DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Juan de Dios Castro Lozano	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO I	México, DF, 3 de marzo de 2004	Sesión No. 12

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.

Señor Presidente, hay una asistencia de 25 legisladores. Hay quórum.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 11:22 horas):

Se abre la sesión.

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se ha distribuido entre los legisladores.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.

«Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 3 de marzo de 2004.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De legisladores.

De los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura.

De la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

Iniciativas de legisladores

Que reforma la fracción VI del artículo 2o. de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que reforma los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia. (Turno a comisión.)

Que adiciona el inciso c) del artículo 5o. y un tercer párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Fidel Herrera Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que adiciona el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que adiciona un inciso a) a la fracción I, del artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, suscrita por los diputados Carlos Blackaller Ayala y David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

De Ley Federal de Racionalidad, Austeridad, Ahorro y Disciplina Presupuestaria, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que se remite contestación del Secretario Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, relativo al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados. (Turno a comisión.)

Con el que remite el informe semestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2003, que fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Consar. (Turno a comisión.)

Con el que remite la solicitud de autorización para que el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional del 23 al 26 de marzo de 2004, a efecto de que realice visitas oficiales a las repúblicas de Guatemala, Honduras y Nicaragua y participe en la VI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. (Turno a comisión.)

Tres por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Sara Guadalupe Bermúdez Ochoa, Luis Ernesto Derbez Bautista y Jaime Virgilio Naulart Sánchez, puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Turno a comisión.)

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Ardelio Vargas Fosado, Margarita Atme Abud y Carlos Alberto de Icaza González, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de España y Japón.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Iván Tranquilino Ramírez Rebolledo, Susana Seijas Davies, María de Lourdes Fernández Fernández, Mónica Lorena Orozco Guerrero y Norma lzumi Hoshilo Hayashida, para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Samuel Humberto Argeñal Olivera, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Honduras en la ciudad de Morelia, con circunscripción consular en el estado de Michoacán.

Dictámenes a discusión

De la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento de la ciudadana Sandra Camila Antonia Fuentes-Berain Villenave, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el Reino de los Países Bajos.

De la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Juan José Bremer de Martino, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

De la Tercera Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Héctor Octavio Saldaña Hernández, como magistrado de la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

De la Segunda Comisión con punto de acuerdo en relación a la proposición por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que en su próximo encuentro con el Presidente de Estados Unidos de América, se avance en los términos de la reforma migratoria.

De la Segunda Comisión con punto de acuerdo en relación a la proposición por el que se solicita a la Delegación del Congreso Mexicano que participará en la XLIII Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, incluya en la agenda el tema migratorio como prioridad.

De la Segunda Comisión con punto de acuerdo en relación a la proposición para que la Comisión Permanente respalde la postura de México adoptada en la Asamblea General de la ONU, relativa a la construcción del Muro de Seguridad en Cisjordania.

De la Tercera Comisión con puntos de acuerdo en relación al exhorto a la Comisión Federal de Electricidad, para la reestructuración de las tarifas eléctricas para uso industrial.

De la Tercera Comisión con punto de acuerdo en relación a la proposición para que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diseñen una estrategia para que el exceso de liquidez se canalice a la inversión productiva.

De la Tercera Comisión con punto de acuerdo en relación con la proposición para citar a comparecer al Secretario de Economía.

Veintiséis, de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos José Ricardo Bárcena Rosiles, Juan Osuna González, Isidro Morales Aguilar, Alfonso Rodríguez Sierra, Dámaso Chávez López, Rodolfo Rodríguez Quezada, Jaime López Reyes, Marco Antonio Cue Prieto, Angel Antonio Cabrera, David Mascareñas Gutiérrez, Luis Gómez Sosa, Francisco Aguilar Hernández, Lorenzo Macías Araiza, Juan Manuel Díaz Organitos, Taurino Hernández Lazcano, Humberto Fernando Chapa Casas, Martín Terrones Calvario, José Antonio Torres García, J. Jesús Sánchez Vega, Carlos García Olmos, Jesús Pablo Franco Martínez, Miguel Angel Sánchez Barrón, Marcelino Rodríguez Vitela, Miguel Eduardo Hernández Velázquez, Germán Antonio Bautista y Ramón Tovar Caballero.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Luis Ernesto Derbez Bautista, Paulino López Bernal, José Ramón de la Santísima Trinidad Mantilla y González de la Llave y Bernhard Wilhelm Tetzlaff von Wobeser Hoepfner, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de las repúblicas de: El Salvador, Federativa de Brasil, de Chile y Federal de Alemania, respectivamente.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Adriana Vega Cerecedo, Diana de la Huerta Gastón, Diana Jiménez Liévana, María Elena Honc Navarro, Edgar López Zuazua Carmona, Santiago Ramírez López, Sabina García Alvarez, Manuel de Jesús García Bañuelos y Claudia Castañeda Villarreal, para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Fabiola Margarita Solís Aguinaco, para prestar servicios en la Embajada de los Países Bajos, en México.

Proposiciones

Con punto de acuerdo en relación al caso del indígena maya Ricardo Ucán Seca, suscrito por la diputada Marbella Casanova Calam, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos, a otorgar un trato equitativo al municipio de Altamira, Tamaulipas, en cuanto a los apoyos del programa de política social para el año 2004, suscrito por los diputados Carlos Flores Rico y Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo con motivo de la muerte de Manuel Francisco Ortega González, suscrito por las diputadas Eliana García Laguna y Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal al uso de la facultad que le otorga el artículo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, en el sentido de autorizar las adecuaciones presupuestarias, para que la Universidad de Guadalajara obtenga mayor subsidio federal, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal y al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que suspendan el proyecto de construcción de la presa, en el punto denominado Arcediano, en la Barranca de Oblatos, Huentitán, del municipio de Guadalajara, Jalisco, suscrito por los diputados Roberto Antonio Marrufo Torres y David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a la Títular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que esa dependencia ejerza directamente, sin la intervención del Fonhapo, el programa de vivienda rural, suscrito por los diputados Rafael Galindo Jaime y Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, a replantear la fórmula del precio del gas natural en México, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la reforma del ``Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica'', que entró en vigor el 9 de agosto de 2003, suscrito por los diputados Jorge de Jesús Castillo Cabrera y David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal asigne frecuencia de televisión abierta para el sistema de televisión educativa (Edusat), a nivel nacional, a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para ordenar a la Auditoria Superior de la Federación practique una auditoría de desempeño a los recursos federalizados y de deuda del Distrito Federal y que informe a esta soberanía acerca del destino y aplicación de los mismos en los ejercicios fiscales 2001-2003, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo sobre la crisis política en Haití y el cierre de la Embajada mexicana, suscrito por los diputados Juan José García Ochoa y Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaria de Agricultura, para que ejerza su facultad rectora respecto al programa de Procampo, sobre el correcto cumplimiento en las obligaciones del mismo, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para fortalecer a la industria aérea nacional, a cargo del senador Emilio Gamboa Patrón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal, informe sobre diversos fideicomisos de los cuales no rinde cuentas en los informes trimestrales sobre la situación económica y las finanzas públicas del Gobierno Federal, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo mediante el cual se cita a comparecer al titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que explique ampliamente cuál ha sido el manejo de los donativos otorgados a las instituciones privadas sin fines de lucro, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Secretario de Salud para que informe sobre las acciones de prevención y control del VIH/SIDA, así como del caso de discriminación de la niña Jazmín Vidal de Jesús, suscrito por los diputados Angel H. Aguirre Rivero y Rogelio Rueda Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para detener el canje de los pagarés Fobaproa por documentos IPAB, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar a los secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública, informen a esta soberanía sobre el eventual envío de elementos de la Policía Federal Preventiva a la República de Haití, para integrarse a la fuerza multinacional que interviene en acciones de mantenimiento de la paz, a cargo del senador César Camacho Quiroz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dé a conocer las causas de la caída de las participaciones federales en los estados, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para la solución al desabasto de gas amoniaco en la región noreste del país, suscrito por los diputados Oscar Félix Ochoa y David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la disposición por parte del Gobierno Federal, de los recursos de los trabajadores correspondientes al SAR 92IMSS, acumulados en las cuentas individuales entre mayo de 1992 y junio de 1997, suscrito por el diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asigne recursos para la construcción de una unidad médica familiar plus, del IMSS, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tam., suscrito por los diputados José Manuel Abdala de la Fuente y Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a la problemática de la contaminación de la bahía de Santa Lucía del puerto de Acapulco, Guerrero, suscrito por la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que a través del Ejecutivo Federal se solicite a Estados Unidos de América, se respeten las medidas cautelares y no se ejecute a ningún mexicano sentenciado a la pena de muerte, hasta que la Corte Internacional de Justicia de La Haya, resuelva de fondo la denuncia que México presentó sobre este tema, a cargo del senador Sadot Sánchez Carreño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Economía, envíe información detallada sobre el cierre de cuatro mil empresas durante el año 2003, a cargo del senador Fernando Gómez Esparza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Excitativas

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de la Cámara de diputados, a solicitud de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A las comisiones de gobernación, Estudios Legislativos y de Comunicaciones y Transportes, de la Cámara de Senadores, a solicitud de la diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados, a solicitud del diputado Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Sobre los resultados obtenidos en la Convención Nacional Hacendaria, a cargo del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

Sobre el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que incorpora ``La Acción de Nulidad de Juicio Concluido'', a cargo del senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre la propuesta oficiad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a las medidas de austeridad dictadas por el Congreso de la Unión, a cargo del diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre la VI Reunión del Parlamento de Mujeres de México 2004, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre las cifras económicas dadas a conocer por el titular del Ejecutivo Federal, a cargo del senador Fernando Gómez Esparza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre la necesidad de asegurar el respeto a las garantías en los procesos de extradición, a cargo del diputado Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre los resultados de la Cuenta 2003 de las Finanzas Públicas, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre el Día Internacional de la Mujer, a cargo de la senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el desafío hispánico del Libro de Samuel Hungtintort, a cargo del diputado Juan José Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre la corrupción de servidores públicos; a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Ruego a los señores legisladores tengan la bondad de ocupar sus curules y a los integrantes de los medios masivos de comunicación, ocupar sus lugares.

Continúe, Secretaria.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se le dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veinticinco de febrero de dos mil cuatro, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

SESION SOLEMNE

En el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta legisladoras y legisladores, a las once horas con diez minutos del miércoles veinticinco de febrero de dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la Sesión Solemne para recibir al Presidente de la República de Costa Rica.

El Presidente designa una comisión para recibir e introducir al recinto al Doctor Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República de Costa Rica, y le solicita cumplir con su cometido.

A las once horas con once minutos se declara un receso.

A las once horas con diecisiete minutos se reanuda la sesión.

El Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, diputado Juan de Dios Castro Lozano, dirige unas palabras con motivo de la distinguida visita.

La Presidencia concede la palabra al Presidente de la República de Costa Rica, Doctor Abel Pacheco de la Espriella, para dirigir un mensaje a la Asamblea y acto seguido firma el Libro de Visitantes Distinguidos.

El Presidente agradece la visita y solicita a la comisión designada acompañar al Doctor Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República de Costa Rica, cuando desee retirarse del recinto.

A las once horas con cincuenta y un minutos el Presidente levanta la Sesión Solemne y solicita a los legisladores permanecer en sus lugares para dar inicio a la sesión ordinaria.

SESION ORDINARIA

A las once horas con cincuenta y un minutos, con la asistencia de treinta y un legisladores, el Presidente declara abierta la sesión ordinaria.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

Dos invitaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a las ceremonias cívicas conmemorativas del cuadra centésimo septuagésimo noveno aniversario luctuoso de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, y del centésimo septuagésimo quinto aniversario luctuoso de Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Se designan sendas comisiones para representar a la Comisión Permanente.

Comunicación de la diputada María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputada federal electa en el octavo distrito del estado de Chihuahua. La Secretaría da lectura al punto de acuerdo por el que se concede la licencia solicitada y sin discusión la Asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Comunicación de la Cámara de Senadores por la que informa la conclusión del Periodo Extraordinario de Sesiones del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura. De enterado y comuníquese a la Cámara de Diputados.

Comunicación de la senadora Leticia Burgos Ochoa por la que remite la Declaración Final del Cuarto Foro Parlamentario Mundial, celebrado en Mumbai, India. Se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores.

La Presidencia informa de la recepción de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos treinta y seis, treinta y ocho, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y la turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los legisladores:

Diputada Marcela Guerra Castillo, a nombre de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma diversos artículos la Ley del Seguro Social; el artículo sesenta y ocho del Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización de esa Ley; y los artículos quinto y setenta y cinco de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

Senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, del Partido Acción Nacional, que reforma diversos artículos de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Senadores.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Uno, por el que remite copia de la contestación de la Secretaría de Salud al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, por el que se solicita se tomen medidas urgentes por las heladas y bajas temperaturas en el país. Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento.

Uno, por el que remite copia de la contestación del Servicio de Administración Tributaria, al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento.

Cinco, por los que remite copia de las contestaciones de las secretarías de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público, a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores, relativos a: la autorización del cupo para importar azúcar refinada en dos mil tres, los santuarios de la reserva de la biosfera Mariposa Monarca, incendios forestales en Baja California, el proyecto de la carretera Caobas-Arroyo Negro en el sureste del país y a la propuesta del movimiento cívico denominado Vamos por Sonora en relación con las tarifas eléctricas. Remítanse a la Cámara de Senadores.

Dos, por los que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de las repúblicas de Guatemala y de Honduras. La Asamblea, en votación económica, dispensa todos los trámites a las solicitudes. La Secretaría da lectura al proyecto de decreto respectivo y sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular por veinticinco votos en pro. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Tres, por los que solicita el permiso necesario para que varios ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. Se turnan a la Primera Comisión.

Tres, por los que solicita el permiso necesario para que varios ciudadanos puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros. Se turnan a la Primera Comisión.

Uno, por el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Samuel Humberto Argeñal Olivera, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Honduras en la ciudad de Morelia, con circunscripción consular en el estado de Michoacán. Se turna a la Primera Comisión.

Cuatro dictámenes de la Primera Comisión con proyectos de decreto que conceden permiso:

A cinco ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Al ciudadano Ricardo Francisco García Cervantes, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Costa Rica.

A nueve ciudadanos para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

A la ciudadana Fabiola Margarita Solís Aguinaco, para prestar servicios en la Embajada de los Países Bajos en México.

Son de primera lectura. La Asamblea, en votación económica, dispensa la segunda lectura al segundo dictamen, que se reserva para su votación nominal en conjunto con los dictámenes con proyectos de decreto a discusión.

Dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Juan Mauricio Toussaint Ribot, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Portuguesa. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo. El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Toussaint Ribot y designa una comisión que lo acompaña al rendir la protesta de ley.

Dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Carlos Alberto de Icaza González, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Estados Unidos de América. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo. El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano De Icaza González y designa una comisión que lo acompaña al rendir la protesta de ley.

Dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Luis Alfonso de Alba Góngora, como Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo. El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano De Alba Góngora y designa una comisión que lo acompaña al rendir la protesta de ley.

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo para solicitar al director general de Petróleos Mexicanos, proporcione información referente a las condiciones en que se encuentra la terminal marítima de Ciudad Madero, Tamaulipas. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo por el que se remite a las comisiones de Gobernación y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y análisis, la proposición con punto de acuerdo relativa a las consultas que se están realizando en diversas ciudades de Estados Unidos de América, para recoger las opiniones y propuestas de las organizaciones de mexicanos en el exterior, a fin de incorporarlas a la propuesta de voto de mexicanos en el exterior. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo para que la Secretaría de Desarrollo Social proporcione información sobre las reglas de operación que se aplicarán a los programas sociales en el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo en relación con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática relacionadas con las personas con discapacidad. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo por el que se remite al Secretario del Trabajo y Previsión Social, la propuesta respecto de que se sirva implementar o en su caso reforzar, los programas y políticas públicas con enfoque de equidad de género, a fin de incrementar la participación de las mujeres en el ámbito laboral. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, información referente al cobro de la nueva tarjeta de afiliación expedida por dicho Instituto. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía, a que emita un nuevo acuerdo relativo a la importación de vehículos usados en la franja fronteriza norte del país. Sin que motive discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, información sobre las medidas para combatir la tala ilegal de árboles y el tráfico de maderas preciosas. Sin que motive discusión se aprueba en votación económica.

Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo para invitar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de las cámaras de Senadores y de Diputados, para que integren un grupo especial de trabajo que se aboque al estudio de la situación del sistema bancario nacional, del mercado de crédito, del financiamiento para la pequeña y mediana empresas y del financiamiento para el campo. Sin que motive discusión se aprueba en votación económica.

Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a informar sobre el cumplimiento del artículo treinta y uno del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, en lo referente a la distribución de los tiempos oficiales en radio y televisión. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Segunda Comisión con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días cinco y seis de marzo de dos mil cuatro, a efecto de que realice una visita de trabajo al estado de Texas, Estados Unidos de América. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por veintitrés votos en pro. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Cinco dictámenes de la Primera Comisión con proyectos de decreto que concede el permiso necesario:

Para que el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Costa Rica.

Para que cinco ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de España.

Para que cinco ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Para que el ciudadano Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Mongolia en México, con circunscripción consular en la República Mexicana.

Para que el ciudadano Ricardo Francisco García Cervantes, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Costa Rica.

Son de segunda lectura. Sin discusión se aprueban en lo general y en lo particular por veintitrés votos en pro. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

La Cámara de Senadores remite, para los efectos del inciso g) del artículo sesenta y seis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los presupuestos de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos: para marzo de dos mil cuatro, que se aprueba en votación económica; y el ejercido en el mes de enero de dos mil cuatro, de enterado.

Presentan proposiciones con puntos de acuerdo los legisladores:

Diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Secretario de Hacienda y Crédito Público a que ordene al Administrador General de Aduanas, la elaboración de un informe sobre el curso de las denuncias de los productores mexicanos, que aclare el destino de los decomisos de la mercancía ingresada de manera ilegal y señale las sanciones que se han aplicado y que se aplicarán a quienes incurren en prácticas de comercio desleal.

Presidencia del senador Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Tercera Comisión.

Diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Ejecutivo Federal, a que México se adhiera al Convenio del Consejo de Europa sobre el Cibercrimen. Se turna a la Segunda Comisión.

Diputado René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática, para que la Comisión Permanente integre un grupo plural de diputados y senadores para iniciar los trabajos hacia la construcción de un acuerdo nacional. Se turna a la Primera Comisión.

Senadora Verónica Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con la atención de diversas instancias públicas al asunto de los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica. Hablan en pro la diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática; y la senadora María Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.

Senador Fernando Gómez Esparza, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al gobierno federal, a que informe sobre el trámite y estado que guarda el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores el once de septiembre de dos mil tres, relativo a la aparición de grietas y fracturas en la ciudad de Aguascalientes. Se turna a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Senadora Cecilia Romero Castillo, del Partido Acción Nacional, en relación con el memorando de entendimiento en materia de repatriación, firmado por las autoridades mexicanas y estadounidenses el veinte de febrero de dos mil cuatro. Se turna a la Segunda Comisión.

Senador Demetrio Sodi de la Tijera, del Partido de la Revolución Democrática, para convocar al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al titular del Sistema de Administración Tributaria, a una reunión de trabajo para tratar lo relativo a la venta del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Bancomer, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica. Hablan en pro los senadores Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional; y Fernando Gómez Esparza, del Partido Revolucionario Institucional; y la diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

La Secretaría da lectura al punto de acuerdo. La Asamblea lo considera suficientemente discutido en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a nombre propio y del senador Germán Sierra Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que apoye la exportación de melón mexicano a Estados Unidos de América. Se turna a la Tercera Comisión.

Diputada Rosa María Avilés Nájera, del Partido de la Revolución Democrática, para que se haga una auditoría al municipio de Puebla, en los ejercicios fiscales dos mil-dos mil tres. El Presidente informa de la recepción de la proposición de referencia y la turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Diputado Carlos Flores Rico, a nombre propio y del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Poder Ejecutivo, a que gire sus instrucciones a la Secretaría de Energía y a la Dirección General de Petróleos Mexicanos, con el fin de que se privilegie a trabajadores mexicanos del sur del estado de Veracruz, para ocupar las plazas que se abrirán por la reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas, en el municipio de Minatitlán. Se turna a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Diputado Víctor Manuel Camacho Solís, a nombre del diputado Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al director general de Petróleos Mexicanos, copias de los contratos de servicios múltiples y de otros documentos relacionados, que se han firmado a la fecha y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica. Hablan en pro los senadores Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional; y David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelación del senador Rodríguez Prats. El Presidente hace una moción de orden y concede la palabra a los senadores Rodríguez Prats y Jiménez González para contestar alusiones personales. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.

Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre propio y de los diputados Rogelio Humberto Rueda Sánchez y José Alberto Aguilar Iñárritu, del Partido Revolucionario Institucional, sobre la crisis política en Haití. Se turna a la Segunda Comisión.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las catorce horas con cincuenta y seis minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles tres de marzo de dos mil cuatro, a las once horas.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a ponerla a discusión.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría con comunicaciones.

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SENADORES QUE SOLICITAN LICENCIA
La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted a fin de que tenga a bien realizar los trámites necesarios para que se me otorgue licencia por tiempo indefinido, para separarme del cargo de senador de la República a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, a partir de esta fecha.

Aprovecho la ocasión para agradecer el apoyo, la cordialidad y el respeto que me manifestaron mis compañeros senadores integrantes de la LIX Legislatura.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1º de marzo de 2004.--- Sen. Jorge Emilio González Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

De conformidad con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

Está a discusión el siguiente

Punto de acuerdo

``Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido al senador Jorge Emilio González Martínez, para separarse de sus funciones como senador de la República a partir de esta fecha.''

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Senadores.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LIX Legislatura.

C. Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Benjamín Gallegos Soto, senador de la República a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, electo por el principio de mayoría relativa en el estado de Aguascalientes, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dirige a usted atentamente a fin de manifestar y solicitar lo siguiente:

Con la finalidad de estar en condiciones de contender por mi partido para el proceso interno de selección de candidato a gobernador constitucional del estado de Aguascalientes, solicito al Pleno de la H. Comisión Permanente, por su conducto, que se me conceda licencia para separarme del cargo de senador de la República, a partir del día de la presentación del presente, y por tiempo indefinido.

Atentamente.

México, DF, a 2 de marzo de 2004.--- Sen. Benjamín Gallegos Soto (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

De conformidad con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

Está a discusión el siguiente

Punto de acuerdo

``Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido al senador Benjamín Gallegos Soto para separarse de sus funciones como senador de la República a partir de esta fecha.''

No habiendo quien haga uso de la palabra, el votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Senadores.

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ESTADO DE AGUASCALIENTES
La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.--- Poder Legislativo.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en sesión ordinaria celebrada este día, aprobó un punto de acuerdo en los términos de los siguientes resolutivos:

Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a que apruebe la asignación de los recursos necesarios para la ampliación a cuatro carriles de la carretera Aguascalientes-Calvillo, en el estado de Aguascalientes.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a que, en su programa de modernización de carreteras para el año 2004, se incluya la ejecución de la ampliación a cuatro carriles de la carretera Aguascalientes-Calvillo, en estado de Aguascalientes.

En virtud de lo anterior, se remite copia certificada del documento que contiene el punto de acuerdo de referencia, para los efectos de su conocimiento y fines consiguientes.

Reciba las seguridades de nuestra consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Aguascalientes, Aguascalientes, a 4 de febrero de 2004.--- Dip. Francisco Javier Martínez Hernández (rúbrica), Presidente; Dip. Javier Sánchez Torres (rúbrica), Primer Secretario; Dip. Rafael Galván Nava (rúbrica), Segundo Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.--- Poder Legislativo.

H. Congreso del Estado.--- Presente.

A la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la LVIII Legislatura del Congreso del estado fue turnado el punto de acuerdo, propuesto por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la propuesta para exhortar al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, por lo cual, de conformidad con los numerales 36, fracción V, 74, 75, fracción III, y 78, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se tiene a bien rendir el siguiente

Dictamen

1. Con fecha 29 de diciembre de 2003, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó un punto de acuerdo relativo a la propuesta para exhortar al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a la realización de la obra de ampliación de la carretera Aguascalientes-Calvillo.

2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Vigilancia, por ser de su competencia, de conformidad con lo establecido en los numerales 36, fracción V, 74, 75, fracción III, y 78, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

3. Se estima procedente por esta Comisión lo planteado por los autores del punto de acuerdo, ya que el desarrollo equilibrado de las diversas regiones que integran el país debe ser la más alta prioridad del Estado mexicano, por lo que se debe trabajar por la asignación de los recursos presupuestales que permitan dotar de infraestructura carretera, su mantenimiento y modernización que demandan amplios sectores productivos del estado de Aguascalientes, procurando resolver las necesidades del aparato productivo regional y nacional, fortaleciendo los vínculos económicos, sociales y culturales, como medio eficaz para la cohesión nacional.

4. Las vías de comunicación terrestres son indispensables para el desarrollo y el bienestar humano, y una de sus consecuencias es elevar la competitividad del Estado en el entorno regional, nacional e internacional, estimándose que dichos razonamientos cobran especial vigencia en el caso del municipio de Calvillo, por lo que se considera que deben asignarse recursos de la Federación para la modernización de la carretera Aguascalientes-Calvillo, ya que el proyecto para ampliar dicha carretera a cuatro carriles representa una inversión prioritaria y plenamente justificada para el desarrollo de la región integrada por los estados de Aguascalientes, de Jalisco y de Zacatecas.

5. La aprobación y ejecución de dicho proyecto son indispensables para satisfacer la justa demanda de los sectores productivos y de los habitantes del municipio de Calvillo, que registran más de 52 mil personas y que en gran medida se sustentan en más de 7 mil 500 hectáreas de huertos en cientos de hectáreas agave y en amplias zonas de cultivos diversos, ganadería intensiva y del turismo que viajaría con mayor seguridad, evitando los múltiples accidentes, que ocasionan lamentables pérdidas de vidas humanas, además de que la referida carretera es una de las puertas al Pacífico, ya que San Blas, Nayarit, se encuentra a sólo 350 kilómetros.

6. El estado de Aguascalientes requiere una infraestructura carretera moderna, eficiente y en buen estado, que permita la rápida movilización de sus productos, así como impulsar el desarrollo turístico y de los servicios en el importante tramo carretero de referencia, ya que alcanza un aforo diario de 5 mil vehículos. Partiendo de que los estudios relativos a esta obra se encuentran en ejecución por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se estima procedente por parte de esta Comisión que el Congreso del estado apoye, a través de la exhortación que se plantea a las autoridades citadas, a fin de que dicho proyecto se logre concretar.

Por lo anteriormente expuesto y razonando, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados de H. Congreso de la Unión a que apruebe la asignación de los recursos necesarios para la ampliación a cuatro carriles de la carretera Aguascalientes-Calvillo, en el estado de Aguascalientes.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a que en su programa de modernización de carreteras para el año 2004 se incluya la ejecución de la ampliación a cuatro carriles de la carretera Aguascalientes-Calvillo, en el estado de Aguascalientes.

Sala de comisiones del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, a los 30 días del mes de enero de 2004.--- Por la Comisión de Vigilancia: diputados: Herminio Ventura Rodríguez (rúbrica), Presidente; Ventura Vilchis Huerta (rúbrica), secretario; José de Jesús Martínez González, José Guadalupe Horta Pérez, José Manuel Martínez Rodríguez (rúbrica), vocales.»

«Javier Sánchez Torres, en mi carácter de Diputado Secretario de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en ejercicio de la atribución que me otorga la Fracción IX del Artículo 54, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito expedir la siguiente

CERTIFICACION

En la que se hace constar que la presente es fotocopia fiel y auténtica del Dictamen relativo a la propuesta para exhortar al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para la realización de la Obra de Ampliación de la carretera Aguascalientes-Calvillo, que consta de 4 fojas útiles. Por tanto, se expide la presente para todos los efectos legales a que haya lugar, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil cuatro, en el edificio ``Licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos'' del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.--- Javier Sánchez Torres.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo.--- Poder Legislativo de Baja California.--- XVII Legislatura.

Sen. Jesús Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

Por medio del presente, nos dirigimos muy respetuosamente a usted, con el propósito de hacerle llegar copia íntegra del dictamen No. 387 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en sesión ordinaria de la H. XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, celebrada el día 4 de febrero del año en curso, mediante el cual le hacemos llegar un atento exhorto para que en el ámbito de sus facultades apruebe las importantes reformas que en materia de salud aprobó la Cámara de Diputados, por la que se crea el Instituto Nacional de Medicina Genómica y por las que se legisla en materia de salud ``el genoma humano''.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra distinguida consideración y respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Mexicali, Baja California, a 4 de febrero de 2004.--- Dip. Catalino Zavala Márquez (rúbrica), Vicepresidente; Dip. José Antonio Araiza Regalado (rúbrica), Secretario.»

«Escudo.--- Poder Legislativo de Baja California.--- XVII Legislatura.

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Dictamen No. 387

Honorable Asamblea:

Fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación, iniciativa de acuerdo económico que pretende que este H. Congreso del estado realice un atento llamado al Senado de la República, para que en el ámbito de sus facultades, apruebe las importes reformas que en materia de salud aprobó la Cámara de Diputados, para las cuales se crea el Instituto Nacional de Medicina Genómica y por la que se legisla en materia de salud ``el genoma humano'', presentada por la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la H. XVII Legislatura, misma que se dictamina con base en los siguientes:

Antecedentes

I. En sesión ordinaria de fecha 17 de diciembre del 2003, la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la H. XVII Legislatura, iniciativa de acuerdo económico que pretende que se realice un atento llamado al Senado de la República para que, en el ámbito de sus facultades, apruebe las importantes reformas que en materia de salud aprobó la Cámara de Diputados, por las cuales se crea el Instituto Nacional de Medina Genómica y por las que se legisla en materia de salud ``el genoma humano''.

II. Recibida que fue la iniciativa en comento, el Presidente de la Mesa Directiva, de acuerdo con la facultad conferida por el artículo 50, fracción II, inciso f, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California la turnó a esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para los efectos legales procedentes. Por lo que en cumplimiento de lo previsto en los artículos 62, 63 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se realizó el presente dictamen bajo los términos siguientes:

Análisis y Estudio Particular de la Iniciativa

Iniciativa de acuerdo económico que pretende que este H. Congreso del estado realice un atento llamado al Senado de la República para que, en el ámbito de sus facultades, apruebe las importantes reformas que en materia de salud aprobó la Cámara de Diputados, por las cuales se crea el Instituto Nacional de Medicina Genómica y por las que se legisla en materia de salud ``el genoma humano''.

La presente intención legislativa pretende que esta soberanía realice un atento llamado al Senado de la República para que, en el ámbito de sus facultades, apruebe las reformas que en materia de salud aprobó la Cámara de Diputados el pasado 2 de diciembre del 2003, respecto del decreto que adiciona una fracción V-Bis al artículo 5 y un artículo 7-Bis al Capítulo I del Título Segundo de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en el cual se crea el Instituto Nacional de Salud en México denominado ``Instituto Nacional de Medicina Genómica'', así como el decreto que adiciona la fracción IX-Bis al artículo 3, adición del Título Quinto Bis y su Capítulo Unico, denominado ``El Genoma Humano'', y el artículo 421-Bis a la Ley General de Salud.

Lo anterior, según lo manifestado por la Legisladora en su exposición de motivos, ya que es sustancial el reconocimiento a la necesidad del legislar específicamente en la materia, para evitar el uso indebido de la información genética por parte de empresas privadas y agencias gubernamentales, asegura la protección a la dignidad e integridad humana y evitar que se impongan criterios comerciales de empresas biotecnológicas que desean implantar pruebas genéticas que no conllevan beneficio personal o para la población.

El proyecto genoma humano ha sido una de las más ambiciosas tareas de la investigación biomédica de la historia. Con éste se ha logrado la secuenciación casi completa del genoma humano y la elaboración de un mapa que ubica a cada uno de los genes que forman parte de esa molécula.

En efecto, el genoma es el contenido del material genético de un organismo biológico en el juego completo de cromosomas, constituido en el ser humano por 3,200 millones de pares de bases nitrogenadas y contienen entre 60 a 80 mil genes diferentes.

Esto significa que los cerca de 40,000 genes que componen nuestra cartografía genética albergan toda la información genética en donde cerca de 1,400 de ellos son causantes de las enfermedades genéticas.

El conocimiento de éste gran avance, ofrece nuevas formas de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, tal como la detección de individuos con alto riesgo genético para desarrollar ciertas enfermedades comunes.

Se podrá alcanzar un uso rutinario del análisis genotípico para mejorar el cuidado de la salud, así como evitar o retrasar la aparición de enfermedades que representen problemas prioritarios de salud.

La medicina genómica será motora de cambio hacia una medicina más individualizada, predictiva y preventiva, con lo que el diagnóstico y el tratamiento serán cada vez más específicos y efectivos.

Asimismo, será posible diagnosticar en forma rutinaria, la mayor parte de las enfermedades causadas por mutaciones en un solo gen, así como la predisposición a patologías humanas comunes, con lo que se podrán descubrir fácilmente los factores ambientales contribuyentes.

Sin embargo, esto trae aparejada una serie de cuestionamientos para el sector salud, principalmente desde el punto de la equidad y la protección de los derechos humanos y civiles, ya que el mal uso de la información genética puede dar origen a una nueva clase de privilegios.

En este sentido, la UNESCO aprobó el 11 de noviembre de 1997, en su 29 Conferencia General celebrada en París, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano, definida como el patrimonio biológico de la humanidad.

Con un texto de 25 artículos, el mérito indiscutible de este documento radica en la prohibición de toda forma de discriminación de una persona a causa de su patrimonio genético.

Las partes en esta declaración se comprometen a proteger al ser humano en su dignidad e identidad y garantizarán a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina.

Frente a este escenario, el Congreso de la Unión presentó diversas iniciativas referentes a la creación del Instituto de Medicina Genómica, así como la adición de un Título Quinto Bis y Capítulo Unico denominado ``El Genoma Humano'', y el artículo 421 Bis a la Ley General de Salud.

Con dichas iniciativas se pretende establecer un marco normativo que regule el tratamiento que se aplique al conocimiento del genoma humano, así como tomar el desarrollo conjunto que han logrado la Secretaría de Salud, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Fundación Mexicana para la Salud, en el sentido de crear un Instituto Nacional de Medicina Genómica con la misión de contribuir a generar y aplicar el conocimiento derivado del esclarecimiento del genoma humano para mejorar la salud de los mexicanos, mediante el diseño de intervenciones costo-efectivas de prevención, tratamiento y rehabilitación utilizando productos de la investigación genómica de la frontera, donde quiera que sea generada.

Dicho Instituto llevará a cabo actividades de investigación en salud y docencia relacionadas con investigación básica y clínica en la especialidad e impulsará el desarrollo de recursos humanos de alto nivel, innovación tecnológica y la difusión de conocimiento sobre la medicina genómica.

El desarrollo de la medicina genómica sólo puede lograrse a través de una investigación científica rigurosa y sostenida, que asegure la generación de nuevos conocimientos de la estructura y función de los genes, así como el conocimiento de las variaciones genómicas de las poblaciones mexicanas y su participación en los mecanismos moleculares de las enfermedades.

La investigación clínica tendrá gran importancia para conocer el impacto de la variación del genoma humano en la salud y la enfermedad, así como el estudio de las aplicaciones de los nuevos conocimientos en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas, por lo que con la creación de dicho Instituto, así como la regulación de la materia, el genoma humano será asimilado y aplicado en beneficio de la sociedad.

Es necesario equilibrar, a través de marcos jurídicos eficaces, los beneficios que la medicina genética está llamada a portar, con los riesgos que puedan llegar generar, ya que si no se crean garantías adecuadas, la revolución genética puede representar un paso hacia delante para lo científico y dos hacia atrás para los derechos individuales.

En este sentido y derivado de lo anterior, esta H. Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales considera viable el presente acuerdo económico en análisis, ya que es necesario un marco de garantías que permita utilizar al máximo los aportes de la medicina genómica y que a la vez se protejan a las personas frente a posibles abusos.

Una vez realizado el presente análisis y estudio de la iniciativa materia del presente dictamen, se exponen los siguientes

Considerandos

Primero.- Que es facultad del Congreso del estado resolver sobre las iniciativas de ley, decretos y acuerdos económicos presentados por los diputados, tal y como lo señala el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Segundo.- Que la presente intención legislativa, pretende que esta soberanía realice un atento llamado al Senado de la República para que, en el ámbito de sus facultades, apruebe las reformas que en materia de salud aprobó la Cámara de Diputados el pasado 2 de diciembre del 2003, a diversas disposiciones en las que se crea el ``Instituto Nacional de Medicina Genómica'', así como normatividades que regulan aspectos de genoma humano.

Tercero.- Que lo anterior, según lo manifestado por la Legisladora, ya que es sustancial el reconocimiento a la necesidad de legislar específicamente en la materia, para evitar el uso indebido de la información genética por parte de empresas privadas y agencias gubernamentales, así como para asegurar la protección a la dignidad e integridad humana.

Cuarto.- Que el proyecto ``genoma humano'', es uno de los mayores descubrimientos de la historia, el cual constituye toda la información genética humana contenida en los cromosomas.

Quinto.- Que derivado de dichas investigaciones realizadas, la UNESCO aprobó el 11 de noviembre de 1997, en su 29 Conferencia General, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano, definido como el patrimonio biológico de la humanidad.

Sexto.- Que el mérito indiscutible de este documento radica en la prohibición de toda forma de discriminación de una persona a causa de su patrimonio genético, proteger al ser humano en su dignidad e identidad y garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina.

Séptimo.- Que gracias a este avance en materia de salud, se ofrecerán nuevas formas de detección de individuos con alto riesgo genético pata desarrollar ciertas enfermedades comunes.

Octavo.- Que, sin embargo, el mal uso de la información genética puede dar origen a posibles transgresiones o atentados a los derechos humanos y civiles, por lo que es posible recurrir al rescate de la equidad, confidencialidad, dignidad y titularidad de la información genómica, producto de la propia individualidad de los seres humanos.

Noveno.- Que frente a este escenario, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión presentó diversas iniciativas, en las cuales se pretende establecer un marco normativo que regule el tratamiento que se aplique al conocimiento del genoma humano, así como tomar el desarrollo conjunto que han logrado la Secretaría de Salud, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Fundación Mexicana para la Salud, en el sentido de crear un Instituto Nacional de Medicina Genómica con la misión de contribuir a generar y aplicar el conocimiento derivado del esclarecimiento del genoma humano para mejorar la salud de los mexicanos, mediante el diseño de intervenciones costo-efectivas de prevención, tratamiento y rehabilitación utilizando productos de la investigación genómica de la frontera, donde quiera que sea generada.

Décimo.- Que el estudio del genoma y sus potenciales aplicaciones, tiene implicaciones tan amplias que alcanzan ámbitos muy variados en áreas sociales, económicas y culturales, aparte de aquellas propias de las ciencias biológicas. Algunas de sus consecuencias pueden ser muy beneficiosas y otras probablemente dañinas para las nuevas generaciones. Por esta razón, es necesario equilibrar a través de marcos jurídicos eficaces, los beneficios que la medicina genética está llamada a aportar.

Decimoprimero.- Que en este sentido, y derivado de lo anterior, esta H. Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales considera viable el presente acuerdo económico en análisis, ya que es necesario un marco de garantías que permita utilizar al máximo los aportes de la medicina genómica y que a la vez se proteja a las personas frente a posibles abusos.

Decimosegundo.- Que el presente dictamen fue aprobado por unanimidad de un total de cuatro votos, por los diputados presente integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales Fernando Jorge Castro Trenti, Ricardo Rodríguez Jacobo, Juan Manuel Salazar Castro y José Alfredo Ferreiro Velazco.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto:

Resolutivo

Único. Se aprueba que este H. Congreso del estado mediante oficio, realice un atento llamado al Senado de la República para que, en el ámbito de sus facultades, apruebe las importantes reformas que en materia de salud aprobó la Cámara de Diputados, por las cuales se crea el Instituto Nacional de Medicina Genómica y por las que se legisla en materia de salud ``el genoma humano''.

Dado en el salón de sesiones del Cabildo, en la ciudad de Tecate, del Estado de Baja California, a los 19 días del mes de enero de dos mil cuatro.--- Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales: Diputados: Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente; Ricardo Rodríguez Jacobo (rúbrica), secretario; Raúl Felipe Luévano Ruiz (rúbrica), vocal; José de Jesús Martín Rosales Hernández, vocal; José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), vocal; Juan Manuel Salazar Castro, vocal.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a las comisiones de Salud y Seguridad Social, de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

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ESTADO DE CHIHUAHUA
La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo.--- Congreso del Estado.--- LX Legislatura.--- Chihuahua.

C. Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

En cumplimiento al acuerdo No. 819/04 1 D.P., aprobado por la Diputación Permanente de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, me permito remitirle el precitado acuerdo, en el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la reforma del ``Acuerdo que Autoriza la Modificación y Reestructuración a las Tarifas para Suministro y Venta de Energía Eléctrica'', que entró en vigor el 9 de agosto del 2003; a efecto de que, en el cálculo del límite de energía anual (LEA) para la aplicación de la tarifa 9-N, se conceda para todo el país un volumen de extracción de agua adicional del 40% en el 2004, y un 20% para el 2005, tomando como base el déficit de sobreexplotación de los acuíferos más críticos. Para los efectos correspondientes, me permito remitirle copia de la iniciativa y dictamen que lo originan.

Sin otro particular de momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, a 19 de febrero de 2004.--- Dip. Rogelio Yáñez Bustillos (rúbrica), Presidente de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado de Chihuahua.--- Secretaría.

ACUERDO No.819/04 I D.P.

La Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primera Diputación Permanente, dentro del tercer año de ejercicio constitucional.

Acuerda

Primero.- La Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del estado de Chihuahua, solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la reforma del ``Acuerdo que Autoriza la Modificación y Reestructuración a las Tarifas para Suministro y Venta de Energía Eléctrica'', que entró en vigor el 9 de agosto del 2003, a efecto de que, en el cálculo del límite de energía anual (LEA) para la aplicación de la tarifa 9-N, se conceda para todo el país un volumen de extracción de agua adicional del 40% en el 2004, y un 20% para el 2005, tomando como base el déficit de sobreexplotación de los acuíferos más críticos.

Segundo.- Remítase copia del presente acuerdo, así como de la iniciativa que le diera origen, al Honorable Congreso de la Unión, así como a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Energía; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, todas ellas del Gobierno Federal, para su conocimiento y efectos conducentes.

Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil cuatro.--- Dip. Rogelio Yáñez Bustillos (rúbrica), Presidente; Dip. Miguel Rubio Castillo (rúbrica), Secretario.»

«Escudo.--- Congreso del Estado.--- LX Legislatura.--- Chihuahua.

Diputación Permanente del H. Congreso del Estado.--- Presente.

Los suscritos, en nuestro carácter de diputados a la Sexagésima Legislatura, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 68, fracción I, de la Constitución Política del Estado, comparecemos ante este alto cuerpo colegiado a presentar iniciativa de acuerdo, a fin de solicitar respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la reforma del ``Acuerdo que Autoriza la Modificación y Reestructuración a las Tarifas para Suministro y Venta de Energía Eléctrica'', que entró en vigor el 9 de agosto del 2003, a efecto de que, en el cálculo del límite de energía anual (LEA) para la aplicación de la tarifa 9-N, se conceda un volumen de extracción de agua adicional del 40% en el 2004, y un 20% para el 2005. Lo anterior, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I.- Luego de una minuciosa evaluación sobre la situación que prevalece en el campo mexicano, ante el desmesurado incremento que han sufrido los insumos y el decrecimiento de los precios de los productos del campo en el mercado, fueron emprendidas una serie de acciones por, parte de los gobiernos estatal y federal, por conducto de sus diversos poderes, que dieron lugar a la reciente expedición de la Ley de Energía Para el Campo.

Este ordenamiento jurídico expedido por el H. Congreso de la Unión, de acuerdo con su artículo 1o., segundo párrafo, está orientado a ``coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad, como medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países, de conformidad con lo que establece el artículo 13, fracción IX, y demás disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable''.

En el Capítulo Segundo, relativo a las Cuotas Energéticas, se establece que será el Poder Ejecutivo Federal quien establecerá el programa, mediante precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios. Además, el artículo 5° preceptúa que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Energía, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien establecerá los precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios, considerando las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional, con la prescripción de que todos los precios y tarifas de estímulo que se autoricen para las diferentes actividades agropecuarias sean iguales para todos los productores del país.

Lo anterior armoniza y es congruente con lo dispuesto en el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual establece:

``Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

X. Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y con la participación de las dependencias que corresponda.''

Cabe destacar que, en el ordinal 7, fracción I, de la Ley de Energía para el Campo, se establece que la cuota energética se utilizará exclusivamente en motores para bombeo y rebombeo agrícola y ganadero, tractores y maquinaria agrícola y motores fuera de borda, que se utilicen directamente en las actividades objeto de la ley.

II.- Con base y en atención al precitado ordenamiento jurídico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coordinada con las dependencias del ramo, emitió el día 6 de agosto del 2003, el Acuerdo que Autoriza la Modificación y Reestructuración a las Tarifas para Suministro y Venta de Energía Eléctrica.

En dicho acuerdo se expresa que, conforme a los compromisos del Gobierno Federal en materia de tarifas eléctricas, ``debe ofrecerse a los usuarios de la tarifa 9-CU, la posibilidad de acceder a un nivel tarifario que les permita beneficiarse de un menor cargo por energía en la medida en que administren su demanda y consuman energía en un horario nocturno''. Además, señala que, para los casos de bombeo de aguas superficiales, es necesario determinar el límite de energía anual.

De tal forma, en el artículo tercero del acuerdo se establece la tarifa 9-N, llamada ``tarifa nocturna para servicio para bombeo de agua para riego agrícola en baja o media tensión'', misma que se aplica a los servicios en baja o media tensión que destinen la energía eléctrica exclusivamente para el bombeo de agua, hasta por el volumen que es utilizado en el riego de tierras dedicadas al cultivo de productos agrícolas; así como para el local donde se encuentre instalado el equipo de bombeo.

De conformidad con lo anterior, para la determinación del límite de energía anual, se toman en cuenta diversas constantes, como la carga dinámica; la eficiencia electromecánica mínima del equipo de bombeo; el consumo promedio anual y el volumen de extracción de agua.

Por su parte, se establece que la energía eléctrica consumida que exceda el límite de energía anual, será facturada con los cargos de la tarifa para servicio para bombeo de agua para riego agrícola en baja o media tensión (tarifas 9 o 9M), según corresponda.

III.- No obstante, y sin un ánimo de menoscabar los grandes beneficios que acciones y disposiciones como las reseñadas implican en lo general, es necesario plantear el problema que actualmente aqueja a muchos productores del estado de Chihuahua, sin prejuicio de que así ocurra también en otras partes del país:

Diversos productores de las regiones agrícolas del estado de Chihuahua, han coincidido y planteado ante esta instancia legislativa una gran preocupación, que se deriva precisamente del sistema tarifario que opera en la entidad, y que es aplicado por la Comisión Federal de Electricidad. Esto tiene su origen en una de las variables que deben tomarse en cuenta al momento de determinar el límite de energía anual, y que se refiere al volumen de extracción de agua que es concesionado por la Comisión Nacional del Agua.

Así, tenemos que, en gran cantidad de casos, sobre todo tratándose de acuíferos sobreexplotados, dicho volumen no coincide con el que realmente es extraído, muchas veces en razón de que las condiciones climáticas extremas del estado, que se traducen en 12 años de intensa sequía, así lo demandan; o bien, por un error administrativo en el volumen concesionado, imputable al productor o a la autoridad, cuando aquél fue regularizado ante la Comisión Nacional del Agua.

En razón de los anteriores argumentos, que generan un gran perjuicio a los productores locales y, seguramente a muchos más de otras zonas geográficas del país, se sustenta nuestra petición, la cual se traduce a la aplicación de una disposición transitoria para el año corriente, relativa al incremento en el volumen concesionado del 40%, considerando para ello el valor porcentual que corresponde al déficit de sobreexplotación de los acuíferos más críticos; mientras que, para el año próximo siguiente, este volumen adicional se reduciría al 20%, para que en el 2006 pueda aplicarse a cabalidad la fórmula dispuesta en el acuerdo ya citado para el cálculo de límite de energía anual.

De concretarse la petición anterior, conseguiríamos que los agricultores estén en condiciones de cumplir con el ciclo agrícola 2004, siendo acreedores del beneficio de la tarifa preferencial en el consumo de energía, cumpliendo firmemente con el espíritu de la Ley de Energía para el Campo.

Además, que los usuarios tengan el tiempo suficiente para regularizar su situación, respecto al volumen concesionado, ya sea acudiendo ante la Comisión Nacional del Agua para revisar su expediente y ver si hay algún error en la emisión de su título; en otro caso, procediendo a la adquisición de derechos de agua para sumar mayor volumen a su concesión; o bien, que el productor opte por implementar sistemas de alta eficiencia, como sería el riego por goteo o aspersión.

Con esta acción estaríamos dando un cumplimiento cabal a la Ley de Energía para el Campo que, en resumidas cuentas, se subsume a considerar de uso estratégico para el desarrollo nacional todos los energéticos que se usan en el sector agropecuario, a través de precios preferenciales de hidrocarburos y energéticos para la actividad agropecuaria, permitiendo con ello una gran transferencia de energía del estado al campo mexicano, para que esto se convierta en productos alimenticios para satisfacer la demanda nacional y, además, a precios competitivos en el mercado nacional y extranjero.

Consideramos que las demandas sociales justas, como la que dio origen a la multicitada ley, no deben ver mermados sus esfuerzos por problemas técnicos de aplicación de la norma al caso concreto, debiendo buscar siempre las estrategias más efectivas para que se provea a su exacta observancia, con mayor razón tratándose de un tema tan delicado como el planteado.

Es deber de las autoridades de todos los niveles, brindar apoyo incondicional al campo mexicano y; una buena manera de conseguirlo, es respaldando la presente solicitud, ante las bondades que ella brindaría.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 57, 58 y 82, fracción X, de la Constitución Política del Estado; así como en el numeral 99, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la votación económica de esta Diputación Permanente, el presente proyecto con carácter de

Acuerdo

Primero.- La Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la reforma del ``Acuerdo que Autoriza la Modificación y Reestructuración a las Tarifas para Suministro y Venta de Energía Eléctrica''; que entró en vigor el 9 de agosto del 2003, a efecto de que, en el cálculo del límite de energía anual (LEA) para la aplicación de la tarifa 9-N, se conceda para todo el país un volumen de extracción de agua adicional del 40% en el 2004, y un 20% para el 2005, tomando como base el déficit de sobreexplotación de los acuíferos más críticos.

Segundo.- Remítase copia del presente acuerdo, así como de la iniciativa que le diera origen, al honorable Congreso de la Unión, así como a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, todas ellas del Gobierno Federal, para su conocimiento y efectos conducentes.

Económico.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes.

Dado en la Sala Morelos del Palacio del Poder Legislativo, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil cuatro.--- Diputados: Guillermo Márquez Lizalde, Jesús Alfredo Velarde Guzmán, Miguel Rubio Castillo, Manuel Acosta Lara, Oswaldo Blancas Fernández, Octavio Perea Lerma, Jesús Javier Baca Gándara (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

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ESTADO DE OAXACA
La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.--- Poder Legislativo.

CC. Diputados Secretarios del Congreso de la Unión.--- México, DF.

La Quincuagésima Octava Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente acuerdo:

``Unico.- La Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca se adhiere al acuerdo emitido por el honorable Congreso del estado de Colima, en virtud de que se debe abolir la pena de muerte de nuestra Carta Magna, considerando que la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos, y convencidos de que todas las medidas de abolición de dicha pena deberían ser consideradas un adelanto en el goce del derecho a la vida. Transitorio: Unico.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Remítase copia del presente acuerdo al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, al honorable Congreso de la Unión y a la Secretaría de la Defensa Nacional, para su conocimiento y efectos correspondientes. Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado. Oaxaca de Juárez, Oax., a 15 de enero de 2004.- Rómulo Virgilio Leyva Acevedo, diputado Presidente.- Rúbrica. Abdías Nava Pacheco, diputado secretario.- Rúbrica. Salomón Jara Cruz, diputado secretario.- Rúbrica''.

Lo que nos permitimos transcribir a ustedes, para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``El respeto al derecho ajeno es la paz.''

``2003, Año de los pueblos indígenas de México.''

Oaxaca de Juárez, Oax., a 15 de enero de 2004.--- Dip. Abdías Nava Pacheco (rúbrica), Secretario; Dip. Salomón Jara Cruz (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.--- Poder Legislativo.

CC. Secretarios Senadores de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.--- México, DF.

La Quincuagésima Octava Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente acuerdo:

``Unico.- La Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca manifiesta que la Entidad Superior de Fiscalización de la Federación apegue sus funciones a lo ordenado por el artículo 46, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal federal, toda vez que resulta violatorio y se atenta contra la soberanía del Estado de Oaxaca pretender efectuar auditorías sin fundamento legal alguno, y en contravención a las disposiciones que se refieren al control, supervisión, vigilancia y fiscalización del manejo de dichos recursos por cada autoridad y cada nivel de gobierno que expresamente establece el ordenamiento antes citado para cada etapa que la misma ley establece desde su presupuestación hasta su total erogación. Comuníquese el contenido de este acuerdo al honorable Congreso de la Unión, así como al titular del Ejecutivo Federal, Vicente Fox Quesada, a las Legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que, de creerlo procedente, se adhieran al presente acuerdo. Transitorio: Unico.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Lo tendrá entendido el gobernador del estado y hará que se publique y se cumpla. Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado. Oaxaca de Juárez, Oax., a 7 de octubre 2003. Eloi Vázquez López, diputado Presidente.- Rúbrica. Jorge Zarif Zetuna Curioca.- Rúbrica. René Egremy Cruz, diputado secretario.- Rúbrica''.

