DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Juan de Dios Castro Lozano	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO I	México, DF, 11 de febrero de 2004	Sesión No. 9

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Hay una asistencia de 32 legisladores. Hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 11:22 horas):

Se abre la sesión.

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ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se ha distribuido entre los legisladores.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al orden del día.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se dispensa la lectura.

«Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 11 de febrero de 2004.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Presentación por el doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del informe de actividades correspondiente al año 2003.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del CLXXIII aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña, tendrá lugar el 14 de febrero a las 10:00 horas, en la Columna a la Independencia.

De los congresos de Guerrero y Oaxaca

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, remite informe sobre la gira de trabajo en el estado de Quintana Roo, en relación al asunto del pederasta Jean Succar Kuri.

Iniciativas de legisladores

Para que se declare el año 2004, como ``Año del Himno Nacional Mexicano'', suscrita por las senadoras Yolanda Eugenia González Hernández y Arely Madrid Tovilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que adiciona una fracción al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se reforma y adiciona el artículo 223 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona una fracción VIII, al artículo 82 y adiciona el inciso b) de la fracción I, del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de Convergencia. (Turno a comisión.)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Tres, con los que remite contestaciones relativas a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a comisión.)

Cinco, con los que remite contestaciones relativas a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. (Turno a comisión.)

Con el que remite la solicitud de autorización para que el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional. (Turno a comisión.)

Cinco, con los que remite los nombramientos que el Presidente de la República hizo en favor de los ciudadanos Carlos Alberto de Icaza González, Luis Alfonso de Alba Góngora, Juan José Bremer de Martino, Sandra Camila Antonia Fuentes Beráin Villenave y Fernando Estrada Sámano, como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México en diversos países. (Turno a comisión.)

Por el que comunica el nombramiento que el Presidente de la República hizo en favor del ciudadano Carlos Pujalte Piñeiro, como cónsul general de México en Toronto, Canadá. (Turno a comisión.)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le confiere el gobierno de la República de Costa Rica. (Turno a comisión.)

Diez, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que varios ciudadanos mexicanos, puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Turno a comisión.)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Rangel de Alba Brunel, pueda de-sempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Mongolia en la Ciudad de México, con circunscripción Consular en toda la República Mexicana. (Turno a comisión.)

Quince con los que remite hojas de servicios de miembros del Ejército mexicano, para los efectos de la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Pedro Joaquín Chamorro, en grado de Gran Collar, que le confiere la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Capitán de Navío CG, Diplomado de Estado Mayor Carlos Mejía Tejeda, para aceptar y usar la Medalla al Mérito de la Guardia Costera de Estados Unidos de América.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al doctor Mario de la O. Almazán, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Acapulco, con circuns- cripción consular en el estado de Guerrero.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Miguel Alfredo Dutton Delorme, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán.

Dictámenes a discusión

De la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, como cónsul general de México en Boston, Massachusetts, EUA.

De la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Juan Marcos Gutiérrez González, como cónsul general de México en Denver, Colorado, EUA.

Siete, de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Augusto Moisés García Ochoa, Roble Arturo Granados Gallardo, Roberto Vite Bandala, Leovigildo Muñoz Hernández, Luis Hernández Becerril, Noé Esqueda Castillo y Miguel Ahumada Rodríguez.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Sergio Arturo Hernández Salcedo, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia en Oaxaca, Oaxaca.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Fernando de Jesús Canales Clariond, Carlos Eduardo Represas de Almeida y Manuel González Bautista, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Proposiciones

Con punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, establezcan la tarifa eléctrica 1-E, en los municipios fronterizos de Ciudad Guerrero, Miguel Alemán y Camargo, del estado de Tamaulipas, suscrita por los diputados José Manuel Abdala de la Fuente y Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al jefe de gobierno del Distrito Federal, a revertir el acuerdo publicado en la Gaceta del Distrito Federal, el pasado 29 de enero, mediante el cual se establece como reservada y/o confidencial toda la información sobre el distribuidor vial San Antonio y las demás obras que se llevan a cabo actualmente, a cargo del senador Héctor Larios Córdoba, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la metodología utilizada para la estimación de ingresos petroleros en el calendario trimestral de ingresos del sector público, a cargo del senador Rafael Melgoza Radillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a efecto de que informe a esta soberanía sobre el resultado y avances de las recomendaciones que se hicieron al Ejecutivo Federal en el caso de las muertas en Ciudad Juárez, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente se pronuncie a favor de la postura que el Ejecutivo Federal adoptó, en la Asamblea General de la ONU, sobre la construcción del muro de seguridad que atraviesa Cisjordania, a cargo del grupo parlamentario del Partido de Convergencia. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo en relación con la tala ilegal de bosques, a cargo del senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal al cabal cumplimiento del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004, en las asignaciones aprobadas por la Cámara de Diputados para los programas rurales, suscrita por las diputadas Minerva Hernández Ramos y Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo Federal, dé cumplimiento a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004, en materia de difusión de publicidad en tiempos oficiales para los poderes federales y órganos constitucionales autónomos, a cargo del diputado Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, analice y emita su opinión sobre el contenido de los informes que por mandato del Decreto de Presupuesto de Egresos de 2004, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está obligada a rendir, suscrita por las diputadas Minerva Hernández Ramos y Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática., (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a las diferentes entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, a reestructurar la clasificación de tarifas eléctricas para uso industrial, a cargo del senador Fernando Gómez Esparza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal incluya la píldora de emergencia y el condón femenino en el cuadro básico de medicamentos, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal se instale de inmediato la mesa de trabajo para la elaboración de una propuesta conjunta con relación al voto de los mexicanos en el extranjero, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación, realice una auditoría a la oficina de la Presidencia de la República, a cargo del diputado Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)

Excitativas

A las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, a solicitud del diputado Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda política

Sobre el federalismo en materia hacendaria, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre el rescate bancario, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre una comisión que se encargue e investigar los recursos del fondo de ahorro de los ex braceros mexicanos, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre la venta de Bancomer al Banco Bilbao Vizcaya, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre los resultados obtenidos en la convención nacional hacendaria, a cargo del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles cuatro de febrero de dos mil cuatro, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

En el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de veinticinco legisladoras y legisladores, a las once horas con veintiocho minutos del miércoles cuatro de febrero de dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica conmemorativa del octogésimo séptimo aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se designa comisión.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

Chihuahua, con acuerdo por el que se adhiere al posicionamiento del Senado de la República, relativo a la entrada en vigor de la Ley contra el Bioterrorismo de los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.

Coahuila, con acuerdo relativo a los ferrocarriles nacionales de México. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

Querétaro, con acuerdo por el que solicita a las autoridades mexicanas, faciliten el regreso de paisanos a su lugar de origen. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.

Comunicación de la Cámara de Diputados de la República de Chile, con acuerdo relativo a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. De enterado y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial de la Cámara de Senadores, que dará seguimiento a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, para su conocimiento.

Comunicación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a la incorporación del municipio de Caborca, Sonora, como parte de la región fronteriza. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento.

Comunicación del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Aguascalientes, por la que remite el calendario de labores para dos mil cuatro. De enterado y remítase a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de Justicia de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

Comunicación de la senadora Dulce María Sauri Riancho, por la que remite el informe sobre las actividades de la Delegación del Senado de la República asistente a la décima segunda Reunión del Foro Parlamentario Asia-Pacífico. Se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores de las cámaras de Diputados y de Senadores, para su conocimiento.

El Congreso del estado de Jalisco, remite las siguientes iniciativas con proyectos de decreto:

Que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Que reforma y adiciona la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Que reforma la fracción sexta del artículo trescientos treinta y tres de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Que reforma la Ley General de Sociedades Cooperativas, para incorporar las cooperativas escolares. Se turna a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los legisladores:

Diputado Germán Martínez Cázares, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cincuenta y nueve y ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Senadores Elías Miguel Moreno Brizuela, del Partido de la Revolución Democrática, y Miguel Angel Navarro Quintero, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y adiciona los artículos séptimo y octavo de la Ley General de Educación. El Presidente informa de la recepción de la iniciativa referida y la turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación y Cultura y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Diputado Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma la denominación del Capítulo Tercero del Título Décimo Segundo y los artículos doscientos diecinueve, doscientos veinte y trescientos uno, y adiciona los artículos doscientos diecinueve bis, doscientos veinte bis y trescientos siete bis, de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

El Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite el informe relativo a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y la correspondiente al Distrito Federal, por el mes de diciembre de dos mil tres. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de las cámaras de Diputados y de Senadores.

Dos oficios del gobernador del Banco de México, por los que remite la exposición sobre la política monetaria para dos mil cuatro, el informe sobre la inflación octubre-diciembre de dos mil tres y el informe sobre el presupuesto de gasto corriente e inversión en activos fijos de dos mil cuatro. Se turnan a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Uno, por el que remite el informe de evaluación a los programas a cargo de la Secretaría de Economía. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Uno, por el que remite la propuesta del Presidente de la República, para la ratificación del nombramiento del ciudadano Héctor Octavio Saldaña Hernández, como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se turna a la Tercera Comisión.

Uno, por el que comunica la designación por parte del Presidente de la República, del ciudadano Juan Mauricio Toussaint Ribot, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Portuguesa. Se turna a la Segunda Comisión.

Uno, por el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua. Se turna a la Primera Comisión.

Uno, por el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Carlos Mejía Tejeda, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere la Guardia Costera de los Estados Unidos de América. Se turna a la Primera Comisión.

Dos, por los que solicita el permiso necesario para que los ciudadanos Miguel Alfredo Dutton Delorme y Mario de la O Almazán, puedan desempeñar el cargo de cónsules honorarios de gobiernos extranjeros. Se turnan a la Primera Comisión.

Quince, por los que remite hojas de servicios de igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.

Dos dictámenes de la Primera Comisión con proyectos de decreto por los que se concede el permiso necesario a los ciudadanos:

Fernando de Jesús Canales Clariond, Carlos Eduardo Represas de Almeida y Manuel González Bautista, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Sergio Arturo Hernández Salcedo, para que pueda de-sempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Francia en Oaxaca, Oaxaca.

Son de primera lectura.

Quince dictámenes de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Sin discusión se aprueban en votación económica. Comuníquense al Ejecutivo.

Para presentar el informe del grupo plural de legisladores de la Comisión Permanente, sobre el conflicto en Tlalnepantla, Morelos, se concede la palabra al diputado Luis Maldonado Venegas, de Convergencia.

Presentan proposiciones con puntos de acuerdo los legisladores:

Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar al Procurador General de la República, información sobre las acciones para combatir al narcotráfico y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma forma. Comuníquese.

Diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle, a nombre propio y del diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del Partido Acción Nacional, para que la Auditoría Superior de la Federación audite los gastos de la Universidad Autónoma de Puebla. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Senador Rutilio Cruz Escandón Cadenas, a nombre propio y del senador César Raúl Ojeda Zubieta, ambos del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la importación de carne y para que comparezca el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y solicita trámite de urgente resolución. Así se considera el asunto la Asamblea en votación económica. Hablan los senadores: Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional, en contra; y Fernando Gómez Esparza, del Partido Revolucionario Institucional, en pro. Sin nadie más que solicite el uso de la palabra, la Asamblea aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese.

Diputado Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a las secretarías de Economía y de Salud, para que revisen diversas normas oficiales mexicanas relativas al consumo y comercialización de bebidas energéticas o energizantes. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Economía de la Cámara de Diputados.

Diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, para que se investiguen las actividades de la Fundación Vamos México, y solicita trámite de urgente resolución. La Secretaría recoge la votación económica res- pectiva e informa que la mayoría es por la afirmativa. Desde su curul el diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, hace comentarios sobre el resultado de la votación declarado por la Secretaría. Se repite la votación, misma que arroja los siguientes resultados: veintiún votos en pro y doce en contra. No se considera de urgente resolución en virtud de no alcanzar la mayoría calificada requerida. Se turna a la Primera Comisión. Desde su curul el diputado proponente solicita votación nominal y el Presidente aclara que no se reúnen los requisitos reglamentarios para el efecto.

Senador Emilio Gamboa Patrón, a nombre propio y del senador Humberto Roque Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal a que aplique un diferimiento en materia de inversión en el autotransporte de carga en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se turna a la Tercera Comisión.

Senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, del Partido Acción Nacional, para solicitar al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, actualice la estadística alusiva a las personas con discapacidad y publique las cifras nacionales en una edición especial. Se turna a la Primera Comisión.

Diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, en relación con la solicitud de extradición formulada por el gobierno español, respecto de oriundos del país Vasco que se encuentran legalmente en México. Se turna a la Primera Comisión.

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a las dependencias del Ejecutivo Federal, a elaborar o actualizar y publicar a más tardar el quince de febrero de dos mil cuatro, las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo al Campo y sus Productores, y solicita trámite de urgente resolución. Así considera el asunto la Asamblea en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma forma. Comuníquese.

Diputado Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Secretaría de Economía, a que emita un acuerdo que permita suprimir de manera definitiva la entrada de llantas usadas a México. Se turna a la Tercera Comisión.

Senador David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional, en torno a la deforestación y deterioro ambiental que se presenta en la Ciudad de México y sus zonas conurbadas con los estados de México, Puebla y Morelos, y solicita trámite de urgente resolución. De esa manera considera el asunto la Asamblea en votación econó- mica. Hablan los legisladores: senador Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, en contra; senador David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales; senador Rodríguez Prats, para contestar alusiones personales, y acepta interpelaciones de los senadores Jiménez González y Emilio Gamboa Patrón, del Partido Revolucionario Institucional; diputado Víctor Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática, en pro, y es interrumpido por el senador Rodríguez Prats, quien solicita una moción de orden que la Presidencia atiende; senador Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional, en contra; senador Jiménez González, para alusiones personales; y senador Zermeño Infante, para contestar alusiones personales, y acepta interpelaciones del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda y del senador Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma forma lo aprueba. Comuníquese.

Diputada Marcela Guerra Castillo, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Comisión Reguladora de Energía a instrumentar los mecanismos necesarios para reducir el precio de gas natural en México, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea así considera el asunto en votación económica. Hablan los legisladores: senador Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, en contra; y diputada Guerra Castillo, en pro y acepta interpelación del senador Rodríguez Prats. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese. Rectifican hechos el senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, del Partido Acción Nacional; y la diputada Guerra Castillo.

Diputado Carlos Flores Rico, a nombre propio y del diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la importación de automóviles usados en la franja fronteriza norte del país. Se turna a la Tercera Comisión.

Conmemoran la promulgación de la Constitución Política de mil novecientos diecisiete los legisladores: senador Mariano González Zarur, del Partido Revolucionario Institucional; senador Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional; diputado Víctor Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática; senadora Verónica Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México; diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; y diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, de Convergencia.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con quince minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles once de febrero de dos mil cuatro, a las once horas.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Aprobada el acta.

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COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para el siguiente punto del orden del día que es la comparecencia del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante el pleno de esta Comisión Permanente, se designa en comisión para recibir al doctor José Luis Soberanes Fernández a los siguientes legisladores: Miguel Sadot Sánchez Carreño, Jorge Zermeño Infante, Eliana García Laguna, Luis Antonio González Roldán, Pedro Vázquez González y Jesús Martínez Alvarez.

Se ruega a la comisión cumpla su cometido.

(La comisión cumple su cometido.)

Se encuentra entre nosotros el doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para presentar el informe de actividades correspondiente al año 2003.

Tiene el uso de la palabra el doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández:

Señor diputado Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión; señoras y señores legisladores federales; señoras y señores integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; señoras y señores representantes de la ONG; señoras y señores:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 102, Apartado B de nuestra Carta Magna, comparezco hoy ante esta soberanía, para informar sobre las actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos correspondiente al año 2003.

La sociedad nacional, aún con sus contradicciones, avances y retrocesos, mostró en este lapso que la preocupación por los derechos fundamentales siguió abriéndose paso hasta convertirse en uno de los temas fundamentales en el país.

Con la perspectiva que da el tiempo hoy podemos ver cómo la lucha por la vigencia de los derechos humanos fortalece la vida democrática y cómo sus alcances han repercutido en una creciente conciencia, individual y colectiva, que juzga inadmisible la violación o incluso la negligencia en relación con el cumplimiento de los derechos básicos de las personas que habitan este país.

Hemos avanzado en una cultura y observancia de los derechos civiles y políticos que garantizan las libertades, incluso en aquellos que reafirman el derecho a la diferencia y el respeto esencial de la dignidad humana por encima de cualquier otra consideración. Sin embargo, aún son precarios los resultados en la realización de los derechos económicos y sociales, cuya satisfacción y ejercicio representan la única vía para erradicar el enorme abismo de desigualdades que operan en este momento en nuestra patria.

La desigualdad y la iniquidad atañen directamente a la gobernabilidad democrática, toda vez que con su aumento crecen los riesgos de la ingobernabilidad.

La experiencia ciudadana de un gobierno democráticamente electo tendría per se una capacidad superior para responder pronta y eficazmente a los problemas de la vida social, particularmente con la disminución de la pobreza, la reducción del desempleo y la lucha contra la desigualdad como obstáculos al desarrollo; no se han concretado todavía y parece depender por una parte del curso que tomen la economía, la política fiscal y el empleo en estos próximos años y, por otra, de una voluntad para lograr la puesta en marcha de políticas públicas más equitativas.

Pensamos que aún es posible cumplir con estas esperanzas ciudadanas si reconocemos que se trata de exigir derechos y asumir responsabilidades. El Estado social, para hacerlo en verdad, debe de atender sus obligaciones con la sociedad. No creo que pueda prescindirse por lo mismo de un Estado solidario en una sociedad como la nuestra, aún con tantas desigualdades.

Junto con el fortalecimiento del Estado legal, que es capaz de dar orden a la sociedad y brindarle seguridad, la reforma del Estado democrático de derecho requiere responsabilidades objetivas de éste con el desarrollo. En ninguno de estos ámbitos centrales hemos encontrado todavía respuestas suficientes.

Un ejemplo de esta situación es el aumento en el número y en la gravedad de las quejas por deficiencia en la prestación de los servicios institucionales de salud pública. En este ámbito, al igual que en otros servicios en los que también se advierte demérito en su calidad, es indispensable encontrar respuestas de fondo y de largo plazo, a partir de una visión integral del financiamiento de la salud, que permita revertir los aspectos materiales de ese deterioro.

A partir de la experiencia del 2003, al atender quejas interpuestas ante el órgano constitucional que represento, reiteramos que el sistema de justicia demanda con urgencia una reforma integral que considere tanto los aspectos técnicos, punitivos y procesales, como la protección que el Estado debe a las víctimas del delito.

Aún observamos resistencia en los servidores públicos para reconocer plenamente el papel fundamental que corresponde a las víctimas en el drama penal. La indiferencia ante los derechos de las víctimas o la inacción para lograr la cabal restitución de éstos puede agravar la pérdida de confianza en la procuración y en la administración de la justicia.

Con la reforma de la justicia se requiere también una reforma a la seguridad que permita a los ciudadanos recuperar la tranquilidad y la confianza en los cuerpos policiacos. La inseguridad, la corrupción y la impunidad siguen siendo graves atentados a los derechos humanos básicos y factores perturbadores que atentan contra la viabilidad de cualquier proyecto de nación justa, equitativa y democrática.

En el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, es un extremo del punto al que puede llegar la violación de los derechos de las víctimas y del difícil tránsito que las acciones del Estado debe recorrer para poder superar esa vergüenza nacional hasta lograr que se haga justicia.

Otra situación extrema es la frecuencia de los casos de linchamiento entre particulares que se diluye la presencia del Estado en aras de inadmisibles visiones que como lo hemos dicho, representa la negación de la justicia y el triunfo de la venganza; de la mal llamada justicia popular en donde se anula la legalidad y el Estado de Derecho.

Los usos y costumbres de los pueblos indígenas son uno de los componentes fundamentales de su identidad y prácticas culturales. Esta Comisión Nacional considera, sin embargo, que si las prácticas de algunas comunidades violentan la dignidad humana de alguno de sus integrantes, la prioridad es proteger los derechos humanos de la población, tal y como lo dispone nuestra Constitución Política y los instrumentos internacionales en la materia.

Otro de los focos rojos que reclaman la atención inmediata y sistemática, son las violaciones de derechos fundamentales de los migrantes. Las normas internacionales suscritas por México en esta materia se desconocen e in- cumplen con demasiada frecuencia por los representantes de la autoridad. La verificación de violaciones contra personas de este grupo vulnerable es compleja, sin embargo esta Comisión Nacional abrió en 2003, oficinas en atención a migrantes en Villahermosa, en Ciudad Juárez, en Nogales y en Tijuana y cuenta ahora con oficinas móviles en algunas de las regiones fronterizas más conflictivas del país para salvaguardar el cumplimiento de los derechos de este grupo.

En general, resulta indispensable continuar la difusión del respeto a los derechos humanos entre los servidores públicos en contacto con la problemática migratoria; velar por la estricta aplicación de las leyes laborales dentro y fuera del país; establecer una mayor comunicación con los consulados y con organismos que brindan apoyo a los migrantes, así como idear mecanismos efectivos que promuevan sus derechos adecuando nuestro marco legal a las disposiciones internacionales de esta materia.

Estoy convencido de que el Gobierno de nuestro país tiene la autoridad moral y los argumentos para exigir un trato digno a los mexicanos en Estados Unidos. Esta autoridad moral se fortalece sobre la base del respeto a los derechos de los migrantes centro y suramericanos que llegan a nuestro país.

Preocupa a la CNDH la situación detectada en los campos agrícolas del noreste del país. En visitas de trabajo hemos constatado las precarias condiciones en que se encuentran los jornaleros, en especial los menores de edad, que trabajan periodos excesivos, reciben pagos inferiores al mínimo legal y no tienen servicios educativos ni de salud.

Tema fundamental tanto de la agenda nacional como de la CNDH es el de los derechos de nuestros pueblos indígenas. La construcción del Estado democrático que a todos nos compromete y la sociedad solidaria a la que aspiramos los mexicanos no serán plenos si no se fincan al mismo tiempo sobre bases sólidas para el desarrollo económico, político y cultural de los pueblos y comunidades indígenas garantizando el cabal disfrute de sus derechos y entre éstos el de participar y ser consultados en el diseño de políticas públicas que les afecte.

Debemos reconocer que los problemas de desigualdad, rezago y discriminación que históricamente han afectado a este grupo vulnerable aún persisten y que las comunidades indígenas se encuentran entre las de mayor pobreza y marginalidad; por ello resulta impostergable la materialización de normas que hagan posible poner en práctica los derechos establecidos en esta materia por el Constituyente Permanente en el año 2001.

Es imprescindible que la atención gubernamental a los conflictos intra o intercomunitarios con incidencia de factores agrarios, deje atrás su carácter reactivo y adquiera un enfoque programático y una mejor base presupuestaria en el gasto público. El flagelo de la discriminación tiene sus raíces en un problema estructural que debe de ser atacado desde una perspectiva de igual naturaleza.

Las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad y quienes viven con el VIH-SIDA, son otros de los grupos vulnerables sujetos a menudo a actos discriminatorios, tanto en la esfera laboral como en materia de salud y educación entre muchos otros. En este sentido, durante el 2003 la CNDH incrementó sus actividades encaminadas a promover y difundir los derechos de los grupos vulnerables y durante el presente año se propone mantener esa atención.

En materia de salud, durante el año 2003 se mantuvo al alza la incidencia de quejas por la deficiente atención en las instituciones públicas del ramo, principalmente el Seguro Social y el ISSSTE; escasez de medicamentos, insuficiencia de equipo, la negligencia en la atención y en general la inadecuada prestación de los servicios de salud. En este renglón, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social ocupó el cuarto lugar entre las autoridades más frecuentemente señaladas como responsables de violaciones a derechos y a él se dirigieron 10 de las 56 recomendaciones emitidas por el ombudsman nacional en el año que se informa.

Es clara la tendencia al ascenso, tanto en el número como en la gravedad de los hechos enunciados. Contra autoridades del sector salud en el año 2000, se presentaron 470 quejas, que representaba el 12% del total, mientras que en el año 2003 el aumento de quejas ascendió a 589, es decir, el 16.65% del total. Asimismo en el año 2000, la CNDH emitió tres recomendaciones por violaciones a derechos humanos en este sector, mientras que en este año fueron ya 14.

Los mexicanos mantenemos la esperanza de que éste sea el año en que logremos todos, legisladores, autoridades, agrupaciones civiles y organismos públicos de defensa y protección, dar forma definitiva a un programa nacional, abierto y omnicomprensivo de los derechos humanos en el Estado mexicano, que refleje su interdependencia e integralidad y esté enfocado al mismo tiempo, a enfrentar problemas concretos con medidas estructurales de fondo que impidan que se continúe violentado los derechos fundamentales.

Es tiempo de que la preponderancia moral lograda por los derechos humanos se concrete ahora en políticas públicas y en conductas sociales. Un programa nacional en este campo debe ser capaz de dar respuesta a las carencias y necesidades detectadas y señalar tiempos, acciones y recursos para enfrentar cada uno de estos apremios. En este sentido, cabe destacar el avance de las medidas de coordinación intergubernamental, encabezadas por la Secretaría de Gobernación.

Por otra parte, consideramos grave la falta de veracidad de los informes que algunas autoridades responsables, pretendiendo justificar su actuación, integran a la CNDH, lo que se traduce en un entorpecimiento de nuestra labor y peor aún, muestra de desprecio que aún tienen algunas autoridades por los derechos humanos. La recurrencia de esta práctica plantea la necesidad de establecer medidas legales, efectivas, para corregirla y evitar su repetición.

Observamos también con preocupación la persistencia de casos relativos al inicio de procedimientos administrativo y de averiguaciones previas, en virtud de violaciones a derechos humanos que no culminan en una sanción, a pesar de estar claramente acreditada la falta o que conducen a sanciones mínimas en la que se evade dar vista correspondiente al Ministerio Público, no obstante que pueda haber delito que perseguir, sin que exista la posibilidad de que la CNDH pueda intervenir en los procedimientos administrativos o constituirse en coadyuvante en la indagatoria.

La autoridad debe de tener presente que todas las violaciones a los derechos humanos son graves y trastocan la vida social y el Estado de Derecho. Tal estado de cosas abona la impunidad, genera entre los gobernados la percepción de que los procedimientos del ombudsman son un protocolo inconsistente y se convierte en valladar para un mejor impulso a una cultura de respeto a los derechos básicos.

Señalamos enfáticamente: ni la impunidad ni la simulación serán impedimento para que esta Comisión Nacional de Derechos Humanos mantenga en alto su exigencia de actuar con legalidad, es la primera condición para proteger y promover efectivamente los derechos fundamentales de las personas.

En el contexto de la Reforma del Estado, corregir esta anomalía debe ser un asunto que convoca la atención de este Poder Legislativo.

México debe dejar atrás de una vez y para siempre, los tiempos en que el respeto a los derechos humanos era una cuestión de imagen y establecer en cambio, la necesaria congruencia entre el reconocimiento constitucional de estos derechos y un ambiente social que favorezca el que todos los sectores de la población puedan ejercerlos.

La vinculación estrecha y permanente con los poderes de la Unión y con la sociedad civil, sigue siendo la pauta para alcanzar un frente amplio e incluyente en la promoción y defensa de las libertades fundamentales.

Encaminemos hacia esta meta, la CNDH seguirá perseverando en mantener un diálogo permanente con sectores de la sociedad civil organizada de México, continuará impulsando redes de apoyo mutuo con la comunidad internacional, en particular con las instituciones promotoras y protectoras de los derechos humanos y sostendrá su política de vínculos de cooperación y respaldo con los organismos homólogos de las entidades federativas para lograr ese objetivo.

Señoras y señores legisladores: el derecho a la información que se ha acreditado como parte de los derechos y libertades fundamentales de los mexicanos, se conforma, como se sabe, de dos vertientes. El derecho de las personas a obtener información de la gestión pública y la obligación de las instituciones de rendir cuentas de su actuación, de oficio, periódicamente y a solicitud de parte.

El derecho a la información, su libre ejercicio es indispensable en la conformación de las modernas sociedades democráticas y requisito para que la sociedad no sólo esté informada sino participe con conocimiento de causa de los asuntos que le afectan. Es instrumento fundamental para la rendición de cuentas y por esa vía, para la formación de una opinión cada vez más consciente e involucrada en los asuntos públicos.

Como parte de este movimiento social hacia la transparencia y en consonancia con la Ley Federal de la Materia, el ombudsman nacional elaboró y estableció una normativa interna que permite a los interesados conocer sus actividades y acceder al conocimiento de ejercicio presupuestal de la Comisión Nacional, con excepción de aquella información considerada por la propia ley como confidencial o reservada y que se refiere al derecho de las personas a la privacidad y a la seguridad.

Es mi convicción de que a la transparencia debe obligar para evitar simulaciones, tanto a los organismos públicos defensores de los derechos humanos como a los organismos no gubernamentales que reciben algún tipo de financiamiento público.

A continuación haré breve referencia al trabajo de cada una de las áreas de la CNDH.

Quejas e inconformidades: en el ejercicio de este programa se manifiesta la esencia de las tareas del ombudsman y comprende la recepción, calificación, registro, investigación y conclusión de los expedientes de queja por presuntas violaciones a los derechos fundamentales.

En el 2003, la dirección de quejas y orientación registra un total de 3 mil 518 expedientes, que sumados a los 553 que se encontraban en trámite al 31 del 2002, de los cuales 3 mil 343 se concluyeron y 728 quedaron en trámite.

Los principales motivos de quejas señalados fueron: ejercicio indebido del cargo, amenazas, detención arbitraria, negación inadecuada, prestación del servicio público de salud, negativa al derecho de petición, cateos y visitas domiciliarias ilegales, trato cruel y/o degradante, dilación en los procedimientos administrativos e irregular integración de averiguaciones previas, todos ellos correspondientes a patrones ya conocidos por queja ante la CNDH.

No obstante y a diferencia de lo que ocurría hasta hace cuatro años, cuando la mayor tendencia de crecimiento de las quejas era por violaciones al derecho a la integridad física, ahora la mayor proporción se concentra en los señalamientos de actos violatorios por deficiencias en la prestación de servicios sociales básicos como el de salud, baste decir que las dos principales instituciones del Sector Salud: el Seguro Social y el ISSSTE acumularon 567 quejas en el 2003, es decir el 16.11%

Un elemento nuevo también es la significativa cantidad de quejas por negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de electricidad, en su mayor parte provenientes de los estados de Chiapas y de Sonora.

Por otra parte, las autoridades señaladas con mayor frecuencia como presuntas responsables de actos y omisiones violatorias de derechos fundamentales fueron la Procuraduría General de la República con 586, la Comisión Federal de electricidad 518, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 458, el Instituto Mexicano del Seguro Social 440, la Secretaría de Seguridad Pública 333, de las cuales 249 corresponden a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y 84 a la Policía Federal Preventiva; la Secretaría de la Defensa Nacional 180, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 127, la Secretaría de Educación Pública 121 y el Instituto Nacional de Migración 115, respectivamente.

Asimismo, se calificaron 13 expedientes de queja por tortura en los que se señaló como probables responsables a servidores públicos de la Procuraduría General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, Instituto Nacional de Migración, ayuntamiento de Ciudad Juárez, ayuntamiento de Tijuana, Policía Judicial Federal y Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, de los cuales 9 se encuentran en trámite y 4 fueron concluidos por acumulación.

Para situar las cosas en perspectiva, cabe señalar que entre 1990 y 1991, la tortura representaba el primer lugar de hechos violatorios denunciados ante la CNDH mientras que entre 2002 y 2003, esta violación ocupó los lugares 31 y 36, respectivamente. En tan sólo 7 meses, de junio a diciembre de 1990, hubo 150 casos de tortura presentados ante la CNDH, mientras que en 1991 se presentaron 344 quejas por este motivo. Ahora en todo el 2002 hubo un total de 19 quejas por tortura y en el 2003 las quejas por tortura fueron 13 y representaron el 0.3% del total.

Aun cuando debemos enfrentar el juicio simplista y equivocado de quienes nos señalan como ``defensores de delincuentes'', esta Comisión Nacional seguirá reprobando severamente el uso de la tortura como supuesto método de investigación y actuará con energía en el ámbito de sus facultades, ante cada caso comprobado de tortura del que tenga conocimiento.

Recomendaciones.

Desde mi toma de posesión como ombudsman, asumí como compromiso central encontrar solución a las demandas de los agraviados; en esta perspectiva, las recomendaciones de la CNDH eran y son el instrumento de fuerza moral más importante del ombudsman y se utiliza por lo regular después de haber agotado el conjunto de recursos intermedios como la conciliación o el acuerdo entre las partes, siempre en favor del quejoso. Nos interesa resolver los problemas.

No nos interesa alcanzar una cuota determinada de recomendaciones emitidas, sino sólo aquellas que de acuerdo con la ley podamos fundar, de aquí que cuando la Comisión Nacional emite una recomendación, es porque ha comprobado, con sus propios medios, la gravedad de la queja presentada por los afectados y la imposibilidad de resolverla mediante alguna vía legalmente permitida.

Así, en el 2003 la Comisión Nacional emitió 52 recomendaciones, las cuales fueron dirigidas a 56 autoridades e instituciones: 10 a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social, 5 al gobierno del estado de Chiapas, cuatro al ayuntamiento de Monterrey, cuatro a la Dirección General del ISSSTE, dos a cada uno de los gobiernos de los estados de Nuevo León, Guerrero y Veracruz, dos a la Procuraduría General de Justicia Militar y uno a cada una de las siguientes autoridades: Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Dirección General del Instituto Nacional de Bellas Artes, vocal Ejecutivo del Fovissste, Poder Legislativo del Estado de Baja California, Congreso del Estado de Nuevo León, gobierno del estado de Tlaxcala, gobierno del estado de Michoacán, gobierno del estado de Baja California, gobierno del estado de Yucatán, gobierno del estado de Colima, Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos, ayuntamiento de Tecate, ayuntamiento de Chihuahua, de Ciudad Madero y Saucillo, y ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, de Chilpancingo de los Bravo, de Cuernavaca y Jiutepec y Tepoztlán, Morelos, Hermosillo, Sonora, Apizaco, Tlaxcala, Orizaba y Tepecán, Yucatán. Respectivamente.

Por lo que respecta a recomendaciones no aceptadas, tenemos que señalar las siguientes autoridades: una autoridad federal que es la Procuraduría General de Justicia Militar; cuatro autoridades estatales, los gobiernos de los estados de Chiapas, Veracruz y Baja California, así como el Poder Legislativo del Estado de Baja California junto con los ayuntamientos de Tecate, Hermosillo, Tepecán y Tepoztlán, Morelos.

Señoras y señores legisladores; señoras y señores: en esta cuarta ocasión en que como ombudsman nacional presento el Informe Anual de Labores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante esta soberanía, considero pertinente el intentar esbozar ante ustedes un balance de mi gestión y algunas consideraciones adicionales sobre el estado que guardan los derechos humanos en el país.

En estos cuatro años hemos sido testigos y activos, aunque modestos promotores, de algunos cambios en la vida política y social del país; asistimos a procesos de alternancia en el centro del poder político, que no suscitaron mayores dese-quilibrios ni roturas, pese a cualquier tipo de malos augurios.

Los cambios han demostrado la solidez esencial de un país, afianzado en sus instituciones, que sigue una ruta de transición democrática sin roturas ni traumatismos. En lo que a nuestra gestión compete creemos, sin alarde ni falsa modestia, que hemos acompañado el cambio democrático, mediante el fortalecimiento de la CNDH como un referente ético, legal, atento, pertinente, abierto y comprensivo; hemos buscado hacer del ombudsman una institución que no menosprecie el valor de las operación institucional, pero capaz de anteponer su condición constitucional de autonomía, su vocación y su competencia en la defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos.

Hemos señalado otras veces, y hoy lo reitero, que sin expectativas de desarrollo no se podrá satisfacer la plena vigencia de los derechos humanos en una sociedad notablemente marcada por la enorme iniquidad en el acceso a las oportunidades y a los bienes materiales.

Nuestra democracia exige, por lo mismo, que el Estado oriente su interés y su acción hacia los sectores y grupos sociales que requieren atención prioritaria, pues la justicia social es componente inseparable de la salvaguarda de los derechos fundamentales.

En un año marcado por los clarooscuros, como lo fue el 2003, reitero hoy mi llamado a defender y reafirmar el apego a la legalidad, como condición indispensable de la convivencia social, de la libertad y de la vida democrática, desde el reconocimiento y respeto a las diferencias, la sociedad nacional debe nutrirse en el ejercicio de la tolerancia y de la capacidad de negociar y dirimir pacíficamente cualquier controversia.

Desde mi perspectiva que brinda la CNDH no podemos decir que nada ha cambiado ni tampoco que las cosas se mantienen en el terreno de los derechos humanos igual que antes, si bien algunos patrones de conducta antisocial y violatoria permanecen, debemos reconocer que los aspectos más aberrantes de las agresiones a los derechos humanos han disminuido, en algunos casos notablemente.

Ello es perceptible, no tanto por una reducción en el número, pero sí en el cambio de énfasis en las quejas recibidas, que ahora se localizan en aspectos como en la desatención en el desabasto de medicinas, en las instituciones públicas de salud, en los derechos de las minorías religiosas o en las tarifas de electricidad y en la tortura, por mencionar lo más evidente.

Quiero dejar constancia de que hemos actuado sin ninguna presión del actual Gobierno, para que la CNDH haga o resuelva un caso en uno u otro sentido. El Ejecutivo Federal siempre ha mantenido las puertas abiertas para la presentación de nuestras quejas, reclamos o propuestas, como es el caso reciente de la fiscalía especial que propusimos para los casos de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, a cuya titular manifestamos un voto de confianza.

El cambio se ha dado y se sigue generando por el movimiento social y por la respuesta institucional, el cambio se refleja en la situación de los derechos humanos que, teniendo aún mucho pendiente, no puede compararse con lo que ocurría en México antes de fundarse la CNDH en 1990; sin duda hemos avanzado.

Hoy, el énfasis del reclamo parece desplazarse de los derechos de primera generación a los de segunda y tercera generaciones. Pero no podemos cantar victoria ni caer en el optimismo infundado.

Primero, porque México sigue siendo un país muy desigual con zonas marcadas por el atraso y la barbarie como lo refleja la matanza en zonas rurales o los feminicidios en Ciudad Juárez.

Segundo, porque subsisten fenómenos aberrantes que socavan el estado de derecho, como la presencia creciente de secuestradores y otras formas de delincuencia organizada que afectan el tejido social y corrompen a las instituciones. Si a esto añadimos la incapacidad y la corrupción policiaca y su contraparte en la impunidad, las debilidades en la procuración y administración de justicia, la inseguridad que tiene en vilo a las familias en tantas zonas del país; tenemos sin duda bastantes motivos de preocupación.

Hablar hoy de nuestros derechos humanos nos remite al campo de las libertades fundamentales de los mexicanos. Pero también a derechos constitucionales que permanecen como aspiraciones. Hablo del derecho a la seguridad personal, del derecho al empleo, a la vivienda, a la protección de la salud y a la vez digna, para no hablar del derecho a la educación, al ocio creativo, a la cultura; del respeto a la dignidad de las personas en todas las circunstancias, incluidas aquellas que se derivan de nuestra inserción en un mundo globalizado.

Sostenemos que se deben y se puede armonizar seguridad y trato digno.

Por ello, más que desestimar los cambios ocurridos desde la trinchera de los derechos humanos decimos: hay que asumir estos cambios con elementos para impulsar los nuevos cambios en las percepciones sociales y en las reformas de Estado que faltan, para que México avance y se convierta en la patria segura, progresista, incluyente y justa que todos queremos.

En conclusión, se trata de poner fin a la pobreza que indigna, a la vulnerabilidad y desigualdad extremas; a la inseguridad y a la impunidad que padecen millones de mexicanos y hacerlo con decisión y acciones que aminoren sus desgracias; mejoren sus condiciones de vida y hagan que las personas se puedan sentir más contentas, más respetadas y asistidas.

Los derechos humanos establecidos establecen el requisito de la justicia como un ideal. Son necesarios para lograr una vida cotidiana justa, lo que exige una actitud ética con la cual juega un papel decisivo la legalidad; por lo que el atinado ejercicio de la política y el buen gobierno, son los únicos recursos con los que cuentan los mexicanos para superar sus angustias, sufrimientos y humillaciones.

No creo definitivamente que podamos prescindir de un Estado solidario en una democracia con tantas desigualdades como por desgracia es todavía la nuestra.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: la Comisión Permanente, órgano del Congreso integrada por senadores de la República y diputados de la Nación, da por recibido de este valioso informe.

Y en su carácter de representantes populares se recuerda todavía la vinculación que los legisladores tenemos con el pueblo de México. Desde aquel mes de mayo de 1789, en el que Mirabeau le contestaba al Marqués de Bresé que estaban ahí los legisladores por la voluntad popular.

Seguimos manteniendo esa vinculación con la voluntad popular.

Muchas gracias señor doctor por este valiosísimo informe y es nuestro deseo que continúe la comisión que usted dignamente preside con el fructífero trabajo a favor de los derechos humanos de todos los habitantes del país.

Se pide a la comisión designada acompañar al doctor José Luis Soberanes Fernández, cuando él desee retirarse.

Y túrnese a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos este informe, de la Cámara de Diputados y Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

Continuamos con el orden del día.

Continúe la Secretaría con el capítulo de comunicaciones.

