Diario de los Debátes, Sesión No. 13, Volumen II, 10 de marzo de 2004, Comisión Permanente del Primer Año, LIX Legislatura

Diario de los Debates

VOLUMEN II

CONTINUACION DE LA SESION NO. 13 DEL 10 DE MARZO DE 2004

GRADOS MILITARES
La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003 por el Presidente de la República a favor del Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Mauro Joaquín Santiago Ramírez como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar, el 23 de enero de 1964; y fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1 de enero de 1967;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 39 años, 10 meses y 16 días, con antigüedad en el empleo anterior de 12 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 1/a. Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicio ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del Ciudadano Mauro Joaquín Santiago Ramírez.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 12 de febrero 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica), Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez, Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003 por el Presidente de la República a favor del Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Héctor Aragón Zapata, como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión envío a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar el 2 de octubre de 1972; fue ascendido como Subteniente de Infantería por acuerdo del secretario del ramo el 1 de septiembre de 1976;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Qué como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 2 meses y 7 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico: Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidio a favor del ciudadano Héctor Aragón Zapata.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República a favor del ciudadano Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Gustavo Nieto Navarro como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete en el Heroico Colegio Militar, el 1 de septiembre de 1972; y fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1976;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 31 años, 3 meses y 8 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase correspondiente a 30 años de servicio ininterrumpidos.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Gustavo Nieto Navarro.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 12 de febrero 2004.--- Sen. Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica), Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez, Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003 por el Presidente de la República a favor del Coronel de Zapadores Diplomado de Estado Mayor Sergio Ricardo Martínez Luis como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar el 18 de septiembre de 1968; fue ascendido como Subteniente de Zapadores por acuerdo del Secretario del ramo el 1 de septiembre de 1972;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 35 años, 2 meses y 21 días, con antigüedad en el empleo anterior de 5 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de primera Clase y la ``Especial'' por 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel de Zapadores Diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

``Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Sergio Ricardo Martínez Luis''.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República en favor del ciudadano Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Javier Cruz Rivas como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete en el Heroico Colegio Militar, el 1 de septiembre de 1970; y fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1974;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 33 años, 3 meses y 8 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicio ininterrumpidos.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Javier Cruz Rivas.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003 por el Presidente de la República a favor del Teniente Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor Ricardo Reyes Amador como Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar el 1 de septiembre de 1976; fue ascendido como Subteniente de Artillería por acuerdo del secretario del ramo el 1 de septiembre de 1980;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 27 años, 3 meses y 5 días, con antigüedad en el empleo anterior de 5 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Segunda Clase, correspondiente a 25 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico: Se ratifica el grado de Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Ricardo Reyes Amador.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación posterior en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003 por el Presidente de la República a favor del Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor Rigoberto García Cortés como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Soldado de Fuerza Aérea, el 12 de septiembre de 1972; y fue ascendido como Subteniente de Caballería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1978;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 31 años, 2 meses y 25 días, con antigüedad en el empleo anterior de 5 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 1/a Clase, correspondiente a 30 años de servicio ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Rigoberto García Cortés.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 12 de febrero 2004.--- Sen. SSen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica), Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez, Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República a favor del ciudadano Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor Arturo Sánchez García como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar el 2 de octubre de 1972; fue ascendido como Subteniente de Caballería por acuerdo del C. secretario del ramo el 1 de septiembre de 1976;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes ala fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la Nación Mexicana durante 31 años, 2 meses y 8 días, con antigüedad en el empleó anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación. Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Arturo Sánchez García.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 12 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica), Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez, Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003 por el Presidente de la República a favor del Coronel de Transmisiones Filiberto Márquez Osorio como General Brigadier de Transmisiones, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Soldado de Transmisiones en la Escuela Militar de Clases de Transmisiones, el 3 de febrero de 1962; y fue ascendido como Subteniente de Transmisiones, por acuerdo del secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1970;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 41 años, 10 meses y 7 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 1/a. Clase y la ``Especial'' por 35 años de servicio ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel de Transmisiones, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier de Transmisiones, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

``Unico. Se ratifica el grado de General Brigadier de Transmisiones que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Filiberto Márquez Osorio.''

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 12 de febrero de 2004.--- Segunda Comisión (Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública) de la Comisión Permanente.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica), Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez, Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República en favor del ciudadano Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Gilberto Landeros Briseño como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar el 1 de septiembre de 1969; fue ascendido como Subteniente de Infantería por acuerdo del C. secretario del ramo el 1 de septiembre de 1973;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 34 años, 3 meses y 9 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Tercera Clase, correspondiente a 20 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier de Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Gilberto Landeros Briseño.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003 por el Presidente de la República a favor del Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor Héctor Aguilar Elizalde como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar el 1 de septiembre de 1973; fue ascendido como Subteniente de Caballería por acuerdo del secretario del ramo el 1 de septiembre de 1977;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 30 años, 3 meses y 9 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Segunda Clase, correspondiente a 25 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico: Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Héctor Aguilar Elizalde.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003 por el Presidente de la República a favor del Teniente Coronel de Transmisiones Diplomado de Estado Mayor Santiago Contreras Ojeda como Coronel de Transmisiones Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Soldado de Transmisiones en la Escuela Militar de Clases de Transmisiones, el 1 de septiembre de 1974; y fue ascendido como Subteniente de Transmisiones, por acuerdo del secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1981;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 29 años, 3 meses y 9 días, con antigüedad en el empleo anterior de 4 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Segunda Clase, correspondiente a 25 años de servicio ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Transmisiones Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos que merecieron la obtención del grado de Coronel de Transmisiones Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se ratifica el grado de Coronel de Transmisiones Diplomado de Estado Mayor que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del Ciudadano Santiago Contreras Ojeda.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República a favor del ciudadano Teniente Coronel Ingeniero en Transmisiones Militares J. Jesús Naranjo Cervantes como Coronel Ingeniero en Transmisiones Militares, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Soldado de Transmisiones en la Escuela Militar de Clases de Transmisiones el 1 de septiembre de 1972; fue ascendido como Subteniente de Transmisiones por acuerdo del C. secretario del ramo el 1 de septiembre de 1980;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 3 meses y 10 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel Ingeniero en Transmisiones Militares se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel Ingeniero en Transmisiones Militares, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero en Transmisiones Militares que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano J. Jesús Naranjo Cervantes.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 19 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica), Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez, Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003 por el Presidente de la República a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea Abastecedor de Material Aéreo Diplomado de Estado Mayor Aéreo Jorge Tomás Smith Zamora como Coronel de Fuerza Aérea Abastecedor de Material Aéreo Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete en la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento, el 1 de septiembre de 1977; y fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Abastecedor de Material Aéreo, por acuerdo del secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1981;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 26 años, 3 meses y 9 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 2/a. Clase, por 25 años de servicio ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Fuerza Aérea Abastecedor de Material Aéreo Diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Fuerza Aérea Abastecedor de Material Aéreo Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

``Unico. Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Abastecedor de Material Aéreo Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Jorge Tomás Smith Zamora.''

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003 por el Presidente de la República en favor del ciudadano Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Sergio Alberto Martínez Castuera como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Soldado Auxiliar Mozo en el Heroico Colegio Militar el 1 de diciembre de 1972; fue ascendido como Subteniente de Infantería por acuerdo del C. secretario del ramo el 1 de septiembre de 1978;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 0 meses y 9 días, con antigüedad en el empleo anterior de 5 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Sergio Alberto Martínez Castuera.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003 por el Presidente de la República a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea Aerologista José Angel Mata como Coronel de Fuerza Aérea Aerologista, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Alumno en la Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea del Colegio del Aire, el 3 de septiembre de 1973; y fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Aerologista, por acuerdo del secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1979;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 30 años, 3 meses y 8 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 1/a. Clase, correspondiente a 30 años de servicio ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Fuerza Aérea Aerologista, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Fuerza Aérea Aerologista.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Aerologista que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano José Angel Mata.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 19 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica), Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez, Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Coronel Ingeniero en Transmisiones Militares Diplomado de Estado Mayor Arturo Alberto Jheman Zetina, como General Brigadier Ingeniero en Transmisiones Militares Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como alumno en la Escuela Militar de Clases de Transmisiones, el 1º de febrero de 1967, fue ascendido como Subteniente de Transmisiones, por acuerdo del secretario del ramo, el 1º de septiembre de 1974;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 36 años, 10 meses y 10 días, como antigüedad en el empleo anterior de 5 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la ``Especial'' por 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Coronel Ingeniero en Transmisiones Militares Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Ingeniero en Transmisiones Militares Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

``Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier Ingeniero en Transmisiones Militares Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Arturo Alberto Jheman Zetina''.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Teniente Coronel Cirujano Dentista David Casillas del Llano como Coronel Cirujano Dentista, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1º de septiembre de 1971, fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1º de septiembre de 1975;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 32 años, 3 meses y 10 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel Cirujano Dentista, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel Cirujano Dentista, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de Coronel Cirujano Dentista que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano David Casillas del Llano.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 19 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica), Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez, Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo José Francisco Wilfrido Escamilla Rangel, como Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete en la Escuela Militar de Aviación, el 4 de septiembre de 1972, fue ascendido corno Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador, por acuerdo del secretario del ramo, el 1º de septiembre de 1976;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 3 meses y 7 días, con antigüedad en el empleo anterior de 9 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase por 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

``Unico.- Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano José Francisco Wilfrido Escamilla Rangel''.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003, por el Presidente de la República, en favor del ciudadano Teniente Coronel de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento de Aviación Teodoro López Rodríguez, como Coronel de Fuerza Aérea Especialista de Mantenimiento de Aviación, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como alumno en la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento, el 1º de septiembre de 1968, fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento de Aviación, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1º de septiembre de 1978;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 35 años, 3 meses y 10 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento de Aviación, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento de Aviación, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento de Aviación que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Teodoro López Rodríguez.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea Meteorólogo Diplomado de Estado Mayor Aéreo Macario Alvarez Zavala como Coronel de Fuerza Aérea Meteorólogo Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como alumno en la Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea, el 3 de septiembre de 1973, fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Aerologista, por acuerdo del secretario del ramo, el 1º de septiembre de 1979;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 30 años, 3 meses y 8 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de Fuerza Aérea Meteorólogo Diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Fuerza Aérea Meteorólogo Diplomado de Estado Mayor Aéreo.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico: Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Meteorólogo Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Macario Alvarez Zavala.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Gumaro Cabrera Osornio, como Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1º de septiembre de 1979, fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del secretario ramo, el 1º de septiembre de 1983;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 24 años, 3 meses y 12 días, como antigüedad en el empleo anterior de 4 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Tercera Clase por 20 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

``Unico.- Se ratifica el grado de Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Gumaro Cabrera Osornio''.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Guillermo Tapia Adán como Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente; para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete, en la Escuela Militar de Aviación, el 3 de septiembre de 1973, fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1º de septiembre de 1977;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 30 años, 3 meses y 9 días, con antigüedad en el empleo anterior de 8 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Guillermo Tapia Adán.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 19 de febrero de 2004.--- Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica), Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretarios; Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Jorge Emilio González Martínez, Sen. Rafael Melgoza Radillo.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Andre Georges Foullon van Lissum, como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1º de septiembre de 1971, fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1º de septiembre de 1975;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 32 años, 3 meses y 11 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, por 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

``Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Andre Georges Foullon Van Lissum''.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2003, por el Presidente de la República, en favor del ciudadano Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Julián Carlos Calls Barbosa como Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como cadete en la Escuela Militar de Aviación, el 4 de noviembre de 1970, fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1º de septiembre de 1974;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 33 años, 1 mes y 8 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Julián Carlos Calls Barbosa.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Infantería Ambrocio Quinto Adrián como Coronel de Infantería, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1º de septiembre de 1969, fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1º de septiembre de 1973;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que cómo miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 32 años, 8 meses y 17 días, con antigüedad en el empleo anterior de 11 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Segunda Clase, correspondiente a 25 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de Infantería, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Infantería.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Unico: Se ratifica el grado de Coronel de Infantería que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Ambrocio Quinto Adrián.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2003, por el Presidente de la República, a favor del ciudadano Teniente Coronel de Infantería Salvador García Camacho como Coronel de Infantería, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como soldado de Fuerza Aérea, en el batallón de Fusileros Paracaidistas, el 24 de enero de 1969, fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1º de septiembre de 1974;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 34 años, 10 meses y 19 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, por 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de Infantería se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de Coronel de Infantería, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

``Unico.- Se ratifica el grado de Coronel de Infantería que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Salvador García Camacho''.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba éste y los anteriormente reservados puntos de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense al Ejecutivo.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Se pide a la Secretaría poner a discusión los decretos.

CONDECORACIONES

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo, que suscribe, fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita los permisos constitucionales necesarios, para que los ciudadanos Lic. Ardelio Vargas Fosado, Margarita Atme Abud y Carlos Alberto de Icaza González, ex embajador de México en Japón, puedan aceptar y usar las condecoraciones de la Cruz del Mérito Militar, con Distintivo Blanco, de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz con Insignia y de la Orden del Sol Naciente, en grado de Gran Banda, que les confieren los gobiernos de España y de Japón, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establecen la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano licenciado Ardelio Vargas Fosado para aceptar y usar la condecoración de la Cruz del Mérito Militar, con Distintivo Blanco, que le confiere el Ministerio de Defensa de España.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Margarita Atme Abud para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz con Insignia, que le confiere el Gobierno de España.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Carlos Alberto de Icaza González, ex embajador de México en Japón, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Gran Banda, que le confiere el Gobierno de Japón.

Sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 26 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente; Dip. Germán Martínez Cázares, Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), secretarios; Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. César Jáuregui Robles, Dip. Francisco Barrio Terrazas, Sen. Rómulo Campuzano González, Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Jorge Emilio González Martínez, Dip. Jesús Martínez Alvarez.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Esta Presidencia no tiene anotado o registrado algún legislador que desee hacer uso de la palabra en lo general, por lo cual se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en su conjunto.

Continúe la Secretaría.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

En oficios fechados el 11, 12 y 23 de febrero del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Iván Tranquilino Ramírez Rebolledo, Susana Seijas Davies, María de Lourdes Fernández Fernández, Mónica Lorena Orozco Guerrero y Norma Izumi Hoshiko Hayashida puedan prestar servicios en la Oficina Comercial Británica, en Guadalajara, Jalisco; en la Embajada de Australia; y en la Embajada de Estados Unidos de América en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día 25 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Oficina Comercial Británica, en Guadalajara, Jalisco; en la Embajada de Australia; y en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, serán de carácter administrativo; y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II) del apartado C) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Iván Tranquilino Ramírez Rebolledo para prestar servicios como agregado comercial en la Oficina Comercial Británica, en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Susana Seijas Davies para prestar servicios como encargada del área Desarrollo de Negocios en la Embajada de Australia, en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Fernández Fernández para prestar servicios como empleada administrativa (secretaria) en la Sección de Protección al Medio Ambiente de la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Mónica Lorena Orozco Guerrero para prestar servicios como colaboradora (program assistant) de un programa del Departamento del Tesoro de la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Norma Izumi Hoshiko Hayashida para prestar servicios como asistente de visas (visa clerk) en la sección de Visas de la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 26 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente; Dip. Germán Martínez Cázares, Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), secretarios; Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. César Jáuregui Robles, Dip. Francisco Barrio Terrazas, Sen. Rómulo Campuzano González, Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Jorge Emilio González Martínez, Dip. Jesús Martínez Alvarez.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Esta Presidencia no tiene registrado orador alguno para su discusión en lo general, por lo cual se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en su conjunto.

CONSUL HONORARIO

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 23 de febrero del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Samuel Humberto Argeñal Olivera pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Honduras en la ciudad de Morelia, con circunscripción consular en el estado de Michoa-cán.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día 25 de febrero, se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio interesado prestará a la República de Honduras serán de carácter estrictamente consular; y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV) del apartado C) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Unico. Se concede permiso al ciudadano Samuel Humberto Argeñal Olivera para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Honduras en la ciudad de Morelia, con circunscripción consular en el estado de Michoacán.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados en un solo acto.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

Por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados en un solo acto.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Por la afirmativa Arely Madrid; por la negativa la diputada Marcela Castillo... Son 31 votos a favor, señor Presidente, ninguno en contra.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Aprobados en lo general y en lo particular los proyectos de decreto por 31 votos. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

GAS NATURAL
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Tiene la palabra la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, a replantear la fórmula del precio del gas natural en México.

La diputada Marcela Guerra Castillo:

Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea:

De nueva cuenta vengo a esta tribuna máxima de este país, para volver a exponer el problema que nos aqueja a todos en materia de desempleo, y que es el excesivo precio del gas industrial, del gas natural aquí en México, que se rige precisamente por los precios del sur de Texas, que ha alcanzado los niveles más altos en el mundo.

Estamos hablando, compañeros, que hace unas semanas compareció ante esta Permanente el Secretario de Energía, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, quien manifestó ante múltiples, vamos a decir, cuestionamientos de las legisladoras y legisladores, el estar de acuerdo en revisar el tema de la fórmula que fija los precios actuales del gas natural, que actualmente está rigiéndose por el precio de Texas, y que como les digo ha llegado tan sólo en el mes de enero a casi 6 dólares por millones de BTU, y actualmente alcanza 4.65 dólares por millones de BTU.

Siguen cerrando empresas, más de 4 mil empresas, como les dije en la ocasión pasada, han cerrado y con ello se ha desencadenado el desempleo.

Hoy por hoy, estuvo el Secretario de Economía, Fernando de Jesús Canales Clariond, quien tocó precisamente este tema y en alusión sobre todo a lo que está haciendo su Secretaría en materia y en el marco de lo que son las microempresas o los famosos changarros.

Sin embargo, yo les quiero decir que finalmente esto no representa una solución para el problema del desempleo en este país; nosotros creemos que la fuerza productiva está pasando por un bache muy, muy, pero muy, muy desagradable, muy, muy desafortunado y que tiene qué ver con este hidrocarburo, con este energético básico, que es el gas.

En los próximos años, el gas va a ser el energético por excelencia que va a utilizar la planta productiva, específicamente la química y la petroquímica.

Por eso nosotros, en aras de la responsabilidad que nos une a ayudar al Ejecutivo a establecer una, vamos a decir, una concordancia y una posición en cuanto a establecer un precio de gas en México, nosotros en el Partido Revolucionario Institucional, estamos presentando este punto de acuerdo que no sólo presenta el diagnóstico que ustedes ya conocen, sino también una propuesta, varias propuestas de fórmula para que el Secretario de Economía haga las gestiones pertinentes, pero sobre todo, el titular de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía y el titular de la Secretaría de Energía, así como el señor Gil Díaz, que es titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puedan tomar una decisión correcta para el rumbo de este país y favorecer, darle un respiro, no a los empresarios, a la planta productiva y con ello favorecer el empleo.

Vamos a blindar el empleo, pero tomando políticas correctas integrales'', así dijo, el señor Carlos Abascal cuando vino y compareció también, dijo: blindemos el empleo, pero nosotros no vemos ese blindaje por ningún lado, porque sinceramente, compañeros, no hay una política laboral que integre todas las vertientes.

Por ello, nosotros estamos presentado este punto de acuerdo en un anexo que viene muy completo, que además es la voluntad de organismos intermedios, de sectores de obreros, de legisladores del Partido Revolucionario Institucional y de ciudadanos para que esta fórmula cambie, pero además no estamos solamente pidiendo de una forma irresponsable que cambie, sino estamos presentando cinco alternativas distintas, que yo pongo a los diputados que quieren profundizar en el tema, a su disposición.

Entre las que más nos atrae es precisamente el de establecer un balance nacional, una mezcla de precios compuestos, por lo que es la fracción nacional y fracción importada que permita trasladar efectivamente los costos incurridos. Y me refiero a tomar en cuenta el precio del gas ponderado para México, el precio proveniente de la producción nacional, el precio de importación del sur de Texas que es, precisamente, con los que estamos conectados en los gasoductos mexicanos y que además como es la única vía donde podemos trasladar el gas, Texas-Estados Unidos, se permite especular, se permite especular con el precio y eso es en detrimento nuestro.

Este consumo total sería también, parte del consumo, vamos a decir cubierto por la producción nacional y así, esto sería una sola fórmula, pero estamos presentado cinco y por aras de tiempo, bueno, aquí dejo este anexo que precisamente conforma este punto de acuerdo.

Hasta ahí mi intervención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a las secretarias de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, así como a la Comisión Reguladora de Energía, a replantear la formula del precio del Gas Natural en México, presentada por la diputada Marcela Guerra Castillo del grupo parlamentario del PRI.

La que suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada federal de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo el tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El gas natural es una mezcla gaseosa en condiciones normales de presión y temperatura. No tiene olor ni color, y por lo general se encuentra en forma natural mezclado con otros hidrocarburos fósiles. Al momento de su extracción, el gas natural contiene impurezas como agua, ácido sulfhídrico, dióxido de carbono y nitrógeno, que tienen que ser removidas antes de su transporte y comercialización.

2. Como medida de seguridad, la legislación relativa estipula que los distribuidores deberán adicionar un odorizante al gas natural para que se pueda percibir su presencia en caso de posibles fugas durante su manejo y distribución al consumidor final.

3. El gas natural se encuentra generalmente en depósitos subterráneos profundos formados por roca porosa o en los domos de los depósitos naturales de petróleo crudo. Dependiendo de su origen, el gas natural se clasifica en dos tipos:

Gas asociado: Es el gas que se extrae junto con el petróleo crudo y contiene grandes cantidades de hidrocarburos que son susceptibles de licuarse, como etano, propano, butano y naftas.

Gas no asociado: Es el que se encuentra en depósitos que contienen únicamente este combustible.

4. Hasta junio de 1995 las actividades de la industria petrolera en México estuvieron reservadas a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. En materia de gas natural, en ese año se llevaron a cabo las reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, mismo que abarca las actividades relativas a la exploración, producción y venta de gas natural.

Conforme a esta ley, la explotación, procesamiento, construcción y operación de ductos de gas natural, incluyendo el almacenamiento y la comercialización (excepto distribuidoras), habían sido actividades reservadas al Estado, a través de su empresa Pemex Exploración y Producción, entidad responsable de la exploración y extracción de petróleo crudo y gas.

5. La normatividad de esas actividades se había sujetado a lo establecido por la Secretaría de Energía y Pemex, mientras que la entidad encargada de vigilar las actividades relacionadas con la venta de gas natural había sido la Secretaría de Comercio.

6. Las funciones de regulación se asignaron a la Comisión Reguladora de Energía a través de la expedición, en octubre 1995, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. Esta Ley transformó a la Comisión Reguladora de Energía; de ser un órgano consultivo en materia de electricidad, como lo estableció su decreto de creación en 1993, a uno desconcentrado de la Secretaría de Energía, con autonomía técnica y operativa, encargado de la regulación de gas natural y energía eléctrica en México.

Consideraciones

1. Actualmente, Pemex Gas y Petroquímica Básica ocupa una posición estratégica, al tener la responsabilidad del procesamiento del gas natural y sus líquidos, así como del transporte, comercialización y sus productos.

2. Pemex Gas, de acuerdo con la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, es un organismo público descentralizado de carácter técnico, industrial y con personalidad jurídica propia.

Este organismo está facultado para realizar las actividades relacionadas directa o indirectamente con su objeto legal, el cual consiste en el procesamiento del gas natural, líquidos del gas natural y el gas artificial; almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de estos hidrocarburos; así como de derivados que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas.

3. La Comisión Reguladora de Energía debe contribuir a salvaguardar la prestación de los servicios públicos, fomenta una sana competencia, proteger los intereses de los usuarios, propicia una adecuada cobertura nacional y atender la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

4. En el ámbito internacional en el año 2002, Pemex Gas se situó como la 8ª empresa procesadora de gas natural, con un volumen procesado cercano a los 4,000 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd), y como la 3ª empresa productora de líquidos, con una producción de 418 mil barriles diarios (mbd). Cuenta con una extensa red de gasoductos, a través de la cual se transportaron poco más de 4,000 mmpcd de gas natural, lo que la ubicó en el 10° lugar entre las principales empresas transportistas de este energético en Norteamérica.

5. En México, en el año 2002 Pemex Gas se posicionó como la 8ª empresa más grande del país por su nivel de ingresos, cercanos a los 9,000 millones de dólares, con activos del orden de 6,230 millones de dólares. Adicionalmente, Pemex Gas constituye una fuente importante de trabajo, al emplear a poco más de 12,000 trabajadores.

6. México es uno de los países con mayores reservas probadas de gas natural, las cuales se calculan en 22 billones de pies cúbicos (equivalentes a 4,460 millones de barriles de petróleo crudo) que al ritmo de producción actual son suficientes para satisfacer la demanda de gas natural del país durante los próximos 22 años.

El consumo de gas natural en México es en promedio de 5,300 millones de pies cúbicos por día (mpcd), su utilización se distribuye de la siguiente manera:

7. Es incongruente que en México el gas natural tenga uno de los precios más altos del mundo y al mismo tiempo cuente con amplias reservas probadas de gas natural.

México, siendo país productor e importador de gas natural cuenta con precios por encima de otros países, incluso no productores. En contraste, a pesar de este aumento de precios no se ha logrado aumentar la producción de gas natural, ni mejorar la calidad del suministro.

8. Actualmente la política de precios del gas natural en México reconoce el precio del producto en su mercado internacional relevante corno un indicador adecuado de su costo de oportunidad. Debido a que el gas mexicano tiene que competir en el mercado norteamericano, especialmente con el sur de Texas, se ha considerado que el precio en aquel mercado es una aproximación adecuada del costo marginal en un entorno de mercado abierto.

9. La referencia de precio en la frontera que se ha utilizado para el gas de origen nacional es la canasta compuesta por el promedio de los índices para el sur de Texas de los gasoductos de Texas Eastern Transmision (TETCO) y El Paso Gas Transmision (EPGT Texas Pipeline, L.P.), que se dan a conocer mensualmente en publicaciones especializadas de la industria y el mercado del gas.

10. Los precios en México están alineados con la estructura de precios del gas natural que prevalece en el resto de América del Norte. Puede afirmarse que Pemex Gas carece de poder discrecional en la formación del precio del gas, toda vez que éste se determina en el mercado de Norteamérica y las tarifas de transporte son reguladas por la Comisión Reguladora de Energía.

11. La existencia de una política general formulada a nivel del Gobierno Federal, elimina la discrecionalidad que Pemex pueda tener como productor único. Adicionalmente, en el caso particular del gas natural existe, desde 1995, una regulación específica que establece principios y reglas que refuerzan la transparencia y los límites a los que debe sujetarse la política de precios.

12. El precio al público del gas natural se calcula mensualmente para cada uno de los sectores de precios; los conceptos que lo integran son:

El precio de referencia.

La tarifa de transporte del sector de precios donde se ubica el cliente.

El costo del servicio de acuerdo al Tipo de Contrato afirmado con Pemex Gas.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% o del 10% si se trata de la franja fronteriza.

13. Con el propósito de proteger a sus clientes de la incertidumbre que existe en el precio de referencia del gas natural, Pemex Gas ofrece una variedad de productos que ayuda a reducir o eliminar dichas variaciones como son:

Precio fijo.- Con este instrumento una empresa conoce por anticipado el precio al cual pagará el gas natural en un futuro.

Precio techo.- Este instrumento es equivalente a un seguro contra un precio máximo, en donde por el pago de una prima la empresa fija el precio máximo al cual está dispuesta a pagar el gas natural.

Precio túnel.- Este es muy parecido al precio techo, con la diferencia de que la empresa, a fin de bajar el costo de la prima por el precio techo, cobra una prima por establecer un precio piso.

14. De acuerdo con la resolución RES/158/2000, mediante la cual la Comisión Reguladora de Energía autorizó los términos y condiciones de venta de primera mano, la política de precios del gas natural se hará del conocimiento público a través de la publicación de la Directiva de Precios y de un Catálogo de Precios que fue presentado por Pemex Gas para la aprobación de la Comisión.

Una vez aprobado este catálogo en su versión inicial, la Comisión supervisa las actualizaciones que Pemex Gas haga del mismo en función de las condiciones del mercado.

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 14, fracción II, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; artículo 3º, fracción VII, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del Reglamento de Gas Natural.

15. La actual regulación, además de promover la participación del sector privado, nacional e internacional en la industria del Gas Natural de México, propone la desagregación de las actividades involucradas en el suministro a los adquirentes.

De esta manera, como la producción del Gas Natural sigue reservada al Estado, las ventas del producto a la salida de las plantas se reservan a Pemex Gas. Sin embargo, en las actividades de almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de gas natural, la normatividad promueve la entrada de nuevos participantes buscando mayor competitividad.

16. Es menester retomar el debate del precio de los hidrocarburos, sobre todo el del precio del gas natural, cuyo incremento ha ocasionado el cierre de miles de empresas de los sectores químico, petroquímico, textil, de aceites, vidrio y siderúrgico, entre otros.

Incrementándose aún más el desempleo, agravando la situación actual del empleo en México, cuya incapacidad del secretario de Trabajo y Previsión Social, el señor Carlos Abascal Carranza, no ha podido solucionar.

En el norte de México es donde más ha impactado el incremento del precio del gas natural, lo que ha desembocado en una menor inversión, por ello debemos reflexionar sobre esta temática para otorgar mejores posibilidades de desarrollo a la industria nacional.

17. En el considerando de que el gas natural es el principal energético del sector industrial, estamos obligados a garantizar un suministro confiable, así como costos y calidad competitivos.

18. Pemex obtiene 6,000 millones de dólares en ventas anuales de gas natural y produce 4,400 millones de pies cúbicos diarios de los cuales 3,096 millones de pies cúbicos diarios es gas asociado a la extracción de petróleo.

19. En los últimos 5 años, el precio medio anual del gas natural ha fluctuado entre 2 y 4 dólares por millar de pies cúbicos. En lo que va de este año, 2004, se ha mantenido un precio de 6 dólares por millón de BTU.

20. Desafortunadamente el Gobierno Federal ve como única opción de política energética la reforma constitucional que permita la explotación legal de estos recursos nacionales, por parte de empresas privadas extranjeras. Invocándose como justificación, la no distracción de los recursos presupuestales destinados a salud y educación.

Cabe mencionar que en su última comparecencia ante miembros de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, el pasado 9 de febrero del año en curso, el secretario de Energía, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, manifestó estar de acuerdo en revisar el tema de la fórmula que fija los precios actuales del gas natural.

Por lo que cito textualmente las palabras del secretario: ``...desde luego, diputada, que yo me pongo a sus órdenes, porque seguimos revisando este tema de la fórmula? pero con mucho gusto buscaremos siempre las fórmulas mejores siempre y cuando no impliquen una perdida para Pemex y siempre y cuando no impliquen una distorsión aún mayor a las propias referencias, que creo que el mercado debe señalar??. (9 de febrero de 2004, T 9, hoja 5 rpq)

21. No estamos de acuerdo en que nos vendan como opción alternativa para generar mayor cantidad de gas natural los denominados Contratos de Servicios Múltiples, que han sido definidos por Pemex como la herramienta encaminada a reducir las importaciones de gas natural y aprovechar los recursos naturales para transformar a México en un país autosuficiente.

La realidad es que aun con estos Contratos de Servicios Múltiples, México seguirá importando gas, además tales contratos ponen en entredicho la soberanía del Estado mexicano y su derecho de exclusividad en la exploración y explotación de hidrocarburos que determina el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

22. Lo que debemos hacer es modificar la situación fiscal de Pemex para darle mayor libertad operativa, que le permita invertir en sus programas de exploración y producción de gas natural. Así como replantear la fórmula actual que sirve de base para el cálculo del precio del gas natural.

23. El alza en los precios del gas natural se contrapone a los objetivos que persigue la Secretaría de Energía, a quien compete conducir la política energética del país; dentro del marco constitucional vigente, para garantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad, económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos que requiere el desarrollo de la vida nacional.

24. No debemos olvidar que un tercio de los ingresos federales actualmente son aportados por los remanentes de Pemex, aportando al fisco anualmente 40,000 millones de dólares, situación que la hace a todas luces rentable, siendo recuperable el 100% de la inversión, de maximizarse la explotación del gas natural por parte del gobierno a través de Pemex se asegurarían ingresos futuros muy cuantiosos para beneficio de los mexicanos.

25. Es necesario, por ende, reorientar la política energética en México y para ello se requiere de la corresponsabilidad de todos los actores políticos involucrados en el tema energético como son:

El Ejecutivo Federal.

La Secretaría de Energía.

La Secretaría de Hacienda.

La Comisión Reguladora de Energía.

La Dirección General de Pemex Gas y Petroquímica Básica.

La Comisión Federal de Competencia.

Organismos intermedios y cámaras.

Y, por supuesto, el Congreso de la Unión, entre otros.

26. En resumen, el gobierno actual no ha sabido plantear las modificaciones requeridas, ni implementar una política energética que dé mayor libertad a Pemex para que este pueda reinvertir en la exploración y explotación del gas natural.

Por lo anteriormente expuesto, y en atención a que la fórmula actual incentiva la escasez para maximizar precio en detrimento de los consumidores, nos permitimos proponer las siguientes fórmulas:

1. Considerar ponderar gas nacional y de importación (toma en cuenta el balance nacional de importación).

Precio=PNAL x Prod +PIMP x Imp

Cons Cons

2. Netback de exportación (esta metodología

PNAL=PHB - TST - Netback

2. Netback de exportación (esta metodología considera el impacto que tendrían las exportaciones mexicanas en la reducción del precio Henry Hub menos el netback a la frontera y después a los centros productores).

PNAL=PHB - TST - Netback

3. Costo total incluyendo impuestos y regalías apropiados y retorno razonable que permita reinversión (cost-plus) (se basa en ponderar zonas productoras de gas en México).

PNAL=CP + RI +UT

4. Banda de precio con piso que garantice retorno de inversión considerando costos eficientes y régimen fiscal apropiado y techo que permita competir a empresas intensivas en consumo de energía (según programa de inversiones de la prospectiva del mercado del gas natural).

Si Pint<= Pmexpiso, entonces PNAL=Pmexpiso

Si Pmexpiso

Si Pint<=Pmextecho, entonces PNAL=Pmextecho

5. Canasta de costos ponderados de BTU de países con los que México compite (cada país desarrolla los recursos de su sector energético en función de los recursos con que cuenta y que les proporcionan mayor competitividad y confiabilidad).

6. Establecer para la fracción de México un esquema de precios por fases que le dé a Pemex una utilidad razonable considerando costos de producción eficientes bajo un marco fiscal apropiado y permita, por otro lado, competir a los sectores productivos del país.