Lo que nos permitimos transcribir a ustedes, para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

``El respeto al derecho ajeno es la paz.''

``2003, Año de los pueblos indígenas de México.''

Oaxaca de Juárez, Oax., a 7 de octubre de 2003.--- Dip. Eloi Vázquez López (rúbrica), Presidente; Dip. René Egremy Cruz (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

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ESTADO DE TLAXCALA
La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.--- LVII Legislatura.

CC. Senadores Secretarios del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 96, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, me permito informarles que en sesión ordinaria pública celebra el 11 de febrero de 2004 la LVII Legislatura del estado de Tlaxcala aprobó el acuerdo por el que esta soberanía se adhiere al punto de acuerdo emitido por la LIV Legislatura del Congreso del estado de Querétaro por el que solicitan exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que apoye las funciones atribuciones y objeto del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), impidiendo su desaparición como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal. Se anexa acuerdo de mérito.

Aprovecho la presente para enviarles un cordial y respetuoso saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlaxcala de X., a 17 de febrero de 2004.--- Sergio Cuauhtémoc Lima (rúbrica), Secretario Parlamentario del H. Congreso.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.--- LVII Legislatura.

Punto de Acuerdo

Primero. El honorable Congreso del estado de Tlaxcala apoya y se adhiere al punto de acuerdo emitido por la LIV Legislatura del Congreso del estado de Querétaro, por el que solicitan exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que apoye las funciones, atribuciones y objeto del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), impidiendo su desaparición como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal.

Segundo. Se haga del conocimiento por conducto de la Secretaría Parlamentaria de este honorable Congreso del estado el presente punto de acuerdo al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de cada uno de los estados y la del Distrito Federal.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los once días del mes de febrero de dos mil cuatro.--- Dip. José Antonio Rosas Lezama (rúbrica), Presidente; Dip. Froylán Mendieta Cuapio (rúbrica), Secretario; Dip. María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores.

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ESTADO DE VERACRUZ
La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.

C. Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

La Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso del estado, en sesión ordinaria celebrada hoy, aprobó el siguiente

Decreto Número 598

Artículo Primero. Se crea el municipio libre de San Rafael, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al haberse satisfecho los requisitos que al efecto establece el artículo 6 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Será cabecera de este municipio la actual congregación de San Rafael y quedará integrado, además de ésta, por las localidades siguientes: Ampliación Manuel Avila Camacho, Ampliación de Pavón, El Arenal, Arroyo Zarco, La Aurora, La Bacinica, Bella Esperanza, Buenos Aires, El Cabellal, Calle Chica, Calle Grande, Cementeras del Pital, El Cocal, La Chancla, Ejido Vega de San Marcos (Cuerillo), Emiliano Zapata, La Esperanza, El Faisán, Galvarino Barria Pérez, La Gloria, Guadalupe Victoria; El Guayabal, Héctor Barrientos, Ignacio Zaragoza (La Poza), La Isla, Isla de Santa Rosa, La Laguna, Lomas de Arena, Manuel Avila Camacho, Mata de Plátano, Melchor Ocampo, Nuevo Centro de Población Presidente Benito Juárez, Nuevo Faisán, El Ojite, Oro Verde, La Pajarera, Las Palmas, El Paraíso, Paso de Telaya, Los Pasos, La Pitahaya, El Pital, El Porvenir, Puente Casitas, Puntilla Aldama, Río Mar, La Rivera de Puntilla, San Lorenzo, Santa Adelaida, Santa Elena, Solteros, El Tablazo, Tepetates, Tinoco, Tres Bocas, Tres Encinos, Ursulo Galván, Vega de San Marcos, Zacatales y Zanjas de Arena, así como todas las localidades comprendidas en la poligonal correspondiente.

Artículo Segundo. El municipio de San Rafael tendrá una superficie total de veintinueve mil ciento catorce hectáreas, cuarenta y siete áreas y sesenta y cuatro centiáreas, y los límites siguientes: al norte y noreste, con el municipio de Tecolutla; al oeste, con el municipio de Martínez de la Torre; al sur, con el municipio de Misantla; y al sur y sureste, con el municipio de Nautla, de acuerdo con la circunscripción territorial determinada por las localidades señaladas en el artículo anterior, que se indican también en el plano que se encuentra agregado en el expediente respectivo.

Artículo Tercero. Se designan para integrar el Concejo Municipal de San Rafael, que estará en funciones del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil cuatro, a los ciudadanos Germán Castagne Maitret, Presidente; Jaime Ramagnoli Piñera, vocal primero; y Estela Murillo Peralta, vocal segunda; y a los ciudadanos Emilio Ismael Prigadaá Millot, Genaro Faibre Collinot y Jaime Antonio Maasberg Collinot, como suplentes, respectivamente.

Artículo Cuarto. Comuníquese el presente decreto a los Poderes Ejecutivo y Judicial del estado, a los organismos autónomos del estado, al honorable ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los Poderes de la Unión, al Instituto Federal Electoral y al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para los efectos legales procedentes.

Transitorios

Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el primero de enero del año dos mil cuatro, previa publicación en la Gaceta Oficial, Organo del Gobierno del Estado, con excepción de lo dispuesto en su segundo transitorio, que entrará en vigor el día siguiente al de dicha publicación.

Segundo. El Congreso del estado proveerá lo necesario para expedir la Ley de Ingresos del Municipio de San Rafael, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal de 2004.

Lo transcribimos a usted, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Xalapa, Ver., a 15 de diciembre de 2003.--- Diputados: Felipe Amadeo Flores Espinosa, Presidente; José Adán Córdoba Morales, secretario (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.

C. Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

La Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso del estado, en sesión ordinaria celebrada hoy, aprobó el siguiente

Decreto Número 599

Artículo Primero. Se crea el municipio libre de Santiago Sochiapan, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al haberse satisfecho los requisitos que al efecto establece el artículo 6 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Será cabecera de este municipio la actual congregación de Xochiapa y quedará integrado, además de ésta, por las localidades siguientes: Alfredo V. Bonfil, Amatlán, Arenalito, Arroyo Colorado Cruz Verde, Arroyo de Hojas, Arroyo Santa María, Augusto Gómez Villanueva, Benito Juárez, Boca del Monte, Ejido Sergio Vera Cervantes, El Medellín (Rancho), El Paraíso, El Tauro, El Trébol, El Zapote, Emiliano Zapata, Ignacio Ramírez, La Ceiba Nueva, La Guadalupe, La Laguna, La Providencia, La Unión Progreso Tatahuicapa, Lázaro Cárdenas, Mundo Nuevo, Niños Héroes, Nuevo Boca del Monte (La Ceibita), Nuevo Ideal de Arriba, Nuevo Progreso Tatahuicapa, Puebla, Rancho Hermanos Uscanga, Rancho San Miguelito, Río Lalana, Rubén Ortiz, San Cristóbal, San Francisco de Asís (Margarito Montes Parra-Dante Delgado), San Gabriel de la Chinantla, Santa Margarita Yogopi, Santa Teresa, Tatahuicapa y Vista Hermosa, así como todas las localidades comprendidas en la poligonal correspondiente.

Artículo Segundo. El municipio de Santiago Sochiapan tendrá una superficie total de cuarenta mil cuarenta y cuatro hectáreas, diecinueve áreas y dieciocho centiáreas, y los límites siguientes: al norte y noreste, con el municipio de Playa Vicente; al oeste, con el municipio de Playa Vicente; al sur y suroeste, con límite del estado de Oaxaca, de acuerdo con la circunscripción territorial determinada por las localidades señaladas en el artículo anterior, que se indican también en el plano que se encuentra agregado en el expediente respectivo.

Artículo Tercero. Se designan para integrar el Concejo Municipal de Santiago Sochiapan, que estará en funciones del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil cuatro, a los ciudadanos Jorge Méndez Martínez, Presidente; Virginia González Chávez, vocal primera; y Gelacio Ubieta Hernández, vocal segundo; y los ciudadanos Ernesto Pedro Vargas, Casimira Hernández Bonota y Francisco Prisciliano Martínez, como suplentes, respectivamente.

Artículo Cuarto. Comuníquese el presente decreto a los Poderes Ejecutivo y Judicial del estado, a los organismos autónomos del estado, al honorable ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los Poderes de la Unión, al Instituto Federal Electoral y al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para los efectos legales procedentes.

Transitorios

Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el primero de enero de dos mil cuatro, previa publicación en la Gaceta Oficial, Organo del Gobierno del Estado, con excepción de lo dispuesto en su segundo transitorio, que entrará en vigor el día siguiente al de dicha publicación.

Segundo. El Congreso del estado proveerá lo necesario para expedir la Ley de Ingresos del municipio de Santiago Sochiapan, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal de 2004.

Lo transcribimos a usted, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Xalapa, Ver., a 15 de diciembre de 2003.--- Diputados: Felipe Amadeo Flores Espinosa, Presidente; José Adán Córdoba Morales, secretario (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:De enterado.

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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.--- Comisión de Gobierno.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, fracción XXI, y 36, fracción V, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me dirijo a ustedes con el propósito de hacer de su conocimiento que en la sesión de la Diputación Permanente de este órgano legislativo celebrada el pasado 18 de febrero del año en curso, se aprobó el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: Que el Pleno de esta Diputación Permanente se pronuncia en contra de la venta de Bancomer al Banco Bilbao Vizcaya (BBVA).

Segundo: Que esta Diputación Permanente le solicite a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión que por medio de la Comisión de Vigilancia, se intervenga en una revisión detallada sobre la venta de dicho banco por el impacto económico que representa.

Anexo al presente copia del punto de acuerdo en comento, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a ustedes mi consideración atenta y distinguida.

Atentamente.

México, DF, a 23 de febrero de 2004.--- Dip. René J. Bejarano Martínez (rúbrica), Presidente de la Comisión de Gobierno.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- III Legislatura.--- Comisión de Gobierno.

Dip. Roberto Carlos Reyes Gámiz, Presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la III Legislatura.--- Presente.

Dip. José Jiménez Magaña, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, fracción VI y VII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 130 del Reglamento para su Gobierno Interior, por su amable conducto me permito someter a la consideración de la Diputación Permanente de este órgano legislativo, el siguiente:

Punto de acuerdo sobre la venta irracionalmente autorizada de Bancomer a Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

El que las autoridades mexicanas avalen tan fácilmente que el BBVA obtenga el control absoluto de Bancomer, prácticamente de manera gratuita y abusiva, pues los 45 mil 200 millones de pesos que el grupo español pagará a los actuales socios mexicanos le serán resarcidos con creces vía las transferencias que el Estado entrega año con año por concepto de intereses de los pagarés del Fobaproa.

Los bancos son demasiado importantes como para dejarlos en manos de autoridades incapaces de saber a dónde los quieren llevar. Este es el tema de fondo en el proceso de adquisición de Bancomer, segundo mayor banco del país, cuando, en un primer momento, el banco español Bilbao Vizcaya Argentaria propuso y llegó a un acuerdo de principio con sus accionistas principales, para inmediatamente después verse confrontado por una oferta adicional, esta vez por parte de Banamex; el mayor banco del sistema.

Con esta segunda propuesta, el país pareció entrar de lleno en las grandes ligas de la intriga y la especulación financiera internacional, en donde las ofertas y contraofertas son materia común en la práctica cotidiana de los mercados. En cierta forma, ambas ofertas se encontraron con autoridades regulatorias prestas para reaccionar ante el cambiante entorno, pero incapaces de prever y desarrollar una visión de largo plazo para el sector financiero.

El sector financiero ha sufrido los embates de la arbitrariedad burocrática desde hace décadas. Hasta el final de los sesenta, en México, los bancos se distinguieron por ser una fuente segura y confiable de financiamiento para las empresas, con lo que contribuyeron al enorme éxito en el desarrollo industrial del país.

En esos años, sin embargo, el gobierno los obligó a abandonar ese camino para convertirlos en la fuente de recursos para sus proyectos y sectores favoritos y para financiar un gasto gubernamental que creció de manera tan vertiginosa que acabó prácticamente por quebrar a la economía del país.

A principios de este año, cuando BBVA llegó a un acuerdo para adquirir Bancomer, las autoridades se vieron ante la necesidad de definirse al respecto. Cabe decir que, de acuerdo a la ley, BBVA estaba en pleno derecho de proponer la compra y los accionistas de Bancomer de aceptarla. Pero poco después llegó Banamex a complicar las cosas para ambos jugadores, pero también para las autoridades. Si los accionistas de Bancomer tuvieron la oportunidad de comparar las dos posturas que se les presentaron de acuerdo a sus méritos, sólo ellos lo saben. Pero no hay duda que el entorno político en que este proceso se dio, abrió una ventana reveladora, de cómo se toman las decisiones en México.

En el caso de Bancomer anualmente el Fobaproa alcanza sumas de 10 mil millones de pesos, sin contar las próximas amortizaciones del capital. Resulta que los contribuyentes mexicanos serán quienes habrán financiado la entrega de la banca nacional al extranjero, situación doblemente grave si se considera que el rescate bancario constituyó una operación irregular y que muchos de los pagarés en los que se apoya la estrategia de adquisición del BBVA se encuentran en litigio.

La pretensión de los nuevos dueños de Bancomer de retirar las acciones de esa institución financiera de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) redundará en un obstáculo para conocer el desempeño del segundo banco nacional. Tal circunstancia, máxime si se tiene en cuenta que el proceso de auditoría de los pagarés del Fobaproa no ha concluido, implica que el BBVA pretende tender un velo sobre su futura gestión de Bancomer, con todos los riesgos para la fiscalización de ese banco y la estabilidad de la economía nacional que ello implica. De tal manera que de ninguna manera será posible exigirle cuentas una vez en poder de capitales extranjeros. Indudablemente a éstos sólo les interesan los rendimientos de sus inversiones y no el desarrollo del país del que se benefician.

Al quedar en manos del banco español, la sucursal dejaría de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, y la afectaría al deslistar las acciones de BBVA Bancomer; se reduciría aún más el valor de capitalización del mercado accionario, en el cual la institución mexicana representa el 4.0 por ciento del total. Lo que es un asunto muy grave y delicado, porque si así sucede, ya no tendrá que rendir cuentas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni rendir un informe trimestral de sus estados financieros, ni mucho menos hacerlos públicos como lo obliga la ley.

Lo peor, es que terminaría la facultad de la CNBV para supervisar las operaciones de este banco que se quiere vender en 4 mil 100 millones de dólares, cuando éste tiene más de 80 mil millones de dólares en un pagaré que se vence el próximo año. Por otro lado, conforme al artículo 5° transitorio de la Ley del IPAB, Bancomer tiene que seguir bajo la supervisión de las autoridades mexicanas.

El Gobierno Federal apoya esa transacción ignorando una investigación que mantiene el fiscal anticorrupción, David Martínez Madero, quien ha presentado ante la Corte de España una denuncia contra BBVA, por la posible comisión de delito contra la hacienda pública española, a raíz de la adquisición del Multibanco Mercantil Probursa. Se acusa formalmente a BBVA en España, por haber evadido 3 mil 500 millones de pesetas durante la transacción de Mercantil Probursa, en México, el 3 de noviembre del 2003.

El Partido de la Revolución Democrática señala enfáticamente que no aprueba el fraude cometido por las autoridades sobre el Fobaproa-IPAB, que ha implicado que el Gobierno Federal reconozca de facto unos pasivos que ascienden a alrededor de 800 mil millones de pesos la extranjerización de los bancos, que ya rebasa el 90 por ciento de los mismos, se ampliará con la venta de 40.6 por ciento de las acciones de Bancomer a BBVA.

El PRD no avala dicha venta porque no se han aclarado los créditos fraudulentos del rescate bancario, que seguirán pagando los mexicanos. Por ello es importante revisar el quebranto bancario y su rescate y determinar la legalidad de las operaciones que se llevaron a cabo. Nuestro Partido insiste en este asunto desde su origen, sabemos que nos asiste la razón y por ello seguiremos propugnando porque aquellos que cometieron fraudes en perjuicio de la nación sean juzgados y que el quebranto bancario no sea asumido por el gobierno mexicano.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento al artículo 130 del Reglamento para el gobierno interior de la Asamblea Legislativa se somete a su consideración para su obvia y urgente resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Que el Pleno de esta Diputación Permanente se pronuncie en contra de la venta de Bancomer al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Segundo.- Que esta Diputación Permanente le solicite a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión que por medio de la Comisión de Vigilancia se intervenga en una revisión detallada sobre la venta de dicho Banco por el impacto económico que representa.

Atentamente.

México, DF, a 18 de febrero de 2004.--- Dip. José Jiménez Magaña (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:De enterado.

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INVERSION EXTRANJERA
La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

C. Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva del H. Senado de la República.--- Presente.

En uso de las atribuciones conferidas a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 27 de la Ley de Inversión Extranjera, me permito enviarle el documento intitulado Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México (enero-diciembre de 2003).

Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración sobre este asunto.

Atentamente.

México, DF, a 23 de febrero de 2004.--- Lic. Juan Antonio García Villa (rúbrica), Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.»

«COMISION NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS

INFORME ESTADISTICO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN MEXICO

(Enero - diciembre de 2003)

1. Introducción.

2. Metodología para la elaboración de la información sobre los flujos de IED.

2.1 Información sectorial y regional sobre la IED.

2.2 Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

3. Comportamiento de la IED durante el periodo enero - diciembre de 2003.

3.1 Distribución sectorial y por país de origen de la IED notificada al RNIE y de las importaciones de activo fijo por parte de empresas maquiladoras.

3.2 Proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

APENDICE ESTADISTICO

1. Introducción.

En uso de las atribuciones conferidas a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 27 de la Ley de Inversión Extranjera, se hace del conocimiento del H. Congreso de la Unión el presente informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera en México durante el periodo enero - diciembre de 2003.

El contenido de este informe es el siguiente: en la segunda sección se presenta una explicación relativa a la cobertura y método de recopilación de las diferentes fuentes de información utilizadas para elaborar las estadísticas sobre inversión extranjera directa (IED) en México. En el tercer apartado, se describe el comportamiento de la IED durante enero - diciembre de 2003, destacando el sector económico al que se destinan las inversiones y el país de origen del cual provienen; también, se da a conocer el monto de IED correspondiente a los proyectos de inversión autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE). Finalmente, se incluye un apéndice estadístico.

2. Metodología para la elaboración de la información sobre los flujos de IED.

Las estadísticas sobre IED presentadas en este reporte son generadas conjuntamente por la Secretaría de Economía y el Banco de México, de acuerdo a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su Manual de Balanza de Pagos1,* y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)2. La estimación de la IED se integra con los siguientes conceptos:

*Las notas se encuentran al final de este documento.

a) Los montos de la IED notificados al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE).- Son las inversiones notificadas al RNIE por parte de personas físicas o morales extranjeras que realizan actos de comercio en México y sucursales de inversionistas extranjeros establecidas en el país 3; de sociedades mexicanas con participación extranjera; y, de instituciones fiduciarias que participan en fideicomisos de bienes inmuebles de los que se derivan derechos en favor de inversionistas extranjeros. Estas cifras corresponden a la inversión realizada por personas físicas o morales extranjeras al establecerse en México4; a las nuevas inversiones, reinversión de utilidades5 y cuentas entre compañías6 de sociedades ya establecidas; y, al monto de la contraprestación en los fideicomisos de bienes inmuebles. De acuerdo a los artículos 32 y 33 de la Ley de Inversión Extranjera y 38 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, los movimientos mencionados deben ser reportados al RNIE.

También se incluye en este concepto el monto de inversión involucrado en las transmisiones de acciones por parte de inversionistas mexicanos a inversionistas extranjeros, a través de las cuales la IED adquiere total o parcialmente sociedades mexicanas ya establecidas7.

Las notificaciones al RNIE tienden a darse con un importante rezago con respecto a las fechas en las que se realizan las inversiones debido, entre otras razones, al periodo de tiempo que se requiere para formalizar el acta de asamblea en la cual se asienta la inversión realizada.

Este rezago se traduce en que el monto de IED reportado al RNIE en un determinado mes corresponde en su mayoría a inversiones realizadas varios meses antes, incrementando así las cifras de IED relativas a los meses anteriores. Por ende, la cifra reportada como IED realizada en un determinado plazo no es definitiva, ya que ésta aumenta posteriormente en la medida en que el RNIE recibe las notificaciones del resto de las inversiones realizadas en dicho periodo. Debido a la existencia de este rezago, se debe tener cuidado en la comparación de los flujos de IED correspondientes a dos periodos, pues las inversiones realizadas durante el periodo menos reciente han tenido más tiempo para haber sido dadas de alta ante el RNIE8.

Por lo expuesto en los tres párrafos inmediatos anteriores, se incluye en el monto total de IED una estimación de los montos ya materializados en enero - diciembre de 2003 pero que no han sido notificados al RNIE. Esta estimación se elabora tomando en cuenta el comportamiento mostrado por el rezago mencionado durante los últimos nueve años, y con la información de diversos indicadores obtenidos por el Banco de México (información obtenida de diversas áreas del propio Banco; de las empresas; y, de medios especializados de información).

b) El valor de las importaciones de activo fijo realizadas por empresas maquiladoras.- Comprende las inversiones en maquinaria y equipo por parte de empresas maquiladoras9. Estas inversiones se realizan por medio de la aportación de activo fijo por parte de las empresas matrices en el extranjero a sus filiales de México bajo un contrato de comodato (préstamo gratuito). Dicho contrato transfiere gratuitamente el uso del activo a la maquiladora para que desarrolle su actividad, pero no se le otorga la propiedad del mismo, por lo cual la sociedad mexicana no puede reportarlo en su contabilidad.

Debido a que las transacciones mencionadas en el párrafo anterior no se incluyen en la contabilidad de la sociedad mexicana, éstas no tienen la obligación de notificar tales inversiones al RNIE. Por ello, estas aportaciones de capital son captadas a través de la información estadística de comercio exterior como importaciones temporales10. La información correspondiente se publica mensualmente, con un rezago de tres semanas.

2.1 Información sectorial y regional sobre la IED.

Se dispone de información desagregada por sector económico, entidad federativa y país de origen, únicamente respecto de los montos notificados al RNIE y de las importaciones de activo fijo efectuadas por empresas maquiladoras, debido a que las estimaciones de la inversión que aún no se reporta al RNIE no incluyen las desagregaciones correspondientes.

Con la entrada en vigor del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras se amplió la cobertura del RNIE, de tal forma que ahora dicho registro capta información oportuna sobre la reinversión de utilidades y cuentas entre compañías; así, se ha incrementado notablemente el porcentaje de la IED total que se presenta desagregado por sector económico, entidad federativa y país de origen.

La información geográfica de la IED se refiere a la entidad federativa donde se ubica el domicilio del representante legal o de la oficina administrativa de cada empresa (único dato que proporcionan los inversionistas extranjeros cuando notifican al RNIE sus movimientos de inversión), y no necesariamente a la entidad federativa donde se realizan las inversiones. Esta misma situación se observa en la clasificación por entidad federativa de las importaciones de activo fijo por parte de sociedades maquiladoras con IED.

2.2 Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

Finalmente, los montos de IED involucrados en los proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras de conformidad con lo establecido en los artículos 8º, 9º y noveno transitorio de la Ley de Inversión Extranjera, representan un importante indicador de las inversiones por realizarse en el corto plazo. Estas inversiones se incluyen en las estadísticas sobre IED, únicamente a partir de que se llevan a cabo y se notifican al RNIE.

3. Comportamiento de la IED durante el periodo enero-diciembre de 2003.

A continuación se presentan las cifras que reflejan la evolución de la IED en el periodo enero - diciembre de 2003, recopiladas hasta el 31 de diciembre de ese año, de acuerdo a la metodología descrita en la sección anterior.

IED notificada al RNIE.- Durante el periodo enero - diciembre de 2003, el RNIE recibió notificaciones sobre IED por 13,734.7 millones de dólares (md); de ellos, el 54.4% (7,470.3 md) se realizó en enero - diciembre de 2003; el 25.9% (3,562.0 md), en 2002; el 9.0% (1,234.7 md), en 2001; y el restante 10.7% (1,467.7 md), antes de 200111.

De los 7,470.3 md de IED notificada al RNIE y materializada durante enero--diciembre de 2003, el 24.8% (1,851.0 md) corresponde a nuevas inversiones; el 24.4% (1,822.0 md), a reinversión de utilidades; y el 50.8% (3,797.3 md), a cuentas entre compañías.

IED realizada pero aún no notificada al RNIE.- Asimismo, se estima que durante enero--diciembre de 2003, las empresas con IED realizaron inversiones por 1,300 md, mismas que no habían sido notificadas al RNIE al 31 de diciembre de ese año. El 61.5% (800.0 md) de los 1,300 md aún no notificados al RNIE corresponden a nuevas inversiones y el 38.5% (500.0 md) a reinversión de utilidades12.

Importación de activo fijo por parte de maquiladoras.- Por su parte, el valor de las importaciones de maquiladoras durante enero - diciembre de 2003, se ubicó en 1,961.1 md.

Los montos de IED correspondientes al periodo enero-diciembre de 2003, fueron realizados por 4,484 sociedades mexicanas con inversión extranjera directa en su capital social, de las cuales 1,331 son sociedades maquiladoras que importaron temporalmente activo fijo.

3.1 Distribución sectorial y por país de origen de la IED notificada al RNIE y de las importaciones de activo fijo por parte de empresas maquiladoras.

Los 9,431.4 md de IED realizada en enero - diciembre de 2003 (7,470.3 md de movimientos de inversión notificados al RNIE y materializados durante ese periodo, y 1,961.1 md de importaciones de activo fijo por parte de empresas maquiladoras), se canalizaron a la industria manufacturera que recibió el 48.1%; al sector de servicios financieros fue el 19.4%; a transportes y comunicaciones, el 16.2%; al comercio, el 8.6; y a otros sectores, el 7.7%.

Asimismo, durante enero-diciembre de 2003 la IED provino principalmente de Estados Unidos, que invirtió 5,100.6 md; España aportó 1,381.0 md; Reino Unido, 852.6 md; Holanda, 470.1 md; Suiza, 317.8 md; Francia, 300.7 md; Alemania, 271.4 md; Canadá, 159.7 md; Finlandia, 119.2 md; y otros países, 458.3 md.

3.2 Proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

Durante enero-diciembre de 2003, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) autorizó 19 proyectos de inversión por un total de 138.2 md. Los proyectos autorizados en ese periodo se espera que se realicen entre dicho año y el 2004. Los proyectos se ubican en los sectores de servicios (7 proyectos), construcción (7) y transportes y comunicaciones (5).

NOTAS

1) Capítulo XVIII del Manual de Balanza de Pagos. Editado en 1993 por el Fondo Monetario Internacional, Quinta Edición.

2) Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. ``Benchmark Definition'', editado en 1996 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Tercera Edición.

3) Se refiere a los establecimientos que para la prestación de servicios abren en México personas morales extranjeras, sin que para ello constituyan una sociedad mexicana.

4) Incluye inversiones en activo fijo y capital de trabajo para la realización de actos de comercio en México. Este tipo de inversiones se refiere a las realizadas por personas físicas o morales extranjeras a quienes el Código de Comercio reconoce personalidad jurídica y la Ley de Inversión Extranjera posibilita a efectuar actividades económicas en México, sin constituirse como una sociedad mexicana.

5) Es parte de las utilidades que no se distribuye como dividendos y que, por representar un aumento de los recursos de capital propiedad del inversionista extranjero, es parte de la IED. En la contabilidad de la balanza de pagos, en congruencia con lo dispuesto en la quinta edición del Manual de Balanza de Pagos del FMI, la contrapartida a la reinversión de utilidades de la IED (que se registra en la cuenta de capital como entrada virtual) es una erogación (también virtual) en los pagos factoriales de la cuenta corriente.

6) Se refiere a las transacciones originadas por deudas entre empresas asociadas. Así, incluye tanto préstamos de las matrices residentes en el exterior a sus filiales en México, como préstamos o adelantos de pagos de las filiales a sus matrices; estas transacciones son consideradas como IED debido a que significan un ingreso proveniente del exterior, financiado directamente por el inversionista extranjero a su filial en México.

7) Estos movimientos se consideran IED debido a que tienen la finalidad de obtener un interés de largo plazo en empresas mexicanas, lo cual es congruente con la definición de IED de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, página 7, Tercera Edición, 1996), misma que señala lo siguiente: ``La inversión extranjera directa refleja el objetivo de obtener un interés duradero por parte de una entidad residente en una economía (inversionista directo), en una entidad residente en otra economía diferente a la del inversionista (empresa de inversión directa)''. El interés duradero implica la existencia de una relación de largo plazo entre el inversionista directo y la empresa, así como un grado significativo de influencia en el manejo de la empresa.

8) Por ejemplo, sí sería válido comparar las cifras de IED correspondientes al periodo enero - diciembre de 2003, que se tienen registradas hasta el 31 de diciembre de 2003, con la información que se tenía registrada al 31 de diciembre de 2002, relativa al periodo enero-diciembre de 2002.

9) El resto de las inversiones (movimientos en el capital social) realizadas por las maquiladoras, son notificadas al RNIE e incorporadas en las estadísticas correspondientes, toda vez que estas maquiladoras son sociedades mexicanas con inversión extranjera y, por lo tanto, están obligadas a notificar al RNIE sus inversiones en el capital social.

10) No se resta el valor de las exportaciones de activo fijo que, en su momento, ingresó al país con carácter de importación temporal, debido a que se supone un factor de depreciación al 100%.

11) Como ya se explicó, la diferencia entre la fecha de inscripción en el RNIE y la de realización de la inversión, se debe a que los inversionistas no acuden inmediatamente ante el RNIE una vez hecha la inversión, sino que la inscripción tiende a darse tradicionalmente con un rezago importante.

12) La estimación de nuevas inversiones se elabora tomando en cuenta el comportamiento mostrado por el rezago en las notificaciones al RNIE durante los últimos nueve años. En el caso de reinversión de utilidades y de las cuentas entre compañías, la estimación la obtiene el Banco de México por medio de diversos indicadores elaborados por dicha institución.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

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LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA FEDERACION
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente capítulo del orden del día es el capítulo relacionado con iniciativas de legisladores. Tiene el uso de la palabra la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma la fracción VI del artículo 2º de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

La diputada Marcela Guerra Castillo:

Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea:

Someto a consideración del Congreso de la Unión, por conducto de su Comisión Permanente, la iniciativa que reforma la fracción VI del artículo segundo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación para el efecto de sustentar la propuesta contenida en esta iniciativa de reforma. Hacemos a continuación la siguiente:

Exposición de Motivos

Con fecha 29 de diciembre de 1978, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda que tenía como objeto regular el funcionamiento del órgano técnico de la Cámara de Diputados que tuvo a su cargo la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno Federal y la del Departamento del Distrito Federal.

El 30 de julio de 1999, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso y las legislaturas de los estados de la República que dieron origen a la Auditoría Superior de la Federación como el órgano técnico de la Cámara de Diputados, responsable de la Fiscalización Superior de la Federación.

El 29 de diciembre, posteriormente, del año 2000 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fiscalización Superior de la Federación que abrogó la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda citada en el antecedente número uno.

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 79, lo siguiente: ``La Entidad de Fiscalización Superior de la Federación de la Cámara de Diputados tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la ley.

Esta Entidad de Fiscalización Superior de la Federación tendrá a su cargo:

1. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales a través de los informes que se rendirán en los términos de la ley.

También fiscalizará los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares''.

En consonancia, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala como sujetos de fiscalización a las entidades fiscalizadas que comprenden, entre otros, a toda persona física, moral, pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.

No obstante lo anterior, una gran parte de recursos públicos quedan ajenos a los procedimientos de fiscalización, en virtud de que un número importante de fideicomisos, fondos y mandatos que operan exclusivamente con fondos federales no rinden cuentas, ya que no se incluye el resultado de sus operaciones dentro de la Cuenta Pública que presenta el Ejecutivo Federal de la Cámara de Diputados.

Esta situación neutraliza en los hechos, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de vigilar el origen, administración y destino de los recursos públicos, razón por la cual es importante dejar a salvo y de cualquier duda la facultad de fiscalización de los recursos públicos que se administran a través de los fideicomisos, fondos y mandatos.

Cabe señalar que el carácter público de los recursos recibido o afectados en un fin es dado conforme a las normas vigentes por su origen, destino o ambos, según sea el caso, siendo este factor determinante para la procedencia de las acciones de fiscalización.

Esta iniciativa se ordena fundamentalmente a explicar que las atribuciones de revisión y fiscalización de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación comprende la administración y el ejercicio de toda clase de recursos federales, independientemente de quien los ejerza, sin que tenga importancia la naturaleza jurídica de la entidad o persona jurídica que los ejerza e inclusive sin que tenga trascendencia para este efecto en el que la institución que los ejerza tenga o no personalidad jurídica para incluir a los fideicomisos y fondos que no cumplan con este requisito, pero que de hecho y en la práctica administran y ejercen recursos públicos federales.

El mecanismo que proponemos es la reforma a la fracción VI del artículo 2° de la ley de la materia vigente para ampliar la definición de entidades fiscalizadas e incluir en ese concepto a los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato o fideicomiso que administran recursos públicos federales, no obstante que dichas instituciones no sean consideradas entidades paraestatales por la ley de la materia y aun cuando pertenezcan al sector privado o social.

Con ello se persigue el fin sustancial consagrado en la Constitución General de la República, de que no se evite la revisión y la fiscalización del ejercicio de toda clase de recursos públicos, independientemente de las características y naturaleza jurídica del ente o entidad que haya administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de este Congreso de la Unión, el siguiente

Decreto que reforma la fracción VI del artículo 2° de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 2°. Para efectos de la presente ley, se entenderá por entidades fiscalizadas los poderes de la Unión, los entes públicos federales, las entidades federativas y municipios que ejerzan recursos públicos federales. De igual forma los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato o fideicomiso público o privado que administre, cuando hayan recibido por cualquier título recursos públicos federales y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.

Artículo transitorio

Unico. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 3 de marzo del 2004.--- Firma la de la voz, Marcela Guerra Castillo.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma la fracción VI del artículo 2o. de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI.

La suscrita, diputada federal Marcela Guerra Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 70 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Congreso de la Unión, por conducto de su Comisión Permanente, la iniciativa de reformas a la fracción VI del artículo 2o. de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Para el efecto de sustentar la propuesta contenida en esta iniciativa de reforma, hacemos a continuación la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

I. Con fecha 29 de diciembre de 1978 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, que tenía por objeto regular el funcionamiento del órgano técnico de la Cámara de Diputados que tuvo a su cargo la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno Federal y la del Departamento del Distrito Federal.

II. El 30 de julio de 1999 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados de la República que dieron origen a la Auditoría Superior de la Federación como el órgano técnico de la Cámara de Diputados responsable de la fiscalización superior de la Federación.

III. El 29 de diciembre de 2000 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que abrogó la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda citada en el antecedente I anterior.

Dicha Ley se autodefine como de orden público y que tiene por objeto regular la revisión de la Cuenta Pública y su fiscalización superior.

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 79, lo siguiente:

``La Entidad de Fiscalización Superior de la Federación de la Cámara de Diputados tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

Esa Entidad de Fiscalización Superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.

También fiscalizará los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.

...''

En consonancia, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala como sujetos de fiscalización a las entidades fiscalizadas que comprenden, entre otros, a toda persona física o moral, pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.

No obstante lo anterior, una gran parte de recursos públicos quedan ajenos a los procedimientos de fiscalización en virtud de que un número importante de fideicomisos, fondos y mandatos que operan exclusivamente con fondos federales, no rinden cuentas, ya que no se incluye el resultado de sus operaciones dentro de la Cuenta Pública que presenta el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados.

Esta situación neutraliza, en los hechos, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de vigilar el origen, administración y destino de los recursos públicos, razón por la cual es importante dejar a salvo de cualquier duda la facultad de fiscalización de los recursos públicos que se administran a través de los fideicomisos, fondos y mandatos.

Mención aparte merecen los fondos, fideicomisos y mandatos privados que reciben recursos federales y que tampoco rinden cuentas, razón por la cual es indispensable que los procedimientos de fiscalización permitan conocer el destino final de los recursos federales recibidos.

Cabe señalar que el carácter público de los recursos recibidos o afectados a un fin, es dado, conforme a las normas vigentes, por su origen, destino o ambos, según sea el caso, siendo este factor determinante para la procedencia de las acciones de fiscalización.

Esta iniciativa se orienta fundamentalmente a explicitar que las atribuciones de revisión y fiscalización de la entidad de fiscalización superior de la Federación comprendan la administración y ejercicio de toda clase de recursos federales, independientemente de quién los ejerza, sin que tenga importancia la naturaleza jurídica de la entidad o persona jurídica que los ejerza, e inclusive sin que tenga trascendencia para este efecto el que la institución que los ejerza tenga o no personalidad jurídica, para incluir a los fideicomisos y fondos que no cumplan con este requisito pero que de hecho y en la práctica administran y ejercen recursos públicos federales.

El mecanismo que proponemos es la reforma de la fracción VI del artículo 2o. de la ley de la materia vigente para ampliar la definición de ``entidades fiscalizadas'', e incluir en este concepto a los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato o fideicomiso que administren recursos públicos federales, no obstante que dichas instituciones no sean consideradas entidades paraestatales por la ley de la materia y aun cuando pertenezcan al sector privado. Con ello se persigue el fin sustancial consagrado en la Constitución General de la República, de que no se evite la revisión y la fiscalización del ejercicio de toda clase de recursos públicos, independientemente de las características y naturaleza jurídica del ente o entidad que haya administrado, manejado o ejercido los recursos públicos federales.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del H. Congreso de la Unión, el siguiente

Decreto que reforma la fracción VI del artículo 2º de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por:

I. a V. ...

VI. Entidades fiscalizadas: Los Poderes de la Unión, los entes públicos federales, las entidades federativas y municipios que ejerzan recursos públicos federales, de igual forma, los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato o fideicomiso público o privado que administren, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales y, en general, cualquier entidad, persona física o moral pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales;

VII. a XII. ...

Artículo Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 3 de marzo de 2004.--- Dip. Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

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ARTICULO 111 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Esta Presidencia recibió una iniciativa suscrita por el señor diputado don Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Iniciativa que reforma los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del PRD.

Quien suscribe, Iván García Solís, diputado federal a la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por mi propio derecho y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto que modifica el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la creación de la afirmativa ficta en el proceso de Juicio Político y Declaración de Procedencia, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

1.- Como una protección a las responsabilidades inherentes al cargo que desempeñan diversos servidores entre los que se encuentran los legisladores, existe un sistema constitucional que establece que ningún funcionario de esa jerarquía puede ser sometido a la jurisdicción ordinaria, salvo que exista una declaración de la Cámara de Diputados que resuelva si ha o no lugar a proceder contra de dicho individuo.

2.- El sistema de protección a individuos que poseen en el ejercicio de su encargo grandes responsabilidades, se da por medio de dos supuestos jurídicos: uno relativo al juicio en donde interactúan ambas Cámaras denominado Juicio Político, que es aplicado al servidor público que sea probable responsable de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. En ese supuesto, la Cámara de Diputados actúa como ente acusador y el Senado como instancia de sentencia. Su objetivo es, de comprobarse la responsabilidad, la destitución y la inhabilitación para ocupar otro cargo.

3.- Por lo que hace a la declaración de procedencia prevista en el artículo 111 de nuestra Carta Magna, es una potestad exclusiva de la Cámara de Diputados y significa que el servidor público no puede ser enjuiciado penalmente, hasta que la Cámara de Diputados, por mayoría de sus miembros, decida si ha o no lugar a proceder contra el funcionario denunciado del que el Ministerio Público de la Federación solicita su consignación.

4.- De acuerdo al Diccionario Jurídico Mexicano ``fuero constitucional era el derecho que tenían los llamados altos funcionarios de la federación para que, antes de ser juzgados por la comisión de un delito ordinario, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión resolviera sobre la procedencia del mencionado proceso penal. En las reformas constitucionales publicadas en el «DO» del 28 de diciembre de 1982, se le cambió el nombre por Declaración de procedencia, aunque la institución subsiste''.

5.- La existencia de estos privilegios son narrados por el Maestro Elizur Arteaga Nava, quien en su obra de Derecho Constitucional cita a don Ignacio L. Vallarta que opinó: ``sin el fuero político de los de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial federales, así lo creyó el Constituyente, no existiría el sistema representativo, porque con un auto de formal prisión esos poderes podían desaparecer; porque el derecho de un juez, aun suponiéndolo la más fiel expresión de la justicia, y aun sin prever que él pudiera llegar hasta ser sólo una intriga política, podría sobreponerse a la voluntad del pueblo, destruir el gobierno y trastornar todo el orden político y constitucional de la república''.

6.- De acuerdo a lo anterior, el juicio político y la declaración de procedencia son figuras que protegen la función pública en el ejercicio del encargo, mientras que la primera figura es en esencia política y finca responsabilidades de diversa índole, como lo son la administrativa, civil y la penal, la segunda contiene solamente elementos específicos del orden criminal por lo que, para su procesamiento se invocan diversos ordenamientos sustantivos y adjetivos penales que permiten al legislador hacer una valoración jurídica antes de tomar la decisión.

7.- Al respecto, la declaración de procedencia antes de 1982 denominada procedimiento de desafuero, de acuerdo también al Maestro Arteaga Nava, ``es un acto político, administrativo de contenido penal, procesal, irrenunciable, transitorio y revocable competencia de la Cámara de Diputados que tiene por objeto poner a un servidor público a disposición de las autoridades judiciales, a fin de que puedan ser juzgados por el o los delitos cometidos durante el desempeño de su encargo y que precisa la declaración''. En el Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, la declaración de procedencia es ``una garantía en favor de personas que desempeñan determinados empleos o se ocupan en determinadas actividades, en virtud de la cual su enjuiciamiento se halla sometido a jueces especiales''.

8.- Una vez definida la descripción, características y naturaleza jurídica de esa prerrogativa constitucional, mencionaré lo que ha resultado en su aplicación de estas figuras jurídicas. A lo largo de los años principalmente en el siglo XX, estas disposiciones han servido no como garantía de preservación de un Poder frente a los posibles abusos de otro, sino como arma para el ajuste de cuentas entre los grupos gobernantes. Es decir, se ha pervertido la institución del fuero imponiéndole un carácter político, y no jurídico, de modo que ha servido, durante el Siglo XX y lo que va del XXI, a los intereses de los individuos en el poder, garantizándoles un manto de impunidad que cubre todo indicio, por claro que sea, de violación a la ley. Los recientes casos de legisladores implicados en cuantiosas desviaciones de fondos en Pemex sólo es el ejemplo más reciente, ya que históricamente la remoción del fuero sólo ha procedido como venganza política del grupo en el poder, desde los primeros ajustes de cuentas a entre miembros de la clase política revolucionaria, en los primeros años veintes. Por otra parte, el procesamiento de Díaz Serrano, en 1983, si bien estuvo justificado jurídica y moralmente, por lo cual el suscrito votó a favor, en su carácter de diputado a la LII Legislatura, fue el resultado de un dictado presidencial a su mayoría camaral, y no de la aplicación estricta del Derecho, la cual habría implicado también el procesamiento del ex presidente José López Portillo, tal como el suscrito lo exigió en tribuna.

9.- El propósito de la presente Iniciativa no es abolir la figura jurídica de inmunidad parlamentaria, sino únicamente adaptarla a los tiempos que vivimos, evitando que se convierta en la tabla de salvación de legisladores o funcionarios para evadir responsabilidades reales.

10.- El sentido de la propuesta es enmarcar a esta protección bajo un espíritu esencial de justicia. Por ello consideramos necesario establecer en la misma Constitución un equivalente de la figura de la afirmativa ficta que significa que la Cámara tendrá un plazo determinado para resolver las solicitudes de declaración de procedencia en un plazo perentorio, de lo contrario, pasado el plazo se entenderá que se concede la acusación o declaración en sentido afirmativo y el funcionario quedará a disposición del juez para incoarle la causa penal, según corresponda.

11.- El motivo de esta iniciativa es eliminar la indebida inercia de esta Cámara de Diputados, que bajo la estrategia de los grupos parlamentarios de ganar tiempo o proteger al servidor público de la legítima acción de la justicia, no resuelve las demandas planteadas, lo que en los hechos se convierte en justicia denegada. Dice el principio de derecho que justicia que no es pronta y expedita no es justicia, por lo que en esta Cámara, desgraciadamente, contribuimos a dicho problema.

12.- Las estadísticas recientes nos demuestran que bajo métodos o estrategias de hacer vacío en las comisiones que llevan los procedimientos, se protege indirectamente a ciertas personas, sin hacer una valoración o evaluación imparcial sobre los hechos denunciados. La Cámara tiene registrados más de veinte casos de demandas de juicios políticos y declaración de procedencia, sin que hasta la fecha haya resuelto lo conducente. Se presenta el caso de que muchos de los funcionarios denunciados ya no ostentan el carácter de servidores públicos.

13.- Lo que se pretende con la presente iniciativa es evitar el indebido retraso a las obligaciones constitucionales que tiene la Cámara, se trata, en consecuencia, de dotar constitucionalmente al mismo Poder Legislativo de instrumentos que permitan responder con eficacia y con prontitud a las demandas de la sociedad, esto sin desnaturalizar la inmunidad parlamentaria, ya que se dota a la Cámara de Diputados del medio para allanar la pronta y puntual acción de la justicia en el caso de que algún legislador o legisladora sea requerido por las instancias judiciales.

14.- La afirmativa ficta sería una figura que obligaría a la Cámara de Diputados a resolver en un término razonable, tres meses de sesiones ordinarias, las denuncias que se le planteen; de lo contrario se entenderá que se resuelve positivamente. Esta propuesta busca desalentar, con medidas severas, la posible omisión de la Cámara de Diputados, y con ello contribuir a mejorar nuestros instrumentos normativos con el fin de darle credibilidad al ejercicio legislativo. Aquí cabe ilustrar el alcance temporal del plazo propuesto: en el peor de los casos, si una solicitud procedencia es presentada por el Ministerio Público un 16 de diciembre, el plazo sólo podría extenderse hasta el 15 de octubre próximo, considerando que el segundo periodo de sesiones de cada año legislativo comienza el 15 de marzo y termina el 30 de abril, mientras que, después de un receso de cuatro meses, el siguiente periodo ordinario comienza el 1° de septiembre. Este es el caso extremo, ya que, por otra parte, si una solicitud es presentada el 1° de septiembre, el plazo expirará el 1 de diciembre del mismo año.

15.- Asimismo, la Iniciativa introduce una base para el procedimiento camaral de resolución sobre la procedencia o no de la causa penal: El procedimiento para dicha resolución será sustanciado y dictaminado por una sola comisión especializada, previo desahogo de las garantías de audiencia y defensa del inculpado. Con ello se busca dar expeditud al procedimiento, actualmente diseñado para la inmovilidad, sin poner en riesgo las garantías constitucionales del inculpado.

16.- Finalmente, y como última garantía de protección de los servidores públicos frente a un verdadero abuso por parte de otros Poderes, o como medio de corregir la inacción por causas de verdadera fuerza mayor, se faculta a la Cámara para determinar, una vez ya iniciado el proceso penal, la suspensión de éste, así como para, en caso de que dicho procedimiento ya hubiese concluido con una condena, determinar, también la suspensión de la ésta y la reintegración a la Cámara correspondiente, del inculpado, si fuese legislador federal, lo cual funcionaría como una especie de última instancia, en el ámbito parlamentario, repetimos, como garantía final frente a posibles abusos. En cualquier caso, la sola inacción ya no será suficiente para evitar un proceso penal, ahora será necesaria una declaración explícita de la Cámara.

Por todo lo anterior, y con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el suscrito, Diputado Federal, pone a consideración de esta Soberanía, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único: Se modifica el párrafo segundo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``Artículo 111

Para proceder penalmente (...)

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, o no resuelve en un término de tres meses de sesiones ordinarias, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. El procedimiento para dicha resolución será sustanciado y dictaminado por una sola comisión especializada, previo desahogo de las garantías de audiencia y defensa del inculpado. La Cámara, en todo tiempo, podrá determinar la suspensión del procedimiento, y en su caso, la suspensión de la condena y su reintegración a la Cámara correspondiente, si fuese legislador federal.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones pertinentes a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la Federación en un plazo de seis meses.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 3 de marzo de 2004, México, DF, Recinto Legislativo de San Lázaro.--- Dip. Iván García Solís (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

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CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:

Con su permiso, señor Presidente:

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Adelante.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:

Compañeras y compañeros:

La iniciativa que aparece publicada en la Gaceta de esta Cámara de Diputados, explica con toda claridad el contenido de la propuesta que pretende regular de fondo la vida de los partidos políticos. No se trata de una visión o de un parche adicional al actual Cofipe; se trata de una reforma de fondo que incluye la actualización de todo el Libro Segundo del Código del propio Cofipe y la parte relativa en el tercero y el cuarto que se refiere precisamente a los partidos políticos.

Porque consideramos que la consolidación de la democracia exige de esta soberanía un mayor compromiso con sus tareas. No podemos seguir a la expectativa de los grandes reclamos de la sociedad.

Debemos recordar que en el año de 1965, un distinguido mexicano, Pablo González Casanova, nos hizo un histórico diagnóstico del Sistema Político Mexicano, que ha quedado marcado como una foto fija de un régimen que llevó a la rigidez hasta su límite. Fuimos un país donde los poderes de la Unión estaban concentrados en una sola persona, que no contaba con elecciones legítimas, donde todos los puestos de elección popular eran ganados por un solo partido; un sistema político monocolor y concentrador de las decisiones del país. Fuimos una nación sin prensa y sin medios impresos y electrónicos libres, críticos e independientes; un país con sindicatos y centrales campesinas cuyas direcciones eran designadas como puestos administrativos dependientes de la autoridad.

A ese México correspondió un sistema de poderes reales y operantes por encima de la ley, con códigos no escritos pero de mayor vigencia que las plasmadas en nuestra propia Constitución. Ese México ya se fue y no regresará jamás, pero quedan herencias, inercias y procedimientos discrecionales que ha llegado la hora de liquidar. Hoy, por el bien del país, la realidad ha cambiado; hoy contamos con una vida democrática aceptada por todos, sin embargo, aún hay muchas asignaturas pendientes, entre otras sigue pendiente el tema de los partidos. Hoy traemos precisamente a esta tribuna este importante asunto.

La política en México necesita de la renovación integral del sistema de partidos políticos, porque todo régimen democrático necesita de partidos fuertes, comprometidos con la ley y con la transparencia. Para Convergencia el problema central de la política mexicana de hoy es que no hemos alcanzado a pactar el diseño y construcción de las nuevas instituciones, nuevas reglas y diseños constitucionales que desmonten las viejas prácticas de la política mexicana.

El más notable de los síntomas de deterioro de la política es la falta de credibilidad ciudadana en los partidos y es en las instituciones, incluyendo al Congreso, en la que los partidos son el soporte fundamental.

Otro problema que debe destacarse es lo que con toda naturalidad hoy algunos llaman la ``sucesión adelantada'', que además de desdibujar a los poderes constituidos legítimamente y de otorgarles un carácter pasajero, es en realidad una carrera desbocada y sin reglas, atropellando a los militantes, arrastrando a los partidos tras de las personas y haciendo que las propuestas y que las soluciones se posterguen sin fecha.

La coyuntura y el escándalo se están imponiendo, llevando a las instituciones a niveles muy bajos de credibilidad. Asistimos a un periodo donde estallan los peores métodos inimaginables de la lucha por el poder al interior de nuestros propios partidos. Hoy se ventila en los medios, de litiga en la televisión lo que debió tener cauces, instancias, reglas y órganos apropiados para ser dirimidos con métodos constructivos. Hoy pareciera que la moda es el video game.

Los diferendos dentro de los partidos aumentan, en el Tribunal Electoral del Poder de Judicial, se han incrementado las denuncias, pasando de 13 en el año 2000, a 475 en el 2003; ciudadanos que impugnan las decisiones de sus partidos en la elección interna de dirigentes, en la postulación de candidatos y en la aplicación de medidas disciplinarias; militantes que reclaman procedimientos democráticos en la toma de decisiones, que se pronuncian en contra de prácticas autoritarias y verticales de los dirigentes que reclaman transparencia en el manejo de recursos, rendición de cuentas y de fiscalización.

Sigue siendo presente el inmenso costo del desprestigio acarreado por partidos que se encuentran secuestrados, por la ilegalidad en el manejo de recursos en las campañas presidenciales del año 2000.

Es pues el momento de arribar a un nuevo sistema de partidos políticos que garantice el pleno ejercicio de los derechos políticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que precise de mejor manera los derechos y obligaciones de partidos y organizaciones; que amplíe la competencia de los órganos responsables de supervisar, auditar y reglamentar los procedi- mientos operativos del funcionamiento de los partidos y de las más de 70 agrupaciones políticas nacionales.

También necesitamos regular las actividades relacionadas con la organización, registro, funcionamiento, operación, transparencia, financiamiento, asociación y disolución de los partidos políticos y, desde luego, la ampliación y generalización de una cultura democrática y participativa de toda la sociedad mexicana.

Queremos partidos que hagan de la filiación un acto de voluntad y no un acto de coerción, de tal manera que se acabe con el tráfico de credenciales, la duplicidad de afiliaciones y las prácticas de acarreos, asambleas de afiliación masiva.

También estamos proponiendo que los partidos de nueva creación no reciban subsidio en dinero, sólo prerrogativas de acceso a los medios, estableciéndose el reembolso de hasta el 100% de los gastos comprobables, sólo aquellos partidos que logren la votación necesaria para conservar el registro.

