DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Juan de Dios Castro Lozano	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO I	México, DF, 18 de febrero de 2004	Sesión No. 10

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los señores legisladores.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Hay una asistencia de 26 legisladores. Hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 11:09 horas):

Se abre la sesión.

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se ha distribuido entre los legisladores.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se dispensa la lectura.

«Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 18 de febrero de 2004.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que con motivo del DV aniversario del natalicio de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, tendrá lugar el 23 de febrero a las 10:00 horas, en el busto ubicado en el costado sur poniente del atrio de la Catedral Metropolitana y calle 5 de mayo y Plaza de la Constitución.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del Día de la Bandera, tendrá lugar el 24 de febrero a las 8:00 horas, en el patio poniente del antiguo Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, Plaza de la Constitución y calle 5 de febrero.

De los congresos de los estados de Coahuila y San Luis Potosí.

Del Auditor Superior de la Federación.

Iniciativas de legisladores

De Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas, y de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Angel Paulino Canul Pacab y Consuelo Muro Urista, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que adiciona un párrafo segundo al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

De Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que reforma y adiciona la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Oficio del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social

Con el que remite el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al cuarto trimestre de 2003, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 286-C de la Ley del Seguro Social. (Turno a comisión.)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Tres, con los que remite contestaciones relativas a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a comisión.)

Cinco, con los que remite contestaciones relativas a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. (Turno a comisión.)

Con el que remite la terna propuesta por el Presidente de la República, para la designación de un magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario. (Turno a comisión.)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ricardo Francisco García Cervantes, pueda aceptar y usar la condecoración Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica. (Turno a comisión.)

Cuatro, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Luis Ernesto Derbez Bautista, José Ramón de la Santísima Trinidad Mantilla y González de la Llave, Paulino López Bernal y Bernhard Wilhelm Tetziaff von Wobeser Hoepfner, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Turno a comisión.)

Dos, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Claudia Castañeda Villarreal, Adriana Vega Cerecedo, Diana de la Huerta Gastón, Diana Jiménez Liévana, María Elena Honc Navarro, Edgar López Zuazua Carmona, Manuel de Jesús García Bañuelos, Santiago Ramírez López y Sabina García Alvarez, puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros y se comunica que la ciudadana Nadia Castellanos Villanueva, ha dejado de prestar servicios en el Consulado General de Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco. (Turno a comisión.)

Quince, con los que remite hojas de servicios de miembros del Ejército mexicano, para los efectos de la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)

Solicitud de particular

La ciudadana Fabiola Margarita Solís Aguinaco, solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios en la Embajada de los Países Bajos, en México. (Turno a comisión.)

Dictámenes de primera lectura

De la Segunda Comisión con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 5 y 6 de marzo de 2004, a efecto de que realice una visita de trabajo al estado de Texas, Estados Unidos de América.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: María Isabel Castillo González, Miren Carmele Pérez Aguirre Salvarrey, Rubén Hernández Aguilar, Rafael Avila Rosales e Ignacio Linárez Zavala, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de España.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Francisco Nicolás González Díaz, Jorge Pulido Vázquez, Felipe de Jesús Rosete Vázquez, Gustavo Carvajal Moreno y Fernando Estrada Sámano, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Mongolia en México, con circunscripción consular en toda la República.

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Pedro Joaquín Chamorro, en grado de Gran Collar, que le confiere la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano capitán de navío CG, Diplomado de Estado Mayor Carlos Mejía Tejeda, para aceptar y usar la Medalla al Mérito de la Guardia Costera de Estados Unidos de América.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano doctor Mario de la O Almazán, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas, en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Miguel Alfredo Dutton Delorme, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán.

De la Tercera Comisión con punto de acuerdo relativo a la proposición para exhortar a la Secretaría de Economía, a emitir un acuerdo en el ámbito de sus facultades para que regule la importación de llantas usadas a México.

De la Tercera Comisión con punto de acuerdo relativo a la preposición para la comparecencia del Secretario Ejecutivo del IPAB.

Presupuestos de la Cámara de Senadores

La Cámara de Senadores, para los efectos del inciso g) del artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, remite los presupuestos de dietas, honorarios, sueldos y gastos, ejercido en el mes de diciembre de 2003 y para enero y febrero de 2004.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se hacen llegar las condolencias y reconocimiento de amistad a los familiares de la señora Delal Baer, amiga de México, por su fallecimiento, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, realice las acciones necesarias para fomentar la coedición entre el Gobierno Federal y la industria editorial mexicana, a cargo del senador Adalberto Madero Quiroga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la partida asignada al seguro de gastos médicos de los altos mandos de los tres poderes de la Unión y de los órganos autónomos, pase al ISSSTE, etiquetada para la compra de prótesis y medicinas, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación, revise los fondos del Ramo 33 asignados a todos los estados de la Federación y al Gobierno de la Ciudad de México, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en su caso, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Servicio de Administración Tributaria, ejerza su facultad rectora respecto del sistema bancario mexicano y sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales por la venta anunciada relativa a las acciones del BBVA Bancomer, SA, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exprese su tajante rechazo a las operaciones de espionaje llevadas a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América, en aquellas delegaciones diplomáticas que se habían manifestado en contra de la intervención militar de ese país en territorio iraquí, a cargo del grupo parlamentario del Partido de Convergencia. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de Diputados, lleven a cabo los trabajos necesarios para examinar la situación del sistema bancario mexicano y su contribución al desarrollo nacional, a cargo del senador Demetrio Sodi de la Tijera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, remita copia del acuerdo ``requisitos para la documentación de organismos vivos modificados para alimento humano o animal o para procesamiento'', firmado el 29 de octubre de 2003 y se cita a comparecer al titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales de dicha dependencia, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a la Sagarpa, explique las razones de la firma del acuerdo trinacional celebrado con Estados Unidos de América y Canadá, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo con motivo de la convocatoria de diversos organismos internacionales, a fin de incluir la participación del Senado de la República, en la campaña mundial por la educación, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal dé a conocer el estado que guardan los Pidiregas en la Comisión Federal de Electricidad, hasta enero de 2004, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Secretaría de Economía, informe sobre las líneas de crédito contraídas con el fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (``Changarros'') a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a los poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Sonora, actúen con imparcialidad en torno a los detenidos en Cananea, Sonora, suscrito por los diputados Eduardo Espinoza Pérez y Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del director general de la Lotería Nacional, a fin de que informe a la Comisión Permanente sobre la creación del fideicomiso ``Transforma México'', suscrita por las diputadas Martha Palafox Gutiérrez y Consuelo Muro Urista, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente Vicente Fox Quesada, a firmar y publicar el decreto para reubicar a la Comisión Nacional de Zonas Aridas en la Sagarpa o, en su defecto, confirme su sectorización en la Sedesol, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Excitativas

A las comisiones de Pesca, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Marina, a solicitud del diputado Eugenio Mier y Concha Campos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las comisiones unidas de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a solicitud del senador Oscar Luebbert Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a solicitud del diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Sobre una comisión que se encargue de investigar los recursos del fondo de ahorro de los ex braceros mexicanos, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre los resultados obtenidos en la convención nacional hacendaria, a cargo del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

Comentarios sobre el Día del Ejército, a cargo del senador Sadot Sánchez Carreño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

Sobre el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que incorpora ``la acción de nulidad de juicio concluido'', a cargo del senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre la propuesta oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, respecto a las medidas de austeridad dictadas por el Congreso de la Unión, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre la Sexta Reunión del Parlamento de Mujeres de México 2004, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre los resultados de crecimiento dados a conocer por el INEGI, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

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JOSE LOPEZ PORTILLO Y PACHECO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señoras y señores legisladores, esta Presidencia tiene la pena de comunicar el fallecimiento del señor licenciado José López Portillo y Pacheco, ex Presidente de la República, ocurrido el día de ayer 17 de febrero.

Se pide a los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.

(Minuto de silencio.)

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Gracias, pueden sentarse.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvase manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles once de febrero de dos mil cuatro, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

En el salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y dos legisladoras y legisladores, a las once horas con veintidós minutos del miércoles once de febrero de dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

El Presidente designa una comisión para recibir al doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y le concede la palabra para presentar el informe de actividades de esa institución correspondiente al periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil tres. El Presidente dirige un mensaje para agradecer la presencia del doctor Soberanes Fernández, solicita a la comisión designada acompañarlo cuando desee retirarse y turna el informe referido a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica conmemorativa del centésimo septuagésimo tercer aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

Guerrero, con acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a no aprobar la iniciativa del Poder Ejecutivo Federal de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energéticos. Se turna a las comisiones de Energía y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Guerrero, con acuerdo en relación con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Colegio de Posgraduados y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Oaxaca, con la que remite copia del acuerdo relativo a la Entidad Superior de Fiscalización de la Federación, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, el once de octubre de dos mil tres. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

El Presidente informa de la recepción de una comunicación de la Presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, con la que remite informe de la gira de trabajo en el estado de Quintana Roo, relativo al estado que guarda el caso del pederasta Jean Succar Kuri. Se turna a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto, los legisladores:

Senadora Arely Madrid Tovilla, a nombre propio y de la senadora Yolanda Eugenia González Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, para que se declare el año dos mil cuatro como Año del Himno Nacional Mexicano.

Presidencia del senador Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.

Diputado Sergio Vázquez García, del Partido Acción Nacional, que adiciona los artículos ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales y doscientos veintitrés del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, de Convergencia, que adiciona los artículos ochenta y dos y ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Tres, por los que remite copias de las contestaciones de las secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a los requisitos que la Ley contra el Bioterrorismo de los Estados Unidos de América establece a las empresas mexicanas exportadoras de alimentos, que se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento; a la protección y conservación de las tortugas marinas, que se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento; y a la empresa comercializadora METROGAS, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento.

Dos, por los que remite copias de las contestaciones del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública, a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, en relación con la entrada de llantas usadas a México y con la concesión para la construcción de una planta de gas en Valle de Guadalupe, Baja California. Remítanse a la Cámara de Senadores.

Tres, por los que remite el diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y copias de las contestaciones del director general de Servicios de Salud del gobierno del estado de Veracruz sobre brotes epidémicos ocasionados por el huracán ``Larry'', y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el presupuesto de programas relacionados con zonas afectadas por desastres, todos en relación con puntos de acuerdo aprobados por el Senado de la República. Remítanse a la Cámara de Senadores.

Uno, por el que solicita autorización para que el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional los días cinco y seis de marzo de dos mil cuatro, a efecto de que realice una visita de trabajo al estado de Texas, Estados Unidos de América. Se turna a la Segunda Comisión.

Seis, por los que remite los nombramientos que el Presidente de la República hizo en favor de los ciudadanos: Carlos Alberto de Icaza González; Luis Alfonso de Alba Góngora; Juan José Bremer de Martino; Sandra Camila Antonia Fuentes Beráin Villenave; Fernando Estrada Sámano, y Carlos Pujalte Piñeiro; como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México en los Estados Unidos de América; ante Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza; Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Reino de los Países Bajos; y Reino de Suecia; y como Cónsul General de México en Toronto, Canadá, respectivamente. Se turnan a la Segunda Comisión.

Uno, por el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Costa Rica. Se turna a la Primera Comisión.

Diez, por los que solicita el permiso necesario para que igual número de ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. Se turnan a la Primera Comisión.

Uno, por el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Jorge Rangel de Alba Brunel, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Mongolia, en la Ciudad de México, con circunscripción consular en la República Mexicana. Se turna a la Primera Comisión.

Quince, por los que remite hojas de servicios de igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.

Cuatro dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se concede el permiso necesario a los ciudadanos:

Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración que le confiere la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.

Carlos Mejía Tejeda, para aceptar y usar la medalla que le confiere la Guardia Costera de los Estados Unidos de América.

Mario de la O Almazán, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.

Miguel Alfredo Dutton Delorme, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Belice en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán.

Son de primera lectura.

Dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, como Cónsul General de México en Boston, Massachussets, Estados Unidos de América. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo. El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Muñoz Ledo Chevannier y acompañado de una comisión designada, rinde su protesta de ley.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Juan Marcos Gutiérrez González, como Cónsul General de México en Denver, Colorado, Estados Unidos de América. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo. El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Gutiérrez González y acompañado de una comisión designada, rinde su protesta de ley.

Siete dictámenes de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Sin discusión se aprueban en votación económica. Comuníquense al Ejecutivo.

Dos dictámenes de la Primera Comisión con proyectos de decreto por los que se concede el permiso necesario a los ciudadanos:

Sergio Arturo Hernández Salcedo, para que pueda de-sempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Francia en Oaxaca, Oaxaca.

Fernando de Jesús Canales Clariond, Carlos Eduardo Represas de Almeida y Manuel González Bautista, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Son de segunda lectura. Sin nadie que solicite el uso de la palabra se aprueban en lo general y en lo particular por treinta y tres votos en pro. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Presentan proposiciones con puntos de acuerdo los legisladores:

Carlos Flores Rico, a nombre propio y del diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, establezcan la tarifa eléctrica uno - E en diversos municipios del estado de Tamaulipas. Se turna a la Tercera Comisión.

Senador Héctor Larios Córdoba, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a revertir el acuerdo publicado en la Gaceta del Distrito Federal, el veintinueve de enero de dos mil cuatro, mediante el cual se establece como reservada y/o confidencial toda la información sobre el distribuidor vial San Antonio y las demás obras viales que se llevan a cabo actualmente, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica. Hablan en pro los legisladores: diputado Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México; diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta interpelaciones de los senadores Héctor Larios Córdova y Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional; y diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelación del diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional. Contestan alusiones personales la diputada Padierna Luna; el diputado Döring Casar; y el diputado Víctor Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática, quien después de ser interrumpido por el senador Rodríguez Prats para solicitar una moción de orden que la Presidencia no considera fundada, acepta interpelaciones del senador Rodríguez Prats, del diputado Döring Casar y de la senadora Cecilia Romero Castillo, del Partido Acción Nacional. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.

Senador Rafael Melgoza Radillo, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la metodología utilizada para la estimación de ingresos petroleros en el calendario trimestral de ingresos del sector público. Se turna a la Tercera Comisión.

Diputado Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a efecto de que informe sobre el resultado y avances de las recomendaciones al Ejecutivo Federal en el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, del Partido de Convergencia, en relación con la postura del Ejecutivo Federal en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la construcción del muro de seguridad que atraviesa Cisjordania. Se turna a la Segunda Comisión.

Senador David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la tala ilegal de bosques. Se turna a la Tercera Comisión.

Diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Gobierno Federal para el cabal cumplimiento del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, en la asignación aprobada por la Cámara de Diputados para los programas rurales. Se turna a la Tercera Comisión.

Diputado Carlos Flores Rico, del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita al Ejecutivo Federal informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, en materia de difusión de publicidad en tiempos oficiales para los poderes federales y órganos constitucionales autónomos. Se turna a la Tercera Comisión.

Diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, analice y emita su opinión sobre el contenido de los informes que por mandato del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está obligada a rendir. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Senador Fernando Gómez Esparza, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad y a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a reestructurar la clasificación de tarifas eléctricas para uso industrial. Se turna a la Tercera Comisión.

Diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, para que se incluya la píldora de emergencia y el condón femenino en el cuadro básico de medicamentos. Se turna a las comisiones de Salud y de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.

Diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ejecutivo Federal, a que se instale una mesa de trabajo para la elaboración de una propuesta en relación con el voto de los mexicanos en el extranjero y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea no considera de esa forma el asunto en votación económica y el Presidente turna la proposición a la Segunda Comisión.

Diputado Víctor Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática, para recomendar a la Auditoría Superior de la Federación, realice una auditoría a la oficina de la Presidencia de la República y solicita trámite de urgente resolución. Así considera el asunto la Asamblea en votación económica. Hablan en pro el senador Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, y la diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma forma lo aprueba. Comuníquese.

La Secretaría da lectura a la solicitud de excitativa del diputado Víctor Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, en relación con dos iniciativas con proyectos de decreto para crear el fideicomiso de apoyo para los ex braceros del periodo mil novecientos cuarenta y dos-mil novecientos sesenta y seis, presentadas el treinta de abril y el nueve de julio de dos mil tres. El Presidente formula la excitativa correspondiente.

En el capítulo de agenda política, la diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, se refiere a la venta de Bancomer al Banco Bilbao Vizcaya. Para el mismo tema se concede la palabra a los senadores: Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional;

Presidencia del senador Jorge Zermeño Infante

Demetrio Sodi de la Tijera, del Partido de la Revolución Democrática; y

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Fernando Gómez Esparza, del Partido Revolucionario Institucional.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con veintidós minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles dieciocho de febrero de dos mil cuatro, a las once horas.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría con comunicaciones.

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SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.--- Presente.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del DV (505) aniversario del natalicio de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, que tendrá lugar el próximo lunes 23 de febrero de 2004, a las 10:00 horas, en el busto situado en el costado sur-poniente del atrio de la Catedral Metropolitana, en calle 5 de Mayo y Plaza de la Constitución, delegación Cuauhtémoc.

Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente que se sirva dictar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de la honorable Cámara de Diputados asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Dr. Enrique Semo Calev, Secretario.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para asistir en representación de esta Comisión Permanente se designa a los siguientes legisladores: al señor diputado Carlos Flores Rico; a la senadora Cecilia Romero Castillo y al senador Demetrio Sodi de la Tijera.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.--- Presente.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del Día de la Bandera, que tendrá lugar el próximo martes 24 de febrero de 2004, a las 8:00 horas, en el patio del antiguo Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, en la Plaza de la Constitución y calle 5 de Febrero, delegación Cuauhtémoc.

Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente que se sirva dictar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de la honorable Cámara de Diputados asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Dr. Enrique Semo Calev, Secretario.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, se designa a los siguientes legisladores: al señor diputado Rogelio Rueda Sánchez; al señor diputado Federico Döring Casar y al señor diputado Manuel Camacho Solís.

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ESTADO DE COAHUILA
La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo.--- Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Ciudadano diputado Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF.

En sesión celebrada en esta fecha, la Diputación Permanente del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza trató lo relativo a un pronunciamiento sobre ``aeropuertos internacionales del país'', el cual fue expuesto por el diputado Gabriel Ramos Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.

Al tratarse este asunto, la Diputación Permanente de este Congreso acordó que dicho pronunciamiento se enviara al Congreso de la Unión, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a los Congresos de los estados para su conocimiento y los efectos que se consideren procedentes.

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de este Congreso y en cumplimiento de lo acordado por la Diputación Permanente del propio Congreso, se envía a esa H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el documento en que se contiene dicho pronunciamiento, para los efectos anteriormente indicados.

Sin otro particular, reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila, a 9 de enero de 2004.--- El Oficial Mayor del Congreso del Estado, Prof. Lic. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica).»

«Pronunciamiento que emite el grupo parlamentario ``Luis Donaldo Colosio Murrieta'' del Partido Revolucionario Institucional, con relación a la situación que impera en los aeropuertos internacionales del país.

Las diputadas y diputados del Partido Revolucionario Institucional tenemos claro que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece, como postula el artículo primero constitucional.

Además, el artículo 16 del mismo ordenamiento supremo dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Entonces, en los aeropuertos internacionales del país hay supresión de las garantías individuales que otorga la Constitución o es una franca violación al máximo ordenamiento que nos rige como mexicanos; por estarse permitiendo la revisión y hasta en algunos casos el decomiso de equipaje de los ciudadanos mexicanos por agentes de diversas corporaciones estadounidenses.

En ambos casos, lo cierto es que nuestra Carta Magna no es obedecida, ya que en el primer supuesto, supresión de garantías, no se observó el procedimiento que se establece, y en el de la violación a las disposiciones en ella contenidas, subordinándose la seguridad nacional de los mexicanos a la de los estadounidenses por una supuesta alerta de seguridad que no está fundada ni motivada, emitida por autoridad competente y hecha por escrito. Es una flagrante violación a lo protestado el primero de diciembre de 2000, donde el Presidente se comprometió a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Dónde dejamos el estado de derecho que tanto pregonamos y que ahora no se aplica ni se observa por quienes tiene bajo su mando los destinos del país?; resulta que hoy es más importante la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos que la de los mexicanos, que actualmente somos considerados culpables hasta que se demuestre lo contrario.

Los motivos de seguridad incomprobados que se esgrimen no son de los que ponen a nuestros compatriotas en grave peligro o conflicto, y las medidas tomadas sí lo hacen al exponernos incluso a revisiones y malos tratos de agentes estadounidenses.

El problema no son las grandes filas y las horas que hay que padecer en manos de agentes extranjeros para poder viajar a Estados Unidos de América, sino la violación a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, por la rebeldía al artículo 33 de la Constitución de México que dispone para el Ejecutivo la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional; inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.

Podrán argumentarnos la firma de acuerdos y convenios gubernamentales suscritos por las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas competencias, competencia que no debe exceder en ningún momento lo que la Constitución ordena y que, además, tales convenios y acuerdos no dicen en ningún artículo que puedan los extranjeros venir al territorio nacional a realizar las tareas y funciones que corresponden a la Policía Federal Preventiva o a nuestras autoridades.

Compartimos el sentimiento y preocupación de los norteamericanos por su seguridad y ellos siempre van a encontrar apoyo, solidaridad y cooperación de los mexicanos para combatir el terrorismo, es decisión nuestra, firme, que en las medidas que los mexicanos debemos de tomar para garantizar nuestra seguridad interna, el gobierno está obligado a garantizar la seguridad de nosotros, pero lo debe hacer con un pleno respeto a nuestros derechos, evitando abusos y excesos que lastimen y ofendan a los mexicanos, en todo caso, que se aplique un trato recíproco para los que pretendan ingresar al territorio nacional.

Saltillo, Coahuila, a 9 de enero de 2004.--- Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado Gabriel Ramos Rivera.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a las comisiones de Comunicaciones y de Transportes de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

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ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano.--- San Luis Potosí.

Honorable Cámara de Senadores.--- Presentes.

Por este conducto les participamos que el Pleno de esta Soberanía en Sesión Extraordinaria celebrada el 29 de enero del año en curso, aprobó por unanimidad declarar este año como el del CL Aniversario del Himno Nacional Mexicano. Tal determinación tiene origen en la conmemoración del Sesquicentenario de la composición del Himno Patrio, cuyos detalles se contienen en la Iniciativa que al respecto presentó la Gran Comisión.

En tal virtud, respetuosamente les pedimos que de no existir inconveniente alguno para ello, esa Representación Popular se adhiera en lo procedente con similares alcances a tan significativa proclama, e instrumenten que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Federación, a través de todas sus dependencias, consideren los términos y alcances que debidamente precisa el Decreto Legislativo No. 81, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de enero de los corrientes; por ello, adjuntamos para tal efecto fotocopias de la iniciativa de origen y del decreto precitado.

Finalmente, mucho nos honraría recibir sus consideraciones sobre dicho tema, ya que para este cuerpo colegiado sería gratamente significativo fungir como medio de comunicación institucional y eventualmente, propiciar una celebración nacional digna de nuestro Canto Patrio, por lo cual les refrendamos nuestra permanente disposición de atender sus valiosas propuestas al respecto.

Sin otro particular, propiciamos la ocasión para reiterarles la certeza de nuestro institucional reconocimiento.

Atentamente.

``2004, CL Aniversario del Himno Nacional Mexicano.''

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Por la Diputación Permanente Dip. Mauricio Leyva Ortiz, Presidente (rúbrica), Dip. Jorge Arreola Sánchez, Secretario (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano.--- San Luis Potosí.

Ciudadanos diputados secretarios de la LVII Legislatura del Congreso del Estado.--- Presentes.

El 12 de noviembre de 1853, bajo la presidencia de Antonio López de Santa Anna, el Ministerio de Fomento, a cargo de Joaquín Velázquez de León, publicó una convocatoria para la creación de un Himno Nacional, que fue firmada por el Oficial Mayor, Miguel Lerdo de Tejada; ofrecía un premio ``a la mejor composición poética que pueda servir de letra a un canto verdaderamente patriótico'', y señalaba un perentorio plazo de veinte días para presentar el trabajo.

Francisco González Bocanegra no intentaba tomar la pluma para concursar, arguyendo que no era su estilo, que una cosa era escribir versos para la mujer amada y otra muy distinta tener la inspiración para escribir un himno a la patria. Pero Guadalupe González del Pino y Villalpando -prima suya en tercer grado-, tenía una fe inmensa en la calidad poética de su novio. Como Francisco se negaba a presentarse al certamen, a pesar de la insistencia de Guadalupe y sus amigos, ella, con un pretexto lo guió a una pieza aislada de su casa en la calle de Santa Clara (hoy Tacuba) número 6; lo encerró, y se negó a abrirle mientras no le pasara por debajo de la puerta la composición que iría al concurso.

Mucho le costó a González Bocanegra empezar a escribir su canto a la Patria. Tuvo que repasar mentalmente todas las vicisitudes que había vivido México, los logros, los fracasos, los ideales... y, despertada la inspiración, fluyeron los versos casi sin corrección, casi sin dudas... y después de cuatro horas de trabajo, esos versos, nacidos del numen creador del poeta, detenidamente pensados y sentidos en cuanto a su contenido, pasaron por debajo de la puerta cerrada de las manos del poeta a la de su musa, y de las de ella a la historia.

El fallo del jurado, compuesto por hombres tan eminentes como José Bernardo Couto, Manuel Carpio y José Joaquín Pesado, fue ratificado de inmediato por la nación entera, y el entusiasmo suscitado por los versos de González Bocanegra fue tal, que, como el concurso para elección de música se alargara, el maestro Juan Bottessini, director de la Compañía de Opera Italiana que por entonces ocupaba el Teatro Santa Anna, puso música a los versos e hizo ejecutar su composición el 17 de mayo de 1854. La interpretación estuvo a cargo de Enriqueta Sontang, soprano, y Gaspar Passolini, tenor.

En agosto de 1854 el jurado musical dio su fallo: la música premiada se debía a la inspiración de Jaime Nunó, inspector de las bandas militares, español de nacimiento, y el estreno oficial del Himno se llevó a cabo el 16 de septiembre de ese mismo año, en el teatro Santa Anna, bajo la batuta de Jaime Nunó, cantado por la soprano Balbina Steffenone y el tenor Lorenzo Salvi. A ese estreno asistieron Francisco González Bocanegra y Guadalupe González del Pino y Villalpando, ya como esposos, puesto que habían contraído matrimonio el 8 de junio de ese año de 1854.

Al correr de algunos años, González Bocanegra fue alejándose de la política, ya que el ambiente de discordia reinaba cada vez más en las altas esferas del gobierno de México. Nuevamente la sangre de los hijos de la patria se derramó en contienda de hermanos, y junto con el himno que había creado, González Bocanegra conoció los sinsabores de la oscuridad y de la persecución. Presidentes iban y venían, un día México era conservador, y al día siguiente era liberal. El gobierno conservador fue totalmente desplazado a finales de 1860, y la situación empeoró gravemente. Los conservadores, por el sólo hecho de serlo, fueron perseguidos con saña por los vencedores. Jaime Nunó había salido del país desde 1856, rumbo a Estados Unidos, y Vicente Segura Argüelles, primer editor del himno, cayó asesinado en la calle.

Como se temía también por la vida de Francisco, su tío, José María Bocanegra, aunque también en peligro por su filiación conservadora, lo escondió en el sótano de su casa, en lo que hoy es esquina de Isabel la Católica y Tacuba, a sólo media calle de la casa en la que diera vida a los versos del himno nacional. Disfrazado de indio de calzón blanco, muchas noches salía a ver a Guadalupe y a sus tres hijas.

En ese, húmedo sótano lo alcanzó la epidemia de tifo que azotó a la capital de la República a principios de 1861, y allí escondido y perseguido, el cantor de la patria, entregó su alma a Dios el 11 de abril, a los 37 años, en brazos de su esposa y de su compadre, el abogado, poeta y sacerdote Andrés Davis Bradburn. Los periódicos de la capital, en breves líneas, hablaron de la muerte del ``joven poeta que tanto prometía''. Ninguno mencionaba el himno nacional, porque estaba prohibido... pero hay prohibiciones que el corazón de la patria no acepta...

Pasadas las fobias partidistas, el himno se enseñoreó nuevamente de la vida nacional; y los restos del poeta, humildemente inhumados en 1861 en el panteón de San Fernando, fueron trasladados por iniciativa oficial al Panteón de Dolores en 1901; en septiembre de 1932, depositados por primera vez en la Rotonda de los Hombres Ilustres, y por fin, en 1942, colocados en su sitio definitivo, al lado de los del músico Jaime Nunó, quien comparte con él la gloria de la creación del himno nacional mexicano.

Importa señalar que el himno de Francisco González Bocanegra y Jaime Nunó, caído prácticamente en el olvido durante varias décadas, no volvió a interpretarse en público hasta 1901.

Hay quienes piensan en el himno como un canto sangriento. Nada más equivocado. El himno nacional mexicano alude a la legítima defensa de la patria y a la concordia entre los mexicanos. Siendo Francisco González Bocanegra hijo de un natural de Cádiz es comprensible que nuestro himno nacional sea el único himno de Hispanoamérica que no respira odio contra España. Por lo demás no cabe duda que Amado Nervo tuvo mucha razón cuando escribió que: ``El Himno Nacional Mexicano solamente tiene un émulo en la Marsellesa''.

Hace 50 años, con motivo del Centésimo Aniversario de la composición del Himno Nacional Mexicano, ese canto patrio fue interpretado por cien mil voces infantiles en el Zócalo de la Ciudad de México, bajo la batuta del célebre compositor potosino Julián Carrillo. El discurso oficial en torno del autor de la letra del himno nacional, correspondió al célebre y prolífico escritor potosino Joaquín Antonio Peñalosa, a invitación del entonces Secretario de Educación, Don Jaime Torres Bodet y pronunciado en el Palacio de las Bellas Artes en la Ciudad de México.

Con posterioridad y siendo Presidente Municipal de la capital potosina Don Miguel Valladares García, fue invitado a esta ciudad el Alcalde de San Juan de las Abadesas, pueblo natal de Jaime Nunó, para celebrar el hermanamiento de ciudades distantes en la geografía, pero cercanas en el tiempo y el espacio que hizo coincidir a los autores de la letra y la música de nuestro himno nacional.

El 15 de septiembre de este año 2004 se cumplirán 150 años de que se interpretó, por primera vez, nuestro glorioso himno nacional: símbolo de la patria, canto de amor y esperanza de todos los mexicanos.

Este hecho honra a todos los mexicanos y especialmente a los potosinos, porque en esta tierra - entrañablemente nuestra - vio por primera vez la luz el poeta que compuso nuestra oda heroica, nuestro himno nacional que durante 150 años ha convocado a los mexicanos a realizar esfuerzos fecundos en pro de la patria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los que suscriben, Diputados Integrantes de esta LVII Legislatura y miembros de la Gran Comisión de esta Soberanía, sometemos a la consideración del Pleno del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto

Primero. Se declara el 2004 ``Año del CL Aniversario del Himno Nacional Mexicano''.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, a propósito de los 150 años de su composición, toda la correspondencia oficial del Estado y municipios de San Luis Potosí, deberá contener al rubro o al calce la siguiente leyenda:

2004, ``Año del 150 Aniversario del Himno Nacional Mexicano''.

Tercero. El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, y a través de las dependencias correspondientes, llevarán a cabo durante el año de 2004 actos cívicos para difundir, entre las y los ciudadanos, las biografías de Don Francisco González Bocanegra y de Don Jaime Nunó, así como los hechos históricos relativos a la composición y devenir del Himno Nacional Mexicano.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día 1o. de febrero del año 2004 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.

San Luis Potosí, SLP, a 2 de enero de 2004.--- Dip. Eugenio Govea Arcos, Presidente de la Gran Comisión (rúbrica) Dip. José Manuel Medellín Milán, Primer Secretario de la Gran Comisión (rúbrica); Dip. Juan Ramiro Robledo Ruiz, Segundo Secretario de la Gran Comisión (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

"Año LXXXVII San Luis Potosí, SLP. Sábado 31 de enero de 2004.

Edición Extraordinaria.

Sumario.

Poder Legislativo del Estado.

Decreto 81.--- Se declara el 2004 "Año del CL Aniversario del Himno Nacional Mexicano".

Periódico Oficial.--- Del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, sábado 31 de enero de 2004.

CP Marcelo de los Santos Fraga, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a sus habitantes sabed: Que el Congreso del Estado a decretado lo siguiente

DECRETO 81

La Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, decreta lo siguiente:

PRIMERO. Se declara el 2004 "Año del 150 Aniversario del Himno Nacional Mexicano".

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, a propósito de los 150 años de su composición, toda la correspondencia oficial del Estado y municipios de San Luis Potosí, deberá contener al rubro o al calce la siguiente leyenda:

2004, "Año del 150 Aniversario del Himno Nacional Mexicano"

TERCERO. El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, y a través de las dependencias correspondientes, llevarán a cabo durante el año de 2004 actos cívicos para difundir, entre las y los ciudadanos, las biografías de Don Francisco González Bocanegra y de Don Jaime Nunó, así como los hechos históricos relativos a la composición y devenir del Himno Nacional Mexicano.

TRANSITORIO

UNICO. El presente decreto entrará en vigor el día 1o. de febrero del año 2004 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado y lo hará publicar, circular y obedecer.

Dado en el salón de sesiones del H. Congreso del Estado, el día 29 de enero de 2004.--- Diputada Presidenta: Gloria María Rosillo Izquierdo, diputado Secretario: Pedro Carlos Colunga González, diputado Secretario: Manuel Barrera Guillén (rúbricas).

Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda.

Dado en el Palacio de Gobierno, Sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a 30 de enero de 2004.--- El Gobernador Constitucional del Estado CP Marcelo de los Santos Fraga (rúbrica); el Secretario General de Gobierno, Lic. Alfonso José Castillo Machuca (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.

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TALLERES GRAFICOS DE LA NACION
La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Auditoría Superior de la Federación.

Senador Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.--- Presente.

En atención a su oficio número 111-270, del 9 de diciembre de 2003, mediante el cual hace del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación el punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Jubilados y Pensionados, aprobado en la sesión ordinaria del Senado de la República celebrada en esa fecha, nos permitimos informar a usted lo siguiente:

1. Tomamos debida nota del contenido del citado punto de acuerdo, en particular de su apartado primero: ``El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, de conformidad con lo previsto en la fracción III del artículo 79 constitucional, investigue y determine la situación de los trabajadores pensionados y jubilados de la sociedad cooperativa Talleres Gráficos de la Nación e informe a esta soberanía del resultado de la misma''.

2. Asimismo, y con objeto de contar con elementos que permitan identificar plenamente el ejercicio fiscal en que ocurrieron las presuntas irregularidades planteadas en la documental referida, esta entidad de fiscalización superior de la Federación solicitará información al Organo Interno de Control en la Secretaría de Gobernación a efecto de determinar la procedencia de incluir el asunto en la planeación del Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones sobre la Cuenta Pública 2003. De esto último, se dará cuenta a esa soberanía y a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Reiteramos a usted nuestra más distinguida consideración.

México, DF, a 30 de enero de 2004.--- El Auditor Superior de la Federación, CPC Arturo González de Aragón O. (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Jubilados y Pensionados de la Cámara de Senadores.

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LEY GENERAL DE PROTECCION A LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es el capítulo relacionado con iniciativas de legisladores.

Para presentar una iniciativa de Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas, y de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Angel Paulino Canul Pacab y Consuelo Muro Urista, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se le concede el uso de la palabra a la diputada Consuelo Muro Urista.

La diputada Consuelo Muro Urista:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que suscribe la Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas. Se reforman los artículos 5º y 13, se adicionan los artículos 2º con las fracciones XIX, XX y XXI; y 9º con las fracciones XII, XIII y XV; y se crean los artículos 20 y 21 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se reforma el artículo 87-bis y se deroga el artículo 87-bis-1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se expide la Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas con la siguiente

Exposición de Motivos

Cuando los laboratorios farmacéuticos y las empresas agrobiotecnológicas y agroindustriales se encuentran algún recurso genético de interés para fabricar un producto comercial tratan siempre de protegerlo con una patente con el propósito de tener el monopolio de la comercialización. Sin embargo, frecuentemente dichos recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a ellos son sustraídos del acervo cultural indígena mediante engaños y sin que sus habitantes reciban ningún beneficio.

Esta ley identifica plenamente el bien jurídico que el Estado tiene obligación de tutelar. Me refiero a los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos asociados a ellos, así como sus creaciones artísticas y culturales que constituyen parte fundamental del patrimonio de los pueblos indígenas, las plantas medicinales, los procesos terapéuticos, los materiales genéticos, los distintos métodos para su aprovechamiento.

Todo este conjunto de los recursos y conocimientos asociados a la biodiversidad, existentes en territorios donde viven los pueblos indígenas desde hace mucho tiempo atrás, deben ser regulados en lo que se refiere a su acceso por parte de personas externas a los pueblos y comunidades indígenas.

Es impostergable la necesidad de legislar para frenar el saqueo que se hace del patrimonio de los pueblos indígenas, sin que les beneficie mayormente a éstos ni se observen criterios de sustentabilidad que protejan la biodiversidad mexicana.

En la presente ley se propone la creación de un Registro Nacional de Protección de los Conocimientos Tradicionales, con la facultad para reconocer y expedir certificado de propiedad intelectual a los pueblos y comunidades indígenas sobre sus conocimientos tradicionales y los recursos genéticos asociados a ellos. De este modo los indígenas podrán celebrar contratos justos y abiertos con las empresas y particulares que deseen acceder a sus conocimientos tradicionales.

Asimismo se crea el Fondo Nacional para la Conservación de los Conocimientos Tradicionales que se constituirá con una parte de los recursos obtenidos por la celebración de los contratos de licencia. Su función será la de investigar y capacitar a los indígenas en la conservación de sus conocimientos tradicionales.

Esta ley contempla sanciones que van desde la multa hasta la indemnización de los pueblos y comunidades indígenas cuando sus conocimientos tradicionales hayan sido sustraí-dos sin autorización expresa.

Tanto el registro como el fondo nacionales serán constituidos dentro de la estructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el fin de evitar la creación de más burocracia indigenista. Esto permitirá dinamizar los trabajos en el marco actual, proceso de transición institucional que vive y que presenta rezagos preocupantes como la conformación de su consejo consultivo, un novedoso instrumento de vinculación con los indígenas, el cual tenía que estar integrado desde el pasado 5 de enero y a la fecha no tenemos mayor información sobre la manera en que la representación indígena será resuelta.

Compañeras y compañeros legisladores:

A la mayoría nos queda claro que no debemos rehuir este debate, pero también sabemos que es necesario avanzar en aspectos como la materia de la ley que hoy proponemos, porque la necesidad de los indígenas no puede esperar hasta que se construya un gran consenso y se produzca la gran reforma.

Los indígenas quieren también acciones concretas aquí y ahora. Esta iniciativa se propone responder a esas inquietudes de los pueblos y comunidades indígenas y por eso les solicito su apoyo para la misma.

Muchas gracias.

«Iniciativa de Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas; y de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado Angel Paulino Canul Pacab, del grupo parlamentario del PRI.

Angel Paulino Canul Pacab, diputado Federal de la LIX Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas; se reforman los artículos 5 y 13, se adicionan los artículos 2 con las fracciones XIX, XX y XXI, y 9 con las fracciones XII, XIII y XIV; se crean los artículos 20 y 21 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; se reforma el artículo 87 Bis y se deroga el artículo 87 Bis-1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo Primero.- Se expide la Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Exposición de Motivos

Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas son saberes desarrollados de manera colectiva, producto de las experiencias acumuladas durante generaciones, en su estrecho contacto con la biodiversidad, y transmitidas de manera oral. Como productos de la colectividad pertenecen a la comunidad o pueblo indígena en su totalidad, y no a algún individuo en particular.

México es un país megadiverso que ocupa el quinto lugar del mundo por su riqueza biológica, después de Brasil, Colombia, India e Indonesia, lo cual significa que en el territorio nacional existen diversos ecosistemas que se distinguen por el número de especies y su variación genética. Esta característica coloca al país como un codiciado espacio para, por ejemplo, la biopiratería.

Geográficamente se encuentra en una zona de transición entre las regiones neotropicales de Sur-Centroamérica y la neoártica de Norteamérica, y por ello cuenta con 34 de los 36 microclimas identificados, cuando los Estados Unidos sólo tiene 4. De las 28 categorías de suelos, México tiene 25, en donde se identifican 14.4 por ciento de todas las especies vivas del mundo, de las cuales muchas de ellas son endémicas, región de origen de 116 especies de plantas, en particular el maíz.

La megadiversidad es un patrimonio de todos los mexicanos, el cual el Estado está obligado de preservar para las futuras generaciones, por su valor estratégico y económico, que puede y debe ser utilizada como una ventaja comparativa para impulsar el desarrollo.

Las aportaciones que los conocimientos tradicionales pueden hacer para respaldar la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad son innegables e invaluables. Algunas industrias como la fitomedicinal y la biotecnológica, dependen directamente de ellos para su desarrollo, y su importancia descansa en la facilidad con que los miembros de las comunidades realizan la recolección de muestras etnobotánicas, ahorrando tiempo y recursos.

Las comunidades indígenas desempeñan una importante función en la conservación de los recursos genéticos, la biodiversidad y en la transmisión de los conocimientos tradicionales, de enorme valor para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la industria, como fuente de información para la investigación y la elaboración de nuevos productos. La riqueza genética existente en los territorios de comunidades locales, que ocultan estos conocimientos, es el centro del conflicto entre comunidades y empresas, ya que para las primeras es su patrimonio, mientras que para las segundas es un insumo.

Cuando los laboratorios farmacéuticos, y las empresas agrobiotecnológicas y agroindustriales encuentran algún recurso genético de interés para fabricar un producto comercial, tratan siempre de protegerlo con una patente, con el propósito de tener el monopolio de su comercialización. Sin embargo, frecuentemente dichos recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a ellos han sido sustraídos mediante engaños del acervo cultural indígena, y sin que sus habitantes reciban ningún beneficio.

La apropiación indebida de los conocimientos y recursos de los pueblos indígenas con propósitos comerciales constituye un saqueo impune de la biodiversidad que debe ser frenado. La inexistencia de un marco jurídico que los proteja y establezca normas para acceder a ellos, favorece prácticas de biopiratería que tienen su inicio en la libre recolección de muestras de bioprospección.

El libre acceso de los bioprospectores a los territorios indígenas atenta contra sus recursos naturales y su patrimonio cultural, resultado de un largo proceso histórico realizado por las comunidades y pueblos, y los deja en estado de total indefensión ante la voracidad de las empresas agroindustriales, farmacéuticas y biotecnológicas.

La biopiratería es un negocio sumamente lucrativo para quienes la practican. El establecimiento de un régimen jurídico por parte del Estado que proteja los conocimientos tradicionales y que asegure de manera efectiva la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización, contribuiría a convertir la biopiratería en una actividad económicamente inviable.

Es necesario crear un marco jurídico que reconozca y regule los derechos de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos tradicionales, y que posibilite la investigación, la negociación y la inversión en torno a éstos en condiciones de justicia y equidad. Sólo un marco regulatorio de esta naturaleza podrá garantizar la conservación y el aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica.

De la riqueza genética los indígenas obtienen alimentos, por medio de la caza y la recolección, tintes y colorantes, abonos, aceites y grasas, aromatizantes, condimentos, narcóticos, materiales de construcción, y medicinas. La creación de un sistema de propiedad intelectual indígena, un modelo sui generis, reconocido jurídicamente y respaldado con políticas públicas en la materia, abriría oportunidades para que los indígenas puedan impulsar sus procesos de autodesarrollo, a partir de su propia cosmovisión y sus propios intereses.

Un régimen alternativo de protección sui generis, significa que deberá ser único o especial, distinto de los regímenes de protección a los derechos de propiedad vigentes, que son a todas luces insuficientes para que los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos fluyan a las comunidades de origen.

Los elevados costos de la tramitación de derechos de propiedad intelectual establecidos en el régimen jurídico en vigor son inaccesible para las comunidades y pueblos indígenas que deseen proteger su patrimonio colectivo. La creación del registro de los conocimientos tradicionales será una estrategia para evitar su apropiación ilícita o indebida, y los protegería de probables patentes.

En mayo de 1997 el Senado de la República en coordinación con la Semarnap y la Comisión Nacional para la Conservación de la Biodiversidad (Conabio) organizaron un Seminario para analizar la posible legislación sobre el acceso a los recursos genéticos. Sus propuestas y conclusiones, inexplicablemente, fueron archivadas y sus trabajos cancelados.

Salvo los estudios de la Conabio que proponen regular el acceso y uso de los recursos genéticos, así como las acciones de fomento de la expedición de patentes o registros asociados con la denominación de origen y la propiedad intelectual que pudieran derivarse de la domesticación, selección o manipulación de flora y fauna de los pueblos indígenas -los cuales no han rebasado los ámbitos acadé- micos-, los acuerdos de los organismos internacionales relativos a la protección de los conocimientos tradicionales, hasta ahora no han sido llevados al debate legislativo.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica firmado por el gobierno mexicano el 13 de junio de 1992 es el primer tratado internacional que ofrece oportunidades a los países megadiversos de obtener beneficios por la utilización de sus recursos biológicos. Sin embargo, pese a que dicho Convenio declara que los Estados tienen soberanía para autorizar o negar el acceso, y participar en la distribución equitativa de los beneficios provenientes de su uso comercial, los intentos de las legislaciones nacionales se han visto entorpecidas por cuestiones relacionadas por los derechos de propiedad intelectual que reclaman los países sedes de las empresas transnacionales de las industrias farmacéuticas, agroindustriales y biotecnológicas.

Desde 1993 los organismos multilaterales han sido escenario de acalorados debates en torno a las disposiciones del Convenio, en particular en las instancias creadas ex profeso, como la Conferencia de las Partes y el Grupo de Trabajo Especial sobre la aplicación del artículo 8-J y el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folklore de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), donde se han realizado acuerdos fundamentales que se han aplicado en diversos organismos regionales, al presentar legislaciones modelo para proteger los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad.

Una propuesta sobresaliente es la Decisión 391 denominada ``Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos'', de la Comunidad Andina de Naciones, aprobada en julio de 1996, que prevé condiciones para una participación justa y equitativa en los beneficios derivados del acceso, recoge el principio de soberanía de los países miembros sobre sus recursos genéticos y se establece un procedimiento de negociación entre las partes.

Otra es la ``Legislación Africana para el reconocimiento y la protección de los derechos de las comunidades locales, agricultores y obtenedores, y para la regulación del acceso a los recursos biológicos'', de la Organización para la Unidad Africana (OUA), conocida también como Ley Modelo 101, aprobada en enero de 1999, que establece la norma del permiso y consentimiento previo informado de las comunidades, el pago de los derechos de recolección, el reparto de las ganancias de productos comerciales y la prohibición de patentar seres vivos.

Actualmente una docena de países del mundo, todos ellos megadiversos, han promulgado su correspondiente ley o cuentan con su iniciativa de ley de protección a los conocimientos tradicionales. En México todavía no se ha abierto el debate y la consulta a los sectores involucrados en esta materia.

La necesidad de establecer un marco jurídico para reconocer y proteger los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad, está directamente relacionado al innegable valor económico que los recursos genéticos representan, ya que ofrecen las materias primas indispensables para elaborar productos de la industria alimentaria, la agrícola y farmacéutica, de alto valor comercial en los mercados y del cual los pueblos y comunidades indígenas no perciben beneficios.

Es necesario crear una normatividad que establezca reglas claras para el acceso de los recursos genéticos, que inspire confianza a las comunidades y pueblos indígenas y que los incentive a continuar trabajando en la preservación y el desarrollo de la biodiversidad. Poner a la disposición de la humanidad los conocimientos tradicionales no debe significar que éstos sean entregados de manera gratuita y sin reconocimiento alguno. Adicionalmente, es ineludible proteger de la comercialización desleal las creaciones artísticas y culturales de los pueblos indígenas.

El Estado no puede renunciar a su obligación de tutelar los derechos de los pueblos indígenas, máxime si tomamos en cuenta el conjunto de derechos indígenas plasmados en el artículo 2° de la Constitución, los cuales son el producto sus intensas movilizaciones en busca del reconocimiento de sus derechos y sus culturas. Por estos motivos se expide la siguiente

Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto reconocer, promover, preservar y proteger los derechos colectivos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos tradicionales.