En consecuencia, por los antecedentes y las consideraciones expresadas se propone a esta representación el siguiente:

Punto de Acuerdo

Se exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía:

Único: A replantear la fórmula para obtener un precio México, a fin de contar con precios más competitivos; consciente de la responsabilidad compartida que esto implica, tengo a bien presentar ante esta Comisión Permanente las fórmulas antes planteadas y para mayor precisión anexo al presente la documentación correspondiente donde se precisa la aplicación de cada una de ellas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2004.--- Dip. Marcela Guerra Castillo (rúbrica.)»

En adición a dicha distorsión, existen varios señalamientos de movimientos especulativos, distorsión y manipulación de precios en el mercado de gas de EUA.

``The Industrial Energy Consumers of America (IECA) is a nonprofit organization of manufacturers for which the availability, use and cost of energy, power or hydrocarbon feedstock play a significant role in their ability to compete in domestic and world markets.

Major problems include:

High natural gas prices (...)

Falling natural gas production, even though we have high prices and our country is blessed with an abundant resource supply;

Alleged natural gas price index manipulation;

Power generators are being compelled to switch from coal to natural gas because of New Source Review;

Pending federal and state legislation that increases demand for natural gas without access to additional supply;

Mexico is now a net importer of U.S. natural gas and EIA forecasts their demand to accelerate, placing even higher demands on available gas supplies.''

Source: American industrial energy consumers. The U.S. Energy Crisis, A Urgent Request For Action, January 2003.

``We are experiencing the third severe gas price spike in the last three years,'' said President and CEO Peter Huntsman. ``We know the first was caused in large part by fraudulent trades and criminal price fixing. The second was highly suspicious at best. The current spike is inexcusable. It is not due to market forces. Rather, we believe it is the result of greed and, very possibly, dishonesty. U.S. gas prices now are the highest in the industrialized world, seriously jeopardizing the nation's fragile economic recovery.''

Source: http.www.prnewswire.com, 2003 PR Newswire.

``NYMEX traders said the monster rally was sparked by aggressive buying efforts on behalf of non-commercial traders, who were in control of the market due to illiquidity.''

Source: Morgan Stanley Energy Morning Call-Americas, December 11, 2003

``Several traders and analysts suggested that trading strategies at large hedge funds and other financial firms were behind much of the swift run-up in prices.''

``There's a great deal of speculative froth at the moment,'' said Kyle Cooper, an energy futures analyst with Citygroup in Houston.

Responding to calls for greater scrutiny of natural gas markets, Senator Orrin G. Hatch, Republican of Utah and chairman of the Senate Judiciary Committee, said on Friday that he would hold hearings next month into whether improper manipulation of natural gas markets was taking place.

``Natural gas is so critical to U.S. consumers and the economy that if someone has been manipulating this market, they should go to jail,'' Mr. Hatch said in a statement. ``I feel we must determine once and for all if these price surges are the result of market forces or if there continues to be price manipulation.''

Several large energy companies, including Duke Energy of Charlotte, N.C., and Dynegy Inc. of Houston, have recently paid millions of dollars in fines to settle federal charges that they tried to manipulate prices of natural gas contracts improperly. Mr. Cooper, like most other experts in the natural gas market, said there were few fundamental reasons for natural gas prices to climb so high in such a short period of time. ``What's happening in natural gas markets has the very real potential to stop the manufacturing recovery in its tracks,'' said Greg Lebedev, president of the American Chemistry Council. ``At the moment, the price of natural gas is serving as the single largest brake on the U.S. economy.'' ,

Source: NATURAL GAS PRICES SURGE AND FINGERS ARE POINTING by SIMON ROMERO; NY Times; December 13, 2003

Oppenheimer & Company senior energy analyst Fadel Gheit said natural gas price levels and volatility don't seem consistent with market fundamentals.

``I would like to see (New York Attorney General) Elliott Spitzer take a closer look at the market, Gheit said, adding that residential and industrial consumers are paying more for no good reason.''

Source: NATURAL GAS PRICE SOARS 46 PERCENT by THE ASSOCIATED PRESS NY Times; December 12, 2003

Conclusiones

La producción del gas en México no responde a las señales de precio que le envía el mercado.

La fórmula actual incentiva la escasez para maximizar precio en detrimento de los consumidores.

Las importaciones de México demostradamente aumentan el precio de referencia de EUA.

El mercado de gas natural en Norteamérica no está funcionando con criterios de mercado de libre competencia. Claros indicios de manipulación y especulación están siendo reportados en los EUA.

Precios del gas en EUA y en México están llevando a cierre de industrias y mayor desempleo.

En tanto no exista una competencia interna real y significativa en México, es imperativo adoptar una nueva fórmula de precios de gas que elimine las distorsiones descritas y permita competir al sector productivo. El precio de EUA ya no es una referencia válida de mercado.

Propuestas

Fórmula de Gas para México

Propuesta que considera ponderar gas nacional y de importación

Tomar en cuenta el balance nacional de importación

- Mezcla de precios compuesto por fracción nacional y fracción importada

- Permite trasladar efectivamente los costos incurridos por PGPB

Precio = PNAL x Prod + PIMP x Imp

Cons Cons

- Precio = Precio de gas natural ponderado para México

- PNAL = Precio de gas proveniente de producción nacional

- PIMP = Precio de importación en mercado sur de Texas

- Cons = Consumo total (incluyendo autoconsumo de Pemex)

- Prod = Parte del consumo cubierto con producción nacional

- Imp = Parte del consumo cubierto con importaciones (cero al 2005 por aumento en producción y diversificación)

Para el precio de la producción nacional existen varias alternativas de cálculo.

1. Netback de exportación

2. Costo total incluyendo impuestos y regalías apropiados y retorno razonable que permita reinversión (costplus)

3. Banda de precio con piso que garantice retorno de inversión considerando costos eficientes y régimen fiscal apropiado y techo que permita competir a empresas intensivas en consumo de energía

4. Canasta de costos ponderados de BTU de países con los que México compite

Netback de exportación

Esta metodología considera el impacto que tendrían las exportaciones mexicanas en la reducción del precio en Henry Hub menos el netback a la frontera y después a los centros productores, de acuerdo a la simulación por cuenca del estudio de CERI

-PNAL = PHB --- TST --- Netback

-PHB = Precio en Henry Hub considerando exportaciones incrementales (estimado entre $2.482.80 dls./M BTU)

-TST = Transporte de frontera mexicana a Henry Hub (0.38-0.45 dis./M BTU, flujo de sur a norte)

-Netback = Transporte de Cárdenas a Reynosa (0.70 dis.IM BTU)

Criterio de costplus se basa en ponderar zonas productoras de gas en México puesto en Cárdenas

PNAL = CP + RI +UT

-CP = Costos de exploración, producción y procesamiento eficientes ponderados para zonas Marina, Sur y Norte

-RI = Pago de regalías e impuestos (esquema similar a Alberta y/o Permian)

-UT = Utilidad razonable al productor para permitir reinversión.

Consideraciones adicionales

--- Este precio podría afinarse para diferenciar por zona de producción/inyección, manteniéndose en todos los puntos la proporción de importación y producción nacional

--- Al igual que en Canadá y en EUA, permisos de exportación sujetos a aprobación de Presidencia, CRE y SENER para garantizar que no se exportará sin haber cubierto necesidades actuales y futuras del mercado nacional

Banda de precio con piso y techo sobre la Canasta de Reynosa

Según programa de inversiones de la Prospectiva del Mercado de Gas Natural

El precio mínimo debe garantizar un retorno sobre la inversión de E & P considerando el costo de deuda Pemex + prima mínima aceptable

El techo debe garantizar la competitividad de la cadena productiva de empresas basadas en gas

--- Permita competir y desarrollar las empresas consumidoras de gas natural

--- Consideraría, además, el costo de deuda Pemex + prima razonable (mayor ala del piso)

Aplicación de la banda

Si Pint <= Pmexpiso, entonces PNAL = Pmexpiso

Si Pmexpiso < Pint < Pmextecho, entonces PNAL = Pint

Si Pint <= Pmextecho, entonces PNAL = Pmextecho

Costo de canasta de BTU ponderado

Cada país desarrolla los recursos de su sector energético en función de los recursos con que cuenta y que les proporcionan mayor competitividad y confiabilidad

En este sentido se compite contra el costo del BTU ponderado de cada país

Esta alternativa considera utilizar el costo de la canasta de BTU de los países con infraestructura industrial similar contra los cuales se compite

--- Requiere definir y seleccionar los países y el costo ponderado de la unidad térmica para cada país.

Alternativa 5

Una quinta alternativa para reducir la volatilidad y mejorar la competitividad sería la de establecer para la fracción de México un esquema de precios por fases que le dé a Pemex una utilidad razonable considerando costos de producción eficientes bajo un marco fiscal apropiado y permita, por otro lado, competir a los sectores productivos del país. Dicho precio se ponderaría en la primera fase con la fracción de importación a fin de balancear los costos incurridos por Pemex.

Precio de gas México = (Precio de Producción Nal. x porcentaje del consumo total cubierto por producción Nal.) + (Precio de gas importación x porcentaje del consumo total cubierto con gas importado.*

Se propone que por un periodo de transición de 3 años, el precio del gas nacional se base en el promedio de los precios de referencia que se pagan en los países productores e importadores más importantes del mundo. El punto de partida sería el 2003 (concretamente un precio base de 2.93 dólares por millón de BTU para un precio de petróleo WTI de 31 dólares por barril). Bajo esta propuesta el precio del gas nacional se indexaría al del petróleo de forma tal que ambos se movieran concurrentemente. (Esto ocurre en otros países que lo indexan incluso a una mezcla de precios de petróleo y/o de combustóleo y/o de carbón y/o de electricidad y/o de productos derivados).

Durante el periodo transitorio, se propone dotar a Pemex con los recursos presupuestales y régimen fiscal adecuado para que desarrolle la explotación de gas natural en México, buscando que nuestro país se convierta en un exportador neto de este insumo. A partir de ese momento, se determinaría un nuevo precio de gas natural con base en el promedio de los países productores y se le indexaría nuevamente al del petróleo.

Ofrecer el gas natural a la Comisión Federal de Electricidad al mismo precio que a la industria nacional con objeto de apoyar también su competitividad.

En caso de que la aplicación de la fórmula del precio gas México sufra retrasos para aplicarse en enero del año próximo se sugiere extender el convenio 4x3 hasta en tanto empiece a aplicar dicha fórmula.

Anexo 1Base del Análisis de CERI

Base Case

Uses CERI Regional North American short term model analysis

Considers data from GRI, DOE/EIA, NEB, Secretaría de Energía, and CERI projections.

Examines seasonal pricing and supply/demand balance.

Considers impact of recent price increases.

Casos analizados para México

Analytical Results

Base Case-continuation of current trends.

Restricted case-corrent trend plus 2 Bcf/d exports in 2002.

Unrestricted case-trend up to 4 Bcf/d expors by 2004.

Growth Case-2 Bcf/d in 2002, 3 Bcfd/d in 2006, 4 Bcf/d in 2007.

Hypothetical 2 Bcf/d exports in 2000.

Bajo libre oferta y competencia interna, exportaciones de México (2 Bcfd) mejorarían competitividad y estabilizarían precios en Norteamérica y México.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:Túrnese con anexo incluido a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía de la Cámara de Diputados.

MAIZ
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Tiene la palabra el senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Secretario de Economía, tome en consideración el dictamen elaborado por la Dirección General de Desa-rrollo de Mercados de Aserca y Sagarpa y en consecuencia se modifique el artículo 3º de acuerdo por el que se dan a conocer los cupos mínimos para importar en el periodo 2004-2007. Adelante, señor senador.

El senador Adalberto Arturo Madero Quiroga:

Con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros legisladores:

Nuestro país no es autosuficiente en la producción de alimentos, sino que requiere importar grandes volúmenes de cereales, a fin de satisfacer la demanda nacional. El maíz a pesar de que es símbolo de nuestra cultura y elemento clave en la dieta de millones de mexicanos, es un grano que desde hace tiempo hemos tenido que obtener fuera del país, debido a que los productores mexicanos no han podido generar toda la producción que demanda la industria nacional.

En estas circunstancias, resulta fundamental la intervención y los puntos de vista de las diferentes dependencias federales encargadas de fomentar y supervisar la producción y comercialización del maíz. Debido a su importancia, la planeación y estudios técnicos que se realicen, a fin de asegurar el abasto nacional para un año determinado, deben conducirse con responsabilidad, tomando siempre en cuanta las consideraciones que al respecto establezcan los diferentes sectores relacionados con esta industria.

De acuerdo con las autoridades del ramo y los sectores económicos relacionados con la comercialización del maíz, las importaciones que se efectuaron en el 2003 dentro del esquema establecido en el Tratado de Libre Comercio, cumplieron debidamente las expectativas de los industriales del rubro de alimentos y no se afectó la cosecha de maíz generada por los productores nacionales. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y diversas organizaciones de productores y consumidores, esto se debió a que se consensó la opinión y el punto de vista de todos los sectores involucrados en la producción nacional maicera, mismos que sirvieron para que la dependencia antes citada, en conjunto con la Secretaría de Economía, redactaran un estudio técnico donde se dictaminara la cuota de maíz que requería importarse debido a las necesidades reales que demandaba el mercado nacional en ese año.

Desafortunadamente para el presente año la Secretaría de Economía, dependencia encargada de elaborar el acuerdo por el que se dan a conocer los cupos mínimos para importar el maíz dentro del arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre Comercio para el periodo 2004-2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2003, no tomó en consideración los puntos de vista que en diferentes ocasiones emitió la Dirección General de Desarrollo de Mercados de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, de la Sagarpa, por lo que dicho instrumento requiere mayor sustento, además de que dadas las características del cultivo del maíz, que son susceptibles al cambio debido a factores naturales y de otra índole, no es posible determinar cuotas de importación para varios años, sino que lo más prudente y racional es fijar dichas cuotas por un año determinado.

Con este tipo de decretos en los que no se considera la opinión de la Sagarpa, quien tiene los elementos importantes para emitir análisis y opiniones si procede o no una importación, tomando en cuenta las superficies sembradas de maíz, la producción regionalizada del mismo, la producción por variedades blancas y amarillas, el seguimiento meteorológico, la fecha de salida de cosechas, la existencia de granos en poder de productores etcétera, se dejan de lado los compromisos contraídos por la Secretaría de Economía ante el Acuerdo Nacional para el Campo.

Por lo anterior, se considera urgente y necesario hacer las adecuaciones pertinentes al proyecto del acuerdo elaborado por la Secretaría de Economía, por el que se dan a conocer los cupos mínimos para importar el maíz en el periodo 2004-2007, poniendo a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Secretario de Economía, el licenciado Fernando Canales Clariond, tome en consideración el dictamen elaborado por la Dirección General de Desarrollo de Mercados de la Aserca-Sagarpa y en consecuencia se modifique el artículo 3º del acuerdo por el que se dan a conocer los cupos mínimos para importar en el periodo 2004-2007, dentro del arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, maíz excepto para siembra originario de Estados Unidos de América o Canadá, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2003.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Secretario de Economía que tome en consideración el dictamen elaborado por la Dirección General de Desarrollo de Mercados de Aserca-Sagarpa y, en consecuencia, se modifique el artículo tercero del acuerdo por el que se dan a conocer los cupos mínimos para importar en el periodo 2004-2007, a cargo del senador Adalberto Madero Quiroga, del grupo parlamentario del PAN

Con el permiso de la Mesa Directiva, señoras y señores legisladores:

Quien suscribe, senador por el estado de Nuevo León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, ocurre a presentar punto de acuerdo mediante el cual se solicita al C. secretario de Economía tome en consideración el dictamen elaborado por la Dirección General de Desarrollo de Mercados de Aserca-Sagarpa y en consecuencia se modifique el artículo tercero del Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos mínimos para importar en el periodo 2004-2007, dentro del arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, maíz excepto para siembra, originario de Estados Unidos de América o Canadá, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2003, y en atención a las siguientes

Consideraciones

Primera. Ningún producto agrícola tiene tanta incidencia en la actividad económica, ni mayor identidad con la cultura mexicana como el maíz. Los usos principales del maíz son: a) para consumo humano; b) uso industrial (por medio de la molienda seca y la húmeda); c) uso forrajero (alimentación animal proporcionado directamente en mezclas y como alimento balanceado); entre otros muchos. Entre las variedades de este cereal, una de las que más se utiliza es el maíz amarillo, el cual en buena parte debe de importarse, debido a que la producción nacional es deficitaria, entre otras causas, por abocarse a la cosecha del maíz blanco.

Según datos de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado, actualmente hay 3 mil 500 aplicaciones industriales específicas para los subproductos del maíz amarillo. El problema es que a escala nacional sólo se genera el 5 por ciento, el 95 por ciento corresponde al maíz blanco, que se destina mayormente al consumo humano en fresco, masa o tortillas.

Este déficit en la producción de maíz amarillo hace a México dependiente de las importaciones para obtener productos derivados de valor agregado y aplicaciones diversas, como féculas, almidones industriales, aceite de maíz, dextrosa, maltodextrinas y sorbitol.

Por lo anterior, es indispensable que las autoridades federales encargadas de establecer los montos y las cuotas del maíz que anualmente deben importarse mantengan estrecha colaboración e intercambio de información con las instituciones públicas y privadas relacionadas con la comercialización y procesamiento de dicho grano, a fin de que los volúmenes que se importen redunden en un beneficio a la industria alimentaria, evitándose en todo momento, afectar los intereses de los productores nacionales, situación que pondría en grave riesgo el suministro de alimentos de todos los mexicanos.

Segunda. De acuerdo con las autoridades del ramo y los sectores económicos relacionados con la comercialización del maíz, las importaciones que se efectuaron en el 2003, dentro del esquema establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cumplieron debidamente las expectativas de los industriales del rubro de alimentos, y no se afecto la cosecha de maíz generada por los productores nacionales.

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y diversas organizaciones de productores y consumidores, esto se debió a que se consensuó la opinión y el punto de vista de todos los sectores involucrados en la producción nacional maicera, que sirvieron para que la dependencia antes citada, en conjunto con la Secretaría de Economía, redactara un estudio técnico donde se dictaminara la cuota de maíz que requería importarse debido a las necesidades reales que demandaba el mercado nacional en ese año. Los resultados de dicho dictamen serían la base para emitir el Decreto por el que se establece el arancel-cupo a las importaciones de maíz durante un año específico, cuando se haya rebasado el cupo mínimo establecido, para las mercancías originarias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En el ejercicio fiscal de 2003 se estableció entre otras cosas, que en los casos en que se requiriera importar maíz, indispensable para el abasto nacional, que rebase las cuotas mínimas libres de arancel acordadas por las partes, en los tratados de libre comercio, la Secretaría de Economía, conjuntamente con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), determinarán la cuota adicional, sujeta al arancel que establezca el Ejecutivo Federal, en consultas directamente con el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, organizaciones de productores y consumidores.

Por otra parte, se determinó que los cupos mínimos y adicionales se emitirían preferentemente para el maíz amarillo. Cuidándose en todo momento no poner en peligro el suministro de materia prima a la industria, a los productores pecuarios y a los formuladores de alimentos balanceados, a la vez que se atenderían los legítimos intereses de los productores primarios, por lo que la cuota adicional consideraría la balanza producción-consumo de granos forrajeros por regiones, las condiciones específicas de producción en cada cosecha, su estacionalidad y los compromisos que generen las industrias consumidoras para sustituir importaciones y desarrollar proveedores nacionales.

El Ejecutivo Federal verificaría que el uso, montos y destinos de las cuotas adicionales asignadas cumplan los criterios de complementariedad con la producción nacional, con el objetivo de no autorizar importaciones mientras subsistan excedentes comerciables de cosechas que cumplan con las especificaciones requeridas por los consumidores.

La asignación del cupo se haría a través de la Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, previo dictamen favorable de la Dirección General de Industrias Básicas de dicha dependencia, quien a su vez lo emitiría, escuchando en su caso, la opinión de la Dirección General de Desarrollo de Mercados de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria de la Sagarpa, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido de la Dirección General de Comercio Exterior la solicitud debidamente requisitada.

Teniendo opiniones conjuntas en 2003, el proceso de comercialización de las cosechas nacionales de maíz se desarrolló sin ningún tipo de problema, además de que se garantizó de manera oportuna el abasto de este cereal a las industrias consumidoras de maíz. Este procedimiento garantizó por una parte el abasto nacional de este grano durante todo el año y por otra, una comercialización adecuada de las cosechas nacionales de maíz.

Queda entonces claro, que la participación de la Sagarpa es determinante para elaborar un dictamen que se ajuste a la realidad de las necesidades y posibilidades del mercado nacional del maíz, por lo que su punto de vista no puede quedar fuera de los diagnósticos que realiza la Secretaría de Economía para sustentar el Acuerdo por el que se dan a conocer anualmente los cupos mínimos para importar maíz, dentro del arancel-cuota establecido en el TLCAN.

Tercera. Infortunadamente, en este año la Secretaría de Economía, dependencia encargada de elaborar el Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos mínimos para importar maíz, dentro del arancel-cuota establecido en el TLCAN, no tomo en consideración los puntos de vista que en diferentes ocasiones emitió la Dirección General de Desarrollo de Mercados de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria de la Sagarpa, por lo que dicho instrumento requiere mayor sustento, además de que dadas las características del cultivo del maíz, que son muy susceptibles al cambio debido a factores naturales y de otra índole, no es posible determinar cuotas de importación para varios años, sino que, lo más prudente y racional es fijar dichas cuotas para un año determinado. En este sentido, no es posible determinar con tanta antelación las necesidades de este año y de los otros tres subsiguientes, ya que el Acuerdo antes referido cubre el periodo 2004-2007.

El maíz es un producto altamente sensible y el comportamiento del mercado nacional de este producto se puede alterar de manera significativa con señales emitidas en este tipo de acuerdos, donde el criterio es unilateral. Por tal motivo, lo más conducente es realizar una opinión conjunta para la asignación de cupos de la Secretaría de Economía y de la Sagarpa, a fin de que dicho proceso de asignación de cupos se haga de manera transparente.

El artículo tercero -donde se establecen los principales mecanismos de operación- del proyecto del Acuerdo aludido anteriormente no contempla el previo dictamen favorable de la Dirección General de Industrias Básicas de la Secretaría de Economía, quien lo debe emitir conjuntamente con la opinión de la Dirección General de Desarrollo de Mercados de Aserca-Sagarpa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Cabe mencionar que este tipo de publicaciones, en las que no se considera la opinión de la Sagarpa, quien tiene los elementos importantes para emitir análisis y opiniones si procede o no una importación (superficies sembradas de maíz, producción regionalizada de maíz, producción por variedades blancas y amarillas, seguimiento metereológico, fechas de salida de cosechas, existencia de granos en poder de productores, etcétera), no corresponde a los compromisos contraídos por la Secretaría de Economía ante el Acuerdo Nacional para el Campo.

La publicación del acuerdo referido puede ocasionar rompimiento en los acuerdos que se han venido logrando en el seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, así como los avances logrados en el Acuerdo Nacional para el Campo.

Por tanto, se considera urgente y necesario hacer las adecuaciones pertinentes al proyecto del Acuerdo citado, por el que se dan a conocer los cupos mínimos para importar maíz en el periodo 2004-2007.

En consecuencia, el artículo en mención deberá quedar igual al que se publicó para el ejercicio del cupo mínimo de maíz de 2003, por lo que se propone sea incorporada la siguiente redacción:

Artículo Tercero. Pueden solicitar asignación de cuota TLCAN a que se refiere el presente Acuerdo, las personas de las industrias: i) almidonera, ii) cerealera, iii) harinera de maíz, iv) del sector pecuario, v) de frituras y botanas, vi) molinera de nixtamal, vii) del sector público encargado de la distribución de este producto, y viii) personas comercializadoras que abastecerán a la industria de la masa y la tortilla en las diferentes regiones del país que utilizan este tipo de granos en sus procesos productivos. La asignación se hará a través de la Dirección General de Comercio Exterior (DGCE) previo dictamen favorable de la Dirección General de Industrias Básicas (DGIB) de esta Secretaría, quien lo emitirá conjuntamente con la opinión de la Dirección General de Desarrollo de Mercados, de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca-Sagarpa) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que la DGIB haya recibido de la DGCE para su dictamen, las solicitudes debidamente requisitadas. El dictamen, para el sector pecuario y las comercializadoras que abastecen a la industria de la masa y la tortilla, se emitirá sólo hasta que la DGIB haya recibido la totalidad de las solicitudes de cada uno de estos sectores. En todos los casos, se deberá señalar el monto y plazo para ejercer la asignación, así como las condiciones a que deben sujetarse los beneficiarios.

Por lo anterior, se somete a la consideración del Pleno conforme a lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al C. secretario de Economía que tome en consideración el dictamen elaborado por la Dirección General de Desarrollo de Mercados de Aserca-Sagarpa y, en consecuencia, se modifique el artículo tercero del Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos mínimos para importar en el periodo 2004-2007, dentro del arancel-cuota establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, maíz excepto para siembra, originario de Estados Unidos de América o Canadá, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2003.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 10 de marzo de 2004.--- Sen. Adalberto Arturo Madero Quiroga.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Gracias, señor senador.

Túrnese a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Senadores.

MANUEL FRANCISCO ORTEGA GONZALEZ
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Tiene la palabra la diputada Minerva Hernández Ramos, para presentar una proposición con punto de acuerdo con motivo de la muerte de Manuel Francisco Ortega González, que ha sido suscrito también por las diputadas Eliana García Laguna y Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Minerva Hernández Ramos:

Con su permiso, señor Presidente.

Las diputadas federales del PRD, de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El día 27 de marzo del año 2003, se privó de la vida al señor Manuel Francisco Ortega González en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas. Hasta el momento la percepción de los familiares directos de la víctima y de la sociedad del estado de Zacatecas, así como de importantes sectores de la opinión pública nacional, es el que el caso está impune.

Es necesario tener presente que al momento del atentado que lo privó de la vida, el señor Manuel Ortega González, se desempeñaba como Subsecretario de Audiencia y Concertación Ciudadana del Gobierno del estado de Zacatecas.

También es necesario recordar que fue comisionado por el Gobierno del estado de Zacatecas para atender y dar cauce de solución al conflicto de tierras en Bernalejo.

La familia de la víctima ha solicitado a la PGR que se le entreguen los documentos donde se establece la solicitud del gobernador del estado de Zacatecas, para que dicha institución federal ejerciera su facultad de atracción.

Posteriormente los días 21 de abril y 7 de mayo, de nueva cuenta la Procuraduría General de la República niega la información sobre la solicitud de la familia para que dicha institución se ocupe del caso.

Después de varias gestiones, el 19 de febrero de los corrientes, se recibió de la PGR la negativa por escrito a intervenir, toda vez que su facultad de atracción del caso sólo procedería, nos informan, en la etapa de averiguación previa.

Algunas de las preguntas que la familia Ortega se formula son las siguientes: ¿por qué no se ha tomado con seriedad la línea de investigación que tiene qué ver en el conflicto del ejido de Bernalejo de la Sierra y Pajaritos? ¿Por qué no se ha llamado a declarar al diputado local Carlos Pinto, quien al parecer fue testigo de los hechos, entre otros?

Deseamos insistir en que el licenciado Manuel Francisco Ortega González tuvo una participación sumamente importante en el gobierno de su estado, toda vez que fue el principal representante gubernamental en las negociaciones para resolver el litigio en la frontera entre los estados de Durango y Zacatecas.

También insistimos en que el operativo y las armas utilizadas en el mismo, fortalecen la hipótesis de la venganza y escarmiento por parte de los grupos que presuntamente estarían detrás de los reclamos de los comuneros tepehuanos, grupo con fuertes intereses económicos en los ilegales negocios de tala de bosques y del narcotráfico en la región.

La forma en que fue privado de la vida Manuel Francisco Ortega González, sus altas responsabilidades políticas encomendadas a través de las actividades que realizaban la Subsecretaría de Gobierno del estado de Zacatecas, su participación directa en el muy difícil conflicto de Bernalejo, los fuertes intereses ilícitos en juego con los que tuvo que lidiar, todos estos factores conjugados y mirados en conjunto, nos mueven a presumir seriamente que su artero homicidio es el resultado del trabajo realizado a favor del pueblo de su estado natal y que para su total aclaración es indispensable contar con una investigación rigurosa, completa e imparcial.

Por lo anterior, sometemos a esta soberanía la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Unico. Que esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicite a la Procuraduría General de la República, que de manera expedita ejercite su facultad de atracción en el caso del homicidio del señor Manuel Francisco Ortega González, con la finalidad de investigar y consignar ante el Poder Judicial Federal al o los responsables materiales e intelectuales de dicho ilícito penal.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, con motivo de la muerte de Manuel Francisco Ortega González, suscrita por las diputadas Eliana García Laguna y Dolores Padierna Luna, y presentada por la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 10 de marzo de 2004

La suscrita, diputada federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El día 27 de marzo del año 2003 asesinaron a Manuel Francisco Ortega González en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas. Hasta el momento la percepción de los familiares directos de la víctima y de la sociedad del estado de Zacatecas, así como de importantes sectores de la opinión pública nacional es que el caso está impune.

Es necesario tener presente que al momento del atentado, Manuel Ortega González se desempeñaba como subsecretario de Audiencia y Concertación Ciudadana del gobierno del estado de Zacatecas, y que estaba comisionado por el gobierno del estado de Zacatecas para atender y dar cauce de solución al conflicto de tierras en Bernalejo.

La hermana de la víctima, la señora Edith Ortega González, le ha dado seguimiento al caso para su esclarecimiento total. Ella refiere que con fecha 31 de marzo de 2003, el gobernador del estado de Zacatecas le informó que ya había solicitado la remoción del delegado de la PGR y que dicha institución federal había aceptado atraer el caso; el 1o. de abril se hace pública a través de los medios esa circunstancia. Adicionalmente refiere que el lunes 7 de abril del año 2003, recibió una llamada del gobernador donde le refirió que ya tenía a los responsables del homicidio de su hermano, además que el secretario general de Gobierno le entregaría un Informe completo del caso, el cual nunca recibió.

La familia de la víctima solicitó a la PGR que se le entreguen los documentos donde se establece la solicitud del gobernador del estado de Zacatecas para que dicha institución federal ejerciera su facultad de atracción. Posteriormente, los días 21 de abril y 7 de mayo de nueva cuenta la Procuraduría General de la República niega la información sobre la solicitud de la familia para que dicha institución se imponga del caso.

El 11 de julio de 2003 se envía un escrito de respuesta del subprocurador Carlos Javier Vega Memije de la Procuraduría General de la República al senador Jesús Ortega Martínez, en donde se refiere que a la señora Edith Ortega no se le podrá entregar copia de las actuaciones en el caso del homicidio del señor Manuel Ortega, porque se vulneraría el sigilo con el que debe de actuar el Ministerio Público de la Federación en sus actuaciones, sólo que debe considerarse que quién solicita la copia es hermana del occiso y, por tanto, familiar de la víctima, en consecuencia, es parte interesada y tiene derecho a coadyuvar en la investigación del caso.

El 19 de febrero de los corrientes recibí de la PGR la negativa por escrito a intervenir, toda vez que su facultad de atracción del caso sólo procedería, me informan, ``en la etapa de averiguación previa''.

Algunas de las preguntas que la familia Ortega González se formula son las siguientes: ¿por qué no se ha tomado con seriedad la línea de investigación que tiene que ver con el conflicto del ejido Bernalejo de la Sierra y Pajaritos? ¿Por qué no se ha llamado a declarar al diputado local Carlos Pinto, quien al parecer fue testigo de los hechos?

La investigación de la Procuraduría de Justicia del estado de Zacatecas no fue lo suficientemente amplia, profunda y, sobre todo, no consideró todas y cada una de las líneas de investigación que el caso exige, además existe la fuerte presunción de la familia de la víctima de que el atentado que sufrió está relacionado con su participación en la solución del conflicto de Bernalejo y considerar que es del conocimiento público que dicha zona es influenciada poderosamente por intereses tanto de talamontes como del narcotráfico. Recordar también que el señor Manuel Ortega vivió dos meses en dicha zona, antes de su ejecución; qué información sabía y tenía, qué nombres y hechos conoció que pudieran afectar intereses muy fuertes en la región.

Se ha insistido también en que el operativo y las armas utilizadas en el mismo fortalecen la hipótesis de la venganza y escarmiento por parte de los grupos que presuntamente estarían detrás de los reclamos de los comuneros tepehuanos; grupos con fuertes intereses económicos en los ilegales negocios de tala de bosques y del narcotráfico en la región.

La forma en la que fue privado de la vida Manuel Francisco Ortega González, sus altas responsabilidades políticas encomendadas a través de las actividades que realizaba en la Subsecretaría de Gobierno del estado de Zacatecas, su participación directa en el muy difícil conflicto de Bernalejo, los fuertes intereses ilícitos en juego con los que tuvo que lidiar, todos estos factores conjugados y mirados en conjunto, nos mueve a presumir seriamente que su artero homicidio es resultado del trabajo realizado a favor del pueblo de su estado natal y que para su total aclaración, es indispensable contar con una investigación rigurosa, completa e imparcial que no deseche ninguna línea de investigación.

Por lo anterior, sometemos a esta soberanía la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único: Que esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicite a la Procuraduría General de la República que, de manera expedita, ejercite su facultad de atracción en el caso del homicidio del señor Manuel Francisco Ortega González, con la finalidad de atender todas las líneas de investigación, incluido el narcotráfico, consignar ante el Poder Judicial Federal al o los responsables materiales e intelectuales de dicho ilícito penal.

México, DF., a 10 de marzo de 2004.--- Dip. Eliana García Laguna (rúbrica.)»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Gracias, diputada.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

El siguiente punto del orden del día ha sido retirado por el grupo parlamentario que lo promovió.

INFORED
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación al diferendo entre la empresa Inforred y el Grupo Radio Centro.

El diputado Pedro Vázquez González:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladoras:

La semana pasada el conflicto de Monitor-Infored con el Grupo Radio Centro tuvo el desenlace por todos previsto. El laudo de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, Francia, dio a conocer su veredicto con relación a dicho diferendo.

Las consecuencias inmediatas de dicho laudo fueron la cancelación del contrato por parte del Grupo Radio Centro y la salida inmediata de los noticiarios y del bloque de programas de Monitor-Infored en las frecuencias 1110 en amplitud modulada y 88.1 en frecuencia modulada.

Ciertamente, aunque el conflicto es entre particulares no podemos olvidar que las concesiones de radio y televisión son sancionadas por el Estado y en ese sentido, es un asunto que nos atañe en nuestra calidad de representantes populares.

En este momento en el que el país pasa por una situación política extremadamente difícil y delicada, por los hechos de todos conocidos, tenemos que proteger y reivindicar el uso pleno de los medios de comunicación.

