capitanes y oficiales de la milicia permanente,
sin perjuicio del proceso que se les siga;
D.- Por faltar
injustificadamente tres días consecutivos el personal de la milicia auxiliar, sin
perjuicio del proceso que se les siga, o
E.- Cuando se adquiera
otra nacionalidad.
II. Por acuerdo del Alto
Mando en los casos siguientes:
A. Ausencia durante un
periodo mayor de dos meses, comprobada mediante los partes oficiales y procedimientos
judiciales; en caso de que apareciera y justifique su ausencia, podrá ser reincorporado
al servicio activo a juicio del Alto Mando;
B. Solicitud del
interesado que se considere procedente tratándose de almirantes, capitanes y oficiales;
C. Recomendación de
organismo disciplinario competente, para el personal de la milicia auxiliar;
D. Tratándose del
personal de la milicia auxiliar, incapacidad para el cumplimiento de las obligaciones
inherentes al servicio, en los casos siguientes:
1.- Encontrarse procesado
en el orden común o federal; de resultar absuelto podrá reingresar al servicio a juicio
del Alto Mando;
2.- Padecer, de acuerdo a
dictamen de autoridad médica naval competente, una enfermedad contraída como
consecuencia de actos ajenos al servicio y no contar a la fecha con más de cinco años de
servicio en la Armada, o
E. Tratándose de personal
de la milicia auxiliar, por terminación de su contrato o anticipadamente por no ser
necesarios sus servicios, conforme a las cláusulas de su contrato y demás disposiciones
legales. El afectado será escuchado en defensa dentro de los tres días siguientes a su
notificación, y
III. Por acuerdo de los
mandos superiores en jefe y mandos superiores, al personal de clases y marinería
encuadrados en unidades y establecimientos a su cargo, en los casos siguientes:
A. A solicitud del
interesado cuando no exista causa comprobada que lo obligue a permanecer en el servicio;
B. Por observar mala
conducta determinada por el Consejo de Honor de la unidad o dependencia a que pertenezca;
por colocarse en situación de no poder cumplir con sus obligaciones militares por causa
no imputable a la Armada de México; en ambos casos será escuchado en defensa, o
C. Por terminación de su
contrato o anticipadamente cuando se detecten hechos de falsedad en declaraciones o
documentación presentada para la acreditación de su situación y de sus
derechohabientes. El afectado será escuchado en defensa dentro de los tres días
siguientes a la notificación.
Artículo 86.- No se concederá baja, licencia
ilimitada, extraordinaria ni pase a depósito, por solicitud del interesado cuando el
país se encuentre en estado de emergencia o por necesidades del servicio.
Artículo 87.- Las reservas de la Armada son:
a). Primera Reserva, y
b). Segunda Reserva.
Artículo 88.- La primera reserva se integra con
personal físicamente apto de:
I. Almirantes, capitanes y
oficiales en situación de retiro y los oficiales que hayan causado baja del servicio
activo por solicitarla;
II. Clases y marinería
que hayan causado baja del activo por solicitarla, hasta la edad de treinta y seis años;
III. Oficiales, clases y
marinería del Servicio Militar Nacional, hasta las edades de treinta y seis, treinta y
tres y treinta años, respectivamente;
IV. Capitanes y oficiales
pertenecientes a la Marina Mercante Nacional;
V. El demás personal de
la Marina Mercante Nacional hasta la edad de treinta y seis años;
VI. Empleados civiles de
la Secretaría de Marina;
VII. Personal de
procedencia civil que tenga una profesión u oficio relacionado directamente con las
actividades marítimas o portuarias, y
VIII. Ciudadanos mexicanos
que así lo soliciten, quienes permanecerán en esta reserva hasta la edad de treinta
años.
Artículo 89.- La segunda reserva se integra con
el personal proveniente de la primera en los casos siguientes:
I. El comprendido en la
fracción II del artículo anterior hasta los cuarenta y cinco años;
II. El comprendido en la
fracción III del artículo anterior, hasta las edades de cincuenta, cuarenta y cinco y
cuarenta años, respectivamente;
III. El personal de la
Marina Mercante Nacional comprendido en la fracción V del artículo anterior hasta la
edad de cincuenta años, y
IV. El comprendido en la
fracción VIII del artículo precedente hasta la edad de cuarenta años.
Artículo 90.- Las reservas serán movilizadas
en los términos de la ley respectiva y serán empleadas en la forma que mejor convenga al
servicio.
Se llevará y mantendrá
actualizado un registro del personal que constituya cada una de las reservas.
El Alto Mando podrá
llamar a la primera o segunda reserva, en su totalidad, en parte o conjuntamente para
efectuar ejercicios o comprobar su existencia.
Artículo 91.- El personal del activo pasará a
situación de retiro de acuerdo con lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Artículo 92.- Es facultad del Alto Mando
ejercitar el derecho de retención en el activo al personal que se encuentre considerado
en la causal de retiro por edad límite y sean necesarios sus servicios, en tanto no se
hayan girado las órdenes de baja del servicio activo y alta en situación de retiro.
CAPÍTULO SEXTO
DEL MATERIAL
Artículo 93.- El material podrá encontrarse en
cualquiera de las situaciones siguientes:
I. En activo, aquel que
está en condiciones operativas, determinadas por las disposiciones reglamentarias;
II. En reserva, aquel que
puede ser activado para el servicio;
III. En fabricación,
construcción o modernización. Se encuentra en fabricación o construcción el que está
en este proceso para ser incorporado al servicio activo, y en modernización el material
en proceso para recuperar o actualizar los estándares operativos, y
IV. En trámite de baja,
el material que no es susceptible de recuperarse.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- La presente Ley abroga a la Ley
Orgánica de la Armada de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y tres, así como a su reforma del
doce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.
TERCERO.- El personal de los Cuerpos General e
Ingenieros Mecánicos Navales, creados por la Ley Orgánica de la Armada de México del
treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno, continuará prestando sus
servicios conforme a las disposiciones de la presente Ley hasta causar baja; estos cuerpos
quedarán en extinción.
CUARTO.- El personal del Cuerpo de Aeronáutica
Naval e Infantería de Marina a que se refieren los artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica
de la Armada de México del veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro,
continuará prestando sus servicios conforme a las disposiciones de la presente Ley hasta
causar baja; estos cuerpos quedarán en extinción.
QUINTO.- El personal de la milicia permanente
perteneciente a los servicios creados en la Ley Orgánica de la Armada de México del
veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y tres, con reformas y adiciones
publicadas en el Diario Oficial el doce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco,
continuará prestando sus servicios conforme a las disposiciones de la presente Ley,
pudiendo pasar a situación de retiro o causar baja en los términos en que lo establecen
las disposiciones aplicables.
SEXTO.- El personal de la milicia auxiliar que
posea un grado superior al máximo especificado en esta Ley, continuará prestando sus
servicios y podrá pasar a la milicia permanente en los términos de la Ley Orgánica de
la Armada de México del veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y tres, con
sus reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el doce de
diciembre de mil novecientos noventa y cinco.
“Sala de Sesiones de
la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados , a los 27 días del mes de noviembre de
2002”
Diputados: César Patricio
Reyes Roel (rúbrica), Presidente; Gral. José A. Vallarta Ceceña (rúbrica), secretario;
Julio C. Lizarraga López, secretario; Araceli Domínguez Ramírez (rúbrica), secretaria;
Miguel Barbosa Huerta (rúbrica), José Jaime Barrón Fonseca (rúbrica), José Alfredo
Botello Montes (rúbrica), Gustavo Carvajal Moreno (rúbrica), Eréndira Cova Brindis
(rúbrica), Raúl Covarrubias Zavala (rúbrica), Guillermo Díaz Gea (rúbrica), Neftalí
Escobedo Zoletto (rúbrica), Héctor Esquiliano Solís (rúbrica), José R. Escudero
Barrera, Gustavo González Balderas (rúbrica), Mercedes Hernández Rojas (rúbrica),
José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Rigoberto Garza Faz (rúbrica), Manuel Braulio
Martínez Ramírez (rúbrica), Angel Meixueiro González (rúbrica), Ricardo Ocampo
Fernández, Manuel Narváez Narváez (rúbrica), Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Vicente
Pacheco Castañeda (rúbrica), Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica), Rufino Rodríguez
Cabrera (rúbrica), Rigoberto Romero Aceves (rúbrica), Martha S. Sánchez González
(rúbrica), Héctor Sánchez López (rúbrica), Carlos A. Flores Gutiérrez.»
La Presidenta
diputada María Elena Alvarez Bernal:
Es de primera lectura.
Consulte la Secretaría a
la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a
discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
Por instrucciones de la
Presidencia con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le
dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén
por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le
dispensa la segunda lectura.
La Presidenta
diputada María Elena Alvarez Bernal:
Tiene la palabra el
diputado Julio César Lizárraga López para fundamentar el dictamen, de conformidad con
el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Julio César Lizárraga López:
Con el permiso de la
Presidencia; honorable Asamblea:
De conformidad con lo
dispuesto en los artículos 100 y 108 del Reglamento para el Gobierno Interior de los
Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Julio César Lizárraga López, a nombre
de la Comisión de Marina, acudo a esta tribuna para fundamentar el dictamen de Ley
Orgánica de la Armada de México que hoy sometemos a consideración del pleno de la
Cámara de Diputados.
Esta comisión
dictaminadora considera que la iniciativa de Ley Orgánica de la Armada de México es un
marco jurídico adecuado para regular y ordenar las actividades de la Secretaría de
Marina, ya que creemos que con este nuevo ordenamiento se dota al poder naval de aquellos
mecanismos que le permitan salvaguardar los mares y litorales mexicanos y garantizar la
soberanía y la seguridad del país en las aguas de jurisdicción nacional.
Las tareas que tiene
asignadas la Armada, son por su naturaleza sumamente delicadas, toda vez que tiene a su
cargo la seguridad nacional en los mares, la preservación del orden interior y la defensa
exterior, encomiendas cuyo cumplimiento exigen de una normatividad flexible, ágil y
expedita que permita tomar decisiones de manera inmediata y contar con un amplio margen de
maniobras y capacidad de respuesta para enfrentar situaciones en que esté en peligro la
soberanía y la seguridad del país.
Esta iniciativa de ley es
complementaria de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México que fue
aprobada recientemente por esta soberanía ya que los preceptos de ambos ordenamientos se
orientan a la reestructuración administrativa, militar y operativa de la Marina de
Guerra. Se definen de manera específica las atribuciones del mando supremo para disponer
de la totalidad de las fuerzas que constituyen la Armada de México para designar al alto
mando y a los mandos superiores en jefe y permitir la salida de efectivos del país,
preceptos que retoman las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos le confiere al titular del Poder Ejecutivo Federal en el artículo 89 fracción
VI y al Senado de la República en su artículo 86 fracción III para preservar y
fortalecer la distribución de competencias y la división de poderes que establece la
Carta Magna.
El dictamen prevé en su
articulado el reordenamiento de las regiones, zonas, sectores y subsectores navales así
como la creación de apostaderos navales, medidas todas ellas con las que se pretende que
el poder naval de la Federación cuente con la infraestructura y los recursos humanos y de
combate necesarios para ejecutar con eficiencia y prontitud, las tareas a su cargo.
Este proceso de
reestructuración se inscribe en el propósito de facilitar el cumplimiento de las
obligaciones del alto mando de ejecutar y elaborar la política y estrategia navales,
ejercer el poder naval, participar en la formulación de los planes de seguridad nacional,
organizar la jurisdicción de los sectores, subsectores y apostadores navales, crear los
establecimientos y unidades operativas necesarias y proponer al mando supremo la
designación de los mandos superiores en jefe.
Con la iniciativa de ley
que hoy nos ocupa, se delimitan las facultades y obligaciones de instancias como el Estado
Mayor General de la Armada, que es un órgano asesor del alto mando cuya encomienda es
auxiliar en la planeación, coordinación y supervisión de las operaciones requeridas
para el cumplimiento de las atribuciones de la Armada.
De igual manera, se
establecen las funciones de otros órganos asesores del alto mando como el Consejo del
Almirantazgo reducido y ampliado, la Comisión Coordinadora para la Designación de Cargos
y la Comisión Coordinadora para Ascensos, que aportan elementos de juicio para la toma de
decisiones en sus respectivos ámbitos de competencia.
Es importante mencionar
que el dictamen no sólo se ocupa de aspectos relacionados con el mando supremo, el alto
mando y los mandos superiores en jefe sino que también dedica alguno de sus apartados a
rubros importantes como la educación en los planteles de la Armada y en los del
extranjero.
Con estas medidas, se
persiguen dos objetivos fundamentales:
a) Formar cuadros con
conocimientos técnicos y profesionales de acuerdo a las necesidades de la Armada y
b) Garantizar que tanto
los egresados de los centros educativos de la Secretaría de Marina y quienes sean becados
para estudiar en escuelas del extranjero, se comprometan a trabajar para la dependencia
por un tiempo equivalente a la duración de sus estudios en el primer caso y del doble de
duración en el segundo supuesto.
La iniciativa incorpora
además una figura novedosa que funcionará como un factor de equilibrio. El recurso de
inconformidad en los casos de sanciones para que los militares cuenten con un medio legal
para presentar su desacuerdo ante un órgano superior al que emitió el fallo, con lo que
se garantizan los derechos de los militares navales y se les brinda la oportunidad de
defenderse de actos de injusticia de sus superiores jerárquicos.
De los diputados
integrantes de la Comisión de Marina, consideramos que este proyecto de ley es
susceptible de aprobarse ya que sus características intrínsecas lo convierten en un
instrumento jurídico moderno, dúctil y expedito que responde a las necesidades de la
Armada y permite dotarla de mecanismos eficientes y prácticos para la toma de decisiones
que por su trascendencia para la seguridad nacional no pueden ser diferidas sino que por
el contrario, deben ejecutarse con rapidez y oportunidad.
Tenemos la firme
convicción de que el dictamen representa un avance por lo que hace a la organización
administrativa y militar de la Armada pero también consideramos que es un acierto la
incorporación de disposiciones que se orientan a optimizar la infraestructura de combate
y la utilización de los recursos materiales y humanos con los que cuenta la Secretaría
de Marina.
Esto es de suma
importancia porque si analizamos los recursos que se destinan a las secretarías de
Defensa Nacional y de Marina en el Presupuesto de Egresos de la Federación y considerando
que ambas son instituciones militares de carácter permanente que tienen a su cargo tareas
vinculadas a la seguridad nacional y a la preservación de la soberanía y a la integridad
del territorio nacional, podremos observar que las fuerzas armadas requieren de un
incremento en sus presupuestos ya que en la materia de contingencias y en la lucha contra
el narcotráfico los ejercen de las partidas que se les asignan.
Por tal motivo creemos que
la Armada de México debe contar con un marco jurídico que le facilite el cumplimiento de
las labores encomendadas y que será necesario en el futuro cercano hacer una
reestructuración de los recursos presupuestales que se destinan a las instancias del
Gobierno Federal encargadas de la seguridad del país.
Por estas razones, los
diputados integrantes de la Comisión de Marina votaremos en lo general y en lo
particular, a favor del dictamen de la Ley Orgánica de la Armada de México y exhortamos
muy respetuosamente a los diputados de todos los grupos parlamentarios representados en
esta Cámara de Diputados a que voten favorablemente por el dictamen en comento.
Por tal, muchas gracias.
Presidencia de la diputada Beatriz
Elena Paredes Rangel
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Muchas gracias, señor
diputado.
Se han inscrito para fijar
la posición de su grupo parlamentario en lo general, los diputados: Julieta Prieto
Fuhrken, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Rufino
Rodríguez Cabrera, del grupo parlamentario del PRD; Vicente Pacheco Castañeda, del grupo
parlamentario de Acción Nacional; y José Alvaro Vallarta Ceceña, del grupo
parlamentario del PRI.
Tiene la palabra la
diputada Julieta Prieto Fuhrken del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, hasta por 10 minutos.
La diputada Julieta Prieto Fuhrken:
Con el permiso de la
Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 114 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados
Unidos Mexicanos, la suscrita Julieta Prieto Fuhrken, me permito a nombre de mi partido el
grupo Verde Ecologista de México fijar nuestra posición respecto al dictamen de la Ley
Orgánica de la Armada de México.
La Armada tiene la
obligación de mantener la soberanía en las zonas marinas nacionales como las pesqueras,
yacimientos de hidrocarburos, instalaciones estratégicas, comerciales y portuarias, vías
de comunicación marítimas, reservas ecológicas y polos de desarrollo turístico, ya que
son éstos los recursos potenciales de desarrollo del país en el ámbito marítimo.
El programa institucional
de la Secretaría de Marina establece como su columna vertebral el cumplimiento del
objetivo rector del Estado, defender la independencia, soberanía e integridad del
territorio nacional, asumiendo las medidas pertinentes en defensa del interés vital de la
nación.
Este objetivo general
exige el fortalecimiento de su estructura, agilizar el proceso de modernización de sus
unidades y equipos, para optimizar el desempeño de su personal y el empleo de los
recursos materiales y presupuestarios que tiene asignados, ya que son de suma importancia
en la correcta ejecución de la operación que la institución lleve a cabo en el mar,
aire y tierra.
Reconocemos los enormes
esfuerzos que realiza el personal de la Armada de México, para llevar a cabo la
operación de rescate y salvamento en el mar, el auxilio a la población civil en casos y
zonas de desastre, el combate frontal al narcotráfico, la delincuencia organizada, el
tráfico de armas, el terrorismo y el deterioro ambiental, actuando por sí o
conjuntamente con el Ejército y Fuerza Aérea Nacional.
En este contexto la Armada
de México, requiere de un nuevo ordenamiento legal que facilite y eficiente sus tareas en
beneficio del pueblo mexicano. Los diputados del Partido Verde Ecologista de México,
coincidimos con la propuesta del dictamen de reducir el aparato burocrático de la Armada,
mediante la compactación de su estructura administrativa sin afectar su eficiencia, así
como para evitar la duplicidad de funciones y la existencia de cargos y plazas que no
tienen una justificación operativa militar.
Otro de los avances que
constatamos es que se proporciona al personal militar el recurso de impugnación, cuando
vea menoscabados sus derechos por fallo de un órgano disciplinario, así como por lo
relativo a la disminución del tiempo, para pasar de la milicia auxiliar a la permanente.
Estimamos congruente y
necesaria la abrogación del los tribunales navales que conocerían los delitos del fuero
de guerra, ya que existe la Procuraduría de Justicia Militar y los tribunales militares
institucionales, encargados de conocer los delitos en contra de la disciplina militar.
Otro aspecto que resulta
importante destacar es la creación del servicio del medio ambiente marino, integrado por
personal con conocimiento técnico y profesional para cumplir con los objetivos y
atribuciones de la Armada de México, en la materia de protección de los recursos
marítimos, fluviales y lacustres nacionales, así como de realizar actividades de
investigación científica, oceanográfica, meteorológica, biológica y lo concerniente a
la prevención y control de la contaminación marítima.
Por lo anterior expuesto,
los diputados integrantes del Partido Ecologista Verde de México, solicitamos con todo
respeto a esta honorable Asamblea, tenga a bien emitir su voto aprobatorio para el
dictamen que hoy discutimos, ya que con él se beneficia el instituto armado, el personal
que lo conforma y finalmente el país.
Muchas gracias.
Presidencia de la diputada María Elena Alvarez
Bernal
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Gracias, señora diputada.
Para fijar la posición del Partido de la Revolución Democrática hará
uso de la palabra el diputado Rufino Rodríguez Cabrera, hasta por 10 minutos.
El diputado Rufino Rodríguez Cabrera:
Con el permiso de la
Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
Esta mañana he invitado a
los diputados de la fracción parlamentaria a la cual pertenezco, la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, a votar a favor de este
dictamen. Quiero hacer lo mismo con todos ustedes, compañeras y compañeros,
fundamentalmente porque consideramos que esta nueva Ley Orgánica de la Armada de México
contiene avances sustanciales que a nuestro juicio, y así lo he comentado, tienden a
humanizar el trabajo que realizan nuestros marinos.
Voy a decirlo así. En
condiciones muy precarias, con presupuesto recortado, hace algún tiempo registró la
prensa los problemas que tuvieron con algunos suministros en materia de combustibles los
marinos. La Armada de México realiza la defensa, la vigilancia y la defensa de nuestra
soberanía en todos nuestros litorales y déjenme decirles que siendo tan bastos nuestros
litorales, el trabajo lo realizan con muy escasos recursos.
Una virtud que hemos
notado tiene esta nueva ley, es el que se ha tendido a suavizar el trato entre los
marinos.
Miren. Un servidor de
ustedes ha hecho una propuesta para que se modifique la Ley Orgánica del Ejército y
Fuerza Aérea, en el sentido de que en esta ley se contempla la posibilidad de que los
arrestos sean hasta por 15 días. Noso-tros argumentamos que estos arrestos son
inconstitucionales porque en la Constitución se establece que únicamente este tipo de
sanciones por faltas administrativas deben ser hasta por 36 horas. Cuando se argumenta en
contra de esta idea que hemos planteado, se nos dice que por el fuero de guerra se hace
necesario que en la disciplina que se aplica en las fuerzas armadas de México, y en
éstas se incluye la Armada, debe permanecer la posibilidad de que se sancione hasta por
15 días a quienes cometan alguna falta o insubordinación.
Nosotros seguimos
sosteniendo que esto sigue siendo anticonstitucional y debe ser modificado, debe ser
reformado en la Ley Orgánica. En este caso la Ley Orgánica de la Armada contempla la
posibilidad de que se sancione únicamente hasta por ocho días, es decir, se vuelve un
poco menos inconstitucional. Sigue persistiendo el error, sin embargo como decíamos, se
humaniza más el trato.
Por otro lado, esta ley
también contempla la posibilidad, y es un avance, de que exista un órgano en donde las
inconformidades internas puedan ser canalizadas para ser resueltas internamente, lo que no
contempla la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea.
Por estas razones he
explicado a los compañeros de mi bancada, que un servidor de ustedes votó a favor en la
comisión y por esa razón quiero invitarlos para que en esta ocasión votemos
unánimemente por la aprobación de esta nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada de
México.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
El
diputado Vicente Pacheco Castañeda fijará la posición del Partido Acción Nacional.
Tiene el uso de la palabra
hasta por 10 minutos.
El diputado Vicente Pacheco Castañeda:
Con el permiso de la
Presidencia. Muy buenos días, compañeras y compañeros:
Con fundamento en las
disposiciones contenidas en el artículo 114 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, Vicente Pacheco Castañeda,
a nombre de mi grupo parlamentario, Acción Nacional, acudo a esta tribuna para fijar
nuestra posición respecto al dictamen de la Ley Orgánica de la Armada de México.
Consideramos que es un
buen proyecto y que es uno de los aspectos más relevantes, su modernidad, su
contemporaneidad, además del momento tan oportuno en que se presenta esta iniciativa de
ley.
Recientemente la Cámara
de Diputados aprobó la Ley de Disciplina de la Armada de México y en su oportunidad
manifestamos que dicho ordenamiento tenía en su complemento, tenía su complemento en
otro de igual trascendencia que es el dictamen que hoy se encuentra a discusión.
Consideramos que la
reestructuración del marco jurídico de las fuerzas navales, es una necesidad inaplazable
y comprende a las dos normas citadas, toda vez que la modificación estructural de la
Armada exige la redefinición operativa, administrativa y militar de las regiones, zonas,
sectores, subsectores y apostadores navales, esfuerzo que demanda la optimización de la
infraestructura física, del poder naval y de los recursos materiales y humanos.
Revalorando el papel de
estos últimos como la parte medular de la reestructuración de la marina, proceso de
modernización en el que la disciplina es un factor determinante para su consecución y
porque el espíritu que impulsa a las fuerzas armadas del país, se nutre de los
principios básicos que le dan sentido y norman las actividades de la milicia, el honor,
el cumplimiento del deber, la disponibilidad total, el valor, la obediencia y la capacidad
de sacrificio, incluyendo la vida.
Esto es así porque las
tareas encomendadas a la Armada de México conllevan por su esencia una alta
responsabilidad ya que de su cumplimiento depende la seguridad y la soberanía del país
porque esto exige estrategias y acciones que garanticen la defensa ante agresiones
externas para la preservación de la paz y el orden interior, el combate al narcotráfico,
el tráfico ilegal de mercancías y personas, el mantenimiento del orden constitucional y
la ayuda a la población en los casos de emergencias o desastres naturales.
Por eso es menester que el
poder naval cuente con un marco jurídico que le permita actuar de manera expedita ante
circunstancias que no permiten demora alguna y porque la toma de decisiones ante la
eminencia de un riesgo para la seguridad nacional, requiere flexibilidad y capacidad de
respuesta inmediata del mando superior para afrontar cualquier contingencia.
Compartimos la opinión de
que representa un notable avance la autonomía que se otorga a los órganos colegiados
como la junta de almirantes y los consejos de honor, superiores y ordinarios, instancias
disciplinarias cuyas atribuciones son las de calificar conductas del personal y sancionar
las faltas graves a la disciplina militar.
Se incluye en el mismo
apartado del dictamen una disposición que nos parece sumamente acertada y necesaria, la
figura de la apelación, mediante la cual no sólo se permite que el personal militar
acuda ante un órgano disciplinario superior al que emitió el fallo, sino que con este
recurso jurídico se salvaguarda los derechos de los marinos ante situaciones de
injusticias por parte de sus superiores.
Con la iniciativa de ley
que hoy nos ocupa, se ratifican las atribuciones que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos le confiere al Ejecutivo en el artículo 89 fracciones IV y VI,
mediante las cuales puede nombrar a los coroneles y demás oficiales del Ejército y la
Fuerza Aérea Armada, o sea del ejército terrestre, de la marina de guerra y de la Fuerza
Aérea para la seguridad interior y defensa exterior respectivamente.
Con el dictamen también
se convalidan las facultades que la Carta Magna le otorga al Senado de la República, toda
vez que en su artículo 76 fracciones II y III, se prescribe que los nombramientos de los
oficiales y jefes superiores a los que alude el artículo 89 requieren de la aprobación
del Senado, al igual que la disposición que haga el presidente del Ejército y de la
Armada y Fuerza Aérea.
Con estas disposiciones se
preserva la división de poderes y el régimen de competencias que consagra la
Constitución General de la República, facultando al Ejecutivo para determinar los
ascensos de los oficiales superiores de la Armada, pero sujetos al control de la Cámara
de Senadores.