Los ciudadanos que militan necesitan contar con un órgano independiente, imparcial y objetivo que reciba y ventile impugnaciones para garantizar el pleno respeto de los derechos políticos y la eficacia y oportunidad de las instancias internas para su defensa.

No podría faltar, desde luego, la prohibición a los partidos y coaliciones de comprar el tiempo de transmisión destinado a campañas electorales, apoyo de candidatos y difusión de su imagen, lema o colores. Las prerrogativas en radio y televisión deben ser ejercidas sólo por el IFE, pero de manera equitativa para todos los partidos.

Señoras y señores diputados: estás son algunas de las consideraciones que contiene la propuesta que hoy estamos presentando ante esta honorable Asamblea, lo fundamental es que hoy los partidos políticos no solamente rindan cuentas al Instituto Federal Electoral, sino que rindan cuentas a los propios militantes, pero lo más importante es que deben de rendir cuentas a la sociedad quien es, finalmente, la que está pagando con sus impuestos el sostenimiento de nuestros partidos políticos.

Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

El suscrito, diputado Jesús Martínez Alvarez, a nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para consolidar la democracia es necesario contar con una legislación de vanguardia en todos los ámbitos relacionados con este propósito. Para desterrar prácticas ya reconocidas por la población como nocivas es indispensable avanzar en la regulación del registro, organización y operación de los partidos políticos. En suma, estamos proponiendo la renovación integral del sistema de partidos políticos.

Nuestra Carta Magna define a los partidos políticos como entidades de interés público porque son los instrumentos que hacen posible el derecho de los ciudadanos a ser electores, a votar y ser votados. Se constituye así una intermediación entre los derechos de los ciudadanos y la integración democrática y legítima del poder, que debe estar sujeta a reglas observables y exigibles.

Si tal es la importancia de los partidos políticos en el ejercicio práctico de la democracia, la renovación del marco legal que lo rige es imprescindible y, debido a la trascendencia que tiene el fortalecimiento de su credibilidad y prestigio ante la población, es también impostergable.

Antecedentes

En La democracia en México de Pablo González Casanova -trabajo publicado por primera ocasión en 1965- encontramos un diagnóstico del sistema político Mexicano, que ha quedado para la historia, como la foto fija de un régimen que llevó la rigidez hasta su último límite.

Fuimos un país que vivió sin independencia de los poderes Legislativo y Judicial, que no contaba con elecciones legítimas, donde todos los puestos de elección popular eran ganados por un solo partido.

Un país, donde se controlaban desde el Estado las huelgas obreras o se reprimían; donde casi todos los recursos públicos se concentraban en el poder central en detrimento de las entidades federativas y de los municipios; donde se configuró el calendario de elecciones, que continua hasta el presente, diseñado para la concentración creciente del poder presidencial y arribar a la sucesión, que se resolvía por métodos hereditarios indirectos.

Fuimos una nación sin prensa y sin medios de comunicación electrónicos libres, críticos e independientes. Un país con sindicatos y centrales campesinas cuyas direcciones eran designadas como puestos administrativos dependientes de la autoridad.

El presente

A ese México correspondió un sistema de gobierno y de representación sin partidos políticos, con poderes reales y operantes por encima de la Constitución, con leyes no escritas de mayor vigencia que las plasmadas en los códigos de entendimiento. Ese México se fue y no regresará jamás, pero quedan herencias, inercias y procedimientos discrecionales que ha llegado la hora de liquidar.

Cuando decimos hoy que la democracia no está consolidada nos estamos refiriendo a las reminiscencias de las prácticas de aquel sistema. Han cambiado los poderes y hoy tenemos un Congreso y un poder judicial que no dependen del Ejecutivo. Tenemos elecciones legítimas y creíbles, operadas por un órgano ciudadano; medios de comunicación que no dependen económica y políticamente del gobierno.

Tenemos Partidos Políticos reales, que integran gobiernos en las entidades y los municipios, que han sido vehículo para una representación plural en todas las instancias legislativas, locales y federales. Hemos atestiguado la alternancia en el poder Ejecutivo Federal. Nadie puede negar los cambios en el entorno político mexicano. Nadie puede negar que han surgido nuevos problemas, nuevas exigencias y nuevas posibilidades.

Aquel régimen ya no es hegemónico, pero aun no ha sido sustituido por nuevas formas de relación, por las nuevas instituciones y procedimientos propios de una vida política democrática de calidad.

En ese marco de cambios, significativos en relación con el viejo régimen y teniendo presente ese marco histórico de transformaciones, venimos ante esta soberanía a hacer el recuento de los nuevos problemas que motivan nuevas propuestas de cambio legislativo.

Para Convergencia el problema central de la política mexicana de hoy, es que no hemos alcanzado a pactar el diseño y construcción de las nuevas instituciones. Ni en la vida social, ni en la política hemos consolidado las instituciones duraderas que permitan la participación de los ciudadanos bajo nuevas reglas y nuevas prácticas.

Permítanme Uds. concentrar la atención en los problemas de los partidos políticos y en la repercusión que éstos tienen para el desarrollo de la democracia.

El más notable de los síntomas es la falta de credibilidad ciudadana en los partidos y en las instituciones, como el Congreso, en las que los partidos son el soporte fundamental.

Todas las encuestas, con todas las variantes metodológicas, arrojan que los partidos son las instituciones con menor aprecio de la ciudadanía.

Es muy grave que los electores no confíen en los instrumentos que son paso obligado para postular candidaturas; es muy peligroso, social y políticamente, que el abstencionismo crezca de modo continuo. En la elección federal del 2003, en la que los aquí presentes resultamos elegidos, 39 millones de mexicanos decidieron no ir a votar.

El segundo problema que debe destacarse es lo que con toda naturalidad algunos llaman ``la sucesión adelantada'' que, además de desdibujar a los poderes constituidos legítimamente y de otorgarles un carácter pasajero, es en realidad una carrera desbocada, sin reglas, para imponer candidaturas atropellando a los militantes, arrastrando a los partidos tras las personas, y haciendo que las propuestas y las soluciones se posterguen sin fecha.

La sucesión adelantada está presidida por el abuso del poder público, por el manejo de dinero sin reglas, por el desprecio a los partidos y por su debilitamiento. No hay nada positivo, nada sano, nada constructivo o edificante en brincarse las pocas reglas existentes y forzar las polarizaciones que dividen, desestructuran y hacen hegemónica la ambición individual.

Pero si no fuera suficiente con la pérdida de credibilidad y la indisciplina galopante, tenemos además, que las elecciones de dirigentes y de representantes partidarios no son reconocidas y acatadas por la militancia. Asistimos a un periodo en que estalla con los peores métodos imaginables la lucha interna en las formaciones partidarias, en el que el escándalo sustituye la discusión y la decisión partidaria. Hoy se ventila en los medios, se litiga en la televisión lo que debió tener cauces, instancias, reglas y órganos apropiados para ser dirimido con métodos constructivos.

Los diferendos dentro de los partidos aumentan. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial, se han incrementado las denuncias, pasando de 13 en el año 2000, a 475 en el 2003; ciudadanos, que impugnan las decisiones de sus partidos en la elección interna de dirigentes, la postulación de candidatos y la aplicación de medidas disciplinarias. Militantes que reclaman procedimientos democráticos en la toma de decisiones, que no pueden continuar afiliados cuando el poder se concentra, cuando no hay transparencia en el manejo de recursos, ni rendición de cuentas y fiscalización.

No existen estadísticas de desafiliación a los Partidos Políticos, pero si las hubiera no serían alentadoras; los procesos de elección interna de dirigentes que se efectúan por votación directa son un problema. Son motivo de conflicto y división las candidaturas externas, las alianzas y las candidaturas comunes.

Sigue presente el inmenso costo del desprestigio acarreado por los partidos de factura familiar, por la ilegalidad en el manejo de recursos en las campañas presidenciales del año 2000. Siguen sin acordarse las reglas escritas, con imperativo y vinculación legal, que hagan de los Partidos Políticos Nacionales instituciones que practiquen la democracia y generen confianza y atracción a la ciudadanía.

Iniciativa

Por todas esas razones, proponemos hoy a esta soberanía una ley de partidos políticos, bajo el formato de reforma al COFIPE, una puesta al día del libro II, con modificaciones a los libros III y IV; que introducen las normas de segunda generación que son más urgentes, para renovar el sistema de partidos en México.

Nuestra Carta Magna define a los Partidos Políticos como entidades de interés público, porque son los instrumentos para hacer posible el derecho de los ciudadanos a ser electores, a votar y ser votados. Se constituye así una intermediación entre los derechos de los ciudadanos y la integración democrática y legitima del poder, que debe estar sujeta a reglas observables y exigibles.

La presente Iniciativa de Ley se propone llenar el vació jurídico y político que significa la carencia de una Ley de Partidos. Lo hace proponiendo, a la consideración de esta soberanía, los cambios de fondo que buscan favorecer la institucionalización de los procedimientos democráticos al interior de la vida partidaria, estableciendo nuevos requisitos para los Partidos con registro y para los de nueva creación.

Esta iniciativa de ley se propone:

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: asegurando los procedimientos democráticos para que los ciudadanos participen en las Agrupaciones, Partidos, Frentes y Coaliciones Partidarias.

Precisar los derechos y obligaciones de los Partidos Políticos Nacionales, las Agrupaciones Políticas Nacionales, los Frentes y las Coaliciones: establecer sus normas de institucionalidad y definir los principios y lineamientos generales a los que deben sujetarse;

Establecer los requisitos de ley que garanticen el cumplimiento de los mandatos vinculatorios contenidos en la ley fundamental; ampliar la competencia de los órganos responsables de supervisar, auditar y reglamentar los procedimientos operativos del funcionamiento de los partidos y las demás organizaciones políticas.

Fomentar la ampliación y generalización de una cultura democrática y participativa en la sociedad mexicana.

Regular las actividades relacionadas con la organización, registro, financiamiento, funcionamiento, operación, asociación y disolución de los partidos políticos,

De los cambios propuestos en el cuerpo del Libro II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales deben destacarse los siguientes:

1. El establecimiento de los principios de Libertad, Legalidad, Pluralidad, Tolerancia, Participación, Respeto a la Diversidad, Transparencia y Rendición de cuentas, como principios generales que deben regir la organización y funcionamiento de los partidos y de toda organización política en México.

2. Un mecanismo diferente al vigente, modificado en diciembre, para el registro de partidos de nueva creación, que busca mantener abierta la formación y participación de nuevos partidos; ciudadanizando la afiliación al convertirla en un acto individual e intransferible que obliga al IFE a registrarla en sus módulos, de manera tal que se acabe con el tráfico de credenciales, la duplicidad de afiliaciones y las prácticas de acarreo a asambleas de afiliación masiva.

3. El nuevo mecanismo contempla regresar a la legislación que permite a toda agrupación política de ciudadanos solicitar el registro; deroga el requisito que otorga la exclusividad a las agrupaciones políticas nacionales con registro previo, pero adiciona el requerimiento de cumplir con una estructura representativa en la mitad de los distritos electorales federales o en 20 entidades federativas, para garantizar la madurez y sustentabilidad de los nuevos partidos.

4. Se propone que los partidos de nueva creación no reciban subsidio en dinero, sólo prerrogativas de acceso a los medios; estableciéndose el reembolso de hasta el 100% de los gastos comprobables, sólo a aquellos partidos que logren la votación necesaria para conservar el registro.

5. Con sustento en el cambio anterior, se modifica el artículo que impedía a un partido que no logró el registro en una elección, solicitándolo en la siguiente y permitiéndose el uso del mismo nombre, símbolos y colores.

6. Se hace obligatorio, para los partidos de nueva creación, el capítulo de obligaciones de los Partidos Políticos Nacionales, donde se mandata a establecer capítulos específicos de las normas estatutarias que garanticen derechos de los militantes, normas escritas y democráticas en materia de elección de dirigentes y postulación de candidatos, obligación de transparencia y rendición de cuentas.

7. Se adiciona un nuevo capítulo de derechos de los militantes y los partidos. Se reconocen los derechos de los militantes a ser electores en la vida interna de sus partidos, a participar por sí o por medio de un delegado electo democráticamente, en la integración de los órganos de gobierno, en la elección de dirigentes y representantes, en la postulación de candidatos y en la modificación de los documentos fundamentales.

8. Se reconoce el derecho de todo afiliado a reclamar información sobre cualquier asunto; el de formar corrientes de opinión; el de exigir el cumplimiento de las normas de transparencia y equidad en el financiamiento interno.

9. Se establece el derecho de los afiliados, en todas las categorías que estatuyan los Partidos Políticos, a contar con acceso a un órgano independiente, imparcial y objetivo, que reciba y ventile impugnaciones para garantizar el pleno respeto de sus derechos políticos, y la eficacia y oportunidad de las instancias internas para su defensa.

10. Se adiciona un capítulo de las obligaciones de los afiliados, de los partidos y las demás organizaciones políticas. En éste se consigna que todo partido y toda organización política se encuentran obligados, por el carácter vinculatorio de la norma constitucional, ha prohibir expresamente todo tipo de discriminación, a respetar las garantías individuales, los derechos humanos, la dignidad e integridad de la mujer, y hacer valer el acceso pleno a la jurisdicción del Estado para reclamar derechos.

11. Se establece la obligatoriedad de que en las normas estatutarias se incluya:

El Principio de respeto a los derechos y la representación de los grupos en minoría.

La legalidad y el derecho a formar corrientes internas, para salvaguardar la pluralidad y proteger la libertad de los militantes.

La representación proporcional en los órganos de carácter colegiado.

12. Se adiciona la obligatoriedad de incluir en las normas estatutarias, de todo partido político, un mecanismo claro y transparente para la elección de dirigentes y otro para la postulación de candidatos, en todos los niveles de organización; siendo obligatorio para garantizar imparcialidad, honestidad, equidad, objetividad, transparencia y certidumbre:

a). Estatuir periodos fijos para la duración y la renovación de mandos internos, mecanismos de revocabilidad de los puestos de dirección y representación partidaria en todos sus niveles.

b). Establecer las reglas generales de la competencia interna para la elección de dirigentes y postulación de candidatos, precisando la conformación del órgano responsable de la organización del proceso electoral interno; la mecánica y plazos mínimos de emisión de la convocatoria, las modalidades permitidas de elección para cada nivel de dirigencia, de manera que sea claro en que condiciones es posible elegir: por voto directo, por votación de delegados o por un órgano representativo; los requisitos para la inscripción de candidatos, los mecanismos de escrutinio, la duración de las campañas internas, las reglas de financiamiento; incluidos los montos máximos de inversión en medios, en operación y en utilitarios.

c). Deberá establecerse un apartado que detalle las sanciones aplicables en caso de violación de la normatividad interna, especialmente de las actividades previas al inicio formal de los procesos de elección o postulación para, al regular las precampañas, evitar la inequidad y abuso que generan las transgresiones.

d). Se norma explícitamente que no pueden existir requisitos de elegibilidad interna, para la postulación de candidatos, la exigencia de establecer que estén por sobre la Constitución Política.

f). Se mandata para que en todas las variantes de elección de dirigentes y postulación de candidatos, la votación sea individual y por cédulas.

g). Todos los partidos políticos deben establecer, en el cuerpo de su norma estatutaria, un mecanismo con reglas claras para la selección y postulación de candidatos a puestos de representación proporcional.

13. Se adiciona la facultad del IFE para la supervisión del cumplimiento de los requisitos enunciados, así como la validación de la legitimidad de todos los eventos relevantes, tanto de un proceso de elección de dirigentes como de postulación de candidatos.

14. Se establece la Prohibición a los Partidos y Coaliciones de comprar tiempo de transmisión, destinado a Campañas Electorales, apoyo de candidatos, y difusión de su imagen, lema o colores. Las prerrogativas en radio y televisión serán ejercidas por medio del IFE, en condiciones de equidad y proporcionalidad. La elaboración de los mensajes será derecho exclusivo de los Partidos Políticos.

15. Se adiciona un articulado mediante el cual los Partidos y Coaliciones quedan obligados, por los principios rectores de transparencia y el de rendición de cuentas, a informar a su membresía, y a mantener accesible y abierta la información, por cinco años, sobre la administración de los recursos públicos y privados a su cargo.

16. Se modifica la obligación de los Partidos de dedicar anualmente por lo menos el 2% del financiamiento público para el desarrollo de sus fundaciones o institutos de investigación, pasando al 5%.

17. Se modifica la norma que obliga a entregar informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, de anual a semestral, y se adiciona que es obligación de toda Organización Política, hacer de público conocimiento de sus afiliados, de sus órganos de gobierno interno, y accesibles a la opinión publica, estos informes.

18. Se adicionan como causales para la pérdida del registro de los Partidos Políticos Nacionales:

a). Haber incurrido en faltas graves en la comprobación, manejo, y rendición de cuentas de los recursos públicos y privados a su cargo.

b). Haber incurrido en prácticas graves de defraudación electoral, tanto en los procesos de elección interna, como en los comicios federales.

c). Haberse demostrado judicialmente el uso de recursos, provenientes de organizaciones y/o personas del crimen organizado.

d). Haber violado gravemente las disposiciones que establecen los montos máximos de recursos susceptibles de ser destinados a las campañas.

e). Haber recibido recursos provenientes del extranjero.

f). Haber violado de manera generalizada sus normas estatutarias.

g). Haber participado en acciones armadas y de violencia generalizada.

19. Se crea el Registro de Afiliaciones de los Partidos Políticos Nacionales a cargo del IFE.

Señores Diputados y Senadores:

Para consolidar nuestra democracia es necesario que la población crea en su transparencia y en su capacidad de impulsar el desarrollo del país; que los ciudadanos confíen en los partidos políticos y éstos tengan credibilidad y prestigio frente al electorado; que los partidos políticos demuestren cotidianamente su vocación democrática en su funcionamiento interno y en su participación en los comicios constitucionales.

Estas condiciones no pueden dejarse al azar. Deben crearse por medio de un marco legal adecuado que no limite a nadie en sus derechos, pero que sí impida el abuso, la corrupción y el autoritarismo.

Resulta cuando menos paradójico que cuando ya hemos logrado la realización de elecciones legítimas y creíbles, carezcamos de los instrumentos normativos necesarios para dar certidumbre a los ciudadanos sobre el registro y la operación de los partidos políticos.

Tenemos que renovar y fortalecer a los partidos, y reconocer los derechos de sus militantes; tenemos que lograr credibilidad y prestigio para estas instituciones de interés público; tenemos que reconocer que la democracia, sin partidos políticos democráticos y transparentes, no tiene vigencia plena; tenemos que construir una democracia sólida desde sus cimientos, para hacer posible su ejercicio.

Todos reconocemos que el viejo régimen no tiene camino de regreso, el reto de nuestra generación consiste en darle acceso a las normas y prácticas institucionales nuevas. Este es el espíritu de la presente Iniciativa, que mediante la autorregulación partidaria, la ampliación de facultades del IFE y la participación informada de la sociedad, tiene el propósito de hacer más confiables, transparentes y sólidos a nuestros Partidos Políticos.

Por lo antes expuesto se presenta, ante esta soberanía, el siguiente proyecto de decreto que adiciona un párrafo 4 y se modifican los párrafos 1 y 3 del artículo 22; se adiciona un nuevo artículo 22-A; se modifica el artículo 23 en su párrafo 1 y se adicionan nueve fracciones; se modifica el artículo 24; se modifica el párrafo 1, se modifica el inciso c) en sus fracciones I, III y IV; se adiciona una nueva fracción II, recorriéndose la fracción II a la III; y se deroga el inciso d) del artículo 27; se modifica el párrafo 1, se deroga el inciso a) y sus fracciones; se modifican las fracciones II, III y se deroga la fracción V del inciso b) del artículo 28; se modifica el párrafo 1, y los incisos b) y c) del artículo 29; se modifica el párrafo 1 y se deroga el 2 del artículo 30; se modifica el artículo 31 en sus párrafos 2 y 3; se modifica el párrafo 3 del artículo 32; se modifica el Título del Capítulo Tercero; se adiciona un artículo 36-A; se adiciona un artículo 36-B; se adiciona un artículo 36-C; se modifica el titulo del Capítulo Cuarto; se adiciona un nuevo artículo 38-A; se adiciona un nuevo artículo 38-B; se adiciona un nuevo artículo 38-C; se adiciona un nuevo artículo 38-D; se adiciona un nuevo artículo 38-E; se adiciona un nuevo artículo 39-A; se modifica el párrafo 4 y el inciso d) del artículo 41; se modifica el párrafo 1 y se adiciona un nuevo párrafo 2 del artículo 42; se adiciona un nuevo artículo 42-A; se modifica el artículo 43 en su párrafo 1; se modifican el párrafos 1, 2, 4, 8 y 14 del artículo 48; se adiciona un segundo párrafo al párrafo 5 del artículo 49 y se modifican el párrafo 7, así como la fracción VIII del inciso a) y la fracción I del inciso b); se modifica el inciso a) y sus fracciones I y II, y se adiciona una fracción III al párrafo 1; se adiciona la fracción IV al inciso b); se modifica el inciso a) del párrafo 2 y se adiciona una fracción IV al inciso d); y se modifica la fracción III del inciso g); se modifica el artículo 56 en su párrafo 4; se adicionan los incisos del i) al o) al artículo 66; se modifica el inciso k) del párrafo primero del artículo 82; se modifica el inciso h) del párrafo 1 del artículo 92; se adiciona un párrafo 5 al artículo 135; se adiciona un inciso al párrafo primero del artículo 136; se adiciona un párrafo tercero al artículo 137; se modifica el primer párrafo del artículo 138; se adiciona un párrafo 3 al articulo 139; se adicionan los párrafos 7, 8 y 9 al artículo 144; y se adicionan los párrafos 7 y 8 al artículo 162.

LIBRO SEGUNDO

De los partidos políticos

TITULO PRIMERO

Disposiciones preliminares

Se adiciona un párrafo 4 y se modifican los párrafos 1 y 3 del artículo 22.

ARTICULO 22.

1. La organización o agrupación política que pretenda constituirse en partido político para participar en las elecciones federales deberá obtener su registro ante el Instituto Federal Electoral.

2. . . .

3. Los partidos políticos nacionales, son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, los cuales gozan de los derechos y de las prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones que establecen la Constitución y este Código. Contribuirán a la integración de la representación nacional al hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público.

4. Quedarán sujetos a los siguientes lineamientos:

I. Garantizarán el pleno ejercicio de los derechos políticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando los procedimientos democráticos para que los ciudadanos participen en las Agrupaciones, Partidos, Frentes y Coaliciones Partidarias;

II. Garantizarán el cumplimiento de los mandatos constitucionales vinculatorios;

III. Fomentar la ampliación y generalización de una cultura democrática y participativa en la sociedad mexicana;

IV. Establecerán, con apego a las deposiciones de este Código, la competencia de los órganos de gobierno interno, los métodos y procedimientos democráticos de su funcionamiento; y

V. Garantizar que las actividades relacionadas con la organización, registro, financiamiento, fiscalización, funcionamiento, operación, asociación, y disolución se apegue a lo establecido en este Código.

Se adiciona un nuevo artículo 22-A.

Artículo 22-A.

1. Para los efectos de este Código se entiende por:

I. Afiliados: Aquel ciudadano que por decisión libre ha decidido pertenecer a un determinado Partido Político, o Agrupación Política Nacional;

II. Dirigentes: aquel ciudadano que han resultado electo para una función sustantiva en los órganos de gobierno de una Organización Política;

III. Representantes: aquel ciudadano que ha sido designado para actuar como delegados a nombre de un conjunto, o de la totalidad de una Organización Política;

IV. Organos de gobierno son todas las instancias con poder de decisión, conformadas de forma legítima, en concordancia con las normas estatutarias de cada Organización Política;

V. Organos jurisdiccionales internos: son las instancias con las que debe contar cada partido, para desahogar diferendos entre los afiliados y sus órganos de gobierno, así como, para la aplicación e interpretación de su norma estatutaria;

VI. Organo de control interno: Es el órgano encargado de verificar que la administración de los recursos económicos, materiales y patrimoniales, se apegue a lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Código, sus estatutos y las demás disposiciones que se establezcan;

VII. Organización Política: toda forma de asociación ciudadana con fines políticos para acceder al poder publico, o para coadyuvar con la vida democrática; sea un grupo promotor de un Partido de nueva creación, una Agrupación Política Nacional, un Partido Político Nacional, un Frente o una Coalición de Partidos;

Se modifica el artículo 23 en su párrafo 1 y se adicionan nueve fracciones.

ARTICULO 23.

1. Las organizaciones políticas, para el logro de los fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ajustarán su conducta a los siguientes principios:

I. Libertad: Capacidad de las personas para elegir sin restricción y sin coacciones su preferencia en toda forma de participación y de organización política;

II. Legalidad: Apego normativo y práctico a los procedimientos democráticos, estableciendo reglas escritas que otorguen certidumbre y disminuyan la discrecionalidad en las Organizaciones Políticas, impulsando la concordancia del funcionamiento de los partidos con el estado de derecho;

III. Pluralidad: Reconocimiento de la libertad de pensamiento, expresión, debate, organización y acción políticos al interior de las Organizaciones Partidarias, que deriva en la libertad interna de asociación, en la búsqueda de acuerdos, en la construcción de órganos colegiados y en la representación proporcional de las minorías en el funcionamiento y gobierno de los partidos;

IV. Tolerancia: Reconocimiento del mandato Constitucional que otorga los mismos derechos básicos de expresión, argumentación, propuesta, y participación a los otros Partidos, ideologías, programas y candidatos; obligando a la civilidad y el respeto del adversario;

V. Participación: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las formas organizativas, los mecanismos de toma de decisiones, la elaboración de reglas, los programas y acciones del funcionamiento partidario;

VI. Respeto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover la participación política con equidad y respeto a las diferencias;

VII. Transparencia: Es de naturaleza pública, en los términos de esta ley, la información relativa a la administración de los recursos financieros y de inversión, provenientes de prerrogativas de ley o de aportaciones de particulares a los partidos políticos, a sus Coaliciones, a sus dirigentes y candidatos. Las dirigencias, y representaciones partidarias, así como las autoridades del país, las instituciones bancarias y los particulares con responsabilidades en el manejo de recursos, garantizarán que la información sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz; y,

VIII. Rendición de cuentas: La obligación de los dirigentes y representantes de entregar periódicamente información suficiente y oportuna a los miembros de base de cada partido, a las autoridades con potestad de supervisión, a los electores y a la sociedad, en relación con el manejo de recursos, el resultado de la gestión de los responsables de funciones de dirección, de representación y de administración, así como de los órganos colegiados y jurisdiccionales.

2. . . .

TITULO SEGUNDO

De la constitución, registro, derechos y obligaciones

CAPITULO PRIMERO

Del procedimiento de registro definitivo

Se modifica el artículo 24.

ARTICULO 24.

1. Los ciudadanos Mexicanos, en ejercicio de su derecho de asociación política consagrado en el Articulo 9o. Constitucional, tienen la libertad de organizarse en Partidos Políticos Nacionales, presentando para ello ante el Instituto Federal Electoral los siguientes requisitos:

a).- Solicitarlo ante el Instituto Federal Electoral en tiempo y forma, presentando su Declaración de Principios, su Programa de Acción, y sus Estatutos;

b).- Acreditar, mediante el registro en los módulos del Instituto Federal Electoral, un número total de ciudadanos afiliados que no puede ser menor al 0.26 % del Padrón Electoral utilizado en la elección federal ordinaria anterior;

c).- La distribución territorial de los mismos deberá corresponder a por lo menos 20 entidades federativas, o bien 150 distritos electorales uninominales;

d).- La organización promotora del nuevo registro deberá acreditar ante el Instituto Federal Electoral la representación legal, domicilio y asamblea constitutiva, tanto de los Órganos Nacionales, como de su representación en por lo menos 20 entidades federativas o 150 distritos electorales uninominales; y,

e).- La celebración de Asambleas para acreditar el conocimiento y aprobación de los documentos básicos, y para elegir delegados a la Asamblea Nacional Constitutiva, se realizaran en los términos de los párrafos b), c) y d) de este articulo, asistiendo a ellas solo afiliados registrados previamente en el Padrón de Afiliados.

2.- En la celebración de las asambleas a las que se refiere el inciso e) del párrafo anterior, las autoridades del Instituto Federal Electoral serán las únicas con potestad para certificar la autenticidad de las afiliaciones, el número de los asistentes y el desarrollo del acto partidario, conforme a su orden del día.

Se modifica el párrafo 1, se modifica el inciso c) en sus fracciones I, III y IV; se adiciona una nueva fracción II, recorriéndose la fracción II a la III; y se deroga el inciso d) del artículo 27.

ARTICULO 27.

1. Los estatutos establecerán además de las contenidas en el Titulo Segundo, Capítulos tercero y cuarto, relativos a derechos y obligaciones de los partidos:

a) y b) ...

c) Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos. Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los siguientes:

I. Una asamblea nacional o equivalente, que conformada por delegados electos mediante procedimiento democrático, funja como la máxima autoridad partidaria y le sean reservadas las decisiones relativas a la elección de dirigentes nacionales, la mecánica general de postulación de candidatos y las modificaciones a los documentos fundamentales.

II. Un Consejo Nacional o equivalente, que conformado por miembros electos en la asamblea nacional o su equivalente, funja como la máxima autoridad entre las sesiones de la Asamblea Nacional.

III. Un comité nacional o equivalente, que electo por procedimientos democráticos, sea el representante nacional del partido;

IV. Comités o equivalentes que sean electos por procedimientos democráticos, en las entidades federativas; y

V. Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos anuales y de campaña a que se refiere el párrafo 1 del artículo 49-A de este Código.

d) Se deroga;

e) a g) . . .

Se modifica el párrafo 1, se deroga el inciso a) y sus fracciones; se modifican las fracciones II, III y se deroga la fracción V del inciso b) del artículo 28.

ARTICULO 28.

1. Para constituir un partido político nacional, la organización política interesada notificará ese propósito al Instituto Federal Electoral entre el 1o. de enero y el 31 de julio del año siguiente al de la elección y realizará los siguientes actos previos tendientes a demostrar que se cumplen con los requisitos señalados en el artículo 24 de este Código:

a) Se deroga

I. Se deroga

II. Se deroga

b) Celebrar una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el Instituto, quien certificará:

I. . . .

II. Que acreditaron por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en los incisos b), c) y e) del artículo 24;

III. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea nacional, por medio de su Credencial para Votar u otro documento fehaciente, en congruencia con el Padrón de Afiliados elaborado por el Instituto Federal Electoral mediante inscripción ciudadana;

IV. . . .

V. Se deroga

2. y 3 . . .

Se modifica el párrafo 1, y los incisos b) y c) del artículo 29.

ARTICULO 29.

1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido político nacional, la organización política interesada, en el mes de enero del año anterior al de la elección, presentará ante el Instituto Federal Electoral la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes documentos:

a) . . .

b) Las acreditaciones extendidas por las autoridades del Instituto Federal Electoral en las que conste haber cubierto los requisitos de afiliación por entidades o por distritos electorales, a que se refiere el inciso b) del artículo 24; y

c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas o en los distritos electorales y la de su asamblea nacional constitutiva, así como las constancias que acrediten haber constituido las representaciones estatales y distritales a que se refiere la fracción d) del artículo 24.

Se modifica el párrafo 1 y se deroga el 2 del artículo 30.

ARTICULO 30.

1. El Consejo General del Instituto, al conocer la solicitud de la organización política que pretenda su registro como partido político nacional, integrará una comisión para examinar los documentos a que se refiere el artículo anterior a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en este Código. La comisión formulará el proyecto de dictamen de registro.

2. Se deroga

Se modifica el artículo 31 en sus párrafos 2 y 3.

ARTICULO 31.

1. . . .

2. Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro con carácter condicionado. En caso de negativa fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados. La resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y podrá ser recurrida ante el Tribunal Electoral.

3. El registro condicionado de los partidos políticos, cuando hubiese procedido, surtirá efectos a partir del 1o. de agosto del año anterior al de la elección.

Se modifica el párrafo 3 del artículo 32.

ARTICULO 32.

1. . . .

2. . . .

3. El partido político que hubiese perdido su registro podrá solicitarlo de nueva cuenta, para participar en el siguiente proceso electoral federal ordinario, quedando en libertad de utilizar los mismos símbolos, colores y denominación.

Se modifica el Título del Capítulo Tercero.

CAPITULO TERCERO

De los derechos de los afiliados y de las organizaciones políticas nacionales

Se adiciona un artículo 36-A.

Artículo 36-A.

1. La afiliación a un partido político y la permanencia en el, son una decisión ciudadana de carácter libre e individual. Nadie puede ser obligado, contra su voluntad a registrarse, permanecer o cotizar en una Organización Política;

2. El Instituto llevará el registro de militantes de todas las Organizaciones Políticas, procediendo en sus módulos a la inscripción individual y a la elaboración y actualización de padrones municipales, distritales, estatales y nacionales; es obligación de todo partido político nacional contar con el Padrón de Afiliados;

3. Los ciudadanos tienen derecho a solicitar el registro como afiliado a un solo Partido Político. Queda prohibido el registro en más de un Partido Político Nacional; y,

4. Las altas y bajas en el registro serán un trámite personal e intransferible, pero para la inscripción se debe contar con un documento de aceptación del Organización Política a la que se ingresa.

Se adiciona un artículo 36-B.

Artículo 36-B.

Es derecho de cada Organización Política aceptar o rechazar como miembro de su organización a aquellos ciudadanos que así lo soliciten, en concordancia con sus principios, ideología y normas estatutarias.

Se adiciona un artículo 36-C.

Artículo 36-C.

1. Toda persona que, previa aceptación de una Organización Política, se registre como miembro gozará de todos los derechos y asumirá las obligaciones que se desprenden de la norma estatuaria; cesando derechos y obligaciones cuando de manera personal e intransferible, el ciudadano decida darse de baja en el registro y lo notifique a la organización política.

2. Son derechos políticos de todo afiliado aun partido político, votar y ser votado, participar y decidir por si o mediante representante, en la integración de los órganos de gobierno, en la formulación y reforma de los documentos fundamentales y en la postulación de candidatos.

3. Son derechos de todo afiliado a un partido político el reclamar la información sobre cualquier asunto; el de formar corrientes de opinión; el de exigir el cumplimiento de las normas de transparencia y equidad en el financiamiento interno y,

4. Es derecho de los afiliados, en todas las categorías que estatuyan los Partidos Políticos, el contar con acceso a un Organo independiente, imparcial y objetivo, que reciba y ventile impugnaciones, para garantizar el pleno respeto de sus derechos políticos, y la eficacia y oportunidad de las instancias internas para su defensa.

Se modifica el título del Capítulo Cuarto

CAPITULO CUARTO

De las obligaciones de los afiliados y las organizaciones políticas.

Se adiciona un nuevo artículo 38-A.

ARTICULO 38-A.

1. Toda Organización Política se encuentra obligada por el carácter vinculatorio de la Norma Constitucional a respetar los principios de organización democrática que establecen la prohibición expresa a todo tipo de discriminación, el respeto a las garantías individuales, los derechos humanos, la dignidad e integridad de la mujer, y el acceso pleno a la jurisdicción del Estado para reclamar derechos.

Se adiciona un nuevo artículo 38-B.

ARTICULO 38-B.

1. En particular, los Partidos Políticos, sus afiliados, dirigentes, representantes y candidatos, así como sus normas y órganos de gobierno; están obligados a la aplicación de los principios enunciados en el artículo 22-B de la presente ley, de las demás regulaciones contenidas en este Código y en los resolutivos que de ellos deriven los órganos facultados del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en uso de sus atribuciones.

2- En las normas estatutarias de todo partido político deberá establecerse con claridad:

a).- El Principio de respeto a los derechos y la representación de los grupos en minoría;

b).- La legalidad y el derecho a formar corrientes internas, para salvaguardar la pluralidad y proteger la libertad de los militantes;

c).- La representación proporcional en los órganos de carácter colegiado;

d).- Debe existir un apartado del texto estatutario que consagre los derechos de los militantes a impugnar las decisiones que consideren los afecten, estableciéndose los mecanismos y procedimientos de apelación y defensa.

3. Deberá integrarse un Órgano independiente, imparcial y objetivo, que reciba y ventile impugnaciones, para garantizar el pleno respeto de los derechos políticos de los afiliados, así como para garantizar la eficacia y oportunidad de las instancias internas para su defensa.

Se adiciona un nuevo artículo 38-C.

Artículo 38-C.

1. En las normas estatutarias de todo partido político deberá establecerse un mecanismo claro y transparente para la elección de dirigentes en todos los niveles de organización, siendo obligatorio para garantizar imparcialidad, honestidad, equidad, objetividad; transparencia y certidumbre:

I.- Estatuir periodos fijos para la duración y la renovación de mandos internos, así como mecanismos para la sustitución temporal ante la falta de dirigentes electos;

II. Deberá establecerse un apartado que detalle los mecanismos de revocabilidad de los puestos de dirección y representación partidaria en todos sus niveles;

III.- Establecer las reglas generales de la competencia interna:

a) Precisando la conformación del órgano responsable de la organización del proceso electoral interno,

b) La mecánica y plazos mínimos de emisión de la convocatoria,

c) Las modalidades permitidas de elección para cada nivel de dirigencia, de manera que sea claro en que condiciones es posible elegir por voto directo, por votación de delegados, o por un órgano representativo,

d) Los requisitos para la inscripción de candidatos,

f) Los mecanismos de escrutinio,

g) La duración de las campañas internas,

h) Las reglas de financiamiento, incluidos los montos máximos de inversión en medios, en operación y en utilitarios;

i) Deberá establecerse un apartado que detalle las sanciones aplicables en caso de violación de la normatividad interna, especialmente la relativa a la inequidad que generan las actividades de promoción previas al inicio formal de los procesos electorales internos;

j) En todas las variantes de elección de dirigentes, la votación será individual y por cedulas.

Se adiciona un nuevo artículo 38-D.

Artículo 38-D.

1. En las normas estatutarias de todo partido político deberá establecerse un mecanismo claro y transparente para la postulación de candidatos en todos los niveles de organización, siendo obligatorio para garantizar imparcialidad, honestidad, equidad, objetividad; transparencia y certidumbre:

I.- Estatuir periodos fijos para el inicio, desarrollo y conclusión del proceso de selección de candidatos;

II.- Establecer explícitamente que no existen normas de elegibilidad interna que estén por sobre la Constitución Política;

III.- Establecer las reglas generales de la competencia interna:

a) Precisando la conformación del órgano responsable de la organización del proceso electoral interno,

b) La mecánica y plazos mínimos de emisión de la convocatoria,

c) Las modalidades permitidas de elección para cada nivel de dirigencia, de manera que sea claro en que condiciones es posible elegir por voto directo, por votación de delegados, o por un órgano representativo,

d) Los requisitos para la inscripción de candidatos,

f) Los mecanismos de escrutinio,

g) La duración de las campañas internas,

h) Las reglas de financiamiento, incluidos los montos máximos de inversión en medios, en operación y en utilitarios.

i) Deberá establecerse un apartado que detalle las sanciones aplicables en caso de violación de la normatividad interna, especialmente la relativa a la inequidad que generan las actividades de promoción previas al inicio formal de los procesos electorales internos.

j) En todas las variantes de postulación de candidatos, la votación será individual y por cedulas.

IV. Todos lo partidos políticos deben establecer en el cuerpo de su norma estatutaria, un mecanismo con reglas claras para la selección y postulación de candidatos a puestos de representación proporcional.

Se adiciona un nuevo artículo 38-E.

Artículo 38-E.

1. Será facultad del Instituto Federal Electoral la supervisión del cumplimiento de los requisitos enunciados, así como la validación de la legitimidad de todos los eventos relevantes tanto de un proceso de elección de dirigentes como de postulación de candidatos.

Se adiciona un nuevo artículo 39-A.

ARTICULO 39-A.

1. Son obligación de todas las Organizaciones Políticas que en sus documentos fundamentales, Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos, deberán contener:

I.- El compromiso de respetar los principios y las practicas Democráticas, de Libertad, Legalidad, Pluralidad, Tolerancia, Participación, Respeto a la diversidad, Transparencia y Rendición de cuentas en su funcionamiento, organización, operación, financiamiento y normatividad internas;

II.- El compromiso de asumir la equidad de género en todas la acciones de la vida partidaria;

III.- La renuncia explicita a toda forma de asociación, colaboración o vínculo alguno con organizaciones, negocios, recursos y personas asociadas a actividades ilícitas, en particular del crimen organizado.

TITULO TERCERO

De las prerrogativas, acceso a la radio y televisión y financiamiento de los partidos políticos

Se modifica el párrafo 4 y el inciso d) del artículo 41.

ARTICULO 41.

1. Son prerrogativas de los partidos políticos nacionales, tanto con registro condicionado como con registro definitivo:

a) a c) . . .

d) Participar, en los términos del Capítulo Segundo de este Título, del financiamiento público correspondiente para sus actividades, en las modalidades que distinguen el correspondiente a Partidos con registro condicionado de los que lo tienen definitivo.

CAPITULO PRIMERO

De las prerrogativas y acceso a la radio y televisión

Se modifica el párrafo 1 y se adiciona un nuevo párrafo 2 del artículo 42.

ARTICULO 42.

1. Los partidos políticos, al elaborar los contenidos de programación correspondientes de sus prerrogativas en radio y televisión, deberán difundir sus principios ideológicos, programas de acción y plataformas electorales.

2. Los Partidos Políticos y las Coaliciones, no podrán comprar tiempo de transmisión, destinado a Campañas Electorales, apoyo de candidatos, y difusión de su imagen, lema o colores. Las prerrogativas en radio y televisión serán ejercidas por medio del Instituto Federal Electoral, en condiciones de equidad y proporcionalidad.

Se adiciona un nuevo artículo 42-A.

ARTICULO 42-A.

1. Existirán dos clases de programación a cargo del Instituto Federal Electoral:

a) La programación correspondiente a los tiempos oficiales que se norma en los artículos 43, 44, 45, y 46; y,

b) La programación correspondiente a tiempos y prerrogativas durante los procesos electorales federales.

Se modifica el artículo 43 en su párrafo 1.

ARTICULO 43.

1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Comisión de Radiodifusión del Instituto Federal Electoral, tendrán a su cargo en exclusiva la contratación, difusión y monitoreo de los programas de radio y televisión de los partidos políticos, así como el trámite de las aperturas de los tiempos correspondientes, en los términos de los artículos 44 al 47 de este Código.

2. . . .

Se modifican los párrafos 1, 2, 4, 8 y 14 del artículo 48.

ARTICULO 48.

1. Es derecho exclusivo del Instituto Federal Electoral contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo. Es derecho exclusivo de los partidos la elaboración de los mensajes mencionados. Los candidatos sólo podrán hacer uso de los tiempos que les asignen su partido político, o coalición, en su caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 59, párrafo 1 inciso c).

2. La Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral solicitará oportunamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes su intervención, a fin de que los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, tanto nacionales como de cada entidad federativa, le proporcionen un catálogo de horarios y sus tarifas correspondientes, disponibles para su monitoreo por los partidos políticos para dos períodos: el primero, del 1o. de febrero al 31 de marzo del año de la elección; y el segundo, del 1o. de abril y hasta tres días antes del señalado por este Código para la jornada electoral. Dichas tarifas no serán superiores a las de publicidad comercial.

3. . . .

4. Los partidos políticos deberán comunicar por escrito a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, las estaciones, canales y horarios en los que tengan interés de les sean contratados tiempos, conforme al primer catálogo que les fue proporcionado, a más tardar el 15 de diciembre del año anterior al de la elección, por lo que hace a la campaña de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a más tardar el 31 de enero del año de la elección, para las campañas de senadores y diputados. Los partidos políticos deberán comunicar por escrito a la misma Dirección Ejecutiva, las estaciones, canales y horarios en los que tengan interés de contratar tiempos del segundo catálogo que les fue proporcionado, a más tardar el 28 de febrero del año de la elección por lo que hace a la campaña de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a más tardar el 15 de marzo del mismo año para las campañas de senadores y diputados.

5. al 7 . . .

8. Una vez concluido el procedimiento de reparto y asignación a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto procederá, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a dar a conocer los tiempos, canales y estaciones para cada uno de los partidos políticos, con el objeto de que estén en capacidad de monitorear y corregir pautas.

9 al 13 . . .

14. La Secretaría Ejecutiva del Instituto, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, solicitará a los medios impresos los catálogos de sus tarifas, y los que reciba los pondrá a disposición de los partidos políticos para su cabal conocimiento, en las mismas fechas previstas para la entrega de los catálogos de radio y televisión previstas en el párrafo 3 de este artículo.

CAPITULO SEGUNDO

Del financiamiento de los partidos políticos

Se adiciona un segundo párrafo al párrafo 5 del artículo 49 y se modifican el párrafo 7, así como la fracción VIII del inciso a) y la fracción I del inciso b).

ARTICULO 49.

1. al 4. . . .

5. Los partidos políticos en los términos de la fracción IV del inciso c) del párrafo 1 del artículo 27 de este Código, deberán tener un órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y de campaña, así como de la presentación de los informes a que se refiere el artículo 49-A de este mismo ordenamiento. Dicho órgano se constituirá en los términos y con las modalidades y características que cada partido libremente determine.

Los Partidos y Coaliciones quedan obligados por los principios rectores de transparencia y el de rendición de cuentas, a informar a su membresía, y a mantener accesible y abierta la información sobre la administración de los recursos públicos y privados a su cargo, por cinco años.

6. . . .

7. Los partidos políticos con registro definitivo tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes:

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I. a la VII . . .

VIII. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el 5% del financiamiento público que reciba, para el desarrollo de sus fundaciones o institutos de investigación.

b) Para gastos de campaña:

I. En el año de la elección, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña, un monto equivalente al financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año, excepción hecha de los partidos de nueva creación que hayan obtenido registro condicionado, mismos que quedaran sujetos a un mecanismo de reembolso, mediante el cual podrán recuperar hasta el 100%; de los gastos comprobables que les serán presupuestados para su entrega, previo haber obtenido el mínimo de votación requerido por este código para mantener el registro; y,

II. . . .

c) . . .

I. a la III . . .

8. al 11 . . .

Se modifica el inciso a) y sus fracciones I y II, y se adiciona una fracción III al párrafo 1; se adiciona la fracción IV al inciso b); se modifica el inciso a) del párrafo 2 y se adiciona una fracción IV al inciso d); y se modifica la fracción III del inciso g).

ARTICULO 49-A.

1. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas deberán presentar ante la comisión del Instituto Federal Electoral a que se refiere el párrafo 6 del artículo anterior, los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

a) Informes semestrales:

I. Serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del ejercicio que se reporte; y,

II. En el informe semestrales y su compendio anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos y las agrupaciones políticas hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe.

III. Es obligación de toda Organización Política, hacer de público conocimiento de sus afiliados, de sus órganos de gobierno interno, y accesibles a la opinión publica, estos informes.

b) Informes de campaña:

I. a la III.

IV. Es obligación de toda Organización Política, hacer de público conocimiento de sus afiliados, de sus órganos de gobierno interno, y accesibles a la opinión publica, estos informes.

2. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos y las agrupaciones políticas se sujetará a las siguientes reglas:

a) La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas contará con treinta días para revisar los informes trimestrales y con ciento veinte días para revisar los informes de campaña presentados por los partidos políticos y, en su caso, por las agrupaciones políticas. Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político y a las agrupaciones políticas, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;

b) y c) . . .

d) El dictamen deberá contener por lo menos:

I. a la III.

IV. El Instituto Federal Electoral se obligará a ser transparente la información rendida por las Organizaciones Políticas, garantizando su conocimiento oportuno, legible y permanente por cinco años.

e) y f) . . .

g) El Consejo General del Instituto deberá:

I. y II. . . .

III. Acordar los mecanismos que considere convenientes para la difusión pública del dictamen y, en su caso, de las resoluciones. En la Gaceta del Instituto Federal Electoral deberán publicarse los informes semestrales de los partidos.

TITULO CUARTO

De los frentes, coaliciones y fusiones

Se modifica el artículo 56 en su párrafo 4.

ARTICULO 56.

1. a 3 . . .

4. No podrán realizar una coalición o fusionarse los partidos políticos nacionales durante su primera elección federal inmediata a la obtención de su registro como Partido Político Nacional.

TITULO QUINTO

De la pérdida de registro

Se adicionan los incisos del i) al o) al artículo 66.

ARTICULO 66.

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:

a ) a h) . . .

i) haber incurrido en faltas graves en la comprobación, manejo, y rendición de cuentas de los recursos públicos y privados a su cargo,

j) Haber incurrido en prácticas graves de defraudación electoral, tanto en los procesos de elección interna, como en los comicios federales,

k) Haberse demostrado judicialmente el uso de recursos, provenientes de organizaciones o personas del crimen organizado,

l) Haber violado gravemente las disposiciones que establecen los montos máximos de recursos susceptibles de ser destinados a las campañas,

m) Haber recibido recursos provenientes del extranjero.

n) Haber violado de manera generalizada sus normas estatutarias.

o) Haber participado en acciones armadas y de violencia generalizada.

LIBRO TERCERO

CAPITULO SEGUNDO

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL

Se modifica el inciso k) del párrafo primero del Artículo 82.

ARTICULO 82.

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

a) a la j) . . .

k. Resolver, en los términos de este Código, el otorgamiento del registro a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, así como sobre la pérdida del mismo en los casos previstos en los incisos e) al o) del párrafo 1 del artículo 66 y c) al f) del párrafo 13 del artículo 35, respectivamente, de este Código, emitir la declaratoria correspondiente y solicitar su publicación en el Diario Oficial de la Federación;

l) a z) . . .

2. . . .

CAPITULO SEXTO

DE LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS

Se modifica el inciso h) del párrafo 1 del artículo 92.

ARTICULO 92

1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las siguientes atribuciones:

a) a g) . . .

h) Proporcionar a los órganos competentes del Instituto y a los partidos políticos nacionales, las listas nominales de electores y los padrones de afiliados de los partidos políticos nacionales en los términos de este Código;

i) al o) . . .

2. . . .

LIBRO CUARTO

De los Procedimientos Especiales en las Direcciones Ejecutivas

TITULO PRIMERO

De los Procedimientos del Registro Federal de Electores

Disposiciones preliminares

Se adiciona un párrafo 5 al artículo 135.

ARTICULO 135.

1. al 4 . . .

5. El Registro de Afiliaciones de los partidos políticos nacionales, es de carácter permanente y de interés público, y tiene por objeto:

a) Registrar en Padrones de cada partido a los ciudadanos que así lo soliciten y que presenten un documento de aceptación del partido político nacional correspondiente;

b) Auxiliar a los partidos políticos nacionales a mantener actualizadas sus estadísticas de afiliación;

c) Expedir las constancias de afiliación a partidos de Nueva Creación para el cumplimiento de los requisitos de afiliación necesarios para el registro como Partido Político Nacional, y,

La confidencialidad de sus datos será con arreglo a los párrafos 3 y 4 de este artículo.

Se adiciona un inciso al párrafo primero del artículo 136.

ARTICULO 136.

1. El Registro Federal de Electores está compuesto por las secciones siguientes:

a) y b) . . .

c) Del Padrón de Afiliaciones a los partidos políticos nacionales.

Se adiciona un párrafo tercero al artículo 137.

ARTICULO 137.

1. y 2 . . .

3. El Padrón de Afiliaciones a los partidos políticos nacionales, constara de los nombres de los ciudadanos consignados en el Padrón Electoral, que presenten solicitud de modo personal e intransferible, acompañada de un documento de aceptación del ingreso del solicitante, expedida por el partido político nacional correspondiente.

Se modifica el primer párrafo del artículo 138.

ARTICULO 138.

1. Las secciones a) y b) del Registro Federal de Electores se formarán, según el caso, mediante las acciones siguientes:

a) al c) . . .

Se adiciona un párrafo 3 al Artículo 139.

ARTICULO 139.

1. a 2 . . .

3. Los ciudadanos que libre y voluntariamente hayan decidido su afiliación a un partido político nacional, están obligados a inscribirse de manera personal e intransferible, en el Padrón de Afiliaciones a los partidos políticos nacionales, obligándose a solicitar en los mismos términos su baja de un padrón partidario específico cuando decidan dar por terminada su afiliación. No podrá existir afiliación del mismo ciudadano a dos o más partidos políticos nacionales.

Se adicionan los párrafos 7, 8 y 9 al artículo 144.

ARTICULO 144.

1. a 6 . . .

7. Para la inscripción de un ciudadano al Padrón de Afiliaciones a los partidos políticos nacionales, se requiere acudir a las oficinas o los módulos que el Instituto Federal Electoral determine; presentar, la credencial para votar vigente, y la carta de aceptación del partido correspondiente.

8. La inscripción individual al el Padrón de Afiliaciones a los partidos políticos nacionales corresponderá a un solo partido y se registrara por sección electoral, para su posterior agregación.

9. El Instituto Federal Electoral vigilara que no exista duplicación de registros individuales y notificara en su caso a los correspondientes partidos políticos nacionales.

Se adicionan los párrafos 7 y 8 al artículo 162.

ARTICULO 162.

1. a 6 . . .

7. Los partidos políticos nacionales podrán solicitar que sea dado de baja el registro de afiliación de un ciudadano que haya sido expulsado de su organización política, sólo después de finiquitados de manera definitiva los recursos de defensa y apelación que al afectado asisten.

8. Se efectuaran compulsas trianuales, el año anterior cada elección federal ordinaria, para verificar que los partidos políticos nacionales han conservado el mínimo de afiliaciones requerido por este Código.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Consejo General del Instituto Federal Electoral, dispondrá de 90 días a partir de la publicación de este decreto para elaborar el programa correspondiente al Registro de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales.

