VOLUMEN III
CONTINUACION DE LA SESION No. 22 DEL 6 de NOVIEMBRE de 2003
Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Flores Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en una proposición que contiene punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 se contemplen recursos dirigidos al rescate y protección de las ciudades declaradas patrimonio mundial.
El diputado Rafael Flores Mendoza:Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Antes de leer el presente punto de acuerdo, quiero hacer notar y resaltar la presencia de los presidentes municipales de: Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Morelia, Zacatecas, Querétaro, Tlacotalpan y Campeche, así como de la jefa delegacional de Cuauhtémoc y la directora del centro histórico de la Ciudad de México.
En 1972, la Conferencia General de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, adoptó la Convención Sobre la Protección del Patrimonio Mundial y Natural, que establece la responsabilidad de los estados de proteger y preservar para las futuras generaciones sus monumentos y sitios culturales y naturales, creándose al efecto, la lista del patrimonio mundial en la que figuran a julio del presente año, 754 bienes culturales naturales y mixtos, distribuidos en 129 países.
Nuestro país se adhirió a dicha convención en 1984, obligándose a trabajar por el cuidado del patrimonio situado en su territorio hasta el máximo de sus recursos y capacidades y, actualmente, cuenta con 23 bienes culturales y naturales inscritos en dicha lista, ubicándose en primer lugar en el Continente Americano y en el octavo en el mundo.
De esos 23 bienes culturales y naturales, 9 corresponden a los centros históricos de Puebla, Oaxaca, México y Xochimilco, Guanajuato, Morelia, Zacatecas, Querétaro, Tlacotalpan y Campeche, ocupando el tercer lugar como país con mayor número de ciudades inscritas en la lista del patrimonio mundial sólo superados por países como Italia y España.
Estas ciudades inscritas en el patrimonio mundial, a diferencia de los otros 14 bienes culturales y naturales de nuestro país, presenta una problemática más compleja, en virtud de que son lugares vivos donde a diario miles de seres humanos realicen sus actividades cotidianas, en donde confluyen y en ocasiones se contraponen todo tipo de problemas e intereses, que van desde la contaminación y el ambulantaje, hasta la de operación y la especulación inmobiliaria.
Ante esta situación, los presidentes municipales y autoridades locales de esas ciudades, constituyeron el 15 de agosto de 1996 la Asociación Civil Ciudades Mexicanas, Patrimonio Mundial, con objeto de estrechar los lazos de colaboración entre las mismas y propiciar la participación de los tres de niveles de gobierno, la sociedad civil, la iniciativa privada y en fin, de la sociedad en general para la preservación de esa herencia cultural.
Y aunque si bien, las estrategias de conservación y mantenimiento implementadas por las autoridades locales son ejemplo de que el cuidado de los centros históricos despiertan las actividades sociales, culturales y económicas, beneficiando además la actividad turística, las autoridades federales han desdeñado dichos esfuerzos marginándolos de sus programas, incumpliendo así, lo suscrito por el Estado mexicano en la Convención Sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, donde se obligó a trabajar por el cuidado del patrimonio situado en su territorio, hasta el máximo de sus recursos y capacidades, ya que los recursos que la Federación aplica a su conservación son notoriamente insuficientes.
Entre otras cosas, porque la inversión en conservación del patrimonio cultural que realiza el Conaculta, se destina al rescate de inmuebles que son monumentos históricos, museos o zonas arqueológicas, sin contar con una perspectiva integral de rescate y protección de ciudades, resultando preocupante el paulatino descenso de la inversión federal en el rubro de investigación y conservación del patrimonio, aunque si bien, hay que reconocer el incipiente esfuerzo de la Sectur que canalizó un apoyo de apenas 14 millones de pesos.
Por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputadas y diputados integrantes de distintos grupos parlamentarios, nos permitimos presentar ante esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que:
Primero. ---Y con esto concluyo, señor Presidente--- Las comisiones de Presupuesto, Educación, Cultura y Turismo, en el momento de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal, determine una partida específica para el rescate y conservación de las ciudades mexicanas declaradas patrimonio mundial, que dado el deterioro en el que se encuentran, no deberá ser inferior a los 100 millones de pesos, creándose un fondo nacional para las ciudades mexicanas patrimonio mundial, donde se integre la totalidad de los recursos disponibles y un fideicomiso que lo administre en forma ordenada, colegiada y transparente.
Y segundo, que esta Cámara de Diputados exhorte al Poder Ejecutivo Federal, para que con el concurso de las autoridades locales instrumente políticas para la restauración, conservación, protección y desarrollo de las ciudades mexicanas, inscritas en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO.
Firmamos el presente punto de acuerdo, la totalidad de los diputados donde se ubican dichas ciudades, así como una centena de diputados más.
Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 se consideren recursos dirigidos al rescate y protección de las ciudades declaradas patrimonio mundial, a cargo del diputado Rafael Flores Mendoza, del grupo parlamentario del PRD.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Honorable Asamblea una Propuesta con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución para que las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados estudien la problemática de las ciudades mexicanas declaradas patrimonio mundial, e incorporen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo ejercicio fiscal una partida extraordinaria destinada a fortalecer la conservación y desarrollo de esas ciudades.
Lo anterior, al tenor de las siguientes
Consideraciones1. Que en 1972 la Conferencia General de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura adoptó la Convención Sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que establece la responsabilidad de los Estados de proteger y preservar para las futuras generaciones sus monumentos y sitios culturales y naturales; creándose al efecto, la lista de Patrimonio Mundial en la que figuran a julio del presente año 754 bienes culturales, naturales y mixtos distribuidos en 129 países;
2. Que nuestro país se adhirió a dicha Convención en 1984 obligándose a trabajar para el cuidado del patrimonio situado en su territorio hasta el máximo de sus recursos y capacidades, y actualmente cuenta con 23 bienes culturales y naturales inscritos en la Lista. Ubicándose en primer lugar en el continente Americano y en el octavo en el mundo;
3. Que de esos 23 bienes culturales y naturales, nueve corresponden a los centros históricos de Puebla, Oaxaca, México y Xochimilco, Guanajuato, Morelia, Zacatecas, Querétaro, Tlacotalpan y Campeche. Ocupando el tercer lugar como país con mayor número de ciudades inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial, sólo superado por Italia que cuenta con 16 y España con 14;
4. Que las ciudades inscritas en el Patrimonio Mundial a diferencia de los otros 14 bienes culturales y naturales de nuestro país, presentan una problemática más compleja, en virtud de que son lugares vivos, donde a diario miles de seres humanos realizan sus actividades cotidianas, en donde confluyen y en ocasiones se contraponen todo tipo de intereses, que van desde la contaminación y el ambulantaje, hasta la depredación y la especulación inmobiliaria;
5. Que ante esta perspectiva, los presidentes municipales y autoridades locales de esas ciudades constituyeron el 15 de agosto de 1996 la Asociación Civil ``Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial'' con objeto de establecer lazos de fraternidad y colaboración entre las ciudades miembro; contribuir a la aplicación de los objetivos de la Convención del Patrimonio Mundial; apoyar a las ciudades en su fisonomía urbana, económica, cultural, artística y arquitectónica; y propiciar la colaboración de todos los actores, gobierno federal, estatal y municipal, sociedad civil, y la iniciativa privada, en la preservación de esa herencia;
6. Que aunque si bien, las estrategias de conservación y mantenimiento implementadas por las autoridades locales, son ejemplo de que la mejora material, el remozamiento arquitectónico y el cuidado de los centros históricos despiertan la actividad social, cultural y económica, beneficiando el crecimiento de la actividad turística; las autoridades federales han desdeñado dichos esfuerzos marginándolos de los programas federales;
7. Que en consecuencia, el Estado mexicano esta incumpliendo la Convención Sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural donde se obligó a trabajar por el cuidado del patrimonio situado en su territorio hasta el máximo de sus recursos y capacidades; ya que los recursos que la federación aplica a la conservación de las Ciudades declaradas Patrimonio Mundial son insuficientes, entre otras cosas porque la inversión en conservación del patrimonio cultural que realiza en Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se destina primordialmente al rescate de inmuebles que son Monumentos Históricos, Museos o Zonas Arqueológicas, sin contar con una perspectiva integral de rescate y protección de ciudades. Resultando preocupante el paulatino descenso de la inversión federal en el rubro de investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. Aunque si bien es cierto que se han dirigido otras inversiones bajo el programa Patrimonio, Desarrollo y Turismo, su monto apenas alcanza los 14 millones de pesos.
Por todo lo expuesto anteriormente los suscritos Diputadas y Diputados integrantes de distintos Grupos Parlamentarios nos permitimos presentar ante esta Honorable Asamblea la siguiente
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluciónPrimero.- Que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Educación y Servicios Educativos, Cultura y Turismo, en el momento de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal y con base en el análisis de la situación por la que atraviesan las ciudades mexicanas declaradas Patrimonio Mundial, determine una partida específica para su rescate y conservación, que dado el deterioro en que se encuentran no deberá de ser inferior a los 50 millones de pesos, creándose un Fondo Nacional para las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, donde se integren la totalidad de los recursos disponibles y un Fideicomiso que lo administre en forma ordenada, colegiada y transparente.
Segundo.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que con el concurso de las autoridades locales instrumente políticas para la restauración, conservación, protección y desarrollo de las ciudades mexicanas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Démosle a nuestro pasado un mejor futuro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2003.--- Dip. Rafael Flores Mendoza (rúbrica). »
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Se considera de urgente resolución.En consecuencia, está a discusión.
Esta Presidencia tiene registrados a los siguientes oradores en pro: a la diputada María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; al diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
En la Presidencia se han registrado otros dos oradores para hablar en pro; en su oportunidad se pedirá la anuencia de la Asamblea para ello.
Tiene el uso de la palabra la diputada María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada María Angélica Ramírez Luna:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He venido a esta tribuna, para refrendar la posición del grupo parlamentario de Acción Nacional, respecto al punto de acuerdo que hoy se somete a nuestra consideración y para dejar en claro la necesidad e importancia de que nos sumemos a su aprobación.
El valor y el significado del patrimonio cultural de los pueblos es tal, que en el campo internacional existe un buen número de convenciones, recomendaciones, declaraciones y cartas que despliegan una amplia gama de consideraciones normativas y técnicas para la protección y conservación del mismo.
Nuestro país se encuentra comprometido jurídicamente con la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO; en este documento, los estados firmantes reconocen que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural, situado en su territorio, le incumbe primordialmente al Estado.
Por ello, en Acción Nacional asumimos este compromiso y estamos convencidos que la cultura da raíz y sentido a la vida personal y social y que las distintas expresiones son bien común de la nación, arraigo, cariño y corazón, de ahí la importancia que tiene impulsar el rescate y conservación de las ciudades mexicanas declaradas patrimonio mundial, las cuales expresan la grandeza y pluralidad de la nación.
El interés y preocupación de nuestro país en la conservación de su patrimonio es evidente, no sólo en el hecho de que México cuenta ya con 23 sitios designados como patrimonio de la humanidad.
En el III Informe de Gobierno, se especifica que para 2003 las diversas instituciones públicas federales que participan en las actividades culturales del país, tienen programados recursos por 5 mil 338 millones 600 mil, cuyo ejercicio significará un crecimiento positivo de 2.1% respecto al erogado en el 2002.
En este contexto, en Acción Nacional reconocemos que se han hecho esfuerzos importantes en materia cultural. Pero sabemos que no son suficientes. Como legisladores sabemos que la protección de este patrimonio a escala nacional y en muchos casos incompleta, da la magnitud de los medios que requiere y la insuficiencia de los recursos económicos, científicos y técnicos del país.
Por ello en todas las acciones legislativas que emprendamos, debemos asumir nuestra responsabilidad de conservar la situación de restricción presupuestal en la que nos encontrábamos. Debemos tener presente que en cultura como en otras materias, la necesidad de mayor presupuesto siempre está latente.