El dictamen incorpora
además diversas prescripciones relativas a las suplencias en los diferentes niveles de
mando, con lo que se establece la responsabilidad permanente de que se encuentre algún
oficial al mando, señalando específicamente quien debe desempeñar el cargo en las zonas
navales, sectores, subsectores, bases aeronavales, flotillas, escuadrones, aeronavales,
unidades de superficie y de infantería de marina.
Se crean con la iniciativa
de ley, los órganos de asesoría del alto mando, como el consejo del almirantazgo, cuya
encomienda es el análisis y el acuerdo a la toma de decisiones trascendentales de las
secretarías y las comisiones coordinadoras para la designación de cargos y la
coordinadora para ascensos, que auxilien al secretario del ramo en la toma de decisiones
al calificar y seleccionar al personal para la asignación de cargos y de ascensos
respectivamente.
El dictamen delimita a
detalle lo concerniente al personal que pertenece a la milicia permanente y a la milicia
auxiliar, y propone que la reducción del tiempo en que estos últimos se capaciten para
formar parte de la milicia permanente, valorando para tal propósito aspectos tales como
conducta, edad, aptitudes físicas y formación académica y profesional.
Con esto se abre la
carrera de las armas a aquellos que sin ser egresados de los planteles educativos de la
Armada, cuenten con los méritos profesionales suficientes para incorporarse a la
Secretaría de Marina.
La iniciativa de ley
abunda sobre aspectos relacionados con los becarios que se preparan en las escuelas de la
Armada o en centros educativos de otros países, estableciendo con precisión los
compromisos que adquieren con la institución, una vez que han egresado de dichos
planteles.
De igual manera el
dictamen delimita las funciones del personal del cuerpo general y la del personal de
servicios, a los primeros les corresponde ejercer el alto mando y el mando en regiones,
fuerzas, zonas, sectores, subsectores, establecimientos, instalaciones unidades áreas, a
flote y de infantería de marina. En tanto que a los segundos, se les confieren labores
acordes con su servicio o especialidad, así como el desempeño de las actividades
militares que se les asignen.
Por lo que respecta a los
ascensos, el proyecto determina que quien alcanza el grado tope al cumplir cinco años en
dicho grado, recibirá una compensación mensual de igual magnitud a la diferencia de
percepciones, que exista entre el grado que ostenta y el grado inmediato anterior.
También prescribe lo relativo a la separación definitiva del servicio activo y las
causales, pero en algunos supuestos se le permite al afectado ser escuchado, para que
aporte todos los elementos y pruebas que juzgue conveniente para su defensa, con lo que se
le brinda la oportunidad, no sólo de defenderse, sino de garantizar su respeto a sus
derechos laborales y su reinstalación al servicio activo cuando sea procedente.
En general creemos que es
un buen dictamen, sin embargo, queremos dejar constancia de que no estamos de acuerdo con
la propuesta del Senado, en relación al artículo 6o. fracción IV que a la letra dice:
“son atribuciones y obligaciones del mando supremo las siguientes:…”
establece tres definiciones y la cuarta es con la cual manifestamos que no estamos de
acuerdo, y que es la relativa a permitir la salida del país a los efectivos de las
fuerzas armadas, conforme al artículo 76 fracción III de nuestra Constitución.
Con esta redacción, se
quedan fuera diversas hipótesis que operan en la realidad, por ejemplo, si los efectivos
de la Armada acuden a otro país para llevar ayuda humanitaria en casos de desastres
naturales, será en este caso algún requisito del Senado para que nuestras fuerzas
armadas puedan llevar ayuda humanitaria.
Y tenemos otros como son,
cuando se van persiguiendo algunos traficantes y por el hecho de que transgreden espacios
de otro país, pues ya no se les va a poder perseguir a estos señores.
En fin, eso es nada más
por lo que no estamos de acuerdo por eso, señores, creemos que no es sólo un proyecto
moderno, flexible, sino que la reestructuración del marco jurídico de la Armada de
México, es una necesidad insoslayable, para dotarla de un ordenamiento que le permita, de
manera expedita y con eficacia, realizar las tareas de su competencia.
Por estas razones,
compañeros, los diputados del grupo parlamentario de Acción nacional, votaremos en lo
general y en lo particular a favor del dictamen con proyecto de decreto de la Ley
Orgánica de la Armada de México.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
Finalmente
tiene la palabra para fijar la posición del Partido Revolucionario Institucional, el
diputado José Alvaro Vallarta Ceceña, hasta por 10 minutos.
El diputado José Alvaro Vallarta Ceceña:
Con su permiso, señora
Presidenta de la Mesa Directiva; honorable Asamblea:
La Secretaría de Marina,
como instituto militar, contempla dentro de sus atribuciones la de preservar el Estado de
Derecho; de lo anterior, la legislación que la rige debe ser moderna y acorde con las
necesidades operativas que se requieren, ya que dentro de sus objetivos se encuentra el de
modernizar las estructuras y procedimientos educativos, logísticos y administrativos de
la Armada en un marco de calidad, eficiencia, oportunidad, equidad, transparencia y
respeto a los derechos humanos.
Por lo que a esta Ley
Orgánica que ahora se presenta para su aprobación, acumula diversos criterios que
permitirán a los altos mandos tener la capacidad de respuesta y margen de maniobra en la
toma de decisiones que, por su transparencia, no admiten demora, logrando así el buen
desempeño de las funciones y atribuciones encomendadas.
De lo anterior, podemos
mencionar que se dota de autonomía a los organismos disciplinarios también,
estableciendo un recurso jurídico en contra de las organizaciones de tales organismos por
los que los tribunales desaparecen. Reorganización de unidades, considera como punto
especial el delito de piratería en el mar y en el espacio aéreo.
La Secretaría de Marina,
tiene como objetivo fundamental defender la independencia, soberanía e integridad
nacionales. Para el cumplimiento de lo anterior, requiere de un marco jurídico que brinde
a los integrantes de las fuerzas armadas la seguridad jurídica para un óptimo desempeño
de sus funciones.
En ese orden de ideas, con
esta nueva ley se fomenta y exige de sí mismo un espíritu de cuerpo, valor, sacrificio,
lealtad y disciplina a fin de garantizar el éxito de las misiones que se le asignan.
Por todo eso y lo que
también agregaron y dijeron y argumentaron los compañeros de los partidos el PRD, el
PAN, queremos el apoyo de todos ustedes para que se apruebe por unanimidad esta nueva Ley
Orgánica de la Armada Nacional.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
En virtud de que no se han
registrado oradores para la discusión en lo general, consulte la Secretaría a la
Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra
suficientemente discutido en lo general.
Los diputados que estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén
por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente
discutido en lo general.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Para los efectos del
artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si
se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha
reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría se
abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y
en lo particular, del proyecto de ley en un solo acto.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
Háganse los avisos a que
se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema
electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular
del dictamen.
(Votación.)
Se emitieron 420 votos en
pro, cero en contra y dos abstenciones.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Aprobado en lo general y en lo particular el
proyecto de ley, por 420 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el
proyecto de Ley Orgánica de la Armada de México.
Pasa el Ejecutivo para los efectos constitucionales.
LEY GENERAL DE SALUD
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
El siguiente punto del
orden del día, es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma el
artículo 376 de la Ley General de Salud.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.—
Comisión de Salud.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Salud le
fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma
el articulo 376 de la Ley General De Salud, para que la vigencia del registro sanitario se
restrinja a cinco años, a fin de que se garantice la eficiencia, calidad y seguridad de
los medicamentos, esta iniciativa es presentada por el diputado Neftali Salvador Escobedo
Zoletto, del grupo parlamentario del P.A.N., en la sesión de la Comisión Permanente del
miércoles 17 de julio de 2002.
Los integrantes de esta
Comisión dictaminadora, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos
39 numerales 1º y 3º, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a
la consideración de los miembros de la Honorable Asamblea, el Presente dictamen de
conformidad con la siguiente:
METODOLOGÍA
La Comisión encargada del
análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo
conforme el procedimiento que a continuación se describe:
I. En el capítulo de
“ANTECEDENTES” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de
inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos
previos de la Comisión.
II. En el capítulo
correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se exponen los motivos y alcance
de la propuesta de reforma en estudio.
III. En el capítulo de
“CONSIDERACIONES”, la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de
valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar en lo
general la iniciativa en análisis.
ANTECEDENTES
1. En sesión celebrada
por el Pleno de la Comisión Permanente el miércoles 17 de julio de 2002, el Diputado
Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el articulo 376 de la Ley
General de Salud, para que la vigencia del registro sanitario se restrinja a cinco años,
a fin de que se garantice la eficiencia, calidad y seguridad de los medicamentos.
2. La Mesa Directiva, en
la misma fecha acordó turnarla a la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados,
correspondiente a la LVIII Legislatura.
3. La Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga en su artículo cuarto, párrafo
tercero, a todo individuo el derecho a la protección de la salud, garantía que implica
el acceso a los servicios de atención médica, así como también incluye la protección
de la sociedad contra riesgos a la salud que pueden ser ocasionados por el uso de
medicamentos, dispositivos e insumos médicos, entre otros.
4. Dicha protección a la
salud, en su componente de protección contra riesgos sanitarios, se ejerce a través del
control y regulación sanitaria, atribución que compete a la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios.
5. Por ello de conformidad
con lo que establece el artículo 44 en su numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso, la
Mesa directiva de la Comisión de Salud, encomendó a su Primera Subcomisión denominada
“Asistencia Médica” preparara el dictamen respectivo, por lo cual ésta llevó
a cabo reuniones de trabajo entre sus integrantes, en las que se analizaron y discutieron
ampliamente la iniciativa, tanto en su exposición de motivos, como la reforma propuesta.
6. Así mismo, los
integrantes de la Comisión se encargaron de preparar el dictamen tomando en
consideración las aportaciones de los Diputados de los diversos grupos parlamentarios,
además de las opiniones que se recogieron de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios e investigación realizada por los miembros de la Comisión que
resuelve.
II.- CONTENIDO DE LA
INICIATIVA
Referente a su exposición
de motivos, manifiesta el proponente que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, otorga a todos los individuos en su artículo cuarto, párrafo tercero, a todo
individuo el derecho a la protección de la salud, garantía que implica no sólo el
acceso a los servicios de atención médica, sino que también incluye la protección de
la sociedad contra riesgos a la salud que pueden ser ocasionados por el uso, entre otros,
de medicamentos, dispositivos médicos y otros insumos médicos.
Considera que dicha
protección a la salud, en sucomponente de protección contra riesgos sanitarios, se
ejerce a través del control y regulación sanitaria, atribución que compete a la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Señala que en el caso de
medicamentos y otros dispositivos médicos (equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas
funcionales, agentes de diagnósticos, insumos de uso odontológico, materiales
quirúrgicos, de curación y productos higiénicos) la regulación sanitaria comprende el
otorgamiento de registros sanitarios, que tradicionalmente tenían una vigencia
indeterminada. Pero considera que los avances tecnológicos y científicos en materia de
medicamentos y dispositivos médicos hacen conveniente que la vigencia del registro
sanitario se restrinja a cinco años, a fin de que la autoridad sanitaria cuente con el
sustento jurídico que le permita revisar periódicamente la formulación de medicamentos,
lo que permitirá que se garantice su eficiencia, calidad y seguridad. De igual manera
señala que lo anterior es congruente con los criterios y la normatividad vigente en el
ámbito internacional, yaque los países más avanzados como los que conforman la Unión
Europea, así como Estados Unidos y Japón, por mencionar algunos, restringen a cinco
años la vigencia de los registros de medicamentos y demás insumos para la salud.
Asimismo, comenta el
proponente, que la vigencia limitada de los registros sanitarios de medicamentos y demás
insumos para la salud permitirá a las autoridades sanitarias:
a) Retirar del mercado
aquellos que ya no se justifiquen terapéuticamente o constituyan otras desventajas
terapéuticas como son las reacciones adversas en el ámbito de impacto de la salud de las
personas;
b) conocer el universo de
medicamentos vigentes en el mercado su utilidad terapéutica; y,
c) contar con un padrón
de registro de medicamentos real y confiable, que permita su actualización permanente al
eliminarse aquellos registros que no sean comercializados y respecto de los cuales no se
solicite renovación de registro.
Expone el diputado
proponente que resulta importante la posibilidad de que la autoridad sanitaria se
encuentre facultada, durante el proceso de renovación de los registros sanitarios, de
exigir de los solicitantes las pruebas de intercambiabilidad que comprueben la eficacia
del medicamento según sea el caso en concordancia con la normatividad internacional de
los países de mayor desarrollo tecnológico.
CONSIDERACIONES
A continuación, esta
comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los
motivos que sustentan la decisión de respaldar en lo general la iniciativa en análisis,
considerando que la participación en actividades de fármacovigilancia, contribuir a la
educación sanitaria de la población, incidir en el cumplimiento terapéutico y realizar
estudios de utilización de medicamentos, entre otras, son actividades necesarias para que
el sector Salud mantenga una vigilancia de calidad. Por lo que resulta importante señalar
que el objetivo básico y central del uso de fármacos, es modificar el curso natural de
la enfermedad disminuyendo la morbi-mortalidad de la población. Consideramos los
integrantes de esta Comisión de Salud, que la realización de este objetivo es la meta
del Sistema Nacional de Salud, así como usar medicamentos eficaces, desterrando de la
farmacopea personal, y a corto plazo, de la farmacopea mexicana, todos aquellos
medicamentos de eficacia no comprobada, con indicaciones dudosas o no acreditadas de una
forma unánime por la comunidad científica.
Los integrantes de esta
Comisión dictaminadora sabemos que los costos de los fármacos tienen otro impacto muy
cercano sobre los pacientes; los precios medios de los medicamentos han tenido un
incremento y todas aquellas personas que no gozan de gratuidad en la prestación, deben
abonar un precio significativo en numerosos medicamentos de uso común como antibióticos
o analgésicos, así como aquellos medicamentos indicados para el tratamiento de
enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, la hipertensión arterial,
cardiopatías, etc. Las alternativas más económicas entre fármacos bioequivalentes, el
fomento del uso de los genéricos, la prescripción ajustada a las necesidades del
paciente y no a los “gustos” o intereses del médico, constituyen compromisos
básicos con la población perteneciente a la clase más desprotegida. La microeconomía
de la salud también debe jugar un papel en la mejora de la calidad de la prescripción de
los médicos familiares que trabajan en el Sistema Nacional de Salud.
Actualmente existe
competencia entre los países desarrollados y nuestro país, no sólo en medicamentos
autorizados para su comercialización, sino también en el número absolutamente excesivo
de diferentes marcas para un mismo producto (verbigracia: la gran cantidad de marcas de
sales, antibióticos, antihipertensivos, hipoglucemiantes, antipiréticos, etc.).
Consideramos a su vez, que
otro aspecto controvertido es la existencia y autorización de un gran número de
medicamentos homólogos, es decir sustancias relacionadas química y terapéuticamente que
no presentan diferencias significativas sobre el producto previamente existente. En
nuestra opinión, esta gran oferta no contribuye precisamente a un conocimiento amplio y
detallado de los medicamentos para un uso correcto.
Citamos como referencia lo
que expresaba Lunde en 1979:
“No se ha demostrado
nunca que un número infinito de fármacos dé lugar a mayores beneficios para la salud
pública que un número más limitado de productos. Por el contrario, la existencia de un
número elevado de medicamentos puede dar lugar a confusión a todos los niveles de la
cadena del medicamento y constituir un excesivo gasto de recursos humanos y
económicos”.
En los últimos años se
han incorporado en nuestro sistema nacional de Salud los medicamentos Genéricos
intercambiables ( G.I.) los cuales ya han demostrado su eficacia terapéutica en países
como Canadá y USA, dichos medicamentos representan un alivio a la economía de la
población pues tienen precios más accesibles y tienen la misma calidad, a continuación,
esta Comisión dictaminadora, describe la información en relación a lo que son los
fármacos denominados Genéricos Intercambiables (G.I.).
Un medicamento G.I., es el
aquel que por haber expirado la patente que le daba exclusividad a un determinado
laboratorio para producirlo, puede ahora elaborarlo diversos laboratorios, tiene las
mismas características que el medicamento original y aparece en las farmacias sólo con
el nombre genérico del medicamento, es decir, el nombre de la sustancia activa y se
encuentra en el catálogo de medicamentos genéricos intercambiables( G.I.) ofrecido por
distintos laboratorios. Las ventajas del medicamento G.I. que persigue la Secretaría de
Salud, es el de obtener medicamentos con la misma calidad y efectos terapéuticos de los
de marca comercial y con el beneficio de poder obtenerlos a un precio más económico.
Un medicamento G.I. se
puede comprar cuando la receta del médico indique el nombre genérico y no señale una
marca comercial así como cuando el medicamento que se prescribe, se encuentre en la lista
del catálogo de genéricos intercambiables. Igualmente el paciente puede solicitar al
médico que le prescriba un medicamento G.I..
Los medicamentos G.I. que
conforman el catálogo son aquellos registrados por los laboratorios que producen
medicamentos en México y que aparecen en el catálogo. Es importante mencionar que se han
incorporado poco a poco más medicamentos a dicho catalogo.
El Diario Oficial de la
Federación ( D.O.F. ) del 19 de marzo de 1998 publicó el catálogo de insumos para ser
susceptibles de incorporarse al catálogo de medicamentos Genéricos Intercambiables, así
como las pruebas que deberán aplicárseles para tal fin.
Se menciona que para
acreditar la intercambiabilidad de los medicamentos genéricos intercambiables se
determinó que las pruebas a que éstos deben sujetarse son las de perfil de disolución o
bioequivalencia, de conformidad con los criterios que establece el D.O.F. . Para
determinar el tipo de prueba que corresponde a cada medicamento se toma en cuenta su
naturaleza, forma farmacéutica, uso terapéutico y farmacocinética.
Los criterios que se
consideran para determinar el tipo de prueba que debe aplicarse para acreditar a un
medicamento como genérico intercambiable ( G.I.), son las siguientes:
I. Los medicamentos que no
requieren someterse a pruebas de disolución o bioequivalencia son:
a) Las soluciones acuosas
para uso parenteral, en las que se mantengan las condiciones del medicamento innovador;
b) Las soluciones orales
exentas de excipientes conocidos que modifiquen los parámetros farmacocinéticos;
c) Los gases;
d) Los medicamentos
tóxicos de uso no sistémico, cuya absorción no implique riesgo;
e) Los medicamentos para
inhalación en solución acuosa, y
f) Los medicamentos para
inhalación en suspensión, que demuestren que el tamaño de la partícula es equivalente
con el innovador.
II. Todos los medicamentos
sólidos orales, con excepción de los que se encuentran en alguno o más de los supuestos
señalados en la siguiente fracción, deberán someterse a pruebas de perfil de
disolución.
III. Los medicamentos que
deberán someterse a pruebas de bioequivalencia son.
a) Los medicamentos
sólidos orales, con fármacos que requieran para su efecto terapéutico de una
concentración estable y precisa, por tener una margen terapéutico estrecho;
b) Los medicamentos
empleados para enfermedades graves;
c) Los medicamento de los
cuales se tenga conocimiento, por reportes previos, que tiene problemas de
biodisponibilidad, como es el caso cuando presentan una pobre absorción; un efecto de
primer paso acentuado, metabolismo hepático mayor del 70%; eliminación presistémica;
ventana de absorción y cenética no lineal;
d) Los medicamentos que
presenten propiedades fisicoquímicas adversas, como baja solubilidad, inestabilidad y
otras similares;
e) Los medicamentos que
tengan una forma farmacéutica de liberación modificada;
f) Los medicamentos que
presenten una proporción elevada de excipientes respecto del principio activo;
g) Los medicamentos que
sean de administración tópica para efecto sistémico, como supositorios, parches
transdérmicos, gel?s de aplicación en mucosas y otros similares;
h) Las combinaciones fijas
de principios activos para acción sistémica;
i) Los medicamentos que
sean de administración tópica de efecto no sitémico, cuya absorción sea riesgosa, los
cuales deberán demostrar mediante un estudio de biodisponibilidad su no absorción, y
j) Los antibióticos en
presentación sólida con vía de administración oral, que previamente a la prueba de
bioequivalencia deberán realizar, como parte de las pruebas de control de calidad, un
estudio de concentración mínima inhibitoria.
En este mismo Diario
oficial se publicó el primer listado de medicamentos que podrían incorporarse al
Catálogo de Medicamentos Genéricos intercambiables.
En el Diario Oficial del
26 de enero de 1999 se publicó el proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-177-SSA1-1998,
que establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es
intercambiable, definiendo como medicamento genérico intercambiable, a la especialidad
farmacéutica, con igual concentración o potencia, que utiliza la misma vía de
administración y con especificaciones farmacopéicas iguales o comparables, que después
de cumplir con las pruebas reglamentarias requeridas, ha comprobado que sus perfiles de
disolución o su biodisponibilidad u otros parámetros, según sea el caso, señalando
también que, son equivalentes a las del medicamento innovador o producto de referencia, y
que se encuentra registrado en el catálogo de medicamentos genéricos intercambiables y
se identifica con su denominación genérica.
Para la Norma Oficial el
perfil de disolución se define como la determinación experimental de la cantidad de
fármaco disuelto a diferentes tiempos, en condiciones experimentales controladas, a
partir de la forma farmacéutica se denomina fármaco bioequivalente, a los equivalentes
farmacéuticos en los cuales no se observan diferencias significativas en la velocidad y
cantidad absorbida del fármaco, cuando son administrados ya sea en dosis única o dosis
múltiples bajo condiciones experimentales.
El medicamento de
referencia, es el medicamento indicado por la Secretaría de Salud como tal, que cuenta
con el registro de dicha dependencia, se encuentra disponible comercialmente y es
seleccionado conforme a los siguientes criterios:
a) Medicamento innovador
(en caso de no existir, cualquiera de los siguientes en el orden en que aparecen).
b) Producto cuya
bioequivalencia esté determinada,
c) Producto que cuente con
el registro más antiguo ante la autoridad sanitaria y que haya demostrado su eficacia y
seguridad y
d) Producto con una
correlación in vitro- in vivo establecida.
El perfil de disolución o
el estudio de bioequivalencia del medicamento de prueba se debe realizar con un lote
estándar de producción o bien con un lote escalado, que asegure que no se modifica
significativamente la reproducibilidad de los perfiles de disolución cuando lotes
subsecuentes del medicamento se elaboren de acuerdo con la NOM-.059-SSA1-1993 y que cuente
con un certificado de análisis. En caso de realizarse la prueba de bioequivalencia,
además de los perfiles de disolución, ambas pruebas deben llevarse acabo con los mismos
lotes del producto de prueba y de referencia.
Las conclusiones de las
pruebas de intercambiabilidad son válidas para todos los lotes subsecuentes del
medicamento de prueba que se elaboren de acuerdo con la NOM-059-SSA1-1993, que incluyan la
validación del proceso de producción. En caso de que el proceso de producción, equipo,
calidad de los componentes y criterios de aceptación se modifiquen significativamente, o
bien, que haya algún cambio significativo en la formulación, es necesario realizar
nuevamente la prueba.
Dentro de los criterios y
requisitos para la evaluación de perfiles de disolución en formas farmacéuticas de
liberación inmediata, se mencionan entre muchos otros:
• Realizar los
perfiles de disolución con 12 unidades, tanto del medicamento de prueba como del de
referencia, en las mismas condiciones experimentales.
• El método de
valuación del perfil de disolución se debe registrar por escrito antes de realizar el
estudio, incluyendo las condiciones experimentales como medio de disolución, aparato
utilizado, velocidad de agitación, método de análisis tiempo de muestreo, forma de
muestreo y fórmula del cálculo.
• Las condiciones
experimentales para realizar la comparación del perfil de disolución deben ser las
establecidas por las Norma Oficial Mexicana. En caso de que las condiciones no existan de
ésta, se aceptan las descritas en las farmacopeas reconocidas internacionalmente. En caso
de que no exista información se deberá realizar la prueba de bioequivalencia.
Para realizar el perfil de
disolución, deben seleccionarse por lo menos cuatro tiempos de muestreo que permitan
caracterizar apropiadamente la curva ascendente, pero los tiempos de muestreo deben ser
suficientemente espaciados a lo largo del perfil de disolución.
El método debe demostrar
una linealidad con al menos 5 puntos por triplicado, con un coeficiente de regresión
mayor o igual que 0.99 y un error debido a la regresión no mayor que el 3%.
El informe final del
estudio de disolución debe incluir lo siguiente:
1. Descripción de los
medicamentos; denominación común internacional, denominación genérica, denominación
distintiva, forma farmacéutica, dosis, número de lote, fecha de caducidad y fabricante.
2. Las condiciones de
prueba; aparato utilizado, medio de disolución, velocidad de agitación, temperatura del
medio, tiempos de muestreo, volumen de la alícuota tomada, indicando si hubo o no
reposición del medio de disolución.
3. Breve descripción del
método analítico para la disolución.
4. Resumen de los métodos
para la valoración y uniformidad de contenido
5. Resumen de la
validación de los métodos analíticos
6. Resultados analíticos
7. Dictamen
Con respecto a los
criterios y requisitos para realizar la prueba de bioequivalencia en humanos, nos
permitimos describir algunos de estos:
• Cada protocolo de
un estudio clínico, debe cumplir con lo señalado en la Ley General de Salud y en el
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud.
• Cada protocolo debe
ser revisado y aprobado por el coordinador general o investigador principal, ser sometido
a los comités de ética y de investigación de la institución responsable del estudio.
• Los voluntarios que
participan en el protocolo deben tener edades entre 18 y 55 años con un peso +/- 10% del
ideal, deben ser sanos, lo que se determina por medio de la historia clínica y pruebas de
laboratorio y gabinete.
• El número de
voluntarios debe calcularse por métodos estadísticos adecuados y no debe ser inferior a
12 por grupo de estudio.
• El muestreo debe
realizarse por un periodo que permita cubrir por lo menos el 80% del área bajo la curva
de concentración plasmática (como mínimo 4 vidas medias, en el caso de sangre o 7 vidas
medias en el caso de orina).