TERCERO.- Los partidos políticos contarán con un lapso de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para adecuar lo establecido en los artículos 38-B, 38-C, 38-D, 39-A.

México, DF, a 3 de marzo de 2004.--- Diputado Jesús Martínez Alvarez.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

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LEY DE AMPARO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el senador Fidel Herrera Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que adiciona el inciso c) del artículo 5º. y un tercer párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución.

El senador Fidel Herrera Beltrán:

Señor Presidente don Juan de Dios Castro; honorable Comisión Permanente:

Toda vez que la iniciativa para adicionar el inciso c) del artículo 5° y un tercer párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, está publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha, quisiera sólo subrayar la importancia de la legislación, porque se trata de un asunto de vital trascendencia para los 3 millones de mexicanos, 1 millón de ellos veracruzanos que vivimos directa o indirectamente del cultivo, la industrialización y la comercialización de la caña de azúcar.

Ya las uniones nacionales de productores de caña, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera y el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria han demandado frenar la importación de azúcar proveniente de los mercados excedentes del mundo, que causa un grave deterioro a la industria azucarera mexicana, una ventaja competitiva desleal, justo en el momento en que gracias a los esfuerzos del Poder Legislativo, de todo el sector de la industria se desarrolla la zafra azucarera más exitosa de los últimos años, para alcanzar una producción récord superior a los 5 millones 400 mil toneladas de este dulce que es, como he subrayado, la fuente de vida y bienestar para los mexicanos que viven en 17 estados de la República.

Se trata de corregir una aparente laguna, que ocasiona que el Poder Judicial de la Federación conceda suspensiones bajo el criterio de lo que en la teoría de derecho se llama suspensión del acto reclamado y que por ser de imposible reparación, causa un daño grave a la economía de la nación, al nivel de ingreso de los productores y a todos los que viven de esta importante agroindustria.

Se trata de determinar ahora en la ley, que en los casos en que el acto reclamado tenga relación directa o indirecta con la importación de granos básicos, de bienes agroindustriales, como es el caso, o agroalimentarios, como es también el caso, cuando existan terceros perjudicados, necesariamente las organizaciones nacionales de productores legalmente constituidas, sean consideradas en esa categorización jurídica de terceros perjudicados.

Y que en consecuencia, la ley disponga, que cuando el acto reclamado tenga relación directa o indirecta con la importación de estos granos o bienes agrícolas o agroalimentarios, la única garantía que se acepte para otorgar la suspensión, sea la que consista en depósito en efectivo, realizado ante la autoridad judicial competente, por el monto total de la importación, en términos de la legislación fiscal aplicable.

Sólo así la razón, la certeza jurídica y la defensa de la economía nacional encontrarán respaldo en las determinaciones de justicia, que sin agravio de los derechos constitucionales de todos los mexicanos, se tenga que administrar para casos en que haya o resulte un daño severo a una parte grande de la población o a la economía nacional.

Entrego la iniciativa, señor Presidente, acompañada de una serie de publicaciones de medios de comunicación, que reflejan la preocupación por detener la importación de azúcar proveniente de muchos países, que está llegando a nuestra República, y firmada por diputados federales, este senador y por el senador Gerardo Burganza Salmerón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Muchas gracias, señor Presidente.

«Iniciativa de decreto por el que se adicionan el inciso c del artículo 5º y un tercer párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

C. Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Las Uniones Nacionales de Productores de Caña de Azúcar, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera; han demandado frenar la importación de azúcar, proveniente de los mercados excedentes del mundo, en grave detrimento de la industria azucarera mexicana, justo en momentos en que, gracias a los esfuerzos de todo el sector, se desarrolla la zafra azucarera más exitosa de los últimos años para alcanzar una producción superior a los 5.4 millones de toneladas de este dulce, de cuyo cultivo, industrialización y comercialización viven casi 3 millones de mexicanos, en 17 estados de la República.

En razón de lo anterior diversos Senadores y Diputados acudimos a esta honorable tribuna para presentar una Iniciativa de decreto por el que se adicionan el inciso C) del artículo 5 y un tercer párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la siguiente exposición de motivos y redacción propuesta:

Exposición de Motivos

Una de las figuras procesales de mayor trascendencia en el juicio de amparo. Es la llamada ``suspensión del acto reclamado''. En esencia, la suspensión del acto tiene por objeto mantener viva la materia objeto del juicio, de manera que no se causen perjuicios irreparables para el quejoso ni tampoco se vea afectado el interés público. Normalmente, la suspensión del acto reclamado se materializa en un proveí-do de la autoridad judicial que conoce del juicio de garantías, por medio del que se ordena a las autoridades responsables la paralización o cesación de cualquier acto que pudiera perjudicar al quejoso.

La suspensión del acto reclamado tiene una naturaleza cautelar, puesto que no decide en modo alguno sobre el fondo del asunto sino que constituye solamente una apreciación preliminar con respecto de la existencia de un derecho. Al dictar la suspensión, el juez no se pronuncia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sino que toma las medidas que resulten necesarias para que el pronunciamiento que haga respecto al fondo del asunto en el momento procesal oportuno pueda tener efectos, en virtud de que el acto de autoridad no se ha consumado de forma irreparable.

En este sentido, el profesor de la Escuela Libre de Derecho y reconocido especialista en nuestro juicio de amparo, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, afirma lo siguiente:

``Uno de los puntos del funcionamiento del juicio de amparo que demuestra con mayor claridad su carencia de respuestas ante los retos de la complejidad del mundo moderno es, precisamente, el de la suspensión del acto reclamado.

Para que un instrumento de justicia constitucional. de las libertades cumpla con su finalidad protectora es menester una medida cautelar que conserve la materia de la controversia y que evite que los particulares sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto. Es sabido que sin una suspensión eficaz, en muchos casos, la protección constitucional del amparo se torna inoperante. En materia administrativa su formalismo impide que siete actos notoriamente arbitrarios puedan paralizarse, al tiempo que permite la inejecución de actos que claramente se ajustan a la Constitución y a las leyes'' (Hacía una nueva ley de amparo, México, UNAM, 2002, p. 81).

Teniendo presente lo anterior hay que considerar que, en ocasiones, se han producido abusos por parte de algunos particulares al utilizar la suspensión del acto reclamado como una forma de burlar el cumplimiento de un acto de autoridad.

Con el uso de estas estrategias procesales se pone en riesgo el interés de la sociedad en que el ordenamiento jurídico sea imparcial y completamente aplicado a todos los gobernados.

El uso indebido de esta facultad que la Ley de Amparo otorga para proteger intereses legítimos, desvirtúa su noble fin y convierte a la suspensión del acto reclamado en un ``burladero'' para defraudar a la Ley.

Para comprender tanto el sentido que debe tener la institución de la suspensión del acto reclamado como la adición que se propone en la presente iniciativa hay que recordar que la fracción X del artículo 10l constitucional establece lo siguiente:

``Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público'' (cursivas añadidas).

Esto es, que la autoridad juzgadora deberá tomar en cuenta frente a la solicitud del quejoso de concederle la suspensión, diversos factores que permitan utilizar este noble acto suspensorio, en una acción equilibrada y justa que mantenga incólumes a los intereses diversos de otros actores en el acto de que se trate y desde luego a los de la sociedad, englobados bajo el concepto del interés público.

La forma que tiene la autoridad adicionalmente para proteger dichos intereses, es mediante el otorgamiento por parte del quejoso de una garantía, que hasta hora puede revestir cualquier forma de las permitidas por la legislación fiscal.

Sin embargo, y dada la importancia social de ciertos casos, la autoridad judicial debe tomar muy en cuenta la posible afectación de terceros que por omisión del quejoso o por alguna circunstancia no puedan ser llamados a juicio y, por ende, defender oportunamente sus intereses legítimos.

A luz de lo dispuesto por nuestra Carta Magna y de la experiencia que a partir de una multiplicidad de casos se ha ido acumulando en los últimos años, se considera necesario adicionar un párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo (que sería un párrafo tercero), mediante el cual se precise la garantía que deberá ofrecer el particular promovente del amparo cuando se trate de asuntos, cuyo objeto de fondo se refiera a la importación de granos básicos, bienes agroindustriales o agroalimentarios. En estos casos, para evitar fraudes procesales, conservar la materia del juicio, dar efectividad a los actos de autoridad que se ajusten a la Constitución y las leyes, preservar los intereses legítimos de los terceros perjudicados y poner a salvo el interés público, se considera necesario que la Ley de Amparo precise que la única garantía aceptable es la de depósito en efectivo ante el órgano judicial de la cantidad sobre la que versa el juicio.

De la misma forma y como medida complementaria de la anterior, se considera oportuno adicionar el inciso C del artículo 5 de la Ley de Amparo, a fin de considerar necesariamente como terceros perjudicados en los asuntos que se han mencionado a las asociaciones de productores legalmente constituidas.

Para fundamentar la propuesta hay que considerar la importancia del sector de productores de granos básicos, bienes agroindustriales y agroalimentarios para la economía mexicana. No solamente se trata de un sector estratégico para el desarrollo nacional, sino que también ha sido uno de los que mayores sacrificios ha tenido que realizar para poder sobrevivir a un entorno de apertura económica que ha afectado a millones de familias.

El sector mexicano de granos básicos, bienes agroindustriales y bienes agroalimentarios tiene que competir con la importación de productos subsidiados (directa o indirectamente) de otros países que han puesto en grave riesgo la forma de subsistencia de muchas familias campesinas y de obreros de los agroindustriales. Si además de esa competencia, la importación de granos básicos, bienes agroindustriales y bienes agroalimentarios se apoyan en estratagemas de carácter procesal para evadir la imposición de los aranceles o cuotas compensatorias que determinen las autoridades, entonces la situación que estamos enfrentando es doblemente peligrosa.

A mayor abundamiento, debemos estimar que este tipo de operaciones de importación de granos básicos, bienes agroindustriales y bienes agroalimentarios, que quedan libres de arancel por las deficiencias señaladas en la Ley de Amparo, inciden directamente en el precio de dichos bienes y con ello, dañan a toda la cadena productiva nacional: desde el campesino hasta el industrial.

La medida que se propone pondría a salvo de fraudes procesales a muchos millones de mexicanos. Según datos del Inegi que figuran en el anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2003 en el sector primario de la economía mexicana trabajan más de siete millones de personas, sobre un total de poco más de 39 millones de personas económicamente activas en todo el país. Es decir, la medida propuesta puede beneficiar potencialmente a más del 20% de la población económicamente activa del país y con ello a las millones de familias que dependen de ellos. Se trata de una medida, no solamente debida, sino urgente.

En los últimos meses la sociedad mexicana ha presenciado diversas movilizaciones de los sectores productivos del país, reclamando la injusta competencia que están enfrentado por las importaciones de productos subsidiados de otros países. Los legisladores de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, sensibles a tales reclamos y en atención a los planteamientos que han recibido en diversos foros y reuniones con las partes afectadas, consideran que es momento de tomar todas las medidas prácticas incluyendo las legislativas que estén a su alcance para proteger a la economía nacional y poder servir mejor, de esa forma, a los intereses generales de todos los mexicanos.

A la luz de lo expuesto se proponen las siguientes adiciones al texto de la Ley de Amparo:

Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo:

e) ....

En los casos que el acto reclamado tenga relación directa o indirecta con la importación de granos básicos, bienes agroindustriales o agroalimentarios, serán terceros perjudicados necesariamente las organizaciones nacionales de productores legalmente constituidas.

Artículo 135.

Cuando el acto reclamado tenga relación directa o indirecta con la importación de granos básicos, bienes agroindustriales o agroalimentarios, la única garantía que se aceptará para otorgar la suspensión será la que consista en depósito en efectivo realizado ante la autoridad judicial competente, por el monto total de la importación en términos de la legislación fiscal aplicable.

Artículos transitorios

Primero. El presente decreto de reformas entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones de rango legislativo o reglamentario que se opongan a la presente.

México, DF, a 3 de marzo de 2004.--- Sen. Fidel Herrera Beltrán, Dip. Carlos Blackaller Ayala, Sen. José Bonilla Robles, Dip. Marco Antonio Torres, Dip Concepción Castañeda Ortiz, Dip. Mario A. Zepahua Valencia, Dip. Gonzalo Guizar Valladares, Sen. Yolanda González, Sen. Eric Rubio Barthell, Sen. Noemí Z. Guzmán Lagunes, Dip. Lázaro Arias Martínez y Sen. Gerardo Buganza.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor senador.

Túrnese a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

El siguiente punto del orden del día ha sido pospuesto por el grupo parlamentario promovente.

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LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para presentar una iniciativa que adiciona el inciso a) de la fracción I del artículo 8º de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, suscrita por los diputados Carlos Blackaller Ayala y David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra el señor diputado don David Hernández Pérez.

El diputado David Hernández Pérez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:

Hasta el 31 de diciembre de 2003 los actos y las actividades relacionadas con la miel incristalizable, no se encontraban gravados por la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) sólo se incluían para efectos del IEPS el alcohol, el alcohol desnaturalizado, conforme al artículo 2°, fracción I, inciso b) cuya enajenación estaba exenta de dicho impuesto siempre que se cumpliera con las disposiciones establecidas.

Esto se modificó el 6 de noviembre, fue enviada al Ejecutivo, al Congreso de la Unión y se estimó conveniente incluir las mieles incristalizables en el esquema de control aplicable por el alcohol. Esto trajo por consecuencia que algunas mieles que se utilizan para engorda del ganado, se les esté cobrando un impuesto y que realmente con estas mieles no se puede hacer el alcohol para el que se incluye el IEPS.

Por lo tanto, para rectificar ese error que se cometió en los pasados acuerdos, se está presentando esta iniciativa para rectificar y que tanto los productores de caña como los ganaderos, puedan seguir comerciando sin el pago de este impuesto.

Dejo en la Mesa la iniciativa.

«Iniciativa que adiciona el artículo 8 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, suscrita por los diputados Carlos Blackaller Ayala y David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del PRI.

Los suscritos, diputados federales Carlos Blackaller Ayala y David Hernández Pérez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que les otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Congreso de la Unión, por conducto de la Comisión Permanente, iniciativa de decreto que reforma la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), al adicionar el inciso a) a la fracción I del artículo 8.

Para el efecto de sustentar la propuesta contenida en esta iniciativa de reforma, hacemos a continuación la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

1. Hasta el 31 de diciembre de 2003, los actos o actividades relacionadas con la miel incristalizable no se encontraban gravados por la Ley del IEPS. Sólo se incluían, para efectos del IEPS, el alcohol y el alcohol desnaturalizado, conforme al artículo 2, fracción I, inciso b), cuya enajenación estaba exenta de dicho impuesto siempre que se cumplieran las disposiciones establecidas en las fracciones I, II, primer párrafo, VI, VIII, X, XI, XII y XIV del artículo 19 de dicha ley.

2. El 6 de noviembre de 2003, en la iniciativa de reformas al IEPS enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión se estimó conveniente incluir las mieles incristalizables en el esquema de control que aplicaba para el alcohol y el alcohol desnaturalizado, argumentando que el control fiscal de esos productos ayuda al control sanitario de las bebidas alcohólicas, con la salvedad de que no produciría recaudación en la medida en que se lograra su cometido.

3. Por otra parte, en el dictamen de la iniciativa, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados consideró necesario reforzar la medida propuesta por el Ejecutivo para que el impuesto correspondiente se causara sólo en la importación de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables y, posteriormente, se permitiera su acreditamiento, para el caso de contribuyentes formales. Para ello, eliminó la fracción III del artículo 13, que exentaba de IEPS la importación de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables; y agregó un párrafo al artículo 4 de la ley, que permitía la acreditación de dicho impuesto a los importadores formales.

4. Sin embargo, en la sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 22 de diciembre de 2003 se efectuó una serie de ajustes al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con el argumento de que el alcohol, el alcohol desnaturalizado y las mieles incristalizables deberían quedar gravados sin lugar a exención, con el propósito de lograr el control en el proceso productivo de bebidas alcohólicas. Para ello se eliminó el inciso a) de la fracción I del artículo 8 de la ley, que exentaba del impuesto la enajenación de dichos bienes; y se amplió el párrafo que se había incorporado al artículo 4, para que los compradores de esos productos de origen nacional pudieran acreditar el impuesto.

5. Finalmente, como quedó aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, el alcohol, el alcohol desnaturalizado y las miles incristalizables quedaron sujetos al IEPS.

Consideraciones

I. Los ajustes y la aprobación de último minuto de la Ley del IEPS, en lo que puede considerarse un exceso del Legislativo, distorsionan el espíritu de la iniciativa del Ejecutivo, debido a que su propuesta de modificación del IEPS para el caso de mieles incristalizables atendía a un problema de control y no a un caso de recaudación de impuestos.

II. Esa medida provocó en forma inmediata la cancelación de compras de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables provenientes del proceso de producción de azúcar, debido a que de un día para otro su costo aumentó en 50 por ciento, lo cual afectaba el flujo de efectivo de las empresas usuarias y, en varios casos, encarecía sus costos, por no poder acreditar dicho impuesto (por ejemplo, la mayoría de los ganaderos que compra gran cantidad de mieles incristalizables opera con regímenes especiales de ISR o el monto de sus impuestos es pequeño).

III. Esa situación provocó airadas demandas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante el Congreso de la Unión, por parte de los productores nacionales de esos productos y de los diversos sectores empresariales que los utilizan como materia prima.

IV. En el caso de los ingenios del país, debido a su limitada capacidad de almacenamiento de mieles y a que desde enero la zafra se encuentra en los meses producciones altas, la medida está propiciando riesgos inminentes de derrames, con la consecuente afectación ecológica al entorno ambiental donde se ubican los ingenios.

V. Como alternativa de solución temporal, desde los primeros días de enero pasado, la SHCP se comprometió con los sectores afectados (ingenios azucareros, comercializadores de mieles y alcoholes, ganaderos, fabricantes de alcohol, de alimentos balanceados para animales, industriales de levaduras y otros) a publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto que exentara de IEPS dichos productos. Sin embargo, a la fecha esa dependencia no ha cumplido ese compromiso, agravando aún más la situación de los diversos sectores involucrados.

Por todo lo anterior, resulta urgente e indispensable que el Legislativo promueva y apruebe una reforma de la Ley del IEPS que restaure la intención y el texto en la materia que nos ocupa, conforme fue propuesta por el Ejecutivo y aprobada en primera instancia por la Cámara de Diputados.

Para ello se deberá adicionar el inciso a) a la fracción I del artículo 8 de la Ley del IEPS, el cual especifica que las enajenaciones de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables no pagarán el impuesto establecido, siempre que se cumplan ciertas obligaciones establecidas en las fracciones I, II, primer párrafo, VI, VIII, X, XI, XII y XIV del artículo 19 de la Ley del IEPS. Los beneficios de esta reforma deberán ser retroactivos al 1o. de enero de 2004.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración del H. Congreso de la Unión el siguiente

Decreto que reforma la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, adicionando el inciso a) a la fracción I de su artículo 8

Dice:

Artículo 8. ...

Fracción I. ...

a) (Se deroga)

...

Debe decir:

Artículo 8. ...

Fracción I. ...

a) Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, siempre que se cumplan las obligaciones establecidas en el artículo 19, fracciones I, II, primer párrafo, VI, VIII, X, XI, XII y XIV de esta ley y las demás obligaciones que establezcan las disposiciones fiscales.

b) ...

Artículos Transitorios

Uno. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dos. Los beneficios de este decreto serán retroactivos a las operaciones comerciales realizadas a partir del 1o. de enero de 2004, siempre que se cumpla la disposición prevista.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.--- México, DF, a 3 de marzo de 2004.--- Diputados: Carlos Blackaller Ayala y David Hernández Pérez, (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado Hernández Pérez.

Túrnese el documento a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

El siguiente punto del orden del día ha sido pospuesto por el grupo parlamentario promovente.

Continúe la Secretaría con la comunicación del señor diputado don Emilio Chuayffet Chemor.

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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Dip. Lic. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 22, numeral 2, y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 74, numerales 1 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, me permito solicitar a usted respetuosamente que se someta a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la designación de la senadora Martha Sofía Tamayo Morales como consejera electoral propietaria del Poder Legislativo por parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sustitución del C. diputado Miguel Angel Yunes Linares; y a los CC. senador Héctor Michel Camarena y diputado Enrique Escalante Arceo como suplentes, en sustitución del diputado Mario Carlos Culebro Velasco, y en su oportunidad comunicarlo al Instituto Federal Electoral.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi consideración distinguida.

Atentamente.

México, DF, a 2 de marzo de 2004.--- Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

De enterado.

Túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

¿Tiene la bondad, señora Secretaria de leer el contenido de la comunicación?

La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

Diputado Juan de Dios Castro Lozano.--- Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.

Por medio del presente y con fundamento en el artículo 22, numeral 2 y 116 de la Ley General del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 74 numerales 1 y 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, me permito solicitar a usted respetuosamente se someta a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la designación de la senadora Martha Sofía Tamayo Morales, como Consejera Electoral propietaria del Poder Legislativo, por parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sustitución del diputado Miguel Angel Yunes Linares, el senador Héctor Michel Camarena y diputado Enrique Escalante Arceo, como suplentes, en sustitución del diputado Mario Carlos Culebro Velázquez y en su oportunidad comunicarlo al Instituto Federal Electoral.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Emilio Chuayffet Chemor.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

De enterado y túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

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IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO
La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-127, signado el 15 de diciembre último por los CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número STPCE/052/2004, suscrito el 20 de enero último por el C. Adalberto Núñez Ramos, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, relativo al punto de acuerdo en que se exhorta a esa Secretaría a publicar en el Diario Oficial de la Federación la resolución preliminar al procedimiento de dumping con cuota compensatoria a las importaciones de carne de cerdo provenientes de Estados Unidos de América, fracciones arancelarias 0203.11.01, 0203.12.01, 0203.19.99, 0203.21.01 y 0203.29.99, iniciado el 7 de enero de 2003, presentado por el C. diputado Gonzalo Alemán Migliolo.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 1° de marzo de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Economía.

Lic. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En referencia al oficio número SEL/300/3529/03, de fecha 18 de diciembre de 2003, por medio del cual se nos remite un punto de acuerdo, aprobado el 15 de diciembre en la Cámara de Diputados, en que se exhorta a esta Secretaría a publicar la resolución preliminar del procedimiento antidumping sobre las importaciones de carne de cerdo provenientes de Estados Unidos de América, a través de la cual se impongan cuotas compensatorias.

Al respecto, le comunico que, una vez satisfechos los requisitos legales, la Secretaría dio inicio a la investigación en comento y en la que han comparecido diversas empresas importadoras, exportadoras y productoras nacionales, las cuales han contado hasta el momento con amplia oportunidad de presentar los argumentos y las pruebas que consideran convenientes.

Cabe mencionar que dichas empresas presentaron diversas pruebas con el carácter de superviniente, por lo que en este momento la Secretaría se encuentra analizando los argumentos y las pruebas presentadas en el curso del procedimiento.

Conforme a lo anterior, la Secretaría publicará próximamente en el Diario Oficial de la Federación la resolución preliminar correspondiente, la cual puede tener la seguridad de que se emitirá con estricta sujeción a lo dispuesto en la legislación mexicana y en los tratados internacionales de que México es parte.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 20 de enero de 2004.--- Adalberto Núñez Ramos, (rúbrica), Secretario Técnico.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a las comisiones de Economía y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento.

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SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en atención a lo dispuesto en los artículos 5°, fracción XIII, 8°, fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y 98 de su Reglamento, con el presente les acompaño copia del similar número D00/1000/019/2004, de fecha 25 del actual, suscrito por el C. Mario Gabriel Budebo, Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, mediante el cual envía una copia impresa, así como un disquete, que contienen el Informe semestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2003, que fue aprobado en esa fecha por la Junta de Gobierno de la Consar en su cuadragésima sexta sesión ordinaria.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 26 de febrero de 2004.--- Lic. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.--- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Lic. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, atentamente le suplico que sea usted el conducto para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5°, fracción XIII, 8°, fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y 98 de su Reglamento respectivo.

Por lo anterior, anexa al presente me permito acompañar una copia del documento de forma impresa, así como en medio magnético, del Informe semestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2003, que fue aprobado hoy por la Junta de Gobierno de la Consar en su cuadragésima sexta sesión ordinaria; y, de no existir inconveniente, deberá entregarse al H. Congreso de la Unión a más tardar en la última semana de febrero.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 25 de febrero de 2004.--- Mario Gabriel Budebo (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

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PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Para los efectos de los artículos 71, fracción I, y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño con el presente iniciativa de decreto por el que se solicita autorización para que el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional del 23 al 26 de marzo de 2004, a efecto de que realice visitas oficiales a la República de Guatemala, a la República de Honduras, a la República de Nicaragua y participar en la VI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 2 de marzo de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por razones de identidad cultural, proximidad geográfica, raíces históricas comunes, complementariedad económica y aspiraciones compartidas de desarrollo e integración, el vínculo con los países de América Central representa una prioridad estratégica para la política exterior de México.

La vecindad inmediata con tales países hace imprescindible que esta región constituya una zona permanente de paz, estabilidad y desarrollo. La fractura política, económica y social que afectó a algunos de los países centroamericanos en la década de los años ochentas ha quedado atrás. La solución negociada de los conflictos y la afirmación de las instituciones democráticas, sentó las bases para que México y Centroamérica iniciaran una nueva era de estrecha cooperación en todos los ámbitos de sus relaciones.

Hoy, México y los países de América Central hemos construido una firme relación basada en la amistad, el diálogo permanente, la promoción de mayores intercambios económicos, de cooperación y la adopción de proyectos comunes. En el plano regional, con la creación del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla en 1991, hemos adoptado los marcos institucionales para que los mandatarios podamos reunirnos regularmente para promover los consensos regionales y conjugar esfuerzos para promover el desarrollo económico de nuestros países.

México acompañó estas acciones con una política de cooperación técnica con Centroamérica, que ha permitido ofrecer las experiencias de nuestro desarrollo en diversas áreas. Paralelamente se suscribieron Tratados de Libre Comercio con Costa Rica, Nicaragua y el Triángulo del Norte, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras, mismos que han incrementado significativamente los flujos comerciales con beneficios mutuos durante la última década.

México y Centroamérica impulsan decididamente la integración regional en este inicio del siglo XXI. Para ese fin se instrumenta el Plan de Desarrollo Regional Puebla Panamá, adoptado en la Cumbre Extraordinaria de El Salvador en el año 2001.

México y los países de América Central hemos constituido una asociación privilegiada para la construcción de un destino común mesoamericano. Somos socios en la promoción de la integración de América Latina y en el diálogo con otras regiones a través de nuestra pertenencia común en los foros latinoamericanos.

Es en este contexto que se inscriben las visitas oficiales a las Repúblicas de Guatemala, Honduras y Nicaragua, así como mi participación en la VI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación Política de Tuxtla.

La visita a la República de Guatemala responde a una invitación del Presidente Oscar Berger Perdomo. Guatemala es el segundo socio comercial de México en el Istmo Centroamericano. Durante el 2002, el intercambio comercial con ese país representó el 25.6% del total del comercio de México con los países de la región. El comercio bilateral se ubicó en 630 millones de dólares, con un saldo a favor para México de 397.2 millones de dólares. Al primer semestre de 2003, el intercambio con Guatemala representó el 23.7% del total del comercio de México con los países del Istmo. El comercio bilateral se ubicó en 310.6 con un saldo positivo para México de 196.2 millones de dólares.

Las expectativas en las relaciones económicas bilaterales con Guatemala son alentadoras. El Tratado de Libre Comercio, en vigor desde el 15 de marzo de 2001, ofrece nuevas oportunidades para la creación de empleos, el incremento del comercio y la mayor disponibilidad de insumos y servicios, así como la atracción de nuevas inversiones y la creación de alianzas estratégicas entre empresas de los dos países.

Actualmente, Guatemala es el sexto país de destino de la inversión mexicana en América Latina y el Caribe y el primero en Centroamérica, con un poco más de 1,400 millones de dólares, esto es, 10.9% de la inversión total de México en América Latina y el Caribe. La participación de más de 50 empresas mexicanas en el mercado guatemalteco, con inversiones directas y alianzas estratégicas, han ampliado los vínculos económicos entre las dos naciones en casi todos los sectores de la producción.

México y Guatemala comparten casi mil kilómetros de frontera común, un espacio de encuentro y de oportunidad para beneficiar a mexicanos y guatemaltecos, y de reto compartido para atender una problemática propia de países vecinos en asuntos migratorios, comerciales, salud, infraestructura, y de tráficos ilícitos.

Durante la visita que realizaré a Guatemala, me propongo iniciar un diálogo fructífero con el nuevo mandatario, que profundice la colaboración y el entendimiento político con este país vecino, tan cercano a nuestra historia y socio estratégico en la relación con Centroamérica.

México desea que sus relaciones con el nuevo gobierno de la República de Guatemala alcancen un alto nivel de diálogo y entendimiento político. De esta manera, con el Presidente Oscar Berger, promoveré acciones y compromisos para consolidar la relación bilateral en todos sus ámbitos y continuar la tarea de ordenamiento fronterizo que ambos países hemos iniciado.

Los dos Presidentes habremos de conversar asimismo sobre los temas prioritarios de la agenda internacional, a fin de reforzar las posiciones comunes que México y Guatemala mantienen en los distintos foros multilaterales, tanto regionales como mundiales.

Asimismo, inauguraré las instalaciones de la nueva sede de la Embajada de México en Guatemala, la cual albergará, bajo la directriz de Techo Unico, a las diversas representaciones que nuestro país mantiene en Guatemala y contará con un espacio digno para la promoción de la cultura y la imagen de México.

Históricamente, las relaciones de México con la República de Honduras se caracterizaron por un dinamismo menor al de otros países de la región. No obstante, ambos países han fortalecido sus nexos a través de la participación mutua en el Mecanismo de Tuxtla, la suscripción en el año 2000 del Tratado de Libre Comercio con el Triángulo del Norte, del cual Honduras es parte, y con la instrumentación del Plan Puebla Panamá, con proyectos tangibles en ese país.

La visita a la República de Honduras responde a la invitación que me formulara el Presidente Ricardo Maduro Joest. Honduras es el quinto socio comercial de México en el Istmo Centroamericano. Durante 2002, el intercambio con ese país representó el 9.5% del total con los países de la región, es decir 233.2 millones de dólares, con un saldo favorable a México de 182.4 millones de dólares. Al primer semestre de 2003, el intercambio comercial con Honduras representó el 9.2% del total del comercio de México con Centroamérica. El comercio bilateral se ubicó en 120.5 millones de dólares, cifra 15.7% mayor a la registrada en el mismo periodo del año anterior. La balanza comercial tuvo un saldo a favor de México por 78.5 millones de dólares.

La inversión de México en la República de Honduras alcanza los 25 millones de dólares, lo que lo ubica como el sexto país de destino de las inversiones de México en Centroamérica y decimosexto en América Latina y el Caribe.

La República de Honduras es un socio entusiasta del Plan Puebla Panamá. El primer proyecto en el rubro de la Iniciativa de Infraestructura del Plan, se inició con la rehabilitación de la carretera que comunica a Puerto Cortés, Honduras, con la frontera de Guatemala. Dicho proyecto es financiado en parte con fondos de México en el Banco Centroamericano de Integración Económica.

Durante mi visita conversaré con el Presidente Ricardo Maduro Joest sobre los temas de la relación bilateral, especialmente en lo que hace a un mejor aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, el cual brinda la oportunidad de incrementar flujos comerciales y de inversión. De igual manera, se evaluará el tema de frontera marítima en el marco de las negociaciones que habremos de iniciar y se buscará incrementar las relaciones de cooperación técnica y cultural. Asimismo, se revisarán los temas de la agenda regional e internacional, a fin de promover posiciones comunes.

En su conjunto, la visita a la República de Honduras brindará un nuevo impulso a las relaciones políticas, económicas y de cooperación; contribuirá a impulsar un mayor dinamismo al Tratado de Libre Comercio, y permitirá coordinar posiciones en temas de interés común, en particular con respecto a la Cumbre del Mecanismo de Tuxtla.

Por su parte, las relaciones de México con la República de Nicaragua han alcanzado un alto grado de madurez y entendimiento a lo largo de nuestra historia reciente. Recibí con particular beneplácito la distinción del Presidente Enrique Bolaños Geyer para asistir a la Cumbre del Mecanismo de Tuxtla y realizar una visita oficial a su país. La oportunidad es propicia para avanzar los temas regionales y bilaterales con Nicaragua.

México ha otorgado apoyos para el desarrollo, con algunas medidas concretas para permitir a ese país una mejor utilización de recursos financieros, en el marco del Acuerdo de San José, del cual Nicaragua también es beneficiario, con objeto de dirigirlos a la atención de otras necesidades sociales, tales como proyectos de vivienda. México apoyó de igual manera el ingreso de la República de Nicaragua a la Iniciativa del Banco Mundial sobre Países Pobres Altamente Endeudados, cuyo proceso podría culminar con la condonación de un monto significativo de su deuda.

Luego de cinco años, el Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua ha incrementado el comercio bilateral en un 56%, al pasar de 75.6 millones de dólares en 1997 a 118.1 millones de dólares en 2002. Nicaragua es el sexto socio comercial en el Istmo Centroamericano, representando en 2002 el 4.8% del total del comercio de México con la región. La balanza comercial registró en ese año un saldo favorable de 63.9 millones de dólares. Al primer semestre de 2003, el intercambio comercial alcanzó 79.9 millones de dólares, cifra 50.5% mayor a la registrada en el mismo periodo de 2002.

La inversión de empresas mexicanas en Nicaragua asciende a 174.3 millones de dólares, lo que la ubica como el cuarto país de destino de las inversiones mexicanas en Centroamérica y duodécimo en América Latina y El Caribe.

En las visitas oficiales a Honduras y Nicaragua habré de reunirme con los respectivos Poderes Legislativos. Llevaré un mensaje de amistad del pueblo de México y refrendaré el compromiso de profundizar las relaciones y la integración de conformidad con las aspiraciones que son comunes a nuestras naciones.

Asimismo, me propongo sostener encuentros con empresarios guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses y mexicanos que hacen negocios en beneficio de nuestros países. Habremos de fomentar un ambiente favorable para la multiplicación de los intercambios y explorar nuevas áreas potenciales para ampliar los beneficios mutuos. Espero igualmente entrevistarme con actores políticos, personalidades del mundo cultural y líderes de opinión de las sociedades centroamericanas.

El Mecanismo de Tuxtla se ha convertido en el foro regional por excelencia entre México y Centroamérica, pues no sólo ha institucionalizado el diálogo político permanente entre los ocho países que lo integran, sino ha creado importantes espacios para los temas económicos, comerciales y financieros, así como aquellos referidos a la cooperación regional, donde se implementa el Programa Mesoamericano de Cooperación que abarca seis áreas prioritarias del desarrollo: Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente, Turismo, Salud, Educación y Prevención de Desastres.

El Mecanismo de Tuxtla se enriqueció notablemente con la inclusión del Plan Puebla Panamá, el cual encontró en el Mecanismo la estructura institucional idónea para cumplir con su objetivo fundamental en la promoción del desarrollo regional.

A dos años de la celebración en Mérida de la V Reunión del Mecanismo de Tuxtla, la VI Cumbre a celebrarse en Managua el día 25 de marzo, brindará la oportunidad de evaluar los avances logrados en sus diferentes ámbitos: en materia del Plan Puebla Panamá, se reafirmará la convicción de los países participantes para que el desarrollo humano sea el propósito primordial del Plan y esté presente en cada uno de sus proyectos, especialmente los que tengan que ver con educación, cultura y salud.

De igual manera, se revisarán los avances concretos en los proyectos de infraestructura, interconexión eléctrica, integración vial y las telecomunicaciones, en los cuales se destaca la incorporación de los criterios de sustentabilidad ambiental y participación social; se analizarán los resultados alcanzados para facilitar el tránsito de mercancías en los corredores viales del Plan, a través de la modernización de los puestos fronterizos y de las aduanas, además de promover una mayor participación de las empresas pequeñas y medianas en el comercio y el turismo regionales.

Invitaremos a los empresarios mexicanos y centroamericanos a coadyuvar a la integración mesoamericana mediante una mayor inversión y aprovechamiento de las oportunidades de negocios que el mismo Plan Puebla Panamá ha propiciado. Nos proponemos dar un impulso renovado a los mecanismos de información, consulta y participación con la sociedad civil, a fin de enriquecer la visión del desarrollo que constituye el objetivo central del Plan Puebla Panamá, y también buscaremos ampliar acciones de participación de terceros países y organismos financieros internacionales para fortalecer el financiamiento del Plan.

En el ámbito económico, comercial y financiero, se revisarán los resultados de los Tratados de Libre Comercio que México suscribió con Costa Rica, Nicaragua, así como con los países del Triángulo del Norte. Se buscarán nuevas acciones para facilitar el aprovechamiento de tales instrumentos comerciales para incrementar los intercambios de mercancías y los flujos de inversión entre los países participantes.

Se analizarán también las oportunidades de financiamiento que se desprenden del Acuerdo de San José, a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, destinados tanto a proyectos de vivienda en algunos países, como a apoyar algunas iniciativas del Plan Puebla Panamá.

En el campo de cooperación regional, se evaluarán los resultados obtenidos del Programa Mesoamericano de Cooperación 2003-2004, integrado por veinticinco proyectos y esperamos adoptar el nuevo Programa Mesoamericano de Cooperación 2005-2006. En el ámbito político, reafirmaremos la voluntad de nuestros países para preservar y fortalecer el Mecanismo de Tuxtla, como instancia esencial para consolidar la Comunidad Mesoamericana de Naciones; refrendaremos el compromiso por fortalecer la democracia como base esencial del desarrollo social, político y económico, así como de la paz y la estabilidad de la región. Esperamos ampliar las coincidencias en temas de la agenda multilateral, con objeto de actuar coordinadamente y consolidar el peso específico de la región mesoamericana en el escenario internacional. Por otra parte, habré de conocer los avances del proceso de integración centroamericana, en el cual México es cada vez más participativo. De esta manera, queremos estrechar más nuestros vínculos políticos, económicos y culturales con los países de América Central.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción I, y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto, someto a la elevada consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de

Decreto

Artículo Unico. Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 23 al 26 de marzo de 2004, a fin de realizar visitas oficiales a la República de Guatemala, a la República de Honduras, a la República de Nicaragua y participar en la VI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a esa soberanía las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a los dos días del mes de marzo de dos mil cuatro.--- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Segunda Comisión

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CONDECORACIONES
La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobierno.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la C. licenciada Sara Guadalupe Bermúdez Ochoa pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de dicho país.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta de la interesada dirigida al H. Congreso de la Unión solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 1o. de marzo de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobierno.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, Secretario de Relaciones Exteriores, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.

Por lo anterior me permito anexar, para qué se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la notificación oficial del Gobierno de la República de Guatemala en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 1o. de marzo de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobierno.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. licenciado Jaime Virgilio Nualart Sánchez pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 1o. de marzo de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a la Primera Comisión.

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CONDECORACIONES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señoras y señores legisladores: el siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Ardelio Vargas Fosado, Margarita Atme Abud y Carlos Alberto de Icaza González, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros; Ivan Tranquilino Ramírez Rebolledo, Susana Seijas Davies, María de Lourdes Fernández Fernández, Mónica Lorena Orozco Guerrero y Norma Izumi Hoshilo Hayashida, puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros; Samuel Humberto Argeñal Olivera, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Honduras.

Publicados en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo, que suscribe, fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita los permisos constitucionales necesarios, para que los ciudadanos Lic. Ardelio Vargas Fosado, Margarita Atme Abud y Carlos Alberto de Icaza González, ex embajador de México en Japón, puedan aceptar y usar las condecoraciones de la Cruz del Mérito Militar, con Distintivo Blanco, de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz con Insignia y de la Orden del Sol Naciente, en grado de Gran Banda, que les confieren los Gobiernos de España y de Japón, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establecen la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano licenciado Ardelio Vargas Fosado, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz del Mérito Militar, con Distintivo Blanco, que le confiere el Ministerio de Defensa de España.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Margarita Atme Abud para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz con Insignia, que le confiere el Gobierno de España.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Carlos Alberto de Icaza González, ex embajador de México en Japón, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Gran Banda, que le confiere el Gobierno de Japón.

Sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 26 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente; Dip. Germán Martínez Cázares, Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), secretarios; Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. César Jáuregui Robles, Dip. Francisco Barrio Terrazas, Sen. Rómulo Campuzano González, Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Jorge Emilio González Martínez, Dip. Jesús Martínez Alvarez.»

Es de primera lectura.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

En oficios fechados el 11, 12 y 23 de febrero del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Iván Tranquilino Ramírez Rebolledo, Susana Seijas Davies, María de Lourdes Fernández Fernández, Mónica Lorena Orozco Guerrero y Norma Izumi Hoshiko Hayashida puedan prestar servicios en la Oficina Comercial Británica, en Guadalajara, Jalisco; en la Embajada de Australia; y en la Embajada de Estados Unidos de América en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día 25 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Oficina Comercial Británica, en Guadalajara, Jalisco; en la Embajada de Australia; y en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, serán de carácter administrativo; y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II) del apartado C) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Iván Tranquilino Ramírez Rebolledo para prestar servicios como agregado comercial en la Oficina Comercial Británica, en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Susana Seijas Davies para prestar servicios como encargada del área Desarrollo de Negocios en la Embajada de Australia, en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Fernández Fernández para prestar servicios como empleada administrativa (secretaria) en la Sección de Protección al Medio Ambiente de la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Mónica Lorena Orozco Guerrero para prestar servicios como colaboradora (program assistant) de un programa del Departamento del Tesoro de la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Norma Izumi Hoshiko Hayashida para prestar servicios como asistente de visas (visa clerk) en la sección de Visas de la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 26 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente; Dip. Germán Martínez Cázares, Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), secretarios; Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. César Jáuregui Robles, Dip. Francisco Barrio Terrazas, Sen. Rómulo Campuzano González, Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Jorge Emilio González Martínez, Dip. Jesús Martínez Alvarez.»

Es de primera lectura.

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CONSUL HONORARIO
El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 23 de febrero del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Samuel Humberto Argeñal Olivera pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Honduras en la ciudad de Morelia, con circunscripción consular en el estado de Michoa-cán.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día 25 de febrero, se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio interesado prestará a la República de Honduras serán de carácter estrictamente consular; y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV) del apartado C) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Unico. Se concede permiso al ciudadano Samuel Humberto Argeñal Olivera para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Honduras en la ciudad de Morelia, con circunscripción consular en el estado de Michoacán.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 26 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente; Dip. Germán Martínez Cázares, Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), secretarios; Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. César Jáuregui Robles, Dip. Francisco Barrio Terrazas, Sen. Rómulo Campuzano González, Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Jorge Emilio González Martínez, Dip. Jesús Martínez Alvarez.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Es de primera lectura.

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EMBAJADORES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Los siguiente puntos del orden del día son dictámenes a discusión.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo y a los decretos.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo y a los decretos, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se autoriza.

Se pide a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A las comisiones que suscriben les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace a favor de la ciudadana Sandra Camila Anto- nia Fuentes-Berain Villenave, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el Reino de los Paí-ses Bajos, para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, los miembros que integran esta Segunda Comisión deseamos señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por la ciudadana Sandra Fuentes-Berain Villenave, consta que nació en la Ciudad de México el 13 de junio de 1950. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designada. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

En su currículum vitae se establece que terminó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 1973, ascendiendo a embajadora en 1990.

Fue titular de nuestras embajadas en Canadá, Francia y de los consulados generales de México en Hong Kong, cuando era posesión británica, y en dos ocasiones en Milán, Italia. En ésta última ciudad abrió una oficina de promoción de inversiones hacia México con resultados muy alentadores: 500 millones de euros de inversión en tres años. La C. Fuentes-Berain Villenave mencionó que más que recursos financieros el titular de una embajada requiere tener imaginación y voluntad como promotor económico y cultural.

Quienes integramos esta Comisión convocamos a la embajadora Fuentes-Berain a una reunión para conocer el programa de trabajo que desarrollará en caso de ser ratificada por esta soberanía, así como para intercambiar puntos de vista sobre su perspectiva sobre la relación política, económica y de cooperación científica, cultural y educativa de México con el Reino de los Países Bajos y la presencia mexicana en los organismos multilaterales que tienen su sede en la capital de esa nación.

La Embajadora designada expuso, en dos niveles, la relación de México con los Países Bajos: el bilateral y multilateral.

En el documento que nos presentó la diplomática de carrera se asienta que los Países Bajos son la sexta economía más grande de Europa y la onceava del mundo, no obstante su reducida superficie territorial y una población que no rebasa los 16 millones de habitantes. Se distingue como una de las potencias mundiales por sus inversiones en el exterior, factor de importancia vital para muchas economías demandantes de recursos, en un mercado de capitales que reduce su oferta y concomitantemente incrementa su demanda, resultando en una lucha por su atracción entre países en vías de desarrollo.

Comentó la C. Fuentes-Berain que los Países Bajos se caracterizan por sus avances tecnológicos en campos como el transporte, los derivados del petróleo, la industria química y la electrónica. Puso énfasis en la situación geográfica y la tecnología de punta neerlandesa en el sector transportes que lo convierten en puerta de entrada a Europa, aunque precisó que no ha estado exento de la crisis económica mundial, lo que ha provocado una desaceleración de sus exportaciones y el incremento en las tasas de desempleo.

Señaló la embajadora designada que en política exterior los Países Bajos han mostrado un gran interés por el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y la regional en Europa, actualmente presiden la OTAN; que privilegian el fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas y el desa-rrollo del derecho internacional público y privado. Esto último le ha permitido convertir a la capital La Haya en el centro de gestión y deliberación de múltiples organismos internacionales como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal, la Permanente de Arbitraje y la Conferencia de Derecho Internacional Privado, entre las más significativas.

La ex cónsul general en Milán, Italia, afirmó que los Países Bajos coinciden con México en que la ONU debe jugar un papel central en el mantenimiento de la paz, no obstante este país europeo respaldó a Estados Unidos en el conflicto con Irak. De hecho comentó que regresa al multilateralismo con mucho entusiasmo.

En el campo económico comercial, la embajadora explicó a los miembros de la Comisión que la relación bilateral con nuestro país se vio fortalecida primero con la apertura en los ochentas de México al comercio internacional y posteriormente con la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM), lo que favoreció significativamente los intercambios y la inversión neerlandesa en México. Agregó que las relaciones comerciales alcanzaron en el 2003, 1200 millones de dólares con un superávit significativo para nuestro país, hecho que convirtió a esa nación en el sexto socio comercial de México dentro de la Unión Europea. Destacó que es aún más importante la relación, cuando se analiza la inversión neerlandesa en México, y ver que ocupa el segundo lugar como inversionista después de Estados Unidos de América y consiguientemente el primero dentro de la UE. Aprovechó la embajadora para trasmitir su preocupación a los miembros de la Comisión por el desenlace que pudiera tener el conflicto entre la empresa de seguros holandesa ING, establecida en nuestro país por el juicio promovido por la empresa mexicana de fertilizantes Fertinal por diferencias de pago de la póliza del seguro; quejándose la empresa holandesa de una supuesta parcialidad en el proceso judicial.

En el campo de la cooperación, la embajadora habló de las posibilidades de incrementarla pero también de formalizarla. Citó el caso de la construcción de embarcaciones, asistencia técnica a astilleros, dragado e intercambio de personal técnico. En el de la cooperación técnica y científica, comentó el reto de superar la ausencia de un marco jurídico dado que la cooperación actual se da de manera interinstitucional. Citó campos potenciales como el agrícola, tratamiento de tecnología de agua, medio ambiente, transporte marítimo y floricultura. Puntualizó que el problema se reduce a que ese país no considera a México como país en vías de desarrollo y por lo tanto no nos otorga el trato que da a otros países en vías de desarrollo.

El Tratado sobre Relaciones Culturales data de 1964 pero dijo la embajadora que es increíble que desde 1983 no se hayan reunido nuevamente las comisiones correspondientes a que hace alusión el Tratado. No obstante lo anterior hay un buen intercambio de becarios, especialistas y académicos y como muestra del éxito en este campo señaló los intercambios con la Universidad de Groningen.

La C. Fuentes-Berain señaló que las tareas de protección son prioritarias para la Embajada, no sólo de los 400 mexicanos que residen en esa nación sino debido al problema que constantemente sufren los mexicanos que entran a ese país como turistas y a quienes se les violan sus derechos humanos en el aeropuerto de Schiphol, a pesar de que cumplen con todos los requisitos legales de entrada. Comentó que algunos connacionales están en centros de readaptación holandesa debido a violaciones a las leyes en materia de posesión de narcóticos. Reiteró que en caso de ser ratificada, velará porque las autoridades neerlandesas cumplan con el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares que les obliga a la notificación consular.

En el ámbito multilateral, La Haya es sede de múltiples organismos multilaterales de los cuales México es parte. La embajadora designada en Países Bajos reseñó algunos de los casos más importantes para nuestro país que se ventilan en aquellos. Citó el llamado caso Avena de los 52 mexicanos condenados a pena de muerte en Estados Unidos de América, asunto que algunos miembros de la Comisión conocen perfectamente dado que el Senado ha estado atento a las audiencias en la Corte Internacional de Justicia y les ha dado seguimiento. Mencionó el hecho que el día de ayer se hubiera fijado la fecha de ejecución de uno de los reos en Oklahoma, expresando su gran preocupación.

Reseñó los retos de México y su representante en La Haya en otros organismos como la Corte Permanente de Arbitraje, ente complementario de la Corte Internacional de Justicia al que México ha sometido sus disputas por la vía del arbitraje o a la solución judicial; las ventajas de pertenecer a la Academia de Derecho Internacional de La Haya que organiza cursos y seminarios corno el realizado el año 2002 en nuestro país y enumeró otros más como el papel de México en la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado para finalizar con la Corte Penal Internacional, las reformas aprobadas a la Constitución, por el Senado mexicano y una exhortación para que pronto la Cámara de Diputados haga lo mismo para que México pueda adherirse al Estatuto de Roma lo más pronto posible.

Está convencida de que la diplomacia en los últimos tiempos se amplía a muchos otros ámbitos y en el caso particular de Holanda hay un amplio ámbito de acción particularmente la promoción del turismo a través de la riqueza cultural mexicana.

Finalmente, la diplomática de carrera puso énfasis en alguno de los compromisos y prioridades de su programa de trabajo:

Impulsar las visitas de actores políticos de Países Bajos a México y viceversa, sean a nivel de Poder Ejecutivo, Legislativo, empresarios, académicos, inversionistas, entre otros.

Promover la primera reunión del Mecanismo de Consulta Política entre Cancillerías.

Fortalecer los mecanismos de protección a connacionales que arriban al aeropuerto Schiphol.

Difundir las amplias posibilidades que ofrece México al inversionista holandés.

Promover la oferta de empresas mexicanas a los importadores holandeses.

Insistir en la conveniencia de establecer en Rotterdam un centro de distribución de productos mexicanos, tanto frescos como manufacturados, a través del apoyo de empresas de logística.

Promover entre inversionistas del ramo de floricultura su participación en proyectos nacionales orientados a fomentar la producción y exportación de flores hacia Norteamérica, aprovechando el TLCAN.

Impulsar las negociaciones para la actualización y firma de instrumentos jurídicos bilaterales y sus respectivos programas, que den cauce a la cooperación. Poner énfasis en el Convenio de Cooperación Técnica y Científica y respecto al cultural, negociar un aumento en el número de becas a estudiantes mexicanos.

Promover la imagen de México en los Países Bajos.

Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe hemos podido constatar que la ciudadana Sandra Fuentes-Berain Villenave reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el eficaz desempeño del cargo de embajadora de México ante el Reino de los Países Bajos para el que fue designada por el Presidente de la República de acuerdo a las facultades que le confiere la fracción III del artículo 89. En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo único.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la C. Sandra Camila Antonia Fuentes-Berain Villenave, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el Reino de los Países Bajos.

Sala de comisiones de la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.--- México, DF, a 2 de marzo de 2004.--- Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica), Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), secretaria; Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretario; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica), Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño, Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles, Sen. Demetrio Sodi de la Tijera, Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Jorge Emilio González Martínez.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

Señoras y señores legisladores: se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Sandra Camila Antonia Fuentes-Berain Villenave, cuyo nombramiento como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante el Reino de los Países Bajos, acaba de ser aprobado por esta Asamblea.

Para que la introduzcan a este salón y la acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: senadora Silvia Hernández Enríquez, diputado Carlos Flores Rico, diputado Sergio Penagos García, diputada Eliana García Laguna, diputado Luis Antonio González Roldán, diputado Pedro Vázquez González y diputado Jesús Martínez Alvarez.

(La comisión cumple con su encargo.)

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Se solicita a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Ciudadana doña Sandra Camila Antonia Fuentes-Berain Villenave: ¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante el Reino de los Países Bajos que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Sandra Camila Antonia Fuentes-Berain Villenave:

¡Sí, protesto!

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Felicidades, señora Embajadora.

Se ruega a la comisión designada acompañar a la señora embajadora cuando desee retirarse.

Continúe la Secretaría con el siguiente dictamen.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace a favor del ciudadano Juan José Bremer de Martino, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, los miembros que integran esta Comisión desean señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Juan José Bremer de Martino, consta que nació en la Ciudad de México, DF, el 22 de marzo de 1944. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para de-sempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

En su currículum vitae se establece que es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además del idioma español, habla inglés y alemán.

En la Administración Pública Federal se ha desempeñado como secretario privado (1972-1975) y subsecretario de la Presidencia de la República (1975-1976). Fue director general del Instituto Nacional de Bellas Artes de 1976 a 1882 y subsecretario de Cultura de la Secretaría de Educación Pública en 1982.