Compañeras y compañeros legisladores: es importante considerar la viabilidad financiera de nuestros proyectos; el análisis a conciencia del presupuesto disponible; éste es un elemento que puede sustentar e impulsar nuestras propuestas.
Con base en lo anterior el grupo parlamentario de Acción Nacional considera la aprobación del punto de acuerdo en comento. Pero también consideramos que debemos tener clara una perspectiva estratégica que valúe integralmente la aplicación responsable de los recursos destinados al rescate y conservación de nuestros 23 bienes declarados patrimonio mundial.
Muchas gracias, por su atención.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señora diputada.
Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Vázquez González, para hablar en pro.
El diputado Pedro Vázquez González:Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
México cuenta con uno de los patrimonios culturales más importantes del mundo. La mezcla de nuestras raíces, la índígena y la español, dieron lugar a que nuestro territorio esté en las más esplendorosas joyas naturales y arquitectónicas que la mano del hombre haya producido a lo largo de su historia.
El reconocimiento mundial de nuestro patrimonio cultural no ha sido únicamente producto de nuestro interés, sino que muchas veces son los visitantes extranjeros los que la investigan y divulgan todas nuestras riquezas.
Desde el Barón de Humboldt, pasando por una infinidad de artistas e intelectuales, todos han ponderado el valor de la cultura mexicana. El esfuerzo de la ONU de reconocer y preservar el patrimonio cultural y natural en el mundo, fue suscrito por nuestro país en el año de 1984, tal como se señala en el punto tercero de este acuerdo. Ocupamos el tercer lugar en importancia en este renglón a nivel mundial. Pero a diferencia de otros países el Gobierno mexicano no tiene el suficiente interés y disposición para conservar y mantener estos espacios que son orgullo de nuestro país.
Nos parece este hecho de manera lamentable y que debemos de corregir de inmediato.
Lo peor que le puede pasar a un pueblo es despreciar sus tradiciones y su historia que tienen expresión concreta, material, en sus ciudades y en sus bellezas naturales. Y ¡vaya que nuestro país es pródigo en eso! Tenemos que garantizar su preservación y mantenerlos dignamente; para ello no basta el dinero ni los recursos financieros, falta sobre todo la voluntad política de nuestros gobernantes para atender debidamente las muestras más altas de la inteligencia y creatividad de los mexicanos.
No debemos de permitir que las muestras deslumbrantes de nuestra arquitectura plasmadas en calles, iglesias, conventos, acueductos y forjadas primeramente por los indígenas y posteriormente por los mestizos, se pierdan en el olvido, producto de la incuria.
Hacemos nuestra la frase: ``Démosle a nuestro pasado un mejor futuro''.
Por lo anteriormente expuesto, nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo vota a favor de este punto de acuerdo en comento y muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado; señoras y señores legisladores:
Se han agotado los oradores registrados conforme el artículo 122 para hablar en pro. Tengo registrados, para hablar en pro también, a los diputados: Jesús González Schmal, Jesús Angel Díaz Ortega y María Guadalupe Morales Rubio.
Se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si se les permite hacer uso de la palabra en virtud de que se excede el número de oradores del artículo 122.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se les concede la participación a los diputados: Jesús González Schmal, Jesús Angel Díaz Ortega y María Guadalupe Morales.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
En consecuencia, se concede el uso de la palabra al diputado Jesús González Schmal, del Partido de Convergencia, para hablar en pro.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal:Con su anuencia, compañero y compañeros:
Esta ocasión es verdaderamente trascendente. Qué importante, qué necesario es que nos reúna, que nos convoque, que nos agrupe y que nos solidarice esta causa que hoy se nos presenta como una oportunidad irrepetible, pero también imprescindible e inaplazable.
Se trata de dar recursos, de crear conciencia de los tesoros, de los verdaderos legados arquitectónicos culturales que en nuestro país proceden o al que pertenecen por su historia grandiosa, por su pasado glorioso.
Es evidente que nuestra ubicación geográfica entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer que atraviesa la República Mexicana en la zona septentrional nos ubica ante el mundo, ante el orbe como un país privilegiado.
Pero mucho más por la fusión de dos culturas, la autóctona y colonial, que han dejado testimonios imperecederos que causan la admiración del mundo. Y éstos han sido reconocidos a nivel internacional, mundial, por entidades de la calidad de la UNESCO, que nos tiene clasificados entre los países con mayores testimonios culturales de esta índole.
Yo creo que hoy debemos sumar fuerzas y cuidar que en nuestro presupuesto este tesoro, estos tesoros, estas ciudades coloniales, estas ciudades con valores imperecederos logren tener los recursos para preservarlos del deterioro, de la indolencia, de la incuria, en las que muchos, por mucho tiempo y por muchas décadas han quedado rezagados.
Debemos cuidar de no caer en el peligro, en el riesgo de que, en opinión de la UNESCO, seamos de los países que no respondamos a esa confianza del mundo que reconoce nuestros valores históricos, nuestros valores culturales y nuestros valores arquitectónicos.
Estamos recordando que fue a Perú al que se le hizo severa recriminación por parte de la UNESCO precisamente porque sus tesoros en Machu Picchu han sido descuidados al grado de que están en riesgo de la extinción, de la desa-parición o por lo menos de un deterioro irrecuperable e irreversible.
Ojalá México, nosotros como mexicanos, nuestros descendientes, podamos seguir disfrutando, teniendo en nuestras posibilidades el volver a apreciar el valor estos monumentos, estas constancias tanto de nuestras culturas autóctonas como coloniales.
Por eso para Convergencia es vital y se suma a esta propuesta del diputado Rafael Flores Mendoza y también saludamos con agrado la presencia de los señores representantes de las ciudades clasificadas como de testimonio histórico en el país, para que juntos hagamos el esfuerzo necesario para que con conciencia de mexicanos, con conciencia de nuestra historia y de nuestra responsabilidad con el futuro, con las generaciones próximas, preservemos por sobre todo estos grandes valores y los dejemos para la posteridad, como seguramente en su origen quienes los crearon y los edificaron pensaron que iban a tener ese destino.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Angel Díaz Ortega, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jesús Angel Díaz Ortega:Con su permiso, señor Presidente.
Como diputado federal por el centro de la ciudad de Oaxaca y con referencia al punto de acuerdo presentado por nuestro compañero Rafael Flores Mendoza en el que se le propone a la conservación del patrimonio cultural un recurso no inferior a los 100 millones de pesos para las ciudades patrimonio cultural de la humanidad, entre las que se encuentra Oaxaca, creo importante hacer sentir que apoyamos tal iniciativa, ya que en Oaxaca siempre hemos tenido la preocupación del rescate histórico de nuestra ciudad, remodelando la Catedral, el teatro Macedonio Alcalá, el cableado del Centro Histórico, el Paraninfo Universitario, pavimentación y regeneración de la obra urbana en la cual se han invertido más de 200 millones de pesos, pero esto siempre ha sido insuficiente, ya que el reordenamiento de una ciudad como Oaxaca, requiere de la Secretaría de Turismo y del Gobierno Federal, una inversión mucho mayor, pero que si cada año se incrementa lo que de forma sistemática el gobierno de Oaxaca ha hecho con recursos propios, y ya que el apoyo de la Federación ha sido ostensiblemente insuficiente, muy por abajo de los criterios internacionales establecidos por la UNESCO de por lo menos el 1% del PIB para promoción de la cultura.
Coincido con el punto de acuerdo, ya que la Comisión del Patrimonio Edificado del Estado de Oaxaca, ha hecho un gran esfuerzo a favor de la cultura y la riqueza artística del estado, necesita por eso de un mayor presupuesto, ahora de orden federal.
Señores diputados: el gobierno de Oaxaca, uno de los últimos en sus indicadores económicos y sociales del país, ha dado un impulso sin precedentes a la cultura, pero requiere de la corresponsabilidad por lo menos en la misma proporción, de los poderes federales para saldarnos esta deuda de justicia con Oaxaca; una más. Esta es una oportunidad que tenemos para atender sus legítimos reclamos.
Nosotros votamos por la cultura, votamos por este punto de acuerdo.
Es cuanto.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada María Guadalupe Morales Rubio:En lo personal aplaudo este punto de acuerdo presentado por mi compañero Rafael Flores Mendoza. Sin embargo, su servidora, soy la diputada federal por este IX distrito, perímetro que comprende entre otra zona: el cuadrante de San Antonio Tomatlán, Fray Servando, Circunvalación y Congreso de la Unión, precisamente mejor conocido como La Merced. Por cierto, también llamado perímetro B del Centro Histórico.
Sin embargo, como es costumbre, como es la zona de abasto y por cierto la zona de abasto más grande y más antigua de Latinoamérica, no se ha tomado en cuenta. Sin embargo, comprenden un gran número de monumentos y edificaciones históricas.
En la zona de La Merced tenemos 47 edificaciones y monumentos históricos, declarados también zonas mexicanas patrimonio de la humanidad. Podemos enumerar muchísimas: la Plaza de la Soledad, la Casa Limón, la Capilla de Santa Escuela, el Monumento al Icaro, el monumento al general Emiliano Zapata, a Ignacio Zaragoza, el monumento al periodista Francisco Martínez. En fin, muchísimos.
Quisiera únicamente solicitar que también sea incluido el perímetro B del Centro Histórico para que pueda tener el mismo tratamiento, ya que en anteriores ocasiones lo hemos solicitado al fideicomiso para el rescate del mismo y siempre se ha atendido únicamente al perímetro A que comprende la zona de Cuauhtémoc.
Esta ocasión sí les pido el apoyo y la solidaridad, como bien lo mencionó el diputado González Schmal, para que también dentro de este listado sea incluido de manera urgente el perímetro B del Centro Histórico, ya que es el que tiene mayor rezago, mayor abandono, ya que nunca ha sido tomado en cuenta para su rescate.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señora diputada.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Suficientemente discutida.Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobada. Comuníquese.El siguiente punto del orden del día ha sido retirado del orden del día de esta sesión para incluirlo en una sesión próxima.
Por lo tanto, tiene el uso de la palabra el diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para una proposición con punto de acuerdo con previsión para que diversas comisiones de la Cámara de Diputados se aboquen a estudiar, evaluar y proponer medidas pertinentes para que el Programa de ``Bienvenido Paisano'' y la operación de retenes en carreteras del país se conduzcan a satisfacer el objetivo original de su implementación.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal:Con su anuencia, señor Presidente; diputadas y diputados:
El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
ConsiderandosSe acerca la época navideña y de fin de año, en la que se restablecerá en las fronteras del norte de la República el Programa ``Bienvenido Paisano'', cuyo encomiable objeto nadie podrá negar.
Sin embargo, su realización práctica en las deterioradas carreteras del país y la infraestructura de servicios de abastecimiento de gasolina, atención de accidentes, vigilancia y control del gigantesco contrabando hasta de automóviles realizado al amparo de la facilidad de acceso y la corrupción que entraña en la consumación de ese tipo de delitos requieren una seria revisión y cuidado en la operación del programa, a fin de que no se deforme y produzca efectos contraproducentes al objetivo inicialmente concebido.
La avalancha de solicitudes de acceso en los consulados mexicanos ha relajado el cumplimiento de requisitos básicos, pero sobre todo, junto con las familias que regresan a visitar a sus parientes, cada día es más común que se cuelen traficantes que aprovechan la época para introducir una o varias camionetas con carga para reventa e incluso para dejar en territorio mexicano el vehículo o vehículos que arrastran como remolque para su posterior regularización.
Lo peor que podría pasarnos es cerrar los ojos y no ver que la afluencia por cientos de miles de vehículos satura nuestras carreteras, lo cual cuadruplica el tiempo necesario para transitar de un lugar a otro e incluso paraliza regiones enteras que se congestionan y en general se producen condiciones de contaminación con crecimiento exponencial por los vehículos que transitan a vuelta de rueda en amplios tramos carreteros.