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SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.--- Presente.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXIII (173) aniversario luctuoso del General Vicente Guerrero Saldaña, que tendrá lugar el próximo sábado 14 de febrero 2004, a las 10:00 horas, en la Columna a la Independencia, ubicada en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.

Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Dr. Enrique Semo Calev, Secretario.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

Para asistir en representación de esta Comisión Permanente se designa a los siguientes legisladores: diputado Manuel Camacho Solís y senadora doña Cecilia Romero Castillo.

Continúe la Secretaría.

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ESTADO DE GUERRERO

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Escudo.--- H. Congreso del Estado de Guerrero.--- LVII Legislatura.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por instrucciones de la Presidencia del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para los efectos procedentes, adjunto al presente, en cumplimiento a su transitorio segundo el acuerdo parlamentario por el que se les formula un atento y respetuoso exhorto para que no aprueben la iniciativa de reformas constitucionales en materia energética propuesta por el titular del Poder Ejecutivo Federal aprobado en sesión de esta fecha.

Atentamente.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 27 de noviembre de 2003.--- Lic. Saez Guadalupe Pavía Miller (rúbrica), Oficial Mayor.»

«Escudo.--- Guerrero.--- LVII Legislatura.--- H. Congreso del Estado.

La Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa y

Considerandos

Primero. Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que:

``Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desa-rrollo nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios''.

Segundo. Que asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su articulo 26 que:

``Artículo 26. El Estado organizará un sistema de planeación democrático del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática, mediante la participación de los diversos sectores sociales, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de proceso de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución''.

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

Tercero. Por su parte, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula lo siguiente:

Artículo 28. ``En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios ............

.............

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución, el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.

................

................

................

................

El Estado, sujetándose a las leyes podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.

.............

Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de ésta''.

Cuarto. Que conforme al artículo 73, fracción X, corresponde al Congreso de la Unión legislar en las siguientes materias:

``Artículo 73. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear,

.............

.............

.............''

Quinto. Que como es del conocimiento general el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional en materia de energéticos, para generar según sus pretensiones, más empleos, más empresas extranjeras y más luz como si esto fuera la gran solución a la problemática de las dos empresas estatales más importantes del Estado mexicano, tratando de hacer creer al ciudadano común y corriente, en forma por demás irresponsable, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que, en la actualidad, no hay empleos ni tampoco hasta ahora, tenemos luz sino que ésta vendrá cuando las empresas extranjeras por fin tengan en sus manos este recurso que pertenece al pueblo de México y dejando pasar el hecho de que desconocemos que la Comisión Federal de Electricidad es la cuarta empresa en el mundo generadora de electricidad.

Sexto. Que tomando en consideración que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al aportar al Gobierno mexicano la mayoría de sus ingresos por concepto de comercialización y venta de energía eléctrica, se queda con reducidos ingresos que le permiten apuntalar su infraestructura para responder a las demandas del mercado actual, por lo que su situación económica interna le provoca problemas de financiamiento y por ende, se ve imposibilitada para modernizar sus servicios.

Séptimo. Que es necesario que el Ejecutivo Federal ya no desangre a esta importante empresa, de la manera como lo viene haciendo, y le destine un presupuesto acorde con sus necesidades para que pueda modernizar sus instalaciones y conseguir sus objetivos en términos de su ley orgánica.

Octavo. Que en la misma forma enunciada en el punto anterior, lo haga con Petróleos Mexicanos (Pemex) ya que, esta empresa es la única que sostiene la balanza comercial de pagos, pues sabemos que no hay activación económica en la manufactura por lo que las exportaciones que se hacen en este rubro, son muy limitadas y la factura más importante del país, lo constituye precisamente nuestro petróleo, que hasta ahora es el recurso que nos está permitiendo subsistir como nación y que mucho costó al pueblo de México, el cual como también sabemos, ayudó como pudo al Presidente Lázaro Cárdenas para rescatar este recurso de empresas extranjeras, haciendo salir del país a las mismas que hasta el año de 1938, sacaban los recursos a su país de origen.

Noveno. Que por lo expuesto anteriormente, es necesario que este honorable Congreso se pronuncia en contra de las reformas constitucionales en materia energética propuestas a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el Ejecutivo Federal y que al seno de ese Poder Legislativo se busquen otros mecanismos de financiamiento que eviten por lo tanto, poner en manos del capital extranjero y de intereses transnacionales lo que es propiedad exclusiva del pueblo de México.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción I de la Constitución Política local; 8 fracción I y 127 párrafos primero y cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, la Quincuagésima Séptima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa tiene a bien emitir el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Primero. La Quincuagésima Séptima Legislatura al honorable Congreso del Estado de Guerrero, formula un atento y respetuoso exhorto a los diputados que integran la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que no aprueben la iniciativa de reformas constitucionales en materia energética propuesta por el Gobierno de Vicente Fox Quezada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y busquen aplicar criterios adecuados para financiar en el marco de la equidad social y productividad a estas empresas del sector social, como son la CFE y Pemex, y que son la parte más importante de nuestra economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al beneficio general; de los recursos productivos, los cuales deben preservarse como patrimonio del pueblo de México.

Segundo. El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero manifiesta su solidaridad y respaldo al movimiento realizado por sindicatos del ramo eléctrico, asociaciones políticas, sociales y civiles, por la defensa del patrimonio energético nacional.

Artículos Transitorios

Primero. El presente punto de acuerdo surtirá sus efectos a partir de la fecha de su expedición.

Segundo. Comuníquese el presente punto de acuerdo parlamentario a los diputados integrantes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para su conocimiento y efectos correspondientes.

Tercero. Publíquese el presente punto de acuerdo para conocimiento general en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Cuarto. Remítase el presente acuerdo parlamentario a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las legislaturas locales para su conocimiento y adhesión al mismo.

Salón de sesiones del Poder Legislativo, a 27 de noviembre de 2003.--- Diputados: Herón Delgado Castañeda, Presidente; Fredy García Guevara, Secretario: Yolanda Villaseñor Landa, Secretario.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a las comisiones de Energía y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su conocimiento.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Escudo.--- H. Congreso del Estado de Guerrero.--- LVII Legislatura.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por instrucciones de la Presidencia del H. Congreso del Estado Libre Soberano de Guerrero, para los efectos procedentes, adjunto al presente en cumplimiento a su transitorio tercero el acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión a que en el ámbito de sus competencias constitucionales dejen sin efectos la desincorporación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Colegio de Postgraduados y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, planteada en el artículo segundo del transitorio del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, aprobado en sesión de esta fecha.

Atentamente.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 27 de noviembre de 2003.--- Lic. Sáez Guadalupe Pavía Miller (rúbrica), Oficial Mayor.»

«Escudo.--- Guerrero.--- LVII Legislatura.--- H. Congreso del Estado.

La Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa y:

Considerandos

1. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), es un Centro Público de Investigación Aplicada, que cuenta con 81 campos experimentales y seis centros disciplinarios, todos ellos con personal científico y técnico de la más alta calidad y excelencia académica. El desmantelamiento del INIFAP, significaría subestimar la labor de miles de investigadores agrícolas que aportan conocimientos y tecnologías de punta a los productores agrícolas y al país. La calidad de sus investigaciones cuenta con reconocimiento internacional.

2. El Colegio de Posgraduados, es un Centro Público de Investigación Aplicada y Básica con casi 600 profesores, investigadores y 1 mil estudiantes de especialidades, maestrías y doctorados y cuenta con seis laboratorios en el país. El 63% de sus investigadores forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. El Colegio de Posgraduados provee de docentes e investigadores en el ramo agropecuario, forestal y pesquero a diversos centros académicos de México.

3. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua genera y proporciona tecnologías para hacer más productivo el uso del agua con fines agrícolas, en 84 distritos de riego en México, con una superficie de 3 millones 490 mil hectáreas. En el mundo y en México en lo particular, el desarrollo de tecnologías que optimicen el uso de este primordial recurso, es un asunto prioritario de sustentabilidad ambiental. Aumentar la eficiencia en el uso y aprovechamiento del agua y de la producción agrícola, es responsabilidad del conjunto de la sociedad y del Gobierno.

4. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Colegio de Posgraduados, y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; son instituciones que generan recursos propios y que le han costado al país muchos años y recursos para consolidarse, además de que inciden determinantemente en el desarrollo rural. Relegar la educación pública y suprimir la investigación, nos condenan a la dependencia tecnológica, con altos costos económicos y sociales en lo futuro.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 de la Constitución Política Local; 8o. fracción I, y 127 párrafos primero y cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, la Quincuagésima Séptima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tiene a bien emitir el siguiente:

Acuerdo parlamentario para que se deje sin efectos la de-sincorporación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Colegio de Posgraduados y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, planteada en el artículo segundo transitorio del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.

Primero. La Quincuagésima Séptima Legislatura al honorable Congreso del estado Libre y Soberano de Guerrero, acuerda hacer un respetuoso exhorto al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada y al honorable Congreso de la Unión, para que, en el marco de sus competencias constitucionales, quede sin efecto la desincorporación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; el Colegio de Posgraduados; y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, planteada en el artículo segundo transitorio del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, considerando la importancia que guardan estas entidades para el desarrollo del sector agropecuario.

Segundo. Que se revise y optimice el funcionamiento de estas tres entidades, a efecto de que se mejore su actividad, se amplíe su vinculación con los sectores productivos y se haga más dinámica su labor de difusión y extensión de los resultados de sus investigaciones y en consecuencia que se fortalezcan sus atribuciones de capacitación y transferencia de tecnología.

Tercero. Que se establezca el presupuesto suficiente para que estas entidades de investigación e innovación tecnológica, puedan continuar y ampliar sus proyectos, actualizar y modernizar su infraestructura de investigación para elevar su nivel de competitividad y penetración, y favorecer su estrecha vinculación con las necesidades de desarrollo del campo mexicano, de manera principal hacia las áreas más débiles de la actividad económica agropecuaria, forestal y pesquera.

Artículos transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación.

Segundo. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del gobierno del Estado.

Tercero. Remítase el presente acuerdo al señor Presidente de la República, al honorable Congreso de la Unión y al gobernador del Estado, para su conocimiento, intervención y efectos procedentes.

Cuarto. Remítase el presente acuerdo a los honorables congresos de los estados de la República y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para su conocimiento y adhesión.

Salón de sesiones del Poder Legislativo, a 27 de noviembre de 2003.--- Diputados: Herón Delgado Castañeda, Presidente; Fredy García Guevara, Secretario y Yolanda Villaseñor Landa, Secretaria.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

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ESTADO DE OAXACA

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.--- Poder Legislativo.

CC. Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF.

Por instrucciones del ciudadano diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura Constitucional del estado, me permito enviar a ustedes copia del Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 41 de fecha 11 de octubre de 2003, en el que aparece publicado el acuerdo de este Congreso relacionado con la Entidad Superior de Fiscalización de la Federación.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 27 de enero de 2004.--- La Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, María del Carmen Ricardez Vela (rúbrica).»

«Periódico Oficial.--- Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Organo de Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Registrado como artículo de segunda clase de fecha 23 de diciembre del año 1921.

Tomo LXXXV.--- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, octubre 11 del año 2003.--- No. 41.

Gobierno del Estado.--- Poder Legislativo.

Segunda Sección.

Sumario

Acuerdo. Por el que manifiesta que la Entidad Superior de Fiscalización de la Federación, apegue sus funciones a lo ordenado por el artículo 46 fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal Federal......Pág. 4.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.--- Poder Legislativo.

Lic. José Murat, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a sus habitantes hace saber:

Que la legislatura del Estado ha tenido a bien, aprobar lo siguiente:

La Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Acuerda

Unico. La Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, manifiesta que la Entidad Superior de Fiscalización de la Federación, apegue sus funciones a lo ordenado por el artículo 46 fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, toda vez que resulta violatorio y se atenta contra la soberanía del estado de Oaxaca, pretender efectuar auditorías sin fundamento legal alguno y en contravención a las disposiciones que se refieren al control, supervisión, vigilancia y fiscalización del manejo de dichos recursos por cada autoridad y cada nivel de gobierno que expresamente establece, el ordenamiento antes citado, para cada etapa que la misma ley establece desde su presupuestación hasta su total erogación.

Comuníquese el contenido de este acuerdo al honorable Congreso de la Unión, así como al titular del Ejecutivo Federal, Vicente Fox Quesada, a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que de creerlo procedente, se adhieran al presente acuerdo.

Transitorio

Unico. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado y hará que se publique y se cumpla.

Salón de sesiones del honorable Congreso del estado.--- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 7 de octubre de 2003.--- Diputados: Eloi Vázquez López, Presidente; Jorge Zarip Zetuna Curioca y René Egremy Cruz, secretarios.»

Por lo tanto mando que se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 7 de octubre de 2003.--- El gobernador constitucional del estado, Lic. José Murat; el Secretario general de Gobierno, Lic. Héctor Anuar Mafud Mafud.

Nota: las presentes firmas corresponden al acuerdo, aprobado por la Quincuagésima Octava Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, mediante el cual se manifiesta que la Entidad Superior de Fiscalización de la Federación, apegue sus funciones a lo ordenado por el artículo 46, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal Federal.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

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PEDERASTA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Esta Presidencia recibió de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, informe sobre la gira de trabajo en el estado de Quintana Roo, en relación al asunto del pederasta Jean Succar Kuri.

«Informe de la Comisión de Equidad y Género, sobre su gira de trabajo en Cancún, Quintana Roo, con motivo del caso Succar Kuri, realizada los días 2, 3, 4 y 5 de febrero de 2004.

Hace varias semanas la Comisión de Equidad y Género de esta Cámara de Diputados tuvo noticia del caso Succar Kuri tanto por lo medios de comunicación como por algunas organizaciones civiles que han mantenido contacto con las víctimas del pederasta. Las particularidades del caso en donde se presumía irresponsabilidad y negligencia de las autoridades y falta de atención a las víctimas, así como la petición expresa de nuestra intervención, despertó aún más nuestro interés por este asunto, que lesiona no sólo al estado de Quintana Roo sino a la sociedad mexicana en su conjunto y ha rebasado la frontera nacional.

Después de analizar el caso en comento, las integrantes de esta Comisión decidimos realizar una gira de trabajo, con el objeto de sostener diversas entrevistas con el gobernador del estado, la procuradora, el comisionado de Derechos Humanos, directores del DIF, funcionarios de la PGR, legisladoras locales, organizaciones civiles, víctimas y familiares de las mismas, en aras de saber exactamente cuál es el estado que guarda el caso y coadyuvar desde el ámbito de nuestra respectiva competencia para el cabal cumplimiento de la justicia.

A esta gira asistimos las legisladoras Diva Hadamira Gastélum, Norma Sotelo Ochoa, Evelia Sandoval Urbán y Consuelo Rodríguez de Alba, del Partido Revolucionario Institucional, y Blanca Eppen Canales, Herminia Blanco, Concepción Cruz González y Marisol Vargas Barcena, del Partido Acción Nacional.

Es menester señalar que durante esta gira quedó manifiesta la voluntad política y la importancia del trabajo coordinado entre los diferentes niveles e instancias de gobierno, ya que derivó en importantes acuerdos y acciones concretas, que beneficiarán no sólo al caso concreto sino también a la construcción del andamiaje legal e institucional adecuado que permita atacar de manera frontal los delitos cometidos en contra de las mujeres, y en este caso de las y los menores de edad.

De entre los logros alcanzados, podemos señalar:

La creación de una fiscalía especial que atenderá el caso Succar Kuri, y en general el tráfico de menores, la pornografía y la explotación infantil, así como los abusos sexuales de que algunos menores de edad son objeto en el estado.

El compromiso de adecuar la edad penal en la legislación local, ya que actualmente es de 16 años, lo que atenta contra diversos acuerdos internacionales firmados y ratificados por México.

Revisar y realizar una propuesta de reformas al marco jurídico que rige en el estado de Quintana Roo, con el objeto de adecuarlo a la problemática existente, con el objeto de garantizar desde las leyes, la protección a los menores, evitando la impunidad y la corrupción. Proyecto que contempla además la creación de la Ley de los derechos de los niños y las niñas.

La Comisión de Derechos Humanos, por su parte se comprometió a que en menos de 10 días emitirá las recomendaciones necesarias a las autoridades y a los actos de las mismas en aras de enmendar el camino hacia la justicia.

La instalación de un centro de atención a víctimas.

Realizar una campaña de seguridad para los menores de edad en el estado.

Regular las actividades de las organizaciones civiles para trabajar de manera paralela con las autoridades, tejiendo un puente adecuado de interlocución que garantice protección a las víctimas de los delitos.

La Procuraduría General de la República se comprometió con las legisladoras de esta Comisión a dar tratamiento especializado al caso, señalando que tiene líneas de investigación concretas y que aportará diversos elementos a la investigación que permitan el pronto esclarecimiento del caso.

Durante nuestra estancia en Cancún, las autoridades estadounidenses, a petición expresa de las autoridades mexicanas, aprehendieron en Arizona al pederasta Succar Kuri, quien estaba prófugo de la justicia desde hace algunas semanas.

Los trabajos coordinados y el tratamiento que se prevé para este caso sienta un importante precedente en el resto del país, ya que los delitos en contra de menores de edad y de las mujeres son un fenómeno que debe erradicarse de origen.

Esta gira y sus resultados son una muestra clara de la importancia de la interlocución adecuada entre los diferentes poderes y niveles de gobierno, acciones donde se manifiesta claramente la importancia de apostarle a un Estado de derecho en donde exista una clara división de poderes revestida de cooperación y espíritu humanista que responda cabalmente a las exigencias ciudadanas.

Desde esta tribuna, por mi conducto, la Comisión de Equidad y Género refrenda su convicción de servicio y su compromiso a favor de las causas de las niñas, las jóvenes y las mujeres de México.

Muchas gracias.

Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo, (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

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AÑO DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para presentar una iniciativa para que se declare el año 2004 como Año del Himno Nacional Mexicano, suscrita por la senadora Yolanda Eugenia González Hernández y Arely Madrid Tovilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra la senadora doña Arely Madrid Tovilla para ese efecto.

La senadora Arely Madrid Tovilla:

Gracias, señor Presidente, con su venia; compañeros legisladores:

``Iniciativa con Punto de Acuerdo por el que se solicita se conmemore el año 2004 como Año del Himno Nacional Mexicano, suscrita por la senadora Yolanda Eugenia González Hernández y la de la voz, Arely Madrid Tovilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Haciendo uso de las facultades que me confieren el artículo 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 58, fracción primera, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la siguiente propuesta con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Escrito por el ilustre potosino, Francisco González Bocanegra y sometido a concurso, previa convocatoria aparecida en noviembre de 1853, el Himno Nacional Mexicano es consagrado como Canto Patrio en dictamen de fecha 5 de febrero de 1854, suscrito por José Bernardo Couto, Manuel Carpio y Joaquín Pesado, integrantes del jurado que eligió la obra de González Bocanegra como símbolo de unidad e identidad de los mexicanos.

Nuestro Himno Nacional se cantó por primera vez musicalizado por Juan Bottesini, la noche del 15 de septiembre de 1854 con el acompañamiento musical de Don Jaime Nuno, quien de igual manera, por concurso, dio vida a la entonación.

En cada una de las estrofas del Himno Nacional ha quedado reflejado el ímpetu de lucha y el sacrifico que ha costado la construcción de nuestro país y el acendrado sentimiento de identidad que nos unifica en la defensa de nuestra soberanía, como un justo y merecido homenaje a los hombres y mujeres que han ofrendado su vida en aras de este legado.

Las generaciones de mexicanos del último siglo y medio, hemos hecho propio como bien preciado el Himno Nacional, que nos llena de emociones y nos enorgullece ante las demás naciones, en la actualidad, no podríamos entender nuestra historia y nuestro pasado reciente y el futuro que anhelamos para nuestro país, sin su letra y música, el Himno es complemento de nuestra enseña patria y no podemos concebir al uno sin el otro como símbolos emblemáticos de nuestra nación.

Nuestro Himno Nacional ha sido calificado como uno de las más bellos del mundo, y comparado internacionalmente con ``La Marsellesa'' Himno Francés.

El Himno Nacional Mexicano, es la primer enseñanza cívica que recibimos los mexicanos, en el nivel básico educativo y muchas veces desde la casa antes que aprender a escribir o leer; como tal es un conocimiento básico que llevamos los mexicanos y que no conoce diferencias entre edades, sexos, posiciones económicas, sociales, trabajos, ideologías, creencias y religiones.

A lo largo de 150 años nuestro Himno ha sido motivación de las grandes reformas del país, de movimientos sociales que han transformado la vida social y política de la Patria, el Himno ha impulsado a los grandes transformadores mexicanos a idealizar una nación equilibrada y sustentada en la justicia social y en un régimen democrático que genere mejores condiciones de vida en igualdad para todos los mexicanos.

A estas fechas nuestro símbolo patrio merece más que nunca un reconocimiento y más que eso, el respeto y el amor de los mexicanos; las invasiones culturales económicas y sociales que sufrimos paulatinamente los mexicanos, encontrarán freno únicamente en el fortalecimiento de la cultura cívica que propicia el Himno Nacional como símbolo de pertenencia e identidad de nuestro país.

Es deber de las Instituciones como estado reafirmar como valor de identidad y de amor por México el conocimiento y reiterado respeto que merece nuestro glorioso Himno Nacional Mexicano, en razón de lo cual y en vísperas de conmemorar los 150 años de la primera entonación de nuestro Himno Nacional, propongo a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. El Congreso de la Unión por conducto de su Comisión Permanente decreta denominar al año 2004 como ``Año del Himno Nacional Mexicano, Símbolo de Identidad y Soberanía''.

Segundo. Convocar a todas las instancias de gobierno y organismos públicos de la Federación, estados y municipios, a participar en la conmemoración del centésimo quincuagésimo aniversario del Himno Nacional Mexicano.

Tercero. Impulsar el homenaje nacional al Himno Nacional Mexicano en el sistema de educación primaria, secundaria, normal y de estudios técnicos y tecnológicos, así como en las universidades del país.

Cuarto. Proponer a las Cámaras de Diputados y Senadores, a las Legislaturas de los estados y a los cabildos municipales la realización de sesiones solemnes el día 15 de septiembre del año 2004, para conmemorar el centésimo quincuagésimo aniversario del Himno Nacional Mexicano.

Muchas gracias.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño InfanteEl Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Gracias, senadora Arely Madrid Tovilla.

Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.

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CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES-CODIGO PENAL FEDERAL
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Tiene la palabra el diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona una fracción al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y reforma y adiciona el artículo 223 del Código Penal Federal.

El diputado Sergio Vázquez García:

Con su permiso, señor Presidente:

Con el ánimo de obviar el tiempo que se me da para presentar la iniciativa, leeré solamente un extracto de la misma y le solicito que por favor se transcriba el texto completo en la Gaceta Parlamentaria.

El que suscribe, Sergio Vázquez García, diputado federal del estado de Jalisco, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión y en ejercicio de la facultad que se me otorga en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este honorable pleno, la siguiente iniciativa de decreto en la cual se adiciona una fracción XXXV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se modifica y adiciona el artículo 223 del Código Penal Federal.

Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en la administración pública, estamos conscientes de la realidad que actualmente vive el país y ahora, en el quehacer legislativo nace la responsabilidad de legislar en materias que por ser sensibles a una sociedad de cambio exigen la transformación de las instituciones que rigen a la República.

Una imperante necesidad y principio rector del actual Gobierno es la eficiencia en el funcionamiento del sector público, mismo que se plasma en el Plan Nacional de Desa-rrollo 2001-2006, en el cual se dedica un capítulo al combate a la corrupción, transparencia y desarrollo administrativo.

El citado plan señala que en el ámbito nacional el combate a la corrupción es una de las preocupaciones centrales de la ciudadanía, se propicia por la existencia de un marco normativo excesivamente regulatorio, que paradójicamente permite e incluso fomenta la discrecionalidad en la toma de decisiones del servidor público y por la falta de honestidad en la prestación de servicios públicos.

Esto ha creado en la ciudadanía una percepción negativa y adversa del quehacer gubernamental, que repercute de manera sustantiva en la imagen y el desempeño de las instituciones públicas en su conjunto. El mismo marco normativo e institucional abrió espacios a la impunidad y a la proliferación de vicios que minaron la vigencia del estado de derecho y socavaron la credibilidad del Gobierno y la confianza ciudadana por la incapacidad de respuesta de las instituciones, lo cual ubica al país en una situación de vulnerabilidad en temas como seguridad pública, procuración de justicia, impartición de justicia, combate a la corrupción y a la impunidad, el respeto a los derechos humanos, equilibrio y sostenimiento del desarrollo.

Por ello, las decisiones discrecionales deben reducirse al mínimo, acotarse y eficientar ese marco regulatorio, mediante normas claras de orden público con lo cual se evitarán las oportunidades de corrupción y se permitirá a la ciudadanía valorar la transparencia y honradez de los servidores públicos y en su caso, detectar desviaciones y anomalías en el ejercicio de la función pública.

El objetivo que se persigue es muy claro, se trata de lograr que el Gobierno y la sociedad colaboren para erradicar de una vez por todas el mal que tanto daño ha hecho a nuestro país: la corrupción.

Queda claro que la legislación actual es obsoleta y existe un rezago legal para castigar a los servidores públicos que en el uso de sus facultades distraen valores, objetos, dinero, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado; utilizan indebidamente fondos públicos para su promoción personal o la de otros o bien, le dan un uso distinto por el cual se les designó, como lo han sido casos recientes en la historia del país.

Es el caso de aquellos delitos cometidos por servidores públicos y estipulados en el Código Penal Federal y específicamente el delito de peculado, que ni siquiera se encuentra en el catálogo de delitos enumerados como graves en la Legislación Penal Federal y la penalidad del mismo además, es inferior a la del robo calificado; esto ha provocado que valiéndose de las prebendas que la misma ley otorga, no se castigue de manera ejemplar a los infractores de la misma. Por ello, es importante adecuar la legislación penal a la rea-lidad que vive el país, quitando la protección legal que establece a los servidores públicos y que aprovechándose de su puesto defraudan a la nación. El objetivo que persigue la iniciativa en comento, es integrar al catálogo de delitos graves el peculado, en virtud de su naturaleza y bien jurídico que tutela.

Los doctrinistas como el maestro Carrara, comenta que existe un vínculo de fe quebrantado y utilizado como medio para el delito. La ofensa de un derecho social, una objetividad prevaleciente sobre la consideración de la cosa, un área de mayor peligro para la propiedad común y con ello constituimos la figura de peculado propio. Quien se limita a considerar la sustracción de la pecunia pública, la objetividad de la propiedad más o menos interesante, sólo se encontrará frente una forma de hurto. Para hacer del peculado una figura criminosa, enteramente especial y distinta, tendrá que reconocer en la objetividad de la fe pública, el criterio determinante de esta especie de delito.

Por lo tanto y por lo jurídicamente sustentado, no es un hurto cualquiera, ya que al estar hablando de interés general, la confianza pública obedece al bien común, mientras que un robo o abuso de confianza, daña intereses particulares que nunca deben de estar por encima del interés general. En el caso del abuso de confianza el daño patrimonial es a nivel particular; en el caso del peculado el daño es al Estado y a la sociedad; por consiguiente, la pérdida de confianza es a nivel de la colectividad.

Así pues, el bien jurídico que se lesiona al realizar la conducta ilícita en el delito de peculado, no sólo se refiere al daño patrimonial, sino que además de ello se toma en consideración la confianza que le fue depositada al empleado o al funcionario público y la afectación, que por la ejecución de la conducta en comento, ha sufrido la sociedad.

Podemos concluir que el bien jurídico abarca diversos aspectos, como es el patrimonio, la confianza y la alteración del orden público social. Esta iniciativa también busca incrementar la penalidad del delito equiparándolo en su especie al de mayor castigo social, en este caso el robo calificado.

Por las razones que precedentemente se han expuesto, no podemos concebir que el delito de peculado tenga una pena inferior a la de robo, siendo que en el primero no sólo se afecta al patrimonio del Estado, sino que además el funcionario o servidor público comete un abuso de confianza, aprovecha las modalidades y circunstancias que su función le permite para llevar a cabo la conducta antijurídica en contra del órgano para el cual labora.

Ahora bien, en el delito de robo, también se perjudica el patrimonio y se comete una conducta en contravención a la norma; aquí la diferencia estriba en que no se altera el orden público y no se comete en contra del Estado.

Así pues, consideramos, considero que este ilícito tratado en la presente iniciativa requiere de sanciones punitivas más escrupulosas y con ello conseguir resultados favorables en el combate a la corrupción, dándole por supuesto más armas al juzgador para poder dar una penalidad a los funcionarios corruptos de forma ejemplar.

Con lo expuesto anteriormente y por supuesto, como le comenté al señor Presidente, por obviedad del tiempo, simplemente quiero poner a su consideración esta iniciativa de decreto que adiciona al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para integrar el peculado al catálogo de delitos graves y modifica y adiciona el artículo 223 del Código Penal Federal, incrementando la penalidad del delito antes mencionado.''

Pido que se turne a las comisiones correspondientes.

Es cuanto señor Presidente.

«Iniciativa que adiciona una fracción al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y reforma y adiciona el artículo 223 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del PAN.

El que suscribe Sergio Vázquez García, diputado federal del estado de Jalisco, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que se me otorga en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este honorable pleno iniciativa de decreto en la cual se adicionan una fracción, la treinta y cinco, al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, y se modifica y adiciona el artículo 223 del Código Penal Federal al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1) Una imperante necesidad y principio rector del actual gobierno es la eficiencia en el funcionamiento del sector público, mismo que se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en la cual dedica un capítulo al combate a la corrupción, transparencia y desarrollo administrativo.

El citado plan señala que en el ámbito nacional, el combate a la corrupción es una de las preocupaciones centrales de la ciudadanía, se propicia por la existencia de un marco normativo excesivamente regulatorio que, paradójicamente, permite e incluso fomenta la discrecionalidad en la toma de decisiones del servidor público, y por la falta de honestidad en la prestación de servicios públicos.

Esto ha creado en la ciudadanía una percepción negativa y adversa del quehacer gubernamental que repercute de manera sustantiva en la imagen y el desempeño de las instituciones públicas en su conjunto.

El mismo marco normativo e institucional abrió espacios a la impunidad y a la proliferación de vicios que minaron la vigencia del Estado de Derecho y socavaron la credibilidad del gobierno y la confianza ciudadana por la incapacidad de respuesta de las instituciones, lo cual ubica al país en una situación de vulnerabilidad en temas como seguridad pública, procuración e impartición de justicia, combate a la corrupción y a la impunidad, derechos humanos, equilibrio y sostenimiento del desarrollo.

2) Por ello, las decisiones discrecionales deben reducirse al mínimo y acotarse y reglamentarse mediante normas claras de orden público, con lo cual se evitarán las oportunidades de corrupción y se permitirá a la ciudadanía valorar la transparencia y honradez de los servidores públicos y, en su caso, detectar desviaciones y anomalías en el ejercicio de la función pública.

El objetivo que se persigue es muy claro, se trata de lograr que el gobierno y la sociedad colaboren para erradicar, de una vez por todas, el mal que tanto daño ha hecho a nuestro país: la corrupción.

3) Queda claro que la legislación actual es obsoleta y existe un rezago legal para castigar a los servidores públicos, que en el uso de facultades distraen valores, objetos, dinero, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, utilizan indebidamente fondos públicos para su promoción personal o la de otros o bien les dé un uso distinto para el cual se les designó; como bien lo han sido casos recientes en la historia del país.

Es el caso de aquellos delitos cometidos por Servidores Públicos y estipulados en el Código Penal Federal y específicamente el delito de peculado ni siquiera se encuentra el catalogo de delitos enumerados como graves en la legislación penal federal y la penalidad del mismo es inferior a la del robo calificado, ha provocado que valiéndose de las prebendas que la misma ley otorga, no se castigue de manera ejemplar a los infractores de la misma.

Por ello es importante adecuar la legislación penal a la rea-lidad que vive el país, quitando la protección legal que la ley establece a los servidores públicos que aprovechándose de su puesto defraudan a la nación.

4) Adentrándolos a las características mismas del delito de peculado, éste está enmarcado en el artículo 223 del Código Penal Federal, el mismo delito se tipifica en el capítulo relativo a los cometidos por los servidores públicos.

El Código Penal de 1931 describía en el artículo 382 la conducta del que para sí o para otro distraiga de su objeto los bienes patrimoniales que tuviera a su cargo.

La cualidad personal del sujeto activo como lo es en este ilícito el funcionario, el empleado o encargado de un servicio público del Estado o descentralizado engendra al efectuar esta conducta una modalidad típica muy sui generis como acontecía en el delito de peculado que describía el artículo 220 del Código Penal. En este delito la circunstancia citada transformaba en peculado una conducta antijurídica que sin su concurrencia sería delito de abuso de confianza. Pues aunque es evidente que dicha conducta lesiona también un bien patrimonial, es voluntad de la ley asignar a la misma una objetividad jurídica diversa, habida cuenta de que se considera como valor jurídico preponderante el deber de fidelidad que vincula al sujeto activo con el Estado u organismo descentralizado en que desempeña sus funciones.

La reforma de 1982 ha ampliado considerablemente la tipificación del delito, pues aunque la fracción primera del artículo 223 contiene la estricta naturaleza del delito configurado en el anterior artículo 220, se han introducido en aquel tres nuevas fracciones que especifican otras tantas formas de comisión del delito.

El bien jurídico protegido es el interés que tiene la administración pública en que los bienes que constituyen su patrimonio y cuyo manejo tienen a su cargo los servidores, no se los apropien éstos con fines personales.

La fracción primera del artículo 223 dispone que ``comete e1 delito de peculado todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa''. La anterior descripción contiene un conjunto de elementos que es necesario examinar.

La descripción típica exige que el dinero o las cosas que el servidor público se apropia, los hubiere recibido por razón de su cargo en administración, en depósito o por otra causa, un presupuesto fáctico sirve de puerta de entrada a conducta típica.

Imposible es concebir un delito de peculado si el sujeto activo no hubiere recibido en razón de su cargo, en administración, depósito o por otra causa los objetos que después distrae. Y aunque conceptualmente el recibo supone la entrega, no siempre se exige que ésta hubiera quedado materializada en un singular acto corpóreo; pues si bien esto es posible cuando se trata de dinero, valores u objetos de naturaleza mueble, no acaece así cuando el objeto fuere fincas u otros objetos semejantes, como acontece con las fabricas o plantaciones, haciendas o ingenios, genéricamente abarcados a ``cualquier otra cosa'' en este caso el objeto es recibido inherentemente al hecho de aceptar o desempeñar la función pública, esto es por razón de su cargo.

Una vez que el dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa estén administrativamente bajo el cuidado o custodia del servidor público, se irrumpe en el ámbito en que puede realizarse la conducta típica.

La conducta típica del peculado consiste en que el servidor público para usos propios o ajenos distrae de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado; distraer en su acepción penalística, significa apropiación de fondos. La mala aplicación dada por el servidor público de los fondos que tuviere a su cargo constituye el diverso delito de uso indebido de atribuciones y facultades del funcionario público. La distracción para usos propios de las cosas o sumas de dinero que el sujeto activo hubiere recibido con motivo de su cargo, ello implica el peculado, esto es, apropiación de objetos que estaban adscritos a un servicio público.

El delito de peculado es configurable cuando es cometido con conciencia y voluntad; no admite configuraciones culposas. La frase ``para usos propios o ajenos distraiga de su objeto...'' contenida en la descripción típica de la fracción primera del artículo 223 pone de manifiesto el fin de la apropiación.

El delito se consuma en el mismo instante en que el sujeto activo distrae esto es, se apropia, para usos propios o ajenos del objeto material del mismo. No desvirtúa la consumación el hecho de que tuviere el propósito de reintegrar las sumas apropiadas ni la circunstancia de que el inculpado estuviere en posición económica que haga posible la devolución. En nuestro derecho vigente no es admisible dicha acción.

Su tipo penal encuadra dos características, la primera se refiere a la defraudación que sufre el erario público y la segunda es la perdida de la confianza depositada en el funcionario, respecto de la primera no es de óbice comentario señalar que en dicho título se establecen cuatro figuras jurídicas en las cuales una persona siendo funcionario público o sin tener el carácter de éste distraiga valores, objetos, dinero, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, utilice indebidamente fondos públicos para su promoción personal o la de otros o bien les dé un uso distinto para el cual se les designó; la segunda se refiere a una cuestión subjetiva del delito, esto es, la confianza; el término confianza viene del vocablo latín confiare y significa, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, esperanza firme que se tiene de alguien o algo, ánimo, aliento, vigor para obrar.

Al estudiar el término confianza, nos encontramos en su sintaxis del artículo 223 del Código Penal Federal como parte del tipo penal y como elemento subjetivo del mismo, textualmente señala que comete el delito de peculado el servidor publico que distraiga de su objeto para usos propios o ajenos bienes inmuebles o efecto de propiedad que hayan sido confiados a el por su función, en este caso como la comisión del delito sucede como lo establece Díaz de León por el abuso de confianza depositado en el funcionario, existen autores que determinan que la idea del resultado delictivo se produce, no por el ataque a la propiedad del Estado, sino por traición a la fidelidad y al normal cumplimiento de los deberes oficiales; en cuanto a la custodia de los bienes, puestos bajo el cuidado del servidor público. Carrara comenta que existe un vínculo de fe quebrantado y utilizado como medio para el delito, la ofensa de un derecho social, una objetividad prevaleciente sobre la consideración de la cosa, un área de mayor peligro para la propiedad común, y con ello constituimos la figura del peculado propio. Quien se limita a considerar la sustracción de la pecunia pública la objetividad de la propiedad más o menos interesante sólo se encontrará frente a una forma de hurto. Para hacer del peculado una figura criminosa enteramente especial y distinta, tendrá que reconocer en la objetividad de la fe pública el criterio determinante de esta especie de delito, por lo tanto y por lo jurídicamente sustentado no es un hurto cualquiera, ya que al estar hablando de interés general, la confianza pública obedece al bien común mientras que un robo o abuso de confianza daña intereses particulares que nunca deben de estar por encima del interés general, en el caso del abuso de confianza el daño patrimonial es a nivel particular, en el caso del peculado el daño patrimonial es al Estado y por consiguiente la pérdida de la confianza es a un nivel de la colectividad.

Por lo anteriormente expuesto es de relevancia llevar a cabo un análisis del bien jurídico tutelado. Para explicar la naturaleza del bien jurídico se han formado dos corrientes de pensamiento, estas son la inmanente y la trascendente, la primera teoría considera al bien jurídico como una creación del legislador y su función es únicamente sistemática; así Kart Binding expresa que los bienes jurídicos son una creación exclusiva del legislador, quien actúa sin otra limitación que su propia consideración y la que impone la lógica y respecto de la segunda, Von Lizt niega que el concepto de bien jurídico sea meramente jurídico, ya que éste es una creación de la vida y consecuentemente un interés vital del hombre o de la colectividad, a la cual la protección del derecho le convierte en bien jurídico y el objetivo primordial de lo anteriormente citado es la protección de los valores elementales de la vida en comunidad, los bienes vitales de un grupo social y por último el resguardo en la observancia estricta de los bienes jurídicamente tutelados; así pues el bien jurídico que se lesiona al realizar la conducta ilícita en el delito de peculado no sólo se refiere al daño patrimonial, sino que además de ello se toma en consideración la confianza que le fue depositada al empleado o funcionario público y la afectación que por la ejecución de la conducta en comento ha sufrido la sociedad; podemos concluir que el bien jurídico abarca diversos aspectos como es el patrimonio, la confianza y la alteración al orden público y social.

5) El bien jurídico que se maneja en éste delito, es un bien suprapersonal, ya que protege los intereses del Estado y de la sociedad, conlleva la protección a éstos intereses y se lleva a cabo por medio de normas penales y en nuestro sistema jurídico mexicano, estas normas se encuentran contenidas en nuestro actual Código Penal Federal, así pues, para que se dé una efectiva protección de los bienes jurídicos, el Código Penal cuenta con una parte en la cual contiene figuras típicas agrupadas de manera más o menos homogénea.

Refiere el maestro Jiménez Huerta que transcurrió largo tiempo para que el legislador descubriese la idea, objeto o entidad que sirviera de fundamento para una adecuada sistematización de las figuras típicas, y fue Carrara en su obra Programma, el primer juspenalista que precisara el criterio que debía seguirse para sistematizar los delitos en los códigos penales y manifestó en la citada obra que el único criterio valido para efectos de sistematización es ``el de la objetividad jurídica agredida''.

6) Es importante tomar en cuenta que en el delito de peculado el funcionario público es parte vital cuando la conducta en el ilícito en comento se consuma por lo que se considera trascendente llevar a cabo un análisis del funcionario o servidor público y para ello jurídicamente podemos remontarnos al Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que especifica y además regula las responsabilidades de los servidores públicos, así podemos citar el artículo 108 párrafo primero que menciona:

``Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones''. Así que, podemos decir que el servidor público es aquella persona física contratada o designada mediante elección o nombramiento, para desempeñar actividades atribuidas al Estado, a sus órganos gubernamentales o a los de la administración pública. Ahora bien, la doctrina suele distinguir al funcionario del empleado público; el primero viene a ser la persona física elegida, nombrada o contratada, para ocupar un cargo público cuyo desempeño implica el ejercicio, en nombre del Estado, de sus órganos gubernamentales o de la administración pública, de sus funciones, actividades, facultades o poderes, de representación, de decisión y de mando.