Fue diputado federal y Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la H. Cámara de Diputados durante la LIII Legislatura.

En el exterior ha sido embajador de México ante el Reino Suecia (1982), la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1988-1990), la República Federal de Alemania (1990-1998), el Reino de España (1998-2000) y de 2001 hasta febrero de 2004 fue embajador de México ante los Estados Unidos de América.

En su desempeño como legislador tuvo oportunidad de fungir como copresidente de las delegaciones mexicanas en las XXVI y XXVII Reuniones Interparlamentarias México-Estados Unidos en 1986 y 1988. Adicionalmente, ha dictado numerosas conferencias en el extranjero, de diversos temas de la agenda internacional.

La Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública que suscribe invitó al ciudadano Juan José Bremer de Martino a una entrevista en donde se analizó su perfil para el cargo propuesto por el Ejecutivo Federal y el programa de trabajo que seguirá en caso de ser ratificado su nombramiento por esta soberanía. Se conversó sobre el contexto político y económico del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Asimismo, se analizaron las relaciones bilaterales con México y las coincidencias de ambas naciones. Todo ello, en el marco de propuestas concretas que el embajador designado eleva a consideración de esta Comisión.

En el documento que el embajador designado entregó a esta Comisión destaca que la relación de nuestro país con el Reino Unido tiene dos vertientes fundamentales: la que corresponde estrictamente a la relación bilateral, misma que puede y debe ser profundizada; y la que se deriva del relevante papel que juega el Reino Unido en la escena internacional. Por ello propone trabajar para profundizar y ampliar el diálogo político con aquel país buscando los temas en los que existan coincidencias y que respondan a los objetivos y prioridades de la política exterior mexicana.

Destaca la importancia que tiene el Reino Unido para México, no sólo por su peso específico en el ámbito internacional y por su peso político y económico dentro de la región europea sino por la participación en foros internacionales de los que nuestro país forma parte, así como en grupos internacionales e instituciones internacionales con influencia en la economía mundial.

La relación con el Reino Unido se caracteriza por un diálogo fluido y constructivo en el marco de instrumentos jurídicos que norman la colaboración en materia de cooperación científica, técnica y cultural, económica e industrial, salud y seguridad, entre otros. En el ámbito de la relación política destacan las visitas y encuentros de alto nivel que han sostenido el Presidente de México y el Primer Ministro del Reino Unido. A éstas se suman los encuentros bilaterales en el marco de diversos foros multilaterales y reuniones en mecanismos de consultas políticas entre las cancillerías de ambos países.

El Reino Unido es la cuarta economía del mundo y el quinto país exportador a nivel mundial y, junto con Alemania y Francia, es el motor del comercio intraeuropeo. Asimismo, cuenta con una de las economías y de las monedas más competitivas del mundo. Es el 11° productor de energéticos del mundo, cuenta con amplias reservas de carbón, gas natural y petróleo. En los mercados financieros es importante no sólo por los flujos de inversión internacional que se generan, sino también por el papel multiplicador que tienen las empresas y grupos financieros establecidos en ese país.

En el plan de trabajo entregado por el C. Bremer de Martino a esta Comisión destaca la importancia que tiene para la Embajada aprovechar los contactos institucionales ya existentes para lograr un diálogo más fluido y permanente que enriquezca todas las áreas de cooperación. El fortalecimiento de la relación política será uno de los objetivos básicos de la Embajada, se buscará la promoción de los intereses de México en el Parlamento y ante el gobierno británico, así como con los gobiernos locales de Escocia, País de Gales e Irlanda del Norte.

En la comparecencia, puntualizó que no se ha aprovechado totalmente la relación con el Reino Unido y que habrá que aportarle una visión de largo plazo y que a ello habrá de dedicarse en caso de ser ratificado.

Asimismo, impulsará la creación del un ``Foro México-Reino Unido'' propuesto por este último durante la visita del Presidente de México en noviembre de 2002; se pretende que en él participen funcionarios gubernamentales y actores políticos como parlamentarios, empresarios, académicos, periodistas y representantes de organizaciones no gubernamentales, con la finalidad de abarcar temas políticos, económicos y sociales que permitan promover un nuevo entendimiento entre ambas naciones. Este foro deberá ayudar a repensar la relación con varios actores políticos de ambos países.

El C. Bremer de Martino destaca el valor central que tiene el diálogo parlamentario en la relación entre los países; por ello, se promoverán también visitas de funcionarios, legisladores, gobernadores y empresarios mexicanos.

En materia económica, el embajador designado expresó que a pesar de que México y el Reino Unido forman parte de los principales países exportadores e importadores del mundo, el comercio que se realiza entre ellos es aún muy reducido; el Reino Unido es el quinto socio comercial de México entre los países de la Unión Europea; es el cuarto destino de las exportaciones mexicanas a la UE y el quinto de nuestros proveedores de la región. Para el Reino Unido, México es su segundo socio comercial entre los países de América Latina. A partir de la entrada en vigor del TLCUEM, en julio del año 2000, el comercio entre ambos países se ha incrementado en un 4.3%, al pasar de 1 882.2 millones de dólares (mdd) en 1999 a 1 962.7 mdd en 2002, lo que representa el 9.1% del total del comercio de México con los países de la UE. En materia de inversiones, hasta finales del año 2002 se contaba con 49 empresas con capital británico en México, ubicadas principalmente en el DF, estado de México, Quintana Roo y Nuevo León. Una de las ventajas comparativas para México se presenta con la reevaluación del euro y la libra.

Tomando en cuenta lo anterior, el embajador designado se propone trabajar con las representaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior, de Nacional Financiera y del Consejo de Promoción Turística; fomentar visitas a nuestro país de empresarios y financieros británicos para promover las oportunidades de inversión en nuestro país, así como apoyar visitas de empresarios y financieros mexicanos al Reino Unido; mantener relaciones con las empresas británicas que tienen inversiones en México y con las cámaras de comercio regionales y apoyar la celebración de eventos que tengan como propósito la difusión y el contenido de oportunidades derivadas del TLCUEM.

En materia turística, se aprovecharán las ferias turísticas como el World Travel Market que se realizan en el Reino Unido para promover a nuestro país como un destino seguro para el vacacionista europeo y para fomentar las inversiones en esta actividad. El cuidado de la imagen de México en el Reino Unido también es importante, por ello se buscará incursionar en los mercados informativos británicos. La Embajada también continuará editando y difundiendo su gaceta informativa, ya que ha demostrado ser un medio efectivo de acercamiento con la comunidad mexicana que radica en ese país.

Para México, la cooperación internacional en materia educativa es una importante herramienta de la política exterior, ya que le significa la posibilidad de recibir y proporcionar colaboración técnica, científica, educativa y cultural, en diversas áreas y campos. Por ello, el embajador designado propone en su plan de trabajo revitalizar la cooperación institucional, abrir nuevos canales de comunicación y cooperación en el sector privado y especialmente en las fundaciones culturales y sociales, así como con los institutos de educación superior; buscar nuevos públicos y nuevos sectores, especialmente con la juventud, para difundir los valores de nuestra cultura y nuestra tradición histórica; se promoverá la visita de artistas e intelectuales mexicanos para mostrar las posibilidades que nuestro país tiene en el campo de la cultura. Asimismo, se apoyará el desarrollo de programas de becarios en las prestigiadas universidades británicas, en cifras del gobierno de ese país a la fecha el número de becarios asciende a 3 000.

La cooperación técnica y científica es un componente esencial de la cooperación internacional, mediante la cual se realiza la transferencia de conocimientos requeridos para coadyuvar a la solución de necesidades y problemas puntuales, así como para apoyar el desarrollo de habilidades, por ello la Embajada de México pondrá especial empeño y dará especial seguimiento a los temas relacionados con el desarrollo científico y de nuevas tecnologías.

Durante la comparecencia se trataron diferentes temas y en especial el camino que México debe andar para aprovechar más su relación con el Reino Unido, y especialmente en temas como derechos humanos y el papel de las organizaciones no gubernamentales en el mismo, sobre todo con Amnistía Internacional.

Para finalizar, el C. Bremer de Martino mencionó que la Embajada seguirá participando activamente junto con la Cancillería mexicana en las organizaciones internacionales de las que México es parte y que tienen sede en el Reino Unido.

Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los miembros de la Comisión que suscriben hemos podido constatar que el ciudadano Juan José Bremer de Martino reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el eficaz desempeño del cargo para el que fue designado por el Presidente de la República de acuerdo a las facultades que le confiere la fracción III del artículo 89. Asimismo, posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Juan José Bremer de Martino como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Sala de comisiones de la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, DF, a 2 de marzo de 2004.--- Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica), Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica), Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño, Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles, Sen. Demetrio Sodi de la Tijera, Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Jorge Emilio González Martínez.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Está a discusión el punto de acuerdo...

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

Señoras y señores legisladores:

Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano don Juan José Bremer de Martino, cuyo nombramiento como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte acaba de ser aprobado por esta Asamblea.

Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley se designa en comisión a los siguientes legisladores: Senadores: doña Silvia Hernández Enríquez, don Ernesto Gil Elorduy, don Juan José Rodríguez Prats, don Demetrio Sodio de la Tijera: diputados: don Luis Antonio González Roldán, don Pedro Vázquez González, y don Jesús Martínez Alvarez.

(La comisión cumple con su encargo.)

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Se solicita a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Ciudadano don Juan José Bremer de Martino: ¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Juan José Bremer de Martino:

¡Sí, protesto!

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Embajador!

Se ruega a la comisión designada acompañar al señor embajador, cuando desee retirarse.

Continúe la Secretaría.

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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Héctor Saldaña Hernández como magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Honorable Asamblea:

Los integrantes de la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

El pasado 4 de febrero del presente le fue turnado a la Tercera Comisión para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento del Lic. Héctor Octavio Saldaña Hernández como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que hizo el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Vicente Fox Quesada, con fundamento en el artículo 27, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Héctor Octavio Saldaña Hernández, consta que nació en el municipio de H. del Parral, Chihuahua, el 1º de abril de mil novecientos cuarenta y seis. En tal virtud reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requiere para desempeñar el cargo para el que ha sido asignado. A su vez se encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

En su currículum se establece que estudió la licenciatura en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, con cédula profesional número 485560 con fecha del 3 de febrero de 1978, con lo que salva el requisito de haber estudiado la licenciatura en derecho con título registrado cuando menos 10 años antes de dicha fecha.

Con respecto a la experiencia y práctica en materia fiscal de por lo menos 7 años que se establece como uno de los requisitos en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, se respalda mediante su ejercicio profesional en dicha materia en diversas áreas desde el año de 1971 en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, siendo presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en varias ocasiones.

Con el objetivo de contar con mayores elementos para la elaboración de un dictamen, la Comisión que suscribe citó al ciudadano Héctor Octavio Saldaña Hernández.

Dicha reunión tuvo lugar el 17 de febrero de 2004, y en ella los legisladores que integramos esta Comisión que dictamina dialogamos sobre su experiencia.

Con base en el expediente anteriormente mencionado, la entrevista referida, el procedimiento y la información adicional recibida, los legisladores miembros de esta Comisión hemos podido constatar que el ciudadano Héctor Octavio Saldaña Hernández cumple los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En tal virtud, someternos a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- En uso de las facultades que le confiere el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Héctor Octavio Saldaña Hernández, como magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Dado en el Salón de Comisiones, el día 3 de marzo de 2004.--- Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente.--- Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Presidente; Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda, Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica), secretarios; Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Dip. Francisco Barrio Terrazas, Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Dip. Luis Antonio González Roldán, Dip. Minerva Hernández Ramos, Dip. Pedro Vázquez González, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Sen. César Camacho Quiroz (rúbrica), Sen. Fernando Gómez Esparza (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Sen. Rómulo Campuzano González.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Está a discusión el punto de acuerdo...

La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba este punto de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo....Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

Señoras y señores legisladores:

Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano don Héctor Octavio Saldaña Hernández, cuyo nombramiento como magistrado de la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa acaba de ser aprobado por esta Asamblea.

Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes ciudadanos legisladores: senadores, doña Silvia Hernández Enríquez, don César Camacho Quiroz, don Héctor Larios Córdova; diputados: doña Eliana García Laguna, don Luis Antonio González Roldán, don Pedro Vázquez González y don Jesús Martínez Alvarez.

(La comisión cumple con su encargo.)

La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

Pedimos que se pongan de pie, por favor.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Ciudadano don Héctor Octavio Saldaña Hernández: ¿protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado de la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Héctor Octavio Saldaña Hernández:

¡Sí, protesto!

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Felicidades, señor magistrado.

Se ruega a la comisión designada, acompañar al magistrado cuando desee retirarse.

Antes de que la Secretaría continúe, se hace del conocimiento del honorable pleno de legisladores, que se encuentra en el salón de sesiones de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, una delegación de 15 parlamentarios del Reino de Dinamarca encabezada por los excelentísimos señores Eiding de Selvo Imogen y Norgard Federsen, Presidente y Vicepresidente del Comité de Medio Ambiente del Parlamento Danés, respectivamente, así como por el Excelentísimo señor Soren Aslung, embajador de ese país en México, quienes efectúan una visita de trabajo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Esta Presidencia les da la más cordial bienvenida y les desea que su estancia en nuestro país y particularmente en el Congreso mexicano, fortalezca los lazos de amistad, de respeto y cooperación tradicionales en la relación entre Dinamarca y México.

Bienvenidos, señores.

Continúe la Secretaría con el siguiente punto de acuerdo.

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MEXICO-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

Con gusto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, una proposición con punto de acuerdo, presentada por la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal promueva un acuerdo migratorio justo con su similar de Estados Unidos de América.

Con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a partir del análisis del documento referido, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen:

Es un hecho irrefutable que la migración hacia Estados Unidos parte de la marginación social, la asimetría en el desarrollo económico y social de ambos países, en las diferencias salariales y de oportunidades de empleo; sin embargo, México y Estados Unidos han avanzado en la construcción de entendimientos para atender las manifesta- ciones del fenómeno migratorio. Para ello, se han establecido foros y mecanismos bilaterales y multilaterales para impulsar el diálogo y la cooperación en esta materia, creado un marco institucional de certidumbre que ha permitido superar problemas coyunturales.

La defensa de los derechos humanos del trabajador migrante y su familia ha sido un tema de gran importancia para los legisladores integrantes de esta Legislatura, quienes se han manifestado a través de diversas vías, incluyendo puntos de acuerdo, acciones directas frente a sus contrapartes o expresando ante actores políticos estadounidenses que la solución al fenómeno migratorio es corresponsabilidad de ambas naciones, sus diferentes niveles de gobierno y sus respectivas sociedades y que esta toma de conciencia es el primer paso para consolidar una relación política, económica y social de beneficio compartido como vecinos, socios y miembros de la comunidad internacional de naciones soberanas.

Estados Unidos está en el futuro y destino de México, tanto como nosotros en el suyo, tenemos o compartimos con ellos más de tres mil doscientos kilómetros de frontera común, que representa casi un millón de cruces de personas por día en estas fronteras. Los migrantes mexicanos contribuyen al funcionamiento de una economía binacional, produciendo y pagando impuestos en Estados Unidos y enviando remesas a sus familiares en México, convirtiéndose en la segunda fuente de ingresos en la República Mexicana.

El fenómeno migratorio es, por consiguiente, consustancial a la política exterior mexicana que tiene como propósito la defensa de los intereses de México en el exterior. La solución al fenómeno migratorio debe ser integral, no como una concesión gratuita o condicionada, en vista de la importancia que para la economía estadounidense tiene la mano de obra mexicana.

Por ello, los legisladores que integramos esta Comisión dictaminadora consideramos importante la intervención tanto del Gobierno Federal como del Poder Legislativo para buscar un mecanismo que permita alcanzar una migración legal, segura y ordenada y, en especial, respetuosa de los derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes mexicanos. Asimismo, coincidimos en que la reciente iniciativa del Presidente Bush es un paso importante para retomar el tema migratorio, ya que se reconoce la aportación que hacen estos trabajadores a la economía norteamericana; sin embargo, creemos que este paso no es el primero ni el único medio para resolver el creciente fenómeno de la migración, ya que para lograrlo es necesario retomar las iniciativas presentadas ante el Congreso de Estados Unidos de América, pero también por parte del gobierno mexicano debe elaborarse una propuesta bilateral Ejecutivo-Congreso que ofrezca una alternativa al problema.

Por lo anteriormente expuesto y tomando en consideración que es necesario lograr un acuerdo integral que contemple la seguridad en la frontera, aumento en el número de visas permanentes, un esquema de trabajadores temporales, la promoción del desarrollo económico en las zonas expulsoras de migrantes y, finalmente, la regularización de los trabajadores indocumentados en Estados Unidos, los miembros de esta Comisión sometemos a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente punto de

Acuerdo

Artículo único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que durante el próximo encuentro que sostendrá con su homólogo de Estados Unidos de América en Crawford, Texas, exprese el interés prioritario de todas las fuerzas políticas representadas en esta soberanía, en que se avance en los términos de la reforma migratoria que amplíe los derechos a los mexicanos migrantes.

Sala de comisiones de la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, DF, a 2 de marzo de 2004.--- Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica), Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica), Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño, Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles, Sen. Demetrio Sodi de la Tijera, Sen. Rafael Melgoza Radillo y Sen. Jorge Emilio González Martínez.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo...

Como esta Presidencia no tiene oradores registrados, se considera suficientemente discutido y por lo tanto se instruye a la Secretaría para que en votación económica se pregunte si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

En votación económica se pregunta a la Asamblea... perdón.

En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo leído.

Los legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada...

Los legisladores y legisladoras que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

Así se hará.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Continúe la Secretaría.

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MEXICO-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, una proposición con punto de acuerdo del diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en la que solicita se convoque a una reunión interparlamentaria México-Estados Unidos de América para solucionar el problema migratorio entre ambos países.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de nuestra Constitución Política, y 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a partir del análisis de la comunicación referida, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen.

Hasta esta fecha se han celebrado cuarenta y dos reuniones interparlamentarias entre ambos países desde que se establecieron oficialmente, en 1962. Se crearon como respuesta a una necesidad de iniciar un diálogo formal entre los Congresos, donde convergían intereses plurales, y para México fueron un foro para que los legisladores estadounidenses conocieran de manera objetiva la situación política, económica y social de México y comprendieran la posición basada en principios de la política exterior de México con respecto a su país y la región latinoamericana, en el marco de la llamada ``guerra fría''.

Los temas discutidos han incluido tanto los problemas bilaterales más sensibles de una relación compleja y amplia como acontecimientos coyunturales. En este contexto, la migración, como tema de discusión, siempre ha estado presente. Sin embargo, cabe resaltar que las prioridades de la agenda han ido cambiando y será hasta los noventa cuando el fenómeno migratorio ocupará un lugar central en las propuestas mexicanas. De hecho, antes de los setenta, el tema migratorio no tenía el peso específico actual, ya que el flujo migratorio estaba regulado por el Acuerdo Bracero, el cual estuvo vigente de 1942 a 1964.

Quienes integramos esta Comisión analizamos el contenido de las últimas interparlamentarias de 1999 a 2003, que se llevaron a cabo en las ciudades de Savannah, Georgia; Puebla, Puebla; Napa, California; Guanajuato, Guanajuato; y la más reciente en Nashville, Tennessee. En todas ellas, el tema migratorio ocupó la atención de ambas delegaciones y la insistencia de la parte mexicana de lograr el mejoramiento en la calidad de vida de los migrantes, el respeto por sus derechos humanos y laborales; el aumento de las visas temporales; el desarrollo regional de las zonas expulsoras de migrantes y el reconocimiento a la aportación que a la economía estadounidense hace el trabajador mexicano residiendo en ese país.

Algunos senadores miembros de esta Comisión hemos participado activamente en la organización y discusión de esta temática durante la anterior Legislatura. Así, durante la XLII Interparlamentaria, celebrada en Nashville, Tennessee, fue ampliamente discutido el tema migratorio. La delegación mexicana externó su preocupación por algunas medidas de legislación interna norteamericana que, de aprobarse, dañarían los derechos humanos de los migrantes y reconoció las iniciativas de congresistas estadounidenses cuyo espíritu coincide con las posiciones mexicanas.

Los miembros de esta Comisión estamos de acuerdo en la importancia de las interparlamentarias y que, en ellas, la parte mexicana continúe manteniendo con firmeza nuestra posición, no sólo de discutir sino encontrar respuestas a un fenómeno que es universal, estructural, que responde a las leyes de la oferta y la demanda en ambas economías y, sobre todo, en el caso de la estadounidense, se ve favorecida por la aportación del migrante mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la delegación que designe esta soberanía a participar en la 43ª Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, a celebrarse en el presente año, incluya de manera prioritaria el tema migratorio en la agenda correspondiente.

Sala de comisiones de la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, DF, a 2 de marzo de 2004.--- Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica), Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica), Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño, Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles, Sen. Demetrio Sodi de la Tijera, Sen. Rafael Melgoza Radillo y Sen. Jorge Emilio González Martínez.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo...

Como esta Presidencia no tiene oradores registrados, se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo y se instruye a la Secretaría para que en votación económica pregunte a la Asamblea si se aprueba.

La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada...

Los legisladores que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

Así se hará, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Continúe la Secretaría.

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CISJORDANIA
La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, una proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia para que la Comisión Permanente se pronuncie a favor de la postura que México adoptó en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la construcción de un muro de seguridad que atraviesa Cisjordania.

Antecedentes

Los miembros de esta Comisión analizamos la propuesta del ciudadano diputado Jesús Martínez Alvarez, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Convergencia, en el contexto de los alcances de la Resolución ES 10/14 de la Asamblea General de Naciones Unidas, del 8 de diciembre del 2003 así como en el contexto del conflicto de Medio Oriente, cuyos antecedentes más inmediatos se ubican en la creación del Estado de Israel y el consiguiente desplazamiento de la población palestina, seguido de los conflictos bélicos regionales entre Israel y países árabes en la sexta y séptima décadas del siglo XX. En síntesis, hablamos de los múltiples intentos de Naciones Unidas y otros sujetos del derecho internacional para buscar soluciones negociadas a un conflicto que pone en peligro la paz y seguridad internacionales pero sobre todo, la vida de seres inocentes que en el año 2000 alcanzaron la cifra de 2,500 palestinos y 900 israelíes, muertes lamentables que desde esa fecha y hasta esta semana, ocupan las planas y comentarios de los medios de comunicación internacionales.

La Comisión ha hecho un repaso histórico de la posición de México a lo largo de los últimos años destacándose la verticalidad de la política exterior mexicana sustentada en los principios constitucionales de no intervención y solución pacífica de controversias, el apoyo a todas las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sustentadas en aquellos principios.

Se destacaron las últimas iniciativas de la ONU y algunos países industrializados como la llamada ``Hoja de Ruta'' que establece un calendario de metas específicas para avanzar hacia una solución permanente del conflicto palestino-israelí, basada en la coexistencia de dos Estados.

No escapó a la reflexión de los legisladores, la intensa labor desplegada por líderes de opinión mundial y la del Secretario General Kofi Annan, quien en enero pasado hizo un enérgico llamado a ``combatir la islamofobia y el antisemitismo'' advirtiendo que tolerar estas actitudes equivale a ser cómplice de ellas.

Al analizar la propuesta de punto de acuerdo del diputado Jesús Martínez Alvarez, los miembros de esta Comisión dimos lectura a la Resolución ES 10/14 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 8 de diciembre próximo pasado, en la que se solicita a la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre las circunstancias jurídicas de la construcción de la barrera, que atravesará 700 kilómetros a través de Cisjordania y el margen occidental del Río Jordán y que a la fecha se ha levantado en 200 kilómetros, en las cercanías de Jerusalén y Ramallah.

Se comentó acerca de la posición que ambas partes han manifestado. Por un lado, el gobierno israelí, argumenta que el muro es una medida defensiva con la intención de frenar el ingreso de terroristas, armas y explosivos que el gobierno palestino es incapaz de detener. Israel pidió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya que acepte no tener jurisdicción para pronunciarse sobre el tema solicitado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Por otro lado, la comunidad árabe y gran parte de la sociedad internacional se pronuncian contra la construcción del muro en el llamado Banco Occidental, por ser una violación flagrante a los derechos humanos fundamentales al dividir familias y ciudadanos de un mismo origen.

El tema de la construcción del muro había sido discutido antes de la resolución mencionada, cuando el bloque de naciones árabes lo puso como tema de la agenda de discusión en ese entonces la Resolución ES 10/13 en la que se afirmaba que la construcción del muro socavaba el proceso de paz y la llamada ``Hoja de Ruta'' o negociaciones para un acuerdo entre las partes.

La Resolución ES 10/14 contó con 90 votos a favor, 8 en contra, entre ellos los de Israel, Estados Unidos, Micronesia e Islas Marshall, y 74 abstenciones, incluidas las de los países integrantes de la Unión Europea. A favor votaron representantes de la Conferencia Islámica, México y los miembros del Movimiento de Países no Alineados. Pese a su preocupación por el impacto adverso del muro, la Unión Europea se abstuvo, por considerar que ``la iniciativa es inapropiada y no contribuye a relanzar la negociación entre las partes''.

México en su voto tomó en cuenta que las Naciones Unidas han insistido en que la construcción puede convertirse en uno de los principales obstáculos para reanudar el estancado proceso de paz entre la Autoridad Palestina e Israel y en un ingrediente más que alimenta el odio racial, el cual retroalimenta el terrorismo en la región, al dejar aislados a 350,000 palestinos, incluso de sus familias.

Se mencionó durante la discusión del dictamen que Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y copatrocinador del proceso pacificador en el Cercano Oriente y en particular del llamado ``cuarteto'' de mediadores internacionales, se ha convertido en un actor importante para que la Corte Internacional en La Haya emita una opinión desfavorable al muro.

Los miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo con la posición mexicana en Naciones Unidas de privilegiar el diálogo frente a la confrontación entre las partes; a continuar las negociaciones bilaterales entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina encaminadas a reanudar cuanto antes la realización de la ``Hoja de Ruta'' como el único remedio eficaz para alcanzar un arreglo pacífico y justo del conflicto en Medio Oriente.

Con fundamento en el artículo 78, fracción III, de nuestra Constitución Política, 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a partir del análisis de la comunicación referida, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Unico. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respalda la postura que el Ejecutivo Federal adoptó en el seno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 8 de diciembre pasado en el sentido de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya emita una opinión consultiva sobre la legalidad de la construcción del llamado Muro de Seguridad en Cisjordania.

Sala de comisiones de la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.--- México, DF, a 2 de marzo de 2004.--- Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica), Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica), Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño, Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles, Sen. Demetrio Sodi de la Tijera, Sen. Rafael Melgoza Radillo y Sen. Jorge Emilio González Martínez.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo...

Como esta Presidencia no tiene oradores registrados, se considera que se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo y se instruye a la Secretaría para que en votación económica pregunte a la Asamblea si se aprueba.

La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado por mayoría, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

Continúe la Secretaría.

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TARIFAS ELECTRICAS
La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo en relacion con el exhorto a la Comisión Federal de Electricidad para la Reestructuración de las Tarifas Eléctricas para Uso Industrial.

Honorable Asamblea:

Los integrantes de la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

Punto de Acuerdo

1.- El día 11 de febrero del año en curso el senador Fernando Gómez Esparza, del Partido Revolucionario Institucional, presentó al Pleno de la Comisión Permanente, el siguiente punto de acuerdo.

Unico.- Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a reestructurar la clasificación de las tarifas eléctricas industriales, de tal forma que la tarifa denominada ``Energía Punta'' quede eliminada del esquema tarifario industrial, y sólo se conserven las tarifas ``Energía Base'' y ``Energía Intermedia'' de dicha clasificación. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la debida participación de las Secretarías de Energía y Economía a aceptar, en su momento, la propuesta de reestructuración tarifaria.

2.- El día 11 de febrero del año en curso los diputados José Manuel Abdala de la Fuente y Carlos Flores Rico, del Partido Revolucionario Institucional de México, presentaron al Pleno de la Comisión Permanente, el siguiente punto de acuerdo.

Unico.- Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Energía, y a la Comisión Federal de Electricidad, para que en términos por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, proceda a fijar la tarifa eléctrica 1E en los municipios fronterizos de Ciudad Guerrero, Miguel Alemán y Camargo, del norte del estado de Tamaulipas.

3.- En sesión de la Tercera Comisión, se planteó por el diputado Rogelio H. Rueda Sánchez solicitar se incorpore la tarifa de uso acuícola en los mismos términos que la vigente de riego agrícola. Ello, en virtud de que no existe una tarifa que prevea el uso de energía eléctrica en granjas acuícolas y se considera a la acuacultura como una actividad primaria, que hay que fomentar, en términos de la legislación para el desarrollo rural integral.

Consideraciones

1.- Que el abastecimiento y generación de energía eléctrica es una prioridad para cualquier nación y afecta directamente a la creación de empleos, el desarrollo regional, las finanzas públicas y el ingreso de las familias.

2.- Que por lo tanto, el desarrollo óptimo del sector eléctrico y sus actividades es fundamental para lograr el crecimiento, evitar el cierre de empresas y fomentar el bienestar de la población.

3.- Que si la venta de energía eléctrica se rige por las tarifas y una política adecuada al respecto, puede dar los incentivos necesarios para la producción, la competitividad y la rentabilidad de las empresas nacionales.

4.- Que la industria es el eje primordial del crecimiento económico del país y en México, los costos de la electricidad son mayores a los que enfrenta la competencia en el mundo.

5.- Que la clasificación tarifaria para uso industrial, de acuerdo con los horarios, marca diferencias elevadas entre los 3 tipos de tarifas (``Energía Base'', ``Energía Intermedia'' y ``Energía Punta'').

6.- Que asimismo, existe heterogeneidad en las tarifas que se cobran en algunos municipios del país. Específicamente, en los municipios fronterizos de Ciudad Guerrero, Miguel Alemán y Camargo, en el estado de Tamaulipas, las tarifas cobradas son más altas a las que corresponden por sus niveles de temperatura.

7.- Que es necesario establecer criterios más justos respecto a las tarifas en los municipios que por su clima, utilizan mayores cantidades de energía.

8.- Que por lo anterior, antes de poder tomar alguna decisión, para aumentar la competitividad de las empresas mexicanas e igualar la situación tarifaria de los municipios, se requiere de una revisión y estudio profundos de las tarifas tanto de uso industrial, como de las que se cobran en los lugares de temperaturas cálidas.

Dictamen

La Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, presenta a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta:

A).- A la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reestructurar la clasificación de las tarifas eléctricas industriales, de tal forma que la tarifa denominada ``Energía Punta'' quede eliminada del esquema tarifario industrial, y sólo se conserven las tarifas ``Energía Base'' y ``Energía Intermedia'' de dicha clasificación.

B).- A las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, para que en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, proceda a fijar la tarifa eléctrica 1E en los municipios fronterizos de Ciudad Guerrero, Miguel Alemán y Camargo, del norte del estado de Tamaulipas.

C).- A la Comisión Federal de Electricidad y SHCP a establecer la misma tarifa en la acuacultura que la que está establecida en el riego agrícola.

Finalmente y considerando lo complejo y discutido del sistema tarifario se exhorta.

D).- A la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía a realizar una revisión profunda del sistema de tarifas eléctricas en México bajo criterios de mayor justicia, fomentando la competitividad en las tarifas de uso industrial y el equilibrio para los usuarios que habitan en zonas de clima cálido. Lo anterior, buscando que no se vean afectados los ingresos de la Comisión Federal de Electricidad ni se vea incrementado el déficit de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Dado en el salón de comisiones, el día 3 de marzo de 2004.--- Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente.--- Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Presidente; Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda, Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica), secretarios; Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Dip. Francisco Barrio Terrazas, Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Dip. Luis Antonio González Roldán, Dip. Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Dip. Pedro Vázquez González, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Sen. César Camacho Quiroz (rúbrica), Sen. Fernando Gómez Esparza (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Sen. Rómulo Campuzano González.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo.

Como esta Presidencia no tiene oradores registrados, se considera que los puntos de acuerdo están suficientemente discutidos y se instruye a la Secretaría para que en votación económica se pregunte a la Asamblea si se aprueba.

La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Aprobados los puntos de acuerdo.

Continúe la Secretaría.

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BANCO DE MEXICO
La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo en relación con la proposición para que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores diseñen una estrategia para que el exceso de liquidez se canalice a la inversión productiva.

Honorable Asamblea:

Los integrantes de la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

1.- El día 21 de enero del año en curso la diputada Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, presentó al Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente propuesta con punto de acuerdo.

Punto de Acuerdo

Unico.- Que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores diseñen una estrategia para que el exceso de liquidez bancaria se canalice a la inversión productiva y ya no a la mera especulación, para que la banca múltiple se comprometa con el crecimiento económico del país y contribuya a alcanzar la meta de 3% fijada para el 2004 en los Criterios de Política Económica.

Que dicha estrategia sea presentada por el gobernador del Banco de México ante esta Comisión Permanente y se conozcan los mecanismos para hacer cumplir la obligatoriedad del sector financiero en el financiamiento de desa-rrollo.

Consideraciones

Debido a que el pasado día 25 de febrero del año en curso se dictaminó el punto de acuerdo presentado por el senador Demetrio Sodi de la Tijera, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a solicitar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de las Cámaras de Senadores y de Diputados que integren un grupo especial de trabajo que estudie la situación del sistema bancario nacional, del mercado de crédito, del financiamiento para la pequeña y mediana empresa y el financiamiento para el campo y, debido a la importancia que reviste el buen desempeño del sistema bancario en la expansión de la inversión productiva, la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, presenta a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el siguiente:

Dictamen

Punto de Acuerdo

Unico.- En alcance del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el día 25 de febrero, que exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de las Cámaras de Senadores y de Diputados, a que integren un grupo especial de trabajo que estudie la situación del sistema bancario nacional, se les exhorta a que, de crear estos grupos de trabajo incluyan el estudio de la existencia de exceso de liquidez bancaria para que, en su caso, ésta se canalice a la inversión productiva.

Dado en el salón de comisiones, el día 3 de marzo de 2004.--- Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente.--- Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Presidente; Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda, Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica), secretarios; Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Dip. Francisco Barrio Terrazas, Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Dip. Luis Antonio González Roldán, Dip. Minerva Hernández Ramos, Dip. Pedro Vázquez González, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Sen. César Camacho Quiroz (rúbrica), Sen. Fernando Gómez Esparza (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Sen. Rómulo Campuzano González.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo...

No habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo y se instruye a la Secretaría para que pregunte a la Asamblea si se aprueba.

La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Aprobado el punto de acuerdo.

Continúe la Secretaría.

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EMPLEO
El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo en relación con la proposición para citar a comparecer al Secretario de Economía.

Honorable Asamblea:

Los integrantes de la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

1. El día 21 de enero del año en curso, la diputada Marcela Guerra Castillo, del Partido Revolucionario Institucional de México, presentó al Pleno de la Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. En virtud del desconcierto que han generado las desafortunadas declaraciones de altos funcionarios del Gobierno Federal encargados de impulsar la economía nacional y la creación de empleos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer al secretario de Economía, Fernando Canales Clariond, para que explique a esta soberanía de manera detallada y exhaustiva sus recientes declaraciones sobre la incapacidad del Gobierno Federal para generar los empleos que requiere la población. De igual manera, cita a comparecer ante esta Comisión Permanente al secretario de Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza, para que de forma puntual aclare cuál es la situación del empleo en México y explique por qué entre las áreas de la misma dependencia existen serias contradicciones en las cifras del desempleo.

2. El día 18 de febrero del año en curso, la diputada Marcela Guerra Castillo, del Partido Revolucionario Institucional de México, presentó al Pleno de la Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Debido a las muchas dudas que han surgido sobre el financiamiento que otorga el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim), a través del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Finafim), la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante su Tercera Comisión de Trabajo al secretario de Economía, Fernando Canales Clariond, a efecto de que informe exhaustivamente a esta soberanía la situación real que guardan las líneas de crédito autorizadas dentro del citado programa gubernamental.

Consideraciones

Debido a la importancia que reviste el tema del impulso a las iniciativas productivas de los individuos y grupos sociales en condiciones de pobreza en todas las regiones del país, la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente presenta a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Dictamen

Punto de Acuerdo

Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer, ante la Tercera Comisión, al secretario de Economía, a efecto de que informe a esta soberanía acerca la situación del empleo y el Programa de Microfinanciamiento en México.

Dado en el salón de comisiones, el día 3 de marzo de 2004.--- Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente.--- Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Presidente; Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda, Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica), secretarios; Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Dip. Francisco Barrio Terrazas, Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Dip. Luis Antonio González Roldán, Dip. Minerva Hernández Ramos, Dip. Pedro Vázquez González, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Sen. César Camacho Quiroz (rúbrica), Sen. Fernando Gómez Esparza (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Sen. Rómulo Campuzano González.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Está a discusión el punto de acuerdo...

Como no hay oradores registrados se considera suficientemente discutido y se instruye a la Secretaría para que en votación económica consulte a la Asamblea si se aprueba.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobado el punto de acuerdo y comuníquese.

Continúe la Secretaría.

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GRADOS MILITARES
El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor José Ricardo Bárcena Rosiles como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete Numerario, en el Heroico Colegio Militar el 1o. de septiembre de 1971, fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1975;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 32 años, 3 meses y 8 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano José Ricardo Bárcena Rosiles.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez, Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Juan Osuna González como Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Soldado de Fuerza Aérea Fusilero Paracaidista, en el Primer Batallón de la Brigada de Fusileros Paracaidistas el 17 de agosto de 1976, fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1981;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 27 años, 3 meses y 19 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Segunda Clase correspondiente a 25 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Juan Osuna González.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez, Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea Controlador de Vuelo Diplomado de Estado Mayor Aéreo Isidro Morales Aguilar, como Coronel de Fuerza Aérea Controlador de Vuelo Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como alumno en la Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea, el 1o. de septiembre de 1977, fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Despachador de Vuelo, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1981;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 26 años, 3 meses y 8 días, con antigüedad en el empleo anterior de 5 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Segunda Clase, por 25 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de Fuerza Aérea Controlador de Vuelo Diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Fuerza Aérea Controlador de Vuelo Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Controlador de Vuelo Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Isidro Morales Aguilar.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez, Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003, por el Presidente de la República, en favor del ciudadano Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Alfonso Rodríguez Sierra, como Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete en la Escuela Militar de Aviación, el 1o. de septiembre de 1977, fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1º de septiembre de 1981;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 26 años, 3 meses y 5 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Segunda Clase, correspondiente a 25 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Alfonso Rodríguez Sierra.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez, Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Médico Cirujano Dámaso Chávez López como Coronel Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete en la Escuela Médico Militar el 1o. de septiembre de 1970, fue ascendido como Capitán Primero Pasante de Medicina, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1975;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 33 años, 3 meses y 5 días, con antigüedad en el empleo anterior de 11 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel Médico Cirujano, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel Médico Cirujano, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de Coronel Médico Cirujano que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Dámaso Chávez López.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez, Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Rodolfo Rodríguez Quezada como Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete en la Escuela Militar de Aviación 11 de noviembre de 1974, fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1978;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 29 años, 0 meses y 25 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Segunda Clase, correspondiente a 25 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Rodolfo Rodríguez Quezada.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez y Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Jaime López Reyes, como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de septiembre de 1970, fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1974;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 33 años, 3 meses y 8 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, por 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Jaime López Reyes.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez y Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003, por el Presidente de la República, en favor del ciudadano Coronel de Justicia Militar y licenciado Marco Antonio Cue Prieto, como General Brigadier de Justicia Militar y licenciado, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 5 de enero de 1971, fue ascendido como Subteniente de Artillería, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1º de septiembre de 1974;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 32 años, 11 meses y 1 día, con antigüedad en el empleo anterior de 9 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Coronel de Justicia Militar y licenciado, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier de Justicia Militar y licenciado, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier de Justicia Militar y licenciado que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Marco Antonio Cue Prieto.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez y Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Ángel Antonio Cabrera como General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete en la Escuela Militar de Aviación el 4 de septiembre de 1972, fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador por acuerdo del secretario del ramo el 1o. de septiembre de 1976;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a. la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 3 meses y 1 días, con antigüedad en el empleo anterior de 5 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea; la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Ángel Antonio Cabrera.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez y Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo David Mascareñas Gutiérrez como Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete, en la Escuela Militar de Aviación, el 1o. de septiembre de 1979, fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1983;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 24 años, 3 meses y 8 días, con antigüedad en el empleo anterior de 4 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Tercera Clase correspondiente a 20 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano David Mascareñas Gutiérrez.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez y Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Coronel Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica Luis Gómez Sosa, como General Brigadier Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Soldado de Transmisiones en el Pelotón del Servicio del 30º Batallón de Infantería, el 14 de octubre de 1964, fue ascendido como Subteniente de Transmisiones, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1975;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 39 años, 1 mes y 22 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial por 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Coronel Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Luis Gómez Sosa.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez y Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003, por el Presidente de la República, en favor del ciudadano Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor Francisco Aguilar Hernández, como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario, en al Heroico Colegio Militar, el 1o. de septiembre de 1972, fue ascendido como Subteniente de Artillería, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1976;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Qué como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 3 meses y 5 días, con antigüedad en el empleo anterior de 5 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Francisco Aguilar Hernández.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez y Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea Especialista en Electrónica de Aviación Lorenzo Macías Araiza, como Coronel de Fuerza Aérea Especialista en Electrónica de Aviación, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como alumno en la Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea, el 1o. de septiembre de 1972, fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Técnico en Electrónica de Aviación, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1979;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que coma miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 3 meses y 4 días; con antigüedad en el empleo anterior de 8 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de Fuerza Aérea Especialista en Electrónica de Aviación, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Fuerza Aérea Especialista en Electrónica de Aviación, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Especialista en Electrónica de Aviación que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Lorenzo Macías Araiza.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez y Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Teniente Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor Juan Manuel Díaz Organitos, como Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de septiembre de 1974, fue ascendido como Subteniente de Artillería, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1978;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 29 años, 3 meses y 4 días, con antigüedad en el empleo anterior de 9 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Segunda Clase, correspondiente a 25 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Juan Manuel Díaz Organitos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez y Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Coronel Intendente Diplomado de Estado Mayor Taurino Hernández Lazcano, como General Brigadier Intendente Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de septiembre de 1970, fue ascendido como Subteniente de Administración, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1974;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 33 años, 1 mes y 19 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Coronel Intendente Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Intendente Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de General Brigadier Intendente Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Taurino Hernández Lazcano.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez y Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano General de Grupo Piloto Diplomado de Estado Mayor Aéreo Humberto Fernando Chapa Casas como General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como alumno en la Escuela Militar de Aviación, el 1o. de septiembre de 1966, fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1969;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 37 años, 3 meses y 4 días, con antigüedad en el empleo anterior de 5 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, y la Especial correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Humberto Fernando Chapa Casas.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 26 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez y Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, Martín Terrones Calvario, como Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de septiembre de 1976, fue ascendido como Subteniente de Artillería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de enero de 1980;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 27 años, 3 meses y 4 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Segunda Clase, por 25 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Martín Terrones Calvario.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 26 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez y Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Coronel Médico Cirujano José Antonio Torres García, como General Brigadier Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de enero de 1967, fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1970;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 36 años, 11 meses y 4 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Coronel Médico Cirujano, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Médico Cirujano, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier Médico Cirujano que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano José Antonio Torres García.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 26 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez y Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Teniente Coronel Médico Cirujano J. Jesús Sánchez Vega, como Coronel Médico Cirujano que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete en la Escuela Médico Militar, el 7 de septiembre de 1972, fue ascendido como Mayor Médico Cirujano, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1978;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 2 meses y 28 días, con antigüedad en el empleo anterior de 12 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel Médico Cirujano, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel Médico Cirujano, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de Coronel Médico Cirujano que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano J. Jesús Sánchez Vega.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 26 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez y Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Ingeniero Industrial Carlos García Olmos, como Coronel Ingeniero Industrial que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de septiembre de 1973, fue ascendido como Subteniente de Artillería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1977;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 30 años, 3 meses y 4 días, con antigüedad en el empleo anterior de 11 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel Ingeniero Industrial, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel Ingeniero Industrial, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero Industrial que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Carlos García Olmos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 26 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez y Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República en favor del ciudadano Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Jesús Pablo Franco Martínez como General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete en la Escuela Militar de Aviación del Colegio del Aire, el 2 de septiembre de 1970; y fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1974;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 33 años, 3 meses y 3 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicio ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se ratifica el grado de General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Jesús Pablo Franco Martínez.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 26 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez y Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003 por el Presidente de la República a favor del Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor Miguel Ángel Sánchez Barrón como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar el 1o. de septiembre de 1972; fue ascendido como Subteniente de Artillería por acuerdo del secretario del ramo el 1o. de septiembre de 1976;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 3 meses y 4 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del Ciudadano Miguel Angel Sánchez Barrón.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 26 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez y Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003 por el Presidente de la República a favor del Teniente Coronel Cirujano Dentista Marcelino Rodríguez Vitela como Coronel Cirujano Dentista, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar el 1o. de septiembre de 1975; fue ascendido como Subteniente de Infantería por acuerdo del secretario del ramo el 1o. de septiembre de 1979;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 28 años, 3 meses y 4 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Segunda Clase por 25 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel Cirujano Dentista se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel Cirujano Dentista, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se ratifica el grado de Coronel Cirujano Dentista que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del Ciudadano Marcelino Rodríguez Vitela''.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 26 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez y Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República en favor del ciudadano Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Miguel Eduardo Hernández Velázquez como Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de septiembre de 1976; y fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1980;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 27 años, 3 meses y 8 días, con antigüedad en el empleo anterior de 4 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Segunda Clase, correspondiente a 25 años de servicio ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Miguel Eduardo Hernández Velázquez.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez y Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003 por el Presidente de la República a favor del Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Germán Antonio Bautista como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar el 1 de septiembre de 1971; fue ascendido como Subteniente de Infantería por acuerdo del secretario del ramo el 1o. de septiembre de 1975;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 32 años, 3 meses y 8 días, con antigüedad en el empleo anterior de 8 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Germán Antonio Bautista''.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez y Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República en favor del ciudadano Coronel de Justicia Militar y licenciado Ramón Tovar Caballero como General Brigadier de Justicia Militar y licenciado, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de septiembre de 1970; y fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1974;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 33 años, 3 meses y 8 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicio ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se ratifica el grado de General Brigadier de Justicia Militar y licenciado que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Ramón Tovar Caballero.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 9 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez, Presidenta (rúbrica); Sen. Cecilia Romero Castillo, Secretaria (rúbrica); Dip. Carlos Flores Rico, Secretario (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez y Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriores reservados.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense al Ejecutivo.

Se pide a la Secretaría poner a discusión los decretos.

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CONDECORACIONES
La Secretaria diputada Yolanda Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Paulino López Bernal, licenciado José Ramón de la Santísima Trinidad Mantilla y González de la Llave y Bernhard Wilhelm Tetzlaff von Wobeser Hoepfner, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de las repúblicas: de El Salvador, Federativa de Brasil, de Chile y Federal de Alemania, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C, del artículo 37 constitucional, y el artículo 60, segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, secretario de Relaciones Exteriores, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional José Matías Delgado, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el Gobierno de la República de El Salvador.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Paulino López Bernal, para aceptar y usar la condecoración Medalla de la Orden del Mérito Militar, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República Federativa de Brasil.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano licenciado José Ramón de la Santísima Trinidad Mantilla y González de la Llave, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Bernardo O,Higgins, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Chile.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano Bernhard Wilhelm Tetzlaff Von Wobeser Hoepfner, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el Gobierno de dicho país.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 19 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario; Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González; Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño; Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís; Sen. Rafael Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez y Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).»

Es de segunda lectura.El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Continúe la Secretaría.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
La Secretaria diputada Yolanda Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

En oficios de fecha 9 y 10 de febrero de 2004, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Adriana Vega Cerecedo, Diana de la Huerta Gastón, Diana Jiménez Lievana, María Elena Honc Navarro, Edgar López Zuazua Carmona, Santiago Ramírez López, Sabina García Álvarez, Manuel de Jesús García Bañuelos y Claudia Castañeda Villarreal, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en las embajadas de Canadá y de Estados Unidos de América en México; en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en la Delegación de la Comisión Europea en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 18 de febrero del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana, con la copia certificada de sus actas de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en las embajadas de Canadá y de Estados Unidos de América en México; en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en la Delegación de la Comisión Europea en México, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C), del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Adriana Vega Cerecedo, para prestar servicios como especialista en Sistemas Comerciales, en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Diana de la Huerta Gastón, para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Tercero.- Se concede permiso la ciudadana Diana Jiménez Lievana, para prestar servicios como asistente contable en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana María Elena Honc Navarro, para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Quinto.- Se concede permiso a al ciudadano Edgar López Zuazua Carmona, para prestar servicios como asistente de sistemas en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano Santiago Ramírez López, para prestar servicios como maestro de inglés en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Séptimo.- Se concede permiso a la ciudadana Sabina García Alvarez, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Octavo.- Se concede permiso al ciudadano Manuel de Jesús García Bañuelos, para prestar servicios como supervisor de mantenimiento, en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Noveno.- Se concede permiso a la ciudadana Claudia Castañeda Villarreal, para prestar servicios como redactor web master, en la Delegación de la Comisión Europea, en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 19 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario; Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González; Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño; Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís; Sen. Rafael Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez y Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).»

Es de segunda lectura.El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos a que se refiere el artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Yolanda Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 6 de febrero del año en curso, la licenciada Fabiola Margarita Solís Aguinaco, solicita el permiso constitucional necesario para que pueda prestar servicios como asesora del Departamento Económico en la Embajada de los Países Bajos en México.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 18 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.

b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la en la Embajada de los Países Bajos en México, serán como asesora del Departamento Económico, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C, del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo único.- Se concede permiso a la ciudadana licenciada Fabiola Margarita Solís Aguinaco, para prestar servicios como asesora del Departamento Económico en la Embajada de los Países Bajos en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 19 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario; Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González; Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño; Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Dip. Francisco Barrio Terrazas; Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís; Sen. Rafael Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez y Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.

La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

Por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Señor Presidente, se emitieron 33 votos en pro y cero en contra.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobados en lo general y en lo particular los proyectos de decreto por 33 votos.

Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

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RICARDO UCAN SECA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Esta Presidencia recibió una proposición con punto de acuerdo en relación al caso del indígena maya Ricardo Ucán Seca, suscrita por la diputada Marbella Casanova Calam, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Punto de acuerdo en relación al caso del indígena maya Ricardo Ucán Seca.

La suscrita, diputada federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f) y 44, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta Soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cuanta razón tenía Francisco Pimentel, un pensador del Siglo XIX cuando sostenía que:

``Mientras los naturales guarden el estado que hoy tienen, México no puede aspirar al rango de nación propiamente dicha.''

El razonamiento hecho a pesar de lo reciente que pudiere parecer, fue expresado en 1864 y penosamente sus palabras son de una dramática actualidad.

La cuestión indígena no se ha resuelto con la reforma constitucional aprobada y se siguen violando sus derechos de manera grave y generalizada. El caso del C. Ricardo Ucán Seca que traigo a esta tribuna es un ejemplo de los miles de casos de discriminación que permanentemente ocurren en nuestro país.

El C. Ricardo Ucán Seca, indígena maya, se encuentra privado de su libertad en el Centro de Rehabilitación Social en Tekax, Yucatán, acusado por el delito de homicidio calificado.

Expongo algunos antecedentes:

I.- El representante social adscrito a la Agencia 12a. del Fuero Común, le inició la averiguación previa número 406/A 12a/2000, durante la cual, al rendir su declaración y desahogarse las pruebas, no contó con traductor de la lengua maya que le facilitara y garantizara la comprensión y entendimiento de las diligencias efectuadas ante la instancia ministerial.

II.- Una vez remitido el expediente al Juzgado Mixto y de lo Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado y durante el proceso de primera instancia, la defensora de oficio adscrita socavó los derechos constitucionales y legales de Ricardo Ucán Seca, al no solicitar la presencia de un intérprete de la lengua maya que lo asistiera en todo momento. Tampoco presentó pruebas de descargo a su favor y no presentó escrito de conclusiones de inocencia. Por si lo anterior fuera poco, la defensora de oficio, para cubrir su negligencia alteró un documento público.

III.- Ante la ausencia de defensa adecuada y la falta de suplencia de la queja por parte del Juez Mixto, Ricardo Ucán fue sentenciado a 22 años de prisión. Durante el recurso de apelación seguido ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, se repitió la actitud omisiva de la defensoría de oficio al no presentar escrito de expresión de agravios con lo cual nuevamente se dejó a Ricardo Ucán en estado de indefensión, confirmándose la sentencia condenatoria. La justicia Federal tampoco protegió a Ucán Seca dado que el amparo directo 380/2003 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Decimo cuarto le fue negado.

IV.- Con posterioridad a la sentencia ejecutoriada, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) emitió la recomendación 40/2003 en la cual determinó la existencia de GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS en perjuicio de Ricardo Ucán consistentes en la ausencia de defensa adecuada por parte de la Defensoría de Oficio del Estado y el no reconocimiento de su calidad de indígena maya monolingüe, realizando quince recomendaciones a diversos servidores públicos, tanto del Poder Ejecutivo como del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.

La recomendación emitida por la Codhey sirvió de fundamento para que Ricardo Ucán, a través de organizaciones civiles de derechos humanos del estado de Yucatán, presentara un recurso de revisión extraordinaria (reconocimiento de inocencia) ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado presentando como prueba superveniente la mencionada recomendación que por ser una prueba documental pública posterior a la culminación del proceso penal sustentaba la procedencia del mencionado recurso.