• Se deben obtener
muestras de sangre por lo menos en once diferentes
• Debe elaborarse un
informe detallado del estudio. El informe debe contener:
1. Descripción de los
medicamentos;
2. denominación común
internacional
3. denominación genérica
4. denominación
distintiva
5. forma farmacéutica
6. dosis
7. número de lote
8. fecha de caducidad y
fabricante
9. La documentación
completa del protocolo
10. Todos los datos
individuales
11. Gráficas y tablas de
interpretación
12. Observaciones
procedentes sobre la realización del estudio
13. La evaluación del
estudio de bioequivalencia
14. Conclusión del
estudio
15. La firma autógrafa
del responsable del estudio
Se deben incluir los
cromatogramas de la validación del método y presentar el informe de validación
analítica.
Por otro lado,
aprovechando las circunstancias de permisión para la venta de los medicamentos(G.I.)
fueron registrados algunos medicamentos ante la Secretaría de Salud, y hasta la fecha
estos fármacos no han sido aprobados como Genéricos Intercambiables.
Es importante destacar que
la terapia farmacológica prescrita por el médico, la cual es la base fundamental para el
restablecimiento del estado patológico del individuo, constituye el mecanismo de acción
para combatir la etiología y sintomatología de las enfermedades, es decir, que posterior
al diagnostico realizado por el medico, ( el cual se basa en el historial clínico,
anamnesis, estudios de laboratorio, gabinete, etc.), se indicará el fármaco más
apropiado para el cuadro clínico del paciente.
Resulta elemental
enfatizar que el cambiar el medicamento prescrito por el médico, desencadena alteraciones
en la patología existente, que pone en riesgo la vida del paciente. En el caso de las
enfermedades crónico- degenerativas como la hipertensión si esta no es controlada con el
fármaco apropiado, en forma rápida se desarrollan alteraciones anatomopatológicas,
esclerosis arteriolar generalizada, acelerando la aterogenesis y riesgos de aneurismas,
hemorragia intracraneal, estenosis hasta fibrilación ventricular causando infartos y la
muerte,es por ello que la administración del fármaco apropiado en cuanto a su
efectividad es trascendental para mantener la salud de los individuos, el emplear
fármacos que no cuentan con los parámetros que garantizan esta acción, el estado de
salud del paciente se agrava súbitamente, aumentando días de recuperación, disminuyendo
su capacidad productiva, y aunque el medicamento sea más económico el deterioro del
núcleo familiar se ve afectado, pues las enfermedades mal tratadas, son causa de
tratamiento intra hospitalario, lo que origina aun más el daño económico y el deterioro
del paciente, pues muchos padecimientos dejan daños irreversibles que requieren
tratamiento permanente incluyendo terapia física de rehabilitación, causando aumento del
gasto familiar, y lo que resulto en un principio mas barato origino a corto plazo daños a
la salud y gastos inesperados.
De lo anterior, los
miembros de esta Comisión dictaminadora concluimos que el uso de un medicamento que no
garantiza su efectividad, lejos de aliviar perjudica la salud, economía y bienestar de la
población.
Por otro lado es
importante destacar que las metas que establece el Programa Nacional de Salud 2001 - 2006,
en su estrategia 3 y en especial en las líneas de acción 3.1 y 3.2 asienta como objetivo
primordial la disminución de padecimientos como la diabetes y el control de las
enfermedades cardiovasculares y la hipertensión arterial, dichas patologías se
encuentran entre las primeras causas de muerte en nuestro país, en el caso de la diabetes
los índices de mortalidad durante los últimos 5 años, se han incrementado notablemente,
por lo que es importante resaltar que el uso y la administración del medicamento
apropiado, es decir aquel que reúne los requisitos ya mencionados, podrá mejorar
valiosamente la salud de los mexicanos, disminuir la morbi-mortalidad y mejorar su calidad
de vida.
Asimismo la Secretaría de
salud a emitido diversos acuerdos con la finalidad de fortalecer las acciones encaminadas
al respaldo de los medicamentos Genéricos Intercambiables (G.I.), dichos acuerdos han
incrementado periódicamente el número de medicamentos del catálogo de (G.I). y con el
objeto de fortalecerlos el 7 de junio de 2002, emitió un Acuerdo por el que se establece
que las instituciones públicas del sistema nacional de salud, deberán comprar
medicamentos genéricos intercambiables (G.I.), es decir, para este año 2002 el Sector
Salud , dará preferencia a los medicamentos genéricos intercambiables sobre los
innovadores.
En el aspecto jurídico,
esta Comisión considera que la iniciativa, en términos de facultad para legislar por
parte del Congreso Federal, así como su inserción en el marco legal y el sentido de la
misma, encuentra respaldo en las disposiciones normativas que se describen en párrafos
siguientes. Como mencionamos, los integrantes de esta Comisión dictaminadora al principio
de la exposición de motivos, nuestra constitución en su artículo cuarto dispone como
uno de los denominados derechos sociales la protección de la salud de los individuos;
entendiendo el concepto de salud no solo como la ausencia de enfermedad, sino como el
estado de completo bienestar físico, mental y social en un contexto ecológico-social
propicio para su sustento y desarrollo, lo cual incluye la protección contra riesgos
sanitarios. Además de que la protección de la salud se consagra constitucionalmente como
un derecho; cabe mencionar que nuestra Carta Magna faculta al Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos a legislar, como lo establece la fracción XVI, en salubridad general.
Por su parte, La ley
General de Salud en su Titulo Primero, capítulo Único, artículo 3º define las áreas
que se consideran materia de salubridad general de donde, para efecto de comentar el
proyecto de iniciativa remitido, resalta la fracción XXIII con el siguiente texto:
ARTICULO 3
En los términos de esta
ley, es materia de salubridad general:
I.- XXII............
XXIII. El control
sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición final
de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnostico,
insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos
higiénicos;
XXIV-XXVIII............
Esté artículo es
desarrollado en el título duodécimo “Control Sanitario de productos y servicios y
de su importación y exportación”, donde se establece que la Secretaría de Salud
tiene la facultad para emitir las normas oficiales mexicanas a que deberá sujetarse el
proceso de los productos a que se hace referencia. Ahí se fijan las normas relativas al
control sanitario de alimentos bebidas alcohólicas y no alcohólicas, medicamentos,
prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnostico, insumos de diagnostico,
insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación, de productos
higiénicos, de perfumería, belleza y aseo, tabaco, plaguicidas, fertilizantes y
substancias tóxicas, así como las reglas para su importación y exportación.
Del mismo modo, La Ley
General de Salud en su título decimosexto dicta las normas y características generales a
que se sujetan las autorizaciones sanitarias y los certificados. Se menciona que las
autorizaciones se otorgan tanto por la federación como por las entidades federativas en
al ámbito de sus respectivas competencias, en los casos en que se requiera licencia,
permiso o registro. Algo importante a destacar es que este título, no obstante que
establece que el registro sanitario será por tiempo indefinido, estipula en el artículo
378 que la autoridad sanitaria competente podrá revisar las autorizaciones, además de
que en el capítulo segundo contempla los casos en que procede su revocación.
Coincidiendo con el
proponente; en la actualidad, el otorgamiento de registros sanitarios tiene una vigencia
indeterminada, sin embargo los avances tecnológicos y científicos en materia de
medicamentos y dispositivos médicos hacen conveniente que la vigencia del registro
sanitario se restrinja a cinco años, a fin de que la autoridad sanitaria cuente con el
sustento jurídico que le permita revisar periódicamente la formulación de medicamentos,
lo que permitirá que se garantice su eficiencia, calidad y seguridad; lo anterior tal
como se expone en la iniciativa que se dictamina, sería congruente con los criterios y la
normatividad vigente en el ámbito internacional, ya que los países más avanzados como
los que conforman la Unión Europea, así como Estados Unidos y Japón, por mencionar
algunos, restringen a cinco años la vigencia de los registros de medicamentos y demás
insumos para la salud.
Así la vigencia limitada
de los registros sanitarios de medicamentos y demás insumos para la salud permitirá a
las autoridades sanitarias:
1. Retirar del mercado
aquellos medicamentos que ya no se justifiquen terapéuticamente o constituyan otras
desventajas terapéuticas.
2. Conocer el universo de
medicamentos vigentes en el mercado su utilidad terapéutica; y,
3. Contar con un padrón
de registro de medicamentos real y confiable, que permita su actualización permanente.
Consideramos que resulta
importante el hecho de que la autoridad sanitaria se encuentre facultada, durante el
proceso de renovación de los registros sanitarios, de exigir de los solicitantes las
pruebas de intercambiabilidad que comprueben la eficacia del medicamento en concordancia
con la normatividad internacional de los países de mayor desarrollo tecnológico.
El análisis de la
redacción actual del artículo que se pretende reformar es la siguiente:
ARTICULO 376
Requieren registro
sanitario los medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que
los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de
diagnostico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación y
productos higiénicos; así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias
tóxicas o peligrosas. el registro solo podrá ser otorgado por la secretaria de salud y
será por tiempo indeterminado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 378 de
esta ley.
El artículo tal y como
está establecido en la Ley, contiene los siguientes elementos:
• Que bienes
requieren registro sanitario,
• Que autoridad es la
encargada de emitirlo y
• Cual es la vigencia
del mismo.
Por su parte la propuesta
remitida para su análisis y dictamen se redacta en los siguientes términos:
ARTICULO 376
Requieren registro
sanitario los medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que
los contengan, los dispositivos médicos, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales
y substancias tóxicas o peligrosas. el registro solo podrá ser otorgado por la
secretaría de salud. en el caso de los insumos para la salud el registro tendrá una
vigencia de 5 años la cual podrá prorrogarse por plazos iguales a solicitud del
interesado, en los términos y condiciones que establezcan las disposiciones
reglamentarias. si el interesado no solicitara la prorroga dentro del plazo establecido
para ello, la secretaría de salud procederá a cancelar el registro correspondiente.
Considerando los elementos
contenidos en la redacción actual y la pertinencia de respetarlos, toda vez que no se
está impulsando modificaciones en otras disposiciones, se vislumbra una serie de
inconsistencias en el texto propuesto como a continuación se detalla.
Del texto de la propuesta
se desprende que productos requieren registro sanitario, posteriormente se separa a los
insumos para la salud para especificar que la vigencia del registro sanitario otorgado
será de 5 años, no se establece cual es la duración para los bienes no contemplados en
dicho término. En otras palabras no se incluye la vigencia del registro para los
plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas.
Dicha inconsistencia nos
parece grave pues consideramos que los productos que se dejan fuera repercuten de manera
directa en la salud de los mexicanos por lo que se les debe dar el mismo trato que a los
insumos para la salud en este rubro.
Por otro lado se elimina
una disposición aclarativa que permite a la autoridad sanitaria, en el caso de la
Secretaría de Salud, revisar las autorizaciones sanitarias otorgadas, esta
especificación estipula que no obstante que los registros sanitarios son otorgados por
tiempo indefinido pueden ser revisados y, en su caso, revocados. (Artículo 378 L.G.S.)
En virtud de los
comentarios anteriores sobre la redacción del proyecto, se considera conveniente que el
texto de la iniciativa quede en los siguientes términos:
ARTICULO 376
Requieren registro
sanitario los medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que
los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de
diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y
productos higiénicos estos últimos en los términos de la fracción VI del articulo 262
de esta Ley. así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o
peligrosas.
El registro solo podrá
ser otorgado por la Secretaria de Salud, éste tendrá una vigencia de 5 años, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 378 de esta Ley, dicho registro podrá
prorrogarse por plazos iguales a solicitud del interesado, en los términos que
establezcan las disposiciones reglamentarias. Si el interesado no solicitara la prorroga
dentro del plazo establecido para ello o bien, cambiara o modificara el producto o
fabricante de materia prima, sin previa autorización de la autoridad sanitaria; ésta
procederá a cancelar o revocar el registro correspondiente.
Para los efectos a que se
refieren los párrafos anteriores, el Ejecutivo a través de la Secretaría, mediante
disposiciones de carácter general, establecerá los requisitos, pruebas y demás
requerimientos que deberán cumplir los medicamentos, insumos para la salud y demás
productos y sustancias que se mencionan en dichos párrafos.
Por lo anteriormente
expuesto los integrantes de esta Comisión de Salud con las atribuciones que le otorga el
artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de
los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los
Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:
DICTAMEN CON PROYECTO DE
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.
ÚNICO: Se reforma el artículo 376 de la Ley
General de Salud, para quedar como sigue:
ARTICULO 376
Requieren registro
sanitario los medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que
los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de
diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y
productos higiénicos estos últimos en los términos de la fracción VI del articulo 262
de esta Ley. así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o
peligrosas.
El registro solo podrá
ser otorgado por la Secretaria de Salud, éste tendrá una vigencia de 5 años, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 378 de esta ley, dicho registro podrá
prorrogarse por plazos iguales a solicitud del interesado, en los términos que
establezcan las disposiciones reglamentarias. Si el interesado no solicitara la prorroga
dentro del plazo establecido para ello o bien, cambiara o modificara el producto o
fabricante de materia prima, sin previa autorización de la autoridad sanitaria; ésta
procederá a cancelar o revocar el registro correspondiente.
Para los efectos a que se
refieren los párrafos anteriores, el Ejecutivo a través de la Secretaría, mediante
disposiciones de carácter general, establecerá los requisitos, pruebas y demás
requerimientos que deberán cumplir los medicamentos, insumos para la salud y demás
productos y sustancias que se mencionan en dichos párrafos.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Para los efectos de lo establecido por
el artículo 376 de esta ley a la entrada en vigor de este decreto las solicitudes que se
encuentren en trámite de registro sanitario de medicamentos, estupefacientes, substancias
psicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis,
ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales
quirúrgicos, de curación y productos higiénicos así como los plaguicidas, nutrientes
vegetales y substancias tóxicas o peligrosas, tendrán a partir de la fecha de su
expedición una vigencia de 5 años.
Tercero.- Los titulares de los registros
sanitarios de medicamentos y demás insumos para la salud otorgados por tiempo
indeterminado deberán someterlos a revisión para obtener la renovación del registro en
un plazo de hasta cinco años a partir de la publicación del presente Decreto en el
Diario Oficial de la Federación.
La renovación se
otorgará únicamente cuando la Secretaría haya constatado la seguridad y eficacia
terapéutica de los insumos para la salud sometidas a revisión de conformidad a las
disposiciones sanitarias vigentes, en caso contrario las autorizaciones otorgadas para
tiempo indeterminado se entenderán como revocadas para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.
Sala de Comisiones de la
H. Cámara de Diputados, a 6 de noviembre de 2002.
Así lo acordaron y lo
firmaron los Diputados integrantes de la Comisión de Salud.
Los diputados que integran
la Comisión de Salud, diputados: María Eugenia Galván Antillón (rúbrica), Presidenta;
Eduardo A. Leines Barrera (rúbrica), Rafael Orozco Martínez (rúbrica), Adela del Carmen
Graniel Campos, Héctor Esquiliano Solís, secretarios; Samuel Aguilar Solís, Juan
Alcocer Flores, Francisco J. Cantú Torres, Celia Martínez Bárcenas, María Luisa
Araceli Domínguez Ramírez (rúbrica), Neftalí S. Escobedo Zoletto (rúbrica), María de
las Nieves García Fernández (rúbrica), Federico Granja Ricalde, Policarpo Infante
Fierro (rúbrica), Arturo León Lerma (rúbrica), Francisco S. López Brito, Enrique
Meléndez Pérez, Santiago López Hernández, Felipe Olvera Nieto (rúbrica), Magdalena
Núñez Monreal, Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica), Manuel Wistano Orozco Garza, Pedro
Miguel Rosaldo Salazar (rúbrica), Víctor Antonio García Dávila (rúbrica), Carlos A.
Valenzuela Cabrales (rúbrica), Luis Miguel Santibáñez García (rúbrica), José S.
Velázquez Hernández, Olga M. Uriarte Rico (rúbrica), Arcelia Arredondo García
(rúbrica), Juvenal Vidrio Rodríguez (rúbrica).»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.
El siguiente punto del
orden del día, es el relativo a la discusión de dictámenes de la sección instructora.
SESION
SECRETA
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel(a las
12:47 horas):
En virtud de que el Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General establece que este tipo de asuntos deben tratarse según lo
fundamenta el artículo 32 y 33 en su fracción I en sesión secreta, para conocer los
dictámenes de la sección instructora, se ruega a los asistentes en este pleno, que no
sean diputados, abandonen el salón.
Y se solicita a los
compañeros legisladores que sean los únicos que permanezcan en el salón.
Y le rogamos a los
ciudadanos que no sean legisladores tengan la gentileza de abandonar el salón. Y se
suspende en este momento la transmisión en el Canal del Congreso, por tratarse de sesión
secreta.
(Sesión secreta).
DERECHOS DE AUTOR
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel(a las
13:06 horas):
Se reanuda la sesión
pública. Pasamos al punto relativo a dictámenes a discusión.
El siguiente punto del
orden del día es la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se
reforman las fracciones I y IV y se adiciona la fracción VI al artículo 2o. y se reforma
el primer párrafo del artículo 3o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Consulte la Secretaría a
la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
Por instrucciones de la
Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén
por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría
por la afirmativa, señora Presidenta. Se le dispensa la lectura.
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de
Diputados.— Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Justicia
y Derechos Humanos con la opinión de las Comisiones de Cultura y de Hacienda y Crédito
Público de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados al H. Congreso de la Unión,
fue turnada para su discusión y resolución constitucional, la iniciativa que reforma y
adiciona los artículos 2° y 3° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el
424 Bis del Código Penal Federal.
La Comisión de Justicia y
Derechos Humanos, con fundamento en lo establecido por los artículos 71 y 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con las
facultades que le otorgan los artículos 39 párrafo 1 y 2 fracción XVIII; 45 numeral 6
inciso f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y
las que se deriven al caso, como son las contenidas en los artículos 56, 60, 87, 88 y 93
del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el
presente dictamen bajo la siguiente:
METODOLOGIA
La Comisión de Justicia y
Derechos Humanos encargada del análisis, estudio y dictamen de la iniciativa presentada,
desarrollo su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe.
1.- En el capítulo
“Antecedentes” se da cuenta del trámite de inicio del proceso legislativo, del
recibo, turno para el dictamen de la iniciativa de decreto y de los trabajos previos de la
Comisión.
2.- En el rubro
“Exposición de Motivos”, se hace referencia a los razonamientos realizados por
el autor de la iniciativa, exponiendo la conveniencia y alcances de la propuesta en
estudio.
3.-En las
“Consideraciones”, los Diputados integrantes de la Comisión, expresan
argumentos de valoración de lo propuesto en la iniciativa y de los motivos que sustentan
la decisión de respaldar en lo general la iniciativa en análisis.
1.- ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 30 de
abril de 2002, el ciudadano diputado Roberto E. Bueno Campos, a nombre de los diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó al Pleno de
esta Honorable Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 2° y 3° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el
424-Bis del Código Penal Federal.
SEGUNDO.- En sesión
celebrada el 30 de abril de 2002, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados al
Honorable Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con
opinión de las Comisiones de Cultura y de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa
aludida para su estudio y dictamen.
TERCERO.- En esa misma
fecha los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, conocieron
la iniciativa presentada y procedieron a nombrar una Subcomisión de trabajo, tendiente a
analizar su contenido.
CUARTO.- Mediante oficios
Cjdh/445/02 y Cjdh/446/02 fechados el 22 de agosto del año en curso, se solicitó a las
Comisiones de Cultura y de Hacienda y Crédito Público, emitieran sus observaciones.
2.- EXPOSICION DE MOTIVOS
El autor de la iniciativa
expone que México es un país rico en cultura con un gran mosaico de expresiones
intelectuales y de sentimientos estéticos; la tradición artística y cultural es
centenaria y se encuentra en una constante dinámica creativa; que se traduce no sólo en
manifestaciones de alta cultura, e innovaciones dentro del ámbito de la comunicación y
el arte mundial y labor literaria, sino también en las expresiones del arte popular y
artesanal, y en el folklor y conocimientos tradicionales; por lo que, su protección debe
constituir una preocupación fundamental del estado mexicano para la salvaguarda de la
cultura propia y de la cultura universal.
El artículo 28 de la
Constitución Política, reconoce la importancia de proteger los derechos de autor al
establecer en su parte conducente que: “no constituyen monopolios los privilegios que
por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus
obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y
perfeccionadores de alguna mejora.”
La producción intelectual
constituye un instrumento para el progreso; impulsa y tutela de manera especial las
creaciones del espíritu e ingenio humano, obras literarias, artísticas, científicas,
poemas, canciones, obras arquitectónicas, pictóricas y demás bienes culturales,
constituye el hilo conductor por el que se transmiten los ideales de una nación, se
difunden los conocimientos, las informaciones de mayor interés, así como los avances y
descubrimientos de todas las disciplinas.
La doctrina y protección
de los derechos de autor involucra dos grupos o series de derechos; los que integran el
derecho moral, cuya esencia es la facultad del autor de exigir que le reconozca su
carácter de creador, de dar a conocer su obra y que se respete la integridad de la misma;
y los derechos de orden pecuniario o sea el disfrute o beneficio económico del orden
científico y didáctico, ya que en la realidad el derecho intelectual es uno indivisible.
Es incuestionable que la
creación de una obra representa estudio, dedicación, tiempo, acuciosidad y muchos otros
esfuerzos por parte del autor, los cuales deben ser protegidos no sólo por razones
jurídicas, también más aún por elemental ética de respecto al trabajo ajeno; se puede
afirmar que el autor al crear su obra “crea” también su propiedad, sin
disminuir ni afectar el patrimonio de nadie, consecuentemente el derecho de autor es algo
totalmente vinculado al creador de la obra, en su pensamiento, es su trabajo, en alguna
forma en su persona; un autor, refiriéndose a la producción literaria, expresó que para
éste, sus libros son “hijos de papel”; esta frase, es rigurosamente cierta, en
un sentido sentimental, respecto de la identificación y vinculación del autor con su
obra.
Por tales razones, el
derecho de autor es reconocido como uno de los derechos básicos de la persona en la
declaración de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Es así que el artículo 27 de dicha Declaración establece: “toda persona
tiene derecho a tomar parte libremente en la cultura de la comunidad, a gozar de las artes
y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. De
igual manera, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y
materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o
artísticas de que sea autora”.
Nuestro país, reconoce y
concurre desde hace varias décadas de esta convicción universal, en la que la
participación de las personas en la vida cultural de su país constituye un derecho
humano y que, por lo tanto, el Estado esta obligado a protegerlo y garantizarlo
adecuadamente en los llamados derechos morales y patrimoniales.
Para que México siga
protegiendo con eficacia los derechos autorales, debe contar con un marco jurídico acorde
a la realidad que se vive, que apoye la industria y el comercio de la cultura, propicie un
mejor ambiente para que los creadores puedan darse la misión de acrecentar y elevar
nuestro acervo cultural, y que establezca las bases para un futuro con mejores
expectativas en la educación, la cultura, la ciencia, el arte y la cultura.
Toda obra intelectual de
gran éxito o la más modesta deben ser protegidas en igual grado y medida, pues el
espíritu humano debe ser estimulado por la sociedad y protegido por la ley. El marco
jurídico autoral en vigor, por técnica legislativa y eficacia normativa, incorpora un
título en el Código Penal Federal en donde se describe con precisión los delitos que
afectan a los derechos de autor y conexos. La posibilidad de aplicar una pena o un castigo
da fuerza a las leyes y permite lograr con grado de suficiencia, el objetivo de la misma:
salvaguardar el bien común y el respeto a los derechos de la comunidad y del individuo.
Los delitos contra el
derecho de autor son de naturaleza mixta, pues no sólo afectan los intereses
patrimoniales, sino también los derechos morales que atañen a la personalidad del
creador y a la protección de la obra como entidad propia.
La tutela penal del
patrimonio estaría incompleta si el valor económico de los frutos del intelecto y del
ingenio humano quedasen sin protección frente a las acciones humanas que tienden a
usurpar la autoridad que el autor tiene sobre sus creaciones literarias, científicas y
artísticas. Conforme a la naturaleza de las cosas corresponde a los autores obtener las
ventajas económicas que pudieran derivarse de sus creaciones intelectuales.
En efecto, una de las
violaciones más graves y frecuentes, se presenta con la figura conocida con el nombre
popular de “piratería”, tanto por la reproducción no autorizada o la
comercialización indebida de ejemplares, como por la retransmisión ilícita de emisiones
de radiodifusión o la distribución por cable de programas sin el consentimiento del
titular del derecho.
Se destaca de igual manera
que, los creadores intelectuales; los artistas, intérpretes y ejecutantes de obras de
carácter musical, dramáticas, escenográficas, cinematográficas y demás, se ven
afectados y perjudicados de manera sustancial por el uso ilícito y no autorizado de las
fijaciones o grabaciones de sus actuaciones.
Se insiste que para la
consolidación del estado de derecho es menester la implantación de medidas que
garanticen la propiedad y posesión de los bienes que favorezcan la transparencia de las
relaciones de los particulares entre sí y con el gobierno, a fin de promover la
inversión productiva que impulse el desarrollo económico del país se requiere además,
la existencia de un marco normativo preciso y congruente con las necesidades actuales, que
defina con claridad el derecho de propiedad, así como las prerrogativas y obligaciones de
todos los que intervienen en las actividades económicas; y un sistema que garantice,
eficaz y oportunamente el cumplimiento del marco normativo.
La producción y
comercialización ilícitas de productos apócrifos, recientemente se ha incrementado en
detrimento de la industria nacional. Clara manifestación de estos hechos, se observan
cotidianamente a través del comercio informal en la vía pública. En innumerables
lugares se expenden productos apócrifos sin temor de que dichas conductas sean
castigadas. Este fenómeno delictivo ha sido comentado por la propia sociedad que consume
grandes cantidades de productos apócrifos; teniendo su origen en razones de orden
cultural vinculadas con problemas sociales como el bajo nivel educativo, el desempleo, el
bajo poder adquisitivo y una creciente economía informal.
Si bien es verdad que
México ha modernizado su marco normativo en materia de propiedad intelectual, tanto en su
parte sustantiva, para otorgar mayores derechos, como también en los procedimientos
administrativos y penales para garantizar el respeto y la observancia de los mismos, sin
embargo, la dinámica en materia intelectual e industrial, como la expansión de los
mercados, hacen necesaria la constante actualización de las disposiciones jurídicas que
resuelvan los problemas que garanticen la protección eficaz de los derechos con el
propósito de mantener y fomentar las inversiones nacionales y extranjeras.