Artículo 2. Para los propósitos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Pueblos Indígenas: De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° constitucional, son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas; y donde la conciencia de su identidad indígena es un criterio fundamental para definir su condición de pueblos indígenas;

II. Comunidades Indígenas: De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° constitucional, son comunidades integrantes de un pueblos indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres;

III. Conocimientos Tradicionales: Todo el conjunto de prácticas y saberes colectivos de los pueblos indígenas referidos a la biodiversidad, a la salud-enfermedad y al manejo de los recursos orientados al bienestar comunitario, los cuales han sido transmitidos de generación en generación, así como sus manifestaciones artísticas y culturales, que conjuntamente con aquéllos, conforman su patrimonio cultural;

IV. Biopiratería: Apropiación de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales realizadas sin el consentimiento previo y autorizado de las comunidades y pueblos indígenas, sin que exista distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización, mediante la patente de propiedad intelectual que garantizan su uso monopólico y con fines de lucro;

V. Consentimiento informado previo: Autorización por escrito otorgada por los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus legítimos representantes a los interesados, en llevar a cabo actividades que impliquen acceder y aprovechar sus conocimientos tradicionales y aprovecharlos para fines y en condiciones claramente estipulados;

VI. Conadepi: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;

VII. Contrato de Licencia: Acuerdo debidamente validado que celebran los pueblos y comunidades indígenas y un tercero en el que se establecen los términos y condiciones de acceso a sus conocimientos tradicionales;

VIII. Fondo Nacional: El Fondo Nacional para la Conservación de los Conocimientos Tradicionales;

IX. Registro Nacional: El Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales, organismo técnico dependiente de la Conadepi;

X. Solicitud de acceso: Petición que formula el potencial usuario a los titulares del conocimiento colectivo, donde informa de manera oportuna y explícita los objetivos y probables usos con fines de aplicación comercial, industrial o científica; y

XI. Régimen sui generis: Un modelo alternativo de propiedad intelectual indígena, especial, distinto de los regímenes de protección a los derechos de propiedad vigentes, que son insuficientes para que los beneficios derivados del uso de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos asociados a ellos fluyan a pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 3. Los conocimientos tradicionales se clasifican en:

I. Conocimientos generales, aquellos que manejan la mayoría de los miembros de los pueblos y comunidades indígenas;

II. Conocimientos especializados, aquellos que han acumulado y desarrollado particularmente los terapeutas tradicionales, en sus diferentes tipos y modalidades;

III. Conocimientos sagrados, aquellos que son de circulación culturalmente restringida en los ámbitos mágico-religiosos de una comunidad, pueblo o grupo de pueblos indígenas.

Artículo 4. Corresponde al Estado, en sus tres órdenes de gobierno, reconocer, proteger y promover el derecho de propiedad intelectual de pueblos y comunidades indígenas sobre sus conocimientos tradicionales vinculados y sus recursos genéticos asociados a ellos, y sobre sus manifestaciones artísticas y culturales.

Artículo 5. Quedan totalmente prohibidas en el territorio nacional las prácticas de biopiratería, y quienes incurran en éstas serán sujetos de la penalización establecida en las leyes correspondientes.

Artículo 6. Esta Ley garantiza el derecho de las comunidades y pueblos indígenas a acceder a la jurisdicción del Estado para proteger sus conocimientos tradicionales; asimismo, el Estado adoptará las medidas necesarias para que se asegure a aquéllos contra los usos no autorizados de tales conocimientos, respetando sus sistemas normativos tradicionales.

Capítulo II

Del Registro de los Conocimientos Tradicionales

Artículo 7. Se crea el organismo técnico Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales dentro de la estructura orgánica de la Conadepi, que registrará y expedirá la titularidad de propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales de la comunidad o pueblo indígena solicitante.

Artículo 8. El Registro Nacional tendrá las siguientes características y atribuciones:

I. Preservar y promover los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas para garantizar su transmisión a las generaciones futuras;

II. Instrumentar las medidas necesarias para asegurar que el acceso a los conocimientos tradicionales para usos comerciales, industriales y de investigación sólo sea posible mediante el consentimiento fundamentado previo de comunidades y pueblos indígenas;

III. Examinar y dictaminar las solicitudes de registro de los conocimientos tradiciones que los pueblos y comunidades indígenas les presenten;

IV. Otorgar la titularidad del conocimiento tradicional registrado a pueblos y comunidades expidiendo el Certificado de Registro correspondiente;

V. Capacitar y prestar asistencia técnica y jurídica a los representantes de los pueblos indígenas en los procesos de negociación de contratos de licencia y protección de sus derechos, rescate, uso y conservación de sus conocimientos colectivos;

VI. Formular programas, proyectos y acciones para fortalecer la protección de los conocimientos tradicionales;

VII. Organizar y promover eventos relacionados con la protección de los conocimientos tradicionales;

VIII. Aprobar o cancelar los contratos de licencia celebradas entre las partes; y

IX. Promover ante la Junta de Gobierno de la Conadepi el inicio de las acciones judiciales que considere pertinentes en contra de particulares, empresas o instituciones académicas, cuando tenga conocimiento fundado que éstos hayan patentado productos a partir de muestras genéticas o conocimientos tradicionales sustraídos sin el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 9. Tienen personalidad jurídica para solicitar el registro de propiedad intelectual de un conocimiento tradicional, para su protección:

I. Las autoridades tradicionales electas mediante procedimientos establecidos en sus sistemas normativos;

II. Las autoridades municipales de aquellos municipios en donde los Censos de Población registren 40 por ciento o más de población indígena estimada;

III. Las organizaciones indígenas que cuenten con la aprobación por escrito de las comunidades; y

IV. Los Congresos estatales.

Artículo 10. Todo pueblo o comunidad indígena podrá registrar como su propiedad intelectual los siguientes elementos del conocimiento tradicional:

I. Símbolos distintivos, emblemas, diseños gráficos, artesanías y vestidos tradicionales;

II. Danzas, instrumentos musicales, canciones, cuentos, historias orales y demás manifestaciones artísticas de su autoría;

III. Plantas medicinales y tratamientos terapéuticos de uso tradicional; y

IV. Sistemas de conocimientos y prácticas de carácter agroecológico.

Artículo 11. Las solicitudes de registro de conocimientos tradicionales que se presenten ante el Registro Nacional para su inscripción deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Identificación oficial de las autoridades, representantes legítimos y acta de la asamblea de las comunidades o pueblos indígenas solicitantes;

II. Descripción amplia del conocimiento tradicional objeto de la solicitud, su nombre común o indígena, el uso que le proporciona y demás propiedades que posibiliten su plena identificación;

III. Pruebas documentales, gráficas y testimoniales que le avalen, y la presentación de una muestra del recurso del conocimiento objeto del registro; y

IV. Localización territorial del conocimiento, en el plano comunitario, municipal y entidad federativa.

Artículo 12. No podrá ser objeto de registro aquellos conocimientos tradicionales, cuando:

I. Sean accesibles a cualquier persona ajena a los pueblos y comunidades que se encuentran en el dominio público;

II. Se conocen a través de los medios masivos de comunicación; y

III. Se trate de denominaciones de origen y toponimias.

Artículo 13. La inscripción de todo conocimiento tradicional en el Registro Nacional será gratuita e indefinida y le otorga derecho de propiedad intelectual al pueblo indígena mientras exista.

Artículo 14. El Registro Nacional llevará acabo las acciones conducentes para verificar los datos aportados durante los trámites de inscripción presentado por los pueblos indígenas solicitantes de la inscripción, tomando en consideración las investigaciones que al respecto existan.

Artículo 15. En un plazo no mayor a 90 días naturales, el Registro Nacional expedirá en forma gratuita la titularidad de la propiedad intelectual sobre la solicitud del conocimiento tradicional presentado, mediante la emisión del Certificado de Registro a las comunidades y pueblos indígenas que la solicitaron.

Artículo 16. Cuando dos o más comunidades o pueblos registren el mismo conocimiento tradicional, el Registro Nacional notificará la misma titularidad a los cotitulares, emitiendo el correspondiente Certificado de Registro a cada una.

Artículo 17. El Certificado de Registro de un conocimiento tradicional expedido por el Registro Nacional otorga a los pueblos y comunidades indígenas los derechos colectivos de propiedad intelectual, y será entregado a sus legítimos representantes.

Artículo 18. Los pueblos indígenas se reservan los derechos de propiedad intelectual sobre sus conocimientos tradicionales, y podrán decidir libremente si autorizan o no su investigación, difusión o aprovechamiento con fines científicos, comerciales o industriales.

Artículo 19. Los conocimientos tradicionales inscritos en el Registro Nacional tendrán carácter confidencial y de acceso restringido y estarán protegidos contra su revelación, divulgación o uso, sin el consentimiento otorgado por escrito de sus titulares.

Artículo 20. Los titulares del conocimiento tradicional podrán iniciar ante la autoridad jurisdiccional competente demandas judiciales contra cualquier persona física e institución pública o privada, que haya tenido acceso a éstos y que los divulguen o comercialicen, sin su consentimiento informado previo y su plena autorización.

Capítulo III

De los Contratos de Licencia

Artículo 21. Ninguna persona, institución académica, nacional o extranjera, empresa privada o pública podrá realizar prácticas de bioprospección sin el consentimiento fundamentado previo concedidos por las comunidades y pueblos indígenas, garantizando una distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización, de acuerdo a los términos mutuamente convenidos.

Artículo 22. Sólo podrán otorgar el consentimiento informado previo las asambleas comunitarias mediante la aprobación de la mayoría simple de los asistentes, o los representantes de las comunidades legalmente constituidos que aprueben las solicitudes de acceso de los bioprospectores.

Artículo 23. Los pueblos y comunidades indígenas elegirán a sus representantes mediante los procedimientos y normas establecidas en sus sistemas normativos tradicionales, quienes tendrán personalidad jurídica en la recepción de solicitudes de acceso y celebración de contratos de licencia.

Artículo 24. El consentimiento informado previo de los pueblos y comunidades indígenas, para realizar investigaciones y demás actividades vinculadas a sus conocimientos tradicionales, se otorgará a particulares, empresas o instituciones académicas mediante la firma de un Contrato de Licencia, en donde se establecerán los derechos y obligaciones de las partes.

Artículo 25. No podrán ser materias de contratos de licencia:

I. Los conocimientos sagrados de los pueblos y comunidades indígenas;

II. Los conocimientos tradicionales que son del dominio público; y

III. Aquellos conocimientos que no estén inscritos en el Registro Nacional.

Artículo 26. Los Contratos de Licencia deberán establecer la distribución de los beneficios entre el licenciatario y los pueblos indígenas de manera justa y equitativa, sobre la base de:

I. Beneficios a corto y mediano plazo a través de pagos por adelantado a las comunidades titulares del conocimiento, que autorizan las actividades de bioprospección o de investigación;

II. Pago de derechos de recolección, sobre la base de una cantidad por cada muestra levantada en el campo;

III. Beneficios a largo plazo mediante el pago de un porcentaje de las ventas brutas derivados de la comercialización de los productos creados a partir de los conocimientos tradicionales;

IV. Términos de las transferencias de tecnologías; y

V. Monto destinado al Fondo Nacional.

Artículo 27. Cuando el conocimiento tradicional sea compartido por dos o más comunidades o pueblos indígenas, los interesados en obtener el acceso respectivo deberán buscar el consentimiento informado previo de todas las comunidades o pueblos indígenas titulares del conocimiento en cuestión, previo a celebrar el contrato de licencia correspondiente.

Artículo 28. Los beneficios obtenidos de la celebración de contratos de licencia serán canalizados a proyectos de desa-rrollo de las comunidades titulares del conocimiento, de acuerdo a sus prioridades y decisión adoptada por sus legítimos representantes, distribuyendo los montos en los siguientes rubros:

I. Capacitación y adiestramiento en agroecología y utilización de plantas medicinales;

II. Obras de equipamiento básico;

III. Instalación y equipamiento de farmacias comunitarias;

IV. Investigación de conocimientos tradicionales;

V. Construcción de jardines botánicos de plantas medicinales; y

VI. Equipamiento de laboratorios de investigación.

Artículo 29. El Registro Nacional se obliga a proteger todo conocimiento tradicional inscrito por sus titulares contra cualquier difusión, uso o adquisición por parte de terceros, sin el consentimiento y autorización escrita del pueblo indígena o comunidades titulares.

Capítulo IV

Del Registro y Validación de los Contratos de Licencia

Artículo 30. Quien desee llevar a cabo actividades de acceso a los recursos genéticos o a los conocimientos tradicionales asociados a éstos, deberá obtener la autorización previa de las comunidades y pueblos indígenas mediante la protocolización de un Contrato de Licencia.

Artículo 31. Los Contratos de Licencia para proyectos de bioprospección y uso de los conocimientos tradicionales deberán contener las siguientes especificaciones para ser validados:

I. Identificación de las partes contratantes;

II. Permiso de autorización expedido por la autoridad ambiental en términos de la legislación vigente en la materia;

III. Consentimiento previo fundamentado de las comunidades y pueblos indígenas titulares del conocimiento;

IV. Descripción de los conocimientos objeto del contrato;

V. Información detallada de los usos potenciales que el licenciatario le dará al recurso o conocimiento motivo del permiso de acceso, de investigación o comerciales;

VI. Transferencia de tecnología o capacitación en los términos mutuamente convenidos;

VII. Informe de la entrega de beneficios monetarios a los titulares del conocimiento correspondientes a la cantidad de muestras genéticas levantadas en el campo;

VIII. Porcentaje y montos de los beneficios que entregarán a las comunidades indígenas por productos patentados con los recursos extraídos;

IX. Inclusión de personal académico de instituciones nacionales y de miembros de las comunidades indígenas en los proyectos de investigación, cuando el usuario sea extranjero;

X. Obligación del licenciatario de informar periódicamente al Registro Nacional y a los titulares de la propiedad intelectual sobre los avances alcanzados en la investigación, industrialización y comercialización de los productos desarrollados a partir de los conocimientos objeto del contrato;

XI. Los derechos de propiedad intelectual de las patentes registradas de los productos desarrollados serán compartidos por el licenciatario y los pueblos indígenas en los porcentajes que ambas partes convengan; y

XII. Autenticidad de la documentación presentada.

Artículo 32. Todo Contrato de Licencia deberá ser inscrito ante el Registro Nacional, a más tardar 30 días naturales después de firmado por los contratantes; dicha instancia verificará el cumplimiento de la distribución de los beneficios entre las partes.

Artículo 33. Los Contratos de Licencia serán validados por el Registro Nacional en un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir de su inscripción ante el propio Registro. Esta validación será notificada a las partes, a fin de otorgar la autorización para el acceso a los conocimientos tradicionales.

Artículo 34. Son causales de cancelación de Contratos de Licencia las siguientes:

I. Cuando las partes no establezcan explícitamente los motivos de la investigación;

II. Cuando se hubiesen utilizado datos falsos o presentado documentación apócrifa;

III. Cuando se compruebe que no está inscrito y validado en el Registro Nacional; y

IV. Cuando uno de los contratantes se inconforme por incumplimiento de las obligaciones mutuamente convenidas y así lo solicite por escrito.

Artículo 35. El Registro Nacional será la autoridad administrativa competente para cancelar los contratos de licencia, quien resolverá lo conducente tomando como fundamento las causales establecidas en el presente régimen.

Capítulo V

Del Fondo Nacional para la Conservación de los Conocimientos Tradicionales

Artículo 36. Se crea el Fondo Nacional para la Conservación de los Conocimientos Tradicionales de los pueblos indígenas, que tendrá los siguientes propósitos:

I. Contribuir al rescate, preservación y fortalecimiento de los conocimientos tradicionales;

II. Financiar proyectos de investigación relacionados con el fortalecimiento y rescate de los conocimientos tradicionales y la preservación de la biodiversidad;

III. Capacitar a representantes indígenas en el registro de conocimientos, procesos de negociación y elaboración de contratos de licencia; y

IV. Apoyar a las comunidades indígenas que no hayan recibido beneficios derivados de la celebración de contratos de bioprospección o de comercialización de sus conocimientos colectivos, cuando sean cotitulares de la propiedad intelectual.

Artículo 37. El Fondo Nacional se constituye con:

I. El 5 por ciento del valor neto de las transacciones acordada entre las partes en los Contratos de Licencia;

II. El 0.5 por ciento de las futuras regalías, con base en el monto total de las ventas netas derivadas de la comercialización de los productos desarrollados sobre la base de los conocimientos tradicionales; y

III. Recursos que provengan del presupuesto público, de organismos multilaterales y de la iniciativa privada.

Artículo 38. El Fondo Nacional será administrado por un Comité de Representantes Indígenas dentro del Consejo Consultivo de la Conadepi, bajo supervisión y autorización de su Junta de Gobierno, la cual emitirá el reglamento del Fondo.

Artículo 39. Las comunidades indígenas tienen derecho a acceder a los recursos del Fondo mediante proyectos, que serán validados y aprobados por el Comité de Representantes Indígenas.

Capítulo VI

De la Protección del Régimen Sui Generis

Artículo 40. El Registro Nacional, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y la Autoridad Aduanal adoptará las medidas necesarias, incluyendo el decomiso, para impedir la salida del territorio nacional de recursos genéticos y sus derivados que carezca de la correspondiente autorización de los pueblos titulares.

Artículo 41. Las controversias o conflictos que pudieran generarse entre comunidades indígenas a causa de la aplicación de este régimen, serán resueltos en primera instancia mediante los mecanismos derivados de sus sistemas normativos tradicionales.

Artículo 42. En el caso de que las comunidades no hubiesen llegado a acuerdos con motivo de las controversias o conflictos a que hace referencia el artículo anterior, el Registro Nacional intervendrá en calidad de mediador, árbitro o conciliador, según sea el caso, resolviendo lo conducente sobre el asunto; incluso en los términos del artículo 16.

Capítulo VII

De las Sanciones Aplicables

Artículo 43. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos, y las disposiciones que de ella emanen serán sancionadas por la autoridad jurisdiccional competente, y la Conadepi será la instancia que iniciará los procesos correspondientes.

Artículo 44. A quienes violen los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen, se les sancionará con una o más de las siguientes sanciones:

I. Multa por el equivalente de veinte a cincuenta mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción;

II. Decomiso de las muestras genéticas y los conocimientos tradicionales asociados a ellas que el infractor haya obtenido ilegalmente;

III. Arresto administrativo hasta por 72 horas; y

IV. Pago de indemnización a los pueblos o comunidades indígenas titulares del conocimiento tradicional, por un monto equivalente al 70% del valor comercial estimado que corresponda al conocimiento tradicional y muestra genética asociada extraído ilegalmente.

Transitorios

Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Esta Ley será difundida en el Sistema de Radiodifusoras Indigenistas y en los medios de comunicación masiva, e igualmente será traducida a las lenguas indígenas para su distribución en pueblos y comunidades, a fin que puedan entenderse sus alcances y objetivos.

Tercero.- El Gobierno Federal promoverá ante las entidades federativas y los municipios de la República Mexicana, las acciones legislativas y políticas necesarias para proteger los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.

Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 5 y 13; se adicionan los artículos 2 con las fracciones XIX, XX y XXI, y 9 con las fracciones XII, XIII y XIV; y se crean los artículos 20 y 21 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

``Artículo 2...

I a XVIII...

XIX. Garantizar la protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas mediante el Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales, de conformidad con lo establecido en la Ley General sobre la materia;

XX. Preservar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas a través de la creación y administración del Fondo Nacional para la Conservación de los Conocimientos Tradicionales, de acuerdo a lo establecido en la Ley General sobre la materia; y

XXI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

...

Artículo 5. La Comisión contará con una Junta de Gobierno, como órgano de gobierno; un Director General, como órgano de administración; un Consejo Consultivo como órgano de consulta y vinculación con los pueblos indígenas y la sociedad; y un Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales, como órgano técnico encargado de cumplir las funciones que le asigna la Ley General sobre la materia

............

Artículo 9...

I a XI....

XII. Nombrar al titular del Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales;

XIII. Expedir el reglamento interno del Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales;

XIV. Expedir el reglamento interno del Fondo Nacional para la Conservación de los Conocimientos Tradicionales

.............

Artículo 13. El Consejo Consultivo de la Comisión analizará, opinará y hará propuestas a la Junta de Gobierno y al Director General sobre las políticas, programas y acciones públicas para el desarrollo de los pueblos indígenas. Asimismo, bajo la supervisión de la Junta de Gobierno y a través de un Comité compuesto de diez representantes indígenas integrado de entre sus miembros, el Consejo administrará el Fondo Nacional para la Conservación de los Conocimientos Tradicionales, de conformidad con la Ley General sobre la materia.

El Consejo Consultivo sesionará de manera trimestral y será presidido por un representante indígena.

..............

Artículo 20. La Comisión contará con un Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales, encargado de registrar los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, con arreglo a lo dispuesto en la Ley General sobre la materia; el titular del Registro Nacional será designado por la Junta de Gobierno.

El Registro Nacional se encargará de preservar, promover y proteger los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, a través de la realización de las acciones necesarias para tal fin.

El Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales tendrá las siguientes funciones específicas:

I. Registrar y expedir el certificado correspondiente de propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General sobre la materia;

II. Aprobar o cancelar los contratos de licencia celebrados entre los pueblos y comunidades indígenas y las personas físicas o morales, públicas o privadas, para autorizar el acceso a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a ellos, de acuerdo a lo establecido en la Ley General sobre la materia;

III. Promover las acciones judiciales necesarias para castigar cualquier uso indebido de los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas; y

IV. Mediar entre los pueblos y comunidades indígenas en controversias sobre la titularidad de conocimientos tradicionales específicos, recurriendo a los mecanismos conciliatorios existentes en los sistemas normativos de los propios pueblos indígenas.

Artículo 21. La Comisión constituirá y administrará, a través de un Comité integrado por representantes indígenas miembros del Consejo Consultivo, el Fondo Nacional para la Conservación de los Conocimientos Tradicionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General sobre la materia.

Los recursos del Fondo Nacional se aplicarán exclusivamente en la realización de todas aquellas acciones encaminadas a la conservación de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.''

Transitorios

Primero. El Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales y el Fondo Nacional para la Conservación de los Conocimientos Tradicionales se constituirán dentro de los seis meses siguientes a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas promoverá la participación de instituciones académicas e instituciones públicas en este proceso.

Segundo. La Junta de Gobierno expedirá, dentro de los tres meses siguientes a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, los Reglamentos Internos del Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales y del Fondo Nacional para la Conservación de los Conocimientos Tradicionales.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 87 Bis y se deroga el artículo 87 Bis-1 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

.............

``Artículo 87 Bis. El aprovechamiento de los recursos genéticos asociados a los conocimientos tradicionales con fines de utilización en la biotecnología, requiere de autorización de la Secretaría.

La autorización a que se refiere este artículo sólo podrá otorgarse si cuenta con el consentimiento informado previo de los pueblos y comunidades indígenas en donde se localice el recurso, mediante la protocolización de un contrato de licencia.

Asimismo, los poseedores del conocimiento tradicional tendrán derecho a una repartición justa y equitativa de los beneficios por el acceso a éstos y que se deriven de los productos desarrollados a partir de ellos, con arreglo a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 87 Bis-1.

Se deroga.''

Transitorio

Único.- Los artículos primero, segundo y tercero de este Decreto entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el día 18 de febrero de 2004.--- Dip. Angel Paulino Canul Pacab (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Túrnese a las comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que adiciona un párrafo segundo al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

No se encuentra el señor diputado Luis Antonio González Roldán.

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LEY PARA LA INSCRIPCION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Alfonso Nava Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera.

El diputado Alfonso Juventino Nava Díaz:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores de esta Comisión Permanente:

Indudablemente el vehículo automotriz se ha convertido en la actualidad, después de la vivienda, en el bien patrimonial más importante para las familias mexicanas. Por ello los legisladores campesinos estamos obligados a ser la voz de muchas voces, de voces campesinas, de maestros rurales y, en general, de los más pobres de esta sociedad, que han encontrado en la opción de vehículos extranjeros una repuesta a sus necesidades de transporte.

Para ellos estos vehículos se convierten en ambulancia, en transporte para el ganado, para los alimentos, les sirven para acarrear su agua y, en general, de traslado para sus áreas de trabajo.

También somos los diputados campesinos la voz de nuestros migrantes, que hoy son la primera fuerza económica de este país, ellos con estos vehículos quieren abonarle a su familia el precio de su ausencia.

Estos vehículos que ya están en nuestro país circulan todos los días, compran refacciones, acuden a talleres, pagan impuestos por la vía del consumo de gasolina y esperan la posibilidad de poder pagar sus impuestos de placas y tenencias federales. Circulan prácticamente en todos los estados del país, especialmente en aquéllos con una alta tasa de migración a Estados Unidos.

Estos vehículos debemos de resolver la situación jurídica de ellos, están sin control y por su situación de ilegales están a expensas de extorsión de algunos malos elementos de policía.

Objetivamente, con colores partidistas, sin fines electorales, tenemos que reconocer la necesidad y urgencia de este problema, aceptando que la única forma de otorgar seguridad y certeza jurídica a los propietarios de estos vehículos, es aprobando una iniciativa de decreto para crear la nueva Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera.

Hemos escuchado también las voces de los empresarios del ramo automotriz. Esta industria que genera más de 4 millones de empleos directos e indirectos, que vende a través de más de 1 mil 350 centros de distribución en más de 200 ciudades en el país y que ofrecen una gama de 33 marcas y superior, supera las mil opciones de presentaciones.

Esta industria, la automotriz, ha sido y seguirá siendo un pilar del desarrollo de México, con orgullo en el año de 2002 se colocó como sector industrial de mayor exportación de toda América Latina con un 60% del total exportado.

También creció en ventas nacionales en un 7%. Los empresarios del ramo en su mayoría se oponen a la regularización de estos vehículos extranjeros, sus argumentos, hoy, al igual que hace tres años, suponen pérdidas millonarias, suponen que crecerá el contrabando de autopartes, que resulta un trato injusto para 15 millones de mexicanos que han pagado sus impuestos en vehículos legales, suponen también los empresarios del ramo que la contaminación de estos vehículos es mayor, que habrá congestionamiento vial y que muy pronto estas unidades serán abandonadas como chatarra, que sólo se beneficiarán vendedores informales y los líderes de algunas organizaciones que aseguran protección.

También demandan los industriales una revisión profunda de los temas fiscales y legales, demandan la eficiencia de las autoridades aduanales y esperan lograr una reducción a los precios de venta con el propósito de poder atender este sector de economía baja e impedir la repetición de este problema.

Sin embargo, hoy tenemos que reconocer que a pesar de la presencia de vehículos extranjeros, no se sabe que alguna empresa distribuidora de autos haya cerrado, por el contrario, cada día se anuncia la apertura de otra nueva. En los últimos cinco años han llegado al mercado nacional más de 20 nuevas marcas, se han incrementado los planes de financiamiento y cada día vemos más vehículos nuevos en circulación.

Por ello, resulta comprensible y demostrable que la mayoría de los que poseen un vehículos de procedencia extranjera no podrán comprar uno del mercado nacional.

Por todo lo mencionado y tomando como base la Ley para Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera publicada el 12 de marzo del año 2001 en el Diario Oficial que por cierto hago la referencia que dicha ley en el periodo de registro sólo captó una inscripción de 350 mil unidades de más de 2 millones que se habían supuesto, con base en esta ley, se propone la nueva Ley para Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera en la que sólo se adecuan modelos y tarifas.

Considerando que dicha iniciativa de decreto se encuentra publicada en la página 28 de la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, nos permitimos referirlo en síntesis.

Este proyecto de decreto contempla la inscripción de vehículos extranjeros con capacidad hasta para 12 pasajeros, los destinados al servicio de carga que no excedan los 3 mil 500 kilogramos, modelos comprendidos entre 1970 y 1996, no se inscribirán vehículos considerados de lujo ni deportivos, tampoco los que se encuentran en la franja fronteriza de 20 kilómetros; se inscribirán los vehículos internados al país antes del 31 de octubre de 2003; con el pago de inscripciones, se creará un fondo estatal del 40% para destinarse a prioridades de los municipios; en ningún caso se podrá inscribir más de un vehículo por persona; los dueños de vehículos contarán con 120 días a partir de la fecha de publicación de la Ley en el Diario Oficial de la Federación: los pagos de derechos van desde 750 hasta 5,700 pesos.

Quisiera hacer un comentario de manera muy especial. Estamos por entrar en la parte alta de un periodo de elecciones en diferentes estados de la República, por lo que resulta necesario la rapidez en la aprobación, con el propósito de que no sea manejada esta ley con fines electorales; por ello exhortamos a la comisión correspondiente su inmediato dictamen y turno al pleno para su votación al inicio del próximo periodo de sesiones ordinarias.

Nos queda muy claro a los diputados del sector campesino que no estamos buscando culpables, que estamos buscando soluciones y anticipándonos muy probablemente a evitar un estallido social con este motivo.

Muchísimas gracias.

«Iniciativa de Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del PRI.

Los suscritos, diputados integrantes del sector campesino del Partido Revolucionario Institucional de la H. Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad constitucional que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía el proyecto de decreto que crea la nueva Ley de Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, que propone dar respuesta a las demandas de múltiples sectores de la sociedad, sobre todo de los más pobres.

Exposición de Motivos

Antecedentes

En la LVIII Legislatura el honorable Congreso de la Unión aprobó el 27 de diciembre de 2000, la de Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera.

En esta Cámara de Diputados, actuando como Cámara revisora respecto de la minuta turnada por la colegisladora, se dio un intenso debate, en el que todas las fuerzas políticas aquí representadas coincidieron en la necesidad impostergable de dar solución jurídica a un intenso problema de carácter social como lo es el referente a la regularización de vehículos cuya estancia en el país es irregular por no haber cumplido con los requisitos de importación que la ley de la materia señala.

Este fenómeno, como todos sabemos, existe en todos los estados de la República, provocando que sea un asunto de nivel federal, pero sobre todo es un tema de sensibilidad política y humana, ya que los que escuchamos las demandas sociales sabemos que para muchas familias, especialmente las del campo, estos vehículos son parte de sus instrumentos de trabajo.

Cabe mencionar que después de que entró en vigor la pasada ley en cuestión, algunas empresas del mercado automotriz mexicano se sensibilizaron y aplicaron programas de financiamiento accesibles para algunos sectores de la sociedad, no así para los más pobres, ya que no cuentan con los requisitos que demandan estas empresas del mercado automotriz mexicano y se ven obligados a optar por vehículos de procedencia extranjera.

Consideraciones

1. El esfuerzo realizado por parte del Ejecutivo y del Legislativo con la publicación de la Ley de Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera en el Diario Oficial el día 12 de marzo de 2001, resolvió en parte ya que se vio minimizada por la gran demanda y poco tiempo que tuvo de vigencia dicha ley.

2. La gran mayoría de los vehículos de estancia ilegal, que circulan actualmente en nuestro país, cumplen una función social o de carácter económico. Su internación no ha sido masiva.

3. El estado ilegal de los vehículos, en su mayor parte va aparejada de prácticas de corrupción en la que participan desde autoridades municipales, estatales y federales, en especial por elementos policiacos que abusan de la autoridad, extorsionan y tratan de manera arbitraria a los conductores de estos vehículos.

La aprobación de esta nueva ley permitirá dar solución al urgente problema económico-social, derivado del internamiento, tenencia y tránsito de vehículos usados de procedencia extranjera, que ingresaron al país de forma ilegal. Y al igual que en la incitativa que impulso el decreto de 2001 consideramos las siguientes ventajas como producto de la inscripción:

a) Se identificarán a los propietarios de la titularidad de los vehículos.

b) Se obtendrán ingresos adicionales tanto federales como estatales; por lo que respecta al primero, en los derechos de regularización y tenencia; en cuanto al segundo, en lo que corresponde al pago de placas y engomado. Lo anterior dentro del principio establecido por el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna.

c) Se contribuiría a las garantías mínimas de seguridad pública, pues al conocer quién es el propietario del vehículo, éste se localizaría con mayor facilidad en caso de que fuese utilizado para la realización de alguna actividad ilícita.

d) Por otro lado, se apoyará al mercado de servicios automotrices, lubricantes, combustibles y refacciones, toda vez que la estancia regularizada puede llevar a sus dueños a mantener el cuidado de sus unidades.

Por lo anterior mencionado y tomando como base la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera publicada el 12 de marzo de 2001 en Diario Oficial sometemos a su consideración el decreto que crea la nueva Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera en la que se adecuan sólo los modelos y tarifas para quedar como sigue:

Nueva Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera

Artículo Primero. Para efectos de esta Ley, serán considerados propietarios de vehículos usados de procedencia extranjera los que se inscriban bajo los siguientes términos:

a) Las personas que acrediten con el título de propiedad ese derecho o con los documentos idóneos que demuestren la titularidad de un vehículo de procedencia extranjera.

b) Que se trate de vehículos comprendidos entre los modelos 1970 y 1996, inclusive.

Artículo Segundo. Serán objeto de inscripción, los vehículos automotores cuyos modelos sean 1996 o anteriores y posteriores a 1970, conforme a las disposiciones vigentes en materia aduanera y que tengan las siguientes características:

a) Los vehículos automotores, camionetas pick-up y vagonetas con capacidad hasta de doce pasajeros, así como los señalados en el anexo único de la presente ley.

b) Los vehículos internados en el país antes del 31 de octubre de 2003.

c) Los destinados al servicio público de transporte y carga, y cuya capacidad no exceda los 3,500 kilogramos.

Artículo Tercero. No podrán ser objeto de inscripción los vehículos siguientes:

a) Los vehículos de modelo 1997 en adelante, y los vehículos 1969 y anteriores.

b) Los considerados de lujo y deportivos.

c) Los introducidos al territorio nacional a partir del 31 de octubre del año 2003.

d) Los que se encuentren embargados a la fecha de expedición de la presente ley.

e) Los tipo vivienda.

f) Los que se encuentran en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país.

Artículo Cuarto. Los interesados en inscribir los vehículos, deberán pagar el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, a partir del ejercicio fiscal de 2004 y los subsecuentes.

Se exime parcialmente del pago de los demás impuestos y derechos que deban pagarse con motivo de la importación, a efecto de que se pague la cantidad única que se determina conforme a la siguiente tabla:

Artículo Quinto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía se coordinarán con las autoridades fiscales de las entidades federativas, para llevar a cabo la inscripción de los vehículos a que se refiere esta ley.

Los pagos a que se refiere el artículo cuarto de esta ley se efectuarán ante las oficinas que autoricen las autoridades fiscales de las entidades federativas, mismas que informarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la recaudación que por este concepto se obtenga.

Las entidades federativas percibirán como incentivo por la realización de los trámites efectuados conforme a esta Ley el total de la recaudación a que se refiere el párrafo anterior, integrando un fondo estatal especial para aplicarse en función de las prioridades de cada estado. Del monto recaudado se destinará el 40% a los municipios y se repartirá entre los mismos conforme a los criterios establecidos por los ordenamientos fiscales estatales.

Artículo Sexto. Los interesados deberán acudir a los lugares que señalen las autoridades fiscales, dentro de los 120 días naturales contados a partir de la publicación de esta ley, a fin de presentar la solicitud de inscripción en los formatos aprobados por las autoridades fiscales de las entidades federativas, quienes le asignarán la fecha en que deberán presentar:

I. El vehículo y la acreditación de propiedad del mismo, para que las autoridades fiscales de la entidad federativa correspondiente tomen las calcas de los datos de identificación del automóvil y se le adhiera la calcomanía que lo identifique como inscrito.

II. Licencia de conducir y una copia fotostática de la misma. En ningún caso se aceptarán permisos.

Los pagos a que se refiere el artículo cuarto de esta ley se efectuarán en la fecha en que el interesado presente el vehículo para que se le coloque la calcomanía.

Artículo Séptimo. El pago de las contribuciones no obliga a las autoridades fiscales correspondientes a otorgar la inscripción en los siguientes casos:

a) Si se trata de alguno de los vehículos a que se refiere el artículo tercero de esta ley;

b) Si el vehículo no es presentado para la toma de calcas dentro del plazo señalado en el artículo sexto; y

c) Si no se cumple con alguno de los requisitos señalados en esta ley.

Artículo Octavo. La inscripción de los vehículos conforme a la presente ley no otorga reconocimiento de la propiedad de los mismos. En ningún caso, una misma persona podrá inscribir más de un vehículo, en los términos de la presente ley.

Transitorios

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su vigencia no excederá los 120 días naturales contados a partir de dicha fecha.

Artículo Segundo. Los poseedores de vehículos que no pueden ser objeto de inscripción contarán con el plazo señalado en el artículo anterior para sacarlos del país o donarlos al fisco federal o a entidades federativas.

En todos los casos, el interesado quedará liberado de la responsabilidad relacionada con el pago de las contribuciones y la ausencia del permiso de importación.

Artículo Tercero. Procederá la inscripción de vehículos embargados, cuando esta medida corresponda a créditos fiscales vinculados en función directa de su internación al país, en cuyo caso, se levantará el embargo respectivo para que el propietario pueda llevar a cabo el trámite de inscripción correspondiente en términos de ley. Una vez hecha la inscripción, quedará cancelado el crédito fiscal de referencia y, por ende, levantado definitivamente el embargo, devolviéndose el vehículo a su propietario.

Artículo Cuarto. Los gobiernos de los estados en el marco de las disposiciones legales aplicables, podrán establecer el requisito a cargo de los propietarios de contratar pólizas de seguro para dichos vehículos, para la protección de daños a terceros.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado Alfonso Nava.

Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

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CODIGO FISCAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene la palabra el señor diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que adiciona un párrafo segundo al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

El diputado Luis Antonio González Roldán:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

La democracia debe asegurar un ejercicio transparente de la función pública para que la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos y, como consecuencia, mejorar la aplicación de la justicia.

Con la expedición de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental, nuestro país ha emprendido un proceso de cambio en la relación entre Gobierno y gobernados y desde luego una nueva forma de ejercicio de la función pública.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental garantiza el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales que obran en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los organismos constitucionales autónomos bajo tres principios fundamentales:

El primero, la información de los Poderes y organismos federales es pública y debe de ser accesible para la sociedad, salvo que en los términos de la propia ley se demuestre en forma clara y debidamente sustentada que su divulgación puede poner en riesgo asuntos de interés general del país, como por ejemplo la seguridad nacional o la salud de la población.

El derecho de acceso a la información es universal, lo que significa que cualquier persona, sin distinción alguna, puede solicitarla sin necesidad de acreditar interés jurídico o exponer los motivos o fines de su solicitud.

Como tercer principio se establece que los datos de las personas que obran en las instituciones públicas son confidenciales y por lo tanto no deben divulgarse ni utilizarse para fines distintos para los cuales fueron recibidos o requeridos, de tal manera que se garantice el derecho a la intimidad y la vida privada y al mismo tiempo sus titulares deben tener acceso a ellos cuando lo soliciten.

El Capítulo III, artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, menciona lo que se considera como información reservada, entre otros, el secreto fiscal.

Lo anterior tiene por objeto guardar absoluta reserva en lo concerniente a declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros, con aquellos relacionados. El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece aquellos casos que el secreto fiscal o dicha reserva aplica, como en el caso de lo que señalen las leyes fiscales y aquéllos en que deban suministrarse datos a funcionarios encargados de la administración y defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en los procesos del orden penal o a los tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias.

Como se puede observar en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación los datos sólo pueden otorgarse tratándose de procesos relacionados a la materia penal y de pensiones alimenticias, por lo que se considera necesario ampliar dicha reserva para que las autoridades judiciales o ministerios públicos federales, puedan solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos del domicilio fiscal.

Esta reforma tiene como finalidad que la justicia se mejore, se amplio, se amplíe la reserva a otros procesos judiciales para ser congruentes con la modernización y transformación en la expedición de la justicia.

Por lo anterior, solicito se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

``La autoridad judicial y el Ministerio Público, en cualquier caso podrán solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos correspondientes al domicilio fiscal de los contribuyentes.''

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- LIX Legislatura.--- Presente.

Iniciativa que adiciona un párrafo segundo al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del PVEM.

El legislador que firma al calce, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

La democracia constitucional debe asegurar un ejercicio transparente de la función pública, de tal modo que la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos, así como para mejorar la aplicación de la justicia.

Hoy más de cuarenta países en el mundo cuentan con leyes e instituciones dedicadas a garantizar la transparencia y el acceso a la información sobre la gestión pública.

Con la expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y leyes locales de la materia en distintas entidades federativas de la República, nuestro país ha emprendido un proceso de cambio en la relación entre gobierno y gobernados, y desde luego una nueva forma de ejercicio de la función pública.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental garantiza el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales que obran en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los organismos constitucionales autónomos, bajo tres principios fundamentales:

1. La información de los poderes y organismos federales es pública y debe ser accesible para la sociedad, salvo que, en los términos de la propia Ley, se demuestre en forma clara y debidamente sustentada que su divulgación puede poner en riesgo asuntos de interés general del país, como por ejemplo la seguridad nacional o la salud de la población.

2. El derecho de acceso a la información es universal, lo que significa que cualquier persona, sin distinción alguna, puede solicitarla sin necesidad de acreditar interés jurídico o exponer los motivos o fines de su solicitud.

3. Los datos de las personas que obran en las instituciones públicas son confidenciales y, por lo tanto, no deben divulgarse ni utilizarse para fines distintos para los cuales fueron recibidos o requeridos, de tal manera que se garantice el derecho a la intimidad y la vida privada, y al mismo tiempo sus titulares deben tener acceso a ellos cuando los soliciten.

En el caso del Poder Ejecutivo Federal, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) es el organismo encargado de cumplir y hacer cumplir la Ley en el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Con ese fin, la Ley y el reglamento de la misma establecen las atribuciones, los procedimientos y los sistemas necesarios para promover y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales que obren en las instituciones del gobierno federal.

El Capítulo III, artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental menciona lo que se considera como información reservada, entre otros, el secreto fiscal.

Lo anterior tiene por objeto guardar absoluta reserva en lo concerniente a declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con aquellos relacionados para garantizar el derecho a la intimidad y la vida privada.

El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece aquellos casos que el secreto fiscal o dicha reserva aplica como en el caso de los que señalen las leyes fiscales y aquéllos en que deban suministrarse datos a funcionarios encargados de la administración y defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias.

Como se puede observar en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, los datos sólo pueden otorgarse tratándose de procesos relacionados a la materia penal y de pensiones alimenticias, por lo que se considera necesario ampliar dicha reserva para que autoridades judiciales o ministerio público en cualquier caso puedan solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos de domicilio fiscal de los contribuyentes.

Esta reforma tiene como finalidad que la justicia se mejore al ampliarse la reserva a otros procesos judiciales para ser congruentes con la modernización y transformación en la expedición de la justicia.

Por lo anterior, el legislador que firma al calce solicita se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, de conformidad al siguiente artículo.

Artículo Único.- Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 69. ...

...

Las autoridad judicial y el Ministerio Público en cualquier caso podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos correspondientes al domicilio fiscal de los contribuyentes.

Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 18 días del mes de febrero de 2004.--- Dip. Luis Antonio González Roldán (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado Luis Antonio González Roldán.

Túrnese el documento a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

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LEY DE TRANSPARENCIA Y FOMENTO A LA COMPETENCIA EN EL CREDITO GARANTIZADO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.

El diputado David Hernández Pérez:

Con su permiso, señor Presidente:

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante.

El diputado David Hernández Pérez:

Compañeros legisladores:

La Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, tiene por objeto regular las actividades y servicios financieros para el otorgamiento de crédito garantizado, para la adquisición, construcción, remodelación o refinanciamiento, destinado a la vivienda, con la finalidad de asegurar la transparencia en su otorgamiento y fomentar la competencia.

Cuando se solicita el avaluó de una vivienda es común escuchar, ¿lo quieres para vender o para comprar? Sabemos que una vivienda ubicada en la misma calle, construida con medidas, con diseños, con los mismos materiales, tienen avalúos que parten del principio de ``como veo doy''. Hemos visto cómo peritos valuadores suscriben valuaciones de bienes inmuebles que no conocen ni siquiera su ubicación, sólo porque un banco, porque una entidad de crédito se los ponen para que los suscriba y es que la mayoría de ellos trabajan para los propios bancos.

El término de perito valuador, se deriva de la primera mitad del siglo pasado, en que no habiendo profesionistas que se dedicaran a la valuación, se nombraba a cualquier persona que se juzgara tenía pericia en conocer el valor de los bienes a valuar.

Hoy en México existen 16 universidades que han establecido programas de estudio de posgrado a niveles de especialidades, maestrías y doctorados. Asimismo, ya existen normas jurídicas que exigen que los avalúos los practiquen personas con cédula profesional de valuador, como es el caso del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en su artículo 4º, al igual que la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, por lo que propongo agregar al artículo 3º de la ley mencionada, un inciso 9 que contempla la figura del valuador profesional, entendiendo por éste a la persona que cuente con una cédula profesional de posgrado en valuación, expedida por la Secretaría de Educación Pública.

Actualmente el solicitante de un crédito debe de elegir dentro de un listado que le presentan las entidades, de un perito valuador que de una o de otra forma convierte al banco en juez y parte, por lo que propongo que en lugar de este mecanismo, se agregue un párrafo al final del artículo 6º, que diga: ``las entidades no podrán realizar avalúos de los inmuebles que constituyan la garantía hipotecaria de los créditos que otorguen'', para tener mayor certidumbre del avalúo.

La ley aquí comentada es una ley de transparencia y como tal debe fomentarla, respetarla y hacerla respetar, no debe la Sociedad Hipotecaria Federal permitir la discrecionalidad de la entidad para presentar los listados de peritos valuadores. El perito valuador hoy, valuador profesional, queda en un estado de dependencia directa de la entidad al buscar pertenecer a su patrón, provocando así una dependencia de ella y obligación de representar los intereses del mismo banco, haciendo a un lado la transparencia que debe prevalecer. Por lo que propongo que el artículo 7° quede en los siguientes términos: ``los avalúos de los bienes inmuebles objeto de crédito garantizados a la vivienda, deberán realizarse por valuador profesional autorizado al efecto por la Sociedad Hipotecaria Federal. El acreditado tendrá el derecho de escoger al valuador profesional que intervenga en la operación, de entre los valuadores profesionales con registro en la Sociedad Hipotecaria Federal''.

Es una ley de competencia y como tal debe fomentarla, de ninguna manera dirigirla. No existiría competencia para valuar los inmuebles financiados por la entidad, cuando ésta selecciona sus listados de los peritos valuadores y obliga al acreditado a elegir dentro de esta misma lista que a él le presentan.

No procedería la supuesta desconfianza que van a manejar los bancos con seguridad, que pudieran argumentar respecto a los avalúos, ya que por un lado se cuenta con los registros de la Sociedad Hipotecaria Federal y además existe el seguro contra daños con que cuentan las nuevas unidades de valuación.

Es urgente establecer los controles para que no se repitan las experiencias desfavorables de un nuevo Fobaproa, en donde los bancos tenían supuestamente como garantía fincas que de ningún modo valían por lo que se les pagó. Es validar oficialmente un avalúo por quienes cuentan solamente con el registro de la Sociedad Hipotecaria de Crédito. Ante cualquier entidad financiera, permitirá competencia y transparencia.

Además proponemos un artículo transitorio para las personas que ya cuentan actualmente registrados como peritos valuadores ante la Sociedad Hipotecaria, para que continúen con dicho registro vigente hasta por tres años, contados a partir de la publicación de la presente en el Diario Oficial. Lo anterior para dar oportunidad a su actualización profesional.

Las propuestas presentadas a este pleno garantizan el pago justo a quienes actualmente les es otorgado un crédito para adquirir una vivienda y que permitirá una competencia con la transparencia que los tiempos exigen.

Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, a fin de asegurar el pago justo a quienes reciben un préstamo para vivienda y transparentar el procedimiento correspondiente, presentada por el diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del PRI.

El suscrito, diputado federal David Hernández Pérez, integrante del Partido Revolucionario Institucional, perteneciente al sector obrero, con fundamento en los artículos 55 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión propuesta que modifica y adiciona la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, al tenor de los siguientes

Fundamentos

La Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado tiene por objeto regular las actividades y servicios financieros orientados al otorgamiento de crédito garantizado para la adquisición, construcción, remodelación o refinanciamiento destinado a la vivienda, con la finalidad de asegurar la transparencia en su otorgamiento y fomentar la competencia.

Cuando se solicita el avalúo de una vivienda, es común escuchar: ``¿lo quieres para vender o para comprar?'' Sabemos que una vivienda ubicada en la misma calle, construida con medidas, diseño y materiales iguales, tienen avalúos que parten del principio de ``como veo doy''.

Hemos visto cómo peritos valuadores suscriben valuaciones de bienes inmuebles de que no conocen siquiera la ubicación, sólo por la solicitud de la entidad para la que laboran.

El término de perito valuador se deriva de la primera mitad del siglo pasado cuando, como no había profesionales dedicados a la valuación, se nombraba a cualquier persona a quien se juzgara con ``pericia'' en conocer el valor de los bienes por valuar.

En México, 16 universidades han establecido programas de estudio de posgrado a niveles de especialidades, maestrías y doctorado. Asimismo, hay normas jurídicas que exigen que los avalúos los practiquen personas con cédula profesional de valuador, como es el caso del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en su artículo cuarto, y de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales.

Actualmente, el solicitante debe elegir entre la lista que le presente la entidad a un ``perito valuador'', convirtiéndose en juez y parte.

La aquí comentada es una ley de transparencia y, como tal, debe fomentarla, respetarla y hacerla respetar; no debe la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) permitir la discrecionalidad de la ``entidad'' para presentar las listas de peritos valuadores.

El perito valuador, hoy valuador profesional, queda en un estado de dependencia directa de la ``entidad'', al buscar pertenecer a su padrón, provocando así dependencia de ésta y obligación de representar sus intereses, haciendo a un lado la transparencia que debe prevalecer.

Es una ley de competencia y, como tal, debe fomentarla, de ninguna manera dirigirla. No habría competencia para valuar los inmuebles financiados por la ``entidad'' cuando ésta selecciona sus listas de peritos valuadores y obliga al acreditado a elegir en la lista limitada que le presentan.

No procedería la supuesta desconfianza que la entidad pudiera argumentar respecto a los avalúos, pues se cuenta con los registros de la SHF y -además- existe el ``seguro contra daños'' con que cuenta la unidad de valuación.

Es urgente establecer los controles para que no se repitan las experiencias desfavorables de un nuevo Fobaproa.