No obstante y a pesar de tener la oportunidad de resarcir las violaciones a los derechos fundamentales cometidas en perjuicio de Ricardo Ucán, el Tribunal Superior decretó improcedente el recurso de revisión extraordinaria, agregándose esta resolución a la larga cadena de violaciones a los derechos humanos que tanto autoridades judiciales como del Poder Ejecutivo del estado de Yucatán han cometido contra Ricardo Ucán.

Por lo anterior, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, respetando en todo momento el principio de división de poderes, así como la soberanía del estado de Yucatán, solicite información al gobierno del estado sobre las acciones que ha realizado en cumplimiento de la recomendación 40/2003 emitida por la Codhey.

Segundo. Que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorte tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Judicial, para que en sus respectivos ámbitos de competencia implementen las medidas legales necesarias para restituir los derechos humanos violados a Ricardo Ucán, empezando por su derecho a la libertad personal; de igual manera que inicie las investigaciones administrativas y/o penales necesarias para sancionar a los defensores de oficio que violaron los derechos humanos del señor Ucán Seca.

Tercero. Que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados cree una subcomisión de trabajo para entrevistarse con las autoridades locales y darle seguimiento al caso señalado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de febrero del año dos mil cuatro.--- Dip. Marbella Casanova Calam (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Primera Comisión.

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PEMEX
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Flores Rico, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a otorgar un trato equitativo al municipio de Altamira, Tamaulipas, en cuanto a los apoyos de su Programa de Política Social para el año 2004, suscrita por los diputados Carlos Flores Rico y Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Carlos Flores Rico:

Gracias, señor Presidente:

El municipio de Altamira, Tamaulipas, junto con Madero, forman el centro productor de petróleo más importante del sur del estado y significa una riqueza enorme para nuestro país en materia petrolera.

Ahí en Altamira hay aproximadamente 400 pozos de Petróleos Mexicanos, de los cuales 260 están en operación y el resto se manejan cíclicamente.

Altamira es, para Pemex, una fuente de riqueza formidable. Información reciente nos dice que estos pozos producen entre 26 mil y 40 mil barriles diarios de petróleo.

No obstante que Pemex durante muchos años ha establecido un programa de apoyo social a los municipios productores de petróleo, observamos que ahora en Altamira ocurre una tendencia contraria.

Altamira es prácticamente un queso gruyere; por debajo de su subsuelo, tuberías, oleoductos, conductos arriba, plantas, instalaciones, almacenes; ocupan y tapizan la geografía del municipio y, sin embargo, el municipio no está recibiendo los apoyos que le corresponden como gran aportador de la riqueza petrolera de la región.

Hay 160 colonias, 36 ejidos, 180 mil habitantes y un crecimiento bárbaro del 7% anual en su población.

Junto a Altamira está Tampico y está Ciudad Madero. Madero produce cantidades enormes de crudo y Tampico no produce absolutamente nada. Tampico tiene una función diferente, es un puerto comercial y tiene nuestra solidaridad y afecto.

Pero está ocurriendo que mientras Altamira con una gran zona urbana y una gran zona rural tiene sus calles destrozadas, sus caminos afectados, sus accesos a los pozos completamente inaccesibles y un abandono enorme en la atención del apoyo social de la paraestatal.

Pero, ¿qué ocurre? Que Tampico, que no produce absolutamente un litro, tiene una dotación de aproximadamente 1 millón 100 mil litros de asfalto y Madero que tiene 1480 toneladas de asfalto, Madero y Tampico 1100 toneladas. Y en tanto a combustible tiene 200 mil litros de gasolina anuales y una cantidad igual de litros de diesel al año. Tampico, que insisto, no produce riqueza petrolera, tiene también 100 litros de gasolina y 100 litros de diesel también cada año. Y Altamira, que es la fuente de la riqueza, sólo tiene una recepción de apenas 400 toneladas de asfalto y una cantidad mucho menor de 10 mil litros de combustible.

¿Por qué este trato? Uno no quisiera pensar que se trata de municipios con gobiernos distintos al de Altamira que coincide con el del gobierno del estado, pero es inevitable un pensamiento de este tipo. Por esta razón y dada la situación social el ayuntamiento que encabeza el señor Genaro de la Portilla, aquí presente y los regidores, aquí presentes también, reclaman trato justo para Altamira.

Por tal razón, Gonzalo Alemán, diputado de la región y su servidor, proponemos a esta Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que se exhorte al señor Director General de Pemex a implementar un programa emergente que concluya el saneamiento de las 30 presas o depósitos de desechos que aún permanecen sin saneamiento.

Segundo. Que entre en comunicación inmediata Pemex con el ayuntamiento para que se haga un programa emergente de reparación de vialidades y de accesos y

Tercero. Que se revise la dotación de apoyos a Tampico, Madero y Altamira para que sea justa, equitativa y buena para todos.

Muchas gracias.

«Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), ingeniero Raúl Muñoz Leos, a implementar un programa emergente que concluya el Saneamiento de los Depósitos de Desechos Petroleros, solucione el deterioro de la infraestructura vial del municipio de Altamira y otorgue un trato equitativo en la distribución de los apoyos de su Programa de Política Social para el año 2004.

Considerandos

El Municipio de Altamira, Tamaulipas, tiene una superficie aproximada de 1 mil 361 kilómetros cuadrados, viviendo la gran mayoría de la población en su área urbana y suburbana.

Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene instalados en el Municipio de Altamira aproximadamente 400 pozos petroleros, con diversos grados de explotación, lo que le permite a la paraestatal producir entre 26 mil y 27 mil barriles de petróleo crudo diariamente. Asimismo, Pemex concentra aproximadamente 50 depósitos llamados ``presas'', en los que durante años Pemex viene depositando todos los residuos que la explotación de los pozos petroleros generan.

No obstante que tradicionalmente Pemex ha apoyado con acciones de beneficio social a las comunidades donde explota los recursos, en el caso de Altamira ha mostrado un escaso interés por realizar aquellas acciones que tiendan a impedir la contaminación por desechos petroleros y establecer medidas preventivas para evitar impactos ambientales, dentro de los términos que previene la legislación y normatividad vigentes en la materia; baste señalar que, de acuerdo con información que nos proporciona el municipio de Altamira, a esta fecha se han saneado solamente 20 ``presas'', aproximadamente. Se estima que faltarían por ser saneadas más de 30 ``presas'' o tiraderos de desechos altamente contaminantes.

No se puede soslayar el hecho incontrastable de que la ciudad se encuentra ``tapizada'' materialmente por tuberías, pozos, plantas menores, caminos y accesos destrozados y depósitos a cielo abierto con desechos contaminantes, y ahora que la presente administración municipal enérgicamente busca que Pemex atienda y dé pronta solución a estos graves problemas derivados de sus actividades, la incomprensión y las descalificaciones han sido la respuesta por parte de diversos funcionarios de la empresa paraestatal.

Como generalmente sucede, también la Ciudad de Altamira no ha sido restituida por todas las excavaciones que fueron necesario llevar a cabo para la explotación de este recurso natural no renovable, hoy a través de los 400 pozos que cíclicamente operan en los Campos Tamaulipas y Constitución, ubicados en el municipio. Lo anterior nos lleva a considerar que Pemex viene incumpliendo, en gran medida y en perjuicio del pueblo de Altamira, con las especificaciones que la Norma Oficial Mexicana NOM-115-ECOL-1988 establece en cuanto a la protección ambiental que deben observarse en las actividades de perforación de pozos petroleros terrestres para exploración y producción en zonas agrícolas, ganaderas y eriales y especialmente deja de observar lo ordenado en el Apartado 4.2 de dicha norma, en lo referente a ``operación y mantenimiento''.

Aunado a lo anterior, los caminos que conducen a las instalaciones de los pozos petroleros no reciben el mantenimiento adecuado y en temporadas de lluvias, que en esta región suelen ser abundantes, se vuelven casi intransitables, y si tomamos en cuenta que en la zona se asientan 36 comunidades rurales, podemos tener una idea aproximada del grado de inconformidad que existe entre los pobladores que día con día presencian como los grandes camiones de Pemex son los únicos que pueden sortear los hoyancos y pozas que se van formando, tanto por el tráfico de vehículos pesados como por la falta de mantenimiento.

Esta inconformidad, ha obligado al Presidente Municipal y al Cabildo en pleno de Altamira, hoy por cierto aquí presentes, ha sostener conversaciones con funcionarios de Pemex a fin de buscar mejores soluciones para paliar la problemática apuntada, de quienes si bien es cierto nuestras autoridades municipales han recibido un trato comedido, respetuoso y amable, no menos cierto es que dichos funcionarios no han querido o no han podido brindar una verdadera atención a las demandas de la comunidad por demás justificadas, lo que ha orillado a la población ha realizar movilizaciones para impedir el paso de los camiones de Pemex a sus instalaciones, lo cual se ha hecho de una manera pacífica y respetuosa.

Las descalificaciones continúan. Se atribuye a la autoridad municipal fomentar la inquietud e inconformidad entre la población; empero, ¿Es injustificado buscar que Pemex, ponga especial énfasis en la protección ambiental, no nada más en la zona petrolera de Altamira, sino también en otras regiones? ¿No es dable y justificado buscar que Pemex impulse el desarrollo sustentable en sus actividades exploratorias y de producción en beneficio de los habitantes del municipio de Altamira, cuando inclusive se ha llegado a producir en la zona en algún tiempo 40 mil barriles diarios de petróleo? ¿Es justificado recibir iniquidades en la obtención de apoyos que Pemex distribuye a los municipios petroleros a través de sus programas de Política Social?

Compañeras y compañeros legisladores:

Pemex parece querer castigar a la Ciudad de Altamira y le da un trato inequitativo en cuanto a los apoyos que hace a los gobiernos e instituciones públicas, pues aun cuando entendemos que existe un rango de discrecionalidad en ello, no deja de llamarnos la atención el trato diferenciado que nos otorga con respecto a otras ciudades eminentemente petroleras como Madero y otras que no lo son como Tampico.

En efecto, dentro de sus Programas de Apoyo Social, Pemex entrega a Ciudad Madero 1 mil 480 toneladas de asfalto, 200 mil litros de gasolina y una cantidad igual de litros de diesel cada año.

A la Ciudad de Tampico, Pemex le entrega 1 mil toneladas de asfalto, 100 mil litros de gasolina y 100 mil litros de diesel, también cada año.

En cambio, a la Ciudad de Altamira, Pemex entrega solamente 400 toneladas de asfalto, 10 mil litros de gasolina y una cantidad similar de diesel al año. Como dato curioso, existe el antecedente de que lo que se entrega a título de donaciones es igual a lo que entrega a la Cruz Roja de Tampico y Ciudad Madero. Nos preguntamos: ¿Por qué a Ciudad Madero le entrega 1 mil 480 toneladas de asfalto y a Altamira apenas 400 toneladas? ¿Por qué a Altamira sólo le entrega un 40 por ciento del asfalto del que normalmente otorga a Tampico, cuando esta Ciudad sólo tiene una superficie territorial de 68 kilómetros cuadrados? ¿Por qué se otorgan sólo un 5 por ciento de la gasolina y el diesel que normalmente se entrega a Ciudad Madero?

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 de su Reglamento para el Gobierno Interior, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos, Ingeniero Raúl Muñoz Leos, a implementar un programa emergente que concluya el saneamiento de las ``presas'' o depósitos de desechos petroleros que la paraestatal tiene concentrados en el Municipio de Altamira, Tamaulipas.

Segundo. Que Petróleos Mexicanos entre en comunicación inmediata con las autoridades municipales de Altamira, con la finalidad de solucionar el deterioro de la infraestructura vial del municipio, que el tránsito de vehículos pesados de esa paraestatal a generado.

Tercero. Otorgue un trato equitativo al Municipio de Altamira, en la distribución de los apoyos de su Programa de Política Social para el año 2004; tal y como lo hace con otras ciudades de dicha entidad federativa, como Tampico y Ciudad Madero.

Atentamente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de febrero de 2004.--- Diputados federales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, Carlos Flores Rico y Gonzalo Alemán Migliolo.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

El siguiente punto del orden del día ha sido pospuesto a promoción del grupo parlamentario que lo planteó.

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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene en consecuencia el uso de la palabra el señor diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal al uso de la facultad que le otorga el artículo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, en el sentido de autorizar las adecuaciones presupuestarias para que la Universidad de Guadalajara obtenga mayor subsidio federal.

El diputado David Hernández Pérez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:

El presente punto de acuerdo es presentado por su servidor a nombre de todos los diputados federales de la fracción priísta de Jalisco.

La Universidad de Guadalajara está considerada como una de las más importantes del país. Cuenta con nueve centros regionales en el estado y es la Universidad a la que la mayoría de los trabajadores, a la que la mayoría de la población de Jalisco aspira a que ingresen ellos mismos o sus hijos.

Es la Universidad en la que tiene inscritos el 87% de los alumnos de educación superior y atiende a más del 51% de los estudiantes de la educación media superior.

En las reasignaciones del gasto de 2004 la Cámara de Diputados repartió un monto de 815 millones de pesos para el Fondo de Equidad para Universidades con un costo por alumno menor a la media nacional, recursos de los que la Universidad de Guadalajara no recibió cantidad alguna sin que medie alguna justificación para este proceder.

Del subsidio total anual por alumno la Universidad de Guadalajara se encuentra en el lugar 29 de 34, con 19 mil 310 pesos, siendo la media nacional 35 mil 730 pesos.

La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional recibieron en conjunto 600 millones de pesos adicionales, a pesar de ser instituciones cuentan con un financiamiento muy por encima del promedio nacional.

La Universidad de Guadalajara ha contado históricamente con financiamiento federal para el desarrollo de sus labores sustantivas; sin embargo las asignaciones del gasto público federal han venido disminuyendo.

Anteriormente el Gobierno Federal aportaba a la Universidad de Guadalajara hasta un 53% o 54% del financiamiento de la Universidad de Guadalajara; actualmente ha venido disminuyendo a tal grado de que las aportaciones federales vienen siendo ya para la segunda Universidad de México, del 41.63% y cargándole al estado el resto.

Esta es una muestra de la falta de apoyo del Gobierno Federal para esta segunda Universidad. Esta Universidad representa la principal institución de educación superior con déficit pensionado, considerado como grave, pero la Universidad de Guadalajara se ha caracterizado por la preocupación de resolver el sistema de pensiones y ha modificado este sistema con aportaciones y con modificaciones en sus sistemas, ésta es una muestra de la preocupación del financiamiento de la Universidad de Guadalajara.

Por lo que nosotros proponemos que en base, para poder responder a las necesidades de la Universidad de Guadalajara, el Ejecutivo Federal tiene en sus manos la posibilidad de demostrar su buena fe en este asunto y ejercer las facultades de mostrar, de acuerdo al artículo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2004 que a la letra dice:

``El Ejecutivo Federal autorizará en su caso las adecuaciones presupuestarias de las dependencias y entidades en los términos de las disposiciones aplicables, cuando las adecuaciones a los montos presupuestales ocasionen en su conjunto una evasión mayor del 10%.

Por lo anteriormente expuesto ante esta Comisión Permanente planeamos el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Solicitar al Ejecutivo Federal que, en uso de la facultad que le otorga el artículo16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 en el sentido de autorizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para que la Universidad de Guadalajara obtenga mayor subsidio federal hasta un monto que no exceda del 10% del presupuesto total del ramo, así como se designe una comisión que dé seguimiento a la presente, solicitando se turne ésta a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a usar la facultad que le otorga el artículo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 en el sentido de autorizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para que la Universidad de Guadalajara obtenga mayor subsidio Federal, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del PRI.

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal David Hernández Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta al Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal que reasigne mayores recursos a favor de la Universidad de Guadalajara haciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, así como designar una comisión de seguimiento a dicha solicitud, al tenor de los siguientes

Considerandos

La Universidad de Guadalajara está considerada como una de las más importantes del país, cuenta con 9 centros regionales en el estado de Jalisco, es la universidad a la que los trabajadores y la población de escasos recursos aspiran a que ingresen sus hijos.

De las instituciones públicas de educación superior en Jalisco, la Universidad de Guadalajara tiene inscritos al 87% (75,000 aproximadamente), además de 106,000 alumnos de educación media superior, esto representa el atender a más del 51 % de la población estudiantil de estos niveles.

En las reasignaciones de gasto 2004, la Cámara de Diputados repartió un monto de 815 millones de pesos para el Fondo de Equidad para Universidades con Costo por Alumno Debajo de la Media Nacional (SEP-ANUIES), recursos de los que la Universidad de Guadalajara no recibió cantidad alguna, sin que medie justificación para este proceder discriminatorio.

Del subsidio total anual por alumno la Universidad de Guadalajara se encuentra en el lugar 29 de 34 con $19,310, siendo la media nacional de $35,730.

La Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional recibieron en conjunto 600 millones de pesos adicionales, a pesar de ser instituciones que cuentan con un financiamiento por alumno por encima del promedio nacional.

La Universidad de Guadalajara ha contado históricamente con financiamiento federal para el desarrollo de sus labores sustantivas; sin embargo, las asignaciones del gasto público federal no han sido repartidas de manera equitativa entre las distintas instituciones de educación superior del país, con el consiguiente efecto negativo para la máxima casa de estudios de Jalisco.

La asignación de recursos federales a la Universidad de Guadalajara tiene una severa tendencia a la baja, toda vez que en 1997 el Gobierno Federal aportaba 53 por ciento del financiamiento público total de esa casa de estudios, mientras el gobierno de Jalisco otorgaba el 47 por ciento restante; en el año 2000 las aportaciones federales y estatales a la Universidad de Guadalajara tenían la misma proporción (50% cada una); en 2003 el Gobierno Federal ya aportaba menos que el gobierno de Jalisco (43 por ciento frente a 57 por ciento), situación que se recrudece en la proyección para 2004, donde la Federación sólo aportaría el 41.63 por ciento y el estado de Jalisco asumiría el 58.37 por ciento restante. Esta tendencia da muestra de la reducción sustantiva en la aportación de recursos federales a la segunda universidad pública de México.

Esta universidad presenta la principal institución de educación superior con un déficit pensionario considerado como grave, logró una reforma a su sistema de pensiones y jubilaciones, instaurando un modelo pensionario basado en las aportaciones de trabajadores e institución a un fondo solidario que permitirá aligerar la carga al Estado mexicano en la financiación futura de la seguridad social. Este esfuerzo para solucionar su problemática pensionaria representa la postura responsable que en materia financiera ha distinguido a la administración que actualmente dirige a la Universidad de Guadalajara.

Para responder a las necesidades de la Universidad de Guadalajara, el Ejecutivo Federal tiene en sus manos la posibilidad de mostrar su buena fe en este asunto, y ejercer las facultades que le otorga el artículo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, que a la letra dice: ``El Ejecutivo Federal autorizará, en su caso, las adecuaciones presupuestarias de las dependencias y entidades, en los términos de las disposiciones aplicables.

...Cuando las adecuaciones a los montos presupuestarios ocasionen en su conjunto una variación mayor al 10 por ciento del presupuesto total del ramo o de la entidad de que se trate, o representen individualmente un monto mayor al 1 por ciento del gasto programable, se deberán reportar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, en los informes trimestrales, la cual podrá emitir opinión sobre dichos traspasos...'', disposición que interpretada contrario sensu permite al Presidente de la República reasignar recursos federales en beneficio de la Universidad de Guadalajara, hasta un monto menor a 10 por ciento del presupuesto total del ramo o de la entidad de que se trate.

Por lo anteriormente expuesto, ante esta Comisión Permanente se plantea la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo

Unico: Solicitar al Ejecutivo Federal, que en uso de la facultad que le otorga el artículo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, en el sentido de autorizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para que la Universidad de Guadalajara obtenga mayor subsidio federal, hasta un monto que no exceda de 10 por ciento del presupuesto total del ramo, así como que se designe una comisión que dé seguimiento a la presente.

México, DF, a 3 de marzo de 2004.--- Dip. David Hernández Pérez (rúbrica)»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor legislador.

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

La Presidencia no deja de advertir que el pedimento del orador fue turnar a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, pero debemos tomar en consideración que ésta es la penúltima reunión del pleno, por eso estamos turnando a la Cámara de Diputados.

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ESTADO DE JALISCO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Esta Presidencia recibió una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal y al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que suspendan el proyecto de construcción de la presa en el punto denominado Arcediano, en la Barranca de Oblatos, Huentitán, del municipio de Guadalajara, Jalisco, suscrita por los diputados Roberto Antonio Marrufo Torres y David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal y al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a suspender el proyecto de construcción de la presa en el punto denominado arcediano, en la barranca de oblatos, Huentitán, del municipio de Guadalajara, Jalisco, suscrita por los diputados Roberto Antonio Marrufo Torres y David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del PRI

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales la siguiente proposición con punto de acuerdo.

El 27 de octubre de 2003, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental autorizó de manera condicionada la ejecución del proyecto presa de Arcediano.

Los promoventes manifiestan como argumento de mayor peso para la construcción de la presa de Arcediano la urgente necesidad de satisfacer la enorme demanda de agua de la zona metropolitana, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y otras poblaciones, pero no por la premura debe ponerse en riesgo la salud de más de 2 millones de habitantes que van a consumirla.

Contra la postura oficial de la Semarnat, Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, el estudio de manifestación de impacto ambiental es contradictorio y tiene deficiencias serias, por lo que se oponen al proyecto miles de habitantes de la región, grupos ecologistas y ONG nacionales e internacionales, sustentado su dicho con información más veraz y objetiva, destacando lo siguiente:

La barranca de Oblatos, Huentitán, está declarada zona de restauración ecológica por decreto del Gobierno Federal de 1934.

El 12 de julio de 1997, el cabildo de Guadalajara decretó la barranca de Oblatos, Huentitán, área natural protegida.

El estudio de manifestación de impacto ambiental para el proyecto de Arcediano no pasó con éxito el examen de científicos, técnicos, del sector académico y de los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros.

La manifestación de impacto ambiental no tiene información suficiente sobre opciones estudiadas respecto al abastecimiento de agua para consumo de la zona metropolitana.

La manifestación de impacto ambiental no tiene información sobre los sistemas de tratamiento de aguas residuales que descargan al río Santiago.

Las aguas del río Santiago están sumamente contaminadas, lixiviados del vertedero de Matatan, aguas residuales de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, aguas negras del Valle del Silicio y de las ciudades de Ocotlán, Atotonilco, Poncitlán y Arandas, aguas industriales y otros. Los análisis realizados por la Escuela Superior de Montpellier, Francia, y del Centro de Investigaciones y Asistencia Tecnológica del estado de Jalisco afirman que esas aguas, aun tratadas, no son aptas para el consumo humano.

Compañeras y compañeros diputados: el artículo 27 constitucional establece la facultad de la nación para regular en beneficio social el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza publica, cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y mejorar las condiciones de vida de la población rural y de la urbana.

Ante tal situación, y por considerarse de vital importancia para el equilibrio ecológico y la protección de los habitantes de la zona conurbada de Guadalajara, el suscrito, diputado federal jalisciense del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a la consideración de esta honorable representación popular la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortar al Ejecutivo Federal y al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a suspender la construcción de la presa que se pretende construir en el punto denominado Arcediano, en la barranca de Oblatos, Huentitán, de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco, en tanto se demuestre que una vez tratada el agua que llenará el embalse será apta para el consumo humano.

Segundo. En virtud de la controversia originada por la construcción de la presa de Arcediano y sobre todo por calidad del agua que le llegará del río Santiago, se solicite la intervención de la Organización Mundial de la Salud a efecto de que realice un análisis minucioso de la calidad del agua y emita una opinión calificada, dada su probidad.

Tercero. Designe la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales una comisión plural a efecto de que se visite la barranca Oblatos, Huentitán, en el punto denominado Arcediano, para que conozca la versión de las partes en conflicto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 19 de febrero de 2004.--- Diputado Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Esta Presidencia la turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

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PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Esta Presidencia recibió una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la titular de la Secretaría de Desa-rrollo Social, para que esa dependencia ejerza directamente sin intervención del Fonhapo, el programa de vivienda rural, suscrita por los diputados Rafael Galindo Jaime y Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Proposición con punto de acuerdo, para exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que opere directamente, sin la intervención del Fonhapo, el Programa de Vivienda Rural, suscrita por los diputados Rafael Galindo Jaime y Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con fundamento en los siguientes

Antecedentes

Primero.- El Programa de Vivienda Rural es parte de los compromisos establecidos por el Gobierno Federal ante las organizaciones campesinas del país, en el Acuerdo Nacional para el Campo, suscrito el 28 de abril del año 2003, con el objetivo de apoyar la construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas en el medio rural. En el acuerdo se estableció también privilegiar el uso de materiales regionales y la aportación de mano de obra de los beneficiarios.

Segundo.- Los diputados de la LIX Legislatura, al discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2004, decretamos un presupuesto de 750 millones de pesos, lo cual significa un incremento de 188 por ciento con relación a los recursos ejercidos el año anterior. Asimismo, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos de los programas que integran el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, se estableció en el artículo decimo- octavo del decreto que los recursos asignados a éstos no podrán ser utilizados para fines distintos a los que marcan sus reglas de operación, ni traspasados a otras unidades administrativas de las secretarías responsables de su ejecución, o entre dependencias y entidades.

Tercero.- En reuniones sostenidas con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, éstos han manifestado su intención de transferir los recursos del Programa de Vivienda Rural al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), situación que preocupa a las organizaciones campesinas que concebimos este programa y lo concretamos en el Acuerdo Nacional para el Campo como un instrumento del Gobierno Federal para atender los severos problemas de vivienda que enfrenta la población del campo mexicano.

Con base en los antecedentes arriba enunciados y

Considerando

1. Que la vivienda es indispensable para el desarrollo integral del ser humano.

Carecer de una vivienda digna y segura es también una de las causas principales que orillan a los jóvenes de las comunidades rurales a emigrar a las zonas urbanas o hacia Estados Unidos de América.

Las condiciones de la vivienda son también fundamentales para el desarrollo armónico de la familia. En la casa, seno de la convivencia familiar, se reproducen los valores fundamentales del ser humano, la propia familia y la nación.

2. Las condiciones económicas que privan en el campo mexicano han ocasionado que la población construya su vivienda en forma desordenada, sin los servicios elementales como agua potable, drenaje y electricidad, con materiales precarios y sin respeto y protección al medio ambiente. La vivienda de la mayoría de la población rural es insalubre, estrecha y carece en gran medida de los servicios básicos.

En el campo, la mayoría de la población es propietaria del terreno en el que tiene su vivienda, pero carece de recursos para ampliarla o mejorarla, por ello, la participación del gobierno en materia de vivienda rural es indispensable.

3. Que de acuerdo a las cifras oficiales, en el campo mexicano el 70 por ciento de la población se encuentra en condiciones de pobreza patrimonial, lo cual significa que sus ingresos le son insuficientes para satisfacer adecuadamente sus necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público.

4. Que la Secretaría de Desarrollo Social tiene entre sus atribuciones, lo que establece la fracción VI del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de proyectar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención a los sectores sociales más desprotegidos, tal y como lo es el Programa de Vivienda Rural.

5. Que el objetivo fundamental del Fonhapo, es otorgar crédito para vivienda destinado a la población de menores ingresos, el cuál debe ser pagado por los beneficiarios y que, con las disposiciones del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, se dota a esta institución de las atribuciones y facultades para operar como entidad financiera de segundo piso, canalizando sus recursos a través de organismos estatales de vivienda e instituciones financieras privadas.

El Fonhapo otorga subsidios pero sólo en casos excepcionales y hasta un 80 por ciento del valor de la vivienda, situación que restringiría el acceso a los recursos a la población más pobre, quienes carecen incluso de pequeñas cantidades para destinarlas a mejorar o ampliar sus viviendas, o adquirir o construir una nueva.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta honorable Comisión Permanente del Congreso General el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que esa dependencia ejerza directamente, sin la intervención del Fonhapo, los recursos presupuestales del Programa de Vivienda Rural, ajustándose a las Reglas de Operación vigentes en 2003 y al Acuerdo Nacional para el Campo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.--- México, Distrito Federal, a 18 de febrero de 2004.--- Dip. Rafael Galindo Jaime (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se turna a la Tercera Comisión.

El siguiente punto del orden del día se pospone a pedimento del grupo parlamentario que lo promovió.

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TARIFAS ELECTRICAS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la reforma del acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica que entró en vigor el 9 de agosto de 2003, suscrita por los diputados Jorge de Jesús Castillo Cabrera y David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la reforma del ``acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de Energía Eléctrica'', que entro en vigor el 9 de agosto de 2003, suscrita por los diputados Jorge de Jesús castillo cabrera y David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del PRI

Comisión Permanente del H Congreso de la Unión.--- Presente.

El suscrito, Jorge Castillo Cabrera, diputado federal a la LIX Legislatura, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo el tenor de los siguientes

Considerandos

I.- Luego de una minuciosa evaluación sobre la situación que prevalece en el campo mexicano, ante el desmesurado incremento que han sufrido los insumos y el decrecimiento de los precios de los productos del campo en el mercado, fueron emprendidas una serie de acciones por parte de los gobiernos estatal y federal, por conducto de sus diversos poderes, que dieron lugar a la reciente expedición de la Ley de Energía para el Campo.

Este ordenamiento jurídico, expedido por el H. Congreso de la Unión, de acuerdo con su artículo 1o., segundo párrafo, está orientado a ``coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad, como medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países, de conformidad con lo que establece el artículo 13, fracción IX, y demás disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable''.

En el Capítulo Segundo, relativo a las Cuotas Energéticas, se establece que será el Poder Ejecutivo Federal quien establecerá el programa, mediante precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios. Además, el artículo 5o. preceptúa que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Energía, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien establecerá los precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios, considerando las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional, con la prescripción de que todos los precios y tarifas de estímulo que se autoricen para las diferentes actividades agropecuarias sean iguales para todos los productores del país.

Lo anterior armoniza y es congruente con lo dispuesto en el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual establece:

``Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

..........

X. Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y con la participación de las dependencias que correspondan.''

Cabe destacar que, en el ordinal 7, fracción I, de la Ley de Energía para el Campo, se establece que la cuota energética se utilizará exclusivamente en motores para bombeo y rebombeo agrícola y ganadero, tractores y maquinaria agrícola y motores fuera de borda, que se utilicen directamente en las actividades objeto de la ley.

II.- Con base y en atención al precitado ordenamiento jurídico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coordinada con las dependencias del ramo, emitió el día 6 de agosto del 2003, el ``Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministró y venta de energía eléctrica''.

En dicho Acuerdo se expresa que, conforme a los compromisos del Gobierno Federal en materia de tarifas eléctricas, ``debe ofrecerse a los usuarios de la tarifa 9-CU, la posibilidad de acceder a un nivel tarifario que les permita beneficiarse de un menor cargo por energía en la medida en que administren su demanda y consuman energía en un horario nocturno.'' Además, señala que para los casos de bombeo de aguas superficiales, es necesario determinar el Límite de Energía Anual.

De tal forma, en el artículo tercero del acuerdo, se establece la tarifa 9-N, llamada ``Tarifa nocturna para servicio para bombeo de agua para riego agrícola en baja o media tensión'', misma que se aplica a los servicios en baja o media tensión que destinen la energía eléctrica exclusivamente para bombeo de agua, hasta por el volumen que es utilizado en el riego de tierras dedicadas al cultivo de productos agrícolas; así como para el local donde se encuentre instalado el equipo de bombeo.

De conformidad con lo anterior, para la determinación del Límite de Energía Anual se toman en cuanta diversas constantes, como la carga dinámica; la eficiencia electromecánica mínima del equipo de bombeo; el consumo promedio anual, y el volumen de extracción de agua.

Por su parte, se establece que la energía eléctrica consumida que exceda el Límite de Energía Anual, será facturada con los cargos de la tarifa para servicio para bombeo de agua para riego agrícola en baja o media tensión (tarifas 9 o 9M), según corresponda.

III.- No obstante, y sin ánimo de menoscabar los grandes beneficios que acciones y disposiciones como las reseñadas implican en lo general, es necesario plantear el problema que actualmente aqueja a muchos productores del estado de Chihuahua, sin prejuicio de que así ocurra también en otras partes del país.

Diversos productores de las regiones agrícolas del estado de Chihuahua han coincidido y planteado una gran preocupación, que se deriva precisamente del sistema tarifario que opera en la entidad, y que es aplicado por la Comisión Federal de Electricidad. Esto tiene su origen en una de las variables que deben tomarse en cuenta al momento de determinar el Límite de Energía Anual, y que se refiere al volumen de extracción de agua que es concesionado por la Comisión Nacional de Agua.

Así, tenemos que, en gran cantidad de casos, sobre todo tratándose de acuíferos sobreexplotados, dicho volumen no coincide con el que realmente es extraído, muchas veces en razón de que las condiciones climáticas extremas del estado, que se traducen en 12 años de intensa sequía, así lo demandan; o bien, por un error administrativo en el volumen concesionado, imputable al productor o a la autoridad, cuando aquel fue regularizado ante la Comisión Nacional del Agua.

En razón de los anteriores argumentos, que generan un gran perjuicio a los productores locales y, seguramente a muchos más de otras zonas geográficas del país, se sustenta nuestra petición, la cual se traduce en la aplicación de una disposición transitoria para el año corriente, relativa al incremento en el volumen concesionado del 40%, considerando para ello el valor porcentual que corresponde al déficit de sobreexplotación de los acuíferos más críticos; mientras que, para el año próximo siguiente este volumen adicional se reduciría al 20%, para que en el 2006 pueda aplicarse a cabalidad la fórmula dispuesta en el acuerdo ya citado para el cálculo de Límite de Energía Anual.

De concederse la petición anterior, conseguiríamos que los agricultores estén en condiciones de cumplir con el ciclo agrícola 2004, siendo acreedores del beneficio de la tarifa preferencial en el consumo de energía, cumpliendo firmemente con el espíritu de la Ley de Energía para el Campo.

Además, se permitiría que los usuarios tengan el tiempo suficiente para regularizar su situación, respecto al volumen concesionado, ya sea acudiendo ante la Comisión Nacional del Agua para revisar su expediente y ver si hay algún error en la emisión de su título; en otro caso, procediendo a la adquisición de derechos de agua para sumar mayor volumen a su concesión; o bien, que el productor opte por implementar sistemas de alta eficiencia, como sería el riego por goteo o aspersión.

Con esta acción estaríamos dando un cumplimiento cabal a la Ley de Energía para el Campo que, en resumidas cuentas, se orienta a considerar de uso estratégico para el desa-rrollo nacional todos los energéticos que se usan en el sector agropecuario, a través de precios preferenciales de hidrocarburos y energéticos para la actividad agropecuaria, permitiendo con ello una gran transferencia de energía del Estado al campo mexicano, para que esto se convierta en productos alimenticios para satisfacer la demanda nacional y, además, a precios competitivos en el mercado nacional y extranjero.

Consideramos que las demandas sociales justas, como la que dio origen a la multicitada ley, no deben recibir respuestas disminuidas por problemas técnicos de aplicación de la norma al caso concreto, debiendo buscar siempre las estrategias más efectivas para que se provea a su exacta observancia, con mayor razón tratándose de un tema tan delicado como el planteado.

Es deber de las autoridades de todos los niveles brindar apoyo incondicional al campo mexicano, y una buena manera de conseguirlo es respaldando la presente solicitud.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorte respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que reforme el ``Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica'', que entró en vigor el 9 de agosto del 2003, a efecto de que, en el cálculo del Límite de Energía Anual (LEA) para la aplicación de la tarifa 9-N, se conceda para todo el país un volumen de extracción de agua adicional del 40% en el 2004, y un 20% para el 2005, tomando como base el déficit de sobreexplotación de los acuíferos más críticos.

La Proposición fue entregada oportunamente y se acompaño de la versión electrónica del documento y en este acto se reitera la petición de que el asunto sea tramitado de urgente resolución, en los términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento antes invocado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2004.--- Dip. Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se turna a la Tercera Comisión.

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SISTEMA DE TELEVISION EDUCATIVA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado don Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo Federal asigne frecuencia de televisión abierta para el Sistema de Televisión Educativa, Edusat, a nivel nacional.

El diputado Alfonso Juventino Nava Díaz:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Nuestro país ha venido construyendo a través del tiempo una estructura educativa de extraordinario nivel. Con este propósito se insertó en 1995 el Sistema de Educación Televisiva, Edusat. Actualmente, Edusat tiene señal de recepción en 32 mil escuelas que cuentan con aparato receptor y llega a algunas ciudades a través de televisión por cable.

Es responsabilidad de los legisladores coadyuvar a la tarea para desarrollar procesos que coadyuven al desarrollo cultural y educativo. Actualmente estos procesos de cultura y de educación en sistemas de comunicación masiva son hechos por canales comerciales.

Existen en nuestro país casi 32 millones de aparatos receptores que a través de la televisión comercial difunden anticultura, antivalores en muchos de sus programas. Edusat funciona con ocho canales de educación; tiene convenios con más de 50 países y tiene estructurado 9 mil 300 horas de programación educativa, es por ello que solicitamos respetuosamente que sean abiertos estos ocho canales de televisión educativa para que como sociedad tengamos el privilegio de la educación.

No es justo en este país, que la educación que llega por televisión sólo la disfrute quien tiene la posibilidad de pagar televisión por cable.

Creemos que en la actualidad no existen limitantes técnicas de frecuencias ni de estructuras de retransmisión; en su caso si lo existiera, hay toda una infraestructura a nivel nacional de antenas de retransmisión que fueron utilizadas por Ferrocarriles de México y que desde luego con los convenios correspondientes pudieran servir para esta retransmisión.

Por lo tanto, con base en las anteriores consideraciones, solicitamos ante esta Comisión Permanente del Congreso exhortar al Ejecutivo Federal para que lo antes posible realice las gestiones correspondientes ante las autoridades competentes, a fin de asignar frecuencias de televisión abierta para que el Sistema de Televisión Educativa (Edusat) pueda realmente ser aprovechado por todos los mexicanos y crear con ello un ambiente social educativo. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo Federal que asigne frecuencias de televisión abierta para el Sistema de Televisión Educativa (Edusat) a nivel nacional, a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del PRI

En mi carácter de diputado federal miembro de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

``Ningún país ha conocido la prosperidad económica sin antes haber conocido el desarrollo educativo'' Benito Juárez.

Está comprobado que la globalización en la que estamos inmersos, la competitividad de las naciones, depende cada vez más de la capacidad para la innovación educativa y cultural a partir de su propio desarrollo tecnológico. Como legisladores tenemos que coadyuvar a la tarea de desarrollar procesos para transformar nuestra sociedad, para esto es necesario redefinir nuevos roles que propicien cambios culturales y nuevas actitudes en nuestra sociedad.

Para lograr este fin contamos con herramientas como el Sistema Educación Televisiva (Edusat), que en diciembre de 1995 estableció por primera vez un sistema nacional de televisión educativa, basado en tecnología satelital digitalizada, con un potencial extraordinario en términos de cobertura y volumen de oferta.

La misión de la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) es brindar condiciones para que todas las personas en México puedan ejercer su derecho a la educación. Lograr un esquema de equidad en materia educativa, resulta complicado, especialmente en zonas apartadas y de difícil acceso. Esta labor se realiza por medio de Edusat.

El sistema funciona con ocho canales de programación propia, y reproduce la señal de dos canales para la educación infantil, incorporando a su oferta 9300 horas anuales a través del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ILCE y coordinados con más de 50 países de todo el mundo.

Toda esta riqueza educativa se ve reducida, a ser recibida sólo en las aulas que cuentan con receptor especial y en varios casos esta señal llega por programación privada.

Esta situación resulta injusta al desproteger de la señal de cobertura a los grandes centros de población urbana y especialmente a las clases que no tienen un contrato de televisión por paga, a las que sólo les queda el recurso de los canales comerciales, que en su mayoría presentan en su programación altas dosis de descultura, violencia y antivalores.

Consideramos que actualmente no existen limitantes técnicas de frecuencias y, en su caso, si se requirieran antenas de retransmisión pueden ser utilizadas mediante convenios, las que sirvieron en algún tiempo a la infraestructura ferroviaria.

Es urgente contribuir desde el Estado a una cultura de innovación, de transformación y cambio, lograr unir esfuerzos para combatir el rezago educativo y generar en nuestro país un atmósfera social educativa.

Con base en las anteriores consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito al Presidente poner a consideración de la Comisión Permanente su urgente y obvia resolución del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, lo antes posible, realice las gestiones correspondientes ante las autoridades competentes a fin de asignar frecuencias de televisión abierta para que el Sistema de Televisión Educativa (Edusat) pueda ser aprovechado por todos los mexicanos.

México, DF, a 3 de marzo de 2004.--- Dip. Alfonso Nava Díaz, (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

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DISTRITO FEDERAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para ordenar a la Auditoría Superior de la Federación practique una auditoría de desempeño a los recursos federalizados y de deuda del Distrito Federal y que informe a esta soberanía acerca del destino y aplicación de los mismos en los ejercicios fiscales 2001 y 2003.

El diputado Federico Döring Casar:

Gracias. Con su venia, señor Presidente:

El punto de acuerdo de referencia ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria y, por ende, es del conocimiento de todos los integrantes de esta Comisión Permanente.

El origen del punto de acuerdo a nadie escapa, tiene sustento en la noticia sobre Gustavo Ponce Meléndez, el Secretario de Finanzas del Gobierno capitalino, quien fue evidenciado no tenía un manejo probo de los mismos.

Sobre Gustavo Ponce Meléndez habría qué decir en primer término que no es éste el primer Gobierno de la Ciudad en el que participa, él participa en el Gobierno de la Ciudad desde 1997, pero hay una diferencia sustantiva entre las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles con respecto a la de Andrés Manuel López Obrador.

En las consideraciones anteriores, los diputados y el gobierno perredista lo percibían como un tecnócrata, con un amplio conocimiento en materia de finanzas públicas por su trayectoria, pero no un cuadro político que merecía la confianza del titular de la Jefatura del Departamento.

Esa hipótesis no se sostiene hoy día, fue Andrés Manuel López Obrador quien decidió ante la renuncia de Carlos Ursúa, designarlo como Secretario de Finanzas y decía, en corto y en público que, era porque era el epítome de la transparencia, de la honestidad y del profesionalismo que su gobierno de austeridad republicana y de honestidad valiente representaba en este contexto político nacional y él sustentaba la calidad moral que él avaló en Gustavo Ponce Meléndez, en el hecho de que cuando éste trabajo en la extinta Secodadm, fue uno de los principales testigos en el caso de Raúl Salinas de Gortari y por eso es que él decía que le otorgaba un aval a carta blanca.

Pero nadie puede también dejar de ver que el asunto de fiscalización, ante un gobierno que tuvo un subejercicio de más de 6 mil millones de pesos en el 2003, que es un importe mayor al gasto de muchas dependencias federales para este año, la Secretaría de Economía no tiene esa cantidad de recursos para todo el Ejercicio Fiscal de 2004, tampoco lo tienen sumadas la hoy Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Gobernación, por poner un ejemplo, del contexto del subejercicio. Lo que queremos es fiscalización y rendición de cuentas, porque ésas no se tienen en el ámbito local, a las finanzas federales que se ejercen en el ámbito local no se les ha practicado una auditoría desde el año de 1998.

Cuando el PAN propuso a raíz del escándalo de Nicolás Mollinedo que éste compareciera para definir sus atribuciones y sus responsabilidades como funcionario público, el PRD en la Asamblea decidió que esto no era urgente y que no era pertinente; cuando el PAN en la Asamblea decidió proponer una auditoría a la deuda pública, como hoy día se propone en esta Comisión Permanente, el PRD en la Asamblea decidió que no era urgente y que no era pertinente. Y nos queda claro a raíz de estos escándalos, que la única opción de fiscalización es el ámbito federal.

Sobre esto habría que reflexionar también, sobre las facultades que tiene el Congreso de la Unión, no la Cámara de Diputados, sino la Cámara de Senadores, que es el último valladar que existe para preservar el orden jurídico y estado público de bienestar social en el Distrito Federal, las cuales me parece tendrían que ser reflexionadas a la luz del último acontecimiento.

El día de hoy, consternado por lo que aparece en este video, he dado cuenta pública de lo que es un acto de flagrante, obscena y nauseabunda corrupción. Tenemos al líder del PRD en la Asamblea que en anteriores cargos ocupó el de coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador a la jefatura de Gobierno, el del secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero; recibiendo toneladas de dinero para algo que él mismo ya reconoció, era un donativo electoral y del que ahora no sólo tenemos el asunto de la fiscalización, sino la persuasión de la posible comisión de un delito electoral, porque no es un dinero que se haya reportado al instituto electoral local, porque simple y sencillamente el acuerdo al instituto local para el techo de campaña de la delegación de Alvaro Obregón no lo permitía y la propia delegada, ya dijo que ella, nunca recibió el dinero y que no sabe nada.

Concluyo citando al diputado Manuel Camacho, a quien veo muy inquieto. El dijo en alguna sesión anterior, que el PAN no debería de tener una postura cortesana respecto a la fiscalización y exhorto a mis compañeros del PRD, que sé que comparte conmigo una lucha histórica por la transparencia y el combate a la corrupción a que se sumen a esta iniciativa, a que mandemos el mensaje de que por encima de los partidos y de las personas, están los principios y las convicciones.

A nosotros nos queda muy claro que Andrés Manuel no es el PRD en sí mismo; nos queda muy claro que los casos de corrupción que se están evidenciando en el Distrito Federal, no son el PRD en sí mismo, pero sí son parte de un PRD que nos parece tiene que reflexionar y los exhorto a todos a que en las materias reservadas de este Congreso construyamos una Ley Federal de Responsabilidades para Servidores Públicos del Distrito Federal, que ponga un freno a la corrupción del gobierno capitalino.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para ordenar a la auditoría superior de la Federación que practique una Auditoría de Desempeño a los Recursos Federalizados y de deuda del Distrito Federal, así como que informe a esta soberanía acerca del destino y la aplicación de éstos en los Ejercicios Fiscales 2001-2003, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del PAN

Los suscritos diputados federales en la LIX Legislatura, en nombre de los grupos parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente un punto de acuerdo, a partir de las siguientes

Consideraciones

1. En los últimos seis años, la errónea política fiscal del Gobierno del Distrito Federal ha privilegiado para su financiamiento los recursos que aporta el Gobierno de la República, vía transferencias (Ramos 33 y 39) y participaciones (Ramo 28), así como al endeudamiento, en lugar de fortalecer sus ingresos propios. Por tanto, en ese lapso el saldo de la deuda pública del Distrito Federal aumentó prácticamente cuatro veces y los recursos federales se multiplicaron por tres. En cambio, los ingresos propios que genera el Distrito Federal por cuenta propia ni siquiera se duplicaron.

2. Por ello, los ingresos propios de la ciudad han perdido de manera recurrente el peso que tenían en 1997, pues disminuyeron de 58 a 53.4 por ciento al cierre de 2003. En cambio, los recursos aportados por la Federación aumentaron de manera significativa: de 32.3 a 36.6 por ciento en el mismo lapso.

3. Lo mismo ocurrió con la deuda local: se ha incrementado de manera geométrica. En sólo tres años y a partir de 2000, la deuda pública de la hacienda local aumentó en 13 mil millones de pesos, para situarse en 41 mil 634.1 millones de pesos. La relación deuda-ingresos totales se ha deteriorado drásticamente, pues de representar 29.7 por ciento en 1997, alcanzó 54.6 por ciento en 2003. En suma, el funcionamiento de la hacienda pública del Distrito Federal depende más ahora que nunca de los recursos que el Gobierno de la República le otorga.

A la incapacidad para financiar el gasto sobre bases financieras sanas, se suma un manejo discrecional, opaco e indebido de los recursos públicos, como muestra la escandalosa evidencia sobre las irregularidades cometidas por el secretario de Finanzas del Distrito Federal, apenas cesado, como efecto de una fiscalización tardía, ineficaz y opaca a cargo del propio gobierno, cuyo procurador de Justicia mantuvo en un injustificado sigilo una supuesta investigación por un fraude de 31 millones de pesos.

Cabe señalar que a la fecha el Gobierno del Distrito Federal no se ha sujetado a lo dispuesto en los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en el sentido de celebrar los convenios de colaboración para que se lleven a cabo la supervisión y revisión exhaustiva de los recursos públicos federales que se ejercen en el Distrito Federal.

El Gobierno Federal es garante de los créditos solicitados por el Distrito Federal, y corresponsable del uso que se haga de los recursos federalizados, de ahí que sea urgente que la propia Cámara de Diputados, por conducto del órgano federal, realice la fiscalización de éstos.

Por las consideraciones expuestas, los diputados federales suscritos someten a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que se instruya a la Auditoría Superior de la Federación para que realice con la mayor brevedad una auditoría integral y exhaustiva de los recursos de endeudamiento y de origen federal otorgados al Distrito Federal, que deberá comprender los aspectos de desempeño, legales, financieros y programático-presupuestales, a fin de fiscalizar el destino y la aplicación de dichos recursos en el periodo 2001-2003, con objeto de transparentar el ejercicio de su gasto.

Que se informe además a esta Cámara, en particular, de la tasa de retorno de los proyectos financiados con los recursos de crédito, que ha ejercido el Distrito Federal durante ese periodo.

Segundo. Que se exhorte a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa y, en su caso, a las autoridades competentes a suscribir con la Auditoría Superior de la Federación el convenio de colaboración que ordena la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Tercero. Que se solicite respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que requiera a la Contaduría Mayor de Hacienda que practique una auditoría exhaustiva a las operaciones y el ejercicio de recursos a cargo de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, así como a la intervención que ésta tiene en los procesos de planeación, programación, presupuestación, control y ejercicio del gasto de toda la administración pública del Distrito Federal.

México, DF, a 3 de marzo de 2004.--- Diputados: Federico Döring Casar y Roberto Campa Cifrián (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

Señoras y señores legisladores: me indica, hay un pedimento del diputado Manuel Camacho Solís, en virtud de que hay otro tema con contenido similar si no idéntico a éste, con el propósito de que se discutan los dos temas, en el caso de que la Asamblea resuelva que es de urgente resolución. Entonces voy a instruir a la Secretaría consulte a la Asamblea si los dos temas se consideran en uno solo.

Indíquelo, don Manuel Camacho Solís.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

En votación económica, se pregunta...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

No, no. Es el último, sobre la corrupción de servidores públicos...

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Sí, señor Presidente.

Señor Presidente, es que como Federico habló de los dos temas y no sólo del punto de acuerdo, entonces la solicitud es que se abra el debate general, ya que están los dos temas ya mencionados por él.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Por eso va usted a solicitar, ya conociendo el planteamiento del diputado Camacho Solís, instruyo a usted para que consulte a la Asamblea si el último tema también se incluye en punto de acuerdo o no, en el entendido de que uno está como punto de acuerdo y el otro como agenda política. De todas maneras consulte, si es negativo seguimos el orden del día.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Se consulta a la Asamblea si se incluye en este debate el último tema que estaba en la agenda política o si se mantienen por separado.

Quienes estén a favor de que se incluyan los dos temas, sírvanse así manifestarlo...

Quien estén en contra de que se incluyan los dos temas, que lo manifiesten... La mayoría porque se incluyan los dos temas en el mismo debate, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Esa consulta es para que, en caso de que se considere de urgente resolución, se incluyan los dos temas en el mismo debate, por lo tanto se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera de urgente resolución, en votación calificada.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En consecuencia, se considera de urgente resolución y está a discusión el tema.

Esta Presidencia tiene registrados para hablar en pro, a la diputada Eliana García Laguna y al diputado Luis Antonio González Roldán y también tiene registrado al diputado David, al senador, bueno, los senadores también son diputados según alguna corriente, al senador David Jiménez González; el senador Juan José Rodríguez Prats; el señor diputado Pablo Gómez; el senador Demetrio Sodi y diputado Manuel Camacho Solís.

Señoras y señores legisladores: este debate no podemos hacerlo en los términos del 122, por lo tanto, salvo que haya objeción, en cuyo caso pediré opinión de la Asamblea en caso de que hubiera objeción, concederé el uso de la palabra a todos los registrados, toda vez que se mezcló un tema de agenda política con un tema de punto de acuerdo.

Tiene el uso de la palabra la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Eliana García Laguna:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

Nosotros venimos a esta tribuna a manifestar que estamos a favor de la propuesta de la auditoría que hizo el diputado Döring, pues hemos sido como perredistas, quienes desde hace muchos años hemos defendido que se fiscalice y que se pueda esclarecer la acción de funcionarios o servidores públicos que cometen irregularidades o ilícitos; pero estamos a favor también de que sea a todos y yo creo que éste es un punto esencial que debemos tener aquí como elemento básico de nuestras propuestas, porque el diputado Döring nos dice aquí que haya fiscalización y rendición de cuentas, estamos de acuerdo; estamos también de acuerdo y esperaríamos que el PAN estuviera de acuerdo que fuera a todos los niveles y que si presumimos mucho de que estamos fiscalizando a nivel federal, también actuaremos en consecuencia con los resultados de estas fiscalizaciones.

Porque resulta un poco contradictorio que el PAN nos venga a hablar de fiscalización y rendición de cuentas cuando lleva sobre sus espaldas el escándalo que hubo con ``Vamos México'', que es la esposa del señor Presidente de la República o la situación de los gastos realizados por el Embajador en la OCDE y, a diferencia de lo que sucedió con el vídeo que se publicó o que se exhibió de Gustavo Ponce, en el cual estaba viéndose actos irregulares, pues no ha habido ninguna acción de investigación ni ningún acto del Gobierno Federal en relación con esto.