Los retenes se han multiplicado, se hacen colas de automóviles de varios kilómetros de extensión y ello inhibe que los residentes permanentes en el país se desplacen por las carreteras. Son ya manifiestamente insuficientes para un uso normal, mucho más para un aforo de esta magnitud.
Son conocidos también el maltrato y la extorsión de que son víctimas los visitantes paisanos en los susodichos retenes que, dicho sea de paso, constituyen una violación flagrante de la libertad de tránsito en el territorio nacional y que se aceptaron con carácter temporal, habiéndose ya constituido en inocultables aduanas interiores de dudoso beneficio.
En éstas concurren, bloqueando las carreteras con piedras, tambos y hasta trincheras con costales de arena, tanto el Ejército Nacional como la Policía Federal de Caminos, la Policía Federal Preventiva, la Agencia Federal de Investigación y hasta uno que otro policía local que también hace su agosto, sin que a la fecha se sepa qué resultados positivos y qué costos supone este extraño y absurdo sistema de vigilancia que, si de revisión de tráfico de drogas se tratara, debería ser localizado en los lugares de cultivo y procesamiento de ésta, donde sí sería eficaz tan numeroso y variado contingente de policías y soldados y no se violarían garantías de millones de mexicanos que viajan por carretera en vehículo privado o transporte público y sin deberla ni temerla en el día y en la noche y madrugada son obligados a salir de sus autos para ser inspeccionados bajo amenaza de personal armado.
Por lo expuesto, solicito a esta H. Asamblea la aprobación del siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones; de Transportes; de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; de Relaciones Exteriores; y de Gobernación a evaluar este programa, a fin de que surta efectos positivos para residentes y visitantes. Y, desde luego, procede considerar el costo en la introducción de volúmenes de mercancía y vehículos de contrabando para conocer sus efectos en la economía, ecología y tranquilidad del país. El evidente interés público nacional en este asunto requerirá la mayor diligencia en su atención.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2003.--- Dip. Jesús González Schmal (rúbrica).
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Túrnese a las comisiones de Población, Frontera y Asuntos Migratorios, Comunicaciones y Transportes.El siguiente punto del orden del día ha sido retirado del orden del día correspondiente a esta sesión y se pospone para una sesión próxima.
Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con una proposición con punto de acuerdo que contiene exhorto a la Procuraduría General de la República.
El diputado Manuel Velasco Coello:Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
La situación ambiental de nuestro país es muy delicada. Debemos reconocer que hemos llevado a nuestro medio natural a un nivel que pone en peligro la capacidad para mantener la vida en condiciones óptimas.
Por el deterioro de los ecosistemas mexicanos se ha incluido a nuestro país dentro del conjunto de 15 áreas denominadas bajo amenaza crítica. En estas áreas se desarrollan graves procesos de deterioro que afectan de manera directa a los ecosistemas y a las especies que las conforman.
México ha sufrido una de las tasas de deforestación más altas del mundo, estimándose entre 300 mil y 1 millón de hectáreas anuales. Esto quiere decir que se han perdido más del 95% de los bosques tropicales húmedos, más de la mitad de los bosques templados y un porcentaje difícil de cuantificar de las zonas áridas, pero que sin duda rebasan la mitad de su acervo original.
De las especies de flora y fauna existentes en México, se calcula que 336 se encuentran en peligro de extinción y de éstas 170 son endémicas.
Los ecosistemas acuáticos posiblemente sean los más afectados; ríos, lagos, lagunas y mares reciben una gran cantidad de contaminantes de las grandes ciudades, de parques industriales, así como de la actividad ganadera y agrícola.
Adicionalmente existe una tendencia a extraer peces y elementos de la fauna marina a tasas superiores a las que las poblaciones naturales pueden reproducirse, esto ha hecho vulnerables y ha puesto en peligro a varias especies marinas.
A pesar de esta realidad, dentro de la planificación anual del gasto federal no se contempla como prioritaria la atención a las demandas de conservación de riqueza biológica nacional. Un ejemplo de ello es el gasto que ejerce la Procuraduría General de la República para combatir delitos ambientales.
Con apenas un presupuesto mensual de alrededor de 167 mil pesos, la Procuraduría General de la República, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente, debe investigar y perseguir delitos ambientales como: tala clandestina de madera, tráfico de especies protegidas, explotación ilegal de mantos acuíferos y manejo inadecuado de sustancias peligrosas.
Esta unidad se caracteriza por contar con menos recursos que las demás fiscalías y unidades de investigación, tiene 160 veces menos presupuesto que el destinado a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Contra la Salud y 25 veces menos que el destinado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Además ha sufrido una disminución en su presupuesto del 26% en los últimos dos años.
En cuanto a sus recursos humanos es la unidad con menos personal para la realización de sus investigaciones.
Por las razones antes expuestas y tomando en cuenta que la degradación ambiental de nuestro país se debe en gran medida a los delitos ambientales que se cometen todos los días, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo``Unico. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que en su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004, se revise el presupuesto asignado a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente, a fin de que cuente con más recursos para el combate de delitos ambientales''.
Es cuanto diputado Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a que en su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004 se revise el presupuesto asignado a la unidad especializada en investigación de delitos contra el ambiente, a fin de que cuente con mas recursos para el combate de delitos ambientales, a cargo del grupo parlamentario del PVEM.
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LIX Legislatura.--- Presente.
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales la siguiente proposición con punto de acuerdo.
La situación ambiental del país es muy delicada. Los mexicanos hemos transformado nuestro medio natural, en un intento por apropiarnos de los recursos que la naturaleza nos brinda. Debemos reconocer que hemos llevado esa transformación a un nivel que pone en peligro la capacidad para mantener la vida en condiciones propicias, la realización de los fenómenos biológicos y evolutivos esenciales, e incluso la seguridad misma del hombre y su desarrollo.
Por el deterioro de los ecosistemas mexicanos, se ha incluido nuestro país en el conjunto de 15 áreas denominadas ``bajo amenaza crítica''. Esas áreas críticas, que en conjunto ocupan 1 por ciento de la superficie del planeta, albergan entre 30 y 40 por ciento de la biodiversidad terrestre.
En esas áreas se desarrollan graves procesos de deterioro, que afectan de manera directa los ecosistemas y a las especies que las forman.
Así, las amenazas que atentan contra la integridad y permanencia de sus recursos naturales y de su biodiversidad pueden manifestarse a nivel de ecosistemas, especies y genes, por lo que sus efectos pueden ser de amplio espectro e incluso acumulativos.
Entre las amenazas a nivel de ecosistema podemos señalar el cambio global y el climático, la erosión, la fragmentación del hábitat, la contaminación, y la disminución de la riqueza y abundancia de especies, así como los efectos acumulativos de todas éstas.
Esas amenazas han sido generadas por diversos factores, entre los que se distinguen el crecimiento demográfico, el consumismo y la pobreza, el uso de tecnologías contaminantes y erosivas y las prácticas productivas insostenibles ambiental y económicamente.
México ha sufrido una de las tasas de deforestación más altas del mundo, estimándose entre 300 mil y 1 millón de hectáreas anuales. Entre 1981 y 1991, la FAO determinó que la deforestación promedio se calculó en 678 mil hectáreas, una de las más altas del mundo.
Eso quiere decir que se ha perdido más de 95 por ciento de los bosques tropicales húmedos, más de la mitad de los bosques templados y un porcentaje difícil de cuantificar de las zonas áridas, pero que sin duda rebasa la mitad de su acervo original.
Un ejemplo bien documentado por la FAO es el caso de la selva húmeda de la región de los Tuxtlas, Veracruz, en la cual se ha registrado una tasa de deforestación de 4.2 por ciento al año. Si la deforestación continúa al mismo ritmo, para el año 2010 persistirá sólo 9 por ciento del área original.
México se caracteriza por su gran diversidad biológica. De las especies de flora y fauna existentes en México, se calcula de manera preliminar que 336 se encuentran en peligro de extinción y de éstas 170 son endémicas.
Los ecosistemas acuáticos posiblemente sean los más afectados. Ríos, lagos, lagunas y mares reciben gran cantidad de contaminantes de las grandes ciudades y de parques industriales, así como de la actividad ganadera y agrícola, además de que soportan la extracción indiscriminada de sus componentes como fuente de alimento.
Lo anterior ha provocado que los ecosistemas acuáticos se encuentren en franco proceso de deterioro, por lo que su cuidado es impostergable.
Adicionalmente, hay una tendencia a extraer peces y elementos de la fauna marina a tasas superiores a las que las poblaciones naturales pueden reproducirse. Eso ha hecho vulnerables y ha puesto en peligro a varias especies marinas.
Asimismo, los problemas de gestión ambiental y la falta de apoyo económico para el desarrollo de actividades productivas ecológicamente sustentables han contribuido al deterioro de los ecosistemas.
Se han desarrollado políticas de corto alcance para solucionar problemas políticos o socioeconómicos, con graves consecuencias para la conservación de las especies, pues sus efectos son de amplio espectro y afectan poblaciones de muchas especies de manera simultánea.
A pesar de esa realidad, en la planificación anual del gasto federal aún no se considera prioritaria la atención de las demandas de conservación de la riqueza biológica nacional. Ejemplo de ello es el gasto que ejerce la Procuraduría General de la República (PGR) para combatir delitos ambientales.
Con un presupuesto mensual de apenas alrededor de 167 mil pesos, la PGR, mediante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente, tiene el deber de perseguir delitos ambientales, como tala clandestina de madera, tráfico de especies protegidas, explotación ilegal de mantos acuíferos y manejo inadecuado de sustancias peligrosas.
Esa Unidad se caracteriza por contar con menos recursos que las demás fiscalías y unidades de investigación. Tiene 160 veces menos presupuesto que el destinado a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Salud y 25 veces menos que el destinado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Además, en los últimos dos años ha tenido una disminución presupuestaria de 26 por ciento.
En cuanto a recursos humanos, es la unidad con menos personal para realizar sus investigaciones: sólo 36 servidores públicos deben perseguir los delitos ambientales.
Por las razones expuestas y tomando en cuenta que la degradación ambiental del país se debe en gran medida a los delitos ambientales que se cometen todos los días, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que en su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004 se revise el monto asignado a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente, a fin de que cuente con más recursos para combatir delitos ambientales.
Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 6 días del mes de noviembre de 2003.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Rangel Espinosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición que contiene punto de acuerdo que propone la creación de la Comisión Especial para la Protección de la Zona de la Mariposa Monarca en México.
El diputado José Rangel Espinosa:Gracias, diputado Presidente; señoras y señores diputados de la República:
Con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 65, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que en su interior se cree la Comisión Especial para la Protección de la Zona de la Mariposa Monarca, con base en las siguientes consideraciones:
A ninguno de los integrantes de esta Cámara, escapa la importancia que reviste, especialmente por razones de orden ecológico, la protección del hábitat de la mariposa monarca en el país, que por diversas razones ha venido siendo depredada ancestralmente, en especial en parte de los estados de México y Michoacán, donde 22 de sus municipios sirven de sede a la hibernación y reproducción de este lepidóptero.
Es tan trascendente para México la presencia de la mariposa monarca, que en buena medida se traduce en factor determinante del equilibrio de la naturaleza en los municipios afectados por la declaratoria de la reserva, por ello es indispensable la búsqueda de recursos que permitan por una parte, frenar el deterioro de la calidad de vida a que con tal motivo se han visto expuestos los propietarios de la tierra, y por la otra procurar la rehabilitación de las condiciones físicas de los lugares que han sido dañados en aras de la justa supervivencia humana.
