CONTINUACION DE LA SESION No. 33 DEL 15 de DICIEMBRE de 2003
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, a fin de establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 una partida destinada a incrementar el Patrimonio del Fideicomiso que Administra el Fondo de Jubilaciones de los Trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del diputado Francisco Grajales Palacios, del grupo parlamentario del PRI.
Con permiso, señor Presidente; honorable Asamblea; compañeras diputadas y compañeros diputados:
El suscrito Francisco Grajales Palacios, diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura Federal de esta soberanía, la propuesta que contiene el siguiente:
Punto de acuerdo para que se contemple dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2004, una partida presupuestal con recursos suficientes para que el Ejecutivo Federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso que administra el Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, en Liquidación, para incrementar el aguinaldo y las pensiones de este grupo de pensionados.
Antecedentes1. Como resultado del Proceso de Privatización del Sistema Ferroviario Mexicano, 56,372 (cincuenta y seis mil trescientos setenta y dos) trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, obtuvieron el beneficio de su jubilación al cumplir con los requisitos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, los convenios laborales y/o Reglamentos correspondientes.
2. Para garantizar el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados, el Gobierno Federal atendiendo la gestión de la Dirigencia del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, aportó por conducto de Ferrocarriles Nacionales de México, los recursos económicos necesarios, conforme a cálculos actuariales, para tal objetivo. Tales recursos económicos fueron aportados mediante contrato de fideicomiso a Nacional Financiera, S.N.C. dentro del Fideicomiso FERRONALESJUB número 5012-6.
3. El desfasamiento entre el inicio de operaciones del Fondo de Jubilaciones, 26 de septiembre de 2000, el ultimo proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo, 1º. De junio de 1999, y el ejercicio fiscal tomado en cuenta por el Banco de México para determinar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, originó que las pensiones y prestaciones en el primer año de operaciones del Fondo de Jubilaciones se incrementaran en un porcentaje inferior a la inflación del año inmediato anterior, por lo que resulta además de justo, conveniente que este grupo de jubilados reciban un ajuste en sus pensiones y prestaciones para resarcirlos del perjuicio que este procedimiento les ocasionó.
4. En otro orden de ideas, durante la vigencia de las relaciones laborales en Ferrocarriles Nacionales de México, dentro de los procesos de revisión contractual, la dirigencia del Sindicato Ferrocarrilero solicitó del patrón, el incremento en el número de días (15) que la empresa pagaba a los jubilados por concepto de aguinaldo anual, para igualarlos con el número de días (40) que por igual concepto se pagaba anualmente a los trabajadores en servicio activo. Sin embargo, no se llegó a concluir dicha negociación ante la conclusión del proceso de privatización. De esta forma el Fondo de Jubilaciones únicamente cubre a los ferrocarrileros jubilados una cantidad por concepto de aguinaldo anual equivalente a quince días sobre el importe de la pensión mensual jubilatoria, lo cual resulta injusto y discriminatorio si atendemos que la mayoría de los pensionados y jubilados dentro de los sistemas oficiales de seguridad social (IMSS, ISSSTE, etc,) reciben el equivalente a un mes de sus pensiones, de ahí que se estime necesario que se aporten al Fideicomiso que administra el Fondo de Jubilaciones los recursos necesarios para que esta prestación anual se ajuste en su monto a lo que reciben por idéntico concepto la mayoría de los pensionados y jubilados de este país.
5. Este tema ha sido recurrentemente planteado por la Dirigencia del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, ante integrantes de las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión, y Senadores y Diputados de las distintas fracciones parlamentarias han abordado la tribuna de ambas Cámaras y de la Comisión Permanente para apoyar este justo reclamo de los ferrocarrileros jubilados y su dirigencia sindical, tal es el caso, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno del Senado de la República, con el consenso de todos los partidos en él representados, en sesión de fecha 10 de diciembre de 2002, y que la dirigencia sindical, el 11 de diciembre de 2002, hiciera del conocimiento y solicitara el apoyo de los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura Federal, sin que se hubiere atendido este reclamo en esa ocasión.
6. Por ello, la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional convoca al resto de las fracciones parlamentarias representadas ante esta Honorable Soberanía para que se adopte el acuerdo de que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados al elaborar el dictamen de la Iniciativa del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, incluya una partida presupuestal con los recursos necesarios para que el Gobierno Federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso FERRONALES JUB 5012-6 de Nacional Financiera, S.N.C. que administra el Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, y de esta forma se incrementen las pensiones jubilatorias en un porcentaje superior a la Inflación determinada por el Banco de México con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor y el aguinaldo anual que recibe este grupo de pensionados y jubilados y se incremente permanentemente a 30 (treinta) días para hacerlo coincidir con el que recibe el resto de los pensionados y jubilados en este país.
7. Lo anterior para hacer efectiva la obligación que impone al Gobierno Federal el artículo 4º. del Decreto por virtud del cual se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de junio del 2001, de constituirse en garante permanente de los derechos de los extrabajadores del Organismo Público Descentralizado y de que el Fondo de Jubilaciones establecido para garantizar el pago vitalicio de las pensiones de los ferrocarrileros jubilados cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
Por lo expuesto a usted C. Presidente de la Mesa Directiva solicito con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someta a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
Punto de AcuerdoUnico.- Que las fracciones parlamentarias representadas en esta Honorable Cámara de Diputados acuerden que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, consideren esta propuesta y al elaborar el dictamen de la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2004, incluyan una partida con los recursos económicos necesarios para que el Poder Ejecutivo Federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso FERRONALESJUB NÚMERO 5012-6 de Nacional Financiera, S.N.C. relativo al Fondo de Jubilaciones de los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, y hacer posible que las pensiones, las prestaciones y el aguinaldo anual que reciben los fideicomisarios sean incrementados en los términos señalados en la presente propuesta.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2003.--- Diputados: Francisco Grajales Palacios, Manuel Velasco Coello, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Emilio Zebadúa González, César Amín González, Carlos Blackaller Ayala, Sami David David, Carlos Pano Becerra, Roberto Aquiles Aguilar, Jorge Utrillo Robles, Arturo Osornio Sánchez, Carlos Mireles Morales, Mario Carlos Culebro Velasco, José Alarcón Hernández, Emelia Sandoval Urbán, Arturo Robles Aguilar, Guillermo del Valle Reyes, César Chávez Castillo (rúbricas).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.«Proposición con punto de acuerdo, en torno de la nueva Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, a cargo del diputado Edgar Torres Baltazar, del grupo parlamentario del PRD.
Honorable Asamblea:
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios sometemos consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
ConsideracionesPRIMERA: El Instituto Politécnico Nacional es, por historia y mérito propio, una de las instituciones públicas más importantes de su género en el país, lo cual se refleja en la calidad de la formación que ofrece en educación media superior, superior y posgrado; y por su contribución significativa en el desarrollo de la investigación científica y tecnológica de frontera, así como en la generación y difusión de conocimientos.
SEGUNDA: La grandeza y fortaleza del Instituto Politécnico Nacional se constata prácticamente en todos los ámbitos de la vida nacional. Hoy, el IPN atiende a más de 175 mil estudiantes en su modalidad escolarizada y casi 50 mil en la modalidad a distancia, además de brindar educación no formal a la población en general. Para ello, cuenta con una planta académica de 14 mil 268 docentes e investigadores.
TERCERA: La comunidad politécnica ha emprendido un proceso de transformación estructural, que incluye reformas en los ámbitos académico, técnico-administrativo y jurídico, con la participación conjunta de autoridades, profesores, investigadores, estudiantes y trabajadores de manera libre, conciente y pública. Esto, sin abandonar los principios filosóficos y de carácter social y revolucionario que dieron origen al Instituto. Para garantizar la consolidación de ese proceso de transformación, la comunidad politécnica presentó al titular del Ejecutivo Federal un proyecto de nueva Ley Orgánica para la institución, a fin de obtener mayor autonomía académica, jurídica, y administrativa y estar en condiciones de plantear las mejores estrategias de atención a las necesidades presentes y futuras del Instituto y el País.
Las anteriores razones convalidan la necesidad de otorgar al Instituto un nuevo marco jurídico, que entre otros elementos considere el conjunto de libertades perfectamente determinadas en una ley o en un precepto constitucional, en la que el Estado reconoce y faculta a una institución de educación superior, para darse a sí misma las normas que rijan su organización y vida interna, sin intervenciones externas o del poder administrativo. Solo así puede llevar a cabo debidamente su misión.
CUARTA: La ciencia, la investigación, la educación y la cultura no pueden progresar si se encuentran restringidas o bajo tutela. Por lo que estas actividades, esencialmente de educación superior, deben estar al cuidado exclusivo de quienes se dedican a ellas; esto es, los profesores, los investigadores, y los estudiantes.
QUINTA: En sus 67 años de vida el Instituto Politécnico Nacional ha tenido cuatro leyes orgánicas, todas ellas de hechura gubernamental: las de 1950, 1956, 1974, y 1981. Esta última se encuentra vigente con 22 años de haber sido expedida, tiempo en el cual se han producido cambios profundos a nivel nacional e internacional, que hacen imperante la necesidad de adecuarla a los retos que enfrenta la sociedad en el presente siglo.
SÉPTIMA: Atendiendo lo anterior, en octubre de 2000, el Consejo General Consultivo del Instituto integró una comisión especial, encargada de organizar y sistematizar los trabajos relativos al nuevo marco jurídico.
OCTAVA: En marzo del 2001, la Comisión y el Consejo tomaron el acuerdo de abrir una consulta y un debate en tres etapas: primera, una Convocatoria de Toma de Opinión de la comunidad politécnica; segunda, preparación de un proyecto de Ley, mismo que fue sometido a discusión y aprobación del Consejo General Consultivo del Instituto; y, tercera la entrega del proyecto de Ley al Presidente de la República para que en su caso fuera presentada como iniciativa ante el Congreso de la Unión.
NOVENA: En todo el proceso, la comunidad politécnica ratificó que el Instituto Politécnico Nacional debe mantener sus características de institución pública, laica y gratuita, que garantice el acceso de estudiantes de bajos recursos y formar profesionales politécnicos capaces, competitivos y de alta calificación acorde con su papel de rectora de la enseñanza técnica del país y las dinámicas de una sociedad globalizada.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero: Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a presentar ante el Congreso de la Unión el proyecto de Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, que le fue presentado por las autoridades del Instituto y así iniciar el proceso legislativo correspondiente.
Segundo: Comuníquese al titular del Ejecutivo Federal para su conocimiento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de noviembre de 2003.--- Dip. Edgar Torres Baltazar (rúbrica), Salvador Martínez Della Rocca, Tatiana Clouthier Carrillo, Fernando Espino Arévalo, Alejandro González Yánez, Humberto Filizola Haces, Sergio Posadas Lara, Julio Horacio Lujambio Moreno, Elipio Tovar de la Cruz, Rosa María Avilés Nájera, Ana Lilia Guillén Quiroz, Jorge Martínez Ramos, Eliana García Laguna, Guadalupe Morales Rubio, Marcela González Salas, Francisco Javier Saucedo Pérez, Juan José García Ochoa, Emilio Serrano Jiménez, Alfonso Ramírez Cuéllar, Pablo Gómez Alvarez, Marcos Morales Torres, Manuel Camacho Solís, Gonzalo Guizar Valladares, Alfredo Villegas Arreola.»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Educación y Servicios Educativos.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se pronuncia en favor de la regionalización de las reglas de operación de los programas de vivienda vigentes, a cargo del diputado Jesús Angel Díaz Ortega, del grupo parlamentario del PRI.
Con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General y por el artículo 58 del Reglamento, los suscritos diputados federales presentan ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo con las siguientes:
ConsideracionesLa vivienda es un beneficio al que el ser humano tiene derecho y que no ha funcionado por complejidad de respuesta del gobierno Federal frente a una demanda en constante crecimiento. Sin embargo, deben buscarse los mecanismos idóneos que permitan que esta Garantía Constitucional se convierta en una realidad de voluntades. Coincidimos en la importancia que tiene para el desarrollo económico, social y urbano de la población, pero a la par, observamos las necesidades nacionales que son tan apremiantes, y que concretamente se acentúan en las diversas regiones donde se presentan características y problemáticas diferenciadas que son bien conocidas por las entidades estatales de vivienda. De esto la razón del presente punto de acuerdo, para expresar las necesidades habitacionales y la petición de apoyar propuestas que brinden la oportunidad de dar consecución al ideal constitucional en materia habitacional.
La normatividad de todo programa gubernamental debe ser un punto nodal para el buen desarrollo de los mismos. Por lo que no se puede permitir que un satisfactor esencial como la vivienda degenere en un derecho privativo de un grupo de la población por criterios funcionales de programas que contemplan valoraciones cuantitativas que no representan las condiciones e idiosincrasias genuinas de las diversas regiones de nuestro país.
En aras de la justicia distributiva los desiguales no deben ser tratados con criterios estandarizados. Esto implica en el presente punto de acuerdo concluir sobre la necesidad de revisar las reglas de Operación de los programas de vivienda para ser ajustadas a las necesidades regionales del país. Son necesarias propuestas concretas y concisas que requieren un apoyo sustancial en pro del desarrollo nacional.
El Consejo de Vivienda y Suelo establece la obligatoriedad de concluir los programas de vivienda progresiva ejecutados en ejercicios anteriores. Sin embargo, no es posible condicionar la conclusión de los programas del pasado remoto al aprovechamiento de recursos frescos.
En cuanto al subsidio del Programa ``Tu Casa'', se propone, en caso de pobreza extrema, que los recursos destinados a la construcción de vivienda progresiva sean canalizados a la vivienda rural, permitiendo su aplicación conforme a la demanda regional de los estados. Por lo que es necesario otorgar el monto del subsidio que requiere el beneficiario para complementar el precio de una vivienda de verdadero interés social.
Es una prioridad considerar como aportación Estatal los recursos que el Gobierno invierte directamente con los municipios en obras de infraestructura social.
En el Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva, los estados del Sureste han tenido experiencias negativas de forma tal que para concluir los ejercicios anteriores se requieren en la actualidad de recursos muy superiores a los aportados originalmente por la federación.
La mayor parte de la población económicamente activa está conformada por familias cuyo promedio de ingresos les imposibilita contar con los recursos suficientes para aportar un ahorro previo en el programa. Por ello deben considerarse los índices de marginación de las micro regiones para determinar el monto de la aportación del beneficiario o incluso su anulación.
En cuanto al programa ``Hábitat'' es una necesidad ineludible incrementar el techo presupuestal para la adquisición de reservas territoriales a los programas existentes. Por ello se propone que se equilibren las aportaciones: 50% federación - 50% estado, cuando menos.
En la operación del programa, el estado a través de su instancia normativa será la encargada de la ejecución y buen término de las acciones, tomando en cuenta sus características, infraestructura y condiciones económicas. Para lo que es importante que las reglas de operación sean revisadas por ambas partes.
Uno de los problemas que limitan la adquisición de reservas territoriales para el desarrollo de vivienda es la escasez de predios privados y con certeza jurídica. Por lo que urge simplificar los trámites para la desincorporación de tierra social a propiedad privada.
Por lo expuesto se propone los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero.- Turne la presidencia la presente proposición a la Comisión de Vivienda para que, previo su estudio y dictamen sea aprobado por el pleno en los siguientes términos.
Segundo.- La H. Cámara de Diputados reconoce que las políticas de vivienda por su magnitud e ingerencia en el desarrollo económico y social dela población, son políticas de Estado en las que deben participar los diferentes niveles de gobierno en circunstancias de respeto y coordinación.
Tercero.- Nuestro país consta de una amplia gama de condiciones sociales, culturales, económicas y geográficas que permiten diferenciarlas de manera regional. Por lo que cada región posee características y problemáticas a las que se debe afrontar con políticas claras de compromiso social.
Cuarto.- Por lo que, teniendo como premisa el desarrollo equitativo del país se pide a la H. Cámara de Diputados, se pronuncie a favor de la regionalización de las reglas de operación de los Programas de Vivienda, con la finalidad de que las entidades federales de la materia cumplan eficientemente con las necesidades nacionales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México a veintiuno de noviembre de 2003.--- Dip. Jesús Angel Díaz Ortega (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Vivienda.«Proposición con punto de acuerdo, para que se exhorte a la Semarnat a reevaluar con la mayor rigurosidad técnica y científica el Proyecto Puerto Mio, localizado en la playa El Almacén, en la Bahia de Zihuatanejo, a cargo del diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, del grupo parlamentario del PRD.
Con su venía, señor Presidente; distinguidas diputadas y diputados de esta Asamblea:
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes
ConsideracionesQue con fechas 14 de abril y 21 de octubre de 1994, la entonces Dirección General de Normatividad Ambiental, ahora Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), emitió los oficios A.O.O.DGNA.-3833 y A.O.O.DGNA.-9933, respectivamente, a través de los cuales se autoriza de manera condicionada en materia de impacto ambiental, la realización del proyecto denominado Puerto Mío, mismo que fue promovido por la Inmobiliaria Punta del Mar, SA de CV, y el cual tendría como ubicación el sitio denominado Punta El Morro, localizado en la playa El Almacén, en la Bahía de Zihuatanejo, dentro del municipio de José Azueta, estado de Guerrero.
El proyecto Puerto Mío consiste en un desarrollo turístico, inmobiliario y náutico de alto nivel en un área de 5.58 hectáreas, que incluye la construcción de una terminal de cruceros, muelle y terminal de pasajeros, estación de servicio marina, hotel Puerto Mío, con 20 llaves en 5 niveles; hotel Península, de 130 llaves de 3 niveles; condominios, con 192 llaves de 3, 4 y 5 niveles; hotel de 12 llaves, de 5 niveles; marina con 150 posiciones totales, servicios generales, clínica SPA, alberca, canchas de tenis, 3 restaurantes, centros nocturnos y áreas verdes (20% del predio total).
Que este proyecto ha traído desde su aprobación e inicio de los trabajos de construcción, una serie de inconformidades y denuncias expuestas por diversos grupos sociales, que se han movilizado rechazando el proyecto en mención, en especial en el año 2000, cuando la entonces Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental de la mencionada Secretaría resolvió la permanencia del enrocamiento del espigón para muelle de cruceros que forma parte del proyecto Puerto Mío, aunque restringido a sus dimensiones actuales de 72 metros de longitud.
Que a pesar de los constantes cuestionamientos y denuncias, sobre la viabilidad ambiental del proyecto Puerto Mío, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat procedió a emitir en noviembre del 2001, la revalidación de la autorización contenida en los oficios citados y por un periodo de 5 años para la operación del proyecto, así como para la terminación de su etapa de construcción.
Derivado de lo anterior, se considera necesario reevaluar el caso del desarrollo de Puerto Mío, con el apoyo de criterios técnicos y científicos en donde se invite a participar a todas las partes involucradas, como lo son los promotores del desarrollo del proyecto, los grupo ambientalistas, los pescadores, los académicos especialistas y las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Por las razones y fundamentos expresados, me permito proponer el siguiente
Punto de AcuerdoUnico.- Exhortar a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat a reevaluar en un breve término, con la mayor rigurosidad técnica y científica, el proyecto Puerto Mío, localizado en la playa El Almacén, dentro de la bahía de Zihuatanejo, en el municipio de José Azueta del estado de Guerrero, previo conocimiento de los argumentos esgrimidos por las partes involucradas y, en especial, sobre el impacto y viabilidad ambiental de la construcción de su espigón en la bahía de Zihuatanejo.
Suscriben y se adhieren a la presente proposición con punto de acuerdo, los CC. diputados integrantes de las fracciones parlamentarias. Hago entrega a la Secretaría para todos los efectos a que haya lugar, señor Presidente.
Palacio Legislativo, a 27 de noviembre de 2003.--- Dip. Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie contra las practicas desleales que afectan la Porcicultura Nacional y se exhorta a la Secretaría de Economía a publicar la resolución preliminar sobre el procedimiento de dumping con cuota compensatoria a las importaciones de carne de cerdo provenientes de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del PRI.
Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:
El suscrito, diputado federal por el Estado de Tamaulipas y miembro del grupo parlamentario del PRI, someto a su consideración, el presente Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Economía del Ejecutivo Federal, publique en el Diario Oficial de la Federación, Resolución Preliminar al Procedimiento de Dumping con Cuota Compensatoria a las importaciones de carne de cerdo provenientes de los Estados Unidos de América, Fracciones Arancelarias 0203.11.01, 0203.12.01, 0203.19.99, 0203.21.01 y 0203.29.99, iniciado el 7 de enero de 2003, con fundamento en el Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga al Legislativo facultad originaria respecto a las restricciones no arancelarias, como las cuotas compensatorias, debiendo salvaguardar la defensa del interés nacional y el empleo para el bienestar de la población; y ante el hecho de que el Ejecutivo no ha cumplimentado la facultad delegada que se le confiere, en relación con la porcicultura mexicana, conforme a la siguiente:
Exposición de MotivosLa porcicultura nacional, generadora de alimentos y fuentes de trabajo, con fundamento en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se encuentra amenazada en su supervivencia como resultado de la competencia desleal que representa la importación de cerdos para abasto, sus productos y subproductos, de los Estados Unidos de Norte América, a precios por debajo de sus costos de producción.
Los porciculores mexicanos, unificados en este propósito, siguiendo el procedimiento que marca la Ley de Comercio Exterior, interpusieron el 3 de junio de 1998, una solicitud de investigación por Dumping ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ahora de Economía, que resolvió aplicar una cuota compensatoria a dichas importaciones de 0.351 dólares norteamericanos y publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 1999 la Resolución Preliminar y posteriormente el 20 de octubre de este mismo año, publicó la resolución final de la investigación en materia de prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios, ratificando dicha cuota.
En función de la cuota compensatoria decretada por la autoridad, los importadores promovieron trece amparos e iniciaron otra práctica desleal consistente en darle la vuelta a la importación de cerdo vivo, burlando el pago de 35.1 centavos de dólar por kilogramo, para importar carne de cerdo, sus productos y subproductos, también por debajo de su costo de producción.
En este proceso, la autoridad no ejerció facultad alguna para hacer efectivo el pago de dicha cuota, y lejos de ello, la retiró unilateralmente beneficiando exclusivamente a tres importadores-comercializadores, controladores de precios monopolistas, como lo probaron los porcicultores en Audiencia Pública, el 16 de noviembre del 2001, quienes frente a estos agravios, interpusieron una demanda por elusión a la cuota compensatoria y solicitaron el inicio de investigación por Dumping de carne de cerdo en las fracciones señaladas.
1.- La promoción que hizo la porcicultura nacional en su demanda de Dumping se produjo como consecuencia de la venta de cerdo en pie a México, a precios muy por debajo de su costo de producción y más aún de su valor normal.
2.- Las importaciones han estado estrechamente vinculadas a precios depredatorios, con el desplazamiento y abatimiento de los precios del mercado nacional y la consiguiente descapitalización de la planta productiva y se constata la alta correlación existente entre el precio del mercado de los Estados Unidos de Norte América y del nacional.
3.- Las importaciones de carne de cerdo llegan a nuestro país en cantidades extraordinarias y a precios excesivamente bajos, que incuestionablemente son supletorisas del cerdo en pie, como lo han demostrado reiteradamente los productores nacionales, quienes se han visto presionados por el control de precios que imponen los importadores, al dejar de importar cerdo en pie y eludir el pago de la cuota, al convertirse en los principales importadores de carne de cerdo en canal y pierna a partir de la imposición de la cuota de cerdo en pie.
Los porcicultores mexicanos, han defendido esta actividad productiva desde 1989, a través de distintos procedimientos orientados a probar las prácticas desleales de nuestros competidores en el mercado de Estados Unidos de Norte América; y se ha defendido de la Secretaría de Economía, a la que se le delegó la facultad que nos asiste para defenderlo contra las prácticas desleales, por dos razones:
a.- Como lo publicó esa Autoridad en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de febrero de 2002, en Resolución del cumplimiento por las diversas ilegalidades cometidas en el Procedimiento por importaciones Dumping procedentes de Dinamarca, que solicitó y defendió la porcicultura mexicana desde 1994, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa concedió la razón a los porcicultores mexicanos, transcurriendo siete años para que judicialmente al sector se le reconociera la razón, después que la Secretaría, había insistido en la improcedencia de la aplicación de cuotas compensatorias preliminares.
b.- La Secretaría de Economía cancela contradictoriamente la resolución previa emitida en beneficio de la producción nacional, que no fue objetada en foros internacionales, ni en paneles binacionales del TLCAN. Lejos de ello desdeña de oficio un procedimiento por Elusión, solicitado por los porcicultores nacionales; además de no cumplir con la Ley, al omitir dar parte a la Comisión Federal de Competencia, para que investigue a quienes se aprovechan de las utilidades, dañando a la porcicultura mexicana.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los Artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante esta honorable representación popular, me permito presentar la siguiente proposición con Puntos de Acuerdo, la cual solicito se procese con carácter de urgente y obvia resolución:
Primero.- La Cámara de Diputados, se pronuncia contra las prácticas desleales que afectan a la porcicultura nacional y exhorta a la Secretaría de Economía, a Publicar Resolución Preliminar al Procedimiento de Dumping con Cuota Compensatoria a las importaciones de carne de cerdo provenientes de los Estados Unidos de América, Fracciones Arancelarias 0203.11.01; 0203.12.01; 0203.19.99; 0203.21.01 y 0203.29.99, iniciado el 7 de enero de 2003, con la objetividad y transparencia que el caso amerita., fundada en la razón jurídica y económica y en el interés nacional
Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe a esta soberanía en forma permanente respecto a los casos que se presenten relacionados con el Sector Porcícola y que se fundamente en el Artículo anteriormente citado y de conformidad a lo establecido en su último párrafo.
México, DF, a 4 de diciembre de 2003.--- Dip. Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Gracias.
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera aprobada la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Gracias.
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Aprobada. Comuníquese.La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
«Proposición con punto de acuerdo, relacionado con la empresa Publi XIII, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del PRD.
C. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
El suscrito, diputado, Pablo Franco Hernández, integrante del grupo parlamentario del PRD a la LIX Legislatura con fundamento en los artículos 23, numerales 1, inciso f) y 44 numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
ConsideracionesQue Publi XIII Moving Publicity inició sus actividades en el 2001, posicionándose de inmediato en el mercado mexicano, pues ofrecía al público la posibilidad de enajenar un vehículo automotor nuevo con sólo pagar el treinta por ciento de su costo.
Que mediante un sistema, en apariencia novedoso, se asignaba la unidad a las personas con una aportación única que podía ir de 32 mil 500 hasta los 61 mil 500 pesos; obligándose el adquirente a portar publicidad en el exterior del vehículo; entre las empresas anunciantes se encuentran Banorte, TV Azteca y Telefónica Movistar, entre otros.
Que fue tal el éxito del sistema promovido por Publi XIII, que su influencia se extendió fuera del área metropolitana, por lo que las quejas y denuncias ya no se circunscriben sólo en el centro del país, sino que la problemática está adquiriendo alcance nacional.
Que a la fecha, se ignora quienes sean los representes legales y socios de la multicitada empresa, no obstante ello, el periodico ``La Jornada'' señala a Jose Luis González González como el socio mayoritario, mientras que los propietarios de las acciones restantes se ha identificado a Raquel Osvelia Romero Rosas, así como a otros socios, cuyos nombres no se especifican, debido a que están inscritos bajo una cláusula de extranjería, según se asienta en el acta con folio mercantil 284190 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal.
Que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha informado a los medios de comunicación, que en los últimos 15 días recibieron 162 denuncias que incluyen a 2 mil 142 defraudados, cuyo monto de afectación es de 20 millones de pesos, aunque ``podría llegar'' a 80 millones, señalando como probables responsables a José Luis González y Raquel Romero.
Que a la fecha, existe un conflicto tanto normativo como de autoridad, pues no existe un régimen legal que regule a las empresas que se dedican a prestar la clase de servicios referida, ni una autoridad que las regule, como pueden ser la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Que el daño patrimonial a miles de familias puede convertirse en un problema social de alcances imprevisibles, lo cual nos obliga a buscar una soluciuón de fondo al caso concreto y a tomar medidas para que no vuelva a ocurrir
Que por todo lo anterior, solicito sea considerado de urgente y obvia resolución la presente proposición con:
Puntos de AcuerdoPrimero.- Se crea una Subcomisión o Grupo de Trabajo al interior de la Comisión de Economía, que estará integrada por diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios a efecto de que den seguimiento a las denuncias presentadas en contra de la empresa Publi XIII, asimismo, la Subcomisión o Grupo de Trabajo creada podrá entrevistarse con las autoridades competentes y requerir la información pertinente al respecto.
Segundo.- La Cámara de Diputados con pleno respeto a las facultades de los Gobernadores de las entidades federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal los exhorta para que se solidaricen con todas y cada una de las personas que contrataron con la empresa Publi XIII con el objeto de que se les pueda proporcionar asesoría legal gratuita.
Tercero.- La Subcomisión o Grupo de Trabajo informará al seno de la Comisión y ante el Pleno los resultados del trabajo encomendado, así como las propuestas que considere pertinente para regular a las empresas que se dedican a prestar la clase de servicios que se describe, así como para resolver la problemática concreta de los contratantes con Publi XIII.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a los veintisiete días del mes de noviembre de 2003.--- Diputados: Pablo Franco Hernández, Martha Lucía Mícher Camarena, Horacio Martínez Meza, María Guadalupe Morales Rubio, Daniel Oroñez Hernández, María Angélica Díaz del Campo, Nancy Cárdenas Sánchez, Marbella Casanova Calam, María De los Dolores Padierna Luna, Francisco Javier Saucedo Pérez, Susana Guillermina Manzanares Córdova, Miguel Alonso Raya, Gerardo Ulloa Pérez, Agustín Rodríguez Fuentes, Iván García Solís, Santiago Cortés Sandoval, Víctor Suárez Carrera. Yadira Serrano Crespo, Irma Sinforina Figueroa Romero, Rocío Sánchez Pérez y María Elba Garfias Maldonado (rúbricas).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Túrnese en su oportunidad al Comité de Información, Gestoría y Quejas
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se consideren recursos suficientes para la atención a los programas de vivienda rural y de adultos mayores, a cargo del diputado Juan Antonio Gordillo Reyes, del grupo parlamentario del PRI
Honorable Asamblea:
En ejercicio de la facultad conferida a los diputados federales a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto en el artículo decimoséptimo del acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea proposición referente al mantenimiento de los programas de atención a los adultos mayores y de vivienda rural, al tenor de las siguientes
ConsideracionesI. El Acuerdo Nacional para el Campo hace hincapié en reforzar la política de desarrollo social en el medio rural para que, con el carácter de integral, se mejoren significativamente las condiciones de vida de su población, generando mecanismos, instrumentos y acciones que propicien capacidades individuales y colectivas de esa población, al tiempo de promover la corresponsabilidad y generar oportunidades para la superación de la pobreza, con acciones de educación, salud, alimentación, vivienda, tenencia de la tierra y procuración de justicia, entre otras.
II. En atención a los objetivos descritos en el considerando anterior, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) solicitó autorización para modificar las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, a fin de intensificar la atención de las zonas de alta y muy alta marginación del país, principalmente en los programas relativos a adultos mayores y a vivienda del campo.
III. La modificación referida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 2003, implicó apoyos para los programas siguientes:
a) Adultos Mayores. Con doscientos mil apoyos durante octubre, noviembre y diciembre, asignando al programa un presupuesto de $500,000,000.00 (quinientos millones de pesos), para un apoyo mensual individual de $700.00 (setecientos pesos).
Para atender a la misma población en 2004, se requiere un presupuesto de $1,797,000,000.00 (mil setecientos noventa y siete millones de pesos), incluido el 7 por ciento de indirectos.
b) En materia de vivienda se asignó un presupuesto de $260,000,000.00 (doscientos sesenta millones de pesos), para ser ejercido durante octubre, noviembre y diciembre, otorgando 7,000 apoyos individuales de $50,000.00 (cincuenta mil pesos) cada uno. El apoyo consistió en prestar atención a 7,000 acciones de vivienda.
Ese programa ha tenido una sobredemanda, por lo que se ha calculado que la atención en 2004 implicaría un presupuesto de por lo menos $2,043,000,000.00 (dos mil cuarenta y tres millones de pesos), incluidos indirectos.
IV. Por otra parte, los suscritos diputados firmantes tenemos la preocupación relativa al decremento presupuestal sufrido por el Programa de Empleo Temporal, a cargo de la Sedesol, al cual en 2001 se asignaron $1,800,000,000.00 (mil ochocientos millones de pesos); en 2002, $1,500,000,000.00 (mil quinientos millones de pesos); y en 2003, $400,000,000.00 (cuatrocientos millones de pesos), siendo que el programa ha presentado sobredemanda año tras año.
Para atender las demandas reales del programa en 2004 se requiere un presupuesto de $1,764,000,000.00 (mil setecientos sesenta y cuatro millones de pesos).
Por lo expuesto, en representación de mis compañeros diputados firmantes, propongo al Pleno que se considere de urgente y obvia resolución la aprobación del siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión considerará en el Presupuesto de Egresos de la Federación recursos suficientes para la atención de los programas de vivienda rural y de adultos mayores correspondientes al Programa de Desarrollo Humano oportunidades, así como el relativo al Programa de Empleo Temporal, todos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2003.--- Diputados: Jorge Baldemar Utrilla Robles, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Juan Antonio Gordillo Reyes, Roberto Antonio Marrufo Torres, David Hernández Pérez, María Esther Scherman Leaño, Juan Manuel Dávalos Padilla, Francisco Javier Bravo Carbajal, Luis Antonio González Roldán, Emilio Zebadúa González, José Porfirio Alarcón Hernández, José Manuel Carrillo Rubio, Luis Antonio Ramírez Pineda, Carlos Flores Rico, Lázaro Arias Martínez, Angel Augusto Buendía Tirado (rúbricas).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
«Proposición con punto de acuerdo, para que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal asuma un compromiso inmediato con los esfuerzos del Gobierno del Estado de México en Materia de Desarrollo Urbano Integral, a cargo del diputado Pablo Bedolla López, del grupo parlamentario del PRI.
Con su venía, señor Presidente, diputadas y diputados federales:
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente propuesta con punto de acuerdo, bajo los siguientes considerandos:
Que en el estado de México en materia de modernización metropolitana, el gobierno de la entidad está implementando una estrategia integral de desarrollo urbano ejecutando una serie de planes y programas en total apego a las leyes vigentes.
Destacan los esfuerzos encaminados a controlar y disminuir la pobreza, así como el programa para abatir la contaminación, el cuál ha brindado excelentes resultados en relación con el desarrollo económico; los avances en la consolidación macroeconómica han permitido apoyar a la micro y mediana empresa y las inversiones foráneas han creado empleos impulsando la detonación económica regional. Sobresalen los logros en materia de vivienda, con una agresiva inyección de financiamiento.
No pretendo presentar un resumen de logros estatales, no me corresponde, sino enfatizar que para consolidar las políticas de desarrollo metropolitano en el estado de México se requiere la intervención de los diferentes órganos de gobierno participantes en la operación de los mencionados planes y programas de corto, mediano y largo plazos.
Sin embargo, en la entidad el crecimiento poblacional ha rebasado toda expectativa, a grado tal que, de no seguir aplicando medidas inmediatas, se profundizarán los problemas para satisfacer las necesidades más primordiales y básicas de una ciudadanía que requiere servicios de mejor calidad y de mayor cobertura.
Las estadísticas demográficas y de desarrollo urbano en el estado son alarmantes: los asentamientos urbanos ya sobrepasan los 13 millones de habitantes, creciendo a una acelerada tasa anual del 2%; enfatizo que un 38% de pobladores que se asientan en territorio mexiquense proceden del exterior, y un 59% de ese total emigra de la Ciudad de México, con lo que se convierte en la región más poblada de la federación y que demanda mejores vías de comunicación, obras públicas de calidad, servicios integrales de primera y una infraestructura urbana moderna.
Ante todo esto, afirmamos categóricamente que no existe una corresponsabilidad por parte del gobierno de la Ciudad de México en la aplicación de toda esta estrategia estatal, ya que no se ha encontrado eco por parte del jefe de gobierno.
La negativa para participar en esta gran estrategia impide que se logren grandes resultados, provocando, al contrario, que la ciudadanía perciba que no es correspondida en sus reclamos esenciales.
Esa poca coordinación provoca que la mancha urbana entre las dos entidades se disperse y minimiza las acciones gubernamentales desarrolladas por ambos gobiernos.
Exigimos que se vincule el Gobierno del Distrito Federal estrechamente con las acciones del Ejecutivo mexiquense; ambas entidades deben operar instrumentos de gestión que permitan una mayor gobernabilidad urbana, vinculando procesos de descentralización y con autonomía local a través de políticas integrales.
El problema principal es que falta voluntad política para trabajar en equipo, hay que hablar claro.
No es posible que las políticas del gobierno citadino para atacar el crecimiento urbano interno hayan caído en una incongruencia de percepción y operación, y me sustento en lo siguiente: la emisión del Bando Número Dos, publicado el 7 de diciembre del 2000, planteó una gran contradicción, ya que por un lado restringió el crecimiento urbano en delegaciones políticas del sur y oriente, bajo el supuesto de un desproporcionado y dañino crecimiento poblacional y, por el contrario, promovió que en las delegaciones del centro se efectuaran acciones para una desbordada alza en la aplicación de programas de construcción de vivienda.
Seguimos sin entender, ya que el tiempo ha pasado y después de casi tres años no se notan cambios significativos en el panorama urbano de todas las delegaciones políticas.
¿Quiere decir esto que el interés político sigue sobrepasando el interés social?
No me toca, ni es mi interés, criticar y evaluar la posición e investidura del responsable de la capital mexicana; dejo a un lado las críticas que se multiplican para señalar un populismo y demostraciones de vanidad personal, pero sí me motiva el querer participar activamente en la apertura de nuevos mecanismos de acercamiento que solucionen esa problemática lacerante de sobrepoblación en esta inmensa explanada que representa el valle de México.
Coincido plenamente con aquellas instancias que impulsan acciones para consolidar los planes y programas territoriales emanados de las comisiones metropolitanas existentes. Es imposible que los problemas de infraestructura urbana, rezagos de servicios públicos, altos índices de contaminación ambiental, entre otros, sean resueltos sola y únicamente por los municipios de un lado y delegaciones políticas por el otro.
Por lo anterior y con el propósito de encontrar soluciones conjuntas, someto a consideración de ustedes, compañeros legisladores, el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero y Unico.- Que el jefe de gobierno de la ciudad de México asuma un compromiso inmediato con los esfuerzos del gobierno del estado de México. Asimismo, que se retomen las reuniones que permitan llegar a consensos para establecer los mecanismos legales y administrativos que den comienzo a una nueva generación de política metropolitana integral y sustentable, respetando la soberanía inviolable de cada entidad federativa.
Palacio Legislativo, a 4 de diciembre de 2003.--- Diputados: Pablo Bedolla López, José Rangel Espinosa, Tolentino Román Bojórquez, Felipe Medina Santos, José Eduviges Nava Altamirano, Rebeca Godínez y Bravo, María Isabel Maya Pineda, Isaías Soriano López, Gaspar Avila Rodríguez, Víctor E. González Huerta, Gema Isabel Martínez López, Arturo Osornio Sánchez, Fernando Fernández García, Guillermo Martínez Nolasco, Marco Antonio Gutiérrez Romero, Fernando García Cuevas, Julio Lujambio Moreno, Arturo Alcántara Rojas, Alfredo Gómez Sánchez, Armando Neyra Chávez, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbricas).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal a declarar 2004 como año de la familia, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del PAN.
La suscrita, diputada federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para que el año 2004 se declare como Año de la Familia y, en tal entorno, se realicen todas las acciones correspondientes para promover al núcleo principal de la sociedad, al tenor de las siguientes
ConsideracionesTal como establece nuestra plataforma legislativa, para Acción Nacional el cuidado de la familia no sólo es una obligación moral: es una necesidad política para consolidar el desarrollo democrático de México; es un imperativo social para que la solidaridad entre generaciones triunfe sobre el individualismo ciego, y es un compromiso social de quien cree en los lazos de convivencia que unen a una sociedad vigorosa.
El artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
En 1989, por resolución 44/82, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el de 1994 como Año Internacional de la Familia, con el lema: ``Familia, recursos y responsabilidades, en un mundo en evolución''. La proclamación de este año tenía como objetivo impulsar la adopción de medidas en el plano internacional con el fin de mejorar la condición de la familia; fortalecer su capacidad para atender sus propias necesidades, el equilibrio entre el trabajo y las propias responsabilidades familiares, la reducción de la violencia doméstica y el alivio de la pobreza.
Como consecuencia directa de la celebración del año, los gobiernos formularon planes de acción sobre la familia, establecieron ministerios a favor de la misma y aprobaron leyes sobre la cuestión.
El próximo décimo aniversario del Año Internacional de la Familia constituye una importante oportunidad para darle seguimiento a los trabajos iniciados en esa fecha y buscar como objetivos:
Incrementar las acciones de gobierno y del sector privado orientadas al fortalecimiento de la Familia.
Identificar los problemas específicos por los que atraviesan las familias y sus necesidades.
Generar nuevas oportunidades y fortalecer las ya existentes en programas establecidos en el ámbito nacional, local y municipal.
Impulsar la colaboración nacional e internacional del apoyo a dicho núcleo.
Por otra parte, nuestra Constitución señala, en el artículo 4º: ``El varón y la mujer son iguales ante la ley; ésta protegerá el desarrollo de la familia.
`` Cada persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos...
``Toda familia tiene derecho a disfrutar vivienda digna y decorosa, la ley establecerá los instrumentos necesarios a fin de alcanzar dicho objetivo.''
Así, en el año 2004, cuando se conmemora el décimo aniversario del año internacional de la familia, en este marco debemos reconocer que la familia es uno de los grupos sociales que requieren mayor atención por parte del Estado.
Actualmente, en México hay 23 millones de familias en el país, de las cuales 20% están dirigidas por mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencia Familiar que se levantó en la zona metropolitana del Distrito Federal, en el 33 % de los hogares existe algún tipo de violencia, maltrato emocional, intimidación, abuso físico o sexual. Preocupa también cómo las adicciones han venido afectando a las familias. De esta misma manera, otro problema que enfrenta el núcleo familiar es la migración, que aparte de todas las implicaciones legales y sociales que conlleva, ha venido desintegrando a las familias tanto territorial como cultural y afectivamente, es por eso que dicho tema debe ser abordado desde todas sus aristas para encontrar mecanismos de apoyo a las personas que se ven en la necesidad de salir del país en busca de un mejor nivel de vida para los suyos.
Compañeras y compañeros legisladores, es nuestra obligación salvaguardar esta institución irremplazable, indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad y para el futuro de todas las personas, así la proclamación del 2004 como Año de la Familia tiene por objeto impulsar y reforzar políticas públicas que mejoren la condición de la misma.
Proponemos que el próximo año 2004 sea declarado como Año de la Familia, lo que significa que todos los órganos de gobierno deberán emprender las políticas públicas necesarias para fomentar el fortalecimiento de la institución de la familia. Estas familias, que luchan por sobrevivir, incluso de las formas más elementales, requieren de nuestro compromiso decidido. Sus derechos fundamentales y, por extensión, la integridad de toda la familia humana a la que pertenecen, deben ser salvaguardados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su elevada consideración los presentes
Puntos de AcuerdoPrimero. Que se declare el 2004 como Año de la Familia y que esta H. Cámara solicite a la Secretaría de Gobernación que durante el año 2004 se realice una amplia promoción para fortalecimiento de la familia.
Segundo.- Que esta H. asamblea exhorte de la manera más atenta y respetuosa a la Secretaría de Gobernación a efecto de que, en el ámbito de su competencia, gire instrucciones para que en la papelería del Gobierno Federal se incluya la leyenda ``2004, Año de la Familia''.
Palacio Legislativo, a 11 de diciembre de 2003.--- Dip. María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación.«Proposición con punto de acuerdo, a fin de requerir al jefe del Poder Ejecutivo Federal que informe a esta soberanía acerca del destino y la aplicación de los recursos que ha solicitado por concepto de endeudamiento neto para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo del diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del PRD.
HONORABLE ASAMBLEA:
Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, René Arce Islas, diputado federal en la LIX Legislatura, en nombre de los diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito presentar con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, a fin de requerir al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que informe y justifique ante esta Soberanía los montos, destino y aplicación de los recursos que por concepto de endeudamiento público solicitó para el ejercicio fiscal 2004, a partir de la siguiente
Exposición de Motivos1. De conformidad con la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad del Congreso de la Unión dar las bases sobre las cuales el ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional.
2. Esta Soberanía es competente para conocer y ser informada acerca del destino que tendrán los recursos que por concepto de endeudamiento haga el Titular del Ejecutivo Federal.
3. Es necesaria la justificación respecto al rubro señalado, toda vez que, del ejercicio de los recursos provenientes de endeudamiento público durante el sexenio no se a traducido en mejorías para la vida de los ciudadanos, asimismo, existe la falta de claridad en la forma de adquirir la deuda nacional y una violación al marco legal que regula la forma de contraer deuda, basta tomar en cuenta los siguientes rubros de deuda:
El gobierno federal debe explicarnos de qué manera los PIDIREGAS van a beneficiar al país, cuando los pasivos asumidos por los mismos, ya suman 953,399.3 millones de pesos (novecientos cincuenta y tres mil trescientos noventa y nueve punto tres millones de pesos), a octubre de 2003, pero sobre todo debe de aclarar por que los pagos de los PIDIREGAS se realizarán en dólares y cual será el impacto en la economía nacional.
La deuda del sector público considerando la deuda externa e interna neta, IPAB, PIDIREGAS, Fondos y Fideicomisos, así como el programa de apoyo a deudores, al 31 de Diciembre de 2000 sumaba 2,081,241.8 millones de pesos, (dos millones ochenta y un mil doscientos cuarenta y un punto ocho millones de pesos), aumentando para Diciembre de 2003 de 3,080,913.4 millones de pesos, (tres millones ochenta mil novecientos trece punto cuatro millones de pesos), presentándose un aumento desmedido de la deuda pública.
La posición de la Fracción Parlamentaria del PRD ha sido la de la transparencia en el manejo de los recursos públicos, esta transparencia es exigible tanto a las autoridades locales y federales, por tanto es necesario que el Ejecutivo Federal informe y justifique ante esta Soberanía los montos, destino y aplicación de los recursos que por concepto de endeudamiento publico solicitó para el ejercicio fiscal 2004. Esto, toda vez que constitucionalmente el congreso no puede aprobar un endeudamiento cuya causa no sea la producción de un incremento en los ingresos públicos.
Por considerar que la solicitud de endeudamiento presentada por el Ejecutivo Federal no cuenta con los elementos mínimos necesarios para su valoración y aprobación, se requiere que previo a la votación de este aspecto dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, se requiera al titular del Ejecutivo Federal un informe por escrito que contenga los siguientes elementos:
1.- El listado de los proyectos y obras con recursos de crédito, en cada unidad de la Administración Pública Federal, que identifique: Programa, Programa Especial, Actividad Institucional, Unidad Ejecutora, monto de los recursos a aplicar en cada caso y justificación de los proyectos a realizar.
2.- El monto de los recursos que generará cada proyecto, para el pago de los créditos contratados.
3.- La vinculación de estos proyectos con lo establecido en el Programa General de Desarrollo Nacional;
4.- Los estudios de la demanda social; el grado de cobertura o avance de las acciones institucionales respecto del total de las necesidades sociales correspondientes; diagnóstico sobre los beneficios que se esperan obtener con la ejecución del programa de inversión física y la generación de empleos directos e indirectos;
5.- El periodo total de ejecución del proyecto, los responsables del mismo, fecha de inicio y conclusión, monto total de dicho proyecto, y lo previsto para el ejercicio presupuestal correspondiente, precisando las fuentes, tipo de financiamiento, así como los importes considerados para la operación y mantenimiento de dicho proyecto, a realizar en años posteriores;
6.- Para el caso de proyectos en proceso, el total de la inversión realizada y las metas obtenidas al término del ejercicio inmediato anterior, y
7.- Los demás elementos que determinen los órganos locales de planeación correspondientes.
8.- Informe sobre la disponibilidad de recurso por fuente de financiamiento desde la primera etapa, hasta la terminación de los Proyectos; así como para su puesta en operación y mantenimiento.
Por lo antes expuesto y fundado, se propone a esta H. Legislatura el siguiente
PUNTO DE ACUERDOÚnico.- Esta H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente ciudadano Presidente de la República Mexicana informe a esta soberanía, acerca del destino y aplicación de los recursos que ha solicitado por concepto de endeudamiento neto para el ejercicio fiscal de 2004.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2003.--- Dip. René Arce Islas (rúbrica), Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD.»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Gracias.
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor...
Gracias.
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Aprobada, comuníquese.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Radios, Televisión y Cinematografía.
Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que analicen la posibilidad de asignar una partida presupuestaria en apoyo a la Producción Ffílmica Nacional, presentada por integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Los suscritos, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrirnos a solicitar se apruebe la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los antecedentes y consideraciones que a continuación se detallan.
Antecedentes1. Como consecuencia de la crisis económica que sufrió nuestro país durante la segunda mitad de la década de los noventa, la producción de cine nacional llegó a sus niveles más bajos. Muestra de ello es que en 1997 únicamente se produjeron nueve largometrajes: la cifra más baja desde 1931.
2. A fin de buscar una salida a esta difícil situación, en diciembre de 1997 el Ejecutivo federal creó el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine), que tiene por objeto apoyar operas primas y producciones cinematográficas de carácter básicamente autoral y experimental. Es un instrumento creado para apoyar financieramente la producción de películas de calidad o experimentales, tarea que ha realizado exitosamente en los últimos años y que ha servido para reactivar de manera fundamental la producción cinematográfica nacional, al propiciar una renovada incursión de la iniciativa privada, con excelentes resultados que están a la vista de todos.
3. Desde su nacimiento, el Foprocine sirvió para detonar el incremento de la producción, pues de las 93 películas producidas en el periodo 1998-2002, 41 recibieron el apoyo estatal por medio de este fondo, es decir, el 45 por ciento. Cabe mencionar que entre las películas apoyadas por el Foprocine se encuentran los dos largometrajes más exitosos en la historia del cine mexicano: Sexo, pudor y lágrimas y El crimen del Padre Amaro.
4. Ahora bien, con la reforma a la Ley Federal de Cinematografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1999, se creó el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, cuyo objeto es el fomento y promoción permanentes de la industria cinematográfica nacional, el cual permite brindar un sistema de apoyos financieros de garantía e inversiones en beneficio de los productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas nacionales. Para administrar los recursos de este fondo, se constituyó un fideicomiso denominado Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (fidecine).
5. Inspirado en la existencia de los fondos de carácter federal antes indicados, en mayo de 2003 el Consejo para la Cultura y las Artes del Estado de Nuevo León anunció la constitución formal del Fideicomiso Estatal de Apoyo a la Producción Cinematográfica de Nuevo León (Promocine), con un fondo inicial de $1,200,000.00.
6. En México, el Promocine es un instrumento único en su modalidad, en virtud de que por primera vez en la historia del cine nacional se ha constituido un fondo dedicado a impulsar específicamente la cinematografía de un estado. De este modo, Nuevo León es la única entidad que cuenta con un fondo para apoyar a sus cineastas y a la creación fílmica local.
La razón básica para promover la creación de este fondo radica en el hecho de que, aun cuando en Nuevo León no hay escuelas de cine, desde hace varios años los jóvenes de este estado se han mostrado interés en estudiar profesionalmente la carrera, haciéndolo en las mejores escuelas de cine del país y del extranjero, y cuyas producciones -incluso- han recibido importantes premios nacionales e internacionales, como el Oscar Universitario, el Ariel, el Heraldo y el Premio Cine por la Paz del Festival de La Habana.
Actualmente, el cine neoleonés presenta una situación inédita y alentadora, pues durante 2003, mientras que a nivel nacional se producirán 16 películas, el estado de Nuevo León está realizando 6 largometrajes.
En este contexto, la creación del Promocine ha sido un reconocimiento a la seriedad y esfuerzo de los cineastas neoleonenses, y se erige como un modelo de descentralización que merece ser impulsado en otros estados del país.
ConsideracionesI. De conformidad con los artículos 40 y 41 de la Ley Suprema -que establecen la naturaleza jurídica del Estado federal mexicano- nuestro país está compuesto por la Federación y los estados miembros, y cada uno de ellos es soberano dentro de su competencia. De este modo, en la terminología usada por Heller, los estados miembros son instancia decisoria suprema en lo referente a su régimen interior, característica que también comparte la Federación.
II. Por esencia, debe existir identidad y coincidencia de decisiones fundamentales entre la Federación y las entidades federativas, y si bien es cierto que, de acuerdo con el artículo 73, fracción X, constitucional, es facultad exclusiva de la Federación legislar en materia de industria cinematográfica, también lo es que en ejercicio de la potestad soberana conferida a cada uno de los estados para actuar en todo lo concerniente a su régimen interior, sus respectivas Legislaturas cuentan con la facultad de determinar el monto de sus ingresos, así como la forma de distribuirlos y el destino que habrá de darse a los mismos.
III. En este orden de ideas, atendiendo al principio de identidad y coincidencia en decisiones fundamentales, y a la importancia que debe asumir la industria cinematográfica nacional, como expresión de la cultura de nuestro pueblo, se estima que resultaría de suma importancia que las entidades federativas destinaran -de acuerdo con sus condiciones y características- apoyos económicos al cine nacional, de la manera en que actualmente lo realiza el estado de Nuevo León, a través del fondo denominado Promocine.
Lo anterior, además, con apoyo en lo que dispone el artículo 4°, segundo párrafo, de la Ley Federal de Cinematografía, según el cual las entidades federativas y los municipios podrán coadyuvar en el desarrollo y promoción de la industria cinematográfica, por sí o mediante convenio con la autoridad federal competente.
De este modo, con el objeto de impulsar la actividad de los artistas, productores, guionistas y demás elementos que participan en el proceso de creación cinematográfica, en la búsqueda del fortalecimiento de esta industria, también es necesario que se analice en cada una las entidades federativas la posibilidad de que, a través de sus instancias culturales, se creen las estructuras funcionales que permitan el constante estudio y capacitación de los sujetos involucrados.
IV. Igualmente importante resulta analizar la posibilidad de que la Federación también destine recursos presupuestales a las entidades federativas, los cuales servirían como apoyo a las actividades que cada Estado en lo particular llevará a cabo para fomentar la producción y promoción del cine nacional, ya sea mediante la creación de instituciones de capacitación en la materia, de las que emerjan talentos artísticos, o bien, a través de la difusión de espacios geográficos y condiciones climáticas propicias para la locación de producciones fílmicas.
Por las razones antes expuestas, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía solicita al Pleno de esta Cámara de Diputados, que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico. Que esta H. Cámara de Diputados, con pleno respeto a la soberanía de cada una de las Legislaturas de las entidades federativas, se dirija a éstas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el propósito de que analicen, de acuerdo con las condiciones y características propias de cada localidad, la posibilidad de asignar una partida presupuestaria en apoyo a la producción del cine nacional, tal y como acontece en el estado de Nuevo León.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de diciembre de 2003.--- Diputados: Javier Orozco Gómez (rúbrica), Presidente; Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), secretario; Marcela Guerra Castillo (rúbrica), secretaria; Manuel Gómez Morín Martínez del Río (rúbrica), secretario; Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (rúbrica), secretaria; Filemón Primitivo Arcos Suárez Peredo (rúbrica), Francisco Javier Bravo Carvajal, Carlos Flores Rico (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas, Ady García López (rúbrica), Carlos Jiménez Macías, María Elena Orantes López (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), Paulo José Luis Tapia Palacios, José Mario Wong Pérez, Julián Angulo Góngora (rúbrica), María del Carmen Escudero Fabre, Patricia Flores Fuentes (rúbrica), José Julio González Garza, José Julián Sacramento Garza (rúbrica), Norma Patricia Saucedo Moreno (rúbrica), Yolanda Guadalupe Valladares Valle, María Beatriz Zavala Peniche, Héctor Miguel Bautista López, Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), José Luis Medina Lizalde (rúbrica), Francisco Mora Ciprés, Oscar González Yáñez (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Radios, Televisión y Cinematografía.
Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.
Por este conducto, los suscritos diputados, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Radio, Gutiérrez y Cinematografía, nos permitimos hacer la atenta aclaración de que el punto de acuerdo por el que se solicita a los Congresos Gutiérrez y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que analicen la posibilidad de asignar una partida presupuestaria en apoyo de la Gutiérrez fílmica nacional, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, está a cargo de los miembros de la Comisión citada.
Lo anterior, lo hacemos de su conocimiento para los efectos correspondientes, dicho punto de acuerdo será presentado por la diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, secretaria de la Comisión.
Palacio Legislativo de san Lázaro, a 11 de diciembre de 2003.--- Diputados: Javier Orozco Gómez, Presidente; Miguel Lucero Palma, secretario; Marcela Guerra Castillo, secretaria; Manuel Gómez Morín, secretario; Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, secretaria (rúbricas).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados solicite al gobernador de Durango, Angel Sergio Guerrero Mier, que firme el Convenio con el Fideicomiso Federal para que los Ahorradores de la Caja de Ahorro Popular Numero 1 de esa entidad recuperen su patrimonio, presentada por el grupo parlamentario del PT.
Las injusticias para el pueblo de este país no han desaparecido. Siguen incrementándose.
Los vicios que creíamos haber erradicado continúan vigentes, siguen enquistados y se han vuelto el pan de todos los días.
Las víctimas son esta vez los 92 ahorradores de la Caja Popular número 1 del estado de Durango -administrada por Cirilo José Ocampo Verdugo, preso actualmente-, a quienes se despojó de su dinero en 1999.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio la puntilla a esos ahorradores cuando ordenó congelar las cuentas de la caja de ahorro, con el pretexto de que realizaba operaciones ilícitas, para apoderarse de esos recursos sin considerar a los afectados.
Los ahorradores han acudido a diversas dependencias, tanto estatales como federales, para recuperar su patrimonio y lo único que han encontrado es la negativa y el rechazo a dar solución a sus demandas.
En diciembre de 2002 se aprobó en el Presupuesto de Egresos de 2003 un fideicomiso de 550 millones de pesos, que sería administrado por Nacional Financiera, para resolver el gigantesco fraude de las cajas de ahorro, que abarcó a gran parte de nuestro país.
En ese entonces, la Cámara de Diputados tomó cartas en el asunto para solucionar las demandas de las cajas populares en todo el país, autorizando recursos públicos para resarcir el patrimonio de los afectados, en tanto el Gobierno Federal recuperaba los activos defraudados.
En esa disposición se consideró la participación de los dos niveles de gobierno, estatal y federal.
Compañeras y Compañeros Diputados:
El Gobierno Federal cumplió su parte. Asimismo, lo hizo la mayor parte de los gobiernos estatales.
No así el gobierno de Durango, que se ha negado en todas las formas a dar salida al conflicto.
El Congreso local hizo su parte al emitir un punto de acuerdo en que exhortaba a las autoridades involucradas a dar solución definitiva al problema.
El gobernador Guerrero Mier y su secretario de Finanzas, Juan Manuel Flores Alvarez, se han hecho de la vista gorda y nada resuelven.
El argumento que encontraron se basa en señalar que el Gobierno Federal no les entregó todo lo que les correspondía recibir, con lo aprobado por la Cámara de Diputados, para esos efectos.
Ahora, hasta el derecho de audiencia les niega porque, para él, sólo importan los ciudadanos que no tienen problemas. Guerrero Mier y su secretario de Finanzas viven en un Durango maravilloso.
Compañeras y Compañeros Diputados: La gran mayoría de los ahorradores defraudados son personas de edad avanzada, con serios problemas económicos y de salud.
Los ahorradores defraudados no se niegan a negociar con el gobierno estatal. Para ello, proponen que se vendan los bienes que están en manos del Fideicomiso Privado para Cajas de Ahorro (o Ficah).
También consideran que sean resarcidos con los recursos existentes bajo la administración de Nacional Financiera, que ascienden a 608 millones de pesos actualmente, toda vez que con esa cantidad se resuelve a escala nacional lo defraudado por los administradores de las cajas de ahorro.
Por las consideraciones expuestas, y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se solicita al Pleno de la honorable Cámara de Diputados exhortar al gobernador de Durango, Angel Sergio Guerrero Mier, así como a su secretario de Finanzas, Juan Manuel Flores Alvarez, a establecer con la mayor brevedad los mecanismos que conduzcan a resolver de manera definitiva el problema que enfrentan los defraudados de la Caja Popular número 1 de esa entidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los quince días de diciembre de dos mil tres.--- Diputados: Alejandro González Yáñez, coordinador; Pedro Vázquez González, vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Oscar González Yáñez, Joel Padilla Peña, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbricas).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Pode Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que asigne a la Secretaria de Marina recursos adicionales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, presentada por diputados integrantes de la Comisión de Marina.
Los que suscriben, diputados integrantes de la Comisión de Marina, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante el Pleno de este Poder de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se pide a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía que asigne a la Secretaría de Marina recursos económicos adicionales a los que solicita el titular del Poder Ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.
AntecedentesEl Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, presentado por el Presidente de la República, establece que la soberanía nacional, en su sentido más amplio, salvaguarda la integridad del territorio nacional, la libertad de su población y la sujeción irrestricta al Estado de derecho. Señala como prioridad garantizar el orden público, con respeto de las libertades y los derechos de los mexicanos.
La seguridad nacional tiene como meta velar por la protección y preservación del interés colectivo, evitando en lo posible o minimizando cualquier riesgo o amenaza a la integridad física de la población y de las instituciones. Para ello, el Gobierno Federal ha emprendido acciones efectivas contra el crimen, la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo, flagelos que, junto con la pobreza y la desigualdad, la vulnerabilidad de la población frente a los desastres naturales y la destrucción ambiental, representan las verdaderas amenazas a la seguridad nacional.
Al efecto, el Ejecutivo federal ha asumido como objetivos rectores en el área de orden y respeto defender la independencia, la soberanía y la integridad territorial nacionales y diseñar un nuevo marco estratégico de seguridad nacional, en el contexto de la gobernabilidad democrática y del orden constitucional.
ConsideracionesPrimera. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene facultades para levantar y sostener las instituciones armadas de la Unión -a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea nacionales- y para reglamentar su organización y servicio.
Por otra parte, el artículo 74 del referido ordenamiento legal dispone que es facultad exclusiva de esta soberanía examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Segunda. El artículo 39, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General señala que las comisiones son órganos constituidos por el Pleno que, mediante la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
En el numeral 3 del artículo citado se establece que las comisiones tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 93 constitucional y su competencia se corresponde, en lo general, con las otorgadas a las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal.
Tercera. En términos de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Marina ejercer la soberanía en aguas territoriales, así como la vigilancia de las costas del territorio, vías navegables, islas nacionales y la zona económica exclusiva.
Por otra parte, los artículos 1° y 2° de la Ley Orgánica de la Armada de México establecen que ésta es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar a la seguridad interior del país. Entre sus atribuciones se encuentran cooperar con el mantenimiento del orden constitucional del Estado mexicano, realizar acciones para salvaguardar la soberanía y defender la integridad del territorio nacional en el mar territorial, zona marítimo-terrestre, islas, cayos, arrecifes, zócalos y plataforma continental, así como en aguas interiores, lacustres y ríos en sus partes navegables, incluidos los espacios aéreos correspondientes, así como vigilar los derechos de soberanía en la zona económica exclusiva.
Cuarta. Nuestro país se encuentra localizado entre los dos océanos más importantes del mundo, contamos con 11 mil 122 kilómetros de litorales y 3 millones 149 mil 920 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, lo que nos hace poseedores de una enorme biodiversidad de recursos marítimos y nos coloca en una posición mundial envidiable.
El valor estratégico de las zonas marinas mexicanas, zona económica exclusiva, plataforma continental, mar territorial y aguas interiores está dado por el ejercicio soberano del Estado para la protección de los intereses de la nación. Esas son áreas donde los bienes y valores nacionales se constituyen en vitales para el desarrollo del país y donde la necesidad de defensa existe.
La Armada de México tiene la responsabilidad de defender nuestros intereses marítimos, lo que permite y garantiza el desarrollo de las actividades productivas que se realizan en el mar.
El poder naval es materializado mediante la ejecución de operaciones militares con el fin de defender la independencia, la soberanía y la integridad del mar territorial, proteger las instalaciones estratégicas y el patrimonio marítimo, hacer cumplir las leyes en el mar territorial y zona económica exclusiva contra el narcotráfico, la piratería, el tráfico ilegal de personas, el sabotaje y el terrorismo, salvaguardando también la vida humana en el mar y brindando auxilio a nuestra población en casos y zonas de desastre o urgencia.
Para cumplir su misión, la Armada de México se encuentra en una etapa de evolución en su estructura orgánica y de modernización de sus equipos y unidades, lo que le ha permitido incrementar su capacidad de adecuarse a las diversas condiciones que la situación le impone y a las necesidades de nuestra sociedad en el desarrollo de las operaciones.
Las unidades navales están diseñadas para ser constituidas en organizaciones flexibles que permitan un manejo óptimo de la fuerza, con base en la aplicación de los principios de unidad de objetivo, concentración y economía, maniobra, seguridad, coordinación y cooperación.
Además de ser guardián de nuestra soberanía y vigilante de nuestra seguridad interior, la Armada de México desarrolla tareas tendentes a brindar la primera respuesta de auxilio, previniendo y desalojando a personas damnificadas, coordinando posteriormente con el Estado para proporcionar víveres, medicamentos y ropa, incluyendo la atención y traslado de heridos, a través del Plan General de Auxilio a la Población en casos y zonas de desastre o urgencia marina. Participa también en tareas de remoción de escombros después de lluvias o tormentas, suministro de agua potable, reforestación, traslado de libros de texto gratuitos, campañas de alfabetización y programas en pro de la salud de la ciudadanía.
A la Secretaría de Marina se ha encomendado también el cumplimiento de la normatividad en materia de protección del ambiente y la explotación de recursos, interviniendo para ello en el desarrollo de actividades pesqueras y haciendo frente a cualquier contingencia ecológica que se presente, dirigiendo y coordinando al efecto el desarrollo del Plan Nacional de Contingencia para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras sustancias nocivas en el mar.
También desatacan como tareas de esta noble institución el fortalecimiento y desarrollo de la investigación hidrográfica, oceanográfica y científica, la construcción naval y la producción y actualización de la cartografía náutica nacional, actividades que fomentan el desarrollo marítimo nacional y permiten mantener a salvo el ecosistema marino, coadyuvando además a la seguridad de las vías marítimas de comunicación y a la navegación segura.
Quinta. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, el titular del Poder Ejecutivo federal solicita para la Secretaría de Marina recursos económicos por 8 mil 505 millones 509 mil 330 pesos; esto es, en apariencia, una disminución de 393 millones 662 mil 371 pesos, en relación al presupuesto asignado en 2003. Sin embargo la disminución nominal del presupuesto para esa dependencia para el próximo ejercicio fiscal sería del orden de 738 millones 200 mil pesos, y ello es por lo siguiente:
a) En la cantidad asignada para 2004 va incluido para el capítulo 1000, relativo a servicios personales, un aumento del orden de 222 millones 709 mil 330 pesos, que corresponden al paquete salarial; y
b) Existe una reducción nominal en gasto del orden de 738.2 millones de pesos, de los cuales 704.2 millones corresponden a gastos de operación y 34 millones a gastos de inversión.
Sexta. A partir del ejercicio fiscal de 2000, los recursos asignados a la Secretaría de Marina han mostrado una tendencia decreciente en los rubros de gasto corriente y gasto de inversión, lo que ha ocasionado que en los últimos años dicha institución observe un déficit presupuestal.
Para el ejercicio fiscal de 2004, la disminución en gasto de operación y gasto de inversión será del orden de 738 millones 200 mil pesos y, aunado a la disminución presupuestaria que se ha observado desde el ejercicio fiscal de 2000, el déficit con que operará esta institución será del orden de 1,400 millones, cantidad que resulta necesario asignarle a fin de que regularice su presupuesto y subsane el déficit que ha acumulado.