Nosotros entonces creemos que sí hay una diferencia porque de inmediato, cuando se hizo la exhibición de este vídeo, la Jefatura de Gobierno al señor Ponce lo removió de su cargo e incluso se dio la información de que se abría ya el proceso de investigación y que se ligaba con otro juicio que se estaba o con otra investigación que se estaba realizando y que hay una intención del Gobierno de la ciudad de abatir y combatir una red de corrupción que estaba generándose y que estaba ahí viva, efectivamente no de ahorita, quizá de antes.

Entonces, hay una diferencia entre la conducta de un gobierno en relación con actos irregulares y la conducta de otros. Entonces yo creo que también aquí tendremos que ser mucho más consecuentes.

En relación con el otro tema, creo que sería importante que el diputado Döring nos diga si él tenía este vídeo que fue a presentar el día de hoy en relación con la conducta totalmente reprochable, condenable, del señor René Bejarano, ¿por qué no exhibió este vídeo o por qué no presentó cuando estaban recién terminadas las elecciones, este vídeo como prueba de actos ilícitos en la campaña?, porque entonces lo que pareciera, es que hay una conducta más bien ligada con ser cómplice de esta denuncia que hace el Gobierno del Distrito Federal en relación con el señor Ahumada, que seguramente es quien le proporcionó el día de ayer el vídeo y le dijo: ``oye, apúrate, porque se viene una denuncia en mi contra por fraudes en el Gobierno y entonces requeriría que demos un golpe'', porque cuando uno va a luchar en contra de la corrupción y es consecuente, pues no lo hace esperando una oportunidad política.

Ahora, yo creo que aquí hay otro tema al que hay que entrarle de manera seria y es el tema de a qué niveles hemos llevado la degradación política en este país y esto tiene que ver con algo mucho más grave y que tiene qué ver con que ante la ineficacia, ante la falta de oficio político de quienes tienen la responsabilidad del Estado en este país, y del Estado estoy hablando particularmente del Ejecutivo Federal, entonces resulta que todo se vuelve, como decía un diputado hace un rato, el videogate, el a ver cómo convertimos a los medios de comunicación en los fiscalizadores, porque entonces si había este vídeo, la consecuencia debió haber sido, presentar una denuncia ante la PGR, ante la instancia conveniente, para que entonces funcionen las instituciones de este país.

Y lo que estamos nosotros viendo, ante la falta de oficio político, es la instauración de un Estado policiaco, en el cual todas nuestras garantías como ciudadanos, y yo les quiero preguntar a ustedes, legisladores y legisladoras, al señor Döring, ¿si cada vez que sale a la calle está viendo a ver si alguien lo está siguiendo?, para ver si se le ocurre cualquier acto que después pueda ser denunciado a través de un vídeo.

Entonces yo creo que ésa es la discusión también de fondo que tenemos que dar, ¿cómo vamos a recuperar las instituciones políticas de este país?, ¿cómo vamos a recuperar la procuración de justicia?

Y entonces pongamos el debate al nivel de la altura que corresponde, ¿qué está pasando en la política de nuestro país, que los que dicen defenderla, como debiéramos ser nosotros, estamos llevándola a un nivel de degradación, de basurero?

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Lo anoto para contestar alusiones personales. Adelante.

El diputado Federico Döring Casar:

Con su venia, señor Presidente:

Bueno, lo primero que hay que celebrar es la coincidencia en que el acto es censurable, reprochable y que no tiene cabida en la vida pública de este país y de la Ciudad de México, pero algunas imputaciones que hicieron aquí merecen una precisión, ¿por qué no lo presenté antes? Por lo mismo que ha expuesto la diputada Eliana García Laguna, porque no tuve esta información hasta el día de ayer por la tarde, ni siquiera la tuve cuando con mi compañero el diputado Roberto Campa Cifrián ofreció una conferencia en esta Cámara de Diputados el día de ayer alrededor de la una de la tarde.

Y lo más interesante es que no hay un solo argumento que pueda acreditar el combate a la corrupción en esta materia, ella trae a esta tribuna la primera plana del diario La Jornada, en la cual se da cuenta de que precisamente la empresa que le está dando el dinero, que no es poco dinero, porque se recuenta que iban al momento de esa filmación 5 millones de pesos, al excoordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, es una empresa que tiene tache en el gobierno capitalino, es una empresa que está investigada por el gobierno capitalino y que se le ha denominado como una empresa con mucha suspicacia en términos de la obra pública del gobierno capitalino.

E irónicamente tenemos que aceptar que es una postura diferente, como ella dice, cuando el brazo derecho de Andrés Manuel López Obrador, la gente más cercana a él, la gente en quien más confianza ha depositado, se permite y se tolera reunirse con un funcionario proscrito, por investigaciones que lleva a cabo la Contraloría capitalina y, no sólo se permite reunirse con él, sino que permite negociar con él y aceptar el dinero con un placer singular, porque ahora dice que fue para una campaña electoral y es evidentemente una suma que no se pudo haber acreditado.

Y sí, por supuesto, que el PAN está a favor de la fiscalización y la revisión de cuentas en todos los ámbitos de gobierno y con cualquier sigla partidista, pero sí hay una diferencia y en eso también coincido con la diputada, entre las posturas, el gobierno de la honestidad valiente, el gobierno que encara y se pregona en la mañana entre las seis y las seis y media como adalid del combate a la corrupción, como garante del auténtico combate a la corrupción y que debiera ser un espejo público diáfano y transparente del ejercicio de la función pública, es el único gobierno que no ha dado la cara.

Porque con todos los escándalos, todos los involucrados le han dado la cara a la opinión pública y a la sociedad mexicana y todos han ofrecido una explicación, la podemos creer o no, la podemos comprar o no, pero el único que no le ha dado la cara a la sociedad mexicana es el secretario de finanzas del gobierno de la honestidad valiente. El único que no le ha dado la cara al pueblo de México y que está prófugo es el Secretario de Finanzas del gobierno de la honestidad valiente.

Y ésa, ésa sin lugar a dudas diputada, sí es una diferencia abismal entre distintos ámbitos de gobierno.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para contestar alusiones personales la diputada Eliana García Laguna, tiene el uso de la palabra.

La diputada Eliana García Laguna:

Yo creo que una manera verdaderamente clara de dar la cara, de un gobierno, es que cuando se presenta un vídeo en el cual un funcionario del gobierno está cometiendo actos de irregularidades, de inmediato el gobierno remueve a ese funcionario e inicia una investigación. Yo no entiendo a qué se refieren cuando hay que dar la cara; ahí están dando la cara.

Yo creo que lo que tendríamos que plantearnos como Congreso de la Unión, está ligado con dos cosas: primera, el reconocimiento de que los que estamos aquí representando a nuestros partidos y a la sociedad, estamos a favor de que se esclarezcan, de que se investiguen actos de irregularidades de servidores públicos a cualquier nivel. En eso estamos de acuerdo. Adelante y por eso estamos apoyando el punto de acuerdo, de la auditoría.

Yo creo que también tendríamos entonces que estar de acuerdo en que sí existen diferencias; cuando tenemos el caso de la esposa del Presidente en donde hay una asociación que recibe recurso no pequeño y no hay ninguna explicación de las cuentas claras y ahí estamos hablando de qué significa dar la cara. Dar la cara significa presentar una acción de gobierno contundente, en relación con una denuncia o con la presunción de ilícitos; y ahí está cuando nosotros hablamos de dar la cara.

Pero yo quisiera más bien, y repito, colocar esta discusión sobre la base de que nosotros como partidos estamos ya incluso tomando las providencias en relación con el proceso interno que tengamos que seguir de acuerdo a nuestra reglamentación, en relación con el acto y repito, que condenamos, que reprobamos, que no tiene ninguna atenuante en relación con el vídeo presentado hoy. Y ahí nosotros vamos a demostrarles que nosotros no tenemos Amigos de Fox; que cuando alguien de nuestro partido se encuentra en un acto de flagrancia vamos a actuar; que nosotros no estamos ocultando. Ahí vamos a dar la cara como partido; como la hemos dado como gobierno en donde estamos gobernando.

Pero entonces repito, vayámonos a un nivel mayor de este debate: ¿qué esta haciendo el Gobierno Federal para que en este país la política tenga el nivel de honor, de prestigio que debería tener. ¿Pues es muy difícil porque tenemos una figura presidencial que ha convertido la política en: ''mándenle una carta a tu servilleta a Los Pinoles?'' Ese es el nivel de política al que se ha llevado a este país.

Y la consecuencia de esto, que es un lenguaje florido, simpático, dicharachero y jugador, lo desgraciado de este asunto es que la política se ha convertido en la política de que nos espíen; ya no necesitamos irnos a un Big Brother Vip en Televisa, en sus programas especiales, porque tenemos el Big Brother en ``El Mañanero'', tenemos el Big Brother en el programa de López Dóriga.

El Big Brother se está llevando a los niveles de que noso-tros como políticos estamos siendo degradados. Y aquí es donde nosotros tendríamos que luchar por recuperar la dignidad del oficio político. Y aquí sí no hay respuesta, porque como no existe un Gobierno Federal que esté actuando en consecuencia con la conducción de este país donde vemos la entrega de nuestra soberanía en los aeropuertos; donde vemos el cierre de la Embajada mexicana en Haití. Por primera vez en la historia de la política exterior de este país, se cierra una embajada en un conflicto, es decir, ni siquiera la capacidad de dar protección en una situación de conflicto armado.

Hay una falta, una pérdida de la capacidad de hacer política y entonces por eso el partido que está representado en el Gobierno Federal hace política de, y lo repito, de cloacas.

Nosotros pensamos, y ésa es la parte que quisiéramos reivindicar, que tenemos que darle a este Congreso, a esta capacidad de actuar su nivel y por eso vamos a apoyar el punto de acuerdo para que se haga la auditoría que se está solicitando.

Igual vamos a reclamar que entonces se actúe en consecuencia con los actos que se han denunciado de personajes y personalidades de otros partidos políticos.

Nosotros vamos a actuar en consecuencia y va a haber una acción de repudio a actos de corrupción.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema el senador David Jiménez González.

El senador David Jiménez González:

Muchas gracias, señor Presidente; con su venia:

Miren ustedes, esta situación que se ha dado a conocer a la opinión pública del país y en especial la del Distrito Federal no viene de hace uno o dos o cuatro o cinco meses. Esto viene de una estrategia que se empezó a elaborar desde el año 2000, 2001.

Y viene desde la llamada, entre comillas, reforma política del Distrito Federal. Esta reforma política del Distrito Federal, que no viene siendo más que una tramposa y mañosa manera de sustraer la responsabilidad pública y política de los servidores públicos del Distrito Federal, encabezada por supuesto por el mismo Jefe de Gobierno de la propia ciudad.

Durante más de un año la fracción del PRI, mi fracción, se opuso terminantemente a que aprobáramos esa minuta que nos había dado la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Cierto es que se había aprobado en la Asamblea de Representantes, se había aprobado aquí casi por unanimidad por los diputados federales y fue rechazada por mi fracción en la Cámara de Senadores y por eso esa minuta vino nuevamente a la Cámara de Diputados para que analizaran las observaciones que estábamos haciendo respecto de ella.

Y en qué consistía. Pues consistía fundamentalmente en, aparentemente, otorgarle un mayor fortalecimiento a las instituciones del Distrito Federal, darle una mayor autonomía respecto a los Poderes federales; inclusive llegaba al absurdo de supeditar a los Poderes federales, a los órganos del Distrito Federal, a los órganos de gobierno, fundamentalmente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Y ¿qué fue lo que pasó? Pasó que la Cámara de Senadores, cuando fue sometida a nuestra consideración rechazamos rotundamente todos y cada uno de los puntos que querían la reforma constitucional porque estaba orientada a modificar lo que establece el Título Cuarto de la Constitución General de la República: la responsabilidad de los servidores públicos, artículo 108 de la Constitución.

Y en el artículo 110 el juicio político respecto a los servidores públicos, desde luego en los que se encuentran el Jefe de Gobierno y la Asamblea del Distrito Federal.

De tal manera que nosotros al analizar y ver en perspectiva qué es lo que se quería era una cosa fundamental para poder hacer lo que estamos viendo que están haciendo aun violentando la Constitución, las leyes y degradando el ejercicio de la función pública y de la actividad política.

Qué es lo que pretendían. Que al modificar este Título Cuarto, al sustraerlo de la competencia de las autoridades federales para fincar responsabilidades respecto a las conductas de los servidores públicos del Distrito Federal, que daba sometido a, ¿qué? a la consideración de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y al quedar sometida a la consideración de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, los juicios de responsabilidad y los juicios políticos ya no eran competencia de nosotros, quedaban bajo el ámbito de los órganos del Distrito Federal, los órganos de gobierno.

Qué fácil esquema. Ahorita los responsables no tendrían nada que decirnos ni a los diputados ni mucho menos a los senadores, que tenemos la facultad de exigir responsabilidades e inclusive de acuerdo con el 76, facultad exclusiva de la Cámara de Senadores, y de acuerdo con el artículo 66 del Estatuto de Gobierno, el pedir la destitución del Jefe de Gobierno, cuando se han violentado normas fundamentales y se ha atacado el orden público.

¿Qué es lo que querían entonces? Pues que fuera la Asamblea de Representantes la que juzgara las responsabilidades de los servidores públicos del Distrito Federal. Imagínense ustedes cuándo podríamos exigirle esas responsabilidad si vemos la conformación actual de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que hasta hace unos minutos parece ser cosa que no se cumplió, porque nuevamente tramposa y mañosamente en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se diluye el quórum, no sesionan y no ha pedido todavía su licencia el señor René Bejarano.

Pero no viene siendo más que un brazo más de la jefatura de Gobierno del Distrito Federal que maneja a su antojo un órgano colectivo que debería de ser el contrapeso de las decisiones en esta ciudad, como es la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Cierto, entraron con las manos en la bolsa y han salido con la bolsa entre las manos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor David.

Tiene el uso de la palabra el senador Juan José Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El senador Juan José Rodríguez Prats:

Con su permiso, señor Presidente:

Yo quisiera hacer algunas puntualizaciones al discurso de la compañera diputada. Habla de que el PRD siempre se ha caracterizado por apoyar la transparencia a las auditorías. Sí, en lo federal; pero yo le quiero recordar que en el Distrito Federal, en el caso de Publicorp, se conformaron con la inhabilitación de dos o tres funcionarios y no se llegó a fondo en la investigación. Y tenemos muchos casos: cómo se negaron a la Ley de la Transparencia, aprobar una Ley de Transparencia en el Distrito Federal y cómo hubo actitudes de total ocultamiento.

Se refiere usted a la degradación de la política. Yo en esto coincido. Pero su discurso cae en la degradación de la política, porque aquí se hacen imputaciones al Distrito Federal, a la administración de Andrés Manuel López Obrador y repite usted una serie de imputaciones a otras autoridades en una viejísima artimaña parlamentaria de decir: ``todos somos cómplices'', ``Aquí que nadie tire una piedra porque todos estamos embarrados''. Eso se llama degradar la política.

Definitivamente estamos incurriendo en el discurso de la complicidad infinita: ``no tenemos remedio''. ``Así somos los mexicanos''. ¡no! diputada. Yo creo que aquí hubo imputaciones específicas y concretas que hay que responder y no un relicario de imputaciones hasta de cuestiones que se están sucediendo en el extranjero con el claro propósito de desviar la atención.

Habla usted de la actitud de Andrés Manuel López Obrador. Aquí sí le quiero decir que soy más experto en el tema que usted. López Obrador tiene una habilidad extraordinaria para no reconocer lealtades, para desprenderse de la gente. Es un auténtico manipulador de hombres.

Mire usted: en Tabasco dejó embarcado en el problema más grave que confronta hoy mi estado, 250 mil usuarios que no pagan luz, deben 1 mil 100 millones de pesos, está quebrando el sistema eléctrico en el estado y se vino al Distrito Federal. Es un tabasqueño atípico, se desprende, porque usted dice: ``No damos la cara''. Pues, ¡claro! Los renuncia, los cesa y ya no hay contacto con él.

Ahora René Bejarano va a ser un perredista más en la calle, no el que le coordinó la campaña ni el que fue su secretario particular ni el que le coordinaba el grupo en la Asamblea que obviamente tenía que estar enterado López Obrador, con esa honestidad valiente y acuciosa, de todo lo que éste hacía.

Pero yo creo que hay una reflexión fundamental y en esto sí coincido con usted: tenemos qué evitar que los escándalos nos escandalicen, esto suele suceder en las democracias. Las dictaduras sotorran, ocultan, están sancionando en lo oscurito. Daniel Cosío Villegas dijo una frase excelente el siglo pasado: ``nuestra vida pública tiene que ser más pública''.

¡En eso estamos! ¡Estamos dejando atrás un sistema que negaba la existencia de estos problemas! ¡Cómo los íbamos a resolver si no los conocíamos! ¡Qué bueno que se aflore! ¡El Congreso está llamado a eso, esto es la caja de resonancia nacional! Decía Walter Wilson, uno de los grandes teóricos, que vio a un irlandés que estaba escarbando a la orilla de su casa y le dijo: ``¿Qué estás haciendo?''. Y dijo: ``Estoy permitiendo que salga la oscuridad del sótano''.

Y eso estamos haciendo aquí: ¡Que salga la oscuridad del sótano, que se investigue! El PAN no está ocultando a nadie y tan es así que en las anteriores sesiones de esta Comisión Permanente siempre aprobó que se hicieran las auditorías, siempre aprobó que se dé cuenta, que se rinda cuenta. ¡Esta es la función primigénea del Congreso: controlar el ejercicio del poder! ``El poder ---y cito de nuevo a Walter Wilson---, y la política y la tuberculosis tienen el mismo remedio: ``a la luz del sol y al aire del día'' ¡Ventilemos los asuntos públicos, los mexicanos lo merecen y que aflore la verdad, la verdad tiene una fuerza propia: le da energía, fortalece la moral de los pueblos!

Y, por último, cuando usted habla de Estado policiaco y de que se siente usted perseguida... ¡pues debe ser por el gobierno de la ciudad! Porque una compañera suya habla ¡de que esta información salió de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal o a la mejor de su propio partido! Porque parece ser que de ahí vienen las filtraciones, ¿eh?; ¡ahí es en donde está la lucha interna de posibles precandidatos, aunque se quieran dar por muertos!

Sí, requerimos todos un ejercicio de politizar a la ciudadanía mexicana. Politizarla en el buen sentido, porque en la medida en que haya mayor participación, en la medida en que los asuntos se politizan, o sea, sean de todos, que eso es en el buen sentido el término politizar, yo creo que se cerrará la brecha entre la clase política, entre partidos y ciudadanía. Y eso sin duda nos va a llevar a mejorar la política para bien del país.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para contestar alusiones personales tiene el uso de la palabra la diputada Eliana García Laguna.

La diputada Eliana García Laguna:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Afortunadamente no me siento identificada con las artimañas legislativas, con la retahíla de artimañas parlamentarias, porque pues es la primera vez que soy legisladora. Eso quizá lo podrán decir otros, que ha sido su conducta o su forma de actuar. Yo no, yo es la primera vez que soy legisladora.

Yo pediría respeto, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor senador Rodríguez Prats: absténgase de comentarios, porque están prohibidos por el Reglamento.

Continúe usted, diputada.

La diputada Eliana García Laguna:

Sobre todo pido respeto por aquello de que queremos llevar a la política a un nivel mayor, pues hagámoslo.

Entonces yo creo que aquí nuevamente es la falta de comprensión y la incapacidad de entender que el PRD está reconociendo y aquí no estamos queriendo ocultar nada, no estamos en una posición de que el sol no salga, porque además nuestro logotipo es un sol; queremos que salga, sí, efectivamente. Pero creo que habría entonces que tener claro, ¡que nosotros estamos reconociendo en esta tribuna que lo que se vio en el vídeo de hoy en la mañana es un acto reprobable que condenamos! ¡No estamos queriendo defender a la persona que en el vídeo está recibiendo dinero, estamos diciendo aquí que es un acto que no tiene ningún atenuante y que nuestro partido, a diferencia de otros que no han hecho nada y si esto a alguien le parece una artimaña parlamentaria.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momento, diputada, un momento diputada, suspendan el marcaje de tiempo,

¿Senador, con qué propósito?

El senador Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):

Pedir por su conducto si me autorizara una pregunta la oradora.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¿Acepta, diputada Eliana?

La diputada Eliana García Laguna:

Yo pediría que mejor...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

No acepta la diputada. ¿Lo acepta en término diputada, para al término de su intervención o no lo acepta?

La diputada Eliana García Laguna:

Yo creo que el diputado, perdón el senador, podría inscribirse en la lista si me alude.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Muy bien, continúe el marcaje de tiempo y continúe usted diputada con su intervención.

La diputada Eliana García Laguna:

Sí, que nosotros estamos aquí reconociendo que fue un acto reprobable, condenable, sin atenuantes, eso lo estamos reconociendo no estamos viniendo aquí a defender al señor René Bejarano y no estamos diciendo que se va a ir como cualquier perredista, no desconocemos lo que él representa y lo que ha tenido, por lo tanto para nosotros es mucho más serio, estamos incluso como partido, en la espera de dar una declaración y tomar una posición pública, que no han hecho otros, yo no, lo único que digo es si alguien dice que esto es una artimaña parlamentaria creo que la historia tendrá que decir quién sí ha dado la cara cuando sus funcionarios, cuando sus militantes, hacen actos reprobables

Yo aquí quisiera, como aquí les gusta citar, yo quisiera citar a George Orwell cuando finalmente se habla de que en un Estado policiaco como el propuesto en la novela de 1984 que finalmente da origen al Big Brother, ahí se habla de que las actividades de las personas son grabadas y vistas en pantalla caseras y lo que a mí me queda duda, es si ante la incapacidad de un Gobierno de dar resultados de todas las promesas de campaña que se hicieron, entonces lo que hay que hacer, es llevar a nivel de espionaje político, que yo creo que aquí también tendríamos que entrar a esa discusión y cuando yo llamo a recuperar la dignidad de la política, hablo, es decir, reconocemos como un acto reprobable lo que hoy sale en el vídeo pero al mismo tiempo llamamos a que este Congreso plantee una reivindicación de la política, una crítica a un estado policiaco que investiga, no que investiga, que espía a las personas, a los ciudadanos, que además es violatorio a las garantías individuales, entonces yo creo que seamos consecuentes.

Y aquí yo no conozco Tabasco en términos de la historia, pero yo sí creo que aquí tenemos que hacer una reivindicación de un Gobierno que ante un funcionario que comete un acto irregular, de inmediato se le destituye, es mucho más de lo que han hecho otros gobiernos, en otras acciones también que se presumirían quizá no de acción directa del funcionario pero sí de gente cercana a ellos y aquí me estoy refiriendo, nuevamente, a la ``Fundacíón Vamos México'', a mí sí me gustaría saber como ciudadana, como legisladora, qué es lo que va a pasar con la investigación, con la fiscalización, todo este esclarecimiento de una fundación que está dirigida por la esposa del señor Presidente y ahí yo creo que entonces nos vayamos todos a esta idea que se ha comentado aquí, de que abramos las cloacas, decía alguien ahorita por acá, que abramos los cloacas, sí, yo digo, se están abriendo, se están abriendo porque algunos lo que tienen que ofrecer seguramente es eso.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señora diputada.

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, el señor diputado Pablo Gómez Alvarez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez:

Gracias Presidente; legisladoras, legisladores:

En relación con la propuesta de punto de acuerdo, en nombre de la bancada del Partido de la Revolución Democrática manifiesto que estamos completamente de acuerdo.

Pensamos que además deberíamos hacer un llamado, yo lo hago en nombre de este partido, a las autoridades de procuración de justicia con el propósito de que rápidamente esclarezcan en todos sus aspectos esta situación en la cual un alto funcionario del Gobierno capitalino es un persistente jugador con recursos cuya procedencia no está hasta este momento esclarecida, creo que hay que reconocer que la decisión del Procurador General de Justicia del Distrito Federal el día de ayer, de abrir una averiguación previa por enriquecimiento ilícito, es un medio completamente adecuado que podrá ayudar al esclarecimiento de este asunto.

Y pienso también que la vinculación de una averiguación previa abierta donde ya se ejerció acción penal contra tres personas, relacionada con obra pública en la Delegación Gustavo A. Madero, es una decisión correcta y debemos urgir al Procurador para que busque los vínculos en el caso de que existan, los ponga de relieve, ejerza la acción penal correspondiente e informe a la opinión pública hasta del último detalle, porque se trata de recursos públicos.

En relación con el vídeo dado a conocer esta mañana en el programa ``El Mañanero'', de Televisa, quisiera decir lo siguiente: en nombre del Partido de la Revolución Democrática, de su bancada parlamentaria y de su Comité Ejecutivo Nacional.

Primero. Nuestro Partido va a colaborar para el esclarecimiento de esto y para la persecución de los responsables con las autoridades de procuración de justicia, con las autoridades judiciales, con las autoridades electorales, va a abrir un procedimiento interno dentro del partido para investigar, esclarecer y sancionar a los que resulten ser responsables siendo miembros de nuestro partido sin ninguna limitación, con toda energía, con toda decisión, para combatir éste y cualquier otro acto de corrupción, incluyendo la cuestión del juicio político en su momento.

Esta institución, senador Jiménez, que usted defiende, debió haberlo hecho hace años. En este país no hay juicio político por más de 100 años y yo le pregunto: ¿para qué lo queremos? ¿Para qué lo queremos?

La licencia del diputado del Distrito Federal... de la Asamblea del Distrito Federal, René Bejarano, no lo exime de un posible juicio político si tenemos los elementos de prueba para llevarlo a cabo, porque la ley señala un año después de haber concluido su mandato pero también, también el Presidente del Partido Verde, senador Jiménez, puede ser y debe ser sometido a juicio de responsabilidad política y vamos al juicio de responsabilidad política para resolver, en el fondo, esta cuestión, porque la única forma de dignificar la función pública es combatiendo con las armas de la ley los actos indebidos de los servidores públicos.

El escándalo, senador, sí nos escandaliza; sí estamos escandalizados.

Es el PRD además de la ciudadanía, el principal agraviado por el hecho que se dio a conocer esta mañana en el programa ``El Mañanero'' y el PRD tiene que responder, el PRD tiene que responder ante la ciudadanía y ante sí mismo, ante sus propios integrantes e ir a fondo y no echarle tierra al asunto.

Yo lamento mucho que en los casos, otros escándalos, Pemexgate y los Amigos de Fox, no se hayan abierto investigaciones en el seno de los partidos; lo lamento y le comunico a la Comisión Permanente del Congreso, en nombre del Partido de la Revolución Democrática, que esta conducta el PRD no la va a llevar a cabo, no va a hacer lo que ha criticado de otros partidos, iremos a fondo e iremos desde hoy, hasta donde tope y a sus últimas consecuencias.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias.

Para contestar alusiones personales se le concede el uso de la palabra al senador David Jiménez González.

El senador David Jiménez González:

Muchas gracias, señor Presidente; con su permiso:

¡Claro!, ¡claro que está previsto por la Constitución el juicio político!, para eso está, para que se lleve a cabo, de acuerdo con lo que establece el artículo 110 y por eso está el 108, donde también se exige la responsabilidad de los servidores públicos que llegan a cometer los supuestos que las leyes penales consideran como delitos y las conductas que también están establecidas en el Estatuto de Gobierno como causas para fincar responsabilidad al Jefe de Gobierno, inclusive su destitución. ¡Claro que sí!, estimado diputado Pablo Gómez. Quiero decirle nada menos, para que vea lo que es usted:

Desde hace dos años aproximadamente, en esta misma tribuna, presenté un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que fue aprobado por la Comisión Permanente para hacerle un severo extrañamiento al Jefe de Gobierno de la ciudad, por la serie de conductas irregulares en que había caído, una y otra y otra vez.

¡No me diga, por favor! y usted es ya un experimentado político y también legislador, que un jefe no sabe quién es su secretario particular, no lo conoce, no tiene sus antecedentes y menos aún, desconoce quién va a hacerse cargo del manejo de cuantiosísimas cifras de dinero, 70 y tantos mil millones de pesos. No, eso es peccata minuta.

Como hoy vimos en la televisión al Jefe de Gobierno, sonriendo y diciéndose: ``ya cambiemos de tema, eso no importa, los 31 millones de pesos, que parece ser que se desviaron ahí, en la Delegación Gustavo Madero, no tiene ninguna importancia; ya se los dije que me den por muerto''. Claro que la ciudadanía, no solamente el Distrito Federal, sino de todo el país, ha tomado en serio esto, pues nada más eso faltaba, que se solaparan los actos de corrupción de los colaboradores más cercanos del Jefe de Gobierno.

Y quiero decirle otra cosa, que esto es más grave todavía. Hace aproximadamente 15 días, el Jefe de Gobierno decía, y lo sabemos todos los que estamos aquí y también todos los que escuchamos y leímos los periódicos, decía lo siguiente: ``en mi administración, en mi gobierno ---palabra más, palabras menos---, no hay actos de corrupción en los altos niveles, éstos se dan en los niveles bajos''. Es decir, los corruptos son los trabajadores, esa es la gente más modesta que sirve al Distrito Federal, la que permite tener los servicios públicos al alcance de los ciudadanos y los altos funcionarios, según la declaración de hace aproximadamente 15 días del Jefe de Gobierno, no, no estaban inmiscuidos en actos de corrupción.

¿Y qué es lo que estamos viendo ahora?, pues que los más cercanos colaboradores, los más altos funcionarios del Distrito Federal, están totalmente involucrados en los actos de corrupción.

Ahora, otra contracción, el Jefe de Gobierno decía también, que no conocía, sino hasta hace poco, al señor Ponce; declaración de Cuauhtémoc Cárdenas, dice que se conocieron cuando trabajaron juntos en el Instituto Federal de Protección al Consumidor, desde 1984, lo mismo sucedió cuando aquí hicimos la denuncia de su chofer Nico, de las cantidades extraordinarias que percibía por manejarle su modestísimo Tsuru, pero desde luego que ganaba cerca de un millón de pesos al año.

Yo quiero decirle, señor diputado Pablo Gómez, ¿en dónde está verdaderamente esa austeridad, esa ``honestidad valiente''? No la encontramos, ésa es la verdad: no la hay, no la hay y lo que se debe de hacer y así lo dijimos en su momento, que lo de Nico era apenas un botón, aquí está saliendo ya todo un rosario. Lo que se debe de hacer es que ustedes abran una auditoría total a las finanzas y a la Tesorería del Gobierno de la Ciudad y de las delegaciones, para saber a dónde están destinados los recursos que tienen los ciudadanos que pagar para poder contribuir a los gastos públicos del Gobierno de la Ciudad. Eso es lo importante, porque lo que se ha utilizado son recursos públicos y hoy la ciudadanía está ante un escenario de que esta administración tiene cerca de 42 mil millones de pesos de endeudamiento, que no vamos a saber cómo se va a poder liquidar en la próxima administración. El próximo gobierno no va a poder ni siquiera tapar un bache. ¡Ah, pero eso sí!, miren ustedes la ``honestidad valiente'', la ``Ciudad de la Esperanza'', pues es todo lo contrario.

Aquí que no nos vengan con hábitos franciscanos cuando por dentro está el infierno, ni tampoco que se disfracen como corderos cuando creen que la Ciudad de México es ``Caperucita Roja''. No señores, fuera los lobos y fuera los ladrones.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Para contestar alusiones personales, adelante, diputado Pablo Gómez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez:

Legisladores:

Creo que la situación se presta para discursos totalizadores y descalificadores de la gestión del gobierno, sin embargo, no es ése el debate. La Ciudad de México ha realizado en los últimos años un esfuerzo extraordinario, todavía no suficiente, de lucha contra las muy viejas prácticas de corrupción.

El asunto relacionado con los desvíos, mejor dicho con la no realización de obras pagadas en la Delegación Gustavo A. Madero, es un asunto que tiene la Procuraduría y ya ejerció acción penal y persigue a quienes en este momento están prófugos. No era algo conocido; el Gobierno de la Ciudad tenía conocimiento de esto, naturalmente, de la causa penal y el Gobierno de la Ciudad era activo como gobierno, no como Procuraduría, en esta causa, porque es el agraviado.

Creo que si estas cosas se hubieran llevado a cabo siempre, este tipo de cosas, el país no hubiera entrado en la situación en la que está; el país no hubiera caminado por la senda del Estado corrupto. Nosotros, señor senador, no hemos tenido como en todos los estados, actos de corrupción, porque no hay estado donde no haya algunos actos de corrupción, muchos o pocos. Nuestro problema no fue ése; nuestro problema fue que el Estado se hizo corrupto y nosotros somos herederos de un Estado corrupto y la lucha contra el Estado corrupto es una lucha tremenda.

Desgraciadamente llegó muy abajo la corrupción; llegó a la ventanilla de trámites y ése es el gran reto que tenemos los grupos políticos de relevo, porque este combate a la corrupción no se dio antes, porque la corrupción era algo tolerado, era sistémico, era un elemento del sistema.

Quiero decirle que sí, que ha costado mucho trabajo y que costará más, pero hay que dar la lucha pero no, no hay que dar la lucha con la actitud de rasgarse las vestiduras, sino con los señalamientos precisos, con la elaboración de políticas públicas anticorrupción, con el trabajo legislativo que permita la persecución de los actos de corrupción y ser muy consecuentes.

Hace poco, en la Cámara de Diputados no se pudo hacer un jurado de procedencia. El jurado de procedencia debe hacerse, la Cámara no puede optar por hacerlo o no hacerlo, lo que la Cámara de Diputados puede hacer es votar a favor o en contra del dictamen, pero no puede ignorar esta institución política llamada jurado de procedencia.

Señor Presidente de la Comisión Permanente y de la Cámara: nosotros estamos obligados a hacer un jurado de procedencia, no es optativo y usted lo sabe como jurista y como legislador experimentado.

Esta suspensión del jurado, para votar a favor o en contra del dictamen, es algo completamente inconstitucional; más aún, durante los 70 años del régimen priísta nunca hubo un juicio político, somos el país en donde los altos servidores públicos de esa época eran más honrados y más probos en el mundo, Jamás hubo un juicio político ni siquiera para exonerar al indiciado.

Nosotros presentábamos las denuncias y el PRI ni siquiera les daba el trámite que señala la ley y la Constitución. Eso es lo que tenemos que acabar, es decir, tenemos que acabar con la impronta del viejo régimen y tenemos que combatir los actos de corrupción de los partidos de relevo, también; sean perredistas, panistas o de cualquier otro partido, tenemos que hacer justo lo que antes no se hacía.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se le agotó el tiempo, señor diputado.

El diputado Pablo Gómez Alvarez:

Termino.

Tenemos que ser implacables sin adoptar una actitud santurrón, tenemos que ser simplemente probos, tenemos que dignificar la función pública.

Gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, el senador Jorge Zermeño Infante.

El senador Jorge Zermeño Infante:

Gracias, señor Presidente.

Yo quisiera empezar por reconocer esta respuesta digna, que finalmente enaltece a quien la pronuncia, como fue la respuesta dada por el coordinador de los diputados del PRD.

Evidentemente se trata de conductas de persona, no de conductas de instituciones. Se trata de asuntos que lastiman a la sociedad y que denigran la función de la política y que me parece que frente a la sociedad tenemos todos la obligación de dar respuestas claras, contundentes, de que no es posible que en la política, que en la función pública existan este tipo de actitudes que finalmente lastiman a los partidos políticos, a la ciudadanía y por supuesto denigran la actividad pública.

Es cierto que la corrupción llegó muy abajo, porque así como el agua baja de arriba hacia abajo, de esta manera estas formas de actuar corrupto, se deben muchas veces a que la corrupción es fomentada desde los más altos lugares de la función pública.

Voy a decir algo que puede pensarse, que no pueden no compartir algunos de mis compañeros, pero yo estoy convencido de que debemos apostarle todos a que a cualquier gobierno de cualquier partido o de cualquier color, le vaya bien, porque si a ese Gobierno le va a bien, le va bien a los ciudadanos; si ese Gobierno hace las cosas adecuadamente, por supuesto que le va bien a la ciudadanía y me parece que no se trata de estar censurando actitudes de corrupción como éstas, pero que finalmente parece o pareciera tener algún tipo de revanchismo de tipo político partidista.

No lo hay de parte nuestra, lo hay simplemente para señalar que nos molesta, que nos da vergüenza, que nos da pena ajena, que sucedan estas cosas, y que quisiéramos que en cualquier gobierno de cualquier nivel de cualquier grupo político haga las cosas adecuadamente, porque finalmente el ciudadano común y corriente quiere confiar en sus instituciones, quiere creer que la política tiene un significado diferente, que puede haber una competencia leal, que podemos seguir luchando por hacer público lo que debe ser público, por transparentar las cosas en beneficio de la ciudadanía.

Aquí se ha dicho que hace más de 100 años no se lleva a cabo un juicio político, pero también me parece que como legisladores debemos reflexionar sobre los procedimientos de los juicios políticos, porque la sola expresión de juicio político lleva esta connotación de actos, que muchas veces con criterios no jurídicos, no legales, sino con criterios políticos, se atreven a llevar a cabo procedimientos que a veces están muy alejados de los procedimientos legales.

Y esto me recuerda aquella lucha de 1968 y anterior, cuando se pedía la desaparición de los delitos políticos, aquellos delitos en los que se censuraba a las personas por su ideología, por ser contrarios supuestamente a quien ejercía la función de gobierno, y que finalmente ni son delitos que lastimen en última instancia determinados bienes jurídicos, sino que se trataba de delitos con esa connotación.

Por eso yo también hago un exhorto a que podamos revisar los procedimientos de los juicios políticos, para que no le tengamos miedo ningún grupo parlamentario, ningún partido político a llevar a cabo este tipo de procedimientos contra cualquier funcionario público que falte a sus labores.

Finalmente, yo diría que el PAN reitera su exigencia de hacer público lo público, de transparentar los actos y las acciones de cualquier instancia de gobierno.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor senador.

Tiene el uso de la palabra el senador Demetrio Sodi de la Tijera.

El senador Demetrio Sodi de la Tijera:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Yo siento que la situación de lo que estamos viviendo, sobre todo la clase política, el sistema político nacional, verdaderamente es alarmante y es una preocupación de todos los que formamos parte y sobre de todo que hemos tenido muchos años participando en la vida política nacional.

Creo que no hay excusa ni hay que sacar otros temas cuando sucedió lo que sucedió, y se dio a conocer la grabación en el caso de René Bejarano, igual lo que sucedió ayer con el Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, aquí. No saquemos otros temas; centrémonos en éste. Y yo creo que se requiere como lo dijo ya Pablo Gómez, una investigación a fondo. Si a algún partido ofende esto; si a alguna clase política ofende esto es a los perredistas.

Nosotros no coincidimos, no aceptamos este tipo de prácticas políticas; estamos totalmente en contra. Y ya se dijo aquí: iniciemos un juicio político; destituyámoslos, saquémoslos del partido. No podemos permitir que gente de este tipo, y que no es la única, estén dentro de un partido que lo que quiere es luchar por una nueva clase política nacional, por una transición democrática.

Pero creo que esto va más allá del caso de René Bejarano y a mí me preocuparía en este momento, yo creo que la gente está esperando una respuesta de nosotros. Yo creo que lo que ha sucedido en este mes y medio, en estos dos meses es verdaderamente escandaloso; nos pone contra la pared a la clase política mexicana, no hay mayor desprestigio nacional que los políticos mexicanos a nivel nacional y en muchos casos a nivel internacional.

Lo que ha sucedido que aquí se viene a decir que la forma en que se grabó, que se grabe como quieran, pero que salga a la luz pública. Es lamentable que suceda, ¡qué bueno que salga a la luz pública! Qué malo que se haga por estos mecanismos, algún día habrá qué ver quién fue el que provocó estás grabaciones, pero eso es lo de menos, lo importante es que salga a la luz pública toda esta corrupción que no es de ahora. Porque si algo ha tenido la clase política, el escenario político mexicano, históricamente, realmente es un problema de honestidad, una condena nacional sobre la corrupción, nuestro principal problema es la corrupción y hoy está quedando claro, sobre todo en las últimas semanas y en los últimos meses.

Nosotros estamos de acuerdo completamente con el punto de acuerdo que se ha manifestado aquí, que se ha propuesto. Pero no basta con esto. Yo creo que hoy deberíamos en serio y la próxima semana presentaremos un punto de acuerdo mucho más amplio que esto. Más allá de que se investigue a fondo y ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias, ya la propia delegada dice que ella no tuvo qué ver en esto.

¿Dónde quedó el dinero que se llevó René Bejarano? ¿Para qué fue? Tenemos que ir a fondo aquí, caiga quien caiga, afecte a quien afecte, sea del nivel que sea, aquí lo que nos queda claro es que no hay blindajes contra la corrupción en ningún gobierno y que tenemos que luchar, por tanto, para acabar con este verdadero mal del sistema político mexicano.

La semana que viene y los convocamos a que lo hagamos juntos. No digamos simplemente investiguemos el caso de Bejarano o el caso de Ponce, hagámoslo. Investiguemos los demás casos, pero si es el principal problema nacional, hagamos algo más. Yo creo que convendría que creáramos una comisión especial, la gente está esperando una respuesta de los políticos, de aquellos que creemos en la política, que queremos dignificar a la política, la gente está esperando una respuesta. Que no es suficiente con el punto de acuerdo aunque vamos a votarlo a favor; vayamos por algo más; queremos un grupo de trabajo en serio para de aquí a antes que termine el periodo de sesiones, a la primera quincena del mes de abril, tengamos una propuesta sobre qué legislación hay que hacer precisa; qué mecanismos hay que hacer, qué hay que consolidar, qué hay que fortalecer, qué facultades adicionales a la Auditoría Superior de la Federación, cómo creamos algo que se ha comentado hace muchos años, la posibilidad de darle realmente a la Auditoría Superior de la Federación, una autoridad realmente independiente.

Si es el principal problema que tiene el país y que hoy está quedando en evidencia, más vale que los políticos si no queremos seguir siendo rechazados, seguir siendo cuestionados por la opinión pública con toda razón, hagamos algo más que simplemente un punto de acuerdo. Yo propondría, y ojalá lo trabajemos juntos, que los próximos días creemos esta comisión y vayamos a fondo. Si no logramos prestigiar a la clase política y especialmente al Congreso, esta democracia no es viable. La transición democrática no es viable si el órgano fundamental en un país plural con una división de poderes, el órgano fundamental que es el Congreso, está desprestigiado o si los políticos estamos desprestigiados, no hay posibilidades de que el país avance por más reformas económicas o políticas o legislativas que hagamos. Si no vamos al fondo en el tema de la corrupción, México no tiene un futuro promisorio para la gente.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor senador.

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, el diputado Manuel Camacho Solís.

El diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Señor Presidente; respetadas legisladoras y legisladores:

Voy a votar a favor de la auditoría. No creo que es éste, el momento de las revanchas, del oportunismo, de festinar, porque eso en todo caso sería una muestra no sólo irresponsabilidad, sino sobre todo de una gran inmadurez política.

La impunidad es el gran problema del país y no la vamos a resolver con discursos, con ataques y con filtraciones. Tenemos que ponerle una solución y hasta hoy el país no tiene esa solución.

La manera como se han enfrentado los casos de corrupción es bajo dos fórmulas: la primera es con escándalos en donde al final no pasa nada. La historia del país está repleta de escándalos en donde no pasa nada.

La otra es por chivos expiatorios. Alguien que paga para que todos los demás sigan en lo mismo. Esa fórmula no puede ser la solución. Este acuerdo no va a ser suficiente.

Tenemos qué ver qué es lo que realmente está pasando en el país y cómo podemos enfrentar el problema. Démosle una respuesta a la sociedad, porque ustedes mejor que nadie saben que la acumulación de casos y escándalos donde no se concluye con actos jurídicos y con responsabilidades no ha hecho, sino aumentar la incredulidad de los ciudadanos en la política. Y esto no lo vamos a resolver con una sanción o con dos.

De tal manera que me parece que el único camino que podría sacarnos de esta dinámica es marchar en dos vías: una, poner a funcionar nuestras instituciones y darles, desde este Congreso, el respaldo unánime a éstas, en todos los casos.

Qué bueno que el PAN apoyó la auditoría a la Presidencia. Qué bueno que nosotros vamos a apoyar esta auditoría. Démosles el apoyo que se necesita a las autoridades judiciales, electorales, para que no haya ningún hueco en donde pueda prosperar la impunidad.

Y lo otro, señoras diputadas, señores diputados, me parece que es también urgente: démonos cuenta de que nuestro sistema político no está armado para frenar la corrupción, no está armado para sancionar la impunidad.

Nuestro sistema político se hizo precisamente para lo contrario. El nivel de protección que tienen los servidores públicos en México no lo tienen en ninguna otra parte del mundo. Démonos a la tarea de ahora sí, frente a este desgaste enorme de la política, frente a este problema de legitimidad que está corroyendo al sistema político en su conjunto, de pactar los cambios que se necesitan para que tengamos un sistema que sea verdaderamente responsable, para que construyamos, en efecto, un estado de derecho.

Finalmente concluyo: sí a la auditoría, respaldo y frente nacional en contra de la impunidad en donde cada quien demostrará cuál es su posición verdadera.

Y tercero, el arranque de la reforma del Estado para hacer responsables a todos los servidores públicos de la nación.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema el senador Héctor Larios Córdoba... Declina.

Agotada la lista de oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

¡No! No se había votado, perdónenme. Quiero expresarles lo siguiente: se votó primero si era de urgente resolución, la votación calificada fue en el sentido de que sí era de urgente resolución.

Después de abierta la discusión y agotados los oradores, quedan dos votaciones: primero si está suficientemente discutida; ya quedó suficientemente discutida. Ahora la votación de si se aprueba o se rechaza.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Aprobada. Comuníquese.

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PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS AL CAMPO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura para que ejerza su facultad rectora respecto al Procampo, sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones del mismo.

El diputado Luis Antonio González Roldán:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

El Procampo fue creado por decreto Presidencial el 5 de julio de 1994. Sus funciones derivan de la responsabilidad constitucional que el Estado tiene de conducir el desarrollo nacional mediante la planeación, coordinación y orientación de la actividad económica.

El campo y todo lo que representa desde el punto de vista social, productivo y ambientalmente, debe seguir siendo considerado como estratégico y prioritario para el crecimiento y desarrollo presente y futuro del país.

En ese contexto se observan grandes debilidades que se hacen evidentes con el poco crecimiento del sector y la grave repercusión que en el medio ambiente tienen algunas prácticas agrícolas, derivadas del débil apoyo gubernamental para el fomento al desarrollo del sector agropecuario.

Por lo tanto consideramos apremiante evaluar los resultados de los sistemas de apoyos derivados del Procampo, los cuales tienen como objetivo, el fomento de una mayor participación en el campo de los sectores social y privado para mejorar la competitividad interna y externa, elevar el nivel de vida de las familias rurales y la modernización del sistema de comercialización, enfatizando la protección al medio ambiente.

El Procampo debe de tener muy en cuenta las actuales tendencias de la agricultura y el desarrollo rural, encaminadas a lograr la sustentabilidad mediante la producción de alimentos de calidad en forma sostenible y así lograr la seguridad alimentaria, pero sin dejar de facilitar la conversión de aquellas superficies en las que sea posible establecer actividades que tengan mayor rentabilidad, dando certidumbre económica a los productores rurales y mayores capacidades para su adaptación al cambio que demanda la nueva política de desarrollo agropecuario en marcha y la aplicación de la política agraria contenida en la reforma al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El sistema de apoyos debe impulsar la adopción de tecnologías más avanzadas que respeten el medio ambiente, ya que es por todos conocido que en México aún se llevan a cabo prácticas nocivas, como el monocultivo y la roza en tierras agrícolas.

Es necesario que los apoyos directos contribuyan sobre todo a la recuperación y conservación de bosques y selvas y a la reducción de la erosión de los suelos y la contaminación de las aguas, favoreciendo así el desarrollo de una cultura de conservación de los recursos naturales.

Se reconoce que para alcanzar este escenario en los siguientes años, es necesario poner en marcha acciones que incidan en los diversos aspectos que tienen qué ver con la producción agrícola, como la educación, los incentivos económicos y el desarrollo de tecnologías nuevas y apropiadas.

Por ser del más alto interés nacional apoyar el desarrollo sustentable de los productores del campo mediante un programa que eleve las condiciones de vida, conserve los recursos naturales y fomente el desarrollo del sector agropecuario, es necesario que la Sagarpa verifique los alcances que ha tenido Procampo a lo largo de sus 10 años de operación, así como sus esquemas de operación actual y sobre todo cómo operan los programas vinculados a la protección ambiental, ya que la Ley Agraria en su artículo 2º establece que en lo relacionado con el equilibrio ecológico se ajustará a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México está comprometido con el cuidado y conservación del medio ambiente, pues es ahí donde los mexicanos construiremos una sociedad justa, libre y en armonía con la naturaleza.

Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de la LIX Legislatura.--- Presente.

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Agricultura para que ejerza su facultad rectora respecto al Procampo sobre el correcto cumplimiento en las obligaciones del mismo, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldan, del grupo parlamentario del PVEM

El legislador que firma al calce, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Tercera Comisión de Agricultura y Fomento de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

Preocupado por los resultados de la operación del decreto que regula el Programa de Apoyos Directos al Campo, denominado Procampo, me permito dar algunos antecedentes:

Este programa fue creado por decreto presidencial de fecha 25 de julio de 1994.

Sus funciones se derivan de la responsabilidad constitucional que el Estado tiene de conducir el desarrollo nacional, mediante la planeación, coordinación y orientación de la actividad económica.

El campo y todo lo que representa desde el punto de vista social, productiva y ambientalmente, debe seguir siendo considerado como estratégico y prioritario para el crecimiento y desarrollo presente y futuro del país.

En este contexto, se observan grandes debilidades que se hacen evidentes como el poco crecimiento del sector y la grave repercusión que en el medio ambiente tienen algunas prácticas agrícolas, derivadas en parte de la falta de impulso y supervisión gubernamental.

Por lo tanto, consideramos apremiante evaluar los resultados de los sistemas de apoyos derivados del Procampo los cuales tienen como objetivo el fomento de una mayor participación en el campo de los sectores social y privado para mejorar la competitividad interna y externa; elevar el nivel de vida de las familias rurales y la modernización de tecnologías y del sistema de comercialización. Sobre todo teniendo claro que el Procampo debe tener muy en cuenta las actuales tendencias de la agricultura y el desarrollo rural en el mundo, encaminadas a lograr la sustentabilidad mediante la producción de alimentos de calidad en forma sostenible y así lograr la seguridad alimentaria, sin dejar de facilitar la conversión de aquellas superficies en las que sea posible establecer actividades que tengan mayor rentabilidad, dando certidumbre económica a los productores rurales y mayores capacidades para su adaptación al cambio, que demanda la nueva política de desarrollo agropecuario en marcha, y la aplicación de la política agraria contenida en la reforma al artículo 27 constitucional.

Es lamentable que en razón del desconocimiento por parte de los agricultores, en México aún se sigan llevando a cabo prácticas nocivas como el monocultivo y la roza de tierras agrícolas, esto es la quema de los remanentes del cultivo anterior, ya que creen que la quema ayuda a fertilizar y que la siembra sistemática o continua de un solo cultivo no perjudica sus tierras.

Si bien es necesario que los apoyos directos estén acordes con la recuperación y conservación de bosques y selvas, también es necesario el fomento a la reducción de la erosión de los suelos, propiciando la rotación de cultivos en tierras temporaleras y evitando la contaminación de aguas, desarrollando así una cultura de conservación de los recursos naturales. Favoreciendo con estos esquemas el fomento de la agroecología1 como principal generadora de agroecosistemas..2

Se reconoce que para alcanzar este escenario en los siguientes años, es necesario poner en marcha acciones que incidan en los diversos aspectos que tienen que ver con la producción agrícola como la educación, los incentivos económicos y el desarrollo de tecnologías nuevas y apropiadas.

Por ser del más alto interés nacional apoyar el desarrollo sustentable de los productores del campo, mediante un programa que eleve las condiciones de vida, conserve los recursos naturales y fomente el desarrollo del sector rural, el legislador que firma al calce solicita se turne a la Tercera Comisión de Agricultura y Fomento la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que ejerza su facultad rectora respecto al programa Procampo sobre el correcto cumplimiento en las obligaciones del mismo, poniendo atención en lo referente a la protección y cuidado del medio ambiente y específicamente capacitando al agricultor generando una cultura agrícola con métodos sencillos que eviten la erosión del suelo.

Dado en el Salón Legisladores de la República, Sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 3 días del mes de marzo del 2004--- Dip. Luis Antonio González Roldán (rúbrica) »

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputado.

Túrnese a la Tercera Comisión.

Esta Presidencia pospone el punto de acuerdo relacionado con la situación en Haití, que ha sido retirado por quien lo promovió.

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INDUSTRIA AEREA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Asimismo informo a los legisladores que recibió una proposición con punto de acuerdo para fortalecer a la industria aérea nacional, suscrita por el senador Emilio Gamboa Patrón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Proposición con punto de acuerdo, para fortalecer la Industria Aérea Nacional, a cargo del senador Emilio Gamboa Patrón, del grupo parlamentario del PRI

Honorable Asamblea:

Hago uso de esta alta tribuna para abordar de nueva cuenta la sensible problemática que desde hace tiempo se encuentra lesionando severamente a la industria aérea mexicana y que, lamentablemente aún no ha sido posible resolver de forma satisfactoria.

Ha sido este tema para el Senado, y particularmente para la fracción parlamentaria del PRI, motivo de gran preocupación, por lo que tanto en abril como en septiembre pasados, manifestamos que luego de los atentados ocurridos en Estados Unidos en 2001, la industria del transporte aéreo a escala mundial ingresó en una crisis sin precedentes, cuyos efectos en nuestro país se tradujeron en pérdidas considerables para las principales aerolíneas de Cintra y para otras empresas nacionales que operan en nuestro mercado.