Se considera que la
“piratería”, es una actividad delictuosa que se ha extendido a grupos
organizados, que hacen de la violación de la ley, su modo de vida; por ello, la necesidad
de actuar enérgicamente contra este tipo de conductas delictivas que no son de ninguna
manera aislada o de una simple asociación, sino de auténticos grupos organizados.
En tal virtud, resulta
oportuno modificar las normas penales vigentes, con objeto de atacar enérgicamente la
industria delictiva de la piratería, cuyo bien jurídico tutelado es objeto constante de
violación, debido a organizaciones perfectamente orquestadas para su cometido. La
capacidad de las organizaciones criminales dedicadas a la piratería supera en mucho a una
actividad individual. Se trata, de una delincuencia que daña y pone en peligro bienes y
valores de la mayor importancia tanto para sus autores como para la propia industria. Se
trata de crimen organizado como una sociedad que busca operar fuera del control del pueblo
y del gobierno, sus acciones no son impulsivas, sino más bien resultado de previsiones a
corto, mediano y largo plazos, con el propósito de ganar control sobre la producción,
reproducción, introducción, almacenamiento, transportación, distribución, venta
ilícita de obras o productos apócrifos, y así amasar grandes oportunidades de dinero y
poder real.
La piratería, en muchas
de las ocasiones es una actividad organizada de manera permanente con estructura
jerárquica respetada, compuesta por individuos disciplinados que se agrupan para cometer
estos ilícitos. Con las reformas propuestas se pretende establecer que la piratería sea
sancionada como delincuencia organizada, siempre y cuando “tres o más personas
acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada,
conductas que por sí o unidas a otras, tengan como fin o resultado cometer el delito
previsto en el artículo 424 Bis del Código Penal Federal”.
Puntualiza que, cuando se
trate de miembros de la delincuencia organizada se sancione como tal a quienes dolosamente
produzcan, reproduzcan, introduzcan al país, almacenen, transporten, distribuyan, vendan
o arrienden copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley
Federal del Derecho de Autor, con fin de especulación comercial y sin la autorización
que en los términos de la citada Ley, deba otorgar el titular de los derechos de autor o
de los derechos conexos. Igualmente a quienes, a sabiendas, aporten o provean de cualquier
forma, materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de obras,
fonogramas, videogramas o libros a que se refiere el párrafo anterior, o a quienes
fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los
dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación.
Así mismo, propone
incrementar las penas privativas de la libertad y las sanciones económicas, con el fin de
abatir la incidencia delictiva del tipo penal previsto en el artículo 424 Bis, para que
aun sin tratarse de delincuencia organizada, también sean sancionadas con mayor rigor
dichas conductas, por lo que se solicita seguir manteniendo el mínimo pero incrementar el
máximo a doce años de prisión y de tres mil a treinta mil días multa, a quien
produzca, reproduzca, importe, almacene, transporte, distribuya o venda copias ilícitas
de obra, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la ley General del Derecho de
Autor, así como a quien fabrique con fin de lucro, un dispositivo o sistema para
desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación.
3.- CONSIDERACIONES
La obligación fundamental
del legislador, estriba en procurar la eficacia y utilidad del derecho cuando se advierte
que algunos de los aspectos de este, no surten los efectos jurídicos esperados o se
percibe que dejo de prever alguna situación de hecho que es imprescindible regular, lo
que estamos convencidos contribuirá al establecimiento de un orden jurídico completo,
equilibrado y justo, que inspire confianza a toda la sociedad en nuestro sistema
constitucional y legal.
Resulta desafortunado
advertir que quienes actúan honestamente y dentro del marco de la ley se ven agredidos
por personas o grupos que incurriendo en conductas antijurídicas y dolosas, se benefician
económicamente e inundan el mercado con productos apócrifos.
Estamos conscientes del
grave problema que representa hoy en día la reproducción y distribución ilícita de
fonogramas, cuyo combate se advierte, no está dando los resultados deseados, dado el
incremento incontrolable de esta ilícita actividad; lo que sin duda obedece en parte al
involucramiento de miembros de la Delincuencia Organizada, cuyas células se propagan de
manera incontenible en el seno de nuestra sociedad en esta y otras actividades.
Es lamentable advertir que
durante los últimos diez años, esta ilícita actividad surgió como una amenaza directa
al negocio de la música en México; este problema masivo se ha tornado cada vez más
serio debido entre otros factores, a la falta de aplicación de leyes efectivas de
derechos de propiedad intelectual. Es bien sabido que, para que la empresa prospere las
disqueras necesitan invertir en producciones locales de artistas Mexicanos, las
compañías disqueras requieren competir en un medio sano para poder recuperar su
inversión y consecuentemente producir más música Mexicana.
Sin embargo las
grabaciones apócrifas han alcanzado su punto máximo inhibiendo cualquier oportunidad, la
producción a través de CD-R?s, se facilita en la actualidad, no como en los tiempos del
LP y cassettes en los que requerían instalaciones industriales mas sofisticadas. Tres de
cada cinco CD s vendidos en México son apócrifos; en total cerca de 104 millones de
unidades fueron vendidos en los últimos años contra aproximadamente 67 millones de
unidades legítimas, México ocupa el tercer lugar mundial en el mercado ilegal de música
grabada.
Las implicaciones
culturales son obvias y profundas; cada vez se produce menos música original en México,
así como un mayor número de autores, compositores y artistas Mexicanos están dejando el
país para encontrar refugio económico y artístico en otros países, en donde las leyes
de protección del derecho de autor son más fuertes permitiéndoles continuar su
actividad. Lentamente la sociedad Mexicana esta agotando uno de sus más grandes talentos.
Es por ello necesario
enfrentar enérgicamente, con los medios legales que la Constitución nos otorga este
ilícita actividad, que atenta no solo contra los intereses privados de autores, artistas,
industrias culturales y de comunicación, sino también contra las fuentes de empleo, el
erario público y la creatividad. Es necesario dotar a las autoridades encargadas de la
procuración e impartición de justicia de los elementos jurídicos idóneos que les
permitan lograr una mejor eficacia en el combate a la delincuencia.
Estamos convencidos que se
debe propugnar por la instrumentación y puesta en práctica de medidas adecuadas y
eficaces en beneficio de los autores y productores legales de fonogramas y otras obras, a
efecto que se mantenga firme la salvaguarda del acervo cultural de la nación y se
estimule la creatividad del pueblo mexicano en su conformación y diversidad cultural.
No pasa desapercibido para
esta Comisión de estudio y análisis que la piratería es un tipo penal diverso al que se
refiere a la reproducción y distribución ilícita de fonogramas, atañe a delitos que
tienen por escenario la extensión de los mares y que constituye un atentado contra los
bienes y las personas, ejecutado con barcos armados a efecto, dicha conducta se encuentra
tipificada en los artículos 146 y 147 del Código Penal Federal; por tal razón
consideramos conveniente omitir el término de piratería como se propone en la
iniciativa, concretamente en el numeral 2° fracción V, sustituyéndola por el artículo
demostrativo “El” que es mas acorde al pronunciamiento que se hace, en el cual
por técnica legislativa proponemos adecuaciones al texto de los artículos propuestos.
Por otra parte
consideramos innecesario incrementar las penas privativas de libertad y las sanciones
económicas como instrumento disuasivo automático, toda vez que al darse el tratamiento
de Delincuencia Organizada a los autores de estos delitos ya es por si misma una figura
eficaz para su combate, por ello estimamos no reformar el artículo 424 bis del Código
Penal Federal.
En tal orden de ideas, los
diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, consideramos
oportuno acertado, no solo por razones jurídicas sino por elemental ética de respeto al
trabajo ajeno, sancionar como delincuencia organizada la reproducción y distribución
ilícita de fonogramas, cometidas en forma dolosa, siempre cuando tres o mas personas
acuerden organizarse o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada,
conductas que por sí o unidas a otras tengan como fin o resultado producir, reproducir,
introducir al país, almacenar, transportar, distribuir, vender o arrendar copias de
obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal de Derechos de
Autor, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de
la citada ley debe otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos.
Por lo anteriormente
expuesto los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos someten
a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.
Artículo Unico.- Se reforman las fracciones I y
IV y se adiciona la fracción VI al artículo 2°; se reforma el primer párrafo del
artículo 3° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:
Artículo 2º.- ..........
I. Terrorismo, previsto en
el artículo 139, párrafo primero; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195,
párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previsto en los artículos 234,
236 y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400
Bis, todos del Código Penal Federal;
II. a III. ..........
IV. Tráfico de órganos,
previsto en los artículos 461, 462, y 462 Bis de la Ley General de Salud;
V. Asalto, previsto en los
artículos 286 y 287; secuestro, previsto en el artículo 366; tráfico de menores,
previsto en el artículo 366 ter, y robo de vehículos, previsto en el artículo 381 bis
del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones
penales estatales o del Distrito Federal; y
VI. El previsto en el
artículo 424 BIS del Código Penal Federal.
Articulo 3°.- Los delitos a que se refieren las
fracciones I,II,III,IV y VI del artículo anterior, que sean cometidos por algún miembro
de la delincuencia organizada, serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados
conforme a las disposiciones de esta Ley.
..............
TRANSITORIOS
Unico.- El presente decreto entrará en vigor un
día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la
Honorable Cámara de Diputados, a los veintisiete días del mes de noviembre, del año dos
mil dos de la Ciudad de México, Distrito Federal.
Por la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos:
Diputados: José Elías
Romero Apis, Presidente (rúbrica); Roberto Zavala Echavarría, secretario (rúbrica);
Fernando Pérez Noriega, secretario (rúbrica); Germán Arturo Pellegrini Pérez,
secretario (rúbrica); David Augusto Sotelo Rosas, secretario (rúbrica); Eduardo Andrade
Sánchez; Flor Añorve Ocampo; Francisco Cárdenas Elizondo; Manuel Galán Jiménez
(rúbrica); Rubén García Farías; Ranulfo Márquez Hernández; José Manuel Medellín
Milán; José Jesús Reyna García; Juan Manuel Sepúlveda Fayad; Benjamín Avila Márquez
(rúbrica); Enrique Garza Tamez (rúbrica); Gina Andrea Cruz Blackledge; Lucio Fernández
González (rúbrica); Alejandro E. Gutiérrez Gutiérrez (rúbrica); Silvia América
López Escoffie (rúbrica); María Guadalupe López Mares (rúbrica); Vicente Pacheco
Castañeda (rúbrica); Nelly Campos Quiroz (rúbrica); Víctor Hugo Sondón Saavedra;
Martha Ruth del Toro Gaytán (rúbrica); Genoveva Domínguez Rodríguez; Tomás Torres
Mercado (rúbrica); José Manuel del Río Virgen; Arturo Escobar y Vega (rúbrica); Norma
Patricia Riojas Santana; Enrique Priego Oropeza (rúbrica).»
Es de segunda lectura.
La Presidenta diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel:
Para fundamentar el
dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento Interior, se ofrece el uso de la
palabra al diputado José Elías Romero Apis, hasta por 10 minutos.
El diputado José Elías Romero Apis:
Con su venia, señora
Presidenta; honorable Asamblea:
El dictamen que pone la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos a consideración de esta honorable Asamblea para
efecto de reformar la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, explica la realidad
grave que vive México en materia de delincuencia organizada, la explica por sí misma.
Consiste este dictamen
esencialmente en proponer a esta honorable Asamblea que el combate a las actividades de
falsificación que normalmente conocemos con el nombre de piratería sean perseguidas con
los requerimientos normativos y con las posibilidades de actuación que establece la
mencionada ley.
Queda muy claro que la
actividad de la piratería, la actividad de hacerse ilícitamente de la propiedad
intelectual o industrial de quienes son sus titulares, es una actividad hoy plenamente
organizada. Es organizada desde el punto de vista no solamente de sus factores de
organización, financiamiento, reclutamiento, estructuración, distribución en mayor
medida que lo que tuvieran hoy día cualquier corporación lícita y en ocasiones superan
en capacidad productiva, en capacidad financiera y en capacidad de distribución, a las
propias empresas lícitamente titulares de los derechos a los que afectan.
México se ha convertido
tristemente en un paraíso de estas actividades. El tiempo que en algunas ocasiones han
perdido las autoridades para hacer frente a una actividad de esta naturaleza, obliga hoy a
remontar y a recuperar un terreno delictivo que cuesta mucho esfuerzo, mucho tiempo y
mucho sufrimiento.
Es por ello que de manera
unánime y con un gran consenso, de todas las fracciones que concurren en este Congreso,
en esta Cámara de Diputados y que se encuentran representadas en participación activa en
la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se manifestaron por aprobar este dictamen que
hoy se somete a esta soberanía nacional.
Confiamos en que si la
voluntad de esta Asamblea es aprobarlo y la consecuente voluntad de la revisora así lo
determina, podamos instalar al estado mexicano en una actitud más decidida, más vigorosa
y más a la ofensiva, para recuperar el tiempo que los desafiantes del Estado de Derecho
le han ido quitando a la seguridad y a la justicia en México.
Es cuanto, señora
Presidenta. Muchas gracias, honorable Asamblea.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Se abre la discusión en
lo general.
Para fijar posiciones a
nombre de sus partidos o grupos parlamentarios, se han inscrito los diputados: José
Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social; Norma Patricia Riojas Santana, del
Partido de la Sociedad Nacionalista; Alejandro García Sainz Arena, del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: los dos primeros que mencioné,
hasta por cinco minutos, el del grupo parlamentario del PVEM hasta por 10 minutos; el
diputado David Augusto Sotelo Rosas, del PRD, hasta por diez minutos; el diputado Roberto
Eugenio Bueno Campos, del grupo parlamentario del PAN, hasta por diez minutos y el
diputado Enrique Garza Tamez, del grupo parlamentario del PRI, hasta por diez minutos.
Tiene la palabra el diputado José Antonio Calderón Cardoso, de Alianza
Social.
El diputado José Antonio Calderón Cardoso:
Con el permiso de la
Presidencia; señoras y señores legisladores:
Hablar de la delincuencia
organizada nos remite a una gran cantidad de actividades delictivas: tráfico de armas,
narcotráfico, prostitución, tráfico de seres humanos, lavado de dinero, secuestro,
homicidio, robo de vehículos, delitos cibernéticos, espionaje y piratería.
La delincuencia organizada
debe ser considerada por el impacto social que tiene, un asunto de seguridad nacional.
Es fundamental y
prioritario revisar el marco jurídico existente y hacerlo congruente con la realidad de
acuerdo a las necesidades propias de la nación.
En particular es necesario
crear una conciencia social contra la piratería, así como ejercer una más estricta
acción penal contra todo aquel que fomente el comercio ilegal, ya sea como introductor,
distribuidor o vendedor de esos productos.
Se estima que
aproximadamente 40 transportes de carga al día se introducen a la capital del país
abarcando todo tipo de mercancías, desde utensilios de plástico de pésima calidad,
hasta aparatos electrónicos que cuentan con la tecnología más avanzada.
No es gratuito que México
ocupe el segundo lugar después de China, en el ámbito mundial, con relación al
porcentaje de comercio informal dentro de la actividad económica sigue siendo la mayoría
de la mercancía comercializada de procedencia o manufactura ilegal.
Asimismo, el precio del
consumidor final y la calidad del producto en el mercado ilegal prácticamente deja sin
posibilidad de competencia al mercado formal, lo cual impacta de manera negativa en el
desarrollo económico nacional.
La economía informal
representa el 12.2% del PIB. Aunque es justo reconocer que el comercio informal es
producto de la falta de empleo formal, ya que ocho de cada 10 personas que buscan trabajo
terminan como vendedores ambulantes y que el 54% del empleo que se consigue es informal,
aun cuando el 80% de la demanda que lo acepta lo hace en contra de su voluntad. La
piratería abarca todos los ámbitos de la actividad económica alcanzando a la industria
del calzado, la textil, del juguete, la de electrodomésticos, la fonográfica, la
audiovisual y la de la informática. Afectando en estas tres últimas los derechos de
autor.
Esta actividad, por otra
parte, da lugar al aumento de las actividades ilícitas mediante el contrabando
documentado, la distribución y la producción ilegal subterránea. La tecnología es
neutral ya que está a disposición tanto del mercado legal como ilegal, siendo el poder
económico quien decide el acceso o no a dicha tecnología.
Por lo anterior, la
piratería es uno de los delitos más rentables del país ya que se estima que sus
ingresos son del orden de los 32 mil millones de dólares anuales, dinero que ha dejado de
percibir el fisco.
Otra de las consecuencias
de la piratería se encuentra en la pérdida de empleos formales, aproximadamente 691.
Debemos reconocer que como
toda actividad económica la piratería es producto de la realidad nacional y por ende si
bien puede utilizarse en el comercio informal como una opción para ganarse la vida,
también sirve para actividades ilícitas. Las acciones contra la piratería requieren de
contar con el apoyo de la ley tanto en el ámbito federal, estatal y municipal, pero de
poco servirá leyes eficaces si éstas se enfrentan a la corrupción y la omisión de las
autoridades encargadas de hacerlas cumplir. La delincuencia organizada destruye de una u
otra forma conciencias, personas, pueblos y naciones. La corrupción, la violencia y la
impunidad son acciones que van estrechamente ligadas y que dan a la delincuencia
organizada la influencia y poder que hoy en día detentan.
Por todo lo anteriormente
expuesto y fundado, el Partido Alianza Social votará a favor del dictamen de la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos por el que se reforma y adiciona la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal. Hacer de México un país en donde la
democracia sea más firme y hunda sus raíces en la realidad cotidiana, dando con ello
lugar a una convivencia pacífica entre los miembros de la sociedad no es una empresa
fácil, pero es una exigencia ineludible que ya no puede omitirse.
Por su atención, muchas
gracias.
Presidencia del diputado Jaime
Vázquez Castillo
El Presidente diputado Jaime Vázquez Castillo:
Gracias, señor diputado
Calderón Cardoso.
Tiene
el uso de la palabra la diputada Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad
Nacionalista, hasta por cinco minutos, para fijar la posición de su partido.
La diputada Norma Patricia Riojas Santana:
Con el permiso de la
Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
El derecho de autor como
el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obra literarias y
artísticas en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de
prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial, ha jugado un
papel importantísimo en la sociedad puesto que constituye, por un lado, la manera de
cómo proteger a los autores e invenciones en general y, por otro lado, representa una
gran importancia en la economía de los países.
Sin embargo, a pesar de
que estas creaciones derivadas de la creatividad, de la investigación o de la innovación
cuentan con un marco jurídico autoral que las protege y promueve, no están exentas de
sufrir plagios y mutilaciones.
Actualmente México
enfrenta una grave problemática en materia de violación de los derechos de autor que se
expresa en la reproducción ilegal de música, películas, libros, fonogramas,
videogramas, software de negocios y
entretenimiento, entre otros, ya que la delincuencia, en todos sus tipos y modalidades es
más agresiva, más diversificada, más sofisticada en sus métodos, más poderosa en sus
recursos, cada vez cuenta con mayor poder; poder que no sólo soslaya los derechos
individuales, sino las economías de los estados.
Para los nacionalistas,
los del Partido de la Sociedad Nacionalista, en un mundo económicamente globalizado como
el actual, donde se propende a la libertad, la libre circulación de las mercancías, se
vuelve imperioso establecer medidas más eficaces que protejan el derecho del autor.
Para los legisladores del
Partido de la Sociedad Nacionalista de la LVIII Legislatura, estamos conscientes de que ya
no es posible dejar pasar por alto el grave problema actual y latente como es la
piratería. No podemos cerrar los ojos ante el hecho visible de que la reproducción,
producción, la venta de obras, fonogramas, videogramas, de software, de todas las obras intelectuales, día
con día deja de ser un mero delito federal, por lo que su combate requiere de normas más
novedosas y eficaces para su atención y resolución.
Para los nacionalistas,
los del Partido de la Sociedad Nacionalista, resulta vergonzoso que México sea
considerado como un país de los más destacados exponentes de la piratería a nivel
internacional. Para ejemplificar, basta con mencionar que nuestro país ocupa el segundo
lugar, siendo Rusia el primero, en reproducción de discos; como CD-Room tenemos el tercer lugar después de Rusia y
China; en software la posición de mercado es la
catorceava.
De acuerdo a las cifras
proporcionadas por la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual de 1996 al 2001,
la Comisión de Delitos contra los Derechos de Autor ha reportado pérdidas por 2 mil
935.5 millones de dólares.
Para los nacionalistas hoy
es el momento idóneo para que dejemos de ocupar el lugar destacado en materia de
piratería, para que los números se reviertan a favor de los autores y productores
legales de fonogramas y de otras. Para ello exhortamos a los legisladores a que aprobemos
el dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada y proporcionemos a México y a los mexicanos una legislación más integral
para combatir a la delincuencia organizada y dejar atrás la legislación irreal,
delirante, absurda, solemne, dotando a las autoridades encargadas de la procuración e
impartición de justicia de los instrumentos jurídicos idóneos que le permitan lograr
una mejor eficacia en el combate de la delincuencia.
Para los nacionalistas
estas reformas ayudarán a salvaguardar el acervo cultural de la nación, estimulará la
creatividad del pueblo mexicano y contribuirán a proteger las fuentes de empleo y el
erario público, razón por la cual los integrantes del Partido de la Sociedad
Nacionalista votaremos a favor del dictamen por el que se reforma la Ley Contra la
Delincuencia Organizada.
Es cuanto, señor
Presidente.
El Presidente diputado Jaime Vázquez Castillo:
Muchas gracias, diputada
Norma Patricia Riojas Santana.
Para
fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene
el uso de la palabra hasta por 10 minutos, el diputado Alejandro García Sainz Arena.
El diputado Alejandro Rafael García Sainz Arena:
Con el permiso de la Mesa
Directiva; compañeras y compañeros diputados:
El día de hoy se somete
al pleno de esta Cámara el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada, que establece eficazmente la protección de los derechos autorales.
En el grupo parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, consideramos lo siguiente. La reforma que hoy
plantea la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, busca concretar el esfuerzo de las
policías del país, para remediar lo más rápido posible el clima de inseguridad en
materia de derechos de autor que impera en el país y de esta manera evitar que el mismo
siga afectando de manera general a la producción artística en México.
El Estado y las leyes
deben garantizar la protección de la creación y producción en todos los campos, para no
inhibir ni desalentar el trabajo honesto y creativo de numerosos mexicanos del cual
dependen miles y miles de familias.
Este es un paso firme para
disminuir este flagelo de todas las sociedades modernas pero aún hay muchos temas
pendientes que deben ser discutidos para fortalecer los derechos de autor como es la
libertad de crear, expresar, manifestar sin cortapisas cualquier expresión cultural.
De aprobar este dictamen
se evitaría la reproducción no autorizada o la comercialización indebida de ejemplares
conocidos comúnmente como piratería. Debemos hacer un esfuerzo para ofrecer justicia
pronta y expedita a los mexicanos y proteger el patrimonio y derechos de aquellos que
realzan a nuestro país con sus manifestaciones artísticas, tal y como lo mandata nuestra
Carta Magna y las leyes que de ella emanan.
Por todo lo anterior, el
Partido Verde Ecologista de México apoya en sentido favorable el dictamen presentado por
la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Jaime Vázquez Castillo:
Gracias, señor diputado
García Sainz Arena.
Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, el señor diputado David
Augusto Sotelo Rosas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
para fijar la posición de su grupo.
El diputado David Augusto Sotelo Rosas:
Gracias, señor
Presidente; compañeros diputados:
La autoría intelectual
que produce entre otras cosas un derecho patrimonial de parte de quien elabora, crea una
obra, ha sufrido en nuestro país diferentes atentados, entre ellos el que se denomina el
de la piratería.
Es necesario proteger a
los autores y compositores de diferentes obras musicales que en México el crimen
organizado, no se podría tipificar de otra manera, la asociación delictuosa el crimen
organizado, ha violado sus derechos patrimoniales y también ha atentado y atenta contra
una industria que da empleo a miles de familias.
Por consiguiente, la
reproducción sin autorización correspondiente de obras afecta gravemente la economía
del país, esta reforma que planteamos y que inició nuestro compañero diputado del
Partido Acción Nacional, Roberto Bueno, no solamente trata de beneficiar a los autores,
compositores que crean estas obras, no únicamente a las familias, a las miles de familias
que dependen de estas industrias, sino también va protegiendo la economía del país, es
decir, la economía de millones de mexicanos puesto que en los sótanos del mercado negro
todos los días se vulnera la economía de todos los mexicanos.
De ahí que el Partido de
la Revolución Democrática, en la Comisión de Justicia hizo las pertinentes
observaciones que fueron atendidas en la sesión correspondiente para aprobar este
dictamen que en esta sesión votaremos los del Partido de la Revolución Democrática
unánimemente en su favor.
El objetivo de mi
intervención es para manifestarles la reiteración de quienes me han precedido en el uso
de la palabra para que votemos también en forma unánime sobre esta reforma que viene a
tutelar, a proteger derechos patrimoniales, derechos del pueblo mexicano y la economía
formal de todos los mexicanos.
Muchas gracias, señor
Presidente.
El Presidente diputado Jaime Vázquez Castillo:
Gracias, a usted señor
diputado Sotelo Rosas.
Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos, el señor diputado Roberto
Eugenio Bueno Campos, para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
El diputado Roberto Eugenio Bueno Campos:
Con su venia, señor
Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He pasado a esta tribuna
para fijar la posición del grupo parlamentario de Acción Nacional respecto al dictamen
que hoy se somete a nuestra consideración por parte de la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos.
El sentido de nuestro voto
es a favor del dictamen ya que se plantean reformas a la Ley Federal contra la
delincuencia organizada en virtud de, con estas reformas se hace evidente la nobleza del
propósito para refrendar la esfera legislativa, una mejor protección a los derechos de
autor en nuestro país.
Con esta reforma, se busca
proteger los frutos del intelecto y del ingenio humano; se apoya a la industria y el
comercio de la cultura; se garantiza de mejor forma la propiedad y posesión de los bienes
que genera el talento, la creación, la inventiva, porque busca fortalecer la tutela en
los intereses patrimoniales, los derechos morales y la protección de la obra como entidad
propia de los autores o creadores.