La observancia de los preceptos constitucionales y sus efectos en nuestra sociedad es una tarea que nos compete por la naturaleza misma de nuestros cargos.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Unico. Solicitar a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que el diferendo entre la empresa Infored y el Grupo Radio Centro se resuelva conforme a la normatividad vigente.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de marzo de 2004.--- Dip. Pedro Vázquez González, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Entre otros, legisladoras y legisladores, suscriben la presente solicitud la diputada Eliana García, el diputado Heliodoro Díaz, el senador Héctor Larios, el diputado Pablo Gómez, el diputado Alfonso Ramírez, el senador Juan José Rodríguez, el diputado Inti Muñoz, insisto, entre otras y otros legisladores y desde luego, el de la voz, Pedro Vázquez González.

Señor Presidente: de la manera más atenta, le solicito a usted se sirva turnar la presente solicitud de punto de acuerdo a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación de esta honorable Cámara de Diputados.

Es cuanto y hago entrega del punto planteado en esta tribuna. Gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:Túrnese a las comisiones unidas de Comunicaciones y de Gobernación de la Cámara de Diputados.

MARA SALVATRUCHA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Esta Presidencia, recibió proposición con punto de acuerdo del diputado Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, para solicitar al Ejecutivo Federal, la urgencia de establecer una comisión intersecretarial, a efecto de que ésta se aboque al conocimiento de las condiciones actuales en la frontera sur y dé puntual seguimiento para que se establezca el orden social, migratorio y de seguridad a las personas, de la penetración a nuestro país y exponencial crecimiento del grupo delictivo denominado Mara Salvatrucha, suscrito por un grupo plural de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Solicito a la Secretaría dé lectura al mismo.

La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar al Ejecutivo Federal atender la urgencia de crear una Comisión Intersecretarial a efecto de que esta se aboque al conocimiento de las condiciones actuales de la frontera sur y dar puntual seguimiento para que se reestablezca el orden social, migratorio y de seguridad a las personas, por la penetración en nuestro país y exponencial crecimiento del grupo delictivo denominado ``Mara Salvatrucha'', presentada por el diputado Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, en nombre de integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 10 de marzo de 2004.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de esta honorable Cámara de Diputados no puede pasar por alto un día más la gravísima situación que se presenta en la frontera sur, toda vez que es evidente la infiltración e ilícita migración que por dicho punto geográfico realiza la organización criminal denominada ``Mara Salvatrucha'', cuyos integrantes crecen en forma exponencial y transitan de diversos países centroamericanos, particularmente de la República de El Salvador, a nuestro país, toda vez que los países que de donde son originarios han promulgado y puesto en vigor legislaciones que sancionan la conducta que se traduce en el tatuaje del cuerpo humano elevado a la categoría de delito y si bien pudiera pensarse que tal conducta no puede sancionarse por sí sola, desde el punto de vista de ilícito penal, ello ha ocasionado la migración de las personas que presentan tatuajes en diversas partes del cuerpo a nuestro país, cuyo sistema relacionado con ilícitos penales no contempla el simple tatuaje en el cuerpo como delito. Sin embargo, diversas conductas ilícitas asociadas al requisito del tatuaje corporal, como el secuestro, asalto y otras conductas relacionadas con la delincuencia organizada, son la tarjeta de presentación de los integrantes de esta organización criminal, cuya denominación, aparentemente, se compone del vocablo mara, sinónimo de marabunta y, a la vez, de grupo constituido por muchos integrantes; Salva, sílabas iniciales de salvadoreños; y trucha, que significa ``pez de aguzado perfil''.

De acuerdo con lo anterior, los integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de otras comisiones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, en sus tres fracciones, 59 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presentamos a la consideración de la asamblea de esta Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, para los correspondientes efectos, que se soporta en los siguientes

Antecedentes

Primero. Es fama pública y hecho notorio que, a raíz de diversos fenómenos naturales que han destruido la agricultura y otras fuentes de abastecimiento de alimentos y generación de empleos en Centroamérica y, particularmente, en la República de El Salvador, se ha motivado una migración desordenada de sus habitantes a otros países a los que ellos ven como solución a sus problemas de alimentación o empleo. Sin embargo, más alarmante lo es el hecho de que la organización criminal se conforma por niños de 10 años en adelante, pues esta edad es inicio para ingresar en la organización y la prueba inicial consiste en cometer un ilícito, desde el robo hasta el homicidio, como ``examen de admisión'' y demostración de valentía como opción de ingreso.

Segundo. El decreto número 158 de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, de fecha 9 de octubre del año 2003, publicada al día siguiente en el Diario Oficial número 188, tomo número 361, contiene la denominada ``Ley Anti Maras'', cuyo objeto, fines y ámbito de aplicación giran en torno a establecer un régimen especial y temporal para el combate legal de las agrupaciones conocidas como ``maras'' o ``pandillas'' y para efectos de la citada ley se considera como asociación ilícita a la que actúa para alterar el orden publico, atentar contra el decoro y las buenas costumbres, que se reúnen habitualmente y que tengan señas o símbolos como medios de identificación que se marquen en el cuerpo con cicatrices o tatuajes, conducta delictiva que por sí sola motiva el arresto del infractor, aun y cuando sea menor de edad, por un periodo de 180 días. Más si fuese sorprendido portando cualquier tipo de arma blanca, consistente ésta en objeto cortante, punzocortante o cortocontundente, la sanción aumenta de 2 a 6 años; y si se solicita dinero o dádiva en forma intimidatoria mostrando tatuajes, la sanción es de 2 a 4 años de prisión. La ley en cuestión consta de 49 artículos y estará en vigor hasta el 10 de abril del 2004, dada la posible inconstitucionalidad, más las elevadas sanciones que se establecen. Lo que al parecer ha logrado la República de El Salvador con el inicio de vigencia del mencionado ordenamiento legal ha sido la fuga masiva de los maras tatuados; es decir, jóvenes delincuentes en su país, que han encontrado en nuestra frontera sur innumerables filtros y posibles cómplices que permitieron y permiten el acceso a México de estos apátridas que, con justificación o sin ella, se dedican a iniciarse en el crimen organizado, en perjuicio de la seguridad y del patrimonio de los que habitamos este país y en perjuicio de la seguridad nacional de no poner remedio inmediato y acciones conjuntas de los órganos de gobierno competentes dotados de fuerza pública, facultades específicas y presupuesto asignado para este fin.

Tercero. Esta conducta delictiva y antisocial ha sido objeto de estridente publicidad mediática que, en lugar de provocar soluciones, ha motivado imitaciones, habida cuenta de que, lamentablemente, la frontera sur es sinónimo de corrupción, violación de los derechos humanos y facilidad en el cruce fronterizo por ausencia de vigilancia permanente, habida cuenta de las dimensiones de nuestra frontera sur, por lo que existen ya en nuestro país bandas imitadoras de la Mara Salvatrucha, como lo son la coreana y la imitadora Zara-Salmaruchan, de cuya existencia dan cuenta revistas de publicación semanal y medios electrónicos. Y ante el desdén o contundencia de acciones por parte de quienes por disposición legal deben afrontar la realidad anterior, así como su constante reproducción e incremento en el índice delictivo de los delitos en cuestión, lo menos que debe hacerse es solicitar, como se propone la Comisión Intersecretarial con el estatus, integrantes y función específica por realizar en el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Solicitar al Poder Ejecutivo Federal atender la urgencia de establecer una comisión intersecretarial a efecto de que ésta se aboque al conocimiento de las condiciones actuales de la frontera sur y dé puntual seguimiento para que se reestablezca el orden social, migratorio y de seguridad a las personas e instituciones, habida cuenta de la penetración en nuestro país y exponencial crecimiento del grupo delictivo denominado ``Mara Salvatrucha'', cuyos integrantes, de manera enunciativa, lo serían: Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores, Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de la Reforma Agraria, comisión que -entre otros objetivos primordiales ya señalados- analizaría la posibilidad de celebrar acuerdos con gobiernos estatales y municipales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2004.--- La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.--- Diputados: Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (rúbrica), Presidente; Lino Celaya Luría (rúbrica), Emilio Badillo Ramírez (rúbrica), Ruth Trinidad Hernández Martínez, Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), secretarios; Fernando Alvarez Monje, María Avila Serna, Julio César Córdova Martínez, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Blanca Judith Díaz Delgado, Marco Antonio Gama Basarte, Eliana García Laguna, Alfonso González Ruiz, Ana Lilia Guillén Quiroz, Francisco Herrera León (rúbrica), Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica), Francisco Mora Ciprés (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Alfonso Moreno Morán (rúbrica), Carlos Osvaldo Pano Becerra, Roberto Pedraza Martínez, Homero Ríos Murrieta, Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña, María Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes, Enrique Torres Cuadros, Elpidio Tovar de la Cruz (rúbrica), Juan Manuel Vega Rayet, (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández, Jesús Zúñiga Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

INGENIOS CAÑEROS
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Tiene la palabra el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se garantice por parte del Gobierno de la República, la seguridad de los productores y obreros de la agroindustria cañera mexicana devuelta a la iniciativa privada conforme al decreto cañero y al contrato-ley.

El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

En México operan actualmente 59 ingenios azucareros que se encuentran distribuidos en 15 entidades federativas y con influencia en 222 municipios.

Esta industria, transforma la materia prima que 160 mil productores cultivan en una superficie de 745 mil hectáreas, equivalente a poco más del 4% de la superficie cultivable del país.

Cada año, en promedio, de la transformación de la materia prima se obtiene una producción de 5 millones de toneladas de azúcar. Para su proceso se requiere de mano de obra: en el campo para la siembra, el cultivo y la cosecha; y en el proceso industrial los obreros, los empleados y todos aquellos que intervienen en el transporte, almacenamiento, comercialización y servicios financieros, entre otros, no menos importantes.

Dependen de ella directamente alrededor de 440,000 cañeros, obreros, jornaleros y transportistas, que en unión de sus dependientes económicos suman más de 2.5 millones de mexicanos.

El valor del azúcar, como producto terminado es de 2,500 millones de dólares, lo que representa el 0.4% del PIB nacional y el 8.4% del sector alimentos, bebidas y tabaco.

Situaciones de carácter comercial y financiero internacional y nacional como: elevados inventarios por importaciones excesivas de azúcar; ingreso al país de importantes volúmenes de alta fructosa; reducido nivel de exportación a los Estados Unidos de América, dentro del TLCAN; agroindustria en manos del sector privado, con altos niveles de endeudamiento, desvío de recursos, falta de reinversión y falta de financiamiento para la operación de los ingenios en campo y fábrica; llevaron al sector azucarero nacional a una crisis severa, económica y socialmente inaceptable. Por falta de respuestas a sus obligaciones, muchos ingenios fueron tomados, lo mismo que oficinas del gobierno federal y las calles de la Ciudad de México, por campesinos desesperados ante la falta de pago a su producción.

La inconformidad creciente de los productores de caña de azúcar, obligó al gobierno a intervenir urgentemente, decretando la expropiación de 27 ingenios azucareros propiedad de cuatro grupos industriales, el 3 de septiembre de 2001, con el argumento de que la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar son de interés público, pero sobre todo, para asegurar con ello, entre otros, el pago de preliquidaciones y liquidaciones a los cañeros, el reordenamiento del mercado azucarero y garantizar la operación de los ingenios.

Sin embargo, pese a que el gobierno ha venido pagando a los productores las preliquidaciones y liquidaciones; incrementó y regularizó el mercado nacional del azúcar y el Poder Legislativo aprobó el cobro del IEPS, no ha podido cumplir plenamente con el objetivo central de su Política Azucarera Nacional 2002-2006.

Los amparos promovidos por los 4 grupos de inversionistas dueños de los 27 ingenios expropiados han seguido su curso legal y se tienen ya dos definiciones:

a. Al Grupo CAZE, se le ha negado el amparo y el Gobierno seguirá administrando esos ingenios.

b. El Grupo GAM, ha ganado el amparo y de sus 6 Ingenios, otorga 2 en pago de adeudos y recupera 4.

c. Los juicios de los otros 2 grupos continúan y posiblemente sean de igual forma ganados por los Propietarios.

Esta situación jurídica ha creado una incertidumbre creciente entre los productores y obreros, en el sentido de que, no están seguros que sus preliquidaciones y liquidaciones y sus derechos laborales se realicen conforme al Decreto Cañero y al Contrato Ley, aun cuando el Poder Legislativo, aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2004: Un Programa de Apoyo a la Cadena Agroalimentaria de la Caña de Azúcar por 300 millones de pesos, y de igual forma, para la Seguridad Social de Cañeros asignó 250 millones de pesos.

Por esas razones me permito elevar a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que el Gobierno de la República garantice el cumplimiento del Decreto Cañero y del Contrato Ley en la totalidad de los ingenios azucareros del País.

Segundo. Inicie el proceso de definición y concertación para mejorar la actual Política Azucarera Nacional 2002-2006.

Tercero. Utilice los programas y montos aprobados por el Congreso para los conceptos establecidos y para apoyar a los productores cañeros de todo el país.

Cuarto. Que los titulares de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Economía y Hacienda y Crédito Público presenten a esta soberanía un informe por escrito respecto al avance de la Política Azucarera Nacional 2002-2006; asimismo, nos informe el resultado de las negociaciones sobre la cuota de exportación de azúcar a EUA; nos dé a conocer la situación legal que guardan los Amparos interpuestos por los propietarios originales sobre los ingenios expropiados y finalmente, explique las medidas que tomará el Gobierno Federal para cumplir el Decreto Cañero y el Contrato Ley en los ingenios expropiados ahora recuperados por los propietarios originales y en el resto de los ingenios del país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:Túrnese a las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados.

CORRUPCION
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Tiene la palabra el senador Demetrio Sodi de la Tijera, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las juntas de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de Diputados para que se integre una comisión especial bicamaral para la elaboración de un instrumento eficaz en el combate a la corrupción y que está suscrita por los legisladores de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional.

El senador Demetrio Sodi de la Tijera:

Gracias. Con su permiso, señor Presidente:

La semana pasada comentábamos y en medio del escándalo político que se suscitó por los diferentes vídeos y las diferentes denuncias que hemos tenido no solamente en estos últimos 15 días, que de hecho traemos ya muchos meses de escándalos políticos alrededor de la corrupción, alrededor del uso de influencias, del abuso del poder etcétera.

Desde la semana pasada, platicando con diferentes senadores y diputados de las fracciones parlamentarias, consideramos que era muy oportuno ---y creo que después de lo que sigue pasando esta semana y lo que se ve que va a pasar en las siguientes semanas--- es más oportuno que nunca el crear una comisión que se aboque de inmediato a ver a ver qué cambios legislativos se requieren, qué reformas, qué programas, qué instituciones, qué espacios habría que crear para poder llevar a cabo un combate efectivo a la corrupción.

Aquí en este documento que está firmado por senadores del PRI, del PAN, del PRD, por diputados del PRI, del PAN y del PRD y que está abierto para que otras fracciones parlamentarias también lo puedan firmar, la idea es solicitarle a las juntas de Coordinación Política que integren de inmediato esta comisión especial del Congreso que se aboque a una revisión de ciertos temas que creo que están en la mente de todos nosotros y que están demandando la propia ciudadanía, de que podamos legislar y avanzar sobre ellos, temas que tienen qué ver con el acotamiento del fuero consti- tucional, temas que tienen qué ver con la agilización de los trámites para juicio político y la declaratoria de procedencia; el régimen, que hemos platicado hace mucho, de incompatibilidad de la función pública con actividades profesionales, en donde puede haber conflicto de intereses entre el trabajo legislativo y el trabajo profesional; la obligatoriedad de presentar la declaración patrimonial y hacerla pública y que la declaración patrimonial, inclusive de todos los funcionarios y también de los legisladores, sea procesada a través de una auditoría que lleve a cabo la Auditoría Superior de la Federación; restringir o vigilar más, auditar más a los partidos políticos, auditar a los grupos parlamentarios; definir una duplicidad que existe entre la Auditoría Superior de la Federación y la Contraloría de la Federación y tratar de que esas funciones que actualmente realiza la Contraloría de la Federación se trasladen a la Auditoría Superior y se fortalezca el trabajo de la Auditoría; dar más autonomía a las contralorías; involucrar a los ciudadanos en esta lucha contra la corrupción.

Yo creo que en estas semanas y ésa es la coincidencia que hay sobre este punto, el tema central y la reforma primordial que tenemos que llevar a cabo es una reforma que garantice el Estado de Derecho. Estamos viendo en los últimos días, en las últimas horas, que funcionarios públicos, legisladores, se pasan por... es decir, olvidan su función pública y actúan fuera de la ley y como que ya se ha convertido en el país algo como costumbre el que no solamente los delincuentes, sino inclusive funcionarios públicos o legisladores puedan actuar como verdaderos delincuentes, ignorando sus responsabilidades. Entonces yo creo que llega el momento de que este grupo de trabajo, esta comisión especial en la que nos comprometamos todos, podamos tomar medidas muy concretas para poder eliminar este tráfico de influencias, este conflicto de intereses, estos espacios que se tienen, inclusive, que permiten la impunidad, propician la impunidad de los funcionarios y los legisladores.

La idea sería que esta comisión especial pudiera trabajar en forma intensiva los próximos 30 días y que pudiéramos tener a más tardar para el 15 de abril, una serie de propuestas de reformas que presentaríamos en el pleno de una de las cámaras o de ambas cámaras, para poder, trabajando en conferencia en las comisiones respectivas, poder avanzar en los dictámenes y poder legislar sobre esto.

Creo que hoy la opinión pública más que nunca espera de los políticos, que seamos los propios políticos los que tomemos la iniciativa para dar nueva confiabilidad, dar prestigio a la labor de política, al sistema político y al trabajo de los políticos.

Creo que aquellos que hemos estado comprometidos toda la vida con una actividad política honesta, con un compromiso con la ética y con la transformación democrática nacional, tenemos la obligación de tomar esa iniciativa.

Ese es el objetivo de ese acuerdo, el que seamos los propios legisladores ante la opinión pública, los que tomemos la iniciativa para iniciar todo un proceso de reivindicación de la vida política nacional del Congreso y todo un esfuerzo para erradicar del país la corrupción.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre la integración de una Comisión Especial Bicamaral para la elaboración de un instrumento eficaz en el combate a la corrupción, a cargo del senador Demetrio Sodi de la Tijera, del grupo parlamentario del PRD.

Los que suscriben, senadores y diputados de diversos grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, a la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El Estado mexicano está siendo atrapado en una subcultura de la corrupción en prácticamente todos los niveles y sectores de la administración pública, las representaciones populares, las formas e instrumentos para la aplicación de la justicia y, más grave aún, dentro de la estructura social misma. Tanto ha penetrado este problema, que significa un lastre para el desarrollo económico del país, y se le hace pasar como una cultura voluntariamente compartida por el ciudadano en su vida cotidiana.

La impunidad que prevalece desde hace muchos años, así como las evidencias irrefutables presentadas en días pasados como escándalos mediáticos, con escaso contenido punible, dan muestra de una descomposición institucional, política y administrativa, que deriva en conformismo y escepticismo ciudadanos.

Así, en una sociedad que observa impaciente los cambios políticos, el hartazgo y la desesperanza del ciudadano desgastan su identificación con las instituciones nacionales y, por ende, con la estructura misma del Estado.

2. En el ámbito de la representación popular, la decepción ciudadana no se traduce ni siquiera en el castigo electoral de los representantes o partidos que hubieran procedido deshonestamente, sino que se refleja en los elevados índices de indiferencia ciudadana en los procesos de renovación de las instituciones del Estado.

El control ciudadano del ejercicio del poder público es inexistente porque no se han propiciado los instrumentos ni la voluntad ciudadana para participar efectivamente en esa tarea. Las luchas intestinas al interior de los partidos políticos, los excesivos gastos de campaña que sin recato se evidencian públicamente y la conocida participación de diversos gobiernos mediante la utilización de recursos públicos para el apoyo o la imposición de candidatos, constituyen un círculo vicioso en el cual el poder político se perpetua o se reparte con base en actividades ilícitas, deshonestas o antiéticas.

Por otra parte, es evidente que pese a los esfuerzos institucionales que se han hecho en el seno del Poder Judicial aún no se logra desterrar viejas prácticas de influyentismo y corrupción en la administración de justicia, lo que pone en entredicho la vigencia del Estado de Derecho.

3. Ante el gravísimo problema, que no es por supuesto privativo de nuestro país, existe un esfuerzo multilateral para su combate. En dicho esfuerzo se encuentran comprometidas organizaciones internacionales como la OEA, la cual implementó la Convención Interamericana sobre la Corrupción, signada por México en 1997 y ratificada en 1999.

La Oficina para el Control de Drogas y la Prevención del Crimen de la Organización de las Naciones Unidas implementa desde hace algunos años un Programa Global sobre la Corrupción, el instrumento quizá más significativo de dicha Organización fue celebrado precisamente en nuestro país, en Mérida, Yucatán, los días 9, 10 y 11 de diciembre del año pasado. Se trata de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Otro mecanismo internacional importante es la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción (GOPAC, por sus siglas en inglés), nacida el 16 de octubre del año 2002 por iniciativa del parlamento canadiense, y misma que cuenta con capítulos regionales, entre ellos, el latinoamericano (PLACC).

4. La lucha contra la corrupción no es, ni será fácil, pues un país como el nuestro tiene características propicias para su ilegal desarrollo como son las profundas desigualdades económicas, el narcotráfico y, sobre todo, la falta de una cultura de participación y fiscalización social.

Se trata de una tarea colectiva en la que deben intervenir tanto el sector público, mediante sistemas eficientes de control, sanción y reparación; como el sector privado, mediante la concientización social y las tareas de control ciudadano. Sin embargo, llamamos la atención hacia los deficientes mecanismos que en México se implementan para el cumplimiento de dichas funciones.

No es nuevo afirmar que el sistema de responsabilidad de los servidores públicos en nuestro país es caduco, precisamente por ineficiente. Como los son también los sistemas de control y rendición de cuentas de la administración pública, así como de las actividades legislativas y judiciales. Por ello consideramos indispensable el desarrollo de un diagnóstico serio y suficiente, a fin de instrumentar una modificación sensible de los sistemas de control, transparencia y fiscalización del ejercicio del poder político en México.

Para ser eficaces en nuestra lucha debemos poder tomar pleno conocimiento de las dimensiones y diversas formas en que se presenta el fenómeno, dentro de los tres ámbitos en que se observa:

La corrupción que deriva del exceso de leyes que enmarcan el ejercicio del poder público;

La corrupción de la vida cotidiana, socialmente aceptada y

La corrupción proveniente de entidades económicamente poderosas o del crimen organizado, y que afecta tanto a las instituciones de gobierno como al sector particular.

Atender cada uno de estas áreas nos compromete a legislar adecuada y oportunamente, participar en el proceso de promoción cultural de la sociedad hasta que se logre la reprobación mayoritaria de las prácticas de corrupción, y en ejercicio de nuestras funciones de control vigilar permanentemente el eficaz desempeño de los organismos públicos encargados de la persecución del delito.

Debe quedar claro que no pretendemos reducir el problema a una cuestión de reforma legal. Sabemos bien que es mucho más amplio, pero la dotación de los instrumentos jurídicos suficientes para enfrentarlo es parte sustancial de una estrategia integral.

Es menester localizar aquellos problemas normativos que obstruyen o dificultan el eficaz combate a la corrupción dentro de nuestro sistema jurídico. Es decir, debe quedar claro en principio, cual es el problema jurídico al que nos encontramos, cual es, pues, la relación entre corrupción y legislación.

Además, es preciso dejar bien claro que el abatimiento de este mal se debe dar por vías institucionales y no por la ruta de la arbitrariedad, las sombras del espionaje o la ilegalidad, toda vez que ambicionamos la derrota de la corrupción como triunfo de una democracia que logre resultados y de una justicia que se de en libertad. El fin último será generar una atmósfera severamente sancionatoria de la corrupción, de los corruptos y de los corruptores.

5. Así, legisladores de los diversos grupos parlamentarios proponemos la creación de una comisión especial de trabajo abocada al estudio de los sistemas de combate a la corrupción, así como al análisis del sistema de control mexicano, para efecto de elaborar una propuesta de modificación a los diversos instrumentos jurídicos, sociales y éticos con los que el país afronta el problema, o bien, la creación de un nuevo esquema.

Deseamos fortalecer la capacidad del Congreso de la Unión y de los congresos locales de la Federación para supervisar las actividades del gobierno y de las otras instituciones públicas en sus distintos programas de acción y sus medidas anticorrupción.

Los objetivos generales de la comisión serían el diseño de los mecanismos eficientes para implementar un programa integral de combate a la corrupción política. Asimismo, se pretende alcanzar formas institucionales que permitan a los legisladores establecer el compromiso de que todos sus actos estarán sometidos a un proceso de transparencia, así como el establecimiento un programa político de acciones legislativas en la materia.

Por otra parte, los temas que se proponen para el desarrollo de los trabajos de la comisión especial, serían, entre otros, los siguientes:

Acotamiento del Fuero Constitucional.

Agilización de los trámites del Juicio Político y la Declaratoria de Procedencia.

Creación de un régimen de incompatibilidad de la función pública para evitar conflictos de intereses entre funciones legislativas y actividades profesionales.

Establecer la obligatoriedad de presentar y hacer pública la declaración patrimonial, sujeta a comprobación de su veracidad por la Auditoría Superior de la Federación.

Transparentar y regular el cabildeo, estableciendo la prohibición a los legisladores para ejercer este tipo de actividades.

Rendición de cuentas y auditoría a las fracciones parlamentarias.

Crear una Comisión de Disciplina Parlamentaria, con las disposiciones necesarias para que, en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, se establezcan las sanciones para los integrantes del Poder Legislativo que comprometan la honorabilidad de su encargo.

Fortalecimiento del IFE para la fiscalización de los partidos políticos y la regulación de las campañas.

Protección de los derechos de los militantes de los partidos políticos al seno de sus propias organizaciones.

Exclusividad de contratación de tiempos en medios de comunicación para campañas políticas por el IFE y los partidos políticos, excluyendo a los propios candidatos.

Establecimiento de una contraloría social, con oficinas en cada Cámara para dar cause a la denuncia ciudadana.

Traspaso de las funciones de contraloría de la Federación, a la Auditoría Superior de la Federación, manteniendo funciones de prevención y vigilancia interna en dependencias y secretarías.

Por último, se propone que la comisión especial presente resultados en un máximo de 30 días a partir de su conformación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de esta Comisión Permanente el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se establece una comisión especial bicameral que se aboque al estudio de los sistemas de control de la administración y rendición de cuentas dentro de los Poderes de la Unión, para efecto de que formule un proyecto de iniciativas de ley que fortalezcan y hagan más eficiente el ataque a la corrupción política en México.

México, DF, a 10 de marzo de 2004.--- Senadores: Demetrio Sodi de la Tijera (PRD); Raymundo Cárdenas Hernández (PRD); Rafael Melgoza Radillo (PRD); César Jáuregui Robles (PAN); Juan José Rodríguez Prats (PAN); Cecilia Romero Castillo (PAN); Genaro Borrego Estrada (PRI); César Camacho Quiroz (PRI); Emilio Gamboa Patrón (PRI); diputados: Pablo Gómez Alvarez; Emilio Zebadúa González; Diana Bernal Ladrón de Guevara.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

En consecuencia, está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores.

Esta Presidencia tiene registrados como oradores al senador César Jáuregui, al diputado Pablo Gómez, al senador César Camacho, al senador Juan José Rodríguez Prats y al diputado Manuel Camacho.

Tiene la palabra el senador César Jáuregui.

El senador Sergio César Alejandro Jáuregui Robles:

Muchas gracias, señor Presidente.

La presente proposición tiene un objetivo muy concreto, ante el escándalo y el cúmulo de evidencias que muestran las irregularidades y las prácticas ilícitas que se dan entre funcionarios y parlamentarios, es conveniente que el parlamento dé una respuesta y ésta es una solicitud que hemos atendido de muchos legisladores y de muchos ciudadanos, donde tiene que haber una concreción y un punto de partida, para establecer una comisión que tenga su actuación por lo menos en tres consideraciones:

La primera de ellas, con propuestas legislativas muy concretas en lo que tiene qué ver régimen de incompatibilidades, acotamientos del fuero, publicidades de las declaraciones patrimoniales, acciones de los partidos políticos, mayor involucramiento del IFE en la fiscalización, eliminación de la secrecía en muchas cuentas bancarias en lo que tiene qué ver con los partidos, la contratación de espacios publicitarios exclusivamente por el IFE o los partidos políticos, evitando los gastos de precampaña que realizan algunos precandidatos, lo cual genera también condiciones de iniquidad, en fin, consideraciones todas ellas que tienen un sentido legislativo, que de alguna manera tiene que ser normado.

Pero otro punto de partida muy importante, es que las comisiones en nuestro país, no las que establece el artículo 93 de manera limitada, deben tener hoy ya el verdadero sentido de la búsqueda de la verdad y por eso una línea de investigación, sobre todo en lo que atañe a las conductas de los parlamentarios, para poder discernir entre los procedimientos de declaración de un desafuero o bien, de un juicio político, pues deben tener necesariamente una comisión previa de especialistas que analice cada una de las conductas y los comportamientos, pero que tenga las capacidades y la fortaleza suficiente para llevar a cabo esta investigación y no quede solamente su trabajo en una cuestión testimonial.

Hoy día se reclama, dentro de los principios que deben de normar al parlamento, desde luego la legalidad, la honradez, la lealtad a las instituciones, pero sobre todo, la eficacia en su accionar; realmente una democracia por resultados y un Congreso que responda a las necesidades, hoy más que nunca, una necesidad y un reclamo de los ciudadanos.

Por eso queremos una comisión eficaz, que tenga los atributos y las suficientes consideraciones para que la investigación sea efectiva.

Y una tercera línea de acción que estamos planteando y que desde luego debe de colocarnos a todos los que de alguna manera ejercemos una función de representación, es la que tiene qué ver con la red mundial de los parlamentarios contra la corrupción.

Hoy día ante este flagelo, ante este mal, que no es exclusivo de nuestro país, pero que en mucho sí ha exhibido nuestra situación, pues tenemos que colocarnos en el papel de estar en la cajita de cristal, no solamente a la luz de lo que acontece en nuestras sociedades, sino también por las investigaciones que se realizan, allende nuestras fronteras y que mucho laceran, que nuestros órganos encargados de procuración de justicia muchas veces ni se enteran o no están al tanto de lo que están realizando otras instituciones de otros países y lo cual vulnera de alguna manera nuestra soberanía.

Darle verdadero sentido internacional a nuestra actuación nos obliga a constituirnos en este capítulo mexicano de parlamentarios contra la corrupción, a todos aquellos que con buena voluntad, pero también con un compromiso por la transparencia y la obligada rendición de cuentas, suscriban públicamente un compromiso de conducirse como representantes populares, llámense legisladores locales, diputados o senadores, en todo momento con apego a la legalidad y a los principios de un comportamiento ético que como bien se sabe, tiene como fin último, como ciencia directiva de los actos humanos, un bien común. La recta razón enfocada a este propósito.

Con todos estos elementos, creemos que una comisión especial tiene verdadero sentido para dar esa respuesta, pero el propósito y el objetivo último, no puede ser otro, sino transitar hacia un reconocimiento de que el combate a la corrupción va en serio. Muy grave sería para nuestro país que el cúmulo de escándalos que se han exhibido recientemente, quedaran solamente plasmados en los hechos o las situaciones que hemos visto todos los mexicanos.Tiene que venir la sanción, tiene que venir la reprobación, tiene que venir la sanción totalmente ajustada a esa realidad y conforme al marco de las leyes, pero si las autoridades o los propios parlamentarios no somos capaces de darle ese cauce, estaremos fallando por el divorcio entre ley y realidad.

Y eso es mucho, lo que ha pasado en la historia de nuestro país recientemente. Si analizamos los códigos penales de 1871, de 1929, el de 1931 o las reformas de 1994, 1996 constitucionales, nos vamos a dar cuenta que muchos de los giros que hemos dado, es, no porque las leyes sean malas, sino por la falta de aplicación que se tuvo por los órganos ejecutivos .

Esta comisión debe tener la fortaleza para exigir el cumplimiento de esas sanciones, solamente así lograremos como parlamentarios, acreditar primero que nada una función de representación, pero también generar en nuestro país una promoción cultural que verdaderamente represente una atmósfera severamente sancionatoria de todo acto ilícito y que repruebe la podredumbre que hoy todavía estamos viviendo.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez:

Gracias, diputado Presidente; señoras legisladoras; señores legisladores:

Quiero sumarme en nombre de los legisladores del PRD a esta iniciativa, de conformar una comisión bicamaral que se aboque a hacer propuestas, con el propósito de combatir la corrupción política en el país. Es indispensable que lo hagamos.

Estoy de acuerdo con el contenido de la intervención del senador Jáuregui, con lo que ha dicho aquí el senador Sodi y quisiera referirme a hechos que siguen escandalizando a la opinión pública. Estamos en medio de una cantidad de acontecimientos que requieren una reflexión muy aguda.

El Comité Ejecutivo Nacional del PRD el día de hoy resolvió sancionar a Rosario Robles y a Carlos Imaz, como ustedes seguramente ya saben. No se trata de personas cualquiera; se trata de personas muy destacas dentro de un partido político y de una ex presidenta que tuvo una larga trayectoria de lucha, muy querida por muchos de nosotros, que siempre fue solidaria, atenta, luchadora y que el partido tuvo que realizar la sanción, frente a lo cual, ella misma presentó su separación del partido.

Este es un hecho importante. Dijimos aquí hace ocho días que haríamos todo lo que fuera posible para evitar impunidades y exigimos a las autoridades hace ocho días, que llevaran a cabo las investigaciones y aplicaran las sanciones correspondientes. Hoy volvemos a decir lo mismo, ése es nuestro planteamiento, la lucha contra la impunidad, porque en la medida en que haya impunidad la corrupción se reproduce, éste es uno de los principales problemas.

Hoy pido también a las autoridades una investigación completa sobre otra parte vinculada con este escándalo: la acción de un senador de la República, el señor Diego Fernández de Cevallos, especialista en escándalos. El tomó conocimiento, estuvo presente con un denunciante de la PGR de apellido Ahumada, un funcionario del Cisen y el delegado del Procurador General de la República en el Distrito Federal.

Aquí puede haber varios delitos. El senador Fernández de Cevallos ha aceptado que conoció los vídeos, que tuvo contacto con el denunciante y que no es su abogado. ¿En carácter de qué, entonces, hizo todo esto? Puede haber aquí ejercicio indebido del servicio público de parte del delegado del Cisen y del de la PGR, artículo 214, fracción IV del Código Penal; coalición de servidores públicos, artículo 216; delito contra la administración de justicia, por aconsejar a las personas que ante ellos litiguen, por lo que hace al delegado de la PGR en el Distrito Federal, artículo 225, fracción IV del Código Penal y puede haber también encubrimiento, incluso de parte del propio senador Fernández de Cevallos, artículo 400, fracción II.