Aunado a lo anterior, señalamos el daño que le estaban causando otros factores como la recesión de la economía; el incremento en las primas de seguros de las aeronaves; el reforzamiento de las medidas de seguridad en terminales aéreas; el aumento en los precios de la turbosina y otros sobrecostos, que estaban colocando a las líneas aéreas mexicanas en un serio riesgo de ser sacadas de la competencia.

Fue por ello que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional estimamos que había llegado el momento para que las autoridades competentes se abocaran a mitigar la crisis, sobre todo a la luz de un mayor impacto para el sector aeronáutico nacional ocasionado por la guerra en Irak.

Por lo que exhortamos al titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruyera al secretario de Comunicaciones y Transportes para convocar a los actores involucrados, con el propósito de avanzar en la solución de los problemas que enfrenta el sector aéreo en México.

De igual manera, lo invitamos a que instrumentara un paquete de apoyos a las aerolíneas nacionales que facilitaran su sobrevivencia en el corto plazo, bajo esfuerzos combinados del Gobierno Federal y de las aerolíneas nacionales.

De ahí que en mi grupo parlamentario consideremos que en esta soberanía, no solamente nosotros, sino la mayoría de las fuerzas políticas aquí representadas, hemos dado claras muestras de apoyo y de solidaridad en torno a este sector ante su preocupante crisis; pugnando por que sea una de nuestras prioridades, el salvaguardar a la industria aeronáutica nacional.

Desafortunadamente como lo hemos podido constar, a la fecha no se vislumbran alternativas de solución en el mediano y largo plazo para la industria aérea nacional, por lo cual estimamos necesario proponer que sea el propio Congreso de la Unión el encargado de convocar a los diversos sectores involucrados en esta importante industria, a fin de discutir las alternativas de acción legislativa que permitan dar viabilidad presente y futura a este sector.

El objetivo que buscamos alcanzar mediante esta propuesta, es que existan mejores servicios de transporte aéreo, calidad en el servicio, precios accesibles y conservación de las fuentes de trabajo de miles de familias mexicanas.

Asimismo, queremos que sigan operando empresas mexicanas, fuertes y sólidas, controladas por mexicanos, que permitan la prestación de un servicio público de calidad, seguro y eficiente. Buscamos fomentar el sano desarrollo de una industria aeronáutica que, para México, debe continuar siendo de la mayor prioridad.

Compañeras y compañeros legisladores:

Los priístas estamos convencidos de que sólo con decisiones colectivas, consensuadas y acordadas entre el gobierno, legisladores, empresas y trabajadores, podremos orientar la ruta que defina el destino del sector. Sostenemos que la toma de decisiones en esta materia ya no puede ser cupular ni estar concentrada en unas cuantas personas, ni en criterios únicamente financieros o bancarios? México requiere una política de estado en esta materia.

En torno al futuro de Cintra, sostenemos que el debate debe partir de una premisa fundamental:

La decisión que se adopte, tendrá mejores posibilidades de éxito si se privilegia la solidez del acuerdo político entre los actores por encima del unilateralismo y las políticas estrictamente gerenciales.

En el curso de este año, que sin duda ha sido el más difícil para las aerolíneas de Cintra, los trabajadores, todos, han hecho un gran esfuerzo en dos direcciones. La primera aportando de su sueldo, en el caso de Mexicana el 10%. La segunda aceptando revisiones salariales a través de bonos que no impactan la nómina. En cantidades inferiores a la inflación acumulada en el año, que se pagarán hasta el 2004. Con esto los trabajadores han puesto una muestra de su compromiso y de su confianza en el futuro.

Estos hechos nos comprometen a todos, Poder Ejecutivo y Legislativo, a participar con ellos para encontrar fórmulas que fortalezcan una industria de vital importancia para el desarrollo económico y de las comunicaciones del país.

Nuestra postura es de apertura respecto al proceso de construcción de las decisiones, ya que solamente a través del diálogo abierto, incluyente y tolerante es que podremos reconocer la razón que le asiste a todos los actores. Porque sabemos que sólo de esta manera podremos concretar un futuro viable para esta industria nacional.

Es por todo lo anteriormente expuesto, que someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero.- Ante la grave problemática que continúa aquejando a la industria aérea nacional, que lejos de solucionarse tiende a aumentar, es que se propone que el Congreso de la Unión, a través de esta Comisión Permanente instruya lo necesario para que se encargue de convocar a los diversos sectores involucrados en esta importante industria, a fin de discutir todos aquellos asuntos que contribuyan a generar soluciones estructurales y de largo plazo.

Segundo.- Que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión propongan, con base en las deliberaciones anteriores, alternativas de acción legislativa que permita dar sustentabilidad presente y futura al sector aéreo nacional.

Entre los asuntos a deliberar, se propone los siguientes:

1. La necesidad de que esta industria sea considerada como prioritaria para el desarrollo nacional. Para ello, se deberá debatir la pertinencia de elevar a rango constitucional el carácter prioritario de este sector.

2. Analizar exhaustivamente la crisis de la aviación nacional y las alternativas de solución de carácter integral; así como el impulso a decisiones colectivas y no cupulares, que definan una política de desarrollo de largo plazo a favor de esta industria.

3. La manera de hacer prevalecer el control de la aviación nacional en manos de mexicanos y definir los objetivos que debe cumplir este servicio público en razón del interés del Estado mexicano.

4. Hacer posible que el sector aéreo sea productivo, fuerte y confiable, y que además fortalezca su misión de servicio público.

5. Garantizar la seguridad de las operaciones y la viabilidad financiera en el sector; así como vigilar que exista una efectiva reciprocidad en la firma de tratados con otros países.

6. Definir políticas públicas y normas aplicables en la materia, para revertir los efectos de la competencia internacional, la cual se vuelve cada vez más monopólica y depredadora de mercados nacionales. Asimismo, consolidar nuestra industria para competir justa y equitativamente con el exterior.

7. Analizar el marco jurídico de la aviación mexicana para garantizar su crecimiento a largo plazo, e infundir confianza en los inversionistas. Valorar la posibilidad de mantener juntas o separadas a las dos mayores aerolíneas troncales del país, a efecto de garantizar su viabilidad y niveles de competitividad nacional y en los mercados globales.

8. Garantizar que los consumidores reciban un servicio seguro y de calidad, a la vez de preservar un justo equilibrio de la oferta y los precios, e implementar políticas para ordenar los niveles tarifarios, a fin de prevenir tanto las prácticas depredatorias como monopólicas en el mercado, fortaleciendo una sana competencia; y

9. Garantizar la soberanía sobre el espacio aéreo a través de una política aeronáutica donde se privilegie el crecimiento de empresas aéreas mexicanas.

Compañeros:

México debe fortalecer a su industria aérea nacional tanto en términos de soberanía como en función de su desarrollo como nación, pero sobre todo en términos de que los mexicanos cuenten con un sector aéreo seguro, eficaz, sólido y accesible para todos.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 3 marzo de 2004.--- Senador Emilio Gamboa Patrón.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Esta proposición se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

El otro tema, relacionado a acuerdo para un informe sobre el Ejecutivo Federal en relación a diversos fideicomisos se pospone a pedimento del grupo parlamentario que lo promovió.

El siguiente punto de acuerdo en relación a la comparecencia del Titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente se pospone.

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SIDA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

La Presidencia ha recibido una proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Secretario de Salud para que informe sobre las acciones de prevención y control del VIH-SIDA, así como del caso de discriminación de la niña Jazmín Vidal de Jesús, suscrita por los diputados Angel Aguirre Rivero y Rogelio Rueda Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar la comparecencia del Secretario de Salud a fin de que informe sobre las acciones de prevención y control de VIH/SIDA, así como del caso de discriminación de la niña Jazmín Vidal de Jesús, suscrita por los diputados Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Rueda Sánchez, del grupo parlamentario del PRI

Presidente de la Mesa Directiva de la H. Comisión Permanente.--- Presente.

Los que suscriben, legisladores federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter al conocimiento de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

El tema que hoy presentamos es fundamental, porque es momento de refrendar nuestro compromiso por hacer respetar los derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA y de reiterar nuestra disposición de colaborar en la prevención y control del VIH/SIDA, es necesario que todos nos sumemos en esta tarea, que no sólo es de los enfermos ni exclusiva de algún sector, es de todos aquellos preocupados por vivir en un mundo más sano y, sobre todo, respetuoso de los derechos humanos, ya que el VIH/SIDA es una enfermedad con repercusión social, de tal magnitud y complejidad que ha ido acompañada por otra epidemia, que es el miedo, la estigmatización y la discriminación.

De esta forma, es el respeto a los derechos y a la dignidad de los infectados por esta enfermedad, que no deben pasarse por alto, deben ser una realidad para que puedan hacerlos efectivos, porque mientras los infectados y enfermos continúen sufriendo discriminación y violación de sus derechos humanos, se alejarán cada vez más de las medidas de prevención que se adopten y se volverán más renuentes a recurrir a los sitios donde se les brinda ayuda, por miedo a ser objeto de señalamientos por miembros de la misma sociedad, quienes ante la ignorancia crean falsas suposiciones.

Lamentablemente, sólo nos permitimos reflexionar ante algunos sucesos, en el puerto de Acapulco, la niña de tan sólo 7 años de edad, Jazmín Vidal de Jesús, quien ha perdido a sus padres víctimas del VIH/SIDA, fue víctima de un acto totalmente reprochable que nos ha indignado y que reprobamos enérgicamente; resulta que esta pequeña contagiada con el virus fue expulsada de la educación preescolar por la directora del plantel, luego de ser presionada por un padre de familia, que hasta donde se sabe es médico militar, que advirtió falsamente que existía en la niña un riesgo de contagio para sus compañeros.

Fue así como intervinieron autoridades de Educación, Salud y Derechos Humanos, tanto estatales como federales, para informar a los padres de familia de la institución educativa, sobre la importancia de no discriminar a ninguna persona con VIH/SIDA, particularmente a la niña, además de informarles cómo se transmite esta enfermedad, ante estas gestiones se logró la comprensión y el apoyo de los padres de familia, quienes aceptaron que ante la ignorancia sobre esta problemática, cualquiera se encuentra en riesgo de cometer un acto en contra de una persona infectada.

Y no sólo es este caso, ya que existen muchos casos documentados sobre violaciones a los derechos humanos de personas infectadas, incidiendo principalmente la negativa a otorgarles educación y vivienda; la realización de exámenes de detección, sin contar con el consentimiento del interesado; el despido de los trabajadores infectados, así como el rechazo de su solicitud de empleo; el maltrato por parte de algunos profesionales de la salud y en ocasiones la negativa de estos a atender al enfermo.

Considerando que la acción principal contra el VIH/SIDA es prevenir nuevas infecciones, ¿cómo lograremos esto? si existe el miedo de las personas contagiadas a confesar su enfermedad, al conocer el riesgo de perder su derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda, a su atención médica, y en algunos casos, perder el cariño de quienes los rodean.

Por ello resulta necesario que el secretario de Salud, doctor Julio Frenk Mora, comparezca ante las comisiones del Congreso para que explique qué está haciendo la dependencia su cargo para informar, educar y orientar a la población, acerca del VIH/SIDA y las formas para prevenir su contagio, pues acontecimientos como el de la discriminación de la niña Jazmín Vidal de Jesús, se deben a la falta de información y difusión por parte de las autoridades de salud.

Ante esta realidad, nuestro compromiso es coadyuvar para lograr campañas de información que ayuden a prevenir el contagio y combatir el virus del VIH/SIDA, para garantizar que no sean afectados los derechos y la libertad individual de los enfermos.

Por lo antes expuesto, proponemos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. Se cite a comparecer al secretario de Salud, doctor Julio Frenk Mora, ante las comisiones del Congreso para que explique cuáles son las acciones que se están llevando a cabo para educar y orientar a la población, acerca del VIH/SIDA y las formas para prevenir su contagio; asimismo que informe sobre los acontecimientos y medidas aplicadas en el caso de discriminación de la niña Jazmín Vidal de Jesús, acontecido en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Atentamente.

México, DF, a 3 de marzo de 2004.--- Diputados: Angel H. Aguirre Rivero y Rogelio H. Rueda Sánchez (rúbricas).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se da cuenta de recibido y se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

El siguiente tema, que es relacionado con una proposición para detener el canje de los pagarés del Fobaproa, es retirado por el grupo parlamentario que lo promovió.

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REPUBLICA DE HAITI
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Tiene el uso de la palabra el senador César Camacho Quiroz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo para solicitar a los secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública informen a esta soberanía sobre el eventual envío de elementos de la Policía Federal Preventiva a la República de Haití.

El senador César Camacho Quiroz:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Como es del dominio de la opinión pública internacional, en las semanas recientes la República de Haití fue escenario de enfrentamientos entre grupos opositores y las que fueron fuerzas leales al Presidente Aristide.

La crudeza de las hostilidades que se desataron desde entonces y el avance del grupo rebelde, sumados a la presión diplomática de otros países, desembocaron en la salida del multicitado Aristide.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Bonifaz Alexander, asumió el poder en forma interina anunciando que convocaría a elecciones en los próximos 90 días.

El Consejo de Seguridad de la ONU decidió integrar y enviar una fuerza multinacional hasta por tres meses para hacer regresar la calma al país, así lo consigna la resolución 1529 aprobada por unanimidad.

Por su parte, a fin de garantizar la seguridad de sus connacionales, Estados Unidos ya había enviado a esa nación 200 marines, Francia hizo lo propio para proteger los intereses de sus ciudadanos.

En ese marco, a partir del fin de semana inmediato anterior, se ventiló en los medios de comunicación aquí en el país, que México había ofrecido colaborar a la integración de dicha fuerza de pacificación enviando, cito entre comillas, ``un grupo de élite de la Policía Federal Preventiva''.

Al respecto, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Miguel Joaquín, ofreció apoyar a ese país siempre que su Gobierno lo solicitase, recordó el antecedente de El Salvador a donde fue enviado en 1991 un contingente para realizar tareas de capacitación.

Los senadores de mi partido, los diputados del mismo sostenemos que si bien es cierto que hay antecedentes en los que México ha participado en acciones de asistencia de otras naciones así como en labores humanitarias y en la capacitación de elementos policiales, no es correcto equiparar el caso haitiano al salvadoreño. En El Salvador, elementos policiales mexicanos, que en efecto formaron parte de una fuerza multinacional para mantener la paz en esa nación centroamericana, cumplieron su cometido una vez que se habían firmado ya los acuerdos entre la guerrilla y el gobierno. Los entonces miembros de la Policía de Caminos jugaron un papel activo y exitoso en la conformación de la policía civil salvadoreña.

En Haití, pro su parte, la ingobernabilidad representa aun, un escenario peligroso para cualquier contingente mexicano al no garantizar su seguridad. Esto podría sentar, además, un precedente para que en futuras ocasiones se solicite la presencia de nuestros efectivos en situaciones de conflicto en otras latitudes pero, sobre todo, enviar fuerzas mexicanas a ese país implicaría el abandono de uno de los principios centrales de la Política Exterior Mexicana, la no intervención, que se ha mantenido, incluso, en situaciones críticas y pese a presiones de diversa naturaleza.

En el mismo orden de ideas, no cuenta esta soberanía con la información que le permita hacerse un juicio sobre las causas que motivaron a la Cancillería a retirar al embajador y cerrar la representación diplomática, lo que más allá de entendibles razones de seguridad, imposibilitó, imposibilitará también, que se cumpla con la tradición política de asilo.

Por ello, compañeras y compañeros, someto a consideración de esta Comisión Permanente, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a los secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública, proporcionen a la brevedad, información completa y precisa sobre el eventual envío de elementos de la Policía Federal Preventiva para sumarse a la fuerza multinacional que contribuirá al mantenimiento de la paz en la República de Haití.

Segundo. Se solicita al Secretario de Relaciones Exteriores, exponga y razone los motivos por los que la representación diplomática fue cerrada, haciendo nugatorio el derecho de asilo que eventualmente se hubiera podido ofrecer a quienes así lo requirieran.

Gracias, señor Presidente, le ruego someter a la consideración de la Asamblea, la posibilidad de que éste sea un asunto de urgente resolución.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a los Secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores, y de Seguridad Pública que informen a esta Soberanía sobre el eventual envío de elementos de la Policía Federal Preventiva a la Republica de Haití para integrarse a la fuerza multinacional que interviene en acciones de mantenimiento de la paz, a cargo del senador César Camacho Quiroz, del grupo parlamentario del PRI

Quien suscribe, senador César Camacho, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto al pleno de esta Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a los secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública, proporcionen a la brevedad posible información completa y precisa, respecto al eventual envío de elementos de la Policía Federal Preventiva, para sumarse a la fuerza multinacional que contribuirá al mantenimiento de la paz en la República de Haití.

I.

Como es del dominio de la opinión pública internacional, en las semanas recientes la República de Haití fue escenario de enfrentamientos entre grupos opositores y fuerzas leales al Presidente Jean-Bertrand Aristide.

La crudeza de las hostilidades que se desataron desde entonces y el avance del bando rebelde, sumados a la presión diplomática de otros países, desembocaron en la salida del Presidente Aristide. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Boniface Alexander, asumió el poder de forma interina -como prevé la Constitución de ese país- anunciando que convocaría a elecciones en los próximos 90 días.

El Consejo de Seguridad de la ONU decidió enviar una fuerza multinacional hasta por tres meses, para hacer regresar la calma al país. Así lo consigna la resolución 15-29, aprobada por unanimidad. Por su parte, a fin de garantizar la seguridad de sus connacionales, Estados Unidos ya había enviado, a esa nación, 200 marines; Francia hizo lo propio para proteger los intereses de sus ciudadanos.

En ese marco, en algunos medios se ventiló que México habría ofrecido colaborar a la integración de dicha fuerza de pacificación, enviando un ``grupo de elite'' de la Policía Federal Preventiva (PFP).

Al respecto, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Miguel Hakim, ofreció apoyar a ese país, siempre que su gobierno lo solicitase. Recordó el antecedente de El Salvador, a donde fue enviado, en 1991, un contingente para realizar tareas de capacitación.

II.

Los senadores integrantes del grupo parlamentario del PRI, sostenemos que, si bien es cierto que hay antecedentes en los que México ha participado en acciones de salvamento y asistencia en otras naciones, así como en labores humanitarias y en la capacitación de elementos policiales, no es válido equiparar el caso haitiano al salvadoreño.

En El Salvador, elementos policiales mexicanos, que, en efecto, formaron parte de una fuerza multinacional para mantener la paz en esa nación centroamericana, cumplieron su cometido, una vez que se habían firmado ya los acuerdos entre la guerrilla y el gobierno. Los entonces miembros de la Policía de Caminos, jugaron un papel activo y exitoso en la conformación de la Policía Civil salvadoreña.

En Haití, la ingobernabilidad representa aún un escenario peligroso para cualquier contingente mexicano, al no garantizar su seguridad. Esto podría sentar, además, un precedente para que, en futuras ocasiones, se solicite la presencia de nuestros efectivos en situaciones de conflicto en otras latitudes.

Pero, sobre todo, enviar fuerzas mexicanas a este país, implicaría el abandono de uno de los principios centrales de la política exterior mexicana -la no intervención-, que se ha mantenido, incluso en situaciones críticas y pese a presiones de diversa naturaleza.

En el mismo orden de ideas, no cuenta esta Soberanía con la información que le permita hacerse un juicio sobre las causas que motivaron a la Cancillería a retirar al embajador y cerrar la representación diplomática, lo que más allá de entendibles razones de seguridad, imposibilitó se cumpliera con la tradicional política de asilo.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se solicita a los secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública, proporcionen a la brevedad, información completa y precisa sobre el eventual envío de elementos de la Policía Federal Preventiva, para sumarse a la fuerza multinacional que contribuirá al mantenimiento de la paz en la República de Haití.

Segundo.- Se solicita al Secretario de Relaciones Exteriores, exponga y razone los motivos por los que la representación diplomática fue cerrada, haciendo nugatorio el derecho de asilo que, eventualmente, se hubiera podido ofrecer a quienes así lo requirieran.

México, DF, a 3 de marzo de 2004.--- El Senador César Camacho Quiroz.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, senador.

Como lo pide el orador, consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución, en votación calificada.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se considera de urgente resolución.

En consecuencia, está a discusión la proposición.

Esta Presidencia tiene registrado al diputado Pedro Vázquez González y a la senadora Cecilia Romero Castillo.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pedro Vázquez González.

El diputado Pedro Vázquez González:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

Haití está sumido en una crisis política sin precedentes. El derrocamiento de Bernard...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Un momentito, un momentito, señor diputado.

Yo ruego a los señores legisladores tengan la bondad de ocupar sus lugares y a los integrantes de los medios de comunicación, muy respetuosamente no hacer la entrevista en el recinto mientras se desarrolla la sesión. Continúe, señor diputado.

El diputado Pedro Vázquez González:

El domingo pasado es la culminación de una escalada de violencia encabezada por líderes de muy dudosa calidad moral y que ha cobrado la vida de innumerables víctimas civiles.

La Organización de las Naciones Unidas ha decidido enviar una fuerza multinacional que estará en ese país caribeño durante tres meses, con la tarea de garantizar que retorne la calma y la estabilidad a Haití. Lo anterior es resultado de la Resolución 1529 aprobada por unanimidad en la ONU.

Previo a dicha resolución de la ONU, ya había en la isla contingentes militares de Francia y Estados Unidos apostados en la isla, con el propósito de proteger la integridad de los ciudadanos franceses y norteamericanos.

Se ha especulado que el Gobierno mexicano enviará elementos de la Policía Federal Preventiva para integrarse a esta fuerza multinacional de paz. Los funcionarios de la Cancillería han afirmado que sólo si el gobierno Haitiano lo solicita, se les apoyaría enviando un contingente mexicano a integrarse a los cuerpos de paz de la ONU.

Nos parece que lo anterior vulnera los principios de no intervención que México ha enarbolado durante muchas décadas y que la administración del Presidente Fox socava día con día. Ahí está el trato al gobierno cubano como una muestra de ello.

Nos parece adecuado que las instancias multilaterales como lo es las Naciones Unidas intervenga en aras de la paz y la estabilidad política, para eso fue creada y ésa es una de sus funciones.

Es pertinente que se permita que las fuerzas multinacionales de paz puedan cumplir su tarea sin contratiempo, por ello sería muy sano que las fuerzas militares de Estados Unidos y de Francia salieran de la isla. El Gobierno mexicano debe de apoyar los esfuerzos multilaterales que haga la ONU para que la situación política en Haití vuelva a la normalidad, pero de ahí a que se envíe un cuerpo de policía nos parece riesgos y poco apropiado dada la situación que se vive en dicho país.

Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo es claro que esta soberanía debe de rechazar tajantemente cualquier tipo de intervención militar por parte de nuestro país, ya que para eso justamente existen las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, porque deben de ser fuerzas neutrales y no participaciones de países en lo individual.

Sabemos además que Estados Unidos no tiene la misma calidad moral para intervenir en otras naciones para pacificar. No podemos aceptar más invasiones, como tampoco podemos permitir que se siga atropellando a la legislación internacional y a los acuerdos de las Naciones Unidas; no podemos permitir que el genocidio que se está perpetrando en Irak se traslade al Caribe, porque todo indica que siguiendo su añeja tradición intervencionista en el mundo, Estados Unidos se ha inmiscuido política y militarmente una vez más en América Latina.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo vota a favor del punto de acuerdo en comento.

Es todo, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, diputado Pedro Vázquez González.

Tiene el uso de la palabra la señora senadora doña Cecilia Romero Castillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La senadora Cecilia Romero Castillo:

Gracias, señor Presidente:

Sí, nosotros también estamos a favor de este punto de acuerdo, creemos ciertamente que es un poco albarda sobre aparejo, porque ya se ha dado toda la información que ahora se está solicitando, pero hablando de transparencia y hablando de respuesta a las posiciones que se presentan en el Congreso, creo que es bueno que formalmente las autoridades del Gobierno mexicano nos informen sobre lo que aquí se está pidiendo.

Y quiero comentar algunas cosas respecto a este gravísimo problema en Haití, que evidentemente todos compartimos la pena de que hermanos nuestros latinoamericanos estén sumidos en este panorama desolador y muchas veces de-sesperanzador.

Respecto a la cuestión que se pregunta aquí sobre el envío de una fuerza, por parte del Gobierno mexicano a Haití, ciertamente ya hubo declaraciones muy concretas por parte del Secretario de Relaciones Exteriores, sobre el punto de que México podrá apoyar las labores de entrenamiento y de ser necesario enviaría específicamente fuerzas de policía para entrenar y no para participar en búsqueda de seguridad.

Esto tiene sustento en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que en su artículo No. 39 dice: ``el Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas, de conformidad con los artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales'' y la resolución de las Naciones Unidas tomada el pasado 29 de febrero en su punto número 5, dice: ``pide a los estados miembros que con carácter urgente aporten personal, equipo y otros recursos financieros y logísticos necesarios, a la fuerza multinacional provisional e invita a los estados miembros contribuyentes a informar a las autoridades de la Fuerza y al Secretario General, acerca de su intención de participar en la misión etcétera etcétera''. Ese es el sustento de la oferta de México para enviar a un grupo de mexicanos a apoyar en labores de reconstrucción, no en labores de violencia.

Por otro lado, también se nos está diciendo o estamos pidiendo que nos informen el porqué se cerró la Embajada. Y aquí hay una cuestión un poco contradictoria; por una parte se dice: no enviemos personal de la Policía Federal Preventiva, porque la situación de seguridad en Haití está muy grave, pero por otro lado decimos, no saquemos a tres diplomáticos civiles que son los únicos que forman parte de la misión de la Embajada en Haití, porque debemos de estar ahí para prestar labores humanitarias.

Entonces a los de la Policía Federal Preventiva, a esos sí hay que defenderlos, porque la cosa está muy complicada en Haití, pero a la embajadora y a las dos personas que trabajan con ella, a ésas sí déjalas por allá y explíquenos por qué quiero decirles que uno de los puntos importantes y torales del trabajo de las embajadas de México en el exterior, es cuidar por la seguridad de los mexicanos que allá viven, también la embajadora y los dos que viven en la embajada son mexicanos. Quiero decirles que en Haití había 69 mexicanos, de los cuales 25 decidieron quedarse en Haití, no aceptaron la posibilidad de regresar a México y en ese sentido se actuó con todos para darles seguridad.

Por otro lado, como se acostumbra en todos estos asuntos de complicación y de desorden y desgraciadamente de violencia, las embajadas de la región se ponen de acuerdo para dar este asilo y esta protección humanitaria. En el caso concreto de Haití, la Embajada Chilena está encargada y tiene la responsabilidad de dar apoyo y asilo a los mexicanos que decidieron quedarse en Haití, en caso de que lo necesiten. Y por otro lado también, la Embajada de México en República Dominicana está llevando a cabo toda la labor consular y de protección que es necesaria.

Finalmente, quiero decirles una cosa: es necesario que se reabra la embajada, ¡por supuesto!, no se cerró, se desalojo momentáneamente por la situación de grave conflicto que hay en Haití y es importante que rápidamente se reabra la embajada como lo pide el punto de acuerdo, por supuesto que sí, ya el Secretario de Relaciones, el subsecretario también y las autoridades mexicanas han expresado, así como la propia embajadora de México en Haití, que a la brevedad posible regresarán y esto muy probablemente podrá hacerse con el envío de las mil toneladas de frijol que se están enviando; con el envío eventualmente del personal que apoyará las labores de reconstrucción y de apoyo y en todo caso, con el primer vuelo comercial que haya a Haití.

Albardo sobre aparejo, adelante, pidamos la información, estoy segura que se nos dará.

Gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Agotados los oradores registrados para hablar sobre este tema, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Aprobada. Comuníquese.

El siguiente punto del orden del día ha sido retirado por el grupo parlamentario que lo promovió.

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GAS AMONIACO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Esta Presidencia recibió una proposición con punto de acuerdo para la solución al desabasto del gas amoniaco en la región noreste del país, suscrita por los diputados Oscar Félix Ochoa y David Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Proposición con punto de acuerdo, para solucionar el desabasto de gas amoniaco en la región noreste del país, suscrita por los diputados Oscar Félix Ochoa y David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del PRI.

Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros:

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo ante esta alta tribuna a fin de presentar una proposición con punto de acuerdo para solucionar el desabasto del gas amoniaco en la región noroeste del país.

El abastecimiento del gas amoniaco anhidro, fertilizante básico en la actividad agrícola que demandan los estados del noroeste del país, depende de dos centros embarcadores situados en los puertos de Topolobampo, Sinaloa; y Guaymas, Sonora.

En conjunto, ambos puertos movilizan anualmente alrededor de 250 mil toneladas para atender la demanda de la región.

De esta cifra, 90 por ciento del consumo de amoniaco anhidro utilizado en la actividad agrícola a escala nacional se da en los estados del noroeste del país.

Desde abril de este año se encuentra cerrado el centro embarcador del puerto de Topolobampo, el de mayor capacidad, con 160 mil toneladas anuales. Esto se conjuga con la limitada capacidad del centro de Guaymas, de 90 mil toneladas, lo que ha provocado un virtual colapso en el abasto de ese insumo.

Esa circunstancia, al presentarse prácticamente desde el inicio del ciclo otoño-invierno, el más importante para los estados de Sinaloa, de Sonora y de Baja California, ha desarticulado el proceso productivo agrícola en la región.

Los productores han experimentado graves retrasos en la fertilización de presiembra. Otros se han visto en la necesidad de hacer uso de productos menos apropiados y más contaminantes, como los fertilizantes sólidos.

Tales productos y métodos de fertilización no sólo son de mayor costo por unidad de nitrógeno, sino de menor efectividad agronómica.

La situación de desabasto ha generado el encarecimiento en el mercado de los fertilizantes y del poco amoniaco anhidro que llega procedente de Guaymas.

Al programar y ejecutar el calendario de mantenimiento, no se ha tomando en cuenta que esto coincidiría con el periodo de mayor actividad de las instalaciones y que afectaría una actividad agrícola vital, básica y fuente primordial de empleo para miles de personas en los estados de la región.

Las repercusiones y los costos de esos yerros se endosarán, como siempre, a la factura de los productores. Los retrasos de la siembra, los cambios de las prácticas, significarán menores rendimientos, mayores costos y, por consecuencia, una considerable merma en su rentabilidad y de impacto a los consumidores

Este desabasto, en virtud de que pudo haberse evitado, no puede catalogarse menos que como una negligencia. Los precios del amoniaco anhidro continúan creciendo en forma exponencial. De noviembre de 2002 a noviembre de 2003, año en que el precio ha experimento un aumento de 89 por ciento; es decir, prácticamente el doble en un corto tiempo.

Tan sólo el aumento de este insumo ha repercutido en un incremento de 15 por ciento en los costos totales de producción por hectárea para cultivos como el maíz, y de una caída de 23 por ciento en la rentabilidad de ése y otros cultivos.

Al mismo tiempo, los precios pagados al productor han permanecido inmóviles en términos nominales y, como consecuencia, en declive en términos reales para la cosecha otoño-invierno 2003-2004; el ingreso por tonelada programado para el maíz de Sinaloa será el mismo que el de cosechas pasadas.

El crítico desabasto de amoniaco anhidro en la agricultura de los estados del noroeste del país se traduce en un serio impedimento y trastorno para la competitividad de los productores.

Si a este entorno de desventaja en el suministro oportuno y elevados precios de insumos, deficiencias e insuficiencia en infraestructura agregamos las fuertes discrepancias en los niveles de subsidios respecto a productores de otros países, el futuro no puede ser muy halagüeño para esta actividad.

Por tanto, lo menos que puede pedirse en la situación que aquí denunciamos es que las autoridades, el Gobierno Federal y, en particular, Pemex Petroquímica asuman las responsabilidades de sus actos. Sería una injusticia pretender que unos paguen por los errores u omisiones de ellos.

Existe la imperiosa necesidad de que de manera urgente se regularice el abasto del amoniaco anhidro y que se diseñe un esquema de compensación a los productores por los perjuicios que sean adjudicables al severo desabasto de este producto.

En virtud de los motivos y las consideraciones expuestos, me permito someter a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a Pemex Petroquímica acelerar los trabajos de mantenimiento del centro embarcador de amoniaco anhidro en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, para que se culminen con la mayor brevedad. Mientras tanto, se solicita que se definan y tomen medidas complementarias que permitan enfrentar en lo inmediato el desabasto del gas en la región noroeste del país, privilegiando su distribución para las organizaciones de productores.

Segundo. Se solicita a Pemex Petroquímica que realice una evaluación de los daños que el desabasto que prevalece ha provocado a los agricultores de la región y que, con base en dicha evaluación, diseñe, en consenso con los productores y las organizaciones de la región, un mecanismo de compensación vía precio del gas o de otras modalidades, dando con ello cabal cumplimiento a lo acordado en el ANC, que señala la obligación gubernamental de operar un esquema de apoyo del amoníaco a más tardar en diciembre pasado.

En virtud de lo expuesto, solicito que se considere turnar el presente asunto a la Comisión de Energía, con opinión de las comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Recursos Hidráulicos de la honorable Cámara de Diputados.

Es cuanto señor Presidente.

México, DF, a 3 de marzo de 2004.--- (Rúbrica.)

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Esta Presidencia dispone se turne a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

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SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

También esta Presidencia recibió una proposición con punto de acuerdo sobre la disposición por parte del Gobierno Federal, de los recursos de los trabajadores correspondientes al SAR 92 IMSS, acumulados en las cuentas individuales entre mayo de 1992 y junio e 1997, suscrita por el diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Proposición con punto de acuerdo, sobre la disposición, por parte del Gobierno Federal, de los recursos de los trabajadores correspondientes al SAR 92-IMSS acumulados en las cuentas individuales entre mayo de 1992 y junio de 1997, suscrita por el diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del PRD.

Los suscritos, diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto Mexicano del Seguro Social para que informen sobre la devolución de los fondos acumulados por los trabajadores entre mayo de 1992 y junio de 1997 en las cuentas individuales correspondientes a la Subcuenta de Retiro (SAR-92) de los trabajadores afiliados al IMSS, al tenor de las siguientes consideraciones.

1. El 24 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma y adiciona diversos artículos transitorios de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y otras disposiciones afines, para autorizar al Gobierno Federal a disponer de 19 mil millones de pesos, propiedad de los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, acumulados entre mayo de 1992 y junio de 1997 en las cuentas individuales de los trabajadores correspondientes al Sistema de Ahorro para el Retiro creado en 1992 y que se mantenían depositados en la Cuenta Concentradora a nombre del IMSS en el Banco de México, en tanto que se llevaban a cabo los procesos de identificación de los titulares para su registro en las cuentas individuales abiertas en las Administradoras de Fondos para el Retiro, Afores.

2. La disposición de dineros propiedad de los trabajadores dispuso que 11 mil millones de peso pasaran a ser ``aprovechamientos'' para el ejercicio fiscal 2002 como ``aportación al patrimonio inicial de la Financiera Rural''; otros 8 mil millones se utilizaron como ``aprovechamientos'' para el ejercicio fiscal 2003 y que el resto (mil millones de pesos, 5 por ciento del total)se destinarían a un fondo para atender las solicitudes -previa acreditación de documentos- de envío a Afores o pago para los trabadores y/o sus beneficiarios.

3. La celeridad legislativa con que se consumó la expropiación de este patrimonio de los trabajadores no reparó en el hecho de que tal decreto es ilegal al destinar a un fin distinto las cuotas del seguro social según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 1 de julio de 1997 y el artículo 15 de la ley vigente e inconstitucional pues priva a una cantidad aún no especificada de trabajadores del producto de su trabajo y deja al descubierto la ineficiencia del sistema pensionario vigente por el hecho de que haya todavía cuentas individuales del SAR 92 que no puedan ser identificadas claramente. Ello manifiesta los graves problemas de supervisión, control, regulación y administración de los agentes públicos y privados que intervienen en el manejo de los fondos para el retiro de los trabajadores: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Consar, los bancos y la empresa privada concesionaria de la base de datos del sistema (Procesar). Pese a tan manifiestas ineptitudes y arbitrariedades parece inconcebible que el Gobierno Federal mantenga su miopía de ver en esquemas privatizadores la salida al problema de las pensiones de los trabajadores públicos federales y estatales.

A más de un año de aplicación de este inicuo decreto, sigue en la incertidumbre la devolución de fondos del SAR 92 -más intereses- y la transferencia, junto con las cuentas individuales correspondientes. Nuestro grupo parlamentario considera indispensable que el Congreso de la Unión tenga información fidedigna de los resultados de los procedimientos técnico-administrativos para la correcta e inequívoca identificación de los trabajadores titulares de los recursos aludidos y que estos les sean entregados y que una vez agotados estos procesos, en estricta aplicación de la Ley del Seguro Social, se destinen para fines de beneficio colectivo y solidario de sus aportantes, los trabajadores mexicanos, como puede ser la infraestructura y el equipamiento de instalaciones médicas o de guarderías del IMSS.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los legisladores suscritos sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un atento llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que informen al Congreso de la Unión sobre la utilización de los fondos acumulados por los trabajadores entre mayo de 1992 y junio de 1997 en las cuentas individuales correspondientes a la Subcuenta de Retiro (SAR 92) de los trabajadores afiliados al IMSS, precisando, a la fecha, cuántas cuentas individuales han sido identificadas y a cuánto ascienden los recursos devueltos a sus titulares y/o por la entrega de saldos correspondientes a las Administradoras de Fondos para el Retiro.

Sala de Sesiones de la Comisión Permanente, México DF, a 3 de marzo de 2004.--- Dip. Miguel Alonso Raya.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, de la Cámara de Diputados.

Señoras y señores legisladores: en virtud de que ha transcurrido el tiempo correspondiente a la presente sesión que dispone el artículo 3° del acuerdo parlamentario que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones, aprobado el 7 de enero, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, la cual incluirá los asuntos no abordados... Un momento.

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ORDEN DEL DIA

El senador Emilio Gamboa Patrón (desde su curul):

Señor Presidente, le rogaría se le dé lectura a los puntos que van a quedar pendientes, para que se les dé el trámite a las comisiones correspondientes. Le pediría a nombre del Partido Revolucionario Institucional los tres puntos que están pendientes.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

La Presidencia no tiene inconveniente en hacerlo, por lo tanto en relación: para solicitar de la Secretaría de Hacienda y Crédito asigne recursos para la construcción de una unidad médico-familiar plus del IMSS, en la Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, suscrita por los diputados José Manuel Abdala y Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

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ESTADO DE TAMAULIPAS
El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

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ESTADO DE GUERRERO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En relación con la propuesta recibida por la Presidencia en relación con punto de acuerdo con la problemática de la contaminación de la bahía de Santa Lucía del Puerto de Acapulco, Guerrero, suscrita por la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Proposición con punto de acuerdo, en relación con la problemática de la contaminación de la Bahía de Santa Lucía del Puerto de Acapulco, Guerrero, suscrita por la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del PRD.

La suscrita, diputada federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 15 de octubre del año 2003 la Comisión Permanente de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero presentó un acuerdo parlamentario relacionado con la problemática ambiental de la bahía de Santa Lucía del puerto y ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero. En especial con relación a los riegos de contaminación que implicaba el posible hundimiento de las embarcaciones denominadas ``Yate Acapulco'' y ``Yate Hawaiano'' varadas en la mencionada bahía.

El citado acuerdo parlamentario exhortaba a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, del estado de Guerrero y al Cabildo del honorable Ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, así como dependencias como la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República para que intervinieran en el ámbito de sus competencias en la solución de la problemática mencionada.

Igualmente se solicitaba que la cámaras de Senadores y de Diputados al Congreso de la Unión tuvieran conocimiento e intervención en la solución de la problemática expuesta.

Al recibir este acuerdo parlamentario del Congreso del estado de Guerrero, el 16 de diciembre del 2003, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, lo remite a la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento. En mi calidad de integrante de dicha Comisión me es turnado el mencionado punto de acuerdo para mi conocimiento.

Lamentablemente, se tiene conocimiento de que el viernes 16 de enero del presente año el yate Acapulco se hundió finalmente en la bahía de Santa Lucía del puerto de Acapulco. Considero, es necesario realizar una evaluación sobre las causas de dicho hundimiento, así como las medidas tomadas al respecto por las instituciones responsables, en especial del orden federal para atender dicha contingencia. Igualmente, se debe conocer los posibles riesgos y la situación actual que guarda el yate Hawaiano. Es necesario, además conocer el estado que en que se encuentra la bahía de Santa Lucía, no solo por la situación de estos yates, sino también por los problemas relacionados con la calidad de sus aguas en general, así como las estrategias y acciones que se están realizando para atender cualquier posible problema que contribuya al deterioro de la bahía.

En dicho sentido, se tiene conocimiento y existen solicitudes de grupos de pescadores y organizaciones ambientalistas, entre otros actores locales, para que se atienda no sólo la problemática ecológica de la bahía de Santa Lucía, sino también la que guardan las lagunas costeras adyacentes a la bahía, que son las de Tres Palos, la de Pie de la Cuesta o Coyuca, y la Negra.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Primero. Que se integre un grupo de diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para visitar el puerto y ciudad de Acapulco. El propósito fundamental de dicha visita de trabajo será conocer el estado que guarda la bahía de Santa Lucía, incluyendo además las lagunas costeras de Tres Palos, Pie de la Cuesta y Negra, así como los problemas relacionados con la calidad de sus aguas en general. Se pretende estar al tanto de las estrategias y acciones que se están realizando para atender los problemas que contribuyen al deterioro de la bahía y las mencionadas lagunas. Con dichos elementos, y en el ámbito de sus atribuciones, se buscará contribuir por parte de esta H. Cámara de Diputados a la solución de la problemática planteada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de marzo de 2004.--- Dip. María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

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SENTENCIADOS A MUERTE
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En relación con la proposición con punto de acuerdo para que a través del Ejecutivo Federal se solicite a los Estados Unidos de América se respeten las medidas cautelares y no se ejecute a ningún mexicano sentenciado a la pena de muerte, hasta que la Corte Internacional de Justicia de La Haya resuelva el fondo de la denuncia que México presentó sobre este tema, planteada por el señor senador don Sadot Sánchez Carreño,

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Se turna a la Segunda Comisión.

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SECTOR EMPRESARIAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

En relación a la proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Economía envíe información detallada sobre el cierre de 4 mil empresas durante el año 2003, por el senador don Fernando Gómez Esparza.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Proposición con punto de acuerdo, para que se exhorte a la Secretaría de Economía a enviar información detallada sobre el cierre de cuatro mil empresas durante el año 2003, a cargo del senador Fernando Gómez Esparza, del grupo parlamentario del PRI.

Entramos a la última fase del primer trimestre del año y la mala conducción de la economía mexicana continúa haciendo mella sobre los mexicanos. La pobrísima expansión de la actividad económica, la más baja desde hace 50 años, en la primera mitad de esta administración no ha sido gratis, nos ha costado y mucho.

La gestión ineficaz de este gobierno saltó a la luz una vez más al escuchar las recientes declaraciones del Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, Sergio García de Alba, en el sentido de que durante el 2003 dejaron de operar alrededor de 4 mil empresas en el país.

Resulta que con base en la afiliación de patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en diciembre de 2002 existían 811 mil 244 establecimientos. Un año después, sólo se contabilizaron 807 mil 655 patrones. Esta diferencia, que asciende a casi 4 mil patrones registrados son las empresas que cerraron el año pasado.

Con estos datos entendemos ahora muy bien porque el empleo se encuentra en una situación tan delicada, por más que el Presidente diga lo contrario.

Comprendemos también con claridad porque la gente se encuentra tan desesperada y exige trabajo, una fuente de ingreso, aunque el Presidente pida aplausos en lugar de rechiflas en sus ya distorsionados discursos que nos tiene acostumbrados.

Esta perfectamente claro: la nula capacidad para generar crecimiento se ha traducido en el cierre de empresas, mismas que arrastran consigo a trabajadores y a sus familias. Así de sencillo es el diagnóstico.

Lo que nos sorprende de sobremanera es que el Ejecutivo siga empecinado en decir que el país avanza, que tiene rumbo, que tiene destino.

Es por demás inaceptable escuchar que a la mitad del camino se han logrado hechos contundentes y que vamos en la dirección correcta.

Y no se trata de llevar la contra nada más porque sí, como muchas veces se nos achaca. Ahí están las cifras que hablan de una realidad totalmente distinta a las que se refiere el Ejecutivo.

En este sentido, habría que hacer una clara distinción. La información sobre el desafortunado cierre de empresas proviene de las fuentes oficiales, de adentro, del propio gobierno y su equipo de trabajo.

En razón de esto, compañeras y compañeros legisladores, es evidente que se está haciendo una evaluación errónea de los grandes problemas nacionales.

Porque de otra manera no entendemos que Fox diga que los obreros están mejor que antes cuando los datos dicen todo lo contrario.

El sector manufacturero y la industria maquiladora son claros ejemplos. Una caída del empleo del -3.9 y -1.2 por ciento, respectivamente, en el 2003, nos hablan de otra situación muy diferente a la que se refiere el propio Ejecutivo.

No hay duda de que el gobierno no ha logrado entender la problemática de nuestro país. No se puede decir que los trabajadores están mejor antes cuando la tasa de desempleo es la más alta de los últimos siete años o cuando la informalidad está alcanzando niveles sin precedentes, o bien cuando el universo de empleados sin ningún tipo de prestaciones está llegando a comparativos inusitados.

El discurso de la estabilidad macroeconómica para justificar la falta de resultados está ya muy gastado, es ya a todas luces inefectivo.

Sí, es cierto que tenemos los niveles de inflación y las tasas de interés más bajas de la historia. Pero, déjenme decirles, compañeros legisladores, que sin crecimiento, sin empleo, sin crédito y con cierre masivo de empresas, esta estabilidad pasa a segundo plano, simplemente no sirve porque no es aprovechada.

La obsesión de este gobierno por una macroeconomía estable nos tiene realmente preocupados. Tal parece que la conducción del país hacia este punto se ha vuelto la única política económica de esta administración.

Hoy tenemos una gran estabilidad. Hasta en el PIB. Vaya que es estable, tan estable que no se mueve.

Las propuestas de solución las hemos presentado en esta tribuna muchas veces y las seguiremos dando tantas veces más como sea necesario. Hay que mirar al impulso de la inversión, a la reactivación del mercado interno, a la promoción de la competitividad y al fomento de las exportaciones.

No es posible y justificable que la inversión durante estos tres años haya caído casi 3 por ciento. Mientras no se recuperen los niveles de crecimiento de este importante detonador de la economía, continuaremos con el pobre de-sempeño del país que hemos vivido este trienio.

Mientras no se otorguen los incentivos para evitar el cierre tan desmedido de establecimientos, no veremos un mejor país y mucho menos veremos una clara recuperación del empleo.

Aquí están, pues, los focos de alerta sobre los que hay que ir y actuar en consecuencia.

Aquí está, una vez más, nuestro llamado al Secretario de Economía, al Secretario del Trabajo y al propio Ejecutivo para que se atiendan estos asuntos.

Para que se dé cauce, para que se vea acción, para que el gobierno deje ya la inmovilidad y se ponga a trabajar sobre los aspectos que pueden dar a México un crecimiento sano y sostenible.

Por lo anteriormente señalado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 82 de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a la consideración del pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Unico.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Economía, a través del Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, para que de manera responsable y oportuna nos envíe la información detallada sobre el cierre masivo de 4 mil empresas durante el año pasado, así como la política de fomento que llevará a cabo para revertir esta tendencia.

Es para todos los legisladores, fundamental contar con dicha información. Es de suma relevancia para el Congreso tener los elementos necesarios para poder analizar y, por consiguiente, contribuir al remedio de los problemas que aquejan a este sector.

México, DF, a 3 de marzo de 2004.--- Rúbrica.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

Ahora sí, por favor proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

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ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

Se va a dar lectura al orden día de la próxima sesión.

«Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 10 de marzo de 2004.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del DCLXXIX aniversario de la fundación de Tenochititlan, tendrá lugar el 13 de marzo a las 10:00 horas, en Pino Suárez sin número, a un costado de la Plaza de la Constitución, delegación Cuauhtémoc.

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Ardelio Vargas Fosado, Margarita Atme Abud y Carlos Alberto de Icaza González, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de España y Japón.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Iván Tranquilino Ramírez Rebolledo, Susana Seijas Davies, María de Lourdes Fernández Fernández, Mónica Lorena Orozco Guerrero y Norma Izumi Hoshilo Hayashida, para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Samuel Humberto Argeñal Olivera, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Honduras en la ciudad de Morelia, con circunscripción consular en el estado de Michoacán.

Veintisiete de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 15:02 horas):Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 10 de marzo de 2004 a las 11:00 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 3 horas 40 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 25 legisladores.

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 3.

Senadores que solicitan licencia: 2.

Proposiciones con punto de acuerdo: 16.

Puntos de acuerdo aprobados: 2.

Temas de agenda política: 1.

Oradores en tribuna: 24

PRI-9; PAN-5; PRD-7; PVEM-1; PT-1; PC-1.

Se recibió:

8 comunicaciones de los congresos de los estados de: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz;

1 comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

1 oficio de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras por el que remite el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, enero-diciembre de 2003;

1 comunicación del diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;

1 oficio Secretaría de Gobernación por el que remite copia de contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite el informe semestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2003;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita autorización para que el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional del 23 al 26 de marzo de 2004, a efecto de que realice visitas oficiales a las repúblicas de Guatemala, Honduras y Nicaragua, y participe en la VI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla;

3 oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso necesario para que igual número de ciudadanos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros;

3 iniciativas del PRI;

1 iniciativa del PRD;

1 iniciativa del PC;

Dictámenes de primera lectura:

1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a tres de ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de España y Japón;

1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a cinco de ciudadanos para prestar servicios a gobiernos extranjeros;

1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Samuel Humberto Argeñal Olivera, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Honduras en la ciudad de Morelia.

Dictámenes aprobados:

1 de la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento de la ciudadana Sandra Camila Antonia Fuentes-Berain Villenave, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante el Reino de los Países Bajos;

1 de la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Juan José Bremer de Martino, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte;

1 de la Tercera Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Héctor Octavio Saldaña Hernández, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;

1 de la Segunda Comisión con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que en su próximo encuentro con el Presidente de Estados Unidos de América, exprese el interés de las distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo mexicano, en avanzar en la reforma migratoria;

1 de la Segunda Comisión con punto de acuerdo a proposición presentada el 14 de enero pasado, para solicitar a la delegación del Poder Legislativo que participará en la XLIII Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos de América, incluya de manera prioritaria el tema migratorio en la agenda correspondiente;

1 de la Segunda Comisión con punto de acuerdo a proposición presentada el 11 de febrero pasado, para respaldar la postura del Ejecutivo Federal adoptada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, relativa a la construcción del Muro de Seguridad de Cisjordania;

1 de la Tercera Comisión con punto de acuerdo a proposición presentada el 11 de febrero pasado, para exhortar a diversas dependencias, a que reestructuren la clasificación de tarifas eléctricas para uso industrial y para zonas de clima cálido;

1 de la Tercera Comisión con punto de acuerdo a proposición presentada el pasado 21 de enero, para que en caso de que las comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso, acuerden la integración de un grupo especial de trabajo que estudie la situación del sistema bancario nacional, incluya el análisis de liquidez bancaria a efecto de que se puedan canalizar recursos a la inversión productiva;

1 de la Tercera Comisión con punto de acuerdo a proposición presentada el 21 de enero pasado, para que comparezca el Secretario de Economía, a fin de que informe sobre la situación del empleo y del programa de microfinanciamiento;

26 de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos;

1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a cuatro ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de las repúblicas de: El Salvador, Federativa del Brasil, Chile y Federal de Alemania;

1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a nueve ciudadanos para prestar servicios a gobiernos extranjeros;

1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Fabiola Margarita Solís Aguinaco, para prestar servicios en la Embajada de los Países Bajos en México.

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LEGISLADORES QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Camacho Quiroz, César (PRI). . . .

Camacho Solís, Víctor Manuel (PRD). . . .

Döring Casar, Federico (PAN). . . . . .

Flores Rico, Carlos (PRI). . . . . . . .

Gamboa Patrón, Emilio (PRI). . . . . . .

García Laguna, Eliana (PRD). . . . . . .

Gómez Alvarez, Pablo (PRD). . . . . . .

González Roldán, Luis Antonio (PVEM). . . . .

Guerra Castillo, Marcela (PRI). . . . . .

Hernández Pérez, David (PRI). . . . .

Hernández Pérez, David (PRI). . . . . .

Herrera Beltrán, Fidel (PRI). . . . . .

Jiménez González, David (PRI). . . . .

Martínez Alvarez, Jesús Emilio (PC). . . . .

Nava Díaz, Alfonso Juventino (PRI). . . . .

Rodríguez Prats, Juan José (PAN). . . . . .

Romero Castillo, Cecilia (PAN). . . . . . .

Sodi de la Tijera, Demetrio (PRD). . . . .

Vázquez González, Pedro (PT). . . . . . .

Zermeño Infante, Jorge (PAN). . . . . .

República de Haití: 177

Distrito Federal: 169

Distrito Federal: 155, 159

Pemex: 142

Orden del día: 165 desde curul

Distrito Federal: 158, 160, 163

Distrito Federal: 164, 166

Programa de Apoyos Directos al Campo: 171

Ley de Fiscalización Superior de la Federación: 58

Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios: 87

Universidad de Guadalajara: 145

Ley de Amparo: 83

Distrito Federal: 161, 165

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 64

Sistema de Televisión Educativa: 153

Distrito Federal: 162

República de Haití: 180

Distrito Federal: 168

República de Haití: 179

Distrito Federal: 167