Deberán asignársele 738 millones 200 mil pesos para cubrir la disminución presupuestal en gasto de operación y gasto de inversión que se le haría respecto del ejercicio fiscal en curso, y con ello pueda cuando menos operar en condiciones adecuadas y el resto para hacer el total de mil 400 millones deberán ser para que esté en posibilidad de subsanar el déficit presupuestal que a la fecha ha acumulado.
Por lo anterior, sometemos a consideración del Pleno de este Poder de la Unión el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se pide a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía que asigne a la Secretaría de Marina recursos adicionales a los que solicita el titular del Poder Ejecutivo federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, por la cantidad de al menos mil 400 millones de pesos, a fin de que dicha dependencia cumpla adecuadamente la misión encomendada.
Diputados: Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), Angel Pasta Muñuzuri (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, Francisco Juan Avila Camberos, José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Alejandro Higuera Osuna, Homero Ríos Murrieta (rúbrica), Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica), Rómulo Israel Salazar Macías (rúbrica), Alfonso Sánchez Hernández (rúbrica), Félix Arturo González Canto (rúbrica), Irma Figueroa Romero (rúbrica), Juan García Costilla (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica), Sergio Magaña Martínez (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez, Raúl Piña Horta (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.«Proposición con punto de acuerdo, sobre la asignación equitativa de recursos federales a las entidades federativas y al Fondo para la Educación Básica en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004, a cargo del diputado Víctor Ernesto González Huerta, del grupo parlamentario del PRI.
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la asamblea la siguiente proposición.
Si algo podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que el gobierno del Presidente Fox se ha distinguido por ser congruente con la incongruencia.
En muchas incoherencias, de manera cotidiana, cae el Ejecutivo Federal, pues por un lado asegura:
``Con el gasto y con el Presupuesto se hace la justicia social, se avanza hacia el bien común, se reduce la pobreza y se mejora la distribución del ingreso.''
Sin embargo, en la propuesta de Presupuesto de Egresos federal, presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se advierten grandes diferencias para las entidades federativas al menos en tres aspectos fundamentales.
Destaca el rubro de educación, pues el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica crece en sólo 3.6 por ciento y -sin embargo- el Ramo 25 en 9.2 por ciento, ambos respecto al presupuesto asignado para 2003. Como sabemos, 80.5 por ciento de ese rubro está destinado al Distrito Federal.
En particular para el estado de México, el crecimiento es de 3.17 por ciento y para el Distrito Federal de 29.18, lo que significa una diferencia inaceptable.
Debe quedar claro que no pedimos que quiten al Distrito Federal, sólo que a todas las entidades federativas se dé lo que en proporción y justicia les corresponde.
En relación con el Programa de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, para 2004 se propone disminuir su asignación en 43.5 por ciento respecto al monto ejercido durante el presente año, y ese fondo incide directamente en el gasto de inversión. Ello disminuirá recursos destinados a la infraestructura de la principal entidad que atrae inversión extranjera directa: el estado de México.
Sin embargo, el gasto administrativo del Gobierno Federal disminuye en sólo 11.5 por ciento, lo que contrasta directamente con las declaraciones del Presidente Vicente Fox:
``Se está eliminando el gasto burocrático que no agrega valor y, a cambio, se está dando prioridad a la atención de programas de alto beneficio ciudadano. Todas y todos queremos un gobierno eficiente, un gobierno que cueste menos. Esa es la mejor aportación que podemos hacer para mejorar la calidad y el nivel de vida de las y los mexicanos.''
Pero la SHCP propone un gasto en comunicación social de 245 millones de pesos y sueldos para los secretarios de Estado por 241 mil pesos mensuales, lo que equivale a 100 veces lo que gana cualquier trabajador promedio en el país.
Es necesario que se asignen recursos, como mínimo, con un crecimiento del importe del Programa de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en 15 por ciento respecto al monto asignado durante el ejercicio de 2003.
Como tercer punto, se plantea la creación de un programa para fiscalizar el gasto público federalizado por 234.6 millones de pesos. Ante la escasez de fondos, conviene que se asignen esos recursos a programas sustantivos operados por las entidades federativas, como educación o salud, que si bien no resuelven el problema pueden ayudar a su solución, ya que -como se señaló en el primer punto de este documento- se presentan grandes injusticias, principalmente en el aspecto educativo.
No se trata de que los recursos no sean fiscalizados sino de que las áreas estatales y delegaciones correspondientes, además de los Congresos locales, asuman de manera total la vigilancia de esos recursos.
Por ello, propongo los siguientes
Puntos de Acuerdo1. Asignar recursos equitativos a las entidades federativas respecto de la asignación del Distrito Federal que representen un crecimiento nominal de 29.2 por ciento con relación al monto ejercido durante 2003.
2. Asignar los recursos necesarios al Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas que permitan tener un crecimiento de 15 por ciento respecto al monto ejercido por los estados durante 2003.
3. Reasignar los recursos propuestos para fiscalizar el gasto publico federalizado al Fondo para la Educación Básica, lo que permitirá destinar recursos a los programas sustantivos y evitará distraer los recursos en programas atendidos en este momento por las entidades federativas mismas.
De no cambiar al menos en esos rubros las asignaciones presupuestarias, la interpretación de la propuesta presidencial sería que se pretende perjudicar la consolidación del trabajo que realiza el gobierno del estado de México, a fin de disminuir su aceptación en las urnas con miras al cambio de mandatario en 2005 y de beneficiar al Partido Acción Nacional.
Independientemente, en el Distrito Federal se fortalece a Andrés Manuel López Obrador, quien ha demostrado que con políticas populistas puede llevarse a la capital del país a ser la entidad deudora más importante de los últimos tiempos, para adquirir una popularidad en la que sustenta su futurismo de manera irresponsable.
Y es irresponsable porque, a final de cuentas, en un plazo perentorio todos los habitantes del Distrito Federal pagarán los excesos de su jefe de Gobierno con carencias de bienes y servicios o, si el Gobierno Federal asume las deudas, todos los mexicanos terminaremos pagando en los mismos términos, lo cual no es justo ni equitativo.
No debemos soslayar que también hay injusticias en las asignaciones del Ramo 33: de acuerdo con un cálculo promedio nacional en aportación per cápita, nueve entidades resultan con asignaciones menores, las cuales ascienden a más de 24 mil millones de pesos. De ellos, el estado de México es perjudicado con 44 por ciento; es decir, de aprobarse en esos términos el Presupuesto de Egresos sería la entidad más perjudicada, pese a representar la de mayores aportaciones al Producto Interno Bruto.
Solicito a la Presidencia que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
México, DF, a 15 de diciembre de 2003.--- Dip. Víctor Ernesto González Huerta (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que adecuen sus leyes a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros ordenamientos relacionados con la niñez y la adolescencia, presentada por el diputado Guillermo Enrique Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del PAN.
Guillermo Enrique Tamborrel Suárez, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea, proposición con punto de acuerdo para que las Legislaturas estatales adecuen la legislación existente y expidan los ordenamientos necesarios para hacerlos congruentes y dar cumplimiento a lo que disponen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Convención Sobre los Derechos del Niño y demás ordenamientos internacionales relacionados con la infancia y adolescencia.
Honorable Asamblea:
Todos fuimos niños alguna vez. Y todos deseamos por igual el bienestar de nuestros niños, que siempre ha sido y seguirá siendo el anhelo más universal de la humanidad.
Hace apenas unas cuantas décadas que se inició con más pujanza la valoración de los derechos de nuestras niñas y niños, permítanme recordar sólo unos antecedentes:1
1 Véase: Jiménez García, Joel Francisco, Derechos de los niños, 2000.
En el contexto internacional, la primera declaración sistemática de los ``Derechos del Niño'', redactada por la pedagoga suiza Englantine Jebb, que fue promulgada por la entonces Asociación Internacional de Protección a la Infancia y aprobada por la Sociedad de las Naciones en 1924; denominada Declaración o Carta de Ginebra, que más tarde sería revisada en 1946.
En 1953, la Asamblea General de las Naciones decidió que el UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) continuara sus funciones en forma permanente como organización mundial de protección a la infancia.
En el caso mexicano se celebró en agosto de 1973 el Primer Congreso Nacional sobre el Régimen Jurídico del Menor, considerándose en ese entonces crear un orden normativo aplicable de forma exclusiva al niño.
Actualmente, y derivado no sólo de los eventos que mencioné, sino de distintas actividades y declaraciones internacionales, se cuenta con un importante número de instrumentos jurídicos, con lo cual, los asuntos de los niños se han posicionado como un tema prioritario en las acciones de todos los gobiernos del mundo.
Considerando además:1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, dicta que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, y que el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
2. Que en la actualidad se cuenta con importantes instrumentos jurídicos en torno a la protección de los derechos humanos de los niños, entre los que destacan la Convención sobre los Derechos del Niño; el Convenio de la Haya sobre Protección de los Niños y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional; la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños; la Convención de la Haya sobre Jurisdicción, el Derecho Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños; el Convenio 182 de la organización Internacional del Trabajo sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación; y la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, por mencionar algunos.
3. Qué México ha suscrito y ratificado la mayoría de éstos, entre los que destaca por su importancia la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 4° establece que los Estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados parte adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.
4. Que en lo que se refiere a preeminencia jurídica, en el grado más alto de la pirámide jurídica se encuentra la Constitución, en un segundo grado las leyes constitucionales y los tratados, y en un tercero coexistirán el derecho federal y el derecho local. En otras palabras, la Constitución, las leyes y los tratados tienen mayor jerarquía que las Constituciones o leyes de los estados.
5. Que la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución establece que la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en el ámbito de su competencia, podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley.
6. Que esta misma ley, en su artículo 7, dicta que corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar, tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.
7. Que, sin menoscabar la obligación de la Federación para preservar y garantizar los derechos de la niñez, es cierto que gran parte de los derechos de los niños, principalmente los relacionados con las materias civil y penal, recaen en la competencia y conocimiento por parte de las autoridades de las entidades federativas, tal como el derecho a ser adoptado, el derecho a una pensión alimenticia, el derecho a ser protegido contra todas las formas de explotación y abuso sexual, el derecho al nombre, a conocer a sus padres a ser cuidado por ellos, por mencionar algunos.
Es por ello que, basados en el interés superior de la infancia, queremos impulsar que en los Congresos locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se legisle y reforme su marco jurídico, de acuerdo con lo que establecen la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño, los tratados internacionales y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Es por ello que, con base en la fundamentación y argumentos expuestos y coincidiendo con la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, de que no puede haber una tarea más noble que la de dar a todos los niños un futuro mejor, presentamos a la consideración de este honorable Pleno el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Esta H. Cámara de Diputados exhorta a las Legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a adecuar su legislación para hacerla congruente y dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales relacionados con la niñez y la adolescencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2003.--- Dip. Guillermo Enrique Tamborrel Suárez (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.«Proposición con punto de acuerdo, relativo a las investigaciones que realiza la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del PRD.
Las y los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
ConsideracionesLa resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida el pasado 5 de noviembre, en el sentido de que el delito de desaparición forzada de personas no prescribe hasta el momento en que sea hallada la víctima, es apenas el comienzo de un proceso que debe desembocar en la justicia para centenares de mexicanos y mexicanas que padecieron los crímenes de las instituciones del Estado.
La guerra sucia de los años setenta en nuestro país ha guardado en sus sótanos muchas historias que apenas hoy salen a la luz. En días recientes, una juez penal del puerto de Acapulco giró una orden de aprehensión en contra del ex comandante de la Policía Judicial de Guerrero Isidro Galeana Abarca, por su responsabilidad en la desaparición del profesor normalista Jacob Nájera Hernández, ocurrida en septiembre de 1974.
En menos de veinticuatro horas, apareció asesinado uno de los principales testigos de la Procuraduría General de la República, Zacarías Barrientos Peralta, según versiones oficiales, fue informante de la Dirección Federal de Seguridad y del Ejército y delató a muchos integrantes de la guerrilla de Lucio Cabañas, le constaba la información que dio e iba a dar a la Fiscalía. Pese a lo anterior ni la Fiscalía Especial ni la PGR ordenaron protección especial para uno de sus principales testigos, lo dejaron desprotegido para que los más oscuros intereses de los responsables de los crímenes de Estado lo aniquilaran.
En octubre de 2002, el Fiscal Militar, Jaime Antonio López Portillo, envió a la Procuraduría General de la República información sobre 37 soldados muertos y otros 29 lesionados entre 1975 y 1979 durante enfrentamientos entre el Ejército y los grupos subversivos en el estado de Guerrero. Los generales Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós fueron detenidos y son procesados por narcotráfico. Además la Procuraduría Militar los investiga por su responsabilidad en la desaparición de 143 personas en esos años, casos a los que habría que sumar la investigación del reciente asesinato de Zacarías Barrientos Peralta.
El fiscal militar afirmó en su momento: ``Ante la evidencia de que los cuerpos fueron tirados al mar, contamos con las evidencias de que la última vez que las víctimas fueron vistas con vida estaban detenidas por militares; además, tenemos testimonios, pruebas documentales y periciales, así como peritajes de los lugares en que ocurrieron los hechos''.
El domingo 30 de noviembre pasado, Eduardo López Betancourt, ex procurador de justicia y ex secretario general de Gobierno durante la administración de Rubén Figueroa Figueroa, declaró: ``? hay muchos casos de personas que fueron asesinadas, cruelmente tiradas al mar''.
Estos actos son apenas el hilo de una madeja que debe desentrañarse con acciones efectivas por parte de la Procuraduría General de la República. Al formular cargos contra oficiales, el ejército mexicano ha dado un paso importante hacia el reconocimiento de su papel en los crímenes del pasado.
El sistema de administración de justicia mexicano deja actualmente en manos de las autoridades militares la investigación y el procesamiento de los abusos cometidos por el ejército. Por ello graves violaciones a los derechos humanos queden impunes.
La Procuraduría General de la República debe avanzar en la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas, incluyendo a sus jefes supremos en los años de la llamada ``guerra sucia''.
Sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoPrimero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Fiscal Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado para que cite a comparecer al fiscal militar a efecto de que rinda declaración ante dicha institución sobre toda la información relativa a la participación de miembros de las fuerzas armadas en crímenes sucedidos en la época denominada de la ``guerra sucia''.
Segundo. Se exhorta a la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado para que cite a declarar a Eduardo López Betancourt y amplíe sus declaraciones en torno a este periodo en el estado de Guerrero.
Tercero. Que la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado otorgue protección especial a denunciantes y víctimas de los actos cometidos por fuerzas policiacas y militares durante la guerra sucia.
México, DF, a 15 de diciembre de 2003.--- Dip. Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a crear confinamientos con tecnología de punta para residuos peligrosos, presentada por el grupo parlamentario del PVEM en la sesión del lunes 15 de diciembre de 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a crear confinamientos con tecnología de punta para residuos peligrosos.
AntecedentesLa producción de residuos peligrosos en el país ha sido, hasta hoy, una consecuencia inevitable de nuestro estilo de vida y de producción industrial. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define los residuos peligrosos como ``todos aquellos residuos en cualquier estado físico que por sus características corrosivas, toxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicamente infecciosas o irritantes, que representen un peligro para el equilibrio ecológico o al ambiente''.
Se cree que en México se generan anualmente 8 millones de toneladas de residuos industriales peligrosos y que de éstos sólo 32 por ciento se separa, recolecta, transporta, trata y recicla y tiene una disposición final adecuada. Aun cuando esos datos son oficiales, hay estimaciones de que en realidad se generan alrededor de 14 millones de toneladas anuales de ese tipo de residuos.
Los residuos peligrosos que no son manejados adecuadamente representan un importante desafío para el equilibrio del ambiente y la salud humana, ya que en la mayoría de las veces acaban en el drenaje municipal, barrancas, tiraderos clandestinos o a cielo abierto, bodegas de empresas o cualquier otro lugar que no cuenta con las especificaciones técnicas necesarias.
Un ejemplo de esto lo representan los más de 124 tiraderos clandestinos de residuos peligrosos, donde se han encontrado rastros de plaguicidas, ácidos, aceites, etcétera.
Otro ejemplo de esa problemática es la detección por parte del gobierno mexicano de más de 40 mil toneladas de residuos peligrosos provenientes de hidrocarburos de una toxicidad muy alta, las cuales provienen de productos que estuvieron de moda entre los años 50 y 70.
La situación actual de los confinamientos para residuos peligrosos en el país nos deja un saldo negativo. Contamos sólo con un lugar en toda la República para la disposición final de éstos, el cual se localiza en Nuevo León. Esto hace que desde el sur del país tengan que ser transportados hasta el norte, aumentando así los costos económicos por su manejo y la posibilidad de que ocurra una contingencia ambiental. Tomemos en cuenta que sólo en la zona centro del país se produce más de 60 por ciento de los residuos peligrosos.
El manejo de los residuos peligrosos necesita una serie de acciones conjuntas de todos los actores involucrados en esta problemática. A escala nacional es preciso contar con una planta de confinamiento especial más en México que garantice la disposición final de los residuos sin tener que recorrer una distancia tan amplia y, sobre todo, que esto no ocasione daños al ambiente o la salud pública y, al mismo tiempo, llevar a cabo una reducción en la generación de ese tipo de desechos, cambiar a insumos ambientalmente amigables y transformar los procesos de producción para incrementar la reutilización, el reciclado y la recuperación de parte de los materiales y residuos generados.
El 8 de octubre de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Residuos Sólidos, en la cual se dan lineamientos para el manejo de los residuos peligrosos y de manejo especial en el país, pero la responsabilidad en el manejo correcto de éstos nos corresponde a todos: industria, gobierno y sociedad.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a su consideración la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoPrimero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implantar confinamientos con tecnología de punta para residuos peligrosos.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a agilizar la actualización y modificación de las normas siguientes:
NOM-055-ECOL-1993, que establece los requisitos que deben reunir los sitios destinados al confinamiento controlado de residuos peligrosos, excepto los radiactivos.
NOM-056-ECOL-1993, que establece los requisitos para el diseño y la construcción de las obras complementarias de un confinamiento controlado de residuos peligrosos.
NOM-057-ECOL-1993, que establece los requisitos que deben observarse en el diseño, la construcción y la operación de celdas de un confinamiento controlado para residuos peligrosos.
NOM-058-ECOL-1993, que establece los requisitos para la operación de un confinamiento controlado de residuos peligrosos, objetivo y justificación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días del mes de diciembre de 2003.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar el otorgamiento de un subsidio al Gas LP y Gas Natural para Uso Doméstico en el estado de Chihuahua, a cargo de la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del PRI.
C. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
La suscrita diputada, Martha Laguette Lardizábal, del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar el otorgamiento de un subsidio al gas L.P. y al gas natural para uso doméstico en el estado de Chihuahua, conforme a las siguientes
ConsideracionesLa posición geográfica del estado de Chihuahua, entre la altiplanicie y la Sierra Madre Occidental dan como resultado un clima desértico y sumamente extremoso que llega a 45° centígrados en el verano y hasta 20° centígrados bajo cero durante el invierno. Estas son las temperaturas más bajas del país.
El servicio meteorológico de la Comisión Nacional del Agua mantiene estadísticas de las temperaturas mínimas promedio, pronosticando para esta temporada invernal 2002-2003 en el Estado de Chihuahua las siguientes:
En la zona serrana, 14° bajo cero;
En el resto del estado, es decir, zonas fronteriza y centro-sur, 7° bajo cero.
Temperaturas tan bajas y el frío intenso provocan daños severos a la salud pública, así como problemas sociales y económicos como
Incremento en las enfermedades agudas como influenza y neumonía, principalmente en niños y personas adultas mayores, y entre aquellas que no cuentan con los recursos suficientes para calentar sus hogares;
Ausentismo laboral, con pérdida de horas-hombre que repercute en la productividad y eficiencia de las empresas y un incremento en los costos de las instituciones del sector salud;
Alto índice de ausentismo escolar; y
Incapacidad de 80% de la población con ingresos menores a cinco salarios mínimos para hacer frente a los gastos que requeriría un sistema de calefacción a los precios vigentes de los combustibles.
Según datos del sector salud, durante el periodo invernal 2002-2003, se registraron 761 personas hospitalizadas por hipotermia y enfermedades respiratorias agudas, y 74 defunciones por hipotermia en la entidad, lo cual determina que el uso de gas natural y gas L.P. son para la población chihuahuense artículos de primerísima necesidad, sobre todo en el periodo invernal.
Son reveladores los siguientes datos: Chihuahua concentra el 3% de la población del país y demanda el 9% del gas L.P. que se consume en el territorio nacional, sólo superado por el Distrito Federal que consume 30%. El resto del país consume el 61% restante. Del total de gas L.P. que se consume, alrededor del 62% va directamente a los hogares chihuahuenses y el 38% se distribuye en las áreas comercial, industrial y de transporte.
El gobierno del estado de Chihuahua ha solicitado la intervención de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Energía, así como de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Reguladora de Energía, ante el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos Petroquímicos, para solicitar se autorice el subsidio del 30% al precio del gas L.P. en cilindros, y del gas natural que se expendan para uso doméstico en las colonias populares de los diversos municipios de la entidad, durante el periodo comprendido de noviembre de 2003 a marzo de 2004 que corresponde al presente ciclo invernal. No se ha recibido respuesta satisfactoria a la fecha.
Dicha solicitud fue acompañada de un Estudio de Soporte para Solicitud del Subsidio a los Precios del Gasóleo Doméstico, Gas Natural y Gas L.P. para el invierno 2003-2004, en el que se dan razones y justificaciones suficientes, climatológicas, de salud y económicas.
Según dichos estudios una familia de cinco miembros requiere en promedio 2,474.14 pesos al mes para la adquisición de sus insumos básicos, sin contar sus demás necesidades, y el costo de los energéticos mencionados oscilarían entre 408.24 a 826.10 pesos, lo cual tendría un fuerte impacto a su economía familiar.
Los diversos datos, pruebas y argumentaciones ponen muy en claro que el consumo de gas L.P. y gas natural no es para las famillas chihuahuenses un insumo de lujo sino un artículo de primerísima necesidad indispensable para enfrentar el frío de invierno.
En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. asamblea el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Energía, a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Reguladora de Energía su intervención ante el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos Petroquímicos, para que se autorice un subsidio del 30% al precio del gas L.P. cilindro y gas natural de uso doméstico, por el periodo invernal que comprende los meses de diciembre de 2003 a marzo de 2004, en el estado de Chihuahua.
La proposición con punto de acuerdo se encuentra suscrita por los diputados federales del estado de Chihuahua integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: Omar Bazán Flores, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Jesús Aguilar Bueno, Lorenzo Miguel Lucero Palma, José Mario Wong Pérez, Nora Elena Yu Hernández y por la suscrita.
La proposición fue entregada oportunamente a la Coordinadora de nuestro Grupo Parlamentario para los efectos del Artículo Cuarto del Acuerdo Parlamentario Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación. En cumplimiento de este Acuerdo, la solicitud correspondiente se acompañó de la versión electrónica del documento.
Solicitamos que este asunto sea tramitado como de urgente y obvia resolución, en los términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento antes invocado, sirviendo para ello de sustento las consideraciones que justifican la gravedad e importancia del asunto y el inicio ya del ciclo invernal en el estado de Chihuahua.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2003.--- Diputados: Martha Laguette Lardizábal (rúbrica), Omar Bazán Flores, Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Aprobada. Comuníquese.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que estudien y revisen sus respectivas legislaciones en Materia de Delitos Sexuales Cometidos en Contra de Menores de Edad, presentada por el diputado Angel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del PAN.
El que suscribe, Angel Pasta Muñuzuri, diputado federal, miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura de esta Cámara de Diputados, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas de las entidades federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que sus respectivas leyes penales contemplen como delitos las conductas relativas a la corrupción, pornografía, prostitución y turismo sexual de menores o incapaces, o en su caso, procedan a la revisión de los referidos tipos penales, así como de las penalidades previstas para los mismos, con el fin de otorgar una mayor tutela jurídica a los menores e incapaces.
Vengo a esta tribuna con la conciencia plena, el coraje y el compromiso de defender a nuestro mayor tesoro, que es la niñez mexicana.
Es indispensable garantizar a las niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de sus derechos fundamentales, que les garanticen el desarrollo pleno e integral, así como la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, toda vez que la humanidad ha de dar al niño lo mejor que tiene, con miras a que sea puesto en condiciones de desarrollarse de manera moral, material y espiritual; porque no debemos de olvidar que la niñez tiene derecho ha ser protegida contra cualquier forma de explotación, tiene derecho a recibir los auxilios necesarios en tiempo de calamidades, y en general, tiene derecho a su bienestar pleno e integral.
Resulta innegable que la corrupción, la pornografía, la prostitución, así como el turismo sexual de menores de edad constituyen conductas deplorables, ya que el acoso y la brutalidad sobre nuestros menores no se escapa de la realidad, de niños maltratados, niñas violadas, la gran violencia intrafamiliar, y lo peor, niñas y niños que están en la calle, que sufren abusos de personas sin escrúpulos que ven en la explotación sexual un gran negocio que arroja grandes cantidades de dinero.
Les recuerdo, señores legisladores, que este tipo de conductas delictivas ha adquirido gran influencia y ámbito de poder en nuestro país, por ello, conscientes de la necesidad de salvaguardar de manera adecuada los derechos de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, los menores, quienes por sus condiciones de vulnerabilidad, se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos fundamentales sean violentados, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de AcuerdoUnico. Exhorto respetuosamente a las Legislaturas de la entidades federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que, en caso de que dichas instancias no contemplen como delitos las conductas relativas a la prostitución, corrupción, pornografía y turismo sexual de menores de edad o incapaces, procedan, dentro del ámbito de su competencia, a la tipificación de dichas conductas en sus respectivas leyes penales, y a las instancias que ya lo contemplen, a que procedan, en el ámbito de su competencia, a la revisión de los tipos penales correspondientes y, en su caso, a la modificación o adecuación de las penalidades previstas anteriormente señaladas, con base a su bien jurídico tutelado.
Por lo anterior, debemos ponerle mayor énfasis a este tipo de problemas y como en su momento Abel Vicencio Tovar dijo: ``Si todos los días despertamos con el propósito de defendernos y defender a nuestros hijos y a nuestros vecinos de las arbitrariedades; si todos los días amanecemos con el deseo de servir y llenar de dones a nuestra comunidad, entonces no habrá vacío ciudadano, ni habrá tampoco la tentación de violencia; la violencia se convierte en tentación cuando un pueblo ha abandonado por muchos años el cumplimiento de su deber político''.
Por cada niño que sea parte de la brutalidad, en las conciencias quedará, y que México entero escuche, ya no más niños maltratados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de diciembre de 2003.--- Dip. Angel Pasta Muñuzuri (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.«Proposición cn punto de acuerdo, para que se destine mayor Presupuesto a Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del PRD
El que suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
ConsideracionesEn nuestro país, el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico ha venido adquiriendo un papel fundamental al lograr establecer y ampliar su capacidad de investigación científica y tecnológica por medio de la formación de hombres y mujeres especializados en diferentes ramas del área docente y de investigación. Asimismo, se ha desarrollado todo un sistema institucional integrado por los diferentes centros de investigación que operan en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en las Universidades Públicas e Instituciones de Educación Superior, así como en los Centros Públicos de Investigación que funcionan en distintas empresas y Universidades Públicas.
No obstante del desarrollo de estas instituciones, y derivado de la rapidez con que están ocurriendo los avances científicos y tecnológicos mundiales, se genera la necesidad de establecer en nuestro país bases más claras y modernas no solo para sostener lo que se ha conseguido, sino fomentar eficazmente el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, así como canalizar mayores recursos a estas actividades.
El Gobierno Federal dentro del marco del Programa Nacional de Desarrollo 2001-2006, pretende impulsar, promover, y fomentar la Ciencia y Tecnología, que es considerada como un área estratégica, la cual deberá desarrollar y modernizar a nuestra nación. En los últimos dos años, la Ciencia y la Tecnología han tenido un importante impulso orientado a sentar las bases de una Política de Estado acorde a las necesidades y requerimientos del país. Al respecto, se dio como resultado la creación del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006, el cual tiene como objetivos fundamentales incrementar la capacidad científica y tecnológica del país, así como elevar la competitividad y la innovación de las empresas.
Sin embargo, a pesar de las acciones emprendidas recientemente y los esfuerzos que tanto el Ejecutivo federal como las instancias encargadas de fomentar y promover el desarrollo científico y tecnológico, se encuentran ante un panorama sombrío para el 2004.
Hoy, la presente Administración Federal da un paso atrás en sus compromisos institucionales asumidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, al asignar un presupuesto para Ciencia y Tecnología de $26 mil 498 millones de pesos, lo que representa una disminución de 950 millones de pesos en comparación con el ejercicio 2003.
Además, como ya es por todos conocido, incluye en los artículos segundo y tercero transitorios del Presupuesto de Egresos 2004 la desincorporación y extinción de organismos desconcentrados de importancia estratégica en materia de ciencia y tecnología.
Cabe mencionar, que la pasada Legislatura incorporó en la Ley General de Educación en su Artículo 25, que el monto anual que el Estado (Federación, Entidades Federativas y Municipios), destine al gasto en la educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del Producto Interno Bruto del país, destinando de este monto, al menos el 1% del Producto Interno Bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas.
Asimismo, en los transitorios de esta Reforma emitida con fecha 30 de diciembre de 2002, el Artículo Segundo señala: ``Para dar cabal cumplimiento a esta disposición, los presupuestos del Estado, contemplarán un incremento gradual anual, a fin de alcanzar en el año 2006, recursos equivalentes al 8% del Producto Interno Bruto que mandata la presente reforma''.
Con ello, y para cumplir la propuesta hecha por el titular del Ejecutivo, se tendría que incrementar el presupuesto con 10 mil millones de pesos adicionales para el 2004; 15 mil millones adicionales en el 2005, y 18 mil millones más en el 2006.
Con el presupuesto que se asigna en el Proyecto del año 2004 a la Ciencia y Tecnología, las metas establecidas en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006, simplemente están en riesgo de no cumplirse y con ello los avances y los esfuerzos de diversas instituciones educativas, científicas y tecnológicas del país.
Fiel a su lógica política de prometer mucho pero cumplir poco, muy poco, la propuesta hecha por el Titular del Ejecutivo Federal del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, prácticamente cancela toda posibilidad de que para el año 2006 se logre destinar el 1% del PIB, en investigación y desarrollo experimental y que el aumento del personal científico y tecnológico con postgrado se posponga y debilite; ni se amplié la infraestructura científica y tecnológica del país, ya que el disminuir drásticamente el gasto federal en Ciencia y Tecnología se pretende cancelar el esfuerzo más valioso y útil para el futuro de los mexicanos: ver hacia el futuro, para proporcionarnos una mayor certidumbre de libertad, autonomía y progreso.
Quizás el Ejecutivo Federal nuevamente alce la voz para justificar que este presupuesto menor que hoy se asigna a la Ciencia y Tecnología, es consecuencia lógica del comportamiento débil de la economía de México y de que sus iniciativas de Reforma Hacendaria y Estratégica no se han llevado a cabo.
Lamentablemente, una vez más los compromisos asumidos por la Administración Foxista, quedan nuevamente en buenos deseos, como ya ha sido costumbre y nos condena a una situación lamentable para el desarrollo de las actividades en Ciencia y Tecnología.
Compañeras y Compañeros estoy cierto que coincidiremos en afirmar y seguir considerando que la Ciencia y Tecnología debe ser un área estratégica y prioritaria para el país y que el presupuesto para el desarrollo científico, que se ha dado a conocer es insuficiente y raquítico y no cumple con los objetivos básicos del PECYT.
La mejor inversión que podemos hacer hoy en día para fortalecer el desarrollo científico tecnológico de nuestra nación, es ampliar el monto de recursos que se canalice al Presupuesto de Ciencia y Tecnología, que los tecnócratas de Hacienda dicen apoyar y que a la hora de las asignaciones canalizan a los banqueros, ajustándose a la rigidez macroeconómica, aunque ello signifique un desajuste amenazante para el país.
Con una visión estratégica de mediano y largo plazo, debemos fortalecer financieramente a esta institución, a fin de que cuente con los elementos necesarios para que se vuelva el artífice de la política científica Nacional y al mismo tiempo impulse, fomente y promueva el desarrollo científico y tecnológico que nos permita pensar dentro de cinco años en un Organismo del Estado que cumpla con esas tareas.
Bajo este tenor, es necesario que se haga cumplir al Gobierno Federal con su compromiso adquirido en el Programa Nacional de Desarrollo 2001-2006 de aportar y destinar mayores recursos al sustantivo rubro de Ciencia y Tecnología y a los Programas Sectoriales de Desarrollo Científico y Tecnológico del país.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente:
Punto de AcuerdoUnico. Que esta Honorable Asamblea exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en su Dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos del año 2004, se asigne un incremento de por lo menos un quince por ciento adicional al otorgado en el Presupuesto de Egresos del año 2003, a fin de que se mantenga el nivel mínimo de inversión y gasto, para coadyuvar a alcanzar los objetivos básicos establecidos en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología para el 2006.
Es cuanto.
Atentamente.
México, D.F., a 15 de diciembre de 2003.--- Dip. Omar Ortega Alvarez (rúbrica) Secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología.»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie a favor de exhortar al Ejecutivo a cumplir con los compromisos del Acuerdo Nacional para el Campo, presentada por el grupo parlamentario del PVEM.
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrirnos a solicitar se tenga a bien someter a la consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo.
El proyecto de Presupuesto del Ejecutivo para el próximo año prevé una disminución real de 10 por ciento en los recursos que se destinarían para el campo. Esto dificulta la preocupante situación que enfrentan nuestros campesinos y sus familias, y hace que los pobres esfuerzos que ha emprendido este gobierno para mejorar las condiciones socioeconómicas del sector rural sean aún menos efectivos.
Este hecho nos preocupa sobremanera, y más aún cuando el Gobierno Federal firmó el Acuerdo Nacional para el Campo, en el que se aprobaron 650 millones de pesos para un programa emergente que se encargaría de incorporar casi 600 mil hectáreas al Procampo, pero que no se han ejercido, en perjuicio de un millón de campesinos; y en el que se estableció el compromiso de evitar el subejercicio del presupuesto del sector aprobado para 2003, como ha ocurrido en años anteriores.
A decir de líderes regionales y estatales del sector, existe un retraso de hasta 40 por ciento en la aplicación de algunos proyectos aprobados por el Acuerdo Nacional para el Campo, mientras que en otros no hay ningún avance.
Por otra parte, es evidente la dificultad para interpretar los compromisos orientados a reducir los costos de producción de granos básicos, oleaginosas y hortalizas, y obstáculos para el saneamiento de cartera vencida y para que pequeños y medianos productores del sector social puedan acceder a nuevos financiamientos. También ha habido una actitud ``displicente'' del gobierno para promover el comercio internacional y defender los intereses de los productores nacionales.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados se pronuncia a favor de exhortar al Ejecutivo a cumplir con los compromisos del Acuerdo Nacional para el Campo, porque a más de siete meses de haberse firmado aún prevalece el ``descontento'' entre los productores, no son claros los compromisos orientados a reducir costos de producción de granos básicos, oleaginosas y hortalizas, existen obstáculos para el saneamiento de cartera vencida y se prevé una disminución real de 10 por ciento en los recursos que se destinarían para el campo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 11 días del mes de diciembre del 2003.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Coordinación de la Diputación Federal por el estado de Aguascalientes.
Proposición con punto de acuerdo, para solicitar dar continuidad a la Comisión Especial respecto a los fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros, a cargo del diputado Arturo Robles Aguilar, del grupo parlamentario del PRI.
Me permito presentar a este Pleno una proposición con punto de acuerdo para solicitar que esta H. Cámara de Diputados de la LIX legislatura instale nuevamente la Comisión Especial, constituida el 17 de abril de 2001, para darle Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros.
El 4 de agosto de 1942 se firmó el convenio Binacional para Trabajadores Braceros Agrícolas y en 1943 el ferroviario, en el que se establece la creación del Fondo de Retención del 10% de los salarios que percibían los trabajadores en los Estados Unidos de Norte América, mismos que se depositaron vía Wells Fargo, siendo transferidos al Banco de México y posteriormente al Banco del Ahorro Nacional, con la finalidad de entregarlo a los trabajadores braceros a su regreso a México. El Convenio Binacional duro hasta 1964.
El Convenio Binacional concluyó oficialmente el 30 de mayo de 1963, sin embargo cabe señalar que gran cantidad de braceros siguieron trabajando hasta el año siguiente, 1964.
Con la firma del Convenio Binacional se establece la creación de un fondo de ahorro del campesino y que consistía en la retención de un 10% de sus salarios devengados, los cuales debían ser depositados en Banco Nacional de Crédito Agrícola, SA.
Esta retención, hecha de común acuerdo, decía en su artículo 5°: ``El trabajador manifiesta su conformidad para que le sea descontado de su salario el 10% y autoriza a la administración para recibirlo de su empleador y conservarlo en calidad de depósito para serle reintegrado a su regreso al punto del lugar que partieron, o tan pronto como sea practicable en forma de crédito a su cuenta en el Banco de Crédito Agrícola de México, en moneda corriente de los Estados Unidos Mexicanos, al tipo de cambio de la fecha en que el banco mencionado haya recibido la cantidad correspondiente.
El problema que se genera en estos tiempos, es que los recursos que se depositaron en esas fechas vía Wells Fargo-Banco de Crédito, S.A. Banco del Ahorro Nacional, no existen. Al fusionarse el 12 de julio de 1975 el Banco Nacional de Crédito Agrícola Rural y que dio origen a Banrural, se hizo un revisado del proceso de transmisión de recursos provenientes del Fondo de Ahorro Campesino o de depósitos en lo individual, relacionado con dicho fondo y la sorpresa fue que no había antecedentes ni recursos.
Por tal motivo se creó esta Comisión Especial para darle seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros en la LVIII Legislatura, la cual terminó sus funciones el 30 de agosto del 2003, por término de Legislatura, dejando la responsabilidad y para darle continuidad y seguimiento, en la LIX Legislatura.
Estoy seguro de que retomando lo que hasta hoy se ha visto y realizado a través de la Comisión Especial en esta H. Cámara de Diputados, en la Secretaria de Gobernación, con los representantes de los braceros en las entidades federativas y en los Estados Unidos, podremos encausar nuevamente como asunto de urgente y obvia resolución, esta problemática que afecta a tantos mexicanos.
Con base en lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento Interior, propongo los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Que la H. Cámara de Diputados acuerde dar continuidad a la Comisión Especial para darle seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros para que se encargue a lo iniciado por la LVIII Legislatura en la recuperación de información necesaria acerca del destino de los fondos de depósito de los trabajadores mexicanos braceros entre 1942-1964 en los campos agrícolas y ferroviarios en los Estados Unidos, instalando nuevamente esta Comisión Especial.
Segundo. Que fundamentado en lo establecido en el Artículo 89 de nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, la Comisión Especial tenga la facultad que le permita llegar al fondo de la investigación, sin importar las dependencias que estén involucradas en la solución de este problema, con el fin de encontrar los Fondos Retenidos a los braceros mexicanos.
Tercero. Si fuera necesario, que comparezcan los funcionarios que permitan llegar al esclarecimiento de esta investigación.
Cuarto. Si existen indicios a través de documentos fehacientes que logren ubicar a dónde fueron a parar los Fondos que se retuvieron con este Convenio Binacional, se busque la forma de canalizar estos fondos a una de pendencia gubernamental o a un Fideicomiso creado con este fin.
Quinto. Que en caso de no existir ya ningún fondo de esas retenciones, la Cámara de Diputados a través de la Comisión Especial, busque la forma legal de obtener el monto que permita resarcir a los braceros mexicanos.
Sexto. La Comisión deberá concluir su mandato en un plazo de seis meses, a partir de la fecha de su instalación.
Séptimo. La Comisión estará integrada por los Diputados que designen las Fracciones Parlamentarias existentes en la LIX Legislatura, de acuerdo a la proporción que corresponda.
Octavo. Esta Comisión Especial deberá informar mensualmente del avance y resultados de los trabajos realizados, ante el Pleno de la Cámara de Diputados o en su caso a la Comisión Permanente.
Agradezco la atención y todo el apoyo de mis compañeros legisladores.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2003.--- Diputados: Arturo Robles Aguilar, Guillermo del Valle Reyes, Raúl Pompa Victoria, Jaime Fernández Saracho, María del Consuelo Rodríguez de Alba, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, Pedro Avila Nevárez, Benjamín Sagahon Medina, Carlos Martín Jiménez Macías, Enrique Ariel Escalante Arceo, Jorge Martínez Ramos, Eduardo Osvaldo Pano Becerra, José Lamberto Díaz Nieblas, Fermín Trujillo Fuentes, Rafael Galindo Jaime, Julio César Córdova Martínez, jorge de Jesús Castillo Cabrera, Luis Antonio Ramírez Pineda, Raúl José Mejía González, Gonzalo Alemán Migliolo, Juan José García Ochoa, Angélica de la Peña Gómez, Miguel Angel García Domínguez, Luis Eduardo Espinoza Pérez, José Porfirio Alarcón Hernández, Antonio Mejía Haro, Víctor Manuel Camacho Solís, María Marcela Lagarde y de los Ríos, María Martha Lardizábal Celestina, José Luis Medina Lizarde, Alejandro González Yáñez, Pedro Vázquez González, María Guadalupe Morales Rubio, Cristina Portillo Ayala, Tomás Cruz Martínez, Ana Lilia Guillén Quiroz, Francisco Cavaría Valdeolivar, Juan García Castilla, Gelacio Montiel Fuentes, Jorge Ortiz Alvarado, Regina Vázquez Saut, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Raúl Piña Horta, Rasalina Mazari Espín, Jesús Porfirio González Schmal, Alfonso Juventino Nava Díaz, Francisco Javier Valdez de Anda, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, Sergio Antonio Posadas Lara, Francisco Alberto Jiménez Merino, Wintilo Vega Murillo, Humberto Francisco Filizola Haces.»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a legislar en materia de Derechos y Cultura Indígenas, presentada por el diputado José Irene Alvarez Ramos, del grupo parlamentario del PAN.
José Irene Alvarez Ramos, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este Pleno proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a las Legislaturas locales, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los municipios de los estados que tienen asentados grupos indígenas y a los restantes, en su calidad de estados receptores de población indígena, a dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política en materia de derechos y cultura indígenas. La petición se sustenta en las siguientes
ConsideracionesDon Miguel Hidalgo y Costilla, en su afán histórico y perteneciendo al bando de Independencia, luchó hasta abolir la esclavitud y la servidumbre, y alentó a don José María Morelos y Pavón, quien dejó plasmado en Los Sentimientos de la Nación, igual que en la Constitución de Apatzingán, su entusiasmo por salvaguardar en la Carta Magna ese valor tan preciado que es la libertad. Por otra parte, los constituyentes de 1917 nos legaron los principios de igualdad plasmados en la Constitución. Tratar de pormenorizar y abundar en los hechos y en la larga lista de hombres y de mujeres que han luchado por un México más libre y justo sería materia de una exposición más extensa, pero por el momento permítanme decir que todas y todos ellos nos han dejado una historia y un marcaje lleno de lineamientos que sustentan las bases que hoy día nos regulan.
Esos antecedentes, a la vez que fueron un preludio, mantuvieron viva la llama de una lucha constante que sigue hasta nuestros días, lucha por preservar nuestra libertad, la igualdad de oportunidades y eliminar la discriminación, teniendo como fin la construcción de una sociedad más justa y más democrática.
Hasta abril de 2001 no fue reformada la Constitución Política para prohibir todo tipo de discriminación y ampliar el reconocimiento de la composición pluricultural y pluriétnica de la nación mexicana.
Con el esbozo anterior, señoras y señores diputados, podemos ver muy claramente que la lucha por dar a este pueblo mexicano la libertad y la igualdad no es particular de esta Legislatura ni de la anterior; es una lid constante, siendo nuestro deber preservarla, defenderla y promoverla ante todo y ante todos.
En el texto constitucional vigente se establece que el reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas se hará en las Constituciones y las leyes de las entidades federativas, que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los primeros párrafos del artículo 2° constitucional, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
Por otro lado, dicta que las Constituciones y las leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, con el propósito de fortalecer la participación y representación política, de conformidad con sus tradiciones y normas internas.
La Carta Magna también establece que deberá consultarse a los pueblos y las comunidades indígenas en la elaboración de los planes de desarrollo nacional, estatales y municipales e incorporar las propuestas y recomendaciones que éstos realicen, así como establecer las partidas específicas destinadas al cumplimiento de esas obligaciones en los presupuestos de egresos.
Señoras y señores diputados, compañeros todos: A pesar de ésas y otras consideraciones ya establecidas en la Constitución, la mayoría de las Legislaturas locales no ha modificado la suya ni sus leyes secundarias después de la aprobación de la reforma mencionada.
En la actualidad tenemos 31 estados de la República y un Distrito Federal, equiparado con funciones de un estado libre y soberano, sumando así 32 entidades federativas en la división política de nuestro país.
Del total, 26 estados cuentan con pueblos indígenas originarios, pero sólo 4 tienen leyes indígenas, 1 más tiene un reglamento y otro un acuerdo, sumando un bajo porcentaje de estados con legislación indígena y restando una gran mayoría por atender este asunto.
Debemos tomar en cuenta que los 32 estados de la República tendrán que legislar en materia indígena, ya sea en su calidad de estado con población indígena originaria o como receptor, toda vez que si a la obligación constitucional referida no se da cabal cumplimiento, se estará actuando contra lo previsto en los artículos 1° y 2° constitucionales.
Por otra parte, y con fundamento en lo que dispone la Constitución, en el Congreso federal se han efectuado reformas a distintos ordenamientos secundarios y se expidieron la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Particularmente, esta última, reconociendo la importancia de las lenguas nativas, establece que el Estado, en sus distintos órdenes de gobierno, debe apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español, y que la Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán leyes y reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras y servicios dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios.
Las disposiciones a que me he referido tampoco han sido cabalmente cumplidas, por lo que tenemos la obligación de hacer todo lo posible por evitar que nuestros hermanos indígenas sigan siendo objeto de explotación, discriminación, desatención, rechazo, exclusión y abusos por parte de las autoridades, particulares, de propios y extraños.
Por ello solicito de manera respetuosa que tengan a bien aprobar esta proposición con punto de acuerdo, cuyo título mencioné en su momento y que se forma por los artículos siguientes:
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las Legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a dar cumplimiento a su obligación de legislar en materia de asuntos indígenas, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Se invita asimismo a las autoridades municipales, a los gobernadores de las entidades federativas, al jefe de Gobierno del Distrito Federal y a las Legislaturas locales a que, conforme a lo que dicta la Constitución federal, promuevan la igualdad de oportunidades de los indígenas, eliminen cualquier práctica discriminatoria, establezcan las instituciones, determinen las políticas necesarias y establezcan las partidas específicas en los presupuestos de egresos que aprueben a fin de garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.
Tercero. Se solicita que las acciones emprendidas con ese fin vayan dirigidas tanto a las comunidades indígenas originarias del estado o municipio como a los indígenas inmigrantes, con los criterios de transversalidad, focalización, eficiencia, eficacia, legitimidad, no discriminación y perspectiva de género.
Cuarto. Se solicita a los gobernadores de las entidades federativas que todas las leyes que repercutan o tengan relación con la población indígena sean traducidas a las lenguas indígenas que se hablan en el estado respectivo.
Quinto. Se conmina a los gobernadores de los estados a que realicen las acciones conducentes para que en las escuelas normales de los estados se incluyan en los programas de estudios y en la normatividad respectiva las carreras de intérprete y traductor en lenguas indígenas o cualquier otra similar.
Solicito, señor Presidente, que este punto de acuerdo sea trascrito en su totalidad en el Diario de los Debates y se tome a consideración del Pleno como de obvia y urgente resolución.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2003.--- Dip. José Irene Alvarez Ramos (rúbrica)»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
«Proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004, sea eliminado el artículo segundo transitorio e incrementados los recursos para el campo, presentada por el diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del PRD.
Los suscritos diputados federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hacemos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
ConsiderandosHago uso hoy de la palabra en esta tribuna para tratar un tema que a lo largo de las últimas semanas nos ha preocupado no sólo a muchos legisladores, sino a la sociedad en su conjunto y en particular a los sectores directamente afectados.
Me refiero a la desincorporación, bajo las modalidades de disolución, liquidación, extinción, fusión o enajenación de entidades de apoyo al sector agropecuario, como el Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria (INIFAP); el Colegio de Postgraduados (CP); el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, AC (INCA); el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), y la Comisión Nacional de Zonas Aridas (Conaza) propuestas en el artículo segundo transitorio del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.
Sin lugar a dudas estas instituciones han contribuido al desarrollo rural y social de México a través de la generación de conocimientos y tecnología para los variados esquemas de producción del país. Su desincorporación representa un duro golpe al sector agrícola, pecuario y forestal, el más desamparado de la sociedad, con los mayores índices de pobreza, los más bajos niveles de educación y con grandes deficiencias tecnológicas.
El Colegio de Posgraduados ha alcanzado niveles de excelencia que lo han consolidado como una de las instituciones más importantes de postgrado en el país y de América Latina. Cuenta con un cuerpo académico de alta calidad integrado por 292 doctores y 243 maestros en ciencias, de los cuales 63% pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Esto ha permitido que de las 21 especialidades que ofrece, 19 formen parte del Padrón de Excelencia de Conacyt. Actualmente tiene inscritos a 1015 estudiantes de maestría y doctorado, quienes se están formando en campos estratégicos para el país.
Por su parte el INIFAP cuenta con personal altamente calificado: 1,050 investigadores, de los cuales 615 tienen grado de maestría y 246 con doctorado. A lo largo de los años, el INIFAP ha integrado 81 campos experimentales, 8 centros regionales, 6 centros de investigación interdisciplinaria y 42 laboratorios. Esta institución es un verdadero soporte para el campo mexicano por la pertinencia y relevancia social de sus variadas y prolíficas líneas de investigación, generando conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas y su transferencia al campo.
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) es la única institución mexicana que cuenta con la infraestructura y el personal de alto nivel capaz de proponer soluciones a los problemas relacionados con el uso, aprovechamiento y preservación del agua, de un recurso estratégico para la sobrevivencia humana que no nos pertenece y que debemos cuidar, para heredárselo a las próximas generaciones; de lo contrario, hoy la lucha y las guerras son por el petróleo, mañana serán por el agua.
Ampliamente reconocido como el brazo científico y tecnológico del sector agua en México, el IMTA tiene 285 investigadores altamente calificados en su mayor parte con maestría y doctorado. Dispone de laboratorios acreditados de hidráulica, calidad del agua, tratamiento de aguas residuales, potabilización, entre otros.
La Comisión Nacional de Zonas Aridas (Conaza) atiende en alguna medida a los más pobres de los pobres, a los que carecen en muchas ocasiones de agua potable, electricidad, drenaje, vías de comunicación, o sufren deficiencias o carencias en los servicios de salud y educación, a los que sufren de sequías recurrentes, donde la mayor parte de las veces no florece la agricultura y la ganadería, obligándolos a realizar actividades muy pesadas y mal retribuidas, como la extracción de ixtle, cera de candelilla, recolección de orégano y dátiles. Antes de pensar en su desincorporación, la Conaza debería de fortalecerse con más recursos para revertir la alta marginación y pobreza de las comunidades más apartadas del semidesierto.
En el rubro de la extensión y difusión tenemos entre las entidades propuestas a desincorporar, el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, INCA Rural, cuya atención se orienta a apoyar el desarrollo de capital humano y social rural. En el sector rural existe una necesidad imperante de incrementar las capacidades, con el fin de facilitar la viabilidad económica, social y ambiental de su desarrollo. El INCA Rural incide en la realidad del campo mexicano fortaleciendo las habilidades y conocimientos de jóvenes y adultos que participan en procesos de capacitación presenciales y a distancia, que en su diseño, operación y evaluación consideran las necesidades planteadas por diversos actores.
Todo lo antes mencionado nos muestra claramente cómo estos centros de investigación y de capacitación han contribuido al desarrollo de nuestro país; sin ellos se provocaría una dependencia agroalimentaria, se perdería el conocimiento y la experiencia generada por años de trabajo de investigación; en suma, se generaría una dependencia alimentaria, científica y tecnológica, asentando un golpe mortal a nuestro campo.
Hoy más que nunca debemos plantearnos una reestructuración del sector que tenga por objeto mejorar la producción agropecuaria del país, para lo cual es indispensable un aparato de investigación que la apuntale. Ningún país puede aspirar al desarrollo y soberanía, si no cuenta con instituciones sólidas, provistas con una infraestructura suficiente y actualizada para la investigación agropecuaria y de los recursos naturales. Máxime cuando se está inmerso en un proceso de globalización y apertura comercial.
Países como Estados Unidos, Chile, Brasil o Australia mantienen aparatos completos de investigación.
En México carecemos de un plan nacional de investigación de largo plazo que contenga estrategias para el desarrollo rural. Debemos destacar que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 32, fracción I, en la que establece metas en el campo de la investigación y la tecnología, contrarias a la propuesta de desincorporación citada.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero.- Que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 sea eliminado el artículo segundo transitorio.
Segundo.- Que se considere un presupuesto para el desarrollo agropecuario, forestal y ambiental del campo mexicano suficiente para cumplir con lo establecido en el Acuerdo Nacional para el Campo, con especial atención a la investigación y transferencia de tecnología, capacitación campesina y comunidades con alta y muy alta marginación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2003.--- Diputados: Francisco Javier Saucedo Pérez, Agustín Miguel Alonso Raya, Alfonso Ramírez Cuéllar, Francisco Chavarría Valdeolivar, Santiago Cortés Sandoval, Ana Lilia Guillén Quiroz, Margarito Fierros Tano, Rocío Sánchez Pérez, María Elba Garfias Maldonado, Abdallán Guzmán Cruz, Francisco Mora Ciprés, César Antonio Chávez Castillo, Rogelio Franco Castán, Israel Tentory García, Sergio Augusto Magaña Martínez, Antonio Mejía Haro, María del Rosario Herrera Ascencio, José Luis Medina Lizalde, Gilberto Ensástiga Santiago, Arturo Nahle García, Rafael Flores Mendoza, Clara Marina Brugada Molina, María Angélica Díaz del Campo, Nancy Cárdenas Sánchez, Pablo Franco Hernández, Daniel Ordóñez Hernández, María de los Dolores Padierna Luna, Martha Lucía Mícher Camarena, María Guadalupe Morales Rubio, Adrián Chávez Ruiz y Marbella Casanova Calam (rúbricas).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales programas específicos para combatir la Degradación Forestal en México, presentada por el grupo parlamentario del PVEM.
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales la siguiente proposición con punto de acuerdo.
En México, 72 por ciento de la superficie terrestre está cubierto por algún tipo de vegetación. De ésta, 21.5 por ciento presenta diferentes formas de degradación, que va desde ligera hasta extrema.
Por eso, y sumado al gran número de deforestación que sufre nuestro territorio, estamos considerados por la Organización de las Naciones Unidas como el país que tiene la tasa mas alta de Latinoamérica y la segunda a escala mundial.
Las estadísticas oficiales señalan que 128 de los 200 millones de hectáreas de suelos que comprenden el territorio nacional presentan niveles de degradación y deterioro en distintas etapas, especialmente marcados en 15 estados del norte y centro de la República: Coahuila, Baja California, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Durango, Guanajuato, Sonora, Tlaxcala, Hidalgo, Tamaulipas, Nuevo León, Oaxaca y Aguascalientes.
Cada año, México pierde 700 millones de toneladas de suelo fértil y quedan inútiles 10 mil hectáreas de tierras por salinización, de acuerdo con reportes de las Secretarías de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La desertización y la sequía son motivo de preocupación, debido al rápido aumento que se da en México.
Los efectos del deterioro en los suelos ya atañen a entidades que hasta hace algunas décadas no presentaban problemas: el estado de Puebla, igual que Veracruz y Chiapas, se incluye entre las entidades amenazadas por un fenómeno de desertización y degradación de suelos como consecuencia de los incendios forestales, la tala indiscriminada de bosques y selvas, las lluvias y las inundaciones.
En tanto, Guadalajara, Michoacán, estado de México, Querétaro y Guanajuato buscan desesperadamente revivir a un lago agonizante, como el de Chapala que, igual que el río Lerma, llegó a límites peligrosos de sobreexplotación y las imágenes de lo que antes fue un paisaje pintoresco muestran hoy la crudeza de un suelo desnudo, seco e inútil.
La información acerca de la degradación de los bosques de México está sumamente fragmentada. Sin embargo, la evidencia existente nos permite concluir que la degradación de los bosques es severa y se encuentra en aumento, dados los factores siguientes:
Las áreas forestales perturbadas han aumentado de 17.8 millones en el primer inventario forestal de 1994 a 22.2 millones de hectáreas en el último inventario de 2000. Esas zonas se concentran en lo que antes fueran bosques templados de los estados del centro y sur del país y en la península de Yucatán.
Anualmente, la superficie afectada por incendios alcanza entre 90 mil y 500 mil hectáreas. La mayor parte de los incendios es provocada por el hombre y una buena parte es recurrente (afecta la misma superficie forestal en periodos cortos). Eso impide que la masa forestal alcance pleno desarrollo, fomenta plagas y enfermedades y facilita el cambio de uso del suelo.
Hay varios programas implantados por la Semarnat: el de combate de plagas, que resulta ineficiente a la fecha; el de incendios, totalmente deficiente en la coordinación y operación; uno preventivo a escala nacional que, como nos damos cuenta, no da resultados, pues la degradación forestal continúa; y uno de reforestación, abocado sólo a plantar arbolitos.
Como vemos, esos programas no se han implantado cabalmente, según demuestran las cifras que reflejan que la degradación de los bosques va en aumento y que los programas aplicados no se llevan a cabo con seriedad, por lo cual no se han conseguido resultados positivos respecto al problema.
El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México está comprometido con el cuidado y la conservación del ambiente, pues ahí los mexicanos construiremos una sociedad justa, libre y en armonía con la naturaleza.
Por eso, desde la más alta tribuna del país se hace un serio y respetuoso llamado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en forma conjunta con otras dependencias, realice las investigaciones necesarias para aplicar programas con el fin de disminuir y, posteriormente, erradicar del país el problema.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico. Para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a abocarse a implantar cabalmente los programas concretos que existen actualmente para combatir la degradación forestal que sufre día tras día nuestro país y, hecho lo anterior, se informe al Pleno de la Cámara sobre el resultado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días del mes de diciembre de 2003.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.Se ruega a la Secretaría dar lectura a un oficio de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual propone cambios en la integración de comisiones.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar a usted la modificación en la integración de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación:
Que el diputado Francisco Luis Monárrez Rincón, sustituya al diputado Guillermo Zorrilla Fernández.
Que el diputado José Luis Flores Hernández, sustituya al diputado Tomás Ruiz González. Para estos efectos, el diputado Flores Hernández sale de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de diciembre de 2003.--- Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Presidente.»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De enterado.Continúe la Secretaría.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Coordinación de la Diputación Federal por el estado de Sinaloa.
Proposición con punto de acuerdo, para incrementar los recursos destinados a la atención de los problemas estructurales de las universidades públicas estatales y en particular, para aumentar los que se destinan a la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el objeto de que alcance la asignación promedio que en este rubro tienen las demás instituciones de educación superior estatales, a cargo del diputado Abraham Velázquez Iribe, del grupo parlamentario del PRI.
Hacemos uso de esta tribuna, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para presentar una proposición con punto de acuerdo.
La diputación federal sinaloense, por mi conducto, expone a la consideración de esta soberanía, la problemática financiera que afecta a las universidades públicas.
En este país, sigue siendo muy bajo el presupuesto que la Federación destina a la educación superior.
Para el año que concluye, en este renglón se aplicarán recursos por el orden de los 37 mil 634 millones de pesos, un monto realmente insuficiente, que representa apenas el 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto.
En educación superior se invierte poco, pero además hay que decirlo, el dinero público se distribuye mal.
No hay criterios claros para repartir el presupuesto; y en su asignación prevalece la discrecionalidad.
Ello ha propiciado una marcada inequidad, fuertes desequilibrios y rezagos entre las instituciones de educación superior.
Así lo expresan los rectores de las universidades; y así se demuestra con los siguientes datos.
En el caso de las universidades públicas estatales, el subsidio federal ordinario por alumno, es de 32 mil 300 pesos.
Para las universidades públicas federales, este promedio es más del doble.
Con la finalidad de reducir estas asimetrías, solicitamos que, a partir del próximo año, se pueda crear e incluir en el Presupuesto de la Federación, el fondo para la equidad y el fortalecimiento de la educación superior.
Los legisladores sinaloenses, en este sentido, hacemos nuestro el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que los senadores de la República respaldaron en fecha reciente, de manera unánime.
Al igual que otras instituciones, la Universidad Autónoma de Sinaloa, nos reclama y exige atención para estos asuntos.
Y cuando hablamos de la UAS, nos referimos a la institución con mayor tradición y presencia en el noroeste del país; a la universidad pública que ocupa el cuarto lugar nacional por el número de estudiantes que atiende.
Durante los últimos diez años, la UAS incrementó su matrícula en un 60 por ciento, esto es, en cerca de 40 mil alumnos en los niveles de licenciatura y posgrado.
Para atender esa demanda la UAS ha realizado un esfuerzo muy importante, pero lo ha hecho enfrentando un déficit financiero muy elevado.
Su monto crece y se acumula, porque el subsidio federal ordinario que recibe por alumno es de 26 mil 400 pesos, como resulta evidente, hablamos de un subsidio muy inferior al promedio que reciben las universidades públicas estatales.
Para enfrentar estas dificultades, es que en el Ejercicio Fiscal de la Federación para el 2002, se creó el programa de atención a los problemas estructurales de las universidades públicas.
Fue un avance significativo, porque el propósito central de este programa, es ayudar a las universidades públicas estatales, para que atiendan sus fuertes pasivos.
Sin embargo, de nuestra parte queremos hacer un llamado de atención para que la operación de este programa presupuestal sea más eficiente.
Para atender los problemas estructurales de las universidades públicas estatales, necesitamos definir reglas de operación más transparentes.
Necesitamos criterios neutrales y equitativos, para que no se repita lo que ha acontecido durante los últimos años. Se nos informa, que persiste la discrecionalidad en beneficio de las universidades públicas más fuertes y consolidadas. Esto ya no puede, no debe repetirse.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Ciencia y Tecnología, de Cultura, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público, el siguiente
Puntos de AcuerdoPrimero.- Incrementar los recursos y mejorar las reglas de operación del programa de atención a los problemas estructurales de las universidades públicas estatales.
Segundo.- Que en la revisión y dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004, se pueda crear e incluir el Fondo para la Equidad y el Fortalecimiento para la Educación Superior.
Tercero.- Que considerando la difícil situación financiera por la que atraviesa la Universidad Autónoma de Sinaloa, en su caso, se le asignen suficientes recursos, para que el subsidio por alumno de dicha Universidad, alcance la asignación promedio que en este rubro tienen las instituciones de educación superior estatales, en el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2003.--- Diputados: Abraham Velázquez Iribe (rúbrica), Oscar Félix Ochoa, Francisco Frías Castro, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Armando Leyson Castro, Esteban Valenzuela García, Bernardo Vega Carlos, Alfredo Villegas Arreola, Jesús Vizcarra Calderón, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, Alejandro Higuera Osuna, Javier Osorio Salcido.»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo para solicitar a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Comunicaciones, y de Transportes una mayor asignación presupuestaria para llevar a cabo la conclusión de la ampliación de la Carretera Mazatlán-Durango, en el marco de la próxima discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004, presentada por el diputado Alejandro Higuera Osuna, del grupo parlamentario del PAN.
El suscrito, Alejandro Higuera Osuna, Diputado Federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones1. El Plan Nacional de Desarrollo y el Pronafide establecen claramente como prioridades de gasto de la actual administración el fortalecimiento del federalismo, a través de una mejor asignación de recursos y responsabilidades entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como mantener la inversión impulsada por el sector público para que sea un detonador del crecimiento económico y la generación de empleos.
2. Conscientes de la importancia que implica incrementar la inversión pública, consideramos que es momento para fortalecer una planeación sectorial y, al mismo tiempo, diseñar una estrategia fundamental para la construcción de nuevas carreteras, así como la conservación y ampliación de las redes existentes con una visión de desarrollo de mediano y largo plazos, que nos permita estar al nivel que impone el nuevo esquema internacional caracterizado por la globalización.
3. Las carreteras propician el desplazamiento de bienes, servicios y personas; siendo un instrumento fundamental para la integración social, cultural y económica de las regiones por donde se establecen las vías. De su calidad depende el desarrollo de las actividades productivas, la explotación de recursos materiales y naturales; en fin el progreso entre comunidades y habitantes de todo el país.
4. Por lo tanto, es claro que un país con una infraestructura carretera insuficiente, condena a sus localidades al aislamiento, dispersión, inseguridad y la falta de integración para alcanzar un desarrollo regional efectivo.
5. Particularmente en Sinaloa se ha estado pugnando durante muchos años por la ampliación de la Carretera Mazatlán-Durango por considerarse como una obra necesaria y prioritaria para el desarrollo del Estado, para la integración productiva de los diversos sectores, y para el impulso de las actividades económicas en donde los recursos naturales son poco aprovechados.
6. Con la ampliación y adaptación de la nueva Carretera Mazatlán-Durango, se abriría una nueva vía para el norte del país y quedaría establecido el corredor Mazatlán-Matamoros; por lo que sería una carretera interoceánica. Evidentemente, el flujo de mercancías de las regiones noreste y norte, así como de la zona de la Comarca Lagunera llegaría de manera más expedita a un puerto de altura como lo es Mazatlán; por lo que se ampliaría el traslado de mercancías, así como su comercio hacia el exterior del país. No sólo el sector industrial, agroindustrial, minero, y maderero se fortalecerían, sino también el turístico, ya que contarían con una carretera segura donde se ahorraría tiempo de traslado, por lo que el flujo de turismo nacional se vería incrementado y, por ende, la generación de divisas.
7. La SCT y el gobierno de Sinaloa y Durango acordaron la aportación de recursos por 302 millones de pesos para la construcción de los primeros 25 kilómetros; trabajos que han quedado inconclusos por la falta de radicación de los recursos del Gobierno Federal.
8. Para el año de 2004 se tiene programado ejercer solamente 35 millones de pesos para esta vía; lo cual atrasaría por muchos años más la conclusión de la misma; propiciando el rezago económico de esta región.
9. Por ser prioridad de nuestra labor como legisladores y representantes populares buscar el bien común para todos los mexicanos, y siendo uno de ellos propiciar el desarrollo económico, es que exponemos y sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Comunicaciones y Transportes, en el momento de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal, analicen las necesidades de la carretera Mazatlán-Durango y las repercusiones positivas que arrojaría una mayor asignación presupuestaria.
Segundo. Que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Comunicaciones y Transportes otorguen una mayor asignación presupuestaria al proyecto referido con la finalidad de que se termine la obra.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2003.--- Diputados: Abraham Velázquez Iribe, Oscar Félix Ochoa, Francisco Frías Castro, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Armando Leyson Castro, Esteban Valenzuela García, Bernardo Vega Carlos, Alfredo Villegas Arreola, Jesús Vizcarra Calderón, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, Francisco Luis Monárrez Rincón, Gabriela Ruiz del Rincón, Javier Osorio Salcido, Inti Muñoz Santini (rúbricas).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.«Propuesta con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados constituya una comisión de diputados que acuda a entrevistarse con el índigena rarámuri Isidro Baldenegro López, con el propósito de informarse sobre la situacion que guarda el proceso legal a que esta sometido, a cargo de la diputada Susana Manzanares Córdova, del grupo parlamentario del PRD.
Los diputados que suscriben, con fundamento en lo dispuesto el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, el cual se sustenta en los siguientes antecedentes y consideraciones.