Validar oficialmente un avalúo por quienes cuentan sólo con el registro de la SHF ante cualquier ``entidad financiera'' permitirá competencia y transparencia.

Lo anterior, para dar oportunidad a su actualización profesional.

Las propuestas presentadas a este Pleno garantizarán el pago justo a las personas a quienes actualmente se otorga un crédito para adquirir una vivienda, y permitirán una competencia con la transparencia que los tiempos exigen.

Por lo expuesto y fundado, me permito presentar la siguiente

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado

Artículo Unico. Se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 3°, 6°, 7° y tercero transitorio de la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, para quedar como sigue:

Artículo 3°. ...

I. a VIII. ...

IX. Valuador profesional es la persona que cuenta con cédula profesional de posgrado en valuación expedida por la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 6°. ...

...

...

I. a VIII. ...

........

.........

La entidad estará obligada a otorgar el crédito garantizado a la vivienda en los términos y las condiciones establecidos en la oferta vinculante, siempre que la entidad compruebe la identidad del solicitante; la veracidad y autenticidad de los datos que hubiese proporcionado el solicitante; la capacidad crediticia del solicitante conforme a las sanas prácticas y condiciones de mercado; la realización de un avalúo practicado por un valuador profesional autorizado; y el cumplimiento de las demás formalidades que la ley requiera.

Las entidades no podrán realizar avalúos de los inmuebles que constituyan la garantía hipotecaria de los créditos que otorguen.

...

Artículo 7°. Los avalúos de los bienes inmuebles objeto de créditos garantizados a la vivienda deberán realizarse por valuador profesional autorizados al efecto por la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC. El acreditado tendrá derecho a escoger al valuador profesional que intervenga en la operación de entre los valuadores profesionales con registro en la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC.

...

TransitoriosArtículo Primero. ...

Artículo Segundo. ...

Artículo Tercero. Las personas que cuenten actualmente con registro de perito valuador ante la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, continuarán con dicho registro vigente hasta por tres años, contados a partir de la publicación de la presente en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 18 días de febrero de 2004.--- Dip. David Hernández Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado, don David Hernández Pérez.

Túrnese el documento a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Continúe la Secretaría.

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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Instituto Mexicano del Seguro Social.--- Dirección General.

Senador Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.--- Presente.

Con objeto de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 286 C de la Ley del Seguro Social, el H. Consejo Técnico del Instituto, en acuerdo 200/2002 del 17 de abril del 2002, estableció los dispositivos de información para que en forma periódica, oportuna y accesible, se dé a conocer la composición y situación financiera de las inversiones de este organismo y se remita trimestralmente al honorable Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México.

Por tal motivo y con fundamento en el artículo 268, fracciones II y XI, de la Ley del Seguro Social, me es grato acompañar un ejemplar conteniendo la información antes citada, correspondiente al 4º trimestre del 2003, en el que se incluye fundamentalmente la posición de los recursos financieros en inversión al cierre del mismo, los montos promedio, la estructura del portafolio y los rendimientos obtenidos.

Con los resultados alcanzados en el periodo que se informa, se cumple satisfactoriamente con los objetivos y metas institucionales fijados por el Consejo Técnico para este proceso, situación que se ha mantenido de esa forma durante los últimos ejercicios, debido a la eficiencia en la administración de la inversión de los recursos financieros institucionales, en la cual se ha contado con las valiosas aportaciones de los miembros de la Comisión de Inversiones Financieras del Instituto, integrada en forma tripartita por representantes del sector obrero y del sector patronal ante el H. Consejo Técnico, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el titular del Organo Interno de Control en el IMSS, el Presidente de la Comisión de Vigilancia y funcionarios del propio Instituto.

Sin otro particular, envío a usted un respetuoso saludo.

México, DF, a 26 de enero de 2004.--- Santiago Levy (rúbrica), Director General.»

«Escudo.--- IMSS.--- Seguridad y Solidaridad Social.

Informe Trimestral sobre la Composición y Situación Financiera de las Inversiones del Instituto.

México, DF, octubre-diciembre de 2003.

Contenido

Introducción.

Comisión de Inversiones Financieras.

I Composición y situación financiera de las inversiones institucionales.

a) Posición financiera de los recursos en inversión al cierre de octubre, noviembre y diciembre de 2003.

b) Montos promedio de inversión octubre, noviembre y diciembre de 2003.

c) Acumulación de Reservas Financieras 1998-2003.

d) Evolución de las Reservas Financieras ene/1996 dic/2003.

e) Estructura del portafolio por tipo de instrumento de inversión al cierre de octubre, noviembre y diciembre de 2003.

f) Inversión en instrumentos estructurados.

g) Tasas de rendimiento, monto acumulado de los intereses devengados y cumplimiento de las metas de inversión al 4o. trimestre de 2003.

h) Valor en riesgo (VaR) por cartera y total del portafolio de inversión al cierre de octubre, noviembre y diciembre de 2003.

i) Comportamiento del VaR de enero a diciembre de 2003.

j) Sensibilidad del portafolio de inversiones institucional por cartera y total del portafolio ante movimientos en las tasas de interés (Duración Modificada), al cierre de octubre, noviembre y diciembre de 2003.

k) Promedio ponderado de los días por vencer del portafolio de inversión en moneda nacional (Duración Macaulay), de enero a diciembre de 2003.

l) Sensibilidad del valor del portafolio de inversión institucional, ante movimientos en las tasas de interés en moneda nacional (Duración Modificada), de enero a diciembre de 2003.

II Control de operaciones, resumen de asignaciones y transaccionalidad.

INTRODUCCION

El 20 de diciembre de 2001 se promulgaron reformas y adiciones a la Ley del Seguro Social, impulsadas por el Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quezada, y aprobadas por el H. Congreso de la Unión.

Entre los frutos significativos de dichas reformas se encuentra el dar mayor transparencia a la constitución y al manejo de las reservas financieras del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Asimismo, los artículos 286-C y 73-B fracción VII, de la Ley del Seguro Social y del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, respectivamente, ordenan que en forma periódica, oportuna y accesible se dé a conocer al público en general la composición y la situación financiera de las inversiones del Instituto y que esta información se remita trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México y al H. Congreso de la Unión.

Los dispositivos para alcanzar esta finalidad fueron precisados, conforme lo ordena la Ley, por el Consejo Técnico del Instituto. En este documento se presenta el informe correspondiente al lapso octubre-diciembre de 2003, y constituye el octavo de los reportes que sobre la materia rinde el IMSS de manera trimestral.

La Ley prevé que para garantizar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contraiga el IMSS, derivadas del pago de beneficios y de la prestación de servicios, deberá constituir y contabilizar por ramo de seguro la provisión y el respaldo financiero de reservas, con metas anuales de fondeo fijadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Establece también que los recursos afectos a estas reservas no forman parte del patrimonio del Instituto, sino recursos a favor de sus derechohabientes y que sólo se podrá disponer de ellos para cumplir los fines previstos en la Ley del Seguro Social y para garantizar la viabilidad financiera del IMSS en el largo plazo.

Conforme a la Ley, el Instituto constituyó cuatro tipos de reservas:

I. Reservas Operativas;

II. Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento;

III. Reservas Financieras y Actuariales; y

IV. Reserva General Financiera y Actuarial.

Por otra parte y separado de las reservas, se crea un Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual. Dicho Fondo tiene como propósito contar progresivamente con mayores recursos para hacer frente a los pasivos laborales del Instituto.

En octubre de 1999, se expide por Decreto Presidencial, el ``Reglamento para la Administración e Inversión de los Recursos Financieros del Instituto Mexicano del Seguro Social'', el cual establece las normas para la administración e inversión de los recursos del IMSS, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y la suficiencia financiera del mismo.

En el Capítulo II ``De los órganos especializados de inversión'' de dicho Reglamento, se establecen las facultades y la integración de la Comisión de Inversiones Financieras (CIF), así como aspectos relativos a las sesiones, obligaciones y requisitos del Presidente y facultades del Secretario Técnico.

Por lo anterior, la CIF es la única comisión del H. Consejo Técnico cuyo funcionamiento se encuentra estipulado por Reglamento emitido por el Ejecutivo Federal.

II. Atribuciones e integración

De conformidad con el artículo 3 del Reglamento en la materia, la CIF es el órgano del H. Consejo Técnico facultado para proponer a este último las políticas y directrices de inversión, así como para evaluar y supervisar su aplicación.

Asimismo, en dicho numeral se definen las facultades y obligaciones de la misma:

Evalúa y emite opinión al Consejo Técnico, respecto a:

Políticas y directrices de inversión, uso y dispersión de las reservas

Documentos normativos para las inversiones institucionales

Riesgos financieros de inversión

Instituciones del sistema financiero, en cuanto al perfil de riesgo y rendimiento.

Estudios financieros para llevar a cabo inversiones en acciones de sociedades o empresas cuyo objeto social sea complementario o afín del propio Instituto

Determina las operaciones de inversión, las expectativas de tasas de interés y la calificación de la contraparte y del emisor

El artículo 5 del Reglamento, establece que previo a la celebración de la Asamblea General del Instituto se realizará una sesión especial en la cual se dará a conocer y se evaluará el estado que guardan las inversiones de las reservas, sus rendimientos, la exposición al riesgo, las estrategias y la situación financiera del Instituto. A estas sesiones especiales se invitará adicionalmente a:

III. Funcionamiento

La CIF fue instalada formalmente por el Director General del IMSS el 12 de noviembre de 1999, asimismo, en esta sesión fueron aprobados los trabajos y acuerdos de las 20 reuniones semanales que se celebraron con el carácter de preparatorio, a fin de dar continuidad a las acciones de inversión que por sus características técnicas y su dinámica no era posible interrumpir.

Previa convocatoria, la CIF se reúne semanalmente de acuerdo al calendario anual aprobado por la misma. En cada sesión ordinaria se presenta una carpeta de trabajo integrada por los siguientes apartados en los cuales se tratan los siguientes temas, mismos que son analizados y comentados ampliamente durante la sesión:

Seguimiento de acuerdos. Se informa acerca del estado que guardan los acuerdos tomados.

Reporte de inversión semanal. Se describe en forma pormenorizada las operaciones de inversión efectuadas durante la semana que se informa, la posición de cada una de las reservas y del fondo laboral, la acumulación de rendimientos devengados, así como gráficos del comportamiento de las inversiones respecto a parámetros del mercado y metas.

Evaluación del riesgo. Se rinden informes acerca de la medición del riesgo de mercado de las operaciones de inversión y se presenta el monitoreo de los montos invertidos en valores corporativos y su calidad crediticia, evaluando el cumplimiento de los límites establecidos en la normatividad.

Evaluación de la operación. Se presenta el comportamiento de los ingresos y gastos, de las inversiones en dólares, se informan los montos liquidados de las operaciones de inversión, el reporte del número de operaciones efectuadas, de asignación de títulos, así como los horarios de inversión, asignación y liberación, por intermediario y por reserva; muestra el seguimiento del programa de dispersión de fondos de egresos y comparativos de los saldos de las reservas y del fondo laboral, de la semana que se informa.

Expectativas del mercado. Se comentan los aspectos más relevantes ocurridos en la semana relativos a la economía de Estados Unidos, el desempeño del mercado petrolero, del mercado cambiarlo y el entorno doméstico, así como la volatilidad en el mercado de deuda tanto para los valores gubernamentales como para el papel bancario a un día, con el fin de aportar elementos para revisar las estrategias de inversión que se proponen.

Estrategias de inversión y riesgo. Se someten a consideración de la CIF los lineamientos que respaldan la estrategia semanal de inversión en los términos de la normatividad vigente, señalando los plazos, el tipo de instrumento en los que se realizan las inversiones y los límites de operación autorizados.

Asuntos generales. Se incluyen temas adicionales que requieren ser sometidos a consideración de la CIF.

De cada sesión se levanta una minuta en la que se detallan los puntos de acuerdo que se toman.

De noviembre de 1999 a diciembre de 2003, la CIF ha celebrado 186 sesiones, 180 ordinarias y 6 especiales, en las cuales se han emitido en total 1,113 acuerdos. La distribución por tema se presenta en el siguiente cuadro:

I. COMPOSICION Y SITUACION FINANCIERA DE LAS INVERSIONES INSTITUCIONALES

La posición al cierre del 4o. trimestre de 2003 materia de este informe, ascendió a 52 mil 662 millones de pesos, el decremento en el monto de las Reservas Operativas en el mes de diciembre, se debe a un período de estacionalidad derivado de compromisos del Instituto y por el incremento de las Reservas y Fondo Laboral.

Con base en lo dispuesto en el artículo 283, párrafo tercero de la Ley del Seguro Social, se reintegraron a la Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento 18.3, 16.1 y 22.9 MDP, en octubre, noviembre y diciembre, respectivamente, por concepto de costos financieros.

Asimismo, en cumplimiento al Programa Anual de Administración y Constitución de Reservas 2003, autorizado por el H. Consejo Técnico en Acuerdo 4/2003, se fondearon en el período que se informa 1,430.1 MDP a la Reserva del Seguro de Riesgos de Trabajo, 832.7 MDP a la Reserva del Seguro de Invalidez y Vida, 24.3 MDP a la Reserva General Financiera y Actuarial y para el Fondo Laboral 2, 731.5 MDP.

Con lo anterior se concluyeron los fondeos programados para el ejercicio 2003, dándose cumplimiento a la meta establecida.

f) Inversión en instrumentos estructurados

Considerando el escenario económico-financiero actual de baja de tasas que contrasta con la volatilidad del mercado (en tasas de interés y tipo de cambio), resulta relevante para el Instituto el diseño de estrategias y nuevos esquemas de inversión, que le permitan maximizar los rendimientos de sus reservas y demás recursos financieros institucionales, a través de inversiones de alta calidad crediticia y limitando los riesgos de mercado y de liquidez. Por lo tanto, la Dirección de Inversiones Financieras y la Comisión de Inversiones Financieras, analizaron más de treinta esquemas de productos estructurados10 dentro del régimen de inversión autorizados.

Después de un exhaustivo análisis de las implicaciones operativas, de control, parámetros de instrumentación, mecánica contable, y la relación riesgo-rendimiento, la Comisión de Inversiones Financieras mediante acuerdos 8175/03, 7177/03 y 8178103 autorizó la realización de operaciones de inversiones en ``notas duales''11. La Comisión de Inversiones Financieras en apego a los lineamientos y directrices de inversión establecidos en la normatividad vigente y en los acuerdos del H. Consejo Técnico, autorizó la inversión en productos estructurados con intermediarios financieros de la más alta calidad crediticia. Las notas duales analizadas y operadas ofrecen alta rentabilidad, bajo riesgo de mercado y una calificación crediticia de AA en escala global (lo que representa un mejor nivel que la calificación de deuda soberana en el mercado internacional).

Como otros productos estructurados12, representan una alternativa de inversión con rendimientos potencialmente muy atractivos que se ubican dentro del régimen normado con mínimo riesgo de crédito, por la alta calidad crediticia del intermediario financiero elegido; mínimo riesgo de liquidez, por la corta duración establecida por la Comisión de Inversiones Financieras; y reducido riesgo de mercado, por el diseño del esquema en el que se operan los instrumentos acotándose los montos y plazos a invertir y demás condiciones necesarias para el armado de un portafolio diversificado en instrumentos de este tipo con su respectiva medición del rendimiento global acumulado en el mediano plazo.

... f) Inversión en instrumentos estructurados

Durante el mes de noviembre se realizaron 10 operaciones de muy corto plazo en notas duales, por un importe total de 112 millones de pesos, en las cuales se obtuvieron rendimientos por 891 miles lo que representa en forma global una tasa de 28.96%.

En diciembre se efectuaron 23 operaciones en pesos, por un importe total de 258.4 millones, se obtuvieron rendimientos por 1.3 millones lo que representa una tasa global de 20.84% y una en dólares por importe de un millón, con rendimientos de 0.8 miles y tasa de 2.$5%. Los resultados obtenidos son significativamente superiores respecto a las alternativas de inversión en pesos o dólares disponibles en el mercado a la fecha en que se efectuaron.

Reservas Operativas y De Operación para Contingencias y Financiamiento. Las tasas nominales anualizadas observadas por el Instituto fueron del 5.15%, 5.16% y 6.07% en octubre, noviembre y diciembre, respectivamente, comparadas contra las tasas de rendimiento de los CETES a 28 días en el mercado secundario (4.58%, 4.82% y 5.96%), que es el objetivo de rendimiento mínimo establecido para las reservas operativas, resultaron superiores las alcanzadas por el Instituto en 57, 34 y 11 puntos base (Gráfica 1)

.

Reservas Financieras y Actuariales y General Financiera y Actuarial. En términos reales se obtuvieron tasas del 3.23%, 3.34% y 2.97% en octubre, noviembre y diciembre, respectivamente, que comparadas con el objetivo de rendimiento establecido por el H. Consejo Técnico del Instituto, del 2.0% real anual, resultan superiores las del Instituto, en 123, 134 y 97 puntos base (Gráfica 2).

En relación al control de las operaciones de inversión, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2003, se administraron en promedio 1,449 asignaciones (títulos) las cuales se mantuvieron y/o mantienen en el INDEVAL hasta su vencimiento, en la cuenta del custodio del Instituto, lo que significa mayor seguridad y transparencia en el manejo de sus recursos financieros en inversión.

Por lo que hace a la transaccionalidad (volumen de los recursos financieros administrados) durante el trimestre de análisis, ascendió a un monto promedio de 568 mil 533 millones de pesos.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Senadores y a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS
La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-70, de fecha 6 de noviembre de 2003, signado por los C. secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. 315-A-00574, suscrito por la C. Cecilia Barra, directora general de Programación y Presupuesto ``A'' de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta a los puntos de acuerdo por los que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a instrumentar políticas para la restauración, conservación, protección y desarrollo de las ciudades mexicanas inscritas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, presentados por el diputado Rafael Flores Mendoza.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 10 de febrero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/2923/03, mediante el cual remite la exposición de motivos de los puntos de acuerdo aprobados en la sesión del día 6 de noviembre de 2003, por parte de los secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, relativos a las ciudades mexicanas declaradas patrimonio mundial.

Al respecto, comunico a usted que en ámbito de competencia de esta dirección general, en el anexo 21 ``Reasignaciones de Gasto 2004'' del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, publicado el pasado 31 de diciembre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, se etiquetaron 40.0 millones de pesos para Ciudades Patrimonio Cultural en el Ramo 11-Educación Pública, recursos a los cuales el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), dará seguimiento a través de la actividad prioritaria denominada ``Ciudades Patrimonio Cultural''.

Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 29 de enero de 2004.--- La directora general, Cecilia Barra.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Educación Pública y Servicios Educativos, de Cultura y de Turismo de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

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DEUDA PUBLICA
La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-128, de fecha 15 de diciembre de 2003, suscrito por los C. secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. 102-B-010, signado por el C. Alonso García Tames, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que da contestación al punto de acuerdo en el que solicita información acerca del destino y aplicación de los recursos que ha solicitado por concepto de endeudamiento neto para el ejercicio fiscal 2004, presentado por el diputado René Arce Islas.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

C. Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Hago referencia a su oficio número. SEL/300/3527/03 del pasado 16 de diciembre de 2003 a través del cual nos informa que mediante oficio número DGPL. 59-II-0-128 los ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le comunicaron sobre el punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2003, para obtener información sobre el destino y la aplicación de los recursos que se solicitaron por concepto de endeudamiento neto para el ejercicio fiscal de 2004.

Sobre el particular; como es de su conocimiento en el marco de la política de transparencia y acceso a la información que se ha instrumentado en esta administración, el Ejecutivo Federal a través de esta Secretaría presenta periódica y puntualmente al H. Congreso de la Unión, en términos de las normas aplicables y a través de los informes mensuales y trimestrales, estos últimos sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, así como en la página de Internet de esta Secretaría, los datos concernientes a la deuda pública contratada y ejercida por el Gobierno Federal.

Es pertinente destacar que la contratación de deuda pública se realiza en estricto apego a la normatividad en la materia y de conformidad con el monto de endeudamiento neto que anualmente se autoriza en las leyes de ingresos de la Federación de los ejercicios fiscales respectivos, siendo importante hacer notar que en los tres años de esta administración no se ha solicitado monto alguno de endeudamiento neto externo, por lo que el financiamiento del Gobierno Federal se ha obtenido a través del mercado interno.

En lo que se refiere a éste, la política de crédito público aprobada por el honorable Congreso de la Unión para el año de 2004, tiene la finalidad de captar los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones de deuda vigente y al financiamiento del déficit público, contribuir a mantener un marco de estabilidad y de fortaleza en las finanzas públicas y promover el desarrollo de los mercados financieros nacionales.

En particular, los esfuerzos estarán encaminados a acelerar el cambio en la mezcla entre deuda interna y externa del país, con el propósito de reducir cada vez más la vulnerabilidad de las finanzas públicas a perturbaciones del exterior. Por lo anterior, las acciones en materia de manejo de la deuda externa estarán encaminadas a obtener, por primera vez en la historia económica reciente de México, un desendeudamiento externo neto por un monto de 500 millones de dólares. Esta medida permitirá continuar fortaleciendo la estructura fiscal y la solvencia del país.

Asimismo y en lo que respecta a la política de manejo de la deuda interna, se prevé financiar tanto el déficit del Gobierno Federal como la reducción neta del endeudamiento externo a través de fuentes internas. Con esto, se buscará aprovechar el dinamismo esperado en la demanda de títulos gubernamentales por parte de inversionistas institucionales, originado, principalmente, por los cuantiosos flujos de ahorro financiero asociado al sistema de ahorro para el retiro, para así continuar con las acciones tendientes a consolidar y extender la curva de rendimiento de títulos gubernamentales en el mercado nacional. De esta forma, al establecer elementos de referencia para las transacciones de deuda privada, la política de crédito público continuará siendo no sólo un mecanismo, de captación, sino un instrumento promotor del desarrollo del mercado financiero nacional.

Para alcanzar los objetivos antes mencionados, los párrafos primero y segundo del artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, entre otros, autorizan al Ejecutivo Federal para:

Contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto de 84 mil 300 millones de pesos e inclusive se otorga autorización para la contratación de endeudamiento interno adicional, siempre que los recursos obtenidos se destinen íntegramente a la disminución de la deuda pública externa.

Emitir valores en moneda nacional y contratar empréstitos para canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley Genera de Deuda Pública.

Contratar créditos o emitir valores en el exterior, con objeto de canjear o refinanciar obligaciones del erario federal a efecto de obtener un monto de desendeudamiento neto externo de hasta 500 millones de dólares.

Asimismo, tanto dicho precepto como el artículo 9o. de la Ley General de Deuda Pública, establecen la obligación del Ejecutivo Federal de dar cuenta trimestralmente al Congreso de la Unión, por conducto de la SHCP, sobre las características de las operaciones realizadas conforme a la autorización otorgada, así como sobre los pasivos contingentes que se hubieran asumido con garantía del Gobierno Federal, incluyendo los avales distintos de los proyectos de inversión productiva de largo plazo otorgados.

Por lo que se refiere al endeudamiento del Distrito Federal, el Congreso de la Unión tiene la facultad de autorizar el monto de endeudamiento que pueda contraer ese orden de gobierno, habiéndose fijado para 2004 en el artículo 3o del mismo ordenamiento, un monto de endeudamiento neto de 500 millones de pesos, imponiéndose también la obligación de informar trimestralmente al Congreso de la Unión sobre el estado de la deuda pública de la entidad y sobre el ejercicio del monto de endeudamiento neto autorizado, desglosada por origen y fuente de financiamiento, especificando las características financieras de las obligaciones.

La propia Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, prevé en sus artículos 24 y 25 el contenido de los informes mensuales y trimestrales antes mencionados, en los términos siguientes.

Informes mensuales sobre los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa.

Informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública en los que se presente información sobre los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de duda interna y externa.

Los informes trimestrales incluirán un informe que contenga la evolución detallada de la deuda pública misma al trimestre, incluyendo el perfil de amortizaciones internas y externas. Deberá incluir un apartado que se refiera a las obligaciones activas y pasivas del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, así como de su posición financiera, incluyendo aquellas relativas a la enajenación de bienes, colocación de valores y apoyos otorgados.

En complemento a lo anterior, esta Secretaría ha impulsado medidas adicionales de transparencia, entre las que destacan las siguientes:

Medidas impulsadas por el Gobierno Federal

Publicación trimestral de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) y de su saldo histórico, ambos indicadores más representativos de la postura fiscal que el balance público tradicional.

Medidas impulsadas por la Administración y por el honorable Congreso de la Unión

Publicación anual del Presupuesto de Gastos Fiscales y

Elaboración del informe sobre el avance de la gestión financiera desde 2002 como complemento a la publicación anual de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Como se puede apreciar, la información solicitada en el punto de acuerdo que nos ocupa obra en los diversos informes que periódicamente se presentan al honorable Congreso de la Unión.

Para finalizar, me permito anexar al presente un ejemplar del último Informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública presentado al honorable Congreso de la Unión, así como el informe mensual sobre los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 2 de febrero de 2004.--- El Subsecretario de al Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alonso García Tames.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y al promovente para su conocimiento.

Continúe la Secretaría.

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CONJUNTIVITIS
La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-20, signado el día 25 de septiembre de 2003 por los C. secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. 315-A-00573, suscrito por la C. Cecilia Barra, directora general de Programación y Presupuesto ``A'' de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que da respuesta a los puntos de acuerdo relativos a los brotes de conjuntivitis en el país, presentados por la Junta de Coordinación Política.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 10 de febrero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/2385/03 mediante el cual comunica a esta Secretaría los puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de la aplicación de medidas para la vigilancia de la conjuntivitis; particularmente al punto tercero, por el cual ``se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público programe recursos extraordinarios a las partidas correspondientes, con objeto de que se destinen a detener el brote epidemiológico''.

Sobre el particular, con la finalidad de que el área a su digno cargo, en su calidad de enlace del Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo cuente con elementos para dar respuesta al planteamiento, me permito informarle que debido al contexto restrictivo enfrentado en el ámbito de las finanzas públicas de la Federación durante el ejercicio 2003, no fue posible canalizar mayores recursos para dicho fin, conforme a la recomendación de la Cámara de Diputados. Sin embargo, considero pertinente señalar respecto del punto segundo del acuerdo, por el cual se solicita la intervención de la Secretaría de Salud, que la dependencia no manifestó presiones de gasto en relación con las acciones que se hayan llevado a cabo para atender esta contingencia.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 29 de enero de 2004.--- La directora general, Cecilia Barra.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Salud de la Cámara de Diputados.

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BANCOS
La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. II-345, de fecha 4 de diciembre de 2003, suscrito por el C. senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. SJAI/043/04, signado por el C. licenciado Alejandro Ramos Flores, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, por el que da contestación al punto de acuerdo mediante el cual requiere a esa Procuraduría solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de atracción a fin de que resuelva la controversia del juicio de amparo número 979/2002-I planteado por los bancos, y que actualmente se encuentra radicado para su revisión ante el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; respecto del canje de pagarés en los términos del artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por instrucciones del Procurador General de la República, y en relación a su oficio número SEL/300/3360/03, de fecha 9 de diciembre del año próximo pasado, mediante el cual solicita que dicho alto funcionario peticione a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ejercicio de su facultad de atracción, en relación al juicio de garantías número 979/2002I, el cual se encuentra radicado para su revisión ante el Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sobre el particular, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 12 del reglamento de la Ley Orgánica de esta Institución Federal de Procuración de Justicia, le comunico que se han girado las instrucciones correspondientes a las unidades administrativas competentes, para que, previa la revisión del asunto de referencia, se proceda conforme a derecho corresponda.

Sin otro particular, reitero a usted la más distinguida de mis consideraciones.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 30 de enero de 2004.--- Lic. Alejandro Ramos Flores.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Remítase a la Cámara de Senadores.

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ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS
La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número I-487, de fecha 11 de diciembre de 2003, suscrito por el C. senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número DEP-0192/04, signado por el licenciado Juan Diego Jasso Farías, director general de Enlace Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que da contestación al apartado tercero del punto de acuerdo mediante el cual solicita al Ejecutivo Federal que informe sobre los procedimientos que se han seguido para dar cumplimiento al Acuerdo de Cooperación Técnica con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito a usted remitir a la Comisión Permanente, la respuesta al tercer punto del acuerdo aprobado por el Senado de la República, el 11 de diciembre de 2003, sobre los procedimientos que se han seguido para dar cumplimiento al Programa de Cooperación Técnica con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el nombramiento de los expertos que lo elaboraron, las etapas que se han desarrollado en el marco del acuerdo y lo alcanzado hasta el momento.

Atentamente.

Tlaltelolco, DF, a 29 de enero de 2004.--- Lic. Juan Diego Jasso Farías, director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva.--- Comisión Permanente.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito sus buenos oficios a fin de remitir al Senado de la República, la respuesta al tercer punto del Acuerdo del Senado de la República del 11 de diciembre de 2003, sobre los procedimientos que se han seguido para dar cumplimiento al Programa de Cooperación Técnica con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el nombramiento de los expertos que lo elaboraron, las etapas que se han desarrollado en el marco del acuerdo y lo alcanzado hasta el momento.

El documento anexo contiene la información solicitada por el Senado de la República.

Atentamente.

Tlaltelolco, DF, a 29 de enero de 2004.--- Lic. Juan Diego Jasso Farías, director general.»

«El Programa de Cooperación Técnica con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

La política mexicana en materia de derechos humanos tiene como base la colaboración con los organismos internacionales y la comunidad internacional en su conjunto, para promover el respeto de los derechos humanos. Una vertiente importante de dicha política fomenta el cambio sustancial que se requiere para la promoción y fortalecimiento de los derechos humanos a nivel nacional, y busca asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el país.

El Gobierno del Presidente Vicente Fox concede una prioridad particular a los derechos humanos, de ahí que una de las primeras acciones de su administración haya sido la firma, en diciembre de 2000, de un Programa de Cooperación Técnica con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), cuyo objeto es promover la vigencia de las garantías individuales en México.

Primera Fase

Entre febrero y agosto de 2001 se ejecutó la primera fase del Programa, desarrollándose las siguientes acciones:

La elaboración de dos protocolos modelo sobre el diagnóstico médico de la tortura e identificación de tortura en materia forense, con base en normas internacionales. Los protocolos fueron elaborados por las dependencias competentes del Gobierno Federal y reconocidos expertos internacionales. La Procuraduría General de la República aplica las normas de los protocolos.

Expertos contratados por las Naciones Unidas impartieron cursos de capacitación a médicos y abogados de dependencias federales y estatales, órganos autónomos del Estado y de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), para el diagnóstico y la denuncia de actos de tortura con base en los protocolos adoptados.

Se inició la elaboración de una Norma Oficial Mexicana para la aplicación de dos procedimientos modelo para el diagnóstico de la tortura, para lo que se contó con la asesoría de expertos internacionales.

Uno de los logros de la primera fase del Programa de Cooperación Técnica, fue la incorporación del Comité de Enlace, conformado por organizaciones mexicanas de la sociedad civil relacionadas con la Oficina del Alto Comisionado, al Comité de Seguimiento que dirige la ejecución del Programa de Cooperación. Con ello, se permitió a las OSC mexicanas participar en la instrumentación del acuerdo.

Segunda Fase

El Gobierno de México firmó el Acuerdo Marco para la segunda fase del Programa de Cooperación Técnica en octubre de 2001 y presentó a la consideración del Senado de la República la aprobación de un acuerdo de sede para el establecimiento de una oficina del alto comisionado en México. El Senado aprobó dicho acuerdo y el decreto correspondiente se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 21 de febrero de 2003.

Una vez que el establecimiento de la Oficina del Alto Comisionado en México fue aprobado por el Senado, se inició la ejecución de la segunda fase del programa de cooperación técnica, misma que continúa en la actualidad.

El programa de cooperación previsto para la segunda fase es de un alcance mucho más amplio que el anterior y contempla como actividad principal la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos y de un programa nacional en la materia.

Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México y de un Programa Nacional de Derechos Humanos. El diagnóstico tiene por objeto apoyar las reformas estructurales que el país necesita para garantizar la vigencia de los derechos humanos en nuestro país.

El diagnóstico fue elaborado por cuatro reconocidos expertos mexicanos independientes, los cuales fueron seleccionados por la Oficina del Alto Comisionado en México. La oficina publicó una convocatoria abierta en diarios de circulación nacional y en la página electrónica de la OACNUDH. Asimismo, buscó que los expertos fueran, de preferencia, académicos independientes con experiencia en la materia.

La convocatoria despertó gran interés entre académicos y profesionales relacionados con el tema. Se recibieron 74 candidaturas y, con base en estándares internacionales definidos por la OACNUDH, Sergio Aguayo Quezada, Clara Jusidman, Miguel Sarre Iñíguez e Isidro H. Cisneros, fueron seleccionados para integrar el grupo de expertos.

Como se estableció en el acuerdo, los cuatro expertos seleccionados desarrollaron una intensa actividad de consulta y sistematización de la información disponible y convocaron a una serie de reuniones temáticas para recabar información de organizaciones de la sociedad civil y académicos. Además, sostuvieron encuentros con funcionarios de alto nivel de la Administración Pública Federal. El proceso incluyó la celebración de cuatro foros regionales en Oaxaca, Chihuahua, Jalisco y el Distrito Federal.

El diagnóstico fue entregado por el señor Anders Kompass al Presidente de la República, el 8 de diciembre pasado, en presencia de los titulares de las dependencias que integran la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos. Esta comisión será la encargada de coordinar las acciones para la elaboración de un Programa Nacional en materia de derechos humanos.

Además como parte del acuerdo de cooperación se tiene previsto la celebración de seminarios de capacitación en los siguientes temas:

Prevención de la tortura

Continuar con el proceso de elaboración y registro de la Norma Oficial Mexicana para el Diagnóstico Médico de la Tortura.

Difundir los procedimientos modelo.

Celebrar seminarios talleres de capacitación sobre la identificación de tortura en materia forense.

Derechos indígenas

Se celebrarán nuevos seminarios de capacitación sobre los mecanismos nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Finalmente el acuerdo contempla una componente que será instrumentado directamente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número V-44, signado por el C. senador Raymundo Cárdenas Hernández, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número DEP-0210/04, suscrito por el licenciado Juan Diego Jasso Farías, director general de Enlace Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que da contestación a los puntos de acuerdo mediante los cuales se solicita al Ejecutivo Federal que se pronuncie por la defensa de los derechos humanos y laborales de nuestros connacionales que se encuentran viviendo y trabajando en Estados Unidos de América, y contra las redadas antiinmigrantes, que atentan contra esos derechos fundamentales.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 10 de febrero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Remítase a la Cámara de Senadores.

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MIGRANTES
La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Lic. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo, Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito a usted remitir a la Comisión Permanente, los comentarios al punto de acuerdo aprobado por esa soberanía sobre la defensa a los derechos de los connacionales que radican en Estados Unidos de América.

Tlaltelolco, DF, a 30 de enero de 2004.--- Lic. Juan Diego Jasso Farías, Director General.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, me permito solicitar sus buenos oficios a fin de hacer llegar al Senado de la República, los comentarios al punto de acuerdo aprobado por esa soberanía sobre la defensa a los derechos de los connacionales que radican en Estados Unidos de América, mismo que se anexa.

Atentamente.

Tlaltelolco, DF, a 30 de enero de 2004.--- Lic. Juan Diego Jasso Farías, Director General.»

«Comentarios al primer punto del acuerdo aprobado por el Senado de la República, en la sesión del 28 de octubre de 2003, con relación a la defensa de los derechos humanos, civiles y laborales de nuestros connacionales que se encuentran viviendo y trabajando en Estados Unidos de América, y en contra de las redadas antiinmigrantes, que atentan contra estos derechos fundamentales.

Con relación al primer punto de acuerdo aprobado por el Senado de la República en la sesión del 28 de octubre de 2003, por el que esa soberanía exhorta al Ejecutivo Federal para que se pronuncie por la defensa de los derechos humanos, civiles y laborales de nuestros connacionales que se encuentran viviendo y trabajando en Estados Unidos de América, y en contra de las redadas antiinmigrantes, que atentan contra estos derechos fundamentales, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho de esta defensa uno de los principales ejes de su política exterior.

Para ello, Estados Unidos, en particular, sostiene una amplia red de 45 representaciones consulares que brindan diversos servicios de protección a la numerosa población mexicana y de origen mexicano que reside en ese país. Tan sólo en el 2003 se atendieron más de 82,000 casos de índole migratoria, laboral, civil, penal, administrativa y de derechos humanos.

Asimismo, el Gobierno de México mantiene un diálogo fortalecido con el Gobierno estadounidense para avanzar en temas de importancia en la agenda bilateral, en especial, del tema migratorio. En todos los foros de discusión y análisis acordados entre ambos países, las delegaciones mexicanas han expresado, de manera firme, el interés de nuestro país por el respeto a los derechos de los migrantes y el desacuerdo con los programas y operativos antiinmigrantes que periódicamente se llevan a cabo en ese país, en virtud de que contravienen los esquemas de repatriación acordados.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Remítase a la Cámara de Senadores.

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CONTRABANDO
La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número II-388, suscrito por el C. senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 326-SAT-X-2-9935, de fecha 24 de enero del año en curso, signado por el C. licenciado Alfredo García Alvarez, administrador central de Fiscalización Aduanera ``2'' del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que da contestación a los puntos de acuerdo relativos a las acciones establecidas para combatir las conductas previstas en los artículos 102, 103, 104 y 105 del Código Fiscal de la Federación, relacionados con el delito de contrabando, así como las establecidas en los artículos 108 y 109 relacionadas con la defraudación fiscal, presentado por el senador Jorge Lozano Armengol.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 10 de febrero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- México, DF.

Por instrucciones del Administrador General de Aduanas, me refiero a su oficio número SEL/300/3392/03 del 11 de diciembre del 2003, mediante el cual comunica los puntos de acuerdo emitidos por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en sesión del 9 de diciembre de 2003, en el sentido de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar acciones para combatir los delitos de contrabando y defraudación fiscal durante la época decembrina.

Sobre el particular, me permito comentarle que la Administración General de Aduanas realiza durante todo el año, acciones para combatir la introducción ilegal de mercancías, en busca de proteger a los sectores productivos nacionales en ejercicio de las facultades que le han sido conferidas.

Por lo anterior, durante 2003 las aduanas del país y las áreas centrales de la Administración General de Aduanas realizaron actos de fiscalización para verificar la legal introducción de mercancía a territorio nacional en toda la República, con lo que se logró el embargo de mercancías de procedencia extranjera cuya legal estancia en el país no fue acreditada, por un valor de $1,185'983,621.00 pesos entre las que destacan calzado, rollos de tela, juguetes, vehículos, prendas de vestir, discos compactos, aparatos eléctricos y electrónicos.

Adicionalmente, me permito comentarle que la Administración General de Aduanas, con objeto de apoyar a los productores nacionales durante la época decembrina realizó las siguientes acciones adicionales:

A partir del 15 de octubre implementó el Programa Navidad, el cual consiste en comisionar personal de nivel central a las aduanas con mayor tráfico, con la finalidad de rea-lizar acciones de sobre vigilancia para reforzar las revi- siones de los operaciones de comercio exterior de mercancías de esa temporada.

Durante el periodo del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2003, se realizaron más de 1 mil actos de fiscalización, en los que se embargaron mercancías con un valor superior a $250.000,000.00 de pesos, consistentes en calzado, vinos y licores, luces de navidad, cigarros, accesorios de vestir y juguetes, entre otros.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración en relación con el presente.

Atentamente.

México, DF, a 24 de enero de 2004.--- Administrador central, licenciado Mario Córdova López.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Remítase a la Cámara de Senadores.

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DERECHOS HUMANOS
La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número I-487, de fecha 11 de diciembre de 2003, suscrito por el C. senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número UPDDH/911/291/04, signado por el C. Ricardo J. Sepúlveda Iguiniz, jefe de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de esta Secretaría, por el que da contestación al apartado primero de los puntos de acuerdo sobre la situación de los derechos humanos en el país, elaborado bajo los auspicios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 10 de febrero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En relación a su oficio número. SEL/300/3415/03 de fecha 15 de diciembre de 2003 dirigido al licenciado Daniel F. Cabeza de Vaca Hernández, subsecretario de asuntos jurídicos y derechos humanos, en el cual solicita se atiendan varios puntos de acuerdo aprobados en sesión de la Cámara de Senadores, de fecha 11 de diciembre de 2003 y en seguimiento a mi oficio UPDDH/911/177/04 de fecha 19 de enero, me permito informar lo siguiente.

Por lo que respecta al punto de acuerdo primero, en donde se solicita se ponga a disposición el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México en la página web de la Secretaría de Gobernación, me permito informarle que dicho documento ya puede ser consultado en la página web de esta Secretaría.

Agradeciendo de antemano sus atenciones a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 2 de febrero de 2004.--- El Jefe de la Unidad, Ricardo J. Sepúlveda Iguíniz.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Remítase a la Cámara de Senadores.

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TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO
La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

El C. Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, fracción XIX, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 y 16 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, somete a la consideración de ese cuerpo colegiado, la designación de un magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario.

Por lo anterior, con el presente me permito remitir a ustedes la propuesta signada por el titular del Ejecutivo Federal, así como los datos curriculares de los candidatos.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 11 de febrero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

El artículo 27, fracción XIX, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina expresamente que: ``...para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente''.

Con base en el dispositivo constitucional citado, el artículo 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios dispone que los magistrados serán designados por la Cámara de Senadores y en sus recesos por la Comisión Permanente, a propuesta del Presidente de la República, a través de la lista de candidatos que éste someta a su consideración. Acto seguido el artículo 17 de la misma ley dispone que los magistrados designados durarán en su cargo seis años, abriendo la posibilidad de que sean ratificados, es decir, propuestos y designados nuevamente, caso en el cual serán inamovibles.

El Licenciado Jorge Ricardo García Villalobos Gálvez fue designado como Magistrado Numerario del Tribunal Superior Agrario el 11 de febrero de 1998, por lo que acorde con el régimen transcrito, el próximo 11 de febrero concluye dicho encargo.

Congruente con lo anterior y en uso de la facultad constitucional y legal precisada en los párrafos que anteceden, corresponde al Ejecutivo Federal determinar la procedencia de proponer o no a esa Soberanía una nueva designación del Licenciado García Villalobos como Magistrado Numerario del Tribunal Superior Agrario.

En ese sentido, al Ejecutivo Federal le ha correspondido examinar el desempeño del licenciado García Villalobos como Magistrado Numerario del Tribunal Superior Agrario, a fin de constatar su idoneidad para el desempeño de tan alto cargo en la administración de justicia agraria. En tales condiciones se procedió a verificar que su actuación sea acorde con los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia que deben regir toda función jurisdiccional. Lo anterior, a fin de establecer total certeza respecto de que tales principios han sido invariablemente observados a lo largo de todo su desempeño en el citado Tribunal, máxime que la determinación que se adopte implicaría el otorgamiento de inamovilidad en el cargo, en términos del artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. En este orden de ideas es preciso señalar que el Lic. García Villalobos fue originalmente designado magistrado supernumerario del Tribunal Unitario Agrario el 16 de agosto de 1992.

Señalado lo anterior, es pertinente recordar que en los últimos años nuestro país ha realizado grandes esfuerzos para recuperar a favor del gobernado la confianza en las instituciones nacionales, señaladamente en lo que concierne a la función jurisdiccional y, por ello, una de las medidas en esta dirección ha sido la exigencia para los servidores públicos -exigencia no sólo legal, sino también en el más amplio sentido ético- de mantenerse al margen del poder político y de las contiendas partidistas, sin que ello implique vulnerar sus derechos políticos. Es indudable que el licenciado García Villalobos, durante el ejercicio de su cargo, no se ha ajustado a estas reglas, como lo demuestran algunos de sus escritos publicados en la prensa nacional (revista Siempre de 15 de junio de 2000) y que dan cuenta de un abierto proselitismo político, que incluye la invitación a la ciudadanía a votar a favor de determinado partido y a abstenerse de hacerlo a favor de otros, circunstancia que es contraria a los principios de la vida democrática conforme a los cuales se debe evitar la manipulación o inducción política en la ciudadanía por parte de quienes ostentan algún cargo público.

No debe pasar, por alto el hecho de que la ratificación de los magistrados agrarios y, en general, de los servidores públicos encargados de impartir justicia, ésta vinculada con el principio de inamovilidad, a efecto de que el juzgador dedique su vida a la solución de las controversias que se le plantean, sin que se vea obligado a participar en contiendas electorales, compromisos partidistas y grupos de presión o poder. Se trata de servidores públicos consagrados por entero a una misión y ajenos al devenir político.

Además de lo anterior, a partir de que el licenciado García Villalobos fue designado como magistrado supernumerario en el multicitado Tribunal, alternó la exigente función jurisdiccional con el desempeño de diversos cargos en el Gobierno del Distrito Federal y en la Administración Pública Federal, como lo fueron el de Director General de Servicios Migratorios, Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Subprocurador Jurídico de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y Subsecretario de Protección Civil y de Prevención y Readaptación Social de la citada Secretaría. El magistrado supernumerario García Villalobos pasó a ocupar los encargos antes referidos mediante la tramitación y obtención de prolongadas licencias para ausentarse de la función para la cual fue propuesto por el Ejecutivo y nombrado por esa Soberanía nacional, mismas que en su conjunto representan más de cuatro años fuera de dicho cargo.

Esta conducta demuestra desapego por la función jurisdiccional y, en todo caso, da cuenta de una ausencia de vocación para una tarea que requiere un desempeño de tiempo completo para impartir justicia entre los hombres y mujeres del campo. Con independencia de que la prolongada ausencia del cargo jurisdiccional revela la verdadera vocación del licenciado García Villalobos, el funcionamiento regular del Tribunal Superior Agrario se vio afectado por la imposibilidad de designar en su lugar al respectivo magistrado supernumerario que supliera las ausencias de los magistrados numerarios de los tribunales unitarios, en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y en demérito del principio de expeditez contenido en el primer párrafo de la fracción XIX del artículo 27 constitucional.

Es importante señalar que el licenciado García Villalobos omitió citar los cargos que ha aceptado y desempeñado, como él mismo señala, en la ``política activa'' (revista Siempre del 15 de junio de 2000), en el curriculum vitae que envió al titular del Ejecutivo Federal mediante escrito de fecha 6 de noviembre de 2003, para efectos de su posible ratificación. Es evidente que esta conducta constituye una falta de probidad, cualidad ésta que debe acompañar toda actuación de quien dignamente pretende desempeñar la noble tarea, de impartir justicia.

A la falta de probidad detallada en el párrafo que antecede, se suma el hecho de que al haber aceptado los cargos públicos referidos, el licenciado García Villalobos transgredió el impedimento que establece el artículo 29 de la tantas veces citada Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, según el cual los magistrados están impedidos para desempeñar cualquier otro cargo o empleo público o de particulares. Es evidente que esta prohibición alcanza aún aquellos magistrados que se encuentren disfrutando de alguna licencia que se les haya expedido, dado que ésta no implica la pérdida de su calidad como magistrado integrante de los Tribunales Agrarios.

La situación anterior hace evidente que el magistrado García Villalobos contravino reiteradamente las disposiciones del precepto citado, en función de haber aceptado y de-sempeñado empleos públicos diversos al que se le había encomendado para la impartición de justicia agraria, tarea cuya jerarquía no acepta paréntesis y, mucho menos, que el magistrado abandone sus funciones jurisdiccionales para desempeñarse en algún otro empleo público.

Por lo que hace a la productividad del Tribunal, llama la atención que bajo la Presidencia del señor magistrado García Villalobos (1997 a la fecha), el costo de una sentencia se ha incrementado notablemente. En efecto, según las cifras presentadas por el propio Tribunal, mientras que durante los bienios 92-93 y 93-94 el costo por sentencia fue calculado en 19,400 y 17,150 pesos, respectivamente, el costo de una sentencia en 2002 se elevó a 502,400 pesos. Aun y cuando se argumente que tan excesivo incremento obedezca a una menor carga de trabajo, luego entonces es evidente que en los últimos años se ha carecido de una estrategia para racionalizar y eficientar los recursos humanos, materiales y presupuestarios del Tribunal.

Finalmente, no puede pasar desapercibido que entre los requisitos exigidos para ser magistrado por el artículo 12 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se encuentra el de gozar de buena reputación (fracción IV), cualidad que evidentemente resulta incompatible con la circunstancia de que durante el procedimiento de evaluación del desempeño del magistrado García Villalobos fueron reiteradas las opiniones en el sentido de que algunos tribunales unitarios han sido privados de plazas de secretarios de acuerdos o de estudio y cuenta, para cubrir nombramientos de asesores y auxiliares en las oficinas centrales del Tribunal Superior Agrario, en detrimento de la función jurisdiccional en los diversos distritos agrarios del país. Asimismo, destaca la asignación de recursos humanos y materiales en exceso para uso personal e inclusive que existe personal que se encuentra enlistado en la nómina de ese órgano jurisdiccional y que sin embargo no realiza funciones inherentes a las que su puesto señala.

También fueron reincidentes las quejas de magistrados del propio Tribunal sobre las decisiones administrativas infundadas que se dictan desde la Presidencia de aquél y que provocan inestabilidad entre los magistrados y el personal jurisdiccional de los tribunales unitarios, lo que se refleja, por dar un ejemplo, en los continuos cambios del personal de una sede a otra, sin mediar justificación o explicación alguna, en suma, sin reglas claras y transparentes.