Las declaratorias de reserva antes referidas, si bien procuran el cuidado de la mariposa como preciado bien del planeta en que vivimos, también han impactado negativamente en algunos aspectos del hábitat de otro bien que más debe preocuparnos: el ser humano, que resulta impostergable resolver ambas cuestiones sólo en apariencia antagónica.
Es evidente que este momento es el más adecuado y oportuno para el propósito indicado, dado que la llegada y asentamiento de la mariposa en nuestro país apenas se inicia y estamos aún en condiciones de proponer algunas medidas que amortigüen los efectos sociales a que hemos aludido y que periódicamente se presentan y acentúan, con el riesgo de que la intolerancia haga presa a nuestros conciudadanos de males mayores.
Los 22 municipios limítrofes, 11 del estado de Michoacán y 11 del estado de México, son generadores de agua; estos alimentan dos cuencas hidrológicas, la del Lerma, específicamente la de recuperación del alto Lerma, y la del Balsas que concretamente abastece al sistema Cutzamala, agua para la zona metropolitana, para el Distrito Federal, para este recinto.
Aquí, habitan más de 1 millón de personas en esta zona a la que me refiero; aproximadamente es un total de 500 mil hectáreas; 200 mil nos quedan de bosque; 100 mil hectáreas aproximadamente se dedican a la ganadería de traspatio y pequeño pastoreo; y, 200 mil se dedican a la agricultura. Antes muchas de éstas también eran bosque.
Para la subsistencia de los habitantes en un ejercicio aritmético...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Señor diputado, se le agotó el tiempo. Puede usted dar a conocer el contenido de la proposición y ordenamos que el documento íntegro se incluya en el Diario de los Debates.
El diputado José Rangel Espinosa:Gracias, señor Presidente.
Preciso que en este asunto para la inversión productiva hay gran interés del gobierno canadiense, en particular por la provincia de Manitova, sólo que el interés se ha ido convirtiendo en decepción.
En relación directa ya con el punto de acuerdo, se solicita respetuosamente que éste con el carácter de obvia y urgentes resolución, sea turnado a la Junta de Coordinación Política para que se sirva instrumentar el acuerdo consecuente con la comisión que propongo, señalando su objeto, duración, integración y órganos de gobierno, como lo ordenan los artículos 34, 39, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Muchas gracias, por su atención y apoyo a este noble propósito.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de proponer que se cree la Comisión Especial para la Protección de la Zona de la Mariposa Monarca en México, presentada por el diputado Jose Rangel Espinosa, del grupo parlamentario del PRI.
José Rangel Espinosa, en su carácter de diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 65, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que en ésta se cree la comisión especial de la mariposa monarca, con base en las siguientes
ConsideracionesPrimera. A ninguno de los integrantes de esta Cámara escapa la importancia que reviste, especialmente por razones de orden ecológico, la protección del hábitat de la mariposa monarca en el país -que por diversas razones ha venido siendo depredada ancestralmente-, en especial en parte de los estados de México y de Michoacán, donde 22 municipios, entre los que se encuentra el recientemente creado bajo la denominación de San José del Rincón, México, del que me honro ser oriundo, sirven de sede a la hibernación y reproducción de este lepidóptero.
Es tan trascendente para México la presencia de la mariposa monarca, que en buena medida se traduce en factor determinante del equilibrio de la naturaleza en los municipios afectados por las declaratorias de reserva que se han dictado para tal propósito.
Por ello es indispensable la búsqueda de recursos que permitan, por una parte, frenar el deterioro de la calidad de vida a que con tal motivo se han visto expuestos los propietarios de la tierra; y, por otra, procurar la rehabilitación de las condiciones físicas de los lugares que han sido dañados en aras de la justa supervivencia humana.
Segunda. Tampoco es desconocido para los integrantes de esta soberanía que hay en la nación más de una treintena de autoridades federales, estatales y municipales, incluso una comisión coordinadora en la que participan representaciones de estos tres niveles de autoridad, con injerencia en diversos renglones de las actividades que se desarrollan alrededor de dicho hábitat, así como en el manejo de los recursos naturales que quedan inmersos en él y que han sido congelados mediante las citadas declaratorias de reserva de las respectivas áreas, que pretenden frenar la degradación de que, tanto en calidad como en cantidad, han venido siendo objeto la fauna y la flora ahí existentes, al grado de que muchas especies han desaparecido y otras están a punto de fenecer.
Tercera. Que las declaratorias de reserva referidas, si bien procuran el cuidado de la mariposa monarca, como preciado patrimonio del planeta, también han repercutido negativamente en algunos aspectos del hábitat de otro bien que más debe preocuparnos: el ser humano, cuyos índices de marginación, de por sí críticos, se elevaron a grado tal, que obligaron a muchas familias a desplazarse hacia municipios vecinos en busca de los recursos mínimos que les permitan subsistir, y a otras a tratar de encontrar en el vecino país del norte una mejor perspectiva de vida.
Cuarta. Que a tres años de la creación de la comisión coordinadora referida, no se han dado los pasos necesarios para resolver el problema de marginación humana, sin descuidar la protección de la mariposa monarca, como es debido, tomando en cuenta que resulta elemento esencial del equilibrio ecológico de la zona, y continúa la depredación de la fauna y de la flora, en la mayoría de las veces porque no hay otra alternativa de subsistencia para quienes no estuvieron en posibilidad de encontrar más salida.
Quinta. Que resulta impostergable resolver ambas cuestiones, sólo en apariencia antagónicas, para lo cual es necesario hacer acopio de todas las herramientas que se han venido produciendo alrededor de esta materia, durante ya casi un cuarto de siglo, por métodos deductivos e inductivos, así como de las múltiples disposiciones legales que han sido puestas en vigor, por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a fin de formular propuestas concretas, de aplicación inmediata, para dicho fin.
Sexta. Que resulta evidente que este momento es el más adecuado y oportuno para el propósito indicado, pues la llegada y el asentamiento de la mariposa monarca en nuestro país, con fines de hibernación y reproducción, apenas se inician y estamos aún en condiciones de proponer algunas medidas que amortigüen los efectos sociales referidos y que periódicamente se presentan y acentúan, con el riesgo de que la intolerancia haga presa a nuestros conciudadanos de males mayores.
Séptima. Lo anterior pone de manifiesto la pertinencia de que se constituya en esta soberanía la comisión especial para la protección de la zona de la mariposa monarca a fin de que se ocupe, por una parte, de reunir todos los elementos para urgir a las autoridades competentes a canalizar los recursos presupuestales necesarios a fin de amortiguar los efectos negativos de las declaratorias de reservas territoriales mencionadas y los daños ecológicos que la violación de tales mandatos puede acarrear; y, por otra parte, con igual propósito, de vigilar que las acciones acordadas se lleven a cabo con la mayor oportunidad, eficiencia y eficacia.
Por las consideraciones anteriores, someto a juicio de esta alta soberanía los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Con base en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituye la comisión especial para la protección de la zona de la mariposa monarca, con el propósito de reunir todos los elementos, de cualquier orden, pertinentes para proponer las medidas más adecuadas y oportunas para la inmediata solución de la problemática que se traduce en daños ecológicos y económicos a las zonas protegidas, en nuestro país, como hábitat de hibernación y reproducción de la mariposa monarca.
Segundo. En forma especial, la comisión a que se refiere el punto que precede tendrá como tarea principal procurar que los recursos presupuestales con que cuentan las diversas autoridades federales, estatales y municipales se canalicen en forma inmediata hacia la implantación de las medidas permanentes y urgentes aconsejables para prevenir mayores daños al bosque, a los acuíferos y sociales, a los que año con año se enfrentan ante este fenómeno natural diversos municipios de los estados de México y de Michoacán.
Tercero. La comisión que se constituye deberá establecer coordinación permanente y muy cercana con todas las autoridades que, en los tres niveles de gobierno, tengan atribuciones en las diversas materias conectadas con los recursos naturales inmersos en la problemática de que se trata, a fin de dar debido cumplimiento a lo ordenado en los incisos primero y segundo de este punto de acuerdo.
Cuarto. Primordial encomienda de la comisión especial cuya creación se propone será la búsqueda de soluciones alternativas que abatan los altos índices de marginación en la zona de que se trata, que día tras día se incrementan, así como la contención del deterioro ecológico que ha desembocado en la desaparición y degradación de especies de la fauna y la flora originales.
Quinto. Se solicita respetuosamente que este punto de acuerdo, con carácter de obvia y urgente resolución, sea turnado a la Junta de Coordinación Política para que se sirva instaurar el acuerdo que constituye la comisión que propongo, señalando su objeto, duración, integración y órganos de gobierno, como ordenan los artículos 34, 39, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo en San Lázaro, a 6 de noviembre de 2003.--- Dip. José Rangel Espinosa (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Avila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para agilizar los procedimientos de preliberación y remisión parcial, de la pena de sentenciados federales.
El diputado Pedro Avila Nevárez:Con su permiso, señor Presidente:
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Adelante.
El diputado Pedro Avila Nevárez:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Uno de los aspectos centrales del sistema de justicia es el relativo a la finalidad que deben tener las sanciones penales, pasando del típico concepto retribucionista de la pena se ha llegado a darle un sentido humano, asociado al futuro del infractor y del orden social.
Así, de concebirse originalmente la pena como simple expiación de la culpa, se transita a la idea de la readaptación social. En este concepto el valor moral del sistema penitenciario dependerá de su capacidad de rehabilitar, reinsertar, regenerar o repersonalizar al delincuente.
La readaptación social debe de tratar de colocar al individuo en el camino de la conducta lícita y, por lo tanto, el Estado ha ido estableciendo por órdenes del Presidente Vicente Fox, alternativas que sustituyan las condenas por medidas de la libertad preparatoria o remisión parcial de la pena.
Así, la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, ofrece esquemas de escarcelación animados en criterios interdisciplinarios que tomen en cuenta la capacidad y voluntad del reo, para reintegrarse a la sociedad. Se trata de alternativas que miran a evitar las consecuencias negativas de las reclusiones prolongadas y también a reducir los gravísimos problemas de sobrepoblación carcelaria.
Desde luego, que no son sustitutivos que abandonan la defensa social o que permitan dar de alta a enfermos que no han sanado, sino alternativas individualizadas que influyan en la recuperación del penado. A la luz de estos principios vemos con preocupación, óigase bien esto, que el sistema penitenciario nacional, esté actuando con injustificada lentitud en el otorgamiento de los beneficios de libertad anticipada de quienes han cumplido con los requisitos de ley, al ser calificados por los comités técnicos interdisciplinarios de cada centro de reclusión, como aptos para recibirlos.
La población cautiva en condiciones de acceder a estos esquemas es elevado, lo cual es imputable a la Secretaría de Seguridad Pública que dirige Alejandro Hertz Manero y a su Comisión Desconcentrada de Prevención y Readaptación Social que dirige Carlos Tornero Díaz.
En el caso de mi estado, Durango, existen más de 100 casos listos para que se proceda a la puesta en libertad, lo que seguramente está ocurriendo en otras entidades de la República, tanto en centros de readaptación social federales como estatales, ya que en la mayoría de ellos hay internos que ya cumplieron su sentencia de punta a cola, es decir, por completo y les están pisoteando sus derechos humanos a los que tienen derecho para salir libres.
En todos los Ceresos y los Ceferesos de la República hay sobrecupo de internos, como por ejemplo en el Cereso de Durango, está hecho para 1200 internos y hay en el interior 3000, en el Reclusorio Norte de esta propia capital está hecho para 3000 presos y se encuentran 9000 internos, todo por burocratismos en las libertades a que tienen derecho estos internos, que la mayoría de ellos ya cumplieron su sentencia y otros han cumplido ya las tres cuartas partes de la sentencia y han observado buena conducta y han prestado servicios al estado, como lo marca la Ley de Normas Mínimas. En una palabra, se están violentando por parte del organismo descentralizado de prevención y readaptación social de la Secretaría de Seguridad Pública, los derechos humanos de cientos de internos de todos los Ceresos y los Ceferesos de la República Mexicana.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Señor diputado, le ruego concluya.