AntecedentesAhí donde la Sierra Madre Occidental se torna más agreste y accidentada viven los tarahumaras, que se llaman a sí mismos rarámuris, ``los de los pies ligeros''. Cultivan sus cosechas en las tierras altas durante el verano y se mudan a las partes bajas del cañón durante los meses fríos. En esta zona encontramos especies en peligro de extinción como el puma, el ocelote, el oso gris y el venado cola blanca, así como una tala inmoderada de los bosques.
En su transcurrir los rarámuris manifiestan un principio trascendente con la naturaleza, se conciben a sí mismos como una raza unida a las fuerzas originales, y su trato cotidiano con el medio ambiente tiene un carácter que le da sentido a sus formas particulares de organización sociocultural. Este sentido de su acción social está definido entonces por una íntima relación entre el entorno natural y los seres humanos, en la que la conservación de la naturaleza constituye una condición imprescindible para la conservación de lo humano.
Describir el contexto de existencia del pueblo rarámuri es ilustrar las circunstancias de miseria de las víctimas del neoliberalismo, agravado en este caso por su circunstancia de triplemente excluidos por su condición de ser campesinos, indígenas y pobres. Además de vivir la paradoja de ser dueños originarios de bosques y recursos naturales que en la vía de los hechos son explotados por los caciques madereros, su situación se agrava por la presencia de narcotraficantes, ambos protegidos por autoridades civiles y judiciales. Isidro Baldenegro, dirigente indígena rarámuri, lo sabe por experiencia propia.
Coloradas de la Virgen es una zona de más de 25,000 hectáreas, habitada desde tiempos inmemoriales por rarámuris. La situación en este lugar es delicada, pues allí son los indígenas comuneros los que, con Baldenegro al frente, se han opuesto a la tala indiscriminada e ilegal realizada por caciques y mafias.
Isidro Baldenegro López ha encabezado en distintos momentos la defensa del bosque de Coloradas de la Virgen, ha sido representante desde 1996 de su comunidad para distintas comisiones y cargos que ésta le ha conferido, destacando su actuación como secretario de bienes comunales, cargo que ejerció desde 1999 hasta el 2002, además de dirigir distintas movilizaciones en defensa del bosque y el medio ambiente y en contra de los intereses creados por los madereros y narcotraficantes de la zona.
El día 29 de marzo pasado, Isidro Baldenegro fue detenido en su casa por agentes judiciales, que no exhibieron ninguna orden de aprehensión y que lo amenazaron a él y a su vecino y amigo Hermenegildo Rivas Carrillo, acto en el cual se le sembraron armas de uso exclusivo del Ejército y una bolsa de semillas de marihuana. El indígena está acusado de un delito que le fue fabricado, en circunstancias injustas, violatorias de los derechos humanos. Esta detención ilegal pretende acabar con la defensa legitima del bosque de Coloradas de la Virgen.
Consideraciones1. Para un rarámuri como Isidro Baldenegro y para la etnia a la que pertenece, la defensa del bosque es una situación de sobrevivencia como pueblo indígena, por lo que los alcances y beneficios de sus acciones no sólo sirven para el fortalecimiento de la cultura ambiental, sino que tienen que ver principalmente con la protección y promoción del desarrollo de su lengua, su cultura, sus usos, sus costumbres, sus recursos y sus formas especificas de organización social.
2. La defensa del bosque, encabezada por Isidro Baldenegro, trata de evitar la explotación inadecuada por parte de los madereros y promover la restauración de este bosque mediante un manejo sustentable de los recursos naturales de este municipio por parte de su comunidad.
3. La acusación de portación de armas de uso exclusivo del Ejército que mantiene en la cárcel desde hace ocho meses al indígena rarámuri Isidro Baldenegro, esta fundada en una serie de irregularidades y datos falsos aportados por los agentes judiciales que lo detuvieron.
4. Existen numerosos indicios de que se trata de una detención ilegal, ya que diversos testigos acreditan que Baldenegro fue detenido en su casa del Ejido Coloradas de la Virgen, sin orden de aprehensión, y no en la montaña, como declararon los judiciales que lo detuvieron.
5. En el contexto de la novena reunión de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), en la que participan delegados de comunidades y pueblos indios de 17 entidades del país, se aseveró que la detención es una represalia de los caciques Fontes Lugo, ya que el grupo de Baldenegro logró la suspensión definitiva de la tala del bosque del Ejido Coloradas de la Virgen, explotado hasta entonces por los caciques Fontes Lugo.
6. Que la acción urgente por la libertad de Baldenegro, emprendida por distintas organizaciones sociales y no gubernamentales, menciona que los rarámuri de Coloradas de la Virgen ``han sufrido por más de 30 años la violencia por parte de los narco-caciques: la familia Fontes''. Isidro y sus compañeros ``emplearon el pasado 9 de marzo una combinación de acciones legales y bloqueos para detener la tala ilegal controlada por los Fontes. La familia Fontes es presunta responsable de la muerte del padre de Isidro: Julio Baldenegro, en 1986, así como de otros rarámuri, incluyendo al segundo gobernador, una autoridad tradicional, todos ellos asesinados por sus protestas contra la tala. Se reporta que los Fontes están detrás de estas acciones policiacas ilegales. Pese a todo, sus esfuerzos por intimidar a la comunidad rarámuri han fallado: están más determinados que nunca a defender sus derechos''.
7. Isidro Baldenegro López ha realizado acciones de trascendencia ambiental, al haber logrado la suspensión de la explotación del bosque de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, que se traduce en beneficios sociales para esta comunidad rarámuri.
8. Que el pueblo indígena de las Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, y diversas organizaciones sociales están promoviendo la libertad de Isidro Baldenegro López, como un reconocimiento a los actos que el dirigente indígena ha realizado en defensa de sus recursos forestales y en beneficio de la comunidad.
Por todo lo anterior y con el propósito de que se haga justicia contra un acto represivo que pretende abonar el campo para la explotación irracional de los recursos naturales por parte de las compañías madereras y los intereses que estas representan, presentamos la siguiente propuesta de
Punto de AcuerdoLa Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda:
Unico.- Nombrar a una comisión plural de diputados para que se traslade al estado de Chihuahua con el propósito de entrevistarse con los indígenas Isidro Baldenegro y Hermenegildo Rivas, con el fin de informarse de las circunstancias de su detención y de la situación que guarda su proceso penal, e informar a esta H. Cámara de Diputados.
México, DF, a 15 de diciembre de 2003.--- Dip. Susana Manzanares Córdova (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
La Secretaría de la Defensa Nacional documentación pormenorizada sobre el Caso de Heron Varela Flores y demás personas condenadas a la pena de muerte, presentada por el grupo parlamentario del PVEM en la sesión del lunes 15 de diciembre de 2003.
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar que se turne a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente propuesta con punto de acuerdo.
La pena de muerte, entendida en un sentido amplio, es historia antigua de la justicia penal en el país. En el México independiente, al consumarse la Independencia -en 1821-, las leyes principales seguían siendo las mismas vigentes en la época colonial; es decir, la pena de muerte seguía presente y era aplicada principalmente a los enemigos políticos.
A través de la historia se ha concebido la pena capital -pena de muerte- como ``la sanción jurídica capital, la más rigurosa de todas; consiste en quitar la vida a un condenado mediante los procedimientos y órganos de ejecución establecidos por el orden jurídico que los instituye''.
La Constitución General de la República prevé la pena de muerte para los delitos más graves en el párrafo tercero del artículo 22:
``Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos y, en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.''
El artículo 22 constitucional queda complementado sin duda con el artículo 14 del mismo ordenamiento, que establece:
``A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho...''
Eso significa que la única forma legalmente autorizada para privar de la vida implica como condición necesaria la debida existencia de un proceso legal y que después de cumplirse todas las formalidades de ley, éste culmine con una sentencia firme pronunciada por un tribunal competente, luego entonces la pena de muerte se encuentra vigente en México.
En este momento, el único ordenamiento que dispone la pena de muerte es el Código de Justicia Militar, para delitos como traición a la patria, insubordinación con resultado de muerte de un superior, rebelión, deserción, falsa alarma, asonada y espionaje.
El artículo 142 del ordenamiento castrense dispone: ``La pena de muerte no deberá ser agravada con circunstancia alguna que aumente los padecimientos del reo, antes o en el acto de realizarse la ejecución''. Se prevé, en casos especiales, la posibilidad de conmutar esa irreversible pena por la de prisión extraordinaria (artículo 177). Asimismo, considera la sustitución para los casos en que `` el acusado'' sea mujer o menor de 18 años, o hayan cumplido 60 años, al momento de pronunciarse la sentencia o `` hayan transcurrido cinco años desde que se cometió el delito hasta el momento de ser aprehendido el culpable'' (artículo 174).
Los delitos sancionados con pena de muerte se tipifican en los artículos 203, 206, 208 y 210. En términos generales, se trata de figuras diversas, como traición a la patria, espionaje y delitos contra el derecho internacional.
En ese orden de ideas, en la actualidad hay un caso de pena de muerte en el Ejercito Mexicano: se encontró asesinado al Coronel Salvador Juárez Chalet en los cuarteles del Vigésimo Regimiento de Infantería de Ciudad Juárez. Ante esa situación, se creó una corte marcial, se hicieron las investigaciones y pesquisas necesarias y el 14 de febrero del año en curso se encontró culpable al Subteniente de Caballería Herón Varela Flores del asesinato del Coronel Salvador Juárez Chalet, decretándose la sentencia de pena de muerte.
Sin embargo, pese a que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, intervino en este caso a efecto de otorgar el indulto de pena de muerte y conmutarla por 20 años de prisión, el Subteniente de Caballería Herón Varela Flores rechazó el indulto, argumentando que si lo aceptaba, sería tanto como aceptar su culpabilidad, dado que él arguye que actuó sólo en defensa propia.
Con relación a este caso, el 21 de noviembre del año en curso, el secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Vega García, y el secretario de Marina, Marco Antonio Peyrot González, acudieron a un noticiario nocturno, donde se planteó la necesidad ya de eliminar la pena de muerte del Código Militar y de la Constitución misma.
El mismo secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Vega García, en declaraciones ante medios de información, manifestó: ``La Procuraduría de Justicia Militar y el cuerpo de defensores de oficio están trabajando precisamente, entre otras cosas, en modernizar esto, como le había yo comentado, para suprimir de una vez por todas algo que no funciona, algo que ya no tiene razón de ser... Pero sí comparto esa idea de que algo que ya no funciona no tiene caso que esté''.
La Armada de México también respalda esta posición, la abolición de la pena de muerte, pues su titular declaró: ``La pena de muerte no debe ser aplicada a las circunstancias que se están dando'', expresó Marco Antonio Peyrot González, secretario de Marina.
Asimismo, ante un noticiario, el secretario de la Defensa Nacional, General Gerardo Vega García, confirmó que desde hace más de cuatro décadas no se aplica en México la pena de muerte y que el procedimiento con que se conmuta esa condena es por el de 20 años de prisión.
A mayor abundamiento, en breve entrevista en el marco de los actos conmemorativos del XCIII aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el General Gerardo Vega García señaló que los artículos del Código de Justicia Militar establecen que hay procesos y que se tienen cumplir.
Precisó que, en los casos en que se ha presentado la condena de pena de muerte, el Consejo de Guerra es el que la formula; de ahí se pasa a una segunda instancia en los tribunales y, posteriormente, ``hago una solicitud para llevarla al Presidente para que la pena de muerte se conmute por la de 20 años de cárcel''.
Indicó que, en cuanto al Subteniente de Caballería Herón Varela Flores, éste debió haber acudido a sus superiores para denunciar las anomalías que percibía, pues ``no se justifica que haya asesinado a alguien de esa forma, de ninguna manera''.
Aseguró que, de haberlo hecho, ``se le habría atendido'', e insistió en que hace más de 40 años que en México no se aplica la pena de muerte.
A pregunta expresa sobre cuántas personas tienen en su contra una condena de esta naturaleza, el secretario de la Defensa Nacional reconoció: ``No sabría ahorita... No puedo decirlo, pero debemos de tener como cuatro o cinco todavía''.
En tales circunstancias y conforme al artículo 45, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional que rinda un informe pormenorizado a esta soberanía, del caso de Herón Varela Flores y de los casos de los sentenciados a pena de muerte, a efecto de que, de ser necesario, con dicha información, para no solamente tener conocimiento sobre el exacto cumplimiento de la legalidad, sino -además- contar con elementos casuísticos que, concatenados con un estudio profundo, nos arroje una revisión con propuesta concreta a la legislación de justicia militar.
Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, comprometido con acciones que nos lleven a fortalecer una sociedad justa, libre y en armonía con la naturaleza, es fundamental respaldar proyectos que tengan realmente un beneficio para la sociedad y el país.
En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los al calce firmantes, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentamos ante este honorable Pleno la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional que remita a esta soberanía documentación pormenorizada sobre el caso de Herón Varela Flores y de los casos de los sentenciados a pena de muerte por un tribunal de justicia militar.
Solicito que la presente proposición con punto de acuerdo sea turnada a la Comisión de Defensa Nacional, para su análisis y dictamen.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días de diciembre de 2003.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión Defensa Nacional.La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se pronuncie a favor de la no desincorporación del Colegio de Posgraduados, a cargo del diputado Fernando Fernández García, del grupo parlamentario del PRI.
Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el estado de México en la LIX Legislatura, acorde con nuestra agenda legislativa y en función de nuestros orígenes reafirmados en el presente, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
ConsiderandoQue la Revolución Mexicana, orillada por la implantación de un modelo económico liberal a finales del Siglo XIX, en donde la pobreza se veía reflejada en el nulo acceso a la educación, condiciones de trabajo infrahumanas y falta de garantías en cuanto a la posesión de la tierra por parte de la inmensa mayoría de mexicanos, toma un nuevo cauce en el presente, con las intenciones del Presidente Fox al pretender desincorporar las instituciones que son el resultado de nuestro proceso histórico reciente, de nuestras necesidades como nación, al vulnerar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para así implantar modelos eficientistas de maximización de ganancias con la mínima inversión, esquemas estos de la iniciativa privada, no importando para ello que infrinja nuestra soberanía al permitir de nuevo la dependencia tecnológica total.
Obedeciendo a no muy claros intereses, Fox prepara el camino para que el campo mexicano, en el presente devastado, dependa única y absolutamente de quienes hacen la investigación en esta área, pero fuera de las fronteras de nuestro país, eliminando de tajo centros de investigación en proceso, haciendo a un lado casos como el del Colegio de Posgraduados para consolidar así la subordinación tecnológica, agrícola, pecuaria y forestal a merced del gran capital.
Tal es el caso del Colegio de Posgraduados, una institución que ha contribuido desde su fundación, en 1959, al desarrollo del país mediante el establecimiento de programas académicos sobre casi todas las disciplinas del conocimiento agronómico y afines, y mediante la realización de actividades de investigación y servicio dirigidas a la solución de problemas de los sectores agrícola, pecuario y forestal del país.
Para ello tiene como misión formar líderes talentosos, en maestrías y doctorados para el sector rural, con reconocimiento nacional e internacional, que mediante el manejo del conocimiento contribuyen al desarrollo sostenible del país en los ámbitos científico, social, cultural y económico.
Para ello, el cuerpo académico del Colegio de Posgraduados realiza actividades de investigación y vinculación que apoyan la docencia y el desarrollo del país en sus siete campus.
De los 21 programas de maestría y doctorado, 19 están reconocidos como programas de excelencia por el Conacyt, previa evaluación rigurosa por eficiencia terminal y tiempo de graduación de los alumnos, número de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 357 cursos de posgrado, etcétera. Uno de sus programas tiene nivel internacional y es el único, en el área agrícola, de ese nivel en el país.
Del total de profesores del Colegio de Posgraduados, 63 por ciento es miembro del SNI, por su amplia actividad científica y académica individual, siendo por ello la institución educativa del sector agropecuario y forestal con mayor proporción de científicos reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores.
Actualmente, el Colegio de Posgraduados tiene inscritos a mil 15 estudiantes de maestría y doctorado en sus 21 programas de posgrado. Ello representa un crecimiento de 66 por ciento de la matrícula en los últimos diez años, tanto nacionales como extranjeros.
De 2000 a la fecha, el Colegio de Posgraduados ha contribuido con poco más de 200 graduados por año, con una eficiencia terminal de por lo menos 70 por ciento.
En 2000 se establecieron 98 convenios de servicio (evaluaciones, capacitaciones, eventos, productos de investigación, etcétera) por un monto de 24 millones de pesos. En 2003 se han estimado ingresos de este tipo por 59.9 millones de pesos.
Los recursos destinados al Colegio de Posgraduados escasamente representan alrededor de 1 por ciento del presupuesto de la Sagarpa. Por tanto, su desincorporación representaría un ahorro equivalente para el Gobierno Federal de apenas 400 millones de pesos al año, no comparable con los múltiples beneficios que desde su creación ha reportado al sector agropecuario mexicano en materia de producción y de creación tecnológica nacional.
Lo anterior significaría despedir a más de mil 200 trabajadores administrativos, técnicos y manuales; y 600 académicos e investigadores de primer nivel. Es decir, mil 800 desempleados, mil 800 familias que, de la noche a la mañana, se quedarían en la calle.
Algunos de los resultados hasta ahora reportados por el Colegio de Posgraduados han sido evidenciados de manera sucinta en los anteriores párrafos. Empero, asimismo, consideramos que, para que el Colegio de Posgraduados reafirme su calidad de centro de investigación de excelencia, sea evaluado periódicamente para ratificar su eficacia y eficiencia.
Por tanto, se proponen los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Que la H. Cámara de Diputados exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta representatividad federal a no incluir la desincorporación del Colegio de Posgraduados, contenida en el artículo segundo transitorio, fracción sexta, del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, remitido por el titular del Poder Ejecutivo federal, toda vez que esa entidad desempeña funciones sustantivas en el fomento, promoción, difusión y apoyo en la formación de científicos en los sectores agrícola, pecuario y forestal.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a desechar la propuesta de desincorporación del Colegio de Posgraduados, pues dicha entidad paraestatal es pilar de la investigación en materia agrícola, pecuaria y forestal, continuando de esta manera con la misión a él encomendada por el pueblo de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2003.--- Dip. Fernando Fernández García (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar la devolución de impuestos retenidos a trabajadores de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Marcelo Herrera Herbert, del grupo parlamentario del PRD.
Quien suscribe, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, presenta la propuesta con punto de acuerdo para solicitar la devolución de impuestos a trabajadores de Pemex Corporativo Telecomunicaciones Zona Oriente con residencia en Poza Rica, Veracruz, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosPrimero.- Que debido las inundaciones ocurridas a causa de la depresión tropical número 11, en el mes de octubre de 1999, la Unidad de Ingeniería en Telecomunicaciones Zona Oriente se vio afectada en sus instalaciones en los centros de trabajo Catalina, Puebla, Tuxpan y Poza Rica, Veracruz.
Segundo.- Que con fecha 22 de diciembre del año 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se condona y exime del pago de las contribuciones federales y se otorgan facilidades administrativas a los contribuyentes y a las personas morales no contribuyentes de las zonas geográficas afectadas por las lluvias ocurridas en los meses de septiembre y octubre de 1999.
Tercero.- Que el centro de trabajo Ingeniería de Telecomunicaciones Sector Poza Rica, se encuentra contemplado en el Diario Oficial de la Federación. Además, el Servicio Postal Mexicano expide constancia de fecha 22 de enero de 2001 en la que se señala que la ubicación física de las instalaciones de Ingeniería de Telecomunicaciones, Unidad Zona Oriente de Pemex, se localizan en el interior del Campo Pemex s/n de la colonia Morelos de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.
Cuarto.- Que el Servicio de Administración Tributaria a través de la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes, mediante oficio No. 330-SAT-IV-B-5492 de fecha 15 de mayo del 2001, resuelve:
Unico.- En la medida en que, como lo manifiesta Petróleos Mexicanos, su Unidad de Ingeniería de Telecomunicaciones Zona Oriente de la Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones se encuentre ubicada dentro de la localidad de Poza Rica, Veracruz, en el interior del Campo Pemex s/n, y sus departamentos locales de Poza Rica, Tuxpan y Catalina, se encuentren en los municipios y localidades a que se refiere el anexo del decreto por el que se condona y exime del pago de las contribuciones federales que se indican y se otorgan facilidades administrativas a los contribuyentes y a las personas morales no contribuyentes de las zonas geográficas afectadas por las lluvias ocurridas en los meses de septiembre y octubre de 1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1999 y el artículo Unico del Decreto por el que se adicionan al numeral 6 del anexo citado, los municipios y localidades que se indican en el mismo, publicados en el Diario mencionado del 15 de marzo del 2000, y se cumpla con los requisitos señalados en el primer decreto aludido, Pemex podrá acogerse a los beneficios y facilidades administrativas que otorga dicho decreto.
Quinto.- Que en el documento GEFIS-03 de fecha 5 de abril del 2000, emitido por la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex, se señala que el monto del impuesto condonado de septiembre-diciembre de 1999 -el cual se refleja en las constancias de retención- se deberá efectuar la devolución a los trabajadores que presten su servicio en los centros de trabajo afectados a los que se hace referencia en el Diario Oficial de la Federación del 22 de diciembre de 1999.
Sexto.- Que los trabajadores citados, por conducto de su representante legal, han realizado en varias ocasiones y ante las instancias correspondientes la devolución de los impuestos de los que ya he hecho referencia, sin que hayan alcanzado respuesta alguna.
Séptimo.- Que con fecha 29 de noviembre del 2001, se solicita la intervención de la Presidencia de la República. En respuesta, la Coordinación de Atención Ciudadana mediante oficio no. 1102911-13, solicita al director general de Petróleos Mexicanos, comunicar la resolución que habría esta paraestatal asumir.
Octavo.- Que los trabajadores recurrieron al recurso legal apoyados por la Profedet demandando a Pemex ante la Junta de Conciliación No. 44 con fecha 9 de julio del 2002 y esta mediante expediente no. 383/2002, se declara incompetente.
Acto seguido, en noviembre del mismo año, se solicita un amparo en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, en contra de la improcedencia de la Junta de Conciliación No. 44 para ser remitido a la Secretaría de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río, donde con fecha 12 de febrero del 2003 que por ser de índole fiscal, la Administración Local de Recaudación de Tuxpan, Veracruz, del Servicio de Administración Tributaria de Hacienda y Crédito Público debe de conocer y resolver a este controvertido; esta dependencia, mediante oficio No. 324-SAT-30-V-F-03275341(09)109 de fecha 14 de abril del 2003, informa a los trabajadores, que este asunto fue remitido al Administrador Central de Programación de Grandes Contribuyentes.
Noveno.- Que mediante oficios nos. HCD/MHH/ 0031/03 y HCD/MHH/0033/03 de fecha 30 de octubre y 13 de noviembre de los corrientes respectivamente, solicité a la Administración Central de Programación de Grandes Contribuyentes información al respecto, con la única finalidad de indagar, que situación guarda el asunto en comento y de esta forma dar respuesta expedita y pronta a los trabajadores ya citados, quienes han solicitado la intervención de esta Soberanía por mi conducto, de lo cual, a la fecha desconozco.
Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros legisladores, a nombre de mi grupo parlamentario y del mío propio y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a proponer el siguiente:
Punto de AcuerdoUnico.- Que esta Honorable Cámara de Diputados a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, conozca la problemática tan añeja que los trabajadores de la Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones Pemex, han venido padeciendo, y de esta forma se lleve a cabo la investigación necesaria con el propósito de dar cumplimiento a la demanda planteada por mucho justa, es decir, se proceda por parte de la paraestatal a realizar las devoluciones correspondientes
Atentamente.
Palacio Legislativo, noviembre 27 de 2003.--- Dip. Marcelo Herrera Herbert (rúbrica).»
«Diario Oficial, miércoles 22 de diciembre de 1999.
Regulación Tarifaria a los títulos de concesión de las administraciones portuarias integrales que se indican
Poder Ejecutivo.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Decreto por el que se condona y exime del pago de las contribuciones federales que se indican y se otorgan facilidades administrativas a los contribuyentes y a las personas morales no contribuyentes de las zonas geográficas afectadas por las lluvias ocurridas en los meses de septiembre y octubre de 1999.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos -- Presidencia de la República.
Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 39, fracciones I y II del Código Fiscal de la Federación y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y
CONSIDERANDOQue los fenómenos meteorológicos ocurridos en los meses de septiembre y octubre de 1999 afectaron a las poblaciones y zonas rurales de los estados de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, ocasionando pérdidas a los habitantes y daños que han alterado sensiblemente la actividad económica en dichas zonas;
Que es propósito del Gobierno de la República apoyar a los afectados por tales catástrofes, y para ello es necesario instrumentar un conjunto de acciones para restablecer la actividad económica de las zonas señaladas anteriormente y beneficiar a sus habitantes;
Que como parte de estas acciones es necesario dar un trato especial a los contribuyentes y a las personas morales no contribuyentes que tengan su domicilio fiscal en las zonas que se han definido como afectadas, y
Que es prioridad del Gobierno Federal lograr en el menor tiempo posible la normalización de la vida económica de las zonas afectadas, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETOARTICULO PRIMERO. Los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal en las zonas geográficas definidas como afectadas en el anexo de este Decreto, podrán diferir, hasta el 31 de marzo de 2000, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el pago de las contribuciones a que se refiere este artículo correspondientes a los pagos provisionales de los meses de septiembre a diciembre del ejercicio de 1999, así como los pagos correspondientes al mes de septiembre y al cuarto trimestre del ejercicio señalado, tratándose de contribuyentes que puedan efectuar pagos trimestrales, o al segundo semestre de dicho ejercicio en el caso de personas físicas que tributan en el Régimen de Pequeños Contribuyentes, que debieron o deban enterarse en los meses de octubre a diciembre de 1999 y enero de 2000, según sea el caso. Las contribuciones cuyo pago podrá diferirse son:
a) Impuesto sobre la Renta;
b) Impuesto al Valor Agregado, y
c) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Lo anterior no aplicará para los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios, que deban pagarse con motivo de la importación de bienes tangibles.
A los contribuyentes a que se refiere este artículo, se les condonan los recargos que se hubieran generado o se generen y las sanciones que, en su caso, se hubieran aplicado entre octubre de 1999 y el 31 de marzo de 2000, con motivo del incumplimiento del pago de las contribuciones a su cargo señaladas anteriormente, correspondientes a los periodos señalados en el primer párrafo de este artículo.
Los contribuyentes que tengan sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, fuera de las zonas geográficas definidas como afectadas en el anexo de este Decreto, no gozarán de los beneficios establecidos en este artículo por lo que respecta a los ingresos, actos y actividades, correspondientes a dichos establecimientos.
Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere este artículo, sólo podrán efectuar, en su caso, los acreditamientos de los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios, que les hubiesen trasladado en los meses de septiembre a diciembre de 1999, correspondientes a la adquisición de bienes ubicados en las zonas geográficas definidas como afectadas en el anexo de este Decreto, por los servicios que les hubiesen prestado en las mismas zonas o por el uso o goce temporal de bienes ubicados en esas zonas, a partir del mes en que se presenten las declaraciones de los pagos provisionales a que se refiere el primer párrafo de este artículo y por las contribuciones señaladas en el mismo y siempre que se cumpla con los demás requisitos que establecen las disposiciones fiscales.
ARTICULO SEGUNDO. Los contribuyentes que tengan sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento dentro de las zonas geográficas definidas como afectadas en el anexo de este Decreto, podrán aplicar lo establecido en el artículo primero de este Decreto, por lo que respecta a los ingresos, actos o actividades y erogaciones correspondientes a dichas sucursales, agencias o establecimientos.
ARTICULO TERCERO. Se exime parcialmente del pago del impuesto al activo por el ejercicio de 1999 a los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento, en las zonas geográficas definidas como afectadas en el anexo de este Decreto, respecto de los activos ubicados en dichas zonas que hayan adquirido con anterioridad a septiembre de 1999. El monto por el que se exime parcialmente el pago de este impuesto, se determinará multiplicando el impuesto al activo del ejercicio correspondiente a los activos ubicados en las zonas geográficas definidas como afectadas en el anexo de este Decreto y que hayan sido adquiridos con anterioridad al mes de septiembre de 1999, por el factor de 0.33.
A los contribuyentes mencionados en el párrafo anterior, se les exime de los pagos provisionales del impuesto al activo correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 1999 o correspondientes al mes de septiembre y al cuarto trimestre de dicho ejercicio, tratándose de contribuyentes que puedan efectuar pagos trimestrales, respecto de los activos ubicados en dichas zonas que hayan sido adquiridos con anterioridad a septiembre de 1999 y que se hayan incluido durante el ejercicio de 1999 para determinar los pagos provisionales de este impuesto.
ARTICULO CUARTO. Se condona el pago del Impuesto sobre la Renta causado en los meses de septiembre a diciembre de 1999, por los ingresos que obtengan los contribuyentes por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, en los términos del primer párrafo del artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pagados por personas que tengan su domicilio fiscal, agencias, sucursales o cualquier otro establecimiento, en las zonas geográficas definidas como afectadas en el anexo de este Decreto y siempre que el servicio por el que se paguen los ingresos se preste en dichas zonas. En ningún caso dicha condonación dará lugar a la devolución de saldos a favor en este impuesto.
ARTICULO QUINTO. Los contribuyentes personas morales y aquéllas a que se refiere el título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que tengan su domicilio fiscal, sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, en las zonas geográficas definidas como afectadas en el anexo de este Decreto, que hayan omitido el entero de retenciones por pagos efectuados a personas físicas residentes en México que les hubieren prestado servicios personales independientes en las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, ubicados en las zonas geográficas antes señaladas o que les hubieren arrendado bienes ubicados en tales zonas, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 1999, podrán realizar el pago de las mismas hasta el 31 de marzo de 2000.
A las personas morales a que se refiere este artículo, se les condonan los recargos que se hubieran generado o se generen y las sanciones que, en su caso, se hubieran aplicado, entre octubre de 1999 y el 31 de marzo de 2000, con motivo del incumplimiento del entero de las contribuciones señaladas en el párrafo anterior, correspondientes a los periodos mencionados en dicho párrafo.
ARTICULO SEXTO. Para los efectos de este Decreto, se considera que los contribuyentes y las personas morales no contribuyentes tienen su domicilio fiscal, sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, en las zonas geográficas definidas como afectadas en el anexo de este Decreto, cuando hayan presentado con anterioridad a septiembre de 1999, el aviso correspondiente al Registro Federal de Contribuyentes, señalando su domicilio en alguna de dichas zonas.
ARTICULO SÉPTIMO. Los contribuyentes y las personas morales no contribuyentes que al 31 de marzo de 2000 no hubieran enterado las contribuciones diferidas en los términos de este Decreto, perderán los beneficios que en el mismo se otorgan.
Pánuco
Comunidades: El Moralillo, Laguna de la Costa, Malvinas, Gutiérrez Barrios, Santa Elena, Lázaro Cárdenas, Vega de Cercado, Poza del Tigre, Ampliación Palmas Reales, Tanchicuin Pie, Sucilt, Ochoa, Tamante, San Cristóbal, Taboyocheto, Citlaltepec, Ex Hacienda Limón, Heriberto Jara, Guadalupe Victoria, La Raya, San Pedro Tzi, Floresta, E. Camacho, Payte II, Escudo Nacional, Emiliano Zapata I, Reventadero, Caracol, Ampliación anchicuin, El Jobo, La Pes, Ex Hacienda Noria, Aquiles Serdán, Miradores, Ampliación Tantoco, San José.
Ejidos: Plan de Ayala, La Pitahaya, Jamoncillo y Alto Chijol.
Perote
Comunidades: Ateta Ocopila, Sierra de Agua, Libertad, Tenextepec, Los Pescados, El Escobillo, Vidal Díaz Muñoz, Ejido 20 de noviembre, Rancho Nuevo, Progreso, Totalco, Los Molinos, Barranca Honda, Guadalupe Victoria, Francisco I. Madero, Frijol Colorado y Chaltepec.
Colonias: Azteca, Ampliación Azteca, Héroes de Nacozari, Sabinal, El Pedregal, Guerrero, Justo Sierra, Luis Donaldo Colosio e Infonavit Los Molinos.
Playa Vicente
Comunidades: La Victoria, Juan Enríquez, El Ramie, Santa Elena, Arroyo Bermejo, Mata de Caña, Miguel López, Colonia López Alemán, Nuevo Raya Caracol, La Candelaria, Arroyo Seco, Santa Margarita Yogopi, Nuevo Arroyo del Tigre, Tatahuicapan, San Martín Soyaltepec, Ixcatlán, Cosolapa Sarmiento, Arroyo Colorado, Cruz Verde, San Francisco, Arroyo León, Monte Verde, Ruiz Cortinez, Revolución y San José Chilapan.
Poza Rica de Hidalgo
Colonias: La Florida, La Floresta, Infonavit Gaviotas, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, 27 de Septiembre, Las Granjas, Independencia y Manuel Avila Camacho.
San Andrés Tuxtla
Comunidades: Galeras, El Laurel Viejo, Lauchapan, Popotal, Vista Hermosa I y II, Mazumiapan, El Laurel, Cuesta Amarilla, Nacimientos de Xogapan, Nuevo Progreso, Laguneta, Texcaltitan, Los Organos, Tapalcapan, Laguna de Tizatal, Laguna Escondida, Ranchopan, Río Tuxtla, Tilapan, Abrevadero, San Leopoldo, Santa Rosa Abata, Ricardo Flores Magón, Zoteapan, Soyata, La Redonda, Juan Jacobo Torres, Salto de Eyipantla, Benito Juárez, Francisco I. Madero y Las Méridas.
Tecolutla
Congregaciones: Casitas, La Vigueta, Monte Gordo, La Guadalupe.
Texcatepec
Colonias: Barrio Cerro del Espejo, Barrio La Montaña, Barrio Centro, Barrio IMSS, Coplamar y Barrio El Capulín.
Comunidades: Agua Linda, Ayotuxtla, El Tomate, Batda, Pericón, Amexac, Tzicatlán, Benito Juárez, Chila Enríquez, El Sótano, Las Canoas, Casa Redonda, Pie de la Cuesta, La Mirra, La Florida, Papatlar, Cerro Gordo, Lindero, El Puerto y Atixtaca.»
«SAT.--- Servicio de Administración Tributaria.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ing. Luis Manuel Ortigoza Pérez, Jefe de la Unida de Ingeniería de Telecomunicaciones Zona Oriente de la Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones y Representante legal de Petróleos Mexicanos.--- Edificio de Ingeniería de Telecomunicaciones, Interior del Campo Pemex s/n 93340 Poza Rica, Ver.
Se hace referencia a sus escritos UZO-187-77600-000236/01 y UZO-187-77600-000707/01 de 20 y 29 de marzo de 2001, respectivamente, mediante los cuales manifiesta los siguientes
AntecedentesPetróleos Mexicanos señala que esa Unidad de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Zona Oriente de la Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones, se encuentra ubicada en el interior del Campo Pemex, en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Ver., localidad que aparece como zona geográfica afectada en los anexos del Decreto por el que se Condona y exime del pago de las Contribuciones federales que se indican y se otorgan facilidades administrativas a los Contribuyentes y a las personas morales no Contribuyentes de las zonas geográficas afectadas por las lluvias ocurridas en los meses de septiembre y octubre de 1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 22 de diciembre de 1999.
Asimismo indica, que el organigrama estructural de esa Unidad comprende los departamentos locales de Poza Rica, Tuxpan y Catalina, ubicados en los municipios de Poza Rica, Ver., Tuxpan, Ver. y Huauchinango, Pue., respectivamente, que coinciden con alguna de las zonas señaladas como afectadas en el Decreto citado, por lo que los trabajadores de ese organismo han argumentado que ello da motivo para hacerles extensivos los beneficios a que se refiere dicho Decreto, Considerando que prestan sus servicios en la zona geográfica afectada.
Continúa señalando, que el Servicio Postal Mexicano le expidió la Constancia de fecha 22 de enero de 2001, en la que se señala que la ubicación física de las instalaciones de ingeniería de Telecomunicaciones, Unidad Zona Oriente de Petróleos Mexicanos, se localizan en el interior del Campo Pemex s/n, de la Col. Morelos, C.P. 93340 de Poza Rica de Hidalgo, Ver.
A su vez, el Regidor Sexto Comando en Obras Públicas y Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica, Ver. Con oficio 003 de 17 de enero de 2001, señala que las colonias La Herradura, Loma Alta, Loma Bonita, Nuevos Proyectos, Buenos Aires y Medias Lomas, ubicadas en el interior del campo de Petróleos Mexicanos de esa ciudad, no forman parte de la cartografía municipal.
Del mismo modo, el Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento Municipal de Huauchinango, Pue. Con oficio OP 0078/2001 de 23 de enero de 2001, hace Constar que el centro de trabajo denominado Sector Catalina, dependencia de Petróleos Mexicanos, ubicado en el kilómetro 190 de la carretera México Tuxpan, perteneciente a la jurisdicción del Municipio de Huauchinango, Pue. De acuerdo a los informes rendidos por la Dirección de Obras Públicas de ese Ayuntamiento, se tiene Considerado como área afectada por las lluvias de la depresión tropical número once, ocurrida en el pasado mes de octubre de 1999.
De igual manera, el Subdirector de Desarrollo Urbano y Planeación de la Dirección General de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Ver. Con oficio 014 de 24 de enero de 2001, hace Constar que el centro de trabajo denominado Residencia de Ingeniería de Telecomunicaciones, ubicado en domicilio Conocido Barra Norte, Col. La Calzada, de ese municipio, se tiene Considerado como área afectada por las lluvias de la depresión tropical número once, ocurrida el pasado mes de octubre de 1999.
Por lo expuesto solicita:
La aplicación de los beneficios a que se refiere el Decreto antes mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 22 de diciembre de 1999.
Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1 y 7 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria 17, Apartado A, fracción LIV, Apartado B, fracción V y 18, apartado K, fracción II del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, esta Administración.
ResuelveÚnico. En la medida en que, como lo manifiesta Petróleos Mexicanos, su Unidad de Ingeniería de Telecomunicaciones Zona Oriente de la Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones se encuentre ubicada dentro de la localidad de Poza Rica, Ver., en el Interior del Campo Pemex s/n, y sus departamentos locales de Poza Rica, Tuxpan y Catalina, se encuentren en los municipios y localidades a que se refiere el Anexo del Decreto por el que se Condona y exime del pago de las Contribuciones federales que se indican, y se otorgan facilidades administrativas a los Contribuyentes y a las personas morales no Contribuyentes de las zonas geográficas afectadas por las lluvias ocurridas en los meses de septiembre y octubre de 1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1999, y en el Artículo Único del Decreto por el que se adicionan al numeral 6 del Anexo citado, los municipios y localidades que se indican en el mismo publicado en el Diario mencionado de 15 de marzo de 2000, y se cumpla con los requisitos señalados en el primer Decreto aludido, Petróleos Mexicanos podrá acogerse a los beneficios y facilidades administrativas que otorga dicho Decreto.
La presente resolución se otorga sin prejuzgar de la veracidad de los datos proporcionados por ese organismo, por lo que se dejan a salvo las facultades de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad de México, a 15 de mayo de 2001.--- El Administrador Central Jurídico de Grandes Contribuyentes, Mauricio Martínez D'Meza.»
«Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente de la República Mexicana.--- Presente.
Asunto: Devolución de Impuesto con fundamento en el Decreto Presidencial del 22 de diciembre de 1999.
AntecedentesDebido al paso de la depresión tropical N° 11, en el mes de octubre de 1999, la Unidad Ingeniería de Telecomunicaciones Zona Oriente se vio afectada en sus instalaciones en los centros de trabajo Poza Rica, Ver., Catalina, Pue. y Tuxpan, Ver., por las inundaciones ocurridas en esas fechas.
Con fundamento en el Decreto Presidencial del 22 de diciembre de 1999, se solicitó la devolución de impuestos para los trabajadores de los centros de trabajo referidos en el párrafo anterior.
Trámites realizadosEn múltiples ocasiones y ante diversas instancias de Petróleos Mexicanos locales y centrales (ver documentos anexos), se efectuaron trámites para la devolución de los impuestos mencionados, sin que a la fecha se tenga respuesta.
En razón a lo anterior, y dado que los trabajadores de todos los centros de trabajo considerados en el Decreto y pertenecientes a los Organismos Subsidiarios en este lugar, ya recibieron este beneficio, se requirió ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, DF, la ratificación de la aplicación de los beneficios que otorga el citado Decreto del 22 de diciembre de 1999 presentando pruebas documentales de los hechos.
SolicitudCon base en la anteriormente expuesto, los trabajadores de la Unidad I.T. Zona Oriente, que laboramos en los centros de trabajo de Catalina Huauchinango, Pue., Poza Rica, Ver. y Tuxpan, Ver. ``Sr. Presidente Fox le solicitamos amablemente a usted, su intervención para que se nos devuelvan los impuestos que nos pertenencen, apoyados en el decreto presidencial, la resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y procedimientos emitidos por el corporativo de finanzas de Petróleos Mexicanos, como a continuación se indica'':
I. La Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes, dependiente de la S.H.C.P. resolvió mediante oficio N° 330-SAT-IV-B-5492 del 15 de mayo de 2001, favorable al personal de la Unidad I.T. Zona Oriente, de Petróleos Mexicanos la devolución de los impuestos correspondientes al ISR, IVA e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en el periodo comprendido de septiembre a diciembre de 1999, por encontrarse en las condiciones referidas en el Decreto para acogerse a los beneficios y facilidades administrativas que otorga dicho decreto.
II. Que la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos emitió en tiempo y forma, el oficio GEFIS-03-00638/00 en el que establecen los requisitos, criterios y procedimientos para efectuar las devoluciones citadas en el Decreto Presidencial en cuestión con las que también se cumple.
Poza Rica, Ver., a 28 de noviembre de 2001.»
«México.--- Presidencia de la República.--- Coordinación de Atención Ciudadana.
C. Ing. Raúl Muñoz Leos, Director General de Petróleos Mexicanos.
En virtud de corresponder al área de responsabilidad de la dependencia a su digno cargo, me permito enviar a usted, para su atención, el asunto dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por el Sr. Juan Manuel Nava Vázquez, quien:
Solicita apoyo ante Petróleos Mexicanos para la devolución de impuestos a sus representados con apoyo del Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1999.
Le agradeceré se sirva comunicarnos la resolución correspondiente al caso. Asimismo, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 19 de diciembre de 2001.--- La Coordinadora de Atención Ciudadana, Dra. Laura Carrera Lugo.»
«Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a los doce días del mes de febrero del año dos mil tres....
Acuerdo. Por recibido el día de hoy, el oficio número 809 de fecha 10 de febrero del año en curso, y oficio 810 de fecha 12 de febrero del año en curso, girado por la C. Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito con residencia en la Ciudad de Boca del Río, Ver. Y sus anexos consistentes en el expediente laboral número 383/2002 y copia certificada del testimonio de ejecutoria dictada el día 29 de enero del año en curso, emitida en el A.D. número 458/2002 de los de su índice, en la que su único punto resolutivo señala: ``...Único. Para los efectos que se precisan en el considerando sexto de esta Ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a Marco Antonio Pérez Salas, y otros contra el acto reclamado de la autoridad responsable, mismo que se puntualiza en el resultando primero de este fallo...'' ``...Désele a la documentación el trámite legal correspondiente.--- Acúsese recibo al Tribunal de Alzada.- La última parte del considerando sexto de la ejecutoria de mérito dice:'' ``...En las relatadas condiciones, ante lo sustancialmente fundado de los conceptos de violación analizados, lo que procede es conceder el amparo solicitado para el efecto de que la junta responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado y dicte otro en el que prescindiendo de las consideraciones en aquél expuestas, resuelva el incidente de incompetencia planteado por la parte demanda en el controvertido de origen siguiendo los lineamientos precisados en el cuerpo de esta ejecutoria, como en derecho corresponda...'' La ley de Amparo en su parte relativa señala: ``Art. 80. la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restituyendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación...'' En escrito cumplimiento a la ejecutoría de referencia, se deja insubsistente el acuerdo de fecha 10 de octubre del 2002 dictado en este juicio 383/2002 de los del índice de esta junta, y se ordena reponer el procedimiento y dicte otro en el que prescindiendo de las consideraciones en aquél expuestas, se resuelva el incidente de competencia plantado por la parte demandada en el controvertido de origen siguiendo los lineamientos precisados en el cuerpo de la ejecutoria en mención como en derecho corresponda, al efecto, tomando en consideración que en el acuerdo de fecha 10 de octubre del 2002, esta junta se declaró no competente para conocer y resolver en relación al presente juicio, por razón de la materia ya que las prestaciones reclamadas por los actores, en su escrito inicial de demanda son de índole fiscal dejando a salvo el derecho de los actores para que lo hicieran valer en la vía correspondiente, y visto el estado de los autos y apareciendo de los mismos, que se encuentran listos para resolver se procede a resolver el mismo, y en estricto cumplimiento a la ejecutoria de mérito se procede a dictar el acuerdo correspondiente, y....
RESULTANDO1. Por escrito presentado ante esta Junta el día 09 de octubre del 2002, (fojas 96, 97 y 98), de autos, por el C. Lic. Eduardo Girón González, en su carácter de apoderado legal de la empresa demandada Petróleos Mexicanos en el juicio laboral 383/2002, promovió incidente de COMPETENCIA EN RAZON DE LA MATERIA, para el efecto de que esta junta se declare incompetente de conocer del presente juicio, puesto que lo reclamado por los actores, consistente en la devolución de impuestos son cuestiones de índole fiscal.
2. Por acuerdo de fecha 10 de octubre del 2002, (fojas 121, 122, 123 y 124) se le dio entrada a la promoción de fecha 9 de octubre del 2002, en la que la empresa demandada planteó el incidente de competencia en razón de la materia, misma que ratifico el apoderado legal de las demandadas en todas y cada una de sus partes, y por tratarse de un incidente de previo y especial pronunciamiento se suspendió el procedimiento y se le dio entrada al mismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 761, 762, 763, y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Trabajo, y con las facultades que otorga el artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo, a esta junta para resolver de oficio el incidente planteado, se procedió a resolver el mismo, declarándose esta junta no competente para conocer y resolver del presente juicio, en virtud de que las prestaciones reclamadas por los actores en su escrito inicial de demanda son de índole fiscal, dejando a salvo el derecho de los actores para que los hagan valer en la vía correspondiente, por lo que se deja sin efecto la resolución dictada por esta junta mediante acuerdo de fecha 10 de octubre del 2002, y se procede a dictar otra, la que en este acto se pronuncia bajo los siguientes:
CONSIDERANDOSI. Esta Junta es competente para conocer y resolver del presente incidente de competencia por razón de la materia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos: 761, 762, 763, y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo...
II. El objeto del presente incidente de competencia por razón de la materia, es determinar si esta junta es competente o no competente para conocer en relación al presente juicio, y precisar el órgano tribunal que en su caso se estime competente para el conocimiento de la acción intentada y en su caso ordenar su inmediata remisión al mismo, y dictar otra en el que se ordene reponer el procedimiento de conformidad con lo dispuesto por el artículo 752 y demás aplicables de la Ley Laboral...
III. Revisada la Instrumental de Actuaciones y la Presuncional Legal y Humana de conformidad con lo dispuesto por los artículos 830 y 836 de la Ley Federal de Trabajo, en el presente juicio, las mismas no benefician a los actores, ya que como se desprende de los autos, específicamente de la naturaleza de las prestaciones reclamadas por los actores en el escrito inicial de demanda en el que manifiestan que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un decreto mediante el cual ordenó que se debería condonar y eximir del pago de los Contribuyentes Federales otorgando facilidades administrativas a los contribuyentes y a las personas morales no contribuyentes de las zonas geográficas, afectadas por las lluvias ocurridas en los meses de septiembre y octubre de 1999 por lo que las empresas Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Exploración y Producción en aplicación del decreto efectuaron las devoluciones por concepto de impuestos (fojas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). Por lo que a confesión expresa de los actores en el escrito inicial de demanda lo que reclaman es la devolución del impuesto sobre el producto de trabajo, y esta Junta dentro de la esfera Jurídica Laboral previstas en la fracción XXXI apartado A del artículo 123 de la Carta Magna y que se encuentran contempladas en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo no se encuentra previsto el conocer sobre las cuestiones de índole fiscal, ya que la autoridad competente es la Administración Local de Recaudación de Tuxpan, Veracruz, del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con residencia en la Ciudad de Tuxpan, Veracruz, quien debe conocer del presente conflicto fiscal hasta su conclusión debido a que las prestaciones de los ahora actores, es precisamente la devolución del impuesto sobre producto del trabajo, que debe ser reclamado por la vía fiscal y no laboral, porque Petróleos Mexicanos únicamente actúa como simple retenedor del impuesto, que viene siendo como el Auxiliar de la Secretaría de Crédito Público, por lo que insiste que lo pretendido ahora compete conocer a los Tribunales Fiscales en los términos de la Ley de Impuesto sobre la Renta y esta Junta, se declara no competente para conocer y resolver el presente conflicto de índole fiscal, tal criterio lo comparte la ejecutoria de 10 de octubre del 2001, emitido en el Juicio de amparo número 414/2001, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado derivado del expediente 535/2000 y cuadernillo 180/2001, dónde es actor Ignacio Pego Vázquez, en contra de Pemex Exploración y en contra de los actos de esta autoridad, en consecuencia esta junta se declara no competente para conocer de este juicio y remítase el expediente a la Administración Local de Recaudación de Tuxpan, Veracruz, del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con residencia en Tuxpan, Ver., para que conozca de este juicio, debiéndose dar de baja en los libros de registro que lleva esta junta...
Por lo anteriormente expuesto y fundado es de resolver y se
RESUELVE...PRIMERO. Por lo anteriormente expuesto y fundado se declara procedente el incidente de competencia por razón de la materia, planteado por la empresa demandada Petróleos Mexicanos, en el expediente laboral 383/2002, debiéndose remitir el presente expediente laboral a la Administración Local de Recaudación de Tuxpan, Veracruz del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se sirva conocer y resolver al presente controvertido. Debiéndose dar de baja el Expediente Laboral 383/2002 en los Libros de Registro que lleva este H. Tribunal, ábrase carpeta falsa para constancia.
SEGUNDO. Notifíquese personalmente a las partes en sus domicilios señalados en autos para lo cual se comisiona al C. Actuario de esta Junta. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. Así lo proveyeron y firmaron los ciudadanos representantes que integran esta Junta Especial número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. DOY FE.
ACTUARIO.--- ACUSE DE RECIBO.--- OFICIO.--- CARPETA FALSA»
«Secretaría del Trabajo Previsión Social
C. Presidente de la H. Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje.--- Presente.
Lic. Luis Juárez Andrade, en mi carácter de Procurador Auxiliar Federal de la Defensa del Trabajo y Apoderado legal de los CC. Marco Antonio Pérez Salas; con la ficha número 64082. Alejandro Cruz Rivera: con la ficha número 69488, Juan Manuel Nava Vázquez, con la ficha número 74239, María Guadalupe García Corona, con la ficha número 77854, Nicolás Garza Núñez; con la ficha número 78610. Fernando Antonio Guadalupe Guzmán Castillo; con la ficha número 80992. Diana Patricia Carmona Desidelia; con la ficha número 85168, Pablo González Andrade; con la ficha número 88202. Orlando Rodríguez Martínez; con la ficha número 90219. Arturo Abraham Lima: con la ficha número 90191. Porfirio Azuara Tolentino; con la ficha número 94544. Joaquín Luchuga Mejía: con la ficha número 95993, María Luisa Rivera Islas; con la ficha número 98544. Esteban Simón Hernández Peralta; con la ficha número 99434, Hilario Cruz Tapia: con la ficha número 10048, Jaime Ortiz Aldana: con la ficha número 101800, Camilo Marco Román Serna; con la ficha número 115982, Lucio Higinio Rodríguez Espinoza: con la ficha número 124178, Felipe de Jesús Quiroz Mendoza, con la ficha número 124379. Antonio Azuara Castillo; con la ficha número 125221, Wilfrido Lechuga Mejía; con la ficha número 128925. José Antonio Cuenca Sisniega; con la ficha número 131472. Esperanza Reséndiz Martínez; con la ficha número 131911. Alejandro Hernández Céspedes; con la ficha número 136594. Jesús Marquina Gómez; con la ficha número 136601. José Manuel Muñoz Bustos; con la ficha número 137366. Francisco Esteban Alarcón Velarde; con la ficha número 145016. Francisco García Flores; con la ficha número 145092. Irela Fuentes Gayosso; con la ficha número 145755. Jorge Ruedas González; con la ficha número 146097. Víctor Manuel Castillo Hernández; con la ficha número 156247, Tiberio Edgardo pego Rocha; con la ficha número 156301. Luis Manuel Cabañas Santos; con la ficha número 176212. Javier Herber Martínez; con la ficha número 179948. Mónica Arjona Fonseca; con la ficha número 194426. Marcos Lerín Santamaría; con la ficha número 194444. Andrés Cruz Tapia; con la ficha número 195281. Lucía Flores Angeles; con la ficha número 196351. Macario Javier Valencia Figueroa; con la ficha número 195421. María de Lourdes Luciano Bernon; con la ficha número 196399. Salvador Abdel Jalek Rodríguez; con la ficha número 200077. José Pérez Contreras; con la ficha número 226763. Antonio García Vargas; con la ficha número 227459. Enrique Chávez Rivera; con la ficha número 238134. Leonel Enrique Burgos Fabela; con la ficha número 238482. Miguel Angel Delgado Cruz; con la ficha número 240655. Rosendo Manuel Carmona Marcelo; con la ficha número 243775. Mireya Angeles Flores; con la ficha número 266446. Benjamín Silva Hernández; con la ficha número 268363. Carlos Abraham Díaz González; con la ficha número 279077. Juan Pérez Hernández; con la ficha número 279092. Adriana Beatriz Marquina Chávez; con la ficha número 301720. Jorge Alejandro Pasión Santiago; con la ficha número 317104. Kenia Josefina Cázares Echeverría; con la ficha número 328642. Fermín de la Cruz Suárez; con la ficha número 338739. Yanira del Carmen Pérez Torruco; con la ficha número 426179, Patricia Alejandrina García Galván; con la ficha número 441755. José Roberto Cruz Fuentes; con la ficha número 442267. Jaime Alberto Alejandre Negrete; con la ficha número 442606. Héctor Zurroza Cruz; con la ficha número 458190, Gerardo Gilberto Mancha Vite; con la ficha número 542153, Arcelia Azuara Castillo; con la ficha número 572376. Enrique Ramón López Limón; con la ficha 642347. María Alicia León Flores; con la ficha número 658794. Pedro Díaz García; con la ficha número 770749; Juan Antonio Torres Sánchez; con la ficha número 781951. Manuel Pérez Contreras; con la ficha número 808086. Francisco Javier Azuara Ocaña; con la ficha número 812093. Vicente Capellini Rincón; con la ficha número 863973. David Casanova Alvarado; con la ficha número 77821. Rafael Antonio Morales Pulido; con la ficha número 106079. Carlos Federico Casas Torres Santiago; con la ficha número 90190. Angel Villegas Nájera; con la ficha número 87058. Gabriel Cruz Pedroza; con la ficha número 189851. Carlos Francisco Galeana Huitrón; José Guadalupe Garay Peruyero; con la ficha número 102608. Héctor Ramírez Gómez; con la ficha número 238008, personalidad que acreditó en términos de las Cartas Poder, todas de fecha 09 de julio del año dos mil dos, las cuales se anexan a la presente demanda señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en la Calle 12 s/n casi esquina con la Avenida 20 de noviembre, primer piso, de la colonia Cazones de esta Ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Ver., Oficinas que ocupan la Procuraduría Auxiliar Federal de la Defensa del Trabajo: solicitando me sea reconocida la personalidad con que me ostento en términos de las cartas poder antes descritas y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 692, 693 y 696 de la Ley Federal del Trabajo, para representarlos en el Juicio hasta su terminación debiéndoseme dar la intervención que en derecho corresponda: ante usted con el debido respeto de mis demostraciones comparezco y expongo:
Que vengo por medio del presente escrito estando en tiempo y forma, en nombre y representación de los CC. Marco Antonio Pérez Salas; Alejandro Cruz Rivera; Juan Manuel Nava Vázquez; María Guadalupe García Corona; Nicolás Garza Núñez; Fernando Antonio Guadalupe Guzmán Castillo; Diana Patricia Carmona Desidelia; Pablo González Andrade; Orlando Rodríguez Martínez; Arturo Abraham Lima; Porfirio Azuara Tolentino; Joaquín Luchuga Mejía; María Luisa Rivera Islas; Esteban Simón Hernández Peralta; Hilario Cruz Tapia¸Jaime Ortiz Aldana; Camilo Marco Román Serna; Lucio Higinio Rodríguez Espinoza; Felipe de Jesús Quiroz Mendoza; Antonio Azuara Castillo; Wilfrido Lechuga Mejía; José Antonio Cuenca Sisniega; Esperanza Reséndiz Martínez; Alejandro Hernández Céspedes; Jesús Marquina Gómez; José Manuel Muñoz Bustos; Francisco Esteban Alarcón Velarde; Francisco García Flores; Irela Fuentes Gayosso; Jorge Ruedas González; Víctor Manuel Castillo Hernández; Tiberio Edgardo Pego Rocha; Luis Manuel Cabañas Santos; Javier Herber Martínez; Mónica Arjona Fonseca; Marcos Lerín Santamaría; Andrés Cruz Tapia; Lucía Flores Angeles; Macario Javier Valencia Figueroa; María de Lourdes Luciano Bernon; Salvador Abdel Jalek Rodríguez; José Pérez Contreras; Antonio García Vargas; Enrique Chávez Rivera; Leonel Enrique Burgos Fabela; Miguel Angel Delgado Cruz; Rosendo Manuel Carmona Marcelo; Mireya Angeles Flores; Benjamín Silva Hernández; Carlos Abraham Díaz González; Juan Pérez Hernández; Adriana Beatriz Marquina Chávez; Jorge Alejandro Pasión Santiago; Kenia Josefina Cázares Echeverría; Fermín de la Cruz Suárez; Yanira del Carmen Pérez Torruco; Patricia Alejandrina García Galván; José Roberto Cruz Fuentes; Jaime Alberto Alejandre Negrete; Héctor Zurroza Cruz; Gerardo Gilberto Mancha Vite; Arcelia Azuara Castillo; Enrique Ramón López Limón; María Alicia León Flores; Pedro Díaz García; Juan Antonio Torres Sánchez; Manuel Pérez Contreras; Francisco Javier Azuara Ocaña; Vicente Capellini Rincón; David Casanova Alvarado; Rafael Antonio Morales Pulido; Carlos Federico Casas Torres Santiago; Angel Villegas Nájera; Gabriel Cruz Pedroza; Carlos Francisco Galeana Huitrón; José Guadalupe Garay Peruyero; Héctor Ramírez Gómez; a presentar formal Demanda en contra de la Empresa denominada Petróleos Mexicanos, y/o Pemex Corporativo, ambas con domicilio ampliamente conocido en el Edificio del Instituto Mexicano del Petróleo en el Interior del Campo Pemex de la Colonia la Herradura; y/o Pemex Corporativo, con domicilio ampliamente conocido en Avenida 16 Oriente número 50 de la Colonia Obras Sociales, ambos en esta Ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Ver., lugares en donde pueden ser notificados y emplazados a Juicio en términos de Ley, al pago y cumplimiento de las siguientes:
PRESTACIONESA).- Se Reclama a favor de todas y cada una de las personas que han quedado señaladas en el proemio de la presente demanda. El Reconocimiento. La Aceptación. La Existencia y el Cumplimiento, del oficio número 00/03824, de fecha 07 de junio del año 2001 debidamente firmado por el C. Ing. Jacobo Hazan Levy, en su carácter de Gerente de Ingeniería y Telecomunicaciones de la Unidad Corporativa de Desarrollo Organizacional, y dirigido al C. Julio Pindter González, en su carácter de Subdirector Corporativo de Relaciones Laborales de la empresa de Petróleos Mexicanos.
B).- Se Reclama a favor de todas y cada una de las personas que han quedado señaladas en el proemio de la presente demanda. El Reconocimiento. La Aceptación. La Existencia y el Cumplimiento, del oficio número 330-SAT V-B-5492 de fecha15 de mayo del año 2001, relativo al Expediente PME-380607-p35, debidamente signado por el C. Mauricio Martínez D'Meza, en su carácter de Administrador Central Jurídico de Grandes Contribuyentes, y dirigido al C. Ing. Luis Manuel Ortigoza Pérez, en su carácter de Jefe de la Unidad de Ingeniería de Telecomunicaciones Zona Oriente de la Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones y Representantes Legales de Petróleos Mexicanos.
c).- Se reclama a favor de todas y cada una de las personas que han quedado señaladas en el proemio de la presente demanda. El reconocimiento, la aceptación, la existencia y el cumplimiento del oficio número 78560-RH-1211/2000, de fecha 07 de diciembre del año 2000, debidamente firmado por el C. Lic. Omar Luna Jiménez, en su carácter de Jefe del Departamento de Recursos Humanos y dirigido al C. Julio Pindter González, en su carácter de Subdirector Corporativo Relaciones Laborales.
D).- Se Reclama a favor de todas y cada una de las personas que han quedado señaladas en el proemio de la presente demanda. El Reconocimiento. La Aceptación. La Existencia y el Cumplimiento, del oficio número GEFIS-03-00E38/00, de fecha 05 de Abril del año 2000, debidamente signado por la C.P. María Magdalena Robes Barcelata, en su carácter de Subgerente de Planeación y Normatividad Fiscal y dirigido a los CC. Lic. Francisco Kohlmam Nava, en su carácter de Subgerente Fiscal P.G. y P.B.; P.C., Manuel Trujillo García, en su carácter de Subgerente de Operaciones Fiscales P.R., C.P. Miguel Paredes Cuellar, en su carácter de Coordinador de Contabilidad P.E.P., C.P. Luis Alvarado, en su carácter de Subgerente de Contabilidad Pemex Petroquímica y C.P. Octavio Solís Alvarado, en su carácter de subgerente Contaduría Central Corporativo.
E).- Se Reclama a favor de todas y cada una de las personas que han quedado señaladas en el proemio de la presente demanda. El Reconocimiento. La Aceptación. La Existencia y el Cumplimiento, del oficio número 330-SAT-I- V-B-13319, de fecha 14 de Diciembre del año 2000, relativo al Expediente PRE-9207163T7, debidamente signado por el C. Lic. Guillermo Ramírez Lepe, en su carácter de Administrador Central Jurídico de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y dirigido al C. Gustavo Pineda Romero, en su carácter de Sugerente Ductos Golfo y Representante Legal de Pemex Refinación.
F).- Se Reclama a favor de todas y cada una de las personas que han quedado señaladas en el proemio de la presente demanda. El Reconocimiento. La Aceptación. La Existencia y el Cumplimiento, del Diario Oficial de la Federación del día 22 de Diciembre del año 1999, y del Diario Oficial de la Federación del día 15 de Mayo del año 2000, emitido por el C. Ernesto Zedillo Ponce de León, en su carácter del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
G).- Se Reclama a favor de todas y cada una de las personas que han quedado señaladas en el proemio de la presente demanda. El Reconocimiento. La Aceptación. La Existencia y el Cumplimiento, del oficio número, 142-77690-213/99, de fecha 20 de Octubre del año de 1999, debidamente signado por el C. Ing. M. Antonio López M. En su carácter de Jefe DIT-Catalina y dirigido al C. Ing. Tomás Leonardo Torres Silva, en su carácter de Jefe de Sector Catalina, S.D.C. Pemex Refinación.
H).- Se Reclama a favor de todas y cada una de las personas que han quedado señaladas en el proemio de la presente demanda. El Reconocimiento. La Aceptación. La Existencia y el Cumplimiento, del Memorándum número UZO-187-77640-02 959/99, de fecha 15 de Octubre del año de 1999, debidamente signado por el C. Ing. José M. Núñez Bustos, en su carácter de Jefe In. Unidad I.T. Zona Oriente, y dirigido al C.P. Jorge Luis Barranca Becerra, en su carácter de Jefe Unidad de Servicios Generales Región Norte de Pemex Exploración y Producción.
I).- Se Reclama a favor de todas y cada una de las personas que han quedado señaladas en el proemio de la presente demanda. El Reconocimiento. La Aceptación. La Existencia y el Cumplimiento, del oficio número UZO-187-77640-094455/00, de fecha 11 de Diciembre del año de 2000, debidamente signado por el C. Ing. Luis Manuel Ortigoza Pérez, en su carácter de Jefe Unidad I.T. Zona Oriente, y dirigido al C. Ing. Jacobo Hazan Levy, en su carácter de Jefe de Gerente Ingeniería de Telecomunicaciones, México, Distrito Federal.
J).- Se Reclama a favor de todas y cada una de las personas que han quedado señaladas en el proemio de la presente demanda. El Reconocimiento. La Aceptación. La Existencia y el Cumplimiento, del oficio número 187-77600-000235/01, de fecha 26 de Enero del año de 2001, debidamente signado por el C. Ing. Luis Manuel Ortigoza Pérez, en su carácter de Jefe Unidad I.T Zona Oriente, y dirigido al C. Ing. Jacobo Hazan Levy, en su carácter de Jefe de Gerente Ingeniería de Telecomunicaciones.
L).- Se Reclama a favor de todas y cada una de las personas que han quedado señaladas en el proemio de la presente demanda. El Reconocimiento. La Aceptación. La Existencia y el Cumplimiento, del oficio número, UI-PR-AR-4349/2000, de fecha 22 de Agosto del año 2000, relativo al expediente RBT-R 09/99, debidamente signado por la C. Lucía Muave Silva, en su carácter de Superintendente General de Seguros y dirigido al C. Ing. Tomás Licona Torres Silva, en su carácter de Jefe del Sector Catalina de la Subgerencia Ductos Centro.
M).- Se Reclama a favor de todas y cada una de las personas que han quedado señaladas en el proemio de la presente demanda. El Reconocimiento. La Aceptación. La Existencia y el Cumplimiento, del Acta Circunstanciada de fecha 8 de Octubre de 1999, levantada con motivo de los daños ocasionados por la depresión tropical número 11 a instalaciones y equipo diverso de la Subgerencia ductos centro, en el Sector Catalina, y en la que participaron los CC. Ing. José David Ocampo Peralta; Ing. Oswaldo Machado Martínez; Ing. Jesús Villalobos González; e Ing. Tomás Leonardo Torres Silva; y del Acta Circunstanciada número SDO/001/99, de fecha 13 de Octubre del año de 1999, levantada con motivo de la Tormenta Tropical número 11, estando presentes los CC. Ing. José David Ocampo Peralta; Ing. Jesús Villalobos González; Lic. Regino Bueno Salazar; Ing. Oswaldo Machado Martínez; Ing. Canevari Castán Patiño; Ing. Tomás Torres Silva; Ing. Oscar Morales López; Ing. Fidencio Betanzos Hernández; Ing. Javier A. Trejo Cedillo; y Lic. Jorge Herrera Carballo.
N).- Se Reclama a favor de todas y cada una de las personas que han quedado señaladas en el proemio de la presente demanda. El Reconocimiento. La Aceptación. La Existencia y el Cumplimiento, en el sentido de que las instalaciones de la Empresa Petróleos Mexicanos y Pemex Corporativo, sufrieron daños con motivo de los efectos de la presión Tropical número 11, ocurridos en el mes de Octubre del año 1999, y de que los centros de trabajo en los cuales laboran todos y cada uno de mis representados, correspondientes al departamento de Telecomunicaciones en las Ciudades de Poza Rica de Hidalgo, Ver.; en Tuxpan de Rodríguez Cano, Ver.; y en Catalina perteneciente a Huachinango, Puebla, se encuentran comprendidas dentro de las zonas geográficas que los decretos presidenciales de fecha 22 de Diciembre de 1999, y 15 de Marzo del año 2000, determinaron como afectadas y con la aplicación de los mismos para la condonación de Impuestos.