7) El funcionario público es el que en virtud de designación especial y legal, ya por decreto ejecutivo, ya por elección y de una manera continua, bajo forma y condiciones determinadas en una esfera de competencia, constituye o concurre a constituir y a expresar o ejercitar la voluntad del Estado, cuando esa voluntad se dirige a la realización de un fin público, ya sea actividad jurídica o social.

El empleado al servicio del Estado, en cambio es la persona que mediante nombramiento, contrato o mecanismo equivalente, desempeña un cargo en alguno de los órganos gubernamentales o de la administración pública, sin contar con facultades o poderes de decisión o de mando, ni representar al órgano en que labora. Así pues, el servidor público de acuerdo al derecho positivo es entendido como género y al funcionario y al empleado público como especie.

Con lo anteriormente expuesto es fundamental citar el artículo 113 de nuestra Carta Magna, ya que se cita en dicho precepto legal que las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

El funcionario público es un agente que debería de actuar en bien del Estado. Pero dicho agente aprovecha la posición que tiene y crea males públicos. Así pues hemos de destacar que el funcionario o servidor público tiene la obligación de salvaguardar eficientemente los bienes que por un lado son producto de la sociedad en su conjunto y después éstos configuran la administración pública.

Por lo anteriormente mencionado creemos importante el manejar un breve comparativo respecto del bien jurídico tutelado y penalidades tanto en el peculado como en el robo calificado que aunque éste último no es materia de estudio es indispensable citarlo como ejemplo fáctico.

En el delito de robo calificado el bien jurídico que se tutela es el patrimonio, entendiéndose éste como la universalidad de derechos y obligaciones de índole económica y estimación pecuniaria pertenecientes a una persona, la cual puede ser física o moral. Ahora bien, respecto al bien jurídico que se tutela en el ilícito del peculado también es el patrimonio sólo que en este caso cuando se realiza la conducta antijurídica la lesión se ve reflejada en la sociedad y sobre todo en el Estado, ya que es éste el que posee y administra los bienes, así pues podemos mencionar que el caudal del Estado está constituido por el derecho de dominio y los demás derechos reales sobre los bienes inmuebles, muebles y semovientes, así como los derechos personales que, por institución expresa de la ley o por haber sido adquiridos por sus organismos y entes, son de propiedad nacional. Es primordial aludir que su administración estará a cargo del organismo que los tenga asignados o los haya adquirido para su uso, o de cada ministerio en el Poder Ejecutivo. Del Ministerio de Economía y Finanzas los que no estén asignados a un servicio determinado. Respecto de los bienes nacionales de uso público, la acción del Estado será sólo de conservación y vigilancia.

Es importante reseñar que tratándose del peculado, el sujeto activo vendría siendo cualquier servidor o funcionario público y por otro lado el sujeto pasivo en este caso es la sociedad en su conjunto y el Estado.

De lo expuesto pues con antelación es que partimos para analizar las sanciones punitivas en cuanto a los dos tipos penales para tener un panorama más amplio y entonces recalcar la necesidad jurídica de por qué se pide el incremento a las penas que actualmente se manejan en el reciente Código Penal Federal en el delito de peculado y asimismo anexarlo en el catálogo de penas como un delito grave.

El Código Federal de Procedimientos Penales en el artículo 194 estipula los delitos que son considerados de gravedad, en dicho precepto se encuentra el delito de robo pero no el de peculado. Atendiendo a la razón jurídica no creemos que sea lógico que éste último no sea clasificado como un delito de gravedad siendo que tanto en el ilícito de robo como el de peculado se realiza la misma conducta antijurídica, ésta es la lesión o afectación al bien jurídico tutelado que es el patrimonio. Ahora bien, creemos que es indispensable disponer en nuestro actual régimen legal de sanciones más severas para regular el delito de peculado pues consideramos éste aún de mayor trascendencia jurídica y lo conceptuamos así porque el alcance del mismo resulta ser comparativamente más ofensivo y perjudicial que ni el mismo robo, que ya con anterioridad hemos citado, evidente es que el delito de peculado adolece de una estricta reglamentación y concluimos con esta aseveración puesto que en la actual legislación no se manejan sanciones de estricto derecho para el delito que nos ocupa.

Por las razones que precedentemente se han expuesto no podemos concebir que el delito del peculado tenga una pena inferior que la del robo, siendo que en el primero no sólo se afecta el patrimonio del Estado, sino que además el funcionario o servidor público comete un abuso de confianza, aprovecha las modalidades y circunstancias que su función le permite para llevar a cabo la conducta antijurídica en contra del órgano para el cual labora, ahora bien, en el delito de robo, también se perjudica el patrimonio y se comete una conducta en contravención a la norma, aquí la diferencia estriba en que no se altera el orden público y no se comete en contra del Estado, así pues consideramos que el ilícito tratado en la presente iniciativa requiere de sanciones punitivas más escrupulosas y con ello conseguir resultados favorables.

Es fundamental puntualizar que el ilícito en comento tiene circunstancias, en cuanto al servidor o funcionario público se refiere, muy especiales, pues aunque es evidente que la conducta antijurídica lesiona un bien patrimonial, es voluntad de la ley asignar una objetividad jurídica diversa, habida cuenta de que considera como valor jurídico preponderante el deber de fidelidad que vincula al sujeto activo con el Estado o el organismo descentralizado en el que desempeña su función.

Por lo anteriormente manifestado en el cuerpo de esta iniciativa se propone para su discusión el siguiente

Anteproyecto de Decreto

Unico.- Se adicionan una fracción, la treinta y cinco, al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, y se modifica y adiciona el artículo 223 del Código Penal Federal

Artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales:

Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) ...

35).- El delito de peculado enmarcado en el último párrafo del artículo 223 del Código Penal Federal.

Artículo 223 del Código Penal Federal:

Comete el delito de peculado:

I.- Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.

II.- El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.

III. ...

Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando el monto de los distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de cinco años a quince años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Dip. Sergio Vázquez García (rúbrica)»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Gracias, señor diputado Sergio Vázquez García.

Como lo ha solicitado el promovente, insértese íntegramente la exposición de motivos de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

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ARTICULOS 82 Y 116 CONSTITUCIONALES
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Tiene la palabra el diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar una iniciativa que adiciona una fracción VIII al artículo 82 y adiciona el inciso b) de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:

Con su permiso, señor Presidente.

En ejercicio de la facultad que me otorga la Constitución y los correspondientes del Reglamento Interior, voy a presentar la iniciativa con proyecto de decreto para que se establezca en los artículos 82 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que no pueden postularse a Presidentes de la República y/o según sea el caso, el cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo de quien ejerce el puesto de elección respectivo o lo ha ejercido en el año precedente a la elección bajo el tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país transita por un proceso institucional en el que las prácticas democráticas aún no se han consolidado. Aun cuando en lo fundamental ya se cuenta con procesos electorales que dan legitimidad y credibilidad a los gobernantes, todavía persisten irregularidades, deficiencias y limitaciones que impiden la plena vigencia de la democracia y la promoción de una nueva cultura cívica.

La ausencia de mejores y nuevas reglas para los procesos electorales en los que existe una cerrada competencia, puede provocar conflictos y desavenencias que obligadamente requerirán cuanto antes de un tratamiento político y legislativo.

La democracia exige no sólo claridad y transparencia en los procesos electorales, sino también un marco sano general que permita la competencia para salvaguardar uno de sus principales valores: la equidad y la ética en la competencia política.

Para evitar confusiones en el electorado, abuso de poder y utilización para fines personales de las posiciones políticas, la mayoría de los países democráticos han establecido en sus constituciones políticas la prohibición de que un pariente consanguíneo o afines de la persona que se desempeña como titular del ejecutivo, pueda postularse para el mismo cargo de manera inmediata.

Cuando el o la cónyuge, pariente o consanguíneo afín al Presidente de la República o a un gobernador se postula o pretende postularse al mismo cargo en la elección inmediatamente siguiente, se daña la vida de los partidos que, entre otros factores, sostienen su legitimidad y credibilidad a partir de la claridad de sus procesos internos de selección de candidatos. Se debilita la figura del gobernante que para bien de todos, debe contar con la fuerza institucional y personal para el ejercicio de su responsabilidad.

Se puede dar el abuso de poder o de una posición para obtener ventajas electorales, lo que incluso puede incidir en el diseño, ejecución u orientación de los programas y acciones de gobierno; se generan ataques personales que alteran la vida política y social del país o del estado y que daña los procesos de gobierno; se crea confusión en el electorado que percibe la intención familiar de perpetuarse en el poder, lo que es más parecido al régimen monárquico que al democrático; se baja el nivel de la discusión política hasta reducirse a una discusión personal y familiar que suele convertirse en intercambio de acusaciones y críticas, las más de las veces referidas a asuntos de carácter privado.

Los electores en las urnas y los mexicanos en general, mediante diversas expresiones de opinión pública y corrientes políticas, se han manifestado en contra de la práctica de que sea el titular el que elija al sucesor o al candidato a sucederlo; es una experiencia ya superada que, en el caso de la postulación de un candidato pariente consanguíneo o afín, puede resurgir o parecerlo, lo que en términos de competencia electoral es totalmente inaceptable.

Es importante destacar que el debate debe centrarse en los riesgos mencionados anteriormente y en el efecto social y político que puede provocar; no se trata de un problema de género o derecho constitucional, tampoco de si es legal o no que el o la cónyuge o pariente tengan derecho a ser Presidente, Presidenta, gobernador o gobernadora. El enfoque sobre este asunto debe ser más amplio, con la intención de salvaguardarlo de riesgos previsibles a la vida institucional del país y hacer más transparente y nítida la democracia en cada uno de los procesos.

Por todo lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de esta honorable Asamblea las iniciativas con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII en el artículo 82 y una adición al párrafo dos del inciso B) de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en la forma siguiente:

``No podrá ser Presidente el cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo de quien ejerce la Presidencia de la República o lo ha ejercido en el año precedente a la elección.

Sólo podrá ser gobernador constitucional de un estado, un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección. No podrá ser gobernador el cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo de quien ejerce el puesto de gobernador o lo ha ejercido en el ejercicio en el año precedente a la elección.''

Esta propuesta de reforma, de adición a nuestra Constitución, tiene como único objetivo el evitar seguir dañando la vida institucional de nuestro país, que impere la ética y la moral política en los procesos democráticos, en un país como el nuestro, donde se está dando una alternancia pero que requiere de una verdadera transformación de fondo, es indispensable que los actores políticos de este país, principalmente el Legislativo, contribuyamos con nuestras propuestas a perfeccionar nuestro sistema democrático.

Consideramos que estas adiciones a los respectivos artículos que se refieren al Presidente de la República y a gobernadores de los estados, pueden permitir que avancemos y profundicemos y le demos nivel a la política en este país, y no sigamos cayendo en descalificaciones personales y en desviar los temas fundamentales con temas que no deberían tener ninguna importancia en un país democrático, como suele ser o como solemos decir en este país, lo mexicanos.

Por todo lo anterior, solicito a los compañeros a los que compete y a los diferentes partidos, analizar con toda seriedad esta propuesta, porque no tengo la menor duda de que estamos contribuyendo, insisto, al perfeccionamiento de la democracia en este país.

Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona los artículos 82 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se establezca que no puede postularse a Presidente de la República y/o gobernador, segur sea el caso, el cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, y los afines dentro del segundo de quien ejerce el puesto de eleccion respectivo, o lo ha ejercido en el año precedente a la elección, presentada por el diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

El suscrito diputado a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto a fin de establecer que no pueden postularse para Presidente de la República o gobernador, según el caso, el cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo de quien ejerce el puesto de elección respectivo o lo ha ejercido en el año precedente a la elección, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Nuestro país transita por un proceso institucional en el que las prácticas democráticas aún no se han consolidado. Aun cuando en lo fundamental ya se cuenta con procesos electorales que dan legitimidad y credibilidad a los gobernantes, todavía persisten irregularidades, deficiencias y limitaciones que impiden la plena vigencia de la democracia y la promoción de una nueva cultura cívica.

2. La ausencia de mejores y nuevas reglas para los procesos electorales, en los que hay cerrada competencia, puede provocar conflictos y desavenencias que obligadamente requerirán, cuanto antes, un tratamiento político y legislativo.

3. La democracia exige no sólo claridad y transparencia en los procesos electorales sino, también, un sano marco general de competencia para salvaguardar uno de sus principales valores: la equidad en la competencia política.

4. Para evitar confusiones en el electorado, abuso de poder y utilización para fines personales de las posiciones políticas, la mayoría de los países democráticos ha establecido en sus Constituciones Políticas la prohibición de que un pariente consanguíneo o afines de la persona que se desempeña como titular del Ejecutivo pueda postularse para el mismo cargo de manera inmediata.

5. Cuando el o la cónyuge, pariente consanguíneo o afín al Presidente de la República o a un gobernador se postula o pretende postularse al mismo cargo en la elección inmediatamente siguiente, se daña la vida de los partidos que, entre otros factores, sostienen su legitimidad y credibilidad a partir de la claridad de sus procesos internos de selección de candidatos; se debilita la figura del gobernante que, para bien de todos, debe contar con fuerza institucional y personal para el ejercicio de su responsabilidad; se puede dar el abuso de poder o de una posición para obtener ventajas electorales, lo que incluso puede incidir en el diseño, ejecución u orientación de los programas y acciones de gobierno; se generan ataques personales que alteran la vida política y social del país o del estado y que dañan los procesos de gobierno; se crea confusión en el electorado, que percibe la intención familiar de perpetuarse en el poder, lo que es más parecido al régimen monárquico que al democrático; y se baja el nivel de la discusión política hasta reducirse a una discusión personal y familiar que suele convertirse en intercambio de acusaciones y criticas, las más de las veces referidas a asuntos de carácter privado.

6. Los electores en las urnas y los mexicanos en general, mediante diversas expresiones de opinión pública y corrientes políticas, se han manifestado contra la práctica de que el titular elija al sucesor o al candidato a sucederlo. Es una experiencia ya superada que, en el caso de la postulación de un candidato pariente consanguíneo o afín, puede resurgir o puede parecerlo, lo que en términos de competencia electoral es inaceptable.

7. Es importante destacar que el debate debe centrarse en los riesgos mencionados más arriba y en el efecto social y político que puede provocar. No se trata de un problema de género o de derecho constitucional. Tampoco de si es legal o no que el o la cónyuge o pariente tenga derecho a ser Presidente, Presidenta, gobernador o gobernadora.

El enfoque sobre este asunto debe ser más amplio, con la intención de salvaguardar de riesgos previsibles la vida institucional del país y hacer más transparente y nítida la democracia y cada uno de sus procesos.

Por todo lo expuesto, presento a la consideración de esta H. asamblea las iniciativas con proyectos de decreto por el que se que adiciona una fracción VIII al artículo 82 y una adición al párrafo dos del inciso b) de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 82. Para ser Presidente se requiere:

I. a VII. ...

VIII. No ser cónyuge o parientes consanguíneos dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo de quien ejerce la Presidencia de la República o lo ha ejercido en el año precedente a la elección.

Decreto por el que se adiciona el párrafo dos del inciso b) de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 116. ...

I. ...

a) ...

b) ...

Sólo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección; no podrá ser gobernador el cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo de quien ejerce el puesto de gobernador o lo ha ejercido en el año precedente a la elección.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2004.--- Dip. Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica).»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Gracias, señor diputado Jesús Martínez Alvarez.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Continúe la Secretaría.

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LEY CONTRA EL BIOTERRORISMO
La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-123, signado el 9 de diciembre último por los CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SSO/033/04, suscrito el 20 del mes en curso por el C. licenciado Ernesto Enríquez Rubio, comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, por el que da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a solicitar al gobierno de Estados Unidos de América una prórroga, de al menos seis meses, para que las empresas mexicanas exportadoras de alimentos puedan inscribirse en el registro federal y den cumplimiento a los demás requisitos que impone la nueva legislación contra el bioterrorismo, presentado por el C. diputado Juan José García Ochoa.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 26 de enero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.

En relación con su oficio con número de referencia SEL/300/3463/03, sobre el punto de acuerdo de la sesión del 9 de diciembre de 2003 de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sobre la solicitud al gobierno de Estados Unidos de América para conceder una prórroga de al menos seis meses a fin de que las empresas mexicanas den cumplimiento a la Ley contra el Bioterrorismo, le informo que, derivado de los comentarios enviados por el gobierno mexicano a la Food and Drug Administration (FDA), así como de reuniones sostenidas entre representantes del gobierno de Estados Unidos y del de México, la FDA decidió aplicar un periodo de discrecionalidad para la plena instauración de la Ley contra el Bioterrorismo, no sólo para las empresas mexicanas sino para todos los países que deseen exportar a Estados Unidos. Por tanto, dicha prórroga está más que superada.

Atentamente.

México, DF, a 20 de enero de 2003.--- Lic. Ernesto Enríquez Rubio (rúbrica), Comisionado Federal.»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Túrnese a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados y al promovente para su conocimiento.

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TORTUGA MARINA
La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-3-213 de fecha 15 de diciembre de 2003, suscrito por las CC. secretarias de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. SGPA/DGVS/00454, signado por la C. Georgita Ruiz Michael, directora general de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que da contestación a los puntos de acuerdo por los que se solicita a esa dependencia que realice diversas acciones relativas a la protección y conservación de las tortugas marinas, presentado por la diputada Jacqueline G. Argüelles Guzmán.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 29 de enero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretaría de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.

Me refiero a su oficio No. SEL/300/3521/03, mediante el cual envía los puntos de acuerdo aprobados en la sesión del día 15 de diciembre de 2003 por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer medidas de protección coordinadas con los gobiernos de los estados de Oaxaca y de Michoacán, para salvaguardar la integridad de la tortuga golfina, al respecto envío a usted los siguientes comentarios:

En apoyo a las acciones de sensibilización de la sociedad, el personal de esta Secretaría que opera en el estado de Michoacán y Oaxaca ha impartido 12 cursos de capacitación a los grupos que realizan acciones de protección de esta especie, además de brindar apoyo en foros informativos organizados por las diferentes instancias de los gobiernos estatales. Asimismo, se realizan acciones de educación ambiental dirigidas a los pobladores de las comunidades cercanas a las playas de anidación.

Por otra parte, esta Secretaría organizó el pasado mes de octubre en Mazunte, Oaxaca la Segunda Feria Nacional de la Tortuga, en la cual estuvieron presentes 13 organizaciones no gubernamentales, 3 zoológicos y acuarios, 22 agrupaciones y 48 expositores de 10 estados de la República.

El pasado mes de septiembre se firmó un convenio de colaboración entre los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y esta Secretaría para apoyar los trabajos de protección de tortuga laúd; como esta especie y la golfina comparten algunas playas de anidación, las acciones realizadas para proteger a una necesariamente beneficiarán a la otra.

Actualmente se están distribuyendo dos carteles y un tríptico en cada uno de los campamentos operados por esta Secretaría, los cuales tienen el objetivo de sensibilizar a la población para que evite comprar huevos y carne de tortuga marina y para que apoye las acciones de protección realizadas en el marco del Programa Nacional de Protección, Conservación, Investigación y Manejo de Tortugas Marinas.

Se ha apoyado la elaboración de 5 documentales, dos en el Centro Mexicano de la Tortuga, en Mexiquillo, Chalacatepec, y otro más en Quintana Roo. Asimismo, se colaboró en la producción de un documento publicado en la revista National Geographic en español.

Finalmente, le comento que esta Secretaría continuará impulsando las acciones de difusión y divulgación a fin de promover el involucramiento de la sociedad en las acciones de protección y conservación de estos quelonios.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 20 de enero de 2004.--- La directora general, Georgita Ruiz Michael (rúbrica).»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, y al promovente para su conocimiento.

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DISTRIBUCION DE GAS NATURAL
La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-11-0-80, signado el 11 de noviembre último por las CC. secretarias de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número OF. EOO.SII.- 0012, suscrito el 20 del actual por el C. ingeniero José Ramón Ardavín Ituarte, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que da respuesta al punto de acuerdo mediante el que se solicita realizar diversas acciones relacionadas con la empresa comercializadora Metrogas, SA de CV, derivadas de la explosión ocurrida el 4 de noviembre de 2003 en los ductos de gas natural en el pueblo de Santa María Tepepan, Xochimilco, presentado por el C. diputado Horacio Martínez Meza.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 23 de enero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En respuesta a su oficio número SEL/300/2960/03 de fecha 12 de noviembre del 2003 con relación a las diversas acciones de la empresa Comercializadora Metrogas, SA de CV, por instrucciones del ciudadano José Luis Luege Tamargo, Procurador Federal de Protección al Ambiente, anexo copia del oficio PFPA/CA/11/03 dirigido a la licenciada Ana Silvia Arrocha Contreras, asesora del Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual se hacen comentarios concernientes a la empresa en comento.

Lo anterior, con objeto de que con esta información se dé por atendido el oficio de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

``La Ley al Servicio de la Patria''

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF.--- El Subprocurador, José Ramón Ardavín Ituarte.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lic. Ana Silvia Arrocha Contreras, asesora del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.--- Presente.

Por instrucciones del ingeniero José Luis Luege Tamargo, Procurador Federal de Protección al Ambiente, me refiero a su atenta nota 697/2003, de fecha 14 de noviembre del año en curso, por medio de la cual remite a esta Procuraduría un punto de acuerdo de la Cámara de Diputados, en el que se solicita a la Profepa remita a esa cámara información ``respecto de si la empresa Comercializadora Metrogas, SA de CV, ha realizado las evaluaciones de riesgo ambiental en cada zona donde se han construido redes de distribución de gas natural y en su caso cuál ha sido el resultado de dichas evaluaciones''.

Al respecto, sobre el particular le hago los siguientes comentarios, a fin de que por medio de su conducto se dé respuesta al punto de acuerdo de la Cámara de Diputados antes señalado:

Comercializadora Metrogas, SA de CV, cuenta con autorización en materia de impacto ambiental y riesgo para el proyecto denominado ``diseño, construcción e instalación y operación de una red de distribución de gas natural por medio de ductos terrestres y subterráneos en la zona urbana del Distrito Federal'', expedida el 2 de diciembre de 1999, por la entonces denominada Dirección General de Ordenamiento Ecológicos e Impacto Ambiental, del Instituto Nacional de Ecología.

Cabe hacer mención, que en la condicionante número 22 de dicha autorización, se establece que la citada empresa deberá presentar un estudio de riesgo previo sobre el proyecto de Vialidad Ramal 20 al inicio de las obras para el tendido de la red de distribución de gas natural; sin embargo, las obras del proyecto antes señalado, donde se suscitó la fuga y explosión, iniciaron en el mes de septiembre de 2002 y el estudio de riesgo para dicho ramal se presentó ante la Semarnat el 11 de octubre de 2002.

De dicho estudio se desprende lo siguiente:

a. El estudio sólo consideró los eventos y análisis de consecuencias para el rubro de inflamabilidad para un ducto a la intemperie, no contemplando los rubros de toxicidad y explosividad y no consideró los posibles eventos de accidentes en las estaciones de regulación y de regulación con medición. Dicho estudio se basó en el mismo análisis de consecuencias que la empresa realizó para el proyecto ``diseño, construcción e instalación y operación de una red de distribución de gas natural por medio de ductos terrestres y subterráneos en la zona urbana del Distrito Federal'', el 28 de julio de 1999.

b. El estudio de riesgo se elaboró considerando un diámetro de tubería de 6 pulgadas, sin embargo, en los planos del proyecto y derivado de una inspección ocular realizada por personal de la Profepa, se observó que se instalaron 1000 metros de docto de 8'' de diámetro en dicho ramal.

c. Asimismo, dicho estudio corresponde al mismo análisis de consecuencias con el que la empresa obtuvo su autorización en materia de impacto ambiental y riesgo, por lo que se desprende que Comercializadora Metrogas, SA de CV, no elaboró un estudio específico para la vulnerabilidad del sitio donde se instaló dicho ramal.

d. En el estudio no se incluyen los datos relativos a la estratigrafía del suelo, características geológicas, uso del suelo y condiciones del medio superficial, que se establecen en el estudio de riesgo nivel 0 (ductos terrestres).

Comercializadora Metrogas, SA de CV, no presentó el seguro de riesgo ambiental correspondiente al Proyecto Vialidad Ramal 20, al que se refiere el artículo 147-bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El 26 de marzo de 2003, la empresa presentó el Programa para la Prevención de Accidentes para el proyecto ``diseño, construcción e instalación y operación de una red de distribución de gas natural por medio de ductos terrestes y subterráneos en la zona urbana del Distrito Federal'', mismo que no contempla en forma específica los procedimientos y planes de emergencias para el Proyecto Vialidad Ramal 20, por lo que no considera la vulnerabilidad de la zona de acuerdo al tipo de riesgo, geológicos e hidrometereológicos y tampoco contempla los riesgos colaterales, como serían zonas industriales, habitacionales, estaciones de servicio, cajones del metro e instalaciones de energía eléctrica, entre otras.

En los planos del Proyecto Vialidad Ramal 20, no se observan las indicaciones o gráficos que indiquen la existencia de válvulas de seccionamiento.

Comercializadora Metrogas, SA de CV, presentó oficio número DGGIMAR.710/003181, de fecha 11 de septiembre de 2003, emitido por la dirección general de gestión integral de materiales y actividades riesgosas de esta Secretaría, por el que se indicó a esa empresa lo siguiente: que el Programa para la Prevención de Accidentes, del proyecto denominado ``diseño, construcción e instalación y operación de una red de distribución de gas natural por medio de ductos terrestres y subterráneos en la zona urbana del Distrito Federal, presenta suficiencia técnica y será enviado al COAAPA para su aprobación.

Asimismo, derivado de la fuga de gas natural suscitada el día 4 de noviembre del año en curso en un ducto subterráneo de Comercializadora Metrogas, SA de CV, la cual ocasionó una explosión en el Pueblo de Santa María Tepepan, delegación Xochimilco, México, DF, hago de su conocimiento las acciones realizadas por esta Procuraduría en la atención de dicho siniestro.

El 5 de noviembre de 2003, la delegación de esta Procuraduría en la zona metropolitana del valle de México, practicó visita de inspección en el sitio en donde ocurrió el siniestro antes señalado.

El día 6 de noviembre de 2003, la Comisión Reguladora de Energía conjuntamente con el Ministerio Público, retiraron la pieza afectada, un codo del ducto por donde aparentemente se fugó el gas natural.

Los días 11 y 12 de noviembre del año en curso, la Profepa realizó una visita de inspección para mejor proveer, a fin de verificar documentalmente en el domicilio de la citada empresa si el estudio de riesgo y el Programa para la Prevención de Accidentes contemplaba el siniestro ocurrido, si se implementaron las medidas de seguridad necesarias para controlar un siniestro de ese tipo y si la empresa estaba cumpliendo con los términos y condicionantes impuestas en la autorización de riesgo e impacto ambiental.

Derivado de las visitas de inspección realizadas por Profepalos días 5, 11 y 12 de noviembre de 2003, con fecha 2 de diciembre del mismo año, la delegación de esta Procuraduría en la zona metropolitana del valle de México emitió acuerdo de medidas de seguridad y de urgente aplicación a la empresa Comercializadora Metrogas; SA de CV, por medio del cual se instauró procedimiento administrativo en contra de la citada empresa y se ordenaron las siguientes medidas correctivas de seguridad y de urgente aplicación para subsanar las irregularidades observadas o, en su caso, cumplir con las obligaciones de la legislación ambiental vigente.

1. Presentar a la Dirección General de Gestión Integral, Materiales y Actividades Riesgosas, conforme a sus lineamientos y ante esta Procuraduría el estudio de riesgo ambiental avalada por perito especializado en la materia, para la instalación de la Red de Distribución de Gas Natural denominada ``Vialidad Ramal 20'', que contempla la instalación de tuberías terrestres subterráneas con diámetros de 4, 6 y 8 pulgadas.

2. Presentar a la Dirección General de Gestión Integral, Materiales y Actividades Riesgosas, conforme a sus lineamientos y ante esta Procuraduría el Programa para la Prevención de Accidentes del Proyecto ``Vialidad Ramal 20'' (plazo inmediato).

3. Presentar ante esta Procuraduría un seguro de riesgo ambiental para el proyecto ``Vialidad Ramal 20'' (plazo inmediato).

4. Suspender el suministro y la distribución de gas natural respecto al proyecto Vialidad Ramal 20, hasta en tanto dé cumplimiento total a las citadas medidas de seguridad y de urgente aplicación (plazo inmediato).

5. Presentar a esta Procuraduría un dictamen pericial sobre las causas que dieron origen a la fuga de gas natural y posterior explosión, suscitada el pasado 4 de noviembre del presente año, en el proyecto ``Vialidad Ramal 20''. Este dictamen deberá ser elaborado por un perito en la materia acreditado por un órgano colegiado (10 días hábiles).

6. Comercializadora Metrogas, SA DE CV, deberá acreditar técnicamente que se han instalado los dispositivos de seguridad necesarios para evitar una contingencia como la ocurrida el pasado 4 de noviembre del presente año, en el proyecto ``Vialidad Ramal 20'' (plazo inmediato).

Con fecha 3 de diciembre de 2003, personal de esta Procuraduría notificó en el domicilio de la empresa Comercializadora Metrogas, SA de CV, el Acuerdo de Medidas de Seguridad y de urgente aplicación señalado en el punto anterior, fecha en que corren para la empresa los plazos señalados en dicho acuerdo.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente.

``La Ley al Servicio de la Patria''

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF.--- El coordinador de asesores, Felipe Adrián Vázquez Gálvez.»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, y al promovente para su conocimiento.

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LLANTAS USADAS

La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número CP/2R/3AE.-2785, signado el 20 de agosto último por el C. senador Fidel Herrera Beltrán, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 326-SAT-I- 86139, suscrito el 19 de diciembre de 2003 por el C. licenciado José Guzmán Montalvo, administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta, entre otros, a ese organismo a instaurar acciones que permitan suprimir de manera definitiva la entrada de llantas usadas en México, presentado por el C. senador Efrén Leyva Acevedo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 20 de enero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- México, DF.

Me refiero a su oficio SEL/300/1960/03, por el que a solicitud del senador Fidel Herrera Beltrán le comunica al Secretario de Hacienda y Crédito Público, el punto de acuerdo aprobado en sesión de fecha 20 de agosto del año en curso, de exhortar a la Secretaría de Economía, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Administración General de Aduanas, para que instrumenten las acciones que permitan suprimir de manera definitiva la entrada de llantas usadas a México.

Al respecto, esta administración general le comunica las acciones que se han llevado a cabo para controlar y restringir la entrada de llantas usadas a territorio nacional:

La importación de llantas usadas está sujeta a la inscripción al padrón de sectores específicos, de conformidad con el rubro B de la regla 2.2.1. de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2003, dicha inscripción autoriza a los contribuyentes a importar mercancía enlistada en el anexo 10 de las citadas reglas de carácter general, previa opinión de las cámaras o asociaciones que representan al sector hulero en nuestro país.

Asimismo, la importación de estas mercancías se restringe a ser importadas sólo por ciertas aduanas autorizadas como son, Mexicali, México, Nuevo Laredo y Tijuana, de conformidad con el rubro A, fracción VII, del anexo 21 de las reglas de carácter general, con objeto de que los sectores puedan apoyar a las autoridades aduaneras, designando observadores para asegurar la correcta importación de estas mercancías.

Por último, la importación de llantas usadas está sujeta a un permiso previo de importación expedido por la Secretaría de Economía, cuyo cumplimiento se valida en las aduanas, de tal forma que sin dicho permiso no es posible su entrada al país.

No omito manifestarle que la autoridad facultada para determinar la prohibición a la importación de llantas usadas, es la Secretaría de Economía, de conformidad con los artículos 4o., 5o., 6o., 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Comercio Exterior, artículo 9o., fracción II, del reglamento de la Ley de Comercio Exterior y artículo 25, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 19 de diciembre de 2002.--- El administrador general de aduanas, José Guzmán Montalvo.»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Remítanse a la Cámara de Senadores.

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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número CP/2R/3AE.- 2866, de fecha 27 de agosto de 2003, suscrito por el C. senador Fidel Herrera Beltrán, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número UNAOPSPF/309/PI/1144/2003, signado por el C. Guillermo Haro Bélchez, titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de la Secretaría de la Función Pública, por el que da contestación al punto de acuerdo por el cual se solicita verificar si existe alguna violación a la normatividad en el otorgamiento de la concesión para la construcción de la planta de gas en Valle de Guadalupe, Baja California, presentado por el diputado Diego Cobo Terrazas.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 19 de enero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Función Pública.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado ,Subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Hacemos referencia a su oficio número SEL/300/2049/03 de 28 de agosto del año en curso por el cual comunica al titular de la Secretaría de la Función Pública que el senador Fidel Herrera Beltrán, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, ha dirigido al Secretario de Gobernación los puntos de acuerdo aprobados en fecha 27 de agosto de 2003, entre ellos la solicitud de la Comisión Permanente, para que esta dependencia verifique si existe alguna violación a la normatividad en el otorgamiento de la concesión para la construcción de una planta de gas en el Valle de Guadalupe, Baja California.

Sobre el particular y con la finalidad de informar de las diferentes gestiones realizadas, nos permitimos señalar que aun cuando el asunto de mérito no es competencia de esta unidad, se giró el oficio UNAOPSPF/309/P1/0797/2003 de 5 de septiembre de 2003 al titular del Organo Interno de Control en Pemex-Gas y Petroquímica Básica, a fin de que proporcionara los antecedentes y documentación relacionada con la concesión mencionada.

En respuesta a dicha solicitud, el referido órgano de control a través del diverso 18/577/OIC/1129/2003/AL de 30 de septiembre de 2003, informó que el asunto en comento, correspondería desahogarlo a los órganos internos de control de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía, así como de la Comisión Reguladora de Energía, opinión que fue compartida por esta unidad, originando que el citado órgano de control mediante oficios números........................................... 18/577/O1C/1139/2003/AI 18/577/0lC/1140/2003/AI y 18I577/OIC/1140/2003/AI, dirigidos a sus homólogos de las secretarías y comisión en comento, enviara para su atención los antecedentes respectivos.

En atención a la solicitud de mérito, la Dirección General de Gas de la Comisión Reguladora de Energía en su oficio DGGN 1776/2003 de 20 de octubre de 2003, dirigido al titular del Organo Interno de Control de la propia comisión, manifiesta que no ha otorgado permiso alguno a la empresa Kino Gas en el VaIIe de Guadalupe, estado de Baja California.

Por otra parte, el contralor interno de la Secretaría de Energía, a través del diverso 18/CI/01143/03 de 22 de octubre de 2003, comunica al Secretario particular del titular de esta Secretaría de la Función Pública, que la Dirección General de Gas LP, mediante oficio 513/DGGLP/V/812/03 de 17 de octubre de 2003, señala que por escrito del 28 de febrero de 2002, el representante legal de Kino Gas del Pacífico SA de CV, solicitó el Título de Permiso de distribución para el funcionamiento de una planta de almacena- miento para la distribución de gas LP, el cual con base en el análisis efectuado a la documentación a que se refiere el artículo 19 del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo y al dictamen emitido por la unidad de verificación, se determinó que el proyecto cumplía con los requisitos técnicos de seguridad previstos en la Norma Oficial Mexicana correspondiente, por lo que se le otorgó el Título de Permiso respectivo el 8 de marzo de 2002.

Asimismo, manifiesta que en razón de que la empresa no ha dado aviso de inicio de operaciones de la planta de almacenamiento para distribución de gas L P, ubicada en el Km. 0/170 camino vecinal El Porvenir, con el entronque carretera Tecate-Ensenada Km. 86-500, fracción del lote rancho El Mogor, delegación Guadalupe, municipio de Ensenada, Baja California, la cual debió iniciar el 8 de septiembre de 2003, de conformidad con la cláusula segunda del Título de Permiso correspondiente, se iniciará el procedimiento administrativo de revocación del mencionado título.

Por último, el área de quejas del Organo Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante la atenta nota PDE/145/03 de 17 de diciembre de 2003, informa a esta unidad que del análisis jurídico realizado al expediente Kino Gas del Pacífico, SA de CV, se desprende que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, emitió correctamente la autorización de manera condicionada, en materia de impacto y riesgo ambiental, el desarrollo del proyecto denominado Kino Gas del Pacífico, SA de CV, apegándose a los procedimientos y requisitos de esta autorización, ya que se basó en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento, en un estudio de riesgo además de la manifestación de impacto ambiental, en la información adicional solicitada al promovente, lo que concluyó que sólo se autorizara un tanque de almacenamiento de gas LP, con capacidad de 250 mil litros de agua, en lugar de los tres solicitados con una capacidad de 750 mil litros de agua, así como en la factibilidad de uso de suelo otorgada por el municipio de Ensenada a través del oficio CU/F/562/2001 de 12 de diciembre de 2001, aclarando que se solicitó en tiempo y forma la opinión al gobierno del estado de Baja California, emitiendo su respuesta ocho meses después, rebasándose el plazo de 15 días hábiles establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y agrega que actualmente se encuentra en estudio y valoración para emitir a la brevedad el acuerdo que en derecho corresponda.

Atentamente.

"2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla Padre de la Patria."

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 22 de diciembre de 2003.--- El titular de la unidad, Guillermo Haro Bélchez.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Función Pública.

CP Rubén René Paredes Corral, titular del Organo Interno de Control, Pemex Gas y Petroquímica Básica.--- Presente.

Hacemos referencia al oficio No. SEL/300/2049/03 de 28 de agosto último, en cuyos términos, el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, hace del conocimiento del titular de esta dependencia, los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en sesión de la misma fecha.

Del contenido de los citados puntos de acuerdo y en particular, del enunciado como segundo, se desprende la solicitud de verificar por parte de la Secretaría de la Función Pública respecto de alguna posible violación a la norma- tividad en el otorgamiento de la concesión para la construcción de una planta de gas en el Valle de Guadalupe, Baja California.

De acuerdo con lo anterior, y atendiendo a que el asunto de referencia fue turnado para su atención a ese Organo Interno de Control a su digno cargo y a esta unidad, me permito solicitar a usted, si para ello no existe inconveniente, se nos proporcionen los antecedentes y documentación relacionados con la concesión mencionada, reiterándonos a su disposición para analizar de manera conjunta dicha problemática, y someter a la consideración del Secretario los resultados de dicho análisis.

Atentamente.

"2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria."

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 5 de septiembre de 2003.--- El titular de la unidad, Guillermo Haro Bélchez»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Función Pública.

Dr. Guillermo Haro Bélchez, titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal.--- Secretaría de la Función Pública.--- Presente.

En atención al turno SP/49 número de registro ST005068 de la Secretaría Particular del ramo y en seguimiento a su oficio UNAOPSPF/309/PI/0797/2003 del pasado 5 de septiembre, con el fin de analizar el asunto planteado en dicho turno de manera conjunta y proporcionar los antecedentes del otorgamiento de la concesión para la construcción de una planta de gas en el Valle de Guadalupe, Baja California, me permito comentarte lo siguiente:

De la investigación efectuada, se desprende que conforme al artículo 6 del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de junio de 1999, que tiene por objeto regular las ventas de primera mano y los servicios de transporte, almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo, corresponde a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, en ámbito de sus respectivas atribuciones, aprobar los términos y condiciones para la prestación de los servicios de transporte, almacenamiento y distribución de gas LP, así mismo conforme al numeral 16 de dicho ordenamiento, compete a estas autoridades el otorgamiento de los respectivos permisos, para la modalidad que corresponda.

Una vez realizado lo anterior conforme a su artículo 10, Petróleos Mexicanos garantizará y será responsable de la cantidad y la calidad del producto a entregar (gas LP) al permisionario (una vez otorgado ese carácter por las autoridades precitadas de la materia); ello en los términos del contrato de venta de primera mano respectivo, que al tenor se celebre con dicho permisionario.

Por lo que la participación del organismo subsidiario Pemex Gas y Petroquímica Básica, se circunscribe a lo referido en el párrafo anterior y por consecuencia la fiscalización de este órgano.

Sin perjuicio de lo anterior, en anexo al presente; me permito remitirle la información que al respecto fue recabada.

En virtud de lo expuesto, se considera que el asunto en comento en su caso, correspondería desahogarlo a los órganos internos de control en la Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía y en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; sin óbice de reiterarnos a entera disposición a fin de proceder en los términos que sean instruidos por la superioridad y así estar en aptitud de dar respuesta al titular del ramo.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

"2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria."

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 5 de septiembre de 2003.--- El titular del Organo Interno de Control, Rubén René Paredes Corral.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Función Pública.

CP Rubén René Paredes Corral, titular del Organo Interno de Control, Pemex-Gas y Petroquímica Básica.--- Presente.

Hacemos referencia a su oficio 18/577/OIC/1129/2003/AI de 30 de septiembre último, en cuyos términos se informa a esta unidad sobre la situación del trámite relativo a la solicitud de revisión de la concesión otorgada para la construcción de una planta de gas en el Valle de Guadalupe, Baja California.

Considerando los antecedentes remitidos con su comunicación y los razonamientos a que alude para considerar la participación de los órganos internos de control de las secretarías de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Reguladora de Energía, manifestamos a usted nuestra conformidad, por lo que de no existir inconveniente, procedería que por su conducto se remitieran los antecedentes del asunto para los fines señalados, agradeciendo a usted se sirva turnar copia a esta unidad de la remisión correspondiente.

Atentamente.

"2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria".

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 3 de octubre de 2003.--- El titular del Organo Interno de Control, Rubén René Paredes Corral.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Función Pública.