De igual forma, en la pasada sesión del Congreso Agrario Permanente, efectuada el 23 de enero de 2004, se expusieron ante la Secretaría de la Reforma Agraria numerosas quejas contra la situación que guarda el Tribunal y, señaladamente, la Presidencia del mismo.

Es evidente que el cúmulo de opiniones vertidas en el proceso que nos ocupa, determina que el Magistrado García Villalobos no satisface en la actualidad el requisito legal previsto en el artículo 12, fracción IV, de la ley citada.

En las condiciones hasta aquí expuestas y si bien es cierto que la valoración integral del desempeño de un magistrado agrario comprende el análisis de aspectos tales como su desempeño académico y su formación profesional o el no haber sido sancionado por falta grave, es menester señalar que dicho análisis en el caso concreto y por positivo que éste haya resultado, no conduce al Ejecutivo Federal a adoptar una determinación distinta por no contrarrestar las cuestiones señaladas a lo largo del presente documento.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente: el Ejecutivo Federal está consciente de que no corresponde, a través de la figura de ratificación, determinar o fijar responsabilidad alguna, ya que, en su caso, tal atribución es facultad de las autoridades competentes en la materia. Por el contrario, la ratificación es una figura legal que exige un ejercicio de valoración, como el aquí hecho y con el cual queda fundada y motivada la determinación, emitida en ejercicio de la facultad discrecional otorgada por la Constitución al Ejecutivo Federal, de no proponer a esa Soberanía la ratificación del señor Licenciado Jorge Ricardo García Villalobos Gálvez como magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario.

En ese orden de ideas, y con fundamento en la fracción XIX del artículo 27 constitucional y 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por su digno conducto someto a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, una lista, en estricto orden alfabético, de candidatos para ejercer el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Agrario:

a) José Francisco Abunza Aguado.

b) Alejandro González Alcocer

c) Luis Modesto Ponce de León Armenta

No omito señala que estos profesionistas cumplen con los requisitos que señala la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Para tal efecto, me permito adjuntar los currícula correspondientes así como la información inherente a cada uno de ellos.

Reitero a usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a 11 de febrero de 2004.--- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Primera Comisión.

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CONDECORACIONES
La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Ricardo Francisco García Cervantes, ex embajador de México en la República de Costa Rica, pueda aceptar y usar la condecoración Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el gobierno de dicho país.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado, dirigida al H. Congreso de la Unión, en que solicita el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 16 de febrero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Primera Comisión.

La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, secretario de Relaciones Exteriores, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional José Matías Delgado, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el Gobierno de la República de El Salvador.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento, y copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. General de Grupo Piloto Aviador DEMA Paulino López Bernal pueda aceptar y usar la condecoración Medalla de la Orden del Mérito Militar, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República Federativa de Brasil.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión solicitando el permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 10 de febrero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. licenciado José Ramón de la Santísima Trinidad Mantilla y González de la Llave pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Bernardo O'Higgins, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Chile.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión solicitando el permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 10 de febrero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Bernhard Wilhelm Tetzlaff von Wobeser Hoepfner pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el gobierno de dicho país.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión solicitando el permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 10 de febrero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Primera Comisión.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación pueda prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Claudia Castañeda Villarreal. Puesto: Redactora web master. Lugar de trabajo: Delegación de la Comisión Europea en México.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona, originales del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes y la nota número 1224 de la Delegación de la Comisión Europea y una fotografía, asimismo copias simples de su currículum vitae e identificación oficial.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Adriana Vega Cerecedo. Puesto: Especialista en sistemas comerciales. Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México, Distrito Federal.

Nombre: Diana de la Huerta Gastón. Puesto: Recepcionista. Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México, Distrito Federal.

Nombre: Diana Jiménez Liébana. Puesto: Asistente contable. Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México, Distrito Federal.

Nombre: María Elena Honc Navarro. Puesto: Recepcionista. Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México, Distrito Federal.

Nombre: Edgar López Zuazua Carmona. Puesto: Asistente de sistemas. Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México, Distrito Federal.

Nombre: Manuel de Jesús García Bañuelos. Puesto: Supervisor de mantenimiento. Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: Santiago Ramírez López. Puesto: Maestro de inglés. Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México, Distrito Federal.

Nombre: Sabina García Alvarez. Puesto: Secretaria. Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México, Distrito Federal.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, asi mismo copias simples de su identificación oficial.

Al mismo tiempo, se informa que la persona que se menciona a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al gobierno estadounidense:

Nombre: Nadia Castellanos Villanueva. Puesto: Asistente consular. Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Por lo que se refiere a las solicitudes de permiso, recibo y túrnese a la Primera Comisión. Por lo que se refiere a la ciudadana que ha dejado de prestar servicios, túrnese a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

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GRADOS MILITARES
La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. Coronel Ingeniero en Transmisiones Militares J. Jesús Naranjo Cervantes (8215066), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. Coronel de Fuerza Aérea Abastecedor de Material Aéreo Diplomado de Estado Mayor Aéreo Jorge Tomás Smith Zamora (B-224867), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Sergio Alberto Martínez Castuera (8523709), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. Coronel de Fuerza Aérea Aerologista José Angel Mata (9431167), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. General Brigadier Ingeniero en Transmisiones Militares Diplomado de Estado Mayor Arturo Alberto Jheman Zetina (6461610), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. Coronel Cirujano Dentista David Casillas del Llano (7433093), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo José Francisco Wilfrido Escamilla Rangel (8704837), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. Coronel de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento de Aviación Teodoro López Rodríguez (7392246), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. Coronel de Fuerza Aérea Meteorólogo Diplomado de Estado Mayor Aéreo Macario Alvarez Zavala (9052012), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Gumaro Cabrera Osornio (B-257775), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Guillermo Tapia Adán (9030521), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor André Georges Foullon Van Lissum (8208339), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Julián Carlos Calls Barbosa (6648364), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. Coronel de Infantería Ambrocio Quinto Adrián (6469542), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C. Coronel de Infantería Salvador García Camacho (7433533), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

México, DF, a 18 de diciembre de 2003.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnense a la Segunda Comisión.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

«Honorable Congreso de la Unión.--- Diputado Juan de Dios Castro Lozano.

Fabiola Margarita Solís Aguinaco, mexicana por nacimiento, licenciada en derecho, con domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de documentos en la calle de Comunal 15, colonia Chimalistac, CP 01050, México, DF, con todo respeto digo:

1. Soy mexicana por nacimiento, como lo acredito con la copia certificada que acompaño como anexo número 1.

2. En oficio del 28 de enero de 2004, el señor Jan Jaap van de Velde, embajador de los Países Bajos en México, tuvo a bien designarme asesora del Departamento Económico de dicha representación diplomática, como lo compruebo con la copia del citado oficio que acompaño como anexo número 2.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37-C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito permiso del Congreso de la Unión para prestar mis servicios a la Embajada de los Países Bajos en México, como asesora del Departamento Económico.

Protesto mi respeto.

México, DF, a 6 de febrero de 2004.--- Fabiola Margarita Solís Aguinaco (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Primera Comisión.

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PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de ciudadanos.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la iniciativa de decreto por la que se solicita, autorización para que el C. Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional los días 5 y 6 de marzo del 2004, a fin de que realice una visita de trabajo a Crawford, Texas, Estados Unidos de América.

En el texto de la iniciativa de decreto enviada a esta H. Comisión Permanente por la propia Presidencia de la República para los efectos de los artículos 71, fracción I, y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consigna que el objeto de la visita es atender la invitación que le ha extendido el Presidente de Estados Unidos de América George W. Bush para llevar a cabo una visita de trabajo y avanzar en el análisis de la agenda bilateral con especial énfasis en el tema migratorio.

El titular del Ejecutivo expresa la necesidad de alcanzar una migración legal, segura y ordenada y en especial, respetuosa de los derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes mexicanos. Asimismo, afirma que la reciente iniciativa del Presidente Bush es un paso importante para retomar el tema migratorio y porque se reconoce la aportación que hacen estos trabajadores a la economía norteamericana.

Los legisladores miembros de esta Comisión, reconocemos la importancia que el Presidente otorga al tema migratorio y que ésta será una oportunidad más para reflexionar profundamente sobre éste fenómeno en las conversaciones que sostendrá con su homologo.

Los miembros de esta Comisión estamos de acuerdo en que el tema migratorio ocupa el lugar central en las preocupaciones de los ejecutivos, sin embargo no debe perderse de vista el papel fundamental que juegan ambos congresos en la concreción de políticas públicas en esta materia. Nos pronunciamos porque se acepte la corresponsabilidad en el tema de fronteras seguras que signifique la reducción de muertes de connacionales que intentan cruzar a aquel país.

En materia de comercio, el Presidente insistirá en la necesidad de explorar nuevas vías para reactivar la economía mexicana, utilizando los actuales esquemas de integración económica hemisférica.

En virtud de lo expuesto y fundado, la Comisión que suscribe considera conveniente e importante la visita del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Vicente Fox Quesada a Crawford, Texas, Estados Unidos de América, por ello nos permitimos someter a la consideración de la H. Asamblea, la aprobación del siguiente:

Decreto

Artículo único.- Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 5 y 6 de marzo del 2004, con el propósito de atender la invitación del Presidente de Estados Unidos de América, George W. Bush, para llevar a cabo una reunión de trabajo en la ciudad de Crawford, Texas.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la honorable Comisión Permanente.--- México, DF, a 17 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista; Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Sen. Ernesto Gil Elorduy; Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño; Dip. Yolanda Valladares Valle; Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica); Dip. Federico Döring Casar; Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Sen. Demetrio Sodi de la Tijera; Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez.»

Es de primera lectura.

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CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado c) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo único.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 12 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario; Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González; Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Isabel Castillo González, Miren Carmele Pérez-Aguirre Salvarrey, Rubén Hernández Aguilar, Rafael Avila Rosales e Ignacio Linares Zavala puedan aceptar y usar las condecoraciones de la Orden del Mérito Civil, en grados de: Cruz con Insignia, Cruz de Plata con Insignia y Cruz de Plata, que les confiere el Gobierno de España, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana María Isabel Castillo González, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz con Insignia, que le confiere el Gobierno de España.

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Miren Carmele Pérez-Aguirre Salvarrey para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz con Insignia, que le confiere el Gobierno de España.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Rubén Hernández Aguilar, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata con Insignia, que le confiere el Gobierno de España.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano Rafael Avila Rosales para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata con Insignia, que le confiere el Gobierno de España.

Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano Ignacio Linares Zavala para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata, que le confiere el Gobierno de España.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 12 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario; Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González; Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Francisco Nicolás González Díaz, Jorge Pulido Vázquez, Felipe de Jesús Rosete Vázquez, Gustavo Carvajal Moreno y Fernando Estrada Sámano puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los Gobiernos de la República Federal de Alemania, de Canadá, de la República de Chile y el Gobierno de la Santa Sede, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Francisco Nicolás González Díaz para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el Gobierno de dicho país.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Jorge Pulido Vázquez para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Caballero, que le confiere el Gobierno de dicho país.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Felipe de Jesús Rosete Vázquez para aceptar y usar la condecoración de la Medalla al Valor, que le confiere el Gobierno de Canadá.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano Gustavo Carvajal Moreno, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Bernardo O,Higgins, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Chile.

Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano Fernando Estrada Sámano para aceptar y usar la condecoración de la Orden Pío IX, en grado de Gran Cruz, que le confiere la Santa Sede.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 12 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario; Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González; Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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CONSUL HONORARIO
El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 30 de enero de 2004, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano licenciado Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Mongolia en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el 11 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio interesado prestará al Gobierno de la República de Mongolia serán de carácter estrictamente consular, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV del apartado C) del artículo 37 constitucional;

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo único.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Mongolia en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 12 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario; Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González; Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).»

En virtud de que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, quedan de primera lectura.

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CONDECORACIONES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Los siguientes puntos del orden del día son dictámenes a discusión.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que sólo se dé lectura a los decretos y a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si autoriza que solamente se dé lectura a los decretos y a los puntos de acuerdo, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se autoriza.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Pedro Joaquín Chamorro, en grado de Gran Collar, que le confiere la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Pedro Joaquín Chamorro, en grado de Gran Collar, que le confiere la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.

Sala de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 6 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica); Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González (rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica); Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).»

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Capitán de Navío CG Diplomado de Estado Mayor Carlos Mejía Tejeda pueda aceptar y usar la Medalla al Mérito de la Guardia Costera de Estados Unidos de América.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo único.- Se concede permiso al Ciudadano Capitán de Navío CG Diplomado de Estado Mayor Carlos Mejía Tejeda para aceptar y usar la Medalla al Mérito de la Guardia Costera de Estados Unidos de América.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 6 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica); Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González (rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica); Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

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CONSUL HONORARIO
El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 22 de enero de 2004, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano doctor Mario de la O Almazán pueda aceptar y de-sempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas, en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 4 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada de su acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el interesado prestará al gobierno de la República de Filipinas serán de carácter estrictamente consular; y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV del apartado C) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano doctor Mario de la O Almazán para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas, en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 6 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica); Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González (rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño; Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 22 de enero de 2004, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Alfredo Dutton Delorme pueda aceptar y de-sempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 4 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada de su acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio interesado prestará al Gobierno de Belice, serán de carácter estrictamente consular, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV, del apartado c), del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo único.- Se concede permiso al ciudadano Miguel Alfredo Dutton Delorme para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Belice en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 6 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica); Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González (rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica); Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).»

Son los cuatro, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados en un solo acto.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

32 votos por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Aprobados en lo general y en lo particular los proyectos de decreto por 32 votos.

Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

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LLANTAS USADAS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se pide a la Secretaría poner a discusión el siguiente punto de acuerdo.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Dictamen de la Tercera Comisión -de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas- de la Comisión Permanente, con punto de acuerdo relativo al exhorto a la Secretaría de Economía para que emita un acuerdo que permita suprimir de manera definitiva la entrada de llantas usadas a México

Honorable Asamblea:

Los integrantes de la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

1.- El día 4 de febrero del año en curso el diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó al Pleno de la Comisión Permanente, el siguiente punto de acuerdo:

Unico.- Exhortar a la Secretaría de Economía para que emita un acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior así como en los tratados internacionales aplicables, que permita suprimir de manera definitiva la entrada de llantas usadas a México; o, en su defecto; que tome las medidas que estime pertinente para alcanzar el objetivo mencionado.

2.- El mismo día, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, turnó a la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, el punto de acuerdo de referencia a efecto de su estudio, discusión y dictamen correspondiente.

Consideraciones

1.- Que debido a la preocupación con respecto a este tema, el pasado 20 de agosto de 2003 la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, adoptó por unanimidad el siguiente punto de acuerdo:

``Exhortar a las Secretarías de Economía y Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Administración General de Aduanas, para que instrumenten las acciones que permitan suprimir de manera definitiva la entrada de llantas usadas a México''.

2.- Que con respecto a la respuesta brindada por la Secretaría de Economía sobre las restricciones a la importación de llantas usadas concebidas como violatoria del artículo XI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio1 y del artículo 309 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,2 este último en función de que el TLCAN establece en su artículo 104, que las disposiciones contenidas con el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, están por encima de las disposiciones del propio TLCAN. En el cual se impone la obligación a México de ``impedir la importación de desechos peligrosos y otros desechos si tiene razones para creer que tales desechos no serán sometidos a un manejo ambientalmente racional'' (artículo 4 (2) (g) ).

3.- Que de conformidad con la Ley de Comercio Exterior, existe fundamento expreso, para que el Ejecutivo federal establezca medidas tendientes a restringir la importación de dichas mercancías, toda vez que el articulo 4°, fracciones III y IV de dicho ordenamiento establece:

``Artículo 4º.- El Ejecutivo federal tendrá las siguientes facultades:

III. Establecer medidas para regulan o restringir la exportación o importación de mercancías a través de acuerdos expedidos por la Secretaría o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente, y publicados en el Diario Oficial de la Federación;

IV. Establecer medidas para regular o restringir la circulación o tránsito de mercancías extranjeras por el territorio nacional procedentes del y destinadas al exterior a través de acuerdos expedidos por la autoridad competente y publicados en el Diario Oficial de la Federación;''

4.- Que el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía, es la autoridad administrativa facultada para establecer las medidas o restricciones correspondientes (ecobarreras), ello de conformidad a lo señalado por el articulo 5°, fracción III, del ordenamiento en análisis, mismo que a la letra establece:

``Artículo 5º.- Son facultades de la Secretaría:

III. Estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías;''

5.- Habiendo establecido lo anterior, no sólo existe la facultad por parte de la Secretaría de Economía, sino que se actualiza la imposición de dichas medidas o restricciones cuando éstas se deriven de situaciones de emergencia ambiental o de salud pública, hecho que aplica para el caso concreto, lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 16, fracción 6°, de la multicitada ley, mismo que me permito transcribir a continuación:

``Artículo 16.- Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la importación, circulación o tránsito de mercancías, a que se refieren las fracciones III y I v del artículo 4º, se podrán establecer en los siguientes casos:

VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de acuerdo a la legislación en la materia.''

6.- Que aunado a lo anterior, no se violaría disposición alguna del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, o incluso, disposición alguna del entonces GATT -hoy OMC-, toda vez que en el artículo 104, apartado 2, del referido Tratado, se establece la posibilidad de que las partes puedan modificar lo conducente, para incluir algún otro rubro de contenido ambiental o de conservación.

Dictamen

La Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, presenta a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía a emitir un acuerdo, en el ámbito de sus facultades, que regule la importación de llantas usadas a México e impida cualquier autorización que cause daño ambiental.

Dado en salón de comisiones, el día 17 de febrero de 2004.--- Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente: Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Presidente; Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica), Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica), secretarios; Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar, Dip. Francisco Barrio Terrazas, Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Dip. Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Dip. Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Dip. Pedro Vázquez González, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Sen. César Camacho Quiroz (rúbrica), Sen. Fernando Gómez Esparza, Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Sen. Rómulo Campuzano González (rúbrica).

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo oradores registrados sobre el particular, se considera suficientemente discutido y por lo tanto se pide a la Secretaría que en votación económica pregunte a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con el siguiente punto de acuerdo.

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INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Dictamen de la Tercera Comisión -de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas- de la Comisión Permanente, con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Secretario Ejecutivo y de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Honorable Asamblea:

Los integrantes de la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

1. El día 21 de enero del año en curso la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al Pleno de la Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo.

Unico. Se solicita la comparecencia del secretario ejecutivo y de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), a fin de que se informe sobre la atención e instrumentación que le ha dado al exhorto realizado por esta Comisión Permanente el 13 de agosto del 2003.

2. El mismo día, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó a la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, el punto de acuerdo de referencia a efecto de su estudio, discusión y dictamen correspondiente.

Consideraciones

El 13 de agosto del 2003, la Comisión Permanente de este Congreso aprobó un exhorto al IPAB a fin de que se diera un estricto cumplimiento al artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB.

En dicho acuerdo se solicitó lo siguiente: ``Se exhorta al Instituto de Protección al Ahorro Bancario a convocar a las instituciones bancarias participantes en el programa de capitalización y compra de cartera, para que cumplan con lo dispuesto por el artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y se dé el debido procesamiento de los documentos de trabajo del informe de Mackey, y la continuación de las revisiones de gestión fiduciaria, de legalidad, de identidad, de objeto, existencia y legitimidad de las operaciones materia del programa; apegándose para ello al artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y a las bases del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del IPAB el 14 de mayo del 2002 y a la legislación común aplicable''.

En función de este punto de acuerdo, el secretario ejecutivo del IPAB compareció el pasado 26 de noviembre para dar cuenta al Senado de la República sobre el seguimiento dado por el IPAB al cumplimiento del 5° transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Durante la comparecencia, el secretario ejecutivo abundó sobre lo siguiente:

El secretario ejecutivo del IPAB, Mario Beauregard, mencionó que, mediante el punto de acuerdo del 13 de agosto de 2003, la Comisión Permanente respaldó al IPAB para concluir un intercambio de pagarés apegado al artículo 5° transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Explicó en qué consisten las revisiones de gestión, existencia y legalidad (GEL) que decidió la Junta de Gobierno aplicar a los bancos miembros del Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC).

Subrayó que en la revisión de legalidad se trabajará con los papeles de trabajo de la auditoría Mackey y los bank reports, como ha sido solicitado por legisladores del PRD y de otros partidos.

Comentó que a partir de la fecha del punto de acuerdo, el IPAB interpuso en septiembre de 2003 un recurso de revisión para impugnar la sentencia de amparo que le impide realizar las revisiones de gestión y existencia.

Explicó que si bien la sentencia de amparo no impide realizar la revisión de legalidad, el IPAB podrá realizarla sólo hasta que los despachos que colaboraron con Mackey entreguen a la Cámara de Diputados los papeles de trabajo.

Asimismo, indicó que se integró un grupo de trabajo con la Secretaría de la Función Pública para preseleccionar a los despachos que eventualmente realizarán las revisiones, con el fin de que tengan las características señaladas en el punto de acuerdo del 13 de agosto.

Informó que funcionarios del IPAB se han reunido con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para intercambiar opiniones sobre el alcance de las revisiones GEL.

Del mismo modo, funcionarios del IPAB y de otras dependencias del sector financiero han solventado distintas observaciones de la ASF vinculadas con el PCCC, lo cual redujo de 92,500 millones a 8 mil millones de pesos lo que resta por solventar.

El secretario ejecutivo aclaró que la convocatoria a los bancos para cumplir el artículo 5º transitorio solicitada por la Comisión Permanente se realiza mediante reuniones que no tienen como objeto negociar el contenido de esa norma.

Afirmó que las reuniones tienen como fin sensibilizar a los bancos de la importancia de cumplir esa norma, y precisarles el alcance de los términos de referencia establecidos por la Junta de Gobierno en el 2002, para llevar a cabo el intercambio de pagarés.

Respondió que del valor total del PCCC de 217 mil millones en septiembre pasado, los bancos aportarán 110 mil millones, a partir del esquema de incentivos y la participación en pérdidas.

Añadió que las instituciones de crédito aportarán al pago del PCCC entre 2005 y 2006 cerca de 60,000 mil millones, vía 75% de las cuotas que dan al IPAB para constituir el seguro de depósitos.

Resumió así que el costo total del PCCC a ser sufragado con recursos fiscales será de alrededor de 50,000 millones de pesos, más.

Al final de la sesión, la Comisión, y posteriormente el Pleno del Senado, decidieron exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer la facultad de atracción de todos los asuntos relacionados con el PCCC.

La Tercera Comisión ha resuelto enviar la versión estenográfica de esta comparecencia realizada el pasado 26 de noviembre en la Cámara de Senadores a todos sus integrantes, para su respectivo análisis.

Dictamen

La Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente presenta el siguiente dictamen con

Punto de Acuerdo

1. Se resuelve no citar a comparecer al secretario ejecutivo del IPAB en razón de haber comparecido recientemente con el mismo propósito ante el Senado de la República.

2. Se acuerda difundir la versión estenográfica de su comparecencia a todos los legisladores integrantes de la Comisión Permanente.

3. Se acuerda enviar cuestionamientos por escrito al secretario ejecutivo del IPAB sobre el tema, exhortándolo a responder en un plazo no mayor de 7 días de haberlas recibido.

Dado en el Salón de Comisiones, el día 17 de febrero de 2004.--- Tercera Comisión -Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas- de la Comisión Permanente: Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Presidente; Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica), Dip. Dolores Padierna Luna, secretarios; Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar, Dip. Francisco Barrio Terrazas, Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Dip. Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Dip. Minerva Hernández Ramos, Dip. Pedro Vázquez González, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Sen. César Camacho Quiroz (rúbrica), Sen. Fernando Gómez Esparza, Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Sen. Rómulo Campuzano González (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo...

¿En pro o en contra, diputada?

La diputada María de los Dolores Padierna Luna (desde su curul):

¡En contra!

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante. Tiene el uso de la palabra la diputada Dolores Padierna.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

Compañeras, compañeros legisladores:

El día de ayer en la Tercera Comisión discutimos este asunto y acordamos que, en efecto, no se citaría a comparecer al Secretario Ejecutivo del IPAB, pero que se le invitaría a comentar, a intercambiar puntos de vista en relación a la versión estenográfica que se reparte.

Yo leí con cuidado la versión estenográfica y quiero felicitar al secretario técnico de la Tercera Comisión, porque realmente el resumen que hace es un resumen impecable, está diciendo tal cual lo comenta el Secretario Ejecutivo del IPAB durante su comparecencia en noviembre ante el Senado de la República.

Lo que yo quiero señalar es, primero, que el Secretario Ejecutivo no ha querido comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, cuando es ésta la comisión que ordenó el programa de auditorías, es ésta la comisión que recibió el informe de resultados de las auditorías al rescate bancario que practicó el Auditor Superior de la Federación y tenemos el informe de resultados y no se pueden comentar estos resultados con nadie ni con el Secretario Ejecutivo del IPAB ni con el fiduciario del Fobaproa ni en la comisión ni con nadie; es un tema maldito, es un tema vetado ante la opinión pública, es un tema vetado entre los legisladores.

Por otro lado, se dice que el IPAB está revisando todo lo referente a la auditoría Mackey y que están tomando en cuenta los banks reports, tal como lo pidió la Comisión Permanente, pero resulta que hasta ahora el IPAB no ha querido reconocer que existan los banks reports, que los conozcamos y los hayamos leído todos, y no se han dado a conocer al público, no han sido entregados a la Cámara, cuando tengo el documento de contratación que dice que la única propietaria de todos esos documentos es la Cámara de Diputados.

También se dice que no han podido avanzar en la revisión del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, no porque estén amparados los banqueros, sino porque no tienen los working paper, los papeles de trabajo, cuando tenemos el contrato, el acta de entrega-recepción, donde el Comité de Contrataciones de la Cámara lo entrega a Vicente Corta, entonces Secretario Ejecutivo del IPAB, y lo entrega al entonces Contador Mayor de Hacienda, Jaime Guerrero Pozas, o como se llamaba. ¡Estos documentos sí existen, estos documentos los tiene el IPAB y los están poniendo de pretexto para no proceder a revisar este programa!

Sin embargo, también hay que decirlo, dice el Secretario Ejecutivo del IPAB que la Secretaría de la Función Pública está trabajando para hacer cumplir los acuerdos de la Comisión Permanente del 13 de agosto, pero se le olvida que la Secodam, el Contralor Interno del IPAB practicó una auditoría al programa y que el resultado de esta auditoría dice cosas muy graves, muy delicadas y que la Secretaría de la Función Pública está obligada a darle curso. ¡Tiene cuatro años terminada esa auditoría, practicada! ¡No es un grupo de trabajo, es una auditoría que hizo la Secodam en su momento!

Pero además hace afirmaciones terribles. Por ejemplo, dice que el Auditor Superior de la Federación se reunió con él y que revisaron las cosas y que acordaron que de 92 mil 500 millones de pesos, valor histórico, ya nada más queda por solventar 8 mil millones de pesos, cuando acaba de comparecer el auditor ante nuestras comisiones y las cifras son radicalmente distintas de las que está diciendo el Secretario Ejecutivo del IPAB. ¡Alguno es el mentiroso, o el auditor o el Secretario Ejecutivo, pero estas cosas se tienen que decir, estas cosas se tienen que estudiar y estas cosas tienen que proceder!

Pero además dice que se están reuniendo con los banqueros, pero que no están negociando nada en lo oscurito, que ciertamente los banqueros no quieren que haya costo económico, pero que están negociando con ellos para que accedan a que se proceda con el quinto transitorio, como si la ley fuera negociable, como si tuviéramos que pedirles permiso a los banqueros, a estas alturas del costo fiscal, de la privatización, la repatriación, el rescate etcétera, bueno no sé este Gobierno dónde tiene la cabeza, pero no pueden hacer afirmaciones tan absurdas como las que están haciendo en este documento.

Dice también en el documento que los banqueros ya pagaron el 75% y que ya nada más va a costar 50 mi millones de pesos de recursos fiscales, el Programa de Capitalización y Compra de Cartera. ¿De dónde saca la cifra el contralor, este señor Secretario Ejecutivo, de dónde salen los 50 mil millones, ya lo revisó, qué auditoría es, con base en qué y quién decide? Estas cosas, termino señor Presidente, se tienen que analizar con las autoridades y los legisladores y aquí acordamos un punto muy distinto del que aparece publicado en el dictamen que están repartiendo.

Yo por eso voto en contra y vuelvo a insistir: estos temas se van a seguir hablando mientras ustedes los quieran seguir ocultando.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputada.

Tiene el uso de la palabra el señor senador Héctor Larios Córdova, para hablar en pro.

El senador Héctor Larios Córdova:

Con el permiso de la Presidencia.

Me parece que no podemos hablar en el seno de un Congreso de que existan temas vetados, sino lo que podemos hablar es exactamente de la propuesta de resolución de ese punto de acuerdo.

Se ha invitado a comparecer al Secretario del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, al Secretario Ejecutivo del IPAB y recientemente ha comparecido ante legisladores exactamente con el mismo tema, la Tercera Comisión consideró prudente no citarlo a comparecer, distribuir la versión estenográfica de su comparecencia que fue muy amplia en el Senado y adicionalmente para establecer verdaderamente una posibilidad de diálogo, cuestionarlo por escrito con un exhorto a que responda en un plazo no mayor a siete días a cuando se hagan los cuestionamientos. Y aquí habría que cuestionarse y preguntarse ¿qué es lo que queremos?, queremos establecer verdaderamente un diálogo, intercambiar información, hacerlo con toda precisión por escrito, con palabras que no se las lleve el viento, o lo que queremos simplemente es un espectáculo que a veces en eso se convierten las comparecencias en diálogos de sordos, en donde lo que se afirma de un lado se niega del otro y viceversa.

Y entonces aquí de lo que se trata verdaderamente en un tema que es central para la vida del país que ha venido ocupando los titulares de los medios de comunicación, que se han dicho tantas cosas en sentidos opuestos, que hay un verdadero desconcierto nacional sobre el significado del Fobaproa, del IPAB, que hay un conjunto de verdades asumidas que no tienen sustento; hacer un diálogo mucho más responsable, innovar en el Congreso, quitarle la solemnidad de esas posibilidades de diálogo y citar mediante pregunta escrita, cuestionar con base en sus propias afirmaciones que aparecen en la versión estenográfica que fue distribuida.

Podemos estar o no de acuerdo con lo que ha afirmado, podemos tener sombras de duda o clara contradicción con lo que afirmó, podemos cuestionarlo por escrito y conocer por escrito su respuesta y de esa manera no estar repitiendo una comparecencia tras otra cuando recientemente lo ha hecho ante el propio Congreso de la Unión.

Aquí de lo que se trata no es de vetar temas, no querer hablar de los mismos; por el contrario, hablar con mayor responsabilidad, dejar por escrito lo que se dialogue con el Secretario Ejecutivo del IPAB, ésa es la propuesta que se ha hecho y desde luego que está abierto a cualquier diálogo informal. Lo que necesitamos también es el darle un sentido o definir qué es lo que queremos, si queremos establecer diálogo o queremos hacer aquí una escenografía de diálogo de sordos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor senador.

Tiene el uso de la palabra para hablar en contra, el señor senador don Demetrio Sodi de la Tijera.

El senador Demetrio Sodi de la Tijera:

Muy breve, porque yo creo que estamos otra vez llevando a situaciones extremas algo que debiera ser algo normal.

Es decir, el secretario técnico del IPAB estuvo en una reunión del Senado de la República, creo que fue en noviembre del año pasado, por cierto una, si recordamos los que estábamos ahí, una comparecencia digamos bastante especial, realmente el que compareció para... el que respondió a todos los temas no era el secretario técnico, era Fauzi Hamdam de hecho, si recordamos los que estuvimos presentes en esa reunión, acababa de llegar el secretario técnico y tenía muy poca información... muy poca información. De hecho los que comparecieron más que él eran sus ayudantes, sus directores.

Yo creo que sería conveniente y por eso el punto de la diputada Dolores Padierna no es que queramos otra comparecencia ni queramos hacer de esto un espacio para un debate político, sino básicamente una reunión de trabajo que no se menciona en el acuerdo. Creo que si en el punto de acuerdo que se está presentando señalamos que con base al documento que se nos entregó de la comparecencia que tuvo, se convocará a una reunión de trabajo que no es una comparecencia pública, una reunión para ir a fondo en los problemas, creo que estaríamos de acuerdo en votarlo a favor.

O sea, complementar con eso. Yo no creo que tengamos... yo me opongo a las comparecencias en forma periódica, se me hace que es tratar de traer a los funcionarios a un espacio simplemente con objeto de entrar a un debate político y descalificación política, pero a lo que no podríamos oponernos es a reuniones de trabajo periódicas, sería ideal que cuando menos... como lo estamos haciendo ahora con la Secretaría de Relaciones Exteriores, cada mes estamos teniendo una plática con el Secretario de Relaciones Exteriores sobre los temas que se van a presentar en la Comisión Permanente; no es una comparecencia pública, es una reunión privada de trabajo que nos permite mejorar la comunicación.

Yo propondría, para efecto de salir adelante con esto, que se incluyera que con base en el documento que se ha presentado sobre la comparecencia que tuvo el Secretario del IPAB en el Senado de la República, se convocará una reunión de trabajo con aquellos diputados y senadores que quieran participar con objeto de aclarar aquellas dudas que se presenten.

Esto ojalá se diera con todos los secretarios cada mes. El día que tuviéramos reuniones con todos los secretarios de Estado y funcionarios de primer nivel cada mes en reuniones de trabajo, capaz que las comparecencias ya no serían necesarias. Gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, senador.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Proceda la Secretaría a recabar, en votación económica:

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Desechado el punto de acuerdo.

Don Demetrio, ¿quería usted decir algo?

El senador Demetrio Sodi de la Tijera (desde su curul):

Ya se votó pero, lo que pasa es que era muy fácil resolverlo...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Ya está votado don Demetrio.

El senador Demetrio Sodi de la Tijera (desde su curul):

Simplemente que se podía invitar a una reunión de trabajo, digamos que algo avanzado en lugar de regresarlo. ¿No?

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

No hay impedimento de que la comisión lo haga.

Proceda la Secretaría a dar cuenta con los presupuestos de la Cámara de Senadores.

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CAMARA DE SENADORES
El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobado.

Continúe.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobados.

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DELAL BAER
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Manlio Fabio Beltrones Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se hacen llegar las condolencias y reconocimiento de amistad a los familiares de la señora Delal Baer amiga de México, por su fallecimiento.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Con su permiso, señor Presidente:

La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y todos integrantes de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que nos confiere la ley, deseamos rendir público homenaje a la gran amiga de México Delal Baer, sometiendo a la consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo.

Considerando que los ideales del espíritu, la fuerza de los principios y la visión de un mundo mejor, son altos valores humanos que inspiran el reconocimiento permanente y el homenaje a quienes por materializarlos en su vida y en su acción los mantienen vigentes como modelo para sus contemporáneos; que precisamente por tener esos valores, el carácter de permanentes y universales, así como por trascender fronteras y hermanar a los ciudadanos y a los pueblos, Delal Baer, fue una lúcida y leal amiga de México, a cuyas causas democráticas y sociales contribuyó vigorosamente.

Que a raíz del fallecimiento de Delal Baer, el pasado 11 de febrero, ha quedado un vacío irreparable en la comunidad de los expertos e interesados en las relaciones internacionales, donde su trayectoria y desempeño constituyen un ejemplo permanente y una referencia fundamental de objetividad analítica, de rigor en la investigación y de intensa dedicación para convertir la comprensión y la cooperación entre los países en vehículo de progreso justo y compartido, que destacan en la generosa y fructífera vida personal y académica de Delal Baer, los siguientes aspectos:

Que fundó el Proyecto México del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington en 1985, que entre otras muchas aportaciones al diálogo entre nuestro país y Estados Unidos, contribuyó con su respaldo al trabajo de las delegaciones en las reuniones interparlamentarias; que participó en copatrocinio con el Centro Carter en la creación de una comisión que jugó un papel clave en la ratificación del Tratado de Libre Comercio, en una contribución concreta y decisiva a los propósitos de prosperidad compartida; desempeñó un papel de la mayor importancia en la definición del paquete de apoyo económico que Estados Unidos proporcionó a México durante la desafortunada crisis de 1995, generando una declaración firmada por ex presidentes y ex secretarios, que brindó un magnífico soporte al Presidente Clinton y al secretario del tesoro para promulgar una orden expedita del Ejecutivo a favor de esa propuesta; estableció también el grupo de estudios legislativos de México, con el que se logró una mejor comprensión y comunicación entre nuestro país y los congresistas norteamericanos.

Como una prueba más de su amor por México, podemos decir que adoptó aquí como hija a Delal Baer, a quien expresamos nuestro afecto y solidaridad; que el mejor homenaje que puede proponerse para una amiga tan querida de México, como fue Delal Baer, es mantener y profundizar su compromiso con el diálogo respetuoso y digno entre nuestro país y Estados Unidos de América, así como su fructífera aportación a la construcción de una agenda bilateral sustentada en los principios de igualdad, honestidad y cooperación para la paz y el desarrollo de ambas naciones, que con este propósito es preciso recordar y reconocer el apoyo de Delal Baer, el que siempre brindó a los trabajos legislativos que a la diplomacia interparlamentaria de México y Estados Unidos; que en particular al rendirle homenaje recordamos la especial agudeza del análisis con que saludó la votación de la Ley de Ingresos de la Cámara de Diputados el pasado 11 de diciembre del año 2003, señalando sin ambages y que es necesario recordar, que una de las lecturas importantes de esta experiencia es que los tiempos y la cultura ya cambiaron, decía: ``la funcionalidad del Congreso no puede basarse en la disciplina absoluta de los partidos en el momento de hacer alianzas. Si hubiera menos miedo a esa pluralidad, se podría aprovechar para hacer alianzas más flexibles entre los partidos''. Continuaba diciendo: finalmente, hay una lectura esencial sobre la necesidad de construir las bases políticas que apoyen democráticamente una economía liberal. México merece un tiempo de debate y formación de consensos básicos en materia económica, dada la ausencia de un debate pleno en el pasado. ``Ojalá esté claro, decía, que no hay vuelta de hoja y que lo que está en juego son modalidades, no finalidades. Las reformas estructurales tienen que pasar por el cristal de la democracia, dentro y entre los partidos. Esto ya está pasando, no tengan miedo''.

Teniendo en cuenta los considerandos anteriores, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Los legisladores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reunida en sesión ordinaria, acordamos hacer llegar nuestro más sentido pésame a los familiares y a los compañeros de trabajo de la señora Delal Baer en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington, por el sensible fallecimiento de quien será hoy y siempre, amiga de México.

Ruego a usted, señor Presidente, consulte si nuestros compañeros legisladores lo consideran de urgente y obvia resolución.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se hacen llegar las condolencias y un reconocimiento de amistad a los familiares de la señora Delal Baer, amiga de México, por su fallecimiento, presentada por el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, del grupo parlamentario del PRI.

La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que nos confiere la Ley, deseamos rendir público homenaje a la gran amiga de México, Delal Baer, sometiendo a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo.

Considerando

1. Que los ideales del espíritu, la fuerza de los principios y la visión de un mundo mejor son altos valores humanos que inspiran el reconocimiento permanente y el homenaje a quienes, por materializarlos en su vida y en su acción, los mantienen vigentes como modelo para sus contemporáneos.

2. Que, precisamente por tener esos valores el carácter de permanente y universales, así como por trascender fronteras y hermanar a los ciudadanos y a los pueblos, Delal Baer fue una lúcida y leal amiga de México, a cuyas causas democráticas y sociales contribuyó vigorosamente.

3. Que, a raíz del fallecimiento de Delal Baer, el pasado 11 de febrero, ha quedado un vacío irreparable en la comunidad de los expertos e interesados en las relaciones internacionales, donde su trayectoria y desempeño constituyen un ejemplo permanente y una referencia fundamental de objetividad analítica, de rigor en la investigación y de intensa dedicación para convertir la comprensión y la cooperación entre los países en vehículo de progreso justo y compartido.

4. Que destacan en la generosa y fructífera vida personal y académica de Delal Baer los siguientes aspectos:

Nació en Baltimore el 30 de enero de 1953.

Obtuvo la licenciatura en historia en la Universidad George Washington, en 1976, graduándose como doctora en Ciencias Políticas en la Universidad de Michigan, en 1991.

Fundó el Proyecto México del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington (CSIS), en 1985, que, entre otras muchas aportaciones al diálogo entre nuestro país y Estados Unidos, contribuyó con su respaldo al trabajo de las delegaciones en las reuniones interparlamentarias.

Participó, en copatrocinio con el Centro Carter, en la creación de una comisión que jugó un papel clave en la ratificación del Tratado de Libre Comercio, en una contribución concreta y decisiva a los propósitos de prosperidad compartida.

Desempeñó un papel de la mayor importancia en la definición del paquete de apoyo económico que Estados Unidos proporcionó a México durante la desafortunada crisis de 1995, generando una declaración firmada por ex presidentes y ex secretarios que brindó un magnífico soporte al Presidente Clinton y al secretario del Tesoro para promulgar una orden expedita del Ejecutivo a favor de esa propuesta.

Estableció también el Grupo de Estudios Legislativos de México, con el que se logró una mejor comprensión y comunicación entre nuestro país y los congresistas norteamericanos.

En sus últimos días, enfrentando la enfermedad que finalmente segó su prolífica existencia, dedicó sus últimos esfuerzos a continuar impulsando el tema que le apasionaba, insistiendo en que ``por interés propio y preocupación mutua, México y Estados Unidos deben trabajar juntos... en el terreno del entendimiento entre amigos''.

Como una prueba más de su amor por México, adoptó aquí como hija a Leah Baer, a quien expresamos hoy nuestra afecto y solidaridad.

5. Que el mejor homenaje que puede proponerse para una amiga tan querida de México como fue Delal Baer es mantener y profundizar su compromiso con el diálogo respetuoso y digno entre nuestro país y Estados Unidos de América, así como su fructífera aportación a la construcción de una agenda bilateral sustentada en los principios de igualdad, honestidad y cooperación para la paz y el desarrollo de ambas naciones.

6. Que, con este propósito, es preciso recordar y reconocer el apoyo que Delal Baer siempre brindó a los trabajos legislativos y la diplomacia interparlamentaria de México y Estados Unidos, que contaron siempre con su colaboración profesional, bicultural y comprometida con la integración equilibrada de América del Norte, asumiendo las asimetrías entre quienes la formamos como un reto a superar y no como una justificación para retardarla o anularla.

7. Que, en particular, al rendirle homenaje, recordamos la especial agudeza del análisis con que saludó la votación de la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados, el pasado 11 de diciembre, señalando sin ambages:

``Una de las lecturas importantes de esta experiencia es que los tiempos y la cultura ya cambiaron...

``La funcionalidad del Congreso no puede basarse en la disciplina absoluta de los partidos en el momento de hacer alianzas... Si hubiera menos miedo a esa pluralidad, se podría aprovechar para hacer alianzas más flexibles entre todos los partidos.

``Finalmente hay una lectura esencial sobre la necesidad de construir las bases políticas que apoyen democráticamente a una economía liberal. México merece un tiempo de debate y formación de consensos básicos en materia económica dada la ausencia de un debate pleno en el pasado. Ojalá esté claro que no hay vuelta de hoja y que lo que está en juego son modalidades, no finalidades. Las reformas estructurales tienen que pasar por el cristal de la democracia dentro y entre los partidos. Esto ya está pasando. No tengan miedo''.

Teniendo en cuenta los considerandos anteriores, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Los legisladores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reunida en sesión ordinaria, acordamos hacer llegar nuestro más sentido pésame a los familiares y a los compañeros de trabajo de la señora Delal Baer en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington, DC, por el sensible fallecimiento de quien será hoy y siempre amiga de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2004.--- Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, don Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se considera de urgente resolución.

En consecuencia, está a discusión la proposición.

Como la Presidencia no tiene oradores registrados, se considera suficientemente discutida, por lo tanto consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada. Comuníquese.

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INDUSTRIA EDITORIAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor senador don Adalberto Madero Quiroga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que solicita al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, realice las acciones necesarias para fomentar la coedición entre el Gobierno Federal y la industria editorial mexicana y su contribución al desarrollo nacional.

El senador Adalberto Arturo Madero Quiroga:

Con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros legisladores:

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 estableció como una de las estrategias del Gobierno Federal, el fomento de la lectura en todos los grupos de la población, como una actividad fundamental de desarrollo cultural y educativo en todas sus vertientes.

En el mismo instrumento de planeación se determinó la necesidad de establecer un marco normativo dirigido a crear las condiciones necesarias para reforzar e impulsar la industrial editorial mexicana; producto de este impulso gubernamental, es el Programa Integral de Fomento a la Lectura y el Libro, denominado ``Hacia un país de lectores'' que tiene entre sus finalidades, fomentar la producción, distribución y difusión de libros en colaboración con los sectores sociales y privados.

Sin embargo, la industria editorial mexicana sigue limitada en su crecimiento debido a factores económicos diversos, tales como el escaso número de librerías que hay en el país, la participación masiva y control que ejercen las editoriales extranjeras en el mercado nacional, situación que muchas veces no se justifica; la competencia desleal del sector editorial del Gobierno, que además de monopolizar una parte considerable de la demanda, produce libros por arriba del costo del mercado, lo cual además de afectar los intereses de la industria privada, daña enormemente al erario público, un régimen fiscal desfavorable que ofrece pocos incentivos, son sólo algunas de las barreras estructurales que enfrenta este sector industrial.

Es mínima la participación de la industria editorial privada en los planes editoriales del Estado, en las estancias federales y estatales, por lo que resulta urgente modificar esta situación que mantiene en el rezago a esta importante industria nacional, partiendo del supuesto de que la difusión de los valores, la educación en todos su niveles, el conocimiento científico y humanístico, así como la cultura y la recreación, se realizan fundamentalmente a través de libros, revistas e impresos, debemos de considerar a la industria editorial como un sector estratégico para el desarrollo social y cultural del país.

Por consiguiente, fortalecer el crecimiento de este sector productivo y desgravar los candados que impiden su pleno desarrollo, debe ser una de nuestras principales prioridades para que se garantice no sólo una importante fuente de empleos, sino algo todavía, algo más trascendente, poder controlar con una industria nacional que responda a los intereses y las necesidades crecientes de la población mexicana, ya que en ella se deposita el conocimiento e información que contribuye para que nuestro país sea libre, independiente y democrático.

Por lo anterior, se somete a la consideración del pleno conforme a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Presidente de la República, el señor Vicente Fox Quesada, realice las acciones necesarias para fomentar la coedición de publicaciones en el Gobierno Federal y la industria editorial mexicana.

Segunda. Cuando las dependencias u organismos descentralizados de la administración pública requieran editar algún libro o publicación periódica, invitarán por medio de licitación pública, a los integrantes de la industria editorial mexicana.

Tercero. En los contratos de coedición se tratará de favorecer, aplicando un criterio de equidad, a las empresas editoriales mexicanas.

Cuarto. El Gobierno de la República mantendrá informado al Congreso de la Unión, sobre los contratos de coedición que lleve a cabo con la industria editorial mexicana.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, que realice las acciones necesarias para fomentar la coedición entre el Gobierno Federal y la Industria Editorial Mexicana, a cargo del senador Adalberto Madero Quiroga, del grupo parlamentario del PAN.

Quien suscribe, senador por el estado de Nuevo León, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, ocurre a presentar punto de acuerdo por el que se solicita al C. Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, que realice las acciones necesarias para fomentar la coedición de publicaciones entre el gobierno federal y la industria editorial mexicana, en atención a las siguientes

Consideraciones

Primera.- La economía mexicana en su conjunto atraviesa por un momento de elevada incertidumbre, debido, entre otras cosas, a la falta de incentivos fiscales para las industrias nacionales, situación que contrasta con la elevada competencia nacional e internacional a que están sujetas, además de que enfrentan los desajustes del mercado exterior, que impacta en el precio y el monto de sus exportaciones e importaciones, así como en el suministro de sus insumos básicos.

Pesé a que las expectativas de crecimiento no son del todo favorables, existen importantes sectores industriales que han sabido sortear las desventajas estructurales que todavía imperan en la actividad económica del país. Gracias a este ímpetu de seguir participando en el desarrollo de la industria nacional, ha sido posible mantener en funcionamiento importantes cadenas productivas que generan una gran masa de empleo y que demandan la reactivación de otros sectores productivos alimentadores de estos giros industriales.

En el anterior contexto se ubica el sector conjunto de papel, imprentas y editoriales, que ha luchado fehacientemente por no caer en el rezago tecnológico y productivo. Aunque no ha generado toda la producción que le permite su capacidad instalada, por las razones arriba señaladas; en el 2000 participó con el 4 por ciento de la producción manufacturera nacional.

Segunda.- Debemos señalar que, además del impacto que este sector tiene en la actividad productiva del país, no menos importante es su incidencia en los indicadores sociales relacionados con la promoción de la cultura y el fortalecimiento de la educación. De igual manera, la industria editorial y de artes gráficas, por ejemplo, ofrecen soluciones de comunicación y de tipo impreso a los sectores productivos más estratégicos tales como la industria automotriz, textil, de alimentos y bebidas, entre otras.