Ñ).- Se Reclama a favor de todas y cada una de las personas que han quedado señaladas en el proemio de la presente demanda, El Reconocimiento, La Aceptación, La Existencia, de que los trabajadores de las empresas denominadas C.P.G. Complejo Procesador de Gas, P.E.P. Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación y Complejo Escolin (Actualmente Petroquímica Escolin, S.A. de C.V.), ya se les efectúo el pago de las cantidades correspondientes por concepto de Devolución de Impuestos por Decreto Presidencial.
O).- Se Reclama en favor de todas y cada una de las personas que han quedado señalas en el proemio de la presente demanda, El Reconocimiento, La aceptación y la Aplicación, en forma análoga que deberá hacer en el sentido de que la empresa Pemex Refinación le pagó a sus trabajadores la cantidad correspondiente por concepto de devolución de impuestos conforme al oficio número 330-SAT-IV-B 13319, de fecha 14 de Diciembre del año 2000, relativo al expediente PRE9207163T7, y el cual en su Resolutivo, establece y determina, la misma situación que en el oficio número 330-SAT-IV-B 5492, de fecha 15 de Mayo del año 2001, relativo al expediente PME-380607-P35, respecto a la devolución de las cantidades correspondientes por Impuesto Sobre el producto de la Renta.
P).- Se Reclama a favor de todas y cada una de las personas que han quedado señaladas en el proemio de la presente demanda, El Reconocimiento, La Aceptación, La Existencia y el Cumplimiento, del oficio número SC-408/99, de fecha 15 de Octubre del año 1999, debidamente signado por el C. David Ocampo Peralta, en su carácter de Subgerente Ductos Centro, y dirigido al C. Ing. Rogelio Franco López.
Fundo la presente Demanda en las siguientes consideraciones de Hechos y de Derecho:
1. El C. Marco Antonio Pérez Salas; con la ficha número 64082, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos subsidiarios, desde el 09 de Septiembre del año 1969, desempeñando últimamente la categoría de Operario Especialista Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica, Ver., jornada 00 con un salario diario de $216.70 como trabajador de Planta Sindicalizado.
2.- El C. Alejandro Cruz Rivera; con la ficha número 69488, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el año de 1971, desempeñando últimamente la categoría de Operario Especialista Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica, Ver., jornada 0 con un salario diario de $216.70, como trabajador de Planta Sindicalizado.
3.- El C. Juan Manuel Nava Vázquez; con la ficha número 74239, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 03 de Mayo del año 1967, desempeñando últimamente la categoría de Operario Especialista Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica, Ver., jornada 00, con un salario diario de $216.70 como trabajador de Planta Sindicalizado.
4.- La C. María Guadalupe García Corona; con la ficha número 77854, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 25 de Abril del año de 1974, desem- peñando últimamente la categoría de Oficinista de Segunda, jornada 00, con un salario diario de $210.45, como trabajadora de Planta Sindicalizado.
5.- El C. Nicolás Garza Núñez; con la ficha número 78610, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 25 de Agosto del año de 1999, desempeñando últimamente la categoría de Operario Especialista Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica, Ver., jornada 00, con un salario diario de $216.70, como trabajador de Planta Sindicalizado.
6.- El C. Fernando Antonio Guadalupe Guzmán Castillo; con la ficha número 80992, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 12 de Diciembre del año de 1976, desempañando últimamente la categoría de Ingeniería y Mantenimiento Comunicaciones, jornada 00, con un salario diario de $287.84, como trabajador de Planta Sindicalizado.
7.- La C. Diana Patricia Carmona Desidella; con la ficha número 85168, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 11 de Septiembre del año 1981, desem-peñado últimamente la categoría de Telepista, jornada 00, con un salario diario de $216.70, como trabajadora de Planta Sindicalizada.
8.- El C. Pablo González Andrade; con ficha número 88202, ingresó para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el mes de Junio del año 1976, desempeñando últimamente la categoría de Operario Especialista Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica, V., jornada 00, con un salario de $216.70, como trabajador de Planta Sindicalizado.
9.- El C. Orlando Rodríguez Martínez; con la ficha número 90219, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 8 de Mayo del año 1973, desempeñando últimamente la categoría de Jefe Sección Telecomunicaciones, jornada 00, con un salario diario de $296.89, como trabajador de Planta Sindicalizado.
10.- E, C. Arturo Abraham Lima; con la ficha número 90191, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 27 de Julio del año de 1977, desempeñando últimamente la categoría de Operario Especialista Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica, V., Jornada 00, con un salario diario de $216.70, como trabajador de Planta Sindicalizado.
11.- El C. Porfirio Azuara Tolentino; con la ficha número 94544, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 17 de Diciembre del año 1971, desempeñando últimamente la categoría de Operario de Primera Electricista, jornada 00, con un salario de $204.82 como trabajador de Planta Sindicalizado.
12.- El C. Joaquín Luchuga Mejía; con la ficha número 95993, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 19 de Septiembre del año 1969, desempeñando últimamente la categoría de Operario Especialista Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica, V., jornada 00, con un salario diario de $216.70 como trabajador de Planta Sindicalizado.
13.- La C. María Luisa Rivera Islas; con ficha número 98544, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde 05 de Agosto del año 2001, desempeñando últimamente la categoría de Operadora de Conmutador Telefónico, jornada 01, con un salario diario de $293.03, como trabajadora de Planta Sindicalizada.
14.- El C. Esteban Simón Hernández Peralta; con ficha número 99434, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 09 de Septiembre del año 1977, desem-peñando últimamente la categoría de Operario Especialista Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica, V., jornada 00, con un salario de $216.70, como trabajador de Planta Sindicalizado.
15.- El C. Hilario Cruz Tapia; con la ficha número 10048, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el mes de Noviembre de 1978, desempeñando últimamente la categoría de Coordinador de Especialista Técnico, jornada 00, con un salario de $315.37, como trabajador de Planta Sindicalizado.
16.- El C. Jaime Ortiz Aldana; con la ficha número 101800, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde 05 de Agosto del año 2001, desempeñando últimamente la categoría de Operario Especialista Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica, V., jornada 00, con un sueldo diario de $216.70 como trabajador de Planta Sindicalizado.
17.- El C. Camilo Marco Román Serna; con la ficha número 115982, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 18 de Octubre del año 2001, desempeñando últimamente la categoría de Superintendente General ``B'', jornada 00, con un salario diario de $404.92, como trabajador de Planta Sindicalizado.
18.- El C. Lucio Higinio Rodríguez Espinoza; con la ficha número 124178, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 17 de Enero de 1975, desempeñando últimamente la categoría de Operario Primero Diversos Oficios, jornada 00, con un salario de $204.88, como trabajador de Planta Sindicalizado.
19.- El C. Felipe de Jesús Quiroz Mendoza; con la ficha número 124379, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el mes de agosto del año 1979, desem-peñando últimamente la categoría de Residente Ingria Telecomunicaciones pref., jornada 0, con un salario diario de $305.79, como trabajador de Planta Sindicalizado.
20.- El C. Antonio Azuara Castillo; con la ficha número 125221, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el mes de Julio del año de 1976, desempeñando últimamente la categoría de Operario de Primera Electricista, jornada 00, con un salario de $216.70, como trabajador de Planta Sindicalizado.
21.- El C. Wilfrido Lechuga Mejía; con la ficha número 128925, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 17 de Julio del año 1974, desempeñando últimamente la categoría de Operario Especialista Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica, V., jornada 00, con un salario de $216.70, como trabajador del Planta Sindicalizado.
22.- El C. José Antonio Cuenca Sisniega; con la ficha número 131472, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 04 de Marzo del año de 1984, desem-peñando últimamente la categoría de Dibujante de Segunda Dibujo General, jornada 00, con un salario diario de $204.88, como trabajador de Planta Sindicalizado.
23.- La C. Esperanza Reséndiz Martínez; con la ficha número 131911, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 10 de Agosto del año de 1977, desempeñando últimamente la categoría de Operador de Conmutador Telefónico, jornada 01, con un salario diario de $293.03, como trabajadora de Planta Sindicalizado
24.- El C. Alejandro Hernández Céspedes; con la ficha número 136594, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 30 de Mayo del año de 1983, desempeñando últimamente la categoría de Técnico ``A'' Comunicaciones y/o Electrónicas, jornada 00, con un salario de $296.89 como trabajador de Planta Sindicalizado.
25.- El C. Jesús Marquina Gómez; con la ficha número 136601, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 04 de Julio del año 1978, desempeñando últimamente la categoría de Ingeniero ``A'' Mantenimiento Comunicaciones Eléctricas, jornada 00, con un salario diario de $287.84, como trabajador de Planta Sindicalizado.
26.- El C. José Manuel Muñoz Bustos; con la ficha número 137366, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 08 de Octubre del año 2001, desempeñando últimamente la categoría de Superintendente General ``B'', jornada 00, con un salario diario de $404.92, como trabajador de Planta Sindicalizado.
27.- El C. Francisco Esteban Alarcón Velarde; con la ficha número 145016, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el año de 1975, desempeñando últimamente la categoría de Operario de Primera Electricista, jornada 00, con un salario diario de $216.70, como trabajador de Planta Sindicalizado.
28.- El C. Francisco García Flores; con la ficha número 145092, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el mes de Noviembre del año de 1985, desempeñando últimamente la categoría de Coordinador Infraestructura, jornada 00, con un salario diario de $305.79, como trabajador de Planta Sindicalizado.
29.- La C. Irela Fuentes Gayosso; con la ficha número 145755, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 07 de Febrero del año de 1986, desempeñando últimamente la categoría de Teletipista, jornada 00, con un salario diario de $204.88, como trabajador de Planta Sindicalizado.
30.- El C. Jorge Ruedas González; con la ficha número 146097, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el año de 1982, desempeñando últimamente la categoría de Operario de Primera Electricista, jornada 00, con un salario diario de $204.88, como trabajador de Planta Sindicalizado.
31.- El C. Víctor Manuel Castillo Hernández; con la ficha número 156247, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el mes de Diciembre del año de 1980, desempeñando últimamente la categoría Operario de Segunda Electricista, jornada 00, con un salario diario de $173.12, como trabajador de Planta Sindicalizado.
32.- El C. Tiberio Edgardo Pego Rocha; con la ficha número 156301, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 30 de Junio del año de 1984, desempeñando últimamente la categoría Técnico ``C'' en Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica, V., jornada 00, con un salario diario de $276.25, como trabajador de Planta Sindicalizado.
33.- El C. Luis Manuel Cabañas Santos; con la ficha número 176512, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el mes de Septiembre del año de 1985, desempeñando últimamente la categoría Técnico ``A'' en Comunicaciones y/o Electricista, jornada 00, con un salario diario de $254.61, como trabajador de Planta Sindicalizado.
34.- El C. Javier Herber Martínez; con la ficha número 179948, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa Denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 13 de Enero del año de 2001, desempeñando últimamente la categoría de Técnico ``A'' en Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica, V., jornada 00, con un salario diario de $296.89, como trabajador de Planta Sindicalizado.
35.- La C. Mónica Arjona Fonseca; con la ficha número 194426, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el mes de Julio del año de 1986, desempeñando últimamente la categoría de Oficinista de cuarta, jornada 00, con un salario diario de $210.45 como trabajadora de Planta Sindicalizada.
36.- El C. Marcos Lerín Santamaría; con la ficha número 194444, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 10 de Marzo del año de 1976, desempeñando últimamente la categoría de Operario de Primera Electricista, jornada 00, con un salario diario de $204.88, como trabajador de Planta Sindicalizado.
37.- El C. Andrés Cruz Tapia; con la ficha número 195281, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el año de 1985, desempeñando últimamente la categoría de Jefe ``A'' de Sección, jornada 00, con un salario diario de $252.94, como trabajador de Planta Sindicalizado.
38.- La C. Lucía Flores Angeles; con la ficha número 196351, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 15 de Diciembre del año de 1980, desempeñando últimamente la categoría de Operador de conmutador Telefónico, jornada 02, con un salario diario de $293.03, como trabajadora de Planta Sindicalizada.
39.- El C. Macario Javier Valencia Figueroa; con la ficha número 195421, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 02 de Octubre del año de 2000, desempeñando últimamente la categoría de Coordinador ``B'' Especialistas TE, jornada 00, con un salario diario de $340.49, como trabajador de Planta Sindicalizado.
40.- La C. María de Lourdes Luciano Bernón; con la ficha número 196399, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 05 de Septiembre del año de 1984, desempeñando últimamente la categoría de Operador de Conmutador Telefónico, jornada 01, con un salario diario de $293.03, como trabajadora de Planta Sindicalizada.
41.- El C. Salvador Abdel Jalek Rodríguez; con la ficha número 200077, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 24 de Abril del año de 1985, desempeñando últimamente la categoría de Oficinista de Cuarta, jornada 00, con un salario diario de $216.70, como trabajador de Planta Sindicalizado.
42.- El C. José Pérez Contreras; con la ficha número 226763, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 17 de julio del año de 1974, desempeñando últimamente la categoría de Operario Especialista Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica, V., jornada 00, con un salario diario de $173.12, como trabajador de Planta Sindicalizado.
43.- El C. Antonio García Vargas; con la ficha número 227459, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el año de 1972, desempeñando últimamente la categoría de Operario de primera Electricista, jornada 00, con un salario diario de $204.88, como trabajador de Planta Sindicalizado.
44.- El C. Enrique Chávez Rivera; con la ficha número 238134, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 09 de Noviembre del año de 2001, desempeñando últimamente la categoría de Ingeniero ``A'' Mantenimiento Comunicaciones, jornada 00, con un salario diario de $340.49, como trabajador de Planta Sindicalizado.
45.- El C. Leonel Enrique Burgos Fabela; con la ficha número 238482, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el año de 1989, desempeñando últimamente la categoría de Coordinador ``E'' Especialidad Técnica, jornada 00, con un salario diario de $326.17, como trabajador de Planta Sindicalizado.
46.- El C. Miguel Angel Delgado Cruz; con la ficha número 240655, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 13 de Septiembre del año de 1983, desempeñando últimamente la categoría de Operario de Primera Electricista, jornada 00, con un salario diario de $204.88, como trabajador de Planta Sindicalizado.
47.- El C. Rosendo Manuel Carmona Marcelo; con la ficha número 243775, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el mes de Junio del año de 1990, desempeñando últimamente la categoría de Operario Especialista Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica, V., jornada 00, con un salario diario de $296.89, como trabajador de Planta Sindicalizado.
48.- La C. Mireya Angeles Flores; con la ficha número 266446, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 13 de Febrero del año de 1991, desempeñando últimamente la categoría de Operador de Conmutador Telefónico, jornada 01, con un salario diario de $293.03, como trabajadora de Planta Sindicalizada.
49.- El C. Benjamín Silva Hernández; con la ficha número 268363, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 15 de Marzo del año de 1998, desempeñando últimamente la categoría de Operario Bodeguero, jornada 00, con un salario diario de $185.92, como trabajador de Planta Sindicalizado.
50.- El C. Carlos Abraham Díaz González; con la ficha número 279077, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 26 de Abril del año de 1990, desempeñando últimamente la categoría de Encargado de Facturación, jornada 00, con un salario diario de $128.59, como trabajador de Planta Sindicalizado.
51.- El C. Juan Pérez Hernández; con la ficha número 279092, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 06 de Junio del año de 1991, desempeñando últimamente la categoría de Coordinador de Mantenimiento Infraestructura, jornada 00, con un salario diario de $296.89, como trabajador de Planta Sindicalizado.
52.- La C. Adriana Beatriz Marquina Chávez; con la ficha número 301720, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 24 de Noviembre del año de 1991, desempeñando últimamente la categoría de Técnico ``A'' Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica, V., jornada 00, con un salario diario de $276.25, como trabajadora de Planta Sindicalizada.
53.- El C. Jorge Alejandro Pasión Santiago; con la ficha número 317104, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desempeñando últimamente la categoría de Auxiliar ``A'' Sección Técnica, jornada 00, con un salario diario de $240.49, como trabajador de Planta Sindicalizado.
54.- La C. Kenia Josefina Cázares Echeverría; con la ficha número 328642, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 03 de Marzo del año de 1997, desempeñando últimamente la categoría de Técnico ``A'' en Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica, V., jornada 00, con un salario diario de $287.84, como trabajadora de Planta Sindicalizada.
55.- El C. Fermín de la Cruz Suárez; con la ficha número 338739, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el año de 1998, desempeñando últimamente la categoría de Técnico ``A'' en Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica, jornada 00, con un salario diario de $276.25, como trabajador de Planta Sindicalizado.
56.- La C. Yanira del Carmen Pérez Torruco; con la ficha número 426179, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el mes de Septiembre del año de 1987, desempeñando últimamente la categoría de Oficinista de Cuarta, jornada 00, con un salario diario de $173.12 como trabajadora de Planta Sindicalizada.
57.- La C. Patricia Alejandrina García Galván; con la ficha número 441755, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 18 de Diciembre del año de 1986, desempeñando últimamente la categoría de Auxiliar de Recursos Humanos, jornada 00, con un salario diario de $173.12, como trabajadora de Planta Sindicalizada.
58.- El C. José Roberto Cruz Fuentes; con la ficha número 442267, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 23 de Julio del año de 1986, desempeñando últimamente la categoría de Operario Especialista Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica, jornada 00, con un salario diario de $296.89, como trabajador de Planta Sindicalizado.
59.- El C. Jaime Alberto Alejandre Negrete; con la ficha número 442606, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 21 de Agosto del año de 1986, desempeñando últimamente la categoría de Operario Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica V., jornada 00, con un salario diario de $204.88, como trabajador de Planta Sindicalizado.
60.- El C. Héctor Zurroza Cruz; con la ficha número 458190, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 19 de Abril del año de 1991, desempeñando últimamente la categoría de Ingeniero ``A'' Mantenimiento Comunicaciones y Electrónica, jornada 0, con un salario diario de $287.84, como trabajador de Planta Sindicalizado.
61.- El C. Gerardo Gilberto Mancha Vite: con la ficha número 542153, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el mis de Agosto del año de 1977, desempeñando últimamente la categoría de Operador de Conmutador Telefónica Telecomunicaciones Poza Rica V., jornada 00, con un salario diario de $198.69 como trabajador de Planta Sindicalizado.
62.- La C. Arcelia Azuara Castillo; con la ficha número 572376, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 13 de Septiembre del año de 1987, desempeñando últimamente la categoría de Operador de Primera Conmutador Telefónica, jornada 01, con un salario diario de $293.03, como trabajadora de Planta Sindicalizada.
63,- El C. Enrique Ramón López Limón; con la ficha número 642347, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el mes de Febrero del año de 1989, desempeñando últimamente la categoría de Operador de Segunda Electricista, jornada 00, con un salario diario de $173.12, como trabajador de Planta Sindicalizado.
64.- La C. María Alicia León Flores; con la ficha número 658794, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el mes de octubre del año de 1992, desempeñando últimamente la categoría de Coordinador, jornada 00, con un salario diario de $296.89, como trabajadora de Planta Sindicalizada.
65.- El C. Pedro Díaz García; con la ficha número 770749, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 23 de diciembre del año de 1980, desempeñando últimamente la categoría de Operador Especialista Comunicaciones y Telecomunicaciones, jornada 00, con un salario diario de $216.70, como trabajador de Planta Sindicalizado.
66.- El C. Juan Antonio Torres Sánchez; con la ficha número 781951, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el mes de febrero del año de 1985, desempeñando últimamente la categoría de Técnico ``A'' en Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica, V., jornada 00, con un salario diario de $276.25, como trabajador de Planta Sindicalizado.
67.- El C. Manuel Pérez Contreras; con la ficha número 808086, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el año de 1991, desempeñando últimamente la categoría de Operario de Primera Electricista, jornada 00, con un salario diario de $204.88, como trabajador de Planta Sindicalizado.
68.- El C. Francisco Javier Azuara Ocaña; con la ficha número 812093, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el año de 1991, desempeñando últimamente la categoría de Jefe de SEAC., jornada 00, con un salario diario de $233.12, como trabajador de Planta Sindicalizado.
69.- El C. Vicente Capellini Rincón; con la ficha número 863973, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 1° de octubre del año de 1969, desempeñando últimamente la categoría de Operario de Primera Electricista, jornada 00, con un salario diario de $173.12, como trabajador de Planta Sindicalizado.
70.- El C. David Casanova Alvarado; con la ficha número 77821, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el año de 1974, desempeñando últimamente la categoría de Operario Especialista Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica V., jornada 00, con un salario diario de $216.70, como trabajador de Planta Sindicalizado.
71.- El C. Rafael Antonio Morales Pulido; con la ficha número 106079, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el mes de septiembre del año de 1976, desempeñando últimamente la categoría de Superintendente de Especialidad ``B'', jornada 00, con un salario diario de $365.09, como trabajador de Planta Sindicalizado.
72.- El C. Carlos Federico Casas Torres Santiago; con la ficha número 90190, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 24 de febrero del año de 1978, desempeñando últimamente la categoría de Operario Especialista Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica, V., jornada 00, con un salario diario de $216.70, como trabajador de Planta Sindicalizado.
73.- El C. Angel Villegas Nájera; con la ficha número 87058, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el mes de abril del año de 1973, desempeñando últimamente la categoría de Operario Especialista Comunicaciones y Telecomunicaciones Poza Rica, V., jornada 00, con un salario diario de $216.70, como trabajador de Planta Sindicalizado.
74.- El C. Gabriel Cruz Pedroza; con la ficha número 189851, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 10 de julio del año de 1985, desempeñando últimamente la categoría de Ingeniero, jornada 00, con un salario diario de $326.17, como trabajador de Planta Sindicalizado.
75.- El C. José Guadalupe Garay Peruyero; con la ficha número 102608, ingresó a prestar sus servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desempeñando últimamente la categoría de Técnico ``A'', en Comunicaciones y Electrónica, como trabajador de Planta Sindicalizado.
76.- El C. Héctor Ramírez Gómez; con la ficha número 238008, ingresó a prestar servicios para la Empresa denominada Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde el 27 de noviembre del año de 1987, desempeñando últimamente la categoría de Coordinador ``G'' Especialidad Técnica, jornada 00, con un salario diario de $287.84, como trabajador de Planta Sindicalizado.
77.- En el mes de septiembre y octubre del año de 1999, ocurrieron fenómenos naturales en toda la República Mexicana, ocasionando daños mayores e inundaciones en gran parte del Estado de Veracruz, principalmente en las ciudades de Poza Rica de Hidalgo, Ver. y Tuxpan de Rodríguez Cano, Ver., así como en catalina perteneciente a la Ciudad de Huachinango, Puebla; razón por la cual y con posterioridad el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, decidió emitir lo que se refiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un Decreto, mediante el cual ordenó que se debería condonar y eximir del pago de los contribuyentes federales, otorgando facilidades administrativas a los contribuyentes y a las personas morales no contribuyentes de las zonas geográficas, afectadas por las lluvias ocurridas en los meses de septiembre y octubre de 1999, señalando cuales eran las zonas afectadas dentro de las localidades y municipios, correspondientes a los Estados de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, mismo que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 22 de diciembre del año 1999; así las cosas, el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, emitió que se refiera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un nuevo decreto, mediante el cual adicionó al numeral 6 del anexo al diverso por el que se condona y exime al pago de las contribuciones federales, otorgando facilidad además a los contribuyentes y a las personas morales no contribuyentes de las zonas geográficas afectadas por las lluvias ocurridas en los meses de septiembre y octubre de 1999, señalando cuales eran las zonas afectadas dentro de las localidades y municipios correspondientes al Estado de Veracruz.
78.- Con motivo de todo lo anterior, durante el año de 1999, las empresas Petróleos Mexicanos (Dirección Corporativa de Administración -- Subdirección de Servicios Corporativos -- Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones Unidad I.T. -- Zona Oriente); Pemex Refinación (Subdirección de Distribución -- Gerencia de Transportación de Ducto -- Subgerencia Ductos Centro en el Sector Catalina); Pemex Refinación Subdirección de Distrito -- Gerencia de Operación de Terminales Marítimas Superintendencia General de Transportación Marítima Tuxpan, Ver.); empezaron a solicitar apoyo; ayuda especial; solicitud de trámites para reclamación por daños, ante compañía aseguradora; solicitud de trámites para permiso de acceso; cotizaciones; pago de reparación o daños de deducciones; pago de daños a instalaciones; lo cual realizaron mediante los memorando números UZO 187-77600 ó 222866/99, de fecha 6 de octubre de 1999; UZO-187-77640-02959/99, de fecha 15 de octubre de 1999; UZO/187-77600-02919/99, de fecha 15 de octubre de 1999; UZO-187-77640-3355/99, relativo al expediente número EAR.3.7, de fecha 16 de noviembre de 1999; y 187-77640/99, relativo al expediente número EAR.3.7. de fecha 18 de noviembre de 1999 y los oficios números UZO-187-77640-0287/99, de fecha 8 de octubre de 1999, S.C -- 408/99, de fecha 15 de octubre de 1999, 187-77640/99, de fecha 18 de octubre de 1999; UZO-187-77640/02958/99, de fecha 20 de octubre de 1999; 142--77690-213/99, de fecha 20 de octubre de 1999. SGTM--0222-51000-1392/99, relativo al expediente 51000.50.2; SGTM-022-51000-1365/99, relativo al expediente 51000.02 de fecha 26 de octubre de 1999; UZO-187-77640-03068/99, de fecha 27 de octubre de 1999 y 187-77640/99, de fecha 17 de noviembre de 1999; para lo cual además se elaboraron y levantaron las actas circunstanciadas de los hechos ocurridos, las notas informativas y relación de costos que se consideraron necesarios al caso para reparar los daños que ocasionaron los fenómenos naturales ocurridos en los meses de septiembre y octubre de 1999, tanto en las instalaciones del Departamento o Unidad de Telecomunicaciones en la Ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Ver., así como en la Ciudad de Tuxpan de Rodríguez Cano, Ver., y en el lugar de Catalina en la Ciudad de Huachinango, Puebla.
Cabe hacer mención que durante el año 2000, se siguieron elaborando una serie de oficios y memorándum, en los cuales se seguía solicitando todo lo mencionado en el hecho que antecede y así fue que mediante el oficio número GEFIS-03-OOE38/00, relativo al expediente número 05.05. de fecha 5 de abril del año 2000, mediante el cual se hace una observación en relación al Decreto que condena al pago del Impuesto sobre el Producto de la Renta causado de septiembre a diciembre de 1999, por los ingresós obtenidos por salarios, debidamente firmado por la CP. María Magdalena Robles Barcelata, en su carácter de subgerente de Planeación y Normatividad Fiscal y dirigido a los CC. Lic. Francisco Kehlmann Nava, CP. Manuel Trujillo García, CP. Miguel Paredes Cuéllar, CP. Luis Alvarado y CP. Octavio Salas Alvarado. La empresa de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios empezaron a aplicar los decretos presidenciales correspondientes, aclarando que todo quedaba a consideración de las empresas antes señaladas para la referida condonación de impuestos y se da el caso de que mediante el memorándum número UZO-187-77600-01645/2000, de fecha 05 de junio del año dos mil, el jefe de la unidad I.T Zona Oriente de la Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones, le solicitó al jefe del Departamento de Recursos Humanos del Hospital Regional D.C.A., que también se hiciera aplicable los decretos residenciales que la condonación de los Impuestos Retenidos y en beneficio de los trabajadores de dicha gerencia, siendo que mediante el oficio 785601-0592/2000, de fecha 12 de junio del año dos mil, el Jefe del Departamento de Recursos Humanos del hospital Regional Poza Rica, le informó al Jefe de la Unidad I.T. Zona Oriente Poza Rica, Ver., que ninguno de los domicilios de la gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones Z.0 Catalina Puebla encuentran dentro de las zonas geográficas afectadas y por lo tanto, no procede la aplicación del decreto: motivo por el cual los trabajadores de dicha gerencia empezaron a realizar las gestiones que eran necesarias para el efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinara que los centros de trabajo de la gerencia de Telecomunicaciones Zona Oriente en Catalina Puebla, Barra Norte de las áreas geográficas afectadas, situación que también realizó la empresa de Petroquímica Escolín, S.A. de C.V., así como sus trabajadores y para éste, entonces las empresas Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Exploración y Producción, efectuaron las devoluciones por conceptos de impuestos a los que hemos venido haciendo referencia, situación que también realizó la empresa de Pemex Refinación, basándose en el oficio número 330-SAT-iv-b-13319, relativo al expediente PRG-92071111163 t 7, de fecha 14 de diciembre.
79.- Derivado de todo lo anterior mis representados siguieron realizando las gestiones administrativas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se le considerara como trabajadores de los centros de trabajo que habían sufrido daños con motivo de los fenómenos naturales ocurridos en los meses de septiembre y octubre de 1999, haciendo notar que para el año de 2000, la empresa petroquímica Escolín, S.A. de C.V., había realizado la aplicación de los decretos presidenciales, al igual que la empresa Pemex Refinación y les habían devuelto a sus trabajadores las cantidades correspondientes por concepto de devolución de impuestos y no obstante que la Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones Unidad Zona Oriente rea-lizaba reuniones en el año del 2001 con el objeto de determinar la evaluación de los daños y costos ocasionados por la depresión tropical número 11 en las instalaciones de dicha Unidad, seguían con la no aplicación de los decretos presidenciales respecto a sus trabajadores por lo que mis poderantes solicitaban a diversas dependencias la constancia de ubicación entre las citadas instalaciones y así es como en fecha 26 de enero del año 2001, el C. Ingeniero Luis Ortigoza Pérez Jefe de la Unidad I.T. Zona Oriente, solicita al Gerente de Ingeniería de Telecomunicaciones que se le autorice tramitar la Administración Central de Grandes Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la aplicación que otorga el Decreto Presidencial, reconociendo que dicho procedimiento lo han utilizado diferentes dependencias de Petróleos Mexicanos y con buenos resultados. Y es así que en fecha 26 de noviembre del año 2001, los trabajadores de la Unidad Ingeniería de Telecomunicaciones Zona Oriente tuvieron conocimiento del oficio DO/03824,de fecha 07 de junio del año 2001, debidamente signado por el C. Ingeniero Jacobo Hazan Levy y dirigido al subdirector corporativo de Relaciones Laborales, mediante el cual le hace referencia entre otros oficios, el oficio número 330 SAT-IV-B-5492, relativo al expediente PME-380607 P35, de fecha 15 de mayo del año 2001, mediante el cual el administrador central jurídico de grandes contribuyentes, le comunica al C. Jefe de la Unidad de Ingeniería de Telecomunicaciones Zona Oriente de la Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones y Representante legal de Petróleos Mexicanos, que sus instalaciones ubicadas en Poza Rica, Tuxpan, Ver. y Catalina Puebla, se encuentran en las zonas geográficas afectadas de acuerdo con los decretos presidenciales y que podrá acogerse a los beneficios y facilidades administrativas que otorga el decreto presidencial y sin que a la fecha haya dado respuesta alguna al escrito de fecha 26 de noviembre del año 2001, para determinar si realizaba o no la devolución de impuestos que hace referencia el decreto presidencial de fecha 22 de diciembre del año de 1999. Motivo por el cual todas y cada una de las personas que aparecen en el proemio de la presente demanda, se ven en la necesidad de reclamar el pago y cumplimiento de las prestaciones que han sido detalladas en el capítulo respectivo del cuerpo de la presente demanda.
DERECHOFundan la presente demanda el artículo 123 del Apartado ``A'' de la Constitución Federal de la República Mexicana así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17, 33, 34, 39 especialmente y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo.
Por cuanto al procedimiento se rige con lo dispuesto en el Capítulo catorce fracción XVII del mismo ordenamiento legal invocado, son aplicables los numerales 689, 692, 693, 696, 698, 700, 733,739 y demás relativos aplicables al caso del ordenamiento laboral invocado.
Por lo antes expuesto y fundado, a usted C. Presidente atentamente solicito.
PRIMERO.- Tenerme por presentado en términos del presente escrito, en nombre y representación de todas y cada una de las personas que fueron mencionadas en el proemio de la presente demanda, interponiendo formal demanda en contra de la empresa denominada PETROLEOS MEXICANOS y/o PEMEX CORPORATIVO, en los domicilios señalados en el proemio de este ocurso; lugar en donde deberá ser notificado y emplazado a juicio en términos de ley.
SEGUNDO.- Con las copias que se acompañan a la demanda, correr traslado a la contraparte debiendo señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia respectiva y previos los trámites de ley dictar laudo a favor de mis representados.
TERCERO.- Tenerme como apoderado legal de todas y cada una de las personas que fueron mencionadas en el proemio de la presente demanda, de conformidad con las Cartas Poder que se anexan a este ocurso y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 692, 693 y 696 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, para representarlos durante la tramitación del juicio hasta su total terminación.
Protesto lo necesario.
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a 09 de julio del año 2002.--- Lic. Luis Juárez Andrade.»
«Administrador Central de Programación de la Administración de Grandes Contribuyentes.--- C. Valerio Trujano No. 15, Piso 5, Modulo 8, Col. Guerrero, C.P. 06300, México, DF.--- Presente.
Por ser asunto de su competencia, esta conferida en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria; le envió escrito libre sin fecha y presentado ante el archivo de esta administración a mi cargo el 07 de abril de 2003, por el contribuyente JUAN MANUEL NAVA VAZQUEZ, representante legal de los trabajadores, Departamento de Telecomunicaciones Corporativo PEMEX, por medio del cual solicita que la empresa PEMEX, les resuelva la devolución correspondiente o de respuesta la solicitud realizada por dicha unidad.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tuxpan de Rodríguez, Cano, Ver., a 14 de abril de 2003.--- La Administradora Local de Auditoría Fiscal de Tuxpan, C.P. Ema Alicia Gurerero Yudiche.»
«C.P. Ema Alicia Guerrero Yudiche, Administradora Local de Auditoría Fiscal de Tuxpan, Ver.
Asunto.- Recordatorio de la devolución de los impuestos a trabajadores, departamento de Telecomunicaciones Corporativo PEMEX, Poza Rica, Tuxpan Veracruz y Catalina Puebla, Zona Oriente de la Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones.
Solicitud.- Agradeceré se me informe el estado que guarda nuestra solicitud de la devolución de nuestros impuestos, ya que la Secretaría de Acuerdos del segundo tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito con residencia en la Cd. de Boca del Río, Veracruz.
Resuelve que por ser de índole fiscal la administración Local de Recaudación de Tuxpan, Ver., del servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe conocer y resolver el presente controvertido.
Antecedentes.- Hasta esta fecha únicamente he recibido de usted el oficio 324-SAT-30-V-F-03275, donde se me notifica que esta solicitud fue enviada al Administrador Central de Programación, de la administración de Grandes Contribuyentes, con domicilio en C. Valerio Trujano No. 15, piso 5, módulo 8, col. Guerrero, C.P. 06300, México, D.F.
Anexos.- (6)
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
Poza Rica, Ver., a 19 de agosto del 2003.--- Sr. Juan Manuel Nava Vázquez, representante legal de los trabajadores Poza Rica y Tuxpan, Ver., y Catalina, Pue.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
C.P. Manuel Benito Urbina Soberanis, Administrador Central de Programación de Grandes Contribuyentes.--- Presente.
En atención a la solicitud de los trabajadores del Departamento de Telecomunicaciones Corporativo Pemex, de los centros de trabajo Tuxpan, Poza Rica, Veracruz, y Catalina, Puebla, referente al documento no. 324-SAT-30-V-F-03275 de fecha 14 de abril del 2003 (anexo), generado por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tuxpan, Veracruz.
La Administración General de Grandes Contribuyentes mediante oficio no. 330-SAT-IV-B-5492 de fecha 15 de mayo del 2001, resolvió favorablemente a los trabajadores para la aplicación del decreto del 22 de diciembre de 1999.
La Gerencia Fiscal de la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos mediante oficio no. GEFIS-05-997/02 de fecha 06 de agosto del 2002, solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinar el procedimiento de aplicación para el ordenamiento citado.
En virtud de que a la fecha, los trabajadores no han obtenido respuesta favorable alguna, le solicito de la manera más atenta y respetuosa, se informe del procedimiento a seguir a efecto de proceder con la devolución correspondiente.
Sin más por el momento y en espera de hacerlo personalmente, le envío un afectuoso saludo.
Atentamente.
Palacio Legislativo, octubre 30 del 2003.--- Dip. Marcelo Herrera Herbert (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
C.P. Manuel Benito Urbina Soberanis, Administrador Central de Programación de Grandes Contribuyentes.--- Presente.
Muy estimado contador Urbina:
En alcance a mi oficio No. HCD/MHH/031/00, de fecha 30 de octubre (anexo, mediante el cual le solicito información referente a la devolución de impuestos a los trabajadores de Pemex de los centros de trabajo de Tuxpan, Poza Rica, Veracruz y de Catalina Puebla, que por decreto presidencial les fue condonado a consecuencia de las inundaciones del mes de octubre de 1999, he de manifestarle que a la fecha no he obtenido respuesta alguna.
Cabe hacer mención que es menester de quien suscribe, dar puntual atención a todos y cada uno de los problemas que la ciudadanía me exponga, motivo por el que me dirijo a usted de manera atenta a fin de solicitarle lo antes expuesto y por lo que me apego al Artículo 8° de nuestra Carta Magna que a la letra dice:
Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
Por lo antes expuesto Señor Administrador, le solicito muy atentamente se sirva dar curso a mi solicitud.
Sin más por el momento y en espera de hacerlo personalmente, le envío un afectuoso saludo.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre 13 del 2003.--- Dip. Marcelo Herrera Herbert.»
«Dirección Corporativa de Finanzas.--- Subdirección Corporativa de Finanzas.--- Subdirección Corp. de Sist. de Inf. Financiera.--- Gerencia Fiscal.--- GEFIS-03.
Decreto que condona el pago del ISR causado de septiembre a diciembre de 1999, por los ingresós obtenidos por salarios.
Lic. Francisco Koholmann Nava, subgerente fiscal, PG y PB.; C.P. Manuel Trujillo García, subgerente de operaciones fiscales, PR; C.P. Miguel Paredes Cuéllar, coordinador de contabilidad, PEP; C.P. Luis Alvarado, subgerente de contabilidad, Pemex Petroquímica; C.P. Octavio Solís Alvarado, subgerente Contaduría Central, Corpor.
En relación al Decreto por el que se condona y exime del pago de las contribuciones federales que se indican y se otorgan facilidades administrativas a los contribuyentes y a las personas morales no contribuyentes de las zonas geográficas afectadas por las lluvias ocurridas en los meses de septiembre y octubre de 1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1999.
El ARTICULO CUARTO señala que, la condición del pago del Impuesto Sobre la Renta causado en los meses de septiembre a diciembre de 1999, por los ingresos que obtengan los contribuyentes por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, pagados por personas que tengan su domicilio fiscal, agencias, sucursales o cualquier otro establecimiento, en las zonas geográficas definidas como afectadas y siempre que el servicio por el que se paguen los ingresos se preste en dicha zona.
Lo anterior significa que, por ejemplo, al PEMEX REFINACION tiene ubicada una agencia de ventas en la Cd. de Frontera, situada en el Municipio de Contla en Tabasco, esta no califica como zona afectada, no obstante que dicha agencia cuente con trabajadores que vivan en la Colonia Hidalgo Chilapa, Municipio de Contla, que le corresponde a las localidades enunciadas en el Decreto. Estos trabajadores no tendrán derecho a la condonación del Impuesto, por lo que se deberá precisar la ubicación de los Centros de Trabajo que se encuentran afectos a este decreto.
No omito señalar que el monto del impuesto condonado de septiembre-diciembre de 1999, que se refleja en la constancia de retención, se deberá efectuar la devolución a los trabajadores que presten su servicio en los centros de trabajo mencionados.
Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración adicional.
Atentamente.
México, DF, a 8 de abril de 2000.--- C.P. María Magadalena Robles Barcelata, subgerente de Planeación y Normatividad Fiscal.»
(Un oficio de dos hojas ilegibles.)
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Túrnese en su oportunidad al Comité de Información, Gestoría y Quejas.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y al Instituto Federal Electoral documentación pormenorizada en relación con la venta del Padrón Electoral a la empresa estadounidense Choise Point, presentada por el grupo parlamentario del PVEM.
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en la LIX legislatura del H. Congreso de La Unión, la siguiente propuesta con punto de acuerdo.
Presuntamente se tiene conocimiento de que el pasado 13 de abril la empresa Choice Point declaró haber adquirido bases de datos personales de los ciudadanos mexicanos en instancias del Instituto Federal Electoral.
La empresa Choice Point, radicada en la ciudad norteamericana de Georgia, tiene como principal negocio la recopilación de información personal para luego venderla con fines de marketing. Sin embargo, el negocio se amplió para abarcar también la asistencia a los servicios de inteligencia. Desde hace 18 meses y bajo un contrato de más de un millón de dólares con el gobierno norteamericano, la empresa viene realizando una recopilación sistemática de datos personales en al menos 9 países latinoamericanos.
En abril del 2001 un artículo en el Wall Street Journal reportó que la empresa Choice Point suministraba información personal al menos a 35 oficinas del gobierno estadounidense. Más tarde, el mismo periódico afirmó que las empresas vendedoras de datos personales ``se especializan en lo que la ley no permite hacer por sí mismo al gobierno -recopilación, ordenamiento y agrupación de información de individuos de fuente en fuente.''
Desde el año 2000 diferentes ONG en los Estados Unidos, principalmente el Centro de Información Privada Electrónica (EPIC, por sus siglas en inglés), han hecho solicitudes de información pública a las entidades de gobierno que presuntamente mantienen contratos millonarios con la empresa Choice Point rastreando no solamente el uso de esas bases de datos adquiridas, sino también la endeble exactitud en los datos personales que algunas veces contienen éstas.
La comercialización de bases de datos personales conlleva el riesgo de ser utilizadas para fines de estudio de mercado, difusión de publicidad no deseada, incluso, pueden llevar a políticas discriminatorias de ciertas sociedades, entre otros daños personales a la vida privada de los individuos. Además, no existe ninguna garantía de que la información contenida en ellas sea exacta y verídica.
Asimismo, el 16 de abril del año en curso, en declaraciones oficiales sobre una investigación por la venta de los listados del padrón electoral, de licencias y teléfonos de unos 60 millones de mexicanos, la empresa Choice Point, que vendió esta información al gobierno estadounidense, reveló que hasta ese momento ningún funcionario del gobierno de México se había comunicado con sus dirigentes para iniciar esta indagatoria.
``No hemos sido contactados por ningún representante del gobierno'' mexicano, afirmó James Lee, jefe de mercadotecnia de Choice Point, en entrevista con La Jornada. ``Nuestra posición ha sido que obtuvimos los datos de una empresa mexicana, la cual certificó que los había obtenido legalmente. Si los funcionarios ahí (en México) tienen una opinión diferente, y necesitan más información de nosotros, estamos dispuestos a cooperar y ansiosos por ayudar a resolver este asunto'', agregó.
La empresa, con sede en Atlanta, ofrece información del padrón electoral, así como de licencias de conducir, números de teléfono y otros datos de aproximadamente 60 millones de ciudadanos mexicanos al gobierno federal estadounidense, principalmente al Departamento de Seguridad Interna, para verificar que alguien es ciudadano de otro país, explicó Lee. El contrato de Choice Point con el gobierno estadounidense para ofrecer estos datos de México ha estado en vigor desde 2001, indicó.
Estos datos, según una copia del contrato entre Choice Point y el gobierno de Washington, obtenida por La Jornada, incluye un ``listado nacional de todo ciudadano mexicano registrado para votar a partir de las elecciones nacionales de 2000'', el cual es ``actualizado anualmente''. Los datos del padrón electoral incluyen el nombre completo, domicilio legal, fecha y lugar de nacimiento, género y número de identificación federal.
Los datos de los registros de licencias de manejo son más limitados: ``El banco de datos contiene sólo licencias emitidas en la ciudad de México desde 1997''; explicó Choice Point que, en el caso de las licencias, los datos son ``actualizados mensualmente''.
Lee confirmó los detalles del contrato, el cual estipula que la empresa ofrece el nombre completo, número de licencia de conducir, fecha de nacimiento, género, ocupación y el número de teléfono de unos 6 millones de personas con licencias registradas en el Distrito Federal.
La compra de una parte significativa de la información del padrón electoral del país y de otras bases de datos, como licencias de conducir y registros de vehículos del Distrito Federal, por la empresa estadounidense Choice Point -entidad que la habría a su vez vendido al gobierno de Washington- constituye un acto a todas luces delictivo que atenta contra la soberanía nacional y la privacidad de los mexicanos y supone una grave injerencia -así sea indirecta- en los asuntos internos de México, que socava y adultera los esfuerzos de cooperación y entendimiento.
El pasado 15 de mayo del año en curso, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) envió a la Procuraduría capitalina un desglose de la averiguación sobre la presunta venta ilegal del registro de licencias de conducir a la empresa estadounidense Choice Point, por tratarse de un delito del orden común.
El 24 de noviembre del año en curso, la fiscalía de delitos electorales de la Procuraduría General de la República (PGR) solicito un arraigo por 30 días, por el delito de traición a la patria, a las personas implicadas en la venta de registros confidenciales de electores mexicanos a la empresa Choice Point, con sede en Atlanta, Georgia.
Tres personas fueron arraigadas el 24 de noviembre del año en curso, en la Ciudad de México; al parecer son empleados de una de las empresas que vendió en el 2001 la información del padrón a Choice Point; ante funcionarios de la PGR pidieron no ser identificados.
Es por esa razón, conforme al artículo 45, fracción 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se propone solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) que rinda un informe pormenorizado del caso de la empresa Choice Point a esta Soberanía.
Por otra parte, es indispensable que el Instituto Federal Electoral (IFE) y las autoridades judiciales competentes investiguen con profundidad esta situación, a fin de clarificar qué información fue efectivamente transferida a Choice Point, dilucidar si en la entrega de los datos en cuestión hubo participación, complicidad o tolerancia de funcionarios públicos, individuos vinculados a partidos políticos o empresas, y aplicar las sanciones correspondientes conforme a derecho a quienes resulten responsables.
Se desconoce también si la Cancillería ha presentado al menos un extrañamiento ante el gobierno de Estados Unidos, pues resulta inaceptable que los datos confidenciales de los mexicanos, que son entregados de buena fe por los ciudadanos del país, lleguen a manos de entidades oficiales extranjeras sin que éstas tengan siquiera la deferencia de entrar en contacto con sus contrapartes mexicanas para verificar la legalidad y la pertinencia de tal operación.
La actitud de Washington al contratar esos datos a la empresa Choice Point agravia a México, vulnera los acuerdos binacionales de cooperación, en cuyo marco, y hasta donde la ley y la soberanía nacional lo permitan, podrían en todo caso haberse suscrito convenios de intercambio de información de manera transparente, justa y equitativa sin incurrir en una práctica que bien podría ser considerada espionaje, encubierto tras un membrete comercial.
Por otra parte, es también preocupante la lentitud con que las autoridades del país han afrontado este suceso, si se tiene que tomar en cuenta la gravedad del caso y sus posibles repercusiones que afectan nuestra soberanía nacional.
Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México es fundamental respaldar proyectos que realmente tengan un beneficio para la sociedad y el país.
En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los al calce firmantes, diputados federales integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, nos permitimos presentar ante este honorable Pleno, la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoPrimero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República (PGR) que remita a esta soberanía documentación pormenorizada del estado que guarda la averiguación previa, iniciada con motivo de la presunta venta del padrón electoral del Instituto Federal Electoral, realizado por la empresa Choice Point.
Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicita al Instituto Federal Electoral (IFE) que remita a esta soberanía documentación pormenorizada sobre las medidas de seguridad y previsión tomadas para evitar que se repita la fuga y/o comercialización de la información contenida en el Registro Federal de Electores.
Solicitando sea turnada la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su análisis y dictamen.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 11 días del mes de diciembre de 2003.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación.La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a diversas secretarias de estado, a respetar y tratar con dignidad humana, y conforme a las normas nacionales e internacionales en la materia, a los paisanos que ingresan a territorio nacional, a cargo de la diputada Mayela María de Lourdes Quiróga Tamez, del grupo parlamentario del PRI.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos y cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, la diputada federal Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez presenta, con carácter de obvia y urgente resolución, a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.
En virtud de que los paisanos ingresan a territorio nacional son sujetos y blanco de un sinnúmero de atropellos, abusos, arbitrariedades y tratos inhumanos por parte de servidores públicos migratorios y aduaneros, se les y vulneran flagrante y gravemente tanto sus garantías individuales como sus derechos humanos fundamentales de los cuales gozan como cualquier otra persona en la República Mexicana.
Los paisanos, es decir, los emigrantes permanentes (nacidos en México y con domicilio en Estados Unidos), los emigrantes temporales de retorno (nacidos en México y que sólo se desplazan a Estados Unidos para trabajar unos meses) y los nativos estadounidenses de origen mexicano que viven en Estados Unidos (o población de origen mexicano), mismos que ingresan a nuestro país por tierra o aire en la frontera, o en los diversos puertos marítimos o en los diferentes aeropuertos del territorio nacional, merecen que al momento de ingreso nacional, se les oriente, asesore y explique acerca de los derechos y servicios de que gozan sin distinción de ninguna especie como lo plantea y determina el Programa Paisano implementado en 1989, fundamentalmente por parte del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación y el Colegio de la Frontera Norte.
Sin embargo, en la realidad no se ha ejecutado como debiera ser dicho Programa, toda vez que han prevalecido una serie de actos de molestia que afectan los bienes y las personas de los paisanos entre los que se encuentran cobros indebidos, maltrato verbal, extorsión, despojo de pertenencias o lentitud en los trámites, primordialmente.
Existe un importante flujo de paisanos a través de los aeropuertos nacionales y de las principales localidades fronterizas, sobre todo en los meses de diciembre de cada año, estimándose un total de 874,056 paisanos quienes ingresaron en Diciembre de 2002 por los aeropuertos nacionales y las principales localidades fronterizas. Esta trascendente cantidad de paisanos que entran en nuestro país, nos invita indubitablemente a reflexionar sobre dicha problemática y a solicitar de las autoridades administrativas competentes y coordinadoras en el Programa Paisano, que eviten la proliferación y generación de actos indignos, inhumanos e ilegales que en forma constante se cometen en contra de nuestros connacionales, vulnerando su esfera jurídica.
Por tanto, resulta importante y fundamental que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, brinden un mejor y digno trato y servicio a los paisanos y difunda de mejor manera, a través de los medios de comunicación masiva, el contenido, los derechos y los beneficios a que son acreedores en el Programa Paisano; que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Administración General de Aduanas, brinden un mejor y digno trato y servicio a los paisanos y bienes que traen consigo al momento de ingresar; que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de la Función Pública, vigile con mayor eficacia y eficiencia a los servidores públicos migratorios y aduaneros para que cumplan cabalmente con sus funciones y responsabilidades, a efecto de evitar estafas y extorsiones.
En tal tesitura y dentro de estos parámetros, las funciones encomendadas a la Administración Pública Federal en la ejecución y aplicación del Programa Paisano, se llevarán a cabo con eficiencia, eficacia, cortesía y profesionalismo, respetando y haciendo valer a la vez las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo la contenida en el artículo 11 de esta Carta Fundamental que dispone que ``Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes: El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país'', como también el de respetar los derechos fundamentales de los cuales gozan nuestros paisanos, con la finalidad primordial de brindarles seguridad en sus personas y en su patrimonio.
Por lo expuesto y fundado, me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea para que determine con carácter de obvia y urgente resolución el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Administración General de Aduanas, a la Secretaría de la Función Pública, a respetar y tratar con dignidad humana a todos y cada uno de los paisanos que ingresan a territorio nacional, de conformidad con las garantías individuales y los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Convención Internacional sobre protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, así como con los ordenamientos jurídicos de la nación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2003.--- Dip. Mayela María de Lourdes Quiróga Tamez, (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se de prioridad al gasto destinado a la Atención y Defensa de los Derechos de la Población mas Vulnerable, presentada por el grupo parlamentario del PAN.
Evangelina Pérez Zaragoza, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y las diputadas y los diputados que firman al calce, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, a fin de que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se dé prioridad al gasto destinado a la atención y defensa de los derechos de la población más vulnerable. En los últimos años, por lo que se refiere a la materia presupuestaria, la Cámara de Diputados pasó de ser mero instrumento formal para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación a convertirse en un actor real, ejerciendo con plenitud su facultad exclusiva de ``examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior'', como dicta la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Amigas y Amigos Legisladores:
Tomando en cuenta la enorme influencia del Presupuesto federal en el desempeño presente y futuro de la economía y en el bienestar social, los invito a que actuemos con la prudencia y responsabilidad a que conlleva esa obligación constitucional.
Considerando, además:
Primero. Que la pobreza, la marginación y la vulnerabilidad son fenómenos sociales cuyos efectos si bien afectan de forma negativa a la sociedad en su conjunto, se agravan en grupos especiales de la población, como los adultos mayores, las personas con discapacidad, las niñas y los niños, los indígenas y las mujeres pobres con niños a su cargo y responsables del sostenimiento familiar.
Segundo. Que la atención de esos grupos se posiciona como uno de los principales temas de la agenda de los gobiernos. En el caso de nuestro país, la acción pública ha empezado a centrarse en ellos. El Poder Legislativo, particularmente la Cámara de Diputados, ha tenido una sensibilidad y un interés especial, ya que cuenta con Comisiones ordinarias de Atención a Grupos Vulnerables, de Asuntos Indígenas, y de Equidad y Género.
Tercero. Que, por tener problemáticas y necesidades particulares, es indispensable emprender acciones diferenciadas y destinar presupuestos específicos para contrarrestar la problemática que esa población enfrenta.
Cuarto. Que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 11 de junio de 2003 la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual tuvo el consenso de todos los grupos parlamentarios y se dictaminó y aprobó por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Esa ley tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, en los términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.
Quinto. Que el artículo 3° de la ley citada establece, entre otras cosas, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal se incluirán las asignaciones correspondientes a fin de promover las medidas positivas y compensatorias en favor de la igualdad de oportunidades para que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y las libertades consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales.
Sexto. Que, con la entrada en vigor de esa ley, se crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, organismo descentralizado y sectorizado de la Secretaría de Gobernación encargado de dictar las resoluciones que se formulen en los términos de la ley, en los procedimientos de reclamación o queja, cuyo consejo no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia.
Séptimo. Que en la presente administración federal se han creado o reformado, entre otros, los siguientes organismos públicos: Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Comisión Nacional Forestal, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Octavo. Que, a partir de marzo de 2003, está vigente la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con objeto de reconocer y proteger la lengua de los pueblos y las comunidades indígenas y promover su uso y desarrollo. Con ella se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para impulsar el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas.
Por ello, con base en la fundamentación y los argumentos expuestos, presentamos para la consideración de este honorable Pleno el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. La H. Cámara de Diputados instruye a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que defina una propuesta de asignación de recursos para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, tomando en consideración la opinión, en su calidad de coordinadora de sector del organismo, de la Secretaría de Educación Pública.
Segundo. Que, en caso de una estimación de mayores ingresos presupuestarios respecto a la propuesta presentada por el Ejecutivo federal, esos excedentes se distribuyan prioritariamente en el gasto social, en especial en los programas y las políticas de atención y defensa de las personas más desprotegidas y vulnerables que incidan en su bienestar y desarrollo y en el ejercicio pleno de sus derechos.
Señor Presidente, por el tiempo limitado para la aprobación del Presupuesto y dado que el periodo ordinario de sesiones termina el 15 de diciembre, solicito que el artículo 1° sea considerado como de obvia y urgente resolución para que se le dé cumplimiento y se considere la aprobación de los restantes artículos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2003.--- Diputados: Evangelina Pérez Zaragoza, Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, Virginia Yleana Baeza Estrella, Magdalena Adriana González Furlong (rúbricas).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión Nacional del Agua a Revisar los Métodos de Medición del Agua para uso Agrícola, presentada por el grupo parlamentario del PVEM.
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LlX Legislatura del H. Congreso de la Unión integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ocurrirnos a solicitar que se turne a la Comisión de Recursos Hidráulicos la siguiente proposición con punto de acuerdo.
En una sociedad donde el uso del agua es eficiente, el recurso se utiliza en las actividades a las cuales la misma sociedad les asigna un valor mayor y se busca que dicho recurso se aproveche en forma sustentable.
El desarrollo de las naciones implica un proceso dinámico donde siempre nacerán nuevas actividades, otras desaparecerán y la mayor parte de las que subsisten evolucionarán continuamente. La utilización eficiente del agua requiere que los usos de la misma se transformen de forma compatible con la evolución de las actividades, de tal forma que el recurso se reasigne de manera sustentable a las actividades donde más se valora; y tanto el marco normativo como la gestión gubernamental de toda sociedad deben propiciar la mejor utilización del recurso.
Si bien la Ley de Aguas Nacionales, expedida en 1992, incorpora algunos elementos para propiciar el uso eficiente del agua, esta ley y las demás disposiciones jurídicas federales que norman la materia1 contienen vacíos jurídicos o establecen preceptos que promueven una gestión gubernamental inadecuada, así como el uso ineficiente del recurso. La aseveración anterior es evidente y desgraciadamente más costosa para la sociedad, con relación al uso agrícola.2
Lo anterior se agrava por la inexistencia de medición exacta en el sector agrícola, así como por la falta de un mercado de agua robusto; siendo este último problema fomentado por la dificultad de cambiar el uso agrícola del agua hacia usos socialmente más rentables.
La Ley de Aguas Nacionales establece que es de utilidad pública la instalación de los dispositivos necesarios para la medición de la cantidad y calidad de las aguas nacionales y señala el deber de los concesionarios o asignatarios de permitir la lectura y verificación del funcionamiento de los medidores. Asimismo, consigna la obligación de los concesionarios y asignatarios de tener los medidores o dispositivos de medición requeridos por las leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas aplicables en la materia, y otorga a la Comisión Nacional del Agua la capacidad de sancionar la ausencia y la alteración de dichos dispositivos. Por consiguiente, es responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua verificar el cumplimiento de dichas normas.
Aunque la Comisión Nacional del Agua reconoce la importancia de que se mida el agua que se consume, los avances presentados han sido limitados. Según la CNA, actualmente se lleva el registro periódico de las lecturas de los medidores instalados en 2,204 aprovechamientos de aguas nacionales, correspondientes en su totalidad a usuarios industriales, comerciales y de servicios, y se está realizando una campaña de promoción permanente para la instalación, operación y mantenimiento de medidores, haciendo énfasis en el sector agrícola.3
Tomando en cuenta la sobreexplotación de los acuíferos y en virtud de que no todos los usuarios agrícolas cuentan con dispositivos de medición exacta, la instalación de dispositivos de medición es importante, debido a que facilitará tanto la inspección de que las extracciones de agua no superen los volúmenes autorizados, como la verificación entre los mismos usuarios.
Por todo lo anterior, es que solicitamos al Pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turne a la Comisión de Recursos Hidráulicos la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico.- Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a revisar los métodos y procedimientos de medición del agua, adaptables a la infraestructura hidráulica existente en puntos de control sobre cauces naturales, canales principales, canales laterales y en tomas directas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 11 días del mes de diciembre de 2003.---Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la problemática que guardan los prestadores de servicios de las guarderías infantiles subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo del diputado Omar Bazan Flores, del grupo parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, basado en las siguientes
ConsideracionesEl pasado 6 de noviembre del año en curso, la senadora Martha Sofía Tamayo Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, presentó ante la honorable asamblea de ese alto cuerpo una proposición con punto de acuerdo relativa a la problemática de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta propuesta fue turnada para su estudio y dictamen a las comisiones de Salud y Seguridad Social, y de Equidad y Género de la honorable Cámara de Senadores y, posteriormente, con fecha 11 de noviembre de 2003 fue dictaminada y remitida para su aprobación a la asamblea general. El día 18 de Noviembre de 2003 fue aprobado en sus términos el dictamen referido en el aparto anterior que hacía suya la propuesta originalmente presentada por la senadora Martha Sofía Tamayo Morales.
Las consideraciones tomadas en cuenta tanto por la proposición con punto de acuerdo como por el dictamen referido parten de la aceptación de que los contratos que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha presentado a los prestadores de servicios de las guarderías subrogadas de dicho Instituto presentan términos y condiciones que impactan negativamente en su aspecto económico a los prestadores, hecho que repercute en un decremento de la calidad y seguridad de un servicio tan importante como es el cuidado de los hijos de los trabajadores mexicanos.
Por solidaridad y respeto a los argumentos de la señora senadora Martha Sofía Tamayo Morales y a los legisladores integrantes de las comisiones dictaminadoras, hago míos sus argumentos y me permito reproducir a continuación algunos de ellos.
``El desarrollo histórico del servicio de guarderías infantiles que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social a partir del año de 1973, como parte del régimen obligatorio de seguro previsto por el artículo 11, fracción V, de la Ley del Seguro Social, apoyado en los principios solidarios y redistributivos propios de la seguridad social, ha tenido el desarrollo siguiente:''
``Las diferentes actividades que se han llevado a cabo desde entonces por parte del Instituto para la prestación de este servicio, orientadas inicialmente a establecer instalaciones especiales por zonas convenientemente localizadas en relación con los centros de trabajo y de habitación, destinando los recursos provenientes de la cuota patronal correspondiente a la construcción de instalaciones propiedad de la institución, para su equipamiento y para la contratación directa de personal especializado de acuerdo con la normatividad, denominando a este esquema ``de guarderías ordinarias.''
``En el año de 1983 el Instituto creó un esquema más flexible para la prestación del servicio de guarderías, denominado guarderías participativas, operado por asociaciones civiles organizadas por las cámaras patronales, en instalaciones dadas en comodato por el Instituto, y posteriormente, en el año de 1995 se inicio la aplicación de un sistema denominado vecinal comunitario, por virtud del cual el Instituto presta sus servicios a través de microempresas sociales operadas por especialistas mediante contratos de subrogación de servicios, resultando que es este último esquema el que ha producido mejores resultados, tanto en el nivel de calidad del servicio, en la satisfacción de las madres usuarias, como en los costos de operación, existiendo una diferencia en costos por niño atendido hasta tres veces inferior respecto del esquema denominado ordinario.''
Ahora bien ``en la exposición de motivos del punto de acuerdo citado se elabora una puntual referencia al difícil panorama que enfrentan los prestadores del servicio de guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con motivo de los nuevos esquemas de contratos que se vieron obligados a firmar desde diciembre del año pasado, así como al inevitable y negativo impacto que esta problemática genera en la calidad y seguridad de un servicio tan sensible.''
``Se deja en claro, además, que a pesar de las continuas acciones que los prestadores del servicio, padres de familia y legisladores han impulsado con el objetivo de encontrar soluciones que permitan preservar la calidad en la prestación de tan importante servicio, dichas medidas no han logrado impedir que a la fecha se sigan presentando situaciones que ponen en riesgo la viabilidad del esquema de guarderías subrogadas.''
``El Punto de Acuerdo considera erróneas las estrategias y los criterios de disminuir la calidad de atención de los infantes y las cuotas que se cubren a los particulares que operan guarderías subrogadas; ya que tiende al desmantelamiento de la infraestructura de guarderías'' y, lo más grave, la disminución de la calidad de los servicios, afectando derechos adquiridos de padres, hijos y prestadores de servicios, con la supuesta finalidad de sustentar, con las economías que se logren con el cambio de esquemas, la expansión cuantitativa del servicio.
Punto de Acuerdo1.- Se exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Consejo Técnico de esta institución a la instalación a la brevedad posible de mesas de trabajo integradas por funcionarios del área de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social o los funcionarios que designe el director general; los prestadores de servicios; los representantes de la clase obrera, de los padres de familia, de la Secretaría de Educación Pública y de senadores y diputados de las comisiones correspondientes de ambas Cámaras. Mesas de trabajo en las que, buscando la protección de las niñas y los niños y la preservación de la calidad de los servicios, se analicen las propuestas de cambio en la normatividad de las guarderías y consecuentemente los términos y condiciones de los contratos de prestaciones de servicios que se deriven de las modificaciones que se establezcan.
2.- Que la Cámara de Diputados solicite, respetuosamente, al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor Santiago Levy, girar las instrucciones necesarias a fin de que se suspenda temporalmente las acciones encaminadas a la firma del nuevo contrato que regirá la relación entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los prestadores de servicio de guarderías subrogadas durante el año 2004.
3.- En tanto no se acuerde un convenio que satisfaga las necesidades e intereses de ambas partes, que a su vez se pueda reflejar en la seguridad y calidad del servicio de guarderías, se mantendrá el mismo esquema de contrato vigente al día de hoy.
México; D.F. a 15 de diciembre de 2003.--- Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica)»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita eliminar del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 la propuesta de Extinción del Instituto Mexicano del Transporte, presentada por el diputado Francisco Juan Avila Camberos, del grupo parlamentario del PAN.
AntecedentesI. El Ejecutivo federal, en cumplimiento de lo establecido en el párrafo segundo, fracción IV, del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitió la iniciativa con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 a la Cámara de Diputados, a efecto de que ésta lo examine, discuta y, en su caso, apruebe.
II. En la iniciativa mencionada, el Gobierno de la República ha planteado a esta soberanía la desincorporación de diversas entidades del sector público y la extinción de otras, a fin de liberar recursos para mejorar e incrementar la atención de los sectores del país más necesitados.
III. El Instituto Mexicano del Transporte (IMT) es una entidad del sector público y el Ejecutivo plantea su extinción, como se menciona en la fracción II del artículo tercero transitorio de la iniciativa citada.
Lo mencionado se considera inconveniente por las siguientes
ConsideracionesI. El IMT se creó mediante acuerdo presidencial el 15 de abril de 1987, para apoyar el desarrollo integral del sector transportes, generando acciones de investigación científica aplicada, desarrollo de tecnologías, capacitación, formulación de normas técnicas y prestación de servicios científicos y tecnológicos, entre otros.
II. Sus actividades se llevan a cabo en tres vertientes, fundamentales para el desarrollo del país: la investigación y el desarrollo de tecnologías de proceso y la evaluación de la oferta y la demanda de todos los medios de transporte (carretero, ferroviario, portuario y aéreo). Además, es pieza clave en la capacitación de los agentes económicos que participan en el sector.
III. En la operación del IMT destaca sin duda el estudio de acciones que evalúan la oferta y la demanda de transporte, lo que representa beneficios no sólo para el Gobierno Federal sino, también, para los estatales y los municipales, a los que proporciona asimismo servicios, pues en dicha institución se evalúan la extensión, calidad, vulnerabilidad, conectividad y capacidad de respuesta de toda la infraestructura de transporte público y privado a escala nacional.
IV. Esa actividad del IMT permite identificar los nichos de oportunidad para los inversionistas y definir la seguridad de operación y rentabilidad de las inversiones en los sectores público y privado, mediante los productos que ofrece, como mapas de infraestructura y estadísticas del sistema, indispensables no sólo para la planeación y el desarrollo del sector sino también de la economía del país.
V. El IMT atiende entre 80 y 85 por ciento de los requerimientos del mercado nacional, al que proporciona de manera única los servicios de valoración del estado de la infraestructura del sistema de transportes.
VI. La desaparición de la institución implicaría dejar al país sin una empresa pública y privada que estuviera en condiciones de llevar a cabo las tareas fundamentales que aquélla tiene a su cargo hasta hoy, con lo cual México perdería la única entidad del ramo que, junto con las tareas de investigación y desarrollo tecnológico, estudia los niveles de seguridad del sistema.
VII. El importe anual de la operación del IMT es del orden de 102 millones de pesos, cifra que -seguramente- resultaría más elevada si los tres niveles de gobierno y las empresas paraestatales tuvieran que contratar con particulares los servicios que el IMT les proporciona actualmente.
VIII. La extinción del IMT implicaría también la suspensión de gran cantidad de proyectos actualmente en proceso, vinculados con la sustentabilidad del sector transportes. Entre ellos destacan 10, de los cuales 1 será financiado con fondos internacionales en 2004.
IX. Países como Estados Unidos dedican cuantiosas inversiones a la investigación, las estadísticas y el desarrollo de tecnologías, que alcanzan 2.8 por ciento de su PIB: En México se destina sólo un monto equivalente a 0.3 por ciento del PIB lo cual, traducido a volúmenes de inversión, representa una situación claramente desventajosa para nuestro país, que apenas si invierte cerca de 1.07 por ciento del monto total que aplica en esos rubros el principal socio comercial que tenemos.