Yo pido dos cosas. El Procurador nos tiene que explicar qué hacía su delegado, representante personalísimo, en una reunión con un denunciante. Fernández de Cevallos tiene que explicar qué cosa hacía con el Ministerio Público, el Cisen, el denunciante, conociendo las evidencias que presentaba el denunciante ante la Procuraduría, y el Secretario de Gobernación nos va a tener que informar qué es lo que hacía aquí el Cisen.

Ellos tienen que responder y tiene que abrirse una averiguación de carácter penal, pero no sólo señores...

Señor Presidente, requiero 15 segundos más.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Adelante, señor.

El diputado Pablo Gómez Alvarez:

Gracias.

El PAN nos va a tener que explicar qué va a hacer con un miembro de su Comité Ejecutivo Nacional que anda metido en estas danzas. ¿Cómo se va a aplicar aquí el Código de Etica, dónde va a estar la transparencia, dónde va a estar la honorabilidad, dónde van a estar todas las promesas del Código de Etica?

Nosotros en este asunto hemos actuado no como los otros partidos; hemos actuado resueltamente y lo vamos a seguir haciendo, porque estamos hartos como está el país, de la impunidad y de la corrupción política y exigimos al Partido Acción Nacional que obre en consecuencia, si tiene vergüenza, como nosotros la hemos tenido.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Adelante, señor diputado.

Tiene el uso de la voz el senador César Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional.

El senador César Camacho Quiroz:

Gracias, señor Presidente; compañeras, compañeros legisladores:

En días recientes los mexicanos hemos sido testigos de vergonzosos espectáculos que denigran a la política mexicana y manchan a todos quienes desempeñamos responsabilidades públicas. Los mexicanos están, estamos profundamente indignados, a la inmensa mayoría nos avergüenza y nos repugna la corrupción, la vemos y la padecemos. A todos nos lastima y socava las instituciones de la República.

La corrupción debilita la convivencia social, desmantela las instituciones y nos coloca literalmente en una suerte de estado de indefensión. Mientras la corrupción y la impunidad campeen nuestro país no será un lugar seguro para las inversiones, para los empleos ni para ninguna familia. Hoy vemos que hace mucha falta todavía trabajar para recuperar la confianza de la sociedad en la función pública y en el quehacer político.

Hace falta prestigiar la política y reorientar nuestras actividades hacia la certidumbre legal, una mayor transparencia y una mejor rendición de cuentas. Esto es especialmente importante para un Poder como el Legislativo, que tiene por mandato constitucional la tarea de hacer las leyes.

Por estos motivos, los legisladores del PRI estamos apoyando la creación de una comisión bicamaral que elabore un conjunto de instrumentos legales para hacer efectivo el combate a la corrupción.

Creemos que es fundamental que se revisen los alcances y límites del fuero constitucional, que es indispensable una reforma que agilice los trámites de juicio político y de declaración de procedencia, a fin de liberarlos de las presiones políticas y de la coyuntura.

Igualmente, creemos necesario el establecimiento de un régimen de incompatibilidad de la función pública para los casos de conflicto de intereses entre el quehacer legislativo y las actividades profesionales.

Pensamos del mismo modo que es indispensable regular y transparentar las actividades de gestoría y de cabildeo, para evitar que el dinero se vuelva un instrumento de intercambio en el Poder Legislativo.

Por eso creemos pertinente la creación de una comisión de disciplina parlamentaria, para que se establezcan sanciones en el caso de que la falta de rectitud de algún legislador comprometa la honorabilidad y el prestigio del Poder Legislativo.

Compañeras y compañeros legisladores: los diputados y senadores del PRI estamos comprometidos con la transparencia del Congreso. Creemos que se tiene que poner un alto a todas esas actitudes que lesionan la vida pública del país. La democracia no es un conjunto de reglas frías o mecanismos sin alma, no podría serlo; si así lo fuera, habrían desaparecido muchas naciones hace tiempo.

La democracia es también el juego limpio y las cuentas claras que enriquece la legitimidad, la confianza y la fortaleza de las instituciones. Estamos seguros que se debe dignificar la política, cuanto antes y por todos, de que sí es posible mostrar ante la ciudadanía que hay mucho más en la actividad pública que los escándalos, la corrupción y la impunidad, que por la vía de la ley, los legisladores habremos de dar el mejor mensaje a la sociedad, el mensaje de la esperanza cierta.

Gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Gracias a usted, señor senador.

Tiene el uso de la voz, el senador Juan José Rodríguez Prats.

El senador Juan José Rodríguez Prats:

Con su permiso, señor Presidente:

Comienzo con dos reflexiones de dos grandes pensadores del Siglo XX. Una de ellas, una mujer extraordinaria, Hanarent, que dijo una frase que me parece muy pertinente citar hoy aquí: ``vivimos en un mundo en que el propio cambio se ha convertido en algo tan obvio, que corremos el riesgo de olvidar, incluso, que es lo que ha cambiado''.

Y yo creo que México ha cambiado mucho en los últimos años, consecuencia de muchos factores. Yo recuerdo en la Cámara de Diputados, todavía en la LVII Legislatura, empujar por llegar al juicio político, porque se esclarecieran los hechos, porque se ventilara nuestra empobrecida vida pública y creo que eso lo estamos haciendo hoy día y, sin lugar a dudas, es un avance democrático.

Acudo también a otro autor, un libro elemental en su lectura para el legislador, para el litigante, para el estudioso del derecho, Rudolf Von Jhering que se llama La Lucha por el Derecho, Riering insiste en que un país podrá tener muy buenos policías con bíceps muy bien ejercitados, jueces de toga muy bien preparados, pero si no hay la fuerza moral, si no hay lo que él llama la conciencia legal para hacer cumplir la ley, ahí es difícil que prospere el derecho. Y yo creo que ése es el caso de México.

Desde luego que sean las reformas, el fenómeno jurídico siempre es insuficiente, siempre podemos avanzar, pero tenemos que cumplir la ley, y ahí, no hay de todo congruencia en el Partido de la Revolución Democrática.

Está señalando aquí el señor diputado Pablo Gómez, que renunció Rosario Robles, de acuerdo, por iniciativa de ella, y que se va a proceder contra Carlos Imaz; pero hay un video en donde René Bejarano menciona el nombre de Bertha Luján, con el compromiso de que se aplique la ley y Bertha Luján, depende del Jefe de Gobierno. ¿Qué van a hacer ustedes con López Obrador? ¿Meterlo en un celofán? ¿Protegerlo a través de asambleas y de manifestaciones? Esa es la pregunta que se les hace.

No hubo actitud del Procurador de Justicia del Distrito Federal para investigar a fondo y queda todavía pendiente la investigación de Publicorp, en donde no se dio información al pueblo de México, de cómo se reservaban grandes cantidades de dinero, para promover, ya como una particular, a Rosario Robles a la Presidencia del PRD.

No tengo por qué venir en defensa de Diego Fernández de Cevallos, él se defiende solo; pero diputado Pablo Gómez, sea usted congruente y de aquí parta a la Procuraduría del Distrito y presente una querella por todos los delitos que se puedan desprender de lo que ha dicho aquí en la tribuna. Si hay ilícitos, que los investiguen las autoridades correspondientes, eso sería la congruencia, no venir con el discurso grandilocuente, para simplemente simular.

Yo creo que todos tenemos un compromiso con la verdad, yo creo que se está incurriendo en un gravísimo error, pretender protegerse con manifestaciones o con declaraciones tan aberrantes y absurdas como el señor Secretario de Seguridad, el Secretario de Seguridad que habla de que podemos tener en López Obrador otro Colosio. ¡Imagínense qué declaración más irresponsable y más absurda!

Tenemos que precisar muy bien qué le corresponde a cada órgano del poder. Si a las comisiones, sí al trabajo legislativo, pero también recordemos que Porfirio Díaz lo señalaba, que cuando quería que algo no prosperara, él integraba una comisión.

También recordemos que hay mucha simulación en la aplicación del derecho; Adolfo Hitler gobernó con la Constitución de Baimar, interpretando el artículo 49 que le daba facultades extraordinarias.

Lo dijo aquí mi colega, el senador César Jáuregui, que hay una distancia entre norma escrita y lo que en la realidad acontece de conductas de gobernantes y gobernados y creo que ahí debe estar nuestro esfuerzo, que esa brecha se cierre.

Veamos qué dice el derecho vigente. El derecho vigente contempla en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos cuatro tipos de responsabilidad: la administrativa cuando son errores simplemente de trabajo cotidiano; la responsabilidad civil cuando se daña a un ciudadano; la responsabilidad penal cuando derivan delitos y la responsabilidad política que está contemplada en el Título Cuarto de la Constitución.

Y tiene razón el diputado Pablo Gómez, cuando ha dicho que esta figura no se ha aplicado. Tenemos que esmerarnos en que esta figura pueda proceder, tenemos que detonar la acción en la Cámara de Diputados presentando denuncias precisamente cuando las otras responsabilidades o las otras instancias se han agotado y que el Senado decida, al final, cuál puede ser la suerte de un funcionario que lleve ese camino.

Bien lo dice Elizur Arteaga, la responsabilidad política es muy amplia, está contemplado...

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Señor senador, le ruego contemplar el tiempo.

El senador Juan José Rodríguez Prats:

Termino, termino, señor Presidente.

... Están contempladas las causales en el artículo 7º y en el artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y creo que en este caso se tipifican.

Seamos congruentes también de presentar estas denuncias y que por fin se logre aplicar esta responsabilidad política, que es una arma poderosa para perfeccionar la democracia y acabar con la impunidad.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Para servirle.

Tiene el uso de la voz el señor diputado Pablo Gómez, para contestar alusiones personales.

El diputado Pablo Gómez Alvarez.

Gracias, diputado Presidente.

Voy a responder las alusiones personales que hizo el senador Rodríguez Prats.

No es necesario que presente una denuncia penal contra el senador Diego Fernández de Cevallos, el delegado del Procurador General de la República en el Distrito Federal y un individuo del Cisen. Estos hechos que están trascendiendo a la opinión pública y que lo primero que tiene que hacer el Procurador pues es abrir un procedimiento, debe hacerlo por obligación. Yo espero que el Procurador cumpla con su deber, si no cumple con su deber, le voy a llamar a usted para que asesore al Procurador y le diga qué es lo que tiene que hacer, y le pase usted anexo algunas citas de personas célebres, haber si se puede inspirar el Procurador en el cumplimiento de la ley.

Segunda cuestión, yo lo que estoy aquí planteando es un asunto de orden político, los partidos crean situaciones de impunidad para sus integrantes en este país, nadie comparece nunca, nadie comparece nunca a órganos internos de control de ética política-partidista.

Nosotros lo hemos hecho, hemos sancionado esta mañana, hemos roto con esa tradición, hemos hecho un esfuerzo, ha sido doloroso sí, ¿por qué?, pues porque admirábamos y queríamos, y admiramos y queremos a los compañeros sancionados el día de hoy, a los dos, pero todo eso no implica complicidad.

Fernández de Cevallos se mete en todas partes, trafica con influencias, lo hace con toda impunidad, con todo cinismo, no responde preguntas de periodistas como anoche en el programa de Televisa, dice: ya lo haré cuando yo quiera, frente a quien yo quiera. Le pregunta más cosas López Dóriga que el presidente del PAN. ¿Dónde está la transparencia, compromiso ético de Acción Nacional? ¿Dónde está en este caso concreto?, no hablemos en términos generales ¿Dónde está un esfuerzo por aplicar los compromisos que los partidos han hecho?

El PAN no abrió ninguna investigación para los Amigos de Fox, ninguna, y le quiero decir una cosa, senador Rodríguez Prats, tampoco la PGR. Yo presenté ahí una denuncia contra Vicente Fox y la PGR no hizo ninguna investigación, no investigó nada, declaró que no había cuerpo del delito y, por lo tanto, no había delito. Le dio carpetazo al asunto, nos veremos en los tribunales federales, voy a seguir con este asunto, pero el PAN nunca averiguó nada, sus miembros, miembros del PAN incluyendo el actual presidente que eran amigos, el principal y más importante amigo de Fox, se llama Vicente Fox, y él era el presidente de la Asociación Civil denominada Amigos de Fox.

Entonces yo conozco ese expediente, mejor que usted, desde luego, lo he visto al revés y al derecho, por razones de que yo fui el denunciante, y le puedo decir que no hubo ninguna investigación absolutamente, nadie compareció ante el Ministerio Público. No se pidieron constancias de bancos del fideicomiso, no se pidió nada a ninguna otra autoridad, se estuvieron haciendo los locos durante meses, para resolver que no hay cuerpo del delito.

Bueno, ese mismo delito es el que presentó Döring en la Sepade contra Bejarano, porque da igual recibir el dinero en efectivo que recibirlo a través de una transferencia, eso sí, muy cibérnetica, muy elegante y muy nice, de millones de pesos a través del sistema financiero nacional. Da lo mismo, aunque tiene menos impacto, claro.

Y cuál fue el resultado, ¿qué investigó el PAN?: nada; ¿qué investigó la PGR?, nada. Son hechos no simples palabras.

Yo espero que cumplan mínimamente con su código de ética; no mucho, poquito, me conformo con poca cosa, senador Rodríguez Prats, en el asunto de Diego Fernández de Cevallos. Usted sabe de quién estoy hablando.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Tiene el uso de la voz el senador Juan José Rodríguez Prats, para contestar alusiones personales.

El senador Juan José Rodríguez Prats:

Con su permiso, señor Presidente:

Le aprecio mucho su reconocimiento a mis escasas cualidades como abogado a las que usted ha hecho mención.

Yo considero que usted, siendo licenciado en economía, me parece que es buen licenciado en derecho; le he reconocido siempre que abandonó usted su profesión e incursionó usted en la norma jurídica, vía la carrera parlamentaria.

Empiezo por el final, Amigos de Fox. El PAN investigó y a fondo, señor diputado. Ha sido el caso más investigado por las autoridades del Instituto Federal Electoral. Me remito a un testimonio, me remito, si me quiere interpelar, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Señor diputado, no se permite el diálogo.

El senador Juan José Rodríguez Prats:

Afortunadamente hay un artículo de Jaqueline Peschard, extraordinaria consejera del Instituto Federal Electoral, en el mes de octubre, en donde relata todo lo que se hizo en relación con los Amigos de Fox: las cuentas públicas, cómo se investigaron, cómo se empalmó, ciertamente, una organización que apoyó en la precampaña a Vicente Fox y que no está contemplado en los códigos electorales y que posteriormente se sanciona con el 350% una aportación de 11 mil dólares que vinieron de Los Angeles y se sanciona 18 millones de pesos que se rebasó el tope de campaña.

Y desafortunadamente, por lagunas en la ley, no constituyen delito. Por eso también la Procuraduría General de Justicia señaló que definitivamente no había cuerpo de delito ni había delito que perseguir.

Ahí está todo el expediente. Qué bueno que usted lo conoce, porque la sanción ---lo dice Jaqueline Peschard---, de 360 millones de pesos al Partido Acción Nacional y de 180 millones al Partido Ecologista es la más rigurosa que el IFE ha impuesto en toda su historia, muy por debajo de los 1 mil millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional, cuando había recibido 1 mil 500 millones de pesos, plenamente comprobados, de parte del Sindicato de Pemex.

Aquí, repito, se multiplicó por varios la sanción que se impuso. Y el asunto ahí está y estamos dispuestos a ventilarlo y el PAN, y aquí Gabriela Ruiz hizo una investigación a fondo y se señaló y se dijo: están abiertas las cuentas del PAN para ver que informamos, en su debida oportunidad, de todos los movimientos en la campaña presidencial del año 2000.

Repito, se empalmaron esta organización, que efectivamente apoyó en la precampaña, con lo que fue posteriormente la campaña política ya regulada por el Código Federal Electoral.

Usted habla de una serie de hechos en los que se involucra a un compañero nuestro del partido y, repito, insisto, presente la denuncia. Se pueden hacer diligencias en lugares particulares. Se puede hacer acompañar una persona que está indiciada por un abogado, por un particular, por un amigo; no hay delito. Pero, repito, licenciado, si tiene usted duda vaya a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y presente la querella correspondiente, presente las pruebas correspondientes.

Sí. Todos tenemos el compromiso de mejorar nuestra legislación. Recientemente salió un libro, editado por Miguel Carbonell y por Rodolfo Vázquez, en donde recopilan muchísimos estudios sobre lo que es la política, la corrupción y la ética y ahí se demuestra cuántas leyes salen cada año en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos y que no por tener más leyes se tiene precisamente un mejor Estado de Derecho; inclusive por tener más leyes muchas veces se genera mayor incertidumbre y hay un factor en donde se juega con la interpretación de qué ley es la vigente y esta confusión sin lugar a duda permite la corrupción y permite la burocracia.

Yo creo que sí funcionan y sí tenemos que insistir y sí tenemos que insistir en los códigos de ética. En mi partido, y confieso y veo que también en su partido hay voces, aunque no se ha aterrizado en toda esta congruencia, que estamos en el mismo tenor de tratar de que nuestra vida pública corresponda a lo que el pueblo de México espera de nosotros.

Definitivamente no hay nada que nos avergüence, señor diputado, con la misma actitud de la que usted clama por el PRD, en la misma forma estamos en el Partido Acción Nacional. Y, repito, entendamos una buena teoría de división de órganos del poder y si hay ilícitos cometidos, que se proceda y que tengamos siempre el recurso de la responsabilidad política, que es un recurso abierto y amplio para poder mejorar nuestra vida pública.

Muchas gracias.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Tiene el uso de la voz el diputado Pablo Gómez, para rectificar hechos.

El diputado Pablo Gómez Alvarez:

Gracias, diputado Presidente.

Voy a hacer estrictamente una rectificación de hechos de lo que aquí se ha dicho por el preopinante.

El Instituto Federal Electoral sancionó al Partido Acción Nacional con una multa muy fuerte, demostró el Instituto Federal Electoral que se habían utilizado recursos en forma ilícita en la campaña electoral del Partido Acción Nacional. El asunto está en este momento en el tribunal, yo espero que pronto el tribunal resuelva.

En efecto, podría decirse que está pendiente la etapa digamos jurisdiccional, pero creo que hay una gran cantidad de elementos en la resolución del IFE, la cual conozco también, que demuestran que el PAN utilizó recursos fuera de la ley en esa campaña electoral y por eso fue sancionado.

Bueno, esto ocurrió, pero en su partido, senador, a nadie sancionaron. Nadie fue el culpable de eso, ¿quién sabe qué pasó? Llegó un fantasma, puso el dinero, lo usaron, nadie se dio cuenta, el partido no existe, ese algo de la luna. ¡No hay PAN! ¡No hay ética! ¡No hay nada! ¡No hay partido! ¡No hay estatutos! ¡No hay miembros!

Lo que usted dice cuando afirma que el Instituto Federal Electoral demostró una serie de cosas y sancionó, es lo que me da la razón. Qué bueno que me dé usted la razón.

El tema que yo estoy planteando aquí es el comportamiento de los partidos frente a ilegalidades cometidas por sus miembros, no el comportamiento de las autoridades electorales o el comportamiento de las de procuración de justicia.

¿Es una seña a mí o va con el Presidente?

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Un momento, señor diputado.

Suspendan por favor el marcaje.

A sus órdenes, señor diputado.

El diputado Federico Döring Casar (desde su curul):

Señor Presidente, si fuera tan amable de preguntarle al orador si me acepta una interpelación.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

¿Acepta usted la interpelación, señor diputado?

El diputado Pablo Gómez Alvarez:

Con mucho gusto.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Adelante, señor diputado.

El diputado Federico Döring Casar (desde su curul):

Gracias, señor Presidente.

Diputado Pablo Gómez, yo quisiera en su carácter de diputado federal por el Distrito Federal, preguntarle si conoce usted el proyecto de reforma electoral que el grupo parlamentario del PRD ha venido impulsando en la Asamblea Legislativa y que está me parece al tenor del tema que usted ha traído a la tribuna.

El diputado Pablo Gómez Alvarez:

No, no lo conozco.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Sí, continúe el marcaje.

El diputado Pablo Gómez Alvarez:

Creo que no es el tema cuando yo hablo de Diego Fernández de Cevallos y un diputado habla de la Asamblea aquí, quiere decir que quiere subir a la tribuna a hablar de otro asunto para no hablar de Diego.

Sí, también pueden hablar de quien quieran, yo estoy hablando en este momento de lo que ayer dijo el señor Diego Fernández de Cevallos, de eso estoy hablando y afirmo, que si él niega ser abogado de Ahumada, Rodríguez Prats, no crean ustedes que estamos hablando con un abogado, es otra cosa Rodríguez Prats, si él negó ayer ante López Dóriga que fuera abogado de Ahumada, ¿qué tenía que hacer en una diligencia con la presencia del Ministerio Público y el Cisen?, ¿qué tenía que hacer?, ¿qué tenía que hacer? Esto le tiene que preguntar el PAN al senador Diego Fernández de Cevallos, pero no creo que tenga usted el valor de preguntárselo.

No hay nada que nos avergüence, dice Rodríguez Prats, pues a mí si me avergüenzan todos estos hechos, perdón, sí, son vergonzosos, todo lo de los vídeos, lo del dinero, lo de la, bueno, que se pusieron de acuerdo el Ministerio Público, el representante del Procurador con un funcionario de Gobernación del Cisen, con un senador panista, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y este truhán de Carlos Ahumada, todos puestos de acuerdo, reunidos, claro que es vergonzoso, claro que me avergüenza de que esas cosas ocurran en este país, claro que me avergüenza que ensucien la función pública, claro que nos avergüenza a los mexicanos estos hechos de corrupción, de conspiración, de coalición de servidores públicos, de todo eso. Si usted no se avergüenza por eso, no me extraña, quiere decir que en efecto eso es lo que a usted le falta, vergüenza, señor senador.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Tiene el uso de la voz el señor senador José Rodríguez Prats, para contestar alusiones personales.

El senador Juan José Rodríguez Prats:

Qué triste. Con su permiso, señor Presidente.

Qué triste que haya usted degradado el debate, señor diputado, creo que estábamos hablando de cuestiones importantes y entra usted, lo cual hace muy frecuentemente cuando se ve perdido, al insulto personal y a la agresión que voy a hacer a un lado en el ánimo de esclarecer los hechos y de precisar algunas cuestiones y pretendo hacerlo en forma puntual.

Dice usted que el PAN utilizó recursos ilícitos; eso no es cierto, lo hizo la organización Amigos de Fox, no ilícitos porque su origen eran aportaciones de particulares; el PAN asume, el PAN asume porque lo señala el Código Federal Electoral, que el Partido es responsable de su candidato y el PAN asume esa multa y la está defendiendo en el Tribunal Electoral porque le parece una sanción totalmente injusta y excesiva. Simplemente lo aclaro porque me parece que ahí falta usted a la verdad.

En relación al porqué Diego Fernández de Cevallos estaba en esa reunión, es un representante popular, se le pudo haber invitado y pudo haber asistido; no estoy afirmando que ahí estuvo ni estoy señalando que haya alguna responsabilidad, pero repito, presenten la denuncian y si hay una responsabilidad penal, que se deriven, ahí las sanciones correspondientes, pero si a usted lo hubieran invitado a una reunión para conocer algún asunto de otro partido o algún asunto de deshonestidad, creo que pudo usted asistir sin incurrir en ello en ninguna responsabilidad penal. Somos representantes populares y nos interesa lo público, no veo en ello nada que pueda comprometer su autoridad moral, pero repito, si usted así lo siente, presente la denuncia correspondiente.

Y nuevamente se desvía usted del tema, Gustavo Ponce estaba en Las Vegas, no lo condujo Diego Fernández de Cevallos, no lo llevó, ahí estaba y está involucrado en los ilícitos y en la desviación de fondos de la Gustavo A. Madero, ahí está y ahí esta el vídeo donde está involucrado René Bejarano, totalmente, con dineros que no se informaron y están involucrados cuando menos tres o cuatro delegados; esos son los hechos y no hemos visto la reacción correspondiente en el partido para que se castigue y se sancione.

No, no basta suspender derechos, no basta pedir una renuncia, no es suficiente, señor diputado. Hay que precisar, hay que precisar, porque a su partido lo permeó la corrupción de arriba abajo, simplemente un contratista daba dinero y financiaba campañas en Tabasco, en delegaciones en otras entidades del país, lo llevaba Rosario Robles, inclusive para incrustar funcionarios, precisamente en las áreas administrativas y en las áreas de obras públicas.

Esos son los hechos, hechos punibles, hechos que constituyen delito y no hemos visto que se abran las investigaciones para que se castiguen, no lo hemos visto. Como partido no basta suspender derechos, no basta...

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Señor diputado, está prohibido y usted lo sabe el diálogo.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):

Señor Presidente, pregúntele usted al señor senador, si me acepta una pregunta.

El senador Juan José Rodríguez Prats:

Encantado.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Adelante, señor diputado.

Suspendan, por favor el marcaje.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):

Voy a aprovechar a hacerle una pregunta a usted, señor senador, para intentar que supere usted, una pequeña parte de su ignorancia.

El procedimiento es éste y le voy a hacer la pregunta, pero primero voy a decir lo anterior. El procedimiento en el PRD es: se abre un periodo en el cual el Comité Ejecutivo Nacional, que no es instancia para hacer sanciones, abre un procedimiento de urgencia e impone una sanción que sólo puede ser el de suspensión de derechos y nada más. Lo turna al órgano jurisdiccional del partido y ahí se lleva a cabo un proceso, porque la persona tiene derecho a defenderse, creo yo, ¿no? Y ahí se presentan las pruebas de cargo, de descargo etcétera, en un tribunal interior.

Eso no lo podemos hacer en cuatro días. El Comité Ejecutivo Nacional lo que hizo fue suspender a estas personas y hoy abrió otro procedimiento contra el delegado de Gustavo A. Madero.

La pregunta es, platíqueme usted, ¿cómo es en el PAN el procedimiento?, dígame usted, responda usted, ¿cuál es el procedimiento en el PAN?

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Adelante.

El senador Juan José Rodríguez Prats:

Bueno, en primer lugar, señor diputado, yo le preguntaría, ¿cuándo abrió el PRD la investigación, cuando el senador Demetrio Sodi, clamaba y señalaba a René Bejarano que encabezaba las mafias y distribuía candidaturas, dando dinero?, ¿cuándo abrió esa investigación?, ¿cuándo abrió la investigación el PRD, ante las imputaciones del público y ante la demostración que hizo el señor diputado Döring en la Asamblea de que se habían desviado recursos de Rosario Robles, al frente del Gobierno de la ciudad, cuando las abrió?

Las abre cuando se exhibe públicamente la podredumbre que hay en su partido, ahí es cuando decide aplicar la ley. En el PAN...

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Continúe el marcaje del reloj.

El senador Juan José Rodríguez Prats:

No he terminado de responder.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Hubo pregunta y repregunta, mi querido señor senador. Adelante.

El senador Juan José Rodríguez Prats:

En el Partido Acción Nacional, yo lo invitó a que asista y aquí está el senador Jáuregui que forma parte de la comisión de orden, que es el partido que más sanciona y que más sesiona, en relación a violaciones y a falta de disciplina o actos de corrupción que se dan en el país, muchas veces salidas de nuestras filas, es condición humana y se castigan, señor diputado. Yo lo invitó a que vea usted, ese archivo que es muy voluminoso, de la forma en que procede el Partido Acción Nacional.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

¿Concluyó su respuesta ya, señor senador?

Adelante con el reloj marcador.

El senador Juan José Rodríguez Prats:

Concluí mi respuesta.

Por último, es similar en todos los partidos políticos. No basta, no basta, no basta venir a decir que se tiene mucha vergüenza; no basta venir a curarse en salud; no que se aplique la ley. Hay delitos que involucran al Jefe de Gobierno, hay delitos que tienen que ser esclarecidos en su partido en todas las delegaciones, ahí está la tarea más importante.

Después seguiremos hablando de reformas jurídicas, de cómo se crean comisiones, pero ahí está la tarea que ustedes en el PRD tienen.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Tiene el uso de la voz el señor diputado Manuel Camacho.

El diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Con su venia, señor Presidente; distinguidas legisladoras y legisladores:

Todos sabemos que estamos ante una situación política grave. Esto va más allá de la discusión de los partidos, hay una situación que debería preocupar a todos los aquí presentes.

Voy a leer las facultades en lo que toca al asunto que discutimos, de la Secretaría de Gobernación: establecer coordinación y cooperación interinstitucional en apego estricto a sus respectivos ámbitos de competencia, con la finalidad de coadyuvar en la preservación de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.

Luego las facultades del Cisen: establecer y operar un sistema de investigación e información que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.

La Secretaría de Gobernación es un órgano del Estado y el Cisen es un órgano del Estado. El Procurador y la Procuraduría son órganos del Estado y los hechos que estamos viendo, de los que somos testigos, de los que ha dado testimonio la prensa esta mañana y que han sido ya parcialmente ratificados, nos están diciendo que funcionarios importantes del Gobierno mexicano, por lo pronto los presentes en la reunión, violaron la ley, que no actuaron como representantes del Estado.

Estos hechos, todos lo sabemos, cambian el curso de los acontecimientos, ya no sólo es un tema de corrupción de un Gobierno local; hoy es un asunto político-nacional sobre el cual tenemos que pronunciarnos. Ustedes recuerden en qué consistió el Water Gate: en montar una operación política en contra de un opositor.

Yo creo que estamos aquí ante la obligación de exigirle al Secretario de Gobernación que diga la verdad, porque ya no la dijo; él aseguró la semana pasada que la Secretaría no había tenido ninguna participación en estos hechos; de exigirle también al Procurador General de la República que diga la verdad y que lo hagan antes de que el problema se vuelva más grande. Hoy la verdad puede salvar a las instituciones del país. Necesitamos que ambos funcionarios, si cometieron un error, si no estaban enterados, que así lo aclaren, pero esto no puede quedar como un asunto más en estos escándalos mediáticos. Aquí se han violado ya muchas leyes y está de por medio la autoridad moral del Gobierno de la República.

En aras de proteger al Presidente de la República, desde esta tribuna solicitamos a ambos funcionarios que den una explicación honesta, sincera, puntual y concluyente para que se tomen las decisiones legales correspondientes. De no hacerlo así estaremos viendo el curso de una descomposición de la autoridad, que ni al PAN ni al PRI ni al PRD nos conviene, que sería muy dañina para la nación. Exigimos verdad y cumplimiento de la ley.

Cuidemos al Presidente de la República, cuidemos a los Poderes de la Unión, pero hoy eso no se puede hacer negando los hechos. Tendrá que conocerse la verdad completa y ésa es la solicitud que le hago, no al Presidente para no involucrarlo, pero sí a los funcionarios que ya demostraron que no dijeron la verdad y cuyos funcionarios han violado abiertamente la ley.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Tiene el uso de la voz el señor diputado Federico Döring.

El diputado Federico Döring Casar:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Cuando me refería al proyecto de Reforma Electoral de la Asamblea Legislativa, lo hice porque expone al desnudo, al igual que la manera grotesca en la que se ha evidenciado la corrupción de los más cercanos colaboradores de Andrés Manuel López Obrador, el doble de discurso de lo que ha traído a la tribuna el diputado Pablo Gómez.

Y habría que recordar que la minuta de Reforma Electoral que impulsó el PRD comanditado por el hoy tan, tan ignominioso René Bejarano, era una minuta que cercenaba en aras de la austeridad republicana el orden electoral.

Déjenme darles sólo una muestra. En aras de la austeridad republicana y del adelgazamiento del aparato burocrático, se eliminaba del Código Electoral del Distrito Federal y de las atribuciones, pero sobre todo la estructura orgánica del Instituto Electoral, la Comisión de Fiscalización.

El diputado Gómez que viene aquí a ufanarse de fiscalización y de rendición de cuentas y que exige transparencia y fiscalización, es integrante de un partido político que con una mayoría aplastó a las voces de la oposición e impuso un proyecto de reforma electoral que mereció una iniciativa de reformas y adiciones al Estatuto de Gobierno que ha presentado el Presidente de la Comisión del Distrito Federal en el Senado, el senador David Jiménez, y es una contrarreforma para garantizar y preservar, desde el ámbito del Estatuto de Gobierno, las atribuciones del órgano electoral y sobre todo las de la Comisión de Fiscalización.

Si eso no es un contrasentido, si eso no es un doble discurso, difícilmente lo vamos a poder a acreditar de otra forma. Pero ése no es el tema, ya lo dijo el senador Rodríguez Prats, el tema no es el IFE, no es el Instituto Electoral del DF, no es el senador Fernández de Cevallos, no fuimos ni Diego ni yo quienes arrastraron a alguien a apostar nuestros impuestos a Las Vegas; no fuimos ni Diego ni yo quienes arrastraron al coordinador de campaña de López Obrador a reunirse en lo clandestino con un empresario que estaba en la mira de la contraloría capitalina, a aceptarle toneladas de dinero para financiar proyectos políticos-electorales que no es ni el mio ni el de Diego Fernández de Cevallos, es el de Andrés Manuel López Obrador.

Y cuando se viene aquí a decir que se está actuando con congruencia y que se está investigando, esto es una mentira que cae por su propio peso, como ha caído el discurso falaz y demagógico de López Obrador.

Si se está investigando en el PRD hasta sus últimas consecuencias, déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué a López Obrador el Comité Ejecutivo Nacional del PRD no lo ha llamado a cuentas? ¿Por qué a él no le piden una explicación? ¿Por qué se pone en tela de juicio la honorabilidad de todos los integrantes del PRD, excepto lo de López Obrador? ¿Por qué todo mundo tiene que rendirle cuentas al CEN del PRD, excepto López Obrador? ¿Qué no también él debe de rendir cuentas al CEN? ¿Qué no también él tiene mucho que aclarar entre su partido y ante la opinión pública? ¿Qué no él le evade cotidianamente con cortinas de humo, como ésta que trae ahora Pablo Gómez, la realidad del asunto?

Lo grotesco del asunto, eso es irrefutable y para eso no hay argumentos y como para eso no hay argumentos hay que encontrar nueva ciencia-ficción como la que se cocina en las mañanas y traer aquí la confabulación del complot.

Ya hasta ahora el diputado Camacho trae esta conspiración del Water Gate, cuando peor conspiración que hay en la ciudad, es la conspiración que comandita la mafia de funcionarios capitalinos que está saqueando al erario público para llevarlo a Las Vegas, que está ordeñando contra artistas capitalinos y que no está llegando al fondo de las investigaciones.