Tercera.- En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se estableció como una de las estrategias del Gobierno Federal, el fomento de la lectura en todos los grupos de población, como una actividad fundamental del desarrollo cultural y educativo en todas sus vertientes. En el mismo instrumento de planeación se determinó la necesidad de establecer un marco normativo dirigido a crear las condiciones necesarias para reforzar e impulsar la industria editorial mexicana. Producto de este impulso gubernamental es el programa integral de fomento a la lectura y el libro denominado Hacía un país de lectores, que tiene, entre otras finalidades, fomentar la producción, distribución y difusión de libros en colaboración con los sectores social y privado.

Sin embargo la industria editorial nacional se ha visto constreñida en su crecimiento por circunstancias económicas diversas, tales como el escaso número de librerías en el país, la participación y el control que ejercen las editoriales extranjeras en el mercado nacional y un régimen fiscal desfavorable, por mencionar solamente algunas de ellas. Es mínima la participación de la industria editorial privada en los planes editoriales del Estado en las instancias federal y estatal. Por lo que resulta urgente modificar esta situación que mantiene en el rezago a esta importante industria nacional.

Cuarta.- Desde que inició sus trabajos la LVIII Legislatura, la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales, que me honro en presidir, ha asumido como un asunto de primera importancia, dialogar y coadyuvar en la media de sus posibilidades para ofrecer soluciones a los diversos problemas que enfrenta la industria editorial mexicana. Una de las principales demandas de este sector es que desde hace tiempo no perciben una política fiscal que estimule el crecimiento de sus empresas, por lo que la inversión en este tipo de actividades se ha venido reduciendo, afectando la creación de nuevas fuentes de empleo.

Partiendo del supuesto de que la difusión de los valores, la educación en todos sus niveles, el conocimiento científico y humanístico, así como la cultura y la recreación se realizan fundamentalmente a través de libros, revistas e impresos, debemos de considerar la industria editorial como un sector estratégico para el desarrollo social y cultural de México.

Por consiguiente, fortalecer el crecimiento de este sector productivo debe ser una de nuestras prioridades para que se garantice no sólo la fuente de empleos, sino algo todavía más trascendente, poder contar con una industria nacional que responda a los intereses y las necesidades crecientes de la población mexicana, ya que en ella se deposita el conocimiento y la información que contribuyen a que nuestro país sea libre, independiente y progresista.

En consecuencia, corresponde a los legisladores contribuir a destrabar los candados que limitan el pleno crecimiento de la industria editorial mexicana. Por lo anterior, se somete a la consideración del Pleno conforme a lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al C. Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, que realice las acciones necesarias para fomentar la coedición de publicaciones entre el Gobierno Federal y la industria editorial mexicana.

Segundo.- Cuando las dependencias u órganos descentralizados de la Administración Pública requieran editar algún libro o publicación periódica invitarán, por medio de licitación pública, a los integrantes de la industria editorial mexicana.

Tercero.- En los contratos de coedición se tratará de favorecer, aplicando un criterio de equidad, a las empresas editoriales mexicanas.

Cuarto.- El Gobierno de la República mantendrá informado al H. Congreso de la Unión sobre los contratos de coedición que lleve cabo con la industria editorial mexicana.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de febrero de 2004.--- Sen. Adalberto Arturo Madero Quiroga.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor senador.

Túrnese a la Segunda Comisión.

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ISSSTE
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición con punto de acuerdo, para que la partida asignada al Seguro de Gastos Médicos de los altos mandos de los tres Poderes de la Unión y de los órganos autónomos, pase al ISSSTE, etiquetada para la compra de prótesis y medicinas.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

Sí, así es.

Las y los legisladores tenemos el mandato de vigilar que los recursos públicos se apliquen eficientemente. Tenemos un gasto público con inercias de corrupción y de ineficacia, ante una crisis de las finanzas públicas en la que deberíamos de tomar decisiones de gran envergadura como la de eliminar privilegios y prebendas para nosotros mismos y para los altos funcionarios de otros poderes.

Los usuarios del ISSSTE han hecho una dura crítica al servicio que presta esta institución: no hay medicinas; no hay instrumental médico; faltan prótesis; las instalaciones y el equipo está desgastado; entre otros problemas que impiden prestar un servicio digno a los trabajadores al servicio del estado.

Mientras, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la Auditoría Superior de la Federación, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo y en todos los órganos autónomos y desconcentrados, existen partidas presupuestales destinadas a pagar seguros de gastos médicos privados. Este seguro cubre los gastos médicos de los mandos, de sus cónyuges y de sus hijos.

Los recursos presupuestales se registran en la partida 1406 del Presupuesto de Egresos y ascienden a 436 millones 349 mil pesos en el Poder Judicial; 559 mil 148 millones en el Poder Ejecutivo, Legislativo y los órganos autónomos y aproximadamente 210 millones 635 mil en los órganos desconcentrados dando un total de 1 mil 206 millones 132 mil pesos. Por supuesto, no resolverían el problema estructural del ISSSTE, pero sí servirían para comprar medicinas y atender mejor a los trabajadores.

El ISSSTE atraviesa por una crisis difícil, pero estos recursos en realidad, los de seguros médicos privados, se han convertido en un foco de corrupción y en una transferencia de recursos públicos para los hospitales privados. Son un jugoso negocio para quienes los administran; nunca se entregan cuentas, nunca se sabe cuántos funcionarios, magistrados o legisladores se enferman, salvo cuando se van a Houston y se arma el lío.

Nunca se registran economías. Es obvio que se trata de un recurso que queda en manos de 6 o 10 personas de cada institución y son millones de pesos que quedan sin rendir cuentas. Además de que la seguridad privada provoca que en los servidores públicos haya de dos: de primera y de segunda. Y esto también ha derivado en insensibilidad de quienes toman decisiones, por eso han descapitalizado al ISSSTE y al Seguro Social, porque los altos funcionarios no se atienden en estas instituciones, sino que es la gente de escasos recursos, la de bajos salarios, la que acude a estas instituciones. Y ésa debería de ser la razón por la cual nosotros, las y los legisladores, debemos de corregir los vicios y desviaciones presupuestales de los organismos públicos, porque la gente gana poco, no tiene para pagar servicios médicos privados y el servicio público debiera ser de alta calidad.

La gente está solicitando más presupuesto para sus servicios de salud. Podemos comenzar con evitar el recurso mal aplicado a los servicios médicos particulares de todas las dependencias públicas que sólo benefician a los altos mandos y trasladarlo al ISSSTE para la compra de medicamentos.

Ante ello propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Que los recursos presupuestales incluidos en la partida 1406, denominada Seguro de Gastos Médicos, que reciben mandos medios y superiores de los tres poderes de la Unión y de los órganos autónomos y desconcentrados, actualmente asignados a servicios privados, se transfieran en su totalidad al ISSSTE para la compra de medicamentos y sirvan para mejorar la atención médica de los trabajadores al servicio del Estado.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que la partida asignada al Seguro de Gastos Médicos de los Altos Mandos de los tres poderes de la Unión y de los Organos Autónomos pase al ISSSTE, etiquetada para la compra de prótesis y medicinas, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

Entre las muchas prebendas que tienen los funcionarios públicos se encuentra una particularmente injusta, la del seguro de gastos médicos privados, adicional a las cuotas que se pagan al ISSSTE y que, en teoría, deberían cubrir los servicios médicos que requieran.

Originalmente, el ISSSTE atendía a todos los funcionarios, pero, después de la política aplicada para destruir este tipo de instituciones, dejándolas sin recursos suficientes, el servicio fue decayendo hasta llega la lamentable situación actual. El lugar de corregir esa situación, los altos funcionarios optaron por darse un seguro de gastos médicos de carácter privado, con cargo al erario público.

La norma que rige dicho seguro se encuentra en el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal, expedido por las Secretaría de Hacienda y la de la Función Pública, de acuerdo a lo señalado en el Articulo 38 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para 2003. En el numeral 5.31.3 de dicho Manual se describen los seguros destinados a los funcionarios, señalando que ``Estas prestaciones las establece el Ejecutivo Federal en consideración a las necesidades de los funcionarios públicos, con el fin de coadyuvar a su estabilidad económica y al bienestar de su familia.

En el inciso ``c'' de dicho numeral se describen las características del seguro comentado se señala que ``El seguro de gastos médico mayores es un beneficio que cubre a los funcionarios públicos, así como a su cónyuge e hijos, ante la eventualidad de un accidente o enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización. La suma asegurada básica tiene un rango de 111 a 333 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal, dependiendo del nivel del funcionario, cuya prima, así como las de su cónyuge e hijos son cubiertas por la Secretaría, por disposición del Ejecutivo Federal.''

Los recursos presupuestales destinados a este fin, se registran en la Partida 1406. Seguro de Gastos Médico. En el Presupuesto de Egresos para 2004, esos recursos ascienden a 559 millones 148 mil pesos, dentro del gasto directo de las Secretarías, el Poder Legislativo y los Organos Autónomos. En los Organos Descentralizados y entidades se estima un monto adicional por 210 millones 635 mil pesos, dando un total estimado en casi 770 millones de pesos.

Se propone hace las adecuaciones legales necesarias para cancelar esa injusta prebenda y destinar esos recursos para fortalecer las deterioradas finanzas del ISSSTE.

Punto de Acuerdo

Que los recursos presupuestales incluidos en la partida 1406 ``Seguro de Gastos Médicos'' que reciben mandos medios y superiores de los 3 poderes de la Unión y los Organos Autónomos actualmente asignados a servicios privados, se transfieran en su totalidad al ISSSTE para la compra de medicamentos y prótesis y sirvan para mejorar la atención médica de los trabajadores al Servicio del Estado.

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputada.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación revise los fondos del Ramo 33 asignados a todos los estados de la Federación y al Gobierno de la Ciudad de México.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:

Con su permiso, señor Presidente.

El pasado 9 de diciembre el diputado Juan Fernando Perdomo presentó un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación revisara los fondos del Ramo 33 asignados a Oaxaca. En aquella ocasión en representación de la diputación federal priísta de Oaxaca le planteamos al pleno la improcedencia de tal proposición en virtud de que con fecha 11 de octubre, un mes antes aproximadamente, del 2003, la Cámara de Diputados del estado de Oaxaca, por consenso de todos los partidos en ella representados: PRI, PAN, PRD, Convergencia y Partido del Trabajo, suscribieron un punto de acuerdo mediante el cual se demandó a la Entidad Superior de Fiscalización de la Federación, apegara sus funciones a lo estrictamente ordenado por el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, y no violara la soberanía de la entidad.

El punto de acuerdo al que ya me he referido fue propuesto y sustentado en voto particular por diputados locales de Acción Nacional y previa comunicación fue hecho suyo por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en donde predomina el PRD.

A mayor abundamiento, dijimos que nueve estados, incluyendo el Gobierno del Distrito Federal, no habían pactado el convenio respectivo con la Auditoría Superior de la Federación, requisito sine qua non para auditar el Ramo 33.

Cabe señalar que no estamos hablando de la facultad del órgano superior para auditar los recursos federalizados y tan es así que en el estado de Oaxaca se han practicado cerca de 260 auditorias como corresponde a un gobierno transparente y que no le teme a los procedimientos apegados a derecho en materia de fiscalización.

Resulta ser que el Presidente de la Comisión de Vigilancia...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, señor diputado.

Suspendan el marcaje.

Con qué propósito, don Jesús?

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez (desde su curul):

Si acepta una interpelación el señor diputado.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Don Heliodoro, ¿acepta usted una interpelación?

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:

Por supuesto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

La acepta y la Presidencia la autoriza. Adelante.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez (desde su curul):

Muchas gracias.

El miércoles pasado, señor Presidente, compañeros legisladores, se presentó una solicitud aquí en esta tribuna para que fueran auditados los fondos de la Presidencia de la República. Como todos sabemos, fue aprobado por unanimidad y la respuesta del Ejecutivo Federal fue que para ellos representaba también una oportunidad de demostrar que se manejan correctamente los recursos.

Quisiera señalar que haciendo referencia a lo que menciona el compañero legislador, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en esa ocasión el punto de acuerdo para que fueran auditados los fondos del Ramo 33 en el estado de Oaxaca, y se debe a que precisamente nunca se ha contado con la información, dado que es la Contaduría Mayor de Hacienda, léase oficina adicional a la del Ejecutivo del estado, nunca una información de programas tan sensibles.

Y la pregunta que yo le haría al legislador, sabiendo que es un buen abogado, es la siguiente:

Por un lado el artículo 79 de la Constitución señala claramente las facultades que tiene la Contaduría, perdón la Auditoría Superior de la Federación para poder auditar todos los fondos públicos federales. Y cuando se presentó a dar cumplimiento a la Auditoría Superior de la Federación al estado de Oaxaca, hubo una total oposición de parte del Ejecutivo del estado, de la Cámara de Diputados, argumentando que la Ley de Coordinación Fiscal no permite que la Auditoría Superior de la Federación pueda auditar como establece la Constitución.

Mi pregunta es, señor legislador: ¿usted considera que esta ley secundaria de Ley de Coordinación Fiscal está por encima, está por encima de lo que establece la Constitución?

Por su respuesta y nos hubiera dado mucho gusto a los oaxaqueños saber que era una oportunidad también de mostrar que se manejan honestamente los recursos de los programas más sensibles para la gente más marginada del estado de Oaxaca.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Don Heliodoro: si tiene a bien contestar.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:

Si, señor Presidente y permítame, deme el tiempo para precisar algunos aspectos que no se apegan a la verdad.

Primero, el Ejecutivo estatal, el titular del Poder Ejecutivo no se opuso a la auditoría, por la sencilla razón de que la auditoría que va a practicar la Auditoría Superior de la Federación es un procedimiento que tiene que convenir por la vía del Congreso del estado.

Segundo término, es indudable que ninguna ley secundaria puede estar por encima de la Constitución. Esto contesta concreta y específicamente su pregunta. Lo que sí, también, tenemos que preservar es que los procedimientos apegados a derecho y la soberanía de la entidad se tienen que preservar.

Esa es mi respuesta, señor.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Continúa el marcaje del tiempo y continúe don Heliodoro en su intervención.

Diga, don Jesús.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez (desde su curul):

Simplemente para aclarar. ¿Están los documentos notariales?

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:

Perdón, es otra pregunta, señor Presidente o, ¿de qué se trata? o ¿es diálogo?

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Perdone, don Jesús. Ya no es posible que continúe, ya le fue contestada la pregunta.

Continúe señor diputado don Heliodoro Díaz.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:

Muchas gracias.

Resulta ser que el Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, sin que acreditara que consultó a la Mesa Directiva o llevó a cabo un pleno de la comisión, con rapidez inusitada, cuestión que desde luego le celebro, turnó la proposición que le remitió la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados al Auditor Superior de la Federación para análisis de procedencia.

Con igual velocidad el Auditor Superior de la Federación, no obstante las cargas de trabajo y lo que tiene pendiente en su materia, giró oficio al Gobierno del estado para comunicarle que iniciaría la fiscalización del Ramo 33, con el agravante de que el argumento que utilizó era que se trataba de un punto de acuerdo de la Cámara de Diputados. ¡Que nunca existió, porque lo que existió fue turno a comisión! Y ahí está la versión estenográfica.

Por todas estas razones, los representantes del Congreso estatal le señalaron al auditor la necesidad de ajustarse a los procedimientos legales y la inexistencia del convenio para definir los mecanismos mediante los cuales el órgano podía compartir esa responsabilidad.

Hubo a consecuencia de este asunto un manejo poco usual en algunos de los medios de comunicación, incluso declaraciones temerarias y precipitadas del propio titular de la Auditoría Superior, queriendo dar a entender que hay una negativa a aceptar las auditorías por presuntas irregularidades. ¡Nada más falso! El titular del Poder Ejecutivo ha manifestado su posición para que en el marco de la ley se practiquen tantas cuantas auditorías sean necesarias y que solicitará al Congreso estatal entable de inmediato acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación y en esta misma posición estamos los diputados priístas de Oaxaca.

Sin embargo y a fin de que esta determinación, señoras y señores legisladores, no tenga carga política como evidentemente la tiene por todas las posiciones que el titular del Poder Ejecutivo ha asumido frente a los tópicos como el energético, el IVA y en la perspectiva de la coyuntura electoral de nuestra entidad, manifestamos estar de acuerdo en que se audite al estado de Oaxaca, pero asimismo a todos los estados de la República por lo que se refiere al Ramo 33, de manera particular a los estados que no han suscrito los convenios con la Auditoría Superior de la Federación, caso en el cual se encuentran gobiernos panistas como el de Baja California o el del PRD en el Distrito Federal, a fin de que esta propuesta, como todas las del Legislativo, deje de tener dedicatorias por razones de orden político y observe la característica de generalidad que le es intrínseca a la ley.

Por lo tanto, someto a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que se solicite por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a la Entidad Superior de Fiscalización fiscalice los fondos del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación asignados a todas las entidades federativas del país, así como al Distrito Federal, en especial a las que no han suscrito convenios de coordinación conforme a un cronograma que se estructure a la brevedad posible.

Segundo. Que se pida al Auditor Superior de la Federación promueva a la brevedad la firma de los convenios de coordinación respectivos con las legislaturas de todas las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, acatando escrupulosamente la ley y preservando la soberanía de los estados.

Estaremos atentos al seguimiento de este asunto.

Muchas gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federacion revise los fondos del Ramo 33 asignados a todos los estados de la Federación y al Gobierno de la ciudad de México, presentada por el diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del PRI..

El pasado 9 de diciembre el diputado Juan Fernando Perdomo, del Partido Convergencia, presentó un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación revisara los fondos del Ramo 33 asignados a Oaxaca.

En aquella ocasión, en representación de la diputación federal priísta de Oaxaca, le planteamos al Pleno la improcedencia de tal proposición en virtud de que con fecha 11 de octubre del 2003, la Cámara de Diputados del estado de Oaxaca, por consenso de todos los partidos en ella representados, PRI, PAN, PRD, Convergencia y PT, suscribieron un punto de acuerdo mediante el cual se demandó a la Entidad Superior de Fiscalización de la Federación que apegara sus funciones a lo estrictamente ordenado por el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal y no violara la soberanía de la entidad, toda vez que la facultad para fiscalizar los fondos estatales corresponde indeclinablemente a la Legislatura de cada estado.

El punto de acuerdo al que ya me he referido, fue propuesto y sustentado en voto particular por diputados locales de Acción Nacional y previa comunicación fue hecho suyo por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en donde predomina el PRD.

A mayor abundamiento, dijimos que nueve estados, incluido el Gobierno del Distrito Federal, no habían pactado el convenio respectivo con la Auditoría Superior de la Federación, requisito sine qua non para auditar el Ramo 33.

Cabe señalar que no estamos hablando de la facultad del órgano superior para auditar los recursos federalizados, y tan es así que en el estado de Oaxaca se han practicado cerca de 260 auditorías, como corresponde a un gobierno transparente y que no le teme a los procedimientos apegados a derecho en materia de fiscalización.

Resulta ser que el Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, sin que acreditara que consultó a la Mesa Directiva o llevó a cabo un pleno de la Comisión, con rapidez inusitada, cuestión que desde luego le celebro, turnó la proposición que le remitió la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados al Auditor Superior de la Federación para ``análisis de procedencia''''.

Con igual velocidad, el Auditor Superior de la Federación, no obstante las cargas de trabajo y lo que tiene pendiente en materia de cuenta pública, giró oficio al gobernador para comunicarle que iniciaría la fiscalización del Ramo 33, con el agravante de que argumentó que era un ``punto de acuerdo de la Cámara de Diputados''.

Por todas estas razones, los representantes del Congreso estatal le señalaron al auditor la necesidad de ajustarse a los procedimientos legales y la inexistencia del convenio para definir los mecanismos mediante los cuales el órgano superior puede compartir esa responsabilidad.

Ha habido, a consecuencia de este asunto, un manejo poco usual en algunos medios de comunicación e incluso declaraciones temerarias y precipitadas del propio titular de la Auditoría Superior, queriendo dar a entender que hay una negativa a aceptar las auditorías por presuntas irregularidades y oficiosamente habla de un juicio de controversia constitucional.

Nada más falso, el titular del Poder Ejecutivo ha manifestado su posición para que, en el marco de la ley, se practiquen tantas cuantas auditorías sean necesarias; que le solicitará al Congreso estatal que entable acuerdo de inmediato con la Auditoría Superior de la Federación y este mismo posicionamiento lo hago valer en nombre de mis compañeros diputados priístas del estado de Oaxaca.

Sin embargo, y a fin de que esta determinación no tenga carga política, como evidentemente la tiene, por todas las posiciones que el titular del Poder Ejecutivo ha asumido frente a tópicos como el energético y el IVA, y en la perspectiva de la coyuntura electoral de nuestra entidad, manifestamos estar de acuerdo en que se audite al estado de Oaxaca pero asimismo a todos los estados de la República por lo que se refiere al Ramo 33, de manera particular a las entidades en donde sus Congresos estatales no han suscrito los convenios con la Auditoría Superior de la Federación, caso en el cual se encuentran gobiernos panistas como el de Baja California, o del PRD en el Distrito Federal, a fin de que esta propuesta, como todas las del Legislativo, deje de tener dedicatorias por razones de orden político y observe la característica de generalidad que le es intrínseca a la ley.

Por lo tanto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Que se solicite, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a la entidad superior de fiscalización que fiscalice los fondos del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación asignados a todas las entidades federativas del país, así como al Distrito Federal, en especial a las que no han suscrito convenios de coordinación, conforme a un cronograma que se estructure a la brevedad posible.

Segundo: Que se pida al Auditor Superior de la Federación que promueva, a la brevedad, la firma de los convenios de coordinación respectivos con las Legislaturas de todas las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, acatando escrupulosamente la ley y preservando la soberanía de los estados.

Dejo sentado que le daremos el debido seguimiento a este asunto, ratificando que en el caso de Oaxaca no hay oposición a que se realice la misma, y mucho menos por el titular del Poder Ejecutivo, siempre en el marco de respeto a ley y soberanía del estado.

Palacio Legislativo, a 18 de febrero de 2004.--- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

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SISTEMA BANCARIO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para una proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en su caso, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Servicio de Administración Tributaria, ejerza su facultad rectora respecto del Sistema Bancario Mexicano y sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, por la venta anunciada relativa a las acciones de BBVA Bancomer, SA.

El diputado Luis Antonio González Roldán:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

El pasado 2 de febrero el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, anunció su intención de lanzar una oferta pública de adquisición por el 40.6% del capital de BBVA Bancomer, para elevar su participación accionaria de 59.4% hasta el 100%.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público respaldó ya la adquisición del 40.6% del capital accionario del grupo financiero BBVA Bancomer por parte del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. El Presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Francisco González, ha valorado la oferta pública de adquisición lanzada por la compra del accionario en una operación estimada por 4 mil 100 millones de dólares.

El tema es de gran trascendencia internacional. El Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores opina que de licitar la operación de BBVA Bancomer restaría importancia al mercado bursátil de nuestro país.

El Gobernador del Banco de México recalcó que al deslicitar las acciones se reduce el volumen de operación del mercado accionario mexicano y limita el flujo de información estratégica para que los analistas puedan seguir con detenimiento el desempeño financiero del banco, además la vigilancia que el mercado realiza es esencial para complementar la supervisión de las autoridades, lo que se perderá con la salida de la bolsa, de la acción.

El Estado debe ejercer rectoría dentro del sistema financiero y bancario, a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo del sistema financiero, de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro de todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio sistema con apego a sanas prácticas y usos bancarios.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene por objeto supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, a las actividades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público.

También tiene como finalidad supervisar y regular a las personas físicas y morales cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero.

La importancia de la operación debe obligar a que nuestras autoridades vigilen de cerca su desarrollo. Recordemos que Bancomer es el banco nacional más importante de nuestro país, controla el 28% de los depósitos del sistema bancario nacional y el 26% de la cartera crediticia. El costo fiscal de su saneamiento vía Fobrapoa y la futura sustitución de los pagarés, obliga a una vigilancia cercana de la operación.

Recordemos que Bancomer es uno de los bancos más grandes de América Latina y debemos evitar que en su venta se repitan los mismos problemas que representó la operación de venta de Banamex a City Group, en la cual no se reportaron los gravámenes derivados de una transacción de 3 millones de dólares; esta operación de compra por parte del grupo español equivale a 4 mil 100 millones de dólares.

Por otro lado, el Servicio de Administración Tributaria asumió funciones que tenía encomendada a la Subsecretaría de Ingresos de lo relativo a la determinación, liquidación y recaudación de impuestos y demás contribuciones y sus accesorios, así como la vigilancia en el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En el desarrollo de esta función se destaca la necesidad de garantizar la aplicación correcta y oportuna de la Legislación Fiscal de manera imparcial y transparente, de esta operación bancaria tan importante.

Es en este tipo de operaciones, que debemos asegurar un ejercicio transparente de la función pública, de tal modo que la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos involucrados en la vigilancia de este tipo de operaciones.

Además exigimos que la venta no sea una operación meramente bursátil, sino que se considere eminentemente mercantil para que genere impuestos sin consecuencia, no vaya en detrimento de la Hacienda Pública, no podemos repetir la simulación de actos jurídicos como ya aconteció con la anterior operación.

Por lo anterior, solicito se considere como de urgente resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en su caso, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Servicio de Administración Tributaria, ejerza su facultad rectora respecto al Sistema Bancario Mexicano y sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales por la venta anunciada relativa a acciones de la institución bancaria denominada BBVA Bancomer.

Es cuanto, señor Presidente. Por su atención, gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en su caso, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Servicio de Administración Tributaria, ejerza su facultad rectora respecto del Sistema Bancario Mexicano y sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales por la venta anunciada relativa a las acciones de BBVA Bancomer, SA, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del PVEM.

El legislador que firma al calce, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se considere como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo.

El pasado 2 de febrero, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) anunció su intención de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por 40.6 por ciento del capital de BBVA Bancomer para elevar su participación accionaria de 59.4 por ciento hasta 100 por ciento.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respaldó ya la adquisición de 40.6 por ciento del capital accionario de Grupo Financiero BBVA Bancomer por parte de BBVA.

El Presidente de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Francisco González, ha valorado la OPA lanzada por la compra del accionariado en una operación estimada en 4 mil 100 millones de dólares.

El tema es de gran trascendencia internacional, según comentarios del gobernador del Banco de México, es de suma importancia lo relativo a la revisión que el Comité de Basilea está realizando y no sería de extrañar que en algún momento el Comité hiciera la recomendación de que las filiales de los bancos extranjeros estuvieran enlistadas en las bolsas de valores locales.

El Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores opina que deslistar la operación de BBVA-Bancomer restaría importancia al mercado bursátil de nuestro país.

El gobernador del Banco de México recalcó que al deslistar las acciones de BBVA-Bancomer se reduce el volumen de operación del mercado accionario mexicano y limita el flujo de información estratégica para que los analistas puedan seguir con detenimiento el desempeño financiero del banco.

Además, la vigilancia que el mercado realiza es esencial para complementar la supervisión de las autoridades, lo que se perderá con la salida de Bolsa de la acción.

El Estado debe ejercer rectoría en el sistema financiero y bancario, a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo del sistema financiero, de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio sistema, con sujeción a sanas prácticas y usos bancarios.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene por objeto supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público.

También tiene como finalidad supervisar y regular a las personas físicas y morales cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero.

La importancia de la operación debe obligar a que nuestras autoridades vigilen de cerca su desarrollo. Recordemos que Bancomer es el banco nacional más importante del país: controla 28 por ciento de los depósitos del sistema bancario nacional y 26 por ciento de la cartera crediticia.

El costo fiscal de su saneamiento vía Fobaproa y la futura sustitución de los pagares obliga a una vigilancia cercana de la operación.

Bancomer es uno de los mayores bancos de Latinoamérica y debemos evitar que en su venta se repitan los problemas que representó la operación de venta de Banamex a Citigroup, en la cual no se reportaron los gravámenes derivados de una transacción de 3 mil millones de dólares. Esa operación de compra por parte del grupo español equivale a 4 mil 100 millones de dólares.

Por otro lado, el Servicio de Administración Tributaria asumió funciones que tenía encomendadas la Subsecretaría de Ingresos en lo relativo a la determinación, liquidación y recaudación de impuestos y demás contribuciones y sus accesorios, así como la vigilancia en el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En el desarrollo de esa función se destaca la necesidad de garantizar la aplicación correcta y oportuna de la legislación fiscal de manera imparcial y transparente de esta operación bancaria tan importante.

La creación de una cultura de transparencia y legalidad es meta muy importante para México. Para alcanzar esos objetivos, debemos prevenir y abatir posibles actos de corrupción en el gobierno, utilizando la prevención y contando con la participación de todos los sectores de la sociedad en la promoción de una cultura de transparencia y del respeto de la ley.

En este tipo de operaciones debemos asegurar un ejercicio transparente de la función pública, de tal modo que la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos.

Por lo anterior, el legislador que firma al calce solicita al Pleno de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta y vote la presente proposición para que se acuerde:

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en su caso, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Servicio de Administración Tributaria, ejerza su facultad rectora respecto del sistema bancario mexicano y sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales por la venta anunciada relativa a acciones de la institución bancaria denominada BBVA Bancomer, SA.

Dado en el Salón Legisladores de la República, Sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 18 días del mes de febrero de 2004.--- Dip. Luis Antonio González Roldán (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada...

Los legisladores que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, Secretaria.

Se considera de urgente resolución.

En consecuencia, está a discusión la proposición.

Esta Presidencia tiene registrados para hablar en pro al señor diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y a la diputada Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática.

Se concede el uso de la palabra al primero de los mencionados.

El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda:

Con su venia, señor Presidente; compañeras, compañeros legisladores:

Para el grupo parlamentario del PRI, la banca comercial debe de ofrecer seguridad a todos sus ahorradores, tasas de interés accesibles para facilitarles el crédito, bajos costos en los servicios de los usuarios y, sobre todo, transparencia en el manejo del banco.

Por supuesto que nos preocupa este proceso de extranjerización de la banca comercial, nos preocupa por el hecho de que estamos dejando en manos de extranjeros la toma de decisiones en el manejo de los recursos de los ahorradores mexicanos.

El anuncio de la venta del 40% de las acciones de Bancomer a BBVA Banca Española nos importa, porque queremos conocer este proceso de venta, particularmente una transacción que al parecer no generará ningún impuesto en la operación de venta.

Por ello, para el grupo parlamentario del PRI es muy importante que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda nos informen cuál es su opinión acerca de esta transacción, una vez que el Gobernador del Banco de México emitió su preocupación de que el banco de Bancomer dejará, se distará de la Bolsa Mexicana de Valores.

Por ello, para nosotros es muy importante conocer cómo va a proceder la Secretaría de Hacienda y en particular la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que los mexicanos conozcamos cómo va a ser este proceso de transacción y cuál va a ser la manera de que se nos informará particularmente a los ahorradores mexicanos, de la forma como opera este banco.

Por ello, señor Presidente, el grupo parlamentario del PRI apoya esta propuesta del Partido Verde Ecologista para que se nos informe sobre esa venta.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias señor diputado don Luis Antonio Ramírez Pineda.

Para hablar en pro, se concede el uso de la palabra a la diputada doña Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario de Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

El tema que abordó el diputado del Partido Verde me parece de la mayor importancia, porque está demostrado que la venta de los bancos a los extranjeros no es la solidez del sistema financiero mexicano sino los jugosos rendimientos que otorgan los pagarés Fobaproa.

En mayo de 1995 el Banco Bilbao Viscaya Argentaria inició sus actividades en México; compró el 70% del Banco Mercantil Probursa pagando a José Madariaga Lomelí 350 millones de dólares; el 9 de agosto del 1995, compró en 160 millones de pesos las sucursales de Banca Cremi y de Banco Oriente; el 29 de junio del 2000 adquirió en 2,500 millones de dólares el 48.5% de las acciones de Bancomer y Bancomer a su vez ya había comprado para entonces Banca Promex; es decir que el Banco Bilbao Viscaya Argentaria se adueñó de cinco bancos mexicanos y controla actualmente más del 20% de los activos totales de la banca en México.

Y el 12 de abril del 2002 el Gobierno mexicano autorizó que Bilbao Viscaya Argentaria comprara hasta el 60% de las acciones del grupo financiero Bancomer Bilbao Viscaya Argentaria y pagó ocho pesos por acción.

El 4 de febrero de este año, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria anunció su intención de comprar el 100% de las acciones con una oferta de 4,100 millones de dólares que no generarán impuestos al fisco mexicano.

Quiero decirles que el impuesto sobre la renta por la enajenación de acciones y compra de este tipo de operaciones en Estados Unidos, en Inglaterra, en Nueva Zelanda existe el pago del impuesto sobre la renta pero también en Brasil, en Argentina, en Chile; no entiendo por qué en México tenemos que renunciar a una partida tributaria si al final de cuentas las pagan el pico más alto de ingresos del país.

Pero este vertiginoso crecimiento del Banco Bilbao Viscaya preocupa porque en menos de 9 años y con un desembolso de aproximadamente unos 10 mil millones de dólares este grupo controlará el 26% de los activos totales de la banca en México que equivalen a 46 mil millones de dólares.

De manera adicional, detentan derechos de cobro al Gobierno mexicano por concepto de los pagarés Fobaproa por 12 mil millones de dólares que les generan intereses anuales a ellos por 900 millones de dólares.

Hay que recordar además que la expansión de Bilbao Vizcaya Argentaria en Latinoamérica está siendo investigada por el Gobierno español y que ha dicho claramente que Bilbao Vizcaya Argentaria ha comprado bancos en América Latina con fondos ocultos de paraísos fiscales para realizar operaciones y el pasado 3 de noviembre presentaron ante la corte española una denuncia por evasión fiscal precisamente por la adquisición de Multibanco Mercantil Probursa por parte de Bilbao Vizcaya en 1995.

Más aún, la fiscalía española no ha desechado la hipótesis del lavado de dinero durante la operación referida por José Madariaga Lomelí, ex dueño de Mercantil Probursa, y todavía el año pasado miembro del consejo directivo del grupo Bilbao Vizcaya Argentaria.

Finalmente, compañeros, resulta altamente sospechoso que el hecho de que los accionistas de Bilbao Vizcaya Argentaria estén dispuestos a invertir en este momento 4,100 millones de dólares para adquirir Bancomer; es decir 12 pesos por acción en el preciso momento en el que se libra una fuerte batalla en el Congreso mexicano por el canje de los llamados ``pagarés Fobaproa'', cuyo valor actual es de 8 mil millones de dólares y esto es muy obvio, alguien le garantizó a Bilbao Vizcaya Argentaria que este compromiso se va a poder cumplir, es decir, cobrar los derechos de los pagarés de capitalización y compra de cartera.

Yo lo que quiero señalar, es de que estos pagarés no han sido legitimados por el Congreso, no tienen valor, no pueden ser negociables, no son enajenables, hasta que no los autorice el Congreso.

Es cuanto.

Presidencia del senador Jorge Zermeño InfanteEl Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Gracias, diputada Dolores Padierna.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento, si el asunto está suficientemente discutido.

Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarse en la forma acostumbrada.

Los que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa.

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición...

La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

En votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada.

Los que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Aprobado. Comuníquese.

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CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Tiene la palabra el diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exprese su tajante rechazo a las operaciones de espionaje, llevadas a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América, en aquellas delegaciones diplomáticas que se habían manifestado en contra de la intervención militar en ese país, en territorio iraquí.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:

Con su permiso, señor Presidente:

En el mes de marzo del 2003, el semanario británico El Observador publicó un memorando secreto de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dirigido a sus contrapartes en Gran Bretaña. En ese documento se solicitaba el apoyo del gobierno británico para llevar a cabo operaciones de espionaje a miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, particularmente a los de aquellas delega- ciones diplomáticas que se habían mostrado reacias a apoyar la intervención militar de Estados Unidos en el territorio de Irak.

Los países a los que ese memorando apunta son: Angola, Camerún, Chile, Guinea, Pakistán y México destaca en esta estrategia, tanto por su cercanía a Estados Unidos, como por la influencia que junto con Chile tiene en el desarrollo en la política internacional en América Latina.

De acuerdo con la información reproducida en el mencionado diario, el Gobierno de Estados Unidos organizó una campaña de trucos sucios, entre comillas, buscando asegurar los votos al interior del Consejo de Seguridad, incluso con países que aun cuando no cuentan con votos al interior del órgano multilateral, influyen con sus acciones en las decisiones de los países miembros del Consejo.

Fechado el 31 de enero del 2003 en este memorando, circuló cuatro días después de que el Jefe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas, Hans Blix, rindiera su primer reporte sobre las investigaciones de posesión de armas por parte del gobierno iraquí, como parte de los acuerdos de la Resolución 1441 de la Asamblea General de la ONU.

De acuerdo con las declaraciones del ex embajador de México ante las Naciones Unidas, Adolfo Aguilar Zinser y del embajador actual ante ese organismo, Enrique Verruga, México hizo su primer reclamo verbal y nueve meses después envió una nota diplomática a los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, solicitándoles la confirmación o negación de lo asentado en los reportes de prensa de origen.

Es evidente el desinterés de ambos gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, para aclarar esta información, que de ser cierta pondría en riesgo las relaciones diplomáticas entre nuestros países, así como la de todas las naciones que formamos parte de este organismo mundial. La seguridad multilateral se vería empañada desde su espacio natural de discusión, debate y reflexión, poniendo en riesgo cualquier acción conjunta.

Analistas de todo el mundo asumen que en tiempos de guerra el espionaje es una de las formas más acostumbradas de hacerse de información por parte de algunas naciones; ello, sin embargo, no justifica que se sigan realizando estas acciones que ponen en riesgo la seguridad internacional, la que esgrimen como pretexto para justificarles. De confirmarse este supuesto, habría una evidente violación a la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y al acuerdo de entidad-sede que tiene las Naciones Unidas en Nueva York.

En ambos casos, México signó tales instrumentos en las búsqueda de la armonía e igualdad que requiere el trabajo diplomático para asegurar la equidad y justicia en su desa-rrollo.

Las declaraciones de Adolfo Aguilar Zinser, ex Embajador de México ante las Naciones Unidas, refieren que el Gobierno de México se negó a dar seguimiento a este caso para evitar el deterioro de las delicadas relaciones que prevalecen entre México y Estados Unidos, sin embargo, la existencia de una operación encubierta que viola la confidencialidad de la labor diplomática de México es una evidente intervención al ejercicio diplomático soberano de una nación. Esto no tuviera la mayor importancia, compañeros legisladores, si no fuera porque ya hemos tenido otro tipo de precedentes que se están volviendo costumbre, por eso es que proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El Gobierno de México debe preservar en la búsqueda de una respuesta oficial en los medios y términos en que fue desarrollada la nota diplomática del caso e informar a esta soberanía tanto de los antecedentes del caso como de sus consecuencias.

Segundo. La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá informar por qué se ha dejado pasar casi por un año para reiniciar las investigaciones y requerimientos oficiales, si, como lo afirman las notas en comento, se conoció de estos acontecimientos en el mes de marzo del año pasado.

Por último, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifiesta su rechazo a este tipo de estrategias políticas que ponen en riesgo la seguridad internacional, para privilegiar los intereses de unas cuantas naciones sobre el resto de los países del orbe y envía desde esta tribuna, a la Organización de las Naciones Unidas, un voto de confianza para que se siga realizando la valiosa labor que hasta la fecha se realiza a favor de la paz y la seguridad del mundo.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exprese su tajante rechazo a las operaciones de espionaje llevadas a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América en las delegaciones diplomáticas que se habían manifestado contra la intervención militar de ese país en territorio iraqui, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia.

El que suscribe, diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

1. En marzo de 2003, el semanario británico The Observer publicó un memorando secreto de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos dirigido a sus contrapartes en Gran Bretaña. En dicho documento se solicitaba el apoyo del gobierno británico para llevar a cabo operaciones de espionaje a miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, particularmente con aquellas delegaciones diplomáticas que se habían mostrado reacias a apoyar la intervención militar de Estados Unidos al territorio de Irak. Los países a los que este memorando apunta son Angola, Camerún, Chile, Guinea y Pakistán. México se destaca en esta estrategia tanto por su cercanía a Estados Unidos como por la influencia que, junto con Chile, tiene en el desarrollo de la política internacional de América Latina.

2. De acuerdo con la información reproducida en el mencionado diario, el gobierno de Estados Unidos organizó una campaña de ``trucos sucios'' buscando asegurar los votos al interior del Consejo de Seguridad, incluso con países que aunque no cuentan con votos al interior del órgano multilateral, sus acciones definen en buena medida las decisiones de los países miembros del Consejo.

3. Fechado el 31 de enero de 2003, este memorando circuló cuatro días después de que el jefe del grupo de expertos de Naciones Unidas, Hans Blix, rindiera su primer reporte sobre las investigaciones de posesión de armas por parte del gobierno iraquí, como parte de los acuerdos de la Resolución 1441 de la Asamblea General de la ONU.

4. De acuerdo con declaraciones del ex embajador de México ante las Naciones Unidas y del actual embajador ante ese organismo, Enrique Verruga, México hizo primero un reclamo verbal y posteriormente, nueve meses después, una nota diplomática solicitando a los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña la confirmación o negación de lo asentado en los reportes de prensa de origen.

5. Es evidente la falta de decisión política del gobierno mexicano y el desinterés de los Estados Unidos por aclarar esta vergonzosa circunstancia que pondría en riesgo las relaciones diplomáticas entre nuestros países, pero sobre todo, las que hemos establecido de común acuerdo todas aquellas naciones que formamos parte del organismo mundial. La seguridad multilateral se vería empañada desde su espacio de discusión, debate y reflexión natural, poniendo en riesgo cualquier acción conjunta a la que no bastaría la buena fe y la buena voluntad de las naciones para llevarse adelante.

6. Las declaraciones del C. Adolfo Aguilar Zínser, ex embajador mexicano ante Naciones Unidas, argumentan la negativa que el gobierno de México dio para dar seguimiento a este caso que, según, para evitar el deterioro de las delicadas relaciones que prevalecen entre México y Estados Unidos. Sin embargo, la existencia de una operación encubierta que viola la confidencialidad de la labor diplomática de México es una evidente intervención del ejercicio diplomático soberano de una nación.

7. Las operaciones de espionaje significan una evidente violación de la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas y al Acuerdo de entidad Sede que tiene Naciones Unidas en Nueva York. En ambos casos, México signó tales instrumentos en la búsqueda de la armonía e igualdad que requiere el trabajo diplomático para asegurar equidad y justicia en su desarrollo.

Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Convergencia propone, a esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Uno. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exprese su tajante rechazo a las operaciones de espionaje, llevadas a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en aquellas delegaciones diplomáticas que se habían manifestado en contra de la intervención militar de Estados Unidos en territorio iraquí.

Dos. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe, a esta soberanía, porque se ha dejado pasar casi un año para reiniciar las investigaciones y requerimientos oficiales si, como lo confirman las declaraciones del ex embajador de México en la ONU, se conoció de estos acontecimientos en el mes de marzo del año pasado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2004.--- Dip. Jesús Martínez Alvarez.»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Gracias, diputado Martínez.

Túrnese a la Segunda Comisión.

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SISTEMA BANCARIO
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Tiene la palabra el senador Demetrio Sodi de la Tijera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de Diputados, lleven a cabo los trabajos necesarios para examinar la situación del Sistema Bancario Mexicano y su contribución al desarrollo nacional.

El senador Demetrio Sodi de la Tijera:

Gracias. Con su permiso, señor Presidente:

Muy breve. La sesión pasada cuando se estaba discutiendo el tema de Bancomer, surgió un debate alrededor de ese tema sobre la necesidad no solamente del problema que puede presentarse en la coyuntura por una situación o una venta o compra de un banco en un momento determinado, sino la necesidad de hacer un estudio profundo, un análisis de cuál es la situación actual de la Banca Comercial, cuál es el papel que está jugando en el desarrollo nacional, cuál es el papel que está jugando en el desarrollo del campo, de la vivienda, en el apoyo a las empresas en la industria nacional, a la pequeña y mediana industrias, y se comentó entre varios senadores y diputados que pasamos a la tribuna, la conveniencia de no dejar esto simplemente en un pronunciamiento en la tribuna, sino proponer que se integre un grupo de trabajo con representantes de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Hacienda del Senado, seguramente con la participación de la Secretaría de Hacienda, con la participación del Banco de México, con objeto de hacer un estudio con tiempo en los próximos meses, que nos permita tener una visión actual del papel que juega la banca y qué cambios tendrían que hacerse en la legislación, qué incentivos para que la banca comercial realmente jugaran papel fundamental en el desarrollo nacional.

Es evidente que hay muchas razones por las que México no está creciendo al ritmo que debería de crecer. Yo soy de los convencidos de que las reformas estructurales son necesarias para que el país se desarrolle, pero un factor fundamental que mientras que no resolvamos no vamos a poder lograr los ritmos de crecimiento que requiere el país, es la ausencia de una banca que esté influyendo realmente en el desarrollo del país, en el otorgamiento de créditos etcétera.

Entonces el punto de acuerdo, como ya lo comentaba el Presidente de la Mesa Directiva de la Permanente, básicamente es tal cual se leyó: el que se cree esta comisión y yo pediría que se turnara a la subcomisión de Hacienda de la Permanente, para que una vez dictaminado y aprobado por el pleno en su caso, ya se turnara a las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado.

Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de las Cámaras de Senadores y de Diputados que lleven a cabo los trabajos necesarios para examinar la situación del Sistema Bancario Mexicano y su contribución al desarrollo nacional, a cargo del senador Demetrio Sodi de la Tijera, del grupo parlamentario del PRD.

El suscrito, senador Demetrio Sodi de la Tijera, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De las desregulaciones económicas mexicanas quizás la bancaria haya sido la que se ha profundizado más rápido. En solo tres años la gran mayoría de las instituciones bancarias mexicanas ha pasado totalmente a manos de grupos financieros extranjeros. Como todos sabemos, en estos días, es posible que concluya la compra de Bancomer por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria con lo que, a excepción de Banorte, las actividades de banca en México seguirán una lógica que tendrá su centro de decisión fuera del país.

Como en otros casos, el ingreso de capital extranjero fue inevitable por la magnitud de la crisis que enfrentó el sector en los años noventa, esos capitales pudieron tener un impacto positivo en la modernización del sistema y en la expansión del crédito pero la ausencia de regulaciones y políticas claras simplemente llevó al extremo de facilitar que el capital extranjero se hiciera del control, casi absoluto, de una actividad cuyo dinamismo es esencial para el país.

Por años, el FMI y la OCDE participaron junto con funcionarios mexicanos en el análisis y elaboración de alternativas para resolver la crisis bancaria del país y, hoy, para esas instituciones la crisis ha terminado.

Sin embargo, la actividad bancaria se ha concentrado en no más de cinco instituciones extranjeras (BBVA, Citibank, HSBC, Santander y Scotiabank ) que concentran más del 85 % de los activos totales del sistema financiero del país y aún cuando México no es el único país donde se registra este fenómeno si sobresale, dado el tamaño de su economía, por el grado de penetración alcanzado.

Además, México es un país muy poco ``bancarizado''. El grado de intermediación medido por la relación volumen crediticio/producto interno bruto es tan sólo de 15%, mientras que esa proporción llega a 30% en Brasil o Chile. Y es que las instituciones bancarias en México se han acomodado al fácil negocio de administrar los rendimientos del rescate bancario.

Los representantes empresariales se quejan de que por más de seis años la oferta crediticia no se expande y que las tasas de interés significan un múltiplo de las que pagan sus competidores en el extranjero, restándoles competitividad internacional.

De hecho, estudios del sector privado indican que las empresas mexicanas se financian hasta en 56% de sus proveedores y analistas de corredurías internacionales consideran que los bancos mexicanos crecerán, en los próximos años, sólo a través de la expansión de negocios no bancarios como la gestión de fondos de pensiones, seguros y valores gubernamentales.

En este escenario, es indispensable que el poder legislativo intervenga para contribuir a que la actividad bancaria, entendida como un servicio de interés público fundamental para el país, atienda las grandes tareas del desarrollo económico del país.

En el pasado reciente, el poder legislativo votó distintas iniciativas que culminaron con la apertura total del sistema bancario; ahora es indispensable que se aboque al examen profundo de la realidad de ese sector y tome las medidas que más convengan en el interés del país para que la banca cumpla con su función de captar el ahorro de los mexicanos y ponerlo al servicio de aquellas actividades productivas que crean empleos y riqueza para todos los mexicanos.

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación del Pleno de esta Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Solicitar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados que con el apego a los artículos 48 y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integren un grupo especial de trabajo que se avoque al estudio de la situación del sistema bancario nacional, del mercado de crédito, del financiamiento para la pequeña y mediana empresa y el financiamiento para el campo, con el propósito de que el poder legislativo pueda adoptar las medidas necesarias para contar con un sistema financiero y bancario que responda realmente a las necesidades del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2004.--- Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica).»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Gracias, senador Sodi de la Tijera.

Como lo ha solicitado el proponente, túrnese a la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente.

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BIOTECNOLOGIA
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Tiene la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, remita copia del acuerdo, requisitos para la documentación de organismos vivos modificados para alimento humano o animal o para procesamiento, firmada el 29 de octubre del 2003 y se cita a comparecer al titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales de dicha dependencia.