Es loable la reforma que
se plantea en el presente dictamen, pretende garantizar mediante el combate frontal y
eficaz contra las violaciones, a los derechos de autor y de propiedad industrial; pretende
combatir eficaz a la producción y comercialización ilícitas de productos apócrifos; en
una palabra, con esta reforma se reconoce y establece que esta ilícita actividad conocida
por todos como “piratería”, es un delito federal que también es y puede ser no
sólo por la delincuencia común sino por la delincuencia organizada.
Es pertinente que de ser
el caso, deba ser investigado, perseguido y sancionado de conformidad con la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada; es decir, bajo el régimen jurídico especial y no el
meramente tradicional. La piratería implica una conducta antijurídica que atenta contra
el derecho exclusivo sobre las obras y productos culturales; la piratería es un delito
federal, un delito grave que viola las facultades y derechos exclusivos de su autor como
son: el derecho a divulgar o a mantener reservada su obra; el derecho al reconocimiento de
su paternidad intelectual; el derecho al respeto a la integridad de su obra; el derecho al
retracto o retiro de su obra; el retiro patrimonial o de explotación económica de la
obra.
La piratería y la
falsificación es un negocio que produce miles de millones de pesos de beneficios
obtenidos en la ilegalidad. Amprofon, según los datos que nos proporcionó, se calcula
que alrededor de 300 millones de dólares al año se venden ilícitamente de los cuales la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público deja de percibir 80 millones de dólares.
Por lo que vemos que en
nuestro país, no a manera de orgullo pero está situado en un tercer penoso lugar en el
mercado de la piratería después de China y de Rusia. Actualmente de cada 10 discos
vendidos en el mercado, de 6 a 7 son piratas. Es así como la música, como cultura en
México hay que protegerla y esta ha sido plagiada, duplicada y falsificada en gran
escala.
La falsificación se
traduce en la pérdida de puestos de trabajo e ingresos y en la colocación de productos
de baja de calidad que en ocasiones son peligrosos, peligrosos porque destruyen su equipo,
el láser, en fin todo eso ocasiona muchas anomalías en el aparato y sobre todo en la
audiencia del disco y así que muchos países se han venido esforzando por sensibilizar a
la opinión pública, acerca de la producción ilícita o la posesión ilegal de material
copiado.
Sin embargo, cada año las
mercancías falsificadas que incautan se cifran en millones de dólares, este plagio de
producción ilegal afectan a la industria están cerrando cada día más y más
compañías, toda vez que dada la tecnología moderna se hace posible copiar los discos o
producciones en baja calidad a un mínimo precio y a una velocidad cada vez mayor. A veces
sale al mercado y en horas ya está vendiéndose en diferentes puestos que hacen de este
negocio, unas ganancias ilícitas para su vida.
Entonces la piratería
afecta tanto al autor, como al editor y a los titulares de los derechos con hechos,
perjudica en general a la industria, entiéndase como esta no sólo a sus dueños y
socios, si no al obrero, a la secretaria, gerentes, distribuidores, incluye también a la
gente que trabaja en los medios de comunicación relacionados con la música, como la
prensa, la radio, televisión, diseñadores, fotógrafos, editora y otros.
Con la piratería se daña
también a los negocios relacionados con la industria, estudio de grabación, vendedoras
de discos, editoriales, arreglistas, artistas etcétera, en efecto la piratería perjudica
a muchos sobre todo al talento y a la cultura de México, y este problema también afecta
a la distribución ilícita de música extranjera, ya que obstaculiza el comercio y el
intercambio cultural.
Clara manifestación de
todo lo que la piratería genera ilícitamente se observa cotidianamente, a través del
comercio informal en la vía pública, no se puede negar que la piratería es una
actividad delictuosa que se ha extendido a grupos organizados que hacen de la violación
de la ley, a través de la piratería su modo de vida. Por ello la necesidad de actuar
enérgicamente contra este tipo de conductas delictivas que no son de ninguna manera
aislada o de una simple asociación sino de auténticos grupos organizados. Y la industria
mexicana requiere de todas las herramientas que le permitan crecer y responder en forma
competitiva al desarrollo económico del país, por lo que se requiere de un marco
jurídico que le brinde una protección adecuada en los distintos campos incluido el de
los derechos de propiedad industrial. En tal virtud resulta oportuno como lo propone el
decreto del dictamen modificar las normas vigentes, con objeto de atacar enérgicamente la
industria delictiva de la piratería, cuyo bien jurídico tutelado es objeto constante de
violación, hechos que como se reconocen en el dictamen también se dan en muchos de los
casos por organizaciones, perfectamente orquestadas para su cometido.
Se trata de una
delincuencia que daña y pone en peligro bienes y valores de la mayor importancia tanto
para sus autores como para la propia industria. En consecuencia, el grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional solicita su voto a favor del dictamen, apoyemos la propuesta
de reforma al artículo segundo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a fin
de adicionar una fracción IV, con el fin de establecer que la piratería sea sancionada
como delincuencia organizada, siempre que 3 o más personas acuerden organizarse o se
organicen para realizar en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a
otras tengan como fin o resultado cometer el delito previsto en el artículo 424-bis del
Código Federal, es decir que cuando se trate de miembros de la delincuencia organizada,
se sancione como tal a quienes produzcan, distribuyan, introduzcan al país, almacenen,
transporten, distribuyan, vendan o arrienden copias de obras, fonogramas, videogramas o
libros protegidos por la Ley Federal de Derechos de Autor en forma dolosa, con fin de
especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada ley deba
otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos.
Igualmente a quienes, a
sabiendas, aporten o prevean de cualquier forma, materias primas o insumos destinados a la
producción o reproducción de obras, fonogramas, videogramas o libros a que se refiere el
párrafo anterior, o a quienes fabriquen con fin de lucro, un dispositivo o sistema cuya
finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de
computación.
Con estas reformas se
avanza en la construcción de un marco jurídico más adecuado, porque es congruente con
la protección a la industria cultural e intelectual de nuestro país.
Compañeros, muchas
gracias y ojalá que todo esto sea porque México vaya delante.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Jaime Vázquez Castillo:
Gracias, señor diputado
Bueno Campos.
Tiene
el uso de la palabra hasta por 10 minutos, el señor diputado Enrique Garza Tamez, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para fijar la posición de
su grupo.
El diputado Enrique Garza Tamez:
Con el permiso de la
Presidencia; honorable Asamblea:
Hago acto de presencia en
esta tribuna con objeto de fijar la posición del Partido Revolucionario Institucional, de
sus legisladores representados en esta Cámara, en relación al dictamen expedido por la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos recaído a la iniciativa de decreto por la cual
se proponen reformas y adiciones a los artículos 2o. y 3o. de la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada y el artículo 424-bis del Código Penal Federal.
El promovente en su
iniciativa propuso introducir reformas y adiciones a los artículos 2o. y 3o. de la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada y el ya mencionado 424-bis del Código Penal
Federal. Los primeros al efecto de dejar establecido que aquellos que incurran en
conductas previstas en estos numerales, puedan ser considerados miembros de la
delincuencia organizada y en consecuencia facultar a la autoridad investigadora, en este
caso la Procuraduría General de la República, para la persecución e investigación de
estos ilícitos y en el último, en el artículo 424-bis del Código Penal Federal, con
objeto de incrementar las medidas punitivas a los responsables de la comisión de estas
conductas típicas y antijurídicas que en sus dos fracciones enuncia el numeral a que se
hace referencia.
La modificación propuesta
por el dictamen a discusión implica adicionar el texto del artículo 2o. de la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada con una fracción VI por virtud de la cual se
considera que los delitos cometidos en la reproducción, producción, introducción al
territorio nacional, almacenaje, transporte, distribución, venta y renta no solamente de
fonogramas, sino también de videogramas y libros, los cuales están protegidos por la Ley
Federal del Derecho de Autor, pero también de algunos programas de cómputo tendientes a
dar protección a estos sistemas.
La modificación al
artículo 3o. en consecuencia, faculta a la autoridad investigadora, como dije, para
perseguir la comisión de estos delitos.
Ahora bien, es de
destacarse el rigor metodológico que tanto la subcomisión creada para redactar el
proyecto de dictamen y en su momento el pleno de la comisión dictaminadora, la de
Justicia y Derechos Humanos, aplicaron al estudio y resolución de la iniciativa.
Es un reconocimiento
también al hecho de que a lapar de la evolución de la sociedad, también el fenómeno
delictivo ha evolucionado hasta manifestarse en sofisticadas expresiones, en el caso
particular, es propósito de la dictaminadora que reconoce el grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, el de tutelar, en principio, los derechos de los
creadores de obras artísticas que están plasmados en medios fonográficos,
videográficos y en libros, y por extensión, el legítimo derecho al lucro de sus
creadores de los artistas, técnicos, comerciantes que en apego a la ley cuentan con los
registros y permisos administrativos correspondientes que la ley le señala y cumplen con
sus obligaciones fiscales.
Además del atentado
contra los derechos de creación intelectual, artística, técnica y el ejercicio del
comercio, está también el impacto negativo con que se afecta al sistema financiero y
fiscal del país.
Es menester recordar que
el primer párrafo del artículo 2o. de la Ley Contra la Delincuencia Organizada,
establece con precisión, según el texto vigente en cinco fracciones y a raíz de la
modificación con seis, cuáles son las conductas típicas y antijurídicas que serán
consideradas como de delincuencia organizada.
Y el primer párrafo del
artículo 3o. el que faculta, como ya he señalado, que a partir de esta reforma, también
estas conductas, podrán ser perseguidas por la Procuraduría General de la República
como de delincuencia organizada.
La iniciativa en
cuestión, una vez que merezca de su aprobación y en su momento sea turnada a la
colegisladora Cámara de Senadores para perfeccionar el proceso legislativo y una vez que
sea turnada al Ejecutivo y que merezcan su sanción aprobatoria y se publique en el Diario Oficial de la Federación, será un
instrumento muy efectivo para que por una parte la Procuraduría General de la República
cuente con un instrumento jurídico más, de gran eficacia para perseguir el fenómeno
delictivo en su expresión de delincuencia organizada.
Es preciso también
señalar que la iniciativa, así como mereció la aprobación de la dictaminadora en lo
relativo a los artículos segundo y tercero de la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada, no fue del mismo criterio en tratándose de la reforma propuesta por el
iniciador al artículo 424-bis, ya que ha sido criterio de esta comisión, que no
necesariamente el incremento de las sanciones privativas de la libertad y pecuniarias
disuade a los presuntos responsables de la comisión de esta práctica ilícita,
atentatoria contra los derechos de autor y contra la propiedad intelectual y comercial,
que está catalogada en el Título Vigesimosexto de la Ley Sustantiva Penal Federal,
artículo en el cual en términos del texto vigente se establece ya una sanción de
prisión de 3 a 10 años y una sanción económica de 1 mil a 20 mil días.
Compañeros legisladores,
es deseo de los diputados del Partido Revolucionario Institucional que estas reformas
contribuyan, por una parte, para que la rama ejecutiva del Gobierno a través de la
dependencia encargada de la procuración de justicia y en su momento también el Poder
Judicial cuenten con estos instrumentos eficaces apegados a la Constitución y a la
legalidad para poder hacer su función tan importante como es la procuración y la
administración de justicia.
Por lo tanto y por lo
anteriormente expuesto, compañeras y compañeros legisladores de ustedes solicitamos
atenta y respetuosamente la aprobación a este dictamen.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Jaime Vázquez Castillo:
Gracias, señor diputado
Garza Tamez.
Está a discusión en lo
general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
No habiendo quien solicite
el uso de la palabra, le ruego a la Secretaría consultar si el artículo único del
proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo
particular.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
En votación económica se
pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del
proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén
por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente
discutido.
Ruego a la Secretaría
ordene se abra el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos, a fin de
proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
Hágase los avisos a que
se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema
electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.
(Votación.)
Se emitieron 422 votos en
pro, dos en contra y cero abstenciones.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Aprobado el proyecto de decreto por 422 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de
decreto por el que se reforman las fracciones I y IV y se adiciona la fracción VI al
artículo 2o. Y se reforma el primer párrafo del artículo 3o. de la Ley Federal Contra
la Delincuencia Organizada.
Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
REINO DE ESPAÑA
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Los siguientes puntos del
orden del día son la segunda lectura de los dictámenes relativos a las solicitudes de
permiso de los ciudadanos Alberto Manuel Ortega Venzor y Eduardo Sojo Garza Aldape, para
aceptar y usar condecoraciones que les confiere el Gobierno del Reino de España.
Consulte la Secretaría a
la Asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
Por instrucciones de la
Presidencia, se consulta a la Asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.
Los diputados que estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén
por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se les
dispensa la lectura.
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea: a la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, que suscribe, le fue turnado para su
estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al
doctor Alberto Manuel Ortega Venzor para aceptar y usar la condecoración de la Orden de
Isabel la Católica, en grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno del
Reino de España.
La comisión considera
cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal
virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano doctor Alberto Manuel Ortega Venzor para aceptar y usar la condecoración de la
Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda de Número, que le confiere el
Gobierno del Reino de España.
Sala de comisiones de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 21 de
noviembre de 2002.— Diputados: Armando
Salinas Torre (rúbrica), presidente; José
Antonio Hernández Fraguas (rúbrica), Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, y Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica), secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora (rúbrica),
Tomás Coronado Olmos (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge, Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), María Teresa Gómez Mont y Urueta (rúbrica), Federico Granja Ricalde (rúbrica), Lorenso Rafael Hernández Estrada (rúbrica), Efrén Leyva Acevedo, Jaime Mantecón Rojo (rúbrica),
Miguel Angel Martínez Cruz (rúbrica), Rodrigo David Mireles Pérez (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Germán Arturo
Pellegrini Pérez (rúbrica), José Jesús Reyna
García (rúbrica), Eduardo Rivera Pérez (rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ochoa (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica), Néstor Villarreal Castro (rúbrica), Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea: a la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, que suscribe, le fue turnado para su
estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al
doctor Eduardo Sojo Garza Aldape para aceptar y usar la condecoración de la Orden de
Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de
España.
La comisión considera
cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal
virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano doctor Eduardo Sojo Garza Aldape para aceptar y usar la condecoración de la
Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino
de España.
Sala de comisiones de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—- México, DF, a 21 de
noviembre de 2002.— Diputados: Armando
Salinas Torre (rúbrica), presidente; José
Antonio Hernández Fraguas (rúbrica), Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, y Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica), secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora (rúbrica),
Tomás Coronado Olmos (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge, Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), María Teresa Gómez Mont y Urueta (rúbrica), Federico Granja Ricalde (rúbrica), Lorenso Rafael Hernández Estrada (rúbrica), Efrén Leyva Acevedo, Jaime Mantecón Rojo (rúbrica),
Miguel Angel Martínez Cruz (rúbrica), Rodrigo David Mireles Pérez (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Germán Arturo
Pellegrini Pérez (rúbrica), José Jesús Reyna
García (rúbrica), Eduardo Rivera Pérez (rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ochoa (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica), Néstor Villarreal Castro (rúbrica), Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
En consecuencia, se pide a
la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
Está a discusión el
proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Manuel Ortega Venzor, para
aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica en grado de Encomienda
de Número, que le confiere el Gobierno de Reino del España.
Está a discusión el
dictamen... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal
en conjunto.
Está a discusión el
proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Eduardo Sojo Garza Aldape para
aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz
que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Está a discusión el
dictamen... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la
votación nominal de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado en un solo
acto.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Se pide a la Secretaría
se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación de los
proyectos de decreto.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
Háganse los avisos a que
se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.
Abrase el sistema
electrónico por 10 minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
(Votación.)
A esta Secretaría no se
reportó ninguna falla.
Se emitieron 394 votos en pro, 10 en contra y nueve abstenciones.
Presidencia del diputado Jaime
Vázquez Castillo
El Presidente diputado Jaime Vázquez Castillo:
Aprobados los proyectos de decreto por 394 votos.
Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO
El Presidente diputado Jaime Vázquez Castillo:
El siguiente capítulo, es
el correspondiente a excitativas y tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado
Manuel Arturo Narváez Narváez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
para formular excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El diputado Manuel Arturo Narváez Narváez:
Buenas tardes, compañeras
y compañeros:
En mi carácter de
diputado federal a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto por el inciso m del artículo 27 y
párrafo tercero del artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a promover esta
excitativa en virtud de que un servidor presentara una iniciativa de decreto por el que se
adiciona un tercer párrafo a la fracción XIV del artículo 106 de la Ley de
Instituciones de Crédito desde el 25 de abril de este año, que a la fecha no ha sido
dictaminada por la Comisión de Hacienda, por lo que me permito acudir a ustedes para
exponer los siguientes
ANTECEDENTES
Con fecha 25 de abril del
año en curso, el de la voz, presenté ante el pleno de esta Cámara una iniciativa de
decreto por la que se adicionaba un tercer párrafo a la fracción XIV del artículo 106
de la Ley de Instituciones de Crédito.
Tal iniciativa, pretende
prohibir de manera expresa y categórica, que las instituciones de crédito cobren o
realicen cargos por cualquier concepto que excedan de 10 veces el salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal, en la cuenta del librador de un cheque sin fondos.
Finalmente, se expresa una
prohibición adicional para que en ningún caso, los bancos puedan hacer cobro o pago
alguno al titular de la cuenta de cheques en la cual fue depositado para su cobro algún
cheque carente de fondos disponibles y suficientes, ni al tenedor del mismo que lo
presente para su cobro.
Esta propuesta surge por
la necesidad de regular una situación actual que es injusta a todas luces, ya que a la
fecha las instituciones bancarias cobran al titular de la cuenta a la que ha sido
depositado un cheque sin fondos una comisión por la devolución del mismo, atentando así
la esfera jurídica del titular de esta cuenta, ya que se presume la buena fe de éste y
en todo caso la responsabilidad jurídica debe ser para el librador del título ejecutivo.
En este mismo tenor, es
importante regular las comisiones que deben cobrar los bancos al librador de un cheque sin
fondos, ya que en la actualidad cada una de estas instituciones cobra un importe diferente
que oscila entre los 400 y los 1 mil 200 pesos, así lo reconoce la propia Comisión
Nacional Bancaria y de Valores al señalar que en los contratos que suscriben los bancos y
sus cuentahabientes, se pacta el cobro de comisiones por servicios y diversos conceptos.
Cabe señalar a este
respecto que entre dichos bancos no existen políticas generales de homologación de
comisiones, siendo recomendable que la clientela de las mismas revisen las estipulaciones
relativas contenidas en los mencionados contratos y en lo particular los conceptos e
importe que cobre la institución de que se trate. Desde luego, esta recomendación es
inatendible, en virtud de que los contratos de apertura de cuentas y de otros instrumentos
bancarios, son meros contratos de adhesión en los que la materia revisable por la parte
contratante es nula.
Así, al no contar los
bancos con un criterio uniforme para realizar el cargo de expedición de un cheque sin
fondos, nuestra propuesta se encamina en el sentido de que esta penalización no rebase
los 10 salarios mínimos.
Es el caso que una vez
presentada la iniciativa en comento, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara
de Diputados, turnó para su estudio, análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda
desde el 25 de abril del año en curso, habiendo transcurrido a la fecha evidentemente
mucho más de los cinco días que como plazo concede nuestra normatividad interna, para
que las comisiones de la Cámara presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa
descrita.
Por lo anterior
consideramos procedente y rogamos a la Presidencia de la Mesa Directiva que en
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excite
a la Comisión de Hacienda, a fin de que emita el dictamen correspondiente de la
iniciativa en comento.
Atentamente.
Diputado Manuel Narváez
Narváez.
Es cuanto, señor
Presidente.
El Presidente diputado Jaime Vázquez Castillo:
Gracias, señor diputado
Narváez Narváez.
De conformidad con lo establecido por el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que emita
el dictamen correspondiente.
La excitativa inscrita por
el diputado Jaime Martínez Veloz, a la Junta de Coordinación Política, a petición de
su grupo parlamentario se pospone para la siguiente sesión.
La excitativa inscrita por
el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a la Comisión del
Distrito Federal, a petición del propio grupo, se pospone para la siguiente sesión.
La excitativa inscrita por
la diputada Mónica Serrano Peña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a
petición de su grupo se pospone y es a las comisiones de Cultura y Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
DISTRITO
FEDERAL-ESTADO DE MEXICO
El Presidente diputado Jaime Vázquez Castillo:
En consecuencia tiene el
uso de la palabra el señor diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a
la Comisión del Distrito Federal.
El diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez:
Con el permiso de la
Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Quiero comentarles que con
fecha 9 de octubre y 15 de diciembre del año 2001, fueron presentadas ante el pleno de
esta Cámara, proposiciones con punto de acuerdo, tendientes a solucionar problemas
limítrofes entre el Distrito Federal y el estado de México.
El diputado Delfino
Garcés, del grupo parlamentario del PRD, propuso a este pleno, la revisión de los
límites entre el estado de México y el Distrito Federal, específicamente la delegación
Tláhuac y del municipio del valle de Chalco Solidaridad.
Meses después el de la
voz presentó proposición con punto de acuerdo, sobre los problemas de límites en el
Distrito Federal y del estado de México, específicamente en los confines de la
delegación de Iztapalapa y el municipio de Los Reyes la Paz.
Ambas proposiciones
expresan consideraciones, fundamentos sociales, jurídicos y de fondo iguales, así como
relativas a los límites de las mismas entidades federativas. Por lo que se solicitó la
dictaminación conjunta de ambas proposiciones para su estudio y dictamen.
Es la fecha que la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y la del Distrito Federal, no han resuelto
las iniciativas en comento, estando pendiente el dictamen correspondiente desde el primer
periodo de sesiones del segundo año de esta LVIII Legislatura.
El objetivo fundamental de
las iniciativas que motivan nuestra solicitud de dictamen, proponen la convocatoria de las
comisiones de límites de cada entidad federativa para la revisión de los trabajos de la
demarcación bilateral.
Asimismo, se solicita que
esta LVIII Legislatura a través de las comisiones unidas, soliciten a los gobiernos del
estado de México y del Distrito Federal, su opinión respecto de las solicitudes de los
vecinos que aun aceptan la imposición de una línea que separa a sus comunidades como los
de la colonia Emiliano Zapata, en la delegación Iztapalapa o los ejidatarios de Santa
Catarina Yecahuizotl, en la delegación Tláhuac. Un gobierno democrático surgido de la
voluntad popular a través del sufragio de la ciudadanía, debe fortalecer y mejorar la
relación con los ciudadanos de su demarcación territorial.
La excitativa a las
comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y del Distrito Federal, responde a
la necesidad y el derecho de vecinos y comunidades que mediante la solicitud del amparo de
la justicia federal, continúan en su lucha por ejercer y exigir el respeto a su derecho
de avecindarse con sus tradiciones cercanas y atender a la administración pública que
ellos reconocen como suya.
Por eso entendemos que la
consulta necesaria para dirimir esta controversia entre el gobierno y ciudadanos requiere
de voluntad política para condensar una solución que pudiera motivar un convenio
limítrofe que satisfaga la demanda de pertenencia de vecinos que se sienten agraviados
por residir en el Estado de México y no en el Distrito Federal, como sus conurbados.
Por lo antes expuesto y
dado que el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos, establece que toda comisión deberá presentar su dictamen en los
negocios de su competencia dentro de los cinco días siguientes de la fecha en que los
haya recibido, todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que
se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación
y que es la fecha de que no se han presentado ante este pleno el dictamen correspondiente
a estas dos iniciativas en comento y aún habiéndose vencido el plazo referido, es
imponderable que la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de las atribuciones que le
confiere el párrafo primero, inciso f del
artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, conforme a lo
que establece el artículo 38, párrafo primero, inciso c del mismo ordenamiento citado y el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior, realice una excitativa a las
comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y del Distrito Federal, de nuestra
Cámara de Diputados para que, conforme a lo dispuesto en el artículo 87, presente los
dictámenes que corresponden a estas iniciativas para su discusión y, en su caso,
aprobación por el pleno de esta honorable Asamblea.
Por su atención, muchas
gracias.
«Ciudadana Presidenta de
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Compañeras y compañeros
diputados: con fundamento en los artículos 71 fracción II; 73 fracciones IV, XXIII y
XXIX-C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 37; 38
párrafo 1 inciso c; 40 numeral 3; 45 numeral 6,
inciso f de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 85, 87 y 91 del Reglamento
Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta
soberanía a fin de presentar la siguiente excitativa, para que la Presidencia de esta
Mesa Directiva transmita a las presidencias de las comisiones de Gobernación y Seguridad
Pública, así como del Distrito Federal la obligación de presentar el dictamen
correspondiente a las proposiciones con punto de acuerdo por problemas limítrofes entre
el Distrito Federal y el Estado de México.
ANTECEDENTES
Con fechas 9 de octubre y
15 de diciembre de 2001, fueron presentadas ante el pleno de esta Cámara, proposiciones
con punto de acuerdo tendientes a solucionar problemas limítrofes del DF con el Estado de
México:
El diputado José Delfino
Garcés Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
propuso a este pleno la revisión de los límites entre el estado de México y el Distrito
Federal, específicamente en la delegación Tláhuac y del municipio del Valle de Chalco
Solidaridad.
Meses después, el de la
voz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
presentó proposición con punto de acuerdo sobre los problemas de límites entre el
Distrito Federal y el estado de México, específicamente en los confines de la
delegación Iztapalapa y el municipio de Los Reyes La Paz.
Ambas proposiciones
expresan consideraciones fundamentos sociales, jurídicos y de fondo iguales, así como
relativas a los límites de las mismas entidades federativas, por lo que se solicitó la
dictaminación conjunta de ambas proposiciones para su estudio y dictamen.
Es la fecha que la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y la del Distrito Federal no han resuelto
las iniciativas en comento, estando pendiente el dictamen correspondiente desde el primer
periodo de sesiones del segundo año de esta LVIII Legislatura.
CONSIDERACIONES
El objetivo fundamental de
las iniciativas que motivan nuestra solicitud de dictamen, proponen la convocatoria de las
comisiones de límites de cada entidad federativa para la revisión de los trabajos de la
demarcación bilateral; asimismo, se solicita que esta LVIII Legislatura, a través de las
comisiones unidas, soliciten a los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal
su opinión respecto de las solicitudes de los vecinos que aún no aceptan la imposición
de una línea que separa a sus comunidades, como los de la colonia Emiliano Zapata, en la
delegación Iztapalapa o los ejidatarios de Santa Catarina Yecahuizotl, en la delegación
Tláhuac.