Ahora tenemos el colmo del cinismo y la versión mexicana de Hugo Chávez, está orquestando una marcha a favor de la corrupción, a favor de la tolerancia y del oscurantismo de la corrupción capitalina.

Así está Venezuela, señores, con ingobernabilidad, con instituciones que no funcionan porque el titular del Ejecutivo cree que marchando en la calle y denostando a sus adversario es como va a solucionar los problemas de la ciudad.

Igualitos en la evasión de los temas, igualito los dos en la evasión de su responsabilidad, lo que esta ciudad necesita irónicamente es un poquito de honestidad valiente, un poquito de rendición de cuentas, un poquito de gallardía en asumir cuando alguien se equivoca. Lo que no se vale es que alguien que sea rodeado de puro hampón, porque le estalló quien le manejaba el coche, le estalló quien le manejaba los dineros y le estalló quien le maneja a la política, nos diga como reza el refrán popular: ``Que el que con lobos anda, a aullar se enseña''.

Y ahora resulta que el impoluta de López Obrador, que está rodeado a diestra y siniestra por corrupción, no es llamado a cuentas por su partido, no es llamado a cuentas por su Asamblea Legislativa, porque ni siquiera se ha integrado el quórum para poder llevar a cabo lo que serían las diligencias primigenias, para llegar al fondo de los hechos y aquí habría que poner ojo en la iniciativa del senador David Jiménez.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Tiene el uso de la voz el senador Demetrio Sodi, para rectificación de hechos.

El senador Demetrio Sodi de la Tijera:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Yo creo que este es un debate que obviamente va a llevar todavía, desgraciadamente muchas semanas y es un tema que también desgraciadamente, conforme va pasando cada día, van surgiendo nuevas violaciones a la ley por diferentes actores políticos y es un debate que no hay que evitar; yo creo que ya que estamos como país metidos en esta situación extrema, no hay que evitarlo, hay que profundizarse en el debate.

Qué bueno que se dio el debate en este momento, qué malo que se da cuando estamos tratando de crear una comisión que tiene un objetivo diferente. Qué bueno que se dé, porque simplemente no podemos ignorar los acontecimientos del día y el acontecimiento del día, hoy, sin duda, es lo que sucedió ayer en esta reunión que se hizo pública de la participación de funcionarios del Gobierno Federal, tanto del Cisen como de la Procuraduría y de un senador en algo que es abiertamente ilegal.

Pero yo creo que lo que sí, ojalá lo logremos como legisladores, es, sin evitar el debate, ojalá logremos sacar esta comisión al margen del debate político que va a existir y que va a estar presente en las próximas semanas.

Ojalá esta comisión pudiera salirse de la coyuntura política, del escándalo político, de las acusaciones de un partido a otro, de una corriente a otra. Ojalá pudiéramos, de veras, que en esta comisión nos abocáramos a tomar medidas para remediar los conflictos que estamos viviendo, no para comentarlos, no es una comisión de investigación, no es una comisión para analizar los problemas que están enfrentándose en los partidos, en las investigaciones, para eso está la Procuraduría, para eso habrá otros foros de debate. Ojalá de veras podamos, en las próximas cuatro semanas, lograr que esta comisión se aboque a hacer propuestas.

Ojalá salgamos de este ``porquerillero político'' que estamos viviendo y nos metamos a hacer propuestas que puedan darle a la Nación, que puedan darle a la población una mayor claridad, una mayor transparencia, una mayor seguridad de lo que queremos en la vida política. Yo simplemente quise pasar a la tribuna para eso.

Se aprovechó la presentación y así fue pactado, de esta propuesta de una comisión, pero ojalá, de veras, marginemos a la comisión del debate y aprovechemos los errores que se han cometido para legislar y que no se vuelvan a cometer.

Gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Se ha agotado la lista de oradores.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:Suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo único, mediante el cual la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y Senadores, para que propongan al pleno de cada Cámara, como asunto de carácter de urgente y obvia resolución, la integración de una comisión especial bicamaral que se aboque al estudio de los sistemas de control de la administración y rendición de cuentas dentro de los Poderes de la Unión, para efecto de que formulen un proyecto de iniciativas de ley que fortalezcan y hagan más eficiente el ataque a la corrupción política en México.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:Aprobada. Comuníquese.

SEGURIDAD PUBLICA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Tiene la palabra el diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador General de la República, informen sobre la evolución en los últimos tres años de los índices de criminalidad en delitos de alto impacto social, como el secuestro, así como las acciones que se ejecutan para combatir a los cárteles del narcotráfico en el país.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados y senadores:

En la sesión del día 21 de enero de 2004 presenté ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo a efecto de que se solicitara la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública y nos informara en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública los índices de criminalidad y otra serie de aspectos relacionados con estos temas de su competencia.

Este asunto fue turnado a la Primera Comisión de Trabajo y ahí se consideró conveniente solicitarle la información.

Asimismo en la sesión del día 4 de febrero de 2004, presenté ante esta Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo a efecto de que se solicitara al Procurador General de la República un informe detallado sobre las acciones que la institución a su cargo está ejecutando para combatir la delincuencia organizada y a los cárteles del narcotráfico y otra serie de asuntos relacionados con sus penas.

Dicha proposición fue aprobada incluso por esta Comisión Permanente como de urgente y obvia resolución, en la misma fecha de su planteamiento, esto es, el 4 de febrero de 2004. Los motivos que impulsaron al grupo parlamentario de mi partido, el PRI, por nuestro conducto para hacer valer estas proposiciones, están descritos en las versiones estenográficas relativas.

La importancia de las consideraciones expresadas en su momento, el desfavorable impacto que el crimen tiene en la vida diaria de la sociedad mexicana, la desinformación que en el sentido estadístico al respecto existe, la que a su vez dificulta evaluar adecuadamente las actividades institucionales en la materia y en su caso, propiciar que los legisladores formulemos iniciativas o propuestas políticas sobre el particular, justificaron en su oportunidad que los puntos de acuerdo descritos fueran aprobados sin discusión por los integrantes de esta comisión.

Sin embargo ni el hecho de que vivamos en la era del software, de la existencia de la información electrónica o de la disposición automática de datos ni la transparencia de la función pública que tanto pregona el titular del Ejecutivo Federal han sido suficientes, para que a más de un mes de que aprobamos estos puntos de acuerdo, esta Comisión Permanente, que hoy celebra su última sesión del receso, reciba respuesta de los servidores públicos atentamente requeridos.

No quiero presuponer que hay falta de eficiencia en el de-sempeño de estos servidores públicos o que haya una actitud deliberada de desprecio a las determinaciones de esta honorable representación.

No obstante, cualquiera que sea la razón de estas injustificables demoras, es preciso procurar se nos informe al respecto, ya que persisten las problemáticas de fondo que sustentaron los puntos de acuerdo.

En razón de los expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, como de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un atento recordatorio al Secretario de Seguridad Pública en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública respecto al punto de acuerdo aprobado por esta Comisión Permanente el pasado 28 de enero de 2004, en el sentido de que informara detalladamente sobre la evolución en los tres últimos años de los índices de criminalidad en delitos de alto impacto social, particularmente del secuestro, las medidas preventivas y correctivas que habrán de instrumentarse, para disminuir esos índices de criminalidad, las tasas de impunidad registradas y las acciones de coordinación entre instancias que se ejecutarán para combatir el delito.

Segundo. Se hace un atento recordatorio al Procurador General de la República respecto al punto de acuerdo aprobado por esta Comisión Permanente el 4 de febrero de 2004, en el sentido de que informara detalladamente sobre las acciones que se ejecutan para combatir la delincuencia organizada y a los cárteles del narcotráfico en el país, así como todos los otros aspectos relacionados en el citado punto de acuerdo.

Lo planteo de urgente y obvia resolución porque ésta es la última sesión y me parece que no es correcto que a un mes de que hayamos tomado esta determinación las autoridades no nos hayan informado ni siquiera de los datos estadísticos que se supone deben estar en una simple y sencilla base de datos.

Esperamos que estos aspectos, que son tan importantes para la sociedad, al igual que la corrupción, como la falta de seguridad y la impunidad, no queden en simples planteamientos que no atacan nuestras autoridades.

Muchas gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador General de la República a que informen sobre la evolución en los últimos tres años de los índices de criminalidad en delitos de alto impacto social, como el secuestro, así como acerca de las acciones que se ejecutan para combatir a los carteles del narcotráfico en el país, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del PRI.

El suscrito, diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades contenidas en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ustedes la proposición con punto de acuerdo siguiente

Antecedentes

Primero: En la sesión del día 21 de enero de 2004 presenté ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo a efecto de que se solicitara la comparecencia del C. Secretario de Seguridad Pública, en su carácter de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, para que, ante la escalada de violencia que vive nuestro país, informara sobre la evolución en los tres últimos años de los índices de criminalidad en delitos de alto impacto social, particularmente del secuestro; las medidas preventivas y correctivas que habrán de instrumentarse para disminuir esos índices de criminalidad; las tasa de impunidad registradas; y las acciones de coordinación entre instancias que se ejecutarán para combatir el delito.

Por acuerdo de la Presidencia, esa proposición fue turnada a la Primera Comisión de esta Permanente, la que el 22 de ese mismo mes determinó someter a la consideración de este pleno, el solicitar que el referido servidor público proporcionara por escrito la información relativa.

En 28 de enero de 2004, este mismo pleno aprobó el punto de acuerdo relativo.

Segundo: Asimismo, en la sesión del día 4 de febrero de 2004, presenté ante esta comisión permanente, una proposición con punto de acuerdo a efecto de que se solicitara al C. Procurador General de la República un informe detallado sobre las acciones que la institución a su cargo está ejecutando para combatir a la delincuencia organizada y a los cárteles del narcotráfico en el país, y los resultados hasta ahora obtenidos para detener la producción, comercialización y consumo de estupefacientes; así como sobre las acciones desarrolladas para coordinar la investigación y persecución de los homicidios cometidos presuntamente por grupos de narcotraficantes en el estado de Sinaloa en 2003 y 2004, y las medidas de prevención que para este tipo de crímenes se implementarán.

Dicha proposición fue aprobada por esta Permanente, como de urgente y obvia resolución, en la misma fecha de su planteamiento, esto es el 4 de febrero de 2004.

Consideraciones

Los motivos que impulsaron al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a plantear, por mi conducto, esas proposiciones, están descritos a detalle en las versiones estenográficas relativas.

La importancia de las consideraciones expresadas en su momento; el desfavorable impacto que el crimen tiene en la vida diaria de la sociedad mexicana; la desinformación que en el sentido estadístico al respecto existe, la que a su vez dificulta evaluar adecuadamente las actividades institucionales en la materia y, en su caso, propiciar que los legisladores formulemos iniciativas o propuestas políticas sobre el particular; justificaron en su oportunidad que los puntos de acuerdo descritos fueran aprobados sin discusión por los integrantes de esta Comisión Permanente.

Sin embargo, ni el hecho de que vivamos en la era del software, de la existencia de la información electrónica o de la disposición automática de datos; ni la transparencia de la función pública, que tanto pregona el titular del Ejecutivo Federal, han sido suficientes para que -a más de un mes de aprobados ambos puntos de acuerdo- esta Comisión Permanente, que hoy celebra su última sesión del receso, reciba respuesta de los servidores públicos atentamente requeridos.

Hasta ahora, la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente no ha dado cuenta de la recepción de la información solicitada.

La omisión en que, para informar, han incurrido los ciudadanos secretario de Seguridad Pública y procurador general de la República sólo puede interpretarse de dos maneras:

Una, como consecuencia de una notoria ineficiencia en el desempeño institucional de las dependencias a su cargo; otra, como resultado del habitual desprecio que el Ejecutivo Federal tiene, por razones de sobra conocidas, hacia el Congreso de la Unión.

No obstante, cualquiera que sea la razón de las injustificables demoras, es preciso procurar que se nos informe al respecto, ya que persisten las problemáticas de fondo que sustentaron los puntos de acuerdo.

En razón de lo expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, como de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se hace un atento recordatorio al C. Secretario de Seguridad Pública, en su carácter de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, respecto al punto de acuerdo aprobado por esta Comisión Permanente el 28 de enero de 2004, en el sentido de que informara detalladamente sobre la evolución en los tres últimos años de los índices de criminalidad en delitos de alto impacto social, particularmente del secuestro; las medidas preventivas y correctivas que habrán de instrumentarse para disminuir esos índices de criminalidad; las tasas de impunidad registradas; y las acciones de coordinación entre instancias que se ejecutarán para combatir el delito.

Segundo.- Se hace un atento recordatorio al C. Procurador General de la República, respecto al punto de acuerdo aprobado por esta Comisión Permanente el 4 de febrero de 2004, en el sentido de que informara detalladamente sobre las acciones que se ejecutan para combatir a la delincuencia organizada y a los cárteles del narcotráfico en el país; los resultados hasta ahora obtenidos para detener la producción, la comercialización y el consumo de drogas; en lo particular, para, investigar o perseguir o coordinar la investigación o persecución de los homicidios cometidos presuntamente por cárteles, mafias o grupos de narcotraficantes del estado de Sinaloa en 2003 y 2004; las medidas que implementará para prevenir nuevos crímenes vinculados al narcotráfico en ese estado y en toda la República; así como sobre las acciones que la institución a su cargo está ejecutando para combatir el narcomenudeo en el país.

Palacio Legislativo, a 10 de marzo de 2004.--- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Gracias a usted, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Se considera de urgente resolución.

En consecuencia, está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores.

Esta Presidencia tiene registrada únicamente, y en pro, a la diputada Minerva Hernández Ramos. Adelante, diputada.

La diputada Minerva Hernández Ramos:

Con su permiso, señor Presidente.

El fenómeno del narcotráfico, en sus efectos, entraña también un problema de salud pública.

La Procuraduría General de la República tiene, dentro de sus atribuciones, la de establecer mecanismos de coordinación con otras instancias federales y locales para cumplir con su cometido.

Por ello no basta saber qué acciones está implementando para combatir el narcotráfico, sino también conocer aquellas acciones que tiene contemplado realizar en coordinación con las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, principalmente la Secretaría de Salud.

En este mismo sentido y en razón de que el narcotráfico abarca la comisión de diversas conductas delictivas como el secuestro, también se hace pertinente que en la propia dependencia y los responsables de garantizar la seguridad pública del país informen a esta soberanía de manera pormenorizada lo que se está haciendo para enfrentar y erradicar los severos impactos que genera la delincuencia organizada, así como los actos y hechos de corrupción que pudieran estarse presentando por parte de los agentes encargados de investigar los delitos propios de la delincuencia organizada.

En este sentido propongo también que se solicite a los secretarios de Salud, de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, que informen sobre el particular, ya que cabe señalar que nuestra legislación interna del propio Congreso de la Unión nos faculta para requerir todo tipo de información y documentos para el buen desempeño de nuestro encargo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Aprobada. Comuníquese.

REPUBLICA DE HAITI
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Tiene la palabra el diputado Manuel Camacho Solís para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la crisis política en Haití y el cierre de la Embajada mexicana.

Dicha proposición está suscrita por los diputados Juan José García Ochoa y Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Señor Presidente, dado que ya ha sido publicada, le solicitamos que simplemente sea turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre la crisis política en Haití y el cierre de la Embajada Mexicana, suscrita por los diputados Juan José García Ochoa y Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del PRD.

Los suscritos diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1.- Como todos ustedes saben, la República de Haití, vive momentos de grave crisis institucional, la cual se remonta al año 2000 cuando se celebraron elecciones legislativas y que la oposición calificó de fraudulentas.

2.- A partir de febrero pasado se vino desarrollando una espiral de violencia que involucró a las fuerzas de seguridad afectas al Presidente Jean Bertrand Arístide y a una oposición armada que ha aglutinado a grupos afines al aparato represivo de la ex dictadura o al narcotráfico.

3.- Que la oposición pacífica y democrática de Haití se ha visto gravemente afectada y reprimida durante el conflicto y corre el riesgo de sufrir nuevos actos violentos por parte de los grupos afines al gobierno o por los otrora grupos paramilitares y policíacos de la dictadura duvalierista.

4.- Que el 21 de febrero pasado gobierno mexicano, por conducto la de Secretaría de Relaciones Exteriores, recomendó a la comunidad mexicana que se encuentra en territorio haitiano su salida del país, señalando expresamente que los que decidan quedarse ``lo harán por su propia voluntad''.

5.- El 25 de febrero pasado el gobierno mexicano, nuevamente por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó a la opinión pública que se había enviado una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a Puerto Príncipe para proceder a la evacuación de los nacionales mexicanos que aún permanecen en ese país y al personal de la Embajada de México acreditado en Haití. En dicho comunicado oficial se aclara que ``la Embajada de México en Haití permanecerá cerrada temporalmente mientras no existan todas las condiciones que garanticen la seguridad del personal diplomático.

6.- Que una de las funciones básicas del personal diplomático mexicano acreditado en el extranjero es brindar una protección inmediata y activa a todos nuestros connacionales que se encuentren en situación de peligro en cualquier país, como sería el caso de la República de Haití, y esto, desde luego, no puede alcanzarse evacuando al personal acreditado y cerrando la Embajada. En otras palabras, en esos momentos de crisis y violencia en otro país, es cuando más se necesita proteger y ayudar a los mexicanos en el extranjero.

7.- Que uno de los pilares fundamentales de nuestra política exterior es el asilo diplomático para todas aquellas personas que, por motivos políticos, son perseguidos en algún país. Se trata de una institución humanitaria cuyo fin último es la protección de los derechos humanos y que, durante décadas, permitió proteger a miles de latinoamericanos cuya integridad física se vio en peligro durante la época de las dictaduras militares, tras golpes de estado o durante conflictos armados. No se pueden olvidar la enorme actividad humanitaria desplegada por nuestra diplomacia en el caso de la República Española, o de nuestras embajadas en República Dominicana, Guatemala, Chile, Argentina, Nicaragua o El Salvador. Fueron verdaderos actos de heroísmo por parte de nuestro personal diplomático que antepusieron la ayuda humanitaria a su seguridad personal.

8.- No obstante la memoria histórica anterior, con la evacuación del personal diplomático y el cierre temporal de nuestra embajada en Haití, se cancela toda posibilidad de apoyo no solo a nuestros connacionales, que por diversas razones decidieron quedarse en ese país, sino de proporcionar la ayuda humanitaria que puedan necesitar nuestros hermanos haitianos.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que, ante esta crisis haitiana, gire sus instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en cuanto las condiciones de seguridad no constituyan un grave riesgo, se regrese al personal diplomático acreditado en ese país, se reabra nuestra Embajada y se cumpla con las funciones de protección a nuestros connacionales y de ayuda humanitaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2004.--- Dip. Juan José García Ochoa (rúbrica).

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

A solicitud expresa del señor diputado Manuel Camacho, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

FINANZAS PUBLICAS DEL GOBIERNO FEDERAL
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Esta Presidencia recibió una proposición con punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal informe sobre los diversos fideicomisos en los cuales no rinde cuentas en los informes trimestrales sobre la situación económica y las finanzas públicas del Gobierno Federal, suscrita por la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Proposición con punto de acuerdo, para que el Ejecutivo Federal informe sobre diversos fideicomisos de los cuales no rinde cuentas en los informes trimestrales sobre la situación económica y las finanzas publicas del Gobierno Federal, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

Situación Financiera

Durante 2003 el déficit del sector público fue de 41,737 millones de pesos, monto menor que el observado en 2002 aun cuando incluye 16,188 millones de pesos del Programa de Separación Voluntaria (PSV). El Congreso de la Unión autorizó la contratación de endeudamiento adicional para destinarse a las liquidaciones de servidores públicos principalmente de base que se separaran de sus puestos. Según el Ejecutivo Federal, el endeudamiento adicional se compensaría en el tiempo con ahorros de la nómina.

Si se descuentan los recursos del PSV, entonces el déficit del sector público se reduce a 25,550 millones de pesos, que equivale al 0.39 del PIB, de los más bajos que se han tenido en la historia reciente.1

1 Véase cuadro 1 del anexo

La composición del déficit de 2003 fue la siguiente:

Déficit del Gobierno Federal: 99,957 millones de pesos.

Superávit de entidades paraestatales de control directo: 55,925 millones.

Superávit de entidades de control indirecto: 2,295 millones.

El Gobierno Federal origina la mayor parte del déficit del sector público; afortunadamente éste se compensó con el superávit de las entidades paraestatales, que proviene principalmente por la aplicación de medidas de recorte al gasto en inversión productiva y estrictos controles al gasto que el Ejecutivo ejerció especialmente en Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE aunque principalmente el superávit se originó por los extraordinariamente altos precios internacionales del petróleo.

Haber alcanzado un nivel de déficit como este satisface únicamente en los mercados financieros del país porque es más económico financiarse con deuda interna que con deuda externa. Al disminuir el déficit, la presión sobre los mercados financieros disminuye por lo que el acceso al crédito se abarata para los sectores sociales y productivos.

Sin embargo, preocupa la forma como se alcanzó dicho déficit: por los ingresos adicionales producto de la venta del petróleo a precios históricamente altos y no derivado de un esfuerzo de disciplina presupuestaria.

Ingresos

Durante 2003 el comportamiento de los ingresos públicos tuvo un excelente desempeño, provocado por dos factores: A) Incremento de los ingresos tributarios. B) Ingresos petroleros.

Por tercer año consecutivo, los ingresos tributarios (impuestos) continuaron creciendo. En 2003 éstos crecieron 5.3% en términos reales respecto a 2002, pasando de 616,062 millones de pesos a 678,540 millones.

Los impuestos que más contribuyeron a este crecimiento fueron el IVA y el ISR. El primero pasó de 218,442 millones de pesos en 2002 a 254,437 millones en 2003, lo que representó un aumento del 11.4% real. El segundo pasó de 318,380 millones de pesos a 336,546 millones, lo que representó un aumento del 1.1% real. Nominalmente, ambos impuestos crecieron en 54,161.8 millones de pesos.

Estos aumentos son verdaderamente significativos porque se obtuvieron en un entorno de desaceleración económica (en el caso del ISR) y de una débil recuperación del consumo privado (en el caso del IVA).

Aun cuando los impuestos aumentaron respecto a 2002, apenas se cumplió la meta programada en la Ley de Ingresos: se presupuestaron 669,329 millones alcanzándose 678,540 millones.

En 2002 no pudo cumplirse la meta programada de recaudación del ISR, ya que se habían presupuestado 364,447 millones de pesos; es decir, este impuesto tuvo una disminución de 27,901 millones.2 Afortunadamente, este faltante fue compensado con el IVA, ya que se tuvo una recaudación mayor a lo presupuestado en 29,286 millones de pesos (se presupuestaron 225,154 millones y se recaudaron 254,437 millones).3

La causa principal que explica el no cumplimiento de la meta programada del ISR, se debe a la sobre estimación que efectuó el Ejecutivo ya que el cálculo incluido en la Ley de Ingresos se hizo sobre la base de una meta de crecimiento económico del 3% que no pudo cumplirse, pues la economía creció sólo 1.2% en 2003. Un crecimiento menor se refleja en menores ventas y utilidades por parte de las empresas, y en consecuencia, en menores pagos de ISR; en contraste, preocupa que sigan siendo los asalariados quienes más soportan la carga del impuesto (53.4%), es decir, los contribuyentes cautivos.4

En relación con el notable desempeño del IVA, éste se puede explicar por dos motivos: la recuperación del consumo, especialmente del consumo privado durante 2003, que tuvo un crecimiento real de 2.4% y por una mayor eficiencia en la administración tributaria.

En relación con la administración tributaria, sigue preocupando que los juicios fiscales que pierde el SAT sean mayores que los que gana: durante 2003, el SAT ganó sólo 13,225 juicios (40%) de un total de 33,035. Esto sugiere severas fallas tanto en la aplicación de las sanciones, como en el procedimiento judicial y en la legislación.

También destacan las cuantiosas devoluciones de impuestos a favor de los contribuyentes; especialmente las del IVA, que ascendieron a 95,290 millones de pesos, monto que representó el 79.5% del total de las devoluciones efectuadas en 2003. Estas devoluciones se originan en las facilidades legales que contempla la Ley del IVA, especialmente, por la aplicación de diferentes tasas, como es el caso por ejemplo, de la tasa 0% ya que los contribuyentes tienen la posibilidad de acreditar el IVA pagado a sus proveedores por la compra de insumos.

Las devoluciones de impuestos representan un subsidio fiscal en los hechos que debe informarse detalladamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En suma, conviene resaltar que en un entorno de desaceleración económica y de una débil recuperación del consumo, el aumento en la recaudación tributaria proviene del esfuerzo de la administración fiscal, lo que sugiere entonces que el margen de maniobra de la evasión y la elusión fiscales es muy grande, por lo que es necesario agotarlo primero antes de aumentar impuestos.5

Gasto público

Durante 2003 el gasto público federal tuvo incrementos prácticamente en todos los rubros, por los incrementos en los ingresos. El gasto programable, es decir, las erogaciones destinadas a mantener el gasto de operación de los programas y proyectos del sector público, fue el que tuvo el mayor aumento. Pasó de 1,060,772 millones de pesos en 2002 a 1,211,647 millones en 2003, lo que representó un aumento de 9.3% real.

El gasto no programable, compuesto principalmente por los adeudos de ejercicios previos y las participaciones, pasó de 220,804 millones a 241,270 millones (4.5% de aumento real) y el costo financiero de la deuda (intereses y comisiones de la deuda pública más el costo de los programas de apoyo a deudores y ahorradores de la banca) de 178,375 millones a 190,912 millones (2.4% de aumento real).

Gasto programable

Desde la perspectiva de la clasificación económica, el gasto corriente tuvo un incremento importante: en 2002 se destinaron 862,714 millones de pesos mientras que este año se erogaron 1,009,000 millones, es decir, tuvo un incremento real del 11.9%. El gasto corriente incluye 16,188 millones de pesos que se erogaron para cubrir el PSV.6

Como en otros años, el principal rubro que explica el crecimiento del gasto corriente son los servicios personales. Éstos pasaron en un año de 478,172 millones a 533,403 millones, lo que representa un crecimiento real por 6.7%. Nominalmente, el aumento fue por 55,231 millones de pesos, es decir, el crecimiento de la nómina fue mayor que el aumento conjunto del IVA y del ISR. A la CFE, el IMSS, el ISSSTE y al Ramo 33 se destinó la mayor parte de este incremento; no obstante, el Ejecutivo Federal no explica si este fuerte incremento se debió a la creación de nuevas plazas o a cubrir incrementos salariales.

Ya que en los últimos tres años los servicios personales han tenido una expansión sin precedentes, a los que se ha destinado los ingresos adicionales provenientes de las reformas tributarias, durante 2003 se implantó el Programa de Separación Voluntaria. Este programa ofreció liquidaciones mayores a las de ley a los trabajadores para incentivarlos a retirarse del servicio público, en adición a la pensión a la que tuvieran derecho con base en sus años de servicio.

Por ello el Ejecutivo Federal informa que por la aplicación de PSV se logró un ahorro en 2003 de 1,000 millones de pesos derivado de la cancelación de 49,263 plazas; sin embargo, no detalló en cuánto tiempo se reflejará como ahorro el total del desembolso de los 16,188 millones tanto en el pago de la nómina como en los pasivos laborales.

El gasto en inversión física tuvo un crecimiento real del 16%, ubicándose en 177,367 millones de pesos cuando en 2002, se ejercieron 146,276 millones. Sin embargo, una parte importante de estos recursos no se reflejaron en obras públicas nuevas o equipamiento porque se canalizaron a dos fideicomisos que se traducirán posteriormente en proyectos nuevos: al Fondo de Inversión en Infraestructura (Finfra) se canalizaron 5,702 millones de pesos y al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), 12,396 millones. Al descontarse estos recursos, la inversión física se ubicó en 159,269 millones, lo que representó un aumento real de apenas 3.1%. En particular, preocupa que la inversión física del Ramo 33, que es la que se destina a infraestructura social como caminos rurales, agua potable, escuelas primarias y saneamiento, fue menor en 5.1% en términos reales que lo ejercido en 2002.7

Gasto no programable

El gasto no programable está compuesto por tres rubros: A) Costo Financiero de la deuda. B) Participaciones a estados y municipios. C) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas).

Durante los últimos años, la estabilidad económica y la reducción de las tasas de interés constituyeron una fuente importante de ahorro de recursos para el sector público federal. Desafortunadamente, parte importante de los ahorros que se generaron en años previos no se reflejaron en un aumento en la inversión sino en gasto corriente.

Sin embargo, dicha fuente se agotó para este año. Por primera vez desde que inició el sexenio el costo financiero tuvo un incremento real de 2.4%, ubicándose en 190,912 millones de pesos cuando en 2002 se ejercieron 178,375 millones.

Las participaciones a entidades y municipios tuvieron un pequeño incremento real de 0.3% porque el Gobierno Federal les descontó un anticipo que les había otorgado en 2002. Cabe aclarar que la Ley de Coordinación Fiscal dispone que los recursos excedentes por mayores precios de petróleo no se participan a las entidades federativas, lo que constituye una ventana de oportunidad para la Convención Nacional Hacendaria.8 No obstante, durante 2003 se acumuló un excedente por 12,396 millones de pesos principalmente por concepto de mayores derechos por hidrocarburos, que podrán utilizar las entidades federativas en infraestructura.

Finalmente, durante 2003 el Ejecutivo Federal reporta un fuerte incremento en el pago de los Adefas por 157.8% real; éstos pasaron de 5,895 millones de pesos en 2002 a 15,890 millones, lo que sugiere un acto irresponsable del Ejecutivo Federal por haber pasado gastos del año pasado a este ejercicio fiscal, dando lugar a suspicacias.9

Conclusiones

Los buenos resultados de las finanzas públicas se debieron al comportamiento favorable del mercado petrolero internacional.

El Ejecutivo utilizó la estrategia de referenciar su propuesta de gasto para 2004 con respecto al cierre esperado de 2003 que traía incorporado los excedentes petroleros para presionar a los legisladores de aumentar impuestos, y con ello no aplicar recortes. Pero si la comparación se hubiera hecho con respecto a lo aprobado por los diputados en 2003, es decir sin incluir los ingresos extraordinarios, su propuesta mostraba que el gasto público estaba aumentando.

La principal causa que impulsa al Ejecutivo Federal a presionar al Congreso de la Unión con sus reformas tributarias tiene su origen en el hecho de que la nómina está ``comiéndose'' los ahorros y los ingresos adicionales provenientes de una mayor recaudación, de los ingresos petroleros y de la disminución del costo financiero de la deuda.

Los contribuyentes cautivos, especialmente los asalariados, siguen constituyendo la principal fuente de ingresos tributarios del Gobierno Federal.

El Ejecutivo Federal no informó con detalle en cuánto tiempo se reflejará en forma de ahorro el desembolso de los 16,188 que costó el PSV tanto en el pago de la nómina como en los pasivos laborales.

La inversión física tuvo una ligera recuperación por primera vez en esta Administración, pero insuficiente para ayudar a la recuperación económica.

Como las devoluciones de impuestos representan en los hechos un subsidio, aunque de tipo fiscal, éstas deben informarse detalladamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Punto de Acuerdo

Exhortar al Ejecutivo Federal a que documente a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el uso y aplicación de gasto en varios fideicomisos de la cuales no rinde cuentas en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas del Gobierno Federal.

México, DF, a 10 de marzo de 2004.---Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica.)»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

A solicitud de la promovente se da cuenta de recibida y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

PARTICIPACIONES FEDERALES
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Tiene la palabra la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dé a conocer las causas de la caída de las participaciones federales en los estados.

La diputada Minerva Hernández Ramos:

Con su permiso, señor Presidente:

Al mes de enero del presente año, las finanzas públicas reflejaron un superávit presupuestario más allá de las expectativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al haber registrado un crecimiento real del 155%. Este comportamiento obedeció tanto a la favorable evolución de los ingresos petroleros como de los no petroleros; sin embargo, la información que la dependencia proporciona a las entidades federativas para el mes de febrero, refleja una disminución en el concepto de los derechos por extracción de petróleo en un 5.46%, en relación con lo recaudado en enero de este mismo ejercicio, hecho que genera incertidumbre y requiere de una explicación sustancial.

La Ley de Coordinación Fiscal establece claramente las contribuciones que integran la recaudación federal participable, sin embargo, en este sentido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le ha faltado claridad y transparencia en su determinación y comunicación a los estados del país.

La información sobre cifras relativas al comportamiento de la recaudación federal participable que envía la Secretaría al Congreso de la Unión, no es con frecuencia suficiente ni oportuna, situación que suele traducirse en un sesgo en las estimaciones.

Por otra parte, el Gobierno Federal ha mantenido una recaudación constante en el renglón del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, específicamente en el rubro de gasolinas, mismo que reporta una caída del 51.62% para el mes de febrero del año en curso, versus el mismo mes del ejercicio inmediato anterior, requiriendo de igual forma una explicación de este comportamiento.

Asimismo, cifras del INEGI indican que en el mes de diciembre pasado nuestro país colocó mercancías en el extranjero por 14 mil 857 millones de dólares, valor 11.1% mayor al del mismo mes del año anterior. En tanto las importaciones de mercancía sumaron en el mes de diciembre 16 mil 63 millones de dólares, 10.2% mayor respecto del cierre anterior.

Dentro de las exportaciones destaca que las ventas de productos manufacturados crecieron 10.2% en el mes de diciembre contra el mismo mes del año anterior.

En la estructura de las importaciones el INEGI señala que las compras de bienes intermedios se elevaron el 11.9% en el mes de diciembre y 2.1% durante 2003, mientras que los bienes de consumo observaron un aumento del 8.1% en el lapso diciembre 2002-2003 y reportan un incremento acumulado del 1.6%.

Al observar el crecimiento económico que ha anunciado en diversas ocasiones el Ejecutivo Federal para el presente ejercicio, consideramos que hay expectativas de mejora para los primeros meses de este año, comparativamente con el ejercicio 2003, situación que en la realidad se contrapone con la reciente disminución del 14.22% en las cifras recaudadas por la Secretaría de Hacienda y participadas a las entidades federativas en el mes de febrero.

Las contribuciones más importantes en este país han sido el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, cuya recaudación es sintomática del flujo económico e inflacionario en los ingresos, hecho que nuevamente se contrasta con la caída en la recaudación federal participable, calculada sobre bases informativas insuficientes.

En febrero tenemos 8 mil 935 millones de pesos, que significan aparentemente un nuevo 27% menos de lo esperado.

En el análisis y discusión de temas relacionados con los ingresos públicos, es necesario conocer el proceso por el cual éstos llegan a las arcas nacionales con oportunidad, veracidad y en estricto apego a la realidad, con la transparencia y legalidad que permitan reorientar las estrategias económicas emprendidas.