El diputado Luis Antonio González Roldán:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

Nuestro país ha ratificado diversos convenios internacionales para proteger la rica variedad natural con que cuenta: uno de éstos es el convenio sobre diversidad biológica que tiene como objetivo la conservación de la diversidad biológica, la utilización sustentable de sus componentes y la partición justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

La conferencia de las partes de la convención, adoptó un acuerdo suplementario conocido como el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de la Biotecnología, el protocolo está basado tanto en el principio precautorio como en el reconocimiento de que la biotecnología moderna tiene grandes posibilidades de contribuir al bienestar humano, si se desarrolla y utiliza con medidas de seguridad adecuadas para el medio ambiente y la salud humana.

El 24 de mayo del 2000, el Gobierno de México suscribió el citado protocolo y el 27 de agosto de 2002 el secretariado de la Convención de Diversidad Biológica, recibió el instrumento de ratificación correspondiente. Por ser México un país megadiverso y centro de origen y diversificación de especies, debe ser considerado por quienes dirigen el destino del país con la seriedad y responsabilidad que merece, pues la conservación del inmenso patrimonio natural con que contamos los mexicanos, está en sus manos.

Tal parece que el argumento anterior fue obviado por el titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Mario Villalobos, quien suscribió un acuerdo que establece los requisitos para la documentación de organismos vivos modificados para alimento humano o animal o para el procesamiento aplicable a los países de la región de América del Norte. Dicho acuerdo pudo tener como fundamento las disposiciones de la ley de celebración de tratados; sin embargo, este argumento no es válido en virtud de que viola otra ley vigente, como lo es el Protocolo de Cartagena.

México, como país parte del protocolo, debe asegurar que cualquier organismo vivo o modificado, ya sea importado o desarrollado en el país, haya pasado por un periodo de observación apropiado a su ciclo vital o a su tiempo de generación antes de que se le dé su uso previsto.

Sin embargo, el acuerdo suscrito por la Sagarpa, legaliza actos que se venían suscitando fuera de todo contexto legal al contravenir disposiciones contenidas en el protocolo, poniendo en riesgo al medio ambiente y la salud de los mexicanos.

Cabe destacar, que otros países que no cuentan con la biodiversidad de México y que no son centro de origen y diversidad de especies, imponen condiciones más estrictas como es el caso de la Unión Europea.

De igual forma, se considera que la declaración de la Sagarpa respecto de que en 15 años de comercialización y consumo global de organismos vivos modificados no se ha reportado un solo caso de daño a la salud humana o animal vía consumo directo o a través de productos procesados, resulta indignante y carente de conocimiento.

Finalmente insistimos en el hecho de que aunque Estados Unidos y Canadá no sean parte del protocolo, no faculta a nuestro país no tome las medidas pertinentes para que el movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados sea seguro.

Por ello, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ante las posibles violaciones de las disposiciones previstas en el Protocolo de Cartagena, creemos que resulta necesario conocer dicho instrumento, a efecto de estar en posibilidades de tomar las medidas que resulten conducentes en caso de que los supuestos esgrimidos se cumplan.

Por lo anteriormente expuesto, solicito se turne a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado de la República, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que remita a esta soberanía copia del acuerdo, requisitos para la documentación de organismos vivos modificados para alimento humano o animal o para su procesamiento, firmado el 29 de octubre de 2003, para su conocimiento y análisis.

Segundo. Se cite a comparecer ante esta soberanía al titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Sagarpa, a fin de que justifique ampliamente las implicaciones que conlleva el acuerdo referido en el punto anterior para el campo, el medio ambiente y la salud de los mexicanos.

Pido a la Presidencia sea publicado íntegramente este punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Por su atención, gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a remitir copia del acuerdo requisitos para la documentación de organismos vivos modificados para alimento humano o animal o para procesamiento, firmado el 29 de octubre de 2003; y se cita a comparecer al coordinador de asuntos internacionales de dicha dependencia, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del PVEM.

Luis Antonio González Roldán, diputado integrante de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución General de la República, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 171 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a esta tribuna para solicitar que se turne a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado de la República la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestro país ha ratificado diversos convenios internacionales para proteger la rica variedad natural con que cuenta. Uno de éstos es el Convenio sobre Diversidad Biológica, que tiene como objetivo la conservación de la diversidad biológica, la utilización sustentable de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante un acceso adecuado a ellos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, buscando promover un uso sustentable de sus componentes y repartir de manera equitativa los beneficios obtenidos por su utilización.

La Conferencia de las Partes de la Convención adoptó un acuerdo suplementario, conocido como Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de la Biotecnología.1

El Protocolo está basado tanto en el principio precautorio como en el reconocimiento de que la biotecnología moderna tiene grandes posibilidades de contribuir al bienestar humano si se desarrolla y utiliza con medidas de seguridad adecuadas para el ambiente y la salud humana.2

El 24 de mayo de 2000, el gobierno de México suscribió el citado Protocolo. El 27 de agosto de 2002, el Secretariado de la Convención de Diversidad Biológica recibió el instrumento de ratificación correspondiente.

El Protocolo de Cartagena tiene por objeto ``contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos''.

El hecho de que México sea un país megadiverso y centro de origen y diversificación de especies debe ser considerado por quienes dirigen el destino del país con la seriedad y responsabilidad que merece, pues la conservación del inmenso patrimonio natural con que contamos los mexicanos está en sus manos.

Tal parece que el argumento anterior fue obviado por el coordinador de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Mario Villalobos, quien suscribió un acuerdo que establece los requisitos para la documentación de organismos vivos modificados para alimento humano o animal o para procesamiento, aplicable a los países de la región de Norteamérica.

Dicho acuerdo pudo tener como fundamento las disposiciones de la Ley de Celebración de Tratados, la cual regula la celebración de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. Es importante destacar que no obstante que dicha ley permite la celebración de esos convenios entre dependencias gubernamentales, no implica una violación de otros tratados que son ley vigente en nuestra legislación, como el Protocolo de Cartagena.

Al respecto, cabe señalar que las autoridades de la Sagarpa utilizan como fundamento para la celebración de dicho Convenio las disposiciones previstas en el artículo 18 de dicho instrumento, que a todas luces han sido mal interpretadas, pues en el citado artículo se establece que, a fin de evitar efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, las partes adoptarán las medidas necesarias para requerir que los organismos modificados objeto de movimientos transfronterizos intencionales considerados en el Protocolo sean manipulados, envasados y transportados en condiciones de seguridad teniendo en cuenta las normas y los estándares internacionales pertinentes.

El mismo artículo establece en el segundo párrafo que, respecto a los organismos vivos modificados destinados a uso directo como alimento humano o animal, o para procesamiento, las partes deberán acompañar la información que identifique claramente que ``pueden llegar a contener'' organismos vivos modificados y que no están destinados a su introducción intencional en el medio, como es el caso que nos ocupa.

Más aún: el inciso C del artículo que se comenta establece la obligación para las partes de especificar tanto la identidad como los rasgos y las características pertinentes, los requisitos para su manipulación, almacenamiento, transporte y uso seguros, y el punto de contacto para obtener información adicional.

Además de las disposiciones previstas en ese artículo, para estar en posibilidades de realizar un movimiento transfronterizo de organismos genéticamente modificados3, resulta necesario sujetarnos a las disposiciones del artículo 6° del Protocolo, el cual establece que para el tránsito y uso confinado de los organismos vivos modificados deberá someterse cada uno de éstos a una evaluación del riesgo con antelación a la adopción de decisiones sobre la importación y del establecimiento de normas para el uso confinado dentro de su jurisdicción.

Ello implica que el contenido total de los cargamentos que contengan OVM deberá someterse a dicha evaluación y no como lo establece el acuerdo suscrito.

Aunado a la evaluación del riesgo, México -como país parte del Protocolo- debe cumplir las disposiciones del artículo 16, numeral 4°, del Protocolo, que establece la obligación de ``asegurar que cualquier organismo vivo modificado, ya sea importado o desarrollado en el país, haya pasado por un periodo de observación apropiado a su ciclo vital o a su tiempo de generación antes que se le dé el uso previsto''.

Otra de las obligaciones incumplidas al momento de celebrar dicho acuerdo son las disposiciones del artículo 14, que establece que las partes podrán concertar arreglos bilaterales, regionales y multilaterales relativos a los movimientos transfronterizos intencionales de organismos vivos modificados, siempre que esos acuerdos sean compatibles con el objetivo del Protocolo y no constituyan una reducción del nivel de protección establecido en él.

Del análisis de las disposiciones referidas y de las declaraciones emitidas por Sagarpa en el boletín de prensa número 040/04, de fecha 11 de febrero del presente, el acuerdo ``constituye un programa de trabajo elaborado por México, Estados Unidos y Canadá que tiene como objetivos respaldar el cumplimiento del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad en la Zona del Tratado de Libre Comercio, dar certidumbre a la industria agroalimentaria y brindar transparencia al movimiento transfronterizo de productos genéticamente modificados''.

Se infiere que hay una evidente falta de cumplimiento y análisis de las disposiciones jurídicas de dicho Protocolo.

Un aspecto preocupante del acuerdo suscrito por la Sagarpa atañe al etiquetado de productos que contienen organismos vivos modificados (OVM), pues éste establece que el etiquetado no será necesario en caso de que los OVM que contenga un cargamento no sean mayores de 5% del total del mismo.

La firma del acuerdo legaliza actos que, de hecho, ya se venían suscitando fuera de todo contexto legal por contravenir las disposiciones del Protocolo de Cartagena.

Por otro lado, cabe señalar que si bien resulta importante cuidar las relaciones comerciales con nuestros principales socios comerciales, ello no implica incumplir las garantías previstas en el artículo 4° constitucional relativas a la protección de la salud y a un ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar.

Más aún, no se entiende por qué la autoridad, al firmar este tipo de acuerdos, pone en riesgo el ambiente y la salud de los mexicanos, cuando otros países que no cuentan con la biodiversidad de México y que no son centro de origen y diversidad de especies imponen condiciones más estrictas, como los de la Unión Europea, donde queda libre de etiquetado el material que contenga OVM en menos de 1%.

Es preocupante y deplorable que los funcionarios de la Sagarpa afirmen que la legalidad del acuerdo queda respaldada por la ratificación del Protocolo que hiciera el Senado de la República, toda vez que -como se ha expuesto- con ese acuerdo se violan flagrantemente diversas disposiciones del mismo.

De igual forma, se considera que la declaración de la Sagarpa respecto a que ``en 15 años de comercialización y consumo global de OVM no se ha reportado un solo caso de daño a la salud humana o animal vía consumo directo o a través de productos procesados'' resulta indignante y carente de conocimiento.

Afirmamos lo anterior porque no se han llevado a cabo estudios de largo plazo que tengan por objeto detectar si el consumo de OVM tiene algún efecto sobre la salud o el ambiente. También, porque se pasan por alto los resultados del estudio, llevado a cabo por Reino Unido y dado a conocer en octubre de 2003, en el que se reconoce que la colaza y la remolacha de azúcar genéticamente modificadas dañaron la vida silvestre y podrían tener serios efectos de largo plazo en abejas y poblaciones de mariposas y pájaros.

Insistimos en el hecho de que aun cuando Estados Unidos y Canadá no sean partes del Protocolo, ello no impide a nuestro país tomar las medidas pertinentes para que el movimiento transfronterizo de OVM sea seguro.

Por ello, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista en el Senado de la República, preocupados ante las posibles violaciones de las disposiciones del Protocolo de Cartagena, creemos necesario conocer dicho instrumento a efecto de estar en posibilidades de tomar las medidas conducentes en caso de que los supuestos referidos se cumplan.

Por lo expuesto, el diputado que firma al calce solicita que se turne a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado de la República la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a remitir a esta soberanía copia del acuerdo Requisitos para la Documentación de Organismos Vivos Modificados para Alimento Humano o Animal o para Procesamiento, firmado el 29 de octubre de 2003, para su conocimiento y análisis.

Segundo. Se cita a comparecer ante esta soberanía al coordinador de Asuntos Internacionales de la Sagarpa a fin de que explique ampliamente las implicaciones que conlleva el acuerdo referido en el punto anterior para el campo, el ambiente y la salud de los mexicanos.

Dado en la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 18 días del mes de febrero de 2004.--- Dip. Luis Antonio González Roldán (rúbrica).»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Gracias diputado González Roldán.

Como ha sido solicitado insértese íntegramente en el Diario de los Debates.

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la Cámara de Senadores.

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BIOTECNOLOGIA
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Tiene la palabra la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sagarpa, explique las razones de la firma del acuerdo trinacional, celebrado con Estados Unidos de América y Canadá.

La diputada Minerva Hernández Ramos:

Con su permiso; muy buenas tardes:

El pasado 29 de octubre el Gobierno mexicano firmó un acuerdo con Estados Unidos y Canadá. El texto titulado Requisitos para la Documentación de Organismos Vivos Modificados para Alimento Humano o Animal o Para Procesamiento, fue signado por Víctor Manuel Villalobos, coordinador de asuntos internacionales de la Sagarpa, el señor Penn, subsecretario de agricultura de Estados Unidos y Andrew Marslan, del Ministerio de Agricultura de Canadá.

Este documento establece que el etiquetado de los productos conocidos como organismos genéticamente modificados, no es obligatorio cuando el exportador y el importador han acordado un cargamento donde el 95% de su contenido no sea de este tipo de productos.

Así, el convenio entre los socios del Tratado de Libre Comercio, establece que un cargamento no es transgénico si contiene hasta 5% de organismos genéticamente modificados y estipula que la presencia no intencional de éstos en un cargamento, no será causa para tener que etiquetarlo. De esta manera los productores de transgénicos están asegurando mediante acuerdos bilaterales o regionales, que en el mercado internacional se permita la presencia de tasas de organismos genéticamente modificados hasta en un 5%, compitiendo con los porcentajes aprobados en países como los que integran la Unión Europea, donde se ha fijado como máximos permisibles el punto 9 o Brasil con el 1%.

El acuerdo firmado por la Sagarpa y sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá, señala que el objetivo de este arreglo es clarificar los requisitos para la documentación, de tal forma que satisfagan los objetivos del Protocolo de Cartagena, sin que se interrumpa la actividad comercial.

México es signatario del Protocolo de Cartagena sobre seguridad en biotecnología, mismo que se firmó el 29 de enero de 2000 y fue ratificado por el Senado de la República el 30 de abril de 2002, entrando en vigor el 11 de septiembre de 2003.

Según las disposiciones de este acuerdo internacional que no ha sido ratificado por Canadá y que es rechazado por Estados Unidos, los 78 países firmantes deberán etiquetar todas sus exportaciones que contengan transgénicos, sobre todo aquellas designadas para tener una relación directa con el agro, como las semillas, a partir del 11 de septiembre de 2005.

El inciso b) del artículo 18 del Protocolo de Cartagena, establece que los organismos genéticamente modificados, destinados para alimento humano o animal o para procesamiento, deben señalar claramente que pueden contener transgénicos.

En el caso de los organismos genéticamente modificados destinados a la agricultura, se debe especificar la identidad y las características pertinentes, los requisitos para manipulación, almacenamiento, transporte y usos seguros.

A pesar de la obligación estipulada en el Protocolo de Cartagena, de documentar toda la mercancía que contenga organismos modificados genéticamente y dados los riesgos para la salud humana y la posible contaminación de cultivos, el arreglo entre México y sus socios comerciales señala que la presencia no intencional de transgénicos no será causa para etiquetar las mercancías.

El protocolo en comento se inspira en un principio precautorio internacional, el cual estipula que mientras no se tenga certeza científica de la inocuidad tanto para la salud pública como para los ecosistemas de los organismos modificados genéticamente, las autoridades tienen que tomar las medidas necesarias para evitar su distribución libre en el ambiente y entre los consumidores.

Es claro que este acuerdo que signó el Ejecutivo, se firmó para eludir la reglamentación impuesta por el protocolo en materia de etiquetado en la exportación e importación de organismos genéticamente modificados.

Recordemos que son Estados Unidos y Canadá, los dos mayores productores de alimentos transgénicos del mundo. Este acuerdo trilateral no sólo abre la puerta para el comercio regular de transgénicos, sino que corre el riesgo de sentar precedente y llevarse a la práctica en otras regiones del planeta.

En un comunicado de Víctor Manuel Villalobos, se informa que el acuerdo trilateral fue diseñado para dar certeza a los productores de la región del Tratado de Libre Comercio, señalando textualmente: ``Es un instrumento muy importante para los socios del TLC. La idea es proteger el medio ambiente y la salud humana, así como dar certeza a nuestros socios sin crear barreras comerciales''.

En función de lo anterior sometemos a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que se dé cabal cumplimiento al Protocolo de Cartagena, sobre seguridad de biotecnología del Convenio Sobre la Diversidad Biológica.

Segundo. La Comisión Permanente cita a comparecer al ciudadano Javier Usabiaga Arroyo y a Víctor Manuel Villalobos, Secretario y Coordinador de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, respectivamente, al seno de su Tercera Comisión para que informen a esta soberanía del acuerdo suscrito el 29 de octubre del 2003.

Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sagarpa a explicar las razones de la firma del Acuerdo Trinacional celebrado con Estados Unidos de América y Canadá, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PRD.

Los que suscriben, diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 29 de octubre el gobierno mexicano firmó un Acuerdo con Estados Unidos y Canadá. El texto intitulado Requisitos para la documentación de organismos vivos modificados para alimento humano o animal o para procesamiento fue signado por Víctor Manuel Villalobos, coordinador de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); JB Penn, subsecretario de Agricultura de Estados Unidos, y Andrew Marsland, del Ministerio de Agricultura de Canadá.

Este documento establece que el etiquetado de los productos conocidos como organismos genéticamente modificados ``no es obligatorio'' cuando el exportador y el importador han acordado un cargamento donde 95% de su contenido no sea de este tipo de productos.

Así, el convenio entre los socios del Tratado de Libre Comercio establece que un cargamento no es transgénico si contiene hasta 5% de organismos genéticamente modificados y estipula que la presencia no intencional de éstos en un cargamento no será causa para tener que etiquetarlo.

De esa manera, las grandes compañía productoras de transgénicos están asegurando, mediante acuerdos bilaterales o regionales, que en el mercado internacional se permita la presencia o trazas de organismos genéticamente modificados hasta en 5%, compitiendo con los porcentajes aprobados en países como los que integran la Unión Europea donde se ha fijado como máximos permisibles 0.9% o Brasil con 1%.

El acuerdo firmado por la Sagarpa y sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá señala que ``el objetivo de este arreglo es clarificar los requisitos para la documentación de tal forma que se satisfagan los objetivos del Protocolo de Cartagena sin que se interrumpa la actividad comercial''.

México es signatario del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en Biotecnología, el cual se firmó el 29 de enero de 2000 y fue ratificado por el Senado de la República el 30 de abril de 2002, entrando en vigor el 11 de septiembre de 2003.

Según las disposiciones de este acuerdo internacional -que no ha sido ratificado por Canadá y que es rechazado por Estados Unidos-, los 78 países firmantes deberán etiquetar todas sus exportaciones que contengan transgénicos, sobre todo aquellas designadas para tener una relación directa con el agro, como las semillas, a partir del 11 de septiembre de 2005.

El inciso B del artículo 18 del Protocolo de Cartagena establece que los organismos genéticamente modificados destinados para alimento humano o animal, o para procesamiento, deben señalar claramente que ``pueden contener'' transgénicos.

En el caso de los organismos genéticamente modificados destinados a la agricultura se debe especificar la identidad y las características pertinentes, los requisitos para su manipulación, almacenamiento, transporte y uso seguros.

A pesar de la obligación estipulada en el Protocolo de Cartagena de documentar toda la mercancía que contenga organismos modificados genéticamente -dados los riesgos para la salud humana y la posible contaminación de cultivos-, el arreglo entre México y sus socios comerciales señala que la presencia ``no intencional'' de transgénicos no será causa para etiquetar las mercancías.

El Protocolo de Cartagena se inspira en un principio precautorio internacional, el cual estipula que mientras no se tenga certeza científica de la inocuidad, tanto para la salud pública como para los ecosistemas, de los organismos modificados genéticamente, las autoridades tienen que tomar las medidas necesarias para evitar su distribución libre en el ambiente y entre los consumidores.

Es claro que este acuerdo que signó el Ejecutivo se firmó para eludir la reglamentación impuesta por el Protocolo de Cartagena en materia de etiquetado en la exportación e importación de organismos genéticamente modificados. Recordemos que son Estados Unidos y Canadá, son los dos mayores productores de alimentos transgénicos del mundo.

Este acuerdo trilateral no sólo abre la puerta para el comercio irregular de transgénicos, sino que corre el riesgo de sentar precedente y llevarse a la práctica en otras regiones del planeta. Además permitirá la transferencia descontrolada de organismos genéticamente modificados en México que es centro de origen de diversas especies.

En un comunicado emitido por el C. Víctor Manuel Villalobos informó que el acuerdo trilateral ``fue diseñado para dar certeza a los productores'' de la región del Tratado de Libre Comercio, señalando de manera textual: ``Es un instrumento muy importante para los socios del TLC. La idea es proteger el medio ambiente y la salud humana, así como dar certeza a nuestros socios sin crear barreras comerciales''.

Sin embargo, para nosotros esta es una estrategia de Estados Unidos y Canadá para eludir las normas internacionales de seguridad y expandir el marcado de maíz, soya y algodón transgénicos.

Esta soberanía no debe olvidar que en el orden jerárquico mexicano, se concede a los tratados internacionales especial grado con base en lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reza:

``Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.''

Dicho precepto establece el principio de supremacía constitucional, lo cual significa que la Ley Fundamental es precisamente la primera en jerarquía, siguiéndole en segundo lugar los tratados internacionales congruentes y concordantes con el texto de la Constitución y en tercero las leyes federales.

Con base en lo dispuesto en nuestra Ley Suprema y la Ley sobre la Celebración de Tratados de enero de 1992, podemos concluir que el acuerdo, objeto de esta proposición con Punto de Acuerdo no tiene la categoría jurídica que establece el artículo 133 constitucional y que se homologa a los llamados acuerdos interinstitucionales que se establecen en la fracción II del artículo 2 de la Ley sobre la celebración de Tratados, que al tenor literal establece lo siguiente:

``Para efectos de la presente ley se entenderá por:

II.- Acuerdo Interinstitucional: el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado.

El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben...''

Por ello, el acuerdo firmado por la Secretaría de Agricultura con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, para determinar la forma en que se etiquetarán las exportaciones e importaciones de organismos genéticamente modificados en la región es un instrumento que contraviene lo estipulado en el Protocolo de Cartagena, y con base en lo dispuesto por este y la ley suprema es que consideramos indispensable que el titular de la Sagarpa y el coordinador de Asuntos Internacionales comparezcan ante esta soberanía para que nos expliquen los motivos por los que se suscribió el 29 de octubre del 2003 en acuerdo titulado Requisitos para la documentación de organismos vivos modificados para alimento humano o animal o para procesamiento.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que se dé cabal cumplimiento al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología en el Marco del Convenio de Diversidad Biológica.

Segundo. La Comisión Permanente cita a comparecer al C. Javier Usabiaga Arroyo y a Víctor Manuel Villalobos, titular y coordinador de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, respectivamente, al seno de su Tercera Comisión para que informen a esta soberanía del acuerdo suscrito el 29 de octubre de 2003.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de febrero del año dos mil cuatro.--- Diputados: Minerva Hernández Ramos, Víctor Suárez Carrera (rúbrica).»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

¿Lo solicitó de urgente resolución, diputada?

La diputada Minerva Hernández Ramos:

Sí.

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

Con gusto, señor Presidente.

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Son dos terceras partes, diputada.

La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

¡No! Es mayoría por la afirmativa, yo hice la contabilidad.

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Se considera de urgente resolución.

En consecuencia, está a discusión la proposición... No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa.

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Aprobada. Comuníquese.

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CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACION
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Tiene el uso de la palabra la diputada Consuelo Muro, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de acuerdo con motivo de la convocatoria de diversos organismos internacionales a fin de incluir la participación del Senado de la República en la Campaña Mundial por la Educación, suscrita por la senadora Yolanda González Hernández, del grupo parlamentario del PRI.

La diputada Consuelo Muro Urista:

Con su anuencia, señor Presidente:

La educación para todos es una de las principales aspiraciones plasmadas en el artículo 3º, de nuestra Constitución Política.

Sin duda la noción de justicia social está marcada a lo largo de nuestra historia por una necesaria referencia a la educación como una de las principales herramientas con que cuentan las personas para su desarrollo integral.

De ahí que garantizar el derecho a la educación es, en el más estricto sentido, una aspiración no sólo política, sino también ética, del Estado, por lo cual, deberá procurarse siempre que todas las personas tengan acceso a servicios educativos de calidad.

Desafortunadamente para México, quizá uno de nuestros principales rezagos consista en no lograr aún la cobertura universal en educación básica ni garantizar que las niñas y niños una vez en la escuela, permanezcan en ella y concluyan como mínimo, la educación básica.

Este rezago educativo sólo podrá saldarse en la medida en que el Estado destine los recursos necesarios para lograr ampliar, no sólo la oferta de los servicios educativos, sino mejorar su calidad y oportunidad.

La globalización también ha radicalizado la distancia y brechas en términos de producción, acumulación y transmisión de conocimientos entre los países ricos y los países menos desarrollados, como es el nuestro.

En esa lógica, la brecha digital, tecnológica y educativa está incrementando los niveles de iniquidad, injusticia y polarización de la pobreza en escala mundial.

Sin embargo este proceso de globalización nos ha dado la oportunidad de generar redes mundiales de solidaridad que persiguen el objetivo de luchar por causas que rebasen los ámbitos nacionales, como lo es, sin duda, la protección y la garantía que tienen todas las niñas y los niños de recibir una educación de calidad.

En ese sentido quien esto suscribe, ha recibido la petición de distintas organizaciones de la sociedad civil para que el Senado de la República pueda sumarse a las actividades promovidas por la UNICEF, la OIT y la UNESCO, conjuntamente con la organización no gubernamental internacional OXFAM, a fin de cooperar en la realización de la semana de acción de la campaña mundial por la educación, cuya finalidad sería la de solicitar a los gobiernos de todos los países que realicen esfuerzos para incrementar los presupuestos nacionales de la educación.

Entre las acciones recomendadas se encuentra la realización el día martes 20 de abril de 2004 de un evento organizado por el Poder Legislativo, en el que niñas y niños de todo México puedan expresar sus opiniones y propuestas para que nuestro país logre, en corto plazo, garantizar el acceso universal a la educación básica. Este loable compromiso no sólo es un asunto de prioridad nacional, sino que se inserta en una dinámica mundial que busca por todos los medios generar lo que la UNICEF ha llamado Un Mundo Apropiado para los Niños. Algo a lo cual todos los legisladores mexicanos debemos sumarnos de manera decidida y convencida.

Por lo anteriormente descrito me permito proponer a esta Asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Senado de la República para que agende, como apoyo a la semana de acción de la campaña mundial por la educción promovida por diversos organismos internacionales para el día martes 20 de abril de 2004, la realización de un evento de participación de niñas y niños de todo el país en el que puedan manifestar sus propuestas y opiniones sobre la mejor manera en la que se puede lograr en el corto plazo la educación universal en México.

Segundo. De la misma forma exhorta a la colegisladora a que integre un grupo de trabajo plural, encargado de coordinar las tareas de promoción en apoyo a la realización de la semana de acción de la campaña mundial por la educación.

Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, con motivo de la convocatoria de diversos organismos internacionales a fin de incluir la participación del Senado de la República en la Campaña Mundial por la Educación, a cargo del grupo parlamentario del PRI.

La educación para todos es uno de las principales aspiraciones plasmadas en el artículo 3° de nuestra Constitución Política. Sin duda, la noción de justicia social está atravesada, a lo largo de nuestra historia, por una necesaria referencia a la educación como una de las principales herramientas con que cuentan las personas para su desarrollo integral.

Garantizar el derecho a la educación es, en ese sentido, una aspiración no sólo política, sino también ética del Estado y debe procurarse en todo momento, que todas las personas tengan acceso a servicios educativos de calidad.

Para nuestro país, quizá uno de nuestros principales rezagos consista en no lograr aún, la cobertura universal en educación básica ni garantizar que las niñas y los niños, una vez en la escuela, permanezcan y concluyan, como mínimo, la educación básica.

Este rezago educativo sólo podrá saldarse en la medida en que nuestro Estado destine los recursos necesarios para lograr ampliar, no sólo la oferta de los servicios educativos, sino mejorar su calidad y oportunidad.

Todos sabemos que vivimos en lo que se ha dado en llamar como la ``sociedad del conocimiento''; y que enfrentar los retos que impone una economía globalizada y un mercado mundial de alta competencia requiere necesariamente del incremento en nuestros niveles y promedios educativos nacionales.

Pero aún más, también sabemos que la así llamada globalización, también ha radicalizado las distancias y brechas en términos de producción, acumulación y transmisión de conocimientos entre los países ricos y los países menos desarrollados.

En esa lógica, la brecha digital, tecnológica y educativa está incrementando los niveles de inequidad, injusticia y polarización de la pobreza a escala mundial.

Sin embargo, también este proceso de globalización ha dado la oportunidad de generar redes mundiales de solidaridad que tienen la finalidad de luchar por causas que rebasan los ámbitos nacionales, como lo es sin duda, la protección y la garantía que tienen todas las niñas y niños de recibir una educación de calidad.

En ese sentido, quien esto suscribe, ha recibido la petición de distintas organizaciones de la sociedad civil, de que el Senado de la República pueda sumarse a las actividades promovidas por la UNICEF, la OIT y la UNESCO, junto con la Organización no Gubernamental Internacional OXFAM, a fin de cooperar en la realización de la Semana de Acción de la Campaña Mundial por la Educación.

De acuerdo con los documentos oficiales emitidos por estos organismos, la finalidad de esta semana es solicitar a los gobiernos de todos los países que realicen esfuerzos para incrementar los presupuestos nacionales para la educación.

Entre las acciones recomendadas por estos organismos, se encuentra la realización, el día martes 20 de abril de 2004, de un evento en nuestro recinto legislativo, en el que niñas y niños de todo México puedan expresar sus opiniones y propuestas para que en nuestro país logre, en el corto plazo, garantizar el acceso universal a la educación básica.

Asimismo, los organismos internacionales señalados promueven la realización de la campaña denominada ``Los políticos de vuelta a la escuela'', que consiste en que las personalidades políticas o representantes populares, asistan a centros educativos de sus entidades, a fin de promover acciones específicas para la realización de la Semana de Acción de la Campaña Mundial por la Educación, que se desarrollará entre el 19 y el 25 de abril de este 2004.

Nuestro país siempre se ha mostrado solidario ante la comunidad internacional, más aún en cuestiones que tienen como finalidad promover el cumplimiento de los derechos humanos básicos de las niñas y los niños.

En este caso, el cumplimiento de los derechos de la infancia no sólo es un asunto de prioridad nacional, sino que se inserta en una dinámica mundial que busca, por todos los medios generar lo que la UNICEF ha llamado ``un mundo apropiado para los niños''.

Asimismo, para el Senado de la República, dentro de la responsabilidad que le asigna nuestra Constitución en materia de política exterior, sumarse a este tipo de acciones debe ser, no sólo un asunto de responsabilidad jurídica, sino de un compromiso ético irrevocable, que consiste en la protección de los derechos de nuestra niñas y niños.

De esta forma, por el conjunto de argumentos anteriormente señalados, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Que el Senado de la República agende, como apoyo a la Semana de Acción de la Campaña Mundial por la Educación, promovida por diversos organismos internacionales, para el día martes 20 de abril de 2004, la realización de un evento de participación de niñas y niños de todo el país, en el que puedan manifestar, ante esta H. Soberanía, sus propuestas y opiniones sobre cómo puede lograrse en el corto plazo, la educación universal en México.

Segundo: Que esta H. Soberanía integre un Grupo de Trabajo Plural, encargado de coordinar las tareas de promoción del Senado de la República, en apoyo a la realización de la Semana de Acción de la Campaña Mundial por la Educación.

Rúbrica.»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Gracias, diputada Consuelo Muro.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Tiene la palabra la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a fin de presentar una proposición con punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal dé a conocer el estado que guardan los Pidiregas en la Comisión Federal de Electricidad hasta el mes de enero del 2004.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

En el Presupuesto de 2004, compañeras y compañeros, se aprobaron 15 nuevos proyectos de infraestructura a largo plazo o Pidiregas en la Comisión Federal de Electricidad, por un monto de 45 mil 635.5 millones de pesos. Con ellos la CFE acumuló 166 proyectos por un monto total de 273 mil 411 millones de pesos.

La inversión de Pidiregas son unos instrumentos que inventó el ex presidente Ernesto Zedillo, cuando se cayeron los precios internacionales del petróleo y según lo dijo en el Congreso en aquellos años ``era una medida provisional pasajera, sólo mientras se recuperaban los precios del crudo y se recuperaba también el nivel de ingresos''. Los precios se recuperaron y sin embargo llevamos ya nueve años de acudir al préstamo extranjero para invertir en una industria estratégica para el desarrollo de nuestro país, contrayendo una deuda externa gigantesca que evidencia que se ha abusado de este instrumento.

En los últimos tres años se ha multiplicado el número de los contratos firmados. A finales de 2000 se habían ejercido 15 mil 899 millones de pesos y para el 2004 se esperan ejercer 152 mil 952 millones en Pidiregas de la CFE.

El Gobierno Federal ha preferido la inversión privada extranjera en detrimento de la inversión pública estratégica. El gasto de capital como porcentaje del gasto programable representa apenas el 11% en 2004, cuando todavía el año pasado fue de 26.4%. Es decir, que se ha puesto énfasis en propiciar la participación del capital privado extranjero en actividades de ampliación de la infraestructura energética a través de los Pidiregas, cuando esta actividad corresponde exclusivamente al Estado.

En el caso de la inversión directa la CFE sólo ha podido contratar el 74% de la inversión autorizada, lo cual refleja un alto grado de improvisación, misma que se constata en la auditoría practicada por el Auditor Superior de la Federación.

En el informe de resultados el Auditor Superior afirma: ``que después de haber auditado a la CFE encontró que el organismos no registró en sus estados financieros pasivos contraídos y pasivos contingentes por 24 mil 745 millones 500 mil pesos, encontró retrasos injustificados en las obras y dice que los directivos de la CFE no penalizaron a ningún contratista por estos retrasos injustificados en las obras''.

El auditor afirma que la CFE hizo pagos improcedentes a contratistas, sin que las obras hubieran concluido, entre una larga lista de irregularidades que menciona. Al contrario o a cambio la inversión condicionada es cuando el Gobierno sólo compra la electricidad a los productores independientes y ésta lleva ya un avance de 96.4% Esta infraestructura que producen los productores independientes, no pertenece al Estado, no se integra al patrimonio nacional, es un mero gasto corriente y por ello se cuestiona tanto su legalidad.

Los gastos que implican los Pidiregas no solamente son el de amortizaciones y el pago de intereses, se pagan además gastos de operación, gastos de mantenimiento y pago de energía con cargo variable, según el volumen de la electricidad que se compre.

En fin, son muchos los temas, se me va a acabar el tiempo. Solamente quisiera decirles que es necesario hacer un análisis prospectivo por los 30 años futuros, para concluir si el esquema de los Pidiregas es el más conveniente o si no está saliendo más caro el caldo que las albóndigas y todos los recursos públicos que se están aplicando en pagar los Pidiregas, si se invirtieran en infraestructura en forma soberana, obtendríamos un desarrollo más importante.

De ahí se desprende el punto de acuerdo de exhortar a las autoridades de la CFE para que hagan este estudio prospectivo junto con nosotros y veamos la viabilidad de estos proyectos, además de reiniciar las discusiones sobre la reforma energética en los puntos que hacen consenso en todos los grupos parlamentarios, como lo es el fortalecimiento de la CFE y de Luz y Fuerza del Centro, la reforma a la industria de gas natural y la reforma al régimen fiscal de la CFE, Luz y Fuerza del Centro y PEMEX.

Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para que el Ejecutivo Federal de a conocer el estado que guardan los Pidiregas en la Comisión Federal de Electricidad a enero de 2004, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

Estado de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de la CFE. Elementos para posicionamiento.

Contenido

Estado de los Proyectos.

Obligaciones.

Evaluación de los Proyectos.

Conclusiones y recomendaciones.

Estado de los Proyectos

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 (PEF) se aprobaron 15 nuevos proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas) en electricidad por un monto de 45,635.5 millones de pesos que se ejercerán en los próximos 8 años. Tomando en cuenta estos proyectos, a la CFE se le han autorizado en total 166 por un monto de 273,411.8 millones de pesos; al cierre de 2003, 55 proyectos se han concluido, 25 están en construcción y los 86 restantes en las etapas de preparación (por licitar, en licitación, en adjudicación y en fallo). La inversión financiada ha incrementado su participación en la inversión de CFE en los últimos años, desplazando a la inversión pública tradicional que antes de la introducción de este esquema se cubría con empréstitos o con recursos presupuestarios (véanse cuadros 1 y 2).

Se espera que al final de este año se hayan ejercido 152,952.2 millones de pesos, monto que representa el 59.9% del total de la inversión autorizada por la Cámara de Diputados (véase cuadro 2).

Al cierre de 2003 CFE sólo ha podido contratar (proyectos adjudicados, en construcción o en operación) el 74.5% de los proyectos de inversión directa debido principalmente a retrasos en las licitaciones y modificaciones al alcance de los proyectos, lo que refleja cierto grado de improvisación. En contraste, la contratación de los proyectos de inversión condicionada ascendió al 96.4%.

Obligaciones

De acuerdo con la ley, los compromisos de pago provenientes de los proyectos de inversión directa del año corriente y del ejercicio siguiente se registran como deuda directa, en tanto que el resto como deuda contingente. El monto total correspondiente a los proyectos comprometidos, es decir, sólo los proyectos cuyos contratos se encuentran suscritos, será de 66,965.8 millones de pesos más 9,063.6 millones de intereses en 2004 (véase cuadro 3).

Sin embargo, los compromisos correspondientes al total de los proyectos autorizados de inversión directa ascenderán a 173,320.2 millones de pesos más 105,402.7 millones de pesos de intereses, que se cubrirán en un plazo de 38 años. Con base en lo autorizado en el PEF de 2004, al finalizar el año se habrán cubierto 11,906.1 y 14,316.5 millones de pesos de amortizaciones e intereses, respectivamente (véase cuadro 3).

En el caso de los proyectos de inversión condicionada, el sector público tiene la obligación de comprar energía a los productores independientes mediante un contrato de largo plazo. Ya que la infraestructura no formará parte del patrimonio federal, estos proyectos no representan una obligación de deuda para la Federación. Sin embargo, al preverse en los contratos la posibilidad de expropiar los activos por causas de fuerza mayor, existe un compromiso de tipo contingente para las finanzas públicas de pagarles una indemnización.

Si fuera el caso, se pagaría el valor actuarial de las plantas generadoras propiedad de los productores externos de energía, que disminuye conforme se acerca la fecha de conclusión de los contratos. En 2004 el monto que tendría que liquidar el Gobierno Federal por la infraestructura si ocurriera alguna causa de fuerza mayor es de 59,674.4 millones de pesos; con base en los proyectos autorizados en el PEF de 2004, esta obligación contingente alcanzará su mayor nivel en 2007 por 89,244.6 millones de pesos (véase cuadro 4).

Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo también conllevan otras obligaciones de gasto. En el caso de los proyectos de inversión directa, CFE tiene que cubrir el gasto de operación y de mantenimiento para mantener la infraestructura en adición a las amortizaciones y el costo financiero. En el caso de los proyectos de inversión condicionada, existe la obligación de pagar la energía, que consiste principalmente por un cargo fijo de capacidad que se fija en los contratos más un cargo variable que está en función de la electricidad que se demande.

Si la evaluación económica y financiera de los proyectos fue la adecuada, ambos tipos de proyectos deben generar suficientes ingresos para cubrir tanto las obligaciones de deuda como los costos de operación.

Si esta premisa se cumpliera los proyectos habrían generado suficientes ingresos para cubrir todos los compromisos; incluso, habrían producido remanentes; de acuerdo con nuestro estudio, los Pidiregas en la CFE de inversión directa deben tener un remanente por 20,229.5 millones de pesos y los de inversión condicionada por 10,190.8 millones (véase cuadro 5).

Es importante conocer los remanentes por megavatio construido que producen las plantas construidas bajo la modalidad de inversión directa para contrastarlos con los de los productores independientes y con ello determinar cuál modalidad es más rentable para el país.

El sentido común económico sugiere detener la emisión de Pidiregas y que los remanentes se destinen a la reinversión para reducir el riesgo hacia las finanzas públicas, ante una variación drástica en los parámetros de referencia que se utilizaron en la evaluación de los proyectos. Entre los parámetros más importantes están el precio internacional del gas natural, los precios y tarifas del sector público y la evolución de la economía.

En el Decreto del Presupuesto de Egresos de 2004, el artículo 50 da la opción al Ejecutivo a destinar los excedentes a otros proyectos de la misma CFE o a los Pidiregas por lo que se sugiere que en los futuros presupuestos se especifique claramente en que se van a invertir los remanentes, si sólo podrán destinarse a la amortización anticipada de la deuda contraída, o a crear reservas que permitan afrontar las contingencias o a la reinversión estratégica.1 Esto reducirá la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante eventos imprevistos, evitando afectar los programas sociales, ya que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público establece que éstos proyectos tienen preferencia sobre las nuevas obligaciones.

Evaluación de los Proyectos

Los proyectos autorizados hasta 2004 permitirán a CFE adicionar una capacidad de generación de 19,903 MW. Sin embargo, con base en los proyectos de generación autorizados y comprometidos, que se apoyan principalmente en los productores independientes, para el año 2008 el 23.2% de la capacidad de generación del país se llevará a cabo por los PIE's y el 71.4% por la CFE (véase gráfica )2

El país es privilegiado en relación con la abundancia relativa de gas natural; México tiene la oportunidad de sacar provecho de él para que la industria eléctrica refleje dicha abundancia en tarifas justas, que permitan a la industria ser más competitiva y a las familias, aligerar sus gastos.

Sin embargo, por la falta de inversiones públicas en la industria petrolera, la oferta de este combustible no está asegurada en el futuro, lo que nos ha llevado a incrementar nuestra dependencia del exterior. Incluso, por la misma dependencia que tenemos, el precio del gas natural no refleja la abundancia del recurso natural del país, sino la de los mercados internacionales de Norteamérica, que han mostrado gran volatilidad en los últimos años.

Esto nos lleva a considerar también la necesidad del cambio en el régimen tributario de Pemex y CFE y al sector energía en conjunto y reinvertir el 50% de esos recursos, para impulsar otras tecnologías que nos permitan diversificar en el futuro nuestras fuentes primarias de energía, por lo cual se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Solicitar a la ASF emita una opinión sobre la evaluación de cada uno de los proyectos Pidiregas para saber cuáles proyectos son rentables y cuáles están generando pérdidas. En particular, determinar si el remanente por MW construido es mayor en el caso de los proyectos de inversión directa que el de los proyectos de inversión condicionada. Si este fuera el caso, entonces los PIE ya no tienen razón de ser.

Solicitar a la ASF que haga una valoración del riesgo para las finanzas públicas que podría provenir de cambios en los parámetros utilizados en la evaluación de los proyectos, ya que no se cuenta con reservas ni fondos para afrontar los compromisos en caso de que se diera una drástica caída en los ingresos de la CFE.

Exhortar al Ejecutivo federal a detener la emisión de Pidiregas.

Reanudar las discusiones sobre la reforma a la industria eléctrica con base en los siguientes ejes que constituyen hasta ahora los puntos en común entre los grupos parlamentarios:

- Fortalecimiento institucional de la CFE y de LFC.

- Reforma de la industria del gas natural.

- Reforma del régimen fiscal de la CFE, LFC y Pemex.

Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Gracias, diputada Padierna.

Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

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MICROEMPRESAS
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Tiene la palabra la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Economía informe sobre las líneas de crédito contraídas con el fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario ``Changarros''.

La diputada Marcela Guerra Castillo:

Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea:

La actual administración ha definido como una de sus metas fundamentales en materia económica, el apoyo al financiamiento de las iniciativas de los grupos sociales de bajos ingresos, a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, Pronafim.

El Pronafim funciona a través de instituciones de microfinanciamiento como canales para la distribución y ejecución del crédito en todas las regiones del país, las cuales deben de pagar estos préstamos para solicitarle periódicamente otras líneas de crédito mayores y poder apoyar a más cantidad de clientes.

Sin embargo, hace unos días se vertió una información relevante en cuanto a la situación de las líneas de crédito que ha otorgado el Pronafim, a través del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, Finafim, en el sentido de que sólo tres de las 66 microfinancieras que apoya el Gobierno a través de este fideicomiso, han liquidado sus líneas de crédito, información que se desprende de un informe del propio Finafim.

Para entender la gravedad de la actual situación, vamos a darles algunos ejemplos de pago o más bien la falta de pago al Gobierno por parte de algunas microfinanciadoras.

La Consultora para Negocios Agroindustriales, SC y Santa Fe de Querétaro, recibieron créditos por 5 millones y 500 mil pesos respectivamente y no han liquidado ni un solo peso de la línea de crédito que se les otorgó.

Por su parte la empresa Acción Ciudadana recibió créditos por 20 millones de pesos y sólo ha pagado 1 millón 416 mil pesos, es decir, sólo el 7% de los recursos que se le autorizaron.

Desarrolladora de Emprendedores, o sea, es otra, ha recibido 40 millones de pesos, de los cuales sólo ha liquidado el 17%.

También tenemos que Fincomin ha recibido 60 millones de pesos y sólo ha pagado 16 millones 500 mil. En situación similar se encuentra la microfinanciera Admic Nacional, a la cual se le han otorgado cuatro créditos por 30 millones de pesos y sólo ha liquidado 8 millones 800 mil pesos.

En suma, el Gobierno sólo ha podido recuperar el 22% de estos créditos, sólo 77.8 millones de pesos de los 352.4 millones que se ha canalizado a las microfinancieras en los últimos tres años.

Por ello los legisladores de mi partido, el Revolucionario Institucional, no sólo estamos preocupados por la situación financiera de este fideicomiso, sino que también nos ha desconcertado el subejercicio que es del 25.11% por parte de esta área.

Señoras y señores, compañeros, compañeras, ante este inquietante panorama, los priístas nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué no se han canalizado todos estos recursos?¿Por qué sólo se ha recuperado menos de la cuarta parte de los créditos? No obstante que nosotros los legisladores reconocemos que el objetivo y la función para lo cual fue creado el Pronafim es invaluable, es muy, muy invaluable pero su funcionamiento dista mucho de la eficiencia y eficacia esperada, ya que por los recursos mencionados se visualiza que son innegables los estrepitosos fracasos de este programa. Además, no ha existido una información clara en torno a estos microcréditos, no sabemos cuál ha sido el impacto real que ha tenido esta canalización de recursos públicos, en cuánto ascienden estos préstamos por persona y a qué tasas de interés se les están dando, cómo se canalizan y vamos a ver si en realidad tienen este efecto multiplicador que tanto presume el Gobierno.

Sin lugar a dudas, nuestro grupo estamos de acuerdo en que se apoye la iniciativa a todos los mexicanos de que puedan acceder a créditos por sus condiciones económicas y sobre todo, en materia de lo que estamos ahora viviendo que es precisamente la desocupación, el desempleo, pero lo que no podemos admitir, lo que tenemos que cuestionar es precisamente que este programa funcione y que se cumplan sus fines porque, además, a todas luces podemos ver que está mal administrado.

Realmente hemos cuestionado de una y otra forma que el programa del changarrismo en México ha sido un verdadero fracaso y que sólo sigue siendo una retórica, por eso presentamos este

Punto de Acuerdo

Unico. Debido a las muchas dudas que han surgido sobre el financiamiento que otorga el Programa Nacional de Financiamiento a Microempresario Pronafim, a través del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Finafim, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante su Tercera Comisión de Trabajo, al señor Secretario de Economía, Fernando de Jesús Canales Clarión, a efecto de que informe exhaustivamente a esta soberanía la situación real que guardan las líneas de crédito autorizadas dentro del citado programa gubernamental.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que la Secretaría de Economía informe sobre las líneas de crédito contraídas con el fideicomiso del programa nacional de financiamiento al microempresario, ``Changarros'', a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI.

El día de hoy deseo compartir con ustedes desde esta alta tribuna una preocupación que ha hecho un profundo eco en el grupo parlamentario del PRI.

Me refiero a lo que la actual administración ha definido como una de sus metas fundamentales en materia económica: el apoyo al financiamiento de las iniciativas de los grupos sociales de bajos ingresos a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim).

El Pronafim funciona a través de instituciones de microfinanciamiento como canales para la distribución y ejecución del crédito en todas las regiones del país, las cuales deben pagar estos prestamos para solicitarle periódicamente, otras líneas de crédito mayores y poder apoyar a más cantidad de clientes.

Sin embargo, hace unos días se ventiló información relevante en cuanto a la situación de las líneas de crédito que ha otorgado Pronafim a través del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Finafim), en el sentido de que sólo 3 de las 66 microfinancieras que apoya el gobierno a través de este Fideicomiso, han liquidado sus líneas de crédito, información que se desprende de un informe del propio Finafim.

Para entender la gravedad de la actual situación, deseo señalarles algunos ejemplos de pago, o más bien de falta de pago al gobierno, por parte de algunas microfinancieras:

La Consultora para Negocios Agroindustriales, SC, y Santa Fe de Querétaro, que recibieron créditos por 5 millones y 500 mil pesos, respectivamente, no han liquidado ni un solo peso de la línea de crédito que se les otorgó.