El diputado Pedro Avila Nevárez:Ahorita termino, señor Presidente.
Es por ello que me sumo a las demandas de familiares de reclusos en esas circunstancias y a las gestiones que diversas organizaciones sociales realizan para presionar a las autoridades competentes. En este sentido mi presencia en esta tribuna obedece al hecho de proponer un punto de acuerdo que exhorte al Ejecutivo Federal para que se atienda a la brevedad este problema de burocracia excesiva, que a todas luces es violatorio de los derechos humanos. Y hago propicia la ocasión para mencionar la grave omisión que está cometiendo el Ejecutivo Federal al no publicar aún en el Diario Oficial de la Federación las reformas que se aprobaron a la Ley Federal de Armas de Fuego, que al ser vigentes favorecen a un buen número de reos sentenciados o procesados por delitos de portación de armas.
Considerando que las instituciones del Estado son responsables...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Señor diputado, le ruego concluir, por favor.
El diputado Pedro Avila Nevárez:...De no provocar un incremento en la descomposición social con malas prácticas penitenciarias, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del honorable pleno de esta Cámara de Diputados, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y de su Comisión de Prevención y Readaptación Social y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, se proceda a la brevedad a poner en lo inmediato al mortal, a los sentenciados por delitos federales recluidos en reclusorios estatales o federales que han calificado para obtener beneficios de libertad anticipada y que en la mayoría de los casos,...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Señor diputado, señor diputado...
El diputado Pedro Avila Nevárez:
... Y alentando sus derechos primarios se les mantiene privados de su libertad.
Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, para agilizar los procedimientos de preliberación y remisión parcial de la pena de sentenciados federales, a cargo del diputado Pedro Avila Nevarez, del grupo parlamentario del PRI
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros:
Uno de los aspectos centrales del sistema de justicia es el relativo a la finalidad que deben tener las sanciones penales. Pasando del típico concepto retribucionista de la pena, se ha llegado a darle un sentido humano, asociado al futuro del infractor y del orden social.
Así, de concebirse originalmente la pena como simple expiación de la culpa, se transita a la idea de la readaptación social.
En ese contexto, el valor moral del sistema penitenciario dependerá de su capacidad de rehabilitar, reinsertar, regenerar o repersonalizar al delincuente.
La readaptación debe tratar de colocar al individuo en el camino de la conducta lícita y, por tanto, el Estado ha ido estableciendo opciones que sustituyan las condenas por medidas de la libertad preparatoria o remisión parcial de la pena.
Así, la Ley de Normas sobre Readaptación Social de Sentenciados ofrece esquemas de excarcelación animados por criterios interdisciplinarios que tomen en cuenta la capacidad y voluntad del reo para reintegrarse a la sociedad.
Se trata de opciones que miran a evitar las consecuencias negativas de las reclusiones prolongadas y también a reducir los gravísimos problemas de sobrepoblación carcelaria.
Desde luego, no son sustitutivos que abandonan la defensa social o que permiten dar de alta a enfermos que no han sanado, sino opciones individualizadas que influyan en la recuperación del penado.
A la luz de esos principios, vemos con preocupación que el sistema penitenciario nacional esté actuando con injustificada lentitud en el otorgamiento de los beneficios de libertad anticipada de quienes han cumplido los requisitos de ley, al ser calificados por los comités técnicos interdisciplinarios de cada centro de reclusión como aptos para recibirlos.
La población cautiva en condiciones de acceder a esos esquemas es elevado, lo cual resulta imputable a la Secretaría de Seguridad Pública y a su Comisión desconcentrada de Prevención y Readaptación Social.
En el caso de mi estado, Durango, tengo conocimiento de que hay más de 100 casos listos para que se proceda a la puesta en libertad, lo que seguramente está ocurriendo en otras entidades de la República, tanto en centros de readaptación social federales como en estatales.
Por ello me sumo a las demandas de familiares de reclusos en esas circunstancias y a las gestiones que diversas organizaciones sociales realizan para presionar a las autoridades competentes.
En tal sentido, mi presencia en esta tribuna obedece al hecho de proponer un punto de acuerdo que exhorte al Ejecutivo federal a que se atienda con la mayor brevedad ese problema de burocracia excesiva que, a todas luces, es violatoria de los derechos humanos.
Y hago propicia la ocasión para mencionar la grave omisión que está cometiendo el Ejecutivo federal por no publicar aún en el Diario Oficial de la Federación las reformas que se aprobaron para la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que, al ser vigentes, favorecerán a un buen número de reos sentenciados o procesados por delitos de portación de armas.
Considerando que las instituciones del Estado son responsables de no provocar un incremento en la descomposición social con malas prácticas penitenciarias, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados como de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a que, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y de su Comisión de Prevención y Readaptación Social, y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Normas sobre Readaptación Social de Sentenciados, se proceda con la mayor brevedad a poner en inmediata libertad a los sentenciados por delitos federales en reclusorios estatales o federales que han calificado para obtener beneficios de libertad anticipada y que, en la mayoría de los casos por un burocratismo excesivo y violentando sus derechos humanos, se mantienen privados de su libertad.
México, DF, a 5 de noviembre de 2003.--- Dip. Pedro Avila Nevárez (rúbrica), Rosario Sáenz López, Jaime Fernández Saracho, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, María del Consuelo Rafaela Rodríguez Alba, Arturo Robles Aguilar, José Mario Wong Pérez, Martín Carrillo Guzmán, Alejandro González Yáñez, Francisco Amadeo Espinoza Ramos, Jesús Emilio Martínez Alvarez, Alfonso Juventino Nava Díaz.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.Tiene el uso de la palabra el diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proposición que contiene punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sea reconsiderado el criterio que a partir del actual ejercicio fiscal, aplica para la devolución del IVA a los productores agropecuarios.
El diputado José Mario Wong Pérez:Con su permiso, señor Presidente; honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión:
El suscrito, diputado federal, José Mario Wong Pérez, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para solicitar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea reconsiderado el criterio que aplica para la devolución del Impuesto al Valor Agregado a los productores agropecuarios, a partir del actual ejercicio fiscal, al tenor de los siguientes
AntecedentesDesde que se puso en operación el IVA, los productores agropecuarios habían obtenido el beneficio de la devolución de este impuesto que pagan en la adquisición de insumos utilizados en la actividad agropecuaria a partir de este año.
El Sistema de Administración Tributaria ha negado la devolución del IVA solicitada argumentando que el productor realiza actividades contempladas en el artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, considerando con esto a los productores del campo como personas que realizan actividades exentas del pago de dicho impuesto.
El artículo 2-C dispone en sus dos primeros párrafos lo siguiente:
``Las personas físicas con actividades empresariales que únicamente enajenan bienes o presten servicios al público en general, no estarán obligados al pago del impuesto por dichas actividades, siempre que en el año de calendario anterior hayan obtenido ingresos que no excedan de 1 millón 174 mil pesos por dichas actividades.''
La cantidad a que se refiere este párrafo se actualizará en el mes de enero, en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. Dicho valor actualizado correspondería a 1 millón 602 mil 935 pesos.
Asimismo, estarán sujetos a lo previsto en este artículo las personas físicas que se dediquen a actividades agrícolas, silvícolas o pesqueras; no obstante que la totalidad o parte de sus actos o actividades no las realicen con el público en general, debiendo reunir, en todo caso, el requisito de límite de ingresos a que se refiere el párrafo anterior.
Analizando la legislación vigente, consideramos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, está practicando un criterio erróneo y no el que venía aplicando en los años anteriores y que consideraba a los productores agropecuarios, como aquellos que realizaban actividades gravadas con tasa cero, establecidas en el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El artículo 2-A establece, entre otras actividades de enajenación de bienes lo siguiente:
``El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes: enajenación de animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule. Para estos efectos se considera, que la madera en trozo descortezada no está industrializada, ixtle, palma y lechuguilla, fertilizantes, plaguicidas, servicidas y fungicidas, siempre que estén destinados para ser utilizados en agricultura o ganadería.''
Con base en lo anterior se formulan las siguientes consideraciones: la problemática que se presenta al aplicar el criterio para la devolución del IVA a los productores agropecuarios, se centra en una inconsistencia en el ordenamiento que regula el impuesto.
La Ley del IVA distingue de entre los actos o actividades, objeto del tributo, tres diferentes formas de tributación: las que están sujetas a la tasa del impuesto, ya sea la tasa del 10% o el 15%; aquellas que se encuentran exentas del pago del impuesto y las que se encuentran sujetas a la tasa del 0%.
La diferencia entre la tasa cero y la exención consiste en la sujeción que respecto a la tasa cero tienen los sujetos que se encuentran en alguno de los supuestos de caución del impuesto, generándose para éstos las obligaciones y también los derechos que establece la Ley del Impuesto; es decir, en el caso de los actos y actividades que se encuentran sujetos a tasa cero, el contribuyente que ofrezca productos o servicios a los cuales les sea aplicable dicha tasa, tiene la obligación de efectuar el traslado del impuesto que les haya pagado y tendrá el derecho de acreditar el que efectivamente haya pagado contra aquél.
Este mecanismo obviamente beneficia en mayor medida a los contribuyentes que se dedican a actividades gravadas con la tasa cero, ya que al momento de realizar...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Le ruego concluir, señor diputado.
El diputado José Mario Wong Pérez:Permítame terminar.
...Ya que al momento de realizar el acreditamiento del impuesto retenido, contra el que pagaron, en su caso les podrá corresponder una devolución del impuesto.
En este mismo tenor, quienes se dedican a actividades agrícolas o silvícolas o pesqueras, podrían sujetarse a las obligaciones y derechos del sistema del Impuesto al Valor Agregado en los términos del último párrafo del artículo 2-A, a la ley que menciona lo siguiente: ``Los actos o actividades a los que se les aplique la tasa 0%, producirán los mismos efectos legales que aquéllos en los que se debe pagar el impuesto conforme a esta ley''.
Ahora bien, a partir del actual ejercicio de autoridad hacendaria...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Señor diputado.
El diputado José Mario Wong Pérez:Termino, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Permítame, señor diputado.
El término, tratándose de proposiciones, es de cinco minutos; le ruego, si faltan algunas consideraciones, pasar a la lectura de la proposición.
El diputado José Mario Wong Pérez:Perfecto.
Por lo expuesto, someto a la consideración de ustedes el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que la Cámara de Diputados solicite al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sea reconsiderado el criterio que a partir del actual ejercicio fiscal aplica para la devolución del Impuesto al Valor Agregado a los productores del campo.
Atentamente.
Palacio Legislativo, diputado federal José Mario Wong Pérez y el diputado federal Cruz López Aguilar, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería y la fracción priísta y algunos diputados más de esta Legislatura.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados solicite al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se reconsidere el criterio aplicado, a partir del actual ejercicio fiscal, para devolver el IVA a los productores agropecuarios, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del PRI.
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.
El suscrito, diputado federal José Mario Wong Pérez, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar al secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que se reconsidere el criterio que aplica para la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productores agropecuarios a partir de este ejercicio fiscal, al tenor de los siguientes
AntecedentesDesde que se puso en operación el IVA, los productores agropecuarios habían obtenido el beneficio de la devolución de este gravamen que pagan en la adquisición de insumos utilizados en la actividad agropecuaria.
A partir de este año, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha denegado la devolución del IVA solicitado, argumentando que el productor realiza actividades previstas en el artículo 2-C de la Ley del IVA, considerando con esto a los productores del campo como personas que realizan actividades exentas del pago de dicho impuesto.