X. El IMT ahora ya no depende exclusivamente de los recursos fiscales que le proporciona el Gobierno Federal pues, según las cifras disponibles, los ingresos propios que hoy genera representan 12 por ciento de su presupuesto, con una clara tendencia a incrementarse con rapidez en los próximos años.
Así, mientras que en 1996 los recursos propios del IMT significaban sólo 2.5 por ciento de su presupuesto, en la actualidad rebasan 12 por ciento, lo cual muestra una clara tendencia a lograr en el mediano plazo mayor autosuficiencia financiera, situación que se reflejará en un programa adecuado que presentará el IMT ante esta honorable Cámara en un plazo no mayor de 90 días y que, desde luego, se compromete formalmente a cumplir.
Si a lo anterior se agrega un esfuerzo verdadero del IMT para tornar eficiente su organización, reducir costos y promover más en México y en el extranjero los servicios que proporciona, a fin de ampliar su clientela y allegarse con ello de más recursos para depender cada vez menos del Presupuesto federal, se concluye que por ningún motivo podemos darnos el lujo de perder tan importante centro de investigación.
Su situación es muy similar a la que presenta actualmente el Fideicomiso para la Formación y Capacitación del Personal de la Marina Mercante Nacional, mejor conocido como Fidena, que también debe adelgazarse, actualizarse y volverse eficiente pero no desaparecer, pues ello causaría un daño grave no sólo a la marina mercante sino al país entero.
Por lo expuesto, solicito a esta H. Asamblea tener por presentado el siguiente punto de acuerdo, bajo estos términos:
Artículo Unico. Se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público a tomar las medidas pertinentes que eviten la extinción del Instituto Mexicano del Transporte, considerada en la iniciativa con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004. Asimismo, se les pide que establezcan los mecanismos necesarios que faciliten e impulsen su fortalecimiento y autosuficiencia financiera, por así convenir a los intereses de la nación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2003.--- Diputados: José Rubén Figueroa Smutny, Jesús Angel Díaz Ortega, Francisco Juan Avila Camberos, Jaime del Conde Ugarte, Sofía Castro Ríos, José Orlando Pérez Moguel, Renato Sandoval Franco, Alfredo Fernández Moreno, Diego Palmero Andrade, Carla Rochín Nieto, Federico Döring Casar, Jesús Antonio Nader Nasrallah, Gelacio Montiel Fuentes (rúbricas).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.«Proposición con punto de acuerdo, sobre la discriminación de Seropositivos en las Fuerzas Armadas, presentada por el diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del PRD.
El VIH-sida representa un grave problema para nuestro país. Su crecimiento acelerado implica una gran carga para el sistema de salud. Por ejemplo, en 1983 se diagnosticó el primer caso, para fines de 1988 había 1837 casos; para 1996 esta cifra se elevó a 26, 651 casos acumulados. En el dos mil la cifra ascendía a 42,672 casos y las últimas cifras de la Ssa reportan 69,795 casos reportados de sida y se cree que existen alrededor de 150,000 individuos infectados que no lo saben.
Se estima que el número de mexicanos enfermos de sida crece a una tasa anual del 23%, es decir, para fines del 2004 habrá 16052 casos más reportados.
Prevenir y combatir la epidemia, requiere cuantiosos recursos económicos, situación que desconocen u omiten el titular del Ejecutivo y su secretario de Salud en la propuesta de Presupuesto de Egresos, situación que como legisladores estamos obligados a enmendar.
Si la situación de los infectados con VIH-sida es grave, lo es, más aún cuando, por esta condición, se les estigmatiza y violan sus derechos humanos. Tal parece que al interior de instituciones tan prestigiadas como lo son las que integran nuestras Fuerzas Armadas podrían estarse dando hechos de esta naturaleza.
Esta situación ha sido denunciada ante el GPPRD y la opinión pública por un grupo de 26 militares seropositivos y su representante legal. Señalan en principio que se les practica de manera obligatoria la prueba, por citar un ejemplo, durante los trámites dé promoción de grado.
Señalan que una vez detectados como seropositivos se les aísla y sin su consentimiento se informa a terceros, en general a mandos superiores y a familiares. Posteriormente son sometidos a un proceso durante el cual existen practicas discriminatorias y termina con la baja por inutilidad.
Esta situación se ha acrecentado a partir de la modificación al artículo 226 de la Ley del ISSSFAM, la cual entró en vigor en julio de este año, y que cataloga a la seropositividad para VIH-sida como causa de baja en las Fuerzas Armadas por inutilidad.
En la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución estamos convencidos que, sin importar raza, religión, opinión, ideología, orientación sexual, género, edad, estado civil, etcétera, las personas que viven con VIH-sida tienen los mismos derechos que aquellas y aquellos no afectados por el virus.
Además existe legislación nacional y tratados internacionales firmados por nuestro país que dan carácter de obligatoriedad jurídica y moral al combate contra cualquier forma de discriminación.
En una declaración de compromiso firmada por 167 países, entre ellos México, Onusida expone, en su estrategia de acciones y compromisos para el periodo del año 2003 al 2010, lo siguiente: ``se deben promulgar, fortalecer o hacer cumplir, según proceda, leyes, reglamentos, y otras medidas a fin de eliminar todas las formas de discriminación contra las personas que viven con VIH-sida y los miembros de grupos vulnerables, y asegurarles el pleno disfrute de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales; en particular, darles acceso a, entre otras cosas, educación, derecho de sucesión, empleo, atención de salud, servicios sociales y de salud, prevención, apoyo, tratamiento, información y protección jurídica, respetando al mismo tiempo su intimidad y la confidencialidad, y elaborar estrategias para combatir el estigma y la exclusión social asociadas a la pandemia''.
Como podemos observar, de acreditarse la discriminación de militares que son portadores del VIH, ello representaría una violación de derechos humanos inaceptable y contravendría compromisos y disposiciones nacionales e internacionales.
Hemos consultado a militares titulares de las dependencias involucradas en este tema, quienes ofrecen una versión distinta y contraria a lo que plantean los denunciantes. Por este motivo nos parece imprescindible dar curso a una solicitud de investigación para determinar si las denuncias son ciertas y, de serlo, dilucidar si se trata de conductas de individuos o, lo que seria más grave, de las instituciones.
Por lo anterior:El suscrito, diputado a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este órgano colegiado la siguiente
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
Uno.- Solicitar al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y al de la Secretaría de Marina que informen sobre la situación de los militares que han sido detectados VIH positivos y sobre el número de bajas dadas hasta la fecha por ese motivo.
Dos.- Solicitar a los mismos titulares que los militares con VIH-sida dados de baja antes de la reforma a la ley del ISSSFAM se les otorgue la protección de salud debida puesto que antes de la reforma tales bajas no estaban justificadas.
Tres.- Que atendiendo a los acuerdos internacionales firmados por México se pida los secretarios de Marina y de Defensa Nacional que ordenen que se suprima la obligatoriedad de las pruebas de VIH a que son sometidos los militares y que dicha detección se ajuste a las directrices nacionales e internacionales de voluntariedad y confidencialidad.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 15 de diciembre de 2003.--- Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Túrnese a las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Marina.«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, modifique las reglas de operación de Acerca, a cargo del diputado Esteban Valenzuela García, del grupo parlamentario del PRI.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la coordinación de Sinaloa del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por mi conducto, expone a la consideración de esta soberanía nacional la situación actual que atraviesa el campo sinaloense, concretamente los productores agrícolas, en la comercialización de sus cosechas, mediante el siguiente diagnóstico y proposición.
ConsideracionesAnte el rezago histórico del sector rural y la apertura comercial internacional de productos agropecuarios, las organizaciones de productores rurales y el gobierno mexicano lograron el Acuerdo Nacional para el Campo; con el objeto de reactivar al campo mexicano teniendo como vías de aplicación reformas estructurales de fondo y una visión estratégica nacional de largo plazo. El acuerdo reconoce al Estado mexicano como rector de la actividad paro promover, concertar e instrumentar políticas de fomento productivo, de desarrollo económico y social con aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, todo esto dentro de un contexto global, con sentido nacionalista y enfoque regional.
El reconocimiento del campo mexicano como prioridad nacional representa elementos determinantes en el presente y futuro de la nación, asegurando la soberanía y seguridad alimentaría, el desarrollo y viabilidad a largo plazo. Con ello se protegen los intereses nacionales tanto por razones económicas como de seguridad nacional, creando condiciones para una alimentación sana y suficiente paro la población.
Para dotar al campo de todos los instrumentos indispensables para su fortalecimiento y lograr un desarrollo justo y equitativo de la sociedad rural, se requiere seguir avanzando en materia legislativa, siendo necesaria la participación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Paro impulsar el desarrollo rural integral y elevar el nivel de vida en el campo es necesario un presupuesto gubernamental creciente en términos reales, suficiente y responsable, para ir reduciendo las asimetrías que enfrenta el sector rural. Los estragos que ha provocado la apertura a la competencia extranjera, que llega con todo tipo de apoyos tecnológicos, financieros y de infraestructura, y los deficientes estímulos nacionales para enfrentar algunas variables como el clima, la tierra y el riego, hacen necesario integrar al productor agrícola al mercado a través de los procesos de comercialización.
Bajo este contexto, es necesario realizar modificaciones al subprograma de apoyos directos al ingreso objetivo, cuyo fin es otorgar a los productores agrícolas certidumbre económica, mejorar su competitividad en el mercado y con ello una mayor rentabilidad económica, para impulsar la diversificación productiva, las cadenas agroalimentarias y el desarrollo regional para potencializar sus impactos y lograr que el productor cumpla con responsabilidades contraídas, el apoyo debe llegar al productor a través del comprador del cultivo, conjuntamente con el pago de cosecha, con ello se evitan graves problemas de generación de interés financieros, se optimiza tanto el inicio de nuevos cultivos como el tiempo de entrega de los apoyos, mismos que hoy representan graves problemas sociales y políticos.
Por lo tanto y considerando que en el punto numero 91 del Acuerdo Nacional para el Campo, contempla otorgar certidumbre en el ingreso al productor de granos y oleaginosas para su comercialización otorgando un ingreso objetivo, proponemos que para el estado de Sinaloa en la comercialización de los cultivos de trigo, maíz, arroz, cártamo, sorgo y soya, se considere el pago de estos productos agrícolas en una solo exhibición ya sea por medio de los industriales, las organizaciones de productores agrícolas o las comercializadoras, tomando como referencia que los ingresos objetivos por tonelada ya fueron fijados por la Sagarpa, en el estado de Sinaloa, para los cultivos a sembrarse en los ciclos 2003-2004, de las siembras ciclos otoño-invierno y primavera-verano, otorgando el ingreso objetivo de la siguiente manera: trigo a $1,800.00 por tonelada, maíz a $1,650.00 por tonelada, arroz a $2,100.00 por tonelada, cártamo a $3,300.00 por tonelada, sorgo a $1,270.00 por tonelada y soya a $3,000.00 por tonelada, recordando que estos ingresos objetivos por tonelada a los cultivos mencionados fueron dados a conocer a las organizaciones agrícolas, a los productores agrícolas y a la opinión publica por el delegado de la Sagarpa en Sinaloa, el señor Alfredo Fernández Gallegos, el pasado mes de Junio del presente año.
Propuesta:Por todo lo anterior expuesto, me permito poner a su consideración el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico.- se exhorte al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifiquen conjuntamente las reglas de operación de Aserca y autoricen las modificaciones mencionadas en el párrafo seis a que refieren las consideraciones respecto al subprograma de apoyo directo al ingreso objetivo.
Es cuanto, señor Presidente, gracias señoras y señores.
Atentamente.
México, DF, a 15 de diciembre de 2003.--- Dip. Esteban Valenzuela García (rúbrica.)»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.«Proposición con punto de acuerdo, para crear una Comisión Especial Encargada de dar Seguimiento Exhaustivo a las Investigaciones Sobre el Asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, presentada por el diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Pelaez, del grupo parlamentario del PAN.
Los que suscriben, diputados federales integrantes de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo, conforme a las siguientes
ConsideracionesComo es de todos conocido, el 24 de mayo de 1993, en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, así como los señores Pedro Pérez Hernández, Martín Alejandro Aceves Rivas, Juan Manuel Vega Rodríguez, Francisca Rodríguez Cabrera, Ramón Flores Flores y José Rosario Beltrán.
Ante ese magnicidio, el entonces procurador general de la República (PGR), Jorge Carpizo McGregor, se presentó a los medios para señalar que el cardenal Posadas Ocampo había perdido la vida a consecuencia del fuego cruzado entre las bandas de narcotraficantes de los Arellano Félix y Joaquín ``El Chapo'' Guzmán, hipótesis a cuyo respecto el doctor Mario Rivas Souza, médico forense del estado de Jalisco, con más de 40 años de experiencia profesional, hizo pública su inconformidad, advirtiendo que el cardenal había recibido 14 disparos a corta distancia y directísimos, que incluso tenía una huella de pólvora en el mentón, lo que sucede cuando se dispara a menos de un metro de distancia.
Ante esa inconformidad, en julio de 1993, el procurador Carpizo McGregor presentó un nuevo informe, en el que se establecía que el cardenal Posadas Ocampo y el señor Martín Aceves habían sido confundidos con el narcotraficante conocido como Joaquín ``El Chapo'' Guzmán.
Ante esos hechos y dada la incertidumbre reinante entre los ciudadanos respecto al móvil del asesinato del cardenal, la LIV Legislatura del Congreso de Jalisco creó una comisión especial encargada de dar seguimiento al caso del homicidio, integrada por cuatro diputados, la cual se dio a la tarea de solicitar en diversas ocasiones a la PGR información y aclaraciones, así como la práctica de diversas diligencias para conocer la verdad de los hechos.
Posteriormente, el 9 de julio de 1998, siendo titular de la PGR el licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, se da una acción importante en la investigación del caso Posadas: la integración de un grupo interinstitucional, formado con la participación de la PGR, el gobierno de Jalisco, representantes del Episcopado Mexicano y el cardenal Juan Sandoval Iñiguez.
Ese grupo se encargaría de la revisión conjunta de la conclusión sustentada por la PGR, en el sentido de que ``el homicidio del cardenal Posadas Ocampo es resultado de una confusión''.
Sin embargo, como resultado de los trabajos de dos años de dicho grupo, no fue posible llegar a una conclusión conjunta, pues algunos de sus integrantes sostenían la hipótesis del homicidio doloso del cardenal y otros se inclinaban por la hipótesis del homicidio derivado de la confusión entre las bandas de narcotraficantes.
Así, una vez finalizados los trabajos del grupo interinstitucional, el gobierno de Jalisco sostuvo que el homicidio de Posadas Ocampo fue un crimen doloso, con 14 disparos directísimos y a corta distancia, en una operación que implicó premeditación, alevosía y ventaja, señalando que en el aeropuerto alguien hizo coincidir las bandas de narcotraficantes de El Chapo Guzmán y los Arellano Félix, en tanto que un tercer grupo ejecutor dio muerte al cardenal, generándose después la confusión.
En tanto, la PGR determinó el 15 de noviembre de 2000 mandar a la reserva el expediente, ratificando la hipótesis de la confusión, en espera de nuevos elementos que permitieran dar continuidad a la investigación.
Ya en la administración del Presidente Vicente Fox Quesada, el 25 de mayo de 2001 el Congreso de Jalisco aprobó por unanimidad un acuerdo para solicitar al titular de la PGR, General Rafael Macedo de la Concha, sacar de la reserva el expediente del caso Posadas, para revisar las actuaciones a partir del análisis de diversa documentación que se decía contenía nuevos elementos de prueba y de las declaraciones de Enrique Harari Garduño y José Luis Thrión Muños, relacionados con el caso y recientemente detenidos por otros delitos.
Así, el 12 de junio de 2001 la PGR reabrió la investigación y ordenó que la información contenida en la indagatoria fuera actualizada y analizada nuevamente, lo que dio como resultado la detección de algunas irregularidades en la primera etapa de las investigaciones, como la sustracción o pérdida de la declaración del nuncio apostólico Girolamo Prigione y la ``depuración'' de 954 fojas del expediente, anomalía que dio por resultado el ejercicio de la acción penal contra cuatro personas, incluido un ex subprocurador, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Finalmente, el 23 de mayo del presente año, la PGR rindió un informe de avances del caso Posadas, en el cual se señaló que diversas líneas de investigación aún no estaban agotadas del todo, como la referente a la presunta presencia del entonces director de la Policía Judicial Federal en el lugar de los hechos, la existencia de un avión militar que escoltaba y sacó a El Chapo Guzmán de Guadalajara, las intervenciones de las líneas telefónicas del cardenal Posadas Ocampo desde la misma delegación de la PGR en Jalisco, la participación de la delegación Jalisco del Cisen en la investigación de los hechos y los viajes de elementos de la PGR a Guadalajara, incluido un subprocurador, para apoyar las investigaciones iniciales de la Procuraduría del estado antes que los hechos se llevaran a cabo. En esas líneas de investigación se continúa trabajando y recabando elementos de prueba.
Vemos con preocupación que han pasado ya 10 años de ese lamentable acontecimiento, el cual ha sido investigado por un número considerable de procuradores en turno y fiscalías especiales creadas al efecto, sin que el lamentable y muy grave crimen haya podido ser esclarecido aún.
El 26 de noviembre de 2003, los diputados coordinadores de los grupos parlamentarios en la LIX Legislatura recibieron la petición de la Conferencia del Episcopado Mexicano, suscrita por su Presidente, José Guadalupe Martín Rábago, obispo de León; y su secretario, Carlos Aguiar Retes, obispo de Texcoco, para crear una comisión especial de seguimiento del caso Posadas o, incluso, solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 97 constitucional, para revisar el proceso de la investigación.
Hoy día, el caso Posadas se presenta en el primer gobierno de alternancia, electo democráticamente, por lo que es necesario que las instituciones encargadas de procurar justicia deban corresponder a la dignidad trascendental de su misión, actuando con responsabilidad e independencia para llegar al fondo del asunto y dar a conocer públicamente el motivo real que dio lugar al asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más.
Así, ocurrimos ante esta tribuna retomando tan importante asunto, que conmocionó a los mexicanos y que hoy, tras una década, sigue indignando a la sociedad, a efecto de proponer la creación de una comisión especial en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados encargada de dar seguimiento exhaustivo a las investigaciones realizadas por las autoridades competentes en el caso del asesinato del cardenal Posadas Ocampo, la cual observará en todo momento el debido respeto a las facultades constitucionales conferidas a la institución del Ministerio Público, en cuanto a la investigación y persecución de los delitos.
Estamos convencidos de la necesidad de coordinar esfuerzos en los diversos ámbitos de competencia para llegar al fondo del asunto y así lograr su esclarecimiento total, pues la realización de la justicia constituye una responsabilidad primaria del Estado.
Por lo mismo, la honesta, objetiva y fecunda realización de la justicia es la mejor garantía que puede otorgarse a los derechos fundamentales de la persona humana y a la sociedad en general.
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso, se somete a consideración del Pleno, con carácter de urgente, el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se crea la Comisión Especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la LIX Legislatura, encargada de dar seguimiento, con el debido respeto a los ámbitos de competencia, a las investigaciones realizadas por las autoridades respectivas en el caso del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Segundo. El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación.
Tercero. Dicha Comisión Especial, para cumplir su objetivo, podrá allegarse -en el ámbito de su competencia- de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades responsables de la investigación del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Además, podrá realizar reuniones con integrantes de organizaciones de carácter social y demás personas cuya atención se encuentre centrada en el esclarecimiento de ese homicidio.
Cuarto. La Comisión Especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas. Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Quinto. La Comisión Especial estará integrada por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule al Pleno la Junta de Coordinación Política.
Sexto. La Comisión Especial materia del presente acuerdo funcionará por el término estrictamente necesario para cumplir su objeto o, en su defecto, se extinguirá al término de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Séptimo. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2003.--- Diputados: Fernando A. Guzmán Pérez Peláez, Ramón González González, Rocío Guzmán de Paz, Patricia Garduño Morales, Gustavo de Unanue Aguirre, Angel Pasta Muñuzuri, María Guadalupe García Velasco, Raúl Chavarría Salas, Manuel González Reyes, Angel Juan Alonso Díaz-Caneja, Francisco Antonio Rojas Toledo, Rodolfo Esquivel Landa, Alfredo Rodríguez Pacheco, Leticia Socorro Userralde Gordillo, Juan Bárcenas González, Sergio Alvarez Martínez, Felipe Díaz González, Salvador Márquez Lozornio, Yleana Baeza Estrella, Huberto Aldaz Hernández, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Mario Ernesto Dávila Aranda, Francisco Javier Lara Arano, Julio González Garza, Isidro Camarillo Zavala, Bernardo Loera Carrillo, José Isabel Trejo Reyes, José María de la Vega Lárraga, Alfonso Moreno Morán, Francisco Avila Camberos, Edmundo Valencia Monterrubio, Lorena Torres Ramos, Alfredo Fernández Moreno, Francisco López Mena, Pablo Villanueva Ramírez, José Erandi Bermúdez Méndez, Marko Antonio Cortés Mendoza, Adriana González Carrillo, Raúl Leonel Paredes Vega, José Julián Sacramento Garza, Jesús Nader Nasrallah, Evangelina Pérez Zaragoza, Blanca Gámez Gutiérrez, Maki Ortiz Domínguez, Armando Rangel Hernández, Gisela J. Lara Saldaña, Rafael Sánchez Pérez, Jorge Luis Hinojosa Moreno, Concepción Cruz García, José Luis Treviño Rodríguez, Norberto Corella Torres, Ernesto Herrera Tovar, Sebastián Calderón Centeno, Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Valdéz de Anda, María del Carmen Mendoza, Patricia Durán Reveles, Martha Leticia Rivera Cisneros, Renato Sandoval Franco, Edelmira Gutiérrez Ríos, Sheyla F. Aragón Cortés, José Francisco Landero Gutiérrez, Jaime del Conde Ugarte, Miguel Angel Rangel Avila, Irene Blanco Becerra, Guillermo Tamborrel Suárez, Norma Patricia Saucedo Moreno, Baruch A. Barrera Zurita, Jesús Vázquez González, Federico Döring Casar, Hidalgo Contreras Covarrubias, Rogelio Flores Mejía, Fernando Alvarez Monje, Margarita Saldaña Hernández, Rubén Alfredo Torres Zavala, Alvaro Elías Loredo, Sergio Vázquez García (rúbricas).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las secretarias de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales en torno a las acciones que deben emprender por los daños causados en la salud y en el ambiente por los rellenos sanitarios, a cargo de la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del PRD.
La suscrita diputada federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el apartado correspondiente a las garantías individuales, específicamente en su artículo 4°, el derecho de toda persona a la protección de la salud y de vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Somos un país de más de 100 millones de habitantes y la generación de desechos diarios asciende a miles de toneladas. Las estadísticas nacionales al respecto no están completas, como quedó manifestado en un seminario celebrado en agosto de 2001, donde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expresó que estaba creando condiciones para obtener la información correspondiente. En intervenciones posteriores en el Legislativo, dicha dependencia no ha mencionado cifras sobre el particular.
De acuerdo con investigaciones del sector privado, sólo en el Distrito Federal y municipios conurbados se producen 30 mil toneladas aproximadamente de desechos diarios, lo que representa más de 10 millones de toneladas al año.
En 1996, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y la Semarnat daban la cifra de 31.96 millones de toneladas, por lo que la cifra en la actualidad debe de ser alrededor de 50 por ciento más, dado el crecimiento de la población y el cambio de los hábitos de consumo.
De esos desechos, la gran mayoría no se procesa adecuadamente y va a parar a los rellenos sanitarios, autorizados o no, en condiciones inadecuadas, todos a cielo abierto. Esa situación se repite a lo largo del país. La cifra de esos sitios es de miles, se habla de 80 mil en la República, de los cuales 30 son sumamente contaminantes. Por mencionar un ejemplo, sólo en el valle de Toluca -se menciona- hay 500 tiraderos.
Existe un tipo desechos sumamente contaminantes y de imposible degradación natural, los residuos peligrosos, la mayor causa de contaminación del suelo, mantos freáticos, ríos, pozos de aguas, presas y atmósfera y, por tanto, de la producción de hortalizas contaminadas.
Durante la época de lluvia, los rellenos sanitarios están más activos, debido a que el agua que les cae fluye a través de los desechos, llegando al suelo firme, ya contaminada. Por tanto, contamina el suelo y el subsuelo, así como los ríos, mantos freáticos y lagunas adonde va a parar.
Las inciertas cifras disponibles y la poca información sobre la envergadura de los daños de la salud impiden evaluar con precisión los impactos. No obstante, puede asegurarse que el problema representa un grave problema de salud pública, ya que los médicos han señalado que esos desechos provocan enfermedades cutáneas y respiratorias, o tumoraciones y malformaciones en los recién nacidos. Hay quien afirma que se trata de un genocidio.
La salud de la población depende de infinidad de factores. Uno de ellos es el ambiente adecuado, de ahí la importancia del destino de los desechos industriales y municipales.
La LVIII Legislatura, consciente de la gravedad del problema de ambiente y de salud, referida a la disposición final de los residuos, aprobó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
El objeto de aquélla se establece en el artículo primero, el cual manifiesta que se debe ``garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable, a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos, y llevar a cabo su remediación...''
El cumplimiento de la mencionada ley, de acuerdo con su artículo 8, recae fundamentalmente en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de las entidades federativas del sector, incluidos los municipios, estableciendo también la intervención de otras dependencias, según las características de las materias objeto de la ley.
No obstante, por ser un tema que afecta la salud de la población, también a la Secretaría de Salud compete la atención de la población afectada.
México ha contraído compromisos en la región en torno del tema ecológico, tal es el caso del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Comisión Sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, como órganos que tienen la misión principal de impulsar políticas de gobernabilidad ambiental y promover el logro del desarrollo sostenible.
Por lo anteriormente expuesto y con base en las disposiciones invocadas en el proemio, presentamos el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a realizar los estudios pertinentes en torno de los daños a la salud causados por los rellenos sanitarios, además de emprender de inmediato las acciones correspondientes de atención a la población afectada por dicha contaminación.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a efectuar una intervención más efectiva para que se solucione la contaminación que producen los rellenos sanitarios.
Atentamente.
México, DF, a 15 de diciembre de 2003.--- Dip. Irma S. Figueroa Romero (rúbrica.)
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Túrnese a las comisiones unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.«Proposición con punto de acuerdo, para que se excluyan del artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de egresos de la Federación de 2004 el Colegio de Posgraduados, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural y la Comisión Nacional de Zonas Aridas, a cargo de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario de PRI.
No es desmantelando las instituciones públicas como se debe allegar de recursos al erario federal. No es desincorporando o privatizando los centros de enseñanza superior como se sale del estancamiento en que hoy nos encontramos. No es privando al Estado de su participación en la ciencia y el desarrollo tecnológico como podemos avanzar en la independencia y soberanía de la nación.
No podemos aspirar a contar con una verdadera autonomía alimentaria, tecnológica y educativa si se pretende cercenar instituciones fundamentales como éstas del agro mexicano, que han puesto su mejor esfuerzo para lograr no sólo la excelencia académica sino también contribuir significativamente en el aumento de la cantidad y calidad de los productos agrícolas que son básicos en la alimentación del pueblo mexicano.
Como mexicanos y como legisladores, mucho nos indignó esa propuesta del Ejecutivo federal, que atenta contra las instituciones. La visión de una política de Estado en materia de investigación científica y tecnológica agropecuaria pretende desmantelar en lugar de fortalecer para debilitar aún más el desarrollo agrícola del país.
Esas instituciones, compañeras y compañeros diputados, contribuyen de la manera más importante para México en la formación de recursos humanos especializados y de alto nivel académico, en la generación de conocimiento científico y de tecnología propia y en la capacitación de técnicos y productores en los muy diversos sistemas de producción, que van desde la agricultura tradicional y de subsistencia hasta la agricultura empresarial.
Una aportación de gran relevancia para el país que ha hecho el Colegio de Posgraduados, la institución de educación de posgrado más antigua y prestigiosa de México y América Latina, es la formación de más de 4 mil 300 maestros y doctores en ciencias, quienes contribuyen a la superación de múltiples instituciones de enseñanza e investigación de los sectores agrícola, pecuario y forestal.
En adición, como producto de sus investigaciones, también ha generado importantes tecnologías útiles para el sector rural, y es la única institución que cuenta con un grupo de estudio de género específico para este sector.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias contribuye de manera muy significativa, a través de la continua generación de innovaciones tecnológicas y su transferencia a los productores, como son las más de mil variedades mejoradas de cultivos básicos, hortícolas e industriales.
Entre otras aportaciones de consideración están las técnicas para el control integrado de plagas y enfermedades de plantas, tanto en zonas rurales como en urbanas e incluso turísticas; la identificación y el aprovechamiento de especies forrajeras para el pastoreo; las técnicas de diagnóstico y producción de vacunas para controlar enfermedades de animales; técnicas para aumentar la producción de leche; y los sistemas de protección, conservación y recuperación de los bosques mexicanos.
Las técnicas modernas para el uso eficiente del agua en el sector rural que genera el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua han permitido ahorros importantes del líquido en diversas regiones del país, en especial donde más se carece de ella.
Su labor es especialmente importante si se toma en cuenta que el agua pronto será el recurso más valioso en el mundo. Además, participa de manera efectiva en el manejo del agua en las zonas urbanas.
La Comisión Nacional de Zonas Aridas también contribuye significativamente en el combate de la pobreza, mediante técnicas de conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales en las zonas áridas y semiáridas, que cubren 60 por ciento del territorio nacional. Entre esos recursos se encuentran plantas en riesgo de extinción y plantas de uso medicinal e industrial.
La capacitación de los técnicos dedicados a la asistencia de productores rurales, incluso la capacitación directa de los campesinos, es una labor fundamental para el mejoramiento de las familias rurales de México. La realiza el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural.
Estas instituciones aportan conocimiento científico y tecnológico para el campo como un bien público y, de esa manera, el Estado mexicano garantiza su disponibilidad para todos los productores, incluidos los sectores social y privado.
Por ello, con fundamento en los artículos 55, fracción II, y 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico. Que se excluyan del artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 las entidades públicas que a continuación se señalan: Colegio de Posgraduados, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Instituto Nacional para el Desarrollo de las Capacidades del Sector Rural y Comisión Nacional de Zonas Aridas.
Este punto de acuerdo señor Presidente y compañeros legisladores fue consensuado con las fracciones parlamentarias del PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia y promovido por los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del Sector Popular del PRI, Oscar González Yánez del PT, Jorge Kawhagi Macari del PVEM; Jesús Martínez Alvarez de Convergencia; Miguel Luna Hernández, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Salvador Martínez della Rocca, Presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos; Pascual Sigala Paéz; la de la voz Martha Palafox Gutiérrez y 200 diputados más, donde se suman los diferentes puntos de acuerdo que ya se han propuesto sobre estas entidades públicas, ante esta honorable Asamblea.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2003.--- Diputados: Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinaor del Grupo Parlamentario del PVEM; J. Miguel Luna Hernández, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; Víctor Suárez Carrera, del Grupo Parlamentario del PRD; Francisco Javier Obregón Espinoza, del Grupo Parlamentario del PRD; Pascual Sigala Páez, del Grupo Parlamentario del PRD; Inti Muñoz Santini, del Grupo Parlamentario del PRD; Francisco Alberto Jiménez Merino, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del estado de Puebla, PRI; Luis Antonio Ramírez Pineda, Grupo Parlamentario PRI; Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI; Rosario Herrera Ascencio, Francisco A. Espinosa Ramos, Luis Medina Lizalde, Rosalía Mazari Espín, M. Francisco Grijales Palacios, Gonzalo Alemán, Teofilo Manuel García Corpus, Armando Leyson Castro, Alfredo Villegas Arreola, Cruz López Aguilar, Rafael Galindo Jaime, Raúl Pompa Victoria, Luis Felipe Madrigal Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, Ady García López, Guillermo Martínez Nolasco, Blanca Estela Gómez Carmona, Carlos Mireles Morales, José García Ortiz, Alfonso Rodríguez Ochoa, Margarita Martínez López, Alfredo Gómez Sánchez, José Rangel Espinosa, Pablo Bedolla López, Francisco Alberto Jiménez Merino, José Porfirio Alarcón Hernández, Hugo Rodríguez Díaz, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Alejandro Saldaña Villaseñor, Alfonso Ramírez Cuéllar, Miguel Amezcua Alejo, Marco Antonio García Ayala, Sergio Arturo Posadas Lara, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Martín Remigio Vidaña Pérez, Mario Zepahua V., Gonzalo Guizar Valladares, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, Rosario Sáenz López, Jaime Fernández Saracho, Guillermo del Valle Reyes, Enrique Ariel Escalante Arceo, María Hilaria Domínguez Arvizu, Fermín Trujillo Fuentes, María Sara Rocha Medina, Benjamín Sagahon Medina, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, Laura Elena Martínez Rivera, Laura Elena Martínez Rivera, Ricardo Rodríguez Rocha, Jesús Morales Flores, Juan Manuel Vega Rayet, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Angel Augusto Buendía Tirado, Lázaro Arias Martínez, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Carlos Flores Rico, Salvador Sánchez Vázquez, Sofia Castro Ríos, Gema Isabel Martínez López, María Isabel Maya Pineda, Gonzalo Ruíz Cerón, Jesús Angel Díaz Ortega, Jacobo Sánchez López, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Emilio Badillo Ramírez, Oscar Bitar Haddad, Gonzalo Rodríguez Anaya, José Guzmán Santos, Eviel Pérez Magaña, Jorge Ortiz Alvarado, Eugenio Mier y Concha Campos, José Rubén Figueroa Smutny, Francisco Herrera León, Carlos Osvaldo Pano Becerra, Jorge Fernando Franco Vargas, Marco Antonio Gutiérrez Romero, Sami David David, Carlos Mireles Morales, Julián Nazar Morales, Belizario Iram Herrera Solís, Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, María Avila Serna, Raúl Piña Horta, Luis Antonio González Roldán, Alejandra Méndez Salorio, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Gonzalo Rodríguez Anaya, Moisés Jiménez Sánchez, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Hugo Rodríguez Díaz, Gonzalo Moreno Arévalo, Francisco Javier Guizar Macías, Carlos Flores Rico, Adrián Villagómez García, Juan Manuel Dávalos Padilla, Armando Leyson Castro, Graciela Larios Rivas, Marco Antonio García Ayala, Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Enrique Ariel Escalante Arceo, Sofia Castro Ríos, Paulo José Luis Tapia Palacios, Cristina Portillo Ayala, Emilio Zebadúa González, Rogelio Franco Castán, Margarito Fierros Tano, Irma Sinforina Figueroa Romero, Horacio Duarte Olivares, Santiago Cortés Sandoval, Héctor Miguel Bautista López, Gelacio Montiel Fuentes, Narciso Agúndez Montaño, Marbella Casanova Calam, Rosa María Avilés Nájera, Minerva Hernández Ramos, Bernardino Ramos Iturbide, Víctor Suárez Carrera, Angélica de la Peña Gómez, Agustín Rodríguez Fuentes, Francisco Javier Carrillo Soberón, Diana Rosalía Bernal Ladrón De Guevara, Alfonso Ramírez Cuéllar, Adrián Chávez Ruiz, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Susana Guillermina Manzanares Córdova, César Antonio Chávez Castillo, María de los Dolores Padierna Luna, Iván García Solís, Edgar Torres Baltazar, Javier Salinas Narváez, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, Javier Manzano Salazar, María Elba Garfias Maldonado, Juan Pérez Medina, Enrique Torres Cuadros, María Guadalupe Morales Rubio, Rosa María Avilés Nájera, María Marcela González Salas y Petricoli, María Marcela Lagarde y de los Ríos, Horacio Martínez Meza, José Luis Cabrera Padilla, Francisco Javier Carrillo Soberón, Santiago Cortés Sandoval, Tomás Cruz Martínez, Inelvo Moreno Alvarez, Javier Manzano Salazar, Emilio Zebadúa González, Rocío Sánchez Pérez, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Elpidio Tovar de la Cruz, Emilio Serrano Jiménez, Víctor Manuel Camacho Solís, Inti Muñoz Santini, Ana Lilia Guillén Quiroz, Óscar González Yáñez, María Guadalupe Morales Rubio, René Arce Islas, Francisco Chavarría Valdeolivar, Juan García Costilla, Israel Tentory García, Sergio Augusto Magaña Martínez, Abdallán Guzmán Cruz, Javier Manzano Salazar, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Gelacio Montiel Fuentes, Luis Maldonado Venegas, Jesús Emilio Martínez Alvarez, Juan Fernando Perdomo Bueno, Sonia Rincón Chanona, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Joel Padilla Peña, Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda, Alberto Urcino Mendéz Salorio, Francisco Javier Lara Arano, Javier Orozco Gómez, Jesús Porfirio González Schmal, Jesús Emilio Martínez Alvarez, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Isaías Soriano López, Marco Antonio Gutiérrez Romero, Rafael Galindo Jaime, Marcelo Herrera Herbert, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández.»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al representante de Sergio Estrada Cajigal, gobernador de Morelos, a deslindar responsabilidades en el caso de la brutal represión contra pobladores de Tlalnepantla, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, conforme a las siguientes
ConsideracionesLa Comunidad de Tlalnepantla, al norte de Morelos, a lo largo de noviembre manifestó su inconformidad con el presidente municipal electo, Elías Osorio Torres, debido a sus oscuros antecedentes.
Ante el descontento generalizado, el pueblo en su mayoría se dio a la tarea de nombrar a su presidente municipal por el método de usos y costumbres, desarrollando un proceso democrático que lo llevó a elegir a un legítimo representante de sus intereses.
Sin embargo, el gobierno de Morelos, con la incapacidad para el diálogo y la cerrazón que lo ha caracterizado durante su mandato, se negó a reconocer el procedimiento electoral por usos y costumbres. Como en otros casos, el gobernador Sergio Estrada Cajigal ha manifestado un desprecio total por el movimiento social, llegando incluso a criminalizarlo.
El miércoles 26 de noviembre, los pobladores de la comunidad de Tlalnepantla fueron víctimas de una brutal agresión por elementos de la policía estatal sin justificación para desalojar el bloqueo a la autopista federal.
Niños, mujeres, ancianos y pobladores fueron reprimidos con armas de fuego y gases lacrimógenos, al grado de resultar herido de bala Ignacio Méndez, así como muchos otros que resultaron con fracturas y lesiones graves.
Esta fue la respuesta ante la disposición negociadora de quienes fueron sujetos del acto violento, que procedían a retirase de la autopista en una expresión evidente de tolerancia y buena disposición.
Diversos medios de comunicación transmitieron las imágenes del hecho. Diversos periodistas relatan cómo el secretario de Gobierno, Eduardo Becerra, llamó por teléfono a las emisoras de televisión y les demandó que ``cortaran esas imágenes y que no las pusieran al aire''. Asimismo, impidió que la noticia se difundiera en el canal local.
La forma en que el secretario de Seguridad Pública mandó golpear al fotógrafo de La Jornada Morelos para quitarle sus fotos es una clara muestra de cómo en Morelos no existe libertad de expresión y que quien manda sobre los medios es quien gobierna con la razón de la fuerza.
Según se registró en los medios de comunicación, la represión fue derivada de una instrucción precisa de Sebastián Izunza Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública, haciendo con ello a un lado el proceso negociador que el Congreso y el Ejecutivo estatales tenían con la comunidad.
Esa noche fueron privados de la libertad 57 habitantes de Tlalnepantla, quienes al ser liberados mostraron claras señales de violencia en diferentes partes del cuerpo y, según sus declaraciones, fueron sometidos a presiones psicológicas en su cautiverio para reconsiderar sus demandas. Además, no quedaron constancias por escrito que los libere de cualquier otra nueva orden de privación de la libertad, por lo que existe preocupación de ser nuevamente aprehendidos.
La comunidad de Tlalnepantla está en contra de que Elías Osorio Torres asuma el gobierno de ese municipio. Ante los hechos evidentes de ingobernabilidad, las fracciones del PRD, del PAN, del PVEM y de Convergencia han sometido un punto de acuerdo al Congreso local para solicitar la desaparición de poderes en Tlalnepantla y la creación de un consejo municipal que convoque a elecciones extraordinarias dentro de un lapso de tres meses.
Cuando los diputados de la actual Legislatura local pertenecientes a la fracción parlamentaria del PRI acusan a Alvaro Urreta Fernández como ``gente ajena a la comunidad'' que ``está manipulando a la población y la han llevado a cometer delitos'', están cometiendo una difamación, ya que el mencionado es desde hace 31 años vecino del poblado, comunero desde hace 20 y productor desde hace 7, independientemente de que, como profesionista realice labores académicas y públicas.
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortar al Ejecutivo estatal, con pleno respeto de su soberanía, a deslindar responsabilidades ante los hechos violentos, con el consiguiente castigo a los responsables.
Segundo. Exhortar al Ejecutivo estatal a que envíe una iniciativa al Congreso local para la desaparición de poderes en Tlalnepantla, Morelos.
Tercero. Exhortar al Ejecutivo estatal a que castigue a quienes por cualquier medio ejerzan represión contra los pobladores inconformes de Tlalnepantla, Morelos.
México, DF, a 15 de diciembre de 2003.--- Dip. Lizbeth Rosas Montero (rúbrica.)»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.«Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incorpore, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004, disposiciones expresas que impidan que los programas sociales especialmente dirigidos a las mujeres sean afectados por adecuaciones presupuestarias, reducciones, diferimientos o cancelaciones por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a cargo de la diputada Diva Adamira Gastelum Bajo, del grupo parlamentario del PRI
Con fundamento en los artículo 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados y diputadas federales sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 los programas sociales sujetos a reglas de operación, dirigidos a las mujeres, no sean afectados por adecuaciones presupuestarias, reducciones, diferimientos o cancelaciones por el Ejecutivo federal, al tenor de las siguientes
ConsideracionesEn el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2004, como en años anteriores, el Ejecutivo federal propone cambiar la nomenclatura y orientación de los programas sociales sujetos a reglas de operación, contenidos en el anexo 15 del propio proyecto, en relación al anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003.
De tal manera, las reglas de operación de dichos programas vigentes para el ejercicio fiscal 2003 quedan desfasadas, pues no corresponden a la nueva nomenclatura ni a la reorientación propuestas. Así, se hace necesario elaborar y publicar nuevas reglas de operación o, cuando menos, modificar las existentes.
En virtud de que el Ejecutivo federal generalmente no cumple con la publicación de las reglas de operación o sus modificaciones dentro de los plazos establecidos para tal efecto en el Presupuesto de Egresos, el ejercicio de los recursos asignados y la ejecución de los programas se retrasan, generando incertidumbre a los beneficiarios; ineficacia en los programas y, en muchas ocasiones, subejercicio presupuestal.
Para los programas sociales dirigidos a impulsar la equidad de género, en beneficio de las mujeres, el Ejecutivo propone en general disminuciones en términos reales a las asignaciones presupuestarias correspondientes, en relación con los montos asignados para 2003; además, el proyecto no contempla varios de estos programas previstos en el Presupuesto 2003. La reducción en las asignaciones y la desaparición de programas repercuten negativamente en la necesaria instrumentación de una verdadera política de equidad y género y en perjuicio de las mexicanas.
Los programas sociales, principalmente los dirigidos a favorecer a las mujeres, previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2003, deben permanecer en el Presupuesto para 2004, con asignaciones de recursos que en términos reales sean equivalentes, cuando menos, a los recursos previstos para cada programa en el 2003.
En aras de la transparencia y del respeto al derecho a la información pública y con el propósito de dar mayor certeza a los beneficiarios de los programas sociales, es necesario etiquetar los recursos asignados a estos programas, cuantificando expresamente cada uno de ellos en el anexo 15 del Presupuesto proyectado.
Por otro lado, en favor de la equidad de género, es necesario también definir el monto de los recursos asignados que se otorguen en beneficio de las mujeres en cada programa social, cuando así proceda.
Dada la importancia prioritaria que tienen los programas sociales para la sociedad mexicana, en el Presupuesto para 2004, debemos establecer expresamente que los montos asignados a dichos programas no serán objeto de adecuaciones o ajustes presupuestarios, ni de reducciones, diferimientos o cancelaciones.
Por lo anterior expuesto y para los efectos de los artículos 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. El Pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que se incorporen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004 disposiciones expresas que impidan que los programas sociales, especialmente los dirigidos a las mujeres, contenidos en el anexo 15 del Proyecto de Presupuesto 2004, no sean afectados por adecuaciones presupuestarias, reducciones, diferimientos o cancelaciones por el Ejecutivo federal.
Segundo. Que en el propio Presupuesto se etiqueten los recursos asignados a dichos programas sociales, de manera expresa en el propio anexo 15, los cuales, no sean menores en términos reales a los asignados en 2003.
Tercero. Asimismo, disponer en el texto del articulado del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, o en uno de sus transitorios, que las reglas de operación deberán determinar expresamente la desagregación por género de los recursos asignados a cada programa.
Palacio Legislativo, a 9 de diciembre de 2003.--- Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica.)»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.«Proposición con punto de acuerdo, para que el Ejecutivo Federal aplique recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender y auxiliar a los productores damnificados por las sequías, a cargo del diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del PRD.
El que suscribe, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
AntecedentesUno de los recursos más importantes para el desarrollo de todas nuestras actividades es el agua y, al mismo tiempo, es un recurso limitado y para muchos mexicanos es muy difícil acceder al preciado líquido.
En nuestro país, alrededor de 78 por ciento del agua captada se usa en agricultura, 12 por ciento en usos municipales, 8 por ciento en la industria y 2 por ciento en ganadería. Como vemos, los productores agrícolas son los que consumen la mayor proporción del agua captada.
Quienes disponen de riego son productores afortunados, pero millones de mexicanos son productores de temporal, expuestos a las inclemencias climáticas y, en particular, a la falta de lluvias bien distribuidas. Por ello, cuando tienen cosechas, éstas son tan precarias, que no les permiten subsistir.
Sólo por mencionar un ejemplo comparativo, en los valles agrícolas, hablando de granos básicos, en el caso del maíz se logran rendimientos promedio de 12 toneladas por hectárea y en las zonas de temporal, cuando bien les va, apenas si obtienen una tonelada por hectárea.
Más aún: el efecto de las sequías y la consiguiente ausencia de ingresos en las familias pobres no son el único problema. También se genera en esas áreas el cultivo de enervantes y se propicia la emigración.
Los mexicanos sufrimos del fenómeno de la sequía en diferentes modalidades e intensidades. Los agricultores la resienten cuando sus cultivos no rinden porque las lluvias se presentaron mal distribuidas y sobre todo insuficientes; los ganaderos, cuando no tienen agua para abastecer a sus hatos; y los habitantes de las comunidades, cuando no tienen agua para el consumo doméstico.
El fenómeno de la sequía es mucho más complejo y difícil de predecir que las inundaciones y también más complicada la evaluación de sus impactos.
El Gobierno Federal, por no comprender los efectos y la gravedad de las sequías, ha tomado la decisión de no aplicar recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) para ayudar a los damnificados por las sequías.
Esa decisión por ningún motivo se puede justificar, pues es responsabilidad de los gobiernos en todos sus niveles auxiliar a los productores de esas regiones en tales circunstancias.
No es posible que el Gobierno Federal abandone a su suerte a los productores y que sólo los gobiernos de los estados en casos como Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí y Michoacán en este año auxiliaran a los productores agropecuarios, destinándoles recursos para que las tierras no se queden sin sembrar, en este caso en el próximo ciclo otoño-invierno.
En todo el país, cada año tenemos la presencia de sequías, las cuales las padecen más los productores con menos recursos y sobre todos los que viven del temporal. En Michoacán, este año los productores de la parte sur del estado, particularmente de los municipios de Huetamo, San Lucas, Carácuaro, Nocupétaro, Turicato, La Huacana, y Arteaga, no tuvieron precipitaciones suficientes en 443 mil 666 hectáreas, que representan 12.8 por ciento de la superficie agrícola de la entidad. En esos municipios se encuentran siniestrados los cultivos en 80 por ciento.
Por ello comparto con ustedes, señores legisladores, esta información y, al mismo tiempo, les propongo que solicitemos al Ejecutivo federal que los recursos del Fonden se incrementen y se apliquen para atender los efectos negativos de la falta de agua, tanto para la producción agrícola y pecuaria como para uso doméstico.
Además, habrá que generar complementariamente la reglamentación adecuada para que el programa que pudiera resultar de esta propuesta se aplique con la debida transparencia, a fin de que llegue efectiva, eficaz y oportunamente a los productores afectados por las sequías.
Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. El Pleno de la H. Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a que se apliquen recursos del Fonden para atender a los damnificados por las sequías y que dichos recursos fluyan con oportunidad a todas las comunidades del país afectadas.
Segundo. Asimismo, se pronuncia porque se realice un trabajo de colaboración entre las dependencias e instituciones de las entidades afectadas por las sequías para que, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuven a su pronta atención.
Palacio Legislativo, a 9 de diciembre de 2003.--- Dip. Israel Tentory García (rúbrica.)»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Túrnese a la Comisión de Gobernación.
«Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en su dictamen correpondiente al Presupuesto de Egresos de 2004, se manifieste en contra de la desaparición del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del PRI.
Los suscritos diputados federales, integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hacen del conocimiento del Pleno una proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
AntecedentesCon fecha 3 de noviembre de 2003 el Ejecutivo Federal remitió a la H. Cámara de Diputados El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, en el cual señala en el Segundo Transitorio, Fracción XIV, la intención de iniciar el proceso de desincorporación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
El IMTA a lo largo de su existencia ha producido importantes desarrollos científicos y tecnológicos orientados a contribuir a resolver la problemática hídrica del país. Fue creado por decreto Presidencial el 7 de agosto de 1986, actualmente es un organismo público descentralizado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, su misión está enfocada a realizar Investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua, contribuyendo así al desarrollo sustentable del país.
Dentro de los beneficios tecnológicos y económicos a destacar, que el IMTA ha impulsado, se encuentran:
El sistema de pronóstico de riego en tiempo real (Spriter) el cual lo desarrolló en colaboración con la Comisión Nacional del Agua y las Asociaciones de Usuarios de Riego para evaluar las necesidades hídricas de los cultivos, programar el riego en condiciones de escasez de agua y generar la estadística agrícola e hidrométrica de los distritos de riego. El Spriter se está aplicando en varios distritos de riego en una superficie de 300 mil hectáreas sembradas en su mayoría con maíz, trigo y frijol.
El beneficio obtenido por incremento de producción y por ahorro de agua se estima en 661.2 millones de pesos por año.
El ensalitramiento de los suelos y los niveles freáticos someros son las causas principales de la disminución en la productividad de las zonas de riego y en ocasiones del abandono de actividad agrícola. Se estima que en México existen 800,000 hectáreas afectadas por drenaje deficiente y salinidad en diferentes grados. El IMTA en colaboración con la CNA desarrolló una metodología para determinar la separación óptima entre los drenes parcelarios, dicha metodología permitió reducir los costos de instalación en un 50%. Durante los últimos cinco años se han realizado proyectos de drenaje agrícola en 35,000 hectáreas localizadas en el noroeste de México, con un costo promedio de rehabilitación de suelos de $8,000 pesos por hectárea. El costo de rehabilitación representa la vigésima parte del costo requerido para incorporar una nueva hectárea a la agricultura de riego. El beneficio anual por la aplicación de la metodología de diseño y por la incorporación del área a la producción es de alrededor de 305 millones de pesos.
En los distritos de riego las redes interparcelarias están formadas por canales laterales, sublaterales y regaderas en tierra, en los cuales se producen pérdidas de agua importantes, El IMTA desarrolló una tecnología de diseño de redes colectivas de baja presión, en la cual se aprovecha la energía potencial de las redes de canales para conducir y distribuir el agua hasta las parcelas. Con base en esta tecnología se han diseñado redes colectivas de baja presión en varios distritos de riego. El beneficio por el incremento en la producción de granos y por el ahorro de agua en 16,400 hectáreas donde se instalaron estos sistemas es de 38.8 millones de pesos por año.
Asimismo, ha desarrollado una metodología que atiende la recuperación de pérdidas de agua potable, que inicia con un diagnóstico, e involucra la sectorización, la eliminación y el control. El proceso de transferencia se ha llevado a cabo mediante aplicación directa, publicación de manuales y cursos de capacitación, el IMTA considera que si la metodología se aplicara en todo el país los beneficios económicos alcanzarían los 7,000 millones de pesos al año.
De igual modo, las investigaciones y desarrollos del IMTA han contribuido a controlar la hidrotransmisión del cólera. Sus estudios han permitido ofrecer recomendaciones a la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Salud, lo cual ha contribuido a la disminución de los casos de cólera reportados en el país. Se estima que, como resultado de la aplicación de estas recomendaciones, se podría contribuir a evitar 70 mil hospitalizaciones y 20 mil defunciones, además de ahorrar casi 3 mil millones de pesos cada año.
Por otra parte, el IMTA ha tenido importantes actividades relacionadas con la medición del agua, donde en la mayor parte de los distritos de riego, acuíferos e industrias de México existen serias deficiencias en la medición del agua, ocasionando con esto que no se cuente con un control efectivo sobre las reservas de agua del país, tanto superficiales como subterráneas, lo que ha originado una continua e insostenible sobreexplotación de las fuentes de abastecimiento, así como un ineficiente aprovechamiento y un inaceptable e injustificado desperdicio de este recurso. Por ejemplo:
Obras de toma de grandes presas
Distritos de riego
Medición en pozos
Supervisión en campo
Verificación e inspección
Redes de agua potable
Mantenimiento y caracterización de molinetes
Descargas urbanas e industriales
Balance hidrológico en cuencas y prevención de avenidas
Certificación de medidores
Los resultados anteriores representan tan sólo un ejemplo de la gran multiplicidad de productos y desarrollos del IMTA. Los beneficios económicos para el país derivados de ellos superan los 10,000 millones de pesos al año, cantidad que es muy superior al presupuesto de recursos fiscales que anualmente recibe el Instituto, que para el año 2003 fue de 203 millones de pesos.
Los ingresos propios del IMTA se han incrementado notablemente desde 2001, año en el que se constituyó como organismo público descentralizado. En efecto, en este año, los recursos autogenerados sumaron 64.6 millones de pesos, en 2002 fueron 79.3 millones de pesos y se estima que en 2003 serán de 125 millones de pesos.
Así también, el IMTA tiene programado establecer un convenio de desempeño, con el modelo incluido en la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica en 2004, con la Semarnat, el Conacyt, la SHCP y la Secretaria de la Función Pública y obtener así el reconocimiento como Centro Público de Investigación. Lo que le permitirá al Instituto manejar de manera más eficiente los recursos propios y canalizar parte de ellos para hacer investigación y desarrollar tecnología orientada a la solución de problemas concretos y a la generación de productos tecnológicos que beneficien de manera tangible, tanto desde el punto de vista social como económico al sector.
Es necesario e importante resaltar que en apoyo al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se han sumado un gran número de sectores, desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que en días pasados presentó una propuesta de punto de acuerdo en este mismo sentido, hasta destacados centros de investigación científica, los gobiernos de los estados de Morelos y de Michoacán, senadores, el Conacyt, universidades, los principales gremios profesionales de asociaciones científicas y tecnológicas, organizaciones sociales y campesinas, la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento y la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, entre otros.
Por lo anteriormente expuesto y fundado; sometemos a esta H. Cámara de Diputados el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en su dictamen correspondiente, se manifieste en contra de la desincorporación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua que ha propuesto el Ejecutivo Federal en el Segundo Transitorio, Fracción IV del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los nueve días del mes de diciembre de 2003.--- Diputados: Jesús Vizcarra Calderón (rúbrica), Presidente; Luis Felipe Madrigal Hernández, Jesús Humberto Martínez de la Cruz (rúbrica), Juan Carlos Núñez Armas, Israel Tentory García, secretarios; Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez, Isidro Camarillo Zavala, Marco Antonio Gama Basarte, Alberto Urcino Méndez Gálvez, José Guadalupe Osuna Millán, José Orlando Pérez Moguel, Miguel Angel Rangel Avila, Alfredo Rodríguez y Pacheco, J. Miguel Luna Hernández, Francisco Mora Ciprés, Inelvo Moreno Alvarez, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, Elpidio Tovar de la Cruz, Fernando Ulises Adame de León, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Juan Manuel Dávalos Padilla, Roberto Antonio Marrufo Torres, José Rangel Espinosa, Gonzalo Rodríguez Anaya, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica), Abraham Velázquez Iribe, Jesús Zúñiga Romero, Cuauhtémoc Ochoa Fernández. »
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
«Proposición con punto de acuerdo, para que se incremente y etiquete el presupuesto que asegure el acceso de las mujeres índigenas a la educación, a cargo del diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del PRD.
El suscrito diputado federal, profesor Santiago Cortés Sandoval, del GPPRD, con base en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la propuesta con punto acuerdo para que se incremente y etiquete el presupuesto que asegure el acceso de las mujeres indígenas a la educación y que la Secretaría de Educación Pública lleve a cabo programas de sensibilización para el fomento y verificación de que se cumpla con la educación a ese sector de la población.
La educación, entendida como el proceso de escolarización al que todo mexicano tiene derecho constitucional de acceso, potencia las capacidades individuales a través de los conocimientos que se adquieren y, por tanto, amplía sus posibilidades de incorporarse al entorno social, cultural y económico. Saber leer y escribir constituyen habilidades básicas de la interacción entre individuo y sociedad.
Este postulado, lamentablemente continúa siendo una asignatura pendiente y una deuda histórica que el Estado tiene con la población indígena del país. Basten dos datos que confirman esa desventaja social efectiva para este grupo de mexicanos:
El 39% de la población indígena de 5 a 24 años de edad no asiste a la escuela. Y otro 25% no hablante de una lengua indígena de 15 años o más de edad, no sabe leer ni escribir.
El 40% de la población indígena de 15 años y más, no cuenta siquiera con la escuela primaria concluida, de ellos 18% no tiene instrucción y solamente 22% tiene algún grado de primaria. En tanto, casi dos de cada diez personas en hogares indígenas completaron la primaria y cuatro de cada diez han alcanzado algún grado de posprimaria.
La magnitud de este añejo desafío, adquiere una dimensión inaceptable tomando en cuenta que, de acuerdo con el Censo 2000, en México habitan más de 8 millones de indígenas (CONAPO y el recién disuelto Instituto Nacional Indigenista coinciden en que la población indígena asciende a 12 millones), que se distribuyen en los 32 estados del país, asentándose mayoritariamente en 24 entidades federativas. Esta población se integra en 62 pueblos indígenas que hablan más de 80 lenguas y variantes dialectales.
Sin embargo, en las mujeres indígenas el no acceso a la educación adquiere proporciones más drásticas. Las estadísticas oficiales, ciertamente frías e incluso conservadoras, son elocuentes:
De cada 100 mujeres, 42 no asiste a la escuela, mientras que la proporción en los hombres es de 37, de cada 100.
La mayor inasistencia femenina, se registra entre las hablantes de una lengua indígena, en alrededor del 50%.
Por edades, la inasistencia a la escuela es dramática en la población de 15 a 24 años de edad, en por lo menos 75% en las hablantes de una lengua indígena frente a 20% de quienes tiene entre cinco y 14 años de edad. Esto es indicativo de una menor disposición de servicios educativo en las comunidades.
De cada 100 mujeres no hablantes de una lengua indígena, 32 no saber leer ni escribir; en tanto que sólo 18% de los hombres presenta esta desventaja.
El analfabetismo es mayor entre las mujeres que hablan lengua indígena (43.3%), que entre quienes no la hablan (10%); mientras que el analfabetismo en los varones es 23.4% y 6.7%, respectivamente.
Además, las mujeres indígenas son quienes enfrentan, en mayor medida, situaciones de exclusión social -por ser mujer e indígena-, no sólo en la educación, sino también en las relaciones de familia y en el seno de las propias comunidades, aunque haya dirigentes indígenas que se resistan a reconocer este problema.
La exclusión social de las mujeres indígenas tiene profundas raíces históricas, que datan desde los procesos de conquista y colonización españolas al que han estado expuestos los Pueblos Indígenas, que fueron integrados a la fuerza a nuevas formas de organización social. Esto provocó que se despojara a las mujeres indígenas del prestigio y poder que tenían, como poseer conocimientos curativos y ``poderes'' espirituales, entre otras cosas.
Actualmente, también es un hecho que en la mayoría de las políticas públicas e incluso en los estudios etnográficos disponibles sobre Pueblos Indígenas, la mujer indígena sigue siendo la gran invisible y la gran ausente.
En ese sentido, garantizar el acceso a la educación a las mujeres indígenas es imperativo e impostergable, por ser un vehículo para el desarrollo equitativo e integral de los propios Pueblos Indígenas.
Sin embargo, la enseñanza hacia los indígenas debe darse bajo las premisas de una educación intercultural bilingüe.
Por lo anteriormente expuesto, propongo los siguientes:
Puntos de AcuerdoPrimero: Que esta H. honorable asamblea exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en su dictamen de Presupuesto de Egresos del año 2004, se incrementen y etiqueten recursos destinados para garantizar el acceso de las mujeres indígenas a la educación.
Segundo: Que esta honorable asamblea exhorte a la Secretaría de Educación Pública para que lleve a cabo programas especiales y campañas de sensibilización en las comunidades indígenas, a fin fomentar y verificar que las mujeres asistan a la escuela, desde preescolar hasta la enseñanza universitaria.
México, DF, a 15 de diciembre de 2003.--- Diputados: Santiago Cortés Sandoval, Horacio Duarte Olivares, Héctor Miguel Bautista López, Omar Ortega Alvarez, Tomás Cruz Martínez, Narciso Agúndez Montaño, Francisco Javier Saucedo Pérez, Eliana García Laguna, Abdallán Guzmán Cruz, María Guadalupe Morales Rubio, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, José Luis Naranjo Quintana, Irma Sinforina Figueroa Romero, Javier Manzano Salazar, Sergio Augusto Magaña Martínez, Francisco Mora Ciprés, Enrique Torres Cuadros, Marcelo Herrera Herbert, Ana Lilia Guillén Quiroz, Adrián Chávez Ruiz, Francisco Chavarría Valdeolivar, Juan García Costilla, Susana Guillermina Manzanares Córdova, María de los Dolores Padierna Luna, Emilio Serrano Jiménez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Pascual Sigala Páez, José Luis Medina Lizalde, Antonio Mejía Haro, Arturo Nahle García, César Antonio Chávez Castillo, María Marcela Lagarde y de los Ríos.»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Comunicaciones, y de Transportes que consideren la conveniencia de asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 mayores recursos al sector carretero a fin de garantizar su operación adecuada, a cargo del diputado Angel Aguirre Rivero, del grupo parlamentario del PRI.
El suscrito, Angel Aguirre Rivero, diputado federal en la Quincuagésima Novena Legislatura, en nombre de los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar proposición con punto de acuerdo, con el propósito de fortalecer el gasto de inversión pública en el sector carretero para el ejercicio fiscal 2004, con base en las siguientes
Consideraciones1. Nuestro país cuenta con una infraestructura de más de 340 mil kilómetros de carreteras y caminos, de los cuales 48 mil corresponden a carreteras federales, 66 mil a carreteras estatales alimentadoras, 162 mil a caminos rurales y 65 mil a brechas.
2. La propuesta de presupuesto para el sector comunicaciones y transportes, que presenta el Ejecutivo Federal para el ejercicio 2004, refleja una disminución en términos reales del orden de 50.8 por ciento, la mayor en todo el sector público federal.
3. El Fondo Carretero invertirá el próximo año poco más de 35 mil millones de pesos, lo celebramos, sin embargo se trata de tramos concesionados o autopistas que sólo pueden pagar quienes tienen una situación económica solvente y no se contribuye al sentido social que invariablemente se debe destacar en el Presupuesto de 2004.
4. La historia reciente del país muestra que el papel que ha desempeñado la inversión pública federal ha sido fundamental en el desarrollo del sector, al representar conjuntamente con los recursos que invierten las entidades federativas más del 97 por ciento de la inversión total realizada en la infraestructura carretera a nivel nacional. Adicionalmente las inversiones en el sector generan hasta 5 empleos indirectos por cada empleo directo.
5. El Gobierno Federal dice que la política de gasto está orientada a fortalecer el mercado interno, pero no hay una sola propuesta en materia presupuestal que dé soporte material a este discurso. Aumenta el gasto corriente y el de servicios personales, en tanto se pretende castigar a la inversión y la infraestructura. Resulta inconsistente que la Secretaría de Economía venga a decirnos que impulsará múltiples proyectos de carácter regional y no se prevea el financiamiento mínimo que se requiere para conectar los mercados respectivos mediante la infraestructura carretera.
6. No perdamos de vista que el 65% de los 340 mil kilómetros que integran la red carretera, pertenecen a caminos rurales, por lo que sugerimos se incrementen los recursos para los cientos de comunidades que quedan aisladas durante la época de lluvias, especialmente las indígenas, asimismo proponemos un tratamiento especial para la región sur-sureste, si aspiramos a un país de menos contrastes y desequilibrios regionales.
7. Debo recordarles que, tal como se documenta en el Tercer Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, una inversión de sólo 1,221.2 millones de pesos aplicados a través del Programa de Empleo Temporal (PET) permitió durante el año 2002 la generación de 20.4 millones de jornales, equivalentes a 231 mil 955 empleos temporales. La reducción de la inversión en el año 2003, a través de este Programa, ha significado la reducción de casi la mitad de lo obtenido el año anterior, al generar 125 mil 980 empleos temporales. No podemos permitir que esta situación se perpetúe como pretende el Ejecutivo federal.
8. La propuesta del Ejecutivo federal tampoco reconoce la importancia creciente del Sector Comunicaciones y Transportes en la generación del Producto Interno Bruto (PIB) nacional al que contribuye actualmente con 11.1 por ciento y aporta 17.8 por ciento del PIB del sector servicios. Cancelar la inversión implica renunciar a la posibilidad de sentar las bases para consolidar la recuperación de la economía mexicana en el mediano y largo plazos.
9. Frente a esta propuesta del Ejecutivo Federal, estamos convencidos que el nivel mínimo de la inversión requerida de manera adicional, a lo que pretende asignarse al sector, es del orden de los 7 mil millones de pesos que, por cierto, no es una cifra al azar, se trata de los requerimientos financieros para lograr dos objetivos básicos: por una parte, la construcción y modernización del sector carretero, que permitiría darle continuidad a las principales obras en proceso en las diferentes entidades federativas, para las que se requeriría por lo menos 5 mil 100 millones de pesos y, por otro lado, las acciones necesarias de conservación y mantenimiento de la red carretera federal, que exigen aproximadamente un mil 900 millones de pesos.
10. Es importante destacar que de aprobarse esta proposición, el monto total de los recursos de que se dispondría en materia de infraestructura carretera durante el 2004, sería en términos reales similar al presupuesto del 2003.
11. Finalmente deseo destacar que este Punto de Acuerdo ha recibido el beneplácito de los integrantes de las diversas Fracciones Parlamentarias, de la Comisión de Comunicaciones, porque más allá de nuestras diferencias partidarias están los intereses de la nación, hagamos realidad la frase inmortal del paladín de la Independencia don Vicente Guerrero cuando expresaba: ``La patria es primero''.
Con base en las consideraciones expuestas, los Diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario institucional sometemos a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se solicita que, para efectos del dictamen del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2004, las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Comunicaciones y de Transportes consideren la conveniencia de asignar 7 mil millones de pesos adicionales a los contemplados en la Iniciativa del ejecutivo Federal, para el sector carretero a fin de garantizar la operación adecuada del mismo e impulsar el crecimiento económico y el empleo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de diciembre del año dos mil tres.--- Dip. Angel Aguirre Rivero (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al resguardo y declaratoria de zona arqueológica del predio denominado ``Rancho Las Trancas'', en la delegación Azcapotzalco, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del PRD.
Los suscritos, diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
ConsideracionesAnte la urgente necesidad de recuperar y salvaguardar nuestras riquezas arqueológicas que constituyen una herencia cultural para México y el mundo.