Por su parte, la empresa Acción Ciudadana recibió créditos por 20 millones de pesos y sólo ha pagado un millón 416 mil pesos; es decir el 7 por ciento de los recursos que se le autorizaron. Desarrolladora de Emprendedores, ha recibido 40 millones de los cuáles sólo ha liquidado el 17 por ciento.

También tenemos que Fincomún, ha recibido 60 millones de pesos y sólo ha pagado 16.5 millones. En situación similar se encuentra la microfinanciera Admic Nacional, a la cual se le han otorgado cuatro créditos por 30 millones y sólo ha liquidado 8.8 millones de pesos.

En suma, el gobierno sólo ha podido recuperar el 22 por ciento de estos créditos, sólo 77.8 millones, de los 352.4 millones que ha canalizado a las microfinancieras en los últimos 3 años.

Por ello, los legisladores del grupo parlamentario del PRI no solo estamos preocupados por la situación financiera de este Fideicomiso, sino que también nos ha desconcertado el subejercicio, que es de 25.11 por ciento.

Señoras y señores legisladores:

Ante este inquietante panorama, los priístas nos preguntamos: ¿Por qué no se han canalizado todos los recursos? ¿Por qué sólo se ha recuperado menos de la cuarta parte de los créditos?

No obstante que los legisladores de Revolucionario Institucional reconocemos que el objetivo y la función para lo cual fue creado el Pronafim es invaluable, su funcionamiento dista mucho de la eficacia esperada, ya que por los resultados mencionados, se visualiza que es innegable el estrepitosos fracaso del citado Programa.

Además, no ha existido una información clara en torno a estos microcréditos. No sabemos a ciencia cierta cuál ha sido el impacto real que ha tenido esta canalización de recursos públicos, a cuánto ascienden los préstamos por persona, a qué tasas de interés se les está dando, y cómo se canalizan los recursos para que realmente tengan un efecto multiplicador, para que retornen los préstamos y se puedan canalizar más créditos a los millones de mexicanos que se encuentran actualmente desempleados y que su única salida es el autoempleo.

Sin lugar a dudas que en el Grupo Parlamentario del PRI, estamos de acuerdo en que se apoye la iniciativa de los mexicanos que no pueden acceder a créditos por sus condiciones económicas, en un ambiente de desempleo masivo. Sin embargo, definitivamente en lo que no estamos, ni estaremos de acuerdo, es en que estos recursos no sean redituables, que no cumplan sus fines y que además puedan ser mal administrados.

Porque es claro que no están cumpliendo con su principal misión de crear pequeñas empresas con futuro, ni con un esquema de empleo permanente para que exista un retorno de los recursos.

De ahí que no es, de ninguna manera aceptable que se sigan canalizando recursos a un Programa que no ha demostrado tener éxito; porque lo que hemos visto realmente es que el programa a favor de ``los changarros'' en calidad sigue siendo sólo retórica.

Por lo anteriormente señalado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a la consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico.- Debido a las muchas dudas que han surgido sobre el financiamiento que otorga el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim), a través del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Finafim), la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer ante su Tercera Comisión de Trabajo, al Secretario de Economía, Fernando Canales Clariond, a efecto de que informe exhaustivamente a esta Soberanía la situación real que guardan las líneas de crédito autorizadas dentro del citado Programa gubernamental.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 18 días del mes de febrero de 2004.--- Diputada Maricela Guerra Castillo »

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:.

Gracias, diputada Marcela Guerra.

Túrnese a la Tercera Comisión.

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ESTADO DE SONORA
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Esta Presidencia recibió una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Sonora, para que actúen con imparcialidad en torno a los detenidos en Cananea, Sonora, suscrita por los diputados Eduardo Espinoza Pérez y Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proceda la Secretaría a dar lectura al documento.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Voy a dar lectura a los puntos de acuerdo, al final simplemente como introducción mencionar que en el estado de Sonora, hay un conflicto entre los ex trabajadores de la empresa mexicana de Cananea porque se estableció en el Convenio de Privatización que serían beneficiados con un 5% del valor de la misma, desde entonces el año de 1990 hubo un movimiento de resistencia sindical que ha llevado ya en fechas recientes a la detención de varios trabajadores, nos parece que es importante que se esclarezcan los legítimos intereses de las partes, se cumpla con lo pactado en el acuerdo y se evite cualquier posibilidad de criminalización de una lucha sindical.

Para eso, mis compañeros Eliana García y Eduardo Espinoza presentaron el punto de acuerdo y daré lectura al punto de acuerdo.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Sonora a actuar con imparcialidad en torno de los detenidos en Cananea, Sonora, suscrita por los diputados Eduardo Espinoza Pérez, Eliana García Laguna y Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del PRD.

Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:

El 24 de agosto de 1990, la empresa Mexicana de Cananea, SA de CV, perteneciente al Grupo México, se adjudicó, a través de Nacional Financiera, lo que hasta entonces era la paraestatal Minera de Cananea. Al realizarse dicha operación de privatización, la empresa acordó con la sección 65 del Sindicato de Mineros que se destinaría 5% del monto total de la venta de la empresa en beneficio de aproximadamente dos mil ochocientos trabajadores que laboraban en dicha minera dedicada a la extracción del cobre. No obstante, a pesar del acuerdo celebrado entre las partes citadas, la empresa incumplió con lo pactado y se ha negado, desde el año de 1990, a cumplir con su obligación de otorgar ese 5%, razón por la cual los trabajadores han emprendido una larga lucha de resistencia para lograr el cumplimiento de lo pactado.

José de Jesús Guadalupe Calderón León, Francisco López Frasquillo y Alcibíades Macario Corella, junto con un amplio grupo de ex trabajadores de la Minera de Cananea, han realizado múltiples acciones pacíficas para exigir el cumplimiento del pago de dicho porcentaje por parte de la empresa Mexicana de Cananea. No obstante, y a pesar de que el reclamo es justo y deriva de un acuerdo celebrado entre las partes, el día 13 de enero del presente año, el Juez Mixto de Primera Instancia de Cananea, Sonora, libró órdenes de aprehensión en contra de Francisco Calderón León, Lauro Montoya Araiza, Sotero Alonso Martínez Soto, Carlos Castro González, Domingo Guerrero Domínguez, José de Jesús Guadalupe Calderón León, Francisco López Frasquillo y Alcibíades Macario Corella de las cuales han sido ejecutadas las relativas a las últimas tres personas abriéndose la causa penal 0005/2004 por la supuesta comisión del delito de extorsión. Lo anterior implica un acto de represión institucionalizada y de disuasión para aquellos trabajadores que han mantenido una postura de reclamo y exigencia de un derecho asumido y pactado entre las partes y que pretende criminalizar un conflicto de orden eminentemente laboral.

Tenemos conocimiento de que los defensores particulares de los tres detenidos han presentado ante el Supremo Tribunal de Justicia del estado de Sonora el recurso de apelación contra el auto de formal prisión dictado por el Juez de la causa, mismo que hasta donde sabemos no ha sido radicado en la Sala correspondiente.

Resulta fundamental evitar la criminalización de los trabajadores demandantes a causa de este conflicto laboral creado por el incumplimiento de un acuerdo tomado entre el sindicato y la empresa Mexicana de Cananea, SA de CV. Por ello, creemos necesario exhortar a las autoridades estatales para que no sean cómplices de la estrategia de esta empresa cuyo objetivo actual es hacer ver el reclamo legítimo de los trabajadores como una acción delictiva, así también para que actúen con total independencia, imparcialidad y en pleno respeto al derecho de presunción de inocencia establecido en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que en este caso guarda estrecha relación con los derechos humanos laborales.

Por lo antes fundado, y con el debido respeto al principio de separación de poderes establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Judicial del estado de Sonora para que actúe con imparcialidad independencia y en pleno respeto al derecho de presunción de inocencia en la resolución que emita sobre el recurso de apelación presentado en contra del auto de formal prisión emitido por el Juez Mixto de Primera Instancia de Cananea en perjuicio de José de Jesús Guadalupe Calderón León, Francisco López Frasquillo y Alcibíades Macario Corella.

Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Sonora, de quien depende la Procuraduría del Estado, para que cancele las órdenes de aprehensión que no han sido ejecutadas en contra de los trabajadores de la empresa. Lo anterior para evitar que un conflicto de orden laboral adquiera tintes de represión institucionalizada y cree situaciones de inestabilidad social en la región de Cananea.

Tercero. Se exhorta tanto al gobierno del estado de Sonora como al Ejecutivo Federal a que con imparcialidad y mirando por el beneficio de los trabajadores de la zona y en pleno apego al estado de derecho, establezcan espacios de diálogo de manera coordinada con los trabajadores y ex trabajadores de la empresa que permitan avanzar en el cumplimiento de los acuerdos celebrados en 1990 en estricto apego a los derechos laborales de los trabajadores de Cananea.

México, DF, a 18 de febrero de 2004.--- Diputados: Eliana García Laguna (rúbrica), Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Manuel Camacho Solís.»

Es todo, señor Presidente.

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Gracias, señor Secretario.

Túrnese a la Primera Comisión.

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COMISION NACIONAL DE ZONAS ARIDAS
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Tiene la palabra el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a fin de presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente Vicente Fox Quesada, a firmar y publicar el decreto para reubicar a la Comisión Nacional de Zonas Aridas en la Sagarpa, o en su defecto confirme su sectorización en la Sedesol.

El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras, compañeros legisladores:

Las zonas áridas destacan no por sus logros, sino por su falta aparente de oportunidades. En ámbitos diversos, particularmente en el Gobierno, prevalece la idea de que no tiene sentido económico invertir en áreas donde las potencialidades e identificadas tradicionalmente son sumamente escasas, como sucede en las regiones áridas y semiáridas de nuestro país.

Más del 54% del territorio nacional presenta condiciones agroclimatológicas difíciles y obliga para responder a las demandas sociales, a multiplicar la imaginación y el compromiso con la población en pobreza extrema y marginación evidente. Las cifras oficiales reconocen a más del 50% de la población nacional en pobreza y al 24% en pobreza extrema.

En este universo sin duda, la totalidad de la población rural asentada en las regiones áridas y semiáridas se ubica en condición de pobreza extrema. Asimismo, información aportada por organismos internacionales especializados en el estudio de la desertización aseguran que en el caso de México no menos de 300 mil hectáreas engrosan anualmente las estadísticas de este grave problema que desemboca inexorablemente en la pérdida de la capacidad productiva.

La infraestructura básica y los servicio públicos elementales de los pueblos localizados en zonas áridas brillan por su ausencia. La población económicamente activa y en especial los varones en edad de trabajar, emigran buscando opciones de empleo y bienestar que les son negados en sus lugares de origen. A la marginación tradicional se agrega la institucional.

En un afán eficientista, el Ejecutivo Federal propone e implementa la desaparición de entidades vitales para la sobrevivencia, como la Comisión Nacional de las Zonas Aridas. Esta disposición burocrática se disfraza a través de dos medidas: una supuesta descentralización a las entidades federativas y la sequía presupuestal como actitud que mide el interés del Gobierno.

Desde mi perspectiva, la Comisión Nacional de las Zonas Aridas debe ser fortalecida por la naturaleza de los objetivos que persigue, es una institución de primordial importancia para México, porque no es una simple institución de asistencia a los marginados recolectores, que ya sería suficiente para justificarla, sino es un instrumento de recuperación de enormes espacios geográficos vitales para el país.

Por eso, creo que hoy más que nunca es esencial otorgar atención a las zonas áridas, tanto por razones sociales, como por el hecho de que contrariamente a los que piensan que no tienen destino, las zonas áridas todavía guardan recursos enormes que por nuestro descuido, avanza la agonía de su deterioro, pero si los cuidamos bien, bien explotados, desempeñarían una función económica importante por su alto valor alimenticio, medicinal e industrial, por ejemplo, insecticidas, fungicidas y plantas que son fuente de sustancias nutritivas y medicinales, ramas de producción, como la lechugilla, la candelilla, el orégano, el sotol, el aprovechamiento de plantas forrajeras, la ganadería, la siembra de pastizales, ofrecen oportunidades insospechadas.

Sin embargo, ante la falta de crédito e inversión pública, sólo atina a minimizar la función de la Conaza o a mantenerla en la indefinición. El Poder Legislativo reinstala a la Conaza en su vertiente presupuestal, pero prevalece su indefinición jurídica.

Por lo que significan las zonas áridas como un problema preocupante en el momento actual, pero sobre todo por lo que anuncian para el futuro de no enfrentar el proceso de desfertilización y sus terribles secuelas, me permito proponer con toda atención a esta Comisión Permanente, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Hacer una excitativa al señor Presidente de la República,Vicente Fox Quesada, para que firme y publique el decreto reubicando a la Conaza en la Sagarpa o en su defecto, confirme su sectorización en la Sedesol.

Segundo. Respete los montos presupuestales aprobados por esta soberanía a la Conaza.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, a firmar y publicar el decreto para reubicar la Comisión Nacional de Zonas Aridas en la Sagarpa o, en su defecto, confirme su sectorización en la Sedesol, a cargo del diputado Luis Antonio Ramirez Pineda, del grupo parlamentario del PRI.

Las zonas áridas destacan, no por sus logros, sino por su falta aparente de oportunidades. En ámbitos diversos, particularmente en el gobierno, prevalece la idea de que no tiene sentido económico invertir en áreas donde las potencialidades identificadas tradicionalmente son sumamente escasas, como sucede en las regiones áridas y semiáridas.

Más de 54 por ciento del territorio nacional presenta condiciones agroclimáticas difíciles, y obliga, para responder a las demandas sociales, a multiplicar la imaginación y el compromiso con la población en pobreza extrema y marginación evidente.

Las cifras oficiales reconocen a más del 50 por ciento de la población nacional en pobreza y al 24 por ciento en pobreza extrema. En este universo, sin duda, la totalidad de la población rural asentada en las regiones áridas y semiáridas se ubica en condición de pobreza extrema.

Asimismo, información aportada por organismos internacionales especializados en el estudio de la desertización asegura que, en el caso de México, no menos de 300 mil hectáreas engruesan anualmente las estadísticas de este grave problema que desemboca inexorablemente en la pérdida de la capacidad productiva. La infraestructura básica y los servicios públicos elementales de los pueblos localizados en zonas áridas brillan por su ausencia.

La Población Económicamente Activa y, en especial, los varones en edad de trabajar emigran buscando opciones de empleo y bienestar que les son negados en sus lugares de origen.

A la marginación tradicional, se agrega la institucional. En un afán eficientista, el Ejecutivo federal propone e implementa la desaparición de entidades vitales para la supervivencia como la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, conocida por sus siglas como Conaza.

Esta disposición burocrática se disfraza a través de dos medidas: una supuesta descentralización a las entidades federativas y la sequía presupuestal como política de gobierno.

Desde mi perspectiva, la Comisión Nacional de las Zonas Aridas debe ser fortalecida por la naturaleza de los objetivos que persigue. Es una institución de primordial importancia para México, porque no es una simple institución de asistencia a los marginados recolectores, que ya será suficiente para justificarla, sino es un instrumento de recuperación de enormes espacios geográficos vitales para el país.

Por eso creo que hoy más que nunca es esencial otorgar atención a las zonas áridas, tanto por razones sociales, como por el hecho de que, contrariamente a los que piensan que no tienen destino, las zonas áridas todavía guardan recursos enormes, que por nuestro descuido avanza la agonía de su deterioro, pero si las cuidamos, bien explotadas, desempeñarían una función económica importante por su alto valor alimenticio, medicinal e industrial; por ejemplo, insecticidas, nematicidas, fungicidas, principios medicinales; fuentes de sustancias nutritivas.

Ramas de producción como la lechuguilla, la candelilla, el orégano, el sotol, el aprovechamiento de plantas forrajeras, la ganadería, la siembra de pastizales, ofrecen oportunidades insospechadas. Los bioespacios intensivos en áreas pequeñas, resuelven las carencias alimentarias y ofertan excedentes para el mercado, superiores a lo imaginado.

Sin embargo, ante la falta de crédito e inversión pública, sólo se atina a minimizar la función de la Conaza, o a mantenerla en la indefinición. El Poder Legislativo reinstala a la Conaza en su vertiente presupuestal, pero prevalece su indefinición jurídica.

Por lo que significan las zonas áridas como un problema preocupante en el momento actual, pero sobre todo por lo que anuncian para el futuro, de no enfrentar el proceso de desertización y sus terribles secuelas, me permito proponer con toda atención a esta Comisión Permanente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Hacer una excitativa al C. Presidente de la República, Lic. Vicente Fox Quesada, para que firme y publique el decreto reubicando a la Conaza en Sagarpa, o en su defecto confirme su sectorización en la Sedesol.

Segundo. Respete los montos presupuestales aprobados por esta soberanía a la Conaza.

México, DF a 18 de febrero de 2004.--- Rúbrica.»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Gracias, diputado Ramírez Pineda.

Túrnese a la Primera Comisión.

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LOTERIA NACIONAL
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante:

Tiene la palabra el diputado Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a fin de presentar una proposición con punto de acuerdo por el que solicita la comparecencia de la directora general de la Lotería Nacional, a fin de informar a la Comisión Permanente sobre la creación del fideicomiso ``Transforma a México'', suscrita por las diputadas Martha Palafox Gutiérrez y Consuelo Muro Urista, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Carlos Flores Rico:

Gracias, señor Presidente:

Voy a leer el punto de acuerdo de mi compañera Martha Palafox Gutiérrez y de Consuelo Muro Arista.

Dice: que el pasado 11 y 12 de febrero de este año, el periódico El Independiente, en un amplio reportaje, dio cuenta que por iniciativa de la directora general de la Lotería Nacional, Laura Valdés Ruiz, se creó un fideicomiso denominado ``Transforma a México'', el cual el 18 de octubre del 2001 entregó 110 millones de pesos de las utilidades excedentes de la entidad pública denominada. En ninguno de los artículos, dice nuestra diputada, de la Ley General de la Lotería Nacional, se faculta a esta entidad para ejercer directamente los recursos que se derivan de esas utilidades en tareas de asistencia social, ya que éstos deben ser enterados a la propia Secretaría del ramo.

Le llama la atención a Martha Palafox que este fideicomiso ``Transforma a México'', entre la Lotería Nacional como fideicomitente y no a fin como fiduciaria. Se presume, dice ella, que en ningún momento fue autorizado o autorizada la creación de este fideicomiso por su consejo de administración, quien de acuerdo a la normatividad vigente, sería la instancia en todo caso, que debería autorizarlo. ``Al parecer''continúa Palafox, ``de acuerdo a la fuente citada, para el 2002 se repitió la operación de envío de recursos a este fideicomiso; la solicitud la hizo el subdirector general de administración, señor David Tornel Romo, a la Secretaría de Hacienda. Las utilidades excedentes al 31 de diciembre del 2001 ascendieron a 227.7 millones de pesos''.

``Como se puede observar ---dice la diputada---, no queda claro el porqué el uso de recursos públicos de la Lotería Nacional tengan que ser destinados a este fideicomiso, cuando no existe normatividad que así lo disponga''. Por ello nos piden Martha Palafox y Consuelo Muro, con el propósito de evitar suspicacias al respecto y más aún, que la señora Laura Valdés Ruiz tiene un parentesco consanguíneo con la Secretaría de la fundación ``Vamos México'', María Elena Valdés Ruiz y que preside la Primera Dama del país, considero, dice ella, que esta situación se debe aclarar y transparentar, sobre todo si esos recursos son destinados a causas nobles.

Por ello, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento, somete a consideración de ustedes el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Sea citada a comparecer la directora general de la Lotería Nacional, a fin de que informe sobre la creación del fideicomiso ``Transforma a México'', y el uso y destino de los recursos excedentes de esa institución pública.

Atentamente: Martha Palafox Gutiérrez y Consuelo Muro Uriste.

Muchas gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de la Directora General de la Lotería Nacional a fin de que informe a la Comisión Permanente sobre la creación del Fideicomiso Transforma México, suscrita por la diputada Martha Palafox Gutierrez, del grupo parlamentario del PRI.

El 11 y 12 de febrero del presente año, el diario El Independiente, de circulación nacional, en un extenso reportaje, da cuenta de que, por iniciativa de la directora general de la Lotería Nacional, Laura Valdés Ruiz, se creó el fideicomiso Transforma México, al cual el 18 de octubre de 2001 fueron entregados 110 millones de pesos de las utilidades excedentes de esa entidad pública.

Ningún artículo de la Ley General de la Lotería Nacional la faculta para ejercer directamente los recursos que se deriven de utilidades en tareas de asistencia social, sino que éstos deberán ser enterados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Llama la atención que en Transforma México entre la Lotería Nacional como fideicomitente y Nafin como fiduciaria. Se presume que en ningún momento fue autorizada la creación del fideicomiso por su Consejo de Administración que, de acuerdo con la normatividad vigente, sería la instancia, en todo caso, que debería autorizarlo.

Al parecer, de acuerdo con la fuente citada, para 2002 se repitió la operación de envío de recursos al fideicomiso. La solicitud la hizo el subdirector general de Administración de la Lotería Nacional, David Tornell Romo, a la Secretaría de Hacienda. Las utilidades excedentes al 31 de diciembre del 2001 ascendieron a 227.7 millones de pesos.

Como se observa, no queda claro por qué recursos públicos de la Lotería Nacional tengan que ser destinados al fideicomiso, cuando no hay normatividad que así lo disponga.

Por ello, compañeras y compañeros diputados, con el propósito de evitar suspicacias al respecto, mas aún que la señora Laura Valdés Ruiz tiene un parentesco consanguíneo con la secretaria de la fundación Vamos México, María Elena Valdés Ruiz, y que preside la primera dama del país, considero que esta situación se debe aclarar y transparentar, sobre todo si tales recursos son destinados a causas nobles.

Por ello, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Sea citada a comparecer con la mayor brevedad ante esta H. asamblea permanente la directora general de la Lotería Nacional, a fin de que informe sobre la creación del fideicomiso Transforma México y el uso y destino de los recursos excedentes de esa institución pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2004.--- Dip. Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica).»

(Se anexa nota periodística.)

«El Independiente Nacional.--- Miércoles 11 de febrero de 2004.

Desvía Lotería dinero a fideicomiso irregular.

La directora Laura Valdés, pasó por alto la normatividad para crear Transforma México y canalizar a esta institución millonarios recursos sin objetivos definidos.

Buen arraque, copias de documentos oficiales confirman que el contrato mediante el cual se crea el fideicomiso Transforma México adscrito a la Lotería Nacional arrancó con un patrimonio de 110 millones de pesos provenientes del presupuesto público.

Asistencia

Laura Valdés Ruiz argumentó que los 110 millones de los que dispuso se trataba de ``excedentes presupuestarios''.

Instituciones muy hermanadas.

Entre la fundación Vamos México y la Lotería Nacional hay nexos que llegan a nivel de familias: María Elena Valdés Ruiz, secretaria del organismo que preside Marta Sahagún, es hermana de Laura Valdés Ruiz, la directora general de la Lotería.

Aunque Laura siempre firma con sus apellidos de casada, Valdés de Rojas y así aparece incluso en la página de Internet de la Lotería, en documentos oficiales signados por la funcionaria sí aparecen sus apellidos de soltera .

La relación entre las hermanas Laura y María Elena es tan estrecha que se han ayudado mutuamente para crecer y escalar posiciones en la administración foxista. María Elena trabaja en una de las dos empresas de bead hunters que seleccionaron y contrataron a los titulares del gabinete foxista y a otros funcionarios de primer nivel de este gobierno.

Aprovechando su posición y la información privilegiada que manejaba, María Elena consiguió una entrevista para su hermana Laura, quien se quedó con el cargo de directora de la Lotería después de que Margarita Zavala de Calderón declinara la invitación del Presidente Fox.

Un mes después de que Marta Sahagún de Fox anunciara la creación de su fundación Vamos México, la Lotería Nacional, por iniciativa de su directora Laura Valdés Ruiz, creó también (en octubre de 2001) un fideicomiso denominado Transforma México, al cual fueron enviados 110 millones de pesos del presupuesto de la Lotería que, presuntamente, se destinarían a ``obras de educación, salud y atención a grupos vulnerables''.

A pesar de que la Ley General de la Lotería Nacional indica que cualquier tipo de utilidad que obtenga esa dependencia por encima de su gasto operativo y del pago de premios debe ser entregado a la Secretaría de Hacienda como ``enteros de la Federación'', Valdés Ruiz argumentó que se trataba de ``excedentes presupuestarios'' y dispuso de esos 110 millones que mandó el 18 de octubre de 2001 al fideicomiso creado con autorizaciones oficiales de funcionarios de la misma Hacienda, Nafinsa y Procuraduría Fiscal de la Federación, quienes avalaron las transferencias de los dineros públicos, lo cual fue anunciado públicamente por el Presidente Fox el 31 de agosto de ese año.

Para abril de 2004 la Lotería pidió autorización a Hacienda para desviar a Transforma México otros 182.8 millones de pesos que decía haber obtenido como ``utilidades netas'' y pedía que éstos le fueran autorizados a pesar de reconocer que la ley los obligaba a reportarlos como ``enteros de la Tesorería''.

Ninguno de los artículos de la citada ley faculta a la Lotería Nacional a ejercer directamente los recursos que obtenga como ganancias en tareas de asistencia social y claramente señala que será Hacienda la que disponga del reparto de esos recursos. Además de violentar las leyes, ese fideicomiso fue creado por la directora Laura Valdés sin ningún tipo de autorización del Consejo de Administración de la Lotería, que de acuerdo con la normatividad que la rige, es el órgano que debe aprobar y autorizar todos los programas y acciones del organismo.

Promoción personal

Con los recursos públicos que administra ese fideicomiso Valdés Ruiz se ha dedicado a recorrer el país entregando personalmente los recursos a los organismos de asistencia. En la página de Internet de Transforma México se pueden apreciar varias fotos de la funcionaria en actos de entrega, junto con discursos, mensajes y textos en los que ella habla de ``la ayuda a los más pobres'', la ``movilización de la sociedad'' y promueve su imagen personal.

Copias de documentos oficiales en poder de El Independiente confirman que el 12 de octubre de 2001 la directora de la Lotería Nacional firmó con Nacional Financiera, representada por el delegado fiduciario Oswaldo Mendoza Popocatépetl, el contrato oficial 566-01 mediante el cual se crea el fideicomiso Transforma México adscrito a la Lotería Nacional, el cual arrancó con un patrimonio de 110 millones de pesos provenientes del presupuesto público. En el documento se señala que esos recursos serán ``destinados a los sujetos de apoyo de programas de asistencia pública tales como educación, salud y proyectos identificados como impulsores de grupos específicos y vulnerables''.

Seis días después de la firma del convenio, Nafin recibió un cheque de Bancomer por los 110 millones de pesos que fueron depositados el 18 de octubre de aquel año en la cuenta 80111 abierta por el Banco de Desarrollo para el fideicomiso de la Lotería. Para el 31 de diciembre, según los estados de cuenta emitidos por Nacional Financiera, ese fideicomiso había ganado 1 millón 600 mil pesos en intereses y su saldo a esa fecha era de 111 millones 887 mil pesos.

El fideicomiso reporta en su sitio de Internet haber recibido 211 millones 972 mil pesos, los cuales afirma haber entregado a 87 instituciones de asistencia social. En la página cibernética no se precisan montos ni fechas de entrega de los recursos públicos, y asegura haber beneficiado a 2 millones 630 mil personas.

Violaciones legales

Sin precisar concretamente a qué tipo de fundaciones u organizaciones de asistencia social se entregarían esos recurso, la directora de la Lotería obtuvo una autorización de la Procuraduría Fiscal para crear su fideicomiso en octubre de 2001. Funcionarios de Hacienda, como la directora de Programación y Presupuesto A, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, agilizaron el trámite de registro del fideicomiso a pesar de que la Procuraduría Fiscal hizo observaciones y denunció que el convenio entre Lotería Nacional y Nafin se había suscrito violando la normatividad de Manual de Procedimientos para la Administración Pública Federal.

El director de Legislación y Consulta de Fideicomisos de la Procuraduría Fiscal, José Alberto Balbuena, le informó a la directora de Hacienda, Cecilia Barra, el 9 de octubre de 2001, que se autorizaba el contenido del contrato que les habían enviado, pero, quizá, para cubrirse del uso que se hiciera de los recursos públicos que se mandarían a ese fideicomiso, el funcionario advierte en un párrafo: ``no omitimos manifestarle que el presente se expide en lo referente a la instrumentación formal y estructura general del fideicomiso, por lo que no prejuzga o califica las operaciones y demás actos que con motivo del ejercicio de las facultades de los órganos de decisión se generen, mismos que serán de la exclusiva responsabilidad de éstos''.

Como en el pasado

Para el año 2002 el envío de recursos al fideicomiso Transforma México se repitió. El subdirector general de Administración de la Lotería, David Tornell Romo, solicitó en un oficio dirigido a la Secretaría de Hacienda que se permitiera nuevamente que las ``utilidades excedentes'' generadas por esa institución pudieran ser transferidas al fideicomiso. Refería que al 31 de diciembre de 2001 esas utilidades eran de 227.7 millones de pesos y que podían ser certificadas por auditores externos.

Y para convencer a la directora general de Programación, Organización y Presupuesto, Araceli Pitman Berrón, el subdirector de la Lotería Nacional argumenta que a principios del año 1996, en el gobierno de Ernesto Zedillo, la Secretaría de Hacienda aprobó la canalización de utilidades excedentes de la Lotería Nacional del ejercicio 1995 para que fueran transferidas al patrimonio de la institución en lugar de ser entregadas a la Tesorería de la Federación, como establece el artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Lotería, reconoce el funcionario.

De plano el funcionario sugiere que, si antes se hizo, no ve por qué no pueda repetirse la autorización para desviar esos recursos a un fin distinto del que les señala la ley. ``Me permito remitir copia fotostática de la documentación que en su momento se expidió para apoyar la decisión que Hacienda tomó en 1996, a la que ya se hace referencia en el párrafo anterior y que podría ser de utilidad para la solución de esta solicitud''.

A juzgar por la permanencia del fideicomiso que dispone ilegalmente de recursos públicos de la Lotería, los funcionarios de Hacienda autorizaron violentar la ley basados en que esto ya había ocurrido anteriormente.

El Ejecutivo busca legalizar irregularidad en la Lotería

Actualmente el fideicomiso Transforma México ya entrega desde hace dos años los recursos públicos y lo hace sin ningún tipo de vigilancia y sólo con la decisión discrecional de su directora.

Dos años después de que se violara la ley con la entrega de recursos directos de la Lotería Nacional a organismos de asistencia social a través de fideicomiso irregular denominado Transforma México, el Presidente Vicente Fox envió al Congreso una iniciativa en la que propone reformar la legislación que rige a la Lotería, para que se autorice la formación del fideicomiso que existe desde octubre de 2001 y se faculte a ese organismo para asignar la mitad de sus ganancias a organizaciones civiles de ayuda a grupos necesitados.

La iniciativa presentada el 29 de diciembre de 2003 y firmada por el Presidente Fox es un reconocimiento tácito de las graves violaciones legales en que incurrió la directora de la Lotería, Laura Valdés Ruiz, al disponer de recursos por más de 270 millones de pesos que mandó al fideicomiso Transforma México y cuyo destino ha sido, presuntamente los organismos de asistencia social.

En ningún párrafo de la propuesta legal, que actualmente está en comisiones de la Cámara de Diputados, el Presidente informa al Congreso que el fideicomiso que propone crear ya existe y opera desde el 18 de octubre de 2001, fecha en la que Laura Valdés lo firmó con Nafin, previas autorizaciones de funcionarios de Hacienda y de la Procuraduría Fiscal que avalaron el desvío ilegal de recursos.

La ley vigente para la Lotería Nacional obliga a la directora de la dependencia a entregar los recursos excedentes que obtenga el organismo, después de su gasto y del pago de premios, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que sea ésta la que los canalice a obras de asistencia. Sin embargo, su directora dispuso personalmente de estos recursos y a través del citado fideicomiso administrado por Nafin tiene dos años que supuestamente entrega dinero a los organismos asistenciales.

Lo que propone el Presidente en la iniciativa de reformas que actualmente está en estudio en la Cámara de Diputados es regularizar la ilegalidad que desde hace dos años se comete en la Lotería Nacional, cuando plantea que el 50% de los fondos que obtenga por sus actividades (la Lotería) serán canalizados a través de enteros a la Tesorería de la Federación (...) y el 50% restante se canalizará a través de un Fideicomiso para la Asistencia Pública, a las prioridades asistenciales que el Comité Técnico determine, de conformidad con las disposiciones aplicables.

En uno de los capítulos de la iniciativa presentada por el Presidente, se argumenta que con la creación del Fideicomiso para la Asistencia Pública se evitará el ``uso discrecional'' de los recursos de la Lotería y se rendirán cuentas transparentes a la ciudadanía'' sobre el dinero que recauda esa institución.

Además de disminuir considerablemente las facultades de la Junta Directiva; actualmente el máximo órgano de decisión de la Lotería, y de aumentar considerablemente las facultades del director general del organismo, la propuesta del Presidente es que el Fideicomiso para la Asistencia Pública asigne directamente a las organizaciones civiles los recursos públicos, bajo la vigilancia de un Comité Técnico que estaría integrado por varios secretarios de Estado, el director de la Lotería y representantes de los organismos privados de asistencia social.»

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, don Carlos Flores Rico.

Túrnese a la Tercera Comisión.

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SONDA DE CAMPECHE
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por el diputado don Eugenio Mier y Concha Campos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a las comisiones de Pesca, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Marina, de la Cámara de Diputados.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Excitativa a las comisiones de Pesca, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Marina, a cargo del diputado Eugenio Mier y Concha, del grupo parlamentario del PRI.

El suscrito, en su calidad de diputado a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promueve ante esta soberanía la presente excitativa, al tenor siguiente.

Antecedentes

1. El 11 de septiembre, las Secretarías de Marina; de Comunicaciones y Transportes; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación emitieron un acuerdo intersecretarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde amplían las áreas de prevención y exclusión marítima del golfo de México (sonda de Campeche), reduciendo a los pescadores de Tabasco las zonas de captura de camarón y otras especies.

2. A petición de las organizaciones pesqueras de Tabasco, invitamos a la Comisión de Pesca para que constatara los problemas que el mencionado acuerdo acarrea a esas organizaciones.

3. El 30 de octubre último, el diputado Abraham Bagdadi Estrella presentó una proposición con punto de acuerdo, en nombre de los grupos parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y del Trabajo, para exhortar al Ejecutivo Federal a modificar el acuerdo intersecretarial, a efecto de que se reestablezcan las zonas de prevención y exclusión al estado en que se encontraban antes de la publicación referida, pues a la fecha la Armada de México en tres ocasiones ha detenido y privado de la libertad a pescadores y embarcaciones, ocasionando pérdidas y afectando ingresos a cientos de familias.

Por lo anterior, le solicito, señor Presidente, que excite lo conducente a las Comisiones de Pesca, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Marina para el efecto que se dictamine, conforme a la ley, el punto de acuerdo descrito.

Dip. Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se excita a las comisiones de Pesca, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Marina de la Cámara de Diputados, para que emitan el dictamen correspondiente.

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TARIFAS ELECTRICAS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por el señor senador Oscar Luebbert Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a las comisiones unidas de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Energía, de la Cámara de Diputados.

La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

Con gusto, señor Presidente.

Excitativa que presenta el señor senador Oscar Luebbert Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, para que se dictamine la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en materia de tarifas eléctricas y de uso doméstico.

Compañeras y compañeros legisladores: versa así el escrito.

«Excitativa a las comisiones unidas de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, a solicitud del senador Oscar Luebbert Gutierrez, del grupo parlamentario del PRI.

Desde esta tribuna hago una respetuosa excitativa a las Comisiones legislativas de la Honorable Cámara de Diputados a fin de que, a la brevedad posible, dictaminen respecto de la minuta con proyecto de decreto aprobada por la Cámara de Senadores y en virtud de la cual se promueven modificaciones legales en materia de tarifas eléctricas de uso doméstico.

Refiero los siguientes antecedentes y consideraciones que sustentan la pertinencia de mi excitativa.

El 27 de marzo de 2003, en nombre del grupo parlamentario del PRI y en el mío propio, presenté una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que modifica el artículo 31 y adiciona un artículo 32 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.

Posteriormente, el 10 de abril, respondiendo a un clamor y a una exigencia muy extendida de la sociedad en contra de los incrementos desproporcionados e injustos en las tarifas eléctricas, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de las Comisiones de Energía, de Estudios Legislativos, Primera, y la de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, que fueron las comisiones a cargo estudiar y dictaminar dicha iniciativa.

Siguiendo el proceso legislativo habitual, la minuta fue remitida a la honorable Cámara de Diputados, y turnada a las comisiones correspondientes, pero a la fecha no ha sido dictaminada.

La iniciativa a que me refiero, en pocas palabras -compañeras y compañeros legisladores-, permítaseme recordarlo, respondía y en mi opinión sigue respondiendo, a la necesidad urgente de legislar en materia de tarifas eléctricas de consumo doméstico, necesidad puesta en evidencia con mayor fuerza luego de que el Ejecutivo federal promulgara el impopular decreto del 7 de febrero de 2003.

Como es bien sabido, el decreto del Ejecutivo modificó significativamente los rangos tarifarios en perjuicio de muy amplios sectores sociales, principalmente de la población ubicada en las zonas caracterizadas por el clima extremoso y húmedo del país.

En estas zonas, los pagos por concepto de tarifas eléctricas se vieron incrementados desproporcionadamente y, como es comprensible, fue precisamente en esas regiones en donde mayores estragos provocó esta medida debido a la necesidad mayor de consumo eléctrico para compensar los efectos del calor y el frío.

Pero las consecuencias negativas del decreto, en mayor o menor medida, afectaron a todo el país.

Debo destacar aquí que, por la seriedad de los estudios que la sustentan, y sus méritos y ventajas evidentes -ampliamente argumentados en la exposición de motivos-, la iniciativa en referencia recibió un apoyo muy amplio y plural de los grupos parlamentarios en el Senado, y ese respaldo se reflejó en el número de votos aprobatorios.

Desde luego, entiendo ese resultado como una consecuencia positiva del trabajo colectivo, del esfuerzo de concertación, significado porque desde su elaboración inicial, en la iniciativa se lograron incorporar aportaciones retomadas de otras iniciativas y de puntos de acuerdo similares adoptados tanto por legislaturas locales, como de propuestas particulares de legisladores del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México y de Convergencia.

Los votos de los senadores de Acción Nacional, en su mayoría, se emitieron por la abstención y solamente se registraron menos de una decena de votos en contra.

La legislatura anterior, que culminó sus labores a finales del año pasado, no obstante el gran interés mostrado por los diputados, no tuvo oportunidad de resolver este sensible asunto dentro del período de sesiones. Como es sabido, la agenda legislativa de fin de año hubo de atender un cúmulo de tareas que hicieron especialmente difícil el desahogo de todos los asuntos.

Sin embargo, estoy convencido de la importancia que tiene que fijemos en la ley criterios justos con relación a las tarifas eléctricas de uso doméstico. El reclamo social amerita un nuevo esfuerzo de parte de todos nosotros; esfuerzo que, respetando el marco de las competencias y atribuciones, se orienta a acotar la discrecionalidad ilimitada del Poder Ejecutivo Federal en la materia y, básicamente, junto con otras medidas, restableciendo los rangos tarifarios anulados por el decreto del 7 de febrero.

Y ese es el motivo, compañeras y compañeros legisladores, de la excitativa que ahora me permito presentar.

Para concluir con mi intervención, quisiera referir los elementos principales que se contienen en la iniciativa y que justifican que esta Comisión Permanente haga una formal y respetuosa excitativa dirigida a las comisiones competentes de la Cámara de Diputados.

Toma en cuenta el nivel socioeconómico de las diferentes regiones del país para la reclasificación tarifaria.

Plantea la reclasificación de los municipios atendiendo, no al factor temperatura como actualmente acontece, sino aplicando un nuevo criterio, el criterio de Índice de Calor, que resulta de combinar el factor humedad con la temperatura del aire, para obtener así un parámetro más objetivo y real que considera el efecto de la sensación térmica.

Como ya lo he mencionado, la iniciativa restablece los rangos intermedios de consumo suprimidos por el decreto del 7 de febrero.

Amplía de seis a ocho meses el período denominado ``temporada de verano'' para los estados más calurosos del país. Al aplicarse por dos meses más los precios de las tarifas especiales establecidas para esa temporada, se beneficiará a las regiones más cálidas y húmedas.

Elimina, por excesiva, la Tarifa de Altos Consumos, DAC.

Asigna un descuento especial para jubilados y pensionados. Esta propuesta, se formula en la lógica de fijar precios y tarifas especiales para estos segmentos sociales, tal y como sucede ya en el caso del pago del predial, el agua y otros servicios públicos.

Elimina la aplicación de la tarifa 2, de uso comercial, para el caso de los pequeños establecimientos comerciales, de tipo familiar, ubicados en casas habitación.

Establece un trato preferencial a las regiones y municipios considerados por la Secretaría de Desarrollo Social como de pobreza extrema.

Compañeras y compañeros legisladores:

La política de precios y tarifas debe ser congruente con la naturaleza y el espíritu social de la empresa pública. Nunca antes, como ahora, se utilizó a las tarifas eléctricas como un mecanismo de recaudación y la representación popular no debe permitirlo, porque ello está afectando a la sociedad.

Recientemente, en esta misma tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado Carlos Flores Rico, de Tamaulipas, planteó de nuevo el tema, al solicitar la reclasificación de varios municipios de nuestro estado.

Me sumo a su petición, porque además, ella expresa que la lucha de la población en contra de las tarifas altas de CFE, continúa.

Por su atención, muchas gracias.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, Secretaria.

De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se excita a las comisiones unidas de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Energía de la Cámara de Diputados para que emitan el dictamen correspondiente.

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ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud formulado por el señor diputado don Carlos Osvaldo Pano Becerra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Excitativa a la Junta de Coordinación Politica de la Cámara de Diputados, a solicitud del diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, del grupo parlamentario del PRI.

Con fecha 6 de noviembre del 2003, el diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, integrante del grupo parlamentario del PRI y miembro de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, presentó ante este órgano legislativo un punto de acuerdo en el que se solicita a la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura que sea creada una comisión especial que conozca, analice e informe respecto de la red delictiva Marasalvatrucha, en la frontera sur de México, en el estado de Chiapas.

Considerando

Que cuando hablamos de la frontera sur nos remitimos a la puerta de entrada del intercambio comercial con Centro y Sudamérica, como eje rector inclusive de todo el continente, sin dejar de lado la situación que prevalece en todas las demás fronteras, pero especialmente la de la frontera sur, por ser ésta por donde transitan más del 70% de los estupefacientes que circulan en nuestro país para llegar al mercado principal de consumo, la Unión Americana.

El cáncer social que vive la frontera sur respecto de los grupos delictivos de la Marasalvatrucha ha crecido, a grado tal que han conseguido que las autoridades judiciales no logren desmantelarlos, ya que su fortaleza ha llegado a incidir sobre todo en la raíz de nuestra sociedad en la juventud chiapaneca, de tal forma de que hoy en día esta organización criminal mixta de centroamericanos y chiapanecos, cuyas células se auto denominan la ``13'' y ``18'', sean la más terribles, temidas y respetadas dentro de esa red internacional de terrorismo social.

La solicitud de la conformación de la comisión especial de diputados federales para conocer, analizar e informar respecto de estos grupos de la Marasalvatrucha en la frontera sur de nuestro país, es con el propósito de atender de manera urgente este asunto del orden de seguridad nacional, toda vez que son redes delictivas que han desequilibrado la paz social en diversos países, por ejemplo, en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Estados Unidos y México.

En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión que excite a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, para que en el ámbito de su competencia dictamine y resuelva la proposición de referencia.

Dip. Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para la creación de una Comisión Especial que conozca, analice e informe respecto de la red delictiva Marasalvatrucha en la frontera sur de México, en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, del grupo parlamentario del PRI.

El suscrito diputado federal, Carlos Osvaldo Pano Becerra, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, propone el siguiente punto de acuerdo para la creación de una comisión especial que conozca, analice e informe respecto de la red delictiva Marasalvatrucha, en la frontera sur de México, en el estado de Chiapas, bajo los antecedentes y consideraciones siguientes:

Antecedentes

Al término de la década de los setenta, en la ciudad de Los Angeles, California, en Estados Unidos de América, se formaron bandas delictivas de jóvenes desocupados carentes de estructuras prosociales; estas pandillas, en su mayoría, se constituyeron por latinos, que deportados o de regreso a sus países de origen, sobre todo de Centroamérica, a su paso iniciaron a muchos jóvenes delincuentes, formando la estructura de la denominada Marasalvatrucha, haciendo alusión a la marabilinta, nombre de una hormiga salvaje que habita en grandes cantidades arrasando la jungla como una plaga.

Estos grupos de jóvenes con nombre de Maras, la utilizan como identificación por haber invadido la Unión Americana como una plaga humana, logrando destrucción en la ciudad de Los Angeles, California.

Esta organización, al pasar por Chiapas, en su regreso a Estados Unidos, ha encontrado en la frontera sur de nuestro país, en específico en los municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, Tuxtla Chico, Cacahotan, Unión Juárez y Tapachula, la zona propicia para llevar a cabo sus propósitos de anarquía y terrorismo social, por ser la puerta natural del inicio del éxodo hacia el sueño americano.

Consideraciones

El cáncer social que vive la frontera sur respecto de estos grupos delictivos ha crecido de tal forma que incluso han conseguido que las autoridades judiciales no logren desmantelarlos, ya que su fortaleza ha llegado a incidir sobre todo en la raíz de nuestra sociedad, en la juventud chiapaneca, de tal forma que hoy en día esta organización criminal mixta de centroamericanos y chiapanecos, cuyas celdas se auto denominan la ``13'' y la ``18'', sean las más temidas y respetadas dentro de esta red internacional de terrorismo social.

Hablar del terrorismo de los Maras es hablar de un terrorismo no convencional, que actúa y crece sembrando su semilla en la formación de sus miembros, aprovechando la inexperiencia y las dudas de los jóvenes, especialmente de menores de edad, los cuales son manipulados, ya que tienen conocimiento de las leyes, sobre todo la de menores infractores, por eso los adultos intelectuales de estas bandas pocas veces son capturados y quienes pagan por las consecuencias de estos delitos son esos aprendices de Maras, que pronto son liberados, ocasionando una gran perturbación en la tranquilidad social.

Hablar de perturbación de la tranquilidad social es hablar, en este rubro, de delitos y de actos vandálicos que vienen realizando los extranjeros perniciosos de dichos grupos en la frontera sur de México, por lo cual es necesaria y urgente la intervención del gobierno y autoridades federales, toda vez que se vive en Chiapas una ola de delincuencia organizada llamada Marasalvatrucha; la intervención de extranjeros en la conformación delictiva queda demostrada inclusive en la denominación de estas bandas, incluyendo parte del nombre de El Salvador, país de origen.

Negar la existencia de este fenómeno es vendarse los ojos, es negar la realidad y evadir el problema que aqueja a la sociedad del pueblo chiapaneco, en virtud de que se vive con la zozobra de quién es la próxima víctima de estos delincuentes, o saber a qué familias les tocarán llorar la pérdida de un hijo, bien al ser parte de ellos o cuando fallecen como resultado de alguno de sus actos de terror.

La solicitud de la conformación de una comisión especial de diputados federales para conocer, analizar e informar respecto de estos grupos de la Marasalvatrucha en la frontera sur de nuestro país, es con el propósito de atender de manera urgente este asunto del orden de seguridad nacional, toda vez que son redes delictivas que han desequilibrado la paz social en países como Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Estados Unidos y México. Además, esta Comisión Especial coadyuvaría al diagnóstico de los derechos humanos de los niños y adolescentes mexicanos y extranjeros involucrados en estas organizaciones.

En esta guerra oculta que se vive en Chiapas contra estos grupos de extranjeros perniciosos, nuestra soberanía es violada constantemente. México empieza en el sur por Chiapas y la urgencia de la protección de la soberanía es un reclamo de todos los habitantes del territorio nacional que no puede esperar, por lo que se hace un llamado antes de que este mal se ramifique por todo el país.

Si, como expresa nuestra Carta Magna, ``la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo'', el pueblo de la frontera sur exige a este Congreso de la Unión la pronta resolución a este mal que aqueja a la juventud no sólo de Chiapas sino de México.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 34, 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 71 y 78 de su Reglamento para el Gobierno Interior, con el objeto de que se informe a esta soberanía sobre el asunto referido, presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Esta honorable Cámara de Diputados se pronuncie a favor de la conformación de una comisión especial que conozca, analice e informe sobre lo relacionado con los grupos delictivos Marasalvatrucha, localizados en la frontera sur.

Segundo.- Dicha comisión especial rinda informe a esta soberanía en un plazo no mayor de veinte días sobre el resultado de los trabajos realizados y así tener las bases y elementos para que esta honorable Cámara de Diputados, en función de su competencia resuelva al respecto.

Palacio Legislativo, a 6 de noviembre de 2003.--- Dip. Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.

Remítase a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

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EXBRACEROS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es el capítulo relacionado con la agenda política. El primer punto de esa agenda es comentarios sobre una comisión que se encargue de investigar los recursos del fondo de ahorro de los exbraceros mexicanos.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda:

Una consulta, señor Presidente, ¿son 10 minutos, en la agenda política?