El artículo 2-C dispone en los dos primeros párrafos lo siguiente:
``Las personas físicas con actividades empresariales que únicamente enajenen bienes o presten servicios al público en general no estarán obligadas al pago del impuesto por dichas actividades, siempre que en el año de calendario anterior hayan obtenido ingresos que no excedan de $1?174,000.00 por dichas actividades. La cantidad a que se refiere este párrafo se actualizará en el mes de enero, en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación''. (Dicho valor actualizado correspondería a $1´602,935.00.)
``Asimismo, estarán sujetas a lo previsto en este artículo las personas físicas que se dediquen a actividades agrícolas, silvícolas o pesqueras, no obstante que la totalidad o parte de sus actos o actividades no las realicen con el público en general, debiendo reunir, en todo caso, el requisito de límite de ingresos a que se refiere el párrafo anterior.''
Analizando la legislación vigente, estimamos que la SHCP, mediante el SAT, aplica un criterio erróneo y no el de los años anteriores, que consideraba a los productores agropecuarios como los que realizaban actividades gravadas con tasa cero, establecidas en el artículo 2-A de la Ley del IVA.
El artículo 2-A establece, entre otras actividades de enajenación de bienes, lo siguiente:
El impuesto se calculará aplicando la tasa de cero por ciento a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:
1. Enajenación de:
a) Animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule. Para estos efectos, se considera que la madera en trozo o descortezada no está industrializada.
b) a c) ...
d) Ixtle, palma y lechuguilla.
e) ...
f) Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería.
Con base en lo anterior, se formulan las siguientes
ConsideracionesLa problemática que se presenta al aplicar el criterio para la devolución del IVA a los productores agropecuarios se centra en una inconsistencia del ordenamiento que regula el impuesto.
La Ley del IVA distingue, de entre los actos o actividades objeto del tributo, tres diferentes formas de tributación:
1. Las sujetas a la tasa del impuesto (ya sea la de 10 o de 15 por ciento);
2. Las exentas del pago del impuesto; y
3. Las sujetas a la tasa de cero por ciento.
La diferencia entre la tasa cero y la exención consiste en la sujeción que, respecto a la tasa cero, tienen los sujetos que se encuentran en alguno de los supuestos de causación del impuesto, generándose para éstos las obligaciones y también los derechos que establece la Ley del Impuesto. Es decir, en el caso de los actos y las actividades sujetos a tasa cero, el contribuyente que ofrezca productos o servicios a que sea aplicable dicha tasa tiene la obligación de efectuar el traslado del impuesto que le sea pagado y tendrá el derecho de acreditar el que efectivamente haya pagado contra aquél.
Ese mecanismo beneficia evidentemente en mayor medida a los contribuyentes dedicados a actividades gravadas con la tasa cero, ya que al momento de realizar el acreditamiento del impuesto retenido contra el que pagaron, en su caso, les podrá corresponder una devolución del impuesto.
En ese tenor, quienes se dedican a actividades agrícolas, silvícolas o pesqueras podían sujetarse a las obligaciones y los derechos del sistema del Impuesto al Valor Agregado, en los términos del último párrafo del artículo 2-A de la Ley del IVA, que menciona lo siguiente:
``Los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del cero por ciento producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta ley.''
A partir del actual ejercicio, la autoridad hacendaria aplica un criterio incluido en el artículo 2-C de la ley mencionada en los antecedentes, afectando a los productores, ya que por su actividad estos contribuyentes realizan erogaciones sobre las cuales pagan el Impuesto al Valor Agregado y, por no ser sujetos del tributo, no les resulta posible efectuar el traslado, ya que los productos que ofrecen tienen tasa cero, ni pueden acreditar el impuesto que hayan pagado para solicitar la devolución.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ustedes el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Que la Cámara de Diputados solicite al secretario de Hacienda y Crédito Público que se reconsidere el criterio que, a partir del actual ejercicio fiscal, aplica para la devolución del Impuesto al Valor Agregado a los productores agropecuarios.
Palacio Legislativo en San Lázaro, a 6 de noviembre de 2003.--- Dip. José Mario Wong Pérez (rúbrica); en adhesión, diputados: Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), María Martha Laguette Lardizábal, Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Pedro Avila Nevárez (rúbrica), Rosario Sáenz López (rúbrica), Elizabeth Sotelo Ochoa (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene el uso de la palabra el diputado Belizario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición que contiene punto de acuerdo para crear la comisión especial del café.
El diputado Belizario Iram Herrera Solís:Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Adelante.
El diputado Belizario Iram Herrera Solís:Compañeras y compañeros diputados:
«El que suscribe, diputado federal, Belizario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos propone a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo los antecedentes y consideraciones siguientes:
AntecedentesCon fecha 6 de junio de 2001, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue aprobado un punto de acuerdo para que la honorable Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura conformara un grupo de trabajo, mismo que quedó constituido el 16 de agosto del mismo año, de manera plural, por diputados de las diversas fracciones parlamentarias, con el fin de conocer las necesidades de los productores, comercializadores e industriales de este producto (grano), siendo un interlocutor con las instituciones de gobierno para que éstas, a su vez, cumplieran con los programas de apoyo a este sector y a toda la cadena productiva.
ConsideracionesLa pobreza de los países subdesarrollados ya no es más una prioridad en el mundo, sino un medio para sustentar la supremacía del más fuerte, abusando de su condición, mediante la inducción y el control social, político e histórico de su entorno, sujetando su crecimiento y desarrollo mediante esquemas de especialización, de su mano de obra y de acceso a los mercados, destinando reducidos espacios de competencia, tales como la generación de productos agropecuarios de ínfimo valor agregado, con diversos instrumentos de comercio, cuyo impacto refleja las disparidades económicas, sociales, históricas y políticas de las naciones que la padecen.
Este entorno de la supremacía de los países desarrollados se traduce en el accionar de empresas multinacionales que han ido olvidando su responsabilidad social y ecológica, convirtiéndose en verdaderos depredadores de los mercados, en busca de rentabilidad inmediata, poniendo sus intereses por encima de la condición humana de los países pobres. Agudizándose de manera paulatina las contra- dicciones del sistema de producción, generando básicamente por hacer más rico al rico y al pobre más miserable.
La actividad cafetalera, históricamente, ha sido de vital importancia para la vida productiva de nuestro país.
Hasta hace algunos años, esta actividad representaba la principal fuente de divisas del sector primario y atendía el abasto nacional de este producto, pero la caída de precios generalizada de este grano, por la sobreoferta de cafés en regiones donde los costos de producción son protegidos mediante subsidios y tasas impositivas preferenciales, ha generado la pérdida del valor comercial de este producto; provocando para los productores nacionales sea incosteable inclusive su cosecha y el colocar su producto en los mercados locales e internacionales, haciendo que caigan en un círculo vicioso que impide la reinversión, mantenimiento de los cafetales, cerrando la posibilidad de dinamizar la economía de las zonas rurales de producción nacional.
El café es una actividad de especial valor geopolítico, social, económico y ambiental para el país, pues la producción del aromático se desarrolla en 760,000 hectáreas, siendo el promedio en los últimos cinco ciclos de 350,000 toneladas, en 12 estados de la República, en 391 municipios -de los cuales el 80% son marginados- en 4,500 comunidades, en 56 regiones ecológicas cafetaleras; y el 66% de los 461,000 productores son indígenas, además de que genera 65 millones de jornales en el campo al año y de él dependen 5 millones de mexicanos.
Es por ello que, en representación de más de 461 mil cafeticultores de la República Mexicana, solicito ante este honorable Congreso reconsiderar la atención inmediata a la problemática que presenta este sistema productivo del café, promoviendo dentro de una visión global propuestas que respondan en gran medida a la apremiante demanda de la cafeticultura mexicana.
Ante la necesidad de conjuntar trabajos y esfuerzos entre todos los órganos y las instituciones del Gobierno Mexicano para el beneficio de esta actividad productiva del café, reconociendo que en la pasada Legislatura el Grupo de Trabajo para la Cafeticultura Mexicana obtuvo logros sustanciales para este sector; manifestando quehacer político y de representación, solicito se instituya la comisión especial del café, con la finalidad de contribuir y dar seguimiento a la creación y aplicación de los diversos programas específicos para el fortalecimiento, crecimiento y soporte del sistema productivo del café.
Por todo lo expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Se crea la comisión especial del café de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LIX Legislatura, encargada de coadyuvar y dar seguimiento, en el ámbito de las competencias del Poder Legislativo federal, a los proyectos y programas para el fortalecimiento de este producto: el café.
Esa comisión especial atenderá las proposiciones que, en materia de desarrollo para el fortalecimiento del sistema productivo del café, presenten los legisladores y demás sujetos con derecho a ello, así como los planteamientos que en dicha área establezca el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006.
Segundo. La Comisión Especial impulsará y propondrá a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público y al Pleno de la Cámara de Diputados, los programas y proyectos prioritarios de desarrollo, así como iniciativas que permitan el fortalecimiento, crecimiento, y soporte del sistema productivo del café.
Tercero. La comisión especial del café estará integrada por 30 diputados y diputadas pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, preferentemente de los estados productores de este grano café, y funcionará por el término de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo, a 6 de noviembre de 2003.--- Diputados: Jorge Baldemar Utrilla Robles, María Elena Orantes López, Juan Antonio Gordillo Reyes, Julián Nazar Morales, Florencio Collazo Gómez, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Francisco Grajales Palacios, Mario Carlos Culebro Velasco, César Amín González Orantes, Carlos Osvaldo Pano Becerra, Sonia Rincón Chanona, Sami David David, Belisario Iram Herrera Solís, María del Carmen Izaguirre Francos, Carlos Flores Rico, Juan Manuel Dávalos Padilla, Carlos Blackaller Ayala, Lázaro Arias Martínez, Enrique Guerrero Santana, José Porfirio Alarcón Hernández, José Guillermo Aréchiga Santamaría, Roberto Pedraza Martínez, Juan Manuel Vega Rayet, Francisco Alberto Jiménez Merino, Jorge Uscanga Escobar, Guillermo Zorrilla Fernández, Pablo Anaya Rivera, Rómulo Isael Salazar Macías, Gustavo Moreno Ramos, Filemón Primitivo Arcos Suárez Peredo, Ernesto Alarcón Trujillo, Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Gonzalo Guizar Valladares, Ubaldo Aguilar Flores, Juan Bustillos Montalvo, Marco Antonio Torres Hernández, Miguel Ángel Yunes Linares, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Jacobo Sánchez López, José Guzmán Santos, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva y Marcelo Herrera Herbert.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición que contiene punto de acuerdo, para solicitar información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El diputado Francisco Javier Bravo Carbajal:Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Quien suscribe el presente punto de acuerdo, diputado federal de Puerto Vallarta, Jalisco, cabecera del distrito que tengo el honor de representar ante esta honorable Cámara de Diputados, la cual es una entidad con vocación económica de fomento turístico, con importante infraestructura turística y con visita permanente de turismo dinámico que arriba por diferentes vías de comunicación.
Gran parte del arribo de este turismo nacional e internacional es por medio del servicio público de transporte aéreo, con gran densidad de tráfico de pasajeros. Sin embargo, precisamente en este servicio de transporte aéreo de pasajeros únicamente operan algunas rutas permisionarias, faltando de forma urgente que se oferten mayores y mejores rutas aéreas.
Sin ellas se corre el riesgo de frenar los criterios de desa-rrollo regional, toda vez que Vallarta es un polo importante de desarrollo que genera importantes divisas por la visita turística.
No obstante, hay pocas empresas de aerolíneas autorizadas, mismas que ofrecen tarifas altas y horarios no continuos, entorpeciendo con esto el acceso del turismo.
Diversas empresas de aerolíneas han solicitado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorización para la operación de esa ruta y proporcionar así un mejor servicio en beneficio del usuario de dicha ruta de Vallarta y de México.