El asunto del federalismo exige, por un lado, el reeplanteamiento del Pacto Fiscal de la Federación con los estados y, por otro, es determinante la transparencia con que éste se opere.

En función de los puestos, con fundamento en los artículos 78 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en un plazo no mayor a 15 días informe los motivos de la caída de las participaciones federales que sufrieron las entidades federativas en el mes de febrero, así como adoptar las medidas que permitan validar permanentemente la información relativa a la Recaudación Federal Participable para evitar una mayor recaída en la recaudación sin criterio alguno, siendo necesario que se nos explique de manera consistenta la situación actual y real que guardan las finanzas públicas.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de a conocer los lineamientos de la caída de las participaciones federales en los estados, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PRD

La situación actual de las finanzas públicas, refleja un crecimiento económico que supera las expectativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Ley de Ingresos, al mantenerse una poca oscilación del precio de petróleo y un sostenido tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar, sin embargo, en la información que la dependencia proporciona a las entidades federativas para el mes de febrero, refleja una disminución en el concepto de los derechos por extracción de petróleo en un 5.46% menos, comparado con lo recaudado para el mes de enero de este mismo ejercicio, hecho que genera incertidumbre y que requiere de una explicación sustancial.

La Ley de Coordinación Fiscal, establece claramente las contribuciones que integran la Recaudación Federal Participable, por lo que Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le ha faltado claridad y transparencia en la determinación de estas cuentas con las respectivas Entidades Federativas.

La información de cifras del comportamiento de la Recaudación Federal Participable que envía la Secretaría, al Congreso de la Unión, no ha sido suficiente ni oportuna, hecho que refleja en nuestras estimaciones, expectativas en la recaudación al no contar con las herramientas necesarias.

En este contexto, la ciudadanía a través del Gobierno Federal también ha mantenido una constante recaudación en el concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, específicamente en el rubro de ``gasolinas'', mismas que ventilan una caída de 51.62% para el mes febrero del año en curso, comparado con el mismo mes del ejercicio inmediato anterior y que requiere de igual forma, de una explicación en su comportamiento.

Por otro lado cifras del INEGI indican que en el mes diciembre nuestro país colocó mercancías en el extranjero por 14 mil 857 millones de dólares, valor 11.1% mayor al del mismo mes del año anterior.

En tanto, las importaciones de mercancías sumaron en el mes de diciembre 16 mil 63 millones de dólares, 10.2% mayor respecto del cierre anterior. Dentro de las exportaciones destaca que las ventas de productos manufacturados que crecieron 10.2% en el mes de diciembre, contra el mismo mes de un año anterior.

En la estructura de las importaciones el INEGI señala que las compras de bienes intermedios se elevaron 11.9% en el mes de diciembre y 2.1% durante 2003; en tanto, los bienes de consumo observaron un aumento de 8.1% en el lapso diciembre 2002-2003 e incremento acumulado de 1.6 %.

Al observar el crecimiento económico que ha anunciado en diversas ocasiones el Ejecutivo Federal, para este ejercicio, consideramos que la situación será similar y con expectativas de mejora para los primeros meses de este año comparado con el ejercicio de 2003, situación que se contrapone con la disminución del 14.22% en las cifras recaudadas por la Secretaría de Hacienda y participadas hacia las Entidades Federativas en el mes de febrero.

Las contribuciones más importantes para este país han sido el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, su recaudación que continúa en constante crecimiento y permite un breve reflejo de un flujo económico e inflacionario constante en los ingresos de los mexicanos, acto que nuevamente se contrapone a una caída en la recaudación federal participable estimada por la insuficiencia de información que la Secretaría de Hacienda proporciona a cualquier organismo para el mes de febrero de 8,935 millones de pesos, equivalente a un 9.27 % menor a lo esperado.

Como requisito fundamental para la discusión de cualquier tema relacionado con los ingresos públicos, es necesario conocer exactamente cual es el proceso por el cual estos llegan a las arcas nacionales.

Es indispensable una explicación en tiempo, veraz y en estricto apego a la realidad, con transparencia y legalidad, misma que permita reorientar las estrategias económicas emprendidas por esta está Secretaría, en beneficio de la sociedad.

El asunto del federalismo exige por un lado el replanteamiento del pacto fiscal de la Federación con los estados y que la transparencia con la que se opere este pacto fiscal, es determinante para su viabilidad.

Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, ponga a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente; la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en un plazo no mayor a 15 días del mes de marzo de este año, informe los motivos de la caída de las participaciones federales a los estados, en el mes de febrero, por lo que es urgente tomar las medidas necesarias, que validen permanente la información, para evitar una mayor caída en la recaudación sin criterio alguno, siendo necesario se nos expliquen de manera congruente, la situación actual y real que viven nuestras finanzas públicas.

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a 3 de marzo de 2004.--- Dip. Minerva Hernández Ramos (rúbrica.)»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si como se ha solicitado, se considera de urgente resolución.

El secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Se consulta a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

Quienes estén a favor de que sea urgente resolución sírvanse así manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Se considera, en consecuencia, de urgente resolución y está a discusión la proposición.

Se abre el registro de oradores.

Esta Presidencia no tiene registradores, por lo cual se considera suficientemente discutida la proposición.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, si se aprueba la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Aprobada. Comuníquese.

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Esta Presidencia recibió una proposición con punto de acuerdo para detener el canje de los pagarés del Fobaproa por documentos del IPAB, suscrita por la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Proposición con punto de acuerdo, para detener el canje de los pagares Fobaproa por documentos IPAB, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

Entre las medidas que adoptó el Fondo Bancario para la Protección al Ahorro Bancario, Fobaproa, como consecuencia de la crisis financiera 1994-1995, destaca el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), por el cual el Fobaproa adquirió los derechos de flujo de la cartera crediticia con problemas de recuperación, a cambio de inyecciones de capital de los accionistas bancarios.

Con este programa el Fobaproa adquirió los citados derechos de flujo de la cartera por un monto equivalente del doble del que aportaran como capital, compra que se garantizaría mediante la emisión de pagarés con vencimiento a diez años, con una tasa de interés capitalizable trimestralmente e igual en promedio a la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) a 91 días en colocación primaria que no podrían ser negociados, cedidos, ni utilizados para operaciones de reporto. Al principio del programa se impuso una sobretasa de 4 a 6% que se iría reduciendo a -1.35% conforme transcurriera el tiempo.

Los bancos que participaron en el PCCC y que sobrevivieron a la crisis son: Banamex, Bancomer-BBV, Bital y Banorte. Estos pagarés no obstante de estar avalados por el Gobierno, representan una deuda o un pasivo contingente, dado que el Congreso de la Unión no ha autorizado como deuda pública este programa.

Las bases de capitalización firmadas entre los bancos y el Fobaproa excluyeron los siguientes créditos cuyos flujos en efectivo no podrían ser transferidos al Fobaproa:

Créditos menores a 200 mil pesos

Créditos relacionados

Créditos irrecuperables (Clasificación E)

Créditos redescontados

Créditos que requerían financiamiento adicional

Créditos otorgados a personas físicas con actividad empresarial

Los intereses moratorios

Con la aprobación de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), se establecieron los mecanismos jurídicos para que los pasivos contingentes asumidos por el Fobaproa relativos al Programa de Capitalización y Compra de Cartera, pudieran convertirse en deuda pública administrada por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

El artículo 5° Transitorio de la LPAB señala como prerrequisito para este efecto, la suscripción de los bancos a contratos de un nuevo programa que sustituyera al PCCC y la realización de una auditoría para verificar si los créditos objeto del programa cumplían los requisitos legales.

Los créditos que no cubrieran requisitos tendrían que ser sustituidos por otros que sí los cubrieran y en el caso de que la responsabilidad de la irregularidad o ilegalidad del crédito fuera atribuible a los bancos, tales créditos debieran ser descontados del monto de los pagarés.

Este fue el contexto de la revisión efectuada por el auditor M. Mackey por instrucciones de la Cámara de Diputados quien lo contrató para revisar a fondo las operaciones del rescate bancario en su conjunto, sin embargo, el propio auditor Mackey señala en su informe que su trabajo no puede ser considerado como una auditoría propiamente dicha dado que tuvo enormes dificultades para revisar las operaciones integralmente.

En los documentos que titula ``Banks Reports'' hace observaciones muy importantes sobre las operaciones que los bancos pasan al Fobaproa, al grado que se decide ocultar tales documentos. También se han ocultado los documentos denominados ``Working Paper'' que son la comprobación de sus observaciones.

El hecho de que no se haya recibido toda la información requerida por la Cámara de Diputados imposibilita a que se pueda efectuar la revisión ordenada en el artículo 5° Transitorio de la LPAB, no obstante que el IPAB ya elaboró las ``Reglas de Adhesión de los Contratos del Nuevo Programa'' que sustituiría al PCCC.

La cuantía de los Pagarés emitidos por el Fobaproa en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera de los cuatro bancos que sobrevivieron, se detallan en el cuadro siguiente:

El vencimiento de los Pagarés de Capitalización y Compra de Cartera va de septiembre del 2005 a diciembre del 2006. En septiembre del 2002 vence el 8.2% de los pagarés, en diciembre del 2005 vence el 52.4%, en diciembre del 2006 vence el 23.2%, es decir que durante la LIX Legislatura se concentra el 83.8% del plazo de vencimiento.

Los montos que están implicados en esta operación son muy grandes y su efecto en las finanzas públicas vendría a colocar al país en una mayor vulnerabilidad y un mayor crecimiento del costo fiscal del rescate bancario, cuando la IPAB lo que establece es que las instituciones estarían dedicadas a disminuir dicho costo lo más posible. Los efectos sobre el costo financiero de la deuda serían verdaderamente significativos.

Hemos conocido de las intenciones del Gobierno Federal, en particular de la Secretaría de Hacienda, el IPAB, la CNBV y la SFP de canjear los Pagarés Fobaproa a instrumentos IPAB a espaldas del Congreso. Que dichas instituciones han tenido sendas reuniones con banqueros y que acordaron una ``nueva'' estrategia para lograr sustituir los pagarés al menor costo económico para los banqueros.

Que para evitar la presión con el Congreso de la Unión, se aplicaría un procedimiento simulando cumplir con el artículo 5° Transitorio de la LPAB aplicando ``nuevas auditorías'' a los bancos que denominarán Auditorías GEL (De gestión, de Existencia, de Legalidad), mismo nombre con que el IPAB en otro momento quiso cumplir con dicho artículo y que motivó que los banqueros se ampararan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar ser ``nuevamente'' auditados.

Esta vez la estrategia consistiría en llamar con el mismo nombre otro procedimiento, otras reglas que fueron acordadas entre autoridades y banqueros, a espaldas del Congreso y que llevarían a un costo fiscal de aproximadamente 4 mil millones de pesos, cifra que emana de las observaciones no solventadas ante la Auditoría Superior de la Federación y mismas que se encorchetarían para ser revisadas nuevamente por el IPAB bajo el procedimiento acordado con los banqueros y que denominarían ``Revisiones GEL'', éstas reducirían todavía más el monto fiscal para ser descontado de los pagarés.

Una vez que se descuenten los montos de los pagarés, se otorgaría un nuevo documento a los banqueros para sustituir el Pagaré Fobaproa. El nuevo documento tendría ``plena validez jurídica'' y serían pagaderos bajo el esquema de ``refinanciamientos'' a cargo del IPAB.

Habría que recordar que en el esquema de refinanciamientos existe un grave conflicto de interés, dado que el IPAB pide créditos a los bancos a tasas de interés mayores donde los bancos tienen un margen de intermediación mayor lo cual está conformando una nueva deuda a costa de las finanzas públicas y que este procedimiento se utiliza justamente para favorecer a las instituciones bancarias dado que el IPAB cuenta con otras formas para hacer pre-pagos como es la emisión de Bonos de Protección al Ahorro (BPAs) que se contratan a tasa Cetes, tasa con la cual se hacen todas las operaciones gubernamentales pero que irregularmente, el IPAB ha preferido solicitar crédito a tasas de interés mayores a los mismos bancos a los cuales les paga con tales créditos.

Absolutamente a toda la sociedad, comenzando por legisladores, autoridades y banqueros nos urge que se resuelva este asunto del PCCC, pero nosotros pugnamos por que se resuelva con transparencia y apegado a la legalidad; que no se propicien nuevos abusos.

En breves días dará inicio el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Ese es el marco para que el Legislativo ponga una solución definitiva a este asunto de los Pagarés Fobaproa. Hasta hoy tanto el Informe Mackey, los hallazgos de Fortunato Alvarez y las observaciones del Auditor Superior de la Federación reflejan sendas irregularidades pero todas ellas y cada una por diferentes razones no han resultado ser un instrumento confiable que sirva para dar transparencia y legalidad a este relevante caso.

Se requiere una auditoría pulcra, incuestionable, que permita aclarar el Programa de Capitalización y Compra de Cartera y resolver definitivamente cuáles créditos deben ser sustituidos y cuáles deben ser descontados.

Por todo lo anteriormente expuesto, se extiende el presente

Punto de Acuerdo

Se hace un exhorto a la Junta de Gobierno del IPAB para que no haga ninguna transacción a espaldas del Congreso, único facultado constitucionalmente para dar el aval a los Pagarés Fobaproa y ser convertidos a deuda pública. Y espere al siguiente periodo de sesiones para que las Cámaras de Diputados y de Senadores decidan lo correspondiente al tema.

México, DF, a 10 de marzo de 2004.--- Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez, para presentar una proposición con punto de acuerdo suscrita por la diputada Eliana García Laguna, en relación a las irregularidades cometidas en el Instituto Nacional de las Mujeres, que se hace también a nombre de legisladoras y legisladores federales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Pablo Gómez Alvarez:

Gracias, diputado Presidente.

El instituto es una proposición con punto de acuerdo. El instituto, las consideraciones son las siguientes.

El Instituto Nacional de las Mujeres fue creado el 12 de enero de 2001, con objeto de dar cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos por México en la IV Conferencia Internacional de la Mujer realizada en Beijin, China, en 1995 donde se recomendó a todos los países y estados del mundo la creación de mecanismos estratégicos para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, el establecimiento de las medidas encaminadas a lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y lograr el adelanto de las mujeres.

La organización del amplio movimiento de mujeres de la Sociedad Civil Académicas Feministas que participaron en dicha conferencia, se comprometieron junto con el Gobierno de México a impulsar la creación de mecanismos que garanticen el cumplimiento del programa de acción de esta Conferencia de Beijin y de todos los tratados internacionales sobre los Derechos Humanos de las Mujeres y de las Niñas que ha suscrito nuestra nación y que ha aprobado el Senado de la República.

Resultado de este compromiso es que todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, constituyeron el Instituto Nacional de las Mujeres como el mecanismo encargado de impulsar la perspectiva de género y su transversalidad en el ámbito de la Administración Pública Federal.

Desde la creación de Inmujeres, legisladoras defensoras de los derechos humanos y militantes feministas, de manera coordinadora con las organizaciones de la sociedad civil, han seguido de forma puntual la actuación del mencionado instituto y su cumplimiento de metas y objetivos, por lo que se cuenta con elementos para cuestionar el cumplimiento del objeto para el cual fue creado el Inmujeres.

Y se ha denunciado en distintos momentos y ante instancias administrativas, las irregularidades detectadas, la corrupción en el manejo de los recursos, el grave subejercicio de su presupuesto, los vacíos legales, los despidos escandalosos de personal calificado y los ineficaces mecanismos de trabajo con los consejos Consultivo y Social, que han dado como resultado que este mecanismo se haya quedado corto, en la ejecución de su programa y por lo tanto, no hayan cambiado las condiciones de vida de las mujeres y de las niñas de nuestro país, en estos tres años, desde el nacimiento del mencionado instituto.

Por esta razón, nos sumamos al rechazo que se hizo en la VI Reunión del Parlamento de Mujeres de México, respecto a la ratificación de Patricia Espinosa al frente de Inmujeres, ya que sin importar qué organizaciones de la sociedad civil, quienes junto con algunas diputadas y diputados nos reunimos con el Secretario de Gobernación, a quien presentamos argumentos y documentación suficientes para demostrar los inconvenientes de su permanencia, comprometiéndose el señor Secretario a definir una respuesta en 15 días, misma que hasta la fecha no se ha recibido.

En este punto es importante señalar, que hace tres semanas solicitamos también al Presidente Fox una cita, para exponerle los mismos argumentos, por los cuales nos oponíamos a la ratificación de Patricia Espinosa, petición que fue ignorada y sorprendentemente el Presidente la ratifica este 8 de marzo.

Voy a pasar por falta de tiempo, directamente a la proposición con puntos de acuerdo. Con base en los artículos 73 fracción XXI y 79 fracción I, III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Primero. Pedimos que la Auditoría Superior de la Federación audite al Instituto Nacional de las Mujeres, especialmente los gastos realizados en las reuniones de la red de mujeres líderes de la APEC, efectuadas en el año 2002 y que sus resultados se hagan públicos.

Segundo. Solicitamos la evaluación externa de los programas del Instituto Nacional de las Mujeres, a fin de que sus resultados sean considerados para una mejor actuación del mismo y se cumpla así con el objeto de su creación.

Tercero. Solicitarle muy respetuosamente al Presidente de la República, pueda reconsiderar el nombramiento de quien está al frente de Inmujeres, en caso de que los resultados especificados en los dos puntos anteriores, muestren irregularidades y se proceda conforme a derecho.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de marzo.--- Firman los diputados: Manuel Camacho Solís, Marcela Lagarde y de los Ríos, Martha Lucía Mícher Camarena, Angélica de la Peña Gómez, Eliana García Laguna, senadora Leticia Burgos Ochoa y diputado Pablo Gómez.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, en relación con las irregularidades cometidas en el Instituto Nacional de las mujeres, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, en nombre de legisladoras y de legisladores federales del grupo parlamentario del PRD

Las suscritas legisladoras y legisladores federales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, con relación a las irregularidades cometidas en el Instituto Nacional de las Mujeres, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Instituto Nacional de las Mujeres fue creado el 12 de enero de 2001, con el objetivo de dar cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos por México en la IV Conferencia Internacional de la Mujer, realizada en Beijing, China en 1995, donde se recomendó a todos los países y Estados del mundo la creación de mecanismos estratégicos para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, el establecimiento de medidas encaminadas a lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y lograr el adelanto de las mujeres.

Las organizaciones del amplio movimiento de mujeres, de la sociedad civil, académicas y feministas, que participaron en dicha Conferencia, se comprometieron, junto con el Gobierno de México, a impulsar la creación de mecanismos que garanticen el cumplimiento del programa de acción de esta Conferencia de Beijing y de todos los tratados internacionales sobre los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, que ha suscrito nuestra nación y que ha aprobado el Senado de la República. Resultado de este compromiso es que todas las fuerzas políticas representadas en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la República constituyeron el Instituto Nacional de las Mujeres, como el mecanismo encargado de impulsar la perspectiva de género y su transversalidad en el ámbito de la administración pública federal.

Desde la creación del Inmujeres, legisladoras, defensoras de los derechos humanos y militantes feministas de manera coordinada con las organizaciones de la sociedad civil, han seguido de forma puntual la actuación del mencionado Instituto y su cumplimiento de metas y objetivos, por lo que se cuenta con elementos para cuestionar el cumplimiento del objeto para el cual fue creado el Inmujeres; y se han denunciado en distintos momentos y ante instancias administrativas, las irregularidades detectadas, la corrupción en el manejo de los recursos, el grave subejercicio de su presupuesto, los vacíos legales, los despidos escandalosos de personal calificado y los ineficaces mecanismos de trabajo con los Consejos Consultivo y Social, que han dado como resultado que este mecanismo se haya quedado corto en la ejecución de su programa y por lo tanto no hayan cambiado las condiciones de vida de las mujeres y de las niñas de nuestro país en estos tres años desde el nacimiento del mencionado Instituto.

Por esta razón nos sumamos al rechazo que se hizo en la VI Reunión del Parlamento de Mujeres de México respecto a la ratificación de Patricia Espinosa al frente del Inmujeres, ya que sin importar que organizaciones de la sociedad civil, quienes junto con algunas diputadas y diputados, nos reunimos con el secretario de Gobernación, a quién presentamos argumentos y documentación suficientes para demostrar los inconvenientes de su permanencia, comprometiéndose el señor Secretario a definir una respuesta en 15 días, misma que hasta la fecha no hemos recibido.

En este punto, es importante señalar que hace tres semanas, solicitamos también al Presidente Fox una cita para exponerle los mismos argumentos por los cuales nos oponíamos a la ratificación de Patricia Espinosa, petición que fue ignorada, y sorprendentemente Fox la ratifica este 8 de marzo.

Por último, es necesario señalar que el Inmujeres fue un logro importante para las mujeres de este país, por lo que no queremos que siga funcionando como ``un elefante blanco'', desprestigiando estos mecanismos. La sociedad mexicana merecemos un Instituto que sea consecuente con los objetivos de su creación, y que impulse políticas públicas para lograr la equidad entre hombres y mujeres estructuralmente desde todos los ámbitos del quehacer político.

Por lo expuesto, solicitamos como asunto de obvia y urgente resolución a esta soberanía la aprobación de la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo

Con base en los artículos 73, fracción XXI, y 79, fracción I, III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Primero: Pedimos que la Auditoría Superior de la Federación audite al Instituto Nacional de las Mujeres, especialmente los gastos realizados en las reuniones de la Red de Mujeres Líderes de la APEC efectuadas en el año 2002 y que sus resultados se hagan públicos.

Segundo: Solicitamos la evaluación externa de los programas del Instituto Nacional de las Mujeres, a fin de que sus resultados sean considerados para una mejor actuación del mismo y se cumpla así con el objeto de su creación.

Tercero: Solicitarle muy respetuosamente al Presidente de la República, pueda reconsiderar el nombramiento de quién está al frente del Inmujeres, en caso de que los resultados especificados en los dos puntos anteriores muestren irregularidades y se proceda conforme a derecho.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 10 de marzo de 2004.--- Dip. Manuel Camacho Solís (rúbrica), Dip. Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica), Dip. Martha Lucía Micher Camarena (rúbrica), Dip. Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Dip. Eliana García Laguna (rúbrica), Sen. Leticia Burgos Ochoa, Dip. Pablo Gómez Álvarez.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución, como se ha solicitado.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

No. ¿Me permite, señor senador... señor diputado?

Ruego a la Secretaría cuide el que esta votación sea una votación calificada por las dos terceras partes.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

A ver. Compañeros legisladores, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo nuevamente, por favor...

Los compañeros legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... No hay mayoría, señor Presidente.

Diez por la afirmativa y siete por la negativa. Hay quienes no levantaron la mano.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Debido a esa confusión, proceda la Secretaría nuevamente a tomar la votación al respecto.

La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

Gracias, señor Presidente.

Se procede a tomar nuevamente la votación.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Son 16 en pro y nueve en contra.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Son 17 asistentes, 17 harían las dos terceras partes, solamente se tuvieron 16. No hay mayoría calificada. No se considera en consecuencia, de urgente resolución.

Túrnese el punto de acuerdo, la proposición con punto de acuerdo, a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.

Adelante, senadora.

La senadora Cecilia Romero Castillo (desde su curul):

En virtud de que están plasmados nombres de diputados y senadores, pediría que se turnara también a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:Atendiendo la solicitud de la señora senadora, que es correcta, se turna también a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores.

COMISIONES DE TRABAJO
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Tiene la palabra el senador César Camacho Quiroz, Presidente de la Primera Comisión de esta Comisión Permanente, para leer un informe de la Comisión de Trabajo.

El senador César Camacho Quiroz:

Gracias, señor Presidente; compañeras, compañeros legisladores:

Quienes tenemos la enorme responsabilidad de representar a la comunidad tenemos por supuesto la obligación de rendir cuentas. Vale la pena comentar que en un trabajo intenso, de corresponsabilidad evidente que acredita además la riqueza de la pluralidad política representada en esta Comisión Permanente, la Primera Comisión (de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia), conoció de 49 asuntos que fueron puntual y completamente desahogados después del trabajo de la comisión y el conocimiento del pleno de la misma.

A mis compañeros legisladores integrantes de esta Primera Comisión les reitero por supuesto mi agradecimiento por su empeño, por su dedicación y por su sentido de responsabilidad.

Se concedieron, desde luego, diversos permisos constitucionales para que ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar condecoraciones que les han conferido gobiernos extranjeros, así como en el caso de otros, prestar servicios ante este tipo de gobiernos y desempeñar cargos en favor de los mismos.

Se analizaron y discutieron diversos puntos de acuerdo sobre temas diversos y derivados de ellos, se llevaron a cabo dos comparecencias con cuatro titulares de dependencias del Poder Ejecutivo Federal, del inventario de asuntos dictaminados por esta comisión.

Cabe destacar el interés de los legisladores por proteger los derechos humanos sin importar género, edad, religión u origen étnico, además la exigencia de una acción expedita a las regiones más afectadas por fenómenos meteorológicos.

La disposición al diálogo respetuoso entre los poderes, fue acreditado una vez más por los legisladores integrantes de esta comisión al desahogar la comparecencia de los secretarios de Gobernación, de Seguridad Pública y de Comunicaciones y Transportes, en la que concluimos que ningún instrumento jurídico internacional está por encima de la Constitución y por tanto ninguna puede vulnerar las garantías que ésta otorga.

En fin, en colaboración, trabajando juntos todos los partidos políticos, diputados federales y senadores, logramos ponernos de acuerdo en asuntos importante para la nación, aquellos que tienen naturaleza formalmente legislativa de corresponsabilidad en el nombramiento de servidores públicos o en el arranque del proceso legislativo u otros, los de implicaciones políticas por medio de los cuales esta comisión en tanto representante del Poder Legislativo, hizo las veces de factor necesario, yo diría que la sociedad demanda, factor de equilibrio en el ejercicio del poder público, expresión del contrapeso en el ejercicio del poder que las democracias modernas demandan.

Gracias a todos por su colaboración.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Informe de actividades que presenta la Primera Comisión (Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia), de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Integrantes de la comisión:

Senador César Camacho, presidente; diputado Germán Martínez Cázares secretario; diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, secretario; diputado David Hernández Pérez, diputada Consuelo Muro Urista, senador David Jiménez González, senador Miguel Sadot Sánchez Carreño, senador Jorge Zermeño Infante, senador César Jáuregui Robles, diputado Francisco Javier Barrio Terrazas, senador Rómulo Campuzano González, diputado Manuel Camacho Solís, senador Rafael Melgoza Radillo, senador Jorge Emilio González Martínez y diputado Jesús Martínez Alvarez.

Asuntos turnados y concluidos

Solicitud para que los ciudadanos: General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Jaime Godínez Ruiz y Capitán de Navío CG Diplomado de Estado Mayor Fernando Alfonso Angli Rodríguez, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República de Chile.

Resolución: se otorgó a los ciudadanos, el permiso constitucional para aceptar y usar la condecoraciones.

Solicitud para que los ciudadanos: Amelia Guadalupe Bravo de la Fuente, Jorge Alejandro Garza López, María Elena Garza Malacara, Mónica Payró Duque, Nemesia Alejandra González Farías, Verónica Soto Avila, Luis Arturo Flores Sánchez y Marco Augusto Manrique Sánchez, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, en la Embajada y consulados de Canadá, en México, Monterrey, NL, y Guadalajara, Jal., y en la Embajada del Reino Unido, en México, respectivamente.

Resolución: se otorgó a los ciudadanos, el permiso constitucional para prestar los servicios de carácter administrativo.

Solicitud para que el ciudadano Francisco Alfonso Durazo Montaño, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Estrella de Oro y Plata, que le confiere el Gobierno de Japón.

Resolución: se otorgó al ciudadano, el permiso constitucional para aceptar y usar la condecoración.

Oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Coronel de Caballería DEM Héctor Aguilar Elizalde y Teniente de Navío CG José Luis Lagunas Paredes, puedan aceptar y usar la Medalla Especial, el Medallón y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa con una Estrella Plateada, y la Medalla al Logro Guardia Costera, que les confieren la Junta Interamericana de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos de América, respectivamente.

Resolución: se otorgó a los ciudadanos, el permiso constitucional para aceptar y usar las condecoraciones respectivamente.

Solicitudes para que los ciudadanos: General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Arturo Gutiérrez García y Manuel Gómez Millón, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República de Honduras y de la República Islámica de Pakistán, respectivamente.

Resolución: se otorgó a los ciudadanos, el permiso constitucional para aceptar y usar las condecoraciones, respectivamente.

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se sirva implementar o, en su caso refuerce políticas públicas que eviten la discriminación que sufren las mujeres al momento de solicitar empleo en el Gobierno Federal.

Resolución: se hizo del conocimiento del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el contenido de la propuesta del senador Adalberto Madero Quiroga, ``respecto de que se sirva implementar o, en su caso refuerce políticas públicas que eviten la discriminación que sufren las mujeres al momento de solicitar empleo en el Gobierno Federal''.

Proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de Unión y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, celebren un homenaje a la memoria del profesor Norberto Bobbio, suscrita por los diputados René Arce Islas y Víctor Manuel Camacho Solís.

Resolución: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, celebraron un evento académico conjunto, a la memoria del profesor Norberto Bobbio. El mismo se llevó a cabo los días 3 y 4 de febrero del presente.

Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República, se avoque a la investigación y resolución de los delitos de secuestro perpetrados en el estado de Tamaulipas, del 2002 a la fecha.

Resolución: en primer lugar, se declaró improcedente formular exhortación alguna a la Procuraduría General de la República, relacionada con las averiguaciones previas iniciadas por secuestro desde 2002 a la fecha, toda vez que la persecución de este tipo de delitos, corresponde a las autoridades del fuero común.

En segundo lugar, se declaró improcedente lo solicitado por el senador Adalberto Arturo Madero Ouiroga, en el punto de acuerdo que presenta, en virtud de que el asunto al que hace referencia de manera particular, ya ha sido atraído por la Procuraduría General de la República.

Proposición con punto de acuerdo con relación a la situación de emergencia que viven los agricultores y jornaleros agrícolas del sur del estado de Sonora, a raíz de las heladas ocurridas en las últimas semanas.

Resolución: se remitió copia del presente a la Secretaría de Gobernación, para que determinare si las condiciones materiales en que se encuentran las zonas de los valles del Mayo y del Yaqui, demandan atención por la vía del Fondo Nacional de Desastres Naturales y de los demás instrumentos a cargo del Ejecutivo Federal para hacer frente a este tipo de eventualidades o bien si ya están siendo atendidas y qué medidas se han tomado al respecto, y si fuere el caso, haga la declaratoria respectiva y agilice el otorgamiento de recursos del Fondo de Desastres Naturales, para atender estas contingencias; asimismo, haga del conocimiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación, y del Instituto Mexicano del Seguro Social, el contenido del presente, a efecto de que instrumenten las medidas necesarias, para ayudar a la población afectada.

Proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Secretario de Energía para que explique la política energética de la actual administración en materia de integración con Estados Unidos de América.

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Energía informe sobre las gasolineras operadas por empresas extranjeras, presentada por el senador David Jiménez González.

Resolución: con relación a las proposiciones con punto de acuerdo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicitó la comparecencia del Secretario de Energía, ante la Primera Comisión de Trabajo, y se estableció un diálogo con los integrantes de la misma, sobre diversos temas relacionados con su ramo.

Proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Secretario de Seguridad, para que informe sobre la evaluación de los últimos tres años de los índices de criminalidad en delitos de alto impacto social, presentado por el diputado Heliodoro Díaz Escárraga.

Resolución: se solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública que proporcionara la documentación referente a: los índices de criminalidad del país, el impacto que los diversos programas de prevención del delito han tenido en los últimos tres años, las estrategias de coordinación entre federación, estados y municipios, las tasas de impunidad registradas y los mecanismos diseñados para disminuirlas. Asimismo se pidió que fuera remitida a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, la información que fuera proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública, para su conocimiento y análisis.

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del estado de Nuevo León y a las entidades federativas que todavía no se incorporan al Seguro de Salud Popular, lo hagan a la brevedad posible y suscriban el convenio con la Secretaría de Salud, presentado por el senador Adalberto Arturo Madero Quiroga.

Resolución: se remitieron copias del punto de acuerdo presentado por el senador Adalberto Madero Quiroga, a los gobernadores de los estados, para su conocimiento.

Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Seguridad Pública, para que prevengan a la Comisión de Delitos del Orden Federal y se inicie la investi- gación de los actos delictivos en los municipios de Petatlán, Coyuca de Benítez, José Azueta y Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero, presentado por el diputado Luis Antonio González Roldán.

Resolución: se solicitó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Seguridad Pública, remitiera la información correspondiente a la Comisión de Delitos Contra la Biodiversidad, en el estado de Guerrero, en particular, y en general, en todo el país; asimismo informara sobre las acciones que han tomado al respecto, así como las medidas que llevan a cabo las dependencias competentes en todas las regiones del país en las que se lleva a cabo el desove de las tortugas marinas.

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Querétaro; a fin de que se preserve la integridad física y los derechos humanos de la indígena Otomí, presentado por el senador Miguel Sadot Sánchez Carreño.

Resolución: se solicitó al Gobierno del estado de Querétaro, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Querétaro, remitieran a la brevedad posible a este órgano colegiado, toda la información correspondiente al caso de la indígena otomí ``Matilde'', habitante de la comunidad de San Ildefonso en Amealco, Querétaro.

Proposición con punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal, tome a través del Fonden, medidas urgentes preventivas y de apoyo en las regiones y personas afectadas por las heladas y bajas temperaturas, presentado por el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda.

Resolución: se remitió copia del presente a la Secretaría de Gobernación para que determinara si lo solicitado, se encuentra dentro de los supuestos que establece el acuerdo que reglamenta el Fondo Nacional de Desastres y, si así fuera, realizara la declaratoria respectiva y agilizara el otorgamiento de los recursos correspondientes.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Sergio Arturo Hernández Salcedo, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia en Oaxaca, Oaxaca, con circunscripción consular en esa ciudad y sus alrededores inmediatos.

Resolución: se otorgó al ciudadano, el permiso constitucional para que desempeñe el cargo.

Oficios de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: licenciados Fernando de Jesús Canales Clariond, Carlos Eduardo Represas de Almeida y Manuel González Bautista, puedan aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren los gobiernos de Japón y de la República de Chile y el Ministerio de Defensa de España, respectivamente.

Resolución: se otorgó a los ciudadanos, el permiso constitucional para aceptar y usar las condecoraciones respectivamente.

Proposición con punto de acuerdo para solicitar al Secretario de Trabajo y Previsión Social, implemente y, en su caso, refuerce programas y políticas públicas, a fin de incrementar la participación de las mujeres en el ámbito laboral, presentado por el senador Adalberto Arturo Madero Quiroga.