Un gobierno democrático,
surgido de la voluntad popular a través del sufragio de la ciudadanía, debe fortalecer y
mejorar la relación con los ciudadanos de su demarcación territorial.
La excitativa a las
comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y del Distrito Federal responde a
la necesidad y el derecho de vecinos y comunidades que mediante la solicitud del amparo de
la justicia federal, continúan en su lucha por ejercer y exigir el respeto a su derecho
de avecindarse con sus tradicionales cercanos y atender a la administración pública que
ellos reconocen como suya.
Por eso entendemos que la
consulta necesaria para dirimir esta controversia entre gobierno y ciudadanos, requiere de
voluntad política para consensar una solución que pudiera motivar un convenio limítrofe
que satisfaga la demanda de pertenencia de vecinos que se sienten agraviados por residir
en el estado de México y no en el Distrito Federal como sus conurbados.
Por lo antes expuesto, y
dado que el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos establece que “toda comisión deberá presentar su
dictamen en los negocios de su competencia dentro de los cinco días siguientes de la
fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las
razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan
sujetarse a votación” y que es la fecha de que no se han presentado ante este pleno
el dictamen correspondiente a estas dos iniciativas en comento, aún y habiéndose vencido
el plazo referido, es imponderable que la Presidencia de la Mesa Directiva en uso de las
atribuciones que le confiere el párrafo primero, inciso f del artículo 23 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos y la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos, conforme a lo que establece el artículo 38,
párrafo primero, inciso c del mismo
ordenamiento citado y el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, realice una excitativa a la
comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y del Distrito Federal de nuestra
Cámara, para que conforme a lo dispuesto en el artículo 87 del citado Reglamento se
presenten los dictámenes que corresponden a estas iniciativas, para su discusión y, en
su caso, aprobación por el pleno de esta Asamblea.
Por lo antes expuesto,
Esteban Daniel Martínez Enríquez, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, solicita a la Presidencia de esta Mesa Directiva y a la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se excite a
las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y del Distrito Federal de
nuestra LVIII Legislatura, para la presentación en este pleno del dictamen que
corresponde a las proposiciones y puntos de acuerdo presentados por los diputados José
Delfino Garcés Martínez y Esteban Daniel Martínez Enríquez, todos integrantes del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
México, DF, a 3 de
noviembre de 2002.— Diputados: Esteban Daniel
Martínez Enríquez y Delfino Garcés
Martínez.»
El Presidente diputado Jaime Vázquez Castillo:
Gracias, señor diputado
Esteban Daniel Martínez Enríquez.
De conformidad con lo que establece el artículo 21,
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones del Distrito Federal y de Gobernación y
Seguridad Pública para que emitan el dictamen correspondiente.
PROSTITUCION
INFANTIL
El Presidente diputado Jaime Vázquez Castillo:
Esta Presidencia ha
recibido solicitud del señor diputado José Bañales Castro en los siguientes términos.
“Palacio Legislativo
en San Lázaro, a 3 de diciembre de 2002.
Diputada Beatriz Paredes
Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
El suscrito, diputado
federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, autor de la
iniciativa presentada el día 9 de abril del presente año en materia de prostitución y
pornografía de menores e incapaces y turismo sexual con menores e incapaces, solicito a
esta Presidencia, para fines procedimentales, otorgar la rectificación del turno a la
Comisión de Puntos Constitucionales en lo que se refiere a la iniciativa de reforma
constitucional, en su artículo 4o. y por lo que se refiere a las reformas y adiciones a
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Federación a la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada, al Código Federal de Procedimientos Penales y
al Código Penal, se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.”
Considerando atendible la petición del diputado
Bañales Castro, esta Presidencia acuerda que la iniciativa, por lo que se refiere a la
reforma al artículo 4o. constitucional, permanezca en la Comisión de Puntos
Constitucionales y lo referente a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a
la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, al Código Federal de Procedimientos
Penales y al Código Penal Federal, pasen a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
para su estudio y dictamen correspondiente.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Pasamos al siguiente
capítulo, que es el relativo a proposiciones.
ESTADO DE VERACRUZ
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Se ofrece el uso de la
palabra al diputado Pedro Manterola Sainz, del grupo parlamentario del PRI, para presentar
una proposición con punto de acuerdo para solicitar que se emita el decreto de área
natural protegida a la zona conocida como “Caña Alta”, ubicada en diversas
regiones de diferentes municipios del estado de Veracruz.
El diputado Pedro Manterola Sainz:
Con el permiso de la
Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
México es uno de los 17
países que en conjunto albergan entre el 60% y el 70% de la biodiversidad del planeta.
En nuestro país esta gran
diversidad biológica se origina en la compleja topografía, la variedad de climas y la
conexión de dos zonas existentes en el territorio mexicano que forman un variado mosaico
de condiciones ambientales.
Esta riqueza ambiental
cumple la paradójica condición de ser al mismo tiempo sobreexplotada y desaprovechada.
Sobreexplotada por intereses privados, poco racionales y alejados de los criterios de
sustentabilidad que deben determinar el aprovechamiento de los recursos naturales.
Desaprovechados por la
gran mayoría de los habitantes de estas regiones privilegiadas, cuya riqueza es en muchos
casos inversamente proporcional a la miseria de sus pobladores.
El grave deterioro de los
últimos 20 años muestra claramente que una crisis ambiental, puede manifestarse en
cualquier organización grande, pequeña, pública o privada, con o sin aviso y en
cualquier parte.
Las actividades más
afectadas por la crisis ecológica son: la pesca, la agricultura y la ganadería.
Entre los daños más
destacados se observa la pérdida de suelos por sustancias tóxicas, lluvia ácida,
erosión y salinización, factores relacionados con la pérdida de producción.
Todo ello tiene un
múltiple efecto en detrimento del medio ambiente de las condiciones de vida de
poblaciones marginadas y en el futuro, de montañas, bosques y ríos, en nuestro propio
futuro y en el de próximas generaciones.
En Veracruz existen zonas
de montaña, bosques, esteros, lagunas y selvas. Presenta el estado diferentes variedades
de clima y muchos cuerpos de agua, esteros, ríos y lagunas de importancia. Posee gran
variedad de productos agrícolas, pecuarios, maderables y pesqueros, siendo los
principales la caña de azúcar, el arroz, la piña, la naranja y el plátano.
De estos cultivos dependen
importantes agroindustrias generadoras de empleo. Posee importantes puertos pesqueros y de
altura, cuenta con el mayor número de pozos petrolíferos en la planicie costera del
golfo. Los domos salinos están entre los de mayor producción mundial. Cuenta con gran
variedad de lugares turísticos. El territorio del estado estuvo habitado por cuatro
grandes culturas: olmeca, huasteca, totonaca y náhuatl.
Veracruz tiene condiciones
privilegiadas y una gran riqueza y diversidad de recursos y condiciones naturales, pero no
ha sido ajeno a graves condiciones de deterioro ambiental.
En las sierras las
condiciones de vida son lacerantes y no se contempla en el corto plazo una atención que
permita corregir los problemas ambientales. Prevalece un pastoreo desordenado, una
agricultura insegura y la tala clandestina.
El ecoturismo no ha
recibido ni el apoyo ni la promoción que permitiría extender sus beneficios a sectores
más amplios de la población.
Es común observar el
clásico cambio de uso de suelo de forestal a agrícola; el abasto de agua en muchas
regiones está en riesgo. La respuesta gubernamental ha sido en muchos casos la
indiferencia.
Existen asentamientos
irregulares que han venido destruyendo zonas de manglar y selvas. En zonas pesqueras como
las que ocupa la cuenca del río Bobos en Náutla, Martínez de la Torre, Tlapacoyan y
Vega de Alatorre.
Los desechos industriales
afectan la calidad de vida de cientos de pescadores. En bosques y áreas forestales hay
aserraderos con capacidad instalada superior a la capacidad productiva, decretos de
protección y de áreas protegidas han quedado en el papel. Ha disminuido dramáticamente
la extensión de selvas y bosques.
Esta amplia variedad de
problemas carentes y condiciones de marginación, pueden ser superadas sólo con el
esfuerzo y el trabajo conjunto de la sociedad organizada, los diferentes niveles de
gobierno, campesinos, pescadores, artesanos y otras organizaciones sociales.
Las reservas naturales,
territorios y masas de agua de valor excepcional deben ser preservados para proteger
ecosistemas, especies animales y vegetales amenazadas.
En el desarrollo
sustentable los ríos cumplen una función vital. Es el agua la que distingue a la tierra
de los otros planetas conocidos y lo que hace posible la vida.
La falta de lluvias tiene
consecuencias desastrosas para la vida del río y sus riberas y para el suministro de
agua. La cantidad y regularidad de las aguas de un río son de enorme importancia para las
plantas, animales y personas que viven a lo largo de su curso.
Es el caso que nos ocupa,
la región de Caña Alta, en el municipio de Atzalán en Veracruz, es una depresión
topográfica localizada en la cuenca del río Bobos, cuya importancia estratégica permite
la conservación de este río que beneficia a más de 25 municipios de la zona
centro-norte del estado de Veracruz. En ella se encuentran especies de flora y fauna en
diversas categorías de protección. Conviven agricultores, ganaderos, artesanos,
prestadores de servicios, pescadores y muchos otros sectores que han hecho del río, de su
cauce y de sus beneficios su principal fuente de ingresos.
A pesar de este potencial
muchas comunidades sobreviven en condiciones de verdadera miseria. La zona es propicia
para actividades de turismo alternativo que tendrían una derrama económica considerable
y coadyuvarían a un manejo sustentable de los recursos naturales en beneficio de la zona
y de todas las comunidades en la cuenca hidrológica del río Bobos.
Con un marco legal
acertado se impulsará el desarrollo sostenible y se facilitará el cumplimiento de las
leyes y la reparación de los daños...
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Diputado: le rogamos que
pueda concluir.
El diputado Pedro Manterola Sainz:
Termino, señora
Presidenta.
Por ello, por todo ello se
pretende otorgar a esta zona un ordenamiento rector para las actividades productivas y el
uso racional de los recursos naturales. Por ello consideramos pertinente que la región
del bordo Caña Alta sea declarada área natural protegida, lo que permitirá la
protección de sus recursos naturales.
Solicitamos, por lo tanto,
se turne el presente acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para
que se le dé conocimiento a la autoridad competente y se exhorte al Ejecutivo Federal
para que declare área natural protegida la zona conocida como Caña Alta en la zona
centro-norte del estado de Veracruz.
Muchas gracias.
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Punto de acuerdo para que
mediante decreto expedido por el Ejecutivo Federal se considere como área natural
protegida la región de “Caña Alta“, municipio de Atzalán, estado de Veracruz.
EXPOSICION DE MOTIVOS
México es uno de los 17
países que en conjunto albergan entre el 60% y el 70% de la biodiversidad del planeta. En
nuestro país, esta gran diversidad biológica se origina en la compleja topografía, la
variedad de climas y la conexión de dos zonas biogeográficas existentes en el territorio
mexicano que forman un variado mosaico de condiciones ambientales.
Esta riqueza ambiental
cumple la paradójica condición de ser al mismo tiempo sobreexplotada y desaprovechada.
Sobreexplotada por intereses privados, poco racionales y alejados de los criterios de
sustentabilidad que deben determinar el aprovechamiento de los recursos naturales.
Desaprovechadas por la
gran mayoría de los habitantes de estas regiones privilegiadas, cuya riqueza es en muchos
casos inversamente proporcional a la miseria de sus pobladores.
El grave deterioro
ecológico de los últimos 20 años muestra claramente que una crisis ambiental, puede
manifestarse en cualquier organización, grande, pequeña, pública o privada, con o sin
aviso y en cualquier parte.
Las actividades más
afectadas por la crisis ecológica son la pesca, la agricultura y la ganadería. Entre los
daños se observa la pérdida de suelos por sustancias tóxicas, lluvia ácida, erosión y
salinización de suelos, factores relacionados con la pérdida de producción.
Todo ello tiene un
múltiple efecto en detrimento del medio ambiente, de las condiciones de vida de
poblaciones marginadas, en el futuro de montañas, bosques y ríos. En nuestro propio
futuro y el de próximas generaciones.
En Veracruz existen zonas
de montaña, bosques, esteros, lagunas, selvas. Presenta diferentes variedades de clima y
muchos cuerpos de agua, esteros, ríos y lagunas de importancia. Posee gran variedad de
productos agrícolas, pecuarios, maderables y pesqueros, siendo los principales la caña
de azúcar, arroz, piña, naranja y plátano. De estos cultivos dependen importantes
agroindustrias generadoras de empleo.
Posee importantes puertos
pesqueros y de altura. Cuenta con el mayor número de pozos petrolíferos en la planicie
costera del golfo. Los domos salinos están entre los de mayor producción mundial. Cuenta
con gran variedad de lugares turísticos. El territorio del estado estuvo habitado por
cuatro grandes culturas: Olmeca, Huasteca, Totonaca y Nahua.
Veracruz tiene condiciones
privilegiadas, y una gran riqueza y diversidad de recursos y condiciones naturales. Pero
no ha sido ajena a graves condiciones de deterioro ambiental.
En las sierras las
condiciones de vida son lacerantes y no se contempla en el corto plazo una atención que
permitan corregir los problemas ambientales. Prevalece un pastoreo desordenado, una
agricultura insegura y la tala clandestina.
El ecoturismo no ha
recibido el apoyo ni la promoción que permitiría extender sus beneficios a sectores más
amplios de la población. Es común observar el clásico cambio de uso del suelo de
forestal a agrícola. El abasto de agua en muchas regiones está en riesgo. La respuesta
gubernamental ha sido en muchos casos la indiferencia. Existen asentamientos irregulares
que han venido destruyendo zonas de manglar y selva. En zonas pesqueras, como la que ocupa
la cuenca del río Bobos en Nautla, Martínez de la Torre, Tlapacoyan y Vega de Alatorre,
los desechos industriales afectan la calidad de vida de cientos de pescadores. En bosques
y áreas forestales hay aserraderos con capacidad instalada superior a la capacidad
productiva. Decretos de protección y de áreas protegidas han quedado en el papel. Ha
disminuido dramáticamente la extensión de selvas y bosques.
Esta amplia variedad de
problemas, carencias y condiciones de marginación, puede ser superada sólo con el
esfuerzo y el trabajo conjunto de la sociedad organizada, los diferentes niveles de
gobierno, los campesinos, pescadores, artesanos y otras organizaciones sociales.
Los cambios en el mundo
natural suelen ser cíclicos y predecibles. Muchos ecosistemas no expuestos a la acción
humana parecen estables e invariables, en un estado del “equilibrio natural”.
Todos los medios y
ecosistemas naturales se enfrentan a una dificultad sin precedentes: el ser humano ha
comprimido en unos pocos siglos cambios que hubiesen exigido miles o millones de años. La
influencia más directa del hombre sobre los ecosistemas es su destrucción o
transformación.
En su estado natural, el
bosque permanece en condiciones autorreguladas durante largo tiempo. En estas
circunstancias, existe el perfecto equilibrio entre zonas de bosque, lluvia, corrientes
pluviales, actividades económicas y en general un desarrollo equilibrado, sustentable,
inteligente.
La conservación de la
naturaleza está ligada al uso sostenible de su capital básico, que son los recursos
naturales, como el suelo, el agua, las plantas, los animales y los minerales. El mal uso
de los mismos puede provocar pérdidas económicas, dañar la singularidad del paraje o
acabar con las especies presentes en él.
Las reservas naturales,
territorios y masas de agua de valor excepcional, deben ser preservados para proteger
ecosistemas, especies animales y vegetales amenazados, parajes de interés paisajístico,
formaciones geológicas o lugares de interés histórico o arqueológico.
En el desarrollo
sustentable, los ríos cumplen una función vital. Es el agua lo que distingue a la Tierra
de los otros planetas conocidos y lo que hace posible la vida. En la Tierra hay más de 1
mil 400 millones de km3 de agua continuamente reciclados y transformados a su paso por los
océanos, la atmósfera, la biosfera y por los suelos y rocas de la geosfera.
La falta de lluvias tiene
consecuencias desastrosas para la vida de los ríos y sus riberas y para el suministro de
agua. La cantidad y regularidad de las aguas de un río son de enorme importancia para las
plantas, animales y personas que viven a lo largo de su curso.
Los ecosistemas de los
ríos pueden considerarse entre los más importantes de la naturaleza y su existencia
depende totalmente del régimen de los mismos. Por lo tanto, se debe tener gran cuidado
para no alterar este régimen al actuar sobre el río y su cuenca, ya que una gestión
poco responsable de los recursos del agua o su sobreexplotación pueden tener efectos
desastrosos para el ecosistema de ribera.
La mayoría de los ríos
se internan en el mar a través de estuarios. En los estuarios se asientan hábitats muy
variados y ricos en especie marinas y fluviales. La presión del desarrollo pone en
peligro estos hábitats; debido a la expansión industrial que amenaza con contaminar la
vida silvestre.
El conflicto entre la
naturaleza y la explotación de los recursos fluviales no es algo nuevo. A lo largo de la
historia, los ríos y sus llanuras, estuarios y deltas han influido en la agricultura, el
transporte, la industria, el vertido de desechos y los asentamientos humanos.
Gracias a su corriente y
naturaleza ecológica, los ríos son capaces de regenerarse por sí mismos al admitir
cantidades asombrosas de afluentes.
Sin embargo, todos los
ríos tienen un límite de capacidad de asimilación de aguas residuales y fertilizantes
provenientes de las tierras de cultivo. Si se supera éste, la proliferación de
bacterias, algas y vida vegetal consumirá todo el oxígeno del agua, destruyendo todo el
ecosistema fluvial.
En los países en
desarrollo, el desafío está en prevenir la contaminación de sus ríos y ecosistemas
vírgenes. Los ríos son el último refugio de muchas especies de animales y plantas y el
suministro de agua que pueden aportar es la mejor esperanza para el desarrollo sostenible.
La importancia de los ríos trasciende las fronteras nacionales y los intereses locales.
La defensa de la
naturaleza en México data del siglo XVI, cuando Moctezuma II creó reservas botánicas y
zoológicas. El primer parque nacional mexicano se creó por decreto presidencial en 1917.
Durante el mandato del Presidente Lázaro Cárdenas se crearon 40 parques nacionales y 7
reservas. Entre ellos, el Parque Nacional Palenque, que protege las densas selvas
tropicales que lo rodean.
En el caso que nos ocupa,
la región de Caña Alta, en el municipio de Atzalán, Veracruz, es una depresión
topográfica localizada en la cuenca del río Bobos, cuya importancia estratégica permite
la conservación de este río que beneficia a más de 25 municipios de la zona
centro-norte del estado de Veracruz. Su vegetación la convierte en una zona
representativa de las regiones biogeográficas y de los ecosistemas existentes en la
región. Incluye tierras de cultivo, zonas arqueológicas, afluentes del río Bobos o
Nautla, pequeñas lagunas y arroyos.
En ella se encuentran
especies de flora y fauna en diversas categorías de protección. Ahí conviven
agricultores, ganaderos, artesanos, prestadores de servicios, pescadores y diversos
sectores que han hecho del río, de su cauce y sus beneficios su principal fuente de
ingresos.
A pesar de su potencial,
muchas de sus comunidades sobreviven en la marginación, lo que conlleva a una
explotación inadecuada de sus recursos naturales con repercusiones como deforestación,
erosión, asolvamiento de cauces e inundaciones en las partes bajas.
La zona es propicia para
actividades de turismo alternativo, que tendrían una derrama económica considerable y
coadyuvarían a un manejo sustentable de los recursos naturales en beneficio de la zona y
las comunidades cuesta abajo.
Con un marco legal
acertado se impulsará el desarrollo sostenible y se facilitará el cumplimiento de las
leyes y la reparación de los daños ocasionados a las comunidades y a los ecosistemas. Se
detendrá la expansión de actividades de alto impacto para los ecosistemas, como las
industriales y no sustentables. A su vez, se pretende garantizar el desarrollo integral de
las comunidades promoviendo su participación en la preservación y protección del
ecosistema y su biodiversidad.
Se propone otorgar a esta
zona un ordenamiento rector para las actividades productivas y el uso racional de los
recursos naturales, su preservación, mejoramiento y viabilidad económica mediante
procesos sustentables que permitan equilibrar los niveles de desarrollo y bienestar.
Por ello, es pertinente
que la región del bordo Caña Alta sea declarada área natural protegida, lo que
permitiría la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna,
la preservación de su ecosistema, la investigación, la recreación y turismo, cubriendo
los objetivos de desarrollo sustentable.
Como una contribución al
adecuado trabajo de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de acuerdo a los
ordenamientos legales respectivos, me permito presentar a esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Se turne el presente
acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se le dé
conocimiento a la autoridad competente a efecto de cumplir con los requisitos señalados
por ley y se le dé trámite a la presente solicitud. Se exhorta al Ejecutivo Federal para
que declare Area Natural Protegida la zona conocida como “Caña Alta”, municipio
de Atzalán, estado de Veracruz.
Palacio Legislativo.—
San Lázaro, a 3 de diciembre de 2002.— Diputado federal Pedro Manterola Sainz.»
«Escudo Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Iniciativa de la Ley para
la Creación del Area Natural Protegida “Caña Alta” estado de Veracruz.
Justificación Jurídica
El artículo 27
constitucional, en su párrafo tercero, estipula que la nación, en todo tiempo, puede
imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como
regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles
de apropiación y cuidar su conservación.
En consecuencia, puede
dictar las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y
destinos de las tierras, aguas y bosques para preservar y restaurar el equilibrio
ecológico.
El artículo 25
constitucional establece el cuidado del medio ambiente con motivo de la regulación del
uso de los recursos productivos de los sectores social y privado. Esta idea fue
incorporada a la Carta Magna en las reformas de 1983.
El artículo 27 y en
especial la adición de la fracción XXIX-G al artículo 73 de la Constitución, otorga
facultades al Congreso para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno
Federal, de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del
equilibrio ecológico.
Por otra parte, el
artículo 115 constitucional, en su fracción V, señala que las áreas naturales del
territorio nacional podrán ser materia de protección ecológica.
Los citados fundamentos
constitucionales establecen las disposiciones que sustentan la política ambiental de
nuestro país.
La Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece las bases para
definir los criterios y principios de la política ecológica nacional y los instrumentos
para su aplicación; la preservación y protección de la biodiversidad, así como la
creación, establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas; la
protección de la flora y la fauna silvestres y acuáticas; el aprovechamiento racional de
los recursos naturales, entre los más importantes (en el artículo 1o.). Asimismo, la
LGEEPA señala en su artículo 2o. “el establecimiento, protección y preservación
de las áreas naturales protegidas y de las zonas de restauración ecológica”.
Por otra parte, el decreto
de actualización y reforma de esta ley, publicado en diciembre de 1996, estipula cambios
en materia de áreas naturales protegidas, aplicables para justificar esta iniciativa de
creación del ANP Caña Alta.
• La reclasificación
de las categorías del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas.
• Lineamientos más
claros y precisos para el establecimiento de órganos de administración y financiamiento,
entre los que se encuentran los comités técnicos, fideicomisos y programas de manejo.
• Se prevé la
posibilidad de que el Gobierno Federal otorgue, en este caso, al gobierno del estado y los
municipios del distrito, así como ejidos y comunidades agrarias y organizaciones
sociales, la administración de las áreas naturales protegidas de competencia federal,
una vez que las mismas cuenten con el programa de manejo respectivo.
Objetivos jurídicos y
técnicos que soportan la propuesta de creación del área natural protegida Caña Alta.
Tomando en cuenta los
anteriores fundamentos legales y, sobre todo, la necesidad de preservar el entorno
ecológico, se propone otorgar para esta zona un marco legal rector en el fomento a las
actividades productivas, a fin de lograr el uso racional de los recursos naturales, su
preservación y mejoramiento, al igual que la viabilidad económica de la producción
mediante procesos sustentables; así como dar espacio legal para que se lleve a cabo la
reconversión productiva de los suelos.
En concordancia con lo
establecido en la LGEEPA, así como con las necesidades propias de la región, se
justifica esta iniciativa para llevar a cabo los siguientes objetivos:
• Preservar los
ambientes naturales del área para asegurar su equilibrio y la continuidad de los procesos
evolutivos y ecológicos.
• Salvaguardar la
diversidad genética de la flora y la fauna existentes, particulares y endémicas
amenazadas o en peligro de extinción.
• Preservar y
restaurar el equilibrio ecológico de los sistemas rural-urbano en las zonas de
amortiguamiento adyacentes.
• Proporcionar un
campo propicio para la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su
equilibrio.
• Asegurar con un
marco de protección la sustentabilidad integral de actividades turísticas que se lleven
a cabo en estas áreas.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En el mundo existen más
de 170 países, pero sólo 17 de ellos son considerados como megadiversos. México es uno
de estos países que en conjunto albergan entre el 60% y el 70% de la biodiversidad total
del planeta. Esta gran diversidad biológica se debe principalmente a la compleja
topografía, la variedad de climas y la conexión de dos zonas biogeográficas existentes
en el territorio mexicano que en conjunto forman un variado mosaico de condiciones
ambientales.
El deterioro ecológico
que se ha presentado en los últimos veinte años enseña al mundo que una crisis puede
manifestarse en cualquier organización, sea grande o pequeña, pública o privada, con o
sin aviso alguno y en cualquier parte. Por ejemplo: el desastre nuclear de Chernobil, la
tragedia de Bhopal, en India, por la fuga de un gas letal de una planta de Union Carbide,
el derrame de petróleo crudo en la costa de Alaska por el buque Exxon Valdez.
Otros ejemplos los
encontramos en México con la explosión de gas en San Juanico y otra en el Sector Reforma
en Guadalajara, el envenenamiento con plomo de la población infantil en Torreón por
emisiones de la fundidora de Peñoles y un sinfín de comunidades contaminadas por
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En términos del deterioro
ecológico, las actividades mayormente afectadas son la pesca, la agricultura y la
ganadería. En las afectaciones a la agricultura se observa la pérdida de suelos por
retención de agua, derrame de sustancias tóxicas y erosión y salinización de suelos.