Así como dentro del marco de desculturización en que viven nuestras ciudades, que se encuentran asentadas sobre antiguos vestigios.
Y siendo parte muy importante de éstos las tres grandes culturas que conformaron la triple alianza establecida por Texcoco-Tenochtitlán-Azcapotzalco, esta última de la cual tenemos pocos asentamientos estudiados y rescatados a pesar de su valiosa aportación e importancia.
Ya dentro del actual Azcapotzalco, delegación política del Distrito Federal habitada por más de 455 mil personas, encontramos entre éstos, los antiguos barrios de Amantla y Auhizotla, presencia de los más antiguos asentamientos en el Valle de México y a pesar de esto, Azcapotzalco no cuenta con un solo sitio arqueológico y menos con un museo adecuado que ponga a disposición de la población el acercamiento con nuestra cultura.
Es por lo anterior que, nuestro país siempre ha buscado recuperar su pasado para entender su presente y construir su futuro. De ahí que a lo largo del siglo XX se hayan constituido múltiples instituciones y normas que buscan regular la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos y que actualmente integran la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
En efecto, esa ley establece en su artículo 28 que son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos de la flora y de la fauna relacionados con esas culturas. Asimismo señala, en su artículo 30, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia la instancia encargada de realizar toda clase de trabajos materiales para descubrir o explorar monumentos arqueológicos y que en su artículo 5°, faculta al Presidente de la República o en su caso el Secretario de Educación Pública para que expidan la declaratoria correspondiente de zona de monumentos.
Esta función clave que realiza el INAH y la SEP, la referimos en esta alta tribuna de la Nación en virtud de que en la Delegación Azcapotzalco de esta Ciudad de México se encuentra en riesgo parte significativa de nuestro patrimonio cultural.
La amenaza a nuestro patrimonio se está dando en este momento en la zona de los antiguos pueblos de San Miguel Amantla, Santiago Ahuizotla y Santa Lucía, hoy parte del conglomerado urbano de la citada demarcación, que han sido objeto de estudio e investigación desde inicios del siglo XX por parte de connotadas arqueólogas y arqueólogos, entre los que destaca el ilustre Manuel Gamio.
Particularmente en San Miguel Amantla, en las calles de Santa Lucia No. 30 esquina con Calzada de la Naranja, se encuentra el predio denominado ``Rancho las Trancas'', donde de 1986 a 1989 la Subdirección de Salvamento Arqueológico del INAH realizó investigaciones, de las cuales se desprendió que existe un continum en la ocupación de la zona desde el año 800 antes de nuestra era, en la etapa denominada como preclásico superior, hasta el año 1100 aproximadamente, correspondiente al postclásico tardío.
La cantidad y calidad de los vestigios encontrados han permitido al INAH caracterizar a estas ocupaciones como un lugar importante durante el periodo clásico en la cuenca de México, según se desprende de las conclusiones de diversos dictámenes técnicos.
Precisamente en esa zona existen grupos de solicitantes de vivienda que han demandado desde hace unos meses la utilización de ese predio para construir vivienda de interés social. Ante esa petición, tanto el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México como la Delegación Azcapotzalco han solicitado opinión del INAH para determinar la viabilidad del proyecto, a lo que esta institución ha respondido negativamente reiterando los dictámenes emitidos en 1990 y 1993, donde recomienda la conservación del sitio como una de las mas importantes evidencias arqueológicas de la época en su tipo, dentro de la cuenca de México, y principalmente en una ciudad tan grande como la nuestra, lo que nos permite con su estudio entender nuestro pasado cultural, sus cambios y transformaciones.
El peligro en el que se encuentra el predio se ha agudizado de unos meses a la fecha, debido a la demanda de espacios para reubicar a los habitantes de edificios dañados del centro histórico de la Ciudad de México, muchos de los cuales han sido ubicados en campamentos provisionales en otras delegaciones, de hecho el propio GDF ya había levantado campamentos provisionales en el predio para alojar a los damnificados, aunque sensible a la protección de nuestro patrimonio arqueológico ha decidido suspender su ocupación.
Ante esas presiones para darle un uso diferente al predio al dispuesto por el INAH, y en previsión de posibles conflictos entre los solicitantes de vivienda y los vecinos del predio y el gobierno local, es que hoy sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Punto de AcuerdoPrimero.- Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a que, con base en las atribuciones que le confiere la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, realice las acciones necesarias para la protección y resguardo del predio denominado ``Rancho las Trancas'', a fin de garantizar su preservación como parte del patrimonio cultural de nuestra nación.
Segundo.- Que con fundamento en los artículos 5°, 21 y 23 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se exhorte al Presidente de la República o en su caso, al Secretario de Educación Pública para que expidan la declaratoria correspondiente e inscriban la zona referida en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos.
Tercero.- Se solicita a las Comisiones de Cultura y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Honorable Cámara de Diputados, para que lleven a cabo el análisis que les permita otorgar dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2004, destinar los recursos necesarios para que el INAH lleve a cabo las acciones necesarias para el pleno estudio y rescate de la zona en comento.
Palacio Legislativo, a 9 de diciembre de 2003.--- Diputados: Francisco Javier Carrillo Soberón, Pablo Franco Hernández, María Elba Garfias Maldonado, Marbella Casanova Calam (rúbricas).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Túrnese a la Comisión de Cultura.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Aeropuertos y Servicios Auxiliares mejora y claridad sobre los programas de seguridad en centrales aéreas, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del PRI.
El que suscribe, Francisco Javier Bravo Carbajal, diputado por el 05 distrito de Puerto Vallarta, Jalisco, con vocación económica de fomento turístico, con diversos atractivos turísticos, que atraen por diversas vías de comunicación tanto turismo nacional como internacional y que, a su vez, por asuntos de turismo, de negocios, etcétera, existe una población importante que se traslada de Puerto Vallarta a la Ciudad de México por vía aérea.
Al respecto, he recibido varias inquietudes de mis representados en el sentido de que sean informados sobre el Programa de Seguridad en Aeropuertos, toda vez que dichas medidas fueron intensificadas por los hechos lamentables ocurridos en Estados Unidos de América el 11 de septiembre de 2001, y que todos coincidimos que son necesarios, pero para ello se requiere que sean claros y objetivos.
El caso es que no se da a conocer con claridad lo que es restringido y sobre qué acuerdos opera el programa referido, ya que continuamente hay disposiciones diversas respecto a criterios de las empresas privadas subrogadas que otorgan seguridad en aeropuertos, argumentando listas de artículos, de material o de ambos de acceso restringido a áreas estériles del aeropuerto, como salas de última espera o plataforma, o transportación en la cabina de pasajeros y que sustentan que dichas restricciones son enunciativas, no limitativas. Por ello, como según ellos no son limitativas, pueden cada día argumentar y adicionar una prohibición más, hoy es un cortaúñas, mañana un cargador de celular, etcétera, y con dichas disposiciones, no obstante que como pasajeros se pasa un arco de seguridad con rayos X, todavía unos dos minutos antes de abordar la aeronave en el módulo de revisión de boletos o aun ya formado para ingresar en el pasillo de ingreso del avión, a criterio de un empleado de seguridad privada pueden abrir la maleta de mano o bolsa, sacándolo de la formación que le indicaron, trastornándole el abordaje o haciéndole perder el vuelo.
Esto es para ingresar en un aeropuerto y otro tanto para subir a una aeronave.
El egreso es muy diferente, al indicarle la banda en que le será entregado su equipaje, constantemente se confunden las maletas de los pasajeros, tomando muchas de las veces, unas por otras. En esa salida, al contrario al ingreso no existe ninguna vigilancia, se puede escoger la maleta que mejor le plazca y salir con ella sin ningún problema, ya que el sistema de verificación de talones de registro es sumamente deficiente. Ante ello, es contrastante el ingreso y el egreso de pasajeros en tránsito aéreo, pero ambos son por demás tardados y molestos.
Sabedor de que los altos funcionarios de diversas dependencias no sufren dichas vejaciones, toda vez que ingresan por el salón oficial del área de relaciones públicas en las salas de espera, o en vuelos oficiales, pero los ciudadanos comunes, la gente productiva, no merecen ser revisados con un trato de características delictivas.
Por lo anteriormente expuesto y en beneficio del turismo que visita nuestro país y de los ciudadanos pasajeros por la vía aérea, y con ello tratando de elevar la calidad de servicio y seguridad para el usuario, me permito presentar la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al organismo público Aeropuertos y Servicios Auxiliares que se informe a la ciudadanía con claridad acerca de las prohibiciones y los métodos a seguir conforme al programa de seguridad en aeropuertos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2003. --- Dip. Francisco Javier Bravo Carbajal (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Túrnese a la Comisión de Transportes.«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a crear un Fondo de Protección del Sistema de Barrancas, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del PRD.
El que suscribe, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones1. Al poniente de la Ciudad de México se encuentra la Sierra de la Cruces, en continuidad con la Sierra del Ajusco; estos accidentes geográficos determinan un relieve de lomeríos y la conformación de una serie de barrancas, cuyos cauces descienden hacia la cuenca. Sobre estas estribaciones se asienta parte de la población de las delegaciones Magdalena Contreras, Alvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos. Entre las barrancas que corren de oeste a este y que se ubican en forma paralela de norte a sur, tenemos: la de Tacubaya, Becerra, Mixcoac, Tarango, Guadalupe y Texcalatlaco.
Estas barrancas son las zonas naturales hacia las cuales desembocan los escurrimientos pluviales y varios manantiales, constituyendo una importante área de recarga de los mantos acuíferos que abastecen a la ciudad. A su vez, forman un sistema de salvaguarda para los pobladores de la Ciudad de México, pues mantienen los mecanismos de control y manejo de escurrimientos pluviales y aguas fluviales hacia la cuenca.
Por ello es necesario privilegiar acciones tendientes a la conservación del sistema de barrancas pues éste asegura el futuro de la ciudad, al evitar futuras inundaciones.
2. Las barrancas del poniente del DF presentan una compleja problemática ambiental debido a la expansión de la mancha urbana, que durante la segunda mitad del siglo pasado llevó a los pobladores a buscar terrenos en el contorno de la ciudad, así proliferaron asentamientos a lo largo de las barrancas. Las viviendas y los terraplenes, en donde se construyeron las casas, invadieron los cauces naturales del agua, impidiendo su circulación y ocasionando grandes problemas hidráulicos que han provocado incluso pérdidas humanas.
Los asentamientos humanos han generado un aumento en las necesidades de drenaje, que en buena parte es canalizado hacia las barrancas. Además, la pavimentación ha ocasionado un fuerte y rápido incremento en las tasas de escurrimiento y una disminución en los volúmenes de infiltración y recarga de acuíferos. Al correr los escurrimientos sobre suelos desprovistos de vegetación y sobre superficies pavimentadas se concentran aguas con cargas elevadas de material sedimentable que azolva corrientes, vasos y líneas de drenaje.
En el mismo sentido, trabaja la producción de basura y la disposición de toda clase de desperdicios en coladeras y en los cauces. Al acumularse la basura se disminuye la capacidad de los conductos y de los vasos de las presas, provocando el desbordamiento de aguas sobre las calles.
Los asentamientos han modificado los taludes de las barrancas. Para ganar terreno se establecen terrazas y se conforman las pendientes en vertical, con material colocado sin tratamiento alguno. De esta manera quedan los taludes sujetos a fallas y a su posible desmoronamiento o desgajamiento con la lluvia.
La población que se encuentra sobre terrenos minados, en las orillas de las barrancas e inclusive, sobre los cauces de los ríos son considerados, en un elevado porcentaje, de alto riesgo, lo cual no sólo implica el peligro en que viven, sino también la vulnerabilidad a la que están sujetos.
Urge desarrollar acciones para la conservación ecológica del sistema de barrancas, las cuales deben promover mecanismos de participación social entre la población asentada en las barrancas, con especial atención hacia los jóvenes, incluyéndolos en la toma de decisiones y la vigilancia y procurando la generación de empleos.
3. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 27 que: Son propiedad de la nación, entre otros, las aguas de los ríos y sus afluentes directos o indirectos desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales... (párrafo 5º).
Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el artículo 5º señala que son facultades de la Federación: La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio nacional o en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación... (fracción III).
La Ley Ambiental del Distrito Federal en el artículo 87 manifiesta que se consideran áreas verdes, entre otras, las barrancas... (fracción VII). Y que Corresponde a las delegaciones la construcción, rehabilitación, administración, preservación, protección, restauración, fomento y vigilancia de las áreas verdes, establecidas en las fracciones I a V del párrafo anterior; y a la secretaría, el ejercicio de las acciones antes mencionadas, cuando se trate de las áreas previstas en las fracciones VI a la IX, siempre y cuando no estén ubicadas dentro de los límites administrativos de la zona urbana de los centros de población y poblados rurales de las delegaciones, localizados en suelo de conservación, mismas que se consideren competencia de las delegaciones, así como cuando se trate de los recursos forestales, evitando su erosión y deterioro ecológico, con el fin de mejorar el ambiente y la calidad de vida de toda persona en el Distrito Federal, de conformidad con los criterios, lineamientos y normatividad que para tal efecto expida la propia secretaría.
Asimismo, esta legislación les confiere el estatus de Áreas de Valor Ambiental, en función del artículo 90 bis que a la letra dice: Las barrancas perturbadas que presentan deterioros ambientales por el impacto urbano y los asentamientos humanos, y que requieren ser restauradas y preservadas.
Lo anterior hace patente que existe un complejo marco legal sobre las barrancas, que crea incertidumbre en cuanto a la definición de competencias y al régimen de propiedad; asimismo, impide su protección ecológica de acuerdo con la trascendencia que tiene este sistema para la supervivencia de la Ciudad de México.
4. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el artículo 15º establece que Para la formulación y conducción de la política ambiental... el Ejecutivo observará los siguientes principios: IV.... debe incentivarse a quien proteja el ambiente y a quien aproveche sustentablemente los recursos naturales; (...) IX. La coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública y entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad son indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas; X. El sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los individuos, sino también los grupos y organizaciones sociales. El propósito de la concertación de acciones ecológicas es reorientar la relación entre la sociedad y la naturaleza.
En consecuencia y a fin de sumar esfuerzos en la protección y conservación del sistema de barrancas del poniente del DF presentamos los siguientes
Puntos de acuerdoPrimero. Exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con el gobierno del Distrito Federal integre un Fondo para la Protección del Sistema de Barrancas del Poniente del Distrito Federal, que permita integrar una instancia de coordinación entre autoridades de los diversos niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, a objeto de impulsar un programa especial que promueva acciones concretas para su restauración y conservación.
Segundo. Aprobar, por parte de esta honorable representación en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 la partida presupuestal que se requiera para la consecución del punto anterior.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2003.--- Dip. Víctor Suárez Carrera (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita que la Comisión Federal de Electricidad atienda de manera expedita la demanda de los pobladores de los municipios de Apatzingán y Múgica, del estado de Michoacán, que han manifestado su inconformidad por el incremento sustancial de los cobros de energía eléctrica, a cargo del diputado Inelvo Moreno Alvarez, del grupo parlamentario del PRD.
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesEl pasado 2 de diciembre pobladores de los municipios de Apatzingán y Múgica se manifestaron en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad de Apatzingán y Múgica (Nueva Italia), para protestar por el incremento sustancial de las cobros domésticos de energía eléctrica, sin embargo sus peticiones no fueron atendidas bajo el argumento que la solución se encuentra fuera del alcance local.
En consecuencia, los usuarios del servicio tiene bloqueadas por tiempo indefinido las oficinas de la paraestatal, hasta que sean atendidas sus demandas en cuanto a la aplicación de la tarifa de verano de manera permanente y a la facturación bimestral del cobro por consumo de energía eléctrica.
De tal forma, que los inconformes han manifestado que es urgente que el gobierno federal y estatal atiendan este asunto que se está convirtiendo en un verdadero conflicto social, dado que afecta la economía familiar pues la falta de empleos e ingresos les impiden absorber los altos costos por el consumo de energía eléctrica.
Cabe señalar, que en lugar de promover mecanismos de solución al conflicto, funcionarios de la Comisión interpusieron una denuncia penal por el bloqueo de los inmuebles.
El efecto no se hizo esperar, en Apatzingán y Mújica se suman cada día otros sectores y grupos de ciudadanos que ven, según su propia apreciación justa la demanda e inconformidad en contra de las altas tarifas en el consumo de energía eléctrica.
Al ampliarse el descontento social, la población procedió a bloquear la carretera federal Apatzingán-Uruapan, acto que sugiere atender con prontitud el conflicto para evitar situaciones que, en su momento, puedan afectar la convivencia social en esta región del país.
En el estado de Michoacán se aplica de manera general la Tarifa 1 C de Servicio Doméstico con Temperatura Media Mínima en Verano de 30 grados centígrados, sin embargo en los municipios de Apatzingán y Mújica se registran Temperaturas superiores y se observa que los últimos registros de temperaturas medias mensuales datan de 1994.
En tal virtud y toda vez que es necesario detener el conflicto existente entre la población y la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad, me permito someter a la consideración de este H. Pleno los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero.- Que el Director de la Comisión Federal de Electricidad atienda de manera expedita las demandas de los pobladores de los municipios de Apatzingán y Mújica en el estado de Michoacán, revisando cada uno de los registros históricos de los usuarios del servicio doméstico de energía eléctrica, evitando el corte de luz y estableciendo condiciones justas de cobro.
Segundo.- Que la Comisión Federal de Electricidad actualice los registros de temperaturas medias mensuales y considere la procedencia de aplicar la Tarifa que corresponda a la Temperatura promedio real que se reporta en los municipios de Apatzingán, Mújica y otros circundantes de los mismos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2003.--- Dip. Inelvo Moreno Alvarez (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Energía.«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que esta Cámara de Diputados se pronuncie en Contra de la Aprobación del Artículo Segundo Transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2004, para impedir la desincorporacion o cualquier otra opción que modifique la Constitución actual del Colegio de Posgraduados de Chapingo, presentada por el diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del PRI.
El Ejecutivo federal ha hecho llegar a esta honorable Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, en el que llama la atención la desincorporación de 16 instituciones paraestatales, propuesta en el artículo segundo transitorio de dicho proyecto.
Como agrónomo comprometido con las causas justas de la gente del campo, voy hacer una mención especial del Colegio de Posgraduados de Chapingo, con base en la siguiente
Exposición de MotivosDesde su fundación en 1959, el Colegio de Posgraduados ha contribuido al desarrollo del país, a través del establecimiento de programas académicos para la formación de maestros y doctores en ciencias agropecuarias y forestales con reconocimiento nacional e internacional, contando para dicho desarrollo con campus en México, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Córdoba, Tabasco y Campeche; una planta de 626 docentes investigadores, de los cuales 292 son doctores, 243 maestros en ciencias (de ellos 114 están haciendo estudios doctorales) y 81 profesionales a nivel licenciatura. De los doctores, más del 80% se han formado en las Universidades más prestigiadas de países como Estados Unidos de América, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón y Canadá, entre otros, y cuya preparación ha costado a la sociedad mexicana fuertes sumas de recursos económicos y sacrificios sociales.
Su excelencia académica está sustentada en los 21 programas de maestría y doctorado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado del Conacyt, teniendo entre ellos al único posgrado en México con competencia a nivel internacional dentro del área agrícola. Como centro público de investigación ha recibido calificaciones de excelente en las evaluaciones trimestrales a las que está obligado con base en su convenio de desempeño. Del total de profesores del Colegio, 63% son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, por su alta productividad científica y académica. Varios profesores han recibido altos reconocimientos: dos recibieron el Premio Nacional de Ciencias, uno el premio internacional del IICA, entre otros. El Colegio, la institución educativa del sector agropecuario y forestal que cuenta con la mayor proporción de investigadores en el SNI, ha formado a 4,300 graduados, que contribuyeron al desarrollo económico y social a lo largo y ancho del país como investigadores, profesores, asesores, funcionarios públicos, empresarios y otros. También edita la revista científica Agrociencia, que a partir de 2003 fue admitida en el índice internacional más exigente, el Indice Científico Internacional (ISI, por sus siglas en inglés).
Actualmente el Colegio de Postgraduados tiene inscritos a 765 estudiantes en maestría y 250 de doctorado, en 21 programas de excelencia, lo cual significa un crecimiento en la matrícula de 66% en los últimos 10 años. Los estudiantes extranjeros representan alrededor del 10% de dicha matrícula. El Colegio contribuye con más de 200 graduados por año, con una eficiencia terminal de por lo menos 70%. Para lograr la graduación se exige un minucioso trabajo de investigación de tesis y un examen de grado muy riguroso, lo cual da como resultado la generación de conocimientos muy significativos, que han recibido reconocimiento nacional e internacional y han servido de base para investigaciones futuras y para el desarrollo tecnológico.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero.- Que este honorable pleno se pronuncie en contra de la aprobación del artículo segundo transitorio del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2004, impidiendo la aprobación de su fracción XVI, que pretende desincorporar o modificar la constitución actual al Colegio de Posgraduados de Chapingo
Segundo.- Se exhorta a la Comisión de Desarrollo Rural, a fin de que inicie el análisis de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para incorporar al Colegio de Posgraduados en su marco jurídico.
Dip. Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.«Propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 mayores recursos destinados al Programa Nacional De Vacunación, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del PRD.
Como diputada federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesI. El Programa Nacional de Vacunación se basa en un esquema coordinado de acciones, lo que ha permitido alcanzar coberturas elevadas y utilizar recursos humanos, técnicos y financieros. A través de la Cartilla Nacional de Vacunación y de las Semanas Nacionales de Salud ha sido posible llegar a todas las localidades del país y a la población que vive en los municipios con mayor riesgo de enfermedades prevenibles por vacunación, con lo cual se ha logrado una cobertura nacional superior a 90%.
II. Que se ha hecho manifiesta la preocupación con base en la reducción del presupuesto dedicado a este programa, por parte de la Confederación Nacional de Pediatría de México, organismo que agrupa a más de 31 colegios de pediatría de las entidades federativas del país, y a 10 asociaciones nacionales de subespecialistas en pediatría. Lo anterior con base en las consecuencias alarmantes en la cobertura y efectividad del programa de inmunizaciones para la niñez, a causa de la reducción presupuestal.
III. Que resulta preocupante que siendo prioritaria la prevención de la salud de la niñez y la adolescencia, ello no se traduzca en una asignación presupuestal suficiente para atenderla.
IV. Que en el proyecto de Presupuesto de 2004 se prevean únicamente 39 millones de pesos para la adquisición de vacunas, insuficiente si se considera que para el año 2003 se ejercerán para ese fin específico casi 350 millones de pesos.
V. Para estar en condiciones de mantener la cobertura nacional de vacunación e introducir nuevas vacunas para los niños, se requiere duplicar los recursos que se ejercerán en 2003.
VI. Que de aprobarse el presupuesto tal y como viene ocasionaría que nuevamente resurjan enfermedades que ya han sido controladas, además de que se cancelaría la posibilidad de afrontar con nuevas vacunas la prevalencia creciente de enfermedades como meningitis, neumonía, bacteriemia y otitis media, mimas que son producidas por el neumococo.
VII. La reactivación de enfermedades controladas y la no atención del esquema integral de vacunación no sólo produciría índices elevados de mortalidad y daños irremediables para la salud de la niñez, sino también un costo exponencial en el tratamiento y rehabilitación.
VIII. El gasto que se destine a la vacunación significa un ahorro sustancial de recursos, independientemente de salvaguardar el bien superior que significa el desarrollo saludable de nuestra niñez.
IX. Que está soberanía tiene el compromiso de velar por la salud de los mexicanos y mexicanas, y muy en especial su niñez, porque ellos son el futuro de México.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 mayores recursos destinados al Programa Nacional de Vacunación, a fin de prevenir con ello gran cantidad de enfermedades en niños y en adolescentes.
México, DF, a 15 de diciembre de 2003.--- Dip. Irma S. Figueroa Romero (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se consideren recursos suficientes para reabrir mas de 18 mil empleos y resolver la urgencia económica que enfrenta el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria de Transformación Metalmecánica, Similares y Conexos, a cargo del diputado Moisés Jiménez Sánchez, del grupo parlamentario del PRI.
El suscrito diputado federal, Moisés Jiménez Sánchez, en la LIX Legislatura y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a fin de que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 considere recursos suficientes para reabrir más de 18,000 empleos y resolver la grave emergencia económica regional que enfrenta el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria de Transformación Metalmecánica Similares y Conexos, con base en las siguientes
ConsideracionesQue la empresa National Casting fue una empresa licitada en 1996, en cuyo contrato se estableció como empresa sujeta a leyes mexicanas, llegando en ese año a ser la mejor y más productiva del grupo Abc Naco Incorporatión, sin embargo, de forma ilegal, a partir del año 2001 se dejó sin personalidad a sus directivos y representantes, sin recursos y sin patentes.
Que el argumento para su cierre fue la crisis norteamericana presentada en los años 1998 y 1999, precisamente cuando National Casting producía los componentes para la fabricación de 77 mil carros de ferrocarril en Estados Unidos, producción que se redujo a 12 mil carros hacia el año 2001, lo que orilló al consorcio transnacional a pedir la intervención de la Corte de Quiebras con el decreto de venta de todas sus subsidiarias en Europa y China con excepción de las de México y Canadá; ello ocasionó que se dejaran de pagar los salarios y prestaciones a los trabajadores, y que no se cubrieran los adeudos a los proveedores y acreedores mexicanos.
Que en los seis años de su operación, la empresa exportadora National Casting no pagó ningún impuesto a pesar de ser la productora del 43 por ciento del acero fundido en México, acción evasiva que de alguna forma estuvo vinculada al conocimiento del Gobierno Federal, al no sujetarla al régimen fiscal correspondiente, por que es un hecho que se sabía la forma como exportaba la empresa y las transferencias de utilidades de las sucursales a las matrices extranjeras, incluso por las lagunas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se le permitió el saqueo de herramentales y de materia prima hacia sus sedes en el exterior; esas acciones motivaron a la Comisión Permanente de la LVIII Legislatura a expedir una modificación al artículo 20 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para evitar la evidente injusticia fiscal, y a solicitar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía a participar en la investigación jurídico-fiscal de esa importante empresa, que daba empleo a 1,500 trabajadores de forma directa, que impulsaba casi 12 mil empleos indirectos y el manejo de insumos de 320 empresas proveedoras, con un impacto económico en los estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y México.
A pesar de que National Casting de México cerró por las razones expuestas, en la actualidad es una empresa viable económicamente, como lo avalan estudios serios del Tecnológico de Monterrey, existen pedidos sustentados en cartas de intención de empresas consolidadas como General Electric, de la Sociedad de Fundidores, y otras norteamericanas, aunado a la capacitación con que cuentan los trabajadores, me permito presentar a ustedes un punto de acuerdo sutentado en lo que dispone el artículo 25 constitucional que obliga al Estado a fomentar el desarrollo económico del país y el empleo, sin embargo, entiendo que más allá de razones jurídicas y técnicas, el principal sustento es la alta responsabilidad de ustedes, compañeros legisladores, su compromiso y vocación social, indispensable para saber que la generación de empleos es una demanda prioritaria de la sociedad, esa sociedad que conoció en su momento del apoyo que el legislativo brindó al fondo bancario de protección al ahorro y que ahora espera el mismo compromiso para las familias de los trabajadores sin empleo.
Cabe mencionar que la comisión permanente del honorable Congreso de la Unión emitió un punto de acuerdo en julio del presente año, para solicitarle al ciudadano presidente de la República que acordara con nacional financiera y con el Banco Nacional de Comercio Exterior la participación del Estado con capital de riesgo en la adquisición de los activos de la empresa, así como el exhorto al secretario de Hacienda y Crédito Publico para que informara a esta soberanía el régimen fiscal y el control a que están sujetas las empresas extranjeras.
Con base a lo expuesto y por su importancia, someto a la consideración de esta honorable soberanía los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero.- La solicitud respetuosa para que dentro del estudio y análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se contemplen recursos suficientes para que se ejecute el punto de acuerdo de la Comisión Permanente presentado en julio de este año con objeto de garantizar la reapertura de la fallida National Casting de México.
Segundo.- Solicitar repetuosamente a las Comisiones de Economía, y de Hacienda de esta H. Cámara de Diputados su coordinación para que den seguimiento a la ejecución del punto de acuerdo presentado por la Comisión Permanente en julio del presente año respecto a la fallida empresa National Casting de México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de diciembre de 2003.--- Dip. Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.«Proposición con punto de acuerdo, por el que se propone que los recursos excedentes que Pemex obtenga se destinen a la inversión productiva en actividades tales como refinación, petroquímica, extracción y aprovechamiento del gas natural, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del PRD.
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:
Las políticas energética en lo general y petrolera en particular de los últimos tres sexenios se han distinguido por impulsar una verdadera descapitalización de Pemex, con lo cual el gobierno viene propiciando condiciones para privatizar esta empresa estratégica.
La inversión pública en refinación y petroquímica se encuentra estancada y sólo se invierte en exploración y extracción, con ello México se ha convertido en país exportador de crudo e importador de petroquímicos y gasolinas, con lo cual las finanzas de Pemex se deterioran cada día más.
Por tales motivos, se requiere recuperar recursos para que Pemex invierta de manera directa y fortalezca su situación productiva, afianzando, con ello, su posición financiera y económica en el país.
Asimismo, se debe considerar que la situación política a nivel mundial y las proyecciones de diversas consultorías internacionales sugieren que el precio del barril de petróleo, por lo menos durante el primer semestre será igual o un poco menor que en la actualidad, sobre todo cuando han sido dados a conocer índices sorpresivamente altos de recuperación de la actividad económica estadounidense y en condiciones de inventarios petroleros históricamente bajos.
Además, no debe olvidarse que la OPEP ha recuperado su capacidad de incidencia en el mercado petrolero mundial, a partir de instaurar un mecanismo flexibilizado de cuotas cuya eficacia para mantener el precio del crudo en una banda de referencia en torno a los 28 dólares, ha sido probada en los últimos tres años.
Dentro de esta lógica tiene racionalidad estimar que para el año próximo los precios promedio de petróleo se sitúen en 30 dólares para el West Texas, 26 para el Brent y 24 para la mezcla mexicana. Por esta razón, el precio promedio del petróleo que propone el Gobierno Federal de 20 dólares por barril se aprecia inferior al esperado en los mercados internacionales. Esto le va a permitir aumentar sus ingresos anuales por concepto de impuestos que le paga Pemex.
Cabe destacar que el precio promedio del petróleo que se propone en el Paquete Fiscal para el 2004 tiene como antecedente pronósticos castigados que han mantenido durante los últimos dos años el precio estimado en el orden de 18 dólares. Esto incluso le permitió al gobierno federal obtener durante el ejercicio fiscal del 2003, según el propio director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, un excedente de casi 10 mil millones de dólares, el cual de manera casi íntegra irá a las arcas nacionales para cubrir otro tipo de erogaciones presupuestales.
Por lo anteriormente expuesto y considerando que:
a) Por razones estratégicas es imperativo para la nación continuar desarrollando infraestructura en las áreas de refinación, petroquímica y gas.
b) Se estima para el año 2004 el precio promedio ponderado del petróleo crudo exceda los 20 dólares por barril.
c) A los ingresos excedentes del petróleo se les puede dar un destino especifico que no afectaría la tributación esperada por la Ley de Ingresos y por tanto el nivel del presupuesto propuesto.
Por lo tanto, se propone suprimir la fracción XI del Artículo 7 del Proyecto de Ley de Ingresos, con el propósito de que Pemex cuente con recursos propios adicionales y no siga cayendo en la paradoja de perder recursos al registrarse un precio promedio mayor del petróleo al estimado en los Criterios Generales de Política. En correspondencia con lo anterior, deberán eliminarse las fracciones I, III y IV y modificarse las fracciones II y IV del artículo 4 del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de que los recursos excedentes que Pemex obtenga por esta vía, se destinen a la inversión productiva en actividades de fuerte valor agregado como la refinación, la petroquímica y el gas.
Con lo anterior, sólo por incremento del precio del petróleo de exportación, el impacto económico reportaría que, por cada dólar por arriba de los 20 dólares estimados para la mezcla mexicana de petróleo por el Ejecutivo Federal, Pemex entregaría a la Federación alrededor de 500 millones de dólares adicionales a lo presupuestado, esto si se parte de una plataforma esperada de exportación de 1,969 millones de barriles diarios y considerando que los impuestos ``corrientes'' que Pemex entera de por si al fisco, representan el 70% del total de los ingresos de la paraestatal.
Por su parte, Pemex contaría con un ingreso adicional ligeramente superior a los 280 millones de dólares. Es decir, se trata de una propuesta que sin disminuir los recursos ya presupuestados en la propuesta de PEF, ni el Acuerdo para la conformación del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros; permitiría a la empresa allegarse de recursos para relanzar su desarrollo industrial. A manera de ejemplo: Un par de endulzadoras de gas, que permitirían terminar de una vez por todas con la quema de dicho hidrocarburo, implican una inversión de 500 millones de dólares, que podrían obtenerse con una cotización promedio de menos de 22 dólares por barril de crudo, precio inferior a los poco más de 25 dólares a los que se cotiza en estos días.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de este honorable pleno los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero.- Que la Comisión de Hacienda y Crédito Público considere la procedencia de suprimir la fracción XI del Artículo 7 del Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004.
Segundo.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública atienda la propuesta de eliminar las fracciones I, III y IV del artículo 4 del Proyecto para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004.
Tercero.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública analice la propuesta de modificar las fracciones II y V del artículo 4 del Proyecto para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, para quedar como sigue:
Fracción II.
Petróleos Mexicanos, sin sujetarse a lo dispuesto en el artículo 23 de este Decreto, podrá realizar erogaciones adicionales en inversión física con cargo a los ingresos netos que obtenga en exceso a los previstos en el artículo 1, fracción VII, numeral 1, inciso A de la Ley de Ingresos de la Federación, conforme a lo siguiente:
a) Con ingresos netos adicionales, obtenidos en el ejercicio de su presupuesto por mayor volumen y precio de ventas internas, mayor volumen de productos exportados, así como mayores precios de exportación de estos productos.
b) Por la venta de acciones de empresas en las que participa, previa autorización de la Secretaría;
c) Por ingresos provenientes de la ejecución de programas de abatimiento de rezagos de cobranza; recuperación de ingresos por eficiencia en el control de ventas; financieros; venta de bienes muebles e inmuebles, entre otros, con el acuerdo de su órgano de gobierno;
d) La inversión física preferentemente tendrá lugar en infraestructura para actividades de refinación, petroquímica y gas.
Fracción V (primer párrafo).
Las entidades señaladas en el Anexo 1.D. de este Decreto, con excepción del Instituto Mexicano del Seguro Social, deberán establecer sus respectivas metas de balance de operación primario y financiero, mensual y trimestral a nivel pagado.
Cuarto.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere las modificaciones en los aspectos correlativos contenidos en los artículos 23 y 25 del Proyecto para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, una vez aprobadas las propuestas señaladas en los puntos de acuerdo anteriores.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2003.--- Dip. Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.«Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar que esta soberanía exhorte a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas cámaras a modificar la Ley de Ingresos, presentada por el Ejecutivo Federal, a efecto de ampliar los estímulos fiscales para la investigación y el desarrollo experimental, suscrita por integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
La Comisión de Ciencia y Tecnología con fundamento en los artículos 74 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a esta Soberanía la emisión de un punto de acuerdo mediante el cual se exhorte a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y a su equivalente en la colegisladora modifique en el proyecto de dictamen el inciso a y b de la fracción IX articulo 17 de la Iniciativa de Ley de Ingresos referente a los estímulos fiscales aplicables a la investigación y el desarrollo experimental:
``La capacidad científica y tecnológica de cada país tiene una relación directa con su bienestar económico y social... Por ello es necesario incrementar la inversión en ciencia y tecnología.'' Así lo aseveró el Presidente de la República en su tercer informe de Gobierno.
Llevemos juntos, Poder Legislativo y Ejecutivo, sin distingos ideológicos ésta intención presidencial a los hechos. Abundan los datos que reflejan que un esfuerzo adicional es necesario.
Mientras que en los últimos 30 años, los países del sureste asiático, entre ellos Corea, han multiplicado 9 veces su inversión en ciencia y tecnología respecto a su PIB, México lo hizo sólo dos veces. Los resultados son evidentes: el ingreso per cápita en México creció 3.8 veces y el de Corea 25.
Por su parte para la primera economía del mundo, los factores que producen el crecimiento económico son: el capital (24%), la fuerza de trabajo (27%) y el cambio tecnológico (49%). Brasil y España, países que en el pasado tenían condiciones económicas similares a la nuestra le apostaron a invertir en investigación y desarrollo, y hoy tienen un mayor ingreso per capita, mayor productividad y mejores índices de competitividad.
Las cifras son evidentes, y existen muchos mas indicadores al respecto. La inversión en ciencia y tecnología es un detonador económico, que no sólo estimula el crecimiento, sino además la productividad, la competitividad, el ingreso per capita, lo cual redunda en creación de empleos de alto valor agregado.
Independientemente, de que esta Comisión presente su propuesta presupuestal de incremento por 6000 millones de pesos en este rubro, la cual se encuentra plenamente justificada, nos abocaremos en este punto de acuerdo a solicitar a esta soberanía y a la Colegisladora modificar el artículo 17 de la Iniciativa de Ley de Ingresos a efecto de ampliar los estímulos fiscales de 500 a mil millones de pesos.
Asimismo, se propone que las reglas generales con que operará el Comité Interinstitucional para la aplicación de los estímulos fiscales sean publicadas a más tardar el 15 de Enero en sustitución del 31 de Marzo, a efecto de otorgarle a las empresas mayor margen de análisis para ejecutar los proyectos de estímulos fiscales. Esto a su vez permitirá que las empresas que invierten en ciencia y tecnología, tengan mayor certidumbre.
Es de destacarse que los 500 millones de pesos de estímulos fiscales, son insuficientes para hacer frente a la gran demanda de proyectos de las empresas, ya que tan solo para el año 2004, ya están comprometidos 170 millones, por lo cual cientos de proyectos de alto valor agregado, quedarían fuera de esta oportunidad.
Es importante comentar al respecto, que dichos estímulos, lejos de ser una perdida para la hacienda publica, significaran una ganancia gracias a la riqueza y al incremento de utilidades que representa apoyar a este sector, trayendo consigo los siguientes beneficios, de acuerdo a los proyectos que fueron objeto de estudio en el Conacyt:
Incrementos a la producción por 5 mil 658 millones de pesos
Incremento en las ventas por 8,344 millones de pesos
Incremento en utilidades por 1417 millones de pesos. Solo en este rubro se recupera el estímulo en ISR recaudado.
Exportaciones adicionales por 924 millones de pesos y reducción de importaciones en 124 millones de pesos, y una de las demandas que nuestra sociedad reclama.
La creación de 56 mil nuevos empleos.
Estos datos destacan la necesidad y la urgencia de invertir en ciencia y tecnología. Para ello, en este momento, le entrego al Presidente de la Comisión de Hacienda diversos estudios que comprueban los beneficios de estos estímulos fiscales. Asimismo, dichos estudios, contienen información y ventajas adicionales, de invertir en ciencia y tecnología a través de esta vía.
Así como para una persona es absolutamente indispensable dedicar la mayor cantidad de recursos a su educación para elevar sus posibilidades de nivel de vida, para un país es absolutamente indispensable hacer un esfuerzo de inversión en investigación científica y desarrollo tecnológico. Para México, es urgente superar la situación de atraso en este rubro, recordemos que aunque somos la novena economía del mundo, ocupamos el lugar 41 en competitividad.
Compañeros legisladores, compañeras legisladoras:
De nuevo, el futuro económico del país esta en nuestras manos. De lo que hagamos ahora, dependerá el México del mañana. No permitamos que el desarrollo del país se siga postergando. No dejemos que el tiempo nos alcance, porque los que lo sufrirán serán nuestros hijos.
En estos momentos, tenemos una oportunidad única, de que nuestro bono demográfico, 33 millones de niños y jóvenes, tengan la oportunidad de prepararse, ya que ellos serán la fuerza productiva del año 2015 al 2050. De cómo les vaya a ellos, le irá al país en los próximos 50 años, y solo tenemos 12 años para alcanzar este reto. Señores Legisladores:
No podemos esperar más.
Es tiempo ya de enfrentar el futuro del país con responsabilidad.
Es tiempo ya de responderle a nuestros electores.
Es tiempo ya de un Congreso comprometido con el desarrollo del país.
Es tiempo ya de construir el México que soñamos.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta Soberanía que exhorte a la Comisión de Hacienda de ambas cámaras a modificar en su dictamen el artículo 17 de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Poder Ejecutivo a efecto de ampliar los estímulos fiscales para la investigación y el desarrollo experimental, como a continuación se detalla
Artículo 17. En materia de estímulos fiscales, durante el ejercicio fiscal de 2004, se estará a lo siguiente:
IX. Para la aplicación del estímulo a que hace referencia el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se estará a lo siguiente:
a) Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien tendrá voto de calidad en la autorización de los proyectos de ciencia y tecnología, uno de la Secretaría de Economía, uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y uno de la Secretaría de Educación Pública, el cual deberá dar a conocer a más tardar el 15 de Enero de 2004, (antes 31 de marzo) las reglas generales con que operará dicho Comité, así como los sectores prioritarios susceptibles de obtener el beneficio, las características de las empresas y los requisitos adicionales que se deberán cumplir para poder solicitar el beneficio del estímulo.
b) El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, deberá ser de $1000 millones de pesos para el año de 2004 (antes 500 millones).
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días de diciembre de 2003.--- Por la Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados: Julio César Córdova Martínez, Presidente; Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, Eloísa Talavera Hernández, Omar Ortega Alvarez, secretarios (rúbricas).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.«Proposición con punto de acuerdo, por el que se propone modificar los artículos 4°, fracción VIII; 48, fracción III; 49, primer párrafo; 52, quinto párrafo; y 55, fracción I, y el anexo 15 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, así como adicionar una fracción IX al artículo 4° y suprimir el quinto párrafo del artículo 49 del mismo proyecto de decreto, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del PRD.
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones1. Uno de los temas que más polémica genera referente al servicio de energía eléctrica, es lo relativo a la transparencia en los subsidios a los consumidores de dicha energía, ya que los citados subsidios no aparecen claramente identificados en los presupuestos de egresos, apartándose del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la ``Ley Federal de las Entidades Paraestatales'' que establece:
``La entidad paraestatal manejará y erogará sus recursos propios por medio de sus órganos. Por lo que toca a la percepción de subsidios y transferencias, los recibirá de la Tesorería de la Federación en los términos que se fijen en los presupuestos anuales de la Federación...''
Por lo que se considera necesario clarificar los conceptos de aprovechamiento y del subsidio previsto para cada tipo de consumidores según las tarifas eléctricas vigentes, tanto para Comisión Federal de Electricidad como para Luz y Fuerza del Centro.
Derivado de lo anterior proponemos modificar en el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos la fracción VIII del artículo 4 y adicionar al mismo una nueva fracción IX, con el objeto de revelar la información a que hemos hecho referencia.
2. Considerando que los criterios para dar prioridad a los proyectos de infraestructura energética, no solo deben tomar en cuenta los beneficios económicos netos, sino también otros elementos de carácter estratégico para el país, como pueden ser, impulsar la infraestructura para petroquímica, refinación y gas; favorecer la diversificación en el empleo de energéticos; promover el empleo de uso de energías renovables.
Se propone modificar la fracción III del artículo 48 del proyecto de decreto de Egresos, a fin de dejar establecidos dichos criterios.
3. El artículo 49 del proyecto de decreto de Egresos establece la necesidad de contar para los proyectos de inversión productiva, con el dictamen favorable de un experto sobre análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental.
Que dichos análisis sean elaborados por agentes externos a las dependencias y entidades se juzga inconveniente por las siguientes razones:
Esta disposición incrementa injustificadamente los trámites y tiempos para contar con estos proyectos en operación.
Se considera que las dependencias y entidades que tienen a su cargo estos proyectos, cuentan con la capacidad y experiencia para determinar la factibilidad técnica, económica y ambiental de estos proyectos, la disposición pone en duda esa capacidad.
En el caso de las entidades, la disposición va en sentido opuesto a la autonomía de gestión de las mismas, conforme al artículo 11 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Por lo anterior se propone modificar el primer párrafo del artículo 49 del proyecto de decreto de Egresos y suprimir el quinto párrafo del mismo artículo, a fin de que los análisis técnico-económicos requeridos para inversión productiva sean por cuenta de las dependencias y entidades.
4. Lo establecido en el artículo 52 del proyecto de Presupuesto de Egresos relativo a subsidios y transferencias no guarda coherencia con el artículo 52 de la Ley Federal de la Entidades Paraestatales citado en inciso 1 de estas consideraciones, ya que el primero indica que el Ejecutivo Federal podrá reducir, suspender o terminar los subsidios y las transferencias, sin consulta y aprobación de la Cámara de Diputados por lo que no se sigue el mismo procedimiento establecido para la fijación de dichos subsidios y transferencias.
Se propone modificar el párrafo quinto del artículo 52 del proyecto de decreto de Presupuestos de Egresos para establecer la coherencia con la Ley Federal de la Entidades Paraestatales en la fijación de subsidios.
5. Ante el H. Congreso de la Unión y motivadas por las condiciones socioeconómicas de diversos sectores de la sociedad, se han generado diversas iniciativas de ley y puntos de acuerdo, tendientes a amortiguar el efecto que tienen los precios de tarifas eléctricas en consumidores de energía eléctrica, para quienes la incidencia en sus economías de estos precios es particularmente onerosa.
El apoyo a esos consumidores de frágil economía no es conveniente que corra a cargo de las empresas encargadas del servicio público de energía eléctrica, ya que eso reduce sus recursos para proporcionar un servicio confiable y seguro.
Por lo que atendiendo a la demanda social y premisa indicadas, proponemos la creación de un programa sujeto a reglas de operación coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social denominado ``Programa de apoyo a consumidores de energía eléctrica de frágil economía'' y una modificación a la fracción I del artículo 55 del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos a fin de que las reglas de operación de ese programa se emitan oportunamente.
El fondo para el programa citado se estima en 8,000 millones de pesos, que habrá de ser considerado en el presupuesto para la Secretaría de Desarrollo Social.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de este honorable pleno los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere la procedencia de modificar la fracción VIII del artículo 4 del proyecto de decreto para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, para quedar como sigue:
VIII. La cifra que señala el Anexo 1.D. de este decreto para Luz y Fuerza del Centro refleja el monto neto, por lo que no incluye las erogaciones por concepto de compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad.
En el Tomo IV se indica la componente que de la transferencia del Gobierno Federal se destina a subsidios de las tarifas eléctricas y el correspondiente a cada clasificación de consumidores; y
En el mismo artículo 4 del proyecto de decreto para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se propone adicionar una fracción IX, en los términos siguientes:
IX. La cifra que señala el Anexo 1.D. de este decreto para Comisión Federal de Electricidad, refleja el monto neto, por lo que no incluye ninguna erogación por el concepto de aprovechamiento y ninguna transferencia del Gobierno Federal por concepto de subsidios. En el Tomo IV se indica la interrelación entre el derecho de aprovechamiento y los subsidios para los consumidores de cada una de las tarifas eléctricas.
Segundo.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública atienda la propuesta de modificar la fracción III, del artículo 48 del proyecto de decreto para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, para quedar como sigue:
III. Otorgar prioridad a la realización de los programas y proyectos de inversión que generen mayores beneficios netos. En el caso de proyectos de infraestructura la prioridad también tomará en cuenta consideraciones de carácter estratégico como impulsar las industrias de petroquímica, refinación y gas; la diversificación de energéticos y el empleo de energías renovables para la generación de energía eléctrica.
Tercero.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública analice la propuesta de modificar el primer párrafo del artículo 49 del proyecto de decreto para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, para quedar como sigue:
``Los programas y proyectos de inversión que se señalan en este artículo deberán contar antes de la convocatoria para la licitación respectiva con un dictamen favorable sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental y, en su caso, sobre el proyecto ejecutivo de obra pública elaborado por las dependencias y entidades, según corresponda.
Consecuente con la modificación propuesta habrá de suprimirse el quinto párrafo del mismo artículo 49.
Cuarto.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública analice la propuesta de modificar el párrafo quinto del artículo 52 del proyecto de decreto para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, para quedar como sigue:
``El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, previa opinión de la dependencia coordinadora del sector, podrá reducir, suspender o terminar los subsidios y las transferencias, cuando las dependencias o entidades no cumplan, en lo conducente, con lo previsto en los artículos 20 y 54 de este decreto. Tratándose de entidades, lo anterior, deberá contar con la aprobación de la Cámara de Diputados.''
Quinto.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública analice la propuesta de añadir en el anexo 15 del proyecto de decreto para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, relativo a programas sujetos a reglas de operación, un programa coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social denominado ``Programa de apoyo a consumidores de energía eléctrica de frágil economía''.
También modificar el último párrafo de la fracción I del artículo 55 del proyecto de decreto para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, para quedar como sigue:
En el caso de los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal y en particular referencia al ``Programa de apoyo a consumidores domésticos de energía eléctrica de frágil economía'', será responsabilidad de los titulares de las dependencias o entidades, presentar sus proyectos de reglas de operación a más tardar el último día hábil de enero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2003.--- Dip. Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.«Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar que esta soberanía exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 el monto asignado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y al Programa Especial de Ciencia y Tecnología ejecutado por diversas dependencias, suscrita por integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
La Comisión de Ciencia y Tecnología con fundamento en los artículos 74 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a esta Soberanía la emisión de un punto de acuerdo mediante el cual se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a dictaminar un incremento al monto asignado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2004, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y al Programa Especial de Ciencia y Tecnología ejecutado por diversas dependencias, en atención a las siguientes
ConsideracionesEl Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006, establece como requisito para que el país eleve su competitividad, una inversión incremental anual equivalente al 0.1 % del producto interno bruto en el sector ciencia y tecnología, es decir, en la actualidad, la cantidad de 6,000 millones de pesos, de los cuales una parte, 2,790 millones de pesos, se asigne al Ramo 38 de Ciencia y Tecnología, y el resto, 3,210 millones de pesos, se distribuya entre las diversas dependencias del Ejecutivo Federal, al amparo de la Clave 85 (Programa Especial de Ciencia y Tecnología), de tal manera que se garantice la aplicación de los recursos en este rubro.
La evidencia empírica internacional revela que la mejor inversión que un país realiza es la que se vincula con la preparación del elemento humano y el conocimiento, que en el caso de la ciencia y la tecnología, ésta inversión demuestra ser recuperable en periodos no mayores a cinco años, además del impacto directo que tiene en la competitividad país que se traduce en crecimiento económico, empleo de mayor calidad y una tangible elevación general del nivel de vida de la población; o sea que la aplicación de dicha experiencia, sin duda nos permitirá mejorar nuestros indicadores económicos y sociales para competir a nivel mundial y generar una mayor recaudación fiscal en el ámbito interno.
Esta suma de esfuerzos entre los sectores público y privado, que en términos del Programa Especial de Ciencia Tecnología, debiera alcanzar el 1 % del Producto Interno Bruto para el año 2006, nos permitiría abatir el rezago en el que hemos incurrido. Es importante destacar al respecto, que ya existe un rezago presupuestal de 3 años en el programa Especial de Ciencia y Tecnología, por lo cual esta Comisión está solicitando al menos un presupuesto incremental de 0.1% del PIB durante los próximos 3 años, a efecto de pasar del 0.42% al 0.72% del PIB, al finalizar este sexenio.
Por tanto, debemos entender que la erogación del Estado para impulsar el desarrollo de la ciencia básica y su aplicación tecnológica, no corresponde a un concepto de gasto, sino a una inversión que además de necesaria, debe de hacerse con oportunidad, porque el rezago acumulado en esta materia, indefectiblemente provoca mayores erogaciones a futuro y lo que es peor, crecientes dependencias económicas y comerciales respecto de los países altamente tecnificados que supieron tomar estas decisiones a tiempo.
La inversión en la materia contribuye al desarrollo económico y social, cuyos efectos multiplicadores se traducen en elementos substanciales de bienestar para los Mexicanos, y así se disminuye la brecha que nos separa de aquellos países que han optado por invertir en estas materias, procurando la competitividad que tanto necesita nuestro país.
Sin embargo, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, no refleja esta prioridad nacional, sino por el contrario presenta una disminución presupuestal de mil millones de pesos en este rubro, por lo que de aprobar dicho proyecto, pasaríamos del 0.42 al 0.37% de inversión en ciencia y tecnología en proporción a nuestro producto Interno Bruto. Aunado a lo anterior, se está considerando la desaparición de importantes centros de Investigación en el artículo transitorio segundo.
Esta Comisión expresa su rechazo a esta propuesta y se suma a los múltiples pronunciamientos en esta tribuna de otros compañeros diputados, por la eliminación del artículo transitorio segundo, propuesto en el proyecto de egresos del Poder Ejecutivo.
La ciencia y la tecnología y estos organismos requieren de inversión e incentivos, no de recortes o ahorros mal entendidos, que tienden a desaparecer la infraestructura física y humana generada en las décadas anteriores, en estas actividades tan indispensables para el desarrollo del país.
Compañeras diputadas, compañeros diputados:
Estamos conscientes de que los recursos presupuestales son escasos, sabemos también de la existencia de más de 50 millones de pobres en este país, sabemos también que la salud y la seguridad social son necesidades básicas, entendemos también los compromisos adquiridos de deuda pública. Estamos comprometidos también con el campo mexicano.
Sin embargo, es indispensable hacer un esfuerzo para que sean destinados mayores recursos a la ciencia y la tecnología. No podemos esperar a que nuestros índices de competitividad, de confianza y de desempeño económico empeoren con los años. No es posible que siendo la novena economía en el mundo ocupemos el lugar 31 por nuestro ingreso per cápita, el lugar 42 por el bajo esfuerzo en investigación y desarrollo (0.4% del PIB), y El lugar 51 en calidad de vida.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Que esta Soberanía exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a dictaminar un incremento de 3,505.6 millones de pesos a la asignación presupuestal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Ramo 38, contemplada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, con el propósito de avanzar hacia la meta planteada en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, para que con la participación del sector privado se logre destinar el equivalente al 1% del PIB al gasto en actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico.
Segundo. Que esta Soberanía exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a dictaminar un incremento a la asignación presupuestal de la clave 85 (Programa Especial de Ciencia y Tecnología) para las Secretarías de Estado que contempla el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004, en la forma que se detalla en este documento.
No. Sector Presupuesto incremental
1. SEP 9862. Energía 585
3. Sagarpa 297
4. Salud y seguridad social 317
5. Economía 320
6. Ambiente 250
7. Marina 80
8. SCT 150
9. PGR 50
10. Sedena 40
11. Sedesol 55
12. Sectur 30
13. SRE 30
14. Segob 20
Total 3,210
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2003.--- Por la Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados: Julio César Córdova Martínez, Presidente; Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, Eloísa Talavera Hernández, Omar Ortega Alvarez, secretarios (rúbricas).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que esta soberanía exhorte a las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que investiguen y, en su caso, finquen responsabilidades en virtud del grado de Contaminación Ambiental que han ocasionado los trabajos de Pemex en la sonda de Campeche, presentada por el diputado Abraham Bagdadi Estrella, del grupo parlamentario del PRD.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable asamblea una propuesta con punto de acuerdo con la finalidad de que esta soberanía exhorte a las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que investiguen y, en su caso, finquen responsabilidades en virtud del grado de contaminación ambiental que han ocasionado los trabajos de Pemex en la sonda de Campeche, con base en la siguiente
Exposición de MotivosLa historia de desencuentros de Petróleos Mexicanos en Campeche no es reciente, sin embargo la problemática que ha traído a los habitantes de la zona ha crecido de manera sistemática con el tiempo.
A finales de los años 70 Pemex llega a Campeche a efecto de iniciar uno de los principales proyectos petroleros del país, el denominado Cantarell.
Cantarell constituye el yacimiento más grande del país y el sexto en importancia mundial. Las operaciones en el campo se iniciaron en 1979, y en dos años alcanzó una producción de 1.15 millones de barriles diarios.
En 1995 se reinicia la perforación de pozos de desarrollo como parte de un programa que permite acelerar la recuperación de las reservas.
En febrero de 1996 se hace una revisión exhaustiva de las condiciones de explotación del campo, y se concluye que era necesario el mantenimiento de presión en Cantarell, y validó el volumen original, el cual era de 35 millones de barriles de crudo; esto es, la necesidad de inyectar gas, porque se necesitaba mantener la presión, a través de inyección de gas y no de agua, con esto se esperaba una mayor eficiencia de recuperación, del orden del 50 al 55 por ciento, en tanto que con el agua se tendría de 40 a 45 por ciento.
El año de 1997 marcó el inicio de una nueva fase de expansión de la industria petrolera mexicana, mediante la ejecución de importantes megaproyectos de gran envergadura para incrementar los volúmenes de producción de crudo y gas y mejorar la calidad de los combustibles.
Por su importancia estratégica y económica, se inició el proyecto Cantarell para renovar, modernizar y ampliar la infraestructura de este complejo, con el fin de mantener la presión en este yacimiento, ubicado en la Sonda de Campeche, a través de la inyección de nitrógeno.
Sin embargo, como resultado negativo de estas medidas, al día de hoy múltiples voces se han levantado para aducir argumentos del alto grado de contaminación en la zona originado por Pemex desde sus inicios y hoy potenciados por la sobreexplotación de los yacimientos asentados en el litoral de la sonda de Campeche.
En días pasados acudí ante esta honorable asamblea para denunciar que el problema de la contaminación en la sonda de Campeche es muy grave, y que ahora el gobierno, sobre la base de medidas administrativas intersecretariales, pretende ocultar. Asimismo, referí que hoy día la sonda de Campeche se ha convertido en un basurero industrial.
Lo que hoy me trae a esta tribuna es el hecho de que en la última comparecencia del titular de la Sagarpa ante la Comisión de Pesca el Secretario Usabiaga aceptara que en la sonda de Campeche existe un problema importante de contaminación, cito textualmente al Secretario Usabiaga:
``Coincido en mucho con usted en el deterioro del fondo marino de esa zona, coincido en mucho con usted en que este deterioro del fondo marino ha traído como consecuencia una menor fauna pesquera, un menor potencial pesquero en esa zona.''
Hasta ahí las palabras del secretario.
Como lo dije en su momento y hoy lo sostengo, es la primera vez en muchos años que un secretario de Sagarpa reconoce el problema de contaminación en la sonda de Campeche, sin embargo hasta el momento la Profepa permanece inmóvil a esta demanda de miles de campechanos, guardando un secreto sospecho con Pemex en el tema.
En Campeche, compañeros legisladores, Pemex nos ha traído migración alta y desordenada, marginación, daños ecológicos y perjudicado la pesca, nuestra actividad productiva más tradicional, por eso es tiempo de que las autoridades federales inicien un proceso serio en contra de la paraestatal y se realicen las acciones necesarias para compensar el grave daño ecológico que existe en la sonda de Campeche, ya basta de silencio y paliativos míseros para los pescadores campechanos; el problema de Campeche es un problema de México, más aún de México.
Considerando
Primero.- La creciente sobreexplotación de los yacimientos petroleros en la Sonda de Campeche.
Segundo.- Las afirmaciones del secretario de la Sagarpa ante la Comisión de Pesca de que en las nuevas zonas de exclusiones marítimas la pesca es una actividad inviable, por la alta contaminación ambiental.
Tercero.- La falta de información sobre el daño ecológico que ha ocasionado Pemex al lecho marítimo de Campeche.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable asamblea una propuesta con
Punto de AcuerdoUnico.- Que la Cámara de Diputados federal exhorte a las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que investiguen y, en su caso, finquen responsabilidades en virtud del grado de contaminación ambiental que han ocasionado los trabajos de Pemex en la sonda de Campeche.
Palacio Legislativo, a 15 de diciembre de 2003.--- Dip. Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Senado de la República a concluir el trámite de Ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.
El desarrollo histórico de la humanidad ha sido acompañado de concepciones discriminatorias que al observar inferior o indigno al prójimo, han permitido la aplicación o proliferación de conductas y prácticas de tortura, penas crueles o maltrato notorio.
Y si bien es cierto que desde el Siglo XVI se toma conciencia sobre la dignidad como característica intrínseca del ser humano, también lo es que el respeto de dicha dignidad ha sido supeditado a imposiciones de poder y autoridad que se arrogan al derecho de dominar y doblegar.
Ninguna causa política, militar, religiosa u otra, puede justificar la tortura, entendida esta como todo acto por el cual se infrinjan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento y aquiescencia.
En este sentido no parece existir nación en el mundo cuyas autoridades no hayan hecho o hagan uso de la tortura como medio de ``ejemplar'' castigo a pensamientos y acciones contrarias a su mandato. De forma lamentable, los mexicanos siguen padeciendo continuamente, si no es que de forma cotidiana, el abuso, maltrato y tortura, de parte de algunas de sus autoridades.
La tortura, de forma callada pero sistemática, sigue siendo aplicada a presos e indiciados. Las condiciones que prevalecen en los centros penitenciarios de nuestro país, representan una amplia gama de lesiones físicas y morales cuya gravedad cursa desde los malos tratos hasta la tortura misma.
La situación de las mujeres es de particular vulnerabilidad, pues de inicio los primeros tormentos hacia ellas son vejaciones sexuales, que no distinguen a niñas de mujeres adultas. Esos abusos; concentran nefastas visiones de discriminación social, inferioridad y desprecio, lo que se agrava por la sensación de derecho natural del torturador a inferirles el máximo nivel de dolor como muestra de la superioridad que imaginan tener, el torturador busca quebrantar la voluntad y el espíritu de su víctima.
Escudarse en un puesto de autoridad que pudiese parecer concesión de impunidad, es una cobardía cuya infamia se multiplica al tratarse de infantes y adolescentes detenidos por infracciones o delitos que, ante la incapacidad física y social de defenderse, se ven sometidos a las más atroces situaciones de dolor que les marcan la vida entera.
En contraste con esta triste realidad, afortunadamente se encuentran también las acciones emprendidas para erradicar estas prácticas, a las que México, como Nación se opone determinantemente, instrumentando leyes, políticas y programas, suscribiendo e impulsando decididamente la normatividad internacional y transformándola en derecho positivo mexicano.
Recordemos que los derechos humanos deben primero y ante todo ser respetados y protegidos por los gobiernos, estos mecanismos internacionales de protección son complementarios.
Justamente como parte de este proceso por reafirmar las bases de la lucha contra la tortura en nuestro país, el pasado 23 de septiembre, de manera acertada el titular del Ejecutivo Federal rubricó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes México, fue el primer país en adherirse a este Protocolo Facultativo, reconociéndose internacionalmente el respeto y la promoción que México pretende, respecto de los Derechos Humanos. Por ello, reconocemos la valía de esa decisión y la apoyamos plenamente.
No obstante, el proceso legal que lleve a la incorporación plena de este instrumento legal internacional al cuerpo jurídico mexicano apenas empieza. Se requiere que dicho Protocolo sea enviado al Senado de la República para que sea ratificado sin reserva alguna y tenga plena aplicación como recurso adicional para la defensa de la integridad física y mental de las mujeres y hombres de nuestro país.
El Protocolo Facultativo tiene como fin crear un sistema global de inspección de lugares de reclusión como medio de prevenir la tortura y los malos tratos. Este Protocolo representa una iniciativa única, debido al énfasis que pone sobre la prevención.
Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración y aprobación del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a efecto de que se sirva remitir a la brevedad posible el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, al Senado de la República para su ratificación.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Senado de la República para que el proceso de ratificación del protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y oros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, sea considerado prioritario y de especial importancia nacional, obsequiándole con celeridad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de diciembre de 2003.--- Dip. Angélica de la Peña Gómez (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el Presupuesto de Egresos de La Federación del Año Fiscal 2004 se incluya una partida destinada a fomento cooperativo, a través de un programa especial adscrito al Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales de la Secretaría de Economía, suscrita por integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social y presentada en la sesión del lunes 15 de diciembre de 2003.
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputadas y diputados federales integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el Presupuesto de Egresos correspondiente al año fiscal 2004 se incluya una partida especial destinada al fomento cooperativo a través de un programa especial adscrito al Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (Fonaes) de la Secretaría de Economía, con base en los siguientes
Antecedentes y ConsideracionesComo es sabido, las empresas globalizadas que compiten en el mercado internacional responden a una estrategia de intensificación productiva. Esta se compone de tres elementos: tecnologías más intensivas que reducen la participación de la mano de obra directa, economías de escala que hacen más eficiente el aprovechamiento de insumos y flexibilización del trabajo para adecuar la oferta a la demanda solvente.
Bajo la lógica implacable de esta política de desarrollo industrial, ejércitos enteros de trabajadores son lanzados a la calle escamoteando sus legítimas liquidaciones de ley.
Pero si lo anterior no fuera suficiente, baste observar que las empresas maquiladoras, que prometían un proceso estable para aprovechar la inversión extranjera, concediendo a las empresas fronterizas exenciones fiscales e infraestructura barata, han empezado a retirarse de las llamadas economías en desarrollo y se lanzan ahora a establecer sus plantas en los nuevos mercados emergentes, donde no existen sindicatos ni legislación que proteja la mano de obra.
Actualmente se importa maíz, trigo, arroz, frijol, leche y aceite, y se exporta mano de obra. El principal renglón de ingreso de la economía ya no es la venta de hidrocarburos, ni el turismo, sino cada vez más las remesas de los braceros. Sin embargo, el país necesita cada vez más dólares para el pago de sus deudas, para las importaciones que requiere su planta productiva y para la compra de alimentos.
Por esa vía no parece posible recuperar el mercado interno, ni el empleo productivo.
Es necesario identificar qué unidades de producción pueden orientarse al mercado nacional, al mismo tiempo que responden a una lógica de empleo y no sólo a una lógica de competencia y acumulación de ganancias.
Afortunadamente, a últimas fechas, tanto a nivel del Gobierno Federal como de los estados, se ha expresado una creciente preocupación por la economía social, poniéndose en marcha diversos programas de apoyo. Sin embargo, a excepción de la Sedesol y del Fonaes, que específicamente cuentan con una estrategia de promoción cooperativa, el resto de las instituciones las apoya del mismo modo en que también promueve empresas familiares o del sector privado.
De manera simultánea, en algunos estados de la República, se han venido diseñando programas de promoción cooperativa que abarcan amplias regiones y que involucran a decenas de miles de beneficiarios.
Tales son los casos de Tabasco, donde el DIF actúa conjuntamente con el gobierno estatal en esta tarea; Hidalgo, donde se formula un Programa Estatal de Cooperativas dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, y el Distrito Federal, donde se avanza en la formulación de un Programa Especial de Empleo y Fomento Cooperativo. En otros estados, como Veracruz, Puebla y de México, diversas organizaciones sociales manifiestan abiertamente su interés en reconvertir sus empresas y dotarlas de personalidad jurídica bajo la modalidad de sociedad cooperativa. Finalmente, cabe destacar que diversos contingentes de trabajadores que, debido a problemas laborales o por el cierre unilateral de sus centros de trabajo se han visto arrojados a las filas del desempleo, vienen considerando la posibilidad de recuperar sus unidades productivas dando paso a la formación de cooperativas de producción; los casos más destacados son los de Euzkadi, en el Salto, Jalisco, y de DINA Camiones y National Castings en el estado de Hidalgo, en donde las negociaciones entre la representación empresarial y los trabajadores, con la intermediación del gobierno del estado y la STPS, están llegando a un punto de consenso en torno a ofrecer cómo salida legal a dichos conflictos la reapertura de tales empresas bajo administración cooperativa.
Así, a pesar de que durante muchos años se promovió una política cooperativa paternalista y aún corporativa, y de que hubo programas erráticos y dispendiosos en el sector, el cooperativismo ha sobrevivido. Hoy existen más de dos millones de cooperativistas afiliados a las cooperativas de ahorro y préstamo. Existen también empresas modelo como Cruz Azul, que ha gestado todo un complejo industrial en tomo suyo y que ha consolidado una ciudad bajo lógicas solidarias; y Pascual, que empezó como un sindicato en resistencia y hoy se yergue como una de las tres principales industrias de bebidas en el país.