Por ello, me permito presentar la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe a esta soberanía el estado en que se encuentra el trámite de solicitud de autorización por las diversas aerolíneas para operar en Puerto Vallarta, Jalisco.
Palacio Legislativo.--- San Lázaro, 6 de noviembre de 2003.
Es cuanto, señor Presidente.
Hago entrega de dicha proposición.
«Escudo Nacional.--- Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, para solicitar información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre la autorización oficial que han solicitado diversas líneas aéreas para la operación de rutas nacionales e internacionales a y desde Puerto Vallarta, Jalisco, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del PRI.
Quien suscribe el presente punto de acuerdo, diputado federal de Puerto Vallarta, Jalisco, cabecera del distrito que tengo el honor de representar ante el H. Congreso de la Unión, es una entidad con vocación económica de fomento turístico, con importante infraestructura turística, y con visita permanente de turismo dinámico, que arriba por diversas vías de comunicación.
Gran parte del arribo de este turismo nacional e internacional, es por medio del servicio público de transporte aéreo, con gran densidad de tráfico de pasajeros.
Sin embargo, precisamente en este servicio de transporte aéreo de pasajeros, únicamente operan algunas rutas permisionarias, faltando de forma urgente que se oferten mayores y mejores rutas aéreas; sin ellas se corre el riesgo de frenar los criterios de desarrollo regional, toda vez que Vallarta es un polo importante de desarrollo, que genera importantes divisas por la visita turística.
No obstante, hay pocas empresas de aerolíneas autorizadas, mismas que ofrecen tarifas altas y horarios no continuos, entorpeciendo con esto el acceso del turismo.
Diversas empresas de aerolíneas han solicitado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorización para la operación de esa ruta y proporcionar así un mejor servicio, en beneficio del usuario de dicha ruta Vallarta y de México.
Por ello me permito presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Unico.- Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe a esta soberanía el estado en que se encuentra el trámite de solicitud de autorización por las diversas aerolíneas para operar en Puerto Vallarta, Jalisco.
Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, a los 6 días del mes de noviembre de dos mil tres.--- Dip. Francisco Javier Bravo Carbajal (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Transportes.Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para la creación de una comisión especial que conozca, analice e informe respecto de la red delincuencial ``Marasalvatrucha'' en la frontera sur de México, en el estado de Chiapas.
El diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El suscrito diputado federal, Carlos Osvaldo Pano Becerra, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, propone el siguiente punto de acuerdo para la creación de una comisión especial que conozca, analice e informe respecto de la red delictiva Marasalvatrucha, en la frontera sur de México, en el estado de Chiapas, bajo los antecedentes y consideraciones siguientes:
AntecedentesAl término de la década de los setenta, en la ciudad de Los Angeles, California, en Estados Unidos de América, se formaron bandas delictivas de jóvenes desocupados carentes de estructuras prosociales; estas pandillas, en su mayoría, se constituyeron por latinos, que deportados o de regreso a sus países de origen, sobre todo de Centroamérica, a su paso iniciaron a muchos jóvenes delincuentes, formando la estructura de la denominada Marasalvatrucha, haciendo alusión a la marabilinta, nombre de una hormiga salvaje que habita en grandes cantidades arrasando la jungla como una plaga.
Estos grupos de jóvenes con nombre de Maras, la utilizan como identificación por haber invadido la Unión Americana como una plaga humana, logrando destrucción en la ciudad de Los Angeles, California.
Esta organización, al pasar por Chiapas, en su regreso a Estados Unidos, ha encontrado en la frontera sur de nuestro país, en específico en los municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, Tuxtla Chico, Cacahotan, Unión Juárez y Tapachula, la zona propicia para llevar a cabo sus propósitos de anarquía y terrorismo social, por ser la puerta natural del inicio del éxodo hacia el sueño americano.
ConsideracionesEl cáncer social que vive la frontera sur respecto de estos grupos delictivos ha crecido de tal forma que incluso han conseguido que las autoridades judiciales no logren desmantelarlos, ya que su fortaleza ha llegado a incidir sobre todo en la raíz de nuestra sociedad, en la juventud chiapaneca, de tal forma que hoy en día esta organización criminal mixta de centroamericanos y chiapanecos, cuyas celdas se auto denominan la ``13'' y la ``18'', sean las más temidas y respetadas dentro de esta red internacional de terrorismo social.
Hablar del terrorismo de los Maras es hablar de un terrorismo no convencional, que actúa y crece sembrando su semilla en la formación de sus miembros, aprovechando la inexperiencia y las dudas de los jóvenes, especialmente de menores de edad, los cuales son manipulados, ya que tienen conocimiento de las leyes, sobre todo la de menores infractores, por eso los adultos intelectuales de estas bandas pocas veces son capturados y quienes pagan por las consecuencias de estos delitos son esos aprendices de Maras, que pronto son liberados, ocasionando una gran perturbación en la tranquilidad social.
Hablar de perturbación de la tranquilidad social es hablar, en este rubro, de delitos y de actos vandálicos que vienen realizando los extranjeros perniciosos de dichos grupos en la frontera sur de México, por lo cual es necesaria y urgente la intervención del gobierno y autoridades federales, toda vez que se vive en Chiapas una ola de delincuencia organizada llamada Marasalvatrucha; la intervención de extranjeros en la conformación delictiva queda demostrada inclusive en la denominación de estas bandas, incluyendo parte del nombre de El Salvador, país de origen.
Negar la existencia de este fenómeno es vendarse los ojos, es negar la realidad y evadir el problema que aqueja a la sociedad del pueblo chiapaneco, en virtud de que se vive con la zozobra de quién es la próxima víctima de estos delincuentes, o saber a qué familias les tocarán llorar la pérdida de un hijo, bien al ser parte de ellos o cuando fallecen como resultado de alguno de sus actos de terror.
La solicitud de la conformación de una comisión especial de diputados federales para conocer, analizar e informar respecto de estos grupos de la Marasalvatrucha en la frontera sur de nuestro país, es con el propósito de atender de manera urgente este asunto del orden de seguridad nacional, toda vez que son redes delictivas que han desequilibrado la paz social en países como Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Estados Unidos y México. Además, esta Comisión Especial coadyuvaría al diagnóstico de los derechos humanos de los niños y adolescentes mexicanos y extranjeros involucrados en estas organizaciones.
En esta guerra oculta que se vive en Chiapas contra estos grupos de extranjeros perniciosos, nuestra soberanía es violada constantemente. México empieza en el sur por Chiapas y la urgencia de la protección de la soberanía es un reclamo de todos los habitantes del territorio nacional que no puede esperar, por lo que se hace un llamado antes de que este mal se ramifique por todo el país.
Si, como expresa nuestra Carta Magna, ``la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo'', el pueblo de la frontera sur exige a este Congreso de la Unión la pronta resolución a este mal que aqueja a la juventud no sólo de Chiapas sino de México.
Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 34, 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 71 y 78 de su Reglamento para el Gobierno Interior, con el objeto de que se informe a esta soberanía sobre el asunto referido, presento los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero.- Esta honorable Cámara de Diputados se pronuncie a favor de la conformación de una comisión especial que conozca, analice e informe sobre lo relacionado con los grupos delictivos Marasalvatrucha, localizados en la frontera sur.
Segundo.- Dicha comisión especial rinda informe a esta soberanía en un plazo no mayor de veinte días sobre el resultado de los trabajos realizados y así tener las bases y elementos para que esta honorable Cámara de Diputados, en función de su competencia resuelva al respecto.
Palacio Legislativo, a 6 de noviembre de 2003.--- Dip. Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica).
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Se turna a la Junta de Coordinación Política.Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Salvador Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se programe un incremento suficiente para atender con oportunidad las necesidades que el sector pesquero está demandando.
El diputado Salvador Sánchez Vázquez:Diputadas y diputados federales:
El que suscribe, integrante de la Comisión de Pesca de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 se programe un monto suficiente para la atención de los requerimientos del sector pesquero nacional. Antes de exponer los argumentos de la propuesta quiero motivar una reflexión con ustedes, respetables legisladores.
Según información proporcionada por el titular de la Comisión Nacional de Pesca, en reunión de trabajo realizada en la comisión respectiva de esta honorable legislatura el día de ayer, en el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año próximo el Ejecutivo Federal propone para el sector 855 millones en números cerrados. Esta cantidad nominalmente es superior a la establecida para el año en curso que originalmente fue de 853 millones, pero en términos reales resulta inferior, considerada al menos la inflación. Cabe recordar, además, que por ajustes el presupuesto final para 2003 en esta actividad de la pesca quedó en 720 millones.
El comisionado nacional mismo está presentando una alternativa de propuesta superior a los 1 mil millones de pesos. Me pregunto: ¿Cómo es posible que al gasto de imagen presidencial se le hayan destinado 133 millones diarios, según investigación conocida y publicada durante una buena parte de los tiempos preelectorales de este año y a la pesca, actividad estratégica desde el punto de vista social y económico se destinen tan magros recursos? En sólo una semana de promoción se superó el presupuesto de esta actividad estratégica nacional.
La pesca es una de las actividades que debe ser pilar en el desarrollo económico del país. Este sector aporta el 0.7 del producto interno. Emplea al 1.3% de la población económicamente activa en pesca de altura, ribereña y acuacultura. Su volumen de captura coloca a México entre los 20 paí-ses con mayor producción del orbe. La balanza comercial en la materia es superavitaria por 475 millones de dólares.
Al respecto debemos aceptar que las variables mencionadas no corresponden al potencial de los recursos naturales y humanos existentes; 11 mil 592 kilómetros de costa, ríos y cuerpos de aguas interiores vastos, recursos bióticos pesqueros, fauna y flora que esperan un aprovechamiento integral en beneficio de una población que trabaje en ellos y de una comunidad nacional que de ellos obtiene la posibilidad de un mejoramiento en su dieta alimenticia.
Pero no sólo se trata de los aspectos sociales de la población dedicada a ese sector que demanda superar sus niveles de bienestar y de la población en general que exige mejoras en la dieta, empobrecida en las últimas décadas. No solo se trata de los aspectos económicos de una actividad primaria generadora de ingresos directos a más de 260 mil familias y divisas a la economía nacional, se trata, respetables legisladores, de atender a la comunidad de pescadores.
Desafortunadamente para las políticas gubernamentales la pesca no es una actividad prioritaria, basta señalar que en este año sólo le corresponderá el 2% del presupuesto asignado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Pesqueros y Alimentación, lo que significa el 0.07% del presupuesto nacional. De esta magnitud es la consideración que merece el sector en los programas del Ejecutivo.
Por lo expuesto, fundado y motivado me permito someter a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 se programe un incremento suficiente para atender con oportunidad necesidades que el sector pesquero está demandando.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2004 considere este incremento.
Tercero. Comuníquese al titular del Poder Ejecutivo Federal.
Lo firman integrantes de la Comisión de Pesca, de su Presidente y Secretario y demás miembros de la misma y legisladoras y legisladores de todos los grupos parlamentarios en esta LIX Legislatura.
Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se programe un incremento suficiente para atender con oportunidad las necesidades del sector pesquero, presentada por el diputado Salvador Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del PRI.
El que suscribe, integrante de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se programe un monto suficiente para la atención de los requerimientos del sector pesquero nacional, conforme a la siguiente
Exposición de MotivosLa pesca es una de las actividades que debe ser pilar en el desarrollo económico del país. Este sector aporta el 0.7% del Producto Interno Bruto Nacional, emplea al 1.3% de la población económicamente activa en pesca de altura, ribereña y acuacultura. Su volumen de captura coloca a México entre los 20 países con mayor producción del orbe. La balanza comercial en la materia es superavitaria por 475 millones de dólares.