Resolución: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión remitió al C. Secretario del Trabajo y Previsión Social; la propuesta, ``respecto de que se sirva implementar o, en su caso, refuerce los programas y políticas públicas con enfoque de equidad de género a fin de incrementar la participación de las mujeres en el ámbito laboral''.

Proposición con punto de acuerdo en relación con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre las acciones de inconstitucionalidad, relativas al artículo sexto transitorio de las leyes de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2002 y 2003; presentado por el senador Fidel Herrera Beltrán.

Resolución: se declaró improcedente la solicitud del promovente, en virtud de que la resolución de las acciones de inconstitucionalidad a que hace referencia no ha causado estado.

Proposición con punto de acuerdo para que comparezca el director de Petróleos Mexicanos, e informe la situación que guarda la terminal marítima de ciudad Madero, Tamaulipas; presentado por los diputados Sergio Arturo Posadas Lara y David Hernández Pérez.

Resolución: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al director general de Petróleos Mexicanos, proporcionara información referente a las condiciones en que se encuentra la terminal marítima de ciudad Madero, Tamaulipas.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a que las consultas que está realizando en diversas ciudades de la Unión Americana, recoja opiniones y propuestas de votos de mexicanos; presentado por el diputado Manuel Camacho Solís.

Resolución: se remitió a las comisiones de Gobernación y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y análisis, la solicitud con punto de acuerdo, relativa ``a que en las consultas que se están realizando en diversas ciudades de Estados Unidos de América, recoja las opiniones y propuestas de las organizaciones mexicanas en el exterior y las incorpore a su propuesta de voto de mexicanos en el exterior''.

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, para que dejen de cobrar obligatoriamente en sus centros de afiliación en el país, la nueva credencial, presentado por el diputado Marcos Morales Torres.

Resolución: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, información referente al cobro de la nueva tarjeta de afiliación expedida por dicho instituto.

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal, a que revise las reglas de operación de los programas sociales; presentado por el diputado Luis Maldonado Venegas.

Resolución: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social, proporcionara información referente a las reglas de operación que se aplicarán a los programas sociales del ejercicio fiscal 2004.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Capitán de Navío CGDEM Carlos Mejía Tejada, pueda aceptar y usar la Medalla al Mérito de la Guardia Costera de Estados Unidos de América.

Resolución: se otorgó al ciudadano, el permiso constitucional para aceptar y usar la medalla.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Alfredo Dutton Delorme, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en el estado de Yucatán.

Resolución: se otorgó al ciudadano, el permiso constitucional para desempeñar el cargo.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Pedro Joaquín Chamorro, en grado de Gran Collar, que le confiere la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.

Resolución: se otorgó al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el permiso constitucional para aceptar y usar la condecoración.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano doctor Mario de la O Almazán, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas, en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.

Resolución: se otorgó al ciudadano, el permiso constitucional para desempeñar el cargo.

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al juez Segundo del Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, ordene la inmediata libertad de los ciudadanos vascos detenidos, en virtud de la solicitud presentada por el Gobierno Español y la Secretaría de Relaciones Exteriores a que rechace esta solicitud; presentado por el diputado Pedro Vázquez González.

Resolución: se declaró improcedente lo solicitado, en virtud de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, no puede intervenir en asuntos que son de la competencia de otro Poder de la Unión.

Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la presidencia del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, actualice la estadística alusiva a las personas con discapacidad y publique dichas cifras nacionales, en una edición especial; presentado por el senador Adalberto Madero Quiroga.

Resolución: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las estadísticas más recientes relacionadas con las personas con discapacidad, al tiempo de saber si la misma se encuentra publicada.

Proposición con punto de acuerdo para crear un grupo plural de legisladores para que conozcan de las imputaciones hechas a la fundación ``Vamos México'', por presuntas irregularidades cometidas en su desempeño, presentado por el diputado Pedro Vázquez González.

Resolución: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró improcedente lo solicitado, en virtud de que la fundación ``Vamos México'', está constituida jurídicamente como una asociación civil, y se rige por preceptos de derecho privado.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano licenciado Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Mongolia en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana.

Resolución: se otorgó al ciudadano, el permiso constitucional para desempeñar el cargo.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Isabel Castillo González, Miren Carmele Pérez Aguirre Salvarrey; Rubén Hernández Aguilar, Rafael Avila Rosales e Ignacio Linares Zavala, puedan aceptar y usar condecoraciones de Oro del Mérito Civil, en grados de Cruz de Plata con Insignia y Cruz de Plata; que les confiere el Gobierno de España, respectivamente.

Resolución: se otorgo a los ciudadanos, el permiso constitucional para aceptar y usar las condecoraciones.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le confiere el Gobierno de la República de Costa Rica.

Resolución: se otorgó al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el permiso constitucional para aceptar y usar la condecoración.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ricardo Francisco García Cervantes, ex embajador de México, en la República de Costa Rica, pueda aceptar y usar la condecoración ``Juan Mora Fernández'', en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el Gobierno de Costa Rica.

Resolución: se otorgó al ciudadano, el permiso constitucional para aceptar y usar la condecoración.

Expediente con solicitud de la licenciada Fabiola Margarita Solís Aguinaco, para que pueda prestar servicios como asesora del Departamento Económico en la Embajada de los Países Bajos, en México.

Resolución: se otorgó a la ciudadana, el permiso constitucional para desempeñar el cargo.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Adriana Vega Cerecedo, Diana de la Huerta Gastón, Diana Jiménez Liébana, María Elena Honc Navarro, Edgar López Zuazua Carmona, Santiago Ramírez López, Sabina García Alvarez, Manuel de Jesús García Bañuelos y Claudia Castañeda Villarreal, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en las embajadas de Canadá y de Estados Unidos de América en México; en el Consulado de Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua y en la Delegación de la Comisión Europea, en México, respectivamente.

Resolución: se otorgó a los ciudadanos, el permiso constitucional para desempeñar los cargos, respectivamente.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: doctor Luis Ernesto Derbez Bautista; general del grupo piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo Paulino López Bernal, licenciado José Ramón de la Santísima Trinidad Mantilla y González de la Llave y Bernhard Wilhelm Tetzlaff von Wobeser Hoepfner, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de las repúblicas de El Salvador; Federativa de Brasil; de Chile y Federal de Alemania, respectivamente.

Resolución: se otorgó a los ciudadanos, el permiso constitucional para aceptar y usar las condecoraciones, respectivamente.

Proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer a la Secretaria de Desarrollo Social, a fin de que dé a conocer las acciones que desarrollará el Gobierno Federal, como resultado del Foro Mundial Social que se llevó a cabo en la India; presentado por el senador Manuel Méndez Lanz.

Resolución: se declaró improcedente la solicitud del promovente, toda vez que ni el Gobierno mexicano, ni dependencia alguna del mismo, fueron invitados al ``Foro Mundial Social'' y, por tanto, no asistieron a dicho evento.

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los Poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Sonora, para que actúen con imparcialidad en torno a los detenidos en Cananea, Sonora, presentado por los diputados Eduardo Espinoza Pérez y Eliana García Laguna.

Resolución: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sugirió al titular del Ejecutivo del estado de Sonora, que estableciera espacios de diálogo en los que participen de manera coordinada los trabajadores, extrabajadores y empresarios de la compañía ``Mexicana de Cananea, SA de CV'', a efecto de resolver los conflictos entre los mismos.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a firmar y publicar el decreto para reubicar a la Comisión de Zonas Aridas en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación o en su defecto confirme su sectorización en la Secretaría de Desarrollo Social, presentado por el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda.

Resolución: se declaró improcedente la solicitud del promovente toda vez que en el artículo cuarto del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de las Zonas Aridas, se colige que dicho organismo se encuentra sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social.

Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente integre un grupo plural de diputados y senadores, que se encargue de analizar una serie de temas hacia la construcción de un acuerdo nacional, presentado por el diputado René Arce Islas.

Resolución: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión determinó que en virtud de que están por concluir los trabajos correspondientes al primer receso de la LIX Legislatura, no se cuenta con el tiempo necesario para analizar los temas planteados por el promovente. Sin embargo, debido a la naturaleza e importancia de los mismos, se propone que éstos sean abordados en la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite para efectos de los artículos 27, fracción XIX, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 y 16 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, la propuesta formulada por el ciudadano Presidente de la República, a los ciudadanos: licenciado José Francisco Abaunza Aguado, doctor Luis Ponce de León Armenta y licenciado Alejandro González Alcocer, como magistrados numerarios del Tribunal Superior Agrario.

Resolución: remítase el ocurso del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a la Cámara de Senadores, para que resuelva lo conducente al nombramiento del magistrado numerario del Tribunal Agrario, por tratarse de un asunto de su competencia.

Proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente solicite al Gobierno del estado de Yucatán, información sobre las acciones que ha realizado en cumplimiento de la recomendación 40/2003 emitida por Codhey, con relación al caso del C. Ricardo Ucán Seca, presentado por la diputada Marbella Casanova Calam.

Resolución: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicitó al titular del Poder Ejecutivo y al Presidente del Poder Judicial del Estado de Yucatán, remitiera a esta soberanía, información sobre las acciones que han realizado en cumplimiento de la recomendación número 40/2003, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, en favor del señor Ricardo Ucán Seca.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: licenciada Sara Guadalupe Bermúdez Ochoa, doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, Secretario de Relaciones Exteriores y licenciado Jaime Virgilio Nualart Sánchez, puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren los gobiernos de las repúblicas Federal de Alemania y de Guatemala.

Resolución: se otorgó a los ciudadanos, el permiso constitucional para aceptar y usar las condecoraciones, respectivamente.

En el seno de la Primera Comisión de Trabajo, se llevaron a cabo las siguientes comparecencias:

Comparecencia de los secretarios de Gobernación, de Seguridad Pública y de Comunicaciones y Transportes: viernes 16 de enero de 2004

Comparecieron conjuntamente los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública y Comunicaciones y Transportes.

El objetivo de la comparecencia fue conocer la postura del Gobierno mexicano en torno a las medidas de seguridad que recientemente se habían adoptado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Comparecencia del Secretario de Energía: lunes 9 de febrero de 2004

El objetivo de la comparecencia fue establecer un diálogo sobre diversos temas relacionados con su ramo.

México, Distrito Federal, a los 9 días del mes de marzo de 2004.--- (Rúbrica.)»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo, presentado por el diputado Pedro Vázquez González, para exhortar al juez segundo de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal, para que ordene la inmediata libertad de los ciudadanos vascos detenidos, en virtud de la solicitud de extradición presentada por el Gobierno español y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que rechace esta solicitud.

Consideraciones:

El promovente del punto de acuerdo, solicita al Poder Judicial de la Federación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal a efecto de que suspendan el trámite de solicitud de extradición en contra de Juan Carlos Arlota Díaz, Erneste Alberdí Elejalde, Asier Arronategui Duralde, José María Urquijo Borde, María Asunción Gorrochategui Vázquez y Félix Salustiano García Rivera, que el Gobierno de España solicitó el 23 de agosto de 2003.

El promovente señala que la solicitud de extradición se funda en el hecho de que los ciudadanos de origen vasco son presuntamente responsables de la comisión de los delitos de asociación ilícita e integración terrorista, allanamiento de fondos con fines terroristas, blanqueo de capitales procedentes de dichas actividades y falsedad de documentación.

Argumentación:

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran consagradas las garantías que brindan protección y seguridad jurídica, a los ciudadanos nacionales y aquellos extranjeros que se encuentren dentro del territorio nacional.

Las instituciones establecidas por el Estado mexicano aseguran el buen funcionamiento de la vida democrática del país. La independencia de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es garantía de que en nuestro país se vive en pleno Estado de Derecho, en el que cada poder tiene la obligación de cumplir con aquello que tiene expresamente ordenado y en ningún caso invadir la esfera competencial de otro poder.

Por lo anterior, resulta infundada la pretensión del promovente en virtud de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, no puede intervenir en asuntos que son de la competencia del Poder Judicial.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se declara improcedente lo solicitado, en virtud de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, no puede intervenir en asuntos que son de la competencia de otro Poder de la Unión.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México, Distrito Federal, a 17 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente; Dip. Germán Martínez Cázares, Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretarios; Dip. David Hernández Pérez, Dip. Consuelo Muro Urista, Sen. David Jiménez González, Sen. Sadot Sánchez Carreño, Dip. Francisco Javier Barrio Terrazas, Dip. Víctor Manuel Camacho Solís, Sen. Rafael Melgoza Radillo, Dip. Jesús Martínez Alvarez, Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. César Jáuregui Robles, Sen. Rómulo de Jesús Campuzano González y Sen. Jorge Emilio González Martínez.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo, presentado por el senador Víctor Manuel Méndez Lanz, para citar a comparecer a la Secretaria de Desarrollo Social, a fin de que dé a conocer las acciones que desarrollará el Gobierno Federal, como resultado del Fondo Mundial Social que se llevó a cabo en la India.

Antecedentes

El promovente del punto de acuerdo, señala que el Foro Mundial Social, fue diseñado como un contrapeso al Foro Económico Mundial y se ha convertido en una concentración anual para la gente que cree que la globalización perjudica a los países en vías de desarrollo.

Asimismo, señala que los temas tratados durante el foro fueron: las protestas en contra del comercio global, las ganancias que obtienen las empresas multinacionales, las prácticas comerciales injustas, la deuda externa que tienen los países pobres y la discriminación.

Con relación a los temas mencionados en el párrafo anterior, se lograron acuerdos básicos entre los representantes de los 130 países asistentes, con el fin de buscar soluciones viables para combatir la pobreza, paliar los efectos de la deuda externa y evitar la discriminación.

Esta comisión cuenta con información oficial de la Secretaría de Desarrollo Social, en el sentido de que ni el Gobierno mexicano, ni dependencia alguna del mismo, fueron invitados al foro en comento y, por tanto, ningún servidor público federal del país asistió al mismo.

Consideraciones

Con la realización de foros internacionales se procura generar un debate de ideas, profundizar y reflexionar acerca de la problemática económica, social y cultural, buscar alternativas a éstas, así como el intercambio de experiencias, con el objetivo de alcanzar la justicia social y la igualdad, ya que a dichos foros acuden líderes mundiales, representantes de asociaciones, académicos e intelectuales.

La realización de éstos ha generado acuerdos y lineamientos generales para que los países que así lo decidan, lleven a cabo políticas públicas encaminadas a combatir la pobreza.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se declara improcedente la solicitud del promovente, toda vez que ni el Gobierno mexicano, ni dependencia alguna del mismo, fueron invitados al ``Foro Mundial Social'' y, por tanto, no asistieron a dicho evento.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 8 de marzo de 2004.--- Senador: César Camacho, Presidente; diputados Germán Martínez Cázares, secretario; diputado Heliodoro Díaz Escárraga, secretario; senadores: David Jiménez González, Miguel Sadot Sánchez Carreño, Rafael Melgoza Radillo, Jorge Zermeño Infante, César Jáuregui Robles, Rómulo de Jesús Campuzano; diputados: David Hernández Pérez, Consuelo Muro Urista, Francisco Javier Barrio Terrazas, Víctor Manuel Camacho Solís y Jesús Martínez Alvarez.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Los suscritos, integrantes de la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, deliberamos y acordamos resolver el punto de acuerdo presentado el 14 de enero de 2004, por el senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, con base en los siguientes

Antecedentes:

Con fecha 14 de enero de 2004, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, remitió a esta comisión, el punto de acuerdo presentado por el senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, a efecto de solicitar a la Procuraduría General de la República, se aboque a la investigación y resolución de los delitos de secuestro perpetrados en el estado de Tamaulipas, de 2002 a la fecha.

Consideraciones:

El promovente del punto de acuerdo, señala que vivir en una sociedad que goce de una tranquilidad y seguridad pública, ha sido el principal reclamo de los ciudadanos mexicanos, de ahí que las autoridades federales, estatales y municipales tienen la obligación y la encomienda de garanti- zar la plena libertad y los derechos de los millones de ciudadanos que aspiran a convivir con su familia en un ambiente de tranquilidad y paz pública.

Asimismo afirma que la inseguridad pública es uno de los problemas que más afecta la integridad y el patrimonio de las personas y que este fenómeno por desgracia, se ha manifestado en gran escala en los últimos años.

Argumentación:

Toda autoridad, sin importar su esfera de competencia, tiene la obligación de cumplir con las tareas que le han sido expresamente encomendadas; sin embargo, la colaboración entre los diferentes ámbitos de gobierno, es hoy día un elemento toral para un eficaz cumplimiento de las leyes.

Los hechos presuntamente delictivos a que se refiere el promovente, senador Adalberto Madero Quiroga, dieron origen a la averiguación previa numero 922/03, iniciada ante la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador de Reynosa, Tamaulipas.

Con el afán de cumplir con acuerdos institucionales previamente celebrados, con fecha 13 de enero de 2004, y con fundamento en los artículos 16, 21 y 106 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2o., 3o., 6o., 113, 118, 124, 180 y 193 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1o. y 8o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 4o., fracción I, inciso A) y inciso B subinciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; así como el convenio de colaboración celebrado entre la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las procuradurías generales de Justicia de las 31 entidades federativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2001, la licenciada Norma Alicia Martínez Araujo, agente del Ministerio Público, ads- crito a la SIEDO, promovió un escrito dirigido al Procurador de Justicia del estado de Tamaulipas, por medio del cual le solicita información referente a la averiguación previa número 922/03, iniciada ante la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador de Reynosa, Tamaulipas.

Con fecha 15 de enero de 2004, Francisco Tomás Cayuela Villarreal, Procurador de Justicia del estado de Tamaulipas, dirigió un oficio al general Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de la República, mediante el cual, con fundamento en los artículos 1, 2, 3 fracción I, inciso b) y 32 fracción XI, de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Tamaulipas, le informa que al no encontrar impedimento jurídico alguno, y estimando su petición ajustada a derecho, le solicita se sirva ejercer la facultad prevista en el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a efecto de que atraiga al ámbito de su competencia, los hechos que se investigan en la averiguación previa número 922/03, iniciada ante la Agencia Segunda del Ministerio Público investigador de Reynosa, Tamaulipas.

Es por ello que obra en poder de esta comisión, documentación que acredita que los hechos que se investigan, ya forman parte de la Averiguación Previa Federal PGR/SIEDO/UCIS/05/2004, por lo que la petición aludida, ha quedado sin materia.

Por lo anteriormente expuesto:

Primero. Se declara improcedente formular exhortación alguna a la Procuraduría General de la República, relacionada con las averiguaciones previas iniciadas por secuestro desde 2002 a la fecha, toda vez que la persecución de este tipo de delitos, corresponde a las autoridades del fuero común.

Segundo. Se declara improcedente lo solicitado por el senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, en el punto de acuerdo que presenta, en virtud de que el asunto al que hace referencia de manera particular, ya ha sido atraído por la Procuraduría General de la República.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 22 de enero de 2004.--- Senador César Camacho, Presidente; diputado Germán Martínez Cázares, secretario; diputado Heliodoro Díaz Escárraga, secretario; senadores: David Jiménez González, Miguel Sadot Sánchez Carreño, Rafael Melgoza Radillo, Jorge Zermeño Infante, César Jáuregui Robles, Rómulo de Jesús Campuzano González, Jorge Emilio González Martínez; diputados: David Hernández Pérez, Consuelo Muro Urista, Francisco Javier Barrio Terrazas, Víctor Manuel Camacho Solís y Jesús Martínez Alvarez.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado para su estudio, y dictamen, por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo, presentado por el senador Fidel Herrera Beltrán, en relación con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre las acciones de inconstitucionalidad, relativas al artículo sexto transitorio de las leyes de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales de 2002 y 2003.

Consideraciones:

El promovente del punto de acuerdo, refiere que el Congreso de la Unión aprobó los artículos sexto transitorios de los ejercicios fiscales 2002 y 2003, con la finalidad de transferir de manera no onerosa a los estados y municipios, el 20% de las acciones de la sociedad mercantil Administración Portuaria Integral, permitiendo de esta manera promover la infraestructura portuaria e impulsando el Federalismo.

Antecedentes:

La Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la encargada de conocer de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.

La acción de inconstitucionalidad, tiene por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución, asimismo, su resolución permite declarar la invalidez de la norma que se impugna considerándose a esta acción como una forma de control de la validez de las normas.

La resolución de la acción de inconstitucionalidad, podrá ser atacada mediante el recurso de reclamación.

Con fecha 27 y 29 de enero de 2003, diputados federales integrantes de la LIII Legislatura y el Procurador General de la República, sometieron a la consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acción de inconstitucionalidad en la que solicitan declarar la invalidez de los artículos sexto transitorios de los ejercicios fiscales 2002 y 2003, radicadas bajo los números 6/2003 y 8/2003.

El 6 de enero del año en curso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó la resolución de sobreseimiento correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 6/2003 y su acumulada 8/2003, promovidas por diputados federales integrantes de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión y el Procurador General de la República, respectivamente.

Con fecha 28 de enero del presente año, el Procurador General de la República promovió acción de inconstitucionalidad, en la cual impugna el artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, la cual se radica bajo el número 8/2004.

Sin embargo, con fecha 29 de enero del presente año, 173 diputados federales de la LIX Legislatura promovieron una acción de inconstitucionalidad, en la cual impugnan el artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 y los artículos sexto transitorios de las leyes de ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2002 y 2003, la cual se radica bajo el número 10/2004.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió acumular la acción presentada por los diputados federales a la planteada por el Procurador General de la República, ya que ambas tratan sobre idénticos asuntos.

Las dos anteriores acciones de inconstitucionalidad, son en contra del artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 y los artículos sexto transitorios de las leyes de ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2002 y 2003, consistente en que se transfiera de manera no onerosa el 20% de las acciones de la Sociedad Mercantil Administración Portuaria Integral a los gobiernos de los estados y el 6% de las mismas a los municipios, en donde se encuentren operando las referidas administraciones, siempre y cuando así lo soliciten los estados y municipios interesados y se trate de administraciones en las que la Federación tenga más del 76% de las acciones, las cuales, se relacionan con las acciones de inconstitucionalidad 6/2003 y su acumulada 8/2003.

Argumentación:

El Congreso de la Unión aprobó los artículos sexto transitorios de los ejercicios fiscales 2002 y 2003, consistentes en transferir de manera no onerosa el 20% de las acciones de la Sociedad Mercantil Administración Portuaria Integral a los gobiernos de los estados y el 6% de las mismas a los municipios, en donde se encuentren operando las referidas administraciones, siempre y cuando así lo soliciten los estados y municipios interesados y se trate de administraciones en las que la Federación tenga más del 76% de las acciones; dichos preceptos motivaron sendas acciones inconstitucionalidad promovidas tanto por el Procurador General de la República y diputados federales integrantes de las LVIII Legislatura, 6/2003 y su acumulada 8/2003 respectivamente.

Los promoventes de las acciones de inconstitucionalidad, solicitaban que se declarará la invalidez de los artículos antes mencionados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una resolución por medio de la cual sobresee, las acciones de inconstitucionalidad planteadas por el Procurador General de la República y diputados federales integrantes de las LVIII Legislatura.

Con fecha 28 enero de 2004, el Procurador General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad por la que solicita se declare la invalidez del artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, y con fecha 29 enero de 2004 173 diputados federales integrantes de la LIX Legislatura, promovieron una nueva acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos sexto transitorios de los ejercicios fiscales 2002 y 2003, y del artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, 8/2003 y su acumulada 10/2003.

En la actualidad se encuentra pendiente de resolución el recurso presentado en contra de la sentencia emitida con fecha 6 de enero del presente año, por lo que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, no puede pronunciarse sobre un asunto que se encuentra subjudice.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se declara improcedente la solicitud del promovente, en virtud de que la resolución de las acciones de inconstitucionalidad a que hace referencia no ha causado estado.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México Distrito Federal, a 17 de febrero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente; Dip. Germán Martínez Cázares, Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretarios; Dip. David Hernández Pérez, Dip. Consuelo Muro Urista, Sen. David Jiménez González, Sen. Sadot Sánchez Carreño, Dip. Francisco Javier Barrio Terrazas, Dip. Víctor Manuel Camacho Solís, Sen. Rafael Melgoza Radillo, Dip. Jesús Martínez Alvarez, Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. César Jáuregui Robles, Sen. Rómulo de Jesús Campuzano González y Sen. Jorge Emilio González Martínez.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo, presentado por el diputado Pedro Vázquez González, para crear un grupo plural de legisladores para que conozcan de las imputaciones hechas a la fundación ``Vamos México'', por presuntas irregularidades cometidas en su desempeño.

Consideraciones:

El promovente del punto de acuerdo, el diputado Pedro Vázquez González, menciona que la creación de las Asociaciones Civiles surge como una necesidad de atender a sectores específicos de la sociedad.

Asimismo hace referencia a la publicación de un artículo en el diario Financial Times, el pasado día treinta y uno de enero del presente año, relativo a las operaciones financieras de la fundación ``Vamos México''.

Argumentación:

La participación de la ciudadanía se ha manifestado, en las últimas décadas, a través de asociaciones civiles y organismos no gubernamentales con fines de asistencia social y con agendas tan variadas que van desde derechos humanos hasta materias de desarrollo social como lo son: la vivienda, educación y alimentos, por mencionar algunos ejemplos.

Las asociaciones civiles se encuentran reguladas en el Código Civil, en los artículos 2670 al 2687.

El financiamiento y la fiscalización de los recursos de las asociaciones civiles puede variar, dependiendo de su constitución jurídica, es decir, pueden ser públicas (cuando los recursos son aportados por organismos o instituciones del Estado), o privadas (cuando sus ingresos dependen de las aportaciones de particulares).

Si la fundación ``Vamos México'' o cualquier fundación de carácter privado, tienen finanzas transparentes o cumplen con los propósitos para los que formalmente fueron creadas, es algo que les concierne única y exclusivamente a sus asociados y benefactores y no al Honorable Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declara improcedente lo solicitado, en virtud de que la fundación ``Vamos México'', está constituida jurídicamente como una asociación civil y se rige por preceptos de derecho privado.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México, Distrito Federal, a 17 de febrero de 2004.--- Senador César Camacho, Presidente; diputado Germán Martínez Cázares secretario; diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga secretario; diputado David Hernández Pérez, diputada Consuelo Muro Urista, senador David Jiménez González, senador Miguel Sadot Sánchez Carreño, senador Jorge Zermeño Infante, senador César Jáuregui Robles, diputado Francisco Javier Barrio Terrazas, senador Rómulo de Jesús Campuzano González, diputado Manuel Camacho Solís, senador Rafael Melgoza Radillo, senador Jorge Emilio González Martínez y diputado Jesús Martínez Alvarez.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, para hacer una excitativa al C. Presidente de la República, para que firme y publique el decreto reubicando a la Comisión Nacional de Zonas Aridas en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, o en su defecto confirme su sectorización en la Secretaría de Desarrollo Social y que se respeten los montos presupuestales aprobados a la Comisión Nacional de Zonas Aridas.

Antecedentes:

El promovente del punto de acuerdo, refiere que la Comisión Nacional de las Zonas Aridas debe de ser fortalecida por la naturaleza de los objetos que persigue, ya que es más que una simple institución de asistencia a los marginados recolectores y además, funge como instrumento de recuperación de espacios geográficos vitales para el país.

Sin embargo, ante la falta de crédito y de inversión pública, sólo se atina a minimizar la función de la Comisión Nacional de las Zonas Aridas o a mantenerla en indefinición, por permanecer ésta sin que se determine su naturaleza jurídica.

Consideraciones:

Nuestro país cuenta con una diversidad de ecosistemas que requieren una atención específica para su adecuada preservación y explotación.

Dentro de ellos, existen 56 millones de kilómetros cuadrados de zonas áridas y 23 millones de zonas semiáridas, que sumadas equivalen aproximadamente al 40% de la superficie total del país.

Al respecto, la Comisión Nacional de las Zonas Aridas es la encargada de atender estas zonas y tiene como objetivos: mejorar los niveles de bienestar social de los habitantes de las comunidades rurales del desierto y semidesierto mexicano, así como fomentar y preservar los recursos naturales de esas superficies.

El Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de las Zonas Aridas, en su artículo cuarto determina que el órgano de gobierno es la autoridad máxima de la comisión y estará integrado con dos representantes de la Secretaría de Desa-rrollo Social, uno de los cuales a propuesta del Secretario del ramo, podrá ser su titular y el otro será el titular de la Coordinación Sectorial, así como por un representante de las siguientes secretarías: Hacienda y Crédito Público, Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud, Comunicaciones y Transportes, Reforma Agraria y Energía.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se declara improcedente la solicitud del promovente toda vez que del contenido del artículo cuarto del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de las Zonas Aridas, se colige que dicho organismo se encuentra sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México, Distrito Federal, a 8 de marzo de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente; Dip. Germán Martínez Cázares, Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretarios; Dip. David Hernández Pérez, Dip. Consuelo Muro Urista, Sen. David Jiménez González, Sen. Sadot Sánchez Carreño, Dip. Francisco Javier Barrio Terrazas, Dip. Víctor Manuel Camacho Solís, Sen. Rafael Melgoza Radillo, Dip. Jesús Martínez Alvarez, Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. César Jáuregui Robles, Sen. Rómulo de Jesús Campuzano González y Sen. Jorge Emilio González Martínez.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Gracias a usted, señor senador.

Tiene el uso de la voz la senadora Silvia Hernández Enríquez, presidenta de la Segunda Comisión.

La senadora Silvia Hernández Enríquez:

Muchas gracias, señor Presidente.

Seguramente que cuando se encuentra uno en medio de un ambiente político complejo y evidentemente deteriorado se hace necesario más que nunca, y aunque no resulte noticioso, hablar de las tareas cumplidas y de la forma responsable en la que el Congreso cumple con las facultades y los mandatos que la ley nos ordena.

Y yo creo que eso hay que destacarlo, destacarlo para evitar que la sociedad solamente perciba hechos lamentables o penosos y para evitar y atajar definitivamente la posibilidad de que la sociedad tenga una imagen distorsionada del Congreso.

Informar y hablar de lo que se hace bien, no es espectacular y en esencia no debería de serlo, pero hay que hacerlo. Por tanto, en la Segunda Comisión de esta Permanente nos parece que es bueno que la Mesa Directiva le haya dado cabida a este capítulo en la sesión para informar y para hablar de cosas que se hacen bien.

A la Comisión Permanente, como todos sabemos, nos corresponden diversas tareas. Algunas en particular que son inherentes a ese campo en el cual el Congreso y el Ejecutivo somos corresponsables.

A la nuestra, a la Segunda le corresponden aquellas que buscan impedir que se interrumpa la posibilidad del Ejecutivo para cubrir las titularidades en las agencias exteriores, embajadas y consulados, que permite que se configuren los mandos altos del Ejército, también para autorizar al Presidente ausentarse del territorio nacional.

Otras facultades de la Permanente, quienes llegamos a ella, por la delicadeza de aquéllas, muchas veces deseamos que no se den las condiciones para tener que ejercerla, pero afortunadamente en esta comisión hemos tenido ahora una multitud de asuntos de los primeros que mencioné.

La Segunda Comisión recibió 119 asuntos, la mayor parte de ellos, 90, para considerar, apreciar, valorar y dictaminar sobre la forma en que se configuran los altos mandos del Ejército, ascensos que el Presidente de la República otorgó a militares de las tres armas en el anuncio que hizo en noviembre pasado.

Para este efecto, la comisión consideró que sería importante, conveniente, y así lo hicimos, el realizar una reunión con el Secretario de la Defensa para conocer en detalle cuál era el sistema por el cual se asciende a los militares; esta reunión se realizó al principio del año y el propio Secretario dispuso que se nos diera con detalle la información, que resultó satisfactoria, amplia, conveniente. Nos ha quedado plena seguridad de que hay objetividad en esa valoración; es por eso que por tanto, dictaminamos sobre estos ascensos militares.

No quisiera dejar pasar la ocasión para decir que en la comisión pensamos y actuamos conforme a este pensamiento, buscando que el proceso para la ratificación de los nombramientos pudiera perfeccionarse y con las ideas de los compañeros llegamos a la conclusión de que sería conveniente una relación con aquellos que han sido nombrados generales de división, generales de brigada, brigadieres, generales brigadieres y de brigada, coroneles y compusimos en combinación con la Secretaría de la Defensa una reunión estupenda, una reunión sin precedente de la que aquí debemos dar cuenta; una reunión en la que se conversó sobre la agenda nacional en los temas que nos competen a los dos cuerpos: el de la Defensa y el propio Congreso.

Quiero destacar que esta reunión ha sido una reunión importante, que se ha dado en el paso correcto y que seguramente, si así lo aprecian nuestros compañeros en próximos periodos de sesiones, se convertirá en el inicio de una nueva fórmula de relación entre el Congreso y el Ejército, que hace bien, que nos enseña cómo trabajamos ambos y que nos ha permitido en esta ocasión ---quiero hacerlo aquí como público reconocimiento--- saber del dominio que existe en las Fuerzas Armadas no solamente sobre los temas de la seguridad y la soberanía, sino de todos aquellos de la agenda nacional e internacional en la que se han presentado conocedores y con una gran apertura para compartir, con nosotros, puntos de vista.

Menciono, solamente por estadística, pero tiene su sentido, el que hemos recibido para su aprobación los nombramientos del Presidente para seis embajadores y nueve cónsules y que aquí tomamos una valoración objetiva: hemos hablado con ellos y hemos dictaminado en razón de sus propios méritos, considerando básicamente tres cosas:

La confianza que les otorgó el Presidente, el Ejecutivo para nombrarlos; su capacidad de interlocución con los actores nacionales, porque no imaginamos un embajador que pueda representarnos allá sin tener la interlocución eficiente con los actores nacionales y, desde luego, su capacidad de interlocución en la sede donde van a tener que trabajar.

Compañeros de la Permanente y otros que no lo son, nos mandaron 16 puntos de acuerdo, todos han sido desahogados y el Presidente autorizó a esta Permanente permiso para ausentarse del territorio nacional en dos ocasiones; la comisión decidió dictaminar favorablemente, hoy mismo el pleno lo aprobó.

Compañeros legisladores, la Segunda Comisión, como decía, recibió 119 asuntos y ha desahogado 119 asuntos. No dejamos pendiente alguno.

Cecilia Romero y Carlos Flores Rico, los secretarios de la comisión y los senadores Sadot Sánchez, Ernesto Gil Elorduy, César Jáuregui, Demetrio Sodi, Juan José Rodríguez Prats y Rafael Melgoza y los diputados Consuelo Muro, Rogelio Rueda, David Hernández, Federico Döring y Yolanda Villalobos, queremos expresarles a nuestros compañeros en la Permanente nuestra gran satisfacción por haber servido al Congreso en este órgano que le da sentido de continuidad al Congreso en la Permanente y en la Segunda Comisión.