C.P. Guillermo P. Hiriart Rodríguez, titular de Organo Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.--- Presente.

Me refiero al turno SP/49 número de registro ST005068 de la oficina del Secretario de la Función Pública, así como al diverso UNAOPSPF/309/PI/0797/2003 de fecha 5 de septiembre de 2003, signado por el titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de la misma dependencia, remitidos a este organo interno de control con motivo de la solicitud de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al titular del ramo, en el sentido de verificar la existencia de alguna posible violación a la normatividad en el otorgamiento para la concesión de la construcción de una planta de gas en el Valle de Guadalupe, BC.

Sobre el particular, se hace de su conocimiento que a través de oficio 18/577/OIC/1129/2003/AI del 30 de septiembre del año en curso (se anexa para pronta referencia) este Organo Interno de Control expuso a la unidad de normatividad citada, de conformidad con el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, el ámbito de las respectivas atribuciones de las diferentes instancias en la materia y, por ende, las de fiscalización de este órgano.

En respuesta a dicho ocurso, mediante similar............... UNAOPSPF/309/PI/0875/2003 del 3 de los corrientes (se anexa) recibido el día 7, la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal manifestó su conformidad con lo argumentado, solicitando que por este conducto se remitieran los antecedentes del asunto en comento a los órganos internos de control en las secretarías de Energía y Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como en la Comisión Reguladora de Energía, para los fines al proemio aludidos.

En tal virtud, adjunto al presente se servirá encontrar dicha información.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

"2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria."

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 7 de octubre de 2003.--- El titular del Organo Interno de Control, Rubén Paredes Corral.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Función Pública.

Ing. José Luis Córdova Rodríguez, titular de Organo interno de Control en la Secretaría de Energía.--- Presente.

Me refiero al turno SP/49 número de registro ST005068 de la oficina del Secretario de la Función Pública, así como al diverso UNAOPSPF/309/Pl/0797/2003 de fecha 5 de septiembre de 2003, signado por el titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de la misma dependencia, remitidos a este Organo Interno de Control con motivo de la solicitud de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al titular del ramo, en el sentido de verificar la existencia de alguna posible violación a la normatividad en el otorgamiento para la concesión de la construcción de una planta de gas en el Valle de Guadalupe, BC.

Sobre el particular, se hace de su conocimiento que a través de oficio 18/577/OIC/1129/2003-AI del 30 de septiembre del año en curso (se anexa para pronta referencia) este Organo Interno de Control expuso a la unidad de normatividad citada, de conformidad con el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, el ámbito de las respectivas atribuciones de las diferentes instancias en la materia y, por ende, las de fiscalización de este órgano.

En respuesta a dicho ocurso, mediante similar UNAOPSPF/309/Pl/0875/2003 del 3 de los corrientes (se anexa) recibido el día 7, la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal manifestó su conformidad con lo argumentado, solicitando que por este conducto se remitieran los antecedentes del asunto en comento a los órganos internos de control en las secretarías de Energía y Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como en la Comisión Reguladora de Energía para los fines al proemio aludidos.

En tal virtud, adjunto al presente se servirá encontrar dicha información.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

"2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria."

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 7 de octubre de 2003.--- El titular del Organo Interno de Control, Rubén René Paredes Corral.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Función Pública.

Lic. Jesús Salazar Durán, titular del Organo Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía.--- Presente.

Me refiero al turno SP/49 número de registro ST005068 de la oficina del Secretario de la Función Pública, así como al diverso UNAOPSPF/309/PI/0797/2003 de fecha 5 de septiembre de 2003, signado por el titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de la misma dependencia, remitidos a este Organo Interno de Control con motivo de la solicitud de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al titular del ramo, en el sentido de verificar la existencia de alguna posible violación a la normatividad en el otorgamiento para la concesión de la construcción de una planta de gas en el Valle de Guadalupe, BC.

Sobre el particular, se hace de su conocimiento que a través del oficio 18/577/OIC/1129/2003/AI del 30 de septiembre del año en curso (se anexa para pronta referencia) este Organo Interno de Control expuso a la unidad de normatividad citada, de conformidad con el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, el ámbito de las respectivas atribuciones de las diferentes instancias en la materia y, por ende, las de fiscalización de este órgano.

En respuesta a dicho ocurso, mediante similar UNAOPSPF/309/PI/0875/2003 del 3 de los corrientes (se anexa) recibido el día 7, la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal manifestó su conformidad con lo argumentado, solicitando que por este conducto se remitieran los antecedentes del asunto en comento a los órganos internos de control en las secretarías de Energía y Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como en la Comisión Reguladora de Energía, para los fines al proemio aludidos.

En tal virtud, adjunto al presente se servirá encontrar dicha información.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

"2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria."

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 7 de octubre de 2003.--- El titular del Organo Interno de Control, Rubén René Paredes Corral.»

«Lic. Jesús Salazar Durán, contralor interno del Organo Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía.--- Presente.

Asunto: Respuesta a la información solicitada.

Me refiero al oficio 18/001/697/2003 de fecha 13 de octubre de 2003, emitido por ese Organo Interno de Control (OIC), en el cual solicitan se informe si la Comisión Reguladora de Energía (la comisión) ha otorgado algún permiso en materia de transporte, distribución o almacenamiento de gas a la empresa Kino Gas en el Valle de Guadalupe, BC.

Al respecto, me permito comunicarle que de la revisión al registro de los permisos otorgados de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por medio de ductos, la comisión no ha otorgado permiso alguno a la empresa arriba referida.

Atentamente.

"2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla Padre de la Patria."

México, DF, a 20 de octubre de 2003.--- El director general de gas natural, Dr. Alejandro Breña de la Rosa.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Función Pública.

C. Salvador Beltrán del Río Lozano, secretario particular del Secretario de la Función Pública.

En relación con su turno directo SP/49 que fue remitido al CP Rubén René Paredes Corral, titular del Organo Interno de Control en Pemex-Gas y Petroquímica Básica, referente a la solicitud de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al Secretario de la Función Pública, en el sentido de que dicha dependencia del Ejecutivo Federal verifique si existe alguna posible violación a la normatividad en el otorgamiento del permiso para la construcción de una planta de gas en el Valle de Guadalupe, BC hago de su conocimiento que conforme a la naturaleza de los hechos, motivo de la investigación, es atribución de esta instancia de control el análisis de la problemática en comento, por lo que, en atención a mi similar 18/CI/01096/03 del 14 del mismo mes, la Dirección General de Gas LP de la Secretaría de Energía, con oficio 513/DGGLP/V/812/03 del día 17 del presente mes (se anexa copia), comunicó a este OIC las acciones implementadas en torno al asunto que nos ocupa, las cuales en términos generales, se enuncian a continuación:

1. Con escrito del 28 de febrero de 2002, el representante legal de Kino Gas del Pacífico, SA DE CV, solicitó el Título de Permiso de distribución para el funcionamiento de una planta de almacenamiento para distribución de gas LP.

2. Del análisis efectuado a la documentación presentada por la mencionada empresa, contemplada en el artículo 19 del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo y al dictamen emitido por la unidad de verificación UVSELP 048 A, se determinó que el proyecto presentado cumple con los requisitos técnicos y de seguridad previstos en la Norma Oficial Mexicana correspondiente, por lo que la Dirección General de Gas LP otorgó a la empresa en cita el título de permiso solicitado, al cual recayó el número................ PAD/BCN/03020008, el 8 de marzo de 2002.

Al respecto, en la Cláusula Segunda del título de permiso correspondiente se establece como fecha compromiso de inicio de operaciones el 8 de septiembre de 2003; sin embargo, a la fecha, la empresa no ha dado aviso de inicio de operaciones de la planta de almacenamiento para distribución de gas LP ubicada en el km. 0/170 camino vecinal El Porvenir, con el entronque carretera Tecate/Ensenada Km. 86/500, fracción de lote rancho el Mogor, delegación Guadalupe, municipio de Ensenada, BC.

Por lo anterior, la Dirección General de Gas LP dará inicio al procedimiento administrativo de revocación del Título de permiso correspondiente; asimismo, la citada unidad administrativa practicará visita de inspección y verificación a las instalaciones de gas LP de la empresa Kino Gas del Pacífico, SA de CV, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad aplicable y constatar que el domicilio señalado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión y el del Título de Permiso número PADBCN/03020008 sean los mismos.

Dicha visita ha sido programada para la semana que transcurre y los resultados obtenidos serán informados en su oportunidad a este OIC, mismos que le serán comunicados a usted en su momento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

"2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria."

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 22 de octubre de 2003.--- Titular del Organo Interno de Control en la Secretaría de Energía, ingeniero José Luis Córdova Rodríguez.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Función Pública.

Para: licenciado Gabriel López Figueroa, director de normatividad inmobiliaria de la Secretaría de la Función Pública

De: licenciado Eduardo Antonio Vanegas López, titular del área de quejas del Organo Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

En atención a su solicitud vía telefónica, el día 12 de diciembre de 2003, respecto del estado procesal que guarda la denuncia presentada por el ciudadano Melchor Flores Zertuche, presidente de la Asociación de Vitivinicultores de Baja California, se hace de su apreciable conocimiento lo siguiente:

Antecedentes:

La denuncia en comento, se recibió mediante bitácora electrónica número 18, de la Dirección General Adjunta de Atención Ciudadana, misma que se hace consistir en haber otorgado a la empresa Kino Gas del Pacífico, SA de CV, un permiso de instalación y autorización en el Valle de Guadalupe, basado en una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con errores y omisiones, ya que la dirección de ecología del estado emitió opinión en contra; así como que los permisos mencionados autorizan un uso de suelo de industria pesada en violación al plan de desarrollo del estado, careciendo dicho permiso de sustento legal, tanto por la ubicación como por la naturaleza de la actividad y de los respaldos del gobierno del estado.

Situación actual:

Del análisis jurídico realizado al expediente en cita, se desprende que:

La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), emitió correctamente la autorización, apegándose a los procedimientos y requisitos de esta autorización, ya que se basó en:

La LGEEPA y su reglamento en materia de impacto ambiental

No sólo en la MIA, sino además en un estudio de riesgo

Antes de emitir la MIA se solicitó información adicional al promovente, concluyéndose que sólo se autorizó un tanque de almacenamiento de gas LP con capacidad de 250 mil litros de agua, en lugar de los tres solicitados con una capacidad de 750 mil litros de agua.

Se emitió la autorización toda vez que el proyecto contaba con la aprobación del municipio de Ensenada, otorgada mediante factibilidad de uso de suelo de fecha 12 de diciembre de 2001, con oficio CU/F/582/2001.

Se solicitó en tiempo y forma, la opinión al gobierno del estado de Baja California, emitiendo respuesta ocho meses después rebasándose el plazo de 15 días hábiles establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Actualmente se encuentra en estudio y valoración para emitir a la brevedad el acuerdo que en derecho corresponda.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 17 de diciembre de 2003.--- Licenciado Antonio Eduardo Venegas López, titular del área de quejas del Organo Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Remítanse a la Cámara de Senadores.

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DERECHOS HUMANOS
La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. I-487, signado el día 11 de diciembre último por el C. senador Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño copia del similar número UPDDH/911/177/04, suscrito el día 19 del mes en curso, por el C. Ricardo J. Sepúlveda Iguiniz, jefe de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de esta Secretaría, por el que envía 100 ejemplares del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Lo anterior, a efecto de dar cumplimiento al apartado segundo del punto de acuerdo por el que se solicitan diversos datos respecto al informe en cita.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 21 de enero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En relación a su oficio No. SEL/300/3415/03 de fecha 15 de diciembre de 2003 dirigido al Lic. Daniel F. Cabeza de Vaca Hernández, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, en el cual solicita se atiendan varios puntos de acuerdo aprobados en sesión de la Cámara de Senadores de fecha 11 de diciembre de 2003, me permito informar lo siguiente.

Por lo que respecta al punto de acuerdo segundo, en donde se solicita al secretario de Gobernación que proporcione al Senado de la República ejemplares suficientes para ser distribuidos a cada uno de los senadores y senadoras de la presente Legislatura, anexo al presente envío a usted 100 (cien) ejemplares del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Lo anterior, a efecto de que, si así lo considera conveniente, sean distribuidos por su conducto al Senado de la República.

Agradeciendo de antemano sus atenciones a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 19 de enero de 2004.--- El Jefe de la Unidad, Ricardo J. Sepúlveda Iguiniz (rúbrica).»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Remítanse a la Cámara de Senadores.

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HURACAN LARRY
La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número I-236, signado el 14 de octubre último por el C. senador Raymundo Cárdenas Hernández, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 01/04, suscrito el 12 del actual por el C. doctor Mauro Loyo Varela, director general de Servicios de Salud del gobierno del estado de Veracruz, por el que da respuesta al punto de acuerdo relativo a los brotes epidémicos de enfermedades ocasionadas por el paso del fenómeno meteorológico Larry, presentado por el C. senador Rutilio Cruz Escandón Cadenas.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 27 de enero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo. Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.

En respuesta a su oficio número 300/2717/03, del 15 de octubre de 2003, relacionado con la atención de brotes epidémicos de enfermedades ocasionadas por el paso del fenómeno meteorológico Larry, me permito informarle que, en el marco de las estrategias correspondientes a operaciones de vigilancia sanitaria y con el propósito de evitar la presencia de enfermedades, se llevaron a cabo acciones de prevención y control, que comprenden: atención médica, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico, control de vectores y promoción para la salud.

Producto de esas acciones, fue posible evitar la presencia de brotes de enfermedades relacionadas con el fenómeno, otorgándose mil 579 consultas médicas, 2 mil 933 casas visitadas, 2 mil 273 sobres de Vida-Suero Oral distribuidos, 2 mil 426 pláticas individuales de promoción de la salud y 111 a grupos, 6 mil 568 frascos de plata ionizada distribuidos, 4 mil 222 depósitos de agua clorados, 3 mil 462 pláticas de saneamiento básico, 422 casas tratadas con larvicidas y 589 hectáreas nebulizadas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Xalapa, Eqz., Ver., a 12 de enero de 2004.--- Dr. Mauro Loyo Varela (rúbrica), Secretario de Salud y Asistencia y Director General de Servicios de Salud de Veracruz.»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Remítanse a la Cámara de Senadores.

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FONDO DE DESASTRES NATURALES
La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número II-438, de fecha 11 de diciembre de 2003, suscrito por el C. senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 307-A-0071, fechado el 26 de enero último y signado por el C. Guillermo Bernal Miranda, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que da contestación al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, queden considerados recursos suficientes para impulsar y fortalecer los programas destinados a la protección civil, respecto a la prevención, el auxilio y la recuperación de zonas afectadas por desastres, presentado por la senadora Noe-mí Zoila Guzmán Lagunes.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 2 de febrero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Segob.--- Presente.

Me refiero a su oficio No. SEL/300/3410/03, dirigido al C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual informa sobre el Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, referente a las propuestas para impulsar y fortalecer los programas destinados a la Protección Civil.

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Remítanse a la Cámara de Senadores.

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PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Para los efectos de los artículos 71, fracción I, y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño con el presente iniciativa de decreto por el que se solicita autorización para que el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional los días 5 y 6 de marzo de 2004, a efecto de que realice una visita de trabajo al estado de Texas, en Estados Unidos de América.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 10 de febrero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.

C. Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.

La agenda México-Estados Unidos es reflejo de una relación con lazos económicos, sociales, demográficos y culturales muy estrechos. En general, a lo largo de esta administración, esta relación se ha fortalecido y ha madurado a través de los distintos contactos e intercambios bilaterales que se dan a todos los niveles cotidianamente.

Desde el principio de mi administración, he sostenido diversas reuniones con el Presidente George W. Bush, durante las cuales hemos abordado los principales temas de la agenda bilateral: migración, procuración de justicia, seguridad, combate al narcotráfico y el crimen organizado, economía y comercio, asuntos fronterizos, transporte, energía, educación y cultura, ciencia, tecnología y medio ambiente, entre otros. Lo anterior, buscando que la relación bilateral México-Estados Unidos se caracterice por altos niveles de confianza y entendimiento, cimentados en intereses y valores compartidos.

Durante la Cumbre Extraordinaria de las Américas, que tuvo lugar en nuestro país los días 12 y 13 de enero pasado, ambos mandatarios tuvimos la oportunidad de discutir sobre la integración económica hemisférica, en beneficio de la prosperidad de nuestros pueblos y sobre la necesidad de avanzar conjuntamente en las agendas de cooperación en los temas de gobernabilidad democrática, promoción del desarrollo y el comercio regional.

Asimismo, sostuve con el Presidente de Estados Unidos de América, un encuentro de trabajo sobre algunos aspectos de la agenda bilateral, destacando el tema migratorio y su reciente propuesta para avanzar en el mismo.

El tema migratorio reviste una singular importancia en la política exterior de esta administración y en la agenda bilateral con Estados Unidos de América. La necesidad de establecer mecanismos que permitan una migración legal, segura y ordenada y sobre todo respetuosa de los derechos humanos y laborales de los migrantes es una realidad ineludible.

El fenómeno migratorio ha sido un tema constante entre ambos países; sus consecuencias económicas, políticas y sociales en ambas naciones han constituido en las últimas dos décadas, y en particular en los años recientes, un nuevo reto, convirtiéndose en un tema de alta sensibilidad social y política.

Como es del conocimiento de esa Soberanía, el siete de enero pasado, el mandatario estadounidense presentó los lineamientos generales de una propuesta en materia migratoria. Mi gobierno considera que la propuesta abre una oportunidad para imprimir movimiento a este tema tan importante para millones de mexicanos, sobre todo considerando que es parte de un reconocimiento a la contribución de los migrantes a la vida económica y social de ambos países.

Mi gobierno ha señalado que la agenda migratoria debe ser uno de los motores que guíe el avance conjunto de los dos países en beneficio de sus sociedades. En este sentido, en mi visita, respetuoso de la facultad soberana de ese país para discutir y analizar cualquier iniciativa sobre el tema migratorio, continuaré impulsando una reflexión con el Presidente George W. Bush sobre la importancia e imperiosa necesidad de contar con mecanismos que permitan una migración legal, segura y ordenada y, sobre todo, respetuosa de los derechos humanos y laborales.

La reunión que sostendré con el Presidente de Estados Unidos de América, servirá para intercambiar información y puntos de vista sobre los planteamientos que ambos gobiernos tenemos en materia migratoria, así como analizar aspectos que revisten importancia para nuestras comunidades en Estados Unidos, entre los que se encuentran destacadamente: la unidad familiar, la igualdad de derechos laborales, y los mecanismos para la permanencia en Estados Unidos de aquellos que opten por radicar en ese país. Asimismo, demandaré una frontera segura, sin violencia para los migrantes mexicanos, con el pleno respeto a sus derechos humanos, exigencia sobre la cual esa Soberanía se ha pronunciado reiteradamente.

Igualmente continuaré promoviendo que, bajo un enfoque de responsabilidad compartida, ambos gobiernos mejoremos la vida de miles de mujeres y hombres que han emigrado a Estados Unidos y que aportan grandes beneficios con su trabajo.

Por otra parte, ambos países enfrentan hoy la necesidad de reactivar sus economías. En ese orden de ideas, el impulso del comercio bilateral y regional, así como de las inversiones generadoras de fuentes de trabajo, cobra especial importancia. Por lo tanto, impulsaré la continuación del análisis de vías para facilitar el comercio y mejorar la seguridad de nuestra frontera común.

Finalmente, mi visita tiene como objetivo reiterar el interés de México por construir mejores relaciones de vecindad, fortaleciendo el clima de entendimiento y colaboración que existe entre ambos países, profundizando las relaciones políticas, comerciales y sociales de México con Estados Unidos, así como impulsar los distintos temas de la agenda bilateral, intercambiar impresiones sobre la actualidad internacional y regional y concretar nuevos esquemas de cooperación.

En este contexto, en respuesta a la invitación que me formuló el Presidente de Estados Unidos de América, George W. Bush, en el marco de la celebración de la Cumbre Extraordinaria de las Américas, de contar con la autorización de esa Soberanía, me propongo llevar a cabo una visita de trabajo a Crawford, Texas, los días 5 y 6 de marzo de 2004, con el propósito de avanzar conjuntamente en los distintos temas de la agenda binacional y principalmente, en el tema migratorio.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 71, fracción I, y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la elevada consideración de la Comisión Permanente, la siguiente iniciativa de

Decreto

Artículo Unico.- Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 5 y 6 de marzo del 2004, con el propósito de atender la invitación del Presidente de Estados Unidos de América, George W. Bush, para llevar a cabo una reunión de trabajo en la ciudad de Crawford, Texas.

Transitorio

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a esa soberanía las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a los 10 días del mes de febrero de 2004.--- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada (rúbrica).»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Túrnese a la Segunda Comisión.

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EMBAJADORES EXTRAORDINARIOS Y PLENIPOTENCIARIOS
La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día 2 del mes en curso, manifestando lo siguiente:

``En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República ha tenido a bien designar al C. Carlos Alberto de Icaza González, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Estados Unidos de América.

En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar, en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión al nombramiento del C. de Icaza González. Con este fin le envío adjuntos los datos biográficos del interesado.''

Lo que hago de su conocimiento, para los fines legales procedentes, acompañando al presente el documento que en el mismo se menciona.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 4 de febrero de 2004.--- El Subsecretario, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día 2 del mes en curso, manifestando lo siguiente:

``En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República ha tenido a bien designar al C. Embajador Luis Alfonso de Alba Góngora, representante permanente de México ante los Organismos Internacionales, con sede en Ginebra, Suiza.

En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar, en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión al nombramiento del C. de Alba Góngora. Con este fin le envío adjuntos los datos biográficos del interesado.''

Lo que hago de su conocimiento, para los fines legales procedentes, acompañando al presente el documento que en el mismo se menciona.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 4 de febrero de 2004.--- El Subsecretario, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día 2 del mes en curso, manifestando lo siguiente:

``En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República ha tenido a bien designar al C. Juan José Bremer de Martino, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar, en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión al nombramiento del C. Bremer de Martino. Con este fin le envío adjuntos los datos biográficos del interesado.''

Lo que hago de su conocimiento, para los fines legales procedentes, acompañando al presente el documento que en el mismo se menciona.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 4 de febrero de 2004.--- El Subsecretario, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día 2 del mes en curso, manifestando lo siguiente:

``En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República ha tenido a bien designar a la C. Sandra Camila Antonia Fuentes Beráin Villenave, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en el Reino de los Países Bajos.

En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar, en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión al nombramiento de la C. Fuentes Beráin Villenave. Con este fin le envío adjuntos los datos biográficos de la interesada.''

Lo que hago de su conocimiento, para los fines legales procedentes, acompañando al presente el documento que en el mismo se menciona.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 4 de febrero de 2004.--- El Subsecretario, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día 2 del mes en curso, manifestando lo siguiente:

``En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República ha tenido a bien designar al C. Fernando Estrada Sámano, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino de Suecia.

En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar, en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión al nombramiento del C. Estrada Sámano. Con este fin le envío adjuntos los datos biográficos del interesado.''

Lo que hago de su conocimiento, para los fines legales procedentes, acompañando al presente el documento que en el mismo se menciona.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 4 de febrero de 2004.--- El Subsecretario, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Túrnese a la Segunda Comisión.

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CONSUL GENERAL
La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día 2 del mes en curso, manifestando lo siguiente:

``En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República ha tenido a bien designar al C. Carlos Pujalte Piñeiro, cónsul general de México en Toronto, Canadá.

En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar, en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión al nombramiento del C. Pujalte Piñeiro. Con este fin le envío adjuntos los datos biográficos del interesado.''

Lo que hago de su conocimiento, para los fines legales procedentes, acompañando al presente el documento que en el mismo se menciona.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 4 de febrero de 2004.--- El Subsecretario, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Túrnese a la Segunda Comisión.

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CONDECORACIONES
La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integre en su expediente, copia simple de la comunicación oficial de la Embajada de Costa Rica en México, que expresa el deseo de conferir la condecoración de referencia.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 6 de febrero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Túrnese a la Primera Comisión.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la C. María Isabel Castillo González pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en Grado de Cruz con Insignia, que le confiere el Gobierno de España.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta de la interesada, dirigida al H. Congreso de la Unión, en que solicita el permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la notificación en que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 23 de enero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la C. Miren Carmele Pérez-Aguirre Salvarrey pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz con Insignia, que le confiere el Gobierno de España.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta de la interesada, dirigida al H. Congreso de la Unión, en que solicita el permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 26 de enero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Rubén Hernández Aguilar pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata con Insignia, que le confiere el Gobierno de España.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado, dirigida al H. Congreso de la Unión, en que solicita el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 27 de enero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Rafael Abila Rosales pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata con Insignia, que le confiere el Gobierno de España.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado, dirigida al H. Congreso de la Unión, en que solicita el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 27 de enero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Ignacio Linares Zavala pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en Grado de Cruz de Plata, que le confiere el Gobierno de España.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 23 de enero de 2004.--- El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Francisco Nicolás González Díaz pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el gobierno de dicho país.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 29 de enero de 2004.--- El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Jorge Pulido Vázquez pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Caballero, que le confiere el gobierno de dicho país.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 29 de enero de 2004.--- El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Felipe de Jesús Rosete Vázquez pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla al Valor, que le confiere el Gobierno de Canadá.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 23 de enero de 2004.--- El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Lic. Gustavo Carvajal Moreno pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Bernardo O'Higgins, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Chile.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 23 de enero de 2004.--- El Subsecretario de Enlace Legislativo. Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Fernando Estrada Sámano pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Pío IX, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la Santa Sede.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 29 de enero de 2004.--- El Subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Túrnense a la Primera Comisión.

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CONSUL HONORARIO
La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Jorge Rangel de Alba Brunel pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Mongolia en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana.

Por lo anterior, me permito anexar originales de la carta, dirigida al H. Congreso de la Unión, con que el interesado solicita dicho permiso y de la carta de vecindad, así como copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento, formulada por la Embajada de la República de Mongolia.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México DF, a 30 de enero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente Jorge Zermeño Infante:

Túrnese a la Primera Comisión.

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GRADOS MILITARES
La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Miguel Eduardo Hernández Velázquez (10561951), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003, Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Germán Antonio Bautista (8208480), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003, Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. General Brigadier de Justicia Militar y licenciado Ramón Tovar Caballero (6459682), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003, Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Mauro Joaquín Santiago Ramírez (6103909), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003, Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Héctor Aragón Zapata (8208464), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003, Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Gustavo Nieto Navarro (9165175), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003, Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Sergio Ricardo Martínez Luis (6462214), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003, Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Javier Cruz Rivas (6459728), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003, Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor Ricardo Reyes Amador (10561755), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003, Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Rigoberto García Cortés (9128660), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003, Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Arturo Sánchez García (8506773), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003, Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. General Brigadier de Transmisiones Filiberto Márquez Osorio (5528643), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003, Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Gilberto Landeros Briseño (6459601), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003, Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Héctor Aguilar Elizalde (9248073), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003, Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. Coronel de Transmisiones Diplomado de Estado Mayor Santiago Contreras Ojeda (9007573), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003, Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Túrnense a la Segunda Comisión.

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CONDECORACIONES
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de Estados Unidos Mexicanos y Carlos Mejía Tejeda, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros y los ciudadanos Mario de la O. Almazán y Miguel Alfredo Dutton Delorme, para aceptar y de-sempeñar el cargo de cónsul honorario a gobiernos extranjeros.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Pedro Joaquín Chamorro, en grado de Gran Collar, que le confiere la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Pedro Joaquín Chamorro, en grado de Gran Collar, que le confiere la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.

Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica); Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González (rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica); Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Capitán de Navío C. G. Diplomado de Estado Mayor Carlos Mejía Tejeda pueda aceptar y usar la Medalla al Mérito de la Guardia Costera de Estados Unidos de América.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo único.- Se concede permiso al Ciudadano Capitán de Navío C. G. Diplomado de Estado Mayor Carlos Mejía Tejeda para aceptar y usar la Medalla al Mérito de la Guardia Costera de Estados Unidos de América.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica); Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González (rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica); Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez.»

Es de primera lectura.

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CONSUL HONORARIO
La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 22 de enero de 2004, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano doctor Mario de la O Almazán pueda aceptar y de-sempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas, en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 4 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada de su acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el interesado prestará al gobierno de la República de Filipinas serán de carácter estrictamente consular; y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV del apartado C) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano doctor Mario de la O Almazán para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas, en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica); Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González (rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño; Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 22 de enero de 2004, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Alfredo Dutton Delorme pueda aceptar y de-sempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 4 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada de su acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio interesado prestará al Gobierno de Belice, serán de carácter estrictamente consular, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV, del apartado c), del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo único.- Se concede permiso al ciudadano Miguel Alfredo Dutton Delorme para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Belice en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica); Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González (rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica); Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Es de primera lectura.

Se pide a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

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CONSUL GENERAL
La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla :

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, como cónsul general de México Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América, para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, los miembros que integran esta Comisión desean señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Muñoz Ledo, consta que nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 24 de septiembre de 1960. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

En su currículum vitae se establece que es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y cuenta con una maestría en administración y política pública por la Escuela de Economía de Londres. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, al que ingresó en el año de 1986; actualmente tiene el rango de ministro.

En el exterior ha estado adscrito en las Embajadas de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de 1986 a 1989; Austria, de 1989 a 1994, y Francia, de 1998 a 2000. Así como en las Misiones Permanentes de México ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales con sede en Viena de 1989 a 1994, y a la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra, de 1994 a 1998.

Fue representante permanente alterno ante la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), con sede en Viena, y delegado ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Conferencia de Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Asimismo fungió como jefe de Cancillería de la Embajada de México en Francia y encargado de negocios ad iterim de 1988 al 2000.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha desempeñado como director general adjunto para el sistema de las Naciones Unidas (octubre 2000-marzo 2001); asesor en la Subsecretaría para Africa, Asia-Pacífico, Europa y Naciones Unidas y director general para el sistema de las Naciones Unidas (2001-2003). Hasta antes de su designación fue jefe de la Unidad de Asuntos Culturales de la Cancillería.

La Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública que suscribe invitó al ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo a una entrevista en donde, después de hacer una revisión histórica desde la creación del Consulado, se conversó sobre el estado actual de la situación política, económica y social en la jurisdicción consular de Boston, así como de las funciones que puede desarrollar el Consulado de nuestro país en el contexto de las cualidades específicas que caracterizan a la región. Se habló de los mecanismos para consolidar las relaciones y explorar otros campos de colaboración en beneficio de los mexicanos que radican en los estados que comprenden esa circunscripción.

En el documento presentado por el cónsul designado destaca que el Consulado General de México en Boston, Massachusetts, tiene una especial relevancia para nuestro país ya que comprende cinco estados del noroeste de la Unión Americana: Maine, Massachusetts, New Hampshire; Rhode Island y Vermont.

La región del Consulado, también conocida como Nueva Inglaterra, es una de las zonas con mayor ingreso per capita en Estados Unidos. Los estados de Connecticut, Massachusetts y New Hampshire se encuentran entre los primeros ocho estados de la Unión Americana con mayor índice de ingreso per cápita. Esta región tiene una fuerte industria de alta tecnología, sobre todo en el desarrollo de paquetes de programación, biotecnología y comercio electrónico; además, esta zona es líder en servicios financieros. En el 2002 las exportaciones totales de la región alcanzaron la cifra de 8,125 mdd.

Los principales motores de la economía de la zona son una fuerza laboral capacitada y una gran infraestructura tecnológica. Nueva Inglaterra es una de las regiones con mayor concentración de universidades y con mayor porcentaje de población adulta que cuenta con grado de licenciatura o superior.

La población de personas de origen mexicano en la jurisdicción es de alrededor de 36,700, entre los que se encuentran estudiantes, académicos y empleados, en los sectores de la construcción y los servicios.

En lo que se refiere a la Matrícula Consular de Alta Seguridad, ésta es aceptada como identificación oficial en 9 ciudades, 8 departamentos de policía y 1 banco de la circunscripción. Según el cónsul designado una de sus prioridades será buscar la aceptación de ésta como identificación oficial por las autoridades locales, policiacas y estatales de los estados que conforman la jurisdicción.

De acuerdo con el documento presentado por el C. Muñoz Ledo, la importancia política que tiene la circunscripción del Consulado, radica en la añeja tradición democrática de la región, así como en su presencia dentro de la vida política y cultural de Estados Unidos de América, por lo que es necesario mantener una presencia activa de nuestro país que contribuya a lograr los objetivos mexicanos de la agenda bilateral.

Como parte de la presentación de su plan de trabajo, el C. Porfirio Thierry Muñoz Ledo, mencionó que de ser ratificado como cónsul general de México en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América, se compromete a mantener, en los términos de la ley, la comunicación y colaboración que sean necesarias con el Senado de la República durante el ejercicio de sus funciones.

Durante la exposición de su programa de trabajo, el cónsul designado señaló que su labor estará orientada principalmente a la protección y atención consular. Los connacionales que radican en esa región son constantemente objeto de maltratos y violaciones a sus derechos, por lo que es indispensable promover medidas que contribuyan a mejorar su nivel y calidad de vida. En el año 2003 se registraron 551 casos de protección a mexicanos en diferentes rubros. Por ello, el C. Muñoz Ledo señala como prioridades en la protección consular, instrumentar campañas de difusión de los servicios de protección que presta el Consulado; aumentar el número de consulados móviles; fortalecer los mecanismos de consulta para que las autoridades locales notifiquen al Consulado sobre casos de mexicanos detenidos o sujetos a procesos judiciales; aumentar las visitas a los centros de detención, hospitales y cárceles para buscar un trato más digno, el respeto a los derechos humanos y garantías legales de los connacionales que se encuentren recluidos en estos centros; reforzar los mecanismos de consulta establecidos con el anterior Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), cuyas funciones han sido absorbidas por el Departamento de Seguridad Interna (DHS); asimismo afianzar las consultas con las autoridades encargadas de la protección y seguridad de los puertos de entrada.

La segunda prioridad del programa de trabajo del cónsul designado, se refiere al fortalecimiento del diálogo con los actores más relevantes de la vida pública de la circunscripción para promover los intereses de México y de la población mexicana asentada en esa región. Entre las tareas a rea-lizar menciona las siguientes: fortalecer la promoción de los derechos de los migrantes para lograr el pleno acceso a los servicios de salud y educativos; continuar promoviendo la aceptación de la Matrícula Consular de Alta Seguridad por parte de las autoridades policíacas, locales y estatales como medio de identificación oficial; fortalecer el programa de protección preventiva y reforzar las relaciones con agrupaciones laborales, religiosas y ONG; promover mayores contactos con las autoridades estatales para buscar que los estudiantes indocumentados que hubieran formado parte del sistema escolar local puedan ser aceptados en universidades estatales con colegiaturas accesibles y apoyar los programas de comunidades nacionales del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en materia de salud, educación, organización comunitaria, cultura y deportes.

La tercera prioridad será el fortalecimiento del diálogo político con la circunscripción consular que exige una atención dedicada, diversificada y de alta densidad política. Por ello, en esta materia pretende dar seguimiento puntual y tratar de influir favorablemente en el debate político sobre un posible acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México reforzando los contactos con los legisladores federales y estatales con interés en el tema migratorio; asimismo, realizar labores de análisis de las propuestas de políticas públicas y de sus posibles efectos en nuestro país; fomentar el acercamiento a los equipos de trabajo de los senadores federales de Nueva Inglaterra, con énfasis en Massachusetts donde se encuentran los senadores Kerry y Kennedy; dar un seguimiento estrecho al impacto del año electoral del 2004 en temas de interés para nuestro país, así como promover el trabajo de cabildeo y enlace entre los gobiernos locales y las comunidades mexicanas, e instrumentar estrategias que busquen promover los intereses de nuestros connacionales ante el sector empresarial, los medios de comunicación y el sistema de procuración de justicia. El hecho de que Kerry y Howard sean de esa región la convierte en una de mayor importancia.

En cuarto lugar estará la promoción de las relaciones económicas, comerciales y financieras, que deberá orientarse a destacar el enorme potencial que existe, no sólo para aumentar los intercambios al comercio de bienes y servicios, sino también en materia de inversión extranjera directa y de cooperación científica y técnica. Deberán promoverse misiones de inversionistas a nuestro país para conocer las oportunidades de inversión; organizar seminarios entre la comunidad de negocios de la zona para promover las relaciones económicas y comerciales prestando especial atención al desarrollo regional; promover el posicionamiento de las empresas mexicanas en los mercados de la jurisdicción y fomentar la inversión extranjera en nuestro país; fomentar el turismo hacia México y establecer contacto con los principales operadores turísticos, así como promover la plena inserción de los migrantes al sistema bancario y apoyar las iniciativas comunitarias tendientes a la canalización de las remesas a proyectos productivos en sus lugares de origen y estimular así el desarrollo económico en las zonas marginadas de nuestro país.

El quinto lugar, en lo que se refiere a la cooperación educativa el cónsul designado mencionó que una de sus prioridades en este rubro será el fortalecimiento de los vínculos con la academia en Boston, principalmente con las Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Boston; para lo cual promoverá conferencias sobre temas de interés para la comunidad mexicana, particularmente en migración, empleo, comercio y discriminación; fomentará el estudio y la investigación de las relaciones binacionales tendientes a promover el encadenamiento productivo, la competitividad y la reducción de los costos en los intercambios comerciales y promoverá el establecimiento de redes universitarias entre las instituciones de educación superior de la región y las de nuestro país, así como proponer y buscar patrocinios para el establecimiento de una biblioteca.

Por último, destacó que la presencia cultural de México en la región, es otra de las prioridades del Consulado General; por ello se pretende buscar el fortalecimiento de la presencia cultural mexicana a través de tareas encaminadas a promover la imagen de un México moderno, democrática y plural. Para ello, el C. Muñoz Ledo propone difundir la cultura mexicana a través de manifestaciones de alto contenido artístico que promuevan el conocimiento y el entendimiento de la realidad de nuestro país; promover el acercamiento a las comunidades mexicanas en la región para preservar nuestros valores cívicos y tradiciones ancestrales; establecer relaciones con los museos de la región que permitan un mayor intercambio de experiencias en la materia y fomentar un mejor conocimiento y una mejor presencia de los jóvenes creadores mexicanos en centros culturales y galerías de Boston.

Quienes integramos de manera plural esta Comisión reconocemos la importancia del Consulado de Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América y estamos seguros que el cónsul designado, como diplomático de carrera posee la experiencia y preparación necesarias para trabajar por los intereses de México en esa circunscripción.

Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de las Comisiones que suscriben hemos podido constatar que el ciudadano C. Porfirio Thierry Muñoz Ledo, reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el eficaz desempeño del cargo de cónsul general de México en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América para el que fue designado por el Presidente de la República de acuerdo a las facultades que le confiere la fracción III del artículo 89.

Asimismo posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado cónsul general; en tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, como cónsul general de México en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América.

Sala de comisiones de la Honorable Comisión Permanente.- México, DF, a 10 de febrero del 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Dip. Rogelio Rueda Sánchez; Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Sen. Ernesto Gil Elorduy; Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica); Sen. Juan José Rodríguez Prats; Dip. Federico Döring Casar; Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Sen. Demetrio Sodi de la Tijera; Sen. Rafael Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez.»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Está a discusión el punto de acuerdo...

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Aprobado el punto de acuerdo, comuníquese al Ejecutivo.

Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, cuyo nombramiento como cónsul General de México en Boston, Massachussets, Estados Unidos de América, acaba de ser aprobado por esta Asamblea.

Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: senadores Silvia Hernández Enríquez, Cecilia Romero Castillo, Rafael Mendoza Radillo; diputados: Luis Antonio González Roldán, Pedro Vázquez González y Jesús Martínez Alvarez.

(La comisión cumple con su encargo.)

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

Se invita a los presentes ponerse de pie.

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier: ¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Cónsul General de México en Boston, Massachusetts, Estados de América, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación?

El ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier:

¡Sí, protesto!

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Mucho éxito en el cumplimiento de su función. Felicidades señor embajador.

Se ruega a la comisión designada acompañar al cónsul cuando desee retirarse.

Continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A las Comisiones que suscriben fue turnado para su estudio y dictamen el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del ciudadano Juan Marcos Gutiérrez González como cónsul general de México en Denver, Colorado, Estados Unidos de América, para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Juan Marcos Gutiérrez González, consta que nació en Ciudad Obregón, Sonora, México, el 31 de agosto de 1969. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

En su perfil curricular se establece que es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha realizado estudios de diplomado en juicio de amparo, derecho constitucional y procesal constitucional, derecho financiero y solución de controversias del TLCAN; también se ha desarrollado como abogado litigante.

En su experiencia dentro de la administración pública, fue director jurídico del ayuntamiento de Tijuana, Baja California (1992-1995) y secretario general del mismo, en el periodo 1995-1996. Actualmente, es coordinador de país para México del Estudio de Derecho Comparado denominado Orígenes, Estructura y Cambios en las Democracias Federales, que promueven el Forum of Federations y la IACFS. Desde octubre de 2001 se desempeña como director general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

En el ámbito legislativo federal se desempeñó como diputado en la LVII Legislatura (1997-2000), fue Presidente de la Mesa Directiva en el periodo extraordinario de diciembre de 1998, Presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal e impulsor de las reformas del artículo 115 constitucional de 1999 y a la Ley de Coordinación Fiscal (Ramos 28 y 33) de 1997 a 1999. Asimismo, fue Presidente de la Sección Instructora, para Juicios Políticos y Declaración de Procedencia de esa Cámara.