Tenemos cooperativas que exportan aguacate o mariscos, lo mismo que cooperativas que promueven la producción de mezcal o la distribución de productos básicos entre sus socios. Existen cooperativas para servicios funerarios, de salud y hasta para otorgar seguro a los productores agrícolas.
Paradójicamente y debido a la ausencia de estadísticas confiables, los socios de estas cooperativas no tienen conciencia de lo vasto de las actividades que cubren, o de la importancia que alcanzan por el número de socios, por la derrama económica que consiguen o por su aportación al producto nacional.
Es difícil dar cuenta de sus dimensiones, pero es indudable el importante papel que juegan en la economía popular.
Lo más significativo, sin embargo, es que evolucionan y funcionan a un ritmo propio, que se aparta en varios sentidos de la economía global y que responde a las condiciones de cada localidad en donde actúan.
Precisamente por ello, desde diversos ámbitos de gobierno y distintos espacios de representación social, se está llegando a una misma conclusión, que hoy recogemos en este documento y que tiene que ver con el convencimiento de que para promover el empleo productivo y fortalecer el mercado interno se requiere de un programa nacional de fomento y financiamiento cooperativo.
La entrada en vigor del citado programa, de ninguna manera se traducirá en la creación de una nueva institución burocrática, pues de lo que se trata es de aprovechar el marco institucional actualmente existente, en donde sobresale el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales, adscrito a la Secretaría de Economía, como la dependencia con mayor experiencia en materia de financiamiento al sector cooperativo, por lo cual debe ser fortalecido para que actúe como una instancia con reconocimiento gubernamental y con autoridad para coordinar los esfuerzos y sumar los recursos.
Sin embargo, si bien el Fonaes actualmente, de manera explícita, promueve y financia cooperativas, no tiene las dimensiones ni los recursos para fondear casos como Euzkadi, Ciudad Sahagún, o una empacadora de mariscos de las cooperativas de pesca en Sonora, por citar unos cuantos ejemplos.
Por ello consideramos imprescindible la creación de un programa especial de fomento y financiamiento cooperativo adscrito al Fonaes, en cuyo marco la promoción se traduzca en la oferta de créditos blandos para capital semilla o para proyectos de reconversión productiva de baja cuantía y el componente de financiamiento se materialice en el apoyo a programas de desarrollo cooperativo a nivel regional, o bien para el financiamiento de proyectos de reconversión productiva superiores a los quinientos mil pesos. La aprobación de los proyectos específicos del componente de financiamiento cooperativo requeriría del aval de los gobiernos de los estados y/o del municipio correspondiente, el cual se haría responsable de la ejecución del programa, conjuntamente con los beneficiarios.
Todos los créditos otorgados en el marco del nuevo programa deberán ser recuperables.
La conclusión de este análisis es que se requiere un programa especial que coordine el trabajo, y una instrucción expresa al poder legislativo para que, a través de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la H. Cámara de Diputados, actúe como institución coadyuvante que garantice el pleno cumplimiento de los objetivos del Programa.
Al proceder de esta manera, se estará dando cumplimiento, por una parte, a lo establecido en el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas vigente, mediante el cual se instruye a los gobiernos federal, estatal y municipal a apoyar, en el ámbito territorial a su cargo y en la medida de sus posibilidades, al desarrollo del cooperativismo y, por la otra, a las disposiciones contenidas en la Recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo referente a la Promoción de las Cooperativas, recientemente suscrita por nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que en el Presupuesto de Egresos del año fiscal 2004 se incluya una partida especial de 250 millones de pesos destinada a fomento cooperativo, exclusivamente en forma de capital de inversión.
Segundo. Exhortar al Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Economía para que se cree un Programa Especial de Fomento y Financiamiento Cooperativo en el marco del Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (Fonaes).
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a los diez días del mes de diciembre del año dos mil tres.--- Diputados: Francisco J. Saucedo Pérez, Presidente; José Juan Bárcenas González, secretario; Francisco Luis Monárrez Rincón, secretario; Alfonso Nava Díaz, secretario; Huberto Aldaz Hernández, Gaspar Avila Rodríguez, Irene Herminia Blanco Becerra, Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Lino Celaya Luría, Felipe de Jesús Díaz González, Luis Andrés Esteva Melchor, David Ferreyra Martínez, Manuel Gómez Morín Martínez del Río; Valentín González Bautista, José Julio González Garza, César Amín González Orantes, Manuel González Reyes, Alfonso González Ruiz, Cruz López Aguilar, Luis Felipe Madrigal Hernández, Jesús Morales Flores, José Alfonso Muñoz Muñoz, Daniel Ordóñez Hernández, Javier Orozco Gómez, Sonia Rincón Chanona, Arturo Robles Aguilar, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Israel Tentory García, Gerardo Ulloa Pérez, Adrián Villagómez García, (rúbricas).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a tomar medidas para solucionar el riesgo que representan la Venta, Desaparición o Subutilización de la Terminal Marítima de Ciudad Madero, Tamaulipas, presentada por el diputado Sergio a. Posadas Lara, del grupo parlamentario del PRI.
El suscrito diputado federal, Sergio Posadas Lara, acude a esta tribuna, en ejercicio de la facultad legislativa que le confirió la voluntad de los electores de la segunda circunscripción electoral y en su calidad de miembro del sector obrero y la coordinación de Tamaulipas de su partido, el Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados un punto de acuerdo para plantear el riesgo que representan la venta, desaparición o subutilización de la terminal marítima de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Ciudad Madero y, con ello, la pérdida potencial de miles de empleos en ese centro de trabajo.
FundamentosEn sus declaraciones, al director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, desde el inicio de su administración hemos escuchado mencionar que la empresa se encuentra en problemas fiscales y financieros y, por ello, en una crisis económica. Sin embargo, cuenta con un centro de trabajo que tiene la capacidad no sólo de brindar el servicio de reparación a la flota petrolera nacional, sino que está en condiciones de atender todas las embarcaciones de cualquier país y, con ello, generar ingresos importantes a la empresa y proteger e impulsar empleos directos e indirectos y contribuir asimismo al crecimiento económico del país.
En Ciudad Madero, Tamaulipas, opera una terminal marítima donde se efectúa la reparación general de los buques tanque de Pemex, con capacidad para atender los barcos más grandes de cualquier dimensión y de cualquier nacionalidad, ya que su capacidad en el dique seco es de 55 mil toneladas en peso muerto.
La terminal se encuentra en la margen izquierda del río Pánuco, a tres kilómetros de su desembocadura hacia el golfo de México. Ahí, el dique tiene 250 metros de largo, 40 de ancho y 15 de profundidad y es el único que tiene Pemex en toda la República Mexicana.
Dotada con el equipo necesario para manejar entradas y salidas de las embarcaciones, la terminal marítima de Ciudad Madero cuenta con personal sumamente capacitado en todas las especialidades para la reparación eficiente de las embarcaciones, tanto en seco como a flote.
Todos los buques tienen que entrar en dique seco para cumplir los requisitos de las sociedades clasificadoras internacionales, como Lloyds Register London y American Bureau of Shipping. Esa observancia es indispensable para mantener la certificación del buque y garantizar el pago de la aseguradora en caso de averías, de accidente o, incluso, de pérdida total.
Las sociedades clasificadoras exigen mantenimiento en dique seco mínimo cada cinco años. Para ello se efectúa una inspección especial, donde se revisan el casco y los tanques, se verifica el espesor de placas estructurales, se ordena el cambio de acero donde no se cumplen las especificaciones establecidas, se verifican el estado de los componentes y el funcionamiento de la pala del timón y la bocina del eje de cola, y se solicitan las sustituciones necesarias.
Pese a la calidad y competitividad de la terminal marítima, servidores públicos adscritos a Pemex señalan que es improductiva y poco rentable para la empresa, amenazando con su eventual desaparición.
Con ese propósito de algunos funcionarios de Pemex es evidente que no se han analizado las verdaderas razones de esa llamada improductividad, como tampoco se reflexiona sobre la importancia real de la terminal para la distribución de productos derivados del petróleo ni mucho menos se quiere acepar que, históricamente, ese importante centro de trabajo ha brindado servicio de calidad a nuestra flota petrolera y a barcos de otras empresas o naciones.
Además, de permitirse el cierre de la terminal, en caso de urgencia las embarcaciones quedarían en espera de que se logren la aceptación y contratación de un lugar externo, ya sea en el extranjero o en el único de dimensiones suficientes que hay en México: Talleres Navales del Golfo, lo cual ocasionaría una serie de agravantes, como éstas:
- Tiempo perdido de posible utilización del buque tanque respectivo, con la afectación de la distribución nacional de productos derivados del petróleo, hasta encontrar y contratar un dique que tenga espacio y acepte atenderlo en sus instalaciones.
- Aumento en el costo operativo del buque por estar inactivo.
- Contratación de un buque para suplir sus funciones, lo cual ocasiona fuga de divisas porque no hay de esos buques en México.
- Modificación del programa de inspección en dique para cumplir los requisitos de las sociedades clasificadoras.
Por ejemplo, algunos buques reparados en años recientes en el extranjero han tenido los costos siguientes:
- En 2000 se reparó en el dique de Panamá el buque Nuevo Pemex IV, con un costo de 15 millones de dólares.
- En 2001 se repararon en el dique de Curazao, por una falla del sistema de gobierno, el buque Nuevo Pemex II; en el dique Movile, de Alabama, Estados Unidos, el buque Chac; y en España, el buque Sebastián Lerdo de Tejada, con erogaciones millonarias en dólares.
Estamos hablando en esta etapa de millones de dólares, que superan el costo anual de todos los trabajadores de la terminal marítima de Ciudad Madero.
En esa terminal, de 1993 a 1999 se repararon 38 buques, lo cual significa 5.4 por año.
En el periodo 2000-2003 se han reparado sólo 6 barcos, lo que significa 1.5 por año y representa una reducción de 260 por ciento de productividad. Esos otros fueron reparados en el extranjero, lo cual ocasionó un gasto enorme a Pemex y propició que dejaran de usarse además la mano de obra e instalaciones ahí existentes.
La atención de la flota menor, remolcadores, lanchas y chalanes, también ha presentado una disminución enorme pues, pese a contar en esa terminal marítima con un dique flotante de 60 metros de longitud, 16 metros de ancho y 850 toneladas de capacidad de transferencia, en una plataforma de 8 mil metros cuadrados de superficie, con personal calificado y experimentado, de 54 embarcaciones reparadas de 1993 a 1999, en el periodo 2000-2003 se han atendido sólo 6.
Eso demuestra que la caída de la productividad de la terminal marítima de Ciudad Madero coincide con su nueva administración, la cual no ha logrado establecer la dinámica y la capacidad de respuesta que ahí se brindaba a la flota petrolera nacional y a la extranjera antes de su arribo a esa empresa paraestatal.
La inexperiencia, el desconocimiento y la falta de voluntad laboral han sido las características de los actuales responsables de tan importante terminal marítima.
La actual administración de Pemex no sólo ha dejado de generar empleo, materia de trabajo y plazas nuevas, sino que quiere poner en riesgo las ya existentes y, además, trata de encubrir su incapacidad administrativa para tornar eficiente el funcionamiento del dique seco de Ciudad Madero, con decisiones sin fundamento, y gastando los exiguos recursos de la empresa de todos los mexicanos en reparaciones de buques en el extranjero.
ProposiciónPor esas razones, y por la urgencia de resolver el problema número uno del país: el desempleo; y por la apremiante necesidad de crear opciones reales de ingreso de divisas a Pemex, me permito, en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Tamaulipas y en el propio, someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, la cual solicito se publique íntegra en la Gaceta Parlamentaria y se turne a las Comisiones de Energía, de Marina, y de Trabajo y Previsión Social.
Primero. Se exhorte a la administración de Petróleos Mexicanos a proteger, respaldar y conservar en forma funcional la terminal marítima de Ciudad Madero, así como a respetar el derecho al trabajo de quienes laboran en ese centro.
Segundo. Que Petróleos Mexicanos proporcione todos los recursos técnicos, las herramientas y los materiales de calidad para tornar óptimo y reforzar el funcionamiento de tan importante centro de trabajo y elevar su rentabilidad.
Tercero. Que Petróleos Mexicanos ofrezca y proporcione servicio a los buques tanque de cualquier empresa y nacionalidad para su reparación en esa terminal marítima, propiedad de la nación; y, con ello, obtenga ingresos importantes para mejorar y consolidar las actuales finanzas de la empresa orgullo y propiedad de todos los mexicanos, por el bien del país.
Cuarto. Se exhorte a Petróleos Mexicanos a que, sin excepción, cualquier reparación de los buques de la flota petrolera sea primero turnada a la terminal marítima de Ciudad Madero para que se determine si es factible en ella su reparación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2003.--- Dip. Sergio A. Posadas Lara (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Túrnese a la Comisión de Energía.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se incremente el monto de las partidas destinadas al Canal 11, Radio Educación, Instituto Mexicano de la Radio y Televisión Metropolitana, SA de CV, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, presentada por el diputado Manuel Gómez Morín Martínez del Río, del grupo parlamentario del PAN.
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se incremente el monto de las partidas destinadas a XE-IPN Canal 11, Radio Educación, Instituto Mexicano de la Radio y Televisión Metropolitana, SA de CV, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.
ConsideracionesDe conformidad con la fracción V del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado debe promover y atender todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el desarrollo de la nación, así como alentar el fortalecimiento y la difusión de nuestra cultura.
Asimismo, según se establece en el artículo 4° de la Constitución, el Estado debe velar por el respeto del derecho de los niños a la satisfacción de sus necesidades de salud, educación y sano esparcimiento, entre otras, para su desarrollo integral.
Es también responsabilidad del Estado generar las condiciones necesarias para que los individuos puedan ejercer, con la mayor extensión posible, la garantía de libre expresión de ideas que consagra el artículo 6° de nuestra Ley Suprema, así como garantizarles el pleno ejercicio del derecho a la información.
La radio y la televisión son, indiscutiblemente, medios a través de los cuales el Estado puede cumplir con las responsabilidades antes mencionadas y otras más que, por economía, se omiten.
En México existen aproximadamente 550 canales de televisión y 1,425 estaciones de radio en señal abierta. Una parte de estos canales y estaciones operan bajo concesión, y otra parte bajo permiso, ambos en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Radio y Televisión.
Entre las permisionarias están XE-IPN Canal 11, Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio (Imer), y Televisión Metropolitana, SA de CV, que opera el Canal 22. Una de las principales razones de ser de estas permisionarias consiste en que, a través de sus estaciones y canales, el Estado cumpla con las responsabilidades a las que ya me he referido. No persiguen ese único propósito, ya que también buscan contribuir a formar una opinión pública objetiva y libre, ofrecer opciones de programación, comunicar asuntos de interés público, satisfacer requerimientos de comunicación de grupos y comunidades con necesidades específicas, entre otros.
Sin embargo, las permisionarias en comento tienen una serie de restricciones que les impiden atender cabalmente sus funciones. No cuentan con una infraestructura propia que le permita una cobertura nacional en señal abierta. Asimismo, sus instalaciones y equipos son insuficientes y obsoletos, tienen atraso tecnológico y poseen poca capacidad para producir y adquirir programas y otros materiales. A manera de ejemplo, la infraestructura del Canal 11 se limita a su transmisora en la Ciudad de México y a estaciones en Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Culiacán, Chetumal, Morelos, Playa del Carmen, Quintana Roo, Saltillo, San Luis Potosí, Tepic, Tijuana y Valle de Bravo. Llega a otras plazas a través de televisoras operadas por gobiernos estatales y sistemas de televisión restringida.
Para estar en posibilidad de desarrollar satisfactoriamente sus funciones, las permisionarias que nos incumben requieren, entre otros, aumentar su cobertura con infraestructura propia, actualizarse tecnológicamente e incorporar nuevas tecnologías, ampliar y modernizar sus instalaciones, incrementar su capacidad de producción y compra de programas y materiales, desarrollar programas de capacitación de personal, así como abrir espacios a jóvenes comunicadores y productores independientes.
Todo lo anterior implica un costo económico que las permisionarias no pueden sufragar, ya que carecen de los recursos financieros que se requieren para ello. Por disposición de ley, tienen prohibido comercializar. Esto provoca que sus ingresos se limiten a los recursos provenientes del erario público, como fuente principal, así como a los pocos que obtienen a través de donativos, patrocinios y venta de servicios.
Los recursos previstos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2004 para las permisionarias que nos incumben, son a todas luces insuficientes: para Canal 11 están previstos 202 millones 415 mil pesos, de los cuales 197 millones son para gasto corriente. A Radio Educación le corresponden 42 millones 658 mil pesos, de los cuales 39 millones 132 mil pesos son para gasto corriente. El Instituto Mexicano de la Radio tiene asignados 90 millones 476 mil pesos, todos los cuales corresponden a gasto corriente. Canal 22 tiene un presupuesto de 144 millones 938 mil pesos, de los cuales 139 millones 927 mil pesos son para gasto corriente.
En conclusión, para que Canal 11, Radio Educación, el Imer y Canal 22 puedan cumplir satisfactoriamente sus funciones y, de esta forma, contribuyan de mejor manera para que el Estado cumpla con sus responsabilidades, es necesario fortalecerlas financieramente a través recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se incremente el monto de las partidas destinadas a XE-IPN Canal 11, Radio Educación, Instituto Mexicano de la Radio y Televisión Metropolitana, SA de CV, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.
Dip. Manuel Gómez Morín Martínez del Río (rúbrica).»
AnexoRequerimientos de recursos adicionales a los previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.
Televisión Metropolitana, SA de CV 46 millones
XE-IPN Canal 11 75 millones
Instituto Mexicano de la Radio 30 millones
Radio Educación 20.047 millones
Dichos recursos adicionales se sustentan y precisan en la información anexa.
«Canal 22.--- Conaculta.--- Ve más allá.
Canal 22
Es la televisora cultural del Estado Mexicano.
Su audiencia potencial suma 32 millones de personas.
Promueve el desarrollo educativo y cultural de nuestra población a un costo sustancialmente menor del que requieren otros medios o programas de gobierno. Logros
Ha incrementado sus promedios de audiencia más de 422% con respecto al año 2000.
Ha incrementado su cobertura hasta alcanzar:
- 606 poblaciones vía cable.
- 22 televisoras estatales.
- Sistemas DirecTV y del sistema SKY.
Ha crecido nuestra producción televisiva del 17 al 49% del total de nuestra carta programática.
Iniciamos una primera fase de la reconversión digital de la televisora.
Hemos establecido convenios con televisoras de Colombia, Brasil, Inglaterra, Francia, España, Cuba y Argentina.
Damos espacio en nuestra programación a universidades televisoras estatales y a la televisión educativa.
Hemos logrado el reconocimiento académico a nuestro trabajo gracias a la creación de la Cátedra de Televisión Cultural Canal 22 en la Universidad Iberoamericana.
Hemos recibido más de 45 premios nacionales e internacionales.
Canal 22 produce 1,240 horas de programación con 142 millones de presupuesto al año. Su presupuesto no ha tenido variación en los últimos 3 años y ha disminuido en términos reales en el 2003. Principales actividades
La operación diaria de Canal 22 requiere un fortalecimiento de sus actividades principales, que son:
Sostener sus niveles de producción propia y la adquisición de material televisivo de calidad.
Digitalizar sus equipos y su transmisión.
Contar con instalaciones adecuadas.
Ampliar su cobertura en el país y en Estados Unidos.
Modificar su estructura de personal.
En las siguientes láminas presentamos un panorama de las necesidades de estos rubros.
Necesidades básicas de producción y programación para el año 2004Recursos actuales (presupuesto fiscal): Producción 19 millones, Programación 16 millones.
Recursos que se requieren para cumplir metas en condiciones óptimas: Producción 52 millones, Programación 29 millones.
Recursos adicionales necesarios: Producción 33 millones + Programación 13 millones.
Total = 46 millones.
Contingencia (instalaciones)
Derivado del sismo de enero pasado, las oficinas administrativas de Canal 22 fueron desalojadas.
Canal 22 carece de instalaciones propias.
A la fecha, cuatro áreas del Canal (un total de 80 personas) se han ubicado en espacios provisionales fuera de nuestras instalaciones.
El costo para adecuar instalaciones donde albergar a todo el personal de Canal 22 dentro de los Estudios Churubusco, es de $14 millones de pesos.
Se trata de un gasto excepcional e inesperado.
Distribución de los recursos Costos
A) Adecuación y remodelación de 9.5 millones2 pisos del Edificio Pedro Infante
para ser ocupada por las siguientes áreas:
Administrativo, Finanzas,
Jurídico y Organo Interno de Control.
B) Remodelación y reubicación de 4.5 millonescabinas de control de los estudios.
Total 14 millones
Revisión tecnológica (digitalización)
Se trata de una actualización tecnológica obligatoria anunciada por la SCT.
Es también una tendencia tecnológica internacional.
Canal 22 ya realizó una primera inversión para lo anterior.
El presupuesto para completar la digitalización durante los próximos 3 años es de $80 millones de pesos, más 3 millones para la adquisición de microondas.
Con ello Canal 22 se convertirá en una televisora con tecnología del siglo XXI.
Tabla de programación de uso de recursos durante los próximos 3 años para la Reconversión digital y adquisición de micro-ondas. Proyectos de instalación de repetidoras
Beneficios:
Canal 22 se consolidaría como Televisora del Estado.
Las ciudades seleccionadas representan la mayor cantidad de población en sus estados.
Este proyecto considera la alianza con gobiernos estatales y municipales.
Se plantea la instalación de 9 repetidores, con costo aproximado de 90 millones de pesos durante los próximos 3 años.
Población de estos estados que sería atendida: 20 millones. Ciudades principales por cubrir
1 Guanajuato, Guanajuato
2 Monterrey, Nuevo León
3 Querétaro, Querétaro
4 Gómez Palacio, Durango
5 Cuernavaca, Morelos
6 Culiacán, Sinaloa
7 Tampico, Tamaulipas
8 Chihuahua, Chihuahua
9 Saltillo, Coahuila
Programa de recursos para la instalación de repetidoras. Proyecto Canal 22 de México
Con el propósito de ampliar nuestra cobertura, hemos realizado las gestaciones para que, mediante un acuerdo con Satmex, Canal 22 se incorpore al proyecto ``Satmex Máximo''.
Este proyecto consiste en ingresar la señal internacional de Canal 22 en los Estados Unidos, inicialmente por DirecTV Estados Unidos a todo el país.
A partir del año 2004, también estará disponible en sistemas de TV por cable en:
California
Texas
Arizona
Nuevo México
Nueva York
Colorado
Nevada
Florida
Illinois
El proyecto representa la posibilidad de atender vía la televisión por cable 21 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos con los contenidos de la cultura mexicana, así como mensajes sociales y educativos del Estado Mexicano.
Además representa, a mediano plazo, ingresos sumamente atractivos para Canal 22.
Se trata de un proyecto de gran proyección y de alto beneficio político y social, para el que se requieren $21,642,000 pesos, que permitirán garantizar su operación hasta finales del año 2004.
Estos recursos se utilizarán para la adquisición de equipo y mobiliario, instalación de un master de transmisión, adquisición de material televisivo con derechos para el territorio norteamericano y contratación externa de personal operativo.
Es necesario destacar que en el corto plazo la señal internacional generará ingresos propios tanto por el pago por concepto de suscriptores en DirecTV y, en su momento, en los sistemas de cable, como por la venta de tiempo aire en sus emisiones.
Fondo revolvente para producción comercial externaCanal 22 ha logrado abrir un mercado importante: la producción de spots y programas especiales que nos solicitan instituciones y dependencias del sector público. Ofrecemos la facilidad de no licitar su adquisición, precios más atractivos que el mercado publicitario, y una alta calidad de realización.
Este año se han obtenido ventas por más de $18 millones de pesos.
Para poder financiar estas producciones y en tanto esperamos un incremento de venta por este rubro, requerimos contar con un ``fondo revolvente'' para financiar esta producción sin que afecte los recursos destinados a nuestra pantalla.
El monto para ello es de $10 millones de pesos. Resumen de necesidades para el año 2004
Canal 22 Internacional..........................................21mdp
Producción y programación..................................46mdp
Fondo Revolvente para Producción Externa........10mdp
Instalaciones (inmueble).......................................14mdp
Digitalización y adquisición de mcro-ondas.........20mdp
Instalación de 1 repetidora.................................... 5mdp
Total General.......................................................116mdp
Once TV.
Señor diputado, Lic. Manuel Gómez Morín.--- Presente.
Estimado Lic. Gómez Morín, por este conducto me permito dirigirme a usted con la finalidad de expone la urgente necesidad de incremento presupuestal para Canal Once, en los últimos 3 años, esta emisora no ha tenido incremento en los capítulos de gasto 2000, 3000 y 5000, inclusive no se han considerado los incrementos naturales por índices inflacionarios.
Además de ésta los programas de ahorro federales, generaron disminuciones adicionales al presupuesto anual autorizado, lo que afectó directamente a la pantalla de Canal Once.
Ante este difícil escenario la Dirección General estableció una línea estratégica, aplicando sistemas de gestión de calidad y conceptos de reingeniería y mejora continua, lo que permitió hacer más eficiente y rentable la operación del Canal.
Derivado de estas acciones se logró la obtención de la Certificación ISO 9000-2000 para la totalidad de los procesos del canal, asimismo en estos 3 años nuestra emisora suma en total 61 premios nacionales e internacionales y cerraremos este año con 20 nuevos premios, incrementamos la producción propia un 84% pasando de 663 medias horas en el 2000, a 1225 en el 2003, en penetración de mercado hemos crecido de un 6 a un 20% y al día de hoy en la encuesta nacional de medios de este año contamos con el 78% de aceptación de los televidentes.
Para el año 2004 el presupuesto de Canal Once necesita 75 millones de pesos adicionales, todo para aplicarse directamente en los capítulos 2000, 3000 y 5000, es decir, nada de ello se utilizaría en sueldos y salarios, todo iría a innovación y actualización.
Estoy seguro que los resultados de nuestro canal están a la vista, por ello me atrevo a solicitar su apoyo con la finalidad de seguir mejorando la oferta que Canal Once hace a sus televidentes.
Esperando poder vernos favorecidos con esta petición le envío un saludo.
Atentamente.
México, DF, a 10 de diciembre de 2003.--- Julio Di-Bella Roldán, Director General.»
Situación laboralEn 1991 y 1992, con apoyo de la SEP, se liquidaron aproximadamente a 800 empleados, a través de programas de retiro voluntario.
A partir de esta fecha, la Emisora contrató a su personal con autorización de la SHCP, bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios. Esta medida que en un principio fue considerada transitoria, a la fecha persiste.
Este régimen de contratación genera un alto riesgo y contingencia laboral que pone en peligro la operación de la Emisora.
Actualmente, el Programa Anual de Contratación por Honorarios de la Emisora se conforma por 971 profesionistas contratados por el régimen de honorarios asimilados a salarios, lo que representa un 10% menos con respecto a la plantilla del 2000.
PRODUCCION, ADQUISICION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS
Canal Once en los últimos 3 años, no ha tenido incremento presupuestal en los capítulos de gasto 2000, 3000 y 5000, inclusive no se han considerado los incrementos naturales por índices inflacionarios.
Además de esto los programas de ahorro federales, generaron disminuciones adicionales al presupuesto anual autorizado, lo que afectó directamente a la pantalla de Canal Once.
Ante este difícil escenario la Dirección General estableció una línea estratégica, aplicando sistemas de gestión de calidad y conceptos de reingeniería y mejora continua, lo que permitió hacer más eficiente la operación del Canal.
Gracias a esto y a pesar de estos escenarios logramos el incremento en la producción propia de un 84% pasado de 663 medias horas en el 2000, a 1225 en el 2003.
En los espacios informativos el incremento fue de 47% pasado de 1422 medias horas en el 2000, a 2097 en el 2003.
En general la producción tuvo un incremento del 33%, ya que al finalizar el 2003 se habrá producido 4924 medias horas.
En cuanto al rating Canal Once ha logrado Incrementos significativos en distintas barras: 52% en informativos, 83% en Once niños y hasta un 350% en algunos programas de producción propia, alcanzando en algunos casos rating del orden de los 7.4 puntos.
Lo que nos ha llevado a obtener del 2001 a la fecha 30 premios nacionales y 31 premios internacionales.
Canal Once pretende destinar en el 2004 el 88% de su gasto a la producción, adquisición y transmisión de programas de televisión, esto representa un incremento del 58% con respecto al 2003.
Con ello buscamos disminuir las repeticiones de programación propia, que pueden llevar a perder auditorio.
INVERSION
Existe un rezago en la asignación para gasto de inversión, con lo que se ha reducido el avance en el proceso de digitalización. Esta problemática impedirá dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 3 de octubre de 2000, donde se establece que todas las televisoras deben iniciar el análisis, desarrollo e implementación de las tecnologías digitales.
El proyecto de actualización digital de equipos para el periodo 2001-2006 de Canal Once asciende a 14 millones 770 mil dólares.
Para llegar al 80% del proyecto ideal en el 2006 debido al rezago existente hasta ahora, necesitamos tener una inversión anual de 39 millones de pesos.
COBERTURA
Respecto a la cobertura por señal abierta de Canal Once hemos incrementado un 27% con respecto al 2000, gracias a los convenios realizados con transmisoras estatales. Lo que nos permite llegar a 29.8 millones de televidentes potenciales.
Con ello nuestra cobertura en el territorio nacional alcanza 32% en señal abierta y el 100% a través de los sistemas de televisión restringida de Cable, Sky y DirecTV.
El proyecto para alcanzar la cobertura nacional en un 53% por la señal abierta de Canal Once representa una inversión del orden de los 29.5 millones de dólares.
En el 2003 se inició el proyecto de lanzamiento de la señal Internacional de Canal Once, con el objetivo de poner a disposición el contenido de nuestra programación, en el territorio de Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá.
Para el 2004 se continuará con este proyecto buscando la cobertura desde Canadá hasta Punta del Este, Uruguay.
Intituto Mexicano de la Radio (IMER).
Diputado Manuel Gómez Morín, diputado federal y secretario de la Comisión de RTC del Partido Acción Nacional.--- Presente.
Estimado Diputado Gómez Morín:
Como es de su conocimiento el Instituto Mexicano de la Radio llevó a cabo una tarea de suma importancia a través de una programación de calidad que tuvo alcances significativos en la educación y en la cultura.
Como radio pública queremos reafirmar nuestro compromiso social y ampliar nuestra capacidad de producción, lo cual implica gastos importantes.
Es por ello que me atrevo a solicitar su amable intervención para contar con un presupuesto adicional de $30.000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 mn) para poder cumplir cabalmente con este objetivo.
Agradezco de antemano la atención que se sirva prestar a la presente y quedo a sus órdenes.
Atentamente.
México, DF, a 15 de diciembre de 2003.--- Director general.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.«Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta H. Cámara de Diputados forme una subcomisión a fin de estudiar y proponer una Ley Orgánica para el Colegio de Posgraduados, suscrita por diputados de los grupos parlamentarios del PRD, PT Y PRI.
El suscrito, diputado Horacio Duarte Olivares integrante del Grupo Parlamentario del PRD, en conjunción con diputados de las fracciones parlamentarias del PRI, PRD y PT de esta LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 44, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesQue el país y, en particular, el campo mexicano enfrentan en la actualidad una crisis económica, social, ecológica y cultural cada vez más aguda, derivada principalmente de acciones desarticuladas y de la baja prioridad que la sociedad y el Estado le han otorgado. Esta situación ha tenido graves consecuencias, como son: elevada marginación; creciente dependencia alimentaria, científica y tecnológica; baja competitividad y rentabilidad de las unidades de producción; migración del campo a las ciudades y emigración a otros países; deterioro de la calidad de vida, desnutrición e incremento de los niveles de pobreza en la población rural, con la consecuente inestabilidad política y social y el abandono de tierras de cultivo. Lo anterior se ha reflejado en una baja producción agropecuaria y una reducida aportación del sector al producto interno bruto nacional.
Que en el contexto ambiental, el país está sufriendo un grave deterioro de su biodiversidad y recursos genéticos; fragmentación y pérdida de hábitats; erosión y contaminación de suelos; agotamiento y contaminación de mantos freáticos; y pérdida de recursos forestales debido a manejo inadecuado, incendios e incidencia de plagas y enfermedades, entre otras causas. Estos efectos se han acentuado con las variaciones ambientales asociadas con el cambio climático global.
Que esta situación, que limita fuertemente el crecimiento económico, requiere hoy más que nunca de personal científico y técnico altamente calificado y con un claro compromiso con la sociedad; por lo que la educación agrícola superior y la investigación se reafirman como elementos fundamentales para la solución de sus problemas y como detonador de la recuperación del país en un marco de desarrollo territorial sustentable.
Que el Colegio de Posgraduados fue creado como una institución de enseñanza e investigación con base en la Ley de Educación Agrícola Superior expedida por el H. Congreso de la Unión en 1946 e inició sus actividades en febrero de 1959.
Su misión original fue la de formar profesores de carrera para la entonces Escuela Nacional de Agricultura. Posteriormente se le asignó una misión similar para el Sistema de Educación Agrícola Superior, y más tarde la de formar investigadores para el Sistema Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias e Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas; antecesores del actual INIFAP).
Finalmente, se le agregó la responsabilidad de capacitar a productores y técnicos, con el fin de mejorar sus actividades de servicio en el medio rural.
Todas estas responsabilidades han sido cumplidas cabalmente por la Institución. Así, a lo largo de su existencia, el Colegio de Posgraduados ha formado la mayor parte de los profesores con nivel de posgrado de los programas de ciencias agrícolas y otras especialidades de las instituciones de enseñanza superior del país, además de un alto número de investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), y de profesionistas que laboran en los sectores público y privado; además de capacitar técnicos y productores de diversas regiones del país.
Asimismo, la Institución es reconocida en el ámbito internacional por su labor formadora de recursos humanos para diversos países de Latinoamérica.
Que con el anhelo permanente de actualizar su estructura para el mejor cumplimiento de su misión y objetivos, el Colegio de Posgraduados ha pasado por varias transformaciones en su marco jurídico; así, de ser un organismo desconcentrado del Estado, en enero de 1979 el Ejecutivo Federal autorizó su evolución a organismo público descentralizado.
En reconocimiento a sus logros, en el año 2001 la Institución fue distinguida como Centro Público de Investigación mediante la formalización de un convenio de desempeño firmado por los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el marco de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica (actual Ley de Ciencia y Tecnología).
El propósito final siempre fue, como lo es ahora, transformar a la Institución en un Organismo Autónomo por decreto del Congreso de la Unión, que le permitiría contar con mayor seguridad jurídica para consolidarla como un pilar del desarrollo científico y tecnológico en el medio rural.
Que la visión de país que inspira el trabajo del Colegio de Posgraduados es la de un México unido y con una sociedad confiada en su futuro; con sólidos valores éticos y morales; que sea democrática, liberal, progresista, económicamente justa, equitativa, próspera y con pleno control de su economía, la cual deberá ser robusta, resiliente, dinámica y competitiva; con un sector rural sin pobreza, diversificado, competitivo y capaz de producir los alimentos que le demande el país.
Que dentro de este contexto, el Colegio de Posgraduados deseado es un lugar para estudiar, investigar, trabajar y convivir, digno de las generaciones actuales y futuras; un lugar donde se formen mujeres y hombres que sepan luchar contra las adversidades y logren metas superiores en bien de la sociedad mexicana.
Que para lograr tal fin, el Colegio de Posgraduados deberá sustentar su trabajo en los siguientes principios:
Autonomía. Facultad otorgada legalmente por el Estado a una institución de educación superior, de investigación o cultural, a fin de que se garantice en ella la completa libertad de cátedra, de pensamiento, de expresión y administración, tanto en lo económico como en lo humano, dándose para estos fines sus propios ordenamientos. En consecuencia, tiene la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma, realizar sus fines, educar, investigar y difundir la cultura o los resultados de sus actividades, de acuerdo con los principios señalados en la fracción VII del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Congruencia con su naturaleza académica. La razón de ser del Colegió de Posgraduados es formar recursos humanos de la más alta calidad técnica, científica y humana; así como generar, difundir y utilizar los conocimientos producto de la investigación y la vinculación con el sector productivo rural. La organización, los mecanismos de toma de decisiones y los criterios de operación y de evaluación deben guardar congruencia con esa naturaleza. Los valores a preservar incluyen el pluralismo, la libertad de cátedra y de investigación.
Pertinencia social. El Colegio de Posgraduados se debe a la sociedad mexicana, por lo que está obligado a participar activamente en la generación de soluciones creativas a sus necesidades. Por ello es necesario continuar fortaleciendo el análisis y aplicación de estrategias para el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de las cadenas agroalimentarias, atendiendo a la diversidad de condiciones agroecológicas y sociales, de tal forma que el país pueda enfrentar con éxito los retos que imponen la globalización y el libre mercado internacional. La Institución deberá consolidarse como el organismo consultor idóneo de los diferentes niveles de gobierno, además de ser un elemento de referencia y una entidad certificadora de procesos, productos y personal técnico.
Compromiso con un modelo de desarrollo sustentable. El Colegio de Posgraduados debe coadyuvar a la generación de un modelo de desarrollo sustentable, incluyente, participativo y comprometido con la solución de los problemas nacionales, para el logro de una sociedad con mejor nivel y calidad de vida; más justa y equitativa en lo educativo y en lo económico; más respetuosa de sus recursos naturales y del derecho de las generaciones futuras para utilizarlos y más consciente de los valores humanísticos que la sociedad mexicana comparte.
Organos de gobierno y ejercicio de autoridad ejemplares. Los órganos de gobierno y directivos del Colegio de Posgraduados ejercerán su autoridad con espíritu de servicio; utilizarán en forma eficiente, honesta y transparente los recursos que se les asignen, en un ámbito de relaciones laborales armoniosas, que respeten los derechos de las personas y que mantengan un clima favorable a la vida académica.
Calidad, innovación y certificación. El Colegio de Posgraduados deberá preservar y consolidar sus programas de excelencia actuales y crear áreas complementarias de desarrollo para el mejor cumplimiento de sus objetivos, manteniendo como puntos de referencia criterios de calidad, innovación y certificación. La calidad es un concepto dinámico, un punto de referencia permanente e idealizado.
La innovación se debe reflejar en el uso de nuevos métodos educativos y pedagógicos y la mejora continua en el cumplimiento de las responsabilidades de los principales integrantes de la Institución: Profesores- Investigadores que sean auténticos formadores y en actualización permanente; directivos más profesionales; alumnos proactivos y más responsables de su formación; y personal no académico más participativo; en suma, una comunidad plenamente comprometida con los objetivos e ideales de la institución.
La certificación será la consecuencia final del quehacer institucional y estará basada en un sistema de gestión de calidad en sus ámbitos académico, administrativo y directivo, que facilite la comparación con estándares nacionales e internacionales.
Que actualmente el Colegio de Posgraduados es una institución académica estratégica y prioritaria para el logro de la soberanía alimentaria del país y del desarrollo científico y tecnológico nacional, elementos necesarios para el desarrollo sustentable del sector rural y el crecimiento económico nacional.
Que por todo lo anterior, solicito al Presidente de la Mesa Directiva se turne a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de éste órgano colegiado la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoPrimera.- Que a efecto de que le sea conferido al Colegio de Posgraduados, la calidad de Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía en su régimen interior en todo lo concerniente a sus aspectos académicos, técnicos, de gobierno, administrativos y manejo de su patrimonio, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados forme una subcomisión o grupo de trabajo para tal fin.
Segundo.- Que la subcomisión o grupo de trabajo, además de requerir la información pertinente, se entreviste con las autoridades competentes, así como con miembros de la comunidad del Colegio de Posgraduados y presente al seno de la Comisión una propuesta de iniciativa de ley orgánica para tal institución académica.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los quince días del mes de diciembre de 2003.--- Diputados: Alejandro González Yáñez, Joel Padilla Peña, Oscar González Yáñez, Pedro Vázquez González, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, Inti Muñoz Santini, Horacio Duarte Olivares, Antonio Mejía Haro, José Luis Medina Lizalde, Martha Palafox Gutiérrez, Francisco Mora Ciprés, Israel Tentory García (rúbricas).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de Crear un Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la Industria de Software, presentada por la diputada María Eloisa Talavera Hernández, del grupo parlamentario del PAN.
Los diputados que firman al calce, de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuden a solicitar que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
ConsiderandosEn los últimos años, la economía mexicana ha perdido competitividad en los sectores industriales donde llegó a tener importantes volúmenes de producción, empleo y exportaciones.
Se trata de un proceso secular de maduración industrial, agravado por el pobre perfil institucional de la economía, la cual carece de incentivos para promover estrategias de escalamiento productivo. Tal es el caso de las industrias automotriz, electrónica, textil y, en general, de la industria maquiladora de exportación.
Para recuperar el terreno perdido se requiere un proceso de cambio en el perfil de la planta productiva mexicana, orientándola a nichos de mercado más dinámicos e intensivos en conocimientos y que generen mayor valor agregado.
Lo anterior significa, en algunos casos, recorrer eslabones en las cadenas productivas de las ramas industriales con presencia en México, como en la automotriz y la electrónica.
En otros casos significa fomentar el desarrollo de industrias tecnológicamente intensivas, cuya presencia es incipiente aún en el país, como el sector de la producción de software.
Para alcanzar esos objetivos, es imprescindible que la economía mexicana resuelva los rezagos institucionales que le impiden posicionarse en tan importantes nichos productivos. Entre otros problemas, debemos mencionar los siguientes:
Carencia de una base de capital humano especializado en las cantidades y calidades suficientes.
Limitada infraestructura física y de telecomunicaciones para formar polos de desarrollo que propicien la concentración de empresas intensivas en conocimientos.
Escasa utilización de las tecnologías de la información como factor para elevar la productividad y dinamizar los procesos de negocio.
Baja capacidad para el manejo y el aseguramiento de la calidad en procesos y modelos sumamente especializados.
Ausencia de elementos de apoyo para crear empresas tecnológicas.
Restricciones al acceso de recursos financieros y de conocimiento especializado propios para el desarrollo de un sector de alta tecnología,
Lo anterior constituye un ambiente de negocios muy poco propicio para el desarrollo de industrias y procesos intensivos en conocimiento.
Pese a ello, México tiene potencial para convertirse en un jugador importante en muchos de esos sectores, debido a su privilegiada localización geográfica, a su perfil demográfico, a las escalas internas y externas de su economía y al potencial que representan sus instituciones académicas.
El desarrollo de software y de servicios afines a éste es sin duda una de las industrias, dentro de los sectores de alta tecnología, con mejores perspectivas para su despegue y desarrollo en el país.
Se trata de una industria caracterizada por la generación de empleos sumamente calificados y, en consecuencia, bien remunerados.
Por otra parte, este sector tiene gran trascendencia en el conjunto de la economía: incide de manera directa en el aumento de la productividad, en la mejora de los procesos de negocio y en el desarrollo de las competencias laborales de los trabajadores.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la industria de software y servicios relacionados con él se integra actualmente por 2 mil 95 unidades económicas, que alcanzan una producción estimada de 600 millones de dólares. En ella se emplea a 110 mil profesionales y se estiman exportaciones del sector de alrededor de 180 millones de dólares.
Reconociendo el potencial que representa esta industria para el país, el Gobierno Federal, con la colaboración estrecha de los sectores privado y académico, estableció el Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (Prosoft), cuyas operaciones se iniciaron formalmente el 9 de octubre de 2002.
El Prosoft plantea una serie de estrategias para convertir a México en un jugador relevante en el mercado mundial de software, entre las que se cuentan la promoción de las exportaciones, la atracción de inversiones, la educación y formación de personal competente en el desarrollo de software y el logro de niveles internacionales en capacidad y calidad de procesos de desarrollo, así como la promoción de la construcción de la infraestructura física y de telecomunicaciones que requiere la industria.
El Prosoft se ha planteado una serie de objetivos, entre los que se encuentran los siguientes:
1. Lograr una producción anual de 5 mil millones de dólares.
2. Alcanzar el promedio mundial de 4.3 por ciento del Producto Interno Bruto de gasto en tecnologías de información, ya que actualmente México gasta sólo 1.4 por ciento del PIB en este rubro.
3. Convertir a México en el líder latinoamericano de desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales en español.
Sin embargo, todos esos planteamientos quedarán en letra muerta si no se asignan al programa mencionado recursos financieros suficientes para promover sus líneas de acción e impulsar decididamente el desarrollo de la industria de software en México.
Actualmente, los recursos que destinamos al desarrollo de esta industria son prácticamente nulos y se empequeñecen aún más si los comparamos con los apoyos que recibe dicha industria en los países que son nuestra principal competencia.
Sin recursos financieros que apoyen el programa, será imposible alcanzar los objetivos planteados, por lo que se perdería una oportunidad valiosa para México de impulsar una actividad económica con gran potencial.
Con el propósito de generar los recursos financieros necesarios a fin de dar un impulso decidido al desarrollo del sector, se propone crear un fondo de apoyo para el desarrollo de la industria de software y servicios relacionados con él.
Ese fondo se integraría por recursos fiscales, en la partida de subsidios, a fin de etiquetarlos en rubros específicos de apoyo, así como para buscar asociarlos con los que aporten las entidades federativas y el sector privado.
Es imperativo atender e impulsar desde el Poder Legislativo la constitución de ese fondo para estimular el surgimiento y la consolidación de la industria de software y servicios relacionados con él.
De hacerlo, estaremos impulsando tanto la creación de empleos mejor remunerados como el fortalecimiento de nuestras cadenas productivas y el bienestar de todos los mexicanos.
Por lo expuesto, y por considerarlo de urgente resolución, sometemos a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se propone crear el Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la Industria de Software y Servicios Relacionados, administrado por la Secretaría de Economía.
Segundo. Se establece un techo presupuestario anual de 150 millones de pesos para el fondo, integrado por recursos fiscales en el concepto de subsidios.
Tercero. Con el objetivo de impulsar el desarrollo de esta industria, los rubros que apoyará el fondo serán consistentes con las líneas de acción y estrategias planteadas en el Programa para el Desarrollo de la Industria de Software, incluidos, sin limitar, los siguientes:
- Creación de un fondo de garantías, conjuntamente con la banca de desarrollo, para proveer condiciones adecuadas de acceso de la industria al financiamiento.
- Creación de un cajón de apoyos para complementar iniciativas de calidad en modelos especializados.
- Creación de un fondo de apoyo para proyectos de formación de capital humano de alto nivel, preferentemente involucrando a instituciones de educación superior.
- Creación de un fondo de capital semilla para apoyar la incubación de empresas de desarrollo de software.
- Creación de un fondo de apoyo para la materialización de proyectos productivos que impliquen la generación de cantidades mínimas preestablecidas de generación de empleos de alta calificación.
Cuarto. Una vez autorizada la creación del fondo, la Secretaría de Economía deberá informar periódicamente al Congreso de la Unión sobre los avances y repercusiones de los recursos asignados mediante el fondo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días de diciembre de 2003.--- Diputados: Julio César Córdova Martínez, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, María Eloísa Talavera Hernández, Omar Ortega Alvarez (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.«Proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruya a la Secretaría de Economía a fin de que se incluya el estado de Tlaxcala dentro de la zona de cobertura del Programa Marcha Hacia el Sur, que se establecerá en sus reglas de operación para el año 2004, presentada por el diputado Juan Barcenas González, del grupo parlamentario del PAN.
Los que suscriben, diputadas y diputados federales de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD del estado de Tlaxcala, integrantes de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesEl Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece entre sus principales lineamientos la promoción del desarrollo regional equilibrado, la búsqueda por la equidad de género y la inclusión de los jóvenes en el desarrollo, a partir de la generación de empleos permanentes y de calidad. El instrumento por excelencia con que el Estado mexicano cuenta para lograr éstos y otros objetivos, es el Presupuesto de Egresos de la Federación; mismo que en el año 2004 integra el programa Marcha Hacia el Sur, radicado en el Ramo 10 Secretaría de Economía, con 100 millones de pesos como gasto de inversión física.
El estado de Tlaxcala ha venido superando en las últimas décadas un rezago socioeconómico ancestral, fundamentalmente gracias al esfuerzo de los tlaxcaltecas, pero también al apoyo de los recursos económicos federales; sin embargo, en los últimos años ha sido excluido de planes de desarrollo regional tales como el Sur-Sureste y el Puebla-Panamá, a pesar de que aún subsisten en nuestro estado marcadas asimetrías en la calidad de vida de las familias y las regiones.
Lo anterior ha sido consecuencia, principalmente, de la baja actividad económica en la que se desenvuelven la industrialización y terciarización de la economía del estado; por ello, se requiere urgentemente de un impulso subsidiario del gobierno central que permita integrar a la mayoría de la sociedad tlaxcalteca en las vías del progreso y el consecuente mejoramiento en la calidad de vida, de quienes desde este pequeño estado nos esforzamos y contribuimos por construir una patria más justa económica y socialmente para todos.
Cada mexicana o mexicano anhela una oportunidad para desarrollarse como ser humano, y ésta es por excelencia el trabajo, que nos permite realizarnos, trascender y asegurar un mejor futuro para la siguiente generación, la de nuestros hijos.
El programa Marcha Hacia el Sur ha venido promoviendo y gestionando la generación de empleo permanente en calidad y cantidad, en las zonas de cobertura, señaladas como municipios o estados en las reglas de operación para la asignación de subsidio canalizado a través de este fideicomiso.
En el año 2003 únicamente el pequeño municipio de Emiliano Zapata, que cuenta con menos del 0.5% de la población del estado, fue considerado para acceder a dicho programa.
En Tlaxcala, la pobreza no es sustancialmente menor a la que priva en otros estados incluidos en el programa Marcha Hacia el Sur, desde que inició sus operaciones en el año 2001, como muestra de lo anterior basta con señalar los porcentajes de la población ocupada según el ingreso que percibe en salarios mínimos:
Como puede observarse, el 81.8% de la población ocupada se encuentra en estos rangos de ingreso económico; además de que el desempleo abierto en el estado durante el año 2002 ha sido de 2.6%, superior a la media nacional, que fue de 1.9% para el mismo año.
Tenemos clara la problemática que enfrenta el Gobierno Federal, referente a la escasez de recursos y las disyuntivas de distribución sectorizada, regional o social que exige un Presupuesto federal, sin embargo, para el millón de mexicanos que vivimos en Tlaxcala, una pequeña oportunidad como la que solicitamos puede ser la diferencia entre el progreso y la frustración de microempresas y familias con vocación emprendedora.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico: Se solicita respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados que exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruya a la Secretaría de Economía, a fin de que ésta incluya el estado de Tlaxcala dentro de la zona de cobertura del programa Marcha Hacia el Sur, que se establecerá en sus reglas de operación para el año 2004.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 15 de diciembre de 2003.--- Dip. Juan Barcenas González (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Túrnese a la Comisión de Economía.«Proposición con punto de acuerdo, respecto al Colegio de Posgraduados, presentada por la diputada Sheyla Fabiola Cortés, del grupo parlamentario del PAN.
Con fundamento en la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, presento ante el Pleno de este Poder de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de que se solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía que excluya el Colegio de Posgraduados de lo que el titular del Ejecutivo Federal propone en el artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, que presentó ante esta soberanía.
Como el Poder Ejecutivo reconoce, ``la ciencia y la tecnología, hoy más que nunca, son herramientas indispensables en la construcción de sociedades modernas e incluyentes. El fortalecimiento de la investigación científica y la innovación tecnológica son tareas imprescindibles para apoyar el desarrollo del país y para competir en un entorno cada vez más dominado por el conocimiento y la información''.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se establece que México requiere formar profesionales, especialistas e investigadores capaces de crear, innovar y aplicar nuevos conocimientos que beneficien a la sociedad en su conjunto.
La ciencia y la tecnología, sin duda, son variables estratégicas del cambio estructural para el desarrollo del país.
La relación causal entre la inversión en ciencia y tecnología y el crecimiento económico y social de un país está ampliamente documentada. En todo caso, la inversión en investigación y crecimiento económico forma un círculo virtuoso que se refuerza a sí mismo.
La capacidad científica y tecnológica depende, por una parte, de la escolaridad y la calidad de la educación científica de toda población; y, por otra, de la cuantía y las características de las actividades de investigación y desa-rrollo.
El funcionamiento y fortalecimiento de las instituciones de investigación nacionales favorecerá que cada vez mas proyectos sean de mayor alcance y significación.
El Colegio de Posgraduados, desde su fundación, ha contribuido al desarrollo rural y social de México, por conducto de programas académicos sobre casi todas las disciplinas del conocimiento agronómico y afines, mediante la realización de actividades de investigación y servicio dirigidos a la solución de problemas de los sectores agrícola, pecuario y forestal.
Su misión es formar líderes talentosos para el sector rural, con reconocimiento nacional e internacional, que contribuyan al desarrollo sostenible del país en los ámbitos científico, social, económico y político. Para ello realiza actividades de investigación y vinculación que apoyan la docencia y el desarrollo del país.
Cuenta con 21 programas de maestría y doctorado, de los cuales 19 están reconocidos como programas de excelencia por el Conacyt. Uno de éstos tiene nivel internacional y es el único, en el área agrícola, de este nivel en el país.
De sus profesores, 63 por ciento es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es la institución educativa del sector con más investigadores reconocidos.
Siempre ha recibido calificaciones de excelente en las evaluaciones trimestrales a que está obligado.
Actualmente, tiene mil 15 estudiantes de maestría y doctorado.
De 2000 a la fecha ha contribuido con 200 o más graduados por año, con una eficiencia terminal de al menos 70 por ciento.
Algunas de sus aportaciones científicas y tecnológicas son éstas:
a) Variedades comerciales de maíz para el trópico húmedo de México; y de frijol, trigo, durazno, nopal, ciruelo, manzano, etcétera, para el altiplano y otras regiones del país y del mundo;
b) Técnicas de control de plagas y enfermedades de plantas, de control de maleza acuática, de sistemas intensivos de producción de alto rendimiento y calidad mediante hidropina y fertirriego;
c) Métodos sobre el control y aprovechamiento eficiente de aguas para riego agrícola;
d) Sistemas estadísticos para predicción de cosechas;
e) Manejo de calidad de productos;
f) Métodos para mejorar la nutrición del ganado y la productividad de praderas forrajeras;
g) Métodos de diagnóstico y proyectos con participación campesina;
h) Conservación y mejora de recursos genéticos por los agricultores mismos;
i) Métodos para mejorar los sistemas tradicionales de producción;
j) Estudios de género en el sector rural (único en México);
k) Organismos financieros para el sector rural; y
l) Métodos de conservación de agua y suelo.
Esas aportaciones demuestran la gran importancia del Colegio de Posgraduados y la trascendencia que representa para el desarrollo de uno de los sectores que mayor rezago presenta en el país, pues uno de los retos más relevantes ante los que se enfrenta México es lograr que el campo sea de manera integral motor de crecimiento para el país.
De antemano sabemos que las condiciones en que se encuentra el sector es una problemática heredada, ante la cual el actual gobierno ha emprendido acciones encaminadas a mejorar las condiciones en que se encuentra y lograr su inserción en el proceso de desarrollo sustentable del país.
En Acción Nacional queremos que el desarrollo y la prosperidad lleguen a todos los mexicanos. Para ello son necesarios el acceso a nuevas tecnologías, mejores técnicas agrícolas e infraestructura y la superación de carencias del entorno rural.
Por ello, en nuestros principios reconocemos que la libertad de investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico son indispensables para procurar el bien común de la sociedad y fortalecer la nación.
Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía que excluya el Colegio de Posgraduados de lo que propone el titular del Poder Ejecutivo en el artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.
Dip. Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
«Proposición con punto punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Sociedades cooperativas, se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se abroga la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, presentada por el diputado Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del PAN.
El que suscribe, diputado federal Juan Bárcenas González, y diputados que firman al calce, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesQue el 10 de abril de 2003, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social lo siguiente: a) Iniciativa de Ley de Sociedades Cooperativas; b) Reformas de diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y c) Abrogación de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social de 1994. La comisión estudió la iniciativa y aprobó el dictamen, el 28 de abril de 2003 el Pleno de la Cámara de Diputados lo aprobó y fue enviado el día siguiente a la H. Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen.
2. Que dicha iniciativa fue producto de un proceso de trabajo iniciado 18 meses atrás e incluyó la capacitación de cooperativistas, expertos; funcionarios públicos, senadores y diputados de la LVIII Legislatura. Se continuó la realización de cinco foros regionales de consulta y el trabajo de despachos especializados en la materia.
Que el artículo 25 de la Carta Magna dispone: ``Al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación''.
4. Que la minuta de ley en proceso de dictamen en el Senado permitirá materializar en todo su contenido y fuerza el mandato constitucional mencionado.
5. Que la nueva ley permita establecer las cooperativas como organizaciones con fuertes lazos de solidaridad social, competitivas frente a otros tipos de empresa, eficientes con sus socios y con sus clientes, viables financieramente, sustentables y autónomas e independientes en cuanto a su gobierno interno.
6. Que la promoción de las cooperativas en el país debe tenerse como uno de los objetivos del desarrollo nacional y social. Para ello debe crearse un entorno propicio a fin de promover su crecimiento. Por eso es necesario contar ya con el marco jurídico mediante el cual se dé plena certidumbre a las sociedades cooperativas.
7. Que hoy las sociedades cooperativas se erigen como una de las opciones con mayor viabilidad para combatir los problemas relacionados con el desempleo, la pobreza y la promoción del ahorro. De ahí la importancia de su aprobación, pues el objeto de dicha ley es ``regular y fomentar la constitución, la organización y el funcionamiento de las sociedades cooperativas y de sus organismos de integración''.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico. La Cámara de Diputados exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Sociedades Cooperativas, se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se abroga la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.
Señor Presidente, le solicito que el texto íntegro de esta proposición sea incluido en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 15 de diciembre de 2003.--- Dip. Juan Bárcenas González (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.«Proposición con punto de acuerdo, para que se proceda por recomendación de esta Cámara de Diputados a la revisión e inclusión de todos los municipios de la Región Sur-Sureste en la Zona 9 del artículo 231 de la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, presentada por el diputado Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del PRI.
Ciudadano Presidente, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, he solicitado el uso de esta alta tribuna con el fin de proponer un punto de acuerdo para que esta soberanía, en el marco de los procesos de revisión de la Ley de Ingresos que está en discusión, amplíe los alcances de una disposición transitoria que ha sido incluida en el dictamen de la Ley de Ingresos por la Comisión de Hacienda.
Me refiero a una insostenible incongruencia que presenta la Ley Federal de Derechos en materia de agua, y a la oportunidad que tiene esta Cámara, como parte del Estado mexicano, de corregir lo que representa un trato desigual para la región sur-sureste.
Mientras otras regiones son beneficiadas a través de los instrumentos de política económica, con ventajas económicas por parte del Gobierno Federal, el sur-sureste, que produce más del 80% del petróleo y del gas, energía eléctrica y materias primas de bajo costo, sólo ha recibido de parte del Gobierno Federal escasos apoyos para su desarrollo.
Esta región es, de acuerdo con las cifras del INEGI, la que presenta los mayores rezagos en los índices socioeconómicos y de crecimiento.
Es obligación del Gobierno Federal y de esta Cámara revertir estas condiciones a través de los medios e instrumentos institucionales a su alcance, y lo es también hacer los ajustes a las leyes para que se materialice un pacto federal justo y equitativo en el que todos los estados miembros gocen las mismas ventajas. Si bien en el norte del país los estados fronterizos cuentan con precios preferenciales en gasolina, un IVA 5% menor al el resto de los estados, otros en distintas áreas del país, con zonas libres.
En el sur-sureste del país es donde se produce más del 80% del petróleo. Y recordemos que el 30% de los ingresos del Gobierno Federal provienen de los ingresos petroleros. No obstante, la región ha contado históricamente con la menor inversión pública en infraestructura y gasto social, además de pocas ventajas que el Gobierno Federal pudiera dotar para incentivar la actividad económica de esta parte del país.
Si bien, en el dictamen de la Comisión de Hacienda sobre la Ley de ingresos se incluye un régimen transitorio para los municipios de la región sur-sureste, mediante el beneficio de cubrir el pago del derecho por uso de aguas nacionales conforme a una zona de disponibilidad de agua mayor a la que establece el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos vigente.
Considero, en vista de los tiempos, que la comisión de Hacienda y de Recursos Hidráulicos deben trabajar en ampliar los alcances y que no quede sólo en una disposición transitoria, que por su naturaleza jurídica no es permanente, y que esas ventajas que se persiguen en ese dispositivo jurídico, se incorporen al cuerpo de la Ley Federal de Derechos en su artículo 231.
Es importante destacar que existe una coincidencia entre el Ejecutivo Federal y esta Cámara, expresada a través de la Comisión de Hacienda, ya que en el texto del Dictamen emitido por esa Comisión, se hace referencia a un registro excedente de dicho recurso en cuanto a su disponibilidad superficial, además de ser la región sur-sureste la que presenta la mayor precipitación pluvial del país.
Siendo entonces esta propuesta no la concesión de una ventaja, sino un acto de equidad fiscal, ya que es la disponibilidad del recurso la que determina el monto a pagar por su uso.
Dicha Ley Federal de Derechos, contraviene, en relación con el uso de ese preciado liquido en la región sur-sureste, un principio general de legalidad en materia tributaria, ya que la ley establece, pero debe definir cuáles son los elementos y supuestos de la obligación tributaria.
Claro está, se persigue la equidad y la justificación de la obligación para que todos, atendiendo a las circunstancias específicas en las que se encuentren, paguen en proporción a su costo y disponibilidad cualquier tipo de bien o servicio que preste el Estado. Algo que a todas luces no sucede en la región.
Considerando también que la Ley de Ingresos de la Federación establece que recibirá por concepto de ingresos los siguientes: impuestos, aportes de seguridad social, derechos, etcétera.
Y que de conformidad con el artículo 3°, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación vigente, los derechos son contribuciones por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público.
Se infiere, en el caso de los municipios de la región sur-sureste, respecto al cobro de ese derecho (el del agua), que éste debiera ser equitativo y atender al principio general de derecho en materia tributaria, que ordena que todo derecho debe ser proporcional al servicio prestado por el Estado.
Se debe entonces, necesariamente, atender al hecho de abundancia del líquido en la región.
Por todo lo anterior y bajo las siguientes
ConsideracionesPrimera:Que la región sur-sureste cuenta en abundancia con recursos hidráulicos.
Segunda:Que los municipios de la región sur-sureste sufren permanentemente graves inundaciones, que afectan el patrimonio de las familias, tanto en el campo como en la ciudad, las empresas, la agroindustria, así como la prestación de servicios y daños a los bienes públicos, a lo que los gobiernos de los estados de la región deben hacer frente con escasos recursos presupuestales.
Tercera:Que los servicios de agua potable de la región responden a la necesidad de suministrar el líquido en condiciones sumamente adversas y costosas, dado que provienen en su mayor parte de ríos con alto contenido de impurezas, debido a la naturaleza de los suelos que dañan a los ríos de la región.
Cuarta:Que el bombeo de agua de las plantas potabilizadoras y el desalojo en temporada de lluvias por medio de cárcamos generan costos muy elevados en pago de energía, tomando en cuenta las altas tarifas de la misma, dando como resultado millonarias erogaciones por parte de los gobiernos de los estados de la región.
Quinta:Que en el agua que se utiliza en la región, el Gobierno Federal no invirtió ningún recurso financiero para el desazolve, encauce o cualquier tipo de obra que mejore los sistemas de captación, en cambio, en otras partes del país, la inversión ha sido cuantiosa en presas, líneas de conducción, plantas de tratamiento, y demás infraestructura hidráulica.
Sexta:Que las tarifas a cobrar deben ser las mínimas o incluso nulas, porque corresponden al aprovechamiento de un recurso en exceso, cuya utilización en los municipios de la región no va en detrimento de su aprovechamiento por otras entidades o del agotamiento del recurso.
Por otra parte, que el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, vigente en el presente ejercicio fiscal de 2003, determina que éstos se habrán de pagar atendiendo a la zona de disponibilidad, que va desde 8.59 pesos para los de la zona 1 hasta 0.67 centavos para los de la zona 9 por cada metro cúbico.
Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior citado al principio de mi intervención, solicito a esta soberanía asumir el siguiente
Punto de AcuerdoÚNICO:Que con base en las consideraciones jurídicas aquí expuestas, y atendiendo a la circunstancia de abundancia de agua que presenta la región sur-sureste se proceda por recomendación de esta Cámara de Diputados a la revisión e inclusión de todos los municipios de la región por parte de la Semarnat y/o la Comisión Nacional del Agua, en la zona 9 del artículo 231 de la Ley Federal de Derechos en materia de agua, observando el criterio de disponibilidad que la misma ordena.
Muchas gracias.
Es cuanto, le solicito amablemente al ciudadano presidente sea turnado el presente punto de acuerdo a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 15 de diciembre de 2003.--- Dip. Francisco Herrera León (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
«A la Comisión de Gobernación, a solicitud de diputados integrantes del grupo parlamentario del PRI.
Honorable Asamblea:
Con fecha 8 de octubre del año 2002 fue presentada ante esta representación nacional iniciativa de Ley de Amnistía suscrita por 96 diputados de la LVIII Legislatura de la presente Cámara de Diputados del Congreso de la Unión encabezados por la C. diputada Irma Piñeyro Arias, para las personas que presuntivamente participaron en la comisión de diversos hechos que alteraron la vida institucional y la seguridad pública, impulsadas por móviles de reivindicación social, en la región Loxicha del estado de Oaxaca, particularmente en los territorios de la Crucecita y Santa Cruz, ambos del municipio de Santa María Huatulco; Macuilxochitl, municipio de Tlacolula y en los municipios de Tlaxiaco y San Agustín Loxicha, todos del referido estado de Oaxaca.
Respecto de los hechos aludidos las autoridades federales tomaron conocimiento y abrieron la indagatoria correspondiente, ejerciéndose en algunos casos la acción penal o dejando abiertas las averiguaciones previas iniciadas; encontrándose varios de los procesos en estado de instrucción o se ha dictado la sentencia respectiva por los delitos que se imputan a los partícipes.
La iniciativa a que se alude fue turnada a la Comisión de Gobernación en la misma fecha en que fue presentada la iniciativa, es decir el 8 de octubre del año 2002, sin que a la fecha hubiera sido dictaminada.
Es evidente que ha transcurrido con exceso el plazo que dicha comisión tenía para rendir dictamen sin haberlo hecho, por lo que conforme al artículo 45, parágrafo 6, inciso f), que dispone que las comisiones tienen a su cargo las tareas de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; a su vez, de acuerdo con el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que toda comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido y la obligación que ese mismo ordenamiento parlamentario confiere al Presidente de la Cámara en su artículo 21 fracción XVI de excitar a cualquiera de las comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido los cinco días aludidos concediéndoles plazo para un día determinado y en caso de no rendir dictamen sea propuesto a la Cámara que la iniciativa pase a otra comisión.
Al efecto es de la mayor importancia para la paz pública y la armonía social de las regiones donde se suscitaron los hechos a que se alude en la iniciativa de amnistía, así como una cuestión de justicia para las familias de quienes supuestamente participaron en los mismos, se proceda a extinguir la acción de la justicia de manera que se reintegren a la sociedad aquellos que se encuentren sustraídos de la acción de la justicia, sujetos a prisión preventiva o privados de su libertad por sentencia ejecutoriada.
Para ayudar a superar las situaciones de marginación en que persisten aún en diversas regiones de Oaxaca, en las regiones loxichas, habitadas por individuos monolingües en su mayoría, que padecen de un elevado índice de analfabetismo, múltiples embarazos, desnutrición, desempleo o excesivas jornadas de trabajo, que fueron las razones que llevaron a esos mexicanos a actuar al margen de la ley, es necesario que quienes se encuentren involucrados en la situación descrita retornen a sus comunidades para juntamente con los demás habitantes de las zonas a que se ha hecho mención unan entre sí sus esfuerzos y con el apoyo de los diversos órdenes de gobierno puedan para salir de las pesarosas condiciones en que subsisten.