Yo quisiera a mis compañeros de comisión agradecerles enormemente su confianza y desde luego aquí hacer un reconocimiento público por su profesionalismo.

Muchísimas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

Informe de actividades que presenta la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, realizadas durante el Primer Receso del Periodo Ordinario de Sesiones.

De conformidad con el acuerdo de la Comisión Permanente del 7 de enero del presente, la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública para el Primer Receso de Sesiones, quedó integrada como sigue:

Presidenta: Sen. Silvia Hernández (PRI); Secretarios: Sen. Cecilia Romero Castillo (PAN), Dip. Carlos Flores Rico (PRI); Integrantes: Dip. Consuelo Muro Urista (PRI), Dip. Rogelio Rueda Sánchez (PRI), Dip. David Hernández Pérez (PRI), Sen. Ernesto Gil Elorduy (PRI), Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (PRI), Dip. Yolanda Valladares Valle (PAN), Sen. Juan José Rodríguez Prats (PAN), Dip. Federico Döring Casar (PAN), Sen. César Jáuregui Robles (PAN), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (PRD), Sen. Jorge Emilio González Martínez (PVEM).

Posteriormente, con fecha 14 de enero el Pleno aprobó la incorporación a la Comisión del Sen. Rafael Melgoza Radillo (PRD).

La Segunda Comisión se instaló formalmente el 13 de enero y sesionó por ocho ocasiones durante el actual periodo de Sesiones de la Comisión Permanente.

En el periodo que se informa la Comisión recibió los siguientes asuntos:

1. Ratificación de embajadores y cónsules

Se recibió solicitud por parte del Ejecutivo Federal para la ratificación de seis Embajadores y nueve Cónsules Generales, a saber:

La Comisión dictaminó la totalidad de las designaciones anteriores, que fueron ratificadas por esta Soberanía.

2. Solicitudes de permiso por parte del lic. Vicente Fox Quesada, Presidente de la República, para ausentarse del territorio nacional

Por dos ocasiones en el periodo de trabajo de esta Comisión, el C. Presidente de la República, Lic. Vicente Fox Quesada, solicitó permiso al Congreso para ausentarse del territorio nacional. El primer permiso, aprobado por el Pleno el pasado 25 de febrero, fue para ausentarse de nuestro país con el propósito de reunirse con su homólogo de los Estados Unidos de América, Sr. George Bush, en Crawford, Texas.

El segundo, con el propósito de que el C. Presidente realice visitas oficiales a las Repúblicas de Guatemala, Honduras y Nicaragua y participar en la VI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. Este dictamen emitido por la Comisión fue aprobado por el Pleno en la Sesión del 10 de marzo.

3. Ascensos de miembros de las fuerzas armadas

Hemos recibido noventa hojas de servicio de Miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La totalidad fueron dictaminados y aprobados por el Pleno.

Es relevante mencionar la reunión que el 9 de marzo la Comisión sostuvo con un grupo de miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ascendidos en el presente periodo, para intercambiar puntos de vista y reflexiones sobre aspectos de interés en materia de seguridad nacional y de temas asociados. Este encuentro, inédito en las relaciones entre ambas instituciones, resultó sumamente productivo.

4. Propuestas con punto de acuerdo

Se recibieron doce propuestas con punto de acuerdo por parte de los distintos grupos parlamentarios representados en esta Soberanía. Diez de ellos del ámbito de la política exterior y dos del ámbito de la educación pública. Siete de ellos fueron dictaminados favorablemente y aprobados por el Pleno. Tres quedaron sin materia, por lo que se solicitó su descargo por parte de la Mesa Directiva.

5. Reuniones con funcionarios públicos

Finalmente, la Segunda Comisión desea hacer del conocimiento del Pleno que con motivo de las sesiones de análisis y dictaminación de los asuntos turnados a la misma, los miembros que la integramos tuvimos la . oportunidad de reunirnos con funcionarios públicos de las siguientes dependencias.

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretario de la Defensa Nacional, General Gerardo Clemente Vega García, con el propósito de conocer de primera mano las reglas y mecanismos que sigue la dependencia en materia de ascensos de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Secretaría de Relaciones Exteriores

1. Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Luis Ernesto Derbez.

2. Lic. Gerónimo Gutiérrez, Subsecretario de América del Norte.

3. Comisión de Personal.

Las anteriores reuniones se realizaron para conocer diferentes aspectos de la política exterior de México, así como para conocer en el caso de esta dependencia la mecánica y procedimiento para los ascensos de los miembros del Servicio Exterior Mexicano.

Los miembros de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente, damos cuenta de este informe a los 10 días del mes de marzo de 2004.

Atentamente.

México, DF, a 10 de marzo de 2004.--- Sen. Silvia Hernández, Presidenta.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Tiene el uso de la palabra el senador Héctor Larios.

El senador Héctor Larios Córdova:

Con el permiso de la Presidencia y de manera breve presentar una sinopsis de los trabajos que realizó la Tercera Comisión que se reunió, además de la sesión de instalación, en nueve reuniones semanales.

Recibió esta comisión para su despacho 28 propuestas de punto de acuerdo, 21 de ellas fueron aprobadas por este pleno.

Entre estas propuestas se solicitó la comparecencia de algunos funcionarios, tuvimos, en primer lugar, la comparecencia del licenciado Fernando Elizondo, enlace del Ejecutivo para la Convención Nacional Hacendaria sobre el tema precisamente de la participación del Legislativo en la Convención Nacional Hacendaria.

En términos de una propuesta de punto de acuerdo para hablar sobre la situación del empleo en el país, tuvimos la comparecencia del secretario del Trabajo, Carlos Abascal, del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Santiago Levy y del director del INEGI Gilberto Calvillo Vives.

En materia de hablar del cumplimiento del artículo del presupuesto de egresos que establece un conjunto de medidas de austeridad que la Cámara de Diputados estableció para el Ejecutivo, compareció el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz.

Para conocer en torno a la venta de las acciones o a la oferta pública que ha hecho BBV de las acciones de Bancomer y el desempeño de la banca comercial, comparecieron el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Jonathan Davis y el Jefe de SAT, José María Zubiría.

Para conocer en torno a las medidas que México ha adoptado para proteger de las infecciones de las vacas locales y de la gripe aviar, compareció el director general de Salud Animal, doctor José Angel del Valle.

El día de hoy en la mañana, para conocer en relación a las políticas de fomento al empleo y de los mecanismos de financiamientos para microempresarios compareció el Secretario de Economía, Fernando Canales Clariond.

Adicionalmente la comisión envió preguntas por escrito, las cuales fueron atendidas por el vocal ejecutivo del IPAB, y está programada para el próximo lunes una reunión privada para discutir sobre el diálogo escrito que se estableció.

De la misma manera la Permanente aprobó el que se cuestionara por escrito y se solicitara este informe sobre el problema de la tala ilegal de bosques al Secretario de Medio Ambiente, esta información ya se recibió y fue también turnada.

Yo, finalmente, quisiera comentar el agradecimiento que tengo con los integrantes de la comisión, es muy difícil que en una sesión semanal tener quórum de la propia comisión y afortunadamente la comisión contó con quórum en todas sus reuniones, particularmente agradecer a los secretarios, a Luis Antonio Ramírez y a Dolores Padierna y a los demás integrantes de esta comisión, por el esfuerzo, desempeño y la asistencia en una cantidad enorme de actividades que tuvimos.

Es cuanto, señor Presidente.

«Tercera Comisión (Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente

Informe de actividades

(Enero a marzo 2004)

Durante el periodo de la Tercera Comisión, se turnaron a esta comisión 28 puntos de acuerdo, de los cuales 21 fueron resueltos y 7 quedaron pendientes. A continuación se presenta una descripción de los mencionados puntos de acuerdo y su respectivo status.

I. Puntos de acuerdo dictaminados

La Tercera Comisión, de la Comisión Permanente, se dictaminó los siguientes puntos de acuerdo:

IV. Comparecencias y reuniones de trabajo

Reunión de trabajo con el licenciado Fernando Elizondo, enlace del Ejecutivo respecto a la CNIL. El tema fue: la Convención Nacional Hacendaria y el funcionamiento de las mesas de trabajo. Día 2 de febrero de 2004.

Comparecencia del licenciado Carlos Abascal, Secretario del Trabajo y Previsión Social; el doctor Santiago Levy Algaza, director general del IMSS y doctor Gilberto Calvillo, director general del Inegi. El tema fue: la situación del empleo en México. Día 4 de febrero de 2004.

Comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Francisco Gil Díaz. El tema fue: las acciones tomadas respecto al cumplimiento del artículo 30 del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2004. Día 17 de febrero de 2004.

Reunión de trabajo con el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ingeniero José María Zubiría Maqueo y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), licenciado Johnathan Davis Arzac. El tema fue: las condiciones tributarias de la venta de acciones de Bancomer a BBVA. Día 3 de marzo de 2004.

Reunión de trabajo con el director de Salud Animal de la Sagarpa, doctor José Angel del Valle. El tema fue: las presiones para abrir las importaciones de carne procedente de países que no están libres de riesgos sanitarios. Día 9 de marzo de 2004

Comparecencia del Secretario de Economía, licenciado Fernando Canales Clariond. El tema fue la situación del empleo y el Programa de Microfinanciamiento en México. Día 10 de marzo de 2004.

Asimismo, en virtud de un punto de acuerdo presentado, se formularon preguntas al Secretario Ejecutivo del IPAB, posteriormente se recibieron las respuestas a dichos cuestionamientos y el lunes 15 de marzo se organizará una reunión de trabajo con el licenciado Mario Beauregard, Secretario Ejecutivo de dicho Instituto para resolver y aclarar cualquier posible duda.

Finalmente, en virtud de otro punto de acuerdo presentado, se solicitó información por escrito a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales acerca de la tala inmoderada de árboles. Esta información se recibió el día 10 de marzo de 2004 por parte de la Secretaría y fue entregado a los legisladores correspondientes.

Lista de legisladores integrantes de la Tercera Comisión

1. Sen. Héctor Larios Córdova (presidente) PAN

2. Dip. Luis Antonio Ramírez (secretario) PRI

3. Dip. Dolores Padierna (secretaria) PRD

4. Dip. Carlos Flores Rico PRI

5. Dip. Federico Döring Casar PAN

6. Dip. Francisco Barrio Terrazas PAN

7. Dip. Heliodoro Díaz Escárraga PRI

8. Dip. Luis Antonio González Roldán PVEM

9. Dip. Minerva Hernández Ramos PRD

10. Dip. Pedro Vázquez González PT

11. Dip. Rogelio Rueda Sánchez PRI

12. Sen. César Camacho Quiroz PRI

l3. Sen. Juan José Rodríguez Prats PAN

14. Sen. Rómulo Campuzano González PAN

15. Sen. Fernando Gómez Esparza PRI

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Gracias, señor senador.

Después de dar el trámite de enterado y concluir que se ordena se inserte en el Diario de los Debates, en este punto de las solicitudes de excitativas, en virtud de que estamos a punto de concluir las cuatro horas a las que nos debemos de sujetar en el reglamento de debates y también de que las excitativas están publicadas en la Gaceta Parlamentaria, de conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turnan a las comisiones respectivas las excitativas en comento para que emitan los dictámenes correspondientes y que son urgentes.

EXCITATIVAS
El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del PRD.

La que suscribe, Eliana García Laguna, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a esta Presidencia que tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para elaborar el dictamen correspondiente al punto de acuerdo sobre la situación prevaleciente en el municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca, suscrita por diputados de los grupos parlamentarios del PRD, del PT y de Convergencia y presentada por la diputada María del Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del martes 23 de septiembre de 2003.

Antecedentes

En el referido punto de acuerdo se consignaron los hechos relacionados con la lucha emprendida por un grupo de habitantes de Unión Hidalgo, municipio de Juchitán, Oaxaca, para demandar transparencia en el uso de los recursos municipales y el consiguiente enfrentamiento y represión de que fueron objeto, además del esclarecimiento de la muerte de Carlos Sánchez López, diputado local y abogado defensor de los presos unihidalguenses.

Por medio de este punto de acuerdo se solicita a la Cámara de Diputados que manifieste su preocupación por la integridad física de los habitantes de Unión Hidalgo, el destino de los recursos públicos federales radicados en ese municipio y la actuación de las autoridades estatales ante la situación ahí generada.

Asimismo, hace un respetuoso llamado al Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para que, con la mayor brevedad, atienda las solicitudes de auditoría sobre el ejercicio de recursos municipales de Unión Hidalgo y de desaparición de poderes de éste, presentada por ciudadanos de la localidad.

Se solicita además información a la Procuraduría General de Justicia estatal sobre la situación de ciudadanos contra quienes se libraron órdenes de aprehensión por su participación en el conflicto.

A cinco meses de su lectura ante el Pleno de la Cámara de Diputados y su turno a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ésta no ha emitido el dictamen correspondiente.

Consideramos oportuno que la Comisión mencionada se pronuncie en algún sentido, toda vez que continúan vigentes órdenes de aprehensión contra 27 personas por delitos de los que se declaran inocentes, además de que se están librando nuevas órdenes, como es el caso de los ciudadanos Héctor Ordaz Matus y Leti Zárate Regalado, miembros del Consejo Ciudadano Unihidalguense. Con estas acciones queda de manifiesto que la situación prevaleciente en aquella comunidad poco ha variado desde que se presentó el punto de acuerdo antes referido.

La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca reconoce violación del derecho de petición de ciudadanos de Unión Hidalgo por parte de la LVIII Legislatura del Congreso local, por lo que el problema que dio origen al conflicto entre autoridades y ciudadanos de esa localidad no se ha resuelto.

La Secretaría de Gobernación afirma que mantiene comunicación constante y directa con las autoridades oaxaqueñas a fin de recabar información necesaria para responder a las solicitudes de información de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como una interlocución entre habitantes de Unión Hidalgo y el Poder Ejecutivo de Oaxaca, con objeto de instaurar una mesa de diálogo y buscar soluciones de manera conjunta, en un marco de negociación.

La propia secretaría manifiesta que no ha recibido respuesta por parte del gobierno encabezado por José Murat Casab.

A pesar de que no han existido hechos violentos desde agosto de 2003, cuando fue asesinado el diputado Carlos Sánchez López, la incertidumbre y la zozobra privan en Unión Hidalgo. Las demandas que dieron origen al conflicto permanecen incólumes y, por tanto, se hace necesaria la participación del Congreso federal para contribuir a su solución.

No esperemos a que de nueva cuenta la violencia se haga presente para mediar entre autoridades y gobernados, como sucedió en Tlalnepantla, Morelos, o en la propia comunidad de Unión Hidalgo.

Por ello solicitamos a esta Presidencia que envíe la presente excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a fin de que se elabore el dictamen correspondiente sobre el punto de acuerdo referido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2004.--- Dip. Eliana García Laguna (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Se turna a a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Excitativa a las comisiones de Gobernación, de Estudios Legislativos y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, a solicitud de la diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del PRD.

La suscrita, diputada federal Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, fracción XVI, y el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta presidencia tenga a bien formular excitativa al Senado de la República, a efecto de que a la brevedad las Comisiones dictaminadoras del Senado envíen la minuta ante el Pleno de este órgano legislativo, referente a la iniciativa con proyecto de decreto de Ley de Radio y Televisión.

Antecedentes

La reforma a los medios de comunicación electrónicos es un tema pendiente de la reforma del Estado, y como objeto la consolidación de nuestro sistema democrático, que no sólo busca una actualización y adecuación de la ley vigente, sino la modernización de los medios masivos de comunicación.

La Ley Federal de Radio y Televisión vigente es de 1960, su última reforma se dio el 30 de noviembre de 2000, la cual es hasta el momento insuficiente para adecuar la ley a la nueva realidad que la sociedad demanda.

Desde 1977, la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión es parte central de discusiones en diferentes ámbitos, como el legislativo, el académico y de la sociedad civil en general.

El 5 de marzo de 2001, la Secretaría de Gobernación instauró una mesa de diálogo para la revisión integral de la legislación de los medios electrónicos, con el objeto de definir una propuesta de reforma integral de la legislación de los medios electrónicos.

El 10 de diciembre de 2002, el Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión.

El 12 de diciembre de 2002, los senadores Raymundo Cárdenas Hernández y Javier Corral Jurado, del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional, presentaron una iniciativa con proyecto de Ley Federal de Radio y Televisión, que fue turnada para su estudio a las Comisiones de Gobernación, de Estudios Legislativos, y de Comunicaciones y Transportes de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

La iniciativa tiene por objeto dotar al Estado de un proyecto sólido en materia de medios de comunicación electrónicos, en el que no se privilegie exclusivamente la explotación comercial del espectro sino que incluya a los medios de comunicación como un factor de cohesión social, instrumento de educación y desarrollo, a través del fortalecimiento de las opciones alternativas.

La iniciativa tiene como principio la pluralidad y democracia en el acceso a los medios, contra la concentración y discriminación existente. Busca garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los individuos en especial de las minorías y los grupos vulnerables.

La iniciativa plantea flexibilizar el otorgamiento de permisos de transmisión a organizaciones sin fines de lucro, definir la finalidad social de los medios bajo explotación directa del Estado y dotarlos de una estructura orgánica congruente. Así como corregir formas discrecionales en la administración y operación de la relación de los medios y el Estado.

Por lo antes expuesto, solicito a esta Presidencia que envíe la presente excitativa a las Comisiones de Gobernación, de Estudios Legislativos, y de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República a efecto de que a la brevedad las comisiones dictaminatorias envíen ante el pleno de la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto de Ley de Radio y Televisión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2004. Dip. Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Se turna a las comisiones de Gobernación, de Estudios Legislativos y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Excitativa a la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del PRI.

Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

El que suscribe, Carlos Flores Rico, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a esta Presidencia que tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Gobernación a emitir el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción X bis del artículo 34, para pasar a ser fracción VIII, actualmente derogada, del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en la sesión del 23 de octubre de 2003.

Antecedentes

En noviembre de 2000, el Pleno de esta Cámara aprobó reformas de diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; entre ellas, una que determinaba que el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas de Solidaridad (Fonaes) dejara de ser una institución coordinada por la Secretaría de Desarrollo Social y pasara a formar parte de la estructura en la Secretaría de Economía.

El pasado 23 de octubre de 2003, en nombre de diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos presentó ante el Pleno la iniciativa en que propone que el Fonaes se reintegre a la Secretaría de Desarrollo Social y se desincorpore de la Secretaria de Economía. Fue turnada a la Comisión de Gobernación para su dictamen correspondiente.

La iniciativa argumenta que, desde su creación, el Fonaes tuvo como finalidad ``... apoyar las empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas y rurales a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación y evaluación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para destinarlos a los mismos fines...''

De acuerdo con lo manifestado en la iniciativa con proyecto de decreto, el Fonaes ``tiene que ver más con una función social que con una visión meramente económica, además de ser una institución que aborda el problema de la pobreza y de la marginación con una propuesta que busca combatir las causas que generan la exclusión y marginación de amplios sectores''.

Por lo anterior, muchos diputados consideramos que el Fonaes no cumple hoy día la función social que se le encomendó, pues la actual administración y la secretaría a que se encuentra adscrito no tiene como atribuciones tareas de organización y apoyo al segmento de la población que originalmente atendía.

Coincidimos con nuestros compañeros diputados que presentaron la iniciativa en el sentido de que es pertinente efectuar la reforma legal para que el Fonaes y las actividades que realiza regresen al ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social, de la cual no debió salir, haberlo hecho fue un grave error que resulta necesario enmendar.

Como se mencionó, la iniciativa con proyecto de decreto propone derogar la fracción X bis del artículo 34, para ser fracción VIII, actualmente derogada, del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 32

A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a VII. ...

VIII. Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación y evaluación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a lo mismos fines, así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, previa calificación, con la intervención de las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y de los municipales, y con la participación de los sectores social y privado.

IX. a XVII. ...

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se sirva efectuar la excitativa propuesta, en los términos siguientes:

Unico. Se excite a la Comisión de Gobernación a efecto que con la mayor brevedad haga llegar al Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto referido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2004.--- Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

«Excitativa a la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del PRI.

C. Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.

El suscrito, diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 58 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promueve ante usted la excitativa siguiente:

Antecedentes

1. El 28 de agosto de 1996, integrantes del autodenominado ``Ejército Popular Revolucionario'', cuya base principal se ubicó posteriormente en la región de Los Loxichas, Pochutla, Oax., irrumpieron violentamente en instalaciones militares y policiacas de Huatulco y Tlaxiaco, del mismo estado.

2. Luego de las investigaciones realizadas por la autoridad, por su responsabilidad en los hechos, se procesó a 214 indígenas, presuntos integrantes de ese grupo armado, por delitos del fuero común y a otros 14 por delitos del fuero federal.

3. Sin duda, los delitos cometidos tuvieron móviles de reivindicación social, originados en la falta de oportunidades, la pobreza extrema y la marginación de la zona, la ignorancia, la opresión de cacicazgos o la angustia por el abandono gubernamental; y aunque, en sí mismos, dichos móviles no exculpan a los autores intelectuales y materiales de los ilícitos, sí nos hacen entender que la desigualdad, el atraso, la forma infrahumana de vida de éstos, explican sus actos desesperados.

4. En esa virtud, en diciembre de 2000, el gobierno del estado de Oaxaca decidió otorgar, entendiendo la complejidad sociocultural del problema y en aras de propiciar paz social, distensión, unidad y reconciliación entre los oaxaqueños, amnistía a los involucrados, perdón y olvido legal a infractores y penas aplicadas.

5. Actualmente, todos los que resultaron beneficiados por la amnistía local han recobrado su libertad. No obstante, los 14 sentenciados por delitos federales (terrorismo, conspiración y sabotaje) permanecen internos en diversos reclusorios, a pesar de que diversos organismos no gubernamentales, los propios internos, comisiones de derechos humanos, diputados y gobierno del estado han propugnado porque el Gobierno Federal diseñe mecanismos legales y políticos que permitan su liberación.

6.- En tal sentido, como un medio legítimo para lograr ese propósito, el 8 de octubre de 2002 fue presentada, ante la Cámara de Diputados del Congreso General, una iniciativa de Ley Federal de Amnistía, suscrita por 96 diputados de la LXVIII Legislatura, para las personas que participaron en los hechos antes narrados y que alteraron la vida institucional y la seguridad pública impulsadas por móviles de reivindicación social, particularmente en los territorios de La Crucecita y Santa Cruz Huatulco, Macuilxóchitl, Tlaxiaco y San Agustín Loxicha, Oax.

7. Dicha iniciativa fue turnada, el mismo día de su presentación, 8 de octubre de 2002, a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, sin que hasta ahora haya sido dictaminada, lo cual constituye una omisión que contraviene la normatividad aplicable.

En razón de lo expuesto, y con fundamento en los artículos 45, numeral 6, incisos c), e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de esta Comisión Permanente:

Unico. Excite en lo conducente a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que dictamine, conforme a la ley, la iniciativa descrita.

Palacio Legislativo, a 10 de marzo de 2004.--- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Pasamos a agenda política.

El siguiente punto del orden del día es comentarios sobre el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal que incorpora la acción de nulidad de juicio concluido.

Tiene la palabra el senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El senador David Jiménez González:

Estimadas compañeras y compañeros legisladores: realmente este tema, que venía ya siendo agendado desde hace ya tres semanas, llega a tener la fortuna de exponerse el día de hoy.

Pero con satisfacción vimos hace un par de días que la Procuraduría General de la República interpuso una controversia constitucional respecto a las modificaciones que hizo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre esta nulidad de juicio concluido.

Y creo que tiene razón puesto que el haber realizado una inclusión del Capítulo XII al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, la Asamblea estaba más que analizando, estudiando y apegándose a las técnicas jurídicas que deben de prevalecer en los procesos legislativos, a otras circunstancias fundamentalmente de índole político que permitían establecer un mecanismo que pudiera dejar sin efecto las resoluciones que se dictan en la sentencia y en la cual se hayan agotado todos los recursos de impugnación para que ésta sea considerada como cosa juzgada, salvo, y eso ya lo prevé el mismo Código, en sus artículos 280 y tantos etcétera, cuando existen elementos que presumen la comisión de un delito que se denomina fraude a la ley, que esto da por consecuencia que se ejercite una acción de nulidad de un juicio que ha concluido y que ha obtenido, desde luego, una sentencia que se ha considerado como firme.

Cosa juzgada viene siendo algo sumamente relevante para cualquier resolución que emitan los órganos jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque esto nos da fundamentalmente la certeza y la credibilidad de lo que es la seguridad jurídica.

Si nosotros, como hemos tocado en muchos otros temas los principios de legalidad y de seguridad jurídica y no llegamos verdaderamente a canalizar todo tipo de acto, de acción, tanto de las autoridades como de los gobernados, entonces no estaremos viviendo un Estado de Derecho, sino que estaremos respondiendo a otras circunstancias, cualesquiera que puedan ser éstas, pero menos ajustando nuestros actos a la ley.

De ahí que la importancia de que se haya señalado ésta como lo denominó acertadamente un periodista destacado de nuestro país que escribe en uno de los diarios nacionales, Miguel Angel Granados Chapa, una verdadera aberración jurídica y una extralimitación de las facultades de la Asamblea de Representantes, que desconociendo fundamentalmente la técnica jurídica, se había abocado a establecer un juicio de nulidad de juicio concluido, por una parte.

Y por otro lado, al establecer en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, una figura que no debe de estar comprendida dentro de él, sino que debe de corresponder a otro ordenamiento legal que es el que se encarga de analizar, de ver y de establecer cuáles son los tipos de conducta, los supuestos que este propio ordenamiento llamado Código Penal, puede comprender como un fraude procesal.

De esta manera, vemos pues que el legislador local, los asambleístas cometieron, sin lugar a dudas, errores de carácter legislativo y errores de carácter jurídico y una falta total de técnica jurídica, al tratar de incorporar en este Título Decimosegundo-Bis, la figura de nulidad de juicio concluido y en el artículo 737, que es la última parte de este Título Decimosegundo-Bis, establecer la figura del fraude procesal.

Por eso nosotros nos congratulamos con que se haya presentado ya esta controversia, para que de esta manera, si no es que antes y estoy seguro que antes lo va a hacer la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, corregir esto que han llamado con toda atingencia aberraciones de carácter jurídico.

Creo yo sinceramente que en lo que nos debemos de concentrar es en fortalecer, en el caso del Distrito Federal, los órganos de gobierno y no tratar de predominar, por llamarlo de alguna manera, en el ejercicio de cada una de las competencias, atribuciones y funciones de los órganos, las disposiciones que pudieran encuadrar a los apetitos de carácter político o de poder público que se pudieran tener.

Si queremos tener verdaderamente un sistema de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder público, en donde el artículo 122 de nuestra Constitución y el Estatuto de Gobierno y los códigos como éste, el Código de Procedimientos Civiles, el Código Civil, el Código de Procedimientos Penales, el Código Penal, establezcan con toda claridad y precisión cuáles son aquellos preceptos que deben de contener este tipo de figuras o este tipo de conductas.

Por lo pronto nos da satisfacción, nos da gusto, que la Procuraduría General de la República haya reparado en esto para presentar esta controversia. Pero sí queremos dejar perfectamente claro que desde hace más de tres semanas que nosotros queremos presentar este punto ante la consideración de ustedes, para que se exhortara a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para que hiciera una reflexión y modificación a este Título Decimosegundo-Bis del Código de Procedimientos Civiles y que quedara perfectamente establecido que ya estos actos de nulidad de juicios concluidos, que aprecien ya los artículos 2180 y 2184, como lo prevé actualmente la ley, pues dejarían de tener vigencia. Que no se trata, desde luego, de establecer una nueva figura para tratar de adaptarla a un caso que puede ser reciente o que puede ser singular y menos incluir una figura que corresponde a la normatividad penal, incluida en un Código de Procedimientos Civiles, como es el caso.

Por eso he sometido a la consideración de todos y cada uno de ustedes, que lo que debemos de hacer es dar una recomendación a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para que ajuste estos dispositivos y desde luego respeten la técnica jurídica que debe prevalecer en todo el proceso legislativo.

Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera:

Gracias a usted, señor senador.

Señoras y señores legisladores, los siguientes puntos del orden del día que hemos agendado han sido retirados por los grupos promoventes de los mismos. Debido a lo anterior, pido a la Secretaría dé lectura al orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

No habiendo más asuntos en cartera, señor Presidente, me permito dar lectura al orden del día del próximo 15 de marzo.

«Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Lunes 15 de marzo de 2004.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Informe sobre las actividades realizadas por la Comisión Permanente.

Designación de comisiones reglamentarias.

Declaratoria de terminación formal de los trabajos de la Comisión Permanente.»

CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (a las 14:54 horas):Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el lunes 15 de marzo del 2004, a las 10:00 horas.

RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 3 horas 45 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 25 legisladores.

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 3.

Senador que solicita licencia: 1.

Proposiciones con punto de acuerdo: 10.

Puntos de acuerdo aprobados: 3.

Excitativas a comisiones: 4.

Temas de agenda política: 1.

Oradores en tribuna: 26

PRI-7; PAN-7; PRD-11; PT-1.

Se recibió:

1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a ceremonia cívica conmemorativa;

1 informe de la I Reunión Interparlamentaria México-Brasil;

1 oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que remite comunicación del Vicepresidente de la Comisión Nacional Electoral de Indonesia;

1 comunicación del diputado Julián Angulo Góngora, Presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, por la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite las propuestas de ratificación de nombramientos del Presidente de la República, de 16 magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;

3 informes de las diversas comisiones de trabajo;

1 iniciativa del Congreso del estado de Baja California;

3 iniciativas del Ejecutivo;

3 iniciativas del PRD;

1 iniciativa del PAN.

Dictámenes de primera lectura:

1 de la Segunda Comisión con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 23 al 26 de marzo de 2004, a fin de realizar visitas oficiales a las repúblicas de Guatemala, Honduras y Nicaragua, y participar en la VI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla;

1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede el permiso necesario para que los ciudadanos Sara Guadalupe Bermúdez Ochoa, Luis Ernesto Derbez Bautista y Jaime Virgilio Naulart Sánchez, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Dictámenes aprobados:

1 de la Segunda Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Fernando Estrada Sámano, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino de Suecia;

1 de la Segunda Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Carlos Pujalte Piñeiro, como Cónsul General de México en Toronto, Canadá;

1 de la Segunda Comisión con punto de acuerdo a proposición presentada el pasado 25 de febrero, para exhortar al Ejecutivo Federal a que México se adhiera a la Convención sobre el Cibercrimen del Consejo de Europa;

1 de la Segunda Comisión con punto de acuerdo a proposición presentada el pasado 3 de marzo, relativo a la resolución de la Corte de Oklahoma, Estados Unidos de América, en relación con el caso del mexicano Osvaldo Torres, y para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que en la reunión anual de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, manifiesta la inconformidad de México por el desacato a las medidas cautelares señaladas por la Corte Internacional de Justicia de la Haya;

1 de la Primera Comisión con punto de acuerdo a proposición presentada el pasado 3 de marzo, para solicitar a los Poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Yucatán, información sobre las acciones realizadas en cumplimiento de la recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos de esa entidad federativa, relativa al caso del indígena maya preso Ricardo Ucán Seca;

1 de la Primera Comisión con punto de acuerdo a proposición presentada el pasado 3 de marzo, relativo a la proposición para convocar a la construcción de un gran acuerdo nacional, a efecto de que sea analizada por la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados;

1 de la Primera Comisión con punto de acuerdo a proposición presentada el 18 de febrero relativo al conflicto laboral en la empresa Mexicana de Cananea, SA de CV;

1 de la Primera Comisión con punto de acuerdo en relación con la propuesta del Presidente de la República, para la designación de un magistrado del Tribunal Superior Agrario, a efecto de que se turne a la Cámara de Senadores;

1 de la Tercera Comisión con punto de acuerdo a proposición presentada el 25 de febrero pasado, para solicitar al Administrador General de Aduanas, un informe sobre las medidas adoptadas para atender las denuncias de productores mexicanos sobre el decomiso de mercancía ingresada de manera ilegal y de las sanciones respectivas;

1 de la Tercera Comisión con punto de acuerdo a proposición presentada el pasado 11 de febrero, para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la metodología utilizada para la estimación de ingresos públicos derivados de la extracción y exportación de petróleo;

1 de la Segunda Comisión con punto de acuerdo a proposición presentada el pasado 25 de febrero, para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la divulgación entre la comunidad de mexicanos en los Estados Unidos de América, del memorando de entendimiento en materia de repatriación;

27 dictámenes de la Segundo Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;

1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a tres de ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de España y Japón;

1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a cinco de ciudadanos para prestar servicios a gobiernos extranjeros;

1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Samuel Humberto Argeñal Olivera para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Honduras en la ciudad de Morelia.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Camacho Quiroz, César (PRI) Comisiones de Trabajo: 197

Camacho Quiroz, César (PRI) Corrupción: 167

Camacho Solís, Víctor Manuel (PRD) Corrupción: 174

Camacho Solís, Víctor Manuel (PRD) República de Haití: 181

Díaz Escárraga, Heliodoro Carlos (PRI) Seguridad pública: 177

Döring Casar, Federico (PAN) Corrupción: 171 desde curul, 175

Gómez Alvarez, Pablo (PRD) Corrupción: 169, 171, 172 desde curul

Gómez Alvarez, Pablo (PRD) Instituto Nacional de las Mujeres: 194

Guerra Castillo, Marcela (PRI) Gas natural: 127

Hernández Enríquez, Silvia (PRI) Comisiones de Trabajo: 211

Hernández Ramos, Minerva (PRD) Artículo 93 constitucional: 38

Hernández Ramos, Minerva (PRD) Manuel Francisco Ortega González: 153

Hernández Ramos, Minerva (PRD) Participaciones federales: 189

Hernández Ramos, Minerva (PRD) Seguridad pública: 180

Jáuregui Robles, Sergio César Alejandro (PAN) Corrupción: 164

Jiménez González, David (PRI) Código de Procedimientos Civiles: 224

Larios Córdova, Héctor (PAN) Comisiones de Trabajo: 214

Madero Quiroga, Adalberto Arturo (PAN) Maíz: 150

Ramírez Pineda, Luis Antonio (PRI) Ingenios cañeros: 159

Rodríguez Prats, Juan José (PAN Corrupción: 167, 170, 172

Romero Castillo, Cecilia (PAN) Instituto Nacional de las Mujeres: 197 desde curul

Sodi de la Tijera, Demetrio (PRD) Corrupción: 160, 176

Vázquez González, Pedro (PT) Infored: 156