Ha sido docente en la Universidad de Baja California Campus Tijuana y articulista de prestigiadas revistas.

La Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública, invitó al ciudadano Juan Marcos Gutiérrez González a una entrevista, donde se conversó sobre la relación bilateral México-Estados Unidos de América, en especial con el estado de Colorado, que tiene como cabecera de la circunscripción a la ciudad de Denver, Colorado, Estados Unidos de América; la situación política de toda esa región, donde destaca el activismo antiinmigrante del representante federal Tancredo, quien se ha opuesto a la regularización de los migrantes mexicanos y la validación de la matrícula consular, así como el surgimiento de casos de estudiantes mexicanos, hijos de trabajadores no documentados, con excelentes calificaciones y que desean continuar sus estudios de nivel medio y superior y ser tratados como residentes. También se comentaron las posibilidades de ampliar las relaciones económico-comerciales y los intercambios culturales entre México y las instituciones y corporaciones de esa circunscripción.

El documento presentado por la Cancillería establece que la circunscripción consular para la que fue designado el C. Juan Marcos Gutiérrez González comprende actualmente el estado de Colorado y de Wyoming. Además, también supervisa la labor de los consulados de carrera de Salt Lake City, en el estado de UTA; y el de Omaha, en Nebraska, que al sumarse llega a una población de origen hispano de 463,298 personas, la mitad de ellas se encuentra en la zona de Denver. Colorado es el estado 21 en materia económica y 25 por población y su vinculación más importante con México es la venta de ganado vivo.

El C. Juan Marcos Gutiérrez Gonzálezdestacó la importancia que tiene la economía de ese estado, ya que cuenta con un PIB de 173.8 mil millones de dólares. Se destaca en el documento que los sectores de mayor dinamismo son la minería, las manufacturas en el ramo de maquinaria industrial, equipo electrónico, equipo de transporte y, dentro de los servicios, la construcción, banca, seguros y bienes raíces y comercio al mayoreo. También tiene importancia el sector agropecuario por la producción de trigo y maíz, el ganado lechero y sus derivados. Hay que resaltar que las exportaciones en 2002 sumaron 5,521.7 millones de dólares; es decir, 0.8% del total nacional. Ya en los primeros ocho meses de 2003, las exportaciones de Colorado registraban un aumento de 4.1% respecto de 2002.

En la relación económica, la zona metropolitana de Denver, Colorado, Estados Unidos de América, cuenta con un PIB de 96 mil millones de dólares; es la principal región económica en el Estado, al contribuir con 55% del PIB estatal, y es vigésima primera en Estados Unidos. La base económica son las telecomunicaciones, la industria aeroespacial, los servicios financieros, el software, la biomedicina y otras industrias de alta tecnología.

Durante la exposición de su programa de trabajo, el cónsul designado señaló que su labor prioritaria será la de protección de la dignidad y los derechos humanos de los mexicanos que trabajan en esa región. Con tal propósito, establece las siguientes tareas:

Profundizar en la relación política con las autoridades estatales y locales, especialmente con el gobernador, Bill Owens. Citó casos específicos que constituyen un reto en las tareas de protección a la nueva ley que impide alojar a menores de edad indocumentados en centros de rehabilitación para menores infractores en su circunscripción, por lo que son trasladados a El Paso, Texas, y deportados de inmediato a México. Respecto a la matrícula consular, ésta no es aceptada en ningún estado de la circunscripción. Es importante para el cónsul general designado trabajar en una mayor aceptación territorial y sectorial de la matrícula consular, para lo que requiere cabildearlo con autoridades estatales y municipales.

Comprometerse a estar alerta en cuanto al cumplimiento de acuerdos y convenios en materia de repatriación segura y ordenada de nuestros connacionales que son detenidos por la Patrulla Fronteriza y deportados por el Buró de Aduanas Protección Fronteriza. Asimismo, realizar campañas dando a conocer los derechos y obligaciones, así como los riesgos a que se enfrentan los mexicanos no documentados en caso de que sean detenidos. Mostró estadísticas que señalan que en 2003 se registraron 512 detenciones, las cuales serán objeto de análisis inmediato para identificar y clasificar su tipo y gravedad. Señaló que el presupuesto que se destina a protección por parte de la Cancillería no corresponde al incremento de los casos, que han ido en aumento de manera considerable.

El cónsul general designado se comprometió a mantenerse en contacto con la comunidad de origen mexicano buscando alentar su organización y la unidad de propósitos sin mengua de su diversidad. Comentó que debe haber un acercamiento más preciso con ésta para conocer sus necesidades y brindarle mayor apoyo y atención. Asimismo, realizar actividades de promoción, difusión y servicios a la comunidad, además de difundir sus derechos y sus obligaciones. El C. Gutiérrez González expresó su interés de mantener y ampliar los llamados consulados móviles para atender in situ las necesidades de connacionales que no disponen de tiempo o recursos para viajar hasta Denver, Colorado, Estados Unidos de América.

El cónsul designado señaló que se dará seguimiento a temas que son de interés para nuestro país, como las iniciativas de ley de la Legislatura estatal que afecten de manera positiva o negativa a los migrantes mexicanos, además de verificar las diferentes posturas que adopten las ONG u otras instituciones ante la firma de cualquier mecanismo migratorio entre México y los Estados Unidos. Es necesario abrir canales de diálogo a través de la diplomacia parlamentaria, lo cual puede ayuda a avanzar en el interés de ambas partes y profundizar la relación con el gobierno.

La Comisión Dictaminadora escuchó del cónsul general designado que las relaciones bilaterales México-Colorado, se han visto fortalecidas por los acuerdos que se han firmado durante las últimas décadas, tales como Hermandad de Estados, con el estado de Jalisco; el Acuerdo de Cooperación Ambiental, con el Distrito Federal; Acuerdo de Cooperación Ambiental, con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin); el Acuerdo de Cooperación Empresarial, con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la de Comercio de Jalisco; el Acuerdo de Cooperación Ambiental; y, finalmente, el Acuerdo de Amistad y Colaboración, con el estado de Coahuila. Asimismo, ha contribuido positivamente con el establecimiento de una Oficina de Comercio Exterior de ese estado de la Unión en Guadalajara, Jalisco, México.

El C. Juan Marcos Gutiérrez González estableció como prioridad para la promoción de la economía el fortalecimiento del intercambio comercial y de servicios, y se comprometió, de ser ratificado por esta soberanía, a promover los beneficios de esta particularidad a los exportadores y prestadores de servicios mexicanos en el marco del TLCAN. Añadió que Denver es destino turístico y ahí podría generarse un espacio para la promoción del turismo en México.

El cónsul designado resume en cuatro ámbitos la estrategia para impulsar la cooperación entre México y Colorado: el ámbito académico y educativo; científico-tecnológico; técnico y financiero; y de la administración pública entre los gobiernos locales (municipios y condados). Afirma que es necesario negociar la instrumentación de mecanismos de cooperación múltiple, además de dar seguimiento a los mecanismos de cooperación vigentes.

Con base en la entrevista referida, los miembros de la Comisión que suscribe hemos podido constatar que el ciudadano Juan Marcos Gutiérrez González reúne el perfil para el cargo de cónsul general de México en Denver, Colorado, Estados Unidos de América, para el que fue designado por el Presidente de la República de acuerdo con las facultades que le confiere la fracción III del artículo 89. Asimismo, posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser cónsul general de México en Denver, Colorado, Estados Unidos de América.

En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Juan Marcos Gutiérrez González como cónsul general de México en Denver, Colorado, Estados Unidos de América.

Sala de comisiones de la Honorable Comisión Permanente.--- México, DF, a 10 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Dip. Rogelio Rueda Sánchez; Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Sen. Ernesto Gil Elorduy; Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica); Sen. Juan José Rodríguez Prats; Dip. Federico Döring Casar; Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Sen. Demetrio Sodi de la Tijera; Sen. Rafael Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez.»

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Está a discusión el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarse en la forma acostumbrada...

Los legisladores que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

Señores legisladores: se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Juan Marcos Gutiérrez González, cuyo nombramiento como cónsul general de México en Denver, Colorado, Estados Unidos de América, acaba de ser aprobado por esta Asamblea.

Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo; senadores: Alberto Miguel Martínez Mireles, César Jáuregui Robles, Demetrio Sodi de la Tijera; diputados: Luis Antonio Gonzalez Roldán, Pedro Vázquez González y Jesús Martínez Alvarez.

(La comisión cumple con su encargo.)

La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

Se pide a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Ciudadano Juan Marcos Gutiérrez González: ¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de cónsul general de México en Denver, Colorado, Estados Unidos de América, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Juan Marcos Gutiérrez González:

¿Sí, protesto!

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Si así no lohiciera, que la nación se lo demande.

Felicidades señor cónsul.

Se ruega a la comisión designada acompañar al cónsul cuando desee retirarse.

Continúe la Secretaría.

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GRADOS MILITARES
La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003 por el Presidente de la República a favor del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Augusto Moisés García Ochoa como General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar el 16 de noviembre de 1967, fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del Secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1971;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 36 años, 0 meses y 14 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 1/a. Clase y la ``Especial'' por 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

``Unico.- Se ratifica el grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Augusto Moisés García Ochoa''.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 19 de enero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista; Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez; Sen. Ernesto Gil Elorduy; Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño; Dip. Yolanda Valladares Valle; Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica); Dip. Federico Döring Casar (rúbrica); Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez; Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003, por el Presidente de la República, en favor del ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Roble Arturo Granados Gallardo, como General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión, envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar el 18 de septiembre de 1968, fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del C. Secretario del Ramo, el 1o. de septiembre de 1972;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 35 años, 2 meses y 12 días, con antigüedad en el empleo anterior de 5 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Roble Arturo Granados Gallardo.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 19 de enero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista; Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez; Sen. Ernesto Gil Elorduy; Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño; Dip. Yolanda Valladares Valle; Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica); Dip. Federico Döring Casar (rúbrica); Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez; Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del General Brigadier de Justicia Militar y licenciado Roberto Vite Bandala, como General de Brigada de Justicia Militar y licenciado, que el Ejecutivo de la Unión envío a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Soldado de Ordenanza, en la Dirección General de Materiales de Guerra, el 27 de febrero de 1968, fue ascendido como Subteniente Oficinista, por acuerdo del Secretario del Ramo, el 20 de noviembre de 1982;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 35 años, 9 meses y 1 día, con antigüedad en el empleo anterior de 5 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 1/a Clase, y la ``Especial'', correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado General Brigadier de Justicia Militar y licenciado, se deduce que el interesado reunió los requisitos que merecieron la obtención del grado de General de Brigada de Justicia Militar y Licenciado, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: Se ratifica el grado de General de Brigada de Justicia Militar y licenciado, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Roberto Vite Bandala.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 19 de enero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista; Dip. Rogelio Rueda Sánchez; Dip. David Hernández Pérez; Sen. Ernesto Gil Elorduy; Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño; Dip. Yolanda Valladares Valle; Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica); Dip. Federico Döring Casar (rúbrica); Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez; Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República a favor del ciudadano General Brigadier de Transmisiones Leovigildo Muñoz Hernández como General de Brigada de Transmisiones, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Soldado de Transmisiones, en la Escuela Militar de Clases de Transmisiones el 1o. de febrero de 1965; y fue ascendido como Subteniente de Transmisiones, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1972;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 38 años, 9 meses y 27 días, con antigüedad en el empleo anterior de 5 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial correspondiente a 35 años de servicio ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado General Brigadier de Transmisiones, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General de Brigada de Transmisiones, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se ratifica el grado de General de Brigada de Transmisiones que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Leovigildo Muñoz Hernández.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 19 de enero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista; Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez; Sen. Ernesto Gil Elorduy; Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño; Dip. Yolanda Valladares Valle; Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica); Dip. Federico Döring Casar (rúbrica); Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez; Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para la votación económica en su conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del General Brigadier Ingeniero Constructor Luis Hernández Becerril, como General de Brigada Ingeniero Constructor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar el 23 de enero de 1963, fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del Secretario del ramo, el 1o. de enero de 1966;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 40 años, 10 meses y 6 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 1/a. Clase y la ``Extraordinaria'' por 40 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado General Brigadier Ingeniero Constructor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General de Brigada Ingeniero Constructor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

``Unico.- Se ratifica el grado de General de Brigada Ingeniero Constructor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Luis Hernández Becerril''.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 19 de enero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista; Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez; Sen. Ernesto Gil Elorduy; Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño; Dip. Yolanda Valladares Valle; Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica); Dip. Federico Döring Casar (rúbrica); Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez; Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República a favor del ciudadano Coronel Médico Cirujano Noé Esqueda Castillo como General Brigadier Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete Numerario, en el Heroico Colegio Militar el 29 de enero de 1966; y fue ascendido como Subteniente de Caballería, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1969;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 37 años, 10 meses y 3 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial correspondiente a 35 años de servicio ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel Médico Cirujano, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Médico Cirujano, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se ratifica el grado de General Brigadier Médico Cirujano que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Noé Esqueda Castillo.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 26 de enero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño; Dip. Yolanda Valladares Valle; Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica); Dip. Federico Döring Casar; Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez; Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Coronel Médico Cirujano Miguel Ahumada Rodríguez, como General Brigadier Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete en la Escuela de Oficiales de Sanidad Militar el 11 de enero de 1966, fue ascendido como Subteniente de Sanidad, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1968;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 37 años, 10 meses y 21 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 1/a Clase y la ``Especial'' por 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Coronel Médico Cirujano, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Médico Cirujano, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

``Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier Médico Cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del Ciudadano Miguel Ahumada Rodríguez''.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 26 enero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, secretaria; Dip. Carlos Flores Rico, secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño; Dip. Yolanda Valladares Valle; Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica); Dip. Federico Döring Casar; Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez; Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica).»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se pregunta a esta Asamblea, si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente leídos, que estuvieron reservados.

Los legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada...

Los legisladores que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense al Ejecutivo.

Se pide a la Secretaría poner a discusión los siguientes proyectos de decreto.

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CONSUL HONORARIO

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnada la solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano Sergio Arturo Hernández Salcedo, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia en Oaxaca, Oaxaca, con circunscripción consular en esa ciudad y sus alrededores inmediatos.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción IV, del apartado c), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo único.- Se concede permiso al ciudadano Sergio Arturo Hernández Salcedo, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia en Oaxaca, Oaxaca, con circunscripción consular en esa ciudad y sus alrededores inmediatos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 3 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica); Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González (rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles; Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).»

Está a discusión el siguiente proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal en conjunto. Está a discusión el siguiente proyecto de decreto.

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CONDECORACIONES

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos licenciados Fernando de Jesús Canales Clariond, Carlos Eduardo Represas de Almeida y Manuel González Bautista, puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren los Gobiernos del Japón y de la República de Chile, y el Ministerio de Defensa de España, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo primero.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Fernando de Jesús Canales Clariond, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Tesoro Sagrado, en grado de Gran Cordón, que le confiere el Gobierno del Japón.

Artículo segundo.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Carlos Eduardo Represas de Almeida, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Bernardo O'Higgins, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Chile.

Artículo tercero.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Manuel González Bautista, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, que le confiere el Ministerio de Defensa de España.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 3 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica); Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González (rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles; Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea, si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado en un solo acto.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado en un solo acto.

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Son 33 votos por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobados en lo general y en lo particular los proyectos de decreto por 33 votos. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

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ESTADO DE TAMAULIPAS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es, proposiciones de los señores legisladores. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Flores Rico, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, establezcan la tarifa eléctrica 1-E en los municipios fronterizos de ciudad Guerrero, Miguel Alemán y Camargo del estado de Tamaulipas, suscrita por los diputados José Manuel Abdala de la Fuente y Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Carlos Flores Rico:

Gracias, señor Presidente.

Como saben los tamaulipecos y comparto hoy con ustedes, la frontera chica del estado de Tamaulipas reúne a seis municipios geográficamente en línea: Nuevo Laredo, Guerrero, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz.

Esos seis municipios se distancian uno de otro entre 10, 15 y hasta 20 kilómetros y forman una subregión del norte conocida como zona ribereña del río Bravo, por lo que comparten su hábitat, su forma de ser, sus costumbres, su economía en su conjunto.

Por otra parte la Comisión Federal de Electricidad tiene un reglamento que comparte con la compañía de luz, por cierto, en la que establece tarifas de acuerdo a las temperaturas imperantes durante cierto tiempo del año, durante por lo menos tres años, y en este caso, en estos seis municipios se les aplica tarifas indistintas: tanto la 1-D a unos como la 1-E a otros.

Lo curioso del caso es que Nuevo Laredo, que está seguido de Guerrero tiene 1-E y luego el municipio de Guerrero tiene 1-D, es decir, tiene una diferencia supuestamente de un grado entre una y otra que hace que las tarifas subsidiadas cambien enormemente y con ello la lesión a la economía de manera profunda; pero ocurre que luego de Guerrero sigue Miguel Alemán y regresa entonces otra vez el grado de temperatura perdido y se vuelve a aplicar la tarifa 1-E.

Entonces tenemos un tornillo y una tuerca, un tornillo y una tuerca en esta zona extraña en la que aparentemente varían de esa manera las temperaturas. Pero luego sigue Alemán y Camargo y regresa el grado perdido y regresa la tarifa de menor subsidio, que es la 1-D, para finalmente cerrar el ciclo de la zona con otra vez el grado distinto y la tarifa de menor costo para los pobladores.

¿Qué pedimos? Que la comisión revise con la Comisión Internacional de Límites y Aguas y con la CNA, con la Comisión Nacional del Agua, estos registros de temperatura para que puedan establecer la homogeneidad de tarifas en el caso de la 1-E para los seis municipios y se pueda dar equidad, trato justo y apoyo económico a las familias que curiosamente de los municipios que tienen la tarifa más cara, son los que registran mayor índice social de marginación.

Por lo tanto, señores senadores y diputados, proponemos a esta comisión el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a las Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad, para que en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, se proceda a revisar dichas temperaturas y registros y se fije la tarifa eléctrica 1-E en los municipios de ciudad Guerrero, Miguel Alemán y Camargo, del Norte de Tamaulipas.

Muchísimas gracias a nombre de José Manuel Abdala y Carlos Flores Rico.

«Punto de acuerdo para solicitar se aplique la tarifa eléctrica 1-E en los municipios fronterizos de Guerrero, Miguel Alemán y Camargo, del estado de Tamaulipas.

Los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y diputados por el estado de Tamaulipas, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, bajo los siguientes

Considerandos

I. Que para los habitantes de los municipios fronterizos en mención, a los cuáles se les aplica la tarifa eléctrica 1-D, están siendo afectados en su economía familiar al pagar altos costos por el consumo de energía eléctrica. Esto debido al bajo subsidio con el que cuentan, que es de 600 kwt/hora mensual, en comparación con la tarifa 1-E que es de 900 kw/hora mensual, beneficio con el que cuentan otros municipios cercanos.

II. Que de acuerdo al reglamento de la CFE y de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, la tarifa 1-D de servicio doméstico es aplicable en localidades con temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados; mientras que la tarifa 1-E es para localidades con temperatura media mínima en verano de 32 grados centígrados.

III. Que la Ley del Servicio de Energía Eléctrica y su Reglamento, establece que en aquellas localidades que durante el transcurso de dos meses consecutivos, y por un mínimo de tres años, exista una temperatura promedio de 31 grados centígrados, de acuerdo a los reportes de la Semarnat, les será aplicada la tarifa 1-D, y cuando en una localidad se presente una temperatura promedio de 32 grados centígrados se fijará la tarifa 1-E.

IV. Que en los municipios de Nuevo Laredo, Mier y Díaz Ordaz se aplica la tarifa 1-E, mientras que Ciudad Guerrero, Miguel Alemán y Camargo cuentan con la tarifa eléctrica 1-D.

V. Que en los municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz existe una distancia aproximada entre el primero y el último de 200 km y Guerrero y Miguel Alemán son separados del municipio de Mier por 15 km y el municipio de Camargo está a 25 kilómetros del municipio de Díaz Ordaz.

VI. Que en cuanto a la aplicación de las tarifas no se puede permitir tal incongruencia, ya que 15 ó 25 km de distancia, entre uno y otro municipio, sea factor para aplicar tarifas eléctricas distintas, cuando está demostrado que existe uniformidad de las temperaturas que en promedio se presentan en la temporada de verano.

Con esto se demuestra que tanto CILA como CNA no presentan datos fidedignos ante las instancias responsables de fijar las tarifas eléctricas, así como su ajuste, modificación y reestructuración.

Por lo antes expuesto nos permitimos solicitar a esta Comisión Permanente que sea considerado de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, para que en términos por lo dispuesto en el articulo 31 de la Ley del Servicio Publico de Energía Eléctrica, procedan a fijar la tarifa eléctrica 1-E en los municipios fronterizos de ciudad Guerrero, Miguel Alemán y Camargo, del norte del estado de Tamaulipas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de febrero de 2004.--- Diputados Carlos Flores Rico y José M. Abadala de la Fuente.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Tercera Comisión.

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DISTRITO FEDERAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el senador Héctor Larios Córdoba, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a revertir el acuerdo publicado en la Gaceta del Distrito Federal el pasado 29 de enero, mediante el cual se establece como reservada y/o confidencial, toda la información sobre el distribuidor vial San Antonio y las demás obras que se llevan a cabo actualmente.

El senador Héctor Larios Córdoba:

Con el permiso de la Presidencia:

En la consolidación de la democracia existe un elemento que resulta indispensable, la transparencia y contrariamente al sentir general, la transparencia no es solamente una herramienta para combatir la corrupción, es ante todo, el mecanismo que posibilita la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la evaluación de sus autoridades.

Durante muchos años de autoritarismo, las autoridades gubernamentales se constituyeron en una ``caja negra'', prácticamente no era posible al ciudadano conocer ninguna información pública relevante; solamente hay que recordar que el Presidente de la República informaba cada año, una vez en su Informe, sobre el monto de las reservas internacionales. Hoy, cualquier ciudadano puede conocer esta información actualizada al día.

En el Distrito Federal, los trabajos por tener una ley y mecanismos que garantizaran a los ciudadanos de la ciudad el acceso a la información inició en diciembre de 2001, con la presentación de una iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; en diciembre del 2002, un año después, se aprobó el dictamen por unanimidad en el pleno de la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, el 28 de enero del 2003, el Jefe de Gobierno, vetó la promulgación de la ley y la regresó a la Asamblea con observaciones, estas observaciones fundamentalmente restaban facultades al Consejo de Información Pública del Distrito Federal. La Asamblea consideró algunas de estas observaciones del Jefe de Gobierno y volvió a aprobar, ahora con mayoría calificada, un nuevo dictamen que fue remitido al Jefe de Gobierno para su promulgación; sin embargo, de nueva cuenta, el Jefe de Gobierno, amante de la transparencia, presentó ante la Suprema Corte el 8 de mayo una controversia constitucional para la no instalación del Consejo de la Información y la designación de los consejeros. En aquel entonces afirmó que estaba en contra de que los integrantes del Consejo de la Información del Distrito Federal, percibieran sueldos y le costaran a la ciudad, sueldos que iban del orden de 50 a 60 mil pesos.

Es claro hoy que su objetivo no eran los ahorros para la ciudad, sino obstaculizar el acceso a la información pública; hoy, hasta su chofer gana más que lo que gana un consejero del Consejo de Información del Distrito Federal y en conjunto, el Consejo representa menos erogaciones que las erogaciones que hace el Distrito Federal para la familia del chofer.

Para entonces, la Suprema Corte resolvió a final de cuentas en noviembre de 2003, que la suspensión, retraso o impedimento en la instalación del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, contraviene las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, como lo es el derecho a la información y ordenó su instalación; sin embargo, para entonces ya había cambiado la composición de la Asamblea Legislativa y el PRD, en la Asamblea Legislativa, promovió una contrarreforma a la ley aprobada que nunca pudo entrar en vigor y ahora aprobaron un nuevo dictamen con esta contrarreforma y la ley finalmente fue publicada en diciembre del 2003.

De acuerdo con esta ley, ahora los entes públicos tienen que definir qué información, con base en la ley, se considera clasificada, que no puede darse acceso al ciudadano a esta información; y el pasado 29 de enero, entre otros de los entes públicos, la Secretaría de Obras y Servicios, emitió un acuerdo en el que establece que es información de acceso restringido por los próximos 10 años, todo lo que se refiere a las actas y a los archivos del Comité de Obras, lo mismo del Subcomité de Adquisiciones.

Con estos acuerdos se vuelve prácticamente nugatorio el derecho de acceso a la información pública a los habitantes de la Ciudad de México; con estas trampas, por ejemplo, la Secretaría de Obras y Servicios, convierte en información reservada, casi confidencial, hasta el 2014, las actas de estos comités y subcomités. Esto, junto con el acuerdo que tomó la Contraloría respecto a la restricción de información, pues hace totalmente de la ley una figura decorativa que no va a operar.

¿Qué es lo que se pretende ocultar?, ¿los procesos mediante los cuales se adjudican las obras? Violando el Código Financiero, todos lo sabemos, se hizo el distribuidor vial de San Antonio, ni siquiera existía una manifestación de impacto ambiental como se establece en la ley. La obra ya se concluyó, ¿a quién se va a ocasionar daño y a quién se le va a dar ventaja si se sabe, con qué montos se asignaron los contratos?, ¿cuáles son los resultados de los peritajes cuando fallaron las varillas en las columnas?, ¿cuáles son los resultados de las pruebas de calidad que se hicieron a estas obras que se realizaron con mucha premura y que incluso la premura, la prisa, costó la vida de seres humanos?, ¿por qué la ciudadanía no puede conocer los resultados de todas estas informaciones o de las adquisiciones? El único argumento que presentan es que daría ventaja a otros ciudadanos, pues, claro, daría ventaja a la ciudadanía en general el que se supiera a cuánto asciende, sería fundamental conocer para que bajaran los costos de las obras.

En consecuencia, presento a consideración la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a revertir el acuerdo publicado en la Gaceta del Gobierno de la ciudad el pasado 29 de enero, mediante el cual se establece como reservada toda la información sobre el distribuidor vial San Antonio y las demás obras viales que se llevan a cabo actualmente y que impedirá que la ciudadanía conozca hasta el 2014 todo lo relativo a contratos, precios unitarios, estudios de seguridad y demás sobre esas importantes obras.

Asimismo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a circunscribir la clasificación e información a los casos que estipula la ley, en donde se afecta la seguridad de personas, la seguridad nacional, genere daños a la economía del país o de la ciudad o atente contra la privacidad de las personas.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo.

En la consolidación de la democracia existe un elemento que resulta indispensable, la transparencia y contrariamente al sentir general la transparencia no es sólo una herramienta para combatir la corrupción gubernamental. Es ante todo el mecanismo que posibilita la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la evaluación de sus autoridades.

Durante muchos años de autoritarismo las autoridades gubernamentales se constituyeron en una caja negra, prácticamente no era posible al ciudadano conocer ninguna información pública relevante. Baste recordar que el Presidente de la República informaba una vez al año en su informe el monto de las reservas internacionales, hoy cualquier ciudadano puede conocer esta información al día.

En el Distrito Federal los trabajos por tener una ley y mecanismos que garantizaran a los ciudadanos el acceso a la información inició en diciembre de 2001 con la presentación de una iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. En diciembre de 2002 se aprobó el dictamen por unanimidad en el pleno de la Asamblea Legislativa.

Pero el 28 de enero de 2003 el Jefe de Gobierno vetó la promulgación de la ley y la regresó a la Asamblea con un conjunto de observaciones que restaban facultades al Consejo de Información Pública del Distrito Federal. La Asamblea consideró algunas de las observaciones del Jefe de Gobierno y aprobó un nuevo dictamen con votación calificada.

Pero el Jefe de Gobierno el 8 de mayo de 2003 presentó ante la Suprema Corte una controversia constitucional por la designación de los consejeros ciudadanos.

En aquel entonces afirmaba que estaba en contra de que los integrantes del consejo le costaran a la ciudad sueldos de 50 a 60 mil pesos. Hoy queda claro que su objetivo no era los ahorros, sino obstaculizar el acceso a la información pública, hasta su chofer gana mayor sueldo que ésos y en conjunto el consejo percibe menos recursos que lo que recibe toda la familia del chofer del Jefe de Gobierno.

Finalmente en noviembre de 2003 la Suprema Corte resolvió que la suspensión, retraso o impedimento en la instalación del Consejo de Información Pública del Distrito Federal contraviene las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, como lo es el derecho a la información y ordenó su instalación.

Para entonces ya había cambiado la Asamblea Legislativa y el PRD promovió una contrarreforma de la ley aprobada y no implementada. Para ser nuevamente aprobada y ahora sí promulgada en diciembre de 2003.

Ahora con esta ley se publica el pasado 29 de enero por parte de la Secretaría de Obras y Servicios un acuerdo que establece la información de acceso restringido, al igual que lo han venido haciendo los diferentes entes de gobierno que están obligados por la ley de transparencia.

Pero con estos acuerdos se vuelve prácticamente nugatorio el derecho de acceso a la información pública de los habitantes de la Ciudad de México.

Por ejemplo, la Secretaría de Obras y Servicios convierte en información reservada y/o confidencial hasta el 2014, las actas del Comité Central de Obras del Distrito Federal y de los subcomités de obras. Esto en razón de que puede generar ventaja para alguna persona física o moral.

Lo mismo sucede con las actas del comité de adquisiciones.

Esto junto con el acuerdo de restricción de información de la Contraloría es una negativa velada para que se pueda acceder a la información, por ejemplo, de las obras públicas.

Que se pretende, ocultar los procesos mediante los cuales se adjudican las obras, violando el código financiero como todos lo sabemos se hizo en el distribuidor vial San Antonio, en donde ni siquiera existía manifestación de impacto ambiental.

La obra ya se concluyó a quien ocasionaría ventaja el conocer los precios de cada uno de los contratos que se asignaron, porque no se pueden conocer los peritajes que se realizaron después de que fallaron las varillas de las columnas.

Porque la ciudadanía no puede conocer los resultados de las pruebas de calidad que se debieron haber realizado cuando la obra se concluía con prisas que hasta vida costaron.

Que se pretende ocultar. Lo que ha hecho el Gobierno del Distrito Federal es un atentado contra la democracia en la ciudad, impedir en los hechos el acceso a la información pública. Después de impedir que entrara en vigor una ley que fue aprobada por unanimidad; hasta lograr su contrarreforma y ahora con acuerdos hacen que la ley sea prácticamente de tipo decorativo.

Es claro que se debe restringir la información que afecte al derecho de privacidad de las personas, que pueda ocasionar daños económicos al país o a la ciudad, que ponga en riesgo la seguridad de las personas o de la ciudad. Pero no puede restringirse porque ponga en riesgo la imagen de un gobierno que se distingue por engañar.

Por lo anteriormente expuesto, presento al pleno de la Comisión Permanente, con la solicitud de que sea considerado de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a revertir el acuerdo publicado en la Gaceta del Gobierno de la ciudad el pasado 29 de enero mediante el cual se establece como ``reservada y lo confidencial'' toda la información sobre el distribuidor vial San Antonio y las demás obras viales que se llevan a cabo actualmente y que impedirá que la ciudadanía conozca hasta el 2014 todo lo relativo a contratos, precios unitarios, estudios de seguridad y demás sobre estas importantes obras.

Asimismo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a circunscribir la clasificación de información a los casos que afecte a la seguridad nacional, genere daños a la economía del país o de la ciudad o atente contra la privacidad de personas.

Dado en el salón de sesiones, a 11 de febrero de 2004.--- Senador Héctor Larios Córdova.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor legislador.

Primero sigo, diputada Dolores Padierna, el procedimiento de urgente resolución.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se considera de urgente resolución, en consecuencia está a discusión la proposición.

Esta Presidencia tiene registrados para hablar en el proceso de discusión en este tema al señor diputado Luis Antonio González Roldán y a la diputada Dolores Padierna Luna.

¿En pro? Lo registramos, señor diputado Döring.

Quiero preguntarle a la diputada Dolores Padierna, si su registro es ¿en contra? ¿Es en pro?

Perdóneme, en los términos del 122 nada más puedo conceder el uso de la palabra a los dos primeramente registrados.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Luis Antonio González Roldán:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

No obstante la existencia de leyes y reglamentos que obligan al gobierno central de la Ciudad de México a cumplir con la transparencia en el uso de los recursos y la información, la discrecionalidad y el ocultamiento vuelven hacerse evidentes.

Con el acuerdo publicado en la Gaceta de Gobierno de la Ciudad de México, el pasado 29 de enero, mediante el cual se establece como reservada y/o confidencial toda la información sobre las obras, es decir, sobre el distribuidor vial San Antonio y las demás obras viales que se llevan a cabo actualmente, se hace evidente que la transparencia y la rendición de cuentas son cualidades ajenas al gobierno populista e irreponsable que gobierna esta gran ciudad.

Este acuerdo confirma la fiera oposición del Jefe de Gobierno a la Ley de Transparencia y genera dudas y suspicacias sobre el costo que tendrán que asumir los habitantes de la ciudad y sobre los criterios bajo los cuales fueron concesionadas estas obras.

No debemos olvidar que la deuda del Distrito Federal ha venido creciendo de manera preocupante, los datos indican que para finales del 2003 la deuda ascendía a cerca de 42 mil millones de pesos, nivel insostenible que se convierte en un serio peligro para la sustentabilidad de las finanzas públicas del Distrito Federal; sin embargo, seguimos ocultando información donde se destinan diversos recursos públicos.

Adicional a lo anterior este acuerdo violenta de manera deliberada una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal demasiado cuestionada.

En lo particular, con relación a sus artículos 1º, 3º, 4º, 5º y en especial el artículo 9º que a la letra estatuye: ``el libre acceso a la información debe contribuir a mejorar el nivel de vida de las personas, optimizar el nivel de participación ciudadana en la vida comunitaria y en la toma de decisiones; garantizar el principio democrático de publicidad de los actos de gobierno del Distrito Federal; favorecer la rendición de cuentas y contribuir a la democratización y plena vigencia del Estado de Derecho''.

Por lo anterior el Partido Verde Ecologista de México, se suma al exhorto que hoy se hace desde esta Comisión Permanente para que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal dé marcha atrás y permita que la ciudadanía conozca todo lo relativo a licitaciones, contratos, estudios de seguridad y todo lo relacionado con los compromisos financieros adquiridos y el manejo de recursos derivados de estas importantes obras y que omita su irresponsabilidad en la conducción del Gobierno del Distrito Federal.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra para hablar en pro, la diputada Dolores Padierna Luna.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

Gracias, señor Presidente:

El tema, el asunto que trajo a esta tribuna el senador Larios, es de enorme importancia porque como él bien lo comenta, la transparencia es un derecho de los ciudadanos inalienable; la gente tiene el derecho de conocer toda la información pública.

Sin embargo, a la Gaceta a la que hace mención el senador, fue publicada por la Contraloría General del Distrito Federal y como él es un buen conocedor de la ley, sabrá que la Ley de Transparencia, la federal, la local y las poquitas que se han emitido en la República señalan con toda claridad que cada dependencia está obligada a publicar la información de su dependencia. La Contraloría no hace obras, no hace obras públicas, no está obligada a informar de las obras públicas; quien lo debe de hacer es quien realiza la obra.

Lo que está diciendo la Gaceta de la Contraloría General es que está auditando y mientras esté el procedimiento y no se termine la auditoría, no se podrá hacer la información pública. Una dependencia no puede informar lo de otra dependencia. La información que se genera en cada área debe de ser informada en el área correspondiente.

La Contraloría hace auditorías, hace estudios de legalidad, vigila que los procesos se apeguen a la norma, inhabilita a las empresas que incumplan o incurran en faltas etcétera. Pero aquí lo que se está hablando de las obras del distribuidor vial y otras obras, han sido hiperpúblicas...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, suspendan el marcaje.

Un momento, diputada.

Señor senador Larios, ¿con qué propósito?

El senador Héctor Larios Córdova (desde su curul):

Con el propósito de solicitar autorización para hacer una interpelación a la oradora.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Acepta diputada Dolores Padierna?

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

Claro que sí, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante, la Presidencia también lo acepta.

El senador Héctor Larios Córdova (desde su curul):

Diputada, simplemente preguntarle si está consciente de que en la Gaceta del 29 de enero no solamente se publica la restricción de información de la Contraloría, sino también y va en primer lugar, la Secretaría de Obras y Servicios, que es a la que me refirió la restricción de información sobre obras públicas.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

Mire, las obras a las que usted alude, que son el distribuidor vial, varias obras que ahí aparecen señaladas, las hace el llamado Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación. Este fideicomiso es de carácter público y por ser de carácter público se tiene que vigilar y auditar incluso por auditores externos y debe de ser quien informe de todas las obras que va realizando.

Es un tema, senador Larios, que a lo largo de por lo menos dos años, estuvo en los medios de comunicación todos los días, al grado que cuando iba a comenzar la obra se pidió que los medios de comunicación estuvieran presentes desde el inicio hasta la apertura de los sobres para ver quién ganaba el contrato de la obra y han dado seguimiento puntual cada día los propios medios de comunicación, a los cuales se les invitó como observadores para cuidar y vigilar la transparencia y la legalidad de esta obra.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Continúe el marcaje.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

Bien.

Entonces yo lo que quisiera comentarles es que ¡en el caso del Distrito Federal todas las licitaciones, de todas las obras públicas, son abiertas! ¡A los ciudadanos, contralores, si alguien aquí lo solicita puede estar presente y además se publican los resultados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal! ¡Pero además se informan en cada informe trimestral que se le entrega a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal! ¡Y además está detallada, si ustedes lo revisan, pero al detalle en la Cuenta Pública 2001, que es la que se revisa; la 2002 que ya se entregó y parte de la 2003 que también ya se adelantó!

¡Además como tiene como fiduciario a Banobras, también a Banobras, que gobierna el PAN, también a Banobras se le entrega cada tres meses la información al detalle de todas y cada una de las obras que están referidas!

¡También quisiera comentar que cuando concluyan las obras de nueva cuenta tendrá que publicarse, como lo ordena la Ley de Transparencia, una vez más y dando puntual cuenta del resumen o la totalidad de la obra que ha lugar!

En el 2002, senador Larios, el PRI y el PAN todo el trienio pasado hicieron mayoría en la Asamblea y solicitaron una auditoría al distribuidor vial y por ser un fideicomiso público lo hizo un auditor externo: el despacho Galaz Yamasaki y ese resultado se publica, está publicado en la página de Internet y fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Y quiero decirles que el ocultamiento de información está en otras áreas, está en otras dependencias. Pero quisiera precisar un punto que decía el senador en el caso de la Ley de Transparencia, dice que se reserva qué información sacar y qué información no sacar. Eso lo dice también la Ley de Transparencia Federal.

Aquí traigo la lista, hojas y hojas de lo que la Secretaría de Energía (Sener), no quiere hacer público.

Aquí traigo la lista de Condusef, que también es federal, no quiere hacer públicas hojas y hojas de información.

Y también el INEGI, por considerar información privilegiada etcétera.

Entonces quiero volverles a decir: ¡si buscan, no sé, influyentismo, ya se acabó en el Distrito Federal! ¡Las cuotas, los porcentajes que se recibían por cada obra pública que hacían los anteriores regentes y que eran una desviación para el enriquecimiento personal, eso ya se acabó!

Apoyamos el punto de acuerdo del senador Larios porque se tiene que hacer público, lo público debe ser público.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se le agotó el tiempo, diputada.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

Y simplemente terminaría diciendo que el propio senador no ha querido entregar a la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente un punto de acuerdo que aprobamos para su discusión y quiere seguir ocultando el rescate bancario.

¡Igual está el aeropuerto de Querétaro, que es un meganegocio de Diego Fernández de Cevallos!

En fin, hay una lista de ``Amigos de Fox'', ``Vamos México''. Ahí hay que buscar la discrecionalidad y el abuso.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Terminó el tiempo, señor, pero haré una excepción si la diputada acepta la interpelación.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

Claro que sí.

El senador Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):

Nada más, cuando se refiere a los anteriores regentes es a Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

A los anteriores regentes. Si usted sabe muy bien los términos, porque usted es un buen legislador, ¡regente es la figura que nombraba el Presidente de la República de a dedazo! Pero en cuanto comienzan a ser jefes de Gobierno del Distrito Federal es cuando los elige el pueblo, que es el caso del ingeniero Cárdenas.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Entonces se abre un segundo turno de oradores.

Tengo registrados al señor senador David Jiménez González y al señor diputado, perdón, antes de David Jiménez González, al señor diputado Federico Döring Casar, para hablar en pro.

Tiene el uso de la palabra Federico Döring.

El diputado Federico Döring Casar:

Con su venia; señor Presidente:

Yo me voy a referir al tema, porque para este tema sí tenemos argumentos y no necesitamos distraer la atención con otros temas.

Lo primero que hay que decir es que ciertamente el tema del distribuidor vial es un tema que se ventiló en la Asamblea Legislativa, de la cual fui integrante durante mucho tiempo. Tengo en mi poder un punto de acuerdo en el cual se requirió información al Gobierno del Distrito Federal de fecha 5 de febrero y otro de fecha 23 de abril del 2002, mismos que nunca fueron honrados por el Ejecutivo y nunca se remitió la información básica que detalla para una obra de esta naturaleza; el Código Financiero, la Ley de Obras, la Ley de Adquisiciones y el decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal. Así que el asunto de la opacidad y la falta de información y transparencia en materia de obra pública en el Distrito Federal, no es algo nuevo, no es algo que date de la promulgación en la Gaceta.