Al respecto debemos aceptar que las variables mencionadas no corresponden al potencial de los recursos naturales y humanos existentes; 11 mil 592 kilómetros de costa; ríos y cuerpos de aguas interiores vastos; recursos bióticos pesqueros, fauna y flora, que esperan un aprovechamiento integral en beneficio de una población que trabaja en ellos y de una comunidad nacional que de ellos obtiene la posibilidad de un mejoramiento en su dieta alimenticia.
De manera adicional, en este sector se establece entre productores y consumidores, una larga cadena de intermediación constituida por transportistas, introductores, almacenistas, industriales, distribuidores, expendedores del producto en establecimientos especializados y en diversos sistemas de tienda, agentes financieros, lo cual permite el fortalecimiento económico de algunas regiones del país.
Esta población demanda del Estado mexicano plena comprensión de sus necesidades. Por una parte, los trabajadores y las comunidades pesqueras que perciben un paulatino abandono de las políticas gubernamentales que regulan sus actividades. Por la otra, los consumidores de productos del mar que no los pueden llevar a su mesa por los elevados precios del mercado, y en algunas regiones, por su escasa disponibilidad.
El complejo de actividades y acciones del sector pesquero requiere de inversiones aplicadas a la construcción, reconstrucción y mantenimiento de la infraestructura; equipamiento y avituallamiento de la flota; establecimiento de almacenes y frigoríficos al servicio directo de los pescadores; instalación de plantas procesadoras; educación y capacitación de la población aplicada y de sus hijos; integración de sistemas de distribución y comercialización adecuados al interés de productores y consumidores; e investigación.
Pero no sólo se trata de los aspectos sociales de la población dedicada a este sector, que demanda superar sus niveles de bienestar, y de la población en general, que exige mejoras en la dieta, empobrecida en las últimas décadas. No sólo se trata de los aspectos económicos de una actividad primaria generadora de ingresos directos a más de 260 mil familias y divisas a la economía nacional.
Se trata de atender a la comunidad de pescadores, que en razón de sus actividades productivas está ubicada en áreas vinculada a sitios estratégicos de la seguridad nacional. Su espíritu de pertenencia a un país en cuya defensa colaboran, en los mares y líneas costeras, debe ser correspondido oportuna y cabalmente por el Estado. La vigilancia de nuestro mar territorial y patrimonial y los recursos que contiene, vuelven estratégica la presencia de los pescadores en los lugares de su tarea; 12 millas y 200 millas de mar territorial y de mar patrimonial, respectivamente, constituyen un espacio cuya amplitud supera las posibilidades logísticas de nuestras fuerzas armadas y de allí la importancia de su lealtad.
El reporte oportuno de los trabajadores del mar sobre movimientos de embarcaciones de bandera ajena, o propia, relacionadas con ilícitos como contrabando de drogas y bienes diversos, pesca ilegal, tráfico de personas, traslado de armas, con acciones susceptibles de vincularse al terrorismo, puede alertar a las autoridades competentes y permitir su intervención oportuna para prevenirlos y perseguirlos.
Algunas acciones de Estado afectan a los pescadores y deben ser cuidadosas y atendidas con puntualidad y cabalidad en el fortalecimiento de sus actividades y sus consecuencias. El caso de la ampliación de la zona de exclusión en la sonda de Campeche, por razones de seguridad nacional, es una muestra de cómo se impacta directamente su nivel de ingresos y su calidad de vida, por políticas de Estado en el marco de su actuación.
Desafortunadamente, para las políticas gubernamentales la pesca no es una actividad prioritaria; basta señalar que en este año sólo le corresponderá el 2% del presupuesto asignado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, lo que significa el 0.07% del presupuesto nacional. De esa magnitud es la consideración que merece el sector en los programas del Ejecutivo.
La atención de los aspectos que se han señalado demanda recursos presupuestales suficientes y oportunos. Si queremos que el sector pesquero desarrolle sus potencialidades, si queremos fortalecer el ejercicio soberano en nuestros mares, si queremos aumentar y enriquecer la dieta de las familias mexicanas, debemos orientar las políticas gubernamentales al nivel de políticas de Estado eficientes y eficaces, con suficiencia de recursos presupuestales.
Por lo expuesto, fundado y motivado, me permito someter a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero.- Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 se programe un incremento suficiente para atender con oportunidad las necesidades que el sector pesquero está demandando.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, considere este incremento.
Tercero. Comuníquese al titular del Poder Ejecutivo federal para su conocimiento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2003.--- Diputados: Salvador Sánchez Vázquez, Alejandro Higuera Osuna, Gonzalo Alemán Migliolo, Joel Padilla Peña, Gerardo Montenegro Ibarra, Raúl Mejía González, Francisco Javier Obregón Espinosa, Carlos Martín Jiménez Macías, María Sara Rocha Medina, Sofía Castro Ríos, Jesús Humberto Martínez de la Cruz, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Eugenio Mier y Concha Campos, Jesús Porfirio Sánchez Schmal (rúbricas).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de excitativa formulada por el diputado Alejandro Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a las comisiones de Gobernación, de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Excitativa presentada por integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Excitativa a las comisiones de Gobernación, de Seguridad Pública, y de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Alejandro Agundis Arias, del grupo parlamentario del PVEM.
C. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a la Presidencia en turno de esta Cámara de Diputados se sirva excitar a las Comisiones de Gobernación, de Seguridad Pública, y de Puntos Constitucionales para que procedan al análisis, discusión y dictamen; para su posterior discusión en el Pleno de la H Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa que reforma el primer párrafo de la fracción V del artículo 55 y la fracción VI del artículo 82, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma los incisos b), c), y d) del párrafo 1 del artículo 7, el párrafo 1 del artículo 40 y el párrafo 1 del artículo 77, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales al tenor de las siguientes
ConsideracionesPrimera. El día 25 de marzo del 2002, la diputada Patricia Chozas y Chozas, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Quincuagésima Octava Legislatura, presentó una iniciativa de reformas que tienen por objeto establecer límites de tiempo a los Consejeros del Instituto Federal Electoral para que puedan acceder a cargos de representación popular, y habiendo transcurrido desde entonces con exceso el término de cinco días que establece el artículo 21 fracción XVI del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos y sin que al día de hoy las Comisiones de Gobernación, Seguridad Pública y Puntos Constitucionales a las que fuera turnada hayan dictaminado respecto de la misma.
Segunda. El 29 de octubre del 2002, el grupo parlamentario del Partido Verde presentó excitativa ante el Pleno, a lo que el Presidente de la Cámara determinó:
``De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a las comisiones señaladas para que emitan el dictamen correspondiente.''
Tercera. Entendemos que las comisiones referidas, apenas el pasado mes de octubre han iniciado sus trabajos legislativos, pero es importante que la ciudadanía tenga la certeza, de que la actuación de los Consejeros Electorales sea basada en criterios de imparcialidad y objetividad en las resoluciones políticas de trascendencia para el país.
Cuarta. Consideramos respetuosamente que a las Comisiones de Gobernación, Seguridad Pública y Puntos Constitucionales, se les debe aplicar la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre todo, porque es la segunda excitativa que se presenta para la iniciativa en comento.
Por lo antes expuesto, a usted, C. Presidente de la Cámara de Diputados en turno, atentamente pido:
Unico. Tenga por presentada esta excitativa, se sirva excitar y exhortar a los Presidentes de las Comisiones de Gobernación, Seguridad Pública y Puntos Constitucionales para que presenten su dictamen respecto a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como también del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; presentada por la diputada Patricia Chozas y Chozas el día 25 de marzo del 2002, en nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso de la Unión, apercibiéndoles que para el caso de nuevo incumplimiento, se turnará a otra Comisión de esta Cámara de Diputados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 6 días del mes de noviembre de 2003.--- Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbrica).
Cumplida su encomienda, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señora Secretaria.
De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones de Gobernación, de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales, para que emitan el dictamen correspondiente.El siguiente punto del orden del día en la agenda política es comentario sobre la posible desviación de recursos asignados a la Secretaría de Salud para la asociación denominada Provida.
Tiene el uso de la palabra para hablar sobre este tema el diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
¿No se encuentra?
Continúe la Secretaría.
Señor Presidente:
Se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.
Orden del día
Martes 11 de noviembre de 2003.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictámenes a discusión
Cuatro de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que conceden permiso a varios ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: María de Lourdes López Salinas, Stephanie Francesca Marina de la Torre Cattaneo, María Cristina López Villafranco, Ignacio Martínez Morales, Everardo Massé Bautista, Luis Antonio Melgoza Martínez, Ana Margarita Ortega Ramírez, María de Jesús Reyes Alvarez y Héctor Abel Soriano Velasco, para prestar servicios en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país, en México.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Tomás Roberto González Sada, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Japón, en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
Es todo, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor Secretario.
Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por 10 minutos, para verificar la asistencia.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Por lo tanto, ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para verificar la asistencia.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Se encuentra en el pleno un grupo de alumnos del tecnológico de Zacatepec, del estado de Morelos. Se les da un saludo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Se les recuerda a las y a los diputados que el registro electrónico y el registro de asistencia es dentro del tiempo establecido.
Si alguna diputada o algún diputado tiene problemas con su sistema biométrico, por favor hacerlo saber a esta mesa.
Antes de concluir la sesión, la Presidencia ha recibido minuta proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 16 de noviembre del 2003. Este documento ha llegado del Senado de la República.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 16 de noviembre de 2003, con el propósito de asistir a la XIII Cumbre Iberoamericana, que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Atentamente.
México, DF, a 6 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
MINUTA PROYECTO DE DECRETOARTICULO UNICO. Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 16 de noviembre de 2003, con el propósito de asistir a la XIII Cumbre Iberoamericana que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
TRANSITORIOUNICO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salo de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 6 de noviembre de 2003.--- Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Vicepresidente; Sen. Sara Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.--- Lic. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Si alguna diputada o algún diputado tiene problemas con su sistema biométrico, favor de reportarlo dentro del tiempo de registro de asistencia.
Señor Presidente, hay una asistencia de 426 diputados.
Ciérrese el sistema electrónico.
Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:00 horas.
Tiempo de duración: 3 horas 10 minutos.
Quórum a la apertura de sesión: 303 diputados.
Asistencia al cierre de registro: 456.
Asistencia al final de la sesión: 426.
Diputado que toma protesta: 1.
Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.
Puntos de acuerdo, aprobados: 2.
Proposiciones con punto de acuerdo: 9.
Excitativas a comisiones: 1. Oradores en tribuna: 18
PRI-9; PAN-1; PRD-2; PVEM-2; PT-1; PC-3.
Se recibió:1 comunicado de la Junta de Coordinación Política en torno a la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2004;
1 oficio del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social;
1 oficio del Secretario de Hacienda y Crédito Público;
1 oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite el informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo Federal en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia arancelaria, durante el periodo comprendido de octubre de 2002 a octubre de 2003;
1 iniciativa senador PRI;
5 iniciativas del Ejecutivo;
2 iniciativas del PVEM;
1 iniciativa del PC;
1 minuta de ley para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
3 minutas de ley;
1 minuta proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 16 de noviembre de 2003, con el propósito de asistir a la XIII Conferencia Iberoamericana, que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Dictámenes de primera lectura:
4 dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto, por los que se concede permiso a 9 ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de: Alemania, Perú y Guatemala, respectivamente;
1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a 9 ciudadanos para prestar servicios en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de la República Italiana en México;
1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al ciudadano Tomás Roberto González Sada, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Japón en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León. Dictámenes aprobados:
1 de la Comisión de Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Erika Silvia Rempenig Rico para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal de Alemania en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en la zona media del estado de Veracruz;
4 dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto por los que se conceden permisos a 13 ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas de Belice; los Estados Unidos de América en México y de Australia, respectivamente.
Cambio de turno realizado por la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Con fecha 6 de noviembre de 2003, la Mesa Directiva amplia el trámite dictado a la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente modificados, remitida por la Cámara de Senadores el 28 de abril de 2003. Se turna a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería y de Ciencia y Tecnología.