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 23, 1 fracción f, 38, fracción c, 45, 6, inciso f, así como en el artículo 21 fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción parlamentaria Oaxaqueña del Partido Revolucionario Institucional solicita por mi conducto:
UNICO: Se formule excitativa a la Comisión de Gobernación para que proceda con carácter de urgente resolución a rendir dictamen respecto del proyecto de Ley de Amnistía presentado con fecha 8 de octubre de 2002 por la C. Irma Piñeyro Arias y 96 diputados federales de diversas fracciones parlamentarias, todos ellos miembros de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de le Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre del 2003.--- Diputados: Heliodoro Díaz Escárraga, Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), José Guzmán Santos (rúbrica), Eviel Pérez Magaña (rúbrica), Jesús Angel Díaz Ortega, Jorge Franco Vargas (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica), Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Paulo Tapia Palacios, Gonzalo Ruiz Cerón, Jacobo Sánchez López (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente.
Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por el diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
«Excitativa a la comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN.
C. Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
El suscrito, en su calidad de diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87, 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, solicita respetuosamente a esta Presidencia que tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que se elabore con la mayor brevedad para su presentación ante el Pleno de este órgano legislativo el dictamen conjunto de iniciativas que reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de los siguientes
AntecedentesEn sesión del 3 de diciembre de 2002, el diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla presentó ante el Pleno iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reducir el número de legisladores, que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La iniciativa que se comenta pretende una nueva integración de la Cámara de Diputados, mediante la reducción del número de legisladores que la forman, para lo cual propone:
Que de 500 diputados se reduzca el número a 400, eliminando la elección de 100 diputados electos por el sistema de representación proporcional, para quedar en 300 el número de electos mediante el sistema de mayoría relativa y 100 más por el principio de representación proporcional.
Asimismo, en la sesión del 10 de abril de 2003 el diputado Juan Ramón Soto Reséndiz presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sobre la reducción de legisladores del Congreso de la Unión.
El objeto de esa iniciativa es, entre otros:
Reducir a 350 el número de diputados, de quienes 210 serán electos según el principio de mayoría relativa y 140 por el principio de representación proporcional;
Reducir a 96 el número de senadores, eliminando senadores electos por el principio de representación proporcional, para quedar con 64 electos por el sistema de mayoría relativa y 32 más asignados a la primera minoría;
Elevar de 2 a 4 el porcentaje del total de la votación nacional emitida para las listas regionales para que los partidos políticos tengan derecho a diputados por el principio de representación proporcional;
Que, para que un partido político obtenga el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con 140 diputados por mayoría relativa; y
Que ningún partido político podrá contar con más de 210 diputados por ambos principios; reduce de 8 a 5 el porcentaje de votación nacional emitida por el que un partido político pueda contar con diputados por ambos principios.
Toda vez que aún no se emite el dictamen correspondiente de las iniciativas que se comentan, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional insistimos y hacemos énfasis en la necesidad de impulsar y promover cambios que permitan un Congreso fortalecido, cualitativo y no cuantitativo, un Poder Legislativo crecido en resultados eficaces y profesionales, y no que sólo sea grande en número, siendo precisamente la intención de estas iniciativas, pues proponen reducir el número de legisladores que integran el Congreso de la Unión.
ConsideracionesLas diversas reformas constitucionales hechas para modificar la integración del Congreso han ido garantizando la participación y presencia de las distintas fuerzas políticas del país.
Se estableció un sistema electoral mixto, en el entendido de garantizar la presencia de las minorías en el Congreso y, además, para que ciudadanos y electorado pudieran participar y conocer a sus representantes.
Indiscutiblemente, el sistema mixto adoptado en 1986 fue garante de la democracia en el país. Sin embargo, algunas reformas posteriores que modificaron el número de integrantes de ambas Cámaras ya no pueden ser sostenidas.
Por ello se hace necesario una reforma en la que se fortalezca el Poder Legislativo, profesionalizando su labor y funciones, por lo que es importante reflexionar acerca del número de legisladores que integran el Congreso de la Unión, toda vez que se ha considerado que la integración actual de ambas Cámaras ha provocado falta de organización, así como el entorpecimiento de acuerdos y consensos no sólo en el Congreso sino, incluso, entre los mismos grupos parlamentarios, lo que motiva el rezago y la lentitud del trabajo legislativo.
Tras la democracia alcanzada durante la última década, necesitamos mayores consensos, una tribuna fortalecida en sus debates, trabajos en comisión que sean de calidad y no una Cámara llena de legisladores que aprovechen la magnitud en la integración de este órgano colegiado para cumplir y satisfacer intereses personales.
Es tiempo de que también el Congreso innove y reforme su estructura en pro de un México mejor. La situación democrática que vive el país nos los exige, y debemos ser responsables asumiendo los cambios necesarios para que esto sea así.
Ahora bien, respecto a la integración del Congreso de la Unión no nos queda la menor duda de que es necesario que se conserve el mismo sistema mixto electoral que actualmente considera la Constitución, en virtud de la necesidad de garantizar la presencia de las minorías en los órganos de representación política. No obstante, estamos convencidos de la urgente necesidad de analizar y debatir responsablemente sobre porcentajes por los que se han de elegir legisladores por ambos principios.
Por lo que se refiere a las iniciativas objeto de la presente excitativa, cabe acotar que si bien coincide el espíritu que las anima, también es cierto que deben perfeccionarse, por lo que estamos convencidos de la necesidad de que se emita un dictamen conjunto, toda vez que el proceso de dictaminación dará pie a una discusión en que participen las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados para rediseñar nuestro sistema mixto electoral -en cuanto a porcentajes- y contribuir al fortalecimiento del Poder Legislativo.
Consideraciones de Derecho1. Que desde el 3 de diciembre de 2002 y 11 de abril de 2003, fecha en que se presentaron las iniciativas que se comentan, ha transcurrido más del término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que la comisión competente presente los dictámenes correspondientes a las iniciativas descritas.
2. En tal virtud, es procedente que el Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Puntos Constitucionales a fin de que emita en breve el dictamen correspondiente.
Por lo expuesto y fundado, a usted, Presidente de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:
Unico. En los términos de los antecedentes y las consideraciones expuestos, y de conformidad con los preceptos legales invocados, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente dictamen conjunto de las iniciativas que reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para reducir el número de legisladores.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días de diciembre de 2003.--- Dip. José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente.El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De igual manera y a petición del señor diputado Marcelo Herrera Herbert, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar la devolución de impuestos retenidos a trabajadores de Petróleos Mexicanos, esta Presidencia corrige el turno para enviarlo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Excitativa a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del grupo parlamentario del PVEM.
C. Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.
Los legisladores de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 21, fracción XVI, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que se sirva excitar a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos, a fin de que elaboren y presenten ante el Pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la Corte Penal Internacional (CPI), bajo las siguientes
ConsideracionesPrimero. El 14 de diciembre de 2002, el Presidente de la honorable Cámara de Diputados dio cuenta al Pleno de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la CPI,1 la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos para su dictaminación. Esa minuta tiene como finalidad reformar dicho artículo, adicionando un párrafo quinto, donde el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la CPI2 y así lograr la ratificación del Estatuto de Roma por parte de México.
Segundo. El 17 de julio de 1998, en Roma, Italia, la comunidad internacional realizó un enorme avance en la lucha contra la impunidad de los autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ese día, 120 Estados votaron en favor de la adopción del Estatuto de Roma, el cual crea la CPI, como un tribunal permanente con jurisdicción complementaria, capaz de juzgar a individuos, la cual -después de la ratificación por parte de 92 Estados- entró en vigor el 2 de julio de 2002.
El 7 de septiembre de 2000, en el marco de la Cumbre del Milenio, el Presidente de la República firmó el estatuto que crea la CPI, obligando con ello al Estado mexicano a ratificar dicho instrumento.
La minuta en cuestión fue presentada ante la preocupación de adecuar los preceptos de la Ley Suprema al contenido del Estatuto de Roma, con el objetivo de que en ningún momento la Norma Constitucional pueda transgredirse.
Asimismo, se pretende lograr la protección de la persona humana, a fin de complementar y adicionar las garantías individuales consagradas en la Carta Magna.
Cuando se habla de competencia de la CPI, se teme el menoscabo de la soberanía de un Estado, si bien el Estatuto de Roma promueve precisamente el fortalecimiento de ésta.
Vale la pena destacar que la CPI será complementaria a los sistemas de justicia nacionales, ya que deberá intervenir sólo cuando los Estados no puedan o no quieran investigar y juzgar a los probables responsables de los crímenes mencionados. Es decir, la responsabilidad primaria de investigar y juzgar recaerá sobre los Estados, que tendrán que modernizar sus sistemas penales nacionales, tipificar en su derecho interno crímenes internacionales y fortalecer la independencia del Poder Judicial, lo que tendrá un efecto positivo en la protección de los derechos humanos a escala mundial, y en la mejor cooperación entre los Estados y la CPI.
Tercero. El 30 de septiembre de 2003, el gobierno mexicano reafirmó ante el Consejo de Seguridad que ``la Corte Penal surge como una afirmación de la convicción común de que la justicia y la paz son indispensables para el desarrollo humano. El establecimiento de una corte de esa índole constituye una contribución duradera al mandato principal de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a la promoción del imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el mundo''.
La aprobación de ese instrumento significa sin duda la culminación de una importante etapa de internacionalización de la protección de las personas frente a las más graves violaciones de los derechos humanos, emprendida por Naciones Unidas.
Estamos convencidos de que la Corte Penal Internacional podría intervenir en países donde no hay tribunales con capacidad para lidiar con individuos que violan el derecho internacional humanitario.
Un tribunal de esas características puede frenar los intentos de futuros dictadores de asesinar a sus conciudadanos y el mantenimiento de la paz internacional se vería beneficiado por la existencia de una jurisdicción penal internacional.
Por ello no podemos dejar a México fuera de uno de los actos internacionales más importantes en materia de derechos humanos y de lucha contra la impunidad.
Por lo expuesto y fundado, a usted, C. Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, atentamente pedimos:
Unico. Tenga por presentada esta excitativa y se sirva excitar a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos para que elaboren y presenten el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la Corte Penal Internacional, minuta que fue presentada por la Cámara de Senadores el 14 de diciembre de 2002.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días de diciembre de 2003.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos para que emitan el dictamen correspondiente.Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.
No tenemos este documento.
Luego entonces proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por el diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la Junta de Coordinación Política.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Excitativa a la Junta de Coordinación Política, a solicitud del diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, del grupo parlamentario del PRI.
Con fecha 30 de septiembre de 2003 el diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, miembro de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, presentó ante este órgano legislativo un punto de acuerdo por el que se solicita a la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura que sea creada la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en la LIX Legislatura, encargada de coadyuvar y dar seguimiento, en el ámbito de las competencias del Poder Legislativo federal, a los proyectos y programas de desarrollo regional relacionados con la frontera sur.
ConsiderandoQue en fecha 30 de septiembre de 1997 los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política presentaron ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura la propuesta de proyecto de acuerdo para la integración de las comisiones ordinarias, especiales y comités, la cual se presentó al Pleno y fue aprobada por mayoría, dando origen a la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur.
La institución nuevamente de la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur tendría como finalidad principal contribuir y dar seguimiento a la creación y aplicación de los diversos programas específicos de abatimiento de la desigualdad social en la franja fronteriza del sureste mexicano.
En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito, señor Presidente, excite a la Junta de Coordinación Política a fin de que se dictamine la proposición de referencia.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Palacio Legislativo, a 3 de diciembre de 2003.--- Dip. Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Junta de Coordinación Política.Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por el diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Economía.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
A la Comisión de Economía, a petición del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del PRI.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.
Excitativa con fundamento en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de esta Cámara de Diputados que se sirva excitar a la Comisión de Economía para que se someta a los trámites correspondientes para su aprobación la iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, presentada por el diputado Mauricio Enrique Candiani Galaz de la LVIII Legislatura, ya que ésta ya está dictaminada, aprobada y sometida a primera lectura por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial el viernes 13 de diciembre de 2002.
Considerando como lo menciona la propia iniciativa, que no sólo es importante reformar y adecuar nuestra Ley Minera para mantener un alto nivel competitivo en el ámbito internacional, en donde es fácil advertir que muchos otros países, especialmente los latinoamericanos, están haciendo constantes esfuerzos legislativos para atraer inversiones en este ramo, sino por que la minería en el ámbito interno, constituye el primer eslabón de la gran cadena productiva nacional y por lo mismo impacta en todos los sectores de la economía, lo cual podemos afirmar en función de que prácticamente todos los bienes materiales de que disponemos cotidianamente, tienen algún componente directo o indirecto del mundo mineral; además de que la minería representa una de las muy pocas actividades que son capaces de integrar a la vida productiva a las regiones más apartadas e inhóspitas de nuestro país, generando empleos en donde prácticamente nadie más podría, creando infraestructura que otros simplemente no llevarían a esas regiones y originando con su presencia importantes beneficios y derrama económica en zonas históricamente marginadas que difícilmente hubiesen podido encontrar otras formas de subsistir.
En mi distrito, como en muchos otros, ésta es una de las actividades primordiales para el desarrollo de la región, las demandas ciudadanas que se me hacen como diputado Federal van encaminadas a la búsqueda de soluciones para mejorar los niveles de vida de mis representados y considero que, al aprobarse esta iniciativa se logrará parte de este objetivo.
Por lo anteriormente expresado, me dirijo usted como diputado federal por el 01 distrito de San Luis Potosí, para solicitarle respetuosamente se:
Excite a la Comisión de Economía para que se someta a los trámites correspondientes para la aprobación la iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, presentada por el diputado Mauricio Enrique Candiani Galaz de la LVIII Legislatura, que se sometió a primera lectura el viernes 13 de diciembre de 2002.
Atentamente
México, DF, a 15 de diciembre de 2003.--- CP Alfonso Nava Díaz (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Economía para que emita el dictamen correspondiente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Se ruega se active el sonido en la curul del señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde su curul):
Gracias, diputado Presidente.
Para solicitarle de conformidad con el Acuerdo Parlamentario para el debate, aprobado por esta Cámara de Diputados, someta a consideración del pleno, la inclusión de un asunto nuevo en el orden del día, a fin de que pueda ventilarse o presentarse como primer punto de agenda política, mediante el cual hay un comunicado de un grupo de diputados del Partido Revolucionario Institucional, presentado por el diputado Oscar Pimentel.
Gracias, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con la petición que hace el señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de considerarse este comunicado presentado por el señor diputado Oscar Pimentel, como primer punto de la agenda política del orden del día de la sesión de este día.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
De conformidad con lo solicitado por el diputado, se le pregunta a la Asamblea si es de aprobarse la petición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Luego entonces tiene el uso de la palabra el señor diputado don Oscar Pimentel, para presentar una comunicación de un grupo de diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.
El diputado Oscar Pimentel González:Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Me permitiré dar lectura a este comunicado que firman 61 diputados del Partido Revolucionario Institucional:
Fuerza Reformadora se constituye como un grupo político integrado inicialmente por legisladores priístas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mismo que ratificando su militancia partidista, actuará plenamente como una nueva fuerza de expresión parlamentaria ante dicha instancia del Poder Legislativo.
Sus objetivos serán: contribuir a la unidad del Partido Revolucionario Institucional mediante el fortalecimiento y formalización de la pluralidad que convive a su interior y en la conformación de su bancada legislativa.
Constituir un punto de reunión para aquellos que dentro del PRI buscan nuevas alternativas de acción política y desean impulsar una agenda propositiva y reformadora para el país y para el partido.
Permitir que las expresiones locales, regionales y de militantes destacados se estructuren adecuadamente para fortalecer su impacto en las decisiones del partido, más allá de los canales burocráticos tradicionales.
Garantizar que el PRI mantenga su posición histórica como partido que diseña, propone y encabeza las decisiones fundamentales de la joven democracia mexicana, dada la toma de decisiones y posiciones partidistas y legislativas, la transparencia necesaria para que en todo momento la ciudadanía pueda llamar a cada grupo y dirigencia política.
Fuerza Reformadora nace como un grupo político permanente que aspira a encabezar la reforma y modernización del país y su principal partido político en el nuevo siglo mexicano.
Las acciones de Fuerza Reformadora seguirán tres etapas básicas:
En su primera etapa se propone agrupar a los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en torno a un proyecto con compromisos claros e innegociables en el impulso de reformas de las instituciones nacionales. Extender esta convocatoria de participación propositiva en la política mexicana a militantes priístas en el Senado de la República.
En su segunda etapa se propone incluir a servidores públicos del Ejecutivo en todos sus niveles, a legisladores locales, presidentes municipales y dirigentes del PRI que deseen acompañar en cada entidad federativa los esfuerzos de renovación de esta corriente política. Invitar a militantes y simpatizantes priístas a ratificar su membresía partidista y adherirse a estas acciones.
En su tercera etapa se propone formular y proponer la agenda de efectiva reforma partidista e incluir en la misma a ciudadanos e intelectuales destacados, incluir a organizaciones políticas y de la sociedad civil en la reforma para lograr el PRI que requiere el nuevo siglo mexicano, el partido político y el país que queremos.
Fuerza Reformadora se funda para garantizar que el PRI seguirá siendo un partido viable y esencial en el sistema político mexicano del nuevo siglo, bajo las premisas de un partido de iniciativas y propuestas propias, capaz de llevar a cabo las reformas que el desarrollo nacional demanda.
Queremos un partido presente, que no se retire del escenario de las decisiones nacionales y por el contrario sea éste quien diseñe la agenda de modernización nacional.
Queremos un país en el que las instituciones democráticas sean garantía de decisiones justas y de un mejor gobierno para los ciudadanos y no el pretexto para la irresponsabilidad política y el desacuerdo permanente.
Queremos un país con un sistema hacendario que fortalezca al Estado mexicano, aportando recursos suficientes a la política social y consolidando el federalismo.
Queremos un país que emplee sus recursos energéticos para hacer posible un desarrollo económico superior y garantizar su soberanía en el largo plazo.
Queremos un país donde ser mexicano garantice que no se sufrirán las condiciones de pobreza, que garantice también el acceso pleno a educación de calidad, a la salud, a vivienda digna y en donde las oportunidades de empleo estén al alcance de todos los mexicanos.
Queremos un país que esté entre el esfuerzo en el desarrollo humano.
Queremos un país que tenga el valor de reformarse y modernizarse para capitalizar las oportunidades de la nueva etapa de desarrollo político, económico y social que los logros del Siglo XX hicieron posible.
¡Por el México del Siglo XXI que queremos!
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, a 15 de diciembre del 2003.--- Firman este comunicado los diputados: Elba Esther Gordillo Morales, Francisco Rojas, Roberto Campa, Francisco Suárez, Rafael Moreno Valle, Fernando de las Fuentes, Tomás Ruiz González, Miguel Angel Yunes Linares, María Elena Orantes, Humberto Martínez, Claudia Ruiz Massieu, Oscar Martín Ramos, Oscar Pimentel, Estela Ponce, José Angel Ibáñez, Homero Díaz, Héctor Gutiérrez de la Garza, Antonio Francisco Astiazarán, Guillermo Aréchiga Santamaría, Miguel Angel Osorio Chong, Jorge Uscanga, Mario Carlos Culebro, Jesús Zúñiga Romero, Gustavo Moreno Ramos, María del Carmen Izaguirre, Moisés Jiménez, Bernardo Vega, José Luis Briones, Fermín Trujillo, Alfonso González, Leticia Gutiérrez, Evelia Sandoval, Sonia Rincón, Ernesto Alarcón, Angel Aguirre Rivero, Margarita Martínez López, Guillermo Zorrilla, Ramiro Salazar, Ubaldo Aguilar, Marco Antonio Torres, Martín Vidaña, Abel Echeverría, Martín Carrero Guzmán, Juan Bustillos, Pablo Anaya, Mario Zepahua, Florentino Domínguez, Marcelo Tecolapa, Jesús Aguilar, Federico Barbosa, Julio César Córdova Martínez, José Manuel Abdala de la Fuente, Humberto Filizola Haces, Baltazar Hinojosa, Jorge Romero Romero, Moisés Jiménez, Emilio Badillo Ramírez, Roberto Pedraza, Oscar Bitar Haddad, Angel Paulino Canul e Ivonne Ortega.
Es cuanto, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:De enterado.
Señor diputado Wintilo Vega.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul):
Señor Presidente, le estoy solicitando la palabra para rectificación de hechos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Señor diputado Wintilo Vega, estando en agenda política, tiene usted el uso de la palabra en términos del 102.
El diputado Wintilo Vega Murillo:Con su permiso, señor Presidente; compañeras, compañeros diputados:
Damos hoy la bienvenida a un grupo reformador que plantea con claridad su objetivo ante este pleno. Y tenemos que darla con gusto, cuando tiene por objetivo cualquier grupo en la Cámara, la unidad, la unidad de criterios, la unidad de objetivos, la unidad de miras, la unidad de lo que queremos para México.
Por eso, a los compañeros de nuestro partido bienvenido este esfuerzo que quieren hacer. Bienvenido porque saben lo que es la unidad, la unidad que puede buscar la discrepancia en lo interno para generar un solo criterio en lo externo, la unidad que respeta y acepta la voluntad de la mayoría, por eso les decimos bienvenidos, porque sabemos que podemos debatir con compañeros de partido, que podemos debatir para tener un solo criterio y poder ir al debate exterior. La unidad siempre será bienvenida como objetivo, la unidad siempre será aplaudida por nosotros cuando se busca un legítimo interés.
Nosotros, al interior del PRI, tenemos claro cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro interés: la defensa de la oferta política que le hicimos a nuestros electores, la defensa de nuestros postulados básicos, ¡a ésa no habremos de renunciar!
Hoy sabemos que podemos tener diferencias de opinión, que podemos generar disensos pero que al final hay una voluntad expresada de que vayamos a la consolidación de un consenso, con argumentos, argumentos que puedan ser elementos para convencer a la mayoría y siempre cuando hay una mayoría convencida se tiene que aceptar la voluntad de esa mayoría convencida.
Por eso es que lo que ha venido pasando en esta Cámara no le podemos llamar traición, porque los militantes diputados del PRI en esta Cámara de Diputados, que tuvimos un razonamiento de nuestro voto en la pasada sesión, lo hicimos convencidos de que cumplíamos con uno de nuestros documentos básicos y más allá de ese cumplimiento, cumplíamos con nuestros electores.
Qué bueno que aquí expresamos con claridad lo que queremos hacer, porque una fracción parlamentaria dividida no le sirve al pueblo de México, porque una fracción parlamentaria que no tiene un solo propósito y un solo objetivo no puede dar cumplimiento al partido que nos postuló.
Y amigas, amigos diputados, del PRI, todos llegamos postulados, los que somos de esta fracción parlamentaria, por un único partido. Tenemos un solo dirigente nacional a quien le debemos respeto y hoy ratificamos, la gran mayoría de la fracción parlamentaria del PRI, nuestro respeto, nuestra voluntad de seguir coordinándonos con nuestro líder nacional.
Invitamos a todas las fuerzas políticas a con argumentos debatir, a buscar consensos que le den certeza al pueblo de México, del futuro que queremos y que hemos imaginado para todos nuestros compatriotas.
Pero hagamos de esta búsqueda de consensos una exposición de argumentos que dejen satisfecho a la mayoría de los mexicanos y cuando esta Cámara se expresa mayoritariamente, respetamos la voluntad de la mayoría que manda en este salón de plenos, de la mayoría de la expresión o la suma de la expresión de cada uno de los diputados.
Eso hace la mayoría, por eso es que en la sesión pasada fue rechazado un dictamen que no convenció a la mayoría y sepultamos en definitiva la posibilidad del IVA en alimentos y medicinas. En eso, no nos vamos a mover la gran mayoría de los legisladores del PRI.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:El siguiente punto del orden del día acerca de los trabajos de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación ha sido retirado por su promovente, la diputada Dolores Padierna Luna.
A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Inti Muñoz Santini, para hacer comentarios sobre la desincorporación de los organismos culturales denunciados en el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos del 2004.
El diputado Inti Muñoz Santini:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Como ustedes recordarán, el 5 de noviembre pasado esta Cámara recibió la propuesta de paquete económico para el año 2004 enviada por el Poder Ejecutivo Federal.
En este paquete, en un lance de tintes claramente oscurantistas elaborado por la Secretaría de Hacienda, se incluyó la propuesta de desincorporar o suprimir organismos dedicados a promover el cine y la formación de cineastas, además de imponer un IVA de 10% a los libros y las publicaciones, además de proponer un sensible recorte presupuestal a las políticas culturales públicas en este país.
Esta iniciativa es parte de la corriente internacional que juzga las políticas públicas nacionales en cultura como supervivencias que molestan, a vote pronto y como corresponde a una sociedad con una identidad cultural claramente asumida, múltiples voces de la sociedad civil objetaron esta intención e iniciaron una resistencia pacífica y civil para sensibilizar a los miembros del Poder Legislativo de la importancia estratégica del cine mexicano.
Acudieron a esta Cámara reconocidas y prestigiadas personalidades a manifestar sus inconformidades y a ponderar la viabilidad del cine mexicano como industria cultural.
Se cuestionó el mito de que la cultura es una industria del entretenimiento y también la idea muy difundida entre empresarios y políticas neoliberales, de que la mejor política cultural es la que no existe. Pues bien, esta afrenta en contra de la cultura nos ha llevado, al menos en este periodo, a un pantano legislativo en torno a la Constitución de una agenda cultural que nos permitiera atender, entre otras cosas, las recomendaciones de la Unesco en materia de cultura, la agenda de las sociedades culturales y de la comunidad cultural de nuestro país.
También nos impidió tener el tiempo suficiente de elaborar un pan para establecer los lineamientos generales para la elaboración de lo que podría ser una Ley de Cultura que le dé marco normativo a las instituciones culturales de la República.
La semana anterior, un grupo de actores y estudiantes del Centro de Capacitación Cinematográfica se dio a la tarea de recabar firmas de apoyo de diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias, En esta carta, firmada por 255 miembros de este parlamento, los estudiantes hacen una invitación a trabajar con responsabilidad y nacionalismo por el cine mexicano que se encuentra en una situación muy difícil en la que puede desaparecer por completo o, por el contrario, retomar el éxito que ha tenido en antaño y consolidarse como una cinematografía de calidad a nivel mundial.
Dicho pronunciamiento establece también el compromiso de no aprobar la desincorporación ni del Centro de Capacitación Cinematográfica ni del Instituto Mexicano de Cinematografía ni de los Estudios Churubusco conforme al punto de acuerdo propuesto a este pleno por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Siguiendo esa línea de argumentación, quiero afirmar en esta tribuna que con las 250 firmas de todas y todos ustedes, que la propuesta del artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto Federal para el 2004 está tocado de muerte, es una victoria de la comunidad cultura y hay que celebrar.
Quiero tan sólo, para terminar, invitarlos a que en un ejercicio de congruencia hagamos valer este compromiso público al momento de aprobar el Presupuesto de Egresos para el año 2004 y darle así larga vida al cine mexicano.
Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Tiene el uso de la palabra el señor diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno:Con su permiso, diputado Presidente:
Paso a esta tribuna en representación de Convergencia, para solicitar a todos ustedes legisladoras y legisladores, consideren la importancia que tiene para México y para la cultura los organismos que se pretende desincorporar. Es importante mencionar que ya por conducto de nuestro coordinador parlamentario Jesús Martínez, hicimos llegar una misiva a los titulares de dichas instituciones mostrando nuestro absoluto rechazo a la desincorporación, y en su momento presentaremos una iniciativa de ley no sólo para generar ingresos sino para hacer más efectivas y eficientes estas instituciones, particularmente Imcine.
Debe de considerarse como un error político el hecho que nos ocupa la desincorporación de entes culturales que todos hemos conocido. Imcine, Centro de Estudios Cinematográficos que podría atreverme a señalar que en la práctica puede considerarse como un delito de lesa cultura, de llegarse a aprobar. Por ello Convergencia llama a todos los señores y señoras legisladores a que de ninguna manera tomen en cuenta esa desincorporación que algún duende inculto esencialmente, deslizó en el documento.
Tomo como elemento de argumentación el asunto del Imcine, la cinematografía que acaba de conmemorar su primer centenario de invención, está metida en el alma del pueblo mexicano y por decirlo de alguna manera, en el alma también y en la emancipación popular, en muchos lugares de nuestro país y de nuestro continente, si tomamos en consideración que México padece un índice de analfabetismo del 10% de su población, es decir que por lo menos cinco millones de compatriotas indígenas y campesinos no tienen otro vehículo para acercarse a los elementos modernos de la cultura nacional y mundial como es el cine.
México, durante estos 100 años del cine mundial ha sido prodigiosamente universalista.
Ha habido toda una época de oro en el cine nacional, cuando los cineastas dieron al mundo artistas de la talla de Gabriel Figueroa como camarógrafo; directores de la talla de Emilio ``El Indio'' Fernández; Fernando de Fuentes, y de hecho son quienes han dado su nombre a la cineteca nacional.
El Imcine se ha dedicado, dentro de sus posibilidades, a subvencionar, aunque raquíticamente, dadas las condiciones económicas de este trienio, a la familia cinematográfica que por lo menos en este tiempo nos han dado películas que han recibido premios nacionales e internacionales. Sólo por esto, nada más por esto, diríamos que es gravísimo lo que se propone. Son 18 entes públicos estatales o paraestatales y urge que reflexionemos porque no podemos cometer ése delito contra la cultura de México. Es cuanto diputado.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Muchas gracias, señor diputado Juan Perdomo Bueno.
El siguiente punto del orden del día y que tiene qué ver con el uso de los recursos públicos en el municipio de Zamora, Michoacán, ha sido retirado por el diputado promovente.
Y el siguiente punto del orden del día y que tiene qué ver con los comentarios en torno al informe de la situación de los derechos humanos en México presentado por el alto comisionando de las Naciones Unidas presentado por la diputada Eliana García Laguna, ha sido enviado a esta Mesa Directiva por escrito y se instruye a la Secretaría para que sea insertado el texto íntegro en el Diario de los Debates.
«Comentarios para Agenda Política del Informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México.
Desde esta máxima Tribuna queremos decirle a nuestro país que del Diagnóstico se desprende que no hay una política de Estado de protección a los derechos humanos, sin dejar de reconocer avances, aunque son menores.
No debemos olvidar la falta de derechos plenos que padecen 25 millones de nuestros paisanos que radican en los Estados Unidos, ya que, por ejemplo, no pueden votar ni ser votados, sufren agresiones tanto en la frontera como en este país donde se violan sus derechos laborales, o bien, no tienen educación, salud ni apoyos a la producción en el campo, es decir, carecen de derechos políticos, sociales, económicos y culturales, lo que significa que no hay consolidación democrática.
Por lo anterior, convoco a las diputadas y los diputados a que trabajemos arduamente en materia de procuración e impartición de justicia, ya que la violación a los derechos humanos de los mexicanos tanto en nuestro país, como en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos, constituye una grave problemática que demanda atención inmediata por parte del Gobierno, por lo que invito al Ejecutivo a que se sume a nuestros esfuerzos por lograr el respeto cabal de los derechos humanos del pueblo mexicano.
El pasado 8 de diciembre Anders Kompass, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), presentó al Presidente Vicente Fox un documento titulado ``Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos''.
Del Diagnóstico se desprenden, entre otras, las siguientes observaciones.
En cuanto a justicia civil:
Establece un programa para sustituir a toda la jerarquía de la Procuraduría General de la República que proceda del Ejército y la Secretaría de Marina, ya que la separación entre funciones militares y la justicia es una exigencia de toda sociedad democrática.
Los fiscales deben trabajar sin ``Injerencias indebidas'', tales como los vínculos de lealtad entre miembros de las Fuerzas Armadas.
Respecto a la Fiscalía de Desaparecidos, el Diagnóstico hace un balance positivo porque dice que reúne las características de Ministerio Público y de Comisión de la Verdad y ``muestra un interés del Ejecutivo para evitar la impunidad''.
En cuanto a justicia militar y penal observa que se debe:
Evitar que la Secretaría de la Defensa Nacional influya en la procuración y administración de justicia civil y militar.
Designar al Procurador Militar mediante un proceso similar al del titular de la PGR, cuyo nombramiento pasa por el Congreso, así como adscribir la justicia militar al Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de eliminar progresivamente los alcances del fuero de guerra.
Por otro lado, el Diagnóstico incluye 32 recomendaciones de alcance general y sobre los siguientes temas: sistema de justicia, seguridad pública, derechos civiles, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, derechos económicos, sociales y culturales y derechos políticos.
Dentro de las de carácter general recomienda: reformar la Constitución para incorporar el concepto de derechos humanos como eje y reconocer tratados en la materia con jerarquía superior a normativos federal y locales; promulgar leyes reglamentarias de todos los derechos humanos; realizar una campaña nacional permanente de los derechos humanos, la tolerancia y el respeto a la diversidad; así como publicar periódicamente los avances en el caso de Ciudad Juárez.
En el sistema de justicia propone:
Promover una profunda transformación en el sistema de justicia que garantice el Estado de Derecho.
Fortalecer los mecanismos actuales de investigación de los crímenes del pasado y la reparación integral del daño a las víctimas.
Mantener separadas las funciones de las policías preventivas y las que realizan tareas de investigación de delitos, y excluir la procuración de justicia del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En lo referente a derechos civiles encomienda:
Incorporar en el sistema legal mexicano la objeción de conciencia y regularla. Y preservar la laicidad del Estado.
Sobre derechos humanos de las mujeres señala que se debe:
Fortalecer los mecanismos sobre la equidad de género.
Promover programas, instituciones y servicios para prevenir y atender la violencia de género.
Adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Asegurar el acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva, de calidad, sin discriminación.
Respecto a los pueblos indígenas propone que:
Que el Congreso de la Unión reabra el debate sobre la reforma, la reforma constitucional en materia indígena.
Sobre los derechos políticos apunta que es necesario:
Reconocer expresamente en el texto constitucional los mecanismos de participación directa: referéndum, plebiscito e iniciativa popular.
Reformar la legislación electoral, a fin de incorporar una ley de partidos.
Finalmente, destaca que se debe apoyar y promover la creación de un grupo de expertos de diversos centros de educación superior, organizaciones sociales y, civiles y sector privado, que con el apoyo del sistema de Naciones Unidas en Mexico elabore anualmente un Informe independiente sobre el estado de la nación y elaborar el índice Nacional de Cumplimiento de los Derechos Humanos en México, a niveles federal y estatal.
Ante este contexto, el Presidente Vicente Fox se comprometió ante el Alto Comisionado a elaborar un Programa Nacional de Derechos Humanos, para lo que solicitó la participación de los integrantes de la Comisión Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, a cargo del titular de la Segob, Santiago Creel.
Diputada Eliana García Laguna.»
Señoras y señores:
La Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, designa las siguientes comisiones protocolarias para participar que la Cámara de Diputados cerró su Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LIX Legislatura.
Al Presidente de la República, a los integrantes de la Mesa Directiva; a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, los diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión del Distrito Federal.
Compañeras y compañeros diputados:
Los integrantes de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hemos tratado de actuar en todo momento con buena fe, con estricto apego a la norma jurídica. Deseamos que la convivencia al interior de este cuerpo colegiado sea la adecuada, para que este alto órgano representativo de la nación tenga buenos frutos para la sociedad mexicana.
Nos mueve como a todos ustedes, un entrañable amor a México y la profunda convicción de cumplir con nuestra responsabilidad democrática en un ambiente de tolerancia, de respeto a las opiniones de los demás, en un ámbito de colaboración institucional con los demás poderes de la Unión. Es por ello que con toda consideración les ruego a los presentes ponerse pie.
Y si ustedes me disculpan, pero en atención a un comunicado presentado por el señor diputado Jorge Carlos Obregón Serrano y dirigido al señor Presidente de la Mesa Directiva, me voy a permitir simplemente darle lectura:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.
Señor Diputado:
Por este medio me permito hacer de su conocimiento mi solicitud para reincorporarme a mi cargo de diputado federal a partir del día 15 del presente, lo anterior para que se instruya a quien corresponda a fin de que se realicen los trámites administrativos relativos a la presente solicitud.
Sin otro particular, me es grato reiterarle las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 15 de diciembre de 2003.--- Dip. Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica).»
Esta Presidencia dicta el trámite, de enterado.Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El día de hoy 15 de diciembre del año 2003, la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio. Que sea para bien.
Se ruega a los presentes entonar el Himno Nacional Mexicano.
(Himno Nacional).
Continué la Secretaría. Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por 10 minutos, para verificar la asistencia y se ruega a los ciudadanos diputados y diputadas integrantes de la Comisión Permanente, permanecer en el recinto, de tal suerte de estar presentes a las 20:00 horas con objeto de que se instale la Comisión Permanente.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para verificar la asistencia.
Registrará asistencia de viva voz, el diputado José Adolfo Murat Macías.
El diputado José Adolfo Murat Macias (desde su curul):
José Adolfo Murat Macías, presente.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:
Señor Presidente, pasaron lista 424 diputados.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el lunes quince de diciembre de dos mil tres, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEn el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de cuatrocientos veintitrés diputadas y diputados, a las doce horas con veintiún minutos del lunes quince de diciembre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaLa Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.
Comunicación del diputado Alfredo del Mazo González por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal electo en la quinta circunscripción plurinominal. La Secretaría da lectura a los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente y la Asamblea los aprueba en votación económica.
El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentra el ciudadano José Adolfo Murat Macías, electo como diputado federal suplente en la quinta circunscripción plurinominal, y acompañado de una comisión designada, rinde su protesta de ley y entra en funciones de inmediato.
Comunicación del Congreso del estado de Michoacán con acuerdo relativo a la desincorporación de diversas instituciones propuesta en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Comunicación del Presidente del Consejo de la Judicatura Federal por la que informa de la conclusión del segundo periodo de sesiones de dos mil tres. De enterado.
Oficios de la Cámara de Senadores:
Uno, por el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Impuesto al Activo, presentada por la senadora Gloria Lavara Mejía, del Partido Verde Ecologista de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Uno, por el que remite iniciativa con proyecto de Ley de Impuestos Ambientales, presentada por el senador Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Doce, por los que remite puntos de acuerdo en relación la tasa del impuesto al valor agregado para la región fronteriza y con partidas presupuestarias para: los programas denominados de Compra de Leche Nacional; Arranque Parejo en la Vida, Fortalecimiento para la Prevención y Control de Cáncer Cérvico Uterino y No Violencia en contra de las Mujeres; el programa Hábitat; la carretera Aguascalientes -Calvillo; el Fondo Nacional de Desastres Naturales y el Fondo de Prevención de Desastres; el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; la Comisión Nacional del Agua; las dependencias involucradas en la protección y rescate de áreas naturales protegidas; y el programa de modernización y capitalización del campo cañero; en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Uno, por el que remite punto de acuerdo relativo a la integración de una comisión especial para dar seguimiento al programa bracero y a la iniciativa para crear un fideicomiso que administrará el fondo de contingencia para el apoyo a los ex braceros del periodo mil novecientos cuarenta y dos-mil novecientos cuarenta y seis. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Uno, por el que remite punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que declare la nulidad del acuerdo para la importación de vehículos nuevos equipados con motor diesel. De enterado.
Uno, por el que remite punto de acuerdo para enviar una delegación plural de legisladores a las audiencias públicas convocadas por la Corte Internacional de Justicia. De enterado.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación por los que remite:
Copia de la contestación del titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, en relación con puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados relativos a la entrada en vigor de la Ley contra el Bioterrorismo en los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Salud y copia al promovente, para su conocimiento.
Informe de Labores de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, de enero de dos mil dos a junio de dos mil tres. Se turna a la Comisión de Economía.
Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:
Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona los artículos setenta y uno, setenta y cuatro, setenta y cinco y ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona el artículo cuarenta y cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra
Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Cristina Portillo Ayala, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código de Justicia Militar. Presidencia del diputado Antonio Morales de la Peña
Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Defensa Nacional.
A las trece horas con veinticuatro minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos setenta diputadas y diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia.
Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona el artículo veintiocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.
Patricia Garduño Morales, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley General para la Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos por el Delito. Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
La Cámara de Senadores remite las siguientes minutas proyectos de decreto por los que:
Se expide la Ley General de Bienes Nacionales, para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, y que contiene el texto completo de dicha Ley, con las disposiciones que se reforman, adicionan y derogan, así como las que no han sido objeto de enmienda alguna. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Se reforman las fracciones quinta y vigésima segunda del artículo tercero; la fracción primera del artículo cincuenta y cinco; el artículo ciento veinte; el primer párrafo del artículo ciento cincuenta; los artículos ciento setenta y ocho; y la fracción primera del artículo ciento ochenta y tres; se adiciona el artículo ciento setenta y nueve bis; y se derogan las fracciones segunda, sexta y séptima del artículo ciento setenta y nueve, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural.
Se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Se expide la Ley que crea el Consejo Económico y Social del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Desarrollo Social.
En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana con proyecto de Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. Es de segunda lectura.
El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, de Convergencia, fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión.
Fijan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Luis Maldonado Venegas, de Convergencia;
Presidencia de la diputada Amalia Dolores García MedinaFrancisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo; Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México; Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática;
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoMaría Angélica Ramírez Luna, del Partido Acción Nacional; y María del Carmen Izaguirre Francos, del Partido Revolucionario Institucional.
En votación económica la Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y sin que se reserven artículos para su discusión en lo particular, la Secretaría recoge la votación respectiva, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos cuarenta y tres votos en pro, ninguno en contra y siete abstenciones.
Presidencia del diputado Antonio Morales de la PeñaEl Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
La Asamblea dispensa, en votación económica, la lectura del dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos trescientos catorce, trescientos treinta y ocho, trescientos cuarenta y tres, trescientos cuarenta y cuatro y trescientos cuarenta y cinco de la Ley General de Salud. Es de segunda lectura. A nombre de la Comisión fundamenta el dictamen el diputado José Ángel Córdova Villalobos, del Partido Acción Nacional,
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozanoy sin nadie más que solicite el uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto,
Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyramisma que resulta aprobatoria por cuatrocientos veintidós votos en pro, ninguno en contra y nueve abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
Comunicación de la Junta de Coordinación Política por la que informa de cambios en la integración de las comisiones de Comunicaciones, de Energía, de Hacienda y Crédito Público, de Participación Ciudadana, de Fortalecimiento del Federalismo y de Gobernación. De enterado.
La Cámara de Senadores remite iniciativa con proyecto de Ley del Fondo para la Estabilidad de los Ingresos Petroleros, presentada por el senador José Moisés Castro Cervantes, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Cámara de Senadores remite dos minutas proyectos de decreto por los que:
Se reforma el artículo decimocuarto transitorio del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha veinte de diciembre de dos mil uno. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.
Se adicionan los artículos doscientos veintidós bis y doscientos ochenta y seis ter a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo relativo a la salvaguarda de la integridad de la tortuga golfina. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Comisión de Seguridad Social con punto de acuerdo para solicitar al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a que observe las disposiciones de la Ley y del Reglamento del Seguro Social, en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización relativas a los derechos del esposo de la asegurada. Sin que motive discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Comisión de Salud con punto resolutivo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un capítulo tercero al Título Segundo de la Ley General de Salud. Sin discusión se aprueba en votación económica. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
Dictamen de la Comisión de Salud con punto resolutivo por el que se desechan las iniciativas que adicionan los artículos doscientos ochenta y tres y trece de la Ley General de Salud. Sin que motive debate se aprueba en votación económica. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
Dictamen de la Comisión de Salud con punto resolutivo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo doscientos cincuenta de la Ley General de Salud. Sin nadie que solicite el uso de la palabra, se aprueba en votación económica. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
Comunicación de la Junta de Coordinación Política por la que informa los acuerdos relativo a la presentación de proposiciones con punto de acuerdo inscritas en el orden del día de la presente sesión y respecto a la proporcionalidad de la integración de los miembros de la Comisión Permanente para el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura. Se aprueba en votación económica.
La Secretaría da lectura a la cédula con los diputados propuestos por los grupos parlamentarios como integrantes de la Comisión Permanente que funcionará durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura, misma que se aprueba por trescientos noventa votos en pro, ninguno en contra y treinta abstenciones. La Presidencia hace la declaratoria correspondiente.
Presenta proposición con punto de acuerdo el diputado Fermín Trujillo Fuentes, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con los municipios que falta incorporar en el programa denominado Oportunidades y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea, en votación económica, considera de esa manera el asunto y sin discusión se aprueba de la misma forma. Comuníquese.
La Secretaría da cuenta con la recepción de proposiciones con punto de acuerdo de los siguientes diputados o grupos parlamentarios:
José Luis Cabrera Padilla, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la entrada en vigor del Protocolo de Cartagena y la prohibición del ingreso de maíz transgénico al país. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Desde curul la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Partido de la Revolución Democrática, solicita abreviar la lectura de las proposiciones con punto de acuerdo y el Presidente atiende la solicitud.
Convergencia, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe acerca de las medidas para la defensa de mexicanos en el estado de California y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea así considera el asunto en votación económica y de la misma forma aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.
Francisco Grajales Palacios, del Partido Revolucionario Institucional, para establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, una partida especial que incremente el patrimonio del fideicomiso que administra el Fondo de Jubilaciones de los Trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Partido de la Revolución Democrática, en torno a la nueva Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Partido Revolucionario Institucional, en relación con las reglas de operación de los programas de vivienda vigente. Se turna a la Comisión de Vivienda.
Francisco Chavarría Valdeolivar, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el proyecto Puerto Mío, localizado en la Bahía de Zihuatanejo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Partido Revolucionario Institucional, en relación con las prácticas desleales que afectan a la porcicultura nacional y la cuota compensatoria a las importaciones de carne de cerdo provenientes de los Estados Unidos de América y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea así considera el asunto en votación económica y de la misma forma aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.
Partido de la Revolución Democrática, en relación con la empresa Publi XIII. Túrnese en su oportunidad al Comité de Información, Gestoría y Quejas.
Juan Antonio Gordillo Reyes, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro se consideren recursos suficientes para la atención a los programas de vivienda rural y de adultos mayores. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Partido Revolucionario Institucional, para que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, asuma un compromiso inmediato con los esfuerzos del Gobierno del Estado de México en materia de desarrollo urbano integral. Se turna a la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
Partido Acción Nacional, para que se declare el año de dos mil cuatro, como Año de la Familia. Se turna a la Comisión de Gobernación.
René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática, para que el Ejecutivo Federal informe acerca del destino y aplicación de los recursos que ha solicitado por concepto de endeudamiento neto para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica y de la misma manera aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para exhortar a las legislaturas de lo estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que analicen la posibilidad de asignar una partida presupuestaria en apoyo a la producción del cine nacional. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Partido del Trabajo, para solicitar al gobierno del estado de Durango, firme el convenio con el Fideicomiso Federal para que los ahorradores de la Caja de Ahorro Popular número uno recuperen su patrimonio. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Integrantes de la Comisión de Marina, en relación con el presupuesto de la Secretaría de Marina para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Partido Revolucionario Institucional, en relación con la asignación de recursos federales a las entidades federativas y al Fondo para la Educación Básica, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional, para exhortar a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, adecuen sus legislaciones de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros ordenamientos relacionados con la niñez y la adolescencia. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Abdallán Guzmán Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a las investigaciones que realiza la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a implementar confinamientos para residuos peligrosos con tecnología de punta. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar el otorgamiento de un subsidio al gas licuado de petróleo y al gas natural para uso doméstico en el estado de Chihuahua y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea así considera el asunto en votación económica y de la misma manera aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.
Angel Pasta Muñúzuri, del Partido Acción Nacional, para exhortar a las legislaturas de los estados a fin de que estudien y revisen sus respectivas legislaciones en materia de delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Omar Ortega Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, para que en el ejercicio fiscal de dos mil cuatro se destine mayor presupuesto al sector de ciencia y tecnología. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Partido Verde Ecologista de México, para exhortar al Ejecutivo Federal a cumplir con los compromisos del Acuerdo Nacional para el Campo. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Arturo Robles Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la comisión especial encargada de dar seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
José Irene Alvarez Ramos, del Partido Acción Nacional, para exhortar a las legislaturas locales a que legislen en materia de asuntos indígenas. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Antonio Mejía Haro, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro y el presupuesto para el campo. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Partido Verde Ecologista de México, para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aplique programas específicos para combatir la degradación forestal en México. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Comunicación de la Junta de Coordinación Política por la que informa de cambios en la integración de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Desarrollo Metropolitano. De enterado.
Abraham Velázquez Iribe, del Partido Revolucionario Institucional, para incrementar los recursos destinados a las universidades públicas de las entidades federativas y en particular los de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Alejandro Higuera Osuna, del Partido Acción Nacional, para solicitar una mayor asignación presupuestaria para la conclusión de la ampliación de la carretera Mazatlán-Durango en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Susana Guillermina Manzanares Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación que guarda el proceso legal al que está sometido el indígena Rayamury Isidro Valdenegro López. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Partido Verde Ecologista de México, para solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional información sobre caso de Heron Valencia Flores y demás personas condenadas a la pena de muerte. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.
Fernando Fernández García, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la desincorporación del Colegio de Posgraduados. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Marcelo Herrera Herbert, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar la devolución de impuestos retenidos a trabajadores de la empresa Petróleos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Partido Verde Ecologista de México, para solicitar a la Procuraduría General de la República y al Instituto Federal Electoral, información relacionada con la venta del padrón electoral a la empresa estadounidense CHOISE POINT. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación.
Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el ingreso de los paisanos al territorio nacional. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Partido Acción Nacional, en relación con el presupuesto destinado a la atención y defensa de los derechos de la población más vulnerable para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Comisión Nacional del Agua a que revise los métodos y procedimientos de medición del agua para uso agrícola. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la problemática que guardan los prestadores de servicios de las guarderías infantiles subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.
Francisco Juan Ávila Camberos, del Partido Acción Nacional, en relación con la extinción del Instituto Mexicano del Transporte propuesta en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Rafael García Tinajero Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, sobre la discriminación de cero positivos en las Fuerzas Armadas. Se turna a la Comisión Unidas Defensa Nacional y Marina.
Esteban Valenzuela García, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar la modificación de las reglas de operación de ASERCA. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del Partido Acción Nacional, para crear una Comisión Especial que dé seguimiento a las investigaciones del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Irma Sinforina Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con los rellenos sanitarios. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Martha Palafox Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la desincorporación de diversas instituciones considerada en artículo segundo transitorio del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al titular del Ejecutivo del estado de Morelos, a deslindar responsabilidades en los hechos ocurridos en contra de pobladores de Tlanepantla. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, se establezcan disposiciones expresas que impidan que los programas sociales, especialmente dirigidos a las mujeres, sean afectados por adecuaciones presupuestarias, reducciones, diferimientos o cancelaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Israel Tentory García, del Partido de la Revolución Democrática, para que el Ejecutivo Federal aplique recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, para atender y auxiliar a los productores damnificados por las sequías. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Francisco Alberto Jiménez Merino, del Partido Revolucionario Institucional, sobre la desincorporación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua considerada en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Santiago Cortés Sandoval, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el presupuesto para el acceso de las mujeres indígenas a la educación. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Angel Heladio Aguirre Rivero, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el presupuesto del sector carretero para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Francisco Javier Carrillo Soberón, del Partido de la Revolución Democrática, para declarar como zona arqueológica al predio denominado Rancho las Trancas, en la delegación Azcapotzalco. Se turna a la Comisión de Cultura.
Francisco Javier Bravo Carvajal, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con los programas de seguridad en los aeropuertos nacionales. Se turna a la Comisión de Transportes.
Víctor Suárez Carrera, del Partido de la Revolución Democrática, para crear un fondo de protección del sistema de barrancas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Inelvo Moreno Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar a la Comisión Federal de Electricidad a que atienda las quejas de pobladores de los municipios de Apatzingán y Múgica, Michoacán, en relación con el incremento de las tarifas de energía eléctrica. Se turna a la Comisión de Energía.
Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la desincorporación del Colegio de Posgraduados de Chapingo considerada en el artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Irma Sinforina Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el presupuesto del Programa Nacional de Vacunación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Moisés Jiménez Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, para que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, se consideren recursos suficientes para reabrir empleos y resolver la emergencia económica que enfrenta el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria de Transformación Metal, Mecánica, Similares y Conexos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Francisco Javier Carrillo Soberón, del Partido de la Revolución Democrática, para que los recursos excedentes que la empresa Petróleos Mexicanos obtenga, se destinen a la inversión productiva en actividades como la refinación, la petroquímica y la extracción y aprovechamiento del gas natural. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Ciencia y Tecnología, para ampliar los estímulos fiscales para la investigación y el desarrollo experimental. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Francisco Javier Carrillo Soberón, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar se reformen y adicionen diversos artículos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Ciencia y Tecnología, en relación con el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Programa Especial de Ciencia y Tecnología para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Abraham Bagdadi Estrella, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que investiguen, y en su caso, finque responsabilidades, por el grado de contaminación ambiental que han ocasionado los trabajos de Petróleos Mexicanos en la sonda de Campeche. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Senado de la República a la conclusión del trámite de ratificación y del protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, se incluya una partida destinada al fomento cooperativo. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Sergio Arturo Posadas Lara, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la empresa Petróleos Mexicanos a que tome medidas para solucionar el riesgo que representa la venta, desaparición o subutilización de la terminal marítima de Ciudad Madero. Se turna a la Comisión de Energía.
Manuel Gómez Morín Martínez del Río, del Partido Acción Nacional, para solicitar se incrementen las partidas destinadas al Canal once, Radio Educación e Instituto Mexicano de la Radio y la Televisión Metropolitana, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Partido del Trabajo, para formar una subcomisión encargada de estudiar y proponer una ley orgánica para el Colegio de Posgraduados. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, para crear un fondo de apoyo al desarrollo de la industria software. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
José Juan Bárcenas González, del Partido Acción Nacional, para solicitar la inclusión del estado de Tlaxcala en la zona de cobertura establecida en las reglas de operación que regularán el acceso durante dos mil cuatro al programa denominado Marcha Hacia el Sur. Se turna a la Comisión de Economía.
Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del Partido Acción Nacional, en relación con el Colegio de Posgraduados. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
José Juan Bárcenas González, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Senado de la República, a que dictamine la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Sociedades Cooperativas, se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se abroga la Ley de Sociedades de Solidaridad Social. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Partido Revolucionario Institucional, en relación con la revisión de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaría da cuenta con las siguientes solicitudes de excitativa:
De diputados del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Gobernación, en relación con la iniciativa de Ley de Amnistía, presentada el ocho de octubre de dos mil dos. La Presidencia formula la excitativa que corresponde.
Del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en relación con diversas iniciativas con proyectos de decreto que reforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para reducir el número de legisladores. La Presidencia hace la excitativa correspondiente.
De diputados del Partido Verde Ecologista de México, a las Comisiones Unidas de Puntos constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, en relación con la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo veintiuno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la Corte Penal Internacional, recibida por la Cámara de Diputados el catorce de diciembre de dos mil dos. La Presidencia hace la excitativa respectiva.
Del diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, del Partido Revolucionario Institucional, a la Junta de Coordinación Política, en relación con la proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur. La Presidencia formula la excitativa correspondiente.
Del diputado Alfonso Juventino Nava Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Economía, en relación con el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de Ley Minera, presentado en primera lectura el trece de diciembre de dos mil dos. La Presidencia hace la excitativa que corresponde.
Desde su curul el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, solicita la incorporación en el orden del día de un comunicado de diputados de ese grupo parlamentario. La Asamblea aprueba en votación económica la inclusión y, en consecuencia, se concede la palabra al diputado Óscar Pimentel González, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar el comunicado. De enterado. Rectifica hechos el diputado Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional.
En el capítulo de agenda política, el diputado Inti Muñoz Santini, del Partido de la Revolución Democrática, comenta la desincorporación de organismos culturales considerada en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Para el mismo tema sube a la tribuna el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia.
La diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, remite escrito con comentarios en torno al informe de la situación de los derechos humanos en México, presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Insértese en el Diario de los Debates.
El Presidente designa a las comisiones protocolarias para participar que la Cámara de Diputados clausuró su Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura, al Presidente de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El Presidente dirige unas palabras a la Asamblea.
Comunicación del diputado Jorge Carlos Obregón Serrano por la que informa que se reincorpora a sus tareas legislativas. De enterado.
Puestos todos de pie, el Presidente declara:
``Hoy quince de diciembre de dos mil tres, la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio''.
La Asamblea entona el Himno Nacional Mexicano.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría informa del registro final de cuatrocientos veinticuatro diputadas y diputados y el Presidente levanta la sesión a las diecisiete horas con veintinueve minutos. »
Tiempo de duración: 5 horas 8 minutos.
Quórum a la apertura de sesión: 423 diputados.
Asistencia al cierre de registro: 470 diputados.
Asistencia al final de la sesión: 424 diputados.
Comisiones reglamentarias y protocolarias: 4.
Diputado que solicita licencia: 1.
Diputado suplente que se incorpora: 1.
Diputado que se reincorpora: 1.
Elección de integrantes de la Comisión Permanente que funcionará durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la LIX Legislatura.
Puntos de acuerdo aprobados: 5.
Proposiciones con puntos de acuerdo: 68.
Excitativas a comisiones: 5.
Temas de agenda política: 3.
Oradores en tribuna: 17
PRI-4; PAN-4; PRD-3; PVEM-2; PT-1; PC-3.
Se recibió: 1 comunicación del Congreso del estado de Michoacán;1 comunicación del Presidente del Consejo de la Judicatura Federal;
1 oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite contestación del titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, en relación con punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
1 oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite Informe de Labores de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria;
2 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política por las que informa de cambios en la integración de las comisiones de: Comunicaciones, Energía, Hacienda y Crédito Público, Participación Ciudadana, Fortalecimiento del Federalismo, Gobernación, Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Desarrollo Metropolitano;
13 oficios de la Cámara de Senadores con puntos de acuerdo;
1 comunicación de la Junta de Coordinación Política;
1 iniciativa de senador del PVEM;
2 iniciativas de senadores del PRD;
2 iniciativas PAN;
1 iniciativa PRD;
1 iniciativa PVEM; 1 minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Bienes Nacionales, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
1 minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
1 minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, y que contiene el texto completo de dicha ley, con las disposiciones que se reforman, adicionan y derogan, así como las que no han sido objeto de enmienda alguna;
1 minuta proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V y XXII del artículo 3º; la fracción I del artículo 55; el artículo 120; el primer párrafo del artículo 150; los artículos 178 y 180; y la fracción I del artículo 183; se adiciona el artículo 179 bis; y se derogan las fracciones II, VI y VII del artículo 179, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;
1 minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente;
1 minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Crea el Consejo Económico y Social del Estado;
1 minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo decimocuarto transitorio del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de diciembre de 2001;
1 minuta proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 222 bis y 286 ter a la Ley General de Salud. Dictámenes aprobados:
1 de la Comisión de Participación Ciudadana con proyecto de decreto, de Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil;
1 de la Comisión de Salud con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 314, 338, 343, 344 y 345 de la Ley General de Salud;
1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo, relativo a la salvaguarda de la integridad de la tortuga marina golfina en el estado de Oaxaca;
1 de la Comisión de Seguridad Social con punto de acuerdo, para solicitar al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a que observe las disposiciones de la Ley y del Reglamento del Seguro Social, en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización relativas a los derechos del esposo de la asegurada;
1 de la Comisión de Salud con punto resolutivo, por el que se desecha la iniciativa que adiciona un Capítulo III con los artículos 22 A, 22 B, 22 C y 22 D en el Título Segundo de la Ley General de Salud;
1 de la Comisión de Salud con punto resolutivo, por el que se desecha la iniciativa que adicionan los artículos 283 y 13 de la Ley General de Salud;
1 de la Comisión de Salud con punto resolutivo. por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 250 de la Ley General de Salud.
Reporte final de inasistencias sin justificar de los diputados, correspondiente al Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LIX Legislatura.
SECRETARIA GENERALPRI
DIPUTADO REGISTRO FALTA:
Aguirre Rivero, Ángel Heladio 14-Oct-03 19-Nov-03
Arcos Suárez Peredo Filemón Primitivo 01-Sep-03
Bailey Elizondo, Eduardo Alonso 06-Nov-03
Buendía Tirado, Ángel Augusto 18-Sep-03
Canul Pacab Angel Paulino 28-Oct-03
Cervantes Vega, Humberto 21-Oct-03
Dávalos Padilla, Juan Manuel 01-Sep-03
Del Valle Reyes Guillermo 01-Sep-03 02-Sep-03
Díaz Salazar, María Cristina 30-Oct-03
Flores Rico, Carlos 11-Nov-03
Galván Guerrero Javier Alejandro 01-Sep-03
González Huerta, Víctor Ernesto 23-Oct-03
Gutiérrez Romero, Marco Antonio 23-Oct-03
Herrera Araluce Carlos Antonio 01-Sep-03 09-Sep-03
Herrera León, Francisco 04-Nov-03
Hinojosa Ochoa, Baltazar Manuel 01-Sep-03
Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo 18-Sep-03
Martínez López, Margarita 02-Oct-03
Maya Pineda, María Isabel 16-Oct-03
Medina Santos, Felipe 09-Oct-03
Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro 25-Sep-03 14-Oct-03 16-Oct-03
Nava Altamirano, José Eduviges 11-Sep-03
Orantes López, María Elena 14-Oct-03 30-Oct-03
Pérez Góngora, Juan Carlos 28-Oct-03
Rangel Espinosa, José 16-Oct-03
Rodríguez Ochoa, Alfonso 30-Oct-03
Román Bojórquez, Jesús Tolentino 06-Nov-03
Soriano López, Isaías 09-Sep-03 28-Oct-03 06-Nov-03
Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth 11-Nov-03
Vega y Galina, Roberto Javier 14-Oct-03
Villagómez García, Adrián 04-Nov-03
Vizcarra Calderón Guadalupe de Jesús 23-Oct-03 28-Oct-03 30-Oct-03
Zúñiga Romero, Jesús 01-Sep-03
Total de Diputados: 33Faltas por Grupo Parlamentario: 43
PANDIPUTADO REGISTRO FALTA:
Álvarez Ramos, J. Irene 30-Oct-03 09-Dic-03Álvarez Monje, Fernando 04-Nov-03
Barrera Zurita, Baruch Alberto 25-Sep-03 16-Oct-03 30-Oct-03 19-Nov-03
Camarillo Zavala, Isidro 28-Oct-03
Clouthier Carrillo, Tatiana 30-Sep-03
Contreras Covarrubias, Hidalgo 18-Sep-03 02-Oct-03 23-Oct-03 11-Nov-03 19-Nov-03
Corella Torres, Norberto Enríque 11-Nov-03
De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo 07-Oct-03 09-Oct-03
Del Conde Ugarte Jaime 23-Oct-03 04-Nov-03
Díaz Delgado, Blanca Judith 30-Sep-03
Flóres Mejía, Rogelio Alejandro 06-Nov-03
Gama Basarte, Marco Antonio 21-Oct-03
Gómez Morín Martínez del Río, Manuel 04-Nov-03
González González, Ramón 06-Nov-03
González Reyes, Manuel 14-Oct-03 16-Oct-03
Gutiérrez Ríos Edelmira 09-Oct-03
Hinojosa Moreno, Jorge Luis 30-Sep-03
López Mena, Francisco Xavier 07-Oct-03
López Núñez, Pablo Alejo 11-Nov-03
Madero Muñoz, Gustavo Enrique 28-Oct-03 30-Oct-03 18-Nov-03 19-Nov-03
Martínez Cázares, Germán 18-Sep-03 28-Oct-03 09-Dic-03
Mendoza Ayala, Rubén 30-Sep-03 21-Oct-0 30-Oct-03 19-Nov-03 02-Dic-03
Morales De la Peña Antonio 06-Nov-03 11-Nov-03 13-Nov-03
Ovalle Araiza, Manuel Enrique 23-Sep-03
Palmero Andrade, Diego 04-Nov-03 06-Nov-03
Pérez Cárdenas, Manuel 02-Sep-03
Puelles Espina, José Felipe 28-Oct-03
Saldaña Hernández, Margarita 09-Oct-03 14-Oct-03 06-Nov-03 27-Nov-03
Sigona Torres, José 16-Oct-03
Userralde Gordillo, Leticia Socorro 25-Sep-03
Vázquez González, José Jesús 11-Nov-03 27-Nov-03
Vázquez Saut, Regina 23-Sep-03
Zavala Peniche, María Beatriz 30-Oct-03
Total de Diputados: 33Faltas por Grupo Parlamentario: 60
PRDDIPUTADO REGISTRO FALTA:
Avilés Nájera, Rosa María 16-Oct-03Bautista López, Héctor Miguel 28-Oct-03 19-Nov-03
Carrillo Soberón, Francisco Javier 30-Oct-03 11-Nov-03
Casanova Calam, Marbella 09-Sep-03 09-Oct-03
De la Peña Gómez Angélica 11-Nov-03
Ferreyra Martínez, David 23-Oct-03
García Ochoa, Juan José 04-Nov-03
García Medina, Amalia Dolores 04-Dic-03
Guzmán Cruz, Abdallán 15-Dic-03
Huizar Carranza, Guillermo 28-Oct-03
Luna Hernández, J. Miguel 02-Sep-03 09-Sep-03 11-Sep-03
Manzanares Córdova, Susana Guillermina 11-Sep-03
Martínez Ramos, Jorge 01-Sep-03 04-Dic-03
Mícher Camarena, Martha Lucía 15-Dic-03
Mora Ciprés, Francisco 23-Oct-03
Ortega Alvarez, Omar 21-Oct-03
Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto 23-Oct-03
Pérez Medina, Juan 16-Oct-03
Ramírez Cuéllar, Alfonso 11-Sep-03
Ramos Iturbide, Bernardino 06-Nov-03
Rosas Montero, Lizbeth Eugenia 30-Oct-03
Sigala Páez, Pascual 01-Sep-03 30-Oct-03
Suárez Carrera, Víctor 02-Sep-03
Tovar de la Cruz, Elpidio 06-Nov-03
Ulloa Pérez, Gerardo 11-Nov-03
Zepeda Burgos, Jazmín Elena 23-Oct-03
Total de Diputados: 26Faltas por Grupo Parlamentario: 33
PVEMDIPUTADO REGISTRO FALTA:
Agundis Arias, Alejandro 16-Oct-03 30-Oct-03Alvarez Romo Leonardo 25-Sep-03 18-Nov-03 19-Nov-03
Arias Staines María de la Luz 04-Sep-03 09-Sep-03
Espino Arévalo, Fernando 14-Oct-03
Fuentes Villalobos, Félix Adrián 01-Sep-03 23-Sep-03 30-Sep-03 07-Oct-03 23-Oct-03
Kahwagi Macari, Jorge Antonio 01-Sep-03 25-Sep-03 23-Oct-03 28-Oct-03
Ochoa Fernández, Cuauhtémoc 04-Nov-03
Piña Horta, Raúl 23-Oct-03
Salazar Torres Yvett 01-Sep-03 02-Sep-03
Velasco Rodríguez Guillermo 04-Sep-03 09-Sep-03
Total de Diputados: 10Faltas por Grupo Parlamentario: 23
CONVDIPUTADO REGISTRO FALTA:
Maldonado Venegas, Luis 25-Sep-03
Total de Diputados: 1Faltas por Grupo Parlamentario: 1
Cambios de turno realizados por la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Con fecha 15 de diciembre de 2003, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el párrafo segundo del artículo 6 y los artículos 56, 57, 58, 59, 60 y 61 del Capítulo IX de la Ley de Premios, Estímulos Y Recompensas Civiles, presentada por el diputado José Manuel Carrillo Rubio el 23 de octubre pasado. Se turna a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Juventud y Deporte.
Con fecha 15 de diciembre de 2003, la Mesa Directiva amplía el trámite dictado a la iniciativa con proyecto de decreto, que expide la Ley de Coordinación Hacendaria, presentada por la diputada Minerva Hernández Ramos el 11 de diciembre pasado. Se turna a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fortalecimiento al Federalismo.