Y el asunto que trae la diputada Padierna merece varias explicaciones.

Primero, es falsa la transparencia, porque la Gaceta no sólo consigna los acuerdos de la Secretaría de Obras sino los de la Contraloría. Entre lo que no es público en términos de la información reservada que ha señalado la Contraloría, son los informes de resultados de las auditorías, aunque ella venga a esta tribuna a decir que es información pública, porque en el acuerdo de la Gaceta está como reservado.

Y entre otras cosas que contiene el acuerdo de la Gaceta, tiene información reservada con fundamento en la fracción VI del artículo 24. El artículo 24 que existía en la Gaceta del 8 de mayo del 2003, en la ley original que vetó el Jefe de Gobierno, pero que ya no existe en la Gaceta del 31 de diciembre del 2003, después de la contrarreforma que se dio en la Asamblea Legislativa; así es que hay una serie de inconsistencias, porque ni siquiera tuvieron la atingencia de fundar y motivar adecuadamente la materia que quisieron reservar.

Pero si analizamos la materia en discusión, el artículo 16 de la ley en vigor expresamente dice que toda la información relativa a las obras públicas es de naturaleza pública y detalla que tiene que consignar el monto, la obra, quién es la empresa ejecutora, la empresa revisora, si hay una auditoría, la obra cuál sea el informe, el importe de la obra, el plazo de ejecución y de ahí que haya un contrasentido en que se pretenda que sea reservada la información en materia de obra pública, cuando la propia ley tiene una disposición expresa que dice que es de naturaleza pública.

Y también pasa lo mismo con el artículo 18 de la ley vigente, que dice que toda la información de los informes de resultados, valga la redundancia, de la Cuenta Pública, será de materia pública. Ella viene aquí a hablar de una auditoría externa que se le hizo al Fideicomiso para el Mejoramiento de Vialidades por parte de un auditor externo y esa información en términos del acuerdo también se consigna como reservada; así es que ése es el doble discurso.

También lo que hay que dejar muy claro, es que si esta obra se hizo a través de un fideicomiso en violación flagrante al artículo 1o., de la Ley de Obras del DF, que dice que no se puede hacer obra pública a través de un fideicomiso porque tendría por objeto éste el sustraerse a las disposiciones de la ley de la materia, fue precisamente porque el Secretario de Obras, César Buenrostro, nunca compartió el proyecto y el único recoveco administrativo que tuvieron para poder zanjar un proyecto que nació y se dio en la clandestinidad, fue la creación de un fideicomiso violatorio de la Ley de Obras. Y éste es el asunto al que hay que...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento señor diputado Döring.

Suspendan el marcaje.

¿Con qué propósito, diputado?

El diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez (desde su curul):

Con el de consultar si puedo hacer una interpelación.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Acepta, diputado Döring?

El diputado Federico Döring Casar:

Por supuesto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante.

El diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez (desde su curul):

Señor diputado, estamos hablando sobre la información que debe ser pública, los resultados, los análisis, pero usted está señalando que desde la elaboración de los proyectos que todo esto desde su origen dice usted ``en la clandestinidad'', ¿a qué se refiere usted con esa afirmación?

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante diputado Döring.

El diputado Federico Döring Casar:

Gracias, señor Presidente.

Me refiero a la clandestinidad en la obra, porque como todos ustedes recordarán es una obra que no venía contenida en el proyecto original de Presupuesto para Egresos del 2002, es una obra que se dio a conocer en los medios de comunicación y que no era materia del presupuesto que estaba en deliberación en la Asamblea.

Para esta obra originalmente no había proyecto ejecutivo, no adquiría dictamen de cálculo estructural, a todos creo que nos recuerda que cuando había un dictamen de impacto ambiental que se hizo en cuatro días, en cuatro cortos días, éste no era accesible en términos de los ciudadanos porque se tenía que consultar, insisto, en la Secretaría del Medio Ambiente y no se podían solicitar fotocopias del dictamen de impacto ambiental, es un proyecto que se dio sobre las rodillas porque originalmente valía 2 mil millones de pesos según el Jefe de Gobierno y en la primer corrida de licitación, las más bajas ofertas económicas eran de 8 mil millones de pesos y eso es lo que lo vino a cancelar y a postergar y a fragmentar porque se hizo sobre las rodillas, eso es la clandestinidad de un proyecto...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Continúe el marcaje de tiempo.

El diputado Federico Döring Casar:

Sí... que no tenía sustento ni programático ni técnico y que salió, que es lo que creemos que se está ocultando.

Hay un dolo al tratar de evitar que se sepa cómo es que se dio el proyecto, de dónde se hicieron las transferencias de recursos para financiarlo, cuáles fueron las empresas ejecutoras y revisoras de la obra; no hay información pública, aunque se diga aquí mentiras, de cuál fue el dictamen que se hizo cuando se doblaron las varillas del distribuidor vial y cuál fue la causal para que se doblaran las varillas, eso no es información pública.

Tampoco hay información pública sobre la resistencia sísmica al distribuidor vial después del incidente cuando ``la ballena'' chocó una de las principales columnas y que demoró, pero en el fondo del asunto la inconsistencia en el discurso del PRD y del Jefe de Gobierno porque hubo un capricho político en adelantar la obra y entregarla aunque todavía no estaba útil para los vehículos, para poder cumplir con los plazos del Código Electoral del DF y entregarla antes del plazo que señala la ley aunque no servía y se decía que era público y lo que antes era público, ahora es oscuro, ahora es opaco.

Y ya lo dijo el senador Larios, el Jefe de Gobierno es el único gobernante de este país que ha vetado una Ley de Transparencia y la vetó con el prurito del impacto presupuestal y ahora resulta que su chofer gana más que los garantes del acceso a la información en el DF, ahora resulta que su chofer es más garante de combate a la corrupción y de transparencia en el DF que el órgano que mandata la ley.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias. Para contestar alusiones, sí le doy el uso de la palabra diputada Dolores Padierna, adelante.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

Diputado Döring, usted era diputado local los tres años anteriores y lo que se nota de su intervención es de que no leía los informes trimestrales; que tampoco estudió la cuenta pública única que le tocó revisar a pesar de estar en esas comisiones; se desprende y es obvio que el diputado no leyó porque si algo se cuidó en detallar por todo el escándalo que armaron desde la Asamblea, justamente fue el distribuidor vial.

Entonces, ahí aparecen páginas y páginas donde a grado de centavos era... yo sí leí, aunque yo no era diputada y usted no entiendo porque no... o a lo mejor no les entiende bien a los datos.

Usted dice que no se entregó el resultado de la auditoría, pero, ¿dónde cree que no se va a entregar?, se publicó en la página de Internet y salió publicado en la Gaceta Oficial; esos documentos no se pueden inventar, están a la vista. ¿cómo usted dice que no se publicó? Bueno, el mentiroso es usted pero la realidad se impone, ahí está la Gaceta, ahí está la página de Internet, léala, véala por favor.

Ahora decirle, quien hizo persecución fueron los diputados, no hay modo todo lo ven político, todo lo quieren hacer ruido, solamente para esto sí, es que se comportaron como francotiradores, no como diputados y eso no creo que ocurra en ningún lado.

Pero usted dice que los proyectos ejecutivos no se conocieron, que el dictamen y peritaje de no sé qué y qué todo se puso a la vista pero además está a la vista y yo agregaría al punto de acuerdo del senador Larios, que se forme una comisión que vaya y revise todos los proyectos que los sepan, que sean ingenieros, arquitectos, los que saben de eso y no Döring porque a lo mejor lo que él ve cree que está mal pero si no es ingeniero, si no es arquitecto, si no es técnico especializado en esas cosas, pues no le va a entender.

Y vuelvo a decir, estuvieron presentes los medios de comunicación y al minuto en que se abrieron los sobres y salió cual fue la empresa que ganó, se supo a los dos minutos en que se hizo el concurso y salió publicado en todos los medios de comunicación, a lo mejor tampoco el periódico lee, y yo diría no es capricho hacer el distribuidor vial, es una necesidad de una megalópolis como la Ciudad de México y además un compromiso del Jefe de Gobierno ante la ciudadanía de desarrollar obras viales y está cumpliendo con esa obligatoriedad.

Y a propósito de la Ley de Transparencia, el veto que hizo el Jefe de Gobierno a esta ley, era por el procedimiento, ése sí oculto, discrecional, en lo oscurito, que hicieron sobre todo los diputados del PAN, los diputados locales de decidir de a dedazo, quienes iban a integrar el consejo. Bueno, ¿dónde creen, creen que nacimos ayer?, o ¿qué les pasa? Como que ustedes van a decidir quienes integran un consejo, pero además sí había salarios enormes para los que integrarían ese consejo.

Y vuelvo a decirles que Nicolás Mollinedo no es chofer, es coordinador de área, que a propósito de salarios, los coordinadores en la Presidencia y en el Gobierno Federal ganan 140 mil 808 pesos mensuales, a diferencia de lo que se recibe en el DF, que son de 60 mil pesos, pero hay qué ver lo que ganan en Querétaro, lo que ganan en Nuevo León y vamos a traer aquí, a propósito del federalismo los datos de cada entidad. Estamos estudiando, así como ustedes ven lo del DF, vamos a traer aquí, muchos ejemplos de verdadera discrecionalidad, cajas negras en entidades federativas, en municipios.

Simplemente quisiera decirles que los entes públicos seleccionan la información, eso está en la ley aprobada por el Congreso de la Unión y de ahí se desprenden las leyes locales y han tomado como reserva nada más, lo que pueda afectar algún procedimiento. De ahí en fuera, en el caso del DF, no tenemos nada que ocultar, nada de que avergonzarnos y sí mucho de que presumir.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Con qué propósito, diputado Döring?

El diputado Federico Döring Casar (desde su curul):

Para contestar alusiones personales.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante, para contestar alusiones.

El diputado Federico Döring Casar:

Con su venia, señor Presidente:

En primer término, habría que agradecer la cátedra de ingeniería civil que me prodiga, quien tampoco tiene un título en la materia, pero hay que hacer varias precisiones al respecto.

Primer asunto. Por supuesto, que fui diputado local y por supuesto que conozco el tema y cuando revisábamos las cuentas públicas descubrimos, entre otras cosas, las irregularidades de Rosario Robles, que se consignaron en la Cuenta Pública y que se rasuraron en la casa de Carlos Ahumada con la connivencia del entonces presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, el perredista Armando Quintero y que fueron confirmadas con la inhabilitación por un año de Porfirio Barbosa y de otros funcionarios de primer nivel que después terminaron en el flamante gobierno de Michoacán. Así que sí, revisamos la Cuenta Pública.

Pero a propósito de la Cuenta Pública habría que revisar como se conduce hoy día la mayoría perredista en la Asamblea. Una de las primeras reformas que pasó la mayoría perredista en la Asamblea fue eliminar el informe previo que se rendía con la Cuenta Pública, para sólo dejar el informe de resultados, ¿para qué?, para que ahora sí puedan rasurar en lo oscurito a discreción todos los informes previos de la revisión de la Cuenta Pública.

Sobre lo que yo dije de la auditoría externa, yo no dije que no se había publicado. Lo que dije es que ese tipo de auditorías externas, están consignadas en el acuerdo de la Gaceta como materia reservada, eso fue lo que yo dije, habría que escuchar con mayor precisión lo que se viene a decir a la tribuna.

Y sobre el asunto de este jefe de unidad que trabaja como chofer, la realidad del asunto es que sigue ganando más que los garantes del acceso a la información, se les llame como se les llame. Sí ellos iban a tener una percepción de 62 mil pesos, es porque en términos de la ley estaban homologados a lo que es el salario de un magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la legislación local; que es el mismo símil que aplica en la legislación federal. No estamos inventado el agua tibia, estábamos retomando la figura de la legislación federal y por eso es que ahora resulta por demás irónico y contradictorio que este jefe de unidad que trabaja como chofer todos los días, gane más que los magistrados del Contencioso Administrativo del Distrito Federal, si no se quiere equiparar con los garantes del acceso de la información en el Distrito Federal.

Y lo más importante, se dice que la ley se hizo en la clandestinidad. ¿Se les olvida acaso que fue los medios de comunicación los que expusieron, que el ministro de la Suprema Corte ponente, que estaba conociendo de la controversia, igual el único gobernante de este país que ha entablado una controversia constitucional para mantener la opacidad fue Andrés Manuel López Obrador y el ministro Molinete, en flagrante violación al artículo 15 de la ley reglamentaria a las fracciones I y II del 105 y a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial al reconocerse públicamente como amigo del Jefe de Gobierno, se dispensara en reuniones fuera de su oficina para tratar con el Jefe de Gobierno la materia de la controversia y ésa fue la causal por la cual le fue retirada la suspensión al Gobierno del Distrito Federal y le fue retirado al ministro ponente el conocimiento del caso que nos ocupa, así es que si alguien va a venir aquí a hablar de cómo en lo oscurito se hacen acuerdos, primero hay que revisar con quién desa-yuna y con quién come el Jefe de Gobierno y con qué amistades viola la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra para contestar alusiones personales, el señor diputado Manuel Camacho Solís.

El diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Con su venia, señor Presidente; distinguidas y distinguidos legisladores:

Estoy a favor de la transparencia en todos los casos. La transparencia es o general o no existe. Es decir, es aplicable al DF, al Gobierno Federal, a las obras del distribuidor, al Fobaproa, a todo.

Hay un asunto de fondo que aquí se discute, que es el de la honestidad del actual Jefe del Gobierno de la ciudad y el de la honestidad de quien fue entre en 1988 y 1993 Jefe del Departamento del Distrito Federal.

Ustedes saben que Andrés Manuel López Obrador es un hombre honesto y además saben que las obras que están haciendo cuentan con el apoyo de los ciudadanos.

Pero el punto que quiero aquí fijar es el que se refiere a mi persona. Quiero decirles que mi gobierno fue un gobierno honesto; no sólo en ese momento tengo una larga vida...

El senador Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):

Me acepta una interpelación el orador.

El diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

...No acepto en este momento una interpelación.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

No la acepta, senador.

El diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Después, al final con mucho gusto.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

No se permiten diálogos.

El diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

No sólo como Jefe del Gobierno de la ciudad, sino que me ha tocado llevar una de las carreras políticas más largas de los que estamos aquí presentes. Y me ha tocado manejar los mayores presupuestos que ha habido en el país y puedo decirlo de manera muy clara, que no existe un empresario, un ciudadano y no ha existido un solo gobierno habiendo tenido a presidentes de enemigos políticos personales, que pueda haber sostenido, demostrado o siquiera dicho que alguna vez en mi vida recibí una comisión o que alguna vez en mi vida participé en algún negocio privado. Para mí la política y los negocios son cosas distintas y eso lo aprendí de joven y así me voy a morir.

Pero no sólo fue mi gobierno un gobierno honesto, sino que también fue un gobierno eficaz, para beneficio de la ciudad y fue eficaz porque goberné con todas las fuerzas políticas del país, en acuerdos permanentes.

El senador Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):

Para una moción, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

A ver, ¿en qué consiste la moción?

El senador Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):

Por las atribuciones que me concede la Ley Orgánica.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El 105, ¿cuál es el problema?

El senador Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):

Yo le suplicaría que le señale al señor orador que se someta al tema que está a discusión.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Perdóneme señor senador Rodríguez Prats, pero en opinión de la Presidencia está refiriéndose a las alusiones de que fue objeto, y en esos términos fue pedido y concedido el uso de la palabra.

Continúe, señor diputado Camacho Solís.

El diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Fue un gobierno eficaz. Con el apoyo de todas las fuerzas políticas le dejamos a esta ciudad las finanzas públicas más sólidas que había en el país y dejamos a la ciudad sin deuda.

Hicimos grandes obras de infraestructura desde Metro, drenajes profundos, Xochimilco, Zaragozas, pero también hubo un gran avance institucional. Y gracias a que se pudo hacer un trabajo con amplios respaldos ciudadanos y políticos, pudimos entre todos hacer una de las grandes reformas políticas que hubo en el país, que fue democratizar el Distrito Federal.

Yo espero que si estamos hablando de honestidad en este momento, quienes hoy somos diputados y senadores podamos antes de que dejemos de serlo, dejarle a la nación una contribución de fondo sobre el tema de la transparencia y la rendición de cuentas.

Por eso los invito a todos ustedes a que en su momento trabajemos, hablemos, propongamos y hagamos un trabajo legislativo que permita reformar el Título Cuarto de la Constitución ``De las Responsabilidades de los Servidores Públicos'', para que ya no estemos hablando de los detalles, sino que nos vayamos al fondo, de hacer a los gobiernos que tenemos verdaderamente responsables, porque todavía no lo son muchos de manera suficiente.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado. ¿Acepta la interpelación una vez que ha terminado, señor diputado?

El diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Sí, con mucho gusto, con mucho gusto.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante, senador Rodríguez Prats.

El senador Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):

Señor diputado, tal como lo dice usted, siendo usted partidario de la transparencia y la honestidad, conteste nada más sí o no: ¿en el mes de septiembre de 1992 le proporcionó usted 9 mil millones de pesos, de viejos pesos, 9 millones de pesos de ahora, a Andrés Manuel López Obrador, por desalojar el Zócalo en ese año, en el mes de septiembre de 1992?

El diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Señor senador, la respuesta ``sí'' y ``no'', están buenas para un reportero, pero no para un legislador que quiere conocer los hechos.

Le voy a decir las cosas, porque si puedo hablar con claridad sobre ese tema, puedo hablar sobre cualquiera, ése y el que usted quiera, aquí no hay problema, ésa es una gran ventaja de no tener colas después de tener una larga vida pública.

No le entregué yo a Andrés Manuel López Obrador ningún recurso, lo que hizo el Gobierno de la República, fue cumplir con compromisos que estaban establecidos y eso sí, con el visto bueno del resto de las secretarías que tenían intervención en esos asuntos. No fue una decisión del Jefe del Departamento del Distrito Federal, se cubrieron las indemnizaciones correspondientes a trabajadores que tenían derechos laborales y que Pemex estaba obligado, de acuerdo con el criterio del Secretario del Trabajo, en esa época, Arsenio Farell, de cubrir.

Nunca en mi vida le di un centavo a López Obrador, y porque supe de su honestidad, ahora tengo con él una relación de cercanía política; si no, jamás la tendría, señor senador.

El diputado Federico Döring Casar (desde su curul):

Señor Presidente, deseo hacer una interpelación al orador.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado, ha concluido... ¿acepta otra interpelación?

Adelante, diputado Döring.

El diputado Federico Döring Casar (desde su curul):

Si, diputado Camacho, en otro tenor completamente, yo quisiera preguntarle, en su carácter de diputado federal del PRD por el DF, recientemente el Gobierno del Distrito Federal contrató una compañía, cuya razón social es ``Retrofiting'', para que hiciera un estudio sobre la resistencia sísmica del distribuidor vial.

Yo quisiera preguntarle si usted cree que este tipo de información debiera ser pública y usted estaría de acuerdo en que este tipo de estudios, de evaluación a la resistencia sísmica de los distribuidores puedan ser públicos, porque me parece que es el tema que buscaba el senador Larios, centrar en materia de lo que debe ser público y no en cuanto a obra pública que realiza, con recursos federales, el Gobierno del Distrito Federal.

El diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Yo pienso que toda la información debe ser pública, como lo dije al principio, diputado y en el caso particular de información de esa naturaleza, hay que manejarla desde luego con prudencia, pero tiene que hacerse pública.

Ahora, no tengo elementos suficientes de información para contestarle técnicamente su pregunta, pero sí le puedo decir que desde luego, todo lo que podamos hacer en términos de aumentar la seguridad de las obras, de las estructuras de la ciudad, es lo que se tiene que hacer.

La senadora Cecilia Romero Castillo (desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Senadora Cecilia Romero.

La senadora Cecilia Romero Castillo (desde su curul):

Deseo hacer una pregunta al orador.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Acepta la interpelación de la senadora?

El diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Con mucho gusto, encantado.

La senadora Cecilia Romero Castillo (desde su curul):

Señor diputado, sólo una pregunta: en función de lo que usted acaba de decir, de que está de acuerdo en que toda la información debe ser pública, ¿quiere decir que usted votará a favor de este punto de acuerdo?

El diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Desde luego que voy a votar a favor.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutida la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada. Comuníquese.

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INGRESOS PETROLEROS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor senador Rafael Melgoza Radillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la metodología utilizada para la estimación de ingresos petroleros en el calendario trimestral de ingresos del sector público.

El senador Rafael Melgosa Radillo:

Gracias, señor Presidente; señoras legisladoras; señores legisladores.

Este punto de acuerdo que proponemos por parte del Partido de la Revolución Democrática el día de hoy y que se contiene en la Gaceta Parlamentaria, tiene como propósito fundamental el que esta soberanía cumpla mejor con su obligación de vigilar y revisar al Poder Ejecutivo Federal en el ejercicio y aplicación de los instrumentos jurídicos que contienen los ingresos y los egresos de la Federación aprobados por este Congreso.

Consideramos condición necesaria que para el proceso de revisión y dictaminación de las cuentas públicas rendidas por el Poder Ejecutivo Federal, se tomen como punto de partida los contenidos específicos de la Ley de Ingresos de la Federación, así como del Presupuesto de Egresos, que los informes, las cuentas de ingresos y de egresos rendidas, así como la vigilancia y fiscalización se dé en los tiempos y con las formas que la Constitución y la ley prevén.

El suscrito, senador Rafael Melgoza Radillo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 30 de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación, emitió en el Diario Oficial de la Federación el calendario trimestral de la estimación de ingresos para el ejercicio fiscal 2004. Dentro de ese documento aparecen cifras que no guardan una razón transparente, específicamente en lo relativo a diversos rubros de los ingresos petroleros.

Los tres derechos (sobre extracción, extraordinarios y adicionales) que paga Pemex por cada barril de petróleo se establecen en la Ley de Ingresos con tasas fijas y se concretarán a partir de la altura que alcancen los precios de esa materia prima en el mercado internacional. De tal manera que la proporción de cada uno de ellos debe mantener una correlación homogénea en los promedios trimestrales que se calculen; sin embargo, el documento oficial de referencia presenta diferencias en los tres derechos afectando, entre otras, las cantidades de recursos distribuibles a las entidades de la Federación.

Los aprovechamientos sobre rendimientos excedentes (ARE), por su parte, se calculan (39.2%) sobre la fracción del precio que rebase los veinte dólares por barril establecido por el Congreso en la propia Ley de Ingresos. En las estimaciones publicadas por la Secretaría de Hacienda se concentran los ingresos por este rubro, hasta en 75% de su recaudación anual, en el primer trimestre, lo que origina que en el último trimestre resulte una cifra negativa hasta por 760 millones de pesos.

Una de las conclusiones a que se pudiera llegar con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda es que se está asumiendo un desplome de los precios del petróleo en el segundo semestre del año; pero tal fenómeno tendría que registrarse también, en alguna magnitud, sobre los ingresos por concepto de derechos de extracción. No obstante, los derechos adicionales sobre extracción, que son distribuibles a los estados, su recaudación está estimada en 19% para el primer trimestre y 23% en el último trimestre.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración y aprobación del Pleno de esta Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión extiende una solicitud de información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que remita a esta soberanía el esquema metodológico utilizado para el cálculo de los ingresos públicos derivados de la extracción y exportación de petróleo, que se presenta en el Calendario Trimestral de la Estimación de Ingresos del Sector Público para el año 2004, publicado en el Diario Oficial el 30 de enero de 2004.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor senador.

Túrnese a la Tercera Comisión.

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FEMINICIDIOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a efecto de que informe a esta soberanía sobre el resultado y avance de las recomendaciones que se hicieron al Ejecutivo Federal en el caso de las muertas de Juárez.

El diputado Luis Antonio González Roldán:

Con su permiso, señor Presidente:

En atención a la comparecencia del señor Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a que se turnará a las comisiones respectivas, me permitiré única y exclusivamente dar lectura al punto de acuerdo que se somete

Punto de Acuerdo

Unico. Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a efecto de que informe al Pleno de esta soberanía sobre el resultado y los avances de las recomendaciones que se hicieron al Ejecutivo Federal en el caso de muertes en Juárez, así como las que se le formularon al Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de desabasto de medicamentos y negligencia médica.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- LIX Legislatura.--- Presente.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a informar a esta soberanía sobre el resultado y los avances de las recomendaciones formuladas al Ejecutivo Federal en el caso de las muertas de Juárez, a cargo de diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del PVEM.

El legislador que firma al calce, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

El día de hoy tenemos la presentación del informe que por ministerio de ley debe presentar el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien es, como todos sabemos, el garante de velar por que se respeten los derechos humanos en México.

Antes quiero referirme a los antecedentes de la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 13 de febrero de 1989, dentro de la Secretaría de Gobernación, se creó la Dirección General de Derechos Humanos. Un año más tarde, el 6 de junio de 1990 nació por decreto presidencial una institución denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose como un Organismo desconcentrado de dicha Secretaría. Posteriormente, mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, se adicionó el apartado B del artículo 102, elevando a la CNDH a rango constitucional y bajo la naturaleza jurídica de un Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dándose de esta forma el surgimiento del llamado Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos.

Finalmente, por medio de una reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, dicho Organismo Nacional se constituyó como una Institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria, modificándose la denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos por la de Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta reforma constituye un gran avance en la función del ombudsman en México, ya que le permite cumplir con su función de proteger y defender los Derechos Humanos de todos los mexicanos.

En cualquier sistema democrático es práctica reiterada, que los funcionarios públicos rindan al poder legislativo, y por ende al pueblo, el estado que guardan las instituciones que les fueron encargadas, esto es así, porque es necesario suministrarle transparencia al ejercicio del poder público.

La protección de los derechos humanos es un rubro que por encargo constitucional debe ser reconocido y respetado por las diversas instancias gubernamentales y en los tres niveles de gobierno.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México está comprometido con el cuidado y conservación del medio ambiente y con la construcción de una sociedad libre y justa.

Reconocemos el esfuerzo que se ha hecho en esta materia, sin embargo sentimos que falta mucho por hacer, pues no ha quedado claro la forma y términos, ni los resultados que han tenido las distintas recomendaciones que ha emitido el ombudsman de México a las autoridades en materia de: Salud, seguridad pública, seguridad jurídica, en materia ambiental, etcétera.

Como sabemos las recomendaciones que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen el carácter de públicas y se emiten con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular por parte de servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley; como de obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualesquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad cometida.

Por ejemplo, en materia de salud se han formulado infinidad de recomendaciones sobre todo en desabasto de medicinas y deficiente o nulo surtimiento de recetas médicas por parte de las farmacias del IMSS, así como también negligencia médica, de los galenos que prestan sus servicios en los hospitales del sector público.

El Legislativo y la sociedad tenemos el derecho de estar enterados de cuales fueron los resultados de las recomendaciones que se le hicieron al ejecutivo federal, respecto a las revisiones, en diciembre y enero pasado, de que fueron objeto nuestros connacionales que pretendían viajar hacia el vecino país del norte, por parte de los Agentes del FBI, en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Dichas revisiones fueron hechas de manera denigrante y a todas luces violatorias de los derechos humanos.

También la sociedad tiene derecho a ser informada sobre el resultado del informe presentado en Los Pinos, por el Presidente de la CNDH el 25 de noviembre pasado, respecto al caso de las ``muertas de Juárez'', en virtud que sólo sabemos, que el Presidente Fox, primero procedió a nombrar a una Comisionada y posteriormente se creo la Fiscalía Especial para la Atención de los delitos Relacionados con los homicidios de mujeres en el municipio de Ciudad Juárez. Consideramos que dichas medidas adoptadas por el ejecutivo son meros paliativos políticos; porque finalmente ambas instancias se bloquearían entre sí tal y como lo han declarado las organizaciones no gubernamentales vinculadas a la lucha de los familiares de víctimas de los feminicidios en ese municipio

Punto de Acuerdo

Unico. Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a efecto de que informe al pleno de esta Soberanía sobre el resultado y los avances de las recomendaciones que se le hicieron al Ejecutivo Federal en el caso ``muertes de Juárez'', así como las que se le formularon al Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de desa-basto de medicamentos y negligencia médica.

Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 11 días del mes de febrero de 2004.--- Dip. Luis Antonio González Roldán (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

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CISJORDANIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para una proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente se pronuncie a favor de la postura que el Ejecutivo Federal adoptó en la Asamblea General de la ONU, sobre la construcción del muro de seguridad que atraviesa Cisjordania.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:

Con su permiso, señor Presidente:

Como todos sabemos, la nación, el gobierno de Israel ha decidido defender su postura en el tema del muro de seguridad que atraviesa Cisjordania.

Después del veredicto a la Asamblea General de la ONU, en la que se dictaminó que el tema fuera discutido en la Corte Internacional de Justicia, Israel argumenta que dicha barrera es necesaria para defenderse de los continuos atentados perpetrados por las organizaciones armadas palestinas.

Dentro de los votos a favor de la resolución que indica la Corte Internacional de Justicia que atiende este tema, figuró el de México, hecho que generó desde luego no manifiesto oficialmente, de la diplomacia israelí.

El conflicto rebasa las circunstancias oficiales y se aproxima más a las viejas imágenes del muro de Berlín, edificado en la década de los 60, que más allá de definir fronteras separa familias, amigos y formas de vida.

El Gobierno de México actualmente tiene dos asuntos en la Corte Internacional: uno con Estados Unidos que se refiere precisamente a los que fueron condenados a muerte por ser violentados sus derechos internacionales. El otro es precisamente éste, que siguiendo la política internacional de este país, ha propuesto que sea precisamente en esta Corte, donde se trate este asunto.

Sucede por un lado también, que actualmente la Corte se encuentra vacante, no tenemos un representante porque no se tiene, hasta donde sabemos, la propuesta de quién va a ocupar este lugar y esta posición tan importante.

Hemos repartido un documento sobre este asunto para un mayor entendimiento. Se trata pues de un muro de más de 750 kilómetros y que no se está construyendo dentro de los terrenos que fueron pactados en los acuerdos previos entre ambos países. Es quizá la obra, la mayor construcción que ha hecho el gobierno de Israel en los últimos 56 años. Hay 500 buldozers. El pueblo de Israel considera o por lo menos cree en un 60, 50% de que se trata de su seguridad, pero el propio pueblo israelita está convencido, como lo han hecho declaraciones los propios militares, de que esta confiscación de tierras que actualmente se está haciendo en terrenos palestinos se convierte en un acto de terrorismo y por lo tanto en una guerra latente.

Creemos que debemos ser congruentes con la política exterior de México, no permitir que queden emparedados más de 500 mil palestinos por esta situación y que se les quite de lo ya quitado más del 50% del territorio que ya ocupaban.

Este muro, que ha dividido familias, ha propiciado, entre otras cosas, los toques de queda, lo que imposibilita que muchas veces madres que van a dar a luz de un lugar a otro pierdan a sus hijos precisamente por esta barda, por este muro de la vergüenza que se está instalando.

Ante esta situación proponemos como punto de acuerdo el siguiente:

Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncie a favor de la postura que el Ejecutivo Federal adoptó al seno de la Asamblea General de la ONU para que la Corte Internacional de Justicia resuelva la controversia que genera la construcción del muro de seguridad, entre comillas, que atraviesa Cisjordania.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente se pronuncie a favor de la postura que el Ejecutivo Federal adopto en la Asamblea General de la ONU sobre la construcción del muro de seguridad que atraviesa Cisjordania, presentada por el diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

El que suscribe, diputado federal del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo sobre la base de las siguientes

Consideraciones

1.- La nación de Israel ha decidido defender su postura en el tema del muro de seguridad que atraviesa Cisjordania, después del veredicto de la Asamblea General de la ONU, en la que se dictaminó que el tema fuera discutido en la Corte Internacional de Justicia. Israel argumenta que dicha barrera es necesaria para defenderse de los continuos atentados perpetrados por las organizaciones armadas palestinas.

Dentro de los votos hechos a favor de la resolución, que indica a la Corte Internacional de Justicia que atienda este tema, figuró el de México, hecho que generó el descontento, no manifiesto oficialmente, de la diplomacia israelí.

El conflicto rebasa las circunstancias oficiales y se aproxima más a las viejas imágenes del Muro de Berlín, edificado en la década de los sesenta, que más allá de definir fronteras, separa familias, amigos y formas de vida.

2.- El embajador de México ante el gobierno de Israel, Andrés Valencia, sostuvo que la postura de nuestro país respecto a este conflicto en Medio Oriente seguirá siendo a favor de una resolución basada en el derecho internacional. Por ende, la respuesta debe darse en el seno de la Corte Internacional de Justicia, órgano creado para resolver las controversias que surgen entre Estados en esta materia. El gobierno mexicano acentuó la importancia que instituciones como la Corte Internacional de Justicia tienen para conservar el orden internacional y la defensa de la justicia a través de las fronteras.

3.- Actualmente México se encuentra en juicio con Estados Unidos dentro de la Corte Internacional de Justicia, por la aplicación de la pena de muerte a prisioneros mexicanos que han sentido en carne propia sus derechos internacionales violentados. Es por eso que calificamos como congruente la postura del gobierno mexicano respecto a la forma en que debe resolverse el conflicto de la barrera de Cisjordania.

En Convergencia ratificamos que los organismos multilaterales del derecho internacional son las mejores instancias para construir un mundo más justo, próspero y de paz. En congruencia, el grupo parlamentario de Convergencia propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncie a favor de la postura que el Ejecutivo federal adoptó al seno de la Asamblea General de la ONU para que la Corte Internacional de Justicia resuelva la controversia que genera la construcción del muro de seguridad que atraviesa Cisjordania.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2004.--- Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Se turna a la Segunda Comisión.

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BOSQUES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo en relación con la tala ilegal de bosques.

El senador David Jiménez González:

Muchas gracias, señor Presidente:

La semana pasada presenté un punto de acuerdo que fue aprobado por todos ustedes por unanimidad, para que la Semarnat nos rindiera un informe de la situación que guardan las zonas boscosas de los estados de Puebla, México, Morelos y el Distrito Federal. Y una de las inquietudes que despertó alguno de nuestros compañeros legisladores fue en el sentido de que este tema no debería de circunscribirse única y exclusivamente a estas entidades, sino que debería de contemplar esta situación tan delicada y tan grave en todo el ámbito nacional.

Por esa razón nuevamente comparezco con ustedes ante este problema que tenemos forzosamente que atender, porque cierto es que el mismo no se está dando nada más en estas entidades que yo mencionaba la semana pasada. Aunque debido a la intervención de nosotros una organización como Greenpeace apuntó la situación tan crítica que prevalece en las lagunas de Zempoala. Los que las conocen saben perfectamente bien que se encuentra ubicada en mi estado, con los límites del estado de Morelos y ha sido la deforestación tan grande que no han respetado lo que se ha considerado como Parque Nacional y desde luego como zona protegida.

¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo esta actitud, pareciera ser, con la anuencia y por qué no decirlo con la complicidad de los servidores públicos de estas dependencias.

Por eso es tan importante poner el dedo en la llaga. Si no-sotros no detenemos este deterioro ambiental, no detenemos esta destrucción por medio de la deforestación de nuestras zonas boscosas, nuestras zonas forestales, vamos a encontrarnos en un verdadero problema dentro de pocos años a nivel nacional.

¿Qué es lo que está pasando en los estados como Michoacán, en Veracruz, en Tabasco, en Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, por mencionar algunos? Pues que están acabando definitivamente con sus zonas boscosas.

Tan grave ése así que nada más en el estado de Michoacán, esa zona hermosísima en donde van a parar las mariposas monarcas, en ese precioso bosque de oyameles, que debido a la situación tan delicada y tan grave por la que atraviesan nuestros campesinos en lo general, pero fundamentalmente ellos, han tenido que acabar con estas zonas forestales, porque de marzo a octubre no tienen un medio cómo poder hacer frente a sus necesidades de carácter económico, es decir, para poder sobrevivir, y esto trae como consecuencia que tengan que acudir a la tala de montes, a la deforestación.

Además, en la zona sur de nuestro país fundamentalmente, en donde tenemos una variedad de maderas preciosas, se está llevando a cabo una explotación irracional y además también con la complicidad de las autoridades, respecto a la caoba, que es una de las maderas más codiciadas en los mercados internacionales y en el propio mercado nacional.

Pero basta dar un ejemplo. El costo de metro cúbico que sale de nuestra nación, de nuestro país, se considera que es de una manera legal, un metro cúbico, pero no son solamente éstos los que salen de una manera registrada que tienen controlada las autoridades federales, sino que el doble, es decir, dos metros cúbicos, son traficadas de una manera ilícita, de una manera ilegal.

¿Qué es lo que nos espera? Pues que nuestras cuencas, nuestras zonas se vayan agotando y el día de mañana tendremos problemas muy serios que afrontar, ya no solamente desde el punto de vista forestal, sino también desde el punto de vista hidráulico y desde el punto de vista de la generación de energía, como sucede en la empresa de La Angostura, en Chicoasén, Mal Paso...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se le agotó el tiempo, senador.

El senador David Jiménez González:

Termino con esto, señor Presidente.

El punto de acuerdo que someto a consideración de todos ustedes compañeros y que estoy seguro que me apoyarán, es el siguiente:

``Unico. Que comparezca ante la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de esta Comisión Permanente, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que explique en forma detallada sobre las medidas que la dependencia a su cargo está tomando para combatir la tala ilegal de árboles y el tráfico de maderas preciosas.''

Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, respecto a la tala ilegal de bosques, a cargo del senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del PRI.

Honorable Asamblea:

La semana pasada presenté en tribuna un punto de acuerdo sobre la deforestación y el deterioro ambiental que ocurre en el Distrito Federal y los estados de México, Puebla y Morelos.

Los integrantes de la Comisión Permanente aprobamos dicha propuesta y solicitamos a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe sobre los programas, proyectos y acciones, así como las sanciones que se han impuesto por esas conductas de deforestación y deterioro ambiental.

Ante la importancia del tema, hoy los legisladores del Partido Revolucionario Institucional nuevamente hacemos uso de esta tribuna para denunciar y exigir explicaciones sobre la deforestación que hay en el país y que poco a poco acaba con bosques y selvas.

Para darnos una idea de la gravísima situación, algunos especialistas estiman que cada minuto se destruye el equivalente a dos canchas de futbol, lo que en un año equivaldría a destruir, de nuestros bosques y selvas, un área equivalente al estado de Tlaxcala.

De acuerdo con la organización Greenpeace México, un bosque tarda en crecer aproximadamente 80 años; y esto, sólo si se toman las medidas adecuadas para frenar la deforestación oportunamente. De lo contrario, jamás se recuperará.

Esa organización hizo pública la semana pasada su preocupación por la situación en los alrededores de Zempoala, Morelos, la cual es una zona protegida, y cuestionó la actuación de las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Si Zempoala, que es un parque nacional y una zona protegida, está siendo gravemente afectada por la deforestación; podremos imaginarnos que la situación en el resto del país es realmente alarmante.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental también ha manifestado su preocupación por la tala ilegal de árboles para el tráfico de maderas preciosas, que representa una gran mafia a escala nacional e internacional.

Por poner un ejemplo, se estima que la guerra por el control de la caoba y otras maderas acaba con más de 800 mil hectáreas de bosques y selvas en México cada año.

El tráfico de maderas preciosas se ha extendido a la frontera sur del país, donde hay rutas y caminos clandestinos sin vigilancia y por los cuales pueden pasar sin que ninguna autoridad intervenga.

Según testimonios de inspectores de control sanitario de la Sagarpa, en Campeche, Chiapas, Michoacán, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo, los traficantes de maderas transitan libremente sin la documentación que acredite su legal procedencia y sin que el personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tome cartas en el asunto.

Peor aún, algunos vendedores de la zona explicaron a un reportero de televisión que para comprar una cantidad importante de caoba, había que ``ponerse a mano'' con las autoridades de la Profepa.

Es decir, no sólo no toman cartas en el asunto, sino que son parte de la corrupción, con lo cual contribuyen a la destrucción de nuestros bosques y selvas.

Además del gravísimo daño ambiental que provoca la tala ilegal de árboles, ésta representa una seria amenaza para quienes se dedican legalmente a la actividad.

Según expertos, por cada metro cúbico de caoba exportado legalmente, otros dos metros salen de manera ilícita y los precios en el mercado ilegal llegan a ser hasta tres veces más baratos que en el legal.

Sólo ante una situación de esa naturaleza, donde hay un negocio jugoso para todos los participantes, taladores ilegales, traficantes y autoridades, podemos explicarnos el acelerado deterioro y la creciente destrucción de nuestros bosques y selvas.

Compañeras y compañeros legisladores:

Según cálculos de organizaciones ambientales, de continuar así esa situación, corremos el riesgo de que en los próximos 50 años perdamos todos los bosques y selvas del país.

Todavía estamos a tiempo de hacer algo por nuestros bosques y selvas.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que comparezca ante la Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a efecto de que explique en forma detallada las medidas que la dependencia a su cargo toma para combatir la tala ilegal de árboles y el tráfico de maderas preciosas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 11 días del mes de febrero de 2004.--- Senador David Jiménez González.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor senador.

Túrnese a la Tercera Comisión.

El senador David Jiménez González (desde su curul):

Señor Presidente, le solicitaría que se hiciera extensiva la invitación a las demás comisiones también.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano.

Señor senador, la ley no establece competencia específica para cada una de las comisiones de la Comisión Permanente. Por el tema y la denominación de la comisión es por lo que señalé Tercera Comisión y naturalmente todos los señores legisladores de las otras comisiones podrán acudir el día de la comparecencia si así lo desean.