Otra forma de afectación
a los suelos es la denominada lluvia ácida, que los campesinos relacionan con la baja
considerable en su producción. Resulta urgente realizar estudios de concentración de
metales pesados en los pastos y suelos, así como en productos finales, investigaciones
que serían un instrumento necesario para priorizar los programas de rehabilitación y
recuperación de suelos.
Es urgente también
recuperar las áreas de ecosistemas degradados, en abandono u ocupadas ilegalmente por las
industrias para su reincorporación al uso, manejo y custodia de las comunidades locales.
Debe ser un esfuerzo de sociedad organizada; campesinos, pescadores, artesanos y otras
organizaciones sociales.
Las amenazas principales
de los ecosistemas son la tala inmoderada para la ampliación de la frontera
agrícola-ganadera, la destrucción ocasionada por desarrollos turísticos y urbanos y la
destrucción por la construcción de carreteras, campos de golf, de granjas
camaronícolas, y por derrames de petróleo, entre otras.
Un ejemplo es la región
de El Bordo (ANP Caña Alta) en la que existe una depresión topográfica localizada en la
cuenca del río Bobos, existiendo diferencias altitudinales hasta más de 500 metros, su
vegetación va desde selva mediana hasta bosques de pino.
Lo accidentado de la
topografía ha propiciado marginación en las comunidades de la región existiendo un
ingreso per capita de $5.00 y $4.00 en comunidades como Las
Minas y Tatatila, respectivamente, conllevando esto a una explotación inadecuada de sus
recursos naturales con las repercusiones que ello provoca como es deforestación,
erosión, asolvamiento de cauces e inundaciones en las partes bajas.
Estudios de las
particularidades de este lugar reflejan que en él se pueden fomentar actividades de
Turismo alternativo, como son: alpinismo, campismo, contemplación de paisaje,
observación de flora, foto, videocaza y fonocaza, que tendrían una derrama económica
similar o superior a la existente en lugares como Jalcomulco que semanalmente obtienen
ganancias cercanas a los 86 mil 500 pesos.
Estas actividades, al
ofrecer una alternativa económica a los habitantes, coadyuvarían a un manejo sustentable
de los recursos naturales, viéndose reflejado en un beneficio en la zona y las
comunidades cuesta abajo.
La legislación debe
defender los ecosistemas, garantizando su vitalidad y la de las poblaciones que viven en
relación con ellos, por lo que uno de los objetivos de esta iniciativa será el de
asegurar con un marco de protección la sustentabilidad integral de actividades
turísticas que se lleven a cabo en estas áreas.
Es necesario obtener de
los estados, gobiernos y empresarios privados, el estricto cumplimiento de las leyes y la
reparación de los daños ocasionados a las comunidades y a los ecosistemas; así como
detener la expansión de las actividades de alto impacto para los ecosistemas, como son
las industriales y las no sustentables por considerarlas destructivas y contaminantes.
Las reclamaciones por
afectación son frecuentes, las solicitudes de indemnización por daños en las
comunidades del país abundan y hasta la fecha no se aplica ninguna política de solución
integral.
Existen graves daños a la
salud de la población de muchos mexicanos, principalmente de comunidades pobres, debido
al deterioro ecológico, que no se ha determinado, que provocan empresas particulares y
públicas, donde los grupos más expuestos son las mujeres y los niños.
La evidencia muestra que
se ha registrado un aumento del número de casos de leucemia en la población infantil,
igualmente se han registrado múltiples casos de cáncer y en opinión de algunos
médicos, esta enfermedad es más común en mujeres que viven en las cercanías de las
zonas de producción industrial.
Es necesario contar con un
procedimiento efectivo para medir el impacto ambiental por actividad industrial y que se
complemente con el de impacto en la salud.
En México muchas empresas
continúan operando al margen de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente y de la Ley General de Salud, además de que en distintas regiones del país
faltan estudios de contaminación de suelo, aire, agua y su impacto en la salud.
Cuando hay afectación a
personas y propiedades, la mayoría de las empresas, incluidas las públicas, ofrecen unos
cuantos pesos como indemnización o la compra de sus terrenos, lo cual resulta indigno.
Es necesario pensar en la
pertinencia de que se apliquen las sanciones que marcan las normas oficiales mexicanas
cuando entes contaminantes agreguen a ecosistemas una carga no sostenible de contaminantes
y que se destine a proyectos productivos en las zonas afectadas, además favorecer la
reconversión de las actividades productivas con proyectos que sean sustentables y
planeados de manera participativa con las comunidades afectadas. Lo mencionado antes es
con el propósito de preservar y restaurar el equilibrio ecológico de los sistemas
rural-urbanos en las zonas de amortiguamiento adyacentes a las áreas propuestas para
protección ecológica.
También es necesario que
el Estado, como promotor del desarrollo, genere las condiciones que la gente en todo el
país requiere, para que puedan equilibrarse los niveles de desarrollo y bienestar en su
conjunto. Y que exija la corresponsabilidad de las empresas particulares de los
desarrollos urbanos que afecten la salud y el ecosistema de las comunidades bióticas como
en este caso viene sucediendo.
En otro orden y en
concordancia con lo establecido en la LGEEPA, así como con las necesidades propias de la
región, se justifica esta iniciativa para llevar a cabo los siguientes objetivos:
preservar los ambientes naturales del área para asegurar su equilibrio y la comunidad de
los procesos evolutivos y ecológicos; así como salvaguardar la diversidad genética de
la flora y la fauna existentes, particulares y endémicas amenazadas o en peligro de
extinción. Esto traerá consigo el interés y proporcionará un campo propicio para la
investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio.
Por lo anteriormente
expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, presento la
siguiente iniciativa de creación del área natural protegida “Caña Alta” del
estado de Veracruz.
GEOGRAFIA
La zona que se propone
como ANP “Caña Alta” se ubica en el municipio de Atzalán, Veracruz.
Su rango altitudinal va de
los 450 a los 600 metros sobre el nivel del mar. Representa una de las reservas
ecológicas más grandes y diversas del estado de Veracruz; incluye poblados, tierras de
cultivo, afluentes del río Bobos o Nautla, y algunos arroyos.
FLORA
El tipo de vegetación
predominante en esta zona es bosque tropical perennifolio. Este tipo de vegetación se
considera como una comunidad compleja, en la cual predominan los árboles siempre verdes
que, en la mayoría de los casos, sobrepasan los 25 metros de altura.
Existen, sin embargo,
árboles que no son estrictamente perennifolios y pierden sus hojas en la época más seca
del año, correspondiente al periodo de floración.
En la reserva se
encuentran reportadas algunas especies de flora y fauna en diversas categorías de
protección como son Matudea trinevia, Lycopodium
dichotomun, Campyloneus phyllitides, Crusea hispida, y Mammillaria ringlei.
La vegetación de la zona
es muy variada, algunas de las especies que se pueden observar son: enredaderas (Thunbergia alata, T. fragrans), maguey (Agave applanata), chirimoya (Annna cherimola), anturio (Anthurium scandens), aristoliquia (Aristolochia pentandra), asclepia (Asclepias angustilia), palo cuchara (Dendropanax arboreus), amargoso (Taraxacum mexicatum), mozote (Melampodium divaricatum), saquilanal (Senecio barba-johannis), begonia (Begonia spp), achiote (Bixa orellana), pepinque (Carpinus carolineana), tronadora (Tecoma stans), roble (Tabebuia rosea), apompo (Pachira aquatica), bromelias (Aechmea nudicaulis y Tillandsia dasylirifolia),
paixtle (Tillandsia usneoides), palo mulato (Bursera simaruba), chachacalo (Cannaindica), quiebra platos (Ipomoea spp), riñonina (Iponea pescaprae e I. stolonifera), dioscóreas (Dioscorea mexicana y D. compositum), encinos (Quercus spp), liquidámbar (Liquidambar macrophylla), cedro (Cedrella odorata), guayaba (Psidium guajova), orquídea (Campylocentrun micranthum, Enciclia sep, Epidendrum
spp, Laelia tibicinis, Oncidium sphacelatum, y Maxillaria densa, entre otras), pino (Pinus spp), flor de la pasión (Pasiflora spp), haya (Platanus mexican) y cicadas (Ceratozamia mexicana y Zamia loddigessi).
Fauna
Existe gran diversidad de
fauna reportada para la región, podemos citar las siguientes especies de anfibios
reptiles: sapo marino (Bufo marinus), sapito de
tierra (Bufus valliceps), ranas arborícolas (Hila arborescandens, H. Desdroscarta, H. Microcephala,
H. Miotynpanum, H. picta), rana de lluvia (Smilisca
baudini), tortuga lagarto (Chelydra serpentina),
tortuga blanca (Dermatemys mawei), tortuga pinta
(Trachemys scripta), pochitoque (Kinosternon herrerai), tortuga tres lomos (Staurotypus triporcatus), serpiente coral (Micrurus diastema), nauyaca real (Botrhops asper), serpiente torito (Ophyracus undulatus), nauyaca de niebla (Porthidium nummifer), culebra de agua (Thamnophis proximus), nuyaca de agua (Nerodia rhombifera), culebra voladora (Spilote pullatus), bejuquillo (Oxybelis aeneus), falso coralillo (Lampropeltis triangulum), iguana verde (Iguana iguana), tilcampo (Ctenosaura similis), lagartija perrollo (Anolis sericeus) y teterete (Basiliscus vittatus).
Con un marco legal
acertado se impulsará el desarrollo sostenible y se facilitará el cumplimiento de las
leyes y la reparación de los daños ocasionados a las comunidades y a los ecosistemas. Se
detendrá la expansión de actividades de alto impacto para los ecosistemas, como las
industriales y no sustentables. A su vez, se pretende garantizar el desarrollo integral de
las comunidades promoviendo su participación en la preservación y protección del
ecosistema y su biodiversidad.
Se propone otorgar a esta
zona un ordenamiento rector para las actividades productivas y el uso racional de los
recursos naturales, su preservación, mejoramiento y viabilidad económica mediante
procesos sustentables que permitan equilibrar los niveles de desarrollo y bienestar.
Por ello, es pertinente
que la Región del Bordo Caña Alta sea declarada Area Natural Protegida, lo que
permitiría la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna,
la preservación de su ecosistema, la investigación, la recreación y turismo, cubriendo
los objetivos de desarrollo sustentable.
Como una contribución al
adecuado trabajo de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de acuerdo a los
ordenamientos legales respectivos, me permito presentar a esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Se turne el presente
acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se le dé
conocimiento a la autoridad competente a efecto de cumplir con los requisitos señalados
por ley y se le dé trámite a la presente solicitud. Se exhorta al Ejecutivo Federal para
que declare área natural protegida la zona conocida como Caña Alta, municipio de
Atzalán, estado de Veracruz.
Palacio Legislativo.—
San Lázaro, a 3 de diciembre de 2002.— Diputado Pedro Manterola Sainz.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
Colegas diputadas y
diputados, queremos recordarles para aquellos que tengan interés que su punto de acuerdo
pueda ser turnado con mayor diligencia y dado la carga de solicitudes de presentación de
puntos de acuerdo, que los legisladores que lo deseen pueden hacerlo llegar a la Mesa
Directiva, a efecto de que de manera económica se turne y se publique en la Gaceta
Parlamentaria y que esto les dé la certidumbre de que se incorpora en los turnos
a la brevedad posible.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
El siguiente punto de
acuerdo enlistado es la proposición del diputado Rafael Servín Maldonado, del grupo
parlamentario del PRD, para presentar una proposición con punto de acuerdo con objeto de
que la Cámara de Diputados exhorte al director general del IMSS a que cumpla debidamente
lo que establece el artículo vigesimoquinto transitorio del decreto por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.
El diputado Rafael Servín Maldonado:
Con su permiso, diputada
Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta soberanía una proposición con punto
de acuerdo, bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
Primero. Que el 20 de
diciembre del año 2001 fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación el decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del
Seguro Social, mismo que el Congreso de la Unión había aprobado días pasados.
Segundo. Que dentro de las
normas transitorias contenidas en dicho decreto se encuentra el artículo 25 que a la
letra dice: el Ejecutivo Federal deberá presentar al Congreso de la Unión un estudio
sobre la suficiencia financiera de los seguros y coberturas que conforme a la Ley del
Seguro Social administra el IMSS y a las propuestas que, en su caso, sean necesarias para
que la medicina social brinde servicios eficientes y oportunos y se fortalezca el régimen
de pensiones a fin de que brinde mayor protección a los trabajadores con el menor costo
social a más tardar el 15 de octubre de 2002.
Tercero. Que el pasado 14
de octubre del presente año, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto del
enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, envió al Congreso de la Unión el
estudio antes mencionado y el 17 de octubre fue recibido de manera formal por la Mesa
Directiva de esta Cámara de Diputados.
Cuarto. Que habiendo
realizado un análisis profundo del estudio enviado a esta legisladora por el Instituto
Mexicano del Seguro Social, el de la voz concluye que no reúne los elementos requeridos
por el artículo vigesimoquinto transitorio, puesto que no presenta propuestas concretas
en relación con el informe de estados financieros dado a conocer por el propio instituto.
Por todo lo anteriormente
expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
Unico. El pleno de esta Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal a que cumpla debidamente con lo
establecido por el artículo vigesimoquinto transitorio del decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre
del 2001.
Gracias, señor
Presidente.
Presidencia del diputado Eric
Eber Villanueva Mukul
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias diputado.
Túrnese a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y
de Seguridad Social.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
El siguiente punto de
acuerdo es en relación con la credencial de elector en el estado de Baja California.
Tiene el uso de la palabra
la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
La diputada Rosa Delia Cota Montaño:
Con el permiso del
Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hemos solicitado el uso de
esta tribuna para hacer a todos ustedes, compañeros legisladores, un llamado para que
apoyen la presente solicitud, petición sustentada en las facultades que nos respaldan y
que tenemos la confianza habrá de concluir en una resolución satisfactoria, ajustada a
la legalidad y preservando la integridad, la soberanía y la autonomía de instituciones y
estados que integramos el gran pacto federal mexicano, sujetos a los límites que marca y
establece esa unión.
Esta exposición que
hacemos ante ustedes, está vinculada decisivamente con el respeto a la soberanía y a la
integridad de nuestro pacto federal y a las partes integrantes del mismo.
En nuestra Carta Magna
existe el sustento legal en el Título Segundo, Capítulo I que trata de la soberanía
nacional y de la forma de gobierno y, en el Capítulo II, de las partes integrantes de la
Federación y del territorio nacional.
El artículo 45 establece
que los estados de la Federación conservarán la extensión y límites que hasta hoy han
tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos. Por su parte, el artículo 46
establece que los estados pueden arreglar entre sí por convenios amistosos, sus
respectivos límites, pero no se llevarán a efecto estos arreglos sin la aprobación del
Congreso de la Unión.
El caso que nos ocupa
tiene que ver con autoridades del Estado Libre y Soberano de Baja California. Hemos de
insistir en que el presente exhorto tiene un propósito respetuoso y acorde con las normas
soberanas de los estados que nosotros tenemos el honor de representar en este Congreso.
Baja California fue el
primer estado de la República Mexicana donde asumió al gobernatura un candidato opositor
al entonces partido hegemónico, el Revolucionario Institucional; estamos hablando del
año de 1989, de los cambios políticos que se derivaron a partir de esta nueva
correlación de fuerzas en la entidad.
Cabe señalar que el nuevo
partido político gobernante se ha consolidado en las preferencias ciudadanas de Baja
California, hecho que sólo compete a los ciudadanos de esa entidad.
Entre las muchas reformas
políticas que se han promovido de manera novedosa en Baja California, destaca por ejemplo
la credencial para votar con fotografía, Baja California fue pionero en la emisión de un
documento electoral más confiable que incluyó un listado con fotografía, es decir, las
instituciones electorales de Baja California emitieron y mantienen una credencial
particular local, con la que se presentan los eventos comiciales estatales. A diferencia
de la Credencial Federal Electoral, en Baja California se requiere la credencial estatal
para participar en sus procesos electorales de carácter local.
Y sin embargo, en un
detalle que trasciende el carácter soberano del pueblo y autoridades de Baja California,
una laguna jurídica está permitiendo el uso indiscriminado de elementos gráficos que
distorsionan partes sustantivas de la adecuada territorialidad, estatal a inclusive del
mismo perímetro nacional en una región fronteriza de importancia estratégica.
La precisión a que
deseamos referirnos, es la inconveniente permisibilidad del Registro Estatal Electoral de
Baja California para usar sin orden ni concierto figuras y dibujos de la totalidad de la
península bajacaliforniana y de los perímetros mutilados de las delimitaciones
geográficas y administrativas que deberían corresponder a los estados de Sonora y
Sinaloa.
El Registro Estatal
Electoral de Baja California en el diseño gráfico y emblemático de la documentación
electoral que corresponde a la impresión de identificaciones personales, de ciudadanos
facultados para votar he hecho un uso indiscriminado de figuras, dibujos y delimitaciones
que alteran sustancialmente lo que sólo debería corresponder a una limitación
geográfica y circunscrita en su estado.
La Credencial Estatal
Electoral de Baja California, por ser un documento soberano de instituciones de esa
entidad, debería limitarse a esfera de presentación a ese estado y en ese marco de
referencia sus emblemas, dibujos y gráficas deberán respetar y sujetarse a criterios
responsables y adecuados que recuerden la imagen y soberanía de sus entornos vecinos,
situación que en su actual diseño está muy lejos de cumplirse.
Reconocemos que en la Ley
Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales no se precisa puntualmente que la
integridad territorial y el uso oficial de reproducciones cartográficas acerca de
límites territoriales y administrativos se respete y haga respetar.
Si analizamos el diseño
de la Credencial Estatal Electoral de Baja California, apreciamos en este documento un uso
indiscriminado de perímetros geográficos que hacen virtualmente imposible una
identificación precisa del perfil territorial que uno supone corresponde a regiones
nacionales del norte del país en la vecindad con los Estados Unidos.
Con estos señalamientos
no pretendemos alterar o reconvenir a entidades libres y autónomas de Baja California,
pero sí deseamos rectificación y delimitación gráfica de las divisiones
administrativas y legales que identifican a Baja California Sur, a Sonora y a Sinaloa como
estados libres y soberanos a la misma altura respetables y respetuosos de sus vecinos
geográficos.
Discrepamos del uso
gráfico indiscriminado de los perímetros administrativos y territoriales de tres estados
libres y soberanos en el mismo tenor de Baja California.
Nos parece también grave
que además de la inclusión gráfica de nuestros estados completen el caso de Baja
California Sur y mutilada para Sonora y Sinaloa, nos parece grave que se haya prescindido
de la obligada definición gráfica que permita distinguir los límites geográficos,
administrativos y legales de cada una de estas entidades.
Es importante mencionar
aquí que la ciudadanía debe apreciar en su justa realidad cualquier representación
gráfica que remedie la imagen de instituciones nacionales y obviamente, de las de
carácter regional y estatal. Los servidores públicos no podemos distorsionar ni deformar
los símbolos, escudos o emblemas oficiales, sobre todo cuando son imágenes de nuestra
identidad.
Por lo anteriormente
expuesto, es que sometemos a consideración de esta Asamblea este
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que esta soberanía emita un exhorto
respetuoso a las autoridades locales del Instituto Estatal Electoral del Estado Libre y
Soberano de Baja California, a fin de que en su documentación oficial se rectifique el
uso gráfico de imágenes y símbolos que por su proximidad pictórica incluyen figuras
que remedan los perímetros geográficos territoriales de división legal y administrativa
completos y mutilados de las entidades libres y soberanas de Baja California Sur, de
Sonora y Sinaloa.
Firman el grupo
parlamentario , los integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, los
diputados: Roberto Zavala, Víctor Gandarilla, Policarpo Infante, Martha Ofelia Meza,
Aarón Irizar del PRI, Gregorio Urías y Petra Santos del PRD.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
DISTRITO FEDERAL
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Un punto de acuerdo sobre
la problemática de seguridad del Distrito Federal, tiene el uso de la palabra la diputada
Nelly Campos Quiroz, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
La diputada Nelly Campos Quiroz:
Señor Presidente;
compañeros legisladores:
La deficiencia,
insuficiencia y en algunos casos la inexistencia de verdaderas políticas criminales,
coherentes e integrales han traído como consecuencia que la delincuencia en el Distrito
Federal se haya convertido en un problema de proporciones incalculables y actualmente
incontrolable con resultados materialmente funestos.
En efecto, la seguridad
pública en el Distrito Federal es la principal preocupación de los habitantes de la
Ciudad de México; nosotros nos sentimos cada vez más en desventaja frente a los altos
índices de homicidios, asaltos, robo a transeúntes, lesiones, robo de vehículos,
violaciones y por supuesto la corrupción en los cuerpos policiacos.
Sin embargo, mientras
mañosamente el Gobierno capitalino centra todos sus esfuerzos en desconocer la gravedad
del problema de la seguridad pública argumentando que sólo se trata de un problema de
medios de comunicación, de raiting o de
partidos políticos, allá afuera, en las calles, miles de estudiantes, obreros,
enfermeras, amas de casa, profesionistas, sacerdotes y lo que es peor aún: en nuestras
propias casas, seguimos siendo objeto de violencia sin que se pueda poner en marcha alguna
acción certera que permita bajar los altos índices de la delincuencia.
Señores, no podemos
seguir engañando a la ciudadanía. La resolución del problema de la inseguridad en el
Distrito Federal le compete al Jefe de Gobierno capitalino. Mientras los delitos del fuero
federal cometidos en el Distrito Federal en el último año han disminuido en un
considerable 7.82%, los delitos competencia de la Secretaría de Seguridad Pública en el
Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal han
aumentado, tan sólo de enero a agosto de 2001 y de enero a agosto de 2002, en un 7.91%,
es decir 9 mil 537 delitos más.
Deseo dejar en claro que
los diputados de Acción Nacional nos sumamos y apoyamos todos aquellos esfuerzos
encaminados a combatir la inseguridad en el Distrito Federal, pero siempre dentro del
marco de la legalidad. Sin embargo, una vez más, a los habitantes del Distrito Federal el
Jefe de Gobierno capitalino nos ha tomado el pelo; ya hace dos meses que anunció de
manera espectacular la llegada Rudolph Giuliani, sin embargo, hasta el momento, no ha
pisado el suelo mexicano, aunado al hecho de que sabemos también que el señor Giuliani
tiene ya otras responsabilidades de mayor envergadura en los Estados Unidos.
¿O será que se trata de
una nueva argucia publicitaria y electorera del Jefe de Gobierno capitalino? Basta ver la
realidad imperante en nuestra ciudad para preocuparse y ocuparse de la impunidad, de la
inseguridad pública y del crimen que se ha venido agravando con la puesta en práctica de
medidas inadecuadas. Ahora bien, en esta lucha el Estado no debe de romper los principios
constitucionales y democráticos que históricamente han forjado nuestro esquema
constitucional, de ahí que no consideramos adecuada la vía de la práctica meramente
represora para apalear la impunidad.
Compañeras y compañeros
legisladores, por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo que
dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Cámara de Diputados los
siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Se sirva solicitar al Gobierno del
Distrito Federal se implemente un mecanismo de rendición de cuentas respecto al programa
de “Cero Tolerancia” que será implementado por Rudolph Giuliani en el Distrito
Federal.
Segundo. Que en la consulta telefónica que se
llevará a cabo por el Jefe de Gobierno capitalino el próximo 7 y 8 de diciembre, se
incluya la pregunta: si el ciudadano vive tranquilo o no en el Distrito Federal.
Tercero. Se sirva solicitar respetuosamente a la
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, informe si existe o no una
verdadera política criminal integral y en el caso afirmativo, se envíe a esta Cámara de
Diputados para su conocimiento.
Firman el presente punto
de acuerdo los diputados integrantes de Acción Nacional y los integrantes del Distrito
Federal.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias, señora diputada.
Activen el sonido en la
curul del diputado Hernández Raigosa.
El diputado Alfredo Hernández Raigosa (desde su
curul):
Quisiera pedirle
Presidente, si pudiera utilizar la palabra para el mismo tema.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Lea la Secretaría el
artículo 12 del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Integración del Orden del Día.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
Acuerdo Parlamentario
Relativo a la Integración del Orden del Día. Las discusiones y las Votaciones, aprobado
el 14 de diciembre de 2001.
“Artículo 12. Quienes intervengan para
presentar proposiciones, lo harán en un lapso no mayor de cinco minutos. Toda propuesta
presentada a la Cámara que no requiera ser votada de inmediato, será turnada por la
Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión correspondiente sin que proceda
deliberación alguna excepto si hubiera objeción de alguno de los diputados en cuyo caso
se sujetará a discusión y votación su admisión, para lo cual podrá intervenir un
orador en contra y un orador en pro, hasta por cinco minutos sin que en este caso puedan
presentar intervenciones para hechos. Si la proposición no hubiera alcanzado mayoría se
considerará desechada.”
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Diputado, no hay para
rectificar hechos, usted está en contra de la proposición o declina su...
Activen el sonido en la
curul del diputado Hernández Raigosa.
El diputado Alfredo Hernández Raigosa (desde su
curul):
Como estoy en contra de la
propuesta, quiero pedirle el uso de la palabra.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Muy bien, entonces en
términos del artículo decimosegundo del acuerdo parlamentario, tiene el uso de la
palabra, entiendo en contra diputado, de que se admita.
Sí puede intervenir en
contra, en todo caso plantearemos si se admite o no ¿Hay algún orador en pro? El
diputado Armando Salinas, a favor.
Tiene el uso de la palabra el diputado Hernández Raigosa, en contra de la
proposición.
El diputado Alfredo Hernández Raigosa:
Muchas gracias, señor
Presidente por su tolerancia; compañeras y compañeros diputados:
Quisiera reseñar y ya lo
planteé en la Comisión del Distrito Federal, en la comparecencia del Secretario de
Seguridad Pública; cuál es el problema de origen en el Distrito Federal que está
provocando esta preocupación que plantea, que es sana, que planteó la diputada y que hay
que analizarlo.