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Sí señor, porque usted hizo la propuesta y en la agenda política quien hace la propuesta dispones de 10 minutos, los demás disponen de cinco.

El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda:

Perfecto, gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante.

El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda:

Compañeras y compañeros legisladores:

El tema por el que me inscribí para hablar en la pasada sesión y por razón de tiempo no tuve la oportunidad de abordar, sigue teniendo vigencia. La lucha de medio siglo de los ex braceros por recuperar sus ahorros, que los ha conducido desde plantear un juicio al gobierno norteamericano, acudir al Congreso mexicano donde los legisladores han presentado hasta tres iniciativas de ley para buscar solucionar este complejo asunto, hasta acudir con gesto desesperado a los partidos políticos, buscar el compromiso de intermediación de la Iglesia Católica a través del cardenal Norberto Rivera Carrera, participar en una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación en el actual sexenio hasta hacer movilizaciones a las oficinas del Gobierno para que la sociedad sepa de su existencia y de su aspiración a sobrevivir en rigor, esta lucha no ha encontrado una vía de solución.

La respuesta del Gobierno ha sido simplemente burocrática y evidencia el desdén que se da al reclamo de estos humildes mexicanos.

Resulta preocupante que el Gobierno argumente que el de los ex braceros es un problema del Congreso, que nosotros no previmos los fondos para darle una solución, es inquietante que el Secretario de Gobernación, Santiago Creel, haya dicho que se haría hasta lo imposible para apoyarlos y en el mismo día, el Subsecretario Ramón Martín Huerta, los haya desahuciado afirmando que no se les debe nada.

Desde mi perspectiva se requiere seriedad y responsabilidad en el encauzamiento de un problema que no es menor.

Al margen de la discusión de qué gobierno tuvo la culpa en este agraviante descuido, de si hubo desmayos en la irrupción al rancho de la familia Fox, en una acción que viola el Estado de Derecho y con la que definitivamente no estamos de acuerdo, hay un argumento de fondo: las pruebas y testimonios que indican que entre 1942 y 1946, se suscribieron convenios de contratación con Estados Unidos, en el llamado ``Programa Bracero'', promovidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que contemplaba el descuento de un 10% de su salario para constituir un fondo financiero que permitiera que a su retorno, nuestros campesinos pudieran incorporarse a la vida productiva con mejores perspectivas.

El fondo de ahorro del 10% salarial, era descontado semanalmente a cada uno de ellos; se transfería desde San Francisco, California, a través del Wells Fargo Bank al Banco Nacional de Crédito Agrícola que se convirtió en 1975, siendo Banco de Crédito Ejidal, en Banco de Crédito Rural. Pero también al Banco Nacional del Ahorro, en el caso de los trabajadores no agrícolas a quienes sí se les liquidó su fondo de ahorro.

Los documentos históricos rescatados por una Comisión del Congreso de la Unión, que investigó los hechos, prueba que hay un fundamento legal en el convenio avalado jurídicamente por los gobiernos de México y de Estados Unidos. Si esto es verdad, entonces que el Gobierno asuma su responsabilidad con seriedad y plantee una estrategia para solucionar este delicado asunto y no salir con la ligereza lamentable de echarle la culpa al Congreso o negar la existencia del problema.

Muchos de los protagonistas de entonces, ya no están, pero los que quedan, sus herederos, reclaman su derecho a recuperar un dinero que es suyo. Su petición no sólo es legal, sino legítima. Y más allá de cualquier discusión en torno al monto de lo demandado, lo pertinente es encontrar las respuestas que solucionen el problema. No hay ninguna excusa para perpetuar una injusticia.

Nosotros como legisladores tenemos que estar pendientes de cualquier asunto que afecte a la sociedad, particularmente a los más pobres. La justicia no es un derecho que se escriba, ni está sujeta a la buena voluntad o al ánimo de quienes gobiernan.

La búsqueda de una solución al fraude cometido en contra de los campesinos migrantes que participaron en el llamado ``Programa Bracero'', implica realizar una minuciosa investigación que despeje todas las dudas sobre el mecanismo de transferencia de recursos y las instituciones bancarias en donde se encuentran estos depósitos.

Ha sido por eso muy pertinente que esta soberanía decida la conveniencia de integrar una comisión que investigue el padrón real de beneficiarios, determine la responsabilidad jurídica del Estado mexicano y establezca un esquema financiero para devolver a estos campesinos migrantes estos recursos que demandan como suyos.

Sin embargo, este asunto donde el asistencialismo de programas como el de adultos mayores, del Seguro Popular y de Visas para poder ingresar a Estados Unidos, es la respuesta a la legalidad de quienes han agotado su vida y su tiempo tratando de recuperar algo que el Gobierno les está arrebatando, este asunto, digo, nos obliga a revisar a fondo el tema migratorio.

Los temas de la sucesión presidencial adelantada, de las aspiraciones de la señora Fox, seguramente llaman a curiosidad y hasta a la apasionada discusión de quienes ven en esta actitud un despropósito.

Pero el problema de los que tienen la necesidad y la razón de emigrar de su patria, es más importante. Por eso los legisladores tenemos que proponer una vía de solución con la prioridad que nos merece su complejidad.

La aportación de estos trabajadores a la estabilidad económica y política del pueblo norteamericano y mexicano, no ha sido suficientemente reconocida. Aun ahora, los trabajadores migratorios están aportando al desarrollo del país, más de 13 mil millones de dólares. Como entonces, hoy los pobres siguen salvando los pobres de nuestro país.

Por esas razones tenemos que volcar nuestro interés en el estudio a profundidad del tema, evaluar los beneficios para ambos países, pero también el reiterado menosprecio a los derechos humanos de nuestros compatriotas.

El fenómeno de la inmigración que no es un hecho nuevo ni aislado de nuestra región, es un desafío para todo, pero sobre todo, es un reclamo al fracaso de los programas gubernamentales que son incapaces de encarar de manera adecuada y justa las causas estructurales de la miseria que expulsan a los ciudadanos más vulnerables.

Nuestra responsabilidad es defender la vida y los derechos laborales de los nuestros y cuidar que no se siga repitiendo hoy con sus remesas, lo que aconteció hace más de medio siglo con los ahorros de quienes vinieron a demandar justicia y los obligaron a pedir perdón por exigirla.

En las democracias contemporáneas, el papel del Congreso rebasa la producción legislativa y se ha convertido por su propio derecho en el centro de resonancia de la conciencia nacional.

Por eso los legisladores no podemos permitir ningún atropello a la sociedad, pero con mucha más razón, que se siga vulnerando el derecho de los más pobres.

No permitamos que las injusticias se hagan infinitas; este problema nos hace conciencia de lo mucho que tenemos que hacer todos. Respondamos con los argumentos de la solidaridad y no con las armas de la intolerancia.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, el señor diputado don Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Luis Antonio González Roldán:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

Los flujos migratorios de diferentes entidades federativas de nuestro país hacia Estados Unidos de Norteamérica, se han convertido en una situación normal y cotidiana.

La estructura poblacional de los estados de Durango, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, por mencionar sólo algunas entidades, presentan una dinámica muy particular. En algunas la población y economía local depende sustancialmente de los recursos que nuestros migrantes envían a estas comunidades.

La dinámica poblacional presenta ambiente quasi fantasmal, como resultado de este intenso proceso migratorio a tal grado que se han convertido en pueblos con población de edad avanzada, ya que los habitantes que quedaron, se han envejecido y son personas de la tercera edad.

En la actualidad, la importancia que para nuestro país tienen los recursos que envían nuestros migrantes, es de primer orden. Estos representan una de las más importantes entradas de divisas la tal grado que se han convertido en la segunda fuente de ingresos después de las exportaciones petroleras.

No hay duda que los ingresos que nuestro país recibe en remesas de billete verde que vía nuestros connacionales a México han desplazado a otros rubros tan importantes como la inversión extranjera y el turismo.

Al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos preocupa profundamente saber que importantes grupos de nuestros migrantes, que abandonaron nuestra tierra y sus hogares en busca de mejores niveles de bienestar en las décadas de los años cuarenta, cincuenta y sesenta sigan todavía manifestándose públicamente, con el fin de reclamar legítimamente los fondos de ahorro producto de su trabajo y que fueron enviados a nuestro país en esos años.

Estos fondos de ahorro son el resultado del descuento que el gobierno estadounidense aplicaba a razón del 10% del salario que cada uno de nuestros trabajadores percibía por medio de cheques. Dichas cantidades eran enviadas a territorio nacional a través del Banco Wells Fargo, quien lo transfería a bancos mexicanos.

Este programa, que duró hasta el año de 1964, fue un acuerdo oficial entre el Gobierno mexicano y norteamericano, destinado a permitir que los trabajadores mexicanos laboraran en los campos de Estados Unidos, con el fin de reemplazar temporalmente a los trabajadores estadounidenses que en ese tiempo habían partido a la guerra.

Los demandantes estiman que la suma descontada de sus cheques y después desaparecida, podría llegar a un monto aproximado de 500 millones de dólares. Dichas remesas de dinero han pasado por diversas instituciones financieras como son el Banco Ejidal, el Banco de Crédito Agrícola, que a la postre se convertiría en el Banco de Crédito Rural, Banrural, mismo que hoy se ha transformado en Financiera Rural.

El caso que nos ocupa evidentemente no encuentra respuesta satisfactoria por parte de los funcionarios del Gobierno Federal ni de parte de los funcionarios bancarios. Esta situación vergonzosa tiene que ser solucionada. Los braceros entraron a ese país no sólo legalmente, sino como invitados de EUA. Ellos hicieron un gran servicio para aquella nación y para la nuestra, pero en vez de reconocerlos y honrarlos por su contribución a nuestra prosperidad continua se les extravió su sueldo.

Por lo que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se adhiere a la proposición para constituir una comisión que se encargue de investigar los recursos de fondo de ahorro de los ex braceros mexicanos.

Por su atención, gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema el señor diputado don Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Sergio Vázquez García:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Es sorprendente la elocuencia con la que nos viene a narrar el problema de esos fondos de los migrantes mexicanos el compañero diputado, pero yo me pregunto si fue elocuente durante todos esos sexenios en su reclamo para que se solucionaran sus problemas.

Me extraña el ímpetu con el que hoy reclama ese problema que ellos ocasionaron durante tanto tiempo, el gobierno priísta, que nunca dieron respuesta a estas personas que solamente exigen justicia. Yo me pregunto si realmente hoy se interesa por los derechos de estos mexicanos o simplemente trata de culpar a este gobierno de algo que ellos ocasionaron.

Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en que se busque hacer justicia a estos mexicanos. Estamos de acuerdo que se investigue en dónde quedaron esos fondos, ¡que dicho sea de paso este Gobierno no los perdió!, si es que se puede decir que se perdieron.

¿Cuántos rezagos han dejado en estos últimos años o dejaron en estos últimos años los gobiernos priístas y que hoy, compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional, vienen a decirse ahora los salvadores de la patria?

Por supuesto tenemos que buscar la justicia a estos mexicanos, a este problema de tantos años, pero también tenemos que decir que fue este Gobierno el que abrió los temas polémicos que nunca se animaron otros gobiernos a hacerlo, como el tema de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Como aquellos acuerdos a que se pretende llegar con Estados Unidos para lograr los derechos de los mexicanos que durante tantos años pidieron, pidieron que se lograran y que hasta hoy fueron escuchados.

Nos queda claro que hasta hoy se está escuchando a estas personas por parte de la Secretaría de Gobernación y se están buscando soluciones. A la mejor no la más apropiada, a la mejor no la que ellos quisieran tener, pero que se están buscando para enmendar los errores del pasado.

Por supuesto, vamos tomando como legisladores esta responsabilidad, pero en una mesa en donde se pueda dialogar con hechos concretos y con la historia real, para poder evaluar el presente y el futuro. Vayamos trabajando en las comisiones y en el trabajo legislativo y busquemos coadyuvar al Gobierno Federal que busca por supuesto la justicia en los compañeros migrantes que se encuentran en Estados Unidos...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, señor orador.

Suspéndase el marcaje.

¿Con qué propósito, señor diputado Ramírez Pineda?

El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda (desde su curul):

Para hacer una pregunta al orador, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Acepta la pregunta, señor diputado?

El diputado Sergio Vázquez García:

Al terminar mi intervención, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Al terminar la intervención.

Continúe el marcaje.

Continúe con su intervención.

El diputado Sergio Vázquez García:

Y yo quisiera comentarle que por supuesto vamos siendo responsables y que esa responsabilidad histórica sea la que juzgue a este Congreso en la solución de los problemas de muchos mexicanos que no solamente están exigiendo justicia en este asunto en el que por supuesto este Gobierno no fue culpable, sino en otros tantos en las que tenemos que solucionar nosotros los legisladores.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento.

La pregunta, señor diputado Ramírez Pineda.

El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda (desde su curul):

Señor Presidente, lo que pasa es que no entendí exactamente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿No va a hacer la pregunta?

El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda (desde su curul):

Ya no señor Presidente, no tiene sentido.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias.

Tiene el uso de la palabra el senador don Rafael Melgoza Radillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El senador Rafael Melgoza Radillo:

Gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

Estamos hablando de un tema que reviste para el país, para el Estado mexicano, la mayor de las importancias, como seguramente todos deberemos reconocer, en particular en este asunto que se puso en la agenda política del día de hoy, pues se trata de un problema que tiene o de un asunto que tiene alrededor de 50 años y que empezó en aquel momento involucrando a miles de trabajadores y que ahorita en muchos casos entre legales e ilegales involucra a millones de mexicanos trabajando en el exterior, particularmente en Estados Unidos.

Yo creo que debemos esforzarnos, esta Legislatura, por lograr el darle continuidad a los esfuerzos de carácter institucional que el Gobierno mexicano, que el Congreso de la Unión, que el Estado mexicano inició particularmente en la Legislatura anterior, con comisiones específicas para ello y con la participación, como aquí se ha recordado, también del Gobierno Federal, para buscar encontrar mediante distintas acciones e investigaciones, darles una respuesta a estos mexicanos y sus familias que actualmente están demandando el que se les repongan o se les paguen derechos que fueron adquiridos cuando trabajaron en Estados Unidos y que es importante subrayar no lo hicieron como ilegales. En este caso particular lo hicieron porque iban amparados en convenios que el Gobierno mexicano hizo con el Gobierno norteamericano y que entonces deberíamos de partir de que bajo esas bases el propio Estado mexicano, el Gobierno mexicano, debe ser el garante para poder responder institucionalmente a esas obligaciones que en todo caso se pactaron a favor de los trabajadores mexicanos en aquellos tiempos en Estados Unidos y que por el dicho de ellos no fueron satisfechas.

Yo creo que esta legislatura entonces, particularmente la Cámara de los Diputados debiera, como entiendo está procediendo a hacerlo ya, en nombrar otra comisión como lo hizo la legislatura pasada y le dé continuidad a los trabajos que se han realizado.

Las investigaciones, todos sabemos, determinan que de 1942 a 1946 quedó ya por lo menos en esas fechas, claramente establecido que se descontó el 10% a esos trabajadores durante ese tiempo, se descontó el 10% de sus salarios en aquel país y por lo menos, dice la investigación, fueron enviados aquí a una institución financiera bancaria nacional.

También la investigación hasta ahora realizada por los diputados y por el Gobierno de la República, ha determinado hasta estos momentos un censo específico de los mexicanos que estuvieron trabajando allá, amparados por esos convenios. Se conoce, hasta ahora entiendo, una cantidad de 5 mil y tantas personas, algunas que viven y otras que sus familias de ellos porque ellos ya murieron, están demandando ser la recipiendarias de esos derechos que están reclamando.

En fin, hay ya avances, aunque por desgracia para los demandantes, no hay resultados concretos todavía, entonces yo creo señoras y señores legisladores, que lo importante es que se continúe con este esfuerzo institucional y que el Gobierno de la República, el Congreso de la Unión les dé respuesta institucional también a estos mexicanos.

Hay ya iniciativas legales que se han presentado a la Cámara de Diputados, diversas iniciativas por las distintas fuerzas políticas aquí representadas que están en la congeladora, que están ahí en las comisiones a donde fueron enviadas y que no han sido dictaminadas y que son iniciativas que llevan el objetivo de generar los recursos necesarios para responder institucionalmente como Estado mexicano a esos trabajadores.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor senador.

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, el señor diputado don Alfonso Juventino Nava Díaz.

El diputado Alfonso Juventino Nava Díaz:

Con su permiso, señor Presidente:

Decirle al compañero diputado del Partido Acción Nacional que los temas sociales no tienen color, yo quiero referirme que el año pasado estuvimos dirigiéndonos al personal de la Secretaría de Gobernación para hablar de este tema.

El 15 de octubre se cerró el periodo que se tuvo de acuerdo con la anterior legislatura para registrar a los braceros que estuvieran en la circunstancia de que se les pudiera retribuir su ahorro. La legislatura anterior, como todos recordamos, planteó en pagarles a nuestros braceros 1 mil pesos mensuales durante cinco años para que sumaran 60 mil pesos a ellos o a sus viudas.

Se requería por lo tanto saber de qué cantidad de braceros estábamos hablando, la Secretaría de Gobernación se dio a la tarea de hacer este censo y nos dirigimos a la delegada en el estado de San Luis Potosí y aquí en la Ciudad de México, para notificar.

Primero. Que no había la suficiente difusión acerca del tema y

Segundo. Que no era justo que hiciéramos ir a las capitales de los estados a los braceros cargándoles todavía el gasto de desplazamiento .

En el mes de noviembre volvimos a entablar comunicación con la Secretaría de Gobernación para que nos dijeran la cantidad de braceros para poder hacer un punto de acuerdo que se incluyera en el Presupuesto del 2004.

Dicha cifra nos fue dada hasta el mes de enero diciendo que solamente se habían registrado tres mil braceros y por lo tanto ya no había oportunidad de poderlo incluir en el presupuesto.

En la fracción priísta, debo de decirlo, tomamos el punto... comentamos el punto de pedir que este año, de los remanentes del petróleo por el diferencial de precio pudiera ser incluido ese presupuesto para pagarles, no programas sociales, sino para cumplirle a la gente con la que estamos pendientes.

Quiero decirle al diputado que cuando se hizo campaña por nuestro Presidente de la República actual, no se dijo que sí aceptaba y que no aceptaba; no se habló de parcialidades, sabíamos perfectamente que tenemos un Estado si bien es cierto con avances, también es cierto con algunos problemas como esta circunstancia, pero me parece que su expresión me recuerda aquella frase que dice: ``que las malas parteras, cuando el niño les sale mal, le echan la culpa a la luna''. Ya basta de que se esté culpando al Partido Revolucionario Institucional.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para hablar sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra el señor senador Rómulo Campuzano González.

El senador Rómulo Campuzano González:

Con permiso de la Presidencia:

Yo iniciaría mi comentario con una de las frases de la persona que me antecedió.

Efectivamente los problemas del país, los problemas de México no tienen color pero sí tienen víctimas. Hay miles y millones de mexicanos, aquí también se dijo, el 50% de la población de México está calificada como pobre y de éstos, casi la mitad están calificados como en extrema pobreza.

Yo quiero traer aquí a colación ahorita que recordamos la memoria de uno de los presidentes de México, José López Portillo, cuando estando él en la Presidencia termina con el decreto del Infonavit de regresarle a los que aportamos al Infonavit parte de nuestro salario y que no fuimos beneficiarios de ningún crédito del Infonavit y que había el acuerdo de que a los 10 años se nos iba a regresar el dinero, y de esto nada.

Han pasado poco más de 50 años, entre ocho y nueve sexenios administrados por el Partido Revolucionario Institucional y hasta hoy se dan cuenta que existen los problemas de los braceros, de los jubilados y pensionados, los problemas del campo y desde luego los problemas de la pobreza.

Yo pienso que sí es importante que hagamos referencia de esto, ¿por qué no? Porque les lastima que vengamos y lo digamos en esta tribuna cuando se aprovechan estas oportunidades y es evidente el tinte político partidista de esta intervención que hizo el que inició esta discusión mencionando a la esposa del Presidente, Marta Sahagún.

Es evidente que en todo argumento y en toda plática que se viene a definir en esta tribuna se trata de denostar al actual Gobierno, a las personas que encabezan el Gobierno y desde luego tratándole de cargar a este Gobierno el esfuerzo de resolver todos los problemas que heredamos.

Se dijo aquí también que se irrumpió, diría yo en un acto sin precedente, a una propiedad privada, pero yo pienso que esto no es lo trágico de la situación, es, ¿quién envió a esas personas a meterse a un rancho privado, independientemente de quién sea el propietario?, ¿quién los financió?, ¿quién los organizó?, eso es lo que también se debe de investigar. Y terminaría yo mi comentario diciendo lo siguiente:

Sería muy bueno que se definiera una comisión de este Congreso, de este Poder Legislativo para que se investigue quién o quienes se robaron ese dinero, porque el problema no es, sí se envió o no se envió el asunto, el dinero, el problema no es sí eran ilegales o no eran ilegales nuestros connacionales; el problema es, ¿quién se robo ese dinero, aquí en México?, ¿en dónde quedó?, ¿en la cuenta de qué presidente o de qué funcionario de Hacienda, quedó ese dinero?

Y finalmente, diría yo, la solución de este problema, no le toca solamente al Poder Ejecutivo, nos toca a todos los mexicanos y nos debemos de incluir y desde luego a la Cámara de Diputados, porque es la que tiene la posibilidad de asignar los recursos y de permitirle al Poder Ejecutivo el tener acceso a éstos.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor senador.

¿Con qué propósito, don Antonio?

El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda (desde su curul):

Para alusiones.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En el artículo 102, hasta cinco minutos. Pase usted, para contestar alusiones personales.

El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda:

Con su permiso, señor Presidente:

Siento mucho que a los legisladores del Partido Acción Nacional les haya molestado mucho esta propuesta que hace el Partido Revolucionario Institucional, para pedir se investigue sobre el asunto de los ex braceros.

Primero que nada, quiero decirles que el Partido Revolucionario Institucional, jamás ha hecho caso omiso a los problemas sociales; jamás ha hecho caso omiso a los problemas de los trabajadores migratorios, al contrario, siempre lo hemos demandado, las pruebas existen.

Nosotros estamos proponiendo que se investigue efectivamente dónde quedó ese dinero, que se deslinden responsabilidades, no queremos encubrir a nadie. Pero este asunto salió, salto a la luz pública por falta de capacidad del Gobierno de la República para atender este problema, ése es un asunto que salió a la luz pública desde 1999 formalmente. Este es un asunto que la Secretaría de Gobernación ha venido trabajando desde el año antepasado, incluso el Presidente Fox lo llevó a Los Pinos. El problema está que el Gobierno Federal solamente les dio atole con el dedo, no les resolvió absolutamente nada.

Por eso estamos planteando, y lo repito una vez más, que al tema de los ex braceros tiene que darse solución, porque estamos conscientes que los problemas no se resuelven en 15 minutos como prometió el Presidente Fox, sabemos que son problemas que se tienen que ir encauzando, obviamente es un problema que tiene muchos años, que no empezó en la administración del Presidente Fox, pero en algún momento habrá que responder sobre este problema y tenemos también que atender el problema de los pensionados y jubilados, que también es una herencia de gobiernos anteriores.

¿Por qué dice el señor senador de que se le ataca a la señora Marta Sahagún de Fox? No se le está atacando, en todos los medios se habla acerca de que la señora del Presidente quiere reelegirse en el 2006. Es un asunto que no digo yo, lo dicen todos los medios, lo dice ella misma, la defiende el Presidente, no entiendo de dónde sale el señor senador de que es un capricho de nosotros.

Francamente, señor senador, su participación completamente está fuera de lugar. Nosotros no estamos en ningún momento tratando de encubrir a nadie; que se investigue, que se castigue quién utilizó esos recursos. Lo que necesitamos nosotros y exigimos los legisladores del PRI, es que a los ex braceros se les pague ese dinero que se les debe, que ganaron con el sudor de su frente.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias.

Adelante, don Rómulo, para contestar alusiones personales.

El senador Rómulo Campuzano González:

Con el permiso de la Presidencia:

No, señor diputado, no ponga en nuestra boca palabras que no dijimos. No nos incomoda la petición que usted hace aquí, no nos asusta, al contrario, también queremos que se resuelva, pero nuevamente volvió usted a repetir lo mismo. Evidentemente usted no intenta que se resuelva el problema, sino llevar agua a su molino partidista.

Yo le haría a usted una pregunta...

El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda (desde su curul):

Señor Presidente, quisiera hacer una pregunta al orador.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

A ver, un momentito, señor orador.

¿Acepta don Rómulo la pregunta del señor diputado Antonio Ramírez Pineda?

El senador Rómulo Campuzano González:

No, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

No la acepta, señor diputado. Adelante.

El senador Rómulo Campuzano González:

Pero le voy a dar la forma para que pueda usted pasar, diputado.

Mire, yo le voy a hacer a usted una pregunta, me le voy a adelantar. Quisiera que usted me dijera si en los 50 años anteriores a esta administración que inició en el 2000, hubo algún legislador de su partido que hiciera esta lucha, que buscara esta lucha que usted ahora está trayendo a tribuna, que nos lo precisara y terminaría diciendo. ¿Sabe por qué no se conocían los problemas en otros tiempo, diputado?, porque se estilaba el sobornar a los líderes. Tan es así que ahí están los problemas vivos desde hace más de 50 años.

Por su atención, gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor senador.

El diputado Alfonso Juventino Nava Díaz (desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Con qué objeto?

El diputado Alfonso Juventino Nava Díaz (desde su curul):

Para hechos.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Pasa para rectificación de hechos.

El diputado Alfonso Juventino Nava Díaz:

Con su permiso, señor Presidente:

Decirle, senador, que éste es un problema efectivamente de un alto contenido social, como todos lo sabemos, y de un alto recorrido a través de la vida parlamentaria. Quiero decirle que diferentes legislaturas han buscado la respuesta a este problema, incluso hace cuatro años el gobernador de California en Estados Unidos, promulgó una ley, un decreto de ley para que se investigara en dónde habían quedado estos recursos.

Este es un asunto muy atorado, muy entrampado, pero si revisamos la historia y de manera personal yo le ruego me permita hacerles la cronología de las diferentes participaciones de legisladores de mi partido.

Finalmente yo nada más quisiera concluir que no estamos buscando a los culpables; estamos buscando soluciones. Necesitamos responderle a esta gente del 42 al 46, ese pago de ahorros que ellos confiaron que a su regreso podrían tener implementos agrícolas. Necesitamos saber si en los periodos de contratación de los años 50 o en los años 60 efectivamente se retuvo o no el ahorro, para también poder darle respuesta.

Finalmente, creo que todos coincidimos en que se debe de investigar a fondo, el Partido Acción Nacional así lo demanda, estamos seguros que el resto de los partidos y desde luego el Revolucionario Institucional, que se establezca la comisión para que se llegue al fondo, pero es necesario que paguemos a nuestros braceros.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna (desde su curul):

Para rectificar hechos, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Sí, diputada, para rectificación de hechos, se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

Yo creo que tiene mucha razón el senador del PAN, cuando dice que el problema tiene mucho tiempo y efectivamente no es el actual Gobierno el responsable de este problema.

Cuando el Presidente Ernesto Zedillo anunció el rescate bancario, el problema del Fobaproa, vinieron aquí los exbraceros, yo era diputada en aquel tiempo y con sorpresa, con asombro, con azoro, nos enteramos de un problema semejante, era que le habían quitado una parte de su salario a los trabajadores por varios años de trabajo y lo habían manipulado entre el gobierno de Estados Unidos y el de México y que hubo de banco en banco y al final quedó en alguno de los bancos.

Pasó el tiempo, no se les hizo caso y luego cuando llega el Presidente Fox, anuncia que va a vender Banrural y los trabajadores saben que su dinero llegó a Banrural, se forma Financiera Rural y vienen los trabajadores o exbraceros con la esperanza de que si se pasó este banco al Fobaproa y ahí están esos créditos, ya pagados, entonces que se les liquide a los braceros su adeudo.

¿Cuánto es? Habría que hacer los cálculos, tasa de interés cada año, es muy complejo el asunto del cálculo, pero podemos ser sensibles, ser racionales, hacer una estimativa, proponerles el pago inmediato y bien se dice aquí, hay que formar una comisión que investigue a fondo, porque tienen razón, hay que investigar, no se vale que se haya robado alguien ese dinero y quede en la total impunidad.

Mi punto de vista es de que esos dineros pasaron como muchos otros, al Fobaproa, allá están en la panza del Fobaproa, pero ¿qué culpa tienen los exbraceros y cuántos años más, cuántas canas más, cuántas arrugas más se tienen que aguantar para este pago que además ellos mismos están diciendo? Hagan una estimativa, ofrezcan, pero paguen, eso es lo justo.

Entonces yo estaría de acuerdo que se formara esta comisión para que se investigara, se dictamine en positivo, en la Comisión de Asuntos Migratorios y que se reconozca la deuda, que se haga un cálculo, una estimación y se le pague de inmediato a los ex braceros.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputada.

La diputada Blanca Judith Díaz Delgado (desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Con qué objeto?

La diputada Blanca Judith Díaz Delgado (desde su curul):

Para rectificar hechos.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se le concede el uso de la palabra para rectificación de hechos hasta por cinco minutos.

La diputada Blanca Judith Díaz Delgado:

Compañeros diputados, con su permiso; señor Presidente:

Creo que éste es un tema sumamente sensible. Creo que éste es un tema que efectivamente no podemos partidizar, no más partidizar por favor este tema tan sensible, con gente lastimada por tantísimos años.

Yo creo que ya que estamos en agenda política no podemos proponer el nombramiento de comisiones, lo que sí les quiero comunicar porque soy miembro de la Comisión de Población, Asuntos Migratorios y Fronterizos, es que dentro de esta comisión hay el acuerdo político, la voluntad política de todos los miembros de que dentro de las subcomisiones, una subcomisión se encargue de atender este tema y esta subcomisión lo va a hacer, confiemos pues en que dentro de esta subcomisión se llegue a los acuerdos.

Yo creo que lo que sí tenemos que hacer y concuerdo con lo que algunos de mis antecesores han dicho en esta tribuna, es buscar dónde quedó la bolita.

Y sí tenemos qué ver en qué sexenio fue, quién se quedó con el dinero porque efectivamente no se vale que nadie se quede con el dinero que no le corresponde y menos que luego todos paguemos ``los platos rotos o la vajilla entera'' que se echaron unos hace tiempo atrás.

Entonces yo les pediría, compañeros, que confiemos en que los acuerdos que se toman dentro de la Comisión de Población, que es la formación de esta subcomisión, los respetemos todos, que todos confiemos en esta subcomisión. Estamos representados todos los partidos políticos ahí y hasta donde yo recuerdo, todos estamos de acuerdo, todos los partidos políticos.

Precisamente el lunes tenemos pleno de la comisión y creo que va a ser un buen tema dentro de la Comisión de Población, este asunto.

Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputada Blanca Judith.

El siguiente punto del orden del día, ha sido retirado de la agenda por su promovente.

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DIA DEL EJERCITO

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto corresponde a comentarios sobre el Día del Ejército. Tiene el uso de la palabra el señor senador Miguel Sadot Sánchez Carreño, para ese efecto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El senador Miguel Sadot Sánchez Carreño:

Con su permiso, ciudadano Presidente.

A nombre del grupo parlamentario del PRI, concurro a esta tribuna para hacer comentarios en vísperas del ``Día del Ejército'', que se celebrará el día de mañana 19 de febrero.

Estamos convencidos que el camino de la democracia requiere necesariamente de asirse a la gobernabilidad política y a la estabilidad. Tienen que ir juntas, solas no andan. Y sólo puede haber estabilidad política cuando existen y funcionan instituciones sólidas y confiables. Por ello a nombre del Partido Revolucionario Institucional, el día de hoy venimos a reconocer ante la Comisión Permanente y ante el pueblo de México, la función y el desempeño que ha tenido una de las instituciones pilar de nuestro estado nacional: el Ejército mexicano.

Carranza tuvo la luminosa y acertada idea de convertir el coraje colectivo que se había levantado contra la dictadura huertista para darle cuerpo, orden y disciplina y a través del decreto de 1917, crea la institución del Ejército mexicano, encargada desde esa fecha, de sostener el orden constitucional de la República.

Por ello es que desde su creación el Ejército mexicano se manifiesta como una genuina traducción y expresión del pueblo de México, expresión que ha probado su vocación de servicio y de entrega.

Heredero de una honrada tradición de lealtad y valor, ha sido el Ejército no sólo un actor en la construcción del México moderno, sino un garante que da certidumbre y fortaleza a las instituciones. Es impensable explicar la historia de nuestro país alejada de los continuos, recurrentes y ejemplares actos de los soldados que han integrado el Ejército de México.

Desde la extraordinaria estatura del genio militar de Morelos, la entrega humilde y sencilla de Vicente Guerrero, el valor temerario de Guadalupe Victoria, la virtud del soldado de la República: Porfirio Díaz, el heroísmo que empujó a los indios xacapoaxtlas a convertirse en fieros soldados de la soberanía bajo la conducción del joven Ignacio Zaragoza, la furia hecha tormenta que avasallaba en las cargas de los dragones de Villa, antecedente de nuestra caballería, los sufridos soldados del sur de Zapata que constituyeron la reina de las armas hoy la infantería, la pasión revolucionaria que hizo civiles a los soldados y que los transformó con audacia y heroísmo en generales: Obregón y Calles son ejemplo de ello. La visión extraordinaria del premonitor de la Universidad del Ejército, Salvador Alvarado, la caballerosa actuación del artillero de México, Felipe Angeles.

Es pues, el Ejército mexicano, síntesis de lealtad y valor, pero también traduce los anhelos del pueblo mexicano de querer que se dibuje en el horizonte de la historia y del porvenir, el rostro de nuestro ser nacional.

El pundonor del Ejército ha hecho que el pueblo reconozca en él a un confiable vigilante de nuestros valores y un celoso defensor de nuestra soberanía.

En el Ejército hallamos los mexicanos al custodio de nuestras instituciones con una vocación esencial y eminentemente pacífica; ha sido también el silencioso valladar de las incursiones y de las acciones, de los ilícitos que socavan la convivencia de nuestra sociedad. Pero también lo hallamos muy cerca de nuestros problemas, con una actitud fraterna que nos acompaña en los avatares, en las inundaciones, en los terremotos, en los desastres naturales.

Esta actitud del Ejército, así como su respeto a los principios y valores de nuestra convivencia armónica, ha propiciado que se profundicen los lazos con la sociedad mexicana.

Nuestras Fuerzas Armadas han contribuido no sólo a darle fortaleza, sino identidad a nuestra nación.

Señoras legisladoras y legisladores: en México el Día del Ejército es una fecha de gran significado, de honda importancia. El día de hoy queremos hacer un reconocimiento a quien representa el Ejército, al Ejército de todos los mexicanos, al que respetamos y honramos con un reconocimiento a la labor que ha sido digna y que ha traducido el fiel anhelo del pueblo de México.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, senador don Miguel Sadot Sánchez.

Tiene el uso de la palabra el señor senador Jorge Zermeño Infante.

El senador Jorge Zermeño Infante:

Gracias, señor Presidente.

Queremos sumarnos a las expresiones señaladas por el senador Sadot Sánchez Carreño, con motivo del Día del Ejército Nacional mexicano. Sumarnos a este reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas por el papel que juegan como garantes de las instituciones nacionales.

Sin embargo yo quisiera aprovechar este Día del Ejército para no solamente hacer este reconocimiento, sino señalar algún aspecto con lo cual no estamos de acuerdo y creo que esto contribuye una sana crítica y de buena fe para que el propio Ejército mejore su desempeño.

Quiero comentar algunas labores en las cuales se ha venido utilizando al Ejército y de manera muy especial por las quejas que hemos recibido y que en lo personal hemos padecido también con estos ilegales retenes en las carreteras.

El fin de semana pasado tuve la oportunidad de transitar por algunas carreteras del norte de mi estado, Coahuila, y fuimos detenidos en varias ocasiones. Y estos retenes, a todas luces son ilegales, ya que violan nuestras más elementales garantías constitucionales porque se ejerce una molestia en los ciudadanos. No hay ningún mandato judicial escrito que funde y que motive este procedimiento y lo peor es que pues al darle instrucciones a los soldados para que realicen estos cateos o estos retenes, señalan que están aplicando la Ley Federal de Armas de Fuego.

Bueno, pues todos sabemos que la aplicación de la ley corresponde a los jueces. Creo que esta crítica que quiero hacerles con la mejor buena fe para que el Ejército pues dé instrucciones para que en todo caso se suspendan estos retenes en la forma en la que actualmente se están llevando a cabo, entendiendo la necesidad que hay en el país, los convenios internacionales que tienen qué ver con asuntos de tráfico de drogas, con tráfico de armas. Hay formas, hay autoridades competentes, hay manera de hacer esto, en donde no se busque lo que actualmente se hace al detener vehículos, al bajar el pasaje, al revisar equipajes, revisión de vehículos, solicitan identificaciones, cuestionan a las personas de dónde vienen o a dónde van. En fin, se trata pues de toda una situación de molestia a todas luces ilegal.

Queremos pues hacer este señalamiento porque hemos recibido críticas también de ciudadanos que ven dañadas sus mercancías porque en ocasiones en transportes de carga con alguna piqueta se agujeran bultos en donde viene mercancía que al llegar a su destino resulta dañada y bueno pues no hay ni a quien reclamarle.

Señalo esto de veras, aprovechando el Día del Ejército, porque para nosotros el Ejército representa una institución muy querida por los mexicanos, muy respetable por todos, que sin embargo en este tipo de actividades nos parece que va más allá de lo que señala el 129 de la Constitución y en todo caso hacemos un llamado respetuoso al Secretario de la Defensa Nacional para que revise estos actos y en todo caso modifiquen la forma de actuar y de cooperar del Ejército mexicano en estas labores.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias senador.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para hablar sobre el mismo tema.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

En esta tribuna con frecuencia nos referimos a las instituciones nacionales, fuente de estabilidad social, de desarrollo político y económico o bien causa de estancamiento y retroceso. Que sea lo uno o lo otro depende de su capacidad de acción ante las oportunidades y de su capacidad de respuesta frente a los desafíos.

Es tiempo de analizar la estructura de las instituciones, su viabilidad, su aportación a la transformación del país. Es mucho lo que tenemos que hacer al respecto.

Para los mexicanos y hay que reiterarlo, es motivo de satisfacción y de reconocimiento el que entre nuestras instituciones contemos con una que es determinante para la vida del país: la institución del Ejército Nacional.

El Ejército mexicano ha sido y es garante de la paz pública. A diferencia de lo que ocurre en otros países, la presencia del Ejército es presencia de seguridad y no de temor. La presencia del Ejército es expresión de tranquilidad, no de sobresalto. Nuestros soldados no son emisarios de incertidumbre sino de certeza y hay en ello un valor incalculable que es preciso reconocer.

Leal a los poderes constitucionales, el Ejército sigue siendo una de nuestras instituciones más sólidas, eficientes y respetadas.

Los cambios políticos que se han dado en México y en los últimos años la apertura política impulsada por la sociedad y el nuevo escenario de la conformación de las fuerzas partidistas, se han dado en un marco de paz, acompañada esta transformación por un Ejército con vocación institucional.

Mientras en otros países los militares son amenaza para otros pueblos e incluso para sus propios pueblos, en México la institución de la Defensa Nacional es fuerza de paz y de ayuda.

La historia del país incluye muchos actos heroicos que ya fueron bien relatados por el senador Sánchez Carreño, de mexicanos que como parte del Ejército han ofrendado incluso su vida en el cumplimiento de su deber; esa historia continúa.

Cuando surge una tragedia o la naturaleza nos agobia con fenómenos de gran magnitud, ahí está el Ejército, cuyos integrantes se entregan a sus tareas de auxilio con generosidad y con eficacia.

Por ello, es que el grupo parlamentario de Convergencia, que tanto ha insisto en la renovación de nuestras instituciones, para que respondan a las nuevas realidades del país, hoy expresa su reconocimiento a las Fuerzas Armadas de México y nuestro reconocimiento se suma, sin duda alguna, al de millones de mexicanos que valoran la importancia del carácter institucional y de servicio de nuestro Ejército Nacional.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias don Jesús Martínez Alvarez.

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, el señor diputado Manuel Camacho Solís.

El diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Seré muy breve, señor Presidente; estimados compañeras y compañeros legisladores:

Tan sólo quiero hacer una observación y un posicionamiento.

La observación es que el Jefe del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanas, así como de la Armada de México es el Presidente de la República. Cualquier observación que tenga que hacerse conviene que se haga al Presidente de la República, porque él es el que fija las políticas y además el que da las órdenes.

Y segundo, yo creo que es un tema importante, en donde el mensaje que debemos de mandar para el día de mañana, dirigido a los soldados, a los oficiales, a los jefes y a los generales, es un mensaje de felicitación de parte de todas las fuerzas políticas aquí representadas.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado; señoras y señores legisladores, en virtud de que ha transcurrido el tiempo correspondiente a la presente sesión, que dispone el artículo 3º del Acuerdo Parlamentario que establece los lineamientos para el desa-rrollo de las sesiones, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, la cual incluirá los asuntos no abordados en la presente, rogándole a los señores legisladores la debida cortesía para el señor Secretario, en tanto lee la orden del día.

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ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

«Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 25 de febrero de 2004.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Sesión solemne para recibir al Presidente de la República de Costa Rica.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del 479 aniversario luctuoso de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, tendrá lugar el 28 de febrero a las 10:00 horas, en la Plaza de las Tres Culturas, a un costado de la Parroquia de Santiago Tlaltelolco, delegación Cuauhtémoc.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del 175 aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez, tendrá lugar el 2 de marzo a las 10:00 horas, en el monumento erigido a su memoria, Plaza de Santo Domingo, ubicado en las calles República de Brasil y Belisario Domínguez, delegación Cuauhtémoc.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que se remite contestación del administrador central de planeación aduanera del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativa al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, que el Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, se inicie a partir del 12 de diciembre. (Turno a comisión.)

Dos, con los que remiten contestaciones relativas a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Senadores. (Turno a comisión.)

Dos, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Margarita Atme Abud y Ardelio Vargas Fosado, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de España y el Ministerio de Defensa de España, respectivamente. (Turno a comisión.)

Dos, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Susana Seijas Davies e Iván Tranquilino Ramírez Rebolledo, puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros. (Turno a comisión.)

Dictámenes a discusión

De la Segunda Comisión con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 5 y 6 de marzo de 2004, a efecto de que realice una visita de trabajo al estado de Texas, en Estados Unidos de América.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al señor Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: María Isabel Castillo González, Miren Carmele Pérez Aguirre Salvarrey, Rubén Hernández Aguilar, Rafael Abila Rosales e Ignacio Linarez Zavala, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de España.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Francisco Nicolás González Díaz, Jorge Pulido Vázquez, Felipe de Jesús Rosete Vázquez, Gustavo Carvajal Moreno y Fernando Estrada Sámano, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Mongolia en México, con circunscripción consular en toda la República.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

Es cuanto, señor Presidente.

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 15:18 horas):

Gracias, señora Secretaria.

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 25 de febrero de 2004, a las 11:00 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 4 horas 9 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 26 legisladores.

Minuto de silencio: 1.

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 2.

Proposiciones con punto de acuerdo: 12.

Puntos de acuerdo aprobados: 3.

Excitativas a comisiones: 3.

Temas de agenda política: 2.

Oradores en tribuna: 38

PRI-15; PAN-7; PRD-10; PVEM-4; PC-2.

Se recibió:

2 invitaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a ceremonias cívicas conmemorativas;

2 comunicaciones de los congresos de los estados de Coahuila y San Luis Potosí;

1 oficio del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social por el que remite el Informe sobre la Composición y Situación Financiera de las Inversiones de ese Instituto, correspondiente al cuarto trimestre de 2003;

3 oficios Secretaría de Gobernación, por los que remite copias de contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;

6 oficios Secretaría de Gobernación, por los que remite copias de contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que remite la terna propuesta por el Presidente de la República, para la designación de un magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario;

5 oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso necesario para que igual número de ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros;

2 oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita los permisos necesarios para que nueve ciudadanos puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros y comunica que una ciudadana ha dejado de prestarlos en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco;

15 oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que remite hojas de servicios de igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

1 oficio de la ciudadana Fabiola Margarita Solís Aguinaco, con el que solicita el permiso necesario para prestar servicios en la Embajada de los Países Bajos en México;

Cámara de Senadores remite, para los efectos del inciso g) del artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los presupuestos de dietas, honorarios, sueldos y gastos, de los meses de: diciembre de 2003 y de enero y febrero de 2004;

3 iniciativas del PRI;

1 iniciativa del PVEM.

Dictámenes de primera lectura:

1 de la Segunda Comisión con proyecto de decreto que autoriza al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 5 y 6 de marzo de 2004, a efecto de que realice una visita de trabajo al estado de Texas, Estados Unidos de América;

1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede el permiso necesario para que el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica;

1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a cinco ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de España;

1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a cinco ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros;

1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Mongolia en México.

Dictámenes aprobados:

1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede el permiso necesario al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración que le confiere la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua;

1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede el permiso necesario al ciudadano Carlos Mejía Tejeda, para aceptar y usar la medalla que le confiere la Guardia Costera de Estados Unidos de América:

1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso necesario al ciudadano Mario de la O Almazán, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero;

1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede el permiso necesario al ciudadano Miguel Alfredo Dutton Delorme, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Belice en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán;

1 de la Tercera Comisión con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada el pasado 4 de febrero, para exhortar a la Secretaría de Economía a emitir un acuerdo en relación con la importación de llantas usadas.

Dictámenes desechados:

1 de la Tercera Comisión con punto de acuerdo a proposición presentada el 21 de enero del presente año, por el que se resuelve no citar a comparecer al Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

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LEGISLADORES QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Beltrones Rivera, Manlio Fabio (PRI). . . . . . . . . . . . .

Camacho Solís, Víctor Manuel (PRD). . . . . . . . . . . .

Campuzano González, Rómulo (PAN). . . . . . . . . . . .

Díaz Delgado, Blanca Judith (PAN). . . . . . . . . . . . . .

Díaz Escárraga, Heliodoro Carlos (PRI). . . . . . . . . . .

Flores Rico, Carlos (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

González Roldán, Luis Antonio (PVEM). . . . . . . . . .

González Roldán, Luis Antonio (PVEM). . . . . . . . . .

González Roldán, Luis Antonio (PVEM). . . . . . . . . .

González Roldán, Luis Antonio (PVEM). . . . . . . . . .

Guerra Castillo, Marcela (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hernández Pérez, David (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hernández Ramos, Minerva (PRD). . . . . . . . . . . . . . .

Larios Córdova, Héctor (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . . .

Madero Quiroga, Adalberto Arturo (PAN). . . . . . . . .

Martínez Alvarez, Jesús Emilio (PC). . . . . . . . . . . . .

Martínez Alvarez, Jesús Emilio (PC). . . . . . . . . . . . .

Martínez Alvarez, Jesús Emilio (PC). . . . . . . . . . . . .

Melgoza Radillo, Rafael (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . .

Muro Urista, Consuelo (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Muro Urista, Consuelo (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nava Díaz, Alfonso Juventino (PRI). . . . . . . . . . . . . .

Nava Díaz, Alfonso Juventino (PRI). . . . . . . . . . . . .

Padierna Luna, María de los Dolores (PRD). . . . . . . .

Padierna Luna, María de los Dolores (PRD). . . . . . . .

Padierna Luna, María de los Dolores (PRD). . . . . . . .

Padierna Luna, María de los Dolores (PRD). . . . . . . .

Padierna Luna, María de los Dolores (PRD). . . . . . . .

Ramírez Pineda, Luis Antonio (PRI). . . . . . . . . . . . .

Ramírez Pineda, Luis Antonio (PRI). . . . . . . . . . . . .

Ramírez Pineda, Luis Antonio (PRI). . . . . . . . . . . . .

Ramírez Pineda, Luis Antonio (PRI). . . . . . . . . . . . .

Sánchez Carreño, Miguel Sadot (PRI). . . . . . . . . . . .

Sodi de la Tijera, Demetrio (PRD). . . . . . . . . . . . . . .

Sodi de la Tijera, Demetrio (PRD). . . . . . . . . . . . . . .

Vázquez García, Sergio (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zermeño Infante, Jorge (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . . .

Delal Baer: 112

Día del Ejército: 180

Exbraceros: 173, 175

Exbraceros: 177

Presupuesto de Egresos: 119

Lotería Nacional: 158

Biotecnología: 132

Código Fiscal: 45

Exbraceros: 170

Sistema Bancario: 123

Microempresas: 152

Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado: 48

Biotecnología: 136

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario: 107

Industria Editorial: 115

Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas: 128

Día del Ejército: 179

Presupuesto de Egresos: 120, desde curul

Exbraceros: 172

Campaña Mundial por la Educación: 140

Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas: 28

Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera: 39

Exbraceros: 173, 176

Comisión Federal de Electricidad: 143

Exbraceros: 176

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario: 106

ISSSTE: 117

Sistema Bancario: 127

Comisión Nacional de Zonas Aridas: 156

Exbraceros: 168

Sistema Bancario: 126

Exbraceros: 174

Día del Ejército: 77

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario: 108

Sistema Bancario: 130

Exbraceros: 170

Día del Ejército: 178