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PROGRAMAS RURALES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada Eliana García Laguna, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal el cabal cumplimiento del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004, en las asignaciones aprobadas por la Cámara de Diputados para los programas rurales, suscrita por las diputadas Minerva Hernández Ramos y Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Eliana García Laguna:

Gracias, señor Presidente:

La propuesta de punto de acuerdo que vamos a presentar, está firmada también por el diputado Miguel Luna Hernández, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, y por el diputado Javier Manzano Salazar, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, y pretendía ser un punto de acuerdo propuesto por las comisiones unidas del sector rural.

El campo mexicano, como es de su conocimiento, vive una aguda crisis social y económica que obliga a tener una política de Estado hacia este sector, misma que se expresa en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y que se refrendó con el Acuerdo Nacional para el Campo y que se respaldó en la Cámara de Diputados con la asignación de recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2004.

Ante un proyecto deficiente presentado por el Ejecutivo para atender el campo en donde se consideraban reducciones del 16% en términos reales, los diputados de varios partidos asumimos el compromiso ante diferentes actores sociales y económicos de corregir dicho presupuesto, así se integró el trabajo de las comisiones unidas del sector rural con la integración de las comisiones de Desarrollo Rural, Agricultura, Asuntos Indígenas, Recursos Hidráulicos, Pesca, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Reforma Agraria y se logró una propuesta de presupuesto para el programa especial concurrente que se expresó en un total de 119,641.6 millones de pesos que considera una ampliación de 10 mil 800 millones de pesos que la Cámara reasignó a este sector y que se expresa en su totalidad en el anexo 17 del presupuesto, lo cual manifestó una voluntad política por parte de los diputados de todos los partidos representados en esta soberanía de dar el apoyo al campo.

En el marco del consenso, el pleno de la Cámara de Diputados eliminó el llamado segundo transitorio del proyecto de presupuesto donde se proponía la liquidación, fusión o extinción de importantes instituciones del sector rural, entre ellas el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; el Colegio de Posgraduados; el Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario; el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Comisión de Zonas Aridas.

Recientemente, a diferentes organismos de los anteriormente mencionados y a otros como la Universidad Autónoma de Chapingo, así como en versión de varios funcionarios, se está realizando una reducción presupuestal a varios programas por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con la autorización, según se expresa en los oficios remitidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, situación que violenta el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado por esta soberanía.

Por lo anterior, se propone el punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifieste un exhorto al Gobierno Federal para que realice un cabal cumplimiento de las asignaciones presupuestales para el campo expresadas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004.

Y lo firman los diputados que anteriormente mencionamos.

Gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno Federal al cabal cumplimiento del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004, en las asignaciones aprobadas por la Cámara de Diputados para los programas rurales, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PRD.

Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros:

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, los presidentes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, Pesca, Reforma Agraria, Asuntos Indígenas y Recursos Hidráulicos, presentamos al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo con excitativa al Gobierno Federal para que cumpla cabalmente con el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, en lo relativo a las asignaciones presupuéstales para el desarrollo del Campo Mexicano, por lo que sometemos a esta soberanía los siguientes

Considerandos

El campo mexicano como es del conocimiento de todos ustedes vive una aguda situación social y económica que obliga a tener una política de Estado hacia este sector, misma que se expresa en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y se refrendo con el Acuerdo Nacional para el Campo, así como se respalda en la asignación de recursos suficientes en el presupuesto de egresos de la federación para el 2004.

Ante un proyecto deficiente presentado por el ejecutivo para atender el campo en donde consideraba reducciones del 16% en términos reales, los Diputados de varios partidos asumimos el compromiso ante los diferentes actores sociales y económicos de corregir dicho presupuesto. Así se integró el trabajo de las Comisiones Unidas del sector rural con la integración de las Comisiones de Desarrollo Rural, Agricultura, Asuntos Indígenas, Recursos Hidráulicos, Pesca, Medio Ambiente y Recursos naturales, y Reforma Agraria, y se logró una propuesta de presupuesto para el Programa Especial Concurrente que se expreso en un total de 119,641.6 mdp que considera una ampliación de 10,800 mdp que la Cámara reasignó a este sector y que se expresa en su totalidad en el anexo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo cual manifiestan los recursos asignados, aun siendo insuficientes para atender el campo, representan una voluntad política expresada por Diputados de todos los partidos políticos representados en esta soberanía.

En el marco del consenso, el Pleno de la Cámara de Diputados eliminó el llamado segundo transitorio del proyecto de Presupuesto donde se proponía la liquidación, fusión o extinción de importantes instituciones del sector rural, entre ellas: el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el Colegio de Postgraduados (CP), el Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario (INCA Rural), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Comisión de Zonas Áridas (Conaza).

Recientemente a diferentes organismos de los anteriormente mencionados y otros como la Universidad Autónoma Chapingo, así como en versión de varios funcionarios se realiza un reducción presupuestal a varios programas por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con la autorización según se expresa en los oficios remitidos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, situación que viola el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado por esta soberanía.

Por lo anterior, se plantea:

Punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifestando una excitativa al Gobierno Federal para que realice un cabal cumplimiento de las asignaciones presupuestales para el campo, expresadas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 3 de febrero 2004.--- Presidentes de las Comisiones Unidas: Dip. J. Miguel Luna Hernández (rúbrica), Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; Dip. Francisco Javier Obregón Espinoza., Presidente de la Comisión de Pesca; Dip. Javier Manzano Salazar, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas; Dip. Teófilo Manuel García Hábeas, Presidente de la Comisión de Reforma Agraria; Dip. Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos; Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias a usted, diputada Eliana García Laguna.

Túrnese a la Tercera Comisión.

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PUBLICIDAD EN TIEMPOS OFICIALES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo Federal dé cumplimiento a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 en materia de difusión de publicidad en tiempos oficiales para los poderes federales y órganos constitucionales autónomos.

El diputado Carlos Flores Rico:

Gracias, señor Presidente.

Quizá todavía algunos se acuerden que en diciembre, al aprobar el decreto de Egresos de la Federación, se le incorporó un artículo 31 que en el espíritu del artículo 30 establecía una nueva racionalidad del uso de tiempos oficiales en radio y televisión y una de las medidas que la Cámara de Diputados estableció y aprobó fue una nueva distribución de los tiempos oficiales.

Se acordarán que quedamos en 40% del Poder Ejecutivo, 30% al Congreso de la Unión; 15% a esta Cámara de Diputados; 15 al Senado;10% al Poder Judicial y 20% a organismos autónomos constitucionales.

Como ustedes imaginarán, ha pasado casi mes y medio y dicha disposición no se sabe, no se ve, no se siente, no conocemos oficialmente que se haya establecido ni siquiera el inicio de la misma; no conocemos, no sabemos de que haya emitido la Secretaría de Gobernación, que es la que tiene por ley la administración de estos tiempos, si ya estableció reglas de operación, si ya establecieron convenios de trabajo con las demás instancias involucradas, si ya se ha hablado con los concesionarios, si hay un cálculo de tiempos establecidos para las diferentes entidades y poderes involucrados, nada.

Lo que sí sabemos es que hay muchas dudas en el Gobierno Federal acerca de esta disposición puesto que incluida esta Cámara de Diputados, que ha solicitado estos avances, no tiene claridad acerca de qué tiempos estamos hablando; sí los tiempos llamados fiscales derivados de la Ley del 68 o si los tiempos de Estado del artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Y esta situación, aunada a la inactividad en materia de administración de tiempos, hace que surja la preocupación de si no será esto una medida maquinada para no cumplir con el mandato de la Cámara de Diputados en cuanto a esta nueva distribución de los tiempos de Estado.

Por esa razón, la idea es que esta Comisión Permanente pudiera aceptar la emisión de un punto de acuerdo en los siguientes términos:

Primero. Que se exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que nos informe sobre el cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio 2004, en lo referente a la distribución de los tiempos oficiales en radio y televisión y

Segundo. Que se solicite a la propia Secretaría de Gobernación un informe a la Cámara de Diputados que emitió el decreto de Presupuesto de Egresos en el que se nos diga, cuáles son los tiempos acumulados, utilizados de enero a la fecha, tanto en radio como en televisión, en los dos tiempos oficiales, tanto el llamado tiempo fiscal, que son ahora los 18 minutos en televisión y los 35 minutos en radio como en los 30 minutos de ley o de Estado, que establece el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Es cuanto, señor Presidente.

«Punto de acuerdo por el que solicita al Poder Ejecutivo Federal dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, en materia de uso de tiempos oficiales en radio y televisión para los poderes federales y los órganos constitucionales autónomos, a cargo del diputado Carlos Flores Rico.

Antecedentes

De conformidad con el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, el Estado tiene derecho a utilizar gratuitamente 30 minutos diarios de tiempos oficiales de manera continua o discontinua en las estaciones de radio y televisión concesionarias. (Hasta 10 m en formatos no menores a 20 segundos; y 20 m en bloques no menores a 5 m)

De igual forma, por efectos del artículo noveno de la ``ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos publicada en el DOF el 31 de diciembre de 1968'', y de acuerdo con artículo primero del decreto presidencial del 10 de octubre de 2002, por el que se autoriza a la SHCP a recibir de los concesionarios, el pago en especie del impuesto referido, el Estado cuenta con el denominado tiempo fiscal consistente en 18 minutos en TV y 35 minutos en radio, de transmisión diaria, para la difusión de materiales grabados con duración de 20 a 30 segundos.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2004, se siguió aplicando la misma política en relación a los gastos en comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y se incorporó, en el artículo 31, un dispositivo jurídico tendiente a alcanzar una distribución justa de los tiempos oficiales, destinando un 40 % para la difusión de los programas del Ejecutivo Federal; un 30 % para el Poder Legislativo; un 10 % para el Poder Judicial de la Federación, y el restante 20% para los órganos con autonomía constitucional, como el Banco de México y la CNDH y el IFE, quien por cierto debe recibir por ley y a partir del tiempo total del Estado, los 15 minutos mensuales que corresponden a cada partido nacional.

En adición, el artículo 31 estableció la obligación del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, lleve un puntual registro y control de la utilización de dichos tiempos en un marco de transparencia y rendición de cuentas de esos bienes públicos.

Al acotar el manejo discrecional de los tiempos oficiales en radio y televisión se dio un paso adelante en el fortalecimiento de la participación del conjunto del Estado en el contexto de la división de poderes.

Consideraciones

A partir de la aprobación del Presupuesto de Egresos de 2000, se ha incluido la disposición relativa a los criterios de racionalidad, austeridad y selectividad a que deben sujetarse los gastos de publicidad y comunicación social del Gobierno Federal.

Tal como se ha definido en los presupuestos anuales de Egresos de la Federación desde ese año, existe un objetivo permanente de evitar el dispendio de los recursos públicos y vigilar el destino y los fines para los que fueron autorizados.

En el ámbito de los gastos destinados a publicidad y comunicación social del Ejecutivo Federal, es necesario eficientar el control y la vigilancia para que se apegue a los criterios de ahorro y transparencia.

La función de control y vigilancia que debe ejercer el Legislativo, se encuentra relacionada con el uso y distribución correcta de los tiempos oficiales a que tiene derecho el Estado, en términos de la normatividad vigente y como lo estipula el Presupuesto de Egresos 2004.

Ante las necesidades del Legislativo por difundir sus trabajos con cargo a los tiempos en comento, han transcurrido casi dos meses de la vigencia del Presupuesto de Egresos de la Federación y no se conoce información de actividad alguna en el sentido de hacer cumplir el mandato de la Cámara de Diputados, tampoco de la emisión del acuerdo de la Secretaria de Gobernación con el que se inicien los trabajos de administración y distribución de los tiempos en los poderes y entidades involucrados. Tampoco se sabe de la emisión de reglas de utilización de los mismos o de disposición administrativa alguna para que la nueva distribución esté al alcance de las instituciones de estado involucradas, por lo que no parece extremoso deducir que el Ejecutivo Federal ha hecho caso omiso a lo establecido en el Presupuesto.

El hecho de que a la fecha el Ejecutivo no hubiese instrumentado el dispositivo de distribución que fue establecido por la Cámara de Diputados preocupa, además, porque atentaría contra el principio de equidad que debe prevalecer entre los poderes federales.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo, someto ante esta Comisión Permanente los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a informar sobre el cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2004, en lo referente a la distribución de los tiempos oficiales en radio y televisión.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Gobernación informe a la Cámara de Diputados sobre los tiempos acumulados y los porcentajes de utilización de los tiempos oficiales de ley en radio y televisión del 1o. de enero de 2004 a la fecha; tanto en los tiempos fiscales como, en los denominados tiempos de Estado, incluyendo, de manera separada, las erogaciones por concepto de aire, destinadas a los rubros de publicidad, propaganda y comunicación social, cubiertas bajo pago en radio y televisión, a efecto de verificar la racionalidad del gasto público federal en este rubro, tal como lo establece el artículo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2004.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2004.--- Diputado Federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Carlos Flores Rico.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado Carlos Flores Rico.

Túrnese a la Tercera Comisión.

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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada Eliana García Laguna para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública analice y emita su opinión sobre el contenido de los informes que por mandato del decreto de Presupuesto de Egresos de 2004, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está obligada rendir, suscrita por las diputadas Minerva Hernández Ramos y Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Eliana García Laguna:

Gracias, señor Presidente:

Nuevamente voy a dar lectura a un documento de compañeros diputados y de la compañera diputada Minerva.

La aplicación de los ingresos públicos tiene por objeto dotar al Estado de los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento a sus múltiples responsabilidades, como es la provisión de los bienes y servicios, educación, salud, seguridad pública etcétera.

El Presupuesto de Egresos de la Federación es el instrumento más eficaz para lograr el ajuste de la economía general y que se constituye en instrumento de redistribución justa del ingreso en nuestro país.

Por ello es necesario, entre otras cosas, analizar detalladamente los elementos que nos permitan tener pleno conocimiento de las necesidades, los programas, las metas y los objetivos de cada uno de los órganos del Estado. No es válido que continuemos trabajando sin realizar un estudio a las normas, que lejos de eficientar la labor legislativa, ponen obstáculos para distribuir los recursos de la nación.

Basta realizar un análisis a la circular emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 29 de enero de este año, en donde se dan a conocer las dependencias y entidades de la administración pública, los calendarios de presupuesto asignados para el Ejercicio Fiscal 2004, en cuyo contenido no se toma en cuenta las reasignaciones del gasto neto total de cada dependencia gubernamental y aún no se aplica en forma detallada la distribución del gasto.

No debemos de estar a los tiempos y el ejercicio arbitrario, negligente e inoperante que marque ninguna autoridad administrativa en materia presupuestaria. Es fundamental que se conozcan ya los calendarios y la propuesta en cuanto al recurso que se redistribuyó en el ejercicio presupuestal que se realizó en diciembre en esta Cámara.

Resulta conveniente el análisis del decreto de Presupuesto de Egresos 2004, respecto a los informes que las secretarías de despacho están obligadas a remitir a esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su análisis, discusión y evaluación derivada de los compromisos presupuestales, lo cual repercutirá en una adecuada planeación de gasto público al poder recabarse la información necesaria y por tanto conocerse oportunamente de los objetivos de quienes, con responsabilidad y compromiso ejercerán este gasto, pues son ellos quienes ejercen la función pública y conocen los problemas que aquejan día a día a los sectores sociales tratando de atender acorde con la naturaleza de sus funciones los reclamos de la sociedad y que en muchas ocasiones han sido eco de este Congreso de la Unión y en particular de la Cámara de Diputados.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos de la Constitución y del Reglamento para el Gobierno Interior, proponemos la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que analice y emita un informe respecto del cumplimiento de los compromisos establecidos en el decreto de Presupuesto 2004, publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación a su contenido y pertinencia.

Lo suscribimos la diputada Minerva y una servidora.

Muchas gracias, señor Presidente.

«Con punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública analice y emita su opinión sobre el contenido de los informes que por mandato del decreto de Presupuesto de Egresos de 2004, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está obligada a rendir, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PRD.

La aplicación de los ingresos públicos tiene por objeto dotar al Estado de los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento a sus múltiples responsabilidades, como lo es la provisión de los bienes y servicios, educación, salud, seguridad pública, etcétera.

Sin embargo, hoy la realidad es clara en México, ante las limitaciones de recursos públicos con que cuenta la federación y la crisis en las finanzas públicas, se ejerce un reducido gasto tanto en infraestructura como en la aplicación de planes y programas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

La Cámara de Diputados, a lo largo de la historia constitucional, ha venido cumpliendo con la misión de asegurar la permanencia de las instituciones que conforman el Gobierno Federal, a fin de que dentro del marco normativo, los Poderes de la Unión y los órganos con autonomía constitucional y legal, cumplan con sus atribuciones y facultades conferidas por los distintos ordenamientos legales.

Ante los distintos escenarios económicos, políticos y sociales del país, ahora más que nunca, resulta necesario reorientar nuestra política económica hacia una mayor eficiencia en la captación de recursos financieros; ya no podemos continuar con la política de recortar el gasto público. Esa medida, si bien alivia temporalmente el problema económico, a largo plazo agrava la situación y termina incrementando los niveles de desempleo, pobreza y rezago educativo, traduciéndose en una mayor desigualdad, carente de oportunidades e injusticias sociales.

A pesar de los esfuerzos realizados el pasado diciembre de 2003, donde se protegieron los sectores más vulnerables, con la finalidad de cubrir la mayor parte de las necesidades, el Ejecutivo, continúa imperando con una política de anarquía, manipulando las cifras presupuestales aprobadas por esta honorable Cámara de Diputados.

Compañeras y compañeros legisladores:

Hagamos del Presupuesto de Egresos de la Federación el instrumento más eficaz para lograr el ajuste de la economía general, que constituya el mecanismo de redistribución justa del ingreso en nuestro país. Para ello es necesario, entre otras cosas, analizar detalladamente los elementos que nos permitan tener pleno conocimiento de las necesidades, programas, metas y objetivos de cada uno de los órganos del Estado.

No es válido que continuemos trabando sin realizar un estudio a las normas que lejos de eficientar la labor legislativa, pongan obstáculos para distribuir los recursos de la nación. Basta realizar un análisis a la circular emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de enero del año en curso, donde se dan a conocer a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los calendarios de presupuesto asignados para el ejercicio fiscal 2004, en la cual no se toman en cuenta las reasignaciones del gasto neto total de cada dependencia gubernamental, y aún no se publica en forma detallada la distribución del gasto. No debernos estar a los tiempos y el ejercicio arbitrario, negligente e inoperante que marque ninguna autoridad administrativa en materia presupuestaria.

Resulta conveniente el análisis del decreto de Presupuesto de Egresos 2004, respecto a los informes que las secretarías de despacho están obligadas a remitir a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y evaluación, derivado de los compromisos presupuestales. Lo cual repercutirá en una adecuada planeación del gasto público, al poder recabar la información necesaria y, por ende, conocer oportunamente los objetivos de quienes con responsabilidad y compromiso ejercerán el gasto, pues son ellos quienes ejercen la función pública y mejor conocen los problemas que aquejan día a día a los sectores sociales tratando de atender acorde con la naturaleza de sus funciones.

La satisfacción de las necesidades de la sociedad, no debe sujetarse a meros formulismos en la elaboración de su proyecto de presupuesto y en la distribución de los recursos financieros.

Tomando en cuenta cada uno de estos elementos aseguramos un trabajo de alto nivel y con pleno conocimiento de las necesidades de los órganos públicos, así las comisiones de la Cámara de Diputados contarán con elementos indispensables e información necesaria lo que permitirá que no acontezca cada año la presión de aprobar en el último minuto del mes de diciembre, el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito ponga a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Unico.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que analice y emita un informe respecto del cumplimiento de los compromisos establecidos en el decreto de Presupuesto 2004, publicados en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con su contenido y pertinencia.

Salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 11 días del mes de febrero de 2004.--- Dip. Minerva Hernández Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

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TARIFAS ELECTRICAS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor senador Fernando Gómez Esparza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las diferentes entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, a reestructurar la clasificación de tarifas eléctricas para uso industrial.

El senador Fernando Gómez Esparza:

Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea:

El abastecimiento de electricidad al menor costo y con altos niveles de confiabilidad, debe ser un objetivo primordial de la política económica del Gobierno; en particular por lo que hace al segmento de energía eléctrica industrial una política tarifaria y justa y acorde a las características del contexto económico, es un elemento que puede incentivar la producción, la competitividad y la rentabilidad de las empresas.

Es bien sabido que una buena parte de los costos de producción del sector industrial en ciertos casos estimados en alrededor del 40% del costo total, consiste en el pago por consumo de energía eléctrica.

Asimismo, se debe señalar que los industriales que son los grandes consumidores de energía eléctrica en el país, pagan tarifas más elevadas que la de nuestros principales socios comerciales.

Adicionalmente, la política tarifaria nacional para la industria establece diferenciaciones basadas en el horario en el cual se hace uso de la energía eléctrica. Dichas diferenciaciones quedan registradas en una clasificación de energía base, intermedia y punta. Es aquí, en sí, donde se presenta el problema, ya que la diferencia promedio entre el precio kilowatt/hora de la tarifa base que es la más baja y el precio kilowatt/hora de la tarifa punta, la más elevada tanto en media como en alta tensión, es aproximadamente de un 400%.

Esta situación está afectando la productividad y competitividad de las empresas nacionales que se ven en la disyuntiva de incrementar sus costos de producción a costa de la rentabilidad en la inversión o incluso de suspender las actividades productivas en los horarios punta, por el impacto que les representa las tarifas eléctricas.

Definitivamente éstos son argumentos que justificarían la anulación de la tarifa denominada ``punta'', porque como ya se ha dicho en líneas anteriores, empresas están suspendiendo sus procesos productivos y otras tantas simplemente están cerrando.

El continuar con este esquema tarifario afecta no sólo el desempeño actual de las empresas con la consecuente pérdida de rentabilidad, sino también las decisiones de inversión a futuro.

Se considera que las señales que el Gobierno de la República debe enviar a los sectores productivos nacionales, deben operar justamente en el sentido inverso, es decir, alentar la generación de empleos, propiciar el aumento de las condiciones de competitividad a nivel nacional e internacional y favorecer la implementación de mecanismos que eleven la productividad.

Precisamente el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, reformado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1992, y sin presentar a la fecha reforma o adición alguna, faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de la Secretaría de Energía y Economía, a fijar a ajustar y reestructurar las tarifas eléctricas, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad.

Es así, por tanto, que la entidad paraestatal y las dependencias del Ejecutivo Federal ya señaladas, al poder hacer uso de estas facultades, pueden contribuir a mejorar las condiciones financieras de las empresas, la cual en este momento les es adversa.

Dicha reestructuración debe considerar la eliminación de la tarifa denominada ``energía punta'' del esquema tarifario industrial.

Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo

Unico. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a reestructurar la clasificación de las tarifas eléctricas industriales, de tal forma que la tarifa denominada ``energía punta'', quede eliminada del esquema tarifario industrial y sólo se conserven las tarifas ``energía base'' y ``energía intermedia'' y de dicha clasificación.

Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la debida participación de las secretarías de Energía y Economía, a aceptar, en su momento, la propuesta de reestructuración tarifaria.

Muy amables por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las diferentes entidades y dependencias de la Administración Pública Federal a reestructurar la clasificación de tarifas eléctricas para uso industrial, a cargo del senador Fernando Gómez Esparza, del grupo parlamentario del PRI.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Artículo 58 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, Legislador de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, somete a la consideración de esa Asamblea el siguiente punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Honorable Asamblea:

El abastecimiento de electricidad al menor costo y con altos niveles de confiabilidad debe ser un objetivo primordial de la política económica del gobierno.

En particular, por lo que hace al segmento de la energía eléctrica industrial, una política tarifaria justa y acorde a las características del contexto económico, es un elemento que puede incentivar la producción, la competitividad y la rentabilidad de las empresas.

Es bien sabido que una buena parte de los costos de producción del sector industrial, en ciertos casos estimados en alrededor del cuarenta por ciento del costo total, consiste en el pago por consumo de energía eléctrica.

Asimismo, se debe señalar que los industriales, que son los grandes consumidores de energía eléctrica en el país, pagan tarifas más elevadas que las de nuestros principales socios comerciales.

Adicionalmente, la política tarifaria nacional para la industria establece diferenciaciones basadas en el horario en el cual se hace uso de la energía eléctrica. Dichas diferenciaciones quedan registradas en una clasificación. Esta clasificación para uso industrial establece el siguiente esquema: ``Energía Base'', ``Energía Intermedia'' y ``Energía Punta''.

Es aquí en sí donde se presenta el problema, ya que la diferencia promedio entre el precio/kwhora de la Tarifa Base, que es la más baja, y el precio/kwhora de la Tarifa Punta, la más elevada, tanto en media como en alta tensión, es aproximadamente de un 400 por ciento.

Es importante señalar que el principal objetivo de la política tarifaria debe ser el recuperar la relación precio/costo a niveles que permitan el sano crecimiento de las empresas y generen los recursos suficientes para financiar los programas de inversión.

Esta situación está afectando la productividad y competitividad de las empresas nacionales, que se ven en la disyuntiva de incrementar sus costos de producción, a costa de la rentabilidad de la inversión, o incluso de suspender las actividades productivas en los horarios Punta, por el impacto que les representan las tarifas eléctricas.

En el extremo, se encuentran las empresas que no pueden agregar esta carga a sus obligaciones fiscales, laborales, etcétera, y se ven en la necesidad de cerrar sus puertas, en detrimento de la economía nacional y el empleo.

Desde el punto de vista industrial, trabajar exclusivamente en horas base o intermedia, significaría otra serie de gastos laborales adicionales, como el trabajo nocturno o de fin de semana, el transporte especializado de personal, entre otros.

Definitivamente, estos son argumentos que justificarían la anulación de la tarifa denominada ``Punta'', porque como ya se ha dicho en líneas anteriores, empresas están suspendiendo sus procesos productivos, y otras tantas simplemente están cerrando.

El continuar con este esquema tarifario afecta no sólo el desempeño actual de las empresas, con la consecuente pérdida de rentabilidad, sino también las decisiones de inversión a futuro, contribuyendo en el último de los casos a generar estancamiento.

Si a todo lo anterior se agrega que, a partir de este mes, se espera un incremento de hasta 5% en las tarifas eléctricas industriales, debido alto costo de los energéticos utilizados para generar energía eléctrica, la situación se vuelve sumamente complicada.

Se considera que las señales que el Gobierno de la República debe enviar a los sectores productivos nacionales, deben operar justamente en sentido inverso; es decir, alentar la generación de empleos, propiciar el aumento de las condiciones de competitividad a nivel nacional e internacional, y favorecer la implementación de mecanismos que eleven la productividad.

Y precisamente el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, reformado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1992, y sin presentar cambio alguno a la fecha, faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de la Secretarías de Energía y Economía a fijar, ajustar y reestructurar las tarifas eléctricas a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad. Es así, por tanto, que la Entidad Paraestatal y las Dependencias del Ejecutivo Federal ya señaladas, al poder hacer uso de estas facultades, pueden contribuir a mejorar la condición financiera de las empresas, la cual en este momento, les es adversa.

Es por ello que se exhorta a dicha Comisión, así como a dichas Secretarías, a reestructurar la clasificación de las tarifas eléctricas para uso industrial. Dicha reestructuración debe considerar la eliminación de la tarifa denominada ``Energía Punta'' del esquema tarifario industrial, ya que con esta medida se puede contribuir de manera determinante a aliviar la situación económica que viven las empresas del país y a que éstas dispongan de un panorama mucho más alentador.

Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a reestructurar la clasificación de las tarifas eléctricas industriales, de tal forma que la tarifa denominada ``Energía Punta'' quede eliminada del esquema tarifario industrial, y sólo se conserven las tarifas ``Energía Base'' y ``Energía Intermedia'' de dicha clasificación. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la debida participación de las Secretarías de Energía y Economía a aceptar, en su momento, la propuesta de reestructuración tarifaria.

México, DF, a 11 de febrero de 2004.--- Senador Fernando Gómez Esparza.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor senador.

Túrnese a la Tercera Comisión.

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ANTICONCEPCION
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal incluya la píldora de emergencia y el condón femenino en el cuadro básico de medicamentos.

La diputada Eliana García Laguna:

Ahora sí es mi tema, los otros eran temas de compañeros diputados.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

La angustia acerca del cuerpo, priva a la mujer de buena parte de su vida creativa y le impide prestar atención a otras cosas, nos dice la poetiza Clarisa Pincola; y este verso nos queda claro cuando tenemos las cifras de que en 1998, por abortos inducidos, murieron 145 mil 436 mujeres y el dato último que nos da el Subdirector del Instituto Nacional de Perinatología, el doctor Raúl López, de que en México mueren al año 1 mil 500 mujeres, es decir, cuatro mujeres mueren al día por abortos inducidos.

Es alentador por ello que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud, haya asumido su responsabilidad de Estado, de otorgarles a las mujeres y a las parejas dos opciones más para ejercer el derecho a decidir sobre su vida reproductiva y que puedan ejercer una sexualidad segura y plena, y esto se hizo posible al poner a disposición de quien así lo deseen, las pastillas de anticoncepción de emergencia y el condón femenino, que han sido aprobados con base en los conocimientos y avances de la ciencia médica.

La norma oficial de los servicios de planeación familiar publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero, en la que se incluyen las pastillas de anticoncepción de emergencia, es un logro de las organizaciones no gubernamentales de mujeres que desde hace más de siete años habían solicitado que esta aprobación se diera.

La píldora postcoital es un anticonceptivo de emergencia, evita el embarazo en un alto porcentaje y se toma antes de que transcurran 72 horas de haber realizado un coito sin proteccción, permite bloquear, retrasar la ovulación o impedir la anidación en la pared del endometrio, en cualquier caso el método de concepción de emergencia es eficaz, únicamente antes de la implantación del óvulo secundado, si la usuaria ya estaba embarazada antes de tomar la píldora del día después, su embarazo continuará normalmente sin riesgo para el embrión, en ningún caso es abortivo, como su nombre lo dice es un anticonceptivo, es decir, antes de la concepción.

Ahora creemos que es necesario que se incluyan estos métodos de anticoncepción en el paquete básico de medicamentos del sector salud, a fin de que sean accesibles a todas las mujeres que así lo deseen, y que esta posibilidad se acompañe de una campaña informativa que oriente a las parejas sobre el uso de los diversos métodos anticonceptivos y de cuidado de su salud sexual.

Hablando del condón femenino, estamos hablando también de un método más para prevenir el Sida.

Esta medida está recibiendo una fuerte andada de ataques de grupos como Provida y sus aliados conservadores y retrógradas, el Ejecutivo Federal de este estado laico que es el Estado mexicano, yo creo que es importantísimo, vivimos en un Estado laico, es el sistema que nos hemos dado para nuestra convivencia, no debe ceder a las presiones de ningún sector que se oponga al uso de este método anticonceptivo, ya que su inclusión en la norma oficial implica el cumplimiento de los compromisos internacionales establecidos por el Gobierno mexicano para atender la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

No permitamos que los grupos ultraconservadores, confundan y le mientan en cadena nacional a los jóvenes y a nuestros ciudadanos, digamos la verdad a la gente, lo que se actualizó es una forma oficial con dos métodos de anticoncepción.

Quisiera terminar esta propuesta con algunas palabras y antes de leer el punto de acuerdo, de un hombre de letras que nos dice: ``Siento que nunca abusé, siempre acompañé, siempre experimenté, pero siempre en pareja, con derechos y obligaciones parejos, también con igual intensidad, igual certeza de que participábamos ella y yo en la búsqueda de sentimientos permanentes, aunque nuestras uniones fueran pasajeras'', son palabras de Carlos Fuentes.

Puntos de Acuerdo

Primero. Que la Secretaría de Salud emita las indicaciones necesarias para la introducción de la pastilla de anticoncepción de emergencia y el condón femenino al cuadro básico de medicamentos del sector salud.

Segundo. Que la Secretaría de Hacienda programe recursos suficientes para instrumentar esta medida.

Firmamos las diputadas: Dolores Padierna, Martha Lucía Mícher Camarena, Minerva Hernández Ramos, Eliana García Laguna y Marcela Lagarde y de los Ríos.

Muchas gracias señor Presidente.

«Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal a que incluya la píldora de emergencia y el condón femenino en el cuadro básico de medicamentos, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del PRD.

Las suscritas, diputadas federales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Según datos oficiales, 145,436 mujeres mexicanas murieron en 1998 por abortos inducidos. Algunas ONG mexicanas afirman que existe un subregistro, lo cual implica que este dato es mayor y que es necesario reforzar las medidas de control natal.

Por ello, es alentador que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud, haya asumido su responsabilidad al otorgar a las mujeres y a las parejas, dos opciones más para ejercer el derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva al actualizar las normas oficiales y con ello poner a disposición de quien así lo deseé las pastillas de anticoncepción de emergencia (PAE) y el condón femenino que han sido aprobados con base en los conocimientos y avances de la ciencia médica.

La Norma Oficial de los Servicios de Planeación Familiar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2004 (NOM-005-SSAZ-1993) en la que se incluyen las pastillas de anticoncepción de emergencia, es un logro de las ONG de mujeres, que desde hace aproximadamente siete años habían solicitado que ello se diera.

La ``píldora postcoital'' es un anticonceptivo de emergencia, evita el embarazo en un alto porcentaje si se toma antes de que transcurran 72 horas de haber realizado un coito sin protección, pues permite bloquear, retrasar la ovulación o impedir la anidación en la pared del endometrio. En cualquier caso, el método de anticoncepción de emergencia es eficaz únicamente antes de la implantación del óvulo fecundado. Si la usuaria ya estaba embarazada antes de usar la píldora del día después, su embarazo continuará normalmente sin riesgo para el embrión. En ningún caso es un abortivo.

Ahora es necesario que también se incluyan estos métodos de anticoncepción en el paquete básico de medicamentos del sector salud, a fin de que sean accesibles a todas las mujeres que así lo decidan. Y que esta posibilidad se acompañe de una campaña informativa que oriente a las parejas sobre el uso de los diversos métodos anticonceptivos y de cuidado de su salud sexual, los cuales existen desde hace décadas.

Esta medida está recibiendo una fuerte andanada de ataques de grupos como Provida y sus aliados conservadores y retrogradas: el Ejecutivo Federal no debe ceder a las presiones de ningún sector que se oponga al uso de este método anticonceptivo, ya que su inclusión en la norma oficial, implica el cumplimiento de los compromisos internacionales establecidos por el gobierno mexicano para atender la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en su Observación General Nº 14 de 2000 establece que: El ejercicio del derecho de la mujer a la salud requiere que se supriman todas las barreras que se oponen al acceso de la mujer a los servicios de salud, educación e información, en particular en la esfera de la salud sexual y reproductiva, por ello, es de reconocerse la voluntad de abrir puertas para ir suprimiendo estas barreras en nuestro país.

Por otro lado, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, establece que los Estados parte adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, aseguraran en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, entre éstos se señala la igualdad de decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4º establece que ``toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos''.

No permitamos que grupos ultraconservadores confundan y le mientan en cadena nacional a nuestras y nuestros jóvenes y digámosle la verdad a la gente: lo que se ha actualizado e incorporado a la norma oficial son dos métodos anticonceptivos autorizados por el órgano de regula la salud mundial y que cumplen con la rigurosidad del conocimiento científico en el área de la salud reproductiva.

Combatamos el oscurantismo, y exijamos el respeto al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su vida reproductiva.

Quisiera terminar con las palabras de un gran hombre de letras mexicano: ``Siento que nunca abusé, siempre acompañé, siempre experimenté, pero siempre en pareja, con derechos y obligaciones parejos, también, con igual intensidad, igual certeza de que participábamos ella y yo, en la búsqueda de sentimientos permanentes aunque nuestras uniones fueran pasajeras''. Carlos Fuentes.

Por lo expuesto, presentamos la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero: Que la Secretaría de Salud emita las indicaciones necesarias para la introducción de la pastilla de anticoncepción de emergencia y el condón femenino al cuadro básico de medicamentos del sector salud.

Segundo: Que la Secretaría de Hacienda programe recursos suficientes para implementar esta medida.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 11 de febrero de 2004.--- Diputadas: Dolores Padierna Luna, Martha Lucía Mícher Camarena, Minerva Hernández Ramos, Eliana García Laguna, y Marcela Lagarde y de los Ríos.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a las comisiones de Salud y de Equidad y Género.

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VOTO DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición para exhortar al Ejecutivo Federal se instale de inmediata de trabajo para la elaboración de una propuesta conjunta con relación al voto de los mexicanos en el extranjero.

La diputada Eliana García Laguna:

Por último, lo que voy a comentar ahorita es una propuesta que hace ocho días algunos diputados de cuando menos el PRI y el PRD, también estaba el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, tuvimos oportunidad de compartir después de la comparecencia del señor subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobernación, el doctor José Francisco Paoli Bolio.

La comparecencia tuvo un formato que impidió por la misma forma de que se programó el tiempo, pues tener el tiempo adecuado para poder realizar un diálogo mucho más fructífero. La presentación del informe fue poco clara; no se habló de lo que se solicitó que se informara y la sesión de respuestas sobre todo la última, no satisfizo las inquietudes de las legisladoras y los legisladores que estábamos presentes.

Se planteó de manera mayoritaria en esa reunión, que se invitara a participar en dichos foros que se estaban realizando por la Secretaría de Gobernación, a diputadas y diputados y senadoras del Congreso de la Unión, para que pudiéramos escuchar las propuestas de manera directa que estaban haciendo los mexicanos que viven en el exterior y se pudiera contribuir a la búsqueda de consensos que tendrían que ser procesados al interior de estas cámaras, reconociendo en ellas la representación nacional para procesar las propuestas legislativas. Sin embargo, la disposición a poder invitar al Congreso de la Unión no fue muy expresa, fue después de cierta insistencia que se comentó que podríamos ir como observadores.

Como se trata de un tema de primer orden, pues lo migratorio en este momento se está poniendo al día y millones de condicionales viven una situación de extrema desigualdad en cuanto a los derechos civiles y por ello es apremiante que encontremos fórmulas de consenso. La relevancia que este asunto tiene está ligado con la Reforma del Estado y con la relación bilateral que tiene nuestro país con Estados Unidos.

El Ejecutivo Federal, por lo tanto, tendría que buscar conjuntamente con este órgano legislativo cómo en este interés prioritario del Estado encontrar los consensos más amplios que permitan que los poderes de la Unión puedan ser copartícipes de una decisión tan importante.

La magnitud política, social y jurídica del tema implicaría que el Ejecutivo Federal se abstenga de cabildear de manera unilateral propuesta y pueda convocarse al Poder Legislativo a diseñar una propuesta única que permita que las organizaciones de mexicanos que vivan en el exterior puedan ser directamente consultados como se le planteó ahí. Incluso ya hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para realizar foros que está este acuerdo en las comisiones respectivas.

En razón de esto y porque tenemos la convicción de que la búsqueda de consenso significa el respeto entre los poderes de la Unión y que estamos en la total disposición de contribuir en la creación de las condiciones para que se reconozcan los derechos plenos de los mexicanos en el exterior, se ha propuesto que se realicen estos foros y esperaríamos que de manera pronta las comisiones respectivas puedan buscar el acuerdo para que se hagan las consultas, con la presencia del Poder Legislativo y con la presencia del Poder Ejecutivo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, sometemos a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Exhortar al Poder Ejecutivo Federal a que en la búsqueda de consensos sobre el voto de los mexicanos en el exterior se convoque a la participación del Congreso de la Unión para presentar una propuesta conjunta con carácter bilateral.

Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias compañeras y compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal a que en la búsqueda de consensos sobre el voto de los mexicanos en el exterior se convoque a la participación del Congreso de la Unión para presentar una propuesta conjunta con carácter bilateral.

En días recientes se llevó a cabo la comparecencia del subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobernación, José Francisco Paoli Bolio, cuya convocatoria tenía como objetivo informar a las comisiones unidas de Gobernación; Relaciones Exteriores y Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, acerca de los foros y mesas de trabajo que está realizando la Secretaría de Gobernación para conocer la opinión de los ciudadanos en relación con una posible reforma legislativa para permitir el voto de los mexicanos en el extranjero.

La comparecencia tuvo un formato que impidió contar con el tiempo suficiente para realizar un diálogo más fructífero. La presentación del informe para la cual fue convocada y la sesión de preguntas y respuestas no satisfizo las inquietudes de la mayoría de los legisladores y legisladoras.

En la reunión hubo una petición mayoritaria de que se invitara a participar en dichos foros a comisiones de diputados y senadores del Congreso de la Unión para escuchar las propuestas de la comunidad de mexicanos en el exterior y así contribuir a la búsqueda de consensos, que tendrían que ser procesados al interior de las cámaras, reconociendo en ellas la representación nacional para procesar las propuestas legislativas; sin embargo, hubo poca disposición del subsecretario para que participaran los representantes del Congreso de la Unión.

Se trata de un tema de primer orden, pues el fenómeno migratorio pone a millones de connacionales en una situación de extrema desigualdad en cuanto a sus derechos civiles y que es apremiante la necesidad de encontrar fórmulas que garanticen llegar a acuerdos sobre el tema.

La relevancia del asunto estriba también en que se trata de un tema naturalmente vinculado al migratorio, a la Reforma del Estado y a la relación bilateral México-Estados Unidos.