El problema que circunda a
la comisión de los delitos en el Distrito Federal, tiene que ver con que en el DF hay
más de 10 mil puntos de venta de droga, que hasta este momento la PGR no ha combatido uno
solo de ellos, se están viendo afectados escuelas, mercados, la vía pública y que
además los jóvenes están incurriendo en el consumo de drogas, provocando que en una
jornada de consumo de éstas de 24 horas, los jóvenes bajo el influjo de las drogas
cometan entre 10 ó 12 delitos, de los cuáles en el caso de consumo de drogas y el
tráfico de armas son delitos federales y no he visto una sola acción contundente, para
la venta al menudeo que aquí otros compañeros diputados han planteado una y otra vez en
torno a éste grave problema que circunda a la comisión de delitos del fuero común.
Por lo tanto si la
preocupación es sana, yo planteé en la comisión del Distrito Federal, que hiciéramos
una cumbre, un blindaje de seguridad, donde converjan la PGR, si tiene voluntad, la
Secretaría de Seguridad Pública, que por cierto no veo un solo resultado objetivo al
combate a la delincuencia de la PFP, pero sí veo una gran cantidad de recursos, en los
medios de comunicación que no se reflejan en los resultados contundentes en el combate a
la delincuencia, que tiene qué ver en el fuero federal.
Por lo tanto decimos que
además si queremos hacer vinculatorio el ejercicio que esta planteando el Jefe de
Gobierno, le quiero decir a mi compañera con mucho respeto, no es aquí; es en la
Asamblea Legislativa y ahí tienen diputados que hasta el momento no lo han planteado y
que por el contrario, el mismo anuncio de la visita de Giuliani en la Ciudad de México
fue motivo para descalificar aun teniendo en cuenta que la mayoría de la sociedad...
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Permítame, diputado
Hernández Raigosa.
Activen el sonido en la
curul del diputado Jorge Lara.
El diputado Jorge Alberto Lara Rivera (desde su
curul):
Gracias, señor
Presidente.
Solamente para hacer una
indicación respecto de lo que se está discutiendo. Es si se aprueba o no se aprueba que
se admite a trámite en comisiones los puntos de acuerdo que nuestra compañera ha
expuesto.
Eso es todo, señor
Presidente. Gracias.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias, diputado.
Continúe, diputado.
El diputado Alfredo Hernández Raigosa:
Yo le solicitaría con
mucho respeto a la Presidencia, que le diga al diputado que se suba a debatir esto. El es
el Presidente de la Comisión del Distrito Federal y no he visto una sola iniciativa en
torno al problema de la seguridad pública en el Distrito Federal planteado por el
Presidente de la Comisión del Distrito Federal.
Lo invito a que se suba a
la tribuna y que debatamos racionalmente, propositivamente y no solamente hacer alegoría
de que estamos en contra de una cosa para ver si salimos en los medios de comunicación.
Eso me parece verdaderamente deplorable. Yo lo invito que debatamos.
Entonces creo que si por
el pretexto de la seguridad pública queremos meter de contrabando que se coloque si la
gente está en condición de seguridad o no en la Ciudad de México, que lo preguntemos en
Ciudad Juárez, que lo preguntemos en otros estados donde han asesinado a las mujeres o
donde hay bandas organizadas dedicadas al tráfico de drogas o bandas organizadas al
tráfico de armas o bandas organizadas al tráfico de personas, que verdaderamente son
preocupantes.
Y le quiero decir, les
quiero decir, yo tengo un problema: he traído un problema a esta tribuna una y otra vez,
sobre niños robados y los únicos que han hecho caso en este país a ese problema son los
medios de comunicación. Yo no veo que ya hayan dictaminado la federalización del delito
de robo de niños; yo no veo una voluntad expresa de atender los orígenes y las génesis
con presupuesto al problema social que vivimos en este país, que también es un factor
criminógeno que tiene qué ver con la pobreza y con la generación de delincuentes.
Termino. Si esta
preocupación es sana yo los invito a que reflexionemos la posibilidad de lo que yo
propuse en la Comisión del Distrito Federal; una Cumbre Metropolitana de Seguridad
Pública, donde el Congreso esté presente, donde los diputados locales del estado de
México y de la zona metropolitana estén presentes, donde hagamos un compromiso de que
esté la PGR, la PFP, la Seguridad Pública del Distrito Federal, la Procuraduría del
Distrito Federal y además reformemos el Código Penal Federal, el Código Penal de los
estados para generar un blindaje de seguridad pública no solamente al Distrito Federal,
porque hay que decirlo, un gran flujo de delincuencia que opera en el Distrito Federal es
también de los estados conurbados o en su defecto hay una vinculación de unos a otros,
pero todos los delitos que se cometen, y si no vean las encuestas, yo les mostré unas
ahí, donde los delitos que se cometen en el Distrito Federal están cometidos en su
mayoría bajo el influjo de drogas y alcohol y con armas prohibidas.
Entonces, dónde está la
PFP, dónde está la PGR y por ello digo, esta propuesta no es viable.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias, diputado.
El diputado Jorge Alberto Lara Rivera (desde su
curul):
Señor Presidente,
solicito el uso de la palabra.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Quiero hacer una
aclaración. En este capítulo no hay inscripción para hechos, le podría conceder por
alusiones. Adelante, por cinco minutos para contestar alusiones personales.
El diputado Jorge
Alberto Lara Rivera:
Agradezco a la
Presidencia, compañeras y compañeros.
Desde luego tengo que
contestar las alusiones personales realizadas por nuestro compañero diputado y sin
pretender entrar en un debate de fondo, que éste lo hemos venido dando en el seno de la
comisión en diversas reuniones con 11 delegados, 11 jefes delegacionales, a muchas de las
cuales no fue usted, compañero, con 11 ó 10 miembros del gabinete del Distrito Federal,
a muchas de las cuales no fue tampoco el orador que me acaba de anteceder en el uso de la
palabra; en muchas reuniones de trabajo en las cuales hemos dado trámite a puntos de
acuerdo, iniciativas y donde también hemos procurador realizar un énfasis en puntos muy
problemáticos de la Ciudad de México.
Hemos hecho énfasis en el
tema del colapso metropolitano, del colapso ecológico, del colapso del ordenamiento
territorial, del colapso de materia de seguridad y las autoridades del Distrito Federal
“bis a bis”, la Comisión del Distrito Federal y el Congreso de la Unión, que
desde luego tienen competencia en temas federales, no han alcanzado a respondernos de
manera satisfactoria.
Hemos tenido, por ejemplo,
en esta Cámara, a la Contraloría del Distrito Federal, que de alguna manera siguió
fungiendo como tapadera de las anomalías administrativas durante la gestión de la ex
jefa de Gobierno, Rosario Robles.
Desde luego que hemos
tenido un trabajo intenso, desde luego que hago un reconocimiento muy cumplido a nuestros
compañeros de la Comisión del Distrito Federal en donde los anales, se podrá dar
cuenta, de que esta Comisión del Distrito Federal ha generado mucho más trabajo
legislativo que todas las comisiones del Distrito Federal en la historia de la existencia
de la misma.
Yo le invitaría al
compañero que me antecedió y que tuvo a bien aludirme, a que se incorporara a estos
trabajo de manera generosa, de manera abierta como todos los demás compañeros lo hemos
hecho y solamente solicitaría que se dilucide, en este pleno, si es que acaso el punto de
acuerdo que acaba de presentar nuestra compañera Nelly Campos, al respecto del tema más
importante para los ciudadanos de esta capital, que es de seguridad pública, amerita o no
el ser conocido por la comisión o por las comisiones que la Presidencia se sirva dictar.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias, diputado.
El diputado Alfredo Hernández Raigosa (desde su
curul):
Para contestar alusiones
personales.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
En estricto sentido,
diputado, no le aludieron, debo decirlo.
Activen el sonido en la
curul del diputado Hernández Raigosa.
El diputado Alfredo Hernández Raigosa (desde su
curul):
Disculpe que lo
contradiga, se equivoca, al que señaló de la comisión, el Presidente, es a su servidor,
entonces tengo el derecho a réplica en torno a este asunto.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Para seguir el turno del
debate, tiene el uso de la palabra el diputado Hernández Raigosa, por cinco minutos, para
contestar alusiones personales.
Debo recordarles a los
compañeros diputados que no hay hechos en este capítulo.
El diputado J. Jesús Garibay García (desde su
curul):
Señor Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Activen el sonido en la
curul del diputado Garibay.
El diputado J. Jesús Garibay García (desde su
curul):
Señor Presidente, dado
que al parecer podríamos tener un debate de gran relevancia para el país y para esta
ciudad, para este Distrito Federal y a efecto de que todos pudiéramos compartirlo, me
permito solicitar a usted que de acuerdo con el Marco Jurídico del Congreso de los
Estados Unidos Mexicanos y su Reglamento, se proceda a verificar el quórum.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Lo haremos en unos
minutos.
Por favor diputado
Hernández Raigosa, tiene el uso de la palabra.
El diputado Alfredo
Hernández Raigosa.
Afortunadamente no me
caracterizo por ser un diputado irresponsable y a esta comisión he asistido las veces que
ha sido necesario, pero cuando el sentido y la orientación de un grupo parlamentario en
esta comisión tiene como finalidad golpear, golpear, golpear sin sustento a un gobierno,
no estoy de acuerdo.
Por esa razón, en algunas
ocasiones, he decidido, que casi en todas he asistido y siempre, le quiero decir al
diputado, siempre he hecho propuesta. Si alguien ha hecho propuesta en esta comisión ha
sido su servidor, pero usted solamente ha dictaminado lo que ha querido, usted no
dictamina lo que beneficia a la ciudad, sino lo que le dé lustre a usted, y se lo digo
también con mucho respeto y eso lo podemos debatir.
Sin embargo eso no me
interesa, a mí me interesa de fondo el problema, el problema es que a ustedes no les
gusta que Marcelo Ebrard les haya ganado la jugada de traer a Giuliani contratado por la
iniciativa privada. Ese es el fondo del problema, Giuliani viene financiado por la
iniciativa privada en la intención de poder realizar un trabajo en el Distrito Federal
que le ganó la jugada al Gobierno Federal y particularmente a su partido que hoy encabeza
Vicente Fox y obviamente el Secretario de Seguridad Pública, ése es el dolor que tiene.
Sin embargo, aquí el
problema de fondo, a mí me gustaría que esa propuesta que hoy presentaron en el seno de
la comisión, la hubiéramos discutido y hubiéramos discutido entonces la otra propuesta
que yo le hice a la presidencia de la comisión, en el sentido de generar una cumbre
metropolitana de seguridad pública, donde pudiéramos discutir con seriedad, con
responsabilidad, un análisis serio, respetuoso de detalle de la problemática que se
vive, no solamente en el Distrito Federal, sino en la zona conurbada del Distrito Federal.
Pero además si el
problema de la seguridad pública es una preocupación real actualmente, yo creo que hoy
tenemos la oportunidad de regresarle al Distrito Federal algunos recursos, que se le han
quitado para combatir la pobreza que tenemos en el Distrito Federal y que hay recursos
suficientes para ello. Y que creemos que el problema de la pobreza, desde mi apreciación,
yo vivo en Iztapalapa y conozco perfectamente lo que está pasando, y hay un proceso de
descomposición por el golpeteo económico, particularmente estos dos años, donde
brutalmente en el caso del gas LP, vean lo que está pasando, en el caso de las tarifas
eléctricas, eso no fue el Gobierno del Distrito Federal, quien aumentó la tarifa a la
luz fue Vicente Fox, quien aumentó el precio del kilogramo de gas en los últimos meses
fue su Gobierno, ¿y a quién le están pegando?, a los más pobres. Y si en algún lugar
hay pobres, es en Iztapalapa.
Y le voy a decir, nosotros
seguiremos defendiendo esa parte, pero no creemos también que solamente con una respuesta
demagógica, de pura saliva, como se está haciendo a través de los medios de
comunicación, se combate la inseguridad.
Yo entonces exhortaría al
Procurador General de la República a que combata la venta de drogas al menudeo, donde en
10 mil puntos que hay en la Ciudad de México. ¿Qué lugares? escuelas, mercados, vía
pública, en todos los lugares donde hay, que no solamente es en aquellos lugares que
dicen: en las tienditas, no es cierto, hay muchos lugares.
Y le pediría también al
Procurador General de la República, que combata el tráfico de armas, en este país se
registraron más de 15 mil armas que entraron de manera ilícita y no vi un solo acto de
parte del gobierno, donde se incautaran o se detuvieron traficantes de armas.
Vean las notas de dos
años si hay un solo traficante de armas que hayan sido detenido, ¿de quién es
competencia entonces de este delito? ¿Del Gobierno del Distrito Federal? Es el Gobierno
Federal.
Entonces hagamos cada
quien su parte, y en ese sentido me parece que si los delitos que se están cometiendo en
el Distrito Federal, según las encuestas que da la propia Secretaría de Seguridad
Pública, señala que la mayoría de los delitos cometidos, el 75% en el país, son
cometidos bajo el influjo de drogas y alcohol.
Que la mayoría de los
delitos que se cometen son también con armas de fuego prohibidas, y tercero, la mayoría
de los que están cometiendo delitos son jóvenes, que ésa es una preocupación que se
atiende con recursos a los jóvenes, a educación, a la Universidad, al bachillerato, a
las primarias, para que verdaderamente se atienda de origen y de fondo el problema, y no
con un punto de acuerdo, donde se quiere tomar el pelo a esta soberanía, haciendo creer
que con eso se va a resolver el problema.
Ese es un golpeteo, ese
tipo de golpeteos falaces, que no resuelven nada, y que me parece lo más importante es
entrar al fondo del debate, Armando, ya lo hemos discutido en otras ocasiones, y me parece
que ahí está el debate.
¿Qué hace la PGR? ¿Qué
hace Secretaría de Seguridad Pública Federal? ¿Y qué hace las otras entidades para
combatir estos ilícitos?
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias, diputado.
En pro de que se admita el
presente punto de acuerdo, tiene el uso de la palabra el diputado Armando Salinas.
Diputado Garibay en unos
minutos, escasamente en nueve minutos, se cumple el tiempo reglamentario de la sesión,
entonces vamos a terminar este punto y también daremos por terminada la sesión.
Les ruego su comprensión
a todos los diputados, sabemos que está muy larga la agenda, pero creo que es mejor.
Gracias, adelante
diputado.
El diputado Armando
Salinas Torre:
Con su venia, señor
Presidente…
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Permítame diputado, si
los compañeros de las fracciones parlamentarias tienen una propuesta formal de prolongar
la sesión, esta Mesa Directiva no tiene ningún inconveniente para ello. Adelante.
El diputado Armando Salinas Torre:
Con su venia, señor
Presidente:
Es curioso, es común y
esperemos que cada vez menos cotidiano, que a propósito de una cosa se hable de otra.
Se abrió un debate en pro
y en contra de la propuesta de una proposición con punto de acuerdo con fundamento en el
artículo 58 y hubo un orador que se apuntó en contra, está en contra de que se rindan
cuentas, de que se implemente un mecanismo de rendición de cuentas respecto de un
programa de seguridad pública en la capital de la República.
Está en contra de que en
la consulta telefónica que se llevará a cabo en unos días en la Ciudad de México por
la autoridad, se le pregunte a los habitantes que incluyan una pregunta en la que si viven
tranquilos o no en el Distrito Federal; está en contra, para solicitar de manera
respetuosa a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, informe si existe
o no una verdadera política criminal integral. De esto yo creo que nadie puede estar en
contra ni debe estar en contra.
En una ciudad donde el
tema de temas es el de la inseguridad, en una ciudad donde la información que sustenta la
solicitud, la proposición con punto de acuerdo de mi compañera Campos, es de la
información que da la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, no es una
información que salga de una cifra o de un dato distinto al oficial en el Distrito
Federal.
Yo he sido alguien que ha
señalado y ha insistido en nunca caer en las cifras delictivas como si estuviéramos
hablando de acciones en la Bolsa de Valores. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, es
muy dado, por cierto muy temprano, a decir que sube o baja determinado delito, como si
fuera el boletín bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores y no es así.
Lo que hoy se sustenta en
este punto de acuerdo, es lo que vino a decir el Secretario de Seguridad Pública, el
señor Marcelo Ebrard, reconociendo que se había dado una coordinación con la Policía
Federal Preventiva en 53 operativos en 24 zonas estratégicas de la delegación, de seis
delegaciones y como consecuencia de ello, se habían logrado disminuir, en términos de un
mes, poco más del 7% de los delitos federales y que había logrado incrementarse, en la
misma proporción, los delitos del fuero común; eso está sustentado en la información
dada por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
En esta ciudad y creo que
no es válido que se venga a plantear un tema argumentando que es un golpeteo, no.
Miren, la afirmación del
diputado que se apuntó en contra de admitir la proposición, vino a decir que en las
zonas pobres se delinque por la situación económica...
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Diputado Salinas,
permítame usted.
El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
(desde su curul):
Señor Presidente, es para
pedir la palabra. Estoy escuchando con atención al orador.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Continúe, diputado.
El diputado Armando Salinas Torre:
Vinieron a afirmar que por
la situación económica se delinque en Iztapalapa, lo cual quiere decir que por
consecuencia, los pobres son delincuentes; nunca nada más falso, es completamente sobre
reactivo, reaccionaron de más.
Se vino a hacer un
planteamiento serio de discutir el tema de la inseguridad en la Ciudad de México, en una
ciudad donde hace pocos días, una vez más, se asesina por completo a una familia por un
delincuente y ha sido el tema de los capitalinos durante días y días y lo viene siendo
desde hace muchos años.
La propuesta es muy clara
y por eso nos inscribimos para hablar en pro del punto de acuerdo, que se admita y se
turne y se turne a la comisión que lo tenga que dictaminar.
Si quien pidió abrir un
debate y hablar en pro y en contra y empezó a aludir, fue la persona que consideró que
era un tema que golpeteaba al Gobierno. Hay que reconocer las cosas, el tema de la
seguridad pública se tiene que abordar con toda seriedad.
Y vaya un reconocimiento a
como lo han venido trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública, en su coordinación
tanto federal como estatal. Pero también vaya a la Comisión del Distrito Federal de la
Cámara de Diputados.
Porque déjenme decirles
que gran parte de los operativos que se han implementado en estas coordinaciones, fueron
propuestas de un diputado del PRD, el diputado Cirigo. El diputado Cirigo planteó puntos
específicos de acción para llevarlo a cabo.
Esperemos admitan que esto
se turne a una comisión y se debata como debe de ser.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias, diputado.
El diputado Manuel Castro y del Valle (desde su
curul):
Pido la palabra para
rectificar hechos.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
No hay hechos diputado en
este capítulo. Ya ha pasado un orador en contra y uno a favor.
Debo decirle que estamos
con fundamento en el artículo decimosegundo del Acuerdo Parlamentario Relativo a la
Integración del Orden del Día.
Yo pediría por favor a la
Secretaría mediante votación económica, pregunte a la Asamblea si se admite el presente
punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
Por instrucciones de la
Presidencia se consulta a la Asamblea si se admite la propuesta sobre la problemática de
seguridad en el Distrito Federal, propuesta por la diputada Nelly Campos Quiroz.
Los diputados que estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los
diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría porque se acepte, señor Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Se admite el presente orden del día y se turna a las
comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y del Distrito Federal.
En términos estrictos
estamos ya en el tiempo reglamentario.
He recibido la solicitud
de permitir la presentación de un último punto de acuerdo.
Pregunto a los señores
coordinadores si no hay inconveniente en este sentido.
El diputado Manuel Castro y del Valle (desde su
curul):
A título personal yo
quisiera hacer un extrañamiento a la mesa porque se permitió que se debatiera el fondo
del asunto respecto al cual se estaba haciendo la propuesta y no si se admitía o no se
admitía. No se dieron razones para la no admisión de la propuesta de punto de acuerdo a
debate en comisiones.
Si así vamos a hacer con
cualquier punto de acuerdo que se proponga al pleno, no vamos acabar nunca, debemos turnar
el punto de acuerdo a la comisión que corresponda y no dar pie a que se debata el fondo
del mismo.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias, diputado.
Registramos sus
comentarios pero debo recordarle que es muy claro el artículo decimosegundo en el sentido
de que es derecho de algún diputado de cualquier fracción, oponerse a la inclusión de
un punto de acuerdo.
Está fundamentado repito,
en el artículo decimosegundo...
De todas manera
registramos sus comentarios y se lo agradezco mucho.
PEMEX
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
El último punto del orden
del día es el punto de acuerdo para aumentar el presupuesto que Pemex otorga para el
desarrollo social de las entidades federativas donde extrae, refina y conduce petróleo.
El diputado Abel Trejo
González, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Abel Trejo González:
Muchas gracias; con su
permiso, señor Presidente:
Punto de acuerdo en apoyo
al Congreso local del estado de Chiapas y otros estados que lo han planteado ante la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para aumentar el presupuesto en materia de
desarrollo social para beneficio de los municipios de la zona de influencia, derivados de
la extracción y procesamiento del petróleo, descrito en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La industria petrolera
nacional ha sido, desde hace décadas, el puntal de desarrollo de México. Desde su
nacionalización el país ha girado en torno a la explotación y derivados del llamado oro
negro, que representa el 60% de los ingresos del Producto Interno Bruto, convirtiéndose
así en la quinta empresa petrolera en el mundo.
Pemex pretende ser siempre
una empresa limpia y segura, comprometida con el medio ambiente. Su alta rentabilidad y la
futura modernización de su régimen fiscal le puede permitir seguir siendo un importante
contribuyente al erario público, cuyos recursos pueden ser utilizados en beneficios
palpables del país.
Sin embargo, el impacto
ambiental que la empresa ha dejado en aquellos lugares donde se han instalado las
refinerías, la industria petroquímica, los centros de distribución y los ductos que
trasladan los hidrocarburos, han visto afectados sus sistemas ecológicos y con ello se ha
iniciado un proceso de degradación ambiental.
Es por ello que Petróleos
Mexicanos creó la Dirección Corporativa de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.
Esta instancia fue creada con el propósito de concebir e implantar los sistemas de
administración que permitan tener operaciones más seguras y más respetuosas del medio
ambiente.
Es así que en el año de
1998 el programa estratégico comenzó por definir la política de seguridad y protección
ambiental, a partir del cual se construyó el Sistema Integral de Administración de
Seguridad Industrial y la Protección Ambiental, donde Pemex debe asegurar la
compatibilidad de los objetivos económicos con los objetivos de la seguridad y la
protección del medio ambiente.
Es bajo este esquema que
Petróleos Mexicanos aporta recursos económicos a los gobiernos estatales y municipales
para el apoyo del desarrollo sustentable, buscando promover la integración de acciones
que armonicen la operación y el crecimiento de Pemex con su entorno, según se desprende
del apartado sobre desarrollo social del informe de labores del año 2001, en el cual la
empresa aportó un total de 681 millones 741 mil 395 pesos, de los cuales el 57.9% fue en
efectivo y 42.1% en especie, mediante la donación de asfalto, combustible, tubería,
mobiliario y equipo, como se hace constar en el informe de labores de Pemex del año 2001,
en el apartado de desarrollo social.
A los estados de Campeche,
Chiapas, Tabasco y Veracruz, entidades donde Pemex tiene mayor presencia operativa, se
canalizaron 315 millones de pesos, aproximadamente; a Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León,
Oaxaca y Tamaulipas se aportaron aproximadamente 37.4 millones de pesos y el resto a otras
entidades del país, bajo los criterios que definió el Consejo de Administración.
De acuerdo al concepto de
desarrollo social de Pemex, en el año de 2001 inició la integración de una serie de
indicadores para cuantificar y evaluar sus impactos en las principales localidades
petroleras en diversos rubros sociales, como son salud, educación, calidad de vivienda y
empleo.
Sin embargo, la
interpretación conceptual que Pemex tiene sobre el desarrollo social ha determinado que
los recursos para este rubro que la empresa destina a las entidades federativas haya sido
de bajo impacto y de una lenta distribución y ejecución por parte de la paraestatal.
De igual forma es
necesario que el radio de reconocimiento de contaminación se amplíe de 10 a 15
kilómetros, puesto que el actual no reconoce el proceso de contaminación que sufren las
comunidades situadas más allá del radio actual.
Respetuosos del marco
jurídico que rige la vida institucional del Estado mexicano y reconociendo los diversos
ordenamientos en materia presupuestal para los organismos públicos descentralizados,
alentamos al Poder Ejecutivo que reflexione sobre esta problemática que la industria
petrolera nacional genera en aquellos lugares y canalice los recursos suficientes de
manera coordinada, transparente y con un alto sentido de equidad. De lo anterior se
solicita se apruebe los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Se solicita a la Comisión de
presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados asigne en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el año 2003 recursos adicionales a Pemex para que se
ejerza en el rubro de desarrollo social y que tiene como objetivo reducir los impactos que
por la extracción y procesamiento de petróleo se hace en diversas entidades federativas,
principalmente en Campeche, Yucatán, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guanajuato,
Nuevo León y Chiapas, en donde se extrae y refina petróleo y sus derivados, para ser
aplicado por conducto y con la supervisión de los gobiernos de las entidades federativas.
Segundo. Se exhorte al Consejo de
Administración de Pemex, instruya a las áreas competentes a realizar los estudios
técnicos y presupuestales para que se amplíe el radio de reconocimiento de
contaminación de 10 a 15 kilómetros y se ejecuten los programas de Atención al Impacto
Ambiental en aquellos municipios y regiones comprendidas en el límite solicitado.
Atentamente.
Diputados: Irma Piñeyro Arias, Jaime Larrazábal Bretón, Edith
Escobar Camacho, Lilia Mendoza Cruz, José Soto Martínez, Angel Meixueiro, Miguel Angel
Moreno Tello, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Cándido Coheto Martínez y un servidor Abel Trejo González.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
En vista de que se ha
cumplido el tiempo reglamentario, solicito a la Secretaría dé lectura al orden del día
de la próxima sesión.
ORDEN
DEL DIA
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
«Primer Periodo de
Sesiones Ordinarias.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 4 de diciembre
de 2002.
Acta de la sesión
anterior.
Comunicaciones
De los congresos de los
estados de: Hidalgo, San Luis Potosí y Yucatán.
De la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, II Legislatura.
De la Cámara de
Senadores.
Dictámenes de
primera lectura
De la Comisión de
Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Federal de
Cinematografía.
De la Comisión de
Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Ley Aduanera.
De la Comisión de
Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de
Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Salud
con proyecto de decreto que reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud.
Y los demás asuntos con
los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul (a
las 15:32 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá
lugar mañana miércoles 4 de diciembre a las 10:00 horas.
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