El Ejecutivo Federal, conjuntamente con el Legislativo, tendría que tratar este tema como de interés prioritario de todos los poderes del Estado y avanzar en la construcción de consensos con los demás poderes del Estado.

Es indispensable, por la magnitud política, social y jurídica del tema, exhortar al Ejecutivo Federal a abstenerse de cabildear su propuesta unilateralmente y solicitarle que convoque al Poder Legislativo al diseño de una única propuesta del Estado y a un acuerdo sobre la estrategia de cabildeo, así como a las organizaciones de mexicanos que viven en el exterior y que son los directamente interesados y afectados por esta reforma. Sólo así podremos arribar a una propuesta conjunta y suficientemente consensada con la mayor posibilidad de éxito y de satisfacción de las demandas de todos los involucrados.

En razón de esto, y porque tenemos la convicción de que la búsqueda de consensos significa el respeto entre los poderes de la Unión y que estamos en la total disposición de contribuir en la creación de las condiciones para que se reconozcan los derechos plenos de los mexicanos en el exterior, hemos propuesto varios diputados y diputadas a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se realicen foros de consulta a las comunidades de mexicanos en el exterior sobre el voto de los mexicanos en el exterior, en un plazo no mayor a 15 días y se invite al Ejecutivo Federal para la construcción de una propuesta con- junta; derivado de las consultas que ya ha realizado el Ejecutivo y de las que realice el Legislativo se instale una mesa de trabajo para presentar una propuesta conjunta.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que en la búsqueda de consensos sobre el voto de los mexicanos en el exterior se convoque a la participación del Congreso de la Unión para presentar una propuesta conjunta con carácter bilateral.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2004.--- Dip. Eliana García Laguna.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputada.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... No hay mayoría calificada, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

No se considera de urgente resolución.

En consecuencia, túrnese a la Segunda Comisión.

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FUNDACION VAMOS MEXICO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría a la oficina de la Presidencia de la República.

El diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Con su venia, señor Presidente; estimados legisladores y legisladoras:

Seré breve. En amplios sectores de la opinión pública existe la preocupación de que con recursos de la Presidencia de la República se ha venido apoyando de manera directa o indirecta actividades de la Fundación ``Vamos México''.

Concluir que no es de interés del Congreso tener una respuesta a esa inquietud nacional sería tanto como aceptar que lo que importa a la gente no debe importar a los legisladores. Es de interés del Congreso tener una respuesta, una que se apegue de manera estricta a las facultades que tiene este poder.

Por tanto, es necesario aclarar que el Congreso no tiene facultades para investigar las actividades de una fundación privada. Tiene el Congreso, sin embargo, la obligación de cuidar la aplicación estricta de los recursos públicos conforme a lo que establece el presupuesto y las distintas normas.

Por lo tanto, se propone los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría exhaustiva de la aplicación de los recursos presupuestales que hace la Presidencia de la República para que a partir de ésta el Congreso tenga elementos suficientes de juicio sobre este asunto fundamental.

Segundo. Que dicha auditoría tenga el propósito fundamental de recomendar al Congreso normas que permitan delimitar de manera estricta lo que son las funciones públicas de la Presidencia de las funciones privadas vinculadas a esta asociación. Un buen diagnóstico resultante de la auditoría y normas más precisas de la aplicación de los recursos de la Presidencia de la República aumentarán la certeza de la sociedad y del propio Ejecutivo en la aplicación transparente de los recursos.

Es todo, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría a la oficina de la Presidencia de la República, a cargo del diputado Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del PRD.

El suscrito, diputado federal en la LIX legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

En amplios sectores de la opinión pública existe la preocupación de que, con recursos de la Presidencia de la República, se ha venido apoyando, de manera directa o indirecta, actividades de la Fundación Vamos México. Concluir que no es del interés del Congreso tener una respuesta a esa inquietud nacional, sería tanto como aceptar que lo que importa a la gente no debe importar a los legisladores. Es de interés del Congreso tener una respuesta. Una que se apegue de manera estricta a las facultades que tiene este Poder.

Por tanto, es necesario aclarar que el Congreso no tiene facultades para investigar las actividades de una fundación privada. Tiene el Congreso, sin embargo, la obligación de cuidar la aplicación estricta de los recursos públicos conforme a lo que establecen el presupuesto y las distintas normas.

Por tanto, se propone los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoria exhaustiva de la aplicación de los recursos presupuestales que hace la Presidencia de la República para que, a partir de ésta, el Congreso tenga elementos suficientes de juicio sobre este asunto fundamental.

Segundo. Que dicha auditoría tenga el propósito fundamental de recomendar al Congreso normas que permitan delimitar de manera estricta lo que son las funciones públicas de la Presidencia, de las funciones privadas vinculadas a esta asociación.

Un buen diagnóstico resultante de la auditoria y normas más precisas de la aplicación de los recursos de la Presidencia de la República, aumentarán la certeza de la sociedad y del propio Ejecutivo en la aplicación transparente de los recursos.

Dip. Manuel Camacho Solís (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 50 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se considera de urgente resolución.

Por lo tanto está a discusión la proposición.

Esta Presidencia tiene registrados para hablar en pro al señor senador Juan José Rodríguez Prats y a la diputada Dolores Padierna Luna.

Tiene el uso de la palabra Juan José Rodríguez Prats.

El senador Juan José Rodríguez Prats:

Con su permiso, señor Presidente:

Desde luego, por la tradición del Partido Acción Nacional, por su desempeño en el Congreso mexicano, estamos de acuerdo en que se practiquen estas auditorías; sería una incongruencia no hacerlo. Sin embargo, sí deseo hacer algunas puntualizaciones.

Yo creo que lo más importante como asignatura pendiente para fortalecer un sistema político diferente, es hacer un parlamento útil, un parlamento que esté discutiendo los grandes temas nacionales y me parece que no estamos cumpliendo con esta tarea.

Uno de los grandes teóricos del parlamentarismo, Max Weber, hace consideraciones sobre las fallas de las instituciones políticas y escribe estos dos párrafos que sinceramente creo que no tienen desperdicio: ``En un momento en que lo importante es la autoimagen y no la autoestima, la vida política desnaturaliza el debate de argumentos y se divide en dos objetivos: fletar una imagen en la opinión y lanzar ciertas claves a un adversario o aliado, con el que se mantiene un diálogo esotérico construido en torno a gestos y basado en la lógica del poder, al que permanece ajeno por completo el conjunto de la opinión. En un mundo en el que no se confrontan ideologías, el debate político se ha visto sustituido por el debate sobre trivialidades que hábilmente dirigido por expertos en comunicación, solemniza lo obvio, eleva a la categoría de fundamental lo banal y hace de la política un gigantesco mercado en el que se lucha por un poder que ha perdido toda coloración. Es el reino del marketing, donde la imagen se hace sustancia, en el que lo conveniente es no decir nada que signifique compromiso irrenunciable y donde un agujero en el zapato puede dar lugar a la pérdida de las elecciones''.

A mí me parece que esta reflexión de Max Weber es correcta. Yo creo que no estamos, insisto, lo dije la semana pasada, no estamos haciendo nuestro trabajo con el debate que la nación espera de nosotros.

Sinceramente a mí me da la impresión de que Manuel Camacho Solís, Jesús Martínez, se han convertido en promotores del voto de Marta Sahagún. Hoy traen una iniciativa con dedicatoria que eso yo creo que corresponde a una mala técnica legislativa legislar para el caso. Y haría yo aquí un paréntesis y una respetuosísima sugerencia para el licenciado Manuel Camacho, porque usted y yo, licenciado, tenemos algo en común, somos conversos, trabajamos en un sistema político y nos gana la pasión a veces en el discurso.

Usted la semana pasada orilla a una votación diciendo que el PAN sería cortesano si no se votaba en un cierto sentido. Eso no me parece que esté a su nivel y a su altura. Yo creo que si algo nos enseña el ejercicio del pasado y de nuestra conducta y de nuestra vida política, es un ejercicio de tolerancia y no porque haya algo que nos asuste o algo que hayamos hecho deshonestamente. Pero yo sí exijo esa actitud de usted, porque quiero ver al pensador lúcido que sin duda alguna usted tiene esa característica. Por eso mis agresiones, porque hay que decir que usted abrió el fuego.

La actitud del PAN está clara, nos los dijo en declaraciones recientes nuestro Secretario General, Manuel Camacho, cuando dijo: ``No tengo ningún interés en darle continuidad a un tema que le ha hecho inmerecidamente... Perdón, Manuel Espino. ¿Qué dije?..

¡Hombre, estaba yo obsesionado! Sí, caray. Doble alusión, personal y equívoca.

Manuel Espino, ``...inmerecidamente sobre temas de mayor relevancia en este momento para la vida del país''. Y yo creo que tiene razón Manuel Espino y debemos discutir sobre otras cosas.

El punto de acuerdo está muy mal hecho. Su segundo punto todavía es verdaderamente algo totalmente ilógico, ¡que dicha auditoría tenga el propósito fundamental de recomendar al Congreso! Oigan, ¿qué no sabemos lo que hay que hacer en materia de iniciativas para deslindar lo público y lo privado? ¡Desde luego que sí!, de una auditoría no se pueden desprender iniciativas o recomendaciones para modificar la ley.

Pero repito, nosotros estamos por esa congruencia, por esa transparencia a que se hagan las auditorías correspondientes. El Auditor Superior de la Federación tiene atribuciones, tiene que hacerlo, hay una Cuenta Pública, hay un presupuesto y desde luego, al contrario, insistimos que se vaya a fondo y si hay algo en contra de la asociación civil, que eso también quedó claro la semana pasada y no tiene obviamente las facultades el Congreso para formar una comisión, estudiar la asociación civil.

Ahí está el camino de la querella ante el Ministerio Público y que se investigue si hay desviación o se han cometido delitos. Por lo tanto el Partido Acción Nacional ratifica...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se le agotó el tiempo, senador.

El senador Juan José Rodríguez Prats:

Sí, señor Presidente...

Ratifica su voto a favor.

Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra Dolores Padierna Luna, en pro.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

Gracias, señor Presidente.

Esta no es una trivialidad, es un asunto de legalidad y es que la sociedad tiene tres años ya solicitando que se haga una clara división entre lo público y lo privado justamente y es que la señora Marta Sahagún ha venido utilizando recursos públicos, lo digo tajantemente y está la página de Internet que ustedes pueden entrar en la Presidencia de la República, en particular en su secretaría particular, donde aparece una larga lista de funcionarios que trabajan para Marta Sahagún y primero hay que decir que Marta Sahagún no es funcionaria pública, ¿por qué entonces tiene servidores públicos bajo su mando?

Está la señora Angela Georgina Morris Montalvo, con la plaza ``KA-1'', que gana 140,700 pesos como directora general de vinculación y todos conocemos a Angela Georgina que anda siempre de la mano con Marta Sahagún.

Está Omar Saavedra Boddy, con la plaza ``KA-1'', que gana 14,700 pesos mensuales, que es secretario particular, fíjense ustedes, de la oficina de la esposa del Presidente de la República... lo estoy leyendo textual, cuando este título, este cargo no existe en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿De dónde inventaron que la esposa del Presidente sea un cargo al cual se le tengan que asignar recursos públicos?

Y está María Amparo Ríos Alvarez, con la plaza ``NA-1'', que gana 30,800 pesos al mes como subdirectora administrativa de la esposa del Presidente de la República.

Está Irma Olivo Ortega con la plaza ``OB-1'', que gana 23,000 pesos al mes como jefe de departamento de la esposa del Presidente de la República, entre otros.

No es la primera vez que se hace esta denuncia y por eso es tan importante que se apruebe este punto de acuerdo que presenta el diputado Manuel Camacho Solís, porque en la Fundación ``Vamos México'', además todos lo hemos visto, se utiliza infraestructura del Gobierno Federal tan ostentosa a veces, que ofende ante la estrechez del gasto público.

Y, en cada acto público el propio Presidente promueve a la Fundación ``Vamos México''.

Bueno, si promueve a una que promueva a todas las ONG. Estas cosas son falta de transparencia y yo quisiera decir que un problema muy serio está en los donadores, los donantes a esta fundación... Estrella Blanca, por ejemplo: 27 millones de pesos ha donado a la fundación; Banorte y otros... Primero están en el Fobaproa, no pagan sus créditos pero sí andan donando millones de pesos a la Fundación ``Vamos México''.

Pero además, ojalá fuera una cuestión altruista, de humanidad, de bondad, pero estos señores no tienen nada qué ver con las cosas de la caridad y lo que hacen es darle dinero a la Fundación ``Vamos México'' y luego van con el Secretario de Hacienda a que les bonifiquen estos impuestos; o sea, están evadiendo impuestos a través de esa fundación con un daño al erario público también muy serio. Nos piden que aprobemos el IVA en alimentos y medicinas, pero hay millones que se deducen por andar de señores de la caridad.

Entonces yo diría que es un daño muy terrible el que se le está haciendo al erario.

Como se me va a terminar el tiempo, quiero decir algo sumamente importante, que es evidente que hay un tráfico de influencias, los señores que están aportando recursos a la fundación, saben que la señora Marta Sahagún, es más que la esposa del Presidente, tiene incluso a veces más poder que el propio Presidente y saben que su gestión va a ser muy favorable para los donantes.

Y termino diciendo que la transparencia, el hecho de que no se desvíen recursos públicos es, no solamente algo que desee el Congreso, es un mandato de la Constitución y no-sotros tenemos que supervisar que no se desvíen recursos y aquí el genero y las lágrimas de cocodrilo y los disfraces de la Madre Teresa, no tienen nada qué ver con la honestidad, con la rectitud en que todos los servidores públicos estamos obligados a llevar.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputada.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, si se aprueba la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Perdón, Secretaria. ¿Consultó sobre la discusión o sobre la aprobación? Vuelva a preconsultar a la Asamblea, si se encuentra primero suficientemente discutida.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

Se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutida la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, si se aprueba la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Aprobada. Comuníquese.

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BRACEROS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por el señor diputado Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Excitativa a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del PRD.

El suscrito, en mi calidad de diputado de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promuevo ante esta soberanía la presente excitativa, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1.- El 4 de agosto de 1942 el gobierno de EU y de México celebraron, a través de canje de notas diplomáticas y por ende no se requirió de ratificación, un Acuerdo para Reglamentar la Contratación (Temporal) de Trabajadores Agrícolas Migratorios Mexicanos.

Entre otras cosas, el acuerdo dispuso la formación de un Fondo de Ahorro Campesino, el cual sería resguardado por una agencia del Gobierno Norteamericano (no se señala el nombre de la agencia) la cual, a su vez, lo transferiría al Banco de Crédito Agrícola de México (en otro párrafo se le denomina Banco Nacional de Crédito Agrícola). El objetivo del Fondo era para invertirse en la adquisición de implementos agrícolas y que estos puedan ser llevados por los trabajadores al momento de repatriarse. Conviene señalar que en el acuerdo no se especifica el monto que habría de descontarse a cada trabajador.

2.- El 26 de abril de 1943, ambos países celebraron un Acuerdo que Modifica el Convenio del 4 de Agosto de 1942 para Reglamentar la Contratación de Trabajadores Agrícolas Migratorios Mexicanos.

Además de otras modificaciones, se especificó que la Agencia de los EU debería transferir las cantidades con que contribuyan los trabajadores mexicanos para la formación del Fondo de Ahorro Campesino al Wells Fargo Bank and Trust Company, de San Francisco, el cual, a su vez, las traspasaría al Banco de Crédito Agrícola de México para que este último asuma la responsabilidad por el depósito, guarda y aplicación o en su defecto devolución de dichas cantidades. Asimismo, el banco mexicano debería cuidar que los ahorros se inviertan en la adquisición de implementos agrícolas para que pudieran ser traídos por los trabajadores al repatriarse.

3.- El 29 de abril de 1943, los Gobierno de EU y México celebraron un Acuerdo para Reglamentar la Contratación de Trabajadores no Agrícolas Migratorios Mexicanos.

En tal acuerdo se dispuso que la Comisión de Mano de Obra para la Guerra (War Manpower Comisión) de EU tendría la responsabilidad de la custodia de las cantidades con que contribuyan los trabajadores mexicanos para la formación de su Fondo de Ahorro, hasta que sean acreditados al Banco de México S.A., en algunas de las agencias que dicho banco tiene en EU, quien, a su vez, traspasará las sumas en cuestión al Banco del Ahorro Nacional, SA.

4.- El 21 de febrero de 1948, los Gobiernos de EU y México celebraron el Acuerdo Relativo a la Migración de Trabajadores Agrícolas Mexicanos.

En la cláusula vigésima quinta del acuerdo se establece que con el propósito de fomentar la creación de los fondos de ahorro, el patrón retendrá periódicamente el diez por ciento del salario del trabajador, entregándole constancia de los descuentos que se le hagan en cada día de raya. También establece que ``todos los salarios descontados deberán ser entregados al trabajador mediante cheque bancario certificado a su nombre que llevará el sello del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, que será puesto (sic) en el momento en que el trabajador cruce la frontera de regreso a México. Dichos cheques serán expedidos en moneda americana (dólares) y negociables después de ser endosados a través de cualquier institución bancaria en México''.

Para que el Congreso contribuya a la más pronta solución de este conflicto y teniendo en cuenta que:

1.- Por lo anterior el 30 de abril del 2003 el diputado Sergio Acosta Salazar, del Partido de la Revolución Democrática presentó un Proyecto de Decreto que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Asistencia para los Ex Braceros del periodo 1942-1966, la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

2.- Con fecha 9 de julio de 2003 el diputado José Carlos Luna Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Iniciativa de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Contingencia para el Apoyo de los Ex Braceros del Periodo 1942-1946, misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

En virtud de que hasta la fecha no han sido dictaminadas, conforme a la ley, tales iniciativas, solicito a la presidencia dé trámite a la siguiente proposición:

Único.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45, numeral 6, incisos c), e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 21, fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, le solicito, Señor Presidente, excite lo conducente a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para el efecto de que se dictaminen, conforme a la ley, las iniciativas antes descritas. Para que las Comisiones puedan concluir con este trabajo, la Secretaría de Gobernación debe entregarles el padrón de los mexicanos que fueron parte de los programas de trabajo en los Estados Unidos de 1942 a 1946. Dicha Secretaría había ofrecido entregar ese padrón hace tres meses.

Dip. Manuel Camacho Solís (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, Secretaria.

De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, para que emitan el dictamen correspondiente.

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BANCOMER
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día, ya en agenda política, es comentarios sobre la necesidad de conocer puntualmente los tiempos y modalidades para la ampliación de los recursos aprobados en el Decreto de Presupuesto de Egresos del 2004 y la instrumentación de las reglas de operación para el campo y en general para los programas de desarrollo rural sustentable.

Tiene el uso de la palabra la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo... Se cancela.

Entonces, tiene el uso de la palabra la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en comentarios sobre el rescate bancario.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

Señoras y señores legisladores:

Quisiera conminarlos a ustedes, por eso lo metí en la agenda política, para que pudiéramos tener, aunque fuera en algún momento un encuentro una plática, una conversación con las autoridades monetarias y bancarias para revisar las implicaciones que tendría la venta de Bancomer al Banco Bilbao Vizcaya Argentary.

Este banco ha dicho públicamente que Bancomer, en caso de ser comprado por BBVA, sería considerada una sucursal más de aquel banco español, lo cual significa que dejaría de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores.

Esto es un asunto muy grave y muy delicado, porque si Bancomer deja de cotizar en la Bolsa de Valores ya no tendrá que rendir cuentas a la Comisión Nacional Bancaria, ya no estará obligado a rendir un informe trimestral de sus estados financieros ni hacerlos públicos como ahora lo obliga la ley, y lo peor, es de que se terminaría la facultad de la Comisión Nacional Bancaria para supervisar las operaciones de este banco. Si no fuera porque hay muchos recursos públicos implicados en ese banco, a través de los pagarés de capitalización y compra de cartera, no tendría nada quéver, el problema es de que se quiere vender en 4 mil 100 millones de dólares y ese banco tiene más de 80 mil millones de dólares en un pagaré.

Un documento se vence el año próximo y equivale a 2 mil millones de dólares, más de lo que van a pagar por este banco, además de los efectos del proceso de extranjerización de la banca, mientras no se haga el quinto transitorio y se puedan auditar los pagarés, ese banco Bancomer tiene que seguir siendo supervisado por las autoridades.

Pero también se me hace muy injusto que se les exonere del pago del Impuesto Sobre la Renta...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Perdón, diputada Dolores Padierna, se le dio el uso de la palabra para hablar sobre el tema del rescate bancario que está registrado; usted también registró sobre la venta de Bancomer y al Banco Bilbao Vizcaya, lo único que le sugiere la Presidencia es que se sujete al tema para el cual se le dio el uso de la palabra.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

Sí, señor Presidente, seguramente hay alguna confusión de parte de nosotros, los que tramitamos, solamente se iba a abordar un punto desde la vez pasada, que es Bancomer.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Muy bien, continúe.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

Les decía que es muy grave que se pretenda eludir del pago del impuesto a Bancomer; es cierto que la ley no es explícita en un pago de esta naturaleza, pero también es cierto que el Gobierno puede obligarlos a pagar al fisco este impuesto.

Una ley, ojalá ustedes aprueben una ley que nosotros presentamos para gravar la enajenación de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

Pero un asunto todavía más grave, es que Bancomer, debe 19 mil 995.5 millones de pesos de impuestos diferidos y debe de ponerse al corriente y pagar sus adeudos fiscales antes de ser vendido. Queremos que las autoridades bancarias nos demuestren que ya Bancomer hizo este pago, porque en el 2001, la Comisión Bancaria hizo una normativa que establece que los bancos sólo pueden tener intereses moratorios a no más del 20% de su capital básico y Bancomer tiene el 68.3% de intereses diferidos con respecto a su capital básico. Igual está BITAL, igual está... Bueno, Banamex no, ni Banorte, ellos están en 19 y 13% y cubren la norma.

Desde mi punto de vista, esa norma no debería de existir, todas las empresas tienen que pagar su impuesto. ¿Por qué los bancos, además de pagarés, además de todo lo que se les da, encima no pagan impuestos? Se les difiere, lo anotan en su balance como activo para capitalizar al banco, con una pérdida fiscal en plena contingencia que nos piden pónganle el IVA a los alimentos, las medicinas y es una insistencia porque no hay recursos; lo que vemos es de que sí hay recursos, pero el Gobierno no quiere cobrarle a determinados sectores privilegiados.

Hemos sabido que se pretende encorchetar las pizcachas que encontró el Auditor Superior de la Federación, como resultados de la Cuenta Pública 2001. Según el auditor, Bancomer ya nada más debe mil 429 millones de pesos, cuando tan sólo el Auditor Mackey, dijo que ni siquiera debió habérsele dado un solo pagaré de capitalización y compra de cartera, porque era un banco financieramente sano.

Además, el auditor quiere pasar por alto lo que es ilegal, que es inyectar recursos públicos a bancos con fortaleza financiera; también se pretende pasar por alto que Fortunato Alvarez, demostró que Bancomer pasó intereses moratorios al Fobaproa, lo cual también es ilegal, no se pueden contabilizar interese moratorios hasta su pago.

Se pretende también esconder todos los créditos relacionados; tan sólo el Grupo Masón López, tiene 10 créditos y los Masón López, eran miembros del Consejo de Administración de Bancomer, éstos fueron 23 mil 600 millones de pesos que pasaron al Fobaproa; también Abraham Silvers Stentoip, asesor del banco, propietario de siete empresas muy significativas, sacó crédito del banco para capitalizar sus empresas, luego las declara en suspensión de pagos y pasan esos créditos al Fobaproa; los Martínez Huitrón y más, o sea, el auditor Mackey, por obvio de tiempo, relata una serie de créditos relacionados que pasaron al Fobaproa y que rebasan los 40 mil millones de pesos nada más en este banco.

Antes de vender Bancomer a los extranjeros, deben aclararse todas las operaciones ilegales que amparan o que están abajo o adentro del pagaré de capitalización y compra de cartera, los créditos en suspensión de pago, la chatarra de créditos menores, los créditos relacionados, los créditos irrecuperables, los créditos moratorios, los créditos descontados a la banca de desarrollo, todo eso es ilegal y está en el pagaré. Deben de regresar ese pagaré y debe de venderse el banco, en todo caso, sin lo que implique ni impuestos ni el pagaré, porque ésos son recursos públicos. Todos estos créditos violan las bases de capitalización firmadas por Bancomer y por el Fobaproa.

Una vez más, les solicito se dé turno al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el 13 de agosto del 2003 una vez más, solicito se forme la comisión investigadora del IPAB, que reúne ya todos los requisitos de la ley y con maniobras se ha evitado su conformación; una vez más, conmino a las y los legisladores para que apliquemos la legalidad en el caso del Programa de Capitalización y Compra de Cartera y hablemos con las autoridades competentes y juntos encontremos una solución a este problema latente, que va a seguir latente y no nos vamos a cansar de hablar de él hasta que no se haga lo que ordena la ley.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputada.

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre este mismo tema el señor senador Héctor Larios Córdova.

El senador Héctor Larios Córdova:

Gracias, señor Presidente.

Estando en lo general de acuerdo con el planteamiento de la diputada Dolores Padierna, me parece que es muy importante hacer algunas precisiones, una de las razones por las cuales se puede hablar tanto del tema de la crisis financiera, la crisis bancaria del 1995, que en realidad arrancó desde el 1992, es porque se hacen un conjunto de afirmaciones que muchas veces no encajan con la realidad, ciertamente comparto la idea de que no es sano de que un solo propietario sea el poseedor, en este caso una persona moral, de todas las acciones de una institución bancaria y no es sano porque las instituciones bancarias se cotizan en bolsa, además de la información y de la supervisión que hacen las autoridades, que no se va a cancelar y me parece que esto es importante precisarlo la Comisión Nacional Bancaria: tendrá y mantendrá la obligación de supervisar, de acuerdo con lo que establece la ley, a la institución bancaria de referencia, lo único que pasaría es que las acciones son propiedad de una sola persona y en consecuencia no va a cotizar en bolsa seguramente, y al no cotizar en bolsa no tendrá que rendir los informes que todas las empresas públicas que cotizan en bolsa tienen que estar emitiendo de manera periódica y además de tener todas las auditorías, den garantía a los accionistas o a los compradores de acciones que concurren en la Bolsa de Valores, de que la información que se presenta es correcta.

Pero de ahí a deducir que ya no va a ser supervisado este banco por las autoridades, me parece que es un error que vale la pena precisar.

También es importante decir, que no hay exoneración de impuesto alguno. En México no se grava las operaciones que se hacen en bolsa, sin embargo, el incremento patrimonial que tiene una persona física o moral por utilidades generadas, tiene que acumularlo a sus ingresos y desde luego estará sujeto al pago de impuestos; no es que tengan algún tratamiento preferencial por ser un banco, en el caso de cualquier empresa de cualquier transacción que se hace en la Bolsa de Valores no tiene un gravamen, pero las personas físicas o morales que tienen un incremento patrimonial o que tienen un decremento patrimonial, pues van a reflejarlo en su declaración de impuestos.

También el hecho que las acciones, que no me parece bien, que se transfieran a una sola persona, no significa que se pretende dejar de pagar impuestos diferidos, los impuestos diferidos son impuestos que están registrados en la contabilidad del banco por intereses que va a cobrar un día y que ya devengó pero que no ha cobrado, en el momento que los cobre actualizará la necesidad o la obligación de pagar sus impuestos y tiene una reserva para pagarlos.

Las obligaciones fiscales que tiene esta institución por el simple hecho de que los propietarios de las acciones pasen a otros propietarios o a un solo propietario, no cancela ninguna obligación fiscal que tenga en este caso BBVA.

Tampoco cancela ninguno de los compromisos que están establecidos en el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, me parece que estando de acuerdo en que no es sano para el país que deje de cotizar, porque es un mecanismo de vigilancia adicional, la vigilancia que tiene una empresa pública no puede sacarse tanto en conclusión, que hacen más confuso todo este terreno y que hacen posible que en este país se hable con tanta ligereza del tema del rescate financiero.

Es cuanto, señor Presidente.

Presidencia del senador Jorge Zermeño InfanteEl Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Gracias, senador Larios.

Tiene el uso de la palabra el senador Demetrio Sodi de la Tijera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El senador Demetrio Sodi de la Tijera:

En forma muy breve.

Yo creo que a todos nos preocupa no solamente en caso de que Bancomer acabe siendo ciento por ciento una empresa extranjera, un banco extranjero, sino lo que valdría la pena es analizar y aprovechando el comentario que se ha hecho, lo que está sucediendo con la banca mexicana.

Recientemente leía un artículo de una comparación, un alza internacional, en este libro nuevo de Stiglitz, sobre los explosivos 1990 y habla de lo que ha pasado en el mundo en los países en vías de desarrollo, los países emergentes, con la extranjerización bancaria. Y es lo que está enfrentando México, una banca que no le sirve al país. Yo creo que la tendencia más que promover que se siga extranjerizando la banca, la tendencia debe ser cómo la empezamos a nacionalizar y no desde el punto de vista del Estado, sino el punto de mexicanizar.

Lo que es un hecho y Stiglitz analiza la actuación en varios países del mundo, la banca extranjerizada abandona totalmente el crédito a la empresa nacional y únicamente presta a empresas transnacionales, que es lo que está pasando en México, son empresas, son bancos que están más allá de las fronteras y entonces su vínculo que lo tienen a nivel de empresa transnacional e ignoran totalmente a la empresa mexicana que es lo que está pasando; la empresa mexicana no tiene acceso al crédito; no tiene acceso, fundamentalmente estos bancos. Ayer también salía una comparación, ayer o antier, en un periódico, en relación con las utilidades que tienen y tienen más del doble de rendimiento sobre la inversión, de lo que tienen en el país de origen. O sea, tanto el banco Banamex o Bancomer, tienen el doble de rendimiento.

Y también hoy salía un comentario acerca del Banco de México, en función de que no están prestando, de que la empresa mexicana se está financiado fundamentalmente con proveedores. Por eso el punto es muy importante, porque la tendencia sería recuperar una banca con mayor presencia nacional.

Bancomer finalmente quiere seguir lo mismo que hizo Banamex; una banca totalmente extranjera. Pero una banca que no le sirve al país. Yo creo que es el tema, lo que habría analizar y habría aquí que hacer una reunión con el gobierno, con el Banco de México, ¿qué banca necesita México? Y obviamente no es una banca extranjerizada, es una banca que tiene mucho más vínculo y mucho más compromiso con las empresas nacionales y con la economía nacional.

México no tiene banca. Es decir, ya la saneamos, ya justificada o no, se llevó a cabo el Fobaproa; ya nos costó un dineral. Y bueno, si nos costó un dineral siquiera que le sirviera al país; siquiera que fuera una banca que invirtiera en México, que prestara a la empresa mexicana, que financiera la pequeña y mediana industrias, que financiara la vivienda. En vivienda la banca mexicana creo que da 11 mil créditos al año, no sirve para nada. Una banca con las tasas actuales debía estar dando 10 veces más.

Se comprometieron si hacíamos ciertos cambios para dar seguridad. Ustedes recuerdan, si dábamos seguridad en los créditos, a la vez de los fideicomisos y etcétera, se había comprometido a bajar intereses y a multiplicar por 4 ó 5 veces los créditos hipotecarios. No han hecho nada. Es una banca que finalmente está aquí y ahí sí es una sucursal. Si uno platica con los funcionarios de medio nivel, inclusive con los directores, no los meros dueños, no con los de hasta arriba de Bancomer o de Banamex, todos se quejan de que los ven como empleados de la sucursal México.

Yo creo que el problema sí es mucho más serio, no se trata de atacar una banca en específico, una empresa. Pero México está enfrentando y tiene un verdadero problema. Si queremos que el país crezca y se desarrolle económicamente, no tenemos la banca para el crecimiento económico. Más allá de que requiramos una reforma fiscal y reformas en otros sectores, que si energético, que si laboral, si no tenemos una banca comprometida con el país, el país no va a crecer.

Y yo creo que el tema por eso hoy Bancomer nos debía hacer reflexionar e integrar a lo mejor un grupo de trabajo con el Banco de México, de diputados, de senadores, para ver el problema de la Banca nacional.

Los bancos extranjeros no tienen interés en desarrollar a la empresa nacional, tienen interés en prestarle a los que les prestan en el resto del mundo que son empresas trasnacionales.

Yo creo que el tema sí es muy importante y ojalá pudiéramos integrar en las comisiones de Hacienda, una comisión especial para ver el problema que enfrenta el país y que vamos a enfrentar en el futuro, sino recuperamos una Banca al servicio de México.

Gracias.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias.

Tiene el uso de la palabra el senador Fernando Gómez Esparza.

Perdón, quiero señalar que es el último orador, de acuerdo con el tiempo que debe durar la sesión y perdónenme si hay más intervenciones voy a verme obligado, en virtud del acuerdo, a negarlas.

El senador Fernando Gómez Esparza:

Con el permiso de la Presidencia:

Creo que este punto es sumamente importante. En el transcurso de la última década del siglo pasado, se dio una transformación del sistema financiero nacional.

Sin duda, las reformas que se hicieron en la LVII Legislatura para que pudieran en un momento dado las acciones de los bancos ser 100% extranjera, es el fundamento que da sustento a la extranjerización del sistema bancario nacional y esto, sin duda, es legítimo, pero de ello a que realmente se haya justificado y cumpla su función esencial de la banca, que es el de ser intermediario financiero entre el ahorro nacional, entre el ahorro de las empresas y de los particulares, para colocarse en manos de aquellos que pueden generar empleo o que en un momento dado puedan incrementar o dar la posibilidad de incrementar el patrimonio personal, está muy distante. Y esto fundamentalmente porque no ha cumplido su función de intermediario financiero y de colocador de los recursos de la banca nacional, pero fundamentalmente de los particulares.

Entonces yo creo que debemos de atender y hacer un llamado y un análisis en dos sentidos fundamentales. El primero de ellos es que prácticamente está culminando la extranjerización del sistema financiero de la banca mexicana en manos de extranjeros; ése es el primer tema, lo cual debe de llamar la atención.

En segundo lugar la legislación que existe para que efectivamente queden exentos del pago de los impuestos las transacciones que se hagan en la Bolsa de Valores. Yo creo que eso es inaudito en este momento y es importantísimo que tomemos nuestra función como legisladores para poder sanear este problema tan grande y este error que existe actualmente.

Y por último un punto muy importante. Creo que en este momento debemos de exigir a la banca extranjera y a la poca que queda nacionalmente o con capital nacional, para que se fortalezcan los instrumentos de financiamiento que detonen el desarrollo a nivel nacional, en aquellos puntos que efectivamente le puedan dar sustento al Gobierno Federal, a través de su política económica, a través de las diferentes dependencias y funciones que tiene que cumplir el Ejecutivo Federal, para que a través de la creación de infraestructura, de la creación de vivienda, de la construcción de diferentes obras públicas en los tres niveles de gobierno, pero también esencialmente como respaldo y apoyo a los empresarios mexicanos y aquellas personas que solicitan un crédito por mínimo que éste sea, para que se logre el crecimiento y el desarrollo de la nación.

Si no hay financiamiento en el país y si no cumplen la obligación y su función la banca nacional o extranjera dentro del sistema bancario nacional, difícilmente vamos a poder superar las condiciones de deterioro social y productivo que existe en la nación.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor senador.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, la cual incluirá los asuntos no abordados en la presente.

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ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 18 de febrero de 2004.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del DV aniversario del natalicio de Cuauhtémoc, último Huei Tlatonai de la Triple Alianza, tendrá lugar el 23 de febrero a las 10:00 horas, en el busto ubicado en el costado sur poniente del atrio de la Catedral Metropolitana, 5 de mayo y Plaza de la Constitución.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del Día de la Bandera, tendrá lugar el 24 de febrero a las 8:00 horas, en el patio poniente del antiguo Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, Plaza de la Constitución y 5 de Febrero.

Oficio del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social

Con el que remite el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al cuarto trimestre de 2003, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 286-c de la Ley del Seguro Social. (Turno a comisión.)

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, Secretario de Relaciones Exteriores, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional José Matías Delgado, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el Gobierno de la República de El Salvador. (Turno a comisión.)

Solicitud de particular

De la ciudadana Fabiola Margarita Solís Aguinaco, solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios en la Embajada de los Países Bajos, en México. (Turno a comisión).

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Pedro Joaquín Chamorro, en grado de Gran Collar, que le confiere la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano capitán de navío CG Diplomado de Estado Mayor Carlos Mejía Tejeda, para aceptar y usar la Medalla al Mérito de la Guardia Costera de Estados Unidos de América.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano doctor Mario de la O. Almazán, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas, en la ciudad de Acapulco, con circuscripción consular en el estado de Guerrero.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Miguel Alfredo Dutton Delorme, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 15:22 horas):

Gracias, Secretario.

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 18 de febrero de 2004, a las 11:00 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 4 horas.

Quórum a la apertura de sesión: 32. legisladores.

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 4.

Proposiciones con punto de acuerdo: 11.

Puntos de acuerdo aprobados: 2.

Excitativas a comisiones: 1.

Temas de agenda política: 1.

Oradores en tribuna: 29

PRI-7; PAN-5; PRD-13; PVEM-2; PC-2;

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 1.

Se recibió:

Informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica conmemorativa;

3 comunicaciones de los congresos de los estados de Guerrero y Oaxaca;

1 informe de la Presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, sobre la gira de trabajo en el estado de Quintana Roo, relativo al estado que guarda el caso del pederasta Jean Succar Kuri;

3 oficios Secretaría de Gobernación por los que remite copias de contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;

2 oficios Secretaría de Gobernación por los que remite copias de contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente;

2 oficios Secretaría de Gobernación por los que remite copias de contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite el diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita autorización para que el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional los días 5 y 6 de marzo de 2004, a efecto de que realice una visita de trabajo al estado de Texas, Estados Unidos de América;

5 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que remite los nombramientos que el Presidente de la República hizo en favor de igual número de ciudadanos como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite el nombramiento que el Presidente de la República hizo en favor de ciudadano como Cónsul General de México en Toronto, Canadá;

11 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso necesario para que igual número de ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso necesario para que un ciudadano pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Mongolia, en la Ciudad de México;

15 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que remite hojas de servicios de igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

1 iniciativa del PAN;

1 iniciativa del PRI;

1 iniciativa del PC;

Dictámenes de primera lectura:

1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que concede el permiso necesario al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración que le confiere la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua;

1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que concede el permiso necesario al ciudadano Carlos Mejía Tejeda, para aceptar y usar la medalla que le confiere la Guardia Costera de Estados Unidos de América:

1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que concede el permiso necesario al ciudadano Mario de la O Almazán, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero;

1 Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que concede el permiso necesario al ciudadano Miguel Alfredo Dutton Delorme, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Belice en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán.

Dictámenes aprobados:

1 de la Segunda Comisión con punto de acuerdo por el que ratifica el nombramiento del ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, como Cónsul General de México en Boston, Massachusets, Estados Unidos de América;

1 de la Segunda Comisión con punto de acuerdo por el que ratifica el nombramiento del ciudadano Juan Marcos Gutiérrez González, como Cónsul General de México en Denver, Colorado, Estados Unidos de América;

7 dictámenes de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que ratifican grados militares a igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos;

1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que concede el permiso necesario al ciudadano Sergio Arturo Hernández Salcedo, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Francia en Oaxaca, Oaxaca;

1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que concede el permiso necesario a los ciudadanos: Fernando de Jesús Canales Clariond, Carlos Eduardo Represas de Almeida y Manuel González Bautista, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

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LEGISLADORES QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Camacho Solís, Víctor Manuel (PRD). . . . . . . . . . . .

Döring Casar, Federico (PAN) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Flores Rico, Carlos (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

García Laguna, Eliana (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gómez Esparza, Fernando (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . .

González Roldán, Luis Antonio (PVEM). . . . . . . . . .

Jiménez González, David (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . .

Larios Córdova, Héctor (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . . .

Madrid Tovilla, Arely (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Martínez Alvarez, Jesús Emilio (PC). . . . . . . . . . . . .

Melgoza Radillo, Rafael (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . .

Padierna Luna, María de los Dolores (PRD). . . . . . . .

Rodríguez Prats, Juan José (PAN). . . . . . . . . . . . . . . .

Romero Castillo, Cecilia (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . .

Rueda Sánchez, Rogelio Humberto (PRI). . . . . . . . . .

Sodi de la Tijera, Demetrio (PRD). . . . . . . . . . . . . . .

Vázquez García, Sergio (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . . .

Distrito Federal: 100

Fundación ``Vamos México'': 124

Distrito Federal: 96, 99, 102 desde curul

Estado de Tamaulipas: 88

Publicidad en tiempos oficiales: 112

Anticoncepción: 119

Programas Rurales: 110

Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 115

Voto de mexicanos en el extranjero: 122 Bancomer: 133

Tarifas eléctricas: 117

Distrito Federal: 93

Feminicidios: 104

Bosques: 108

Bancomer: 131

Distrito Federal: 90, 94 desde curul

Año del Himno Nacional Mexicano: 33

Artículos 82 y 116 constitucionales: 41

Cisjordania: 106

Ingresos petroleros: 103

Bancomer: 130

Distrito Federal: 94, 98

Fundación ``Vamos México'': 125

Distrito Federal: 94, 96 desde curul, 101 desde curul

Distrito Federal: 102 desde curul

Distrito Federal: 97 desde curul

Bancomer: 132

Código Federal de Procedimientos Penales-Código Penal